Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19931101 - Número de Diario 2
(L55A3P1oN002F19931101.xml)Núm. Diario: 2ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Período del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, .D.F., lunes 1o. de noviembre de 1993 No. 2
SESIÓN DE CONGRESO GENERAL
QUINTO INFORME DE GOBIERNO
SUMARIO
ASISTENCIA
DECLARATORIA
OPINIONES PARTIDISTAS
Para expresar sus opiniones respecto al Quinto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hacen uso de la palabra los diputados:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Rodolfo Becerril Straffon
RECESO
QUINTO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE
CARLOS SALINAS DE GORTARI
RESPUESTA
SE LEVANTA LA SESIÓN
DEBATE
Presidencia del diputado
Hugo Andrés Araujo de la Torre
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para saber si existe el quórum reglamentario.
El secretario diputado Rogelio Villarreal Garza:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 396 diputados.
El Presidente:
Se ruega al Secretario de la honorable Cámara de Senadores, proceda a pasar lista de asistencia.
El secretario senador Oscar Ramírez Mijares:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los senadores.
Hay una asistencia de 48 senadores.
El secretario diputado Rogelio Villarreal Garza:
Señor Presidente: hay una asistencia de 396 diputados y 48 senadores. Hay quórum de Congreso General.
APERTURA
El Presidente (a las 8.35 horas):
Se abre la Sesión de Congreso General.
DECLARATORIA
El secretario diputado Rogelio Villarreal Garza:
Se suplica a todos los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
El LV Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, abre hoy, primero de noviembre de 1993, el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
OPINIONES PARTIDISTAS
El Presidente:
En virtud de que cada una de las cámaras al instalarse designó las comisiones de cortesía a que se refiere la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, esta Presidencia ruega a los legisladores integrantes de las mismas, procedan en su oportunidad, a cumplir con el cometido asignado por sus cámaras.
Por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, harán uso de la palabra por 10 minutos, los siguientes diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista; Adolfo Kunz Bolaños, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Alberto Carrillo Armenta, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Ricardo Valero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diego Fernández de Cevallos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Rodolfo Becerril Straffon, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, en los términos acordados, se concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El Quinto Informe de Gobierno que hoy conoceremos, ocurre en momentos en que, en el escenario del mundo, el sistema capitalista se halla inmerso en la recesión generalizada; en que los fenómenos de globalización y regionalización, lejos de expresar características de complementaridad, constituyen expresión concreta de las cada vez más agudizadas contradicciones interimperialistas e intercapitalistas, como lo son también la doble política, aperturista como demanda a los demás y proteccionista como práctica propia que ejercen las grandes potencias.
Es claro que los países capitalistas de alto desarrollo que creyeron encontrar la panacea contra la recesión y la crisis en la estrategia neoliberal, hoy ven derrumbarse sus expectativas como castillos de naipes. Que la estrategia de reducir la participación del Estado en la vida económica y social a su mínima expresión, si no de excluirla por completo, ha demostrado su fracaso total. Que las privatizaciones nada resolvieron en el
campo del crecimiento económico de largo plazo y sí, en cambio, profundizaron la injusticia y la inequidad social. Que los pueblos del mundo rechazan indignados a todos los que pretendieron confundir modernización con economía de mercado. Que el péndulo de la historia viene de regreso.
Los precursores de la estrategia neoliberal en el mundo fueron desplazados de la conducción política en sus respectivos países. Hoy la señora Tatcher se refugia en la autoría de literatura de escándalo; el señor Reagan vive las nostalgias de su etapa de actor de medio pelo y Brian Mulroney ha pasado a la oscuridad del anonimato.
En la región latinoamericana no han corrido mejor suerte los gobernantes neoliberales. Han sido desplazados lo mismo Pinochet que Collor de Melo y Carlos Andrés Pérez, por citar sólo algunos. Todos ellos hoy enriquecen las páginas de la picaresca más o menos descarada.
Sobre el repudio de los pueblos a la política neoliberal, ahí están los resultados de las elecciones más recientes. Se puede hablar de los Estados Unidos, de Francia, de Grecia y, muy notablemente, de Canadá, para sólo citar algunos cuantos casos.
En México, a pesar de los planteamientos cargados de triunfalismo que a veces formulan los propagandistas de la estrategia neoliberal, los resultados de esa política han sido deplorables:
Un dato es claro: el salario mínimo de 1976, antes de que llegara a nuestro país, para su infortunio, la ola neoliberal, difícilmente alcanzaba, sin embargo, para satisfacer las necesidades elementales. Tres salarios mínimos de hoy apenas igualan la capacidad de compra de un salario mínimo de 1976.
Otro dato: hace apenas ocho años, en 1984, el 30% de la población nacional más desprotegida recibía el 11.8% del total del ingreso corriente. El año pasado, en 1992 su participación se redujo a aproximadamente el 7.8%.
Por otra parte, hacia 1976 el conjunto de los asalariados recibía el 40% del producto interno bruto, en tanto que para 1991 redujeron su participación a aproximadamente el 23%.
Esta es la dramática realidad: hoy en día el mercado mexicano lo integran no más de 8 millones de connacionales, algo así como el 10% de la población. Este es el México que podríamos denominar moderno.
Del otro lado, alrededor de 78 millones de compatriotas a quienes la política neoliberal ha condenado a la pobreza, de acuerdo con la definición que se desprende de la norma constitucional.
Estamos así ante dos Méxicos, el de los ricos, muy pocos, y el de las grandes masas empobrecidas.
No cabe duda que la tarea urgente, de responsabilidad patriótica y popular a la vez, es derrotar al neoliberalismo; impedir que pudiera prolongarse su efecto destructor sobre nuestro país por seis años más. Por eso es que el Partido Popular Socialista considera que éste es un momento adecuado para reiterar su llamamiento a todas las fuerzas democráticas, patrióticas y progresistas a examinar la situación con objetividad. A rechazar todo intento de continuar y profundizar la vía seguida durante los últimos 11 años, a la vista de su fracaso total. Hay fuerzas positivas dentro del Gobierno y su partido, a ellas nos dirigimos con respeto llamándolas a la reflexión y al combate, cada quien desde su trinchera. Hay fuerzas progresistas y democráticas fuera del Gobierno, en otras organizaciones y partidos. A ellas las llamamos a que superen la fase de la prepotencia y el engolosinamiento que sólo conducen al sectarismo, al aislamiento y a la derrota.
Llamamos a todas las fuerzas políticas a elevar el nivel de la discusión, a entrar al debate de las ideas, a examinar las cuestiones sustantivas, a dejar de lado los adjetivos, la demagogia y el lenguaje ofensivo y descalificador.
El propio Quinto Informe de Gobierno, a juicio del Partido Popular Socialista, debiera ser un documento autocrítico; un documento que entrara al debate de las ideas con objetividad, que defendiera con argumentos sustentados lo que pueda ser defendible de la política en curso y reconociera errores, limitaciones y fracasos. De igual manera, objetivo y sustentado debiera ser el debate que en torno a lo que se nos informe habremos de dar las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a partir de la sesión del jueves cuatro. Parte medular del debate de este momento, en vísperas del proceso electoral para renovar el Ejecutivo de la Unión y parcial pero sustancialmente el Legislativo, deben ser las propuestas programáticas orientadas a la construcción del México del porvenir. ¿Qué proponen las fuerzas de la derecha tradicional? ¿Cómo debe ser, a su juicio, el México de fines de este siglo y el de principios del próximo, de inicios
del nuevo milenio? ¿Qué proponen las diversas corrientes del partido del Gobierno? ¿Qué proponen los compañeros del Partido de la Revolución Democrática? ¿Los del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana? ¿Los del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional?
Por lo que al Partido Popular Socialista se refiere, nuestra propuesta gira en torno a algunos ejes fundamentales. Estimamos que hoy más que nunca, debe fortalecerse la identidad, la cultura y la soberanía nacional. Estimamos que la reforma que aquí se hizo al artículo 82 de la Constitución y que, por fortuna, no ha sido aprobada hasta hoy por los congresos locales del país, parte del Constituyente Permanente, no fue otra cosa sino una agresión a la conciencia patriótica de nuestro pueblo, y pondremos todo lo que esté de nuestra parte para lograr que jamás entre en vigor, que no solamente se regrese al texto que se pretendió modificar, sino que incluso se fortalezca su contenido.
Estimamos que se deben dar pasos ciertos hacia la verdadera modernización, que consiste en desarrollar nuestras fuerzas productivas de la nación, pero con independencia y progreso social. Que debe fortalecerse el mercado interno, distribuyendo el ingreso con equidad. Que debe avanzarse hacia una verdadera democracia nacional, en la que el Estado esté al servicio del conjunto de las fuerzas patrióticas y progresistas.
Todas estas tesis las desarrollaremos con amplitud y precisión en este mismo foro durante las próximas sesiones de la Cámara de Diputados y en todas las demás tribunas de nuestra nación.
Estimo conveniente concluir esta intervención rindiendo ferviente homenaje a los grandes constructores de la Patria mexicana, a Hidalgo y Morelos, a Juárez, a Villa y Zapata, a Lázaro Cárdenas y a Lombardo Toledano.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores; señoras y señores invitados:
Estamos viviendo una época de grandes cambios.
El mundo observa con esperanza la caída de los sistemas totalitarios y el resurgimiento de la democracia. La democracia pluripartidista en lo político y el libre mercado en lo económico se imponen sobre las estructuras burocratizadas de los regímenes socialistas; la libertad individual y la eficiencia económica predominan entre los objetivos sociales; la necesaria búsqueda de una sociedad igualitaria tendrá que transitar nuevos caminos.
Sin embargo, no creemos haber llegado al final de la historia, el desarrollo de la humanidad siempre tendrá opciones y necesariamente decisiones. La alternativa actual se presenta entre un sistema que privilegia la eficiencia económica, el éxito individual y el beneficio a corto plazo representado por las teorías neoliberales y otro que valora el éxito colectivo, el consenso y la preocupación por el largo plazo, respetando la libertad individual que constituye el auténtico liberalismo social.
Al hacer aquí estas reflexiones previas al Quinto Informe de Gobierno, los mexicanos debemos revisar nuestra historia, evaluarla y meditar sobre los cambios externos e internos que estamos viviendo. Debemos plantear la modernización de nuestra patria pero no podemos olvidar nuestros principio y nuestras raíces.
Hemos abandonado voluntaria o involuntariamente nuestro aislamiento, las tesis mercantilistas y proteccionistas predominantes desde siempre, han mostrado sus invitaciones en la época actual y ahora tenemos que pensar no sólo en proteger las fuentes de trabajo, sino en incrementar la calidad de vida tratando al trabajador también como consumidor.
Venir aquí a decir que las reformas económicas de los últimos no han sido eficaces o que no han tenido un costo social importante, sería manipular la realidad; sin embargo no son suficientes, los impuestos siguen siendo altos, el crédito escaso, la inflación requiere de un control constante, persiste el burocratismo en los trámites y lo más importante: no se ha recuperado el nivel de vida de los trabajadores. El problema actual estriba en determinar cómo completar y consolidar el desarrollo económico para extender sus beneficios a toda la sociedad.
La mirada está puesta en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que de firmarse mejoraría la economía de los tres países involucrados y principalmente la del nuestro, donde aumentarían la calidad y cantidad de fuentes de trabajo. Sin embargo, dicha firma no va a ser fácil. Existen muchos intereses creados en todas
partes. Los diputados de Estados Unidos responden más a intereses locales que a las políticas de su Poder Ejecutivo y un hecho resulta innegable: en los otros dos países los partidos que promovieron el tratado perdieron las elecciones.
Sabemos perfectamente que a corto plazo los beneficios del tratado son más psicológicos que reales, pero ¿cuáles serían las consecuencias en caso de no firmarse? Nos gustaría conocer la alternativa que el Gobierno propone.
No deja de preocuparnos la posibilidad de que, habiéndose considerado la firma del tratado como parte de la estrategia económica, la no firma del mismo provoque tal descontrol que nos lleve a abandonar lo logrado en dicha materia, principalmente en relación con la inflación, máxime tratándose de un año con elecciones presidenciales.
Lo anterior nos debe hacer reflexionar sobre la relación que existe entre la política y la economía. No se puede establecer una regla precisa a esta interdependencia, pero resulta evidente que los países con mayor desarrollo económico, cuentan a su vez con los sistemas de Gobierno más democrático.
Ya señalamos que la modernización de México se está logrando en lo económico, aunque los resultados aún sean insuficientes, pero sigue estancada en lo político.
Las reformas electorales significaron un avance en algunos aspectos, pero un retroceso en otros, principalmente en la integración de la Cámara de Diputados, reforma que será ejemplo de antidemocracia en todos los tratados de derecho electoral.
En México, por razones históricas, tenemos un Gobierno autoritario y un partido hegemónico, que es mejor a tener un Gobierno totalitario con partido único, pero que de ninguna manera es satisfactorio. Requerimos que se respeten los derechos de los ciudadanos, principalmente el voto; requerimos un sistema electoral confiable y representativo; requerimos la separación del Gobierno y su partido; requerimos una efectiva separación de poderes y requerimos un verdadero federalismo. La democracia formal no es democracia.
Nuestro subdesarrollo político condiciona al desarrollo económico y no nos referimos a su interdependencia sino al debate que se da dentro de nuestros potenciales socios, a veces con la complicidad de algunos mexicanos, que con el pretexto de discutir sobre los aspectos económicos de nuestro país, incluyen los políticos y sociales y se dedican a resaltar nuestra pobreza, nuestra corrupción, nuestra contaminación, nuestra falta de democracia etcétera, tratando de influir en nuestra vida nacional.
La modernización de México no debe ser producto de la crítica ni de la presión internacional, debe provenir de nuestro espíritu de superación y debe estar guiada por nuestras raíces y por nuestros valores. Resulta penoso para todos los mexicanos que se adopten medidas internas largamente reclamadas, atendiendo a las exigencias del exterior.
Señoras y señores legisladores:
Los diputados del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, esperamos del titular del Poder Ejecutivo, además del informe de sus actividades, propuestas para democratizar nuestra sociedad y para mejorar las bases y estructuras de su desarrollo material. Todo esto como una continuación de nuestras luchas históricas, rechazando la injerencia externa y el oportunismo interno, teniendo siempre como guía la dignidad nacional. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
El Quinto Informe de Gobierno, no es tan solo un informe del estado que guarda la administración pública del país; tampoco se limita a un balance o a una explicación, de uno o cinco años de Gobierno. Ni mucho menos es el inicio de la nostalgia del poder, ni la despedida, ni la búsqueda retórica de un lugar en la historia.
Nosotros en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional pensamos que debe ser algo más, es el momento oportuno de hacer una reflexión en torno no sólo a la pertinencia de cambios realizados durante el sexenio, a la profundidad de estos, a su motivación, sino al sentido y significado de estos. Una reflexión sobre los propósitos, pero sobre todo de los objetivos.
Debe ser respuesta como camino y continuidad de obligaciones constitucionales definidas en torno a una institución clave del sistema político mexicano, que sintetiza y resguarda soberanía nacional y popular, la institución presidencial y al ejercicio del poder a ésta conferido.
La sociedad ha cambiado y el Gobierno también. En estos cinco años, se ha modificado el eje constitucional que definió la Revolución Mexicana. Para algunos, los cambios a los artículos 3o., 27, 28, 82, 102 y 130 son regresiones históricas. Para otras reconciliaciones. El Gobierno las concibe como actualizaciones de la Revolución, para nosotros cambios que configuran un nuevo modelo de Gobierno, frente a nuevas realidades sociales. Calificarlos, nos parece, está más allá de la ideología: corresponde a su ejercicio, a sus repercusiones concretas en la vida de la nación, en la salud de sus instituciones.
Más que una radiografía del Gobierno, a todos debe interesarnos el estado de la nación, el bienestar de la población y la soberanía de la República ahora y en sus expectativas al futuro. Ese es el propósito de la política y el criterio de evaluación de las políticas públicas. Si la modernidad ha sido el signo del sexenio, es necesario reflexionar sobre el tipo de modernidad que queremos, el tipo de modernidad que, busca imponerse y el participar todos en la implantación de la que más nos convenga.
Es valido hacer un alto, hoy este día y otear el horizonte.
Debemos ir más allá de la valoración de las transformaciones del Estado, de la modernización de las estructuras económicas, de las transformaciones del eje constitucional que las estructura, de las transformaciones a la regulación normativa en que está empeñado el sexenio y que hemos conocido, y valorado en el ejercicio de esta legislatura, más alla de las transformaciones que han operado en las instituciones.
Desde mi partido hemos comprendidó la necesidad de transformar, hemos acompañado estas transformaciones, también hemos advertido de límites y contradicciones que empezaron a aparecer, hemos tocado ya algunos de estos límites y en algunas de las últimas transformaciones ya no nos hemos reconocido.
Ahora cada día es más claro que dos rumbos se abren como perspectiva para la modernización: una posible democrática y una excluyente.
Cada día es más claro que la estrategia modernizadora, por sí misma no garantiza la inclusión económica, política y social de las mayorías al progreso.
Cada día es más claro que se abre la posibilidad de la modernización como un proceso cada día más concentrador y excluyente, favorecedor de la concentración de la riqueza y posibilidad de recomposición de bloques gobernantes, mediante la interrelación de élites.
También se abre la posibilidad de una modernidad como nuevo marco de relaciones sociales basadas en la solidaridad, en la democracia, en la tolerancia, la justicia social, en la posibilidad de abatir viejos rezagos sociales.
Ambas modernidades coexisten en el discurso, se debaten todos los días en las prácticas, en el ejercicio del Gobierno, en las decisiones que afectan la economía y la sociedad.
Debemos apreciar que a partir de 1992, cuando muchas de las reformas, sobre todo en la economía, empezaron a dar resultados y a consolidarse fueron acercándose límites, en el sentido de que avanzo más la tendencia a la modernización excluyente. Fenómeno más claro durante el año que transcurre, 1993, al alcanzar las reformas el marco normativo de la actividad política y al impactar a este con modificaciones que alientan el rumbo excluyente.
En términos económicos llegamos a un límite cuando aparece la recesión productiva y el privilegio a la especulación financiera se manifiesta en carteras vencidas que obstruyen la reconversión productiva de la pequeña y mediana industria.
En lo político, cuando se reconocen desde el estado políticas de intolerancia y exclusión y cuando se eleva el bipartidismo a rango constitucional.
En lo social cuando cunde el desempleo y la caída del nivel de vida es intolerable y ya no resiste el argumento del sacrificio de ahora por un futuro mejor.
Estamos frente a la oportunidad democrática que brindan las próximas elecciones federales, oportunidad de que las mayorías impongan su criterio, oportunidad de reorientar, oportunidad de introducir contenidos popular democrático y de tolerancia a las transformaciones que se han realizado.
Unos van creyendo que después de conquistar una victoria cultural, la victoria política le vendrá por añadidura. No hay tal. No hay estrategia modernizadora en los abanderados de esa fuerza política, hay, cuando mucho, una táctica producto del rescate de sus tesis básicas en la crítica al Estado intervencionista; crítica a partir de la cual generan la falsa idea de que los programas
de modernización impulsados por el régimen responden puntualmente a una victoria cultural.
Detrás del neoliberalismo, no hay una doctrina, no hay teoría, ni programa de gobierno alternativo, hay simplemente una crítica, crítica general que coincide con otras críticas desde otros ángulos y esquemas ideológicos al modelo intervencionista de regulación estatal, agotado y ahora superado.
Estamos ante un nuevo reto de las fuerzas de izquierda, el primero de los cuales es el de abandonar la idea de que todo pasado intervencionista estatal fue mejor.
No hay regreso posible, no hay regreso deseable. El modelo de Estado que dejamos atrás, el intervencionista agoto sus posibilidades virtuosas y ofrece solo sus vicios de Estado hipertrófico, que exige para poder regular, crecer desproporcionada y permanentemente, que pretende una tutela obsesiva, disfrazada de paternalismo sobre los individuos y sus relaciones. Ahogador de la iniciativa ciudadana y de las mejores fuerzas de la sociedad, ineficiente y burocrático. Que no puede existir sin su instrumento: el coorporativismo corrupto y corruptor como modus operandi.
Quien desde aparentes posiciones de progreso social enarbola banderas de regreso, buscando aval de masas, estimula y potencia el falso camino de la modernidad de las élites, modernidad de patricios, que requieren la existencia de plebeyos y aún de esclavos para su modernidad neoporfiriana.
Este es el reto, no hay regreso... y ¿cómo entonces, incorporar, sin los mecanismos del estado intervencionista, a las masas a la modernidad?
El presidente Cárdenas frente a la necesidad de modernizar o retroceder a la guerra civil y de facciones o al falso cobijo del caudillismo, incorporó a las masas al Estado, factor potenciador, para garantizar no sólo sus objetivos de modernización, sino el contenido de esta.
Se puede decir que el gran problema de las transiciones, de los cambios de época, es cómo y para qué incorporar a las mayorías, sin cuya participación el futuro es endeble y el riesgo del fracaso y el retroceso, se agudizan.
En nuestros tiempos el problema es el mismo ¿cómo incorporar las masas al progreso económico, a la comprensión de los cambios y a su participación consciente y comprometida?
Sin más modelo de referencia, que el pasado cancelado del camino intervencionista, es necesario revalorar la política y revalorar y darle su justa dimensión a conceptos claves como el de la democracia; conceptos que a pesar de su uso no se decantan, ni desgastan. Es necesario revalorar la democracia como forma de gobierno y meta de la sociedad.
Hay, ahora, un avance no exento de contradicciones, de avances en algún aspecto y retroceso en otros. No nos reconocemos en las recientes reformas constitucionales y legales que alteran los modos de representación en México, que por un lado crean normas, mecanismos, incluso instituciones novedosas, pero a partir de una alianza que la vicia de origen: alianza para disponer de la representación nacional en el beneficio de las dos principales fuerzas contendientes.
La alianza bipartidista previene el retroceso de la modernización, pero no la garantiza democrática. Garantiza, si, de continuar, la formación de una nueva clase dirigente conformada por una tecnocracia móvil que se desplaza, sin ambages, entre las cúpulas gubernamentales y las élites de poder un nuevo bloque dirigente, un bloque unificado por intereses económicos, que rompe la distinción en quienes dirigen políticamente el país y económicamente a las empresas y monopolios. Un bloque que se pretende histórico, pero plagado todavía de añagazas del pasado, envuelto en los imperativos del presente, pero sin la suficiente fuerza para bastarse por sí mismo, que depende demasiado de las fuerzas del pasado.
Si algo está claro en este bloque, es que está más allá, incluso de la clase política: incorpora a sectores del PRI y del PAN, de la producción y de las finanzas, de los jóvenes y viejos, del clero político y del clero religioso y hasta algunos opositores jóvenes más distanciados por los ritmos, que por los principios. Un bloque que se pretende trasideológico: eficiente, moderno y audaz. Sin embargo, entre el bloque de poder y su programa, se desenvuelve la realidad.
La exclusión nunca podrá ser una política duradera. Tampoco el privilegio a los financieros, mucho menos el olvido a los olvidados, o el ninguneo a las expresiones políticas y sociales. Las que tienen menos de 20 años, las que surgieron después de 1968. Curioso Gobierno de jóvenes que quiere gobernar sin ellos y pretende recomponer el sistema de partidos y el sistema mexicano a partir exclusivamente de los dos partidos del viejo sistema político. Es pues necesario luchar por perfeccionar nuestra democracia aún en lo más elemental, pero no nos quedamos ahí.
Para los partidarios de la reconstrucción nacional, quedarnos ahí empobrece el contenido y la práctica de nuestra acción política. Requerimos la democracia como acción en todos lados, democracia con todos los adjetivos posibles en favor de la participación de todos en el progreso nacional.
El año que entra se define el tipo de modernización que se abrirá paso en el país y el papel que las masas jugaran en su impulso y retroalimentaran su contenido.
En una lucha no exenta de paradojas electorales, políticas e históricas. La paradoja consistente en que más del 50% de la población no vota, permanece alejada del ejercicio soberano del voto, de tal forma de que cualquier mandato popular tiene por este hecho restringida su legitimidad.
Un primer reto de la nueva izquierda que debe abrirse el paso en este país será incorporarlos, sustraerlos a la marginación, sustraerlos a la posible manipulación política. Convertir demandas y reivindicaciones sociales en políticas públicas. El riesgo es que las campañas, medios de comunicación, publicistas, de que la política que se hace a través del concepto inasible de opinión pública, la lucha por las declaraciones y su difusión, los enfrentamientos verbales propios de una campaña típica, no incorporen a la población a la práctica política.
Lo peor no es que no lo logren, sino que ni siquiera se lo propongan, es decir que el rasgo excluyente de un tipo de modernización, permee la práctica de las campañas, desde ahora, involucrando a los actores en una lucha ficciosa y facciosa por el poder político y la alternancia; una campaña que no se propone incorporar ni siquiera al ejercicio del voto, menos se propondrá incorporar a la toma de decisiones o a la participación activa, permanente y sobre todo cotidiana de los ciudadanos al ejercicio de la actividad política.
Así ¿cómo incorporar, a los ciudadanos? Así ¿cómo modernizar la participación?, como abandonar el pasado abstencionista, el pasado de la mediación coorporativista?, el pasado de la representación delegada en sucesivas intermediaciones.
He ahí la paradoja histórica, si las masas no se incorporan se abrirá indiscutiblemente el camino de la modernización excluyente y concentradora de la riqueza material y espiritual en minorías.
Paradojas electorales y políticas: Las elecciones se hacen para incluir a los individuos y ciudadanos a la toma de decisiones públicas, pero los tipos de campaña y la propia normatividad electoral, así como los modelos de representación, están diseñadas para que la población contemple pasiva las pugnas de minorías activas. La minoría de la mayoría o la primera mayoría de la minoría.
Entre el objetivo y el medio no podemos establecer una contradicción. El PFCRN entiende la necesidad de la modernidad y el contenido de ésta y el tipo de batalla que hay que dar para conseguirla. No hay regreso, pero para construir el futuro es necesario incluir como método, que la política se convierta en ciencia de millones de hombres.
A corto, mediano y largo plazos la tarea fundamental es incorporar a las mayorías a la actividad política desde el Estado y desde la sociedad.
Por eso en la próxima etapa se abrirá como necesidad la de que se conforme un Gobierno de concertación plural, que impulse un programa de modernización, que incorpore y no excluya, que cambie procedimientos de gestión a partir de su propia integración y conformación.
Que establezca y exprese alianzas más profundas y diversas que la de las simples élites bipartidistas. Gobierno de concertación plural es primer piso para una modernidad definida en la democracia como sistema de vida, más que como un marco jurídico el constante mejoramiento moral, material y cultural del pueblo de México.
A luchar por la modernidad en la soberanía y la justicia a eso llamamos a las mejores fuerzas de la nación y por eso nos comprometemos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo Valero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ricardo Valero Recio Becerrra:
Señor Presidente; señores representantes del Poder Ejecutivo; señores senadores de la República; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores:
La sesión que hoy nos congrega pone en entredicho el discurso oficial que anuncia nuestro transito hacia la modernidad. Una vez más se han impuesto criterios que deforman la Constitución
y contrarían las tendencias antiautoritarias prevalecientes en el mundo entero. En lugar de rectificar una práctica obsoleta, el Poder Legislativo sirve de escenario para la exaltación y glorificación del Presidencialismo.
El Quinto Informe coincide con el auge y decadencia de la autoridad presidencial. Se presenta en la víspera apurada de su decisión acerca del candidato oficial y será ocasión, como se ha anunciado, para hacer un balance de todo el sexenio. Es, al mismo tiempo, autoapología y dolorosa despedida del poder.
La recurrencia al mito es consustancial a la condición humana. Lo mismo sirve como estímulo para las grandes empresas que para ocultar la realidad e inventar otra inexistente. La mitología salinista es un caso señalado de este segundo extremo. Hagamos el recuento.
El mito de la modernidad
El Gobierno proclama sin cesar que su propósito es modernizar al país, pero convendría dilucidar en primer término las opciones de esa modernidad, en contra de la tesis de que sólo hay una ruta hacia el futuro.
Para el Gobierno, la modernidad ha consistido en liquidar los principios e instituciones que heredamos de la Independencia, la Reforma y la Revolución. La ha identificado con el abandono de responsabilidades esenciales del Estado, la subasta del patrimonio nacional y la transferencia de las decisiones fundamentales del país hacia el extranjero. El resultado final es la discutible hazaña de incluir a un pequeño grupo de empresarios mexicanos en la nómina de los hombres más ricos del mundo y la profundización de todos los problemas económicos y sociales del país.
Lo que ha surgido en México no es un Estado moderno y democrático, sino otro con vocación corporativa y autocrática que reemplaza el espíritu de competencia por el rígido control de la sociedad y de la economía y contradice tanto los supuestos del liberalismo como el sentido distributivo y nacionalista de nuestro constitucionalismo.
No ha habido transferencia del poder o de la riqueza hacia la sociedad, sino lo opuesto: concentración del ingreso, verticalismo y exacerbación del autoritarismo. Se ha obedecido y la lógica del capitalismo salvaje cuyos efectos alcanzan aún a las sociedades más opulentas y cuyas tesis están siendo derrotadas en todas partes por los ciudadanos de las urnas.
El actual Gobierno ha renunciado a sus principales deberes, aplicando un programa económico que no presentó durante su campaña electoral y que significa, junto con la irrefrenable privatización, dedicar una bajísima proporción del ingreso nacional a los gastos de orden social y productivo. Con esa orientación los ha llevado al intolerable anacronismo de retroceder al país a niveles de bienestar, salud, educación y crecimiento de hace más de dos decenios.
El mito de la recuperación y el crecimiento económico.
El Gobierno ha seguido, como ningún otro, las prescripciones neoliberales. Adoptó el expediente fácil de someterse a intereses ajenos y más poderosos. Llevó a su límites el ajuste económico. Remató el patrimonio público y abrió indiscriminadamente el comercio con el exterior a costa de los trabajadores, de los sectores de menores ingresos y de las pequeñas y medianas empresas. Alentó falsas ilusiones mediante la propaganda, el soborno y la manipulación. Ha puesto en práctica un neocorporativismo, altamente estatizado, destinado a la compra del voto, a la cooptación de los liderazgos populares y a la supresión de la autonomía de estados y municipios, del que el Pronasol y Procampo no son, sino ejemplos conspicuos de inmoralidad política.
Se afirma que la economía está creciendo, que se ha derrotado a la inflación, que hay estabilidad de precios y que la aprobación del TLC nos asegurará una bonanza ilimitada proveniente del flujo de capital extranjero. Se oculta, sin embargo, que el modelo implantado reposa sobre el empobrecimiento de la población, el deterioro de la infraestructura, la quiebra virtual de la planta productiva y la desvalorización del trabajo y de las capacidades recreativas de los mexicanos.
No hay crecimiento sostenido. Se trata de uno con aceleraciones y frenos: disparejo, fincado en pocos consorcios privilegiados, inestable, injustamente distribuido, denacionalizante y socialmente depredador.
Este año el Gobierno ha decidido, con fines electorales, desaparecer por decreto la pobreza y reactivar, también por decreto, la economía. Sólo que para crecer no basta maquillar las cifras y rematar un nuevo paquete de empresas públicas: los puertos, la petroquímica, las zonas arqueológicas y otras áreas estratégicas para la nación.
Se propone, asimismo trasladar el patrimonio de las empresas productivas hacia los bancos, vía las carteras vencidas. Vender todo para conservar el poder político, tal es la lógica irresponsable del régimen.
El Gobierno intenta en vano posponer las consecuencias de una crisis financiera a la que nos ha conducido el enorme desequilibrio de nuestras transacciones con el exterior. El déficit comercial asciende hoy a cerca de 25 mil millones de dólares y aumenta conforme la economía crece. De ahí la virtual y en parte artificial parálisis que se ha implantado.
La empresa mexicana, carente de apoyos, de estímulos y de créditos ha disminuido su capacidad para competir en el mercado nacional, lo mismo que sus posibilidades de competir en el extranjero. Nuestra industria ha perdido gradualmente su propio espacio y no ha ganado nuevos mercados. Los productores del campo han sido deliberadamente arrinconados para que cedan al proyecto de venta de la tierra a las corporaciones trasnacionales.
El problema de la deuda externa no se ha resuelto. Dependemos en exceso de fondos externos, generalmente improductivos y volátiles y nuestra vulnerabilidad ha llegado a franjas límite.
Tanto la deuda externa como la interna están mayoritariamente en manos de inversionistas extranjeros, que así se apropian de los activos nacionales. Por su parte, la deuda social contraida con el pueblo de México se ha incrementado en tales proporciones que exige la reversión urgente de la acción devastadora de esta administración.
El mito de la disminución de la pobreza
La pobreza se ensancha todos los días porque sus causas profundas se encuentran en el modelo excluyente y concentrador que el Gobierno ha adoptado. El discurso cambia pero la política permanece. Al principio se pretendió justificar el sacrificio de los trabajadores en el control de la inflación y en la estabilidad de la economía. Ahora se afirma simplemente que sus ingresos reales han aumentado. Nada de ello es cierto: los topes salariales impuestos han estado por debajo de la inflación, los mínimos han seguido perdiendo su poder adquisitivo y los trabajadores han continuado reduciendo su participación en el producto interno bruto.
El empleo sufre la más grande contracción de nuestra historia contemporánea. El modelo neoliberal es por definición selectivo: impulsa el crecimiento de ciertos sectores con poco efecto de arrastre sobre el resto de la economía, que cada vez se vuelve más informal, menos productiva y peor retribuida.
En lugar de una política social verdadera, fundada en la infraestructura, el empleo y el salario, el Gobierno ofrece los paliativos del Pronasol, destinados a obtener ventajas electorales, aunque las causas de la pobreza permanezcan inalterables. Sobornan hoy al pueblo para poder seguir mañana conculcándole sus derechos.
En el capítulo de Salud del Informe será inexcusable no mencionar los índices elevados de desnutrición y mortalidad materno infantil, la reaparición de enfermedades epidémicas que se consideraban erradicadas, así como la deplorable falta de atención a los jubilados y pensionados que han visto reducir su horizonte y sus expectativas de vida. Habría que mencionar también el deterioro contínuo de los servicios y la restricción de la cobertura, originados en los recortes presupuestales y del personal en la privatización disimulada y en el abandono inocultable de todas las instituciones sociales.
En el campo educativo se despliega un proceso de selección en favor de las instituciones privadas y de los sectores de más altos ingresos, al tiempo que la escuela pública se deteriora por las estrecheces del presupuesto y las restricciones salariales al magisterio. La mayoría de los niños y de los jóvenes se ven privados del ejercicio del derecho constitucional a la gratuidad en todos los ciclos y al acceso libre y universal a la enseñanza básica.
El rezago en el alfabetismo se ha consolidado. La capacitación para el trabajo, la educación tecnológica y la investigación científica están lejos de responder a los requerimientos de la competencia económica. La educación pública superior está amenazada en su calidad, en su extensión y en su función social. Ninguna cifra distorsionada podría esconder la realidad cotidiana del descenso de los niveles de la educación nacional.
La insuficiencia lacerante de habitación digna se ha agravado por la especulación inmobiliaria y el congelamiento de créditos, apoyos e inversiones. La irreflexiva aprobación y posterior posposición de normas inquilinarias en el Distrito Federal revelan una actitud errática tendiente a la cancelación de todo compromiso público en la materia.
La demanda de seguridad pública permanece insatisfecha, la vigencia cabal del régimen de derecho es su única posible garantía: el respeto a las decisiones de los ciudadanos y el establecimiento de gobiernos honorables que destierren la corrupción y se sometan al control constitucional de los órganos de la representación popular. Este es un aspecto central de la lucha en que estamos empeñados.
El mito de la defensa de la soberanía nacional
La política exterior del país ha estado por entero condicionada por un asunto que nunca se planteó a los electores: el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica al que el Gobierno ha apostado todo como en una tómbola sexenal.
La pérdida de soberanía en lo económico empieza a serlo también en lo político. Se introdujeron reformas fundamentales a la Constitución y a las leyes para adecuarlas a la apertura comercial y a las eventuales exigencias del capital extranjero.
El Gobierno acepta en su fragilidad cualquier demanda nueva, salvo las que pudieran afectar el sistema de partido de Estado. Se ha mostrado incapaz de protestar contra actos flagrantes de injerencia extranjera y contra el bloqueo de nuestras fronteras. Demandamos el cese del hostigamiento hacia nuestros compatriotas como condición para la continuación de las negociaciones y la suscripción de acuerdos.
El cabildeo y el dispendio venal han sustituido a la negociación diplomática. El Gobierno se ha prestado a encomiendas denigrantes y ha desistido de replantear numerosas cuestiones que lesionan nuestros derechos. Pervierte nuestras relaciones con otros países, en especial con Latinoamérica, al emplearlas como arma de presión e intenta chantajear a sus contrapartes con una supuesta catástrofe política y social en caso de que el tratado no se apruebe.
La estabilidad y el progreso del país no dependen, en buena hora, de pactos comerciales, sino del respeto irrestricto a la voluntad popular de la que emerjan gobiernos legítimos, honestos y responsables. Lo reiteramos: la seguridad nacional es hoy, antes que todo, una seguridad democrática.
El mito del compromiso con la democracia
Los acontecimientos políticos de 1988 hicieron evidente el reclamo ciudadano por la democracia. El Gobierno lo ha desoído y se ha empeñado en remodelar y reforzar el autoritarismo, encubierto en una retórica modernizante.
La segunda reforma electoral del sexenio es confesión de que la primera fue insuficiente o peor aún, de que eran necesarios nuevos candados para asegurar el control oficial de los procesos y favorecer condiciones todavía más inequitativas en la competencia.
Teníamos razón en 1989 y volvemos a tenerla ahora. Ninguna de las grandes cuestiones que la reforma planteaba fue respondida satisfactoriamente. Los órganos electorales no ganaron en independencia ni puede esperarse de ellos imparcialidad; el padrón sigue sometido al arbitrio gubernamental y ninguna garantía se otorgó para limitar los gastos exhorbitantes del partido oficial con cargo al erario público, para evitar el empleo de programas y fondos públicos en las campañas electorales o para asegurar un acceso menos desigual de los partidos a los medios de información.
No se ampliaron los derechos de los ciudadanos ni de los partidos. Se rechazó el voto de los mexicanos en el extranjero. No se estimuló la participación política de las mujeres y se mantuvo el corporativismo. No se reconoció en verdad el derecho de los habitantes del Distrito Federal de elegir a sus gobernantes y se descartó la vía del referendum y del plebiscito que hoy se practican en casi todos los países. Se proscribieron las candidaturas comunes, se restringieron las coaliciones y sólo se legitimó la posibilidad de gastar en las campañas políticas más que en cualquier lugar del mundo y que los partidos reciban donaciones de grupos oligárquicos anónimos o en cenas de 25 millones de dólares por persona. Se pusieron, en una palabra, las bases para transitar del autoritarismo tradicional al autoritarismo plutocrático.
Los avances que se proclamen son limitados y equívocos. El Senado no se amplió con sentido auténtico de pluralidad y se pretende incrementar la representación de la mayoría. Se suprimió el candado en la conformación de la Cámara de Diputados, pero se sustituyó la llamada cláusula de gobernabilidad por otra, tal vez más perniciosa, de sobrerrepresentación. Se terminó con la autocalificación trasladando parcialmente esa facultad a órganos electorales cuya objetividad no está en modo alguno garantizada y menos aun cuando quedaron restringidos los legítimos recursos de impugnación.
La reforma electoral hizo del lado el compromiso esencial de los consensos. En un juego de ver
dades a medias y de mentiras completas, el Gobierno logró las complicidades que requería para su empeño de mantener al poder en detrimento y en contracorriente de la soberanía popular.
Es otro el dilema entre gradualismo y radicalismo. Requerimos los mínimos indispensables para la efectividad del sufragio y la vigencia del régimen constitucional. Lo gradual es comenzar ahora mismo una transición democrática que tardará tiempo en afianzarse; lo radical es la negativa contumaz al avance en la modernidad política.
Las elecciones locales realizadas desde 1988 pudieron haber sido el espacio privilegiado para probar la voluntad democratizadora del régimen. Por el contrario, se instrumentó una política selectiva que permitió reconocer simbólicamente algunos triunfos al adversario, mientras se mantenía intacto el aparato de la defraudación, se perfeccionaban sus métodos, se incurría en derroches financieros sin precedente y se hostigaba en todo el país a quienes en verdad cumplen la saludable e imprescindible función opositora a la acción del Gobierno.
La protesta contra el abuso es un derecho humano fundamental. La violencia no ha estado nunca ni estará en el catálogo de nuestras opciones. Cerca de 250 militantes de mi partido asesinados acreditan la represión. Hace apenas unas semanas el pueblo fue agredido con barbarie en Nayarit. Exigimos el restablecimiento del orden constitucional en esa entidad y dondequiera que haya sido violentado; demandamos que se acabe la impunidad en la que se incuban los despotismos. Graves atentados y accidentes culpables siguen sin esclarecerse, como la explosión de Guadalajara y el asesinato del cardenal Posadas.
La práctica del encubrimiento es elemento constitutivo del sistema cerrado y de la brutal represión que queremos abolir. A 25 años de los acontecimientos del 2 de octubre. Es necesario el compromiso claro del Gobierno para que se abran los archivos públicos y se conozca la verdad. En este punto del informe debería ser categórico; toda omisión resultaría inexcusable y ominosa.
En la coyuntura histórica de la renovación de los poderes federales debe prevalecer la sensatez y procederse al diálogo responsable y a la apertura política que los tiempos demandan. Es indispensable suspender la persecución de periodistas, sacerdotes, organizaciones y ciudadanos independientes. Es preciso que los candidatos puedan desenvolver sus campañas en un clima de respeto y de equidad, al margen de la provocación y de la injuria. Lo contrario nos colocaría en un escenario de confrontación e inestabilidad que no deseamos y que aumentaría, en horas cruciales, la extrema debilidad externa del país. Convocamos a todas las fuerzas políticas para imaginar, suscribir y practicar normas de tolerancia, racionalidad y patriotismo que, en el marco de la legalidad vigente, ofrezcan a los ciudadanos el aliciente para participar activamente en la contienda y decidir por sí mismos su futuro. El Ejecutivo, por su parte, está obligado a acatar sin reservas la voluntad popular que habrá de resolver, no lo dudamos, la abolición del autoritarismo y el transito de nuestro país a la democracia en México. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Ciudadano Presidente de la República; honorable Congreso de la Unión, honorable Poder Judicial de la Federación; distinguidos invitados, señoras y señores:
Ya escuchamos aquí a quienes todo les parece mal, para eso existen; habremos de escuchar dentro de unos momentos a quienes todo lo aplaudirán, si hecho por el Gobierno está. Acción Nacional dará su punto de vista.
La democracia, dice Octavio Paz, es una idea, pero asimismo es una cultura y una práctica, es un aprendizaje, triunfa ahí donde se convierte en costumbre y segunda naturaleza y si hablamos de democracia en México como cultura, práctica y aprendizaje, como costumbre y segunda naturaleza, el estado que guarda la nación es de franco y peligroso rezago.
En tal virtud, los diputados de Acción Nacional demandamos que el titular del Ejecutivo Federal más que festinar avances, reconozca lo que está por realizar e informe de las medidas concretas de Gobierno que tiendan a superar sin demora, injusticias e inequidades que no pueden soportar indefinidamente.
Es incierto el futuro de un país donde la pobreza se extiende y agudiza. 40 millones de mexicanos
que viven con grandes carencias, deben constituir el punto de referencia para toda tarea política porque nada justifica postergar para ellos la posibilidad cierta y real de una vida digna. Puede decirse con apego a la verdad, que este quinto año es de cambios trascendentes en el país. Algunos de ellos tan exigidos como inesperados por la inmensa mayoría de los mexicanos, precisamente porque fue necesario destruir tabúes oficialistas, mitos arraigados en la clase dominante además de combatir de frente seudonacionalismos con los que se había venido tratando de justificar la concepción patrimonialista del poder. Cabe señalar que los avances en el orden legislativo, trátese de materia educativa, derechos humanos, justicia penal, reglamentación agraria o de ordenación económica, todos estos y otros más, han tenido diversos impactos en la realidad nacional aunque hasta hoy por lo general son lentos, imperceptibles en algunos casos.
Pensemos en el área de seguridad social, meditemos en la tutela de los derechos humanos y habremos de advertir la enorme distancia que hay entre la Ley y la realidad. Miremos al campo, que sigue abatido en la peor de sus crisis. De poco sirve reconocer hoy las infamias que erosionaron la tierra y el alma de los campesinos a la vez que se aprueba una nueva Ley, que abre un marco de libertades y derechos antes negados, si entran de golpe en el mercado nacional productos de todo el mundo, principalmente de países con moderna infraestructura y grandes subsidios para sus productores agropecuarios.
Procampo señores, es solo una derrama insuficiente de dinero que llegará justo en tiempos electorales.
La crítica más benévola a este programa, no puede ignorar sus sesgo comicial; es simplemente un vástago de Pronasol. Concluyó una nueva reforma política electoral, deja claras lecciones de lo que puede y debe ser el trabajo parlamentario, pero también de lo que no puede ni debe volver a ser.
Quedó probado que el diálogo responsable y maduro es herramienta insustituible en la tarea política, hoy también está claro que la automarginación no detiene el curso de la historia. Quienes aquí denigran al Poder Legislativo, fortalecen al presidencialismo; quienes aquí hablan de la represión de 1968, debieran recordar que en 1968 estuvieron del lado de los represores.
Asimismo, es evidente que los acuerdos políticos en la Cámara de Diputados se hacen para cumplirse. En Acción Nacional pugnamos por el respeto de todos a la Ley y por la trascendencia que en la política tiene el valor de la palabra. Diversas e importantes modificaciones se lograron en la legislación electoral, ahora la oposición advierte en la Ley algunos cambios que reclamó desde hace medio siglo, entre ellos la sustitución de los ominosos colegios electorales por un tribunal de pleno derecho y jurisdicción, con miembros del Poder Judicial de la Federación. Desde esta tribuna, durante décadas repudiamos con energía tales colegios por facciosos y arbitrarios; hoy el reclamo consiste en que los tribunales electorales apliquen la Ley e impartan justicia.
Este y muchos otros cambios nos permiten afirmar aquí y en cualquier tribuna, que tenemos un marco jurídico electoral considerablemente mejor a los anteriores. Empero, ninguna Ley por sí sola es capaz de modificar el mundo exterior. Toda Ley es sólo un conjunto de disposiciones, de enunciados, de preceptos, de deberes. Si la Ley no se respeta, si no se acata ni se cumple, para nada sirve. El reto sigue siendo para el ciudadano cumplir la Ley, para la autoridad, cumplirla y hacerla cumplir. Traigan a México la más avanzada Ley Electoral de la tierra y nada cambiará si no cambia la cultura, la práctica, la costumbre de que nos habla el escritor; cultura, práctica y costumbre de gobernantes y gobernados.
Ninguna Ley permite la simbiosis del partido gobierno; ninguna autoriza la desviación de los recursos públicos en favor de un partido político. Asimismo, carece de soporte legal la manipulación informativa. Nada autoriza a mentir desde el Gobierno o desde la oposición. La función de analistas, académicos o comunicadores, así como la autodefinición de intelectuales, no debe ser pretexto para ejercer la calumnia o la difamación, a veces también pagadas.
Ninguna Ley ha permitido el robo de ánforas, como ninguna autoriza hoy la compra de votos ni el acoso contra los electores, que va desde la propaganda gubernamental, hasta el siniestro personaje en las puertas de las casillas.
Más allá de lo imperfecto de la Ley como obra humana y de resistencias que no se pudieron vencer, si la nueva legislación establece órganos electorales con la participación del Gobierno, los partidos y los ciudadanos; si en la norma se prevén condiciones de equidad y justicia en
la competencia; si se constituyen tribunales independientes para resolver las controversias; si deben ser públicos todos los actos comiciales, el actual reto es cumplir escrupulosamente con el estatuto jurídico y sancionar en tiempo y con firmeza, cualquier violación al derecho, todo en clara expresión democrática. El compromiso de nuestro tiempo, señoras y señores, es hacer las cosas bien.
Tal vez desde la perspectiva del historiador, las transformaciones nacionales que se generan durante un siglo, puedan comprenderse en unos cuantos párrafos. Sin embargo, desde la óptica del político, sobre todo del ciudadano que sufre en carne viva las injusticias y carencias, esos cambios son de una lentitud inadmisible.
Los seres humanos tenemos el derecho de vivir todos una vida digna y suficiente; tenemos derecho, en palabras del teólogo De Aquino, a una tranquila convivencia en el orden. Esa meta es finalmente lo único que puede justificar toda obra de Gobierno, el crear condiciones reales para los hombres de su tiempo y del porvenir, que les permitan vivir en el orden y en paz. Nada trascenderá finalmente de una obra administrativa, si no llega directa e inmediatamente a mejorar, no sólo las condiciones generales de un estado político, sino la vida concreta y particular de los miembros de la nación. Por ende, deberá romperse sin tardanza el esquema centralista y autoritario, y nuevamente reclamamos la impostergable desincorporación del PRI del aparato del Estado.
La concentración de la riqueza en pocas manos, frente al empobrecimiento general de la población, es consecuencia directa de un esquema político que no da para más. Todas las decisiones del centro aseguran primero los intereses del grupo dominante. Se desconfía del voto popular, de la capacidad de decisión ciudadana y aún de las estructuras mismas del poder federal, porque los estados federados han venido siendo delegaciones políticas que no han alcanzado la libertad y soberanía en su régimen interior, ni suficiencia económica. La vida municipal sigue siendo una quimera que pierde todo significado frente al Pronasol.
En lo económico, debe destacarse que el control y reducción de la inflación, la disminución del endeudamiento externo, la estabilidad cambiaria, el superávit de las finanzas públicas y otros avances más que se han alcanzado con cargo a la economía popular, se enfrentan a una balanza comercial deficitaria, como también a una desaceleración económica peligrosa.
En lo microeconómico, la descapitalización y cierre de empresas, aumentan el desempleo y generan grave irritación social. Desde nuestra perspectiva, la apertura a la competencia internacional, debió hacerse con más precaución y tiempo de ajustes, a fin de permitir la reconvención del aparato productivo. Así las cosas, hoy es doblemente imperioso establecer una política eficaz para importaciones que no sean a precio de competencia desleal, suprimir el impuesto sobre el activo de las empresas, ampliar la competencia bancaria y acelerar la apertura financiera para la inversión productiva, abatiendo así el costo del dinero, llevar al campo subsidios como los que se reciben en otros países, y dotarlo de una infraestructura similar a la de nuestros competidores.
Una buena política de estímulos fiscales a las inversiones del campo, calculada a largo plazo, traería una reactivación de ese sector, que generaría para el fisco recuperación y aumento de recursos en poco tiempo.
Si no se cuida y apoya al mediano y pequeño productores, terminaremos siendo fuerza de trabajo para extranjeros en nuestra propia casa.
Ciertamente se me dirá que no debe aumentar el coro de políticos voluntaristas que prometen aumentar generosamente el gasto social, sin costo alguno para el productor o para el causante. Es verdad, porque hoy no es válido como propuesta política decir lo que nos proponemos hacer, si no decimos como hacerlo. Pero también es claro que el desafío de hoy es hacer las cosas bien y a tiempo, no solamente frente a procesos electorales. Para ello se requiere que las instituciones republicanas cumplan puntualmente sus funciones constitucionales. Sin auténtica división de poderes, será fallido el esfuerzo; sin una política de verdadero federalismo fiscal, que fortalezca las entidades de la Federación y haga renacer vigorosa y pujante la vida municipal, la voluntad de millones de pobres tendrá su precio en el Pronasol, y que quede claro.
Otra vez insistimos, no estamos en contra del gasto social del Pronasol, sino de la violencia que ejerce contra estados y municipios, como factor central de control político. En México se ha dado un amplio debate sobre las consecuencias de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. En Acción Nacional, reiteradamente cuestionamos que la Constitución sólo otorga al Senado facultades decisorias que debieran corresponder también a la Cámara de Diputados. Sin embargo,
ya se han expresado al respecto distintas fuerzas políticas en esta Cámara y en otros foros nacionales.
Desde nuestra perspectiva, el tratado no será el remedio de todos nuestros males ni habrá de ser tampoco el regreso de las siete plagas de Egipto. Es un acuerdo comercial que puede y debe ser útil a México, para crecer y competir; puede contribuir al mejoramiento de las condiciones de producción y de consumo en el largo plazo y a nivel agregado.
Sin embargo, el tratado requiere ser acompañado con programas públicos para atenuar o evitar impactos sectoriales específicos en el corto plazo. Entre tales programas estarían los del entrenamiento laboral y los del desarrollo de infraestructura regional y local y de servicios urbanos.
Nos resulta evidente que los intentos que se realizan por políticos canadienses y norteamericanos, al pretender postergarlo o renegociarlo, no serán esos esfuerzos para favorecer a México, por eso debemos rechazar tales pretensiones.
El Partido Acción Nacional ha ejercido su crítica con responsabilidad. Jamás nos sumaremos a quienes informan en el extranjero, frecuentemente con mentiras, en detrimento de México. Para nosotros ésa es una cuestión de dignidad nacional.
Sea cual fuere la decisión última de los países del norte, los mexicanos debemos cerrar filas frente al exterior y reclamar del Gobierno en todo momento la actitud digna y democrática que México merece.
Particular energía reclamamos contra las agresiones y crímenes de la frontera.
Señoras y señores:
Acción Nacional no ha buscado ni acepta que se haga del trabajo político una apología de la lentitud; ni tampoco dosificamos el esfuerzo que podamos dar para generar los cambios. Siempre hemos reclamado y propiciado con nuestra conducta el acceso de México a la democracia. Empero, rechazamos con todo vigor que la intransigencia pueda desconocer al derecho o convertirse en un instituto del diálogo democrático, y más aun cuando se pretende hacer de ella una religión.
Señores: Preferimos seguir siendo un partido político y no degenerar en una horda de fanáticos.
Finalmente diremos: es tiempo propicio para que el Gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos, más allá de nuestras diferencias, hagamos el esfuerzo por construir un país mejor en lo social, en lo económico y en lo político.
La próxima contienda electoral deberá encontrarnos a todos con el firme y superior propósito de servir a México. El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Rodolfo Becerril Straffon, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores; senadores y diputados de la nación; distinguidos invitados:
La representación nacional valora, enjuicia, sugiere, aprueba o desaprueba.
Cada grupo parlamentario desde su perspectiva, cada legislador desde su convicción y temperamento, discute y polemiza con plena libertad, traduciendo sus puntos de vista.
Con respeto y atención hemos escuchado las posturas de las distintas fracciones parlamentarias en torno a la situación general del país. Nos toca ahora fijar la nuestra.
No vemos moros con tranchete; no creemos que tenga un carácter comicial. Supondríamos entonces que todas las intervenciones aquí tienen ese propósito.
Inicio por refrendar lo que tiempo atrás el país resolvió: Andar la historia, no desandarla. Desde hace mucho supimos advertir los cambios que la impulsan y hacer frente a complejas acechanzas internas y externas.
Los cambios que hemos impulsado todos los mexicanos en estos años cumplen con un requisito fundamental: ni le han dado la espalda a la tradición cultural mexicana en sus valores esenciales, ni son ajenos a las demandas que sugieren y exigen los paradigmas contemporáneos.
La profunda transformación que ha ocurrido en distintos planos de la vida nacional está a la vista.
Podrán decirnos que no se han despejado todas las malezas, pero nadie podría dejar de reconocer que hemos alejado el fantasma inflacionario y que tenemos una estabilidad que nos permite crecer nuevamente, que hemos modificado la
estructura de las exportaciones en favor de las manufacturas, que tenemos finanzas públicas saneadas, que contamos con programas sociales cuyo presupuesto ha crecido en términos reales en más de 80% en estos años, que hemos logrado mejoras sustantivas sin maquillaje de cifras, en salud, educación y en materia ecológica, que se han desatado entusiastas participaciones comunitarias y que disponemos de una nueva legislación electoral que ensancha los cauces democráticos e impulsa decididamente la transformación del sistema político mexicano.
Resalto algo fundamental: el proceso electoral, después de la reforma que aquí se ha aprobado, está en manos de la sociedad civil, pues es el ciudadano quien asume, por encima de las diferencias ideológicas o de partido, el papel de autoridad en la casilla, frente a la urna, arena fundamental de la contienda política.
Los nuevos procedimientos, instituciones y formas para el Gobierno de la ciudad capital, son también parte de esa mutación que propiciará mayor efectividad y transparencia a la vida política nacional.
Hemos cambiado para conservar y consolidar lo que somos y lo que heredamos, para dilatar el horizonte. Tenemos hoy bases para un despegue económico vigoroso, para generar productividad en el campo y en la ciudad, para mejorar los niveles de vida de la población y los niveles educativos.
Tenemos una política exterior firme, que sin titubeos ha sabido responder en todo momento con inteligencia, con gallardía, con oportunidad, apoyada en un vasto esfuerzo diplomático, siempre defendiendo la soberanía nacional.
A veces, por afán de síntesis o desvelado entusiasmo, no se pueden eludir generalizaciones improcedentes o el despropósito o incluso el disparate. No caigamos en lo que se crítica y pretendamos osadamente, al combatir supuestos mitos crear otros.
El mito verdadero, en algunos, es creer que la convivencia contamina, que la corresponsabilidad degrada, que cumplir con la Constitución en sus términos es abominable, soberbia tal que cualquiera otra fuera humildad frente a ella, porque sólo acepta relación en subordinación, y la verdadera queja es no poder imponerse a los demás mediante relaciones de mando.
El agravio consiste en no poder aplastar a quienes se consideran enemigos. Y no es que nosotros no desconozcamos insuficiencias, no desconozcamos lo pendiente, pero en un escenario internacional lleno de perplejidades, lo alcanzado, que es mucho, diría yo, enorme, nos enorgullece y da confianza en nosotros mismos; confianza en nuestras y en nuestro programa, porque hemos sido capaces, además, de llevarlo a cabo sin quebranto de la paz social, conciliando nuestras diferencias y reconciliando las exigencias de un mundo globalizado, con la construcción, aquí, de un mundo para los nuestros, de un nuevo modelo de desarrollo al amparo del liberalismo social, que da por igual crédito a la libertad y a la justicia. Las reformas constitucionales, la transformación de nuestras leyes, su reflejo en las instituciones y el cambio en las prácticas cotidianas, le dan otro rostro y perspectiva al país.
Toca a todos, mayorías y minorías consolidar lo hecho. Si transitamos a una cabal pluralidad reconozcamos que ella supone ejercer derechos pero también cumplir obligaciones y normas. Cumplámoslas.
Para nosotros el cambio es y ha sido el reconocimiento de la nueva competencia electoral y la aceptación de condiciones equitativas en la contienda.
Todos tenemos que evitar enconos y aceptar la legalidad.
Mejorémosla incluso pero no hagamos del incidente o la excepción pretexto para ponerla en entredicho. Hagamos justicia a la generalidad.
Los valores fundamentales de la democracia deben ser los signos de los tiempos: tolerancia, estado de derecho, respeto a la disidencia, búsqueda permanente de consensos, confrontación libre de todas las opiniones, sobre todo, responsabilidad individual y colectiva, para conservar la estabilidad, condición indispensable para llevar a cabo los cambios.
Los retos no se caracterizan sólo por su dimensión, sino por su actualidad. No los hay mayores o menores. Los hay presentes. La gran sabiduría de nuestro sistema político ha residido en su capacidad para superarlos, incluso anticiparlos y encauzar muchas de las expectativas que generan.
Lo hicimos así al observar el nuevo reordenamiento mundial; por la apertura, México ha logrado mucho en estos años y más hará. No podría detenerse con 85 millones de habitantes que exigen
mejores condiciones de vida y bienestar y habremos de perseverar en este empeño porque a pesar de los criterios proteccionistas de algunos, la economía internacional con la subcontratación el comercio intrafirma o la fábrica mundial siguen marcando la pauta. Lo haremos, como de hecho lo estamos haciendo diversificando los esfuerzos; frente a circunstancias adversas mantendremos el empeño y la voluntad de avanzar, porque aceptamos que la economía en el mundo hoy configura tendencias y escenarios en los que las políticas nacionales triunfarán sólo fortalecen en posición competitiva internacional.
Compañeros legisladores: mi fracción parlamentaria, asume plenamente su corresponsabilidad con los cambios efectuados en el país. Igualmente respalda liderazgos camarales que sin aturdir, sin estridencias han sabido hacer compatible la necesidad de decidir con la de respetar las opiniones contrarias.
Por afinidad ideológica, por lealtad, por convicción y no por mero cumplimiento, los diputados y senadores priístas seguiremos respaldando las tareas del presidente Carlos Salinas de Gortari, para que los cambios sigan siendo dispuestos y no impuestos, consentidos y no tolerados, decididos por las mayorías. Habremos de seguir respaldando los programas del ejecutivo porque queremos cambios en un clima de paz, en la Ley y con la Ley, con las instituciones y en las instituciones, sin precipitaciones pero sin demoras artificiales.
No pretendemos quimeras que luego se escapen de las manos como el agua que se fuga entre los dedos, pero tampoco desterramos la terca esperanza, esperanza empecinada que hoy adquiere certidumbre y que es fuerza, acicate que aguijonea la voluntad de transformación de nuestra sociedad.
Los mexicanos hoy estamos obligados más que nunca a seguir haciendo transparentes motivos e intenciones, propósitos y conductas, para poderle brindar a nuestra patria, una vida política y económica, que sea sostén de mayores transformaciones, para que cada vez más mexicanos puedan aspirar a una vida plena y digna. Muchas gracias.
RECESO
El Presidente (a las 10.10 horas):
Se declara un receso en espera del ciudadano Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.
(Receso)
(A las 10.52 horas). Se reanuda la sesión. Se ruega a todos los presentes, ocupar sus lugares.
QUINTO INFORME DE GOBIERNO
DEL PRESIDENTE CARLOS SALINAS
DE GORTARI
El Presidente del Congreso:
Tiene la palabra el ciudadano Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
El licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: Honorable Congreso de la Unión, mexicanos:
Cumplo con la norma constitucional que señala al Presidente de la República el deber de informar al Poder Legislativo sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. Hago entrega ahora del documento escrito que satisface la exigencia del artículo 69 de la Constitución.
I. Avance y consolidación del cambio
Hace un año convoqué a la nación a consolidar los cambios para asegurar la soberanía de México y para dar nuevos pasos en el camino de la justicia, la libertad y la democracia. Con el trabajo de todos los mexicanos hemos avanzado en este propósito central.
Hace un año propuse consolidar la diversificación de nuestras relaciones con el exterior, esencia de nuestra estrategia internacional. Hoy estamos por concluír un acuerdo de libre comercio con Colombia y Venezuela; abrimos el acercamiento del Grupo de los Tres con el Caribe y se desarrolla con intensidad el acuerdo comercial con la República de Chile. Hacia el norte se dio un paso más hacia la creación de una zona de libre comercio; se firmaron los acuerdos de cooperación en materia ambiental y laboral con los Estados Unidos y Canadá. También con Estados Unidos se negocia un nuevo tratado de extradición. Hemos ampliado los vínculos políticos, culturales y económicos con Europa y avanzamos para ser parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los países más industrializados; se
incrementan comercio e inversión con las naciones del Pacífico asiático y avanza nuestra presencia en sus organizaciones. Se fortalecen la Conferencia Iberoamericana y el Grupo de Río.
Hace un año propuse avanzar en nuestra democracia. Desde entonces, a partir del diálogo y del debate, se han dado nuevos pasos en la reforma al marco legal electoral, no sólo en lo relativo a las condiciones para la competencia política, sino también en el sistema de representación y en la organización y calificación de las elecciones. Se consolidan nuevas prácticas de concertación para establecer consensos y resolver diferencias. Se reconoce la corresponsabilidad de todos para mantener la estabilidad política y la paz social.
Propuse consolidar la defensa de los derechos humanos y, hoy, la Comisión Nacional encargada de promoverlos amplía su cobertura con el aprecio de la sociedad. Se registran las asociaciones religiosas y se fortalece el ejercicio de la libertad de creencias con apego a la Constitución.
Hace un año propuse consolidar la estabilidad de precios. Hoy, la inflación anual es de alrededor del 8%. La nueva etapa del pacto ratifica el compromiso de abatir la inflación y aprovecha el superávit fiscal, conquistado con disciplina, para reactivar la economía y fortalecer el mercado interno. Se avanza en la recuperación del salario, incluyendo el mínimo, vinculado con la productividad. Una nueva regulación de la competencia establece reglas claras para evitar monopolios y fomentar la actividad económica interna, libre y leal. Se amplían los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas para facilitar su modernización. Avanzamos en la consolidación de la infraestructura carretera, energética, eléctrica, de telecomunicaciones y portuaria del país.
Nos comprometimos a consolidar la reforma campesina. Hoy, penetran ya en la vida del campo las nuevas instituciones para procurar y administrar justicia. Nuevas medidas abaten el rezago, amplían la titulación y responden a las dificultades de la cartera crediticia. Un nuevo programa en marcha, Procampo, permitirá por vez primera dar apoyos directos y transparentes a más de tres millones de campesinos.
Hace un año propuse consolidar la nueva política social. Hoy ha concluido ordenadamente la federalización educativa, se renuevan los contenidos y se pone en operación la carrera magisterial en beneficio de los maestros y de la calidad de la educación para nuestros hijos. Avanza la participación comunitaria en la escuela, la capacitación para el trabajo y el esfuerzo de alfabetizar. Se ha cumplido, año con año, el compromiso de incrementar en términos reales los recursos presupuestales para la educación. Nuevos proyectos permiten rescatar y preservar nuestro pasado arqueológico, se apoya a los investigadores y a los creadores en la libertad, y las escuelas nacionales de arte pronto contarán con instalaciones apropiadas para su mejor desenvolvimiento.
La lucha a favor de la salud de los niños ha tenido avances extraordinarios: erradicamos la poliomielitis y la difteria, abatimos drásticamente el sarampión, el tétanos y la tuberculosis, y también las afecciones parasitarias.
Avanza la defensa y protección de nuestro medio ambiente, estableciendo zonas protegidas que superan la superficie de varios países europeos. Solidaridad llega a más comunidades, realiza con los colonos organizados más obra básica, entrega más títulos de propiedad, apoya productivamente a más campesinos y fomenta más empresas sociales y empleos entre la población que menos tiene. Progresa así la lucha contra la pobreza.
Hemos reflejado estos cambios en la Ley. Las reformas constitucionales han ampliado los derechos de las comunidades indígenas, han establecido avances en el sistema electoral, han precisado derechos como el de recibir educación básica y han extendido la obligatoriedad de la educación a la secundaria; fortalecieron la libertad de creencias y dotaron de libertad plena a los ejidatarios respecto de sus tierras y formas de asociación.
Existen, ahora, más y mejores derechos procesales para todos los mexicanos. Para mantener la estabilidad de precios se dio autonomía al Banco de México; también se han abierto nuevos ámbitos económicos para la participación de la sociedad. Con un marco constitucional actualizado trabajamos para hacer de México una nación de mayor justicia, de ampliadas libertades.
Estas acciones en conjunto permiten que se vaya consolidando la reforma de la Revolución, haciéndola benéfica para el pueblo y renovando los ánimos para construir el futuro.
Frente a estos avances en la consolidación de los cambios, tenemos, sin duda, carencias por atender, acciones que redoblar, nuevas demandas a que responder. Todo ello exige profundizar las transformaciones en marcha. Reclama la misma voluntad y el mismo esfuerzo que aquellos necesarios para emprender los grandes cambios de los últimos cinco años. Traducir estos cambios en oportunidades de bienestar para más familias y en más regiones demanda constancia, seguir
desplazando formas obsoletas de operar, afianzar nuevas actitudes. Ello toma tiempo y, sobre todo, convoca al esfuerzo sostenido de cada mexicano.
Sin duda, vivir el cambio en sus nuevas modalidades impone retos a la creatividad y al temple de todos. Esto es lo que han demostrado los mexicanos, en abundancia y generosamente, sumando esfuerzos hacia metas compartidas. Por eso, el cambio comienza a consolidarse, aunque no siempre los beneficios se hayan extendido con la celeridad y en las proporciones que se necesita. Con todo, constituimos ya un México diferente que empieza a cosechar la siembra de su propia transformación.
Los mexicanos entendemos bien esta circunstancia; sabemos que las cosas se hacen ya de manera diferente y que esos cambios toman tiempo y pasan por ajustes que significarán, más pronto que tarde, bienestar para todos, mayores espacios de libertad y democracia, de respeto y esperanza. Así me lo han dicho los miles de compatriotas con los que he dialogado en mis giras semanales por el interior del país.
Así lo ratifican las encuestas de opinión a nivel nacional y regional. Nuestros compatriotas exigieron cambios y ahora reconocen los hechos, construyendo el nuevo tiempo mexicano, que es profundo y que es de verdad.
Estamos consolidando los cambios, y lo hemos hecho en circunstancias internacionales que han sido difíciles. Los principales países europeos, después de una expansión sin precedente, viven la peor recesión económica desde hace 50 años; Estados Unidos se afana por impulsar una recuperación que presenta una debilidad singular; el Pacífico asiático pierde dinamismo. Crecen, por lo mismo, las voces que renuevan viejos proteccionismos en estos centros de la dinámica mundial. Ello se ha reflejado en mercados disminuidos y, lo que más nos ha afectado, en precios muy bajos para nuestros productos. Así, vivimos en 1993 uno de los niveles más bajos en los precios internacionales del petróleo de los últimos 25 años; también, los precios del café más bajos del siglo, producto que llegó a ser hasta hace poco la principal exportación agrícola; algo similar ha sucedido con los precios del azúcar, de los cítricos, granos y metales preciosos. Todo ello afecta nuestras posibilidades de crecer.
Pero, gracias a los cambios realizados, hemos podido atenuar el impacto desfavorable de la situación internacional y proponernos, incluso, a partir del nuevo pacto, fortalecer el mercado interno para recuperar el próximo año un crecimiento económico mayor.
El clima mundial muestra, en lo político, signos contradictorios: esfuerzos sin precedente hacia la paz en el Medio Oriente, en Sudáfrica y en El Salvador; al mismo tiempo, la triste debacle de la fraternidad, la razón y la dignidad en la antigua Yugoslavia. Con el resurgimiento de intolerancia y racismo se manifiestan conflictos recrudecidos en varios países de Africa, inestabilidad en la Federación Rusa y la existencia de más de 30 guerras civiles en distintas partes del mundo. Renacen viejas discordias y brotes de intolerancia, ecos dolorosos de otros tiempos. También, en nuestro continente, algunas instituciones democráticas en América Latina sufren el embate del desaliento; por fortuna, parecen sobreponerse con éxito.
En general, el mundo no encuentra la dirección, la ruta del progreso, la sensatez y tolerancia que pudo generar el fin de la guerra fría.
Se perdieron referencias ideológicas y políticas, que ahora hay que reconstruir. De estas tensiones nadie escapa; impactan más a aquellos que no han fortalecido su convivencia a través de cambios internos armónicos con su historia y con las nuevas tendencias del mundo; por eso, en México, para fortalecernos ante la incertidumbre internacional y para responder a la esperanza de los mexicanos, consolidamos nuestra propia transformación.
El cambio mundial no es un enemigo del que debemos aislarnos, huir, como quien trata de alejarse de lo inevitable. El país ha proseguido su activa política exterior para influir en la manera que como nos afectan estas circunstancias y construir, de ellas, oportunidades favorables para la nación. Lo hemos podido hacer porque antes construimos los cambios internos que nos permiten, con autoridad y con fortaleza, elevar nuestra voz en los foros internacionales y ser escuchados con respeto.
Ante los retos internos y las dificultades externas seguimos adelante. Hemos realizado nuevas reformas para consolidar el cambio, en la Ley y en la realidad. Cada paso que hemos dado para diversificar nuestras relaciones con el exterior, para asegurar el ejercicio de las libertades, para estabilizar y transformar productivamente la economía, para cimentar un mejor piso de servicios y de empleo productivo destinado a la población más necesitada, nos ha impuesto realizar nuevas acciones, promover nuevas normas; nos ha reclamado más decisión, más diálogo en todo el territorio y con todos los grupos, más ánimo y confianza en nosotros mismos. Esta es la vía del futuro, la vía moderna de México; el cambio es nacionalista porque fortalece a la nación, y popular, porque extiende sus beneficios a las mayorías.
Como lo he expresado desde el inicio de mi Gobierno, el cambio no ha sido inmediato ni ha estado exento de grandes esfuerzos. Esto ha sido así porque hemos tenido que vencer inercias, concertar y escuchar, explicar y alentar, y es que queremos una transformación eficaz y duradera. No queremos un cambio que destruya tradiciones o ignore la historia, porque erosionaría nuestros apegos culturales, que son los que nos dan identidad, orgullo y futuro. No queremos un cambio que sea a costa de las libertades, porque entonces el progreso no sería valioso ni respetaría la dignidad de los mexicanos. No queremos un cambio que concentre las oportunidades, sino que incorpore a todos a las tareas de la nación, y más a quienes menos tienen. No queremos un cambio que perjudique nuestro medio ambiente, porque estaríamos sacrificando nuestro propio esfuerzo, estaríamos negando el porvenir a nuestros hijos. Por eso, por todo lo que exigimos del cambio, éste no se ha dado sin costos; pero el cambio que emprendimos y hemos llevado a cabo, era y sigue siendo indispensable para lograr lo que demanda el pueblo: conservar la patria soberana y libre, enfrentarnos con democracia a las necesidades populares y competir exitosamente en el mundo.
Reitero, a este proceso que aún no termina, han concurrido todos los grupos de la sociedad con su esfuerzo, su empeño y su entrega. Merecen todos un amplio reconocimiento. He visto ese carácter y esa determinación de superar las circunstancias a todo lo ancho del país, en las comunidades rurales e indígenas que visito, en cada colonia popular, en pequeñas y grandes empresas, en escuelas y oficinas, en las diversas organizaciones políticas.
Eso me llena de aliento. Sé que, por eso, podremos seguir avanzado.
Pero es propio de la sociedad plural que somos, que también acudan al foro público diversas visiones de lo que el país requiere. Se ha dado, entonces, un amplio debate nacional, y estamos decididos a mantener las condiciones para que sea en plena libertad y respeto. Al reconocer este debate y al considerar cuidadosamente las distintas propuestas hacemos honor a las libertades que compartimos y que se han consolidado. Al responder con respeto y con razones, y al unir los esfuerzos de la sociedad alrededor de estas razones, hacemos honor a las convicciones que orientan el camino de la nación, convicciones fundadas en la historia, situadas en el momento que nos tocó vivir y decididamente orientadas hacia un futuro que realice mejor los objetivos que, de siempre, han movilizado a la nación.
En México ya no existen unanimidades, si es que alguna vez las hubo. Hay un diálogo nacional abierto sobre la dirección que hemos seguido y la que debemos asumir en adelante. Detrás de las diversas posiciones que hoy se manifiestan, como a lo largo de nuestra historia, encontramos no sólo tensiones entre viejos hábitos y nuevos impulsos sino distintas interpretaciones de cómo alcanzar mejor los objetivos nacionales.
En el pasado, muchas de esas oposiciones se resolvieron sin concordia.
En el Siglo XIX, los liberales, con su visión modernizadora frente a las corporaciones y los fueros, enfrentaron a los conservadores y su visión del pasado, heredada de la colonia, hasta la guerra civil y la de intervención. Una propuesta de avance sin participación terminó en la Revolución de 1910; y la Revolución tuvo que superar una constante oposición y no pocas situaciones conflictivas para construir una nueva organización política que permitió la transmisión pacífica del poder, la reforma agraria, la seguridad social, la educación laica y la reivindicación de los recursos de la nación.
La Revolución Mexicana no fue una sola; han existido dentro de ella varias visiones, varias conducciones, varias propuestas encontradas y, por eso, varias expresiones de la misma Revolución; cada una, en su tiempo y en su momento, tuvo su oportunidad y ejerció su responsabilidad. Hoy, dentro de los grandes principios que han caracterizado a la Revolución Mexicana, definimos nuestra expresión propia, la reforma de la Revolución. Los proyectos de esta reforma han enfrentado viejas prácticas y enfoques pretéritos. Y es que el nuevo cambio en México también suscita resistencias. Pero el país ha avanzado mucho; los puntos de vista opuestos han encontrado ya medios pacíficos y civilizados para expresarse y ello ha contribuido a que el debate apoye el avance de la nación. Las partes de este debate no se ven ya como enemigos, sino como adversarios leales, diferentes y respetables, en busca todos de un fin superior.
La visión de futuro que he propuesto a la nación no añora tiempos pasados pero tampoco reniega de sus realizaciones. De hecho, en el saldo de los grandes avances de ayer ahora encontramos la plataforma desde la cual podemos construir un futuro mejor. Nuestro liberalismo social no va en contra de tradiciones, las incorpora y les da fuerza transformadora, como lo ha hecho Solidaridad. Modifica, sí, hábitos e inercias que ya no permitían al país avanzar y cuyo retorno no favorecería la consecución de los objetivos nacionales.
Si en nuestro pasado tenemos nuestro mayor orgullo, hemos logrado evitar que se convierta, por una interpretación nacida de la inercia o la costumbre, en nuestro mayor obstáculo. México no puede distraer su acción por nostalgia. Los mexicanos queremos seguir avanzando, porque estamos orgullosos de lo que hemos logrado y porque estamos seguros de los objetivos que deseamos alcanzar. Será viendo hacia el futuro, y actuando para el futuro, como mejor podremos honrar nuestro pasado y aprovechar, al mismo tiempo, las nuevas oportunidades que se han creado con nuestro trabajo.
Lo que puede permitirnos vivir valiosa y productivamente, con las diferencias de interpretación de nuestro momento, es la base común de referencias que hemos construido en la Ley y en nuestros actos; referencias a las que todos podemos públicamente acogernos, asumiendo los principios de respeto, tolerancia y de buenas razones.
Finalmente, la población indefectiblemente acepta o rechaza, y es a ese juicio de los mexicanos al que debemos remitirnos todos.
Por eso, he señalado que, aun teniendo muchas tareas por realizar, del cambio en la vida política, económica y social que hemos emprendido, y del que ahora daré cuenta, México está saliendo fortalecido, construyendo mejor, en las condiciones del presente, sus objetivos históricos y siendo más respetado en el mundo.
II. Los cambios entre 1988 y 1993
1. México es más respetado en el exterior
Las circunstancias políticas del mundo siguen despertando esperanzas y, también, agravando incertidumbres. Por eso, México ha enfrentado a los nuevos tiempos mediante la fortaleza de sus principios de política exterior, y diversificando sus relaciones como razón estratégica.
Al reafirmar los principios, impulsamos que las relaciones internacionales, tanto en organismos como entre países, se ajusten a derecho e incorporen los cambios que demanda la nueva estructura mundial. A través de la diversificación damos equilibrio a la intensa relación con nuestros poderosos vecinos, acercando a los amigos lejanos y, en particular, a las naciones de nuestras mayores afinidades culturales e históricas.
Diversificación es la política para un mundo de varios centros económicos y uno sólo militar; es defensa de la soberanía y promoción de los intereses nacionales en los tiempos del fin de la guerra fría.
Así, en el exterior, México ha fortalecido su voz y su presencia.
Ha sido un objetivo deliberado y promovido por el gobierno. Mantenemos relaciones con 175 países, 28 más que al principio de la administración, y tenemos fluida comunicación y entendimiento político con todas las regiones del mundo. En los últimos cinco años he sostenido más de 350 encuentros con jefes de Estado y de Gobierno. En 1993 dialogué con 45 de ellos en 87 encuentros destinados a intensificar nuestras relaciones de amistad, elevar los intercambios con México y promover la paz. Hacia América Latina, México ha desplegado una acción sostenida sin precedente. Me he encontrado con todos los presidentes de la región en 193 ocasiones. En cada caso, se elevó el nivel de diálogo político y crecieron los intercambios económicos y culturales. Se han suscrito 70 convenios y tratados y 115 acuerdos interinstitucionales con los países latinoamericanos y caribeños. Tenemos una nueva ofensiva diplomática, ajena a la retórica, para orientar nuestras relaciones y acelerar los hechos de la integración. Cuando fue solicitada nuestra mediación para apoyar los esfuerzos de paz, como con El Salvador, Guatemala, Colombia y Haití, lo hicimos con respeto y con eficacia.
Por todo ello, México es un actor más fuerte, más respetado y más apreciado en América Latina.
En 1993, la acción de México en América Latina ha sido particularmente dinámica. Se suscribieron 22 convenios de cooperación. En julio sostuve una entrevista con el nuevo Presidente de Guatemala. Nuestro vecino al sur, que este año reafirmó su vocación por la democracia, es receptor de un tercio de las acciones de cooperación que México realiza en Centroamérica. Nuestro país refrendó también su disposición de continuar apoyando el proceso de diálogo y pacificación que se realiza entre las fuerzas políticas guatemaltecas, con estricto respeto a su soberanía. Con Belice, México mantiene importantes proyectos de cooperación. En agosto nos visitó el Primer Ministro de esa nación vecina, y nos comprometimos a proteger nuestras reservas ecológicas, ampliar el comercio y combatir con mayor energía el narcotráfico.
En febrero visité Nicaragua y en agosto recibí a la mandataria nicaragüense. Revisamos los acuerdos existentes, suscribimos nuevos convenios de asistencia y colaboración, reafirmé la voluntad de nuestro país de continuar brindando apoyo a su proceso de paz y desarrollo en los difíciles momentos por los que hoy atraviesa. Durante mi visita a El Salvador, en julio, firmamos más de una decena de acuerdos de colaboración y refrendé también la voluntad de México de continuar colaborando, con respeto, en la
aplicación de los Acuerdos de Paz de Chapultepec y con la Misión de Observadores de las Naciones Unidas. Con Costa Rica avanza la estrecha cooperación y las negociaciones de libre comercio.
Junto con los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, y el Primer Ministro de Belice, recorrí los más importantes lugares arqueológicos incluidos en la ruta de la cultura maya. Al término de nuestra gira firmamos la Declaración de Copán, que recoge nuestro compromiso para proteger las zonas arqueológicas mayas y avanzar en el desarrollo de las comunidades vecinas. Con el Caribe trabajamos para ampliar los nexos de amistad y cooperación. En septiembre recibimos la visita del Primer Ministro de Jamaica y en octubre, junto con los presidentes de Colombia y Venezuela, nos reunimos en Trinidad y Tobago, por primera vez, con los mandatarios del Caribe, en un histórico encuentro celebrado para crear la Asociación de Países Caribeños.
Durante los cinco años de mi Gobierno he visitado todos los países sudamericanos. México tiene una presencia activa en esas entrañables naciones. En diciembre de 1992 realicé una visita de Estado a Paraguay, la primera de un presidente mexicano, en la cual firmamos convenios de colaboración técnica y científica, cultural, financiera y comercial. Durante 1993 realicé tres visitas a América del Sur. Me reuní, en dos ocasiones, con el Presidente de Chile y definimos acciones para fortalecer el exitoso acuerdo de libre comercio entre nuestros países. Recibimos en México al Presidente de Ecuador y al de Uruguay. Las dos visitas, realizadas en un ambiente de gran cordialidad, nos permitieron suscribir acuerdos específicos de cooperación en diversos asuntos de interés para el desarrollo de nuestras naciones.
He participado en cinco reuniones a nivel presidencial del Grupo de Río. En el período que aquí se informa se realizaron dos de ellas: una en diciembre de 1992 en Buenos Aires y la otra en octubre de este año en Santiago de Chile. Este grupo, que ha ampliado el número de sus miembros desde 1991, conjunta su voluntad política frente a los problemas regionales, impulsa la armonización de los distintos procesos de apertura comercial al interior de la comunidad y establece vínculos de carácter regional con Europa. El Grupo de los Tres, formado por México, Colombia y Venezuela, avanza rápidamente en un acuerdo sobre libre comercio, que nos hemos comprometido a poner en marcha en enero de 1994, además de ampliar el diálogo político y económico con Centroamérica. En julio asistí a la III Cumbre Iberoamericana, realizada en Salvador de Bahía. Esta iniciativa de México ha probado sus bondades como espacio de diálogo al más alto nivel entre países unidos por valores históricos y culturales. La última reunión nos permitió diseñar propuestas de una agenda para el desarrollo y considerar métodos innovadores de cooperación social de nuestros pueblos. México ha acrecentado de manera notable su participación en los foros y organismos de carácter regional. Logramos que la Organización de Estados Americanos (OEA) reconociera la importancia de la lucha contra la pobreza extrema, como elemento esencial para sustentar la estabilidad y el desarrollo de las instituciones democráticas. En 1994 se llevará a cabo en México una asamblea extraordinaria sobre este tema.
En estos cinco años se ha elevado el nivel de nuestras relaciones con los países más industrializados de América, Europa y el Pacífico asiático. Buscamos aprovechar nuestra privilegiada ubicación geográfica y las oportunidades que hemos creado, para incrementar intercambios de inversión, comercio y cultura y ampliar la participación de México en sus más importantes organizaciones multilaterales.
Con los Estados Unidos hemos construido entre gobiernos un clima de cooperación y respeto mutuo que busca modificar las difíciles relaciones del pasado. En una vecindad tan compleja, no podrá dejar de haber diferencias serias y mantendremos siempre la firmeza de nuestros principios; pero al promover mayores relaciones, defendemos mejor a México en la vecindad inevitable con la nación más poderosa del mundo. Destacan, en los últimos cinco años, los acuerdos financieros y de renegociación de nuestra deuda y, desde luego, la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado también con Canadá. Sobresale, asimismo, la nueva cooperación contra el narcotráfico, en materia ambiental y laboral, en educación y cultura, y las acciones para mejorar la relación fronteriza...
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Señor Presidente, si me permite deseo hacer una interpelación al señor Presidente de la República.
El Presidente:
Señores legisladores: de acuerdo con el artículo 69 de nuestra Constitución, la Ley Orgánica del Congreso..., ¡orden por favor!, ... esta sesión sólo tiene por objeto la instalación del Congreso, la recepción del Informe del Presidente de la República y la intervención del Presidente del Congreso.
Continúe, señor Presidente.
El Presidente de la República licenciado Carlos Salinas de Gortari:
En todo momento, hemos sido claros y directos en los asuntos más difíciles de la relación: el trato a migrantes mexicanos, las pretensiones de aplicación extraterritorial de leyes, las acciones unilaterales en el comercio y en la lucha al narcotráfico. Quiero reiterar que en la protección a los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos migrantes en los Estados Unidos mantendremos todo el respaldo a nuestros compatriotas y fortaleceremos las acciones del Gobierno. En la función consular México dispone de un importante instrumento para proteger los intereses de los nacionales en el extranjero, promover la imagen de nuestro país y alcanzar una mayor presencia comercial.
El número de nuestras representaciones consulares se ha ampliado constantemente y en la actualidad tenemos 51 de ellas en los Estados Unidos, de un total de 250.
Las relaciones entre nuestras naciones tienen para ambos países el más alto nivel de atención gubernamental. He realizado 18 visitas a diversas ciudades norteamericanas para promover nuestros intereses en foros empresariales, académicos y culturales. Tenemos una creciente relación con la comunidad mexicanoamericana, orgullosa de sus raíces y trabajando honesta y dignamente para engrandecer a su país. Esta relación la seguimos fortaleciendo.
En enero me entrevisté con el entonces recién electo Presidente de los Estados Unidos. En un marco de gran cordialidad y respeto acordamos impulsar los distintos temas de la agenda bilateral. Acordamos, también, revisar el Tratado de Extradición a fin de confirmar la prohibición total de los secuestros transfronterizos y establecer las sanciones legales aplicables en caso de violarlo. Por nuestra parte, una reforma legal establece que el secuestro en favor de terceros países es equiparable con el delito de traición a la patria.
Nuestra relación con Canadá es cada vez más importante, lo cual se expresa en el constante diálogo entre gobiernos y el aumento de los intercambios. Tan sólo en 1992 la inversión de ese país en México se incrementó en 18% y el comercio bilateral en 16%. Con Canadá, además del Tratado de Libre Comercio, avanzamos en diversos acuerdos de cooperación en materia de minería, vivienda, industria forestal y de tecnología para la educación a distancia.
Hacia Europa, México ha desplegado una amplia iniciativa de acercamiento. Ello ha cambiado los vínculos con el viejo continente, que había considerado a México fuera del ámbito de sus intereses directos desde la posguerra.
Paradójica mente, fue la perspectiva del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá la que contribuyó a transformar la anterior curiosidad europea en un franco interés por invertir e intercambiar con nuestro país. Ahora, y debido a nuestros profundos cambios internos, los principales sectores políticos y económicos de Europa han señalado que México es ya un centro de atención para ellos, independientemente del potencial que guarda en la región de América del Norte. Con la Comunidad Europea firmamos el acuerdo de complementación económica más amplio que ésta haya firmado con país latinoamericano alguno. Sobre esta base, acuerdos similares se han firmado con Italia y Francia, y avanzamos en esa dirección con Alemania. Las inversiones de la Comunidad en México han aumentado en más del 50% y el comercio en casi 100%. Somos miembros fundadores del Banco de Reconstrucción y Desarrollo para Europa del Este. Nuestro país ha sido invitado para iniciar conversaciones conducentes a su incorporación como miembro de pleno derecho de la OCDE.
En 1993 hemos fortalecido el diálogo político, ampliando las oportunidades de intercambio con esta importante región del mundo. La gira que realicé en septiembre pasado confirmó el interés de la Comunidad Europea, así como de Bélgica, Holanda y Suecia, por estrechar sus vínculos con nuestro país. También inauguramos la Exposición EuropaliaMéxico 93, evento europeo dedicado por primera vez a un país latinoamericano, y en donde hemos desplegado una amplia y representativa muestra de nuestro arte y cultura. En el período que cubre este informe, nos visitó el Presidente de la República Federal de Alemania, con el propósito de fortalecer el intercambio y la cooperación en diversas áreas de interés común. También vinieron a México el
Presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, el rey Juan Carlos de España, el príncipe Alberto de Lieja, hoy Rey de Bélgica y el príncipe Carlos de Gales.
En enero, a raíz de la disolución de la República Federativa Checa y Eslovaca, México formalizó relaciones diplomáticas con ambas naciones. En octubre, nos visitó el Primer Ministro de la República Checa, lo que nos permitió definir las bases de amistad y cooperación que habrán de sustentar nuestras relaciones.
Una mención especial merece la visita, tan apreciada y querida por los mexicanos, del Papa Juan Pablo II, en el marco de las restablecidas relaciones diplomáticas. Al encuentro en Yucatán de este peregrino de la paz, acudieron con alegría cientos de miles de compatriotas. Fue la segunda visita durante esta administración y, nuevamente, se significó por el gran entusiasmo y genuina emoción para nuestro país.
En los últimos cinco años, en la región del Pacífico asiático, la de mayor dinamismo económico en el mundo, hemos abierto una nueva y muy intensa presencia. Nuestro país es pionero latinoamericano en los foros multilaterales económicos de esa región. Hemos fortalecido los vínculos bilaterales a raíz de la gira realizada en 1990 y a través de la visita de sus mandatarios en estos últimos años. En esas ocasiones exploramos las posibilidades de estrechar nuestras relaciones de cooperación e intercambio con todas las naciones de esa dinámica parte del mundo.
Nuestras relaciones de amistad y cooperación se han fortalecido también con otros países y regiones. En diciembre de 1992 llevamos a cabo con Israel un mecanismo que facilita el intercambio comercial y la inversión extranjera. También hemos estrechado relaciones con los países árabes. En junio establecimos relaciones diplomáticas con la recién independizada nación de Eritrea y concluimos, en respuesta al llamado mundial, el establecimiento de relaciones con Sudáfrica.
En el ámbito multilateral hemos continuado desplegando una activa política en favor de la paz, el desarrollo y la primacía del derecho internacional. Hemos contribuido, también, a las iniciativas mundiales de la ONU a favor de la infancia y del medio ambiente. Nuestros compromisos internacionales se han cumplido fielmente. En las últimas asambleas generales de la ONU nos manifestamos por el equilibrio entre sus órganos principales. Esta gran institución, que fue creada para la realidad geopolítica de la guerra fría, debe hoy modificarse. Nuestra posición es fortalecer la Organización, dar mayor presencia a la Asamblea General, e introducir en el Consejo de Seguridad una adecuada representación regional, con un número ampliado de miembros permanentes y una redefinición del sistema de voto y de veto. El Gobierno mexicano trabaja muy cerca del Secretario General en los mecanismos de reflexión y propositivos para realizar esta indispensable reforma de la ONU.
Hemos suscrito cinco convenciones y acuerdos multilaterales en materia de narcotráfico, derechos humanos, y sobre armas químicas, tema este último del que México fue promotor principal. En junio en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena, Austria, impulsamos todas aquellas resoluciones encaminadas a fortalecer las garantías del individuo y nos opusimos a que, con el pretexto de defender los derechos humanos, se generen mecanismos que vulneren la soberanía de los estados.
Las fuerzas armadas son baluarte de la seguridad territorial y la mejor garantía de que nuestros recursos naturales e instalaciones vitales están a buen resguardo. Su labor en cinco años ha sido ejemplar. Han desplegado el valor, la disciplina y patriotismo a la altura de su historia. Han apoyado a casi 800 poblaciones bajo condiciones de desastres naturales, han promovido 62 programas de salud en todo el país, han colaborado en la lucha contra el narcotráfico, erradicando más de 73 mil hectáreas sembradas de marihuana y amapola, arriesgando sus vidas para salvaguardar la seguridad de la nación. Es a ese costo como nuestras fuerzas armadas demuestran, día con día, su compromiso con la seguridad de nuestras instituciones y con la protección del pueblo mexicano.
En 1993, han auxiliado a los damnificados por las inundaciones que afectaron a 24 estados de la República y han colaborado en la extinción de 182 incendios que dañaron los recursos forestales de 22 entidades federativas. En especial, la respuesta inmediata, dedicada y eficaz de nuestro Ejército en la región del Golfo de México, durante septiembre y octubre, frente al huracán Gert merece nuestro mayor reconocimiento. Más allá de las contingencias, nuestros soldados y marinos han dado muestras de su inalterable compromiso con las acciones permanentes de beneficio social del Estado mexicano. En las últimas dos décadas, las fuerzas armadas se han transformado, al renovar sus mandos, adecuar su doctrina a favor de la seguridad del país y del pueblo, fortalecer su instrucción y ratificar su lealtad.
Es preocupación del Gobierno asegurar el constante mejoramiento de la infraestructura que apoya las labores del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, así como asegurar el bienestar de quienes orgullosamente integran nuestro Instituto Armado y de sus familias. Durante 1993 se construyeron y otorgaron créditos para más de 1800 viviendas y se inició la construcción de otras 2100, para así llegar ya a la meta sexenal de 12 mil viviendas, casi el doble de lo construido para las fuerzas armadas en 75 años. Además, se mejoraron los haberes y los servicios asistenciales. Teniendo su origen en la Revolución Mexicana y su inspiración en los Niños Héroes de Chapultepec, su lealtad y su prestigio los confirman como una verdadera institución de la patria. Reitero que México avanza confiado y tranquilo con la contribución de sus fuerzas armadas, orgullo de todos los mexicanos. Quisiera por eso expresar mi más profundo reconocimiento a la patriótica y leal labor que realizan por la nación el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea mexicanos.
2. Un México más libre y más democrático
Las reformas constitucionales y la creación de instituciones protectoras de los derechos humanos que se han realizado durante este Gobierno renuevan nuestro estado de derecho y amplían nuestras libertades fundamentales. Ello ha fortalecido a la nación.
La necesidad de proteger mejor las garantías individuales estimuló la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990 y su fundamento constitucional en 1992 como organismo con recomendaciones autónomas, así como el establecimiento de 32 comisiones en las entidades federativas. Este sistema de ombudsman es el más grande del mundo y está ya operando prácticamente en su totalidad. La Comisión Nacional ha reafirmado su autoridad moral bajo los principios de autonomía e independencia y se ha arraigado ya en la vida de la nación. En casi tres años y medio de trabajo ha recibido más de 23 mil quejas, habiendo concluido totalmente más de 20 mil de ellas. Este esfuerzo en la lucha contra la impunidad ha significado el ejercicio de acciones penales y sanciones administrativas, muchas de las cuales son destituciones o inhabilitaciones. Hemos emprendido ya una acción especial para apoyar el pleno cumplimiento de las recomendaciones emitidas que aún no han sido atendidas. El Gobierno de la República reitera su más firme apoyo para que todas las recomendaciones que expida se satisfagan completamente.
En el ámbito de las garantías procesales, las reformas constitucionales aprobadas en estos años toman en cuenta las condiciones socioeconómicas del procesado para garantizar la reparación del daño, permitiéndole obtener su libertad provisional de acuerdo con la Ley. Los detenidos sólo podrán declarar, con la presencia de su abogado, ante el juez o el Ministerio Público. Asimismo, queda expresamente prohibida, y con fuertes sanciones penales, toda incomunicación, intimidación o tortura por parte de quienes aplican la Ley.
Recientemente se han aprobado por el Constituyente Permanente reformas a los artículos 16, 19 y 20, que fijan términos a la detención de personas durante la averiguación previa que realiza el Ministerio Público. Asimismo, se crea la figura del crimen organizado, lo que permitirá al país, defendiendo los derechos humanos, enfrentar las nuevas formas que adopta la delincuencia, particularmente la vinculada al narcotráfico.
Con la reforma al artículo 119 se amplió el marco de cooperación en la persecución de los delitos, al facultarse la firma de convenios entre las procuradurías de los estados, General de la República y General de Justicia del Distrito Federal. En los casos de delitos graves o de reincidencia se reformaron las leyes para evitar que se conceda a los sentenciados la libertad preparatoria o el tratamiento preliberacional y la remisión parcial de la pena, excepto cuando se demuestre atraso cultural, aislamiento social o extrema necesidad económica. Bajo los esquemas de liberación previa, 9500 personas han sido beneficiadas. Al mismo tiempo, está en marcha la construcción de 12 centros de readaptación social que significarán un incremento de 16 mil nuevos espacios. Buscamos, así, crear condiciones adecuadas para que el sistema penitenciario no sólo sancione sino también contribuya a la rehabilitación.
Luchamos decididamente para evitar que el fenómeno de las drogas afecte la salud y la seguridad de los mexicanos. En cinco años, se han combatido y capturado a grupos organizados de narcotraficantes y han sido procesados más de una docena de sus más buscados jefes. De diciembre de 1988 al pasado mes de julio se ha detenido a casi 89 mil personas involucradas en delitos contra la salud. A ello se suma la destrucción de poco más de 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos y el aseguramiento de más de dos mil toneladas de marihuana, casi dos toneladas de heroína y goma de opio, así como más de 210 toneladas de cocaína pura.
La sociedad cobró plena conciencia de la importancia de combatir el narcotráfico cuando, en medio de la lucha entre dos bandas, pereció trágica e injustamente el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, cuya memoria permanecerá siempre entre nosotros por su generosidad y su bondad. Valoraré siempre la amistad que me brindó. La Procuraduría General de la República refuerza su acción para detener a los culpables de este crimen. La respuesta contra el narcotráfico ha de ser ahora de todos para acabar con este grave mal. Trágico y doloroso hecho fue, en mayo, la muerte del Cardenal, pero en agosto recibimos la grata visita y el mensaje de aliento de su Santidad el Papa.
Creamos el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, organismo capaz de realizar, con la tecnología y los métodos más modernos, esta vital tarea en favor de México. Reitero, ésta es una lucha soberana sin descanso; pero el triunfo definitivo no lo encontraremos sólo dentro de nuestras fronteras, sino con una adecuada cooperación internacional. Mientras el mercado de consumo proporcione utilidades y ganancias tan elevadas, el combate a estas organizaciones seguirá imponiendo a nuestra sociedad costos altísimos. México promueve la discusión de este problema en foros mundiales para que, en la cooperación respetuosa, avancemos en esta guerra común.
El gobierno de la República considera de vital importancia guardar y hacer guardar la ley para afianzar el orden público y la tranquilidad social. En coordinación con los titulares de los gobiernos de los estados hemos emprendido acciones para modernizar y ampliar el equipo de sus cuerpos de procuración de justicia y de seguridad. Con ese fin, durante el último año, se transfirieron a las entidades federativas casi 100 millones de nuevos pesos. Redoblaremos los esfuerzos para lograr que todo mexicano tenga efectiva seguridad en su persona y en su patrimonio.
La procuración de justicia se ha vuelto más ágil y expedita en este año. En el ámbito federal se concluyeron más de 110 mil averiguaciones previas y se ejecutaron más de 68 mil órdenes de aprehensión. En el Distrito Federal, se concluyeron casi 21 mil averiguaciones previas y se ejecutaron más de cinco mil órdenes. Se creó ya la carrera civil de agentes del Ministerio Público Federal y la propia de la policía judicial federal, estableciéndose sistemas de estímulos económicos y sociales.
Se ha modificado la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ello ha permitido dar congruencia al desempeño gubernamental en las nuevas circunstancias del país y ser estrictos en la exigencia del cumplimiento de responsabilidades públicas. En lo que va de la presente administración se han impuesto más de 70 mil sanciones administrativas y se han presentado ante las autoridades competentes alrededor de seis mil denuncias penales contra actos de abuso en puestos de autoridad.
En un marco de respeto a los principios republicanos de nuestra Constitución, el Ejecutivo Federal a mi cargo promovió la eficaz colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial, al proporcionar con oportunidad los elementos necesarios para el ejercicio cabal de sus atribuciones. En estos años se ha mantenido una estrecha cooperación entre la federación y los estados, fortaleciendo sus haciendas públicas, la infraestructura, y la educación ahora a su cargo, aportando a la construcción de los servicios básicos y ampliando los apoyos a la producción.
La importancia de la función legislativa que conlleva la vida democrática del país motivó también las reformas constitucionales a los Artículos 65 y 66. Así, el honorable Congreso de la Unión dispondrá, a partir del 15 de marzo de 1995, de nuevas fechas para realizar sus periodos ordinarios de sesiones. Esta reforma dará el tiempo adecuado para la presentación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación y permitirá ordenar mejor el trabajo legislativo.
Continuamos con nuestra tradicional política de otorgar asilo y apoyo a los ciudadanos que solicitan refugio en nuestro país. A más de 42 mil refugiados de nacionalidad guatemalteca, asentados en los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo, se les continúan proporcionando los recursos productivos que posibilitan su autosuficiencia, además de servicios básicos de salud y educación. Durante el primer semestre de 1993, con total respeto a su decisión, 3 mil 600 de esos refugiados han sido repatriados. Desde que en 1984 se inició este proceso, más de 11 mil centroamericanos ya han regresado a su país de origen.
En el mundo de finales del siglo XX, el tema migratorio se está convirtiendo en uno de los asuntos políticos más delicados. Sobre él existen grandes debates y tensiones en los países industrializados, en Europa, en los Estados Unidos y en muchas naciones en desarrollo. En México estamos decididos a mantener nuestra reconocida tradición de asilo a perseguidos políticos en otras naciones; también conservamos la de
acoger a migrantes por razones humanitarias. Pero no debemos olvidar que nuestro país no se ha integrado por grandes corrientes de migrantes sino por la multiplicación de nuestra propia población. Históricamente hemos dado muy pocos certificados de nacionalidad, estando muy orgullosos de los mexicanos que ya lo son por ese motivo. Por eso, no permitiremos ser utilizados con fines de presión política ni tampoco como instancia de trámite ante terceros países. Así, en el período que abarca este informe, se han deportado cerca de 125 mil personas que se encontraban ilegalmente en nuestro territorio.
El nuevo marco jurídico para las asociaciones religiosas responde a las nuevas condiciones del país y es sensible a las convicciones íntimas de la población. Estas reformas culminan un largo proceso de conciliación y de tolerancia, y promueven una clara manera de que los mexicanos ejerzan a plenitud su libertad de creencias. Este es un paso trascendente de la vida civil y moderna de la nación, que reafirma, a la vez, los principios de libertad de creencias, separación del Estado y las iglesias, educación pública laica y respeto a las diferencias y libertades de los demás. A la fecha, 900 iglesias y agrupaciones religiosas han obtenido ya sus certificados constitutivos y, con ellos, personalidad jurídica propia.
Durante este año se renovaron 12 ejecutivos estatales, 262 diputados locales, y 1107 presidentes municipales en 14 entidades federativas. Los resultados manifiestan nuestra pluralidad política y la creciente diversidad de opciones. En 1993, por primera vez, se utilizó la credencial para votar con fotografía en las elecciones de tres estados de la federación...
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde su curul):
Señor Presidente, si me permite deseo hacer una interpelación al señor Presidente de la República.
El Presidente del Congreso:
¡Orden, compañeros! No procede ninguna interpelación, ustedes saben que esta reunión tiene por objeto, de acuerdo con el 69 constitucional, la instalación del Congreso, la recepción del Informe del Presidente y la intervención del Congreso. No se autoriza ninguna interpelación, compañeros legisladores. Esta presidencia hace un llamado a todos nuestros compañeros legisladores para que guardemos compostura.
Continúe, señor Presidente.
El Presidente de la República licenciado Carlos Salinas de Gortari:
De los 40 millones 367 mil registros ciudadanos, base del nuevo padrón electoral, la cobertura actual del programa de empadronamiento y distribución de las nuevas credenciales sobrepasa los 37 millones de ciudadanos. Esta es una cifra alentadora, si consideramos que para la distribución de las credenciales restantes se cuenta con un margen adecuado de tiempo.
El país continúa construyendo su reforma democrática. Ha venido cambiando gradualmente sus instituciones políticas. En algunos ámbitos han existido mayores grados de consenso para su modificación; en otros, se ha generado un mayor debate. Eso es natural en una sociedad en plena transformación y en un Congreso que expresa las fuerzas, los pesos y las diversas posiciones de un México plural. Todos hemos ido aprendiendo el valor que tiene la búsqueda de acercamientos, la decisión de abrir la posibilidad del cambio, la convicción de hacer siempre el mayor esfuerzo para no caer en la exclusión. Todos aspiramos a niveles más altos de consenso y las diferencias se han expresado con respeto y libertad.
Desde diciembre de 1992 hubo un intenso intercambio de opiniones y propuestas sobre la consolidación de nuestras instituciones políticoelectorales. El debate enriqueció las diversas iniciativas de reformas que, en la materia, presentaron los diferentes partidos políticos en el período extraordinario de sesiones convocado para ese propósito. En ese período, que concluyó el pasado mes de septiembre, el Constituyente Permanente aprobó la reforma de los Artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82 y 100 de la Constitución Política. Esta Soberanía reformó, consecuentemente, más de 170 artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ellas, se abre el Senado de la República a la primera minoría, se elimina la llamada cláusula de gobernabilidad en la Cámara de Diputados y se evita que un partido, por sí solo, pueda reformar la Constitución. También se elimina el proceso de autocalificación para sustituirlo por la decisión del organismo electoral y, en casos de controversia, por un tribunal de plena jurisdicción y autonomía, con una sala de segunda instancia.
Asimismo, las reformas amplían, en los tiempos establecidos por el Constituyente Permanente, las condiciones de elegibilidad para ser Presidente de la República y norman, por primera vez en nuestra historia, el financiamiento de los partidos. Se establecen topes a los gastos de campaña y se regula el acceso a los medios de comunicación, para hacer más equitativa la competencia entre partidos. Debo destacar que tales reformas fueron aprobadas, en lo general, por el voto favorable de los legisladores de aquellos partidos políticos que representan el 84% de los integrantes de la Cámara de Diputados y el 87% de los miembros del Senado de la República.
El Presidente del Congreso:
Discúlpeme señor Presidente.
Esta Presidencia les recuerda que no procede ninguna interpelación. Vamos a continuar escuchando el informe que rinde a esta Legislatura el Presidente de la República. Continúe señor Presidente.
El Presidente de la República licenciado Carlos Salinas de Gortari:
Los momentos vividos durante esos días reflejan el intenso trabajo parlamentario. El debate en el Congreso fue amplio y serio. El pueblo de México sabe sin lugar a dudas, apreciar la dedicación de sus legisladores y la importancia de su labor. Mi respeto y mi reconocimiento a los diputados y senadores del Congreso de la Unión.
Ha concluido así esta etapa de reformas. En los próximos meses tendremos la posibilidad alentadora de hacer realidad los cambios.
El Presidente del Congreso:
Compañeros, esta Presidencia los invita a guardar compostura. Continúe señor Presidente.
El Presidente de la República licenciado Carlos Salinas de Gortari:
Y de mejorar, a partir del compromiso de todos con la nueva legalidad, las relaciones entre las distintas fuerzas políticas. Hasta el último día, mi gobierno estará comprometido con la búsqueda de la civilidad política. Su conducta seguirá siendo de diálogo, concertación y tolerancia, para avanzar en las prácticas políticas y para que los compromisos de todos se respeten. Creo en el debate franco y en la búsqueda del acuerdo.
El próximo año se realizarán elecciones federales para Presidente de la República, diputados y senadores de acuerdo y en el marco del nuevo texto constitucional. Hoy, por las reformas, el panorama apunta hacia un régimen de partidos fortalecido. La ciudadanía ha visto ampliadas sus opciones. Se han establecido bases ciertas para una perspectiva de civilidad política en la futura contienda electoral. Todos, con sus acciones, han contribuido a la reforma democrática de México.
Quiero reiterar que la democracia es un proceso real que depende de la capacidad de las partes para asumir compromisos políticos en el marco de la ley. Lo importante es que las diferencias no cierren la posibilidad de alcanzar una mejor convivencia y nuevos avances democráticos; lo importante es que entre todas las fuerzas políticas siga afianzándose la conciencia sobre sus responsabilidades crecientes con el destino de la nación. El desacuerdo, por más amplio que sea, siempre podrá resolverse entre nosotros mientras cada mexicano se obligue con la soberanía de nuestra patria. Ahora la nación demanda el compromiso democrático de la autoridad, de cada ciudadano y de todos los partidos para apegarse cabalmente a la legalidad y mantener siempre la paz pública.
3. México crece con estabilidad de precios
En los últimos años los mexicanos hemos realizado un enorme esfuerzo colectivo para sanear nuestra economía y sentar las bases para un desarrollo sostenido que brinde igualdad de oportunidades a todos. Ha valido la pena. El país ya ha recuperado su estabilidad, crece moderadamente y avanza en el cambio estructural de sus actividades productivas.
Hemos abatido la inflación de niveles de casi 200% a menos de 10% anual. Avanzamos así hacia la meta que parecía imposible conquistar hasta hace poco: la convergencia con la inflación de los países desarrollados. Ello, además, está ocurriendo en un contexto de liberalización de precios y de abasto pleno. Al abatir la inflación cancelamos el impuesto más regresivo, sustituimos la especulación por la inversión productiva y construimos una nueva certidumbre para crecer, generar empleos y competir en el mundo.
Hemos reducido la deuda externa, que al principio de este gobierno imponía un pesado lastre a nuestros esfuerzos; sus niveles son hoy congruentes con la perspectiva de un mayor crecimiento económico sobre bases permanentes. Hemos pasado de un crecimiento nulo en promedio durante casi toda la década de los 80 a un crecimiento moderado, por encima del incremento poblacional, por quinto año consecutivo.
Hemos pasado también de unas finanzas públicas con déficit crónico a otras sanas, registrándose un balance superavitario en los últimos dos años, situación excepcional en nuestra historia y en
el mundo. Por eso, mientras en casi todos los países suben los impuestos, en México los hemos bajado para apoyar el esfuerzo individual y colectivo. Con la renegociación de la deuda externa y la disminución de la deuda interna mediante la venta de empresas públicas, hemos liberado cuantiosos recursos para el gasto social, el cual ha crecido casi 85% en términos reales en cinco años.
En un lapso relativamente corto hemos pasado de una economía cerrada a una economía abierta. Hemos cambiado también de un Estado propietario y actor protagónico de la vida económica a un Estado solidario que asume un claro compromiso con la justicia social, fortalece la infraestructura y la producción, y apoya y regula de manera clara la iniciativa de los particulares para promover el crecimiento y la competitividad.
México está entrando a la última década del siglo con la mirada puesta hacia los retos económicos del futuro: productividad y competitividad. Con ese fin, las empresas se están reestructurando, redefinen sus procesos productivos y elevan su eficacia. Cuentan con un entorno favorable de estabilidad, desregulación, certidumbre legal, alineación de los precios públicos a sus referencias internacionales. Algunos sectores ya han terminado su reconversión; otros han avanzado mucho; otros más apenas empiezan. Todos tienen el mismo compromiso de productividad con sus empresas y con el país.
La tarea de la modernización es compleja. Implica sustituir maquinaria obsoleta por instalaciones modernas. Esta sustitución, sin embargo, no puede darse de un día para otro; exige talento y recursos financieros; requiere identificar el equipo adecuado, adquirirlo, instalarlo; demanda que se capaciten los trabajadores. Aunque en muchos casos se ven compensados por la generación de empleos en otras ramas en expansión, estos ajustes afectan la realidad cotidiana de muchas familias mexicanas. Asimismo, varios contratos colectivos de trabajo se han flexibilizado a fin de reemplazar cláusulas que obstaculizan la productividad por otras que la promueven y aseguran la participación de los trabajadores en los aumentos correspondientes. Este proceso toma tiempo. Las empresas competitivas deben contar con una situación financiera sana, lo que implica mayor inyección de capital, la reestructuración de su deuda, el establecimiento de alianzas estratégicas y la profesionalización de sus cuadros. Esta transformación está ocurriendo en miles de empresas en el país; sin embargo, también toma tiempo concluirla.
El entorno internacional recesivo no ha favorecido el proceso general de cambios económicos y ha elevado su carga. Los costos de la reconstrucción de Europa Central y del Este en la posguerra fría y los desequilibrios fiscales estructurales de los países industrializados han ocasionado el alza de las tasas de interés en Europa, el muy bajo crecimiento mundial, la desaceleración del comercio internacional y un profundo deterioro de los términos de intercambio en los productos agrícolas y la minería.
A pesar del complejo proceso de transformación interna y la adversidad del entorno económico internacional, no son pocos ya los signos alentadores. Entre 1988 y 1992 la inversión como proporción del Producto pasó de 17% a 22% y continúa creciendo, concentrándose en mayor medida en maquinaria y equipo. De 1990 a la fecha, el número de establecimientos manufactureros se incrementó en alrededor de 24 mil, para llegar actualmente a cerca de 127 mil. Por su parte, en los últimos tres años, la productividad de la mano de obra en la industria manufacturera se incrementó en un 19% y hoy sigue elevándose. Las exportaciones manufactureras crecen rápidamente, lo que demuestra una mayor penetración de nuestros productos en los mercados internacionales.
Comparemos objetivamente las dificultades de hoy con los mucho más graves problemas que existían hace algunos años. Se fueron ya los tiempos de la obsesión de la deuda impagable, la angustia por la inflación excesiva. Se ha ido, con ellos, la imagen de desaliento y de falta de confianza en nuestras propias fuerzas. Y no ha sido producto de una circunstancia externa favorable sino el resultado de nuestro trabajo diario y de mantener la dirección que nos hemos propuesto. Tenemos retos, sí, y estamos trabajando en ellos para superarlos y avanzar. Pero tenemos la certeza de que cambiamos, y lo hacemos deliberadamente, a tono con el mundo de hoy. México no se quedará atrás; es ya un actor importante en la economía internacional. Estamos trabajando para levantar mucho más nuestro potencial productivo y exportador, nuestra capacidad de generación de empleos y de incrementar el bienestar. Los resultados ya ensanchan nuestra perspectiva más allá de los ciclos económicos. Nos alientan a profundizar en la reforma del Estado, en la revolución microeconómica en el nivel de cada empresa y en la solidaridad.
La gran transformación económica ha vivido en 1993 un año complejo. Al tiempo que se han afianzado bases para el futuro, enfrentamos
circunstancias difíciles para muchas familias y empresas, que lo hubieran sido todavía más de no haberse iniciado y sostenido los cambios requeridos.
Durante el primer semestre de 1993 la economía registró una tasa de crecimiento de 1.3%, ritmo inferior al de los pasados cuatro años. Anticipamos esto en los Criterios Generales de Política Económica sometidos en noviembre pasado al Congreso de la Unión, cuando consideramos que el entorno económico no ofrecía las condiciones para proponernos un crecimiento superior al de 1992. Desde el punto de vista sectorial, la desaceleración de la actividad económica no ha sido uniforme. Durante este período el sector de servicios y el industrial crecieron a tasas de 1.9% y 1.2%, respectivamente, mientras que las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras registraron un descenso de 1.5%.
Conscientes de que la actual desaceleración económica es una consecuencia transitoria del propio proceso interno de modernización y de un ámbito internacional poco favorable, hemos concertado en la última renovación del pacto, el pasado mes de octubre, un conjunto de acciones para superar los problemas coyunturales y seguir adelante. Todos los sectores se comprometieron a mantener la lucha contra la inflación. Para contribuir a reactivar el mercado interno se acordó un amplio paquete de reducciones fiscales a favor de los trabajadores y de las empresas; se otorga permanencia a la recuperación del salario mínimo y de los salarios contraactuales, al vincularse no sólo a la inflación esperada sino a los aumentos de la productividad; se reducen los precios de los insumos industriales del sector público para llevarlos a su referencia internacional, y se canalizarán cuantiosos recursos adicionales al nuevo programa de apoyos directos al campo. Se decide usar así el superávit fiscal, fruto del esfuerzo acumulado de todos los mexicanos, para alentar responsablemente, sin políticas expansionistas, la reactivación económica. Lo haremos a través de un proyecto de presupuesto equilibrado que presentaré oportunamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión. Con esta renovación del pacto, México responde a la circunstancia internacional y enfrenta las condiciones propias.
La disciplina fiscal es un elemento indispensable para abatir permanentemente la inflación e impulsar el crecimiento sostenido. El sector público pasó de un déficit financiero de 12.5% como proporción del Producto Nacional en 1988, a un superávit de 0.5% en 1992. Al término de los primeros seis meses de 1993, las finanzas públicas registraron un superávit de casi 13 mil millones de nuevos pesos, el cual representa cerca del 70% de la meta programada para todo el año. Este resultado se refleja en una drástica reducción del endeudamiento del sector público: a finales de 1988 la deuda neta total del sector público representaba poco más del 68% del producto y ésta se sitúa actualmente en alrededor de 22%. Dentro de este total, el saldo de la deuda neta externa pasó de un 48% del producto a sólo 12% en 1993. El saldo de la deuda interna se redujo sustancialmente. Mientras que en los países industrializados representa entre 60% y 120% del producto, en México la deuda interna llegó a sólo 10% en el primer semestre de 1993. Esta es la magnitud del desendeudamiento público en México.
La reforma del sistema tributario ha buscado crear un contexto más justo y eficiente y, al mismo tiempo, elevar la recaudación. La tasa marginal del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas disminuyó del 50% en 1988 a 35% hoy en día. Por su parte, la tasa para las empresas bajó del 40% en 1988 al 35% a la fecha. Ello crea un marco propicio para la inversión. El Impuesto al Valor Agregado disminuyó de 20% y 15% en 1988, al 10% a partir de los últimos meses de 1991. Adicionalmente, y de conformidad con lo acordado en el pacto, someteré a la consideración de esta Soberanía un paquete de medidas tributarias que permitan elevar entre 7.5% y 10.8% el ingreso disponible de los trabajadores que reciben un salario mínimo; que aseguren que los trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos no paguen impuestos y se beneficien los casi siete millones de trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos. Asimismo, propondré reducir el Impuesto Sobre la Renta a las empresas del 35% al 34%; bajar en dos terceras partes la tasa del Impuesto Sobre la Renta para operaciones de crédito con el exterior; deducir más rápidamente las inversiones en vehículos y equipos anticontaminantes, y otorgar facilidades a empresas para cubrir el importe de sus impuestos en parcialidades, destacadamente el impuesto al activo.
Se ha ampliado la base gravable. El número de contribuyentes, distintos de los trabajadores, pasó de 1.7 a 4.8 millones entre 1988 y julio de 1993. De esta forma, se ha logrado evitar iniquidades y otorgar un trato semejante a todos los contribuyentes, al tiempo que se ha incrementado considerablemente la recaudación, a pesar de la disminución de las tasas. Mientras en el período de 1989 a 1993 se estima un crecimiento acumulado del producto del 17%, los ingresos tributarios no petroleros habrán crecido 34% en términos reales. Así cumplimos con el propósito
de consolidar un esquema tributario que fortalece el ahorro y alienta el trabajo de la sociedad, con menos gravámenes y más contribuyentes.
La reforma fiscal y el redimensionamiento del sector público han permitido abatir la deuda, reducir los niveles totales de gasto y elevar las erogaciones en desarrollo social. En 1988 el pago de intereses representaba cerca del 18% del producto, mientras que se estima que para 1993 sea solamente del 3%. Esta menor carga, además de su favorable impacto financiero, se ha traducido en más recursos para infraestructura de educación, salud, ecología y vivienda para los que menos tienen. En 1988, por cada peso de pago de intereses, sólo 33 centavos se destinaban al gasto social; hoy en día, por cada peso que se gasta en servicio de la deuda, se destinan más de tres pesos a las necesidades sociales fundamentales de nuestros compatriotas. En 1993 el gasto social representará el 54% del gasto programable del Gobierno y 10% del Producto. Nunca hasta ahora se había destinado una proporción semejante. En los primeros cinco años de mi administración, el gasto en educación ha crecido casi 90%, en salud 79%, en ecología, desarrollo urbano y agua potable 65%, todo ello en términos reales.
Para dar solidez institucional a los avances alcanzados y continuidad al compromiso de todos los mexicanos en la lucha contra la inflación, promovimos cambios a los artículos 28, 73 y 123 de nuestra Constitución. Se concede así autonomía al Banco de México y se le fija como prioridad la estabilidad del poder de compra de nuestra moneda. De acuerdo con esta reforma, ninguna autoridad podrá exigirle la emisión de dinero para financiar los programas burocráticos. Se contempla un sistema escalonado de nombramientos en el banco central que fortalece su independencia y su profesionalismo. En los próximos días enviaré a esta soberanía la iniciativa de nueva Ley del Banco de México de acuerdo a las nuevas disposiciones constitucionales. Esta trascendental reforma compromete al país de manera permanente a mantener la salud financiera de la nación.
A partir de este año, los mexicanos comenzamos a utilizar la unidad monetaria denominada transitoriamente nuevo peso; ésta contribuye a una mejor expresión del valor real de los bienes y servicios, y facilita nuestras transacciones. Se ha puesto ya en circulación una serie de nuevas monedas.
La mayor estabilidad de precios se ha reflejado en la constante disminución en el costo del dinero. La tasa de rendimiento de los Cetes a 28 días es de 13%, prácticamente una tercera parte de las que imperaban en octubre de 1992. Estas menores tasas de interés están contribuyendo a la reactivación gradual de nuestra economía. El ahorro de la sociedad en el sistema financiero ha pasado de representar el 29% del producto en 1988 a 40% en 1992 y, el 46% en 1993. Para agosto de 1993, el ahorro financiero registró un crecimiento anual de 17% en términos reales. A ello ha contribuido la consolidación del Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR, que fomenta el ahorro de los trabajadores: al mes de agosto de este año se habían incorporado 11.4 millones de cuentas individuales, cuyas aportaciones ascendieron a poco más de 12 mil millones de nuevos pesos. Adicionalmente, por conducto del Patronato del Ahorro Nacional, se establecerá un gran número de sucursales en lugares de alto tránsito de personas, primordialmente en oficinas del Servicio Postal Mexicano, que ofrezcan a las clases populares instrumentos de ahorro seguros y sencillos. La liberación de recursos derivados del desendeudamiento del sector público permitió que, entre 1989 y 1992, el financiamiento interno al sector privado creciera en un 225% en términos reales.
A partir de 1989 el sector financiero se sujetó a una profunda reforma: desregulación de operaciones, adecuaciones del marco jurídico, modificación en el régimen de propiedad de la banca y apertura financiera. Durante el período de 1991 a 1993 se autorizó la constitución de 25 grupos financieros, y de nueve bancos nuevos con carácter regional, cuidando en todo momento su seriedad y calificación profesional. A medida que avancemos hacia un sistema financiero más eficiente y competitivo, disminuirán las tasas activas en beneficio de los usuarios del crédito.
La desincorporación de entidades públicas que no son estratégicas ni prioritarias se encuentra en su última etapa. Durante mi administración se han desincorporado 390 entidades, que representan el 63% de las existentes en un inicio. Ello se ha realizado mediante ofertas públicas; se han expedido títulos de concesión para proteger a los consumidores en los casos de monopolios naturales; se ha mantenido constantemente informada a la sociedad. Actualmente, existen 209 entidades públicas de las cuales 50 se encuentran sometidas a proceso de liquidación, extinción, venta, fusión o transferencia a gobiernos estatales. Mediante las privatizaciones se han generado recursos de una sola vez que, al reducir la deuda interna, han fortalecido permanentemente la capacidad gubernamental para atender demandas sociales inaplazables. Con ello, se
cumple el compromiso de vender bienes públicos para remediar males sociales y se fortalece al Estado y a la nación.
De diciembre de 1990 a junio de 1993, el Fondo de Contingencia recibió 55 mil 700 millones de nuevos pesos, provenientes del proceso de privatización. Con estos recursos pagamos deuda interna. Cuando el mercado secundario de la deuda externa ha ofrecido descuentos atractivos, los hemos aprovechado. Como resultado de estas operaciones el saldo remanente en el Fondo de Contingencia al cierre del primer semestre de este año fue de cuatro mil 300 millones de nuevos pesos. Esta información ha sido proporcionada con detalle a esta soberanía en los informes trimestrales correspondientes.
Los avances en materia de estabilización, sumados a la intensificación del cambio estructural, han hecho de nuestro país un lugar atractivo para la inversión interna tanto financiera como directa. La inversión foránea acumulada a lo largo de mi administración superó en pesos los 34 mil millones de dólares, cantidad que excede ya en un 40% la meta para todo el sexenio. De enero a septiembre de 1993 la inversión extranjera llegó al equivalente de ocho mil millones de dólares, 18% más que en el período correspondiente de 1992, y ha financiado la creación de mil empresas. De esta manera la inversión foránea ha complementado nuestro ahorro interno, favoreciendo la competitividad y alentando la utilización de tecnologías modernas y limpias.
Durante los últimos años se registró un aumento del déficit de la cuenta corriente. Ello ha sido resultado del proceso de cambio tecnológico que requería de la importación de bienes de capital e intermedios, y de los fuertes flujos de inversión extranjera. Las exportaciones manufactureras, aunque crecían a tasas aceleradas, lo hacían a un ritmo más lento que las importaciones. Como se señaló, este desfasamiento era consecuencia del proceso de maduración de las inversiones, es decir, del tiempo que va de la instalación de nueva tecnología a la nueva exportación resultante de estas adquisiciones.
A partir de 1993 hemos empezado a observar una marcada reversión de este proceso. Actualmente las importaciones tienden a estabilizarse, mientras que las exportaciones, especialmente las manufactureras, están repuntando con un renovado dinamismo. Así, al mes de agosto, las exportaciones no petroleras registraron una tasa de crecimiento anual de 15%, a pesar de la debilidad del comercio internacional.
Por su parte, las importaciones avanzaron a una tasa de sólo 6%. Estas cifras confirman que vamos por el camino correcto. Las empresas del país están respondiendo positivamente al reto de la apertura. Si perseveramos, México podrá tener una presencia comercial cada vez mayor en los mercados internacionales. Esta reversión en las tendencias de las exportaciones y las importaciones permitió que, al mes de agosto, se registrara un déficit en la balanza comercial de alrededor de nueve mil 300 millones de dólares, cifra inferior en 8% a la del mismo período de 1992. Asimismo, en el primer semestre de este año el superávit en la cuenta de capital ascendió a 16 mil 190 millones de dólares, lo que significa un aumento de 35% con respecto al primer semestre de 1992.
El comportamiento favorable observado en las cuentas con el exterior ha permitido la consolidación de las reservas internacionales del Banco de México, que al día de hoy ascienden a 23 mil 17 millones de dólares. Ello fortalece la posición de nuestro país ante eventualidades externas y contribuye a la viabilidad de nuestro proyecto económico.
El país ha avanzado para incrementar su eficiencia microeconómica. Los primeros esfuerzos de desregulación fueron en las áreas de las telecomunicaciones, el transporte carretero y la acuacultura. Después se avanzó en el sector externo de la economía y ahora alcanza a todas las actividades productivas. Tan sólo en los últimos 12 meses se introdujeron reformas legales en materia de energía pública, puertos y correduría pública, las cuales alientan la participación del sector privado en esas actividades e inducen a una sana competencia en beneficio de los usuarios de estos servicios. Asimismo, la nueva Ley Federal de Competencia Económica y la Comisión respectiva fijan normas para prevenir y eliminar monopolios, sancionar prácticas indebidas y suprimir barreras de entrada al mercado, todo ello en beneficio de los consumidores.
En los últimos cinco años, para aumentar la competitividad de las empresas, hemos apoyado con asistencia técnica y financiera a alrededor de 250 mil empresas micro, pequeñas y medianas, principalmente a través de Nacional Financiera (Nafin) y los Bancos de Comercio Interior y Exterior. De igual manera, hemos perseverado en el cambio estructural de la banca de fomento. El porcentaje de crédito total otorgado por Nafin al sector privado pasó de menos de 10% en 1988, a alrededor de 90% en la actualidad. Para asegurar su operación, se estableció en 1993 que, al igual que la banca comercial, la de desarrollo debe calificar los riesgos de su cartera y sujetarse
a una estricta constitución de reservas preventivas. Bajo este nuevo esquema la banca de desarrollo mejora sus sistemas de evaluación y seguimiento del crédito y promueve una mayor eficiencia en la intermediación de los recursos.
El Programa Impulso tiene como meta apoyar a medio millón de empresas pequeñas y medianas, a través de la constitución de uniones de crédito, empresas integradoras y entidades de fomento privadas. También se han impulsado la creación de empresas comercializadoras, el desarrollo de franquicias y la capacitación para modernizar el pequeño y mediano comercio. Para estos fines, en 1993, el Banco Nacional de Comercio Interior y el Fideicomiso para el Desarrollo Comercial, canalizarán conjuntamente casi 15 mil millones de nuevos pesos.
El apoyo a la actividad exportadora ha sido una tarea permanente durante los últimos cinco años. En ese lapso, se otorgaron 714 constancias a empresas altamente exportadoras, se autorizaron programas de importación temporal para la exportación a un mil 393 empresas, se registraron 110 nuevas empresas de comercio exterior y se inició la operación de un nuevo sistema automatizado para la expedición de permisos de importación y exportación. Con la nueva Ley de Comercio Exterior estamos afianzando el papel de la actividad exportadora como catalizador de la competitividad del país. Seguimos combatiendo las prácticas de comercio desleal e imponiendo sanciones a los casos necesarios. Queremos más comercio, pero no el que dañe injustamente nuestra producción o nuestro mercado.
Hemos seguido actuando para reorganizar y alentar nuestros intercambios comerciales. Con mis homólogos de Estados Unidos y Canadá, el 17 de diciembre de 1992 firmé el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, el 14 de septiembre de 1993, los acuerdos paralelos en materia ecológica, laboral y de salvaguardas. Desde el principio de las negociaciones dejamos muy claro que con el Tratado de Libre Comercio tendríamos que cuidar el medio ambiente y preservar los derechos laborales de los trabajadores. Es por ello que México vio con interés la posibilidad de negociar acuerdos sobre estos temas, bajo las premisas de respeto a nuestra soberanía, ser plenamente compatibles con el tratado comercial y no constituirse en medios encubiertos de proteccionismo. Al haberse cumplido las premisas establecidas, con estos acuerdos se amplía la cooperación de los tres países en estos temas.
El tratado, junto con los acuerdos paralelos, tiene una importancia singular al incorporar explícitamente los temas ecológicos y laborales con pleno respeto a las soberanías; es pionero en las negociaciones comerciales y marcará futuras tendencias en la región y en el mundo.
No se permite la creación de leyes u órganos supranacionales sino que se alienta la cooperación para que cada país aplique mejor sus propias leyes, en su propio territorio...
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul):
Deseo hacer una interpelación (inaudible).
El Presidente del Congreso:
Permítame, señor Presidente; señores legisladores:
Por respeto a este recinto y a los demás legisladores, se hace un llamado muy atento para que guarden orden en el salón de sesiones. Nos procede la interpelación y no la autorizo. Adelante, señor Presidente.
El Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari:
No se establecen sanciones comerciales tradicionales, ya que se impiden reacciones unilaterales y, con el cumplimiento de una parte, se levanta automáticamente toda restricción impuesta por otra.
El éxito en estas largas y difíciles negociaciones se deben a la invaluable labor de un numeroso grupo de servidores públicos, de representantes de organizaciones sindicales, rurales y empresariales así como de expertos en diversas materias. Por el más alto compromiso con México que demostraron a lo largo de la negociación, manifiesto a todos ellos mi profundo reconocimiento.
La ratificación del tratado y de los acuerdos paralelos depende ahora de los poderes legislativos. Conviene recordar que sus beneficios no serán de corto plazo ni producirán resultados espectaculares. Reitero, con o sin tratado, en el plazo inmediato no se alterará sustancialmente la evolución de nuestra economía. Siendo importante el tratado, éste se sumaría a los instrumentos que ya hemos establecido para que la economía crezca con estabilidad. Los tratados de libre comercio son instrumentos que otorgan a las economías la certidumbre de reglas
permanentes, que alientan la inversión, la creación de empleo, y mayores escalas de producción. La clave para nuestro desarrollo no está fuera del país, sino en los esfuerzos internos, en el ahorro, la productividad y la calidad. De ahí la justa importancia de los acuerdos comerciales que proporcionan un marco de referencia, más preciso, al trabajo interno para competir mejor en el propio mercado doméstico y en el mundo.
Por eso, hemos intensificado los contactos y negociaciones comerciales con otros países y regiones. El próximo año, de aprobarlo el Senado de la República, entrará en vigor un tratado de libre comercio con Venezuela y Colombia, similar al que ya tenemos con Chile. Buscamos incorporar a los países centroamericanos a este nuevo esquema. También, en el transcurso de mi gobierno, hemos concluido las negociaciones para evitar la doble tributación con 15 países de Europa, Asia y América, lo que facilita indudablemente la interrelación económica.
El desarrollo sectorial.
El sector energético es fundamental para el desarrollo. Su importancia estratégica para la economía y su significado histórico para los mexicanos así lo han determinado. En ese sentido, el control estatal de los hidrocarburos y el suministro suficiente y oportuno de energéticos han sido principio y prioridad para mi Gobierno. Con la descentralización de funciones y responsabilidades de Pemex se edifica una industria petrolera más eficiente. Se ha dado preeminencia a la exploración de zonas con mayores potencialidades. A finales de 1992, con el descubrimiento de nuevos yacimientos en montos superiores a los volúmenes extraídos, las reservas probadas de hidrocarburos se situaron en 65 mil millones de barriles, con lo que se ubica México en la sexta posición mundial. Así, como afirmé en el Cuarto Informe de Gobierno, se revierte la declinación de las reservas de hidrocarburos que se venía observando año tras año, casi por un decenio.
Durante 1993 la producción nacional de crudo fue de un promedio de 2.7 millones de barriles diarios, cifra similar a la obtenida en 1992. Aun cuando hasta el mes de agosto la mezcla mexicana de exportación registró un precio promedio de 13.80 dólares por barril, 44 centavos de dólar menos que el programado para el año, la situación pudo mitigarse con la aplicación del seguro petrolero contratado con anterioridad.
A escasos quince meses de la promulgación de su nueva Ley Orgánica, funcionan ya con normalidad los cuatro organismos subsidiarios y el corporativo de Pemex. Se han superado los obstáculos derivados del cambio de una compleja estructura administrativa que había operado durante 55 años; se ha mantenido regularidad en la producción y en el abasto, aspectos críticos para el buen funcionamiento de la economía. Productividad, competitividad, honestidad, protección al medio ambiente, resguardo de la soberanía son los criterios que orientan los trabajos de Pemex en esta nueva etapa de su desarrollo al servicio de México.
Para impulsar la expansión del sector eléctrico, en diciembre de 1992 este honorable Congreso aprobó las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y en mayo de este año se expidió su reglamento a fin de permitir la participación corresponsable de los particulares. La energía eléctrica producida por las empresas privadas se venderá en forma exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), única entidad autorizada para proporcionar este servicio público. La recién creada Comisión Reguladora de Energía supervisará estas operaciones.
En el período de enero a octubre, la generación bruta de electricidad se incrementó en un 3.2% respecto a igual período del año anterior. El sector eléctrico de México ocupa el segundo lugar de América Latina y su capacidad instalada es de casi 29 mil megawatts en los pasados cinco años se incorporó un 20% más que la capacidad de generación construida por la CFE en toda su historia. Actualmente, esta industria atiende a cerca de 80 millones de mexicanos, más del 90% de la población. De este total, más de 15 millones de habitantes han recibido el servicio en los últimos cinco años.
La variedad y disponibilidad de minerales con que cuenta el país lo ubican dentro de los 11 primeros lugares en la producción mundial de 19 de ellos. Esta importante industria ha enfrentado a los retos de bajos precios internacionales, particularmente la plata. Hoy, la actividad minera cuenta con un nuevo marco jurídico que permite un mejor aprovechamiento de esta riqueza. La nueva regulación confiere viabilidad a proyectos de larga maduración, fomenta la concurrencia de los particulares, simplifica trámites, propicia el desarrollo de la pequeña y mediana minería y da racionalidad al régimen de concesión. Así, en los últimos cinco años se han liberado casi 11 millones de hectáreas aptas para la minería, y la superficie concesionada se duplicó al pasar de casi tres a seis millones de hectáreas. Asimismo, mediante el Programa de Apoyo a la Minería
Social y a la Pequeña Minería, se otorgaron créditos por un monto de 870 millones de nuevos pesos para actividades de exploración y explotación, capacitar al personal y un sistema de garantías parciales.
Las comunicaciones y los transportes del país son, año con año, cuantitativa y cualitativamente superiores. Por las carreteras circulan la mayoría de los mexicanos, la producción nacional y, también, las esperanzas de las comunidades por progresar. Al inicio de mi administración la red carretera emergía, de años de reducidas inversiones públicas, del retraso en el mantenimiento periódico y del congestionamiento que la deterioraba y elevaba sus costos. En mis visitas a los estados, los caminos siempre han figurado entre las primeras demandas de la población. La respuesta ha sido un gran programa de modernización.
En la red troncal se ha terminado la construcción de 735 kilómetros de nuevas carreteras federales, la ampliación de un mil 300 y la reconstrucción de 10 mil más. Con la venta de activos del sector hemos puesto en marcha un programa especial de mantenimiento de carreteras, que será intensificado en los meses siguientes. En cuanto a las autopistas, recientemente inauguré obras impresionantes no sólo por su tamaño y belleza, sino por su importancia económica y de integración regional, como la Autopista del Sol Cuernavaca Acapulco, la de Mérida Cancún, la de Guadalajara La Barca y la de Guadalajara Lagos de Moreno, que se suman a las 60 carreteras de cuatro carriles, realizadas por todo el país. Me permito informar a esta Soberanía que con las supercarreteras inauguradas en días pasados hemos llegado ya a la meta prevista para todo el sexenio: son cuatro mil kilómetros de autopistas de cuota construidas en estos años, cuatro veces más que lo realizado en un cuarto de siglo. Reitero que, al concluir el período de concesión a los particulares, estas obras se revertirán como propiedad de la nación.
En los Ferrocarriles Nacionales de México reconocemos los significativos esfuerzos tecnológicos y administrativos, así como los novedosos sistemas de comercialización puestos en marcha para modernizarlos. Queda mucho trabajo para elevar la eficiencia y competitividad en los servicios. Pero, hoy, los ferrocarriles están rescatando mayores volúmenes de carga con ahorros para las empresas y para el Estado.
Hemos cumplido la primera etapa de modernización de la infraestructura portuaria; cuatro puertos cuentan ya con capacidad para operar a niveles internacionales de productividad. Con la nueva Ley de Puertos se promueve la descentralización administrativa y se permite incorporar a la iniciativa privada y al sector social, tanto en los aspectos de operación como en el desarrollo de la infraestructura.
Nuestra red de aeropuertos funciona adecuadamente, habiendo crecido el movimiento de pasajeros y operaciones aéreas 61% y 42%, respectivamente, durante los últimos cinco años. Los aeropuertos con grado de saturación como los de la ciudad de México, Cancún y Guadalajara son objeto de especial atención. Gracias a ello, y con una amplia participación de coinversionistas privados se están atendiendo los requerimientos de los usuarios de la aviación. Quiero reiterar que el Estado mantiene pleno control de los aeropuertos en materia de seguridad, aspectos aduanales y migratorios.
Durante el último año hemos dado pasos importantes en el desarrollo de nuevos y modernos sistemas de telecomunicaciones y de mayor cobertura en el territorio nacional. El servicio postal mexicano ha enfrentado con éxito al enorme reto de ser autosuficiente, al cubrir este año, con ingresos propios, su gasto de operación y de inversión.
Por quinto año consecutivo hemos realizado importantes transformaciones en el sector turismo. La oferta de alojamiento se ha incrementado en los últimos 12 meses en cerca de 10 mil nuevos cuartos, lo que da un total de más de 53 mil cuartos adicionales de 1989 a la fecha. Los 31 estados de la Federación ya se han sumado al programa de descentralización de funciones, de conformidad con la nueva Ley Federal de Turismo. Las divisas generadas por turismo se han incrementado en un 11% anual en promedio entre 1988 y 1992, en tanto que en el primer semestre de 1993 se registró un crecimiento de 2.2%, reflejo de la recesión internacional. Durante este año se espera que los turistas nacionales asciendan a 39 millones de personas, lo que representa un incremento del 2% en relación al año anterior. Durante el período de enero a junio, el número de turistas extranjeros fue de más de tres millones 300 mil visitantes, casi 3% adicional respecto al mismo período de 1992, y se captaron más de dos mil millones de dólares.
Nuestra política pesquera se ha orientado principalmente a fomentar la integración de cadenas productivas, a la estricta aplicación de la regulación de vedas para evitar la desaparición de las especies y a fomentar el desarrollo de la acua-
cultura. Hemos mantenido el saldo favorable de la balanza comercial pesquera. Es importante destacar el notable dinamismo que experimenta la producción del camarón de acuacultura, pues mientras que hace cinco años la producción era de sólo 551 toneladas, para 1993 será superior a las 10 mil. Con la nueva Ley de Pesca, las primeras beneficiarias del régimen de concesiones han sido las organizaciones del sector social, al dar permanencia a quienes han demostrado eficiencia y productividad. Por otra parte, hemos reestructurado la deuda de las sociedades cooperativas del litoral del Pacífico que son rentables y se inició el proceso para las que operan en el Golfo de México.
La reforma campesina
En el campo nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos del país. En él confluyeron estancamiento social y hasta retroceso económico, instituciones públicas que ya no cumplían, prácticas burocráticas que los mismos campesinos rechazaban, restricciones legales que ya no protegían, sino constreñían al ejidatario y al comunero, dejándolos en el desamparo y, sobre todo, en la pobreza; también un contexto internacional que, por más de dos décadas, ha reducido los precios de los productos agrícolas básicos. Por todo ello, para el campo no existen soluciones simples, voluntaristas o inmediatas.
En el campo vive y trabaja uno de cada cuatro mexicanos. Su producción, sin embargo, representa menos del 8% del Producto Nacional. La brecha es muy grande y se llama pobreza. En el campo se encuentran así la mayor parte de los mexicanos más desprotegidos. Ellos, más que nadie, demandaban cambios y con su comportamiento cotidiano, silencioso pero con claridad y sencillez, exigían transformaciones de fondo, con rumbo definido desde abajo. La ruta era la que ellos mismos señalaban: libertad, equidad y respeto. Adquirimos, como sociedad y como Gobierno, el compromiso de reformar al campo, encabezados por los propios campesinos; por eso es una reforma campesina. La primer tarea fue la de cambiar los instrumentos del Estado para el campo que ya no cumplían con su propósito de promover producción y justicia.
Así, se reestructuró a fondo Banrural, desapareció Anagsa, la aseguradora del campo, y se crearon mecanismos claros en Agroasemex. Sólo dos de 11 productos conservaron los precios de garantía y se estableció Aserca para dar paso, en el resto, a la concertación de precios en la comercialización. El sistema para el financiamiento del campo ha sido saneado y los recursos se han incrementado. En 1993, el financiamiento total asciende a 37 mil millones de nuevos pesos, 27% más que en 1992, de los cuales 74% provienen de la banca de desarrollo.
Para ello realizamos un esfuerzo extraordinario para resolver las carteras vencidas con Banrural, traspasando la de casi 400 mil productores a un fideicomiso creado con ese propósito, y la de 500 mil más a Solidaridad; ello restauró la viabilidad del financiamiento de los ejidatarios. Las que restan se están negociando entre organizaciones rurales y Banrural. Persiste un problema de carteras vencidas pero que no tiene ni el mismo origen ni la misma magnitud; es el de la banca privada con los agricultores privados y algunos sociales: son alrededor de cinco mil de más de 650 mil acreditados. Con todo, estamos canalizando para su atención mil millones de nuevos pesos adicionales para la reestructuración de sus carteras, pero con respeto a la enorme mayoría de los acreditados que en similares condiciones sí cumplieron. En el campo hoy no falta crédito, falta capital.
Una vez realizado el cambio de las instituciones rurales emprendimos la gran reforma legal para el campo. El nuevo artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias en materia de propiedad y aprovechamiento de la tierra, así como de aguas y bosques, recogen la experiencia, demandas y aspiraciones de los campesinos. Protegen a ejidatarios y comuneros, ampliando, no restringiendo, sus libertades. Les dan certeza en sus derechos y respetan sus decisiones sobre sus tierras y sobre su asociación, para así poder superar los graves defectos del minifundio. Es una reforma de libertad, vinculada a la democracia en las asambleas ejidales. Es una reforma de justicia al reconocer a los campesinos como actores del cambio y al responder con apoyos a sus demandas. Da certidumbre en la posesión de la tierra y termina simultáneamente con el engaño de promesas de reparto, ya físicamente imposibles, y de invasiones de tierras, jurídicamente sancionadas.
De la reforma legal nacieron nuevas instituciones para el campo, la Procuraduría y los Tribunales Agrarios, ya en pleno funcionamiento. También surgieron dos programas de enorme magnitud, complejidad y aliento, uno para abatir el rezago agrario, que se ha cumplido ya en 19 estados de la República; otro, para titular los derechos particulares y colectivos de ejidatarios y comuneros. La cuarta parte de los ejidos ya está inscrita en el programa, por decisión de las asambleas; sus derechos están en proceso de certificación, con la conformidad de sus integrantes y
colindantes. En este año se expedirán cerca de 240 mil certificados parcelarios, derechos sobre tierras de uso común y solares. Por su alcance, este programa llamado Procede, no tiene precedente en el mundo. Con el trabajo y la voluntad de los ejidatarios vamos a consolidarlo.
A principios del mes de octubre de este año se puso en marcha el Procampo, un innovador programa rural de apoyos directos. Este sustituirá, gradualmente, el subsidio implícito en los precios de garantía. Lo hará con apoyos directos por hectárea, diferenciados por zona agroeconómica. Se va así a la raíz de los problemas de la producción rural. Más de dos millones de campesinos, que sólo alcanzan a producir para autoconsumo y no generaban excedentes qué vender al precio de garantía, perdiendo el beneficio de esos subsidios, ahora recibirán por primera vez el apoyo directo y transparente del Gobierno a su esfuerzo productivo. Significa un aliento, una oportunidad y un acto de justicia reclamado.
Los precios internos se igualarán con sus equivalentes internacionales, lo que significará beneficio directo a los consumidores y para las cadenas productivas; al mismo tiempo, nuestros...
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul):
Señor Presidente: Deseo formular una interpelación...
El Presidente del Congreso:
Señores legisladores:
Les recuerdo que tenemos el derecho de examinar y discutir el Informe Presidencial en sesiones subsecuentes y en sus respectivas camaras, lo cual está expresado con toda precisión en la Ley Orgánica del Congreso. ¡No procede la interpelación! Esta Presidencia no la autoriza.
Continúe, señor Presidente.
El Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari:
Al mismo tiempo, nuestros productores recibirán apoyos directos, en efectivo, equivalentes a los subsidios de sus competidores de fuera. Los campesinos me han expresado su voluntad de competir: "pero que sea parejo", me dicen. Con Procampo podrán hacerlo. El programa, por un plazo de 15 años, brindará certeza de apoyo directo y en consecuencia esto promoverá la capitalización, actualización técnica y cambio en la estructura de producción. Para evitar fluctuaciones bruscas establecimos un período de transición. Implicará la erogación de más de 11 mil 700 millones de nuevos pesos en el transcurso de 1994, 80% más que este año, en apoyo de 3.3 millones de campesinos y productores de básicos que trabajan el 70% de la superficie cultivada en el país. Con Procampo, con la titulación de parcelas y con la conclusión del rezago, el espíritu de libertad y justicia de la reforma del artículo 27 adquiere expresión concreta para los campesinos y les abre perspectivas ciertas de progreso.
El avance en materia de infraestructura hidroagrícola permitió incorporar, en cinco años, casi 145 mil hectáreas al riego y 250 mil al temporal tecnificado. También se rehabilitaron 519 mil hectáreas para transferir su operación a trabajadores agrícolas. En 1993 continuamos transfiriendo a los productores la administración y el manejo de la infraestructura de los distritos de riego en 714 mil hectáreas que, sumadas a las entregadas en el período de 1989 a 1992, dan un total de 2.2 millones de hectáreas, superficie casi 16% superior a la meta sexenal. Durante los últimos cinco años se han concluido 24 presas, duplicándose la capacidad de almacenamiento respecto de la construida en el lustro anterior. Ello nos coloca, en cuanto a superficie de riego, en el séptimo lugar mundial y en el primero de América Latina, con un total superior a los seis millones de hectáreas irrigadas. En la Ley de Aguas Nacionales, que entró en vigor en diciembre de 1992, se reitera el dominio de la nación sobre este recurso, se consolida a los Consejos de Cuencas para la coordinación entre usuarios y autoridades, y se promueve la participación de la sociedad en la construcción y en el mantenimiento de las obras.
Hemos procedido, en todos los cambios que hemos realizado en el campo, con claridad y firmeza, sin apresuramientos, con el consenso de los productores rurales y de sus organizaciones. Se han llevado a cabo no sólo manteniendo los volúmenes históricos de producción, sino también elevándolos en los productos básicos. En 1993 la producción de los 10 principales cultivos creció en un 7% respecto de 1992. En maíz, mantenemos la autosuficiencia alcanzada hace un par de años, y hemos pasado de producir 11 millones de toneladas en 1989 a casi 18 millones en este año; y en frijol de 600 mil toneladas en 1989
a un millón 100 mil en 1993. Reitero, el maíz y el frijol que consumen los mexicanos, parte esencial de nuestra dieta, son producidos ahora exclusivamente por campesinos mexicanos. En materia pecuaria, la producción de carne de res superará 1.2 millones de toneladas; y la de huevo y leche continúa creciendo. La inversión y el gasto público, así como la presencia de las instituciones del sector no se han interrumpido, sino fortalecido. En 1993, el gasto y la inversión de más de 11 mil 800 millones de nuevos pesos en el sector agrícola son superiores en 9% a los del año pasado, y seis veces mayores que en 1989.
Adicionalmente, para promover la inversión y la asociación productiva, Nacional Financiera constituyó un nuevo Fondo de Inversión y Capitalización del Sector Rural, el Focir, con un capital inicial de 200 millones de nuevos pesos, hoy duplicado. Este será el gran instrumento para ampliar la promoción de agroindustrias, la opción productiva de empleos para los nuevos actores del campo.
El FIRA está canalizando 12 mil millones de nuevos pesos para otorgar garantías a créditos. También abatimos el incremento de la tarifa eléctrica en áreas de riego por bombeo, lo que representa un apoyo adicional de 90 millones de nuevos pesos y, en el último Pacto, congelamos su deslizamiento, procediendo a apoyar a los usuarios con problemas. En respuesta a las demandas de los campesinos, a partir de marzo del presente año establecimos la desgravación de los insumos importados más relevantes para el sector agropecuario.
Cerramos un ciclo en la reconstrucción del campo. La reforma jurídica, la institucional y la del sistema de titulación y apoyos son sus nuevas bases. Sobre ellas superamos inercias, frenamos la tendencia al deterioro y retomamos el rumbo de la recuperación y la justicia. Los campesinos no quieren más engaños, promesas vanas o remedios parciales que convierten el alivio momentáneo en desaliento. Ofrecí respeto y claridad. Por eso reconocemos que los problemas inmediatos no están resueltos, que los cambios requieren de consolidar acciones, que los plazos de maduración no han concluido. Pero existe ya una nueva relación entre el Estado, los campesinos y los productores rurales. Hay una visión para el futuro. Fortaleciendo la decisión de los propios campesinos vamos construyendo con hechos una nueva etapa de ánimo y esperanza en el campo mexicano.
4. México avanza en la justicia
El desarrollo social es propósito eminente de la acción pública. Es la razón que explica y justifica lo que hacemos en materia económica, política e internacional. Durante los últimos cinco años hemos aumentado el gasto social en casi 85% en términos reales. Hoy, como lo he señalado, el gasto social representa más de la mitad del presupuesto federal, cuando hace cinco años era tan sólo de un tercio del gasto público. Hay armonía entre las prioridades públicas y los valores que sostenemos. Nuestra política social está comprometida con una nueva manera de hacer las cosas, de alentar la participación democrática del pueblo en su definición y operación y, sobre todo, de convocar la solidaridad de los mexicanos.
Por una mejor distribución del ingreso
En estos años, sin duda, la estabilidad económica, la desregulación y las privatizaciones han permitido la creación de grandes grupos financieros y empresariales. Conviene poner este hecho en su perspectiva adecuada. Si nosotros en México no tuviéramos grandes grupos, difícilmente podríamos acometer los retos de la globalización y la competitividad, y quedaríamos fuera de los mercados mundiales. Esto significaría menos exportaciones y, en consecuencia, menos empleos tanto en las industrias y los servicios con orientación exportadora como en las medianas y pequeñas empresas que los proveen de insumos. En nuestro mercado interno enfrentamos igualmente la intensificada competencia de grandes empresas de otras naciones. Para competir con ellas, necesitamos grandes grupos mexicanos. Al mismo tiempo debemos reconocer que existen áreas de la producción que requieren de elevadas inversiones en investigación y capacitación que sólo las mayores escalas, de nivel nacional, regional y hasta mundial pueden generar. Por eso es que promovemos la formación de grandes grupos empresariales y su integración a cadenas productivas en México que estimulen la creación de más empleo.
En ocasiones se señala que grandes empresas son sinónimo de monopolio y grandes grupos, de concentración del ingreso. Esto pudo ser cierto en el pasado, cuando México tenía una economía cerrada y en ella sólo el tamaño reducido de la empresa podía asegurar que no ejercieran un poder de mercado excesivo. Pero las circunstancias han cambiado radicalmente. Hoy, la apertura de nuestro mercado y la nueva Ley Federal de Competencia son la garantía de que los grandes grupos empresariales no podrán adoptar prácticas monopólicas.
Tampoco existen correlaciones con valor universal entre grandes grupos y concentración del
ingreso. Hay países con grandes grupos económicos y una equitativa distribución del ingreso y países con pequeñas empresas y grandes inequidades. Mucho depende del entorno general y de las políticas que se adopten. En nuestro México, con las medidas para abatir la inflación, con la promoción de empleos y el apoyo a la pequeña y mediana empresas, con la profunda transformación educativa en marcha y con el Programa de Solidaridad, se ha logrado detener el proceso concentrador del ingreso que la crisis provocó.
La inflación fue la gran concentradora de la riqueza y el resultado del desorden fiscal y financiero del Estado. Las políticas de estabilización y cambio estructural detuvieron y no provocaron la concentración del ingreso. Esto lo prueban los hechos. Durante la crisis se observó una concentración en la distribución del ingreso total; por eso el índice de GINI, el indicador aceptado comúnmente para medir este fenómeno, se deterioró de casi 0.43 a 0.47. De 1989 a 1992 detuvimos, a nivel general este fenómeno, por eso el índice ha permanecido sin cambio. Adicionalmente, tanto en el ámbito urbano como en el rural se inicia ya una reversión de esa concentración medida por sus respectivos índices. Asimismo, la participación de las remuneraciones de los trabajadores en el producto, que había disminuido en forma sostenida desde el inicio de los ochenta hasta 1990, registró aumentos consecutivos durante 1991 y 1992. Esto quiere decir que hemos detenido ese proceso injusto y comienza una nueva tendencia hacia una más equitativa distribución del ingreso.
La recuperación del crecimiento económico a tasas superiores a las del aumento de la población se ha traducido en un incremento de 11% en el ingreso promedio por habitante entre 1988 y 1992. Junto a una política social dirigida a los grupos más desfavorecidos, ello significa avances contra la pobreza extrema. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) han realizado estudios detallados, que han permitido medir la evolución de la pobreza en México.
Los resultados generales confirman que nuestro país tiene regiones y comunidades que padecen una grave pobreza ancestral, claramente inaceptable. Pero las tendencias recientes son positivas. Así, entre 1989 y 1992 la población en situación de pobreza extrema, es decir, la que tiene ingresos inferiores al costo de una canasta básica se redujo de 18.8 a 16% del total, es decir, de cerca de 15 millones a 13 y medio millones de personas. Esto es alentador, pero no basta; tenemos que redoblar el paso en el combate a la pobreza.
Los estudios disponibles, que deben seguirse profundizando, señalan así que el abatimiento de la inflación, la recuperación económica, la solidaridad comunitaria y la política de gasto social han permitido que un importante número de mexicanos haya superado la condición de pobreza extrema, a pesar del todavía alto ritmo demográfico en las zonas con más necesidades. Son alentadores estos resultados, pero reitero que no es aceptable la existencia de la pobreza en el país. En esto no existe autoengaño alguno. Partimos de la realidad, trabajamos en ella, y por el esfuerzo de todos hoy existe la esperanza. Se ha modificado la tendencia al empobrecimiento hacia una de aliento, fundada en hechos. La política del cambio que hemos construido juntos ha impulsado la movilidad social, signo inequívoco de las metas de justicia de la Revolución Mexicana. Si en México existe menos pobreza es porque en estos años todos hemos sumado esfuerzos para lograrlo; si seguimos actuando por esa misma vía podremos superar los grandes retos que siguen presentes. El empleo es el medio privilegiado para abatir permanentemente la pobreza y elevar el bienestar. De ahí la importancia y la necesidad del crecimiento económico. Los asegurados permanentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con categoría de asalariados, ascendieron, a junio de 1993, a 8 millones 782 mil personas, 26% más que al inicio de mi Gobierno. Hemos fortalecido el Servicio Nacional de Empleo; en el último quinquenio éste canalizó a más de un millón de personas hacia diversos puestos de trabajo, y otorgó alrededor de 260 mil becas a trabajadores desempleados. Durante 1993 el empleo ha crecido más lentamente que en los años anteriores. La tasa de desempleo abierto en las principales 36 zonas metropolitanas del país, en el primer semestre del año, fue de 3.4%. Aunque éste es un fenómeno transitorio, pues es resultado en gran medida de la propia reestructuración productiva, el nuevo Pacto se propone alentar la creación de más empleos, fortaleciendo el mercado interno.
Si bien, a partir de niveles deprimidos por la crisis, con el esfuerzo de todos hemos ido logrando, año con año de la presente administración, la recuperación de los salarios reales de los trabajadores en la industria y en los servicios. Entre 1988 y 1992 el salario promedio de cotización al IMSS creció en casi 14% en términos reales,
y durante el primer semestre de 1993 registró un crecimiento anual real del 3.2%. Por su parte, las remuneraciones reales promedio en la industria manufacturera se elevaron cada año 6.6% en promedio de 1988 a 1992, y 6.3% real durante el primer semestre de 1993 con respecto a igual período del año anterior. El 1o. de mayo de este año comprometí vincular el salario mínimo con la elevación de la productividad del trabajo en nuestra economía; así se ratificó en el último pacto. Estamos decididos a favorecer la recuperación real de los salarios mínimos. Además, con la desgravación fiscal propuesta, los salarios mínimos recuperarán en 1994 lo perdido en los últimos tres años. El compromiso asumido en el Pacto viene a impulsar, tanto en los salarios mínimos como en los contractuales, el crecimiento de los ingresos reales de los trabajadores.
Se ha actuado, sector por sector, para elevar la productividad. Cada semana, en el marco de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto, que funciona hoy como un verdadero consejo nacional de concertación económica, se presentan estudios y acuerdos entre autoridades, empresas, trabajadores y productores rurales, para dar respuestas concretas. A la fecha se han llevado a cabo 11 programas en igual número de sectores, y otros 34 empezarán a funcionar próximamente. Asimismo, se han realizado evaluaciones tripartitas de productividad y competitividad en más de 80 mil empresas de 37 ramas económicas con alrededor de 5.5 millones de trabajadores. En el 80% de las empresas más grandes del país se han adoptado esquemas de productividad, y mediante las acciones de capacitación se ha beneficiado a casi cinco millones de personas en los últimos cinco años. En los tiempos de la globalización y de la competitividad, este es el camino para garantizar que se mantendrán el empleo y la mejoría en los salarios reales, que reclaman y, sin duda, merecen los trabajadores de nuestra patria.
En los últimos cinco años llegó a la huelga el 2.2% de los emplazamientos y, hasta agosto de este año, de los más de seis mil 200 emplazamientos a huelga registrados, llegó a este último recurso el 1.9%. También en el ámbito laboral se reforzó la vigilancia en materia de seguridad e higiene, con especial énfasis en la evaluación de las condiciones ambientales, a través de más de 50 mil inspecciones y 13 mil comisiones mixtas. Grandes organizaciones sindicales son la contraparte natural de grandes grupos empresariales que en la apertura significan capacidad de competir afuera y dentro de nuestro mercado.
Los grandes grupos son inevitables; los grandes sindicatos son indispensables. Las luchas obreras han sido esenciales en la historia moderna del país y, desde los debates del Constituyente de 1917, se reconoció que no son extrañas ni destructivas. Los trabajadores no han podido ni pueden dejar de luchar individual y colectivamente a través de sus sindicatos, como el medio más eficaz para promover, unidos, sus derechos. Así, mientras en otros países los sindicatos se debilitan y la sindicalización se reduce, en México se reconoce su valor como grandes asociaciones de la sociedad civil, benéficas para la economía y la vida de la nación. Por eso, al avanzar en la apertura de mercados y la libertad del comercio, estamos decididos a fortalecer la democracia industrial; es decir, las negociaciones que, por la justicia social, libre y directamente realicen los sindicatos con las empresas. En los tiempos actuales de menor regulación y paternalismo estatal, de mayor libertad y responsabilidad empresarial, lo justo es reconocer también menos tutela gubernamental y más libertad y responsabilidad sindical. México más y mejor educado Desde el inicio de mi mandato me comprometí a llevar la reforma del Estado al ámbito de la educación nacional, confiriéndole la más alta prioridad. Así, en cinco años, se ha acumulado un incremento de casi 90% real en el gasto educativo federal. De hecho, el gasto nacional público y privado, en la educación, habrá pasado de representar el 3.5% del Producto en 1988 al 5.7% en 1993, el nivel más alto registrado en lo que va del siglo.
La reforma educativa es estructural. Nuestro propósito central es educar a los niños para ser mexicanos, y serlo con orgullo. Por eso ha requerido una actualización del marco jurídico. Ante esta Soberanía promoví una iniciativa de reforma a los artículos 3o. y 31 constitucionales para precisar el derecho a recibir educación y la obligación del Estado de impartirla, extender la escolaridad obligatoria a la secundaria, asegurar el carácter nacional de la educación básica, y dar término a la indefensión jurídica que afectaba a los particulares que la imparten. En la correspondiente nueva Ley General de Educación se precisa el federalismo educativo y se puntualiza la responsabilidad del Estado de dar una atención educativa especial a las regiones y a los grupos con mayor rezago. El artículo 3o. mantiene los postulados históricos: la educación pública es y seguirá siendo laica, gratuita y obligatoria en la primaria y secundaria.
Sociedad y Gobierno tienen una responsabilidad especial con la educación básica preescolar, primaria y secundaria de niños y jóvenes. En estos ciclos se concentra casi el 85% de la matrícula total y reside el principal factor histórico de superación individual e integración nacional. Por eso nos propusimos llevar a cabo una reforma integral con objetivos realistas, metas claras y plazos precisos. Ello exigía acabar con el centralismo.
Así, con la determinación de los gobiernos estatales y el compromiso razonado del magisterio y su sindicato, se llevó a cabo el mayor y más complejo proceso de federalización en la historia de México, preservando el carácter nacional de la educación. El Gobierno Federal transfirió a las entidades federativas casi 100 mil planteles escolares con sus 13 millones y medio de estudiantes, y los recursos humanos y financieros para su atención. Ahora la totalidad de las escuelas de educación básica está siendo operada directamente por las autoridades de cada estado de la Federación.
La reforma exigía también resolver la obsolescencia y las limitaciones de los contenidos y materiales educativos, que durante 20 años habían permanecido prácticamente sin cambios. Gracias a la participación generosa y decidida del maestro mexicano, se realizó una reforma completa a los planes y programas de estudio, en el actual año lectivo, comenzó ya su aplicación. Nuestros niños y jóvenes también han recibido los primeros nuevos libros de texto gratuitos. Tal y como se ofreció, la renovación integral de este instrumento fundamental de la educación mexicana concluirá en 1994.
La reforma entraña revalorar la función educativa y social del maestro. De ahí que, durante mi Gobierno, las remuneraciones del magisterio hayan acumulado un incremento real de más de 70%. La plaza más baja pasó de 1.5 a casi tres y medio salarios mínimos y el promedio está por arriba de cuatro. Se puso en marcha un programa innovador, la carrera magisterial, por el que se promueve a los maestros no solamente por su antigüedad, sino además por su preparación y desempeño docente. En su primer año de aplicación, este programa significará beneficios importantes e inmediatos 450 mil maestros.
Se ha dado un impulso renovado a la ciencia y a la tecnología. De 1989 a la fecha, el presupuesto asignado a estas actividades ha acumulado un crecimiento de casi 70% en términos reales. También se ha realizado una profunda reorganización de este sistema nacional. En los pasados dos años se han canalizado anualmente más de 300 millones de nuevos pesos anuales en apoyo de más de un mil 100 proyectos de investigación y equipamiento en todo el país. En el curso de 1993, Conacyt ha otorgado más de 8 500 becas de posgrado a jóvenes mexicanos inscritos en las mejores universidades del país y del mundo, monto nunca antes alcanzado. Se instauró una política de modernización tecnológica para una economía abierta; en un año y medir de operación, los nuevos programas de Conacyt han canalizado recursos por casi 170 millones de nuevos pesos a empresas que en su mayoría son pequeñas y medianas.
En 1993 el Gobierno federal destina 10 mil 400 millones de nuevos pesos a las instituciones de educación superior, monto que supera en casi 46% real lo que se asignaba en 1988. Reitero el más cabal respeto a la autonomía universitaria. Las instituciones que disfrutan de esta garantía constitucional habrán de avanzar en su transformación conforme lo decidan sus respectivas comunidades en el marco de sus ordenamientos estatutarios. Además del mayor subsidio, alentamos su avance hacia la excelencia.
En el último año entró en vigor una profunda reforma de los institutos tecnológicos: redefinición de las carreras y de sus programas de estudio, mejoramiento de infraestructura y equipo, y una más efectiva vinculación con el sector productivo. Hemos puesto en marcha tres nuevas universidades tecnológicas. Este modelo académico ha probado sus bondades al ofrecer oportunidades inmediatas de empleo a sus egresados. Por eso, esta innovadora modalidad seguirá siendo intensamente impulsada.
Además, se ha iniciado ya una amplia reforma de todas las instituciones que ofrecen capacitación para el trabajo, necesaria para elevar la competitividad del país. Hemos reformulado las metas para reducir la tasa de analfabetismo en una tercera parte antes de fines de 1994, así como para elevar la escolaridad promedio de los adultos que recibieron una educación incompleta.
La cultura es tema importantísimo de la vida nacional; mucho hemos avanzado en vigorizarla dentro de nuestras fronteras y en su relación con otros países, especialmente de América Latina; pero mucho nos falta aún para promover su acceso y sus beneficios entre los mexicanos.
Se está cumpliendo el compromiso de destinar mayores recursos a la creación cultural independiente, a la protección de nuestro patrimonio
arqueológico, a la difusión de la cultura y, en particular, a las escuelas nacionales de arte. Como un reconocimiento y un estímulo a los artistas que han contribuido significativamente a enriquecer la cultura mexicana, el pasado mes de septiembre se estableció, con un fondo inicial de 25 millones de nuevos pesos, el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Adicionalmente, este año se consolidan 24 fondos estatales para la cultura y las artes. A los 12 proyectos especiales de arqueología en marcha se han sumado dos más: Calakmul en el Estado de Campeche y Toniná en el de Chiapas. Los hallazgos arquelógicos y las labores de conservación son de la mayor importancia para la preservación de nuestro patrimonio cultural. Se inició la reforma integral de la educación artística profesional, que tendrá como eje la creación del Centro Nacional de las Artes. Es este el primer paso hacia la configuración de un sistema nacional de educación artística con espacios educativos en distintas regiones del país. Durante el mes de junio último inició sus operaciones el Canal 22 de televisión que responde a la demanda formulada por miembros de la comunidad intelectual y artística. Destaca, asimismo, el incremento en el ritmo de instalación de bibliotecas públicas en el país, que en 1989 era de 100 bibliotecas anuales, y en este año ha sido de 590. Ello nos llevará a concluir 1994 con una red de cinco mil bibliotecas en toda la República. Estamos decididos a extender el hábito de la lectura a amplios grupos de la población. La lectura significa conocimiento, esparcimiento, reafirmar memoria, ampliar horizontes y engrandecer la capacidad del ser humano para comprender y transformar el entorno que lo rodea; es instrumento por excelencia de la libertad. En la promoción de la lectura, reforzaremos con eficacia nuestra acción.
La Comisión Nacional de Deporte ha venido concentrado sus acciones en favor de los niños y jóvenes de nuestro sistema educativo, involucrando ya a cuatro y medio millones de alumnos que participan en competencias y encuentros deportivos durante el ciclo escolar. A lo largo del país se han entregado a las comunidades casi 630 nuevas unidades deportivas. Con el apoyo de especialistas se han detectado siete mil talentos con aptitudes sobresalientes.
Un México más saludable
Hemos trabajado para que las instituciones responsables de preservar la salud, la seguridad social y los servicios asistenciales, proporcionen más y mejor atención a la población, particularmente a la más necesitada. Para lograrlo se ha construido nueva infraestructura y rehabilitado la existente; se contrató a poco más de 13 mil médicos y aproximadamente a 22 mil enfermeras, y se mejoró la coordinación del Sistema Nacional de Salud. Mediante el Programa Nacional de Planificación Familiar se promueve un más moderado crecimiento poblacional, con resultados muy alentadores. En los últimos cinco años el índice de fecundidad se ha reducido de 3.5 hijos por mujer a 2.9, y el ritmo de crecimiento de la población ha disminuido de 2.1% a menos de 1.9% anual en 1993.
A partir de 1989, se han puesto en servicio 88 nuevos hospitales de especialidades y generales, y más de dos mil 300 clínicas de primer nivel; de ellas, en el último año, se pusieron en operación 12 hospitales generales y 215 unidades de primer nivel. Esto quiere decir que, durante mi administración, hemos inaugurado un nuevo hospital cada tres semanas, y una unidad de primer nivel cada día de los cinco años de Gobierno. Con la ampliación y remodelación del Hospital Regional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), éste se transformará en Centro Hospitalario de Concentración de Alta Especialidad que contará con equipo médico de vanguardia.
El año pasado informé que el Programa de Vacunación Universal logró que el 95% de los niños mexicanos menores de cinco años esté cubierto con todas las vacunas. Para mantener los altos niveles de cobertura alcanzados se aplicaron, durante 1993, más de 88 millones de dósis. Además durante la Semana Nacional de Salud, en octubre pasado, se vacunó contra el sarampión a 22 millones de niños, se dio tratamiento antiparasitario a ocho millones y se administró un complejo vitamínico a un millón de menores de cinco años, lo que será un paso muy importante en su desarrollo físico. Desde octubre de 1990 no se ha presentado caso alguno de poliomielitis, y en breve obtendremos el reconocimiento internacional de erradicación de este padecimiento. El último caso de difteria se registró en 1991, y el sarampión y la tosferina muestran reducciones significativas de 80% y 75% respecto a 1988. Reitero que estos resultados no tienen precedente en la historia de la salud pública de México; nos han permitido, además, adelantar el cumplimiento de las metas propuestas para el año 2000 en la Cumbre Mundial de la Infancia. Todo ello es fruto del trabajo y la cobertura alcanzada por nuestras instituciones de salud, así como del gran sentido de responsabilidad de las familias mexicanas.
El sida se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad entre la población masculina de 25 a 34 años de edad. Es necesario insistir en que no existe hasta ahora vacuna para prevenir el sida ni tratamiento para curarlo. Quien lo adquiere está condenado a morir. Este hecho dramático nos obliga a intensificar aún más las acciones de educación, de difusión de mensajes y de verificación de los bancos de sangre, con objeto de aminorar la transmisión de este mal y prevenir su propagación. Reitero, redoblaremos las campañas de prevención.
En 1993 se registraron poco menos de ocho mil casos de paludismo, contra los más de 16 mil del año anterior, y no se ha registrado ninguna defunción por esta causa. A través del nuevo Consejo Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Diarreicas se han realizado campañas educativas en los medios de comunicación, se distribuyeron 40 millones de sobres de rehidratación oral, se intensificaron las acciones del Programa Agua Limpia, logrando la cloración del 94% de las aguas utilizadas, y se construyeron 150 mil instalaciones sanitarias. Todas estas acciones han contribuido a que la morbilidad por enfermedades diarreicas en menores de cinco años haya descendido más de un 30% respecto a 1990. Se ha podido controlar el cólera, aunque seguimos atendiendo brotes aislados con eficacia y oportunidad.
El seguro social es parte integral del bienestar individual. En el transcurso de 1993, el IMSS y el ISSSTE ampliaron sus servicios con más eficiencia y calidad. Al finalizar este año, las principales instituciones encargadas de la seguridad social tienen una cobertura de 47 millones de derechohabientes. Las recientes reformas a la Ley del Seguro Social fortalecen las finanzas del Instituto e impulsan su proceso de modernización integral, con especial atención a su productividad. El IMSS es una gran institución pública en nuestra patria; por eso, reitero que no será privatizado, tampoco reducido ni limitado, sino fortalecido en su eficacia y calidad, para seguir siendo orgullo del pueblo mexicano.
En materia de pensiones y jubilaciones se ha realizado un esfuerzo por incrementar los montos de acuerdo con lo que la ley establece. En el ISSSTE, a partir del año anterior se incrementaron en 7% todas las pensiones y en el mismo porcentaje el bono de despensa y la previsión social múltiple. Mientras que en 1988 la cuantía mínima de las pensiones que otorgaba el IMSS equivalía al 35% del salario mínimo general del Distrito Federal, actualmente alcanza el 90%. Reconozco la circunstancia de nuestros pensionados, para quienes a lo largo de su vida no se tomaron previsiones adecuadas para el momento del retiro; por eso, hemos emprendido acciones complementarias para apoyarlos además de los incrementos mencionados en sus pensiones.
Durante los últimos cinco años, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) repartió cerca de 624 millones de raciones alimenticias escolares, es decir, casi medio millón diario en promedio. En 1993 repartió 139 millones. También se han realizado acciones de apoyo al desarrollo familiar en comunidades pobres, con especial atención a los niños, jóvenes, ancianos y minusválidos.
Continuamos fortaleciendo los programas de abasto social de productos básicos, mediante una asignación de subsidios transparente y eficaz, para atender a la población que más lo necesita. El Programa de Abasto Social de Leche de Conasupo cubre ya casi el 62% de todos los municipios, en beneficio directo de alrededor de siete millones de niños menores de 12 años. A través del sistema Diconsa, en este año se abasteció con productos de primera necesidad a alrededor de 30 millones de mexicanos que obtienen un ahorro superior al 15% en la compra de productos básicos.
Una infraestructura urbana mejor y más vivienda digna
Reorientar el desarrollo urbano ha sido una tarea central de la política social. Era preciso atender la demanda de servicios y, simultáneamente, prevenir los efectos de un crecimiento desordenado. Se trata de una verdadera reforma urbana. Para ello, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos establece una visión estratégica para ordenar y regular los centros de población a lo largo del territorio nacional; crea ámbitos precisos para la acción del gobierno y de la sociedad en materia de infraestructura, y promueve condiciones para que más zonas urbanas medias sean polos de atracción y bienestar, no de hacinamiento y de carencias.
Esta concepción dio origen al Programa de las 100 ciudades. Para revertir la concentración urbana y orientar los nuevos flujos migratorios internos hacia ciudades medias más atractivas se realizan en estos proyectos de infraestructura vial, dotación de servicios básicos, rellenos sanitarios y modernización catastral. Dentro de este marco, en 17 municipios de la zona fronteriza del norte del país hemos invertido durante 1993 más de 700 millones de nuevos pesos, 23% más en términos reales de lo erogado en 1992.
Los servicios de agua potable y alcantarillado se incrementan a tasas superiores a las de la población, logrando abatir sustancialmente los rezagos. La ciudad de México recibe un metro cúbico más de agua por segundo y Monterrey 1.2 adicionales; en Guadalajara quedó concluida la presa El Salto. Actualmente, 75 millones de mexicanos cuentan con agua potable y 60 millones con servicio de alcantarillado, que significan el 85% y casi el 70%, respectivamente, de la población total: en 50 meses hemos llevado agua potable a 13.5 millones de compatriotas que carecían de ella.
El Estado ha renovado su compromiso de ampliar la oferta de viviendas dignas y adecuadas. Durante los últimos cinco años, el financiamiento para vivienda se ha incrementado en un 400% y se han construido cerca de un millón de viviendas adicionales. En 1993, alcanzamos ya, antes de terminar el año, la meta record de construir 320 mil viviendas nuevas. Tengamos presente que al inicio de la administración se construían poco más de 100 mil anuales. Triplicar su número es un medio para generar empleos y satisfacer una de las más importantes demandas sociales. Para lograr esta meta se canalizan inversiones por un monto de 32 mil millones de nuevos pesos, cifra sin precedente que equivale a casi el 3% del producto.
La ciudad de México: ampliados derechos y mejores condiciones
En la ciudad de México ha habido una concepción clara y un trabajo constante que están dando resultados. Se ha alcanzado la estabilidad en sus finanzas públicas. Se ha podido sostener un crecimiento alto en la inversión pública, aumentar los gastos de Solidaridad, llevar a cabo uno de los más ambiciosos programas de obra pública para mejorar la infraestructura y los servicios. A pesar de los problemas de seguridad que persisten, se han reducido los índices delictivos y una nueva ley sienta las bases de la profesionalización de la policía.
En los problemas principales de contaminación se registran avances. Hay reducciones claras en la contaminación por plomo y bióxido de azufre y el programa integral está dando resultados. Se ha logrado controlar la mayor parte de los tiraderos de basura a cielo abierto 7en el Valle de México. En los últimos cinco años se ha frenado el crecimiento de los consumos de agua, lo que evitará la sobreextracción del acuífero en la zona urbana, protegiendo así el agua de las futuras generaciones y la seguridad de las edificaciones de la ciudad en caso de sismos.
Uno a uno se van terminando los grandes proyectos: el rescate de Xochimilco, la protección del Ajusco, la revaloración del Centro Histórico, los desarrollos urbanos para generar servicios y empleos limpios, las nuevas instalaciones culturales y de esparcimiento como el Auditorio Nacional, y próximamente el Museo del Papalote y el nuevo Zoológico de Chapultepec. Ahí están las obras del Metro, los puentes, los pasos a desnivel, el drenaje profundo, el acuaférico, los servicios en colonias populares, la regularización de la tenencia del suelo urbano. Ahí están los programas de reforestación con perspectiva de mediano plazo y la aplicación de nuevas políticas sociales para la salud y la asistencia social. Se cumplirá la meta de 32 mil viviendas nuevas en la ciudad.
Tan importante como las obras, es que se ha recuperado el orgullo que los capitalinos y los habitantes del país sienten por esta ciudad y su futuro, por el rescate de sus símbolos y su memoria. La respuesta de los comerciantes ambulantes al programa del mejoramiento del comercio popular en el Centro Histórico es ejemplar. Hay mayor cariño de todos por la ciudad.
Estas acciones desembocan en un cambio político trascendente. Un eje para la consolidación de prácticas políticas democráticas en la ciudad ha estado en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Con la participación de los partidos políticos, los intelectuales, los periodistas, los especialistas y los movimientos ciudadanos, se ha logrado una importante transformación de las instituciones políticas del gobierno de la ciudad de México. Ahora, en la capital de la República, sede de los poderes federales, el gobierno de la ciudad dejará de ser un departamento de la administración pública para contar con órganos propios, representativos y democráticos. La reforma política del Distrito Federal amplía los derechos políticos locales de los habitantes de la capital y fortalece la vida democrática del país.
Un medio ambiente sano
Cualquier estrategia de desarrollo sólo puede ser perdurable si aprendemos a respetar y cuidar nuestros recursos naturales. La protección del medio ambiente cuenta ya con sustento legal en todo el país, es un factor explícito para las actividades productivas y constituye un ámbito de indudables responsabilidades compartidas.
El Instituto Nacional de Ecología publicará este año 141 nuevas Normas Oficiales Mexicanas. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha intensificado sus labores para
promover un mayor grado de cumplimiento de la normatividad ecológica, que es de las más exigentes del mundo; en el nivel nacional se efectuaron casi 13 mil visitas de inspección a diversas industrias, 180% más que las realizadas en 1992, determinándose la clausura parcial o total en 742 de los casos. Asimismo, de manera concertada con la industria, se han llevado a cabo 140 auditorías ambientales en empresas públicas y privadas. Merecen especial mención las realizadas en la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, con una inversión de más de 114 millones de nuevos pesos sufragados por las propias industrias. Hemos establecido programas de reconversión industrial hacia el uso de tecnologías limpias y la reubicación de plantas, que inauguran un nuevo estilo de consenso social para la preservación ecológica. Por eso también, en el pacto recientemente firmado, las inversiones en ecología pueden ser deducidas por mitad. Se han instalado ya sistemas de monitoreo de la calidad del aire en 18 ciudades. Por su parte, Pemex aumentó el suministro de calidad ecológica: casi la mitad de las gasolinas y el diesel de Pemex alcanzan especificaciones similares a las de los países industrializados.
También hemos reducido de manera importante la deforestación en nuestro país. La producción forestal maderable se estabilizó, después de un descenso en los últimos cuatro años, al sumar 7.8 millones de metros cúbicos. Con la nueva Ley de Bosques, actualmente operan siete plantaciones bajo el esquema de asociación y están próximos a iniciarse 52 proyectos más.
Hemos ampliado el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas. Entre 1992 y 1993 el número de hectáreas resguardadas pasó de un poco más de seis a casi ocho millones de hectáreas. Tenemos hoy más de 70 zonas protegidas, 24 de ellas con carácter de reservas de la biosfera, además de 44 parques nacionales. Esto significa que en cinco años hemos triplicado las áreas protegidas en México y que éstas representan ahora casi el 4% del territorio nacional. Protegemos de esta manera la enorme diversidad biológica de nuestro país.
México solidario
Más justicia social es el objetivo central de la modernización del país. Este es el desafío más importante. Por ello, el primer acto de gobierno fue la creación del Programa Nacional de Solidaridad. En el combate a la pobreza era preciso establecer una forma distinta de trabajo y de concurrencia social.
Durante los últimos cinco años, la inversión total en Solidaridad asciende a casi 37 mil millones de nuevos pesos. En 1993, contó con más de siete mil 600 millones de nuevos pesos. A la fecha se han instalado más de 150 mil comités de solidaridad a lo largo de todo el país. Ellos reciben los recursos y, mediante sus propias contralorías sociales, supervisan su manejo eficiente, honesto y transparente. El programa nació para construir un piso social básico para todo mexicano. Ahora construye, además, un segundo piso, el de la producción y el empleo, para generar opciones de desarrollo económico.
Se ha ampliado de manera notable la cobertura de servicios básicos en prácticamente todos los municipios del país. Hasta 1992 el Programa Escuela Digna había beneficiado a 12 millones de niños mediante la construcción, el mantenimiento y equipamiento de casi 74 mil escuelas. Sólo en el presente año se han construido 12 mil aulas y se han rehabilitado más de 37 mil adicionales. El Programa Niños en Solidaridad, apoya este año a casi 750 mil niños de familias de bajos ingresos con becas en efectivo, despensas y consultas médicas para que terminen su educación primaria. Por otra parte, entre 1989 y 1992 se otorgaron becas a casi medio millón de egresados de carreras técnicas y profesionales, y en 1993 se apoya a 180 mil más, los cuales participan en las comunidades más pobres del país en la realización de proyectos de bienestar social.
Entre 1989 y 1992, IMSS - Solidaridad construyó más de un mil 100 unidades médicas rurales, incrementando con ello la capacidad de atención en casi un 50%, respecto a la existente en 1988. En el presente año se construyen 53 unidades médicas rurales para atender a 160 mil personas más. Entre 1989 y 1992, con SSA - Solidaridad se construyeron, rehabilitaron, ampliaron y equiparon otros dos mil 850 centros y casi 250 hospitales. Esto permitió que 2.7 millones de personas adicionales tuvieran acceso a los servicios de salud. En el período de 1991 a 1992, con el Programa Hospital Digno se atendieron más de 100 hospitales en todo el país, y en 1993 se habrán rehabilitado las áreas de consulta externa y urgencias de más de 190 hospitales.
Para que las familias asentadas en predios irregulares cuenten con la certeza jurídica de ser los propietarios del lugar que habitan, en el período de 1989 a 1992 se otorgaron casi un millón 700 mil escrituras en beneficio de igual número de familias. Adicionalmente, en este año
hemos entregado aproximadamente 150 mil títulos de propiedad, lo que significó que Corett abatiera en más del 90% el rezago estimado hasta 1988, en lotes urbanos de origen ejidal o comunal. Entre 1989 y 1992 se construyeron, ampliaron y rehabilitaron cerca de seis mil 650 sistemas de agua potable y más de dos mil de alcantarillado. En 1993 se han construido, ampliado y rehabilitado mil 500 sistemas de agua potable más y 900 de alcantarillado en 180 poblados y 380 colonias populares. Hoy, 13 y medio millones de mexicanos adicionales tienen agua potable, 11 y medio millones más tienen servicios de drenaje, 16 millones más energía eléctrica. En tan sólo el presente año, en casi 450 colonias populares se han pavimentado cinco mil 500 kilómetros cuadrados de calles.
Si bien los recursos de solidaridad son federales, se ha ampliado la participación de las autoridades municipales. De esta manera, con el trabajo de la comunidad y la contribución de los gobiernos estatales, en el presente año se han ejecutado más de 28 mil obras en el 96% de los municipios del país, que incluyen la construcción de casi 17 mil kilómetros de caminos y 1 mil 300 kilómetros de carreteras alimentadoras.
Los fondos de solidaridad para la producción operan ya en 1620 municipios en toda la República y apoyan con crédito a la palabra a más de un millón de agricultores, que trabajan cerca de tres millones de hectáreas. Para capitalizar los fondos y darles una mayor perspectiva, las recuperaciones se destinan a la formación de cajas de ahorro. En el presente año se establecieron 423 cajas locales. Se ha impulsado la creación y consolidación de nueve mil 210 empresas en solidaridad, que han generado más de 42 mil empleos.
Entre 1990 y 1992 se establecieron 128 fondos regionales para el desarrollo de los pueblos indígenas, que agrupan a 726 mil productores de tres mil organizaciones. Durante este último año se han emprendido más de 1 mil 200 proyectos que benefician a la población indígena de 243 municipios.
El Programa Mujeres en Solidaridad ha permitido, entre 1989 y 1992, que se ejecutaran casi cuatro mil 500 proyectos que han mejorado las condiciones de vida de casi 100 mil mujeres de todo el país. En 1993, se sumaron mil proyectos productivos adicionales en beneficio de 33 mil mujeres de casi mil localidades. Asimismo, solidaridad ha apoyado a más de 100 mil jornaleros agrícolas.
Se continuó aplicando el Programa de Ecología Productiva y pusimos en marcha el de Solidaridad Forestal, el cual permitirá plantar 100 millones de árboles. De esta forma se armoniza la superación de la pobreza con la protección al medio ambiente. Suman ya 16 los programas regionales que se encuentran en operación, abarcando casi 400 municipios de 12 estados y en beneficio de más de nueve millones de habitantes.
Durante la Cuarta Semana de Solidaridad, y a través de las 77 giras de trabajo que durante el año realicé por todo el país, he comprobado que solidaridad es de las comunidades y que su futuro está en ellas. En mis visitas al exterior, he verificado que el Programa es una experiencia reconocida por diversos países y organismos internacionales. De solidaridad han salido fuerzas para el cambio y más justicia para la nación. Solidaridad se ha convertido en un nuevo movimiento popular, una experiencia de democracia directa. Este es un camino firme, propio, adecuado para enfrentarse a la pobreza extrema. Unidos es como hemos podido progresar; sumando esfuerzos, avanzamos. En los hechos, durante 1994 habrá más solidaridad en beneficio del pueblo mexicano.
III. La Nueva Fortaleza de la Nación
Honorable Congreso de la Unión:
La nación no se hace por un golpe heroico; México no se inicia ni se termina con una administración; así lo señalé al protestar mi encargo constitucional. Por eso, resulta indispensable apoyarnos en la labor de quienes nos precedieron y reconocer que muchos cambios realizados verán sus efectos principales en años posteriores. El sentido institucional del esfuerzo así lo requiere.
Hemos plantado las semillas, colocando los cimientos de una nueva etapa del país que le ha tocado a nuestra generación construir. Para ello modificamos estructuras, protegemos tradiciones, renovamos instituciones. Es labor de esta nueva generación continuar la tarea, concluir el propósito, alcanzar las metas.
Pero en todos los casos, como lo he reiterado en cada uno de mis cuatro informes anteriores, la defensa de la soberanía es el principio toral de la patria. Lo es porque en ella radica nuestra sobrevivencia como mexicanos, la certidumbre de que los esfuerzos cotidianos serán realizaciones siempre nuestras. Enfaticé, por eso, que concedemos a la autodeterminación de México la categoría de valor supremo. Lo he reafirmado
a pesar de que en las grandes naciones industrializadas algunos insisten en que la soberanía es hoy un concepto obsoleto. Ellos lo hacen a partir de la desaparición de la Unión Soviética, una vez que ya no sienten amenazadas sus fronteras por una hegemonía superior. Para los mexicanos la soberanía no es un valor pasado de moda, o un principio que puede descartarse; constituye, al contrario, la esencia misma de nuestro ser nacional.
Dos razones justifican esta preeminencia de la soberanía. La primera está en nuestra cultura milenaria, en nuestras raíces históricas, en nuestra identidad colectiva. No constituimos un mero agregado de comunidades o de gentes. Somos una verdadera nación, por el sentido de pertenencia que generan nuestras tradiciones y valores, y nuestra voluntad deliberada de ser y permanecer mexicanos. A lo largo de nuestro territorio, en medio de nuestra diversidad, no existen antagonismos insalvables de raza, lengua o creencias como los que, al aflorar, han pulverizado a otros países. Las fronteras políticas de la patria coinciden con el ámbito mismo de nuestra cultura.
En la primera mitad del siglo pasado dejamos de ser una sociedad frágil, fraccionada, y sin propósitos, para constituirnos en una nación fuerte, unida y consciente. Reitero que en México ha existido y existe una nación de enorme temple y de grandes y probadas capacidades. Nuestra historia se ha construido de enfrentar agresiones, de resistir presiones, de ganar nuestro lugar en el mundo. Justa y merecidamente, la historia le da la razón a nuestro pueblo, y le otorga una bien fundada seguridad en que superará siempre sus retos. Por eso es importante la soberanía para nosotros; por ella, hoy cambiamos lo hacemos porque queremos seguir siendo mexicanos. Ese es sin duda nuestro mayor orgullo.
La prioridad que le concedemos a la independencia de nuestra patria se funda también en una segunda razón, que proviene de nuestra geografía. Somos inevitablemente vecinos del mayor poder mundial al final de la guerra fría. Por experiencia histórica, somos profundamente celosos de nuestra integridad territorial, de nuestra voluntad de perdurar soberanos. Hoy, cuando en el exterior se alzan voces para singularizar las insuficiencias del país que sólo reflejan una profunda ignorancia sobre nuestra propia vitalidad, conviene recordar que no deseamos ser como otros, ni compartir sus deficiencias. Aprendemos del mundo, no lo imitamos; queremos superarlo, no asimilarlo.
Por eso, reafirmamos la soberanía de nuestra patria como valor supremo; porque siendo parte de nuestra cultura, está en las convicciones más íntimas de los mexicanos; porque estando definida en nuestra geografía e historia, tenemos razones objetivas para comprometernos con su permanencia fortalecida.
Ante esta premisa y este principio de nuestro actuar ¿cómo defendemos la soberanía al final del Siglo XX? Ciertamente no es con los instrumentos disponibles a principios de siglo, ni a la mitad de él. Ya no subsiste la posibilidad de usar la confrontación Este - Oeste en nuestro beneficio. No es viable excluirnos del exterior. En la compleja interrelación entre de los países de hoy, nada resuelve imaginar barreras de protección ni nos defiende la retórica agresiva. El mundo ha cambiado profundamente, y México también.
En las actuales circunstancias mundiales, habiendo concluido casi medio siglo de guerra fría, dadas las transformaciones que ha vivido el país y frente a las nuevas aspiraciones de nuestro pueblo, la defensa de la soberanía exige un México fuerte en su interior y, también, un México unido, porque debilitados o divididos pondríamos en riesgo a la nación. Por eso, estos cinco años han sido de tarea constante, diaria y tenaz para fortalecer a México y mantener unidos a los mexicanos. En ella, está la participación activa y comprometida de mis compatriotas. Lo reconozco y lo destaco. Por eso, hoy, México es más fuerte.
Ahora nuestra patria es más respetada en el mundo, más escuchada; tiene mayor presencia en el exterior para influir en los acontecimientos que pueden afectarnos y aprovechar las oportunidades que se nos presenten en las distintas regiones. Por eso, al diversificar sus relaciones, México es más fuerte.
En nuestra patria, trabajamos para ampliar libertades y derechos. Promovemos el consenso y acreditamos el diálogo Por eso, México es más fuerte.
El país goza de mayor estabilidad; menos, mucho menos inflación, finanzas públicas sin déficit, menos deuda pública, más inversión, más gasto social y las más altas reservas internacionales. El aparato productivo es cada día más eficiente y competitivo, y tiene más acceso a mercados del exterior. La concertación en el pacto sigue su renovado impulso, ahora a favor del mercado interno, de los salarios y del empleo. Por eso, México es más fuerte.
Hoy aplicamos una profunda reforma educativa para tener una población mejor preparada, con un magisterio fortalecido, capacitado y respetado, con infraestructura de mayor calidad y mejores contenidos. Invertimos en educación la mayor proporción respecto al Producto Nacional en lo que va del siglo. Por eso, México es más fuerte.
Tenemos una vida cultural intensa, espacios abiertos para la creación artística, el debate y la reflexión. En la libertad, México es más fuerte.
Llevamos nuevas iniciativas y programas al campo. Actuamos decididamente para revertir la descapitalización y la improductividad, concluir el rezago y titular parcelas. A pesar de momentos difíciles, hay más esperanza y más dignidad en el campo. Por eso, México es más fuerte.
Los mexicanos tienen un mayor acceso a la atención de su salud. Tenemos menos pobreza extrema que hace cinco años, mayor atención y respeto a los indígenas, y se ha frenado la tendencia a la concentración del ingreso. El gasto social es el más alto de nuestra historia y muchos mexicanos han encontrado respuesta a sus demandas, algunas muy añejas, por servicios fundamentales como electricidad, agua potable, drenaje, vivienda, escrituras, carreteras y apoyo a sus esfuerzos productivos. Por eso, y sin dejar de reconocer deficiencias, por todo eso, la nación es más fuerte.
Pero el cambio mayor entre todos, el que marcará nuestros esfuerzos presentes, es el de las mentalidades. Es el cambio de sabernos capaces de cambiar sin destruir, sin intolerancias, sin exclusiones. Es el cambio de aprender a corregir y avanzar; el cambio de probar que podemos proponernos vencer los retos, por difíciles que parezcan, y lograrlo; el cambio de mostrar que podemos, de igual a igual, competir en el mundo. Es la mentalidad del mexicano que sabe superar adversidades por su trabajo y su organización, por su voluntad de progresar, por el enorme apego a su comunidad, a su región, a sus tradiciones y cultura.
Sí, al ensanchar la justicia, reafirmar las libertades y promover la democracia, construimos un México más fuerte. Y, al lograrlo, sin desconocer insuficiencias ni rezagos, respetando la pluralidad, alentando el diálogo, enfatizando la corresponsabilidad, reforzamos la unidad entre los mexicanos.
Un México más fuerte y unido significa que a lo largo de estos cinco años hemos fortalecido la soberanía de nuestra patria. Y al alcanzarlo, confirmamos que somos la generación del cambio; del cambio hacia adelante, hacia nuevos horizontes, con más promisorias perspectivas, con esperanza, orgullosos de nuestro pasado y con la mirada puesta en el porvenir.
Compatriotas:
Confirmamos con hechos que la modernización que llevamos a cabo es nacionalista y popular; que el propósito central de nuestro esfuerzo ha sido el bienestar del pueblo, del pueblo soberano.
El carácter nacionalista de la modernización se nutre de las mejores causas republicanas de nuestra historia. Quien inspira este esfuerzo es don Benito Juárez: su pasión por la soberanía de nuestra patria, su convicción, su tenacidad, su fortaleza le permitieron a México conquistar finalmente su independencia. Como se ha dicho le dio a nuestro pueblo, por primera vez en su historia, la convicción cabal e indispensable del triunfo. Su conducta fue de dignidad y de férrea energía. Mantuvo siempre alta la moral en la lucha. La patria será siempre soberana mientras latan en el corazón de los mexicanos la memoria y el ejemplo de Benito Juárez.
El compromiso popular de la modernización mantiene el poderoso hilo conductor de las grandes luchas sociales de nuestra historia. Quien inspira este esfuerzo es Emiliano Zapata. Lejos estuvo siempre de su ánimo que las reformas a favor de la justicia se hicieran por circunstancias políticas o beneficios del momento. La de Zapata fue la más limpia revolución dentro de las muchas expresiones de la Revolución Mexicana. Su batalla fue para lograr que la iniciativa y las soluciones mismas se dejaran en los pueblos, en las propias comunidades; que ellas diseñaran y ejecutaran sus programas, en su beneficio y para su progreso. Esta es la mejor manera de conservar y hacer valer en nuestra vida diaria los valores sencillos y profundos que se han transmitido por generaciones: el afecto, la confianza, el deber, la dignidad. En la nación habrá siempre batallas a favor de la justicia social mientras latan en el corazón de los mexicanos la memoria y el ejemplo de Emiliano Zapata.
Así, Juárez simboliza a la República y Zapata a la justicia, y ambos a la nación y al pueblo. Ellos inspiran la modernización nacionalista y popular de hoy. De Juárez es la invocación liberal; de Zapata, la convicción social. Por eso, admiro profundamente a Juárez y a Zapata. Por ello, nuestro liberalismo es social y no estatal; es propuesta y no doctrina.
Mexicanos:
Tenemos mucha historia para guiarnos; y resultados, hoy, para alentar nuestra voluntad.
Tenemos una gran tarea para realizar el próximo año, y probarnos una vez más estar a la altura de los logros y sueños de nuestros antepasados. En este esfuerzo redoblado debemos ser respetuosos del debate, receptivos al reclamo social, estar abiertos al análisis y dispuestos a aprender del mundo.
Tenemos una visión de futuro construida con nuestro trabajo. La propuesta de cambio que ha reclamado la mayoría de los mexicanos es la que ha promovido mi gobierno. Este es el cambio hacia adelante, para el futuro, que construye con instrumentos eficaces para los tiempos actuales, manteniendo siempre la estabilidad, plenas las libertades y fuertes las instituciones de la República para asegurar que nuestros objetivos perduren.
Estos son momentos de definir posiciones. Es indispensable comprometerse con la soberanía, con las libertades y con la justicia, y para ello es necesario ampliar el encuentro democrático, para alentar opiniones sobre la mejor manera de realizarlas en México, y reconocer el contexto del mundo de hoy. Bienvenido el debate porque nos fortalece a todos. Bienvenidas las convicciones y las acciones, variadas y amplias de nuestra pluralidad, cuando tienen a nuestra patria como su más alto compromiso.
Por eso, pronunciemos siempre con orgullo, aquí y en el mundo, y con la frente en alto, el nombre de México.
Nuestro país entrará en 1994 en un momento de reflexión para las elecciones federales. La participación de todos los ciudadanos consolida nuestras instituciones democráticas. Ofrezco, a las diversas fuerzas políticas y a los contendientes que participarán en la justa electoral, pleno respeto, apego a lo que establece la ley, y condiciones adecuadas para que, con total libertad, presenten sus opciones a los mexicanos. Estaremos atentos a que los servidores públicos de la administración federal se comprometan con apego a la letra y el espíritu de la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Convoco a la federación, a los partidos políticos, a los grupos sociales, a todos los ciudadanos, a unirse en un esfuerzo comprometido por realizar elecciones claras, transparentes y ejemplares; a asumir un pacto político de civilidad en el marco de la ley. Seamos los mexicanos todos, y sólo los mexicanos, vigilantes definitivos y realizadores comprometidos de nuestra democracia. Mantendré, a través de las instituciones del país, la certidumbre de una conducción legal, ordenada y civilizada, de la actividad política. Garantizaré la paz y la estabilidad con la ley. Promoveré el acuerdo para animar una cultura de reconocimientos mutuos y el mayor respeto a cada ciudadano, a su voto, y a su opinión.
Por México, no dejaré de dar, día con día, hora tras hora, en todo momento, todo mi empeño. Cumpliré con el mandato que asumí de guardar y hacer guardar la Constitución. No habrán giros ni desviaciones. Nuestro rumbo económico es el del mundo, el de la nueva generación, el del bienestar de México; no habrán variaciones, pues éste no depende de coyunturas inmediatas sino de muchos años de esfuerzo. Mantendré firme la conducción del gobierno, sin sobresaltos, con prudencia, sin precipitaciones, con firmeza y armonía. Auspiciaré el pleno respeto y estimularé el diálogo; animaré el trabajo que ahora nos corresponde, las nuevas acciones que debemos emprender para consolidar los cambios y beneficiar más a los que menos tienen.
Seguiré promoviendo la suma de voluntades para fortalecer a la nación. La unión de los mexicanos está primero.
Estamos, compatriotas, ganando a pulso el futuro. La esperanza de los mexicanos es la fuerza misma de la nación.
México merece todo nuestro trabajo, toda nuestra entrega, toda nuestra dedicación.
La nuestra es una patria de temple extraordinario. El mexicano es un pueblo de enorme vitalidad y dignidad. Con hechos y visión de futuro estamos probando que México es una gran nación.
Ayer, una gran nación. Hoy, una gran nación. Una gran nación en el próximo siglo.
¡Viva México, compatriotas!
RESPUESTA
El diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre:
Ciudadano Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari; ciudadano presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; señoras y señores legisladores; señoras y señores:
Se ha cumplido lo establecido en el artículo 69 de nuestra Constitución. El quinto informe y sus anexos obran en poder de las cámaras, quedando así satisfechos los requisitos de ley, para su posterior análisis y valoración política. Igualmente, como lo marca la norma, doy respuesta concisa y general al informe aquí rendido por el Presidente de la República.
Esta obligación republicana refrenda la fortaleza de nuestras instituciones, el respeto y la colaboración entre poderes. La comparecencia del titular del Ejecutivo Federal, ante el Congreso de la Unión, da testimonio de reconocimiento a la soberanía popular, aquí representada.
Este acto significa una concurrencia de ambos poderes. El Legislativo y el Ejecutivo, se encuentran con el fin de construir un país más justo, más democrático y más libre.
Habremos de analizar en ambas cámaras y de cara a la sociedad, la labor del Ejecutivo. Lo haremos, a través de un amplio debate entre las fuerzas políticas del país representadas en este Congreso. La discusión se enriquecerá por las distintas interpretaciones y por las diversas evaluaciones de los hechos y de los propósitos.
El debate será saludable para la convivencia democrática del país. Habremos por ello, con la mayor seriedad, y con una clara conciencia de su importancia, anteponer el interés general frente a cualquier otro. Así lo hemos hecho siempre los legisladores de todos los grupos parlamentarios, hemos actuado plenamente con apego a este criterio fundamental.
Con tolerancia y el respeto que impone nuestra representación, esta Legislatura aprobó reformas para abrir nuevas opciones en el campo mexicano; garantizar la libertad de creencias; tener un marco más adecuado para el crecimiento económico y el mejoramiento social; impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas. Para ampliar el ciclo básico, atender las particularidades regionales y refrendar el carácter laico de la educación pública; para ordenar el crecimiento urbano y, hacer más expedita la procuración de justicia.
El Congreso, también, después de una amplia discusión, realizó las reformas para perfeccionar nuestra democracia y abrir nuevos cauces a la participación ciudadana. Las normas aprobadas habrán de guiar los procesos electorales, y establecer una nueva convivencia entre los ciudadanos de la capital y los poderes federales.
Esta tarea legislativa es mérito de todos los grupos parlamentarios. De ella debemos estar satisfechos. Nuestro propósito fue abrir vías a la acción de la sociedad y el gobierno.
Estamos empeñados en dar respuesta al desafío de sentar mejores bases para el desarrollo de la Nación, frente a los grandes cambios del ámbito internacional. Imprimirle a los nuevos tiempos del mundo, nuestra propia respuesta, la que surge de nuestra historia y de nuestra cultura.
Somos contemporáneos de los amplios procesos de transformación, así como, de la exigencia de mejores y más amplias libertades, de la búsqueda de mayor justicia social, del perfeccionamiento de la democracia y, de una soberanía que defiende y promueve los intereses del país.
Los propósitos compartidos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, han acrecentado la capacidad de iniciativa del gobierno, para conducir las acciones necesarias en lo interno y en la construcción de una relación más favorable para México en el contexto internacional.
México ha aprendido, a través de su historia, a fincar su existencia y las condiciones de su desarrollo en el esfuerzo, la participación, y el compromiso de los mexicanos, Su persistencia deriva de la tenacidad de todos, de la unión, la cohesión y de rechazo a la división. Siempre ha sido la voluntad propia la que nos ha permitido permanecer como país libre y soberano.
Civilidad, pluralidad, cultura de la tolerancia y observancia de la ley son indispensables para mantener el Estado de Derecho y la fuerza de nuestra soberanía. Hemos podido, en estos años, salvaguardar estabilidad política y paz social, los bienes más preciados por la sociedad. Lo hemos logrado por el cumplimiento de la ley y la fortaleza de las instituciones.
Hay voluntad, en todos, para solucionar constructivamente nuevas diferencias y concertar los intereses diversos.
Con un enorme esfuerzo, con profundas reformas, los mexicanos estamos empeñados en construir el México al que aspiramos y el que queremos dejar a nuestros hijos: un país soberano, más justo, de mejores libertades y más democrático.
Las reformas requieren consolidarse; por ello, perseverar es indispensable. Existen rezagos, demandas económicas y sociales, transformaciones en curso.
Están presentes retos para impulsar la reforma social, modernizar la producción, transformar las mentalidades, lograr un desarrollo sustentable, convertir en práctica cotidiana el respeto a los derechos humanos y seguir perfeccionando nuestra democracia.
Todos estos retos y las tareas que ellos reclaman, necesitan de amplios consensos en la sociedad y en este Poder Legislativo. Todos los representantes populares hemos aprendido que es posible alcanzarlos, cuando hay voluntad política y los intereses particulares se subordinan al interés superior de la nación. Este ha sido el criterio que inspira nuestra acción legislativa y, permanecerán en lo que nos queda por hacer.
Con el análisis del informe presidencial, esta LV Legislatura reinicia sus tareas y abre un nuevo período de sesiones en el último año de su encargo representativo.
Con el esfuerzo conjunto de los poderes, alentados por el pueblo, inspirados por el anhelo de una patria más próspera, más democrática, más libre, más justa y más soberana, seguiremos construyendo, la generación del cambio, el México del futuro. Muchas gracias.
El Presidente del Congreso:
Se ruega a los asistentes ponerse de pie para que se le rindan los honores de ordenanza al licenciado Carlos Salinas de Gortari.
(Himno Nacional)
Se ruega a la comisión designada para acompañar al Presidente de la República a retirarse de este recinto, cumpla con su cometido.
(La comisión cumple su cometido)
(A las 14.10 horas) Se levanta la sesión de Congreso General.
Se recuerda que la sesión de la Cámara de Diputados es el próximo jueves 4 de noviembre a las diez horas.