Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19931115 - Número de Diario 6
(L55A3P1oN006F19931115.xml)Núm. Diario: 6ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Período del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México. D. F, lunes 15 de noviembre de 1993 No. 6
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Comunicación del Congreso estatal informando de actividades de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE MICHOACÁN
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE TLAXCALA
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades de su legislatura. De enterado.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
El secretario del ramo, doctor Pedro Aspe Armella, presenta las iniciativas del Poder Ejecutivo Federal, de leyes de Ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1994; Ley que establece las reducciones impositivas para la estabilidad, la competividad y el empleo; informe sobre el Uso de la Facultad en Materia Arancelaria; proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y los presupuestos de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1994.
El Presidente de los turnos correspondientes.
REPÚBLICA DE VENEZUELA
Ocurso del ciudadano Ricardo Franco Guzmán, solicitando el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere esa nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
FUNDACIÓN CAMBIO XXI
Comenta un desplegado periodístico el diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Juan José Rodríguez Prats
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra
Juan José Rodríguez Prats
René Juvenal Bejarano Martínez
Rafael Fernández Tomás
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Israel González Arreguín
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Rogelio Villarreal Garza:
Se informa a la Presidencia que existen registrados 311 diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente (a las 11.15 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Rogelio Villarreal Garza:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
15 de noviembre de 1993.
Lectura al acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Michoacán y Tlaxcala.
Presentación de iniciativas del Ejecutivo
Por el doctor Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito Público.
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1994.
Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1994.
Ley que establece las reducciones impositivas para la estabilidad, la competitividad y el empleo.
Informe sobre el uso de la facultad en materia arancelaria.
Decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1994.
Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1994.
Solicitud de particular
Del doctor en derecho Ricardo Franco Guzmán, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", en la Primera Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación de la cartera vencida del Barzón, en Zacatecas.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Rogelio Villarreal Garza:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día once de noviembre de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Alejandro Luévano Pérez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y cuatro
minutos del día once de noviembre de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos treinta y un diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la del acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Una comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, fundamentada en el acuerdo del siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, con la que se informa de la incorporación del diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra a esta comisión, en sustitución de la diputada Rosa Albina Garavito Elías. De enterado.
Se da lectura al acuerdo de práctica parlamentaria para la presentación y comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en relación con las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos de la Federación y del Distrito Federal, así como el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones fiscales. Aprobado.
Una proposición de la Gran Comisión, respecto de la integración de diversas comisiones. Aprobado.
La Secretaría da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Michoacán, Puebla y San Luis Potosí, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que la ciudadana Mema Ratcliffe González, dejó de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
Se da primera lectura a dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que el ciudadano Antonio Riviello Bazán, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Honduras; los ciudadanos María Cristina García Sánchez, Isidro Ordóñez Mendoza y Antonio Anzaldúa Bonilla, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a una declaración política firmada por representantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Popular Socialista, respecto de las opiniones vertidas por el señor Perot en un programa televisado en el que debatió con el vicepresidente de los Estados Unidos de América.
Expresan sus opiniones al respecto, los diputados Adolfo Alfonso Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, suben a la tribuna los diputados: Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Octaviano Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Alaniz Alaniz; Octaviano Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Héctor Ramírez Cuéllar; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista y Jesús Martín del Campo y Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el mismo tema debaten los diputados: Odilón Cantú Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional; y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista y, para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados: Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Vázquez López; Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática y Eloy Vázquez López, del mismo Partido.
La Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el nombre de Vicente Lombardo Toledano.
Expresan su opinión en pro del dictamen, los diputados: Javier Centeno Avila, Héctor Ramírez Cuéllar e Hildebrando Gaytán Márquez, éste último, del Partido Popular Socialista.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos cuarenta y cinco votos. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Para analizar el capítulo de política exterior del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, se concede el uso de la palabra a los diputados: Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana;
Presidencia del diputado Hiram Luis de León Rodríguez
Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Martha Maldonado Zepeda, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Felipe Bravo Mena, del Partido Acción Nacional;
Presidencia del diputado Alejandro Luévano Pérez
Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional; Ildefonso Zorrilla Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; Romeo Flores Leal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Félix Bautista Matías, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática; Humberto Aguilar Coronado, del Partido Acción Nacional y Gustavo Nabor Ojeda Delgado, del Partido Revolucionario Institucional.
Comentan los problemas relacionados por una inundación en el Estado de Baja California Sur, los diputados Pedro Macías de Lara y Yolanda Robinson Manrique. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas e insértese en el Diario de los Debates el documento íntegro del diputado Macías de Lara.
Para denunciar hechos ocurridos en el Estado de Quintana Roo, hacen uso de la palabra los diputados: Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Joaquín Hendricks Díaz, del Partido Revolucionario Institucional y Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Denuncia hechos relacionados con concesiones en materia de tránsito en el Estado de Guanajuato, el diputado Napoleón Gallardo Ledezma, del Partido Acción Nacional.
Respecto a los problemas ecológicos en Coacalco, México, opinan los diputados Gonzalo Cedillo Valdez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en dos ocasiones y Fidel González Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con cuarenta y siete minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo lunes quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, a las diez horas.»
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior, y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Rogelio Villarreal Garza:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer alguna observación a la misma?..
Se consulta a la Asamblea en votación económica, si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
La secretaria María Cristina Hermosillo Ramírez:
«Escudo. Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados. Avenida Congreso de la Unión S/N. México, D.F.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que la honorable Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con esta fecha clausuró su Cuarto Período de Sesiones Extraordinarias, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, reiteramos a usted las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Aguascalientes, Ags., 21 de octubre de 1993. Diputados: Armando Guel Serna, presidente; José de Jesús Padilla Castorena, secretario y Francisco Jáuregui Dimas, secretario.»
De enterado.
ESTADO DE MICHOACÁN
La secretaria María Cristina Hermosillo Ramírez:
«Escudo. Estado de Michoacán. Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Delegación Venustiano Carranza. Código postal 15960. México, D.F.
La Sexagésima Sexta Legislatura constitucional del honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el presente, se permite comunicar a ustedes, que en sesión solemne del día 15 del presente, se declaró legítimamente instalado su Primer Período de Sesiones, correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio legal.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Morelia, Mich., a 17 de septiembre de 1993. Diputado Germán Ireta Alas, presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso del Estado.»
De enterado.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
«Escudo. Estado de Michoacán. Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Delegación Venustiano Carranza. Código postal 15960. México, D.F.
La Sexagésima Sexta Legislatura constitucional del honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el presente, se permite comunicar a ustedes, que en sesión plenaria celebrada el día 5 del actual, se eligió a la mesa directiva que fungirá durante el presente mes a partir del día 15, quedando integrada de la forma siguiente:
Diputados: Germán Ireta Alas, (PRI), Presidente; Sergio Navarro Flores, (PRI), vicepresidente; Margarito Antunez Domínguez, (PRI), primer secretario; Ignacio Ocampo Barrueta, (PRD), segundo secretario; José González Morfín, (PAN) y Constantino Ortiz Tinoco, (PRI), prosecretarios.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Morelia, Mich., a 7 de septiembre de 1993. Diputado Germán Ireta Alas, presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso del Estado.»
De enterado.
ESTADO DE TLAXCALA
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:«Escudo. Congreso del Estado de Tlaxcala.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México D.F.
Me permito comunicar a usted que el día de hoy fueron clausurados los trabajos de esta LIV Legislatura del honorable Congreso del Estado, correspondiente al segundo período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, habiéndose integrado, desde luego, la Comisión Permanente que fungirá en el período de receso durante los meses de octubre y noviembre próximos.
La Comisión Permanente quedó integrada de la siguiente forma:
Diputados: Javier Lima Paredes, Presidente; Tito Cervantes Zepeda, primer secretario; Lucía Carrasco Xochipa, segundo secretario; Pedro Capuleño Avila, vocal.
Reitero a usted la seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de X., a 28 de septiembre de 1993. El oficial mayor del honorable Congreso, licenciado José Cruz Omar Zacatelo Sánchez.»
De enterado.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
El Presidente:
De conformidad con la fracción IV, párrafo segundo del artículo 74 y 93 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el doctor Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito Público, a dar cuenta con las leyes de ingreso de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1994; presupuestos de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1994.
En virtud de que se encuentra en el salón de recepción de esta Cámara de Diputados el secretario Pedro Aspe Armella, se designa en comisión para recibirlo e introducirlo a este recinto, a los siguientes diputados: Ricardo López Gómez, Laura Alicia Garza Galindo, Roberto Soto Prieto, Arturo Torres del Valle, José Ramos González, Francisco Hernández Juárez y José Antonio Gómez Urquiza.
Se les ruega cumplan con su cometido.
En los términos del acuerdo de prácticas parlamentaria aprobado en la sesión del pasado jueves 11 de noviembre, tiene la palabra el doctor Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito Público. Se le ruega pase a la tribuna.
El doctor Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito Público:
«Ciudadano Presidente de la Quincuagésima Quinta Legislatura; ciudadanos diputados; señoras y señores:
En cumplimiento de lo ordenado por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta representación nacional para dar cuenta del contenido y alcances de las iniciativas de leyes de Ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, así como de los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal correspondientes al ejercicio de 1994, que el Ejecutivo Federal presenta a consideración de esta soberanía.
El análisis y la discusión de las iniciativas va más allá del mero cumplimiento de una obligación legal. Son requisito indispensable para dar solidez al equilibrio entre poderes y expresión de transparencia gubernamental.
Durante los últimos años, el pueblo y el Gobierno de México hemos intensificado el esfuerzo por modernizar nuestra economía y fortalecer las bases de un crecimiento y desarrollo permanentes que brinden igualdad de oportunidades de progreso a todos nuestros compatriotas.
Hemos avanzado en la dirección de la Reforma del Estado y la modernización de la economía, que el Presidente planteó al inicio de su Administración ante esta soberanía. Gracias a ella, ha sido posible crear nuevos espacios para la sociedad civil en la vida económica y política del país; abrir la economía al tiempo que reafirmamos nuestra soberanía, a partir del fortalecimiento de nuestras estructuras productivas, para competir en un entorno global; y reorientar al Estado hacia sus actividades fundamentales, para trabajar más por quienes menos tienen, con una profunda lealtad a la nación.
La congruencia y la perseverancia con la que hemos emprendido esta tarea ha permitido alcanzar avances significativos. Se ha logrado un importante abatimiento de la inflación, desde niveles de tres dígitos a uno cercano a la meta que nos propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Es así que el ritmo de crecimiento en el nivel general de precios, que en 1987 alcanzaba una tasa anual de 160%, se ubicará en 7.7% al final del presente año, y el próximo alcanzará prácticamente la convergencia con nuestros principales socios comerciales.
Al bajar la inflación, no sólo ha sido posible aumentar la efectividad de los mercados para asignar de manera adecuada los recursos, sino se ha dado un fuerte incentivo a la inversión destinada a actividades productivas. También hemos ido cumpliendo con el objetivo de cancelar
el impuesto más regresivo de todos, el que daña más a quienes menos tienen, el que rompe el tejido social e induce conflictos en las relaciones obrero - patronales en vez de cooperación: el impuesto inflacionario.
Con respecto a la producción y al empleo, México tiene claro que los retos son la productividad y la competitividad.
La modernización de las estructuras económicas, la competencia internacional y la tendencia a la globalización de los mercados, ha significado también un rápido cambio en las actitudes de las empresas y de los trabajadores. Esta enorme transformación económica que pueblo y Gobierno de México estamos llevando a cabo, ha sido particularmente significativa en 1993. En este año hemos experimentado a nivel de cada sector, de cada empresa y de cada familia, lo complejo de esta etapa de modernidad.
Hoy en día miles de empresas se reestructuran, definen sus procesos productivos y elevan su productividad. Algunos sectores han concluido esta tarea de modernización y se colocan ya como líderes en los mercados mundiales. Para muchos otros, este tránsito demanda mayor capitalización, un enfoque moderno en su administración, así como la renovación de tecnología y equipos obsoletos; en no pocas ocasiones ello se ha reflejado en ajustes de personal que han incidido sobre la realidad cotidiana de muchas familias. A estas dificultades debemos agregar un entorno internacional recesivo que obstaculiza la rapidez y profundidad de estos cambios y eleva el esfuerzo que se demanda a todos los sectores.
Durante el primer semestre de 1993, la actividad económica registró un crecimiento de 1.3 % con respecto al mismo período del año anterior. Este menor crecimiento no ha sido un fenómeno homogéneo para todos los sectores. Así, el sector servicios creció a una tasa de 1.9%, mientras que las actividades agropecuarias, registraron un descenso de 1.5%. Por su parte, la información al mes de julio sobre la actividad industrial indica que se tuvo un crecimiento acumulado de 4.9% en el sector de la construcción y de 4.7% en el de electricidad, gas y agua; mientras que las manufacturas y la minería presentaron una caída de 1.3 y 0.1% real, respectivamente. Con base en estas cifras se anticipa que durante 1993, el PIB alcanzará un crecimiento real promedio de 1.1%; el cual debe reconocerse, es inferior al estimado en noviembre del año pasado.
Para entender lo que ha sucedido en la planta productiva durante 1993, es importante que coloquemos estas cifras en la perspectiva del proceso de cambio estructural por el que atravesamos.
Si bien los indicadores agregados muestran tasas de crecimiento inferiores a las de los primeros cuatro años de esta administración, esta desaceleración es un fenómeno transitorio que deberá superarse a medida que las empresas vayan completando su proceso de reconversión. Así, se observa que, a pesar de que la economía crece por debajo de su tendencia de largo plazo, los niveles de productividad y competitividad no sólo avanzan con rapidez sino que se aceleran en forma continua. Entre enero de 1989 y agosto de 1993, la productividad por hora hombre acumuló un incremento de 43.5% en el sector manufacturero y de un 25.7% en el sector comercio.
Por su parte, la mayor penetración de nuestras exportaciones manufactureras en los mercados mundiales demuestra el aumento en la competitividad de nuestra economía. De manera específica, de enero de 1989 a agosto de 1993, las exportaciones no petroleras de nuestro país han crecido a un ritmo ocho veces superior a la tasa de expansión de las exportaciones de nuestros principales socios comerciales.
La rápida transformación de la base productiva ha permitido que a partir de 1993 se observe una marcada reversión en la tendencia de la balanza comercial. Al mes de agosto, las importaciones avanzaron a una tasa de sólo 6% con respecto al mismo período de 1992, mientras que el crecimiento de las exportaciones no petroleras se ubicó en el rango del 15%. De esta manera, el saldo deficitario a agosto de 1993 muestra una reducción de 8% en relación con el mismo período del año anterior.
La estabilización de la economía ha permitido avanzar en la recuperación de los salarios sobre bases permanentes, si bien hay que volver a reconocer que partiendo de una base muy baja. En el período comprendido entre enero de 1989 y junio de 1993, el salario promedio de cotización al IMSS registró un incremento acumulado de 19% en términos reales.
Si bien desde 1982 el poder adquisitivo de los salarios mínimos había venido descendiendo en términos reales, ya se ha iniciado la reversión de esta tendencia a través de dos mecanismos: ligar su evolución a la inflación esperada más el avance en la productividad global de la mano de obra y, en segundo término, en caso de que esta soberanía apruebe las modificaciones correspondientes a la Ley del Impuesto sobre la
Renta que el Presidente de la República ha sometido ante ustedes, mediante el otorgamiento de un crédito fiscal en efectivo.
La solidez de la estabilización y las bases sobre las que se apoya la recuperación económica tienen como punto de partida el saneamiento de las finanzas públicas y la consolidación de las instituciones monetarias y crediticias del país. Esta corrección fiscal tiene pocos precedentes en la historia de las economías occidentales de posguerra, al pasar de un déficit financiero de 17% del PIB en 1982 a uno de 12.5% en 1988 y a un superávit de 1% del PIB en 1993, excluyendo los ingresos provenientes de la venta de empresas del sector público.
Este gran esfuerzo no es un fin en sí mismo. Es piedra angular para la realización de cambios trascendentes en todos los ámbitos de nuestras instituciones económicas. La disciplina fiscal, el desendeudamiento, la reducción en el saldo de la deuda interna y externa y el redimensionamiento del sector público, han permitido crear las condiciones para desregular y modernizar el sector financiero, para abrir espacios a la inversión productiva de las empresas privadas y fortalecer al Estado en su capacidad para responder a los reclamos más urgentes de la población.
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA 1994
Gracias a estos esfuerzos de los últimos años, hoy contamos con los elementos para plantearnos con realismo y congruencia metas alentadoras para 1994 en los terrenos de la estabilización económica, el cambio estructural, y el incremento del bienestar social.
En primer término, en cuanto a la consolidación del combate a la inflación se propone una meta de 5% en el crecimiento de los precios al consumidor para el próximo año de 1994. El logro de esta meta se sustenta en los avances en la eliminación de las presiones inflacionarias en la economía; la creciente correlación entre el crecimiento de los salarios reales y los avances en la productividad del trabajo; la culminación del proceso de realineación de los precios relativos, apoyada en la evolución de los precios de los insumos del sector público de acuerdo con sus referencias internacionales; un presupuesto equilibrado sin déficit fiscal alguno; la estabilidad de la economía y la autonomía del Banco de México.
El segundo objetivo es promover en 1994 una firme reactivación de la economía, con el fin de que México vuelva a crecer en forma acelerada y sostenible en el mediano y largo plazos. Esta reactivación que se propone es congruente con la estabilidad de precios, toda vez que su impulso proviene de un crecimiento balanceado de la oferta y la demanda agregadas.
Desde el punto de vista de la oferta agregada, el motor más importante es el crecimiento de la productividad que se observa en la economía, en parte como consecuencia de las fuertes inversiones públicas y privadas que se han llevado a cabo en los últimos años y además como resultado de la actualización de los procesos productivos y el fortalecimiento de la cultura de calidad total en las empresas.
Al crecimiento de la productividad habría que agregar el paquete de política económica que se propone, orientado a elevar la competitividad de las empresas, tanto por la vía de la desgravación como mediante una política de precios de insumos industriales acorde a los que privan en los países con los que comerciamos.
Un tercer factor es el proceso de cambio estructural en el campo, a través del programa de apoyos directos que permite, sustentado en los cambios al marco jurídico, un nuevo impulso a la productividad agrícola.
En cuanto a la demanda agregada, se identifican tres factores: el crecimiento en la inversión pública y privada; la recuperación de los salarios reales, que ayudará a inducir un aumento en las tasas de crecimiento del consumo popular; y un entorno internacional que apunta hacia un crecimiento ligeramente mayor al del año anterior.
Por todo lo anterior, el objetivo que se propone de alcanzar un crecimiento del 3% en la economía durante el siguiente año es una meta realista que se apoya en la fortaleza de la economía mexicana y de los instrumentos de política económica.
Las metas de la política económica para 1994, como ha sido a lo largo de esta administración, van mucho más allá del objetivo de bajar la inflación y estimular el crecimiento. Su propósito final es alcanzar un mayor nivel de vida y de justicia social para los mexicanos.
Es por ello que el esfuerzo de la política económica estará orientado a perseverar en la elevación del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, particularmente el de aquellos que se encuentran en los estratos de menores ingresos, cuyo poder de compra se fortalecerá
a través de devoluciones y desgravaciones fiscales y menor inflación; en promover niveles superiores de bienestar social a través de la acción directa del Estado, elevando los montos de recursos presupuestales destinados al gasto en educación, salud, desarrollo rural y solidaridad; y en profundizar las reformas estructurales que permitan elevar la eficiencia del aparato productivo.
Para lograr estos objetivos, el Presidente de la República somete el día de hoy a la consideración de esta soberanía, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, cuyas prioridades permiten precisamente apoyar a la sociedad civil en el logro de los objetivos de estabilidad con crecimiento y justicia social.
El paquete que hoy se presenta tiene dos características fundamentales: realismo y prudencia. Es un paquete realista porque parte de las circunstancias actuales internas y externas, reconoce la fortaleza de nuestras instituciones y de la economía, y asume los retos que nos proponemos superar. Es por eso que sus metas sustantivas están destinadas a complementar el es fuerzo de todos los mexicanos, en el logro de los grandes objetivos nacionales de 1994.
Es un proyecto prudente porque reconoce que pueden presentarse cambios en las circunstancias internacionales. Por eso, ha sido diseñado de tal forma que la política de ingresos y gastos brinde a la economía la flexibilidad que le permita amortiguar los posibles efectos de estos cambios.
En años anteriores, la necesidad de estabilizar las variables macroeconómicas exigía la obtención de superávit financieros. Ahora, la tasa de inflación se encuentra próxima a la que registran nuestros principales socios comerciales; el saldo de la deuda pública ha dejado de presionar al gasto total; y, en general, los principales indicadores macroeconómicos se desenvuelven favorablemente.
Por tanto, las bases para mantener un desarrollo económico gradual y sostenido se han consolidado. Están dadas las condiciones que hacen posible que los márgenes presupuestales derivados de los esfuerzos de ajuste realizados en los últimos años, se utilicen en medidas que apoyen la reactivación económica. En consecuencia con lo anterior, el nivel del gasto que se propone igualará a los ingresos: ni superávit ni déficit presupuestal. Es decir, un presupuesto equilibrado.
Con ello, se refuerza el propósito de garantizar un crecimiento ordenado del crédito interno a través de la operación de un banco central, autónomo y se minimiza el que los impactos transitorios de factores externos sobre los ingresos o gastos presupuestales puedan tener efectos permanentes sobre las tasas de interés, el crecimiento económico y el nivel general de precios.
Además, el equilibrio presupuestal se alcanza ajustando la acción del Gobierno a las definiciones más estrictas en materia de disciplina financiera. Esto es, como lo hemos hecho hasta ahora, los ingresos provenientes de la venta de empresas continuarán depositándose en el fondo de contingencia y se destinarán a la reducción del saldo de la deuda interna y externa del país.
La variabilidad en los precios internacionales del petróleo, la evolución de las tasas de interés en los mercados mundiales, y el ritmo de crecimiento en los países industrializados, son factores que podrían impactar el comportamiento de nuestra economía.
A estos factores habría que agregar, por las implicaciones que tiene sobre las relaciones económicas de nuestro país con el resto del mundo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sobre el que quisiera hacer una breve reflexión.
Conviene recordar que el tratado es un instrumento adicional, cuya aplicación tendrá lugar en forma gradual a lo largo de varios años, por lo que el impacto de su aprobación o no, será a largo plazo. Por la misma razón, su eventual ratificación o no, tampoco afectará las tendencias de las principales variables sobre las que se apoya el programa económico de 1994.
Por esto, es que podemos afirmar que los objetivos de inflación y crecimiento están fundamentados en el realismo de la política económica y en los resultados del esfuerzo que el pueblo y el Gobierno de México han hecho a lo largo de muchos años y no en factores coyunturales que pudieran incidir sólo temporalmente sobre los mercados. Este esfuerzo seguirá consolidándose con base en la convicción de que el rumbo por el cual avanzamos es el correcto.
En el contexto en que se han planteado estos objetivos y estrategias, se articulan los contenidos de las iniciativas que ustedes examinarán en los próximos días. Quisiera comentar los principales elementos de la política de ingresos y gastos para 1994.
POLÍTICA DE INGRESOS PARA 1994
Permítanme recordar que, entre 1989 y 1992, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración de esta soberanía reformas a las disposiciones fiscales orientadas a aumentar la base gravable, a reducir el número de impuestos y sus tasas y a mejorar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. Los cambios introducidos fueron de tal magnitud y profundidad que para 1993 no hubo necesidad de plantear modificaciones adicionales.
Por segundo año consecutivo, el Ejecutivo Federal no somete a consideración del Legislativo la iniciativa que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, es decir, no hay miscelánea fiscal para 1994.
De esta forma se busca consolidar la estabilidad y permanencia de las disposiciones fiscales, elemento indispensable para la creación de un clima propicio para la inversión y factor necesario para facilitar a los contribuyentes el correcto cumplimiento de sus obligaciones.
Se presenta en cambio una iniciativa de Ley que Establece las Deducciones Impositivas Acordadas en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo.
El énfasis por parte del Gobierno Federal en la concertación del pacto conmistió en proponer a las partes firmantes un amplio paquete de desgravación y de ajuste en los precios y tarifas del sector público, que permitiera por un lado, dar mayor equidad al sistema tributario; y promover la recuperación de la actividad económica mediante medidas que inciden sobre la oferta agregada de nuestra economía elevando la competitividad de las empresas nacionales.
Una vez incluido este paquete integral de medidas, se solicita autorización para que la Federación obtenga ingresos totales de 309 mil 40 millones de nuevos pesos.
La más importante medida propuesta para mejorar la equidad del sistema tributario es la relacionada con el régimen del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Actualmente la Ley le otorga a los contribuyentes la posibilidad de acreditar, contra el pago del impuesto sobre la renta a su cargo, un monto equivalente al 10% de un salario mínimo elevado al año, hasta por el importe del impuesto correspondiente. Esta disposición implica que mientras que los trabajadores con mayores niveles de ingresos pueden utilizar la totalidad del crédito fiscal, los trabajadores con menores ingresos utilizan solamente una parte de dicho crédito fiscal.
En consecuencia, se propone incrementar la cantidad que pueden acreditar los trabajadores con ingreso inferior a cuatro salarios mínimos, pero fundamentalmente que cuando el crédito sea mayor que el impuesto a cargo, los trabajadores puedan recibir en efectivo la diferencia correspondiente. De esta forma, los trabajadores con ingresos equivalentes a un salario mínimo recibirán de sus patrones, de aprobarlo esta soberanía, un incremento en su ingreso disponible en efectivo, con retroactividad al 1o. de octubre de 1993, de entre 7.5 y 10.8%. Los patrones, a su vez, compensarán dichos pagos contra cualquier impuesto federal.
Además, con esta medida se logra elevar a dos salarios mínimos el nivel de ingresos por debajo del cual los trabajadores no pagarán impuesto sobre la renta, beneficiando de esta forma a 1.3 millones de contribuyentes. En conjunto, estas medidas permitirán reducir las cargas fiscales de casi 7 millones de trabajadores.
Por lo que toca a las medidas orientadas a elevar la competitividad de las empresas, destacan la propuesta de reducción de la tasa del impuesto sobre la renta del 35 al 34%; la modificación de la Ley del Impuesto al Activo, para ampliar su plazo de recuperación de cinco a 10 años; el financiamiento de adeudos fiscales recientes hasta por 36 meses en forma automática; la reducción por dos años de la tasa de retención del impuesto sobre la renta por intereses pagados al extranjero de una tasa actual del 15 a 4.9%; el aumento en la depreciación de vehículos del 20 al 25% anual; y la ampliación de 35 a 50% anual de la tasa de deducción de las inversiones que las empresas llevan a cabo en equipo anticontaminante.
Se propone, además, permitir acreditar contra cualquier impuesto federal el impuesto especial sobre producción y servicios correspondiente al diesel de uso industrial y marino.
En cuanto a la política de precios y tarifas, destaca la disminución de 10% en los servicios ferroviarios de carga; 14.8% en promedio en las tarifas eléctricas de alta tensión; 18% en los servicios aeroportuarios y reducciones en los precios de diesel marino e industrial, que sumados al régimen propuesto de acreditamiento de sus respectivos impuestos especiales, permiten una reducción de un 40% en su precio de venta.
POLÍTICA DE GASTO PARA 1994
La política de gasto público que se propone para 1994 busca consolidar los avances logrados en
torno a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 19891994. El ejercicio del gasto público permite orientar el cambio estructural del presupuesto; dando prioridad al desarrollo social, al desarrollo rural y a la infraestructura; ejerciendo las erogaciones públicas con selectividad, eficiencia y la más estricta disciplina presupuestal.
Las principales acciones contenidas en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación son las siguientes:
Primera. Ajustar el nivel del gasto total para hacerlo igual al de los ingresos y por lo tanto hacerlo compatible con la estabilidad macroeconómica. En consecuencia, habrá un presupuesto balanceado que permitirá promover el crecimiento económico con estabilidad de precios. Por ello, se somete a su consideración un gasto neto presupuestal para 1994 por 309 mil 40 millones de nuevos pesos, que significa un aumento real de 2.6% con respecto al registrado en 1993. El gasto primario propuesto alcanza un monto de 277 mil 880 millones de nuevos pesos, y el pago de intereses sobre la deuda pública total asciende a 31 mil 160 millones de nuevos pesos, cantidad que representará el 2.5% del PIB, frente al 17.7% del PIB que pagamos por intereses sobre el servicio de la deuda hace apenas cinco años.
Segunda. Incrementar las erogaciones públicas en áreas estratégicas y prioritarias de la actividad gubernamental. El gasto programable que se propone para 1994 es de 235 mil 646 millones de nuevos pesos, cifra superior en 5.7% en términos reales al del cierre estimado para este año de 1993. La prioridad fundamental del desarrollo es elevar las condiciones de vida de la población en especial la de los grupos menos favorecidos. Por esto se plantea un gasto en desarrollo social superior en casi 11% en términos reales al de 1993. Así, a diferencia de hace cinco años cuando por cada peso que pagábamos de intereses podíamos destinar únicamente 36 centavos al gasto social, para 1994 se pretende que por cada peso que paguemos de intereses sobre la deuda pública gastemos cuatro pesos en desarrollo social. Con esto el crecimiento en el gasto social acumulado entre 1988 y 1994 será del 93.3% en términos reales. A la vez su participación dentro del gasto programable sectorial, se incrementará del 33% que era en 1988 al 54% en 1994.
Tercera. Impulsar la actividad productiva del sector agropecuario, a fin de mejorar las condiciones de vida en el medio rural y la producción de alimentos e insumos. Para lograr lo anterior, en 1994 se propone asignar al desarrollo rural 15 mil 206 millones de nuevos pesos. El gasto en este sector crecerá, con respecto al de 1993, en 33% en términos reales. Diversos programas sociales, como Solidaridad y otros correspondientes a Educación y Salud, también destinarán recursos para elevar las condiciones de vida en el campo.
De manera destacada y como respuesta del Gobierno Federal a las demandas de las organizaciones campesinas, en 1994 iniciará la operación de un programa de apoyos directos al campo, Procampo, el cual permitirá sustituir los apoyos actuales por un programa más equitativo y directo. El gasto destinado a Procampo crecerá en 83% con respecto a lo erogado en 1993.
Cuarta. Incrementar la inversión pública para fortalecer la infraestructura básica del país. La propuesta de gasto en inversión física para 1994 asciende a 47 mil millones de nuevos pesos, cantidad superior en 10%, en términos reales, a la del cierre estimado para 1993. Cabe resaltar que la inversión pública y privada en infraestructura básica aumentará, en la presente administración, a una tasa anual de casi 12% real; con lo que en el período esta inversión se habrá duplicado en términos reales.
Quinta. Consolidar el cambio estructural del sector educativo y avanzar en el desarrollo científico y tecnológico, para lo que se propone que en el próximo ejercicio fiscal, el presupuesto en educación sea de 54 mil 485 millones de nuevos pesos, cifra 14.4% superior en términos reales a la de 1993. Con ello, al término de esta administración el gasto en este sector habrá acumulado un incremento real de 101%.
Sexta. Mejorar los servicios de salud y seguridad social, para lo que se propone un gasto de 51 mil 831 millones de nuevos pesos, que representa un incremento, con respecto a 1993, de 8.5% en términos reales. Su proporción dentro del gasto programable aumentará de 14.7% en 1988 a 22.4% en 1994; con lo que registrará un incremento acumulado de 81.7% real en la presente administración.
Séptima. Intensificar las medidas para mejorar la calidad del medio ambiente. Se propone para 1994 que el presupuesto para Desarrollo Urbano, Agua Potable y Ecología ascienda a 6 mil 107 millones de nuevos pesos, cifra que representa un crecimiento real de 9.3% con respecto a 1993. Así, su crecimiento acumulado en el transcurso de esta administración será de 50.6% real.
Octava. Avanzar en el mejoramiento del bienestar de la población, en un contexto de corresponsabilidad y coparticipación de autoridades y comunidades. Se propone que el presupuesto destinado al Programa Nacional de Solidaridad en 1994 ascienda a 8 mil 809 millones de nuevos pesos, a los cuales se sumarán las aportaciones de los gobiernos estatales y municipales y las de los propios beneficiarios. Los recursos presupuestales federales propuestos representan un crecimiento real de 5.4% con respecto a los de 1993. De esta forma, solidaridad incrementará su participación dentro del gasto programable de 1.5% en 1989 a 3.8% en 1994.
Novena. Mantener el abasto suficiente de energía. Se propone ejercer en 1994 un gasto programable de 46 mil 947 millones de nuevos pesos en el sector energético. Para Petróleos Mexicanos consolidado, el gasto será de 25 mil 559 millones de nuevos pesos. Su gasto de inversión se incrementará en 10.8% real. En lo que respecta al subsector eléctrico, se propone un gasto para 1994 de 22 mil 701 millones de nuevos pesos.
Una reforma presupuestal apoyada en el concepto de la reforma del Estado, implica también el fortalecimiento de las finanzas de los estados y los municipios, con el fin de acercar en la medida de lo posible al que ejerce el gasto y a quien recibe sus beneficios. Este acercamiento permite establecer prioridades en función de lo que la población necesita y al mismo tiempo le brinda a la sociedad la posibilidad de exigir una mayor transparencia en su ejercicio.
El fortalecimiento del federalismo ha sido propósito permanente de la actual administración, se ha renovado y perfeccionado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con objeto de incrementar los recursos disponibles para las haciendas públicas estatales y municipales y promovido, a su vez, la armonización, modernización y simplificación de los sistemas impositivos de los tres órdenes de Gobierno.
Fortalecer las finanzas públicas estatales y municipales es de gran importancia para el desarrollo equilibrado de la nación, por lo que se considera conveniente proponer a esta soberanía que se incrementen los coeficientes a través de los cuales se determinan las participaciones que la Federación otorga a estados y municipios sobre su recaudación participable, con especial atención en el municipio.
En los últimos años las entidades federativas han iniciado acciones para reordenar su comercio urbano y para fortalecer sus fuentes locales de ingresos. Para apoyar la continuidad y magnitud de dicho esfuerzo, el Ejecutivo Federal considera conveniente proponer que se incorpore a la Ley de Coordinación Fiscal un fondo adicional al de fomento municipal. Dicho fondo se distribuirá entre las entidades federativas coordinadas en materia de derechos y servirá para apoyar sus programas de recaudación por concepto de impuesto predial, derechos de agua y reordenación del comercio urbano, de conformidad con las reglas que determinen las autoridades locales y el Gobierno Federal.
Con la adopción de las reformas propuestas a la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones a las entidades federativas se incrementarán de 21.99 a 22.93% de la recaudación federal participable.
POLÍTICA DE DEUDA PARA 1994
El reto en materia de deuda pública, es consolidar los resultados obtenidos, de forma que ésta se mantenga como una obligación manejable para el sector público en lugar de ser un elemento que mine la viabilidad de nuestra economía. El nivel de deuda pública no debe recobrar nunca una magnitud y peso tales que asfixien el desarrollo económico. Por ello, y al no tener déficit fiscal alguno, se continuará mejorando el perfil financiero de la deuda, tanto en costo como en plazo.
Para 1994, la política de deuda pública seguirá estando enfocada a la reducción de su costo financiero, de tal forma que continúe la liberalización de recursos para ser dirigidos al gasto social y al financiamiento de las actividades de los particulares.
En lo que respecta al manejo de la deuda interna, las acciones de política se orientarán a la disminución de su costo y a la ampliación de los periodos de vencimiento. En congruencia con lo anterior, se colocarán valores a plazos largos, de preferencia a tasas nominales de interés fijas, lo cual es posible bajo un escenario de estabilidad de precios.
Por lo que hace a la deuda externa, se diversificarán las fuentes sanas y estables de financiamiento y se mejorarán las condiciones financieras de los créditos contratados. Debido a que el sector público no será demandante neto de recursos, por contar con un balance financiero equilibrado, el financiamiento externo que se contrate principalmente a través de la banca de desarrollo, tendrá como objetivo continuar financiando las
actividades productivas de pequeñas y medianas empresas del sector privado que no tienen acceso a los mercados internacionales de capital. Por ello, y a pesar de no tener déficit fiscal alguno, se solicita la autorización de esta soberanía para ejercer un endeudamiento externo neto de 5 mil millones de dólares.
LO DICHO Y LO HECHO
El programa económico del presidente Salinas de Gortari, ha sido perseverante y congruente. Desde el inicio de su mandato, el 1o. de diciembre de 1988, se comprometió a lograr la recuperación económica y la estabilidad. Señaló que reformaría al Estado para recuperar su papel de conductor de la estrategia nacional de desarrollo, promotor del crecimiento sostenido y estable, pero sobre todo para fortalecer su capacidad de acción en las responsabilidades sociales y así atender con esmero y como objetivo fundamental el bienestar popular.
Para lograrlo marcó con gran visión y claridad los objetivos de su administración en materia de política de ingresos, reforma presupuestal, deuda pública y reforma financiera.
Señaló así y cito textualmente del discurso del 1o. de diciembre de 1988: "Para fortalecer el consumo, el ahorro y la inversión bajarán las tasas impositivas al ingreso de las personas y las empresas, ampliando la base fiscal. Menos gravámenes y más contribuyentes cumplidos fortalecerán el ahorro y alentarán el trabajo".
Este compromiso se ha cumplido cabalmente. Las reformas al régimen tributario emprendidas durante los últimos cinco años, han permitido reducir significativamente el promedio de las tasas impositivas y ampliar la base gravable; simplificado el sistema tributario y concedido mayores facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones; mejorado el proceso de fiscalización para disminuir las prácticas de evasión y elusión; y han llevado las tasas y las bases gravables a niveles competitivos en relación con las de nuestros principales socios comerciales.
Desde 1988 hasta la fecha, la política tributaria ha buscado elevar la recaudación, no como un objetivo en sí mismo, sino con la finalidad de corregir de raíz los desequilibrios de las finanzas públicas, permitiendo así que el gasto sea financiado en forma sana y no inflacionaria.
Para elevar la recaudación, no se recurrió a la fórmula fácil de elevar las tasas impositivas o introducir nuevos impuestos, ya que esto hubiera desalentado el crecimiento económico y la generación de empleos.
Por las características que presentaba el sistema tributario, la vía más indicada era reducir la evasión. Su combate no sólo ha evitado el aumento de las tasas impositivas y el número de impuestos, sino por el contrario, que se elimine un número importante de ellos y se reduzcan las tasas de otros, incluidos los dos principales, renta y valor agregado.
Los ingresos obtenidos, han otorgado un amplio margen de maniobra al Gobierno para reducir la carga fiscal de las empresas y de las personas físicas cumplidas. Así, se pudo pasar de 19 impuestos federales que existían en 1988 a sólo cinco el día de hoy. Además, la tasa del impuesto sobre la, renta a las empresas se redujo de 39.2% a 35% y de aprobar esta soberanía la propuesta del Presidente de la República al 34% y la máxima de personas físicas de 50 a 35%, haciendo más equitativa la tarifa en los tramos de ingresos más bajos hasta el ingreso equivalente a cuatro salarios mínimos.
La tasa del impuesto al valor agregado se redujo de 20 y 15% a una general del 10%, además de unificarse a nivel nacional. En el impuesto especial sobre producción y servicios, se derogó el aplicable a refrescos y a seguros; se redujeron las tasas aplicables a cigarros, tabacos y bebidas alcohólicas, y paulatinamente se está reduciendo la correspondiente a cerveza. Adicionalmente, el derecho a la minería se derogó, se exentó del impuesto sobre la renta la ganancia por venta de casa habitación, se propició una reducción gradual de 10 a 2% en las tasas estatales del impuesto sobre adquisición de inmuebles y se redujo la tasa máxima aplicable a automóviles nuevos de 50 a 10%, además de exentarse los vehículos populares. Asimismo, se derogó el impuesto sobre dividendos distribuidos, con lo cual las utilidades que ya pagaron impuesto a nivel de la empresa no se vuelven a gravar a nivel de los accionistas.
Las reformas emprendidas mejoraron el control y cumplimiento de las obligaciones fiscales y se tradujeron en un notable aumento del número de contribuyentes. No obstante la eliminación o reducción de impuestos, y la baja en las tasas impositivas, entre 1988 y 1993 los ingresos tributarios crecieron 34% en términos reales mientras que el PIB lo hizo en 16%. Igualmente el número de contribuyentes con actividades empresariales se ha elevado de 1988 a la fecha en 218%.
Los enormes cambios emprendidos en materia tributaria han consolidado un sistema fiscal moderno que permite garantizar un horizonte estable. Esto representa un incuestionable beneficio, tanto para el sector privado como para el sector social, porque otorga certidumbre a los agentes económicos.
En la actualidad, nuestro sistema fiscal es considerablemente más competitivo, eficiente, equitativo y justo. Más competitivo en la medida en que la carga fiscal en México es inferior a la que prevalece en la mayoría de nuestros principales socios comerciales. Más eficiente, ya que al disminuir la evasión, se han reducido las divergencias en tasas efectivas de impuestos entre sectores, así como entre cada uno, lo cual permite que sea el sistema de precios el principal medio de asignación de los recursos, y no los diferenciales fiscales. Más equitativo, pues ahora la carga fiscal se distribuye entre mayor número de empresas y de personas físicas. Más justo, porque quien tiene menores ingresos paga menos impuestos.
En segundo lugar, el titular del Ejecutivo se comprometió a tener, permítanme citar textualmente, "un estricto control del gasto porque lo contrario provocaría de nueva cuenta un desborde inflacionario".
Este compromiso se ha cumplido plenamente. En el transcurso de la presente administración la política de gasto público ha experimentado cambios fundamentales, derivados de la disminución en el costo financiero de la deuda y del cambio estructural de la economía, que propiciaron una reducción del gasto neto total. Ello permitió una recuperación del gasto programable, y un cambio notable en la asignación del presupuesto al destinar recursos crecientes a sectores de atención prioritaria, particularmente a los de desarrollo social, rural e infraestructura básica.
El gasto neto disminuyó en términos reales, así como en relación con el tamaño de la economía. En efecto, mientras que en 1988 dicho gasto representó el 40% del producto, en 1994 éste se reducirá al 25%.
Esta reducción del gasto público se logró fundamentalmente por la sustancial disminución en el pago de intereses. En términos del producto, el costo financiero pasó del 17.7% del PIB en 1988 a un estimado de tan sólo el 2.5% en 1994. Conviene reiterarlo, a diferencia de hace cinco años, cuando por cada peso que se pagaba de intereses sobre la deuda pública, destinábamos 36 centavos al gasto social, para 1994 se pretende que por cada peso que se pague de intereses se gasten cuatro en desarrollo social.
Se han ampliado los márgenes para incrementar el gasto programable. Su distribución sectorial ha experimentado una importante reorientación, ya que entre 1988 y 1994 el gasto federal en desarrollo social se habrá incrementado 7.5 veces más que el crecimiento de la población y 5.8 veces más que el de la economía.
Las erogaciones correspondientes al Programa Nacional de Solidaridad muestran un crecimiento importante, lo que ha permitido avances sustanciales sobre el mejoramiento productivo de los niveles de vida de las poblaciones y comunidades de menores recursos. Desde su puesta en marcha, el gasto en solidaridad se ha triplicado.
En tercer lugar el Presidente de la República asumió el compromiso, vuelvo a citar, de "renegociar la deuda externa con objeto de abatir la transferencia neta de recursos al exterior; reducir el valor de la deuda histórica acumulada; asegurar nuevos recursos; y disminuir tanto su valor real, como su saldo con respecto a lo que producimos los mexicanos".
La renegociación de la deuda externa cumplió las cuatro premisas planteadas y permitió proveer a la economía mexicana del ahorro externo, complemento del interno, necesario para impulsar el crecimiento del país.
Así, se ha abatido la transferencia neta de recursos al exterior. El promedio anual de transferencias netas al exterior en el período 19831988 fue de 6% del PIB. En contra parte, hacia México, en el promedio anual de las transferencias netas provenientes del exterior en el período 19891993 es de 2% del PIB.
También se ha reducido el valor de la deuda histórica acumulada. La deuda externa económica neta pasará de 81 mil millones de dólares en 1988 a un nivel de 70 mil millones de dólares en 1993, es decir, se ha reducido en 11 mil millones de dólares, o sea el 14% del saldo inicial. También en términos reales se observa una reducción significativa.
México ha recuperado el acceso a los mercados voluntarios internacionales de capital. De 1990 a la fecha se han realizado numerosas colocaciones de papel mexicano en los mercados internacionales. El sector privado, apoyado por las acciones públicas, también ha visto recuperado
su acceso a los mercados de capitales. Durante la presente administración, el superávit acumulado en la cuenta de capitales asciende a 88 mil millones de dólares, que representan aproximadamente el 126% del valor de la deuda pública externa neta a septiembre de este año.
Por último, se ha disminuido el valor real de la deuda y su proporción con respecto a lo que producimos los mexicanos. El superávit fiscal junto con la renegociación de la deuda han permitido disminuir el saldo de la deuda neta consolidada con el Banco de México, del 68.3% del PIB en 1988 a 21% en 1994.
El cuarto compromiso asumido fue, cito nuevamente "modernizar el sistema financiero para alentar el ahorro privado".
Este compromiso también se ha cumplido. Se ha llevado a cabo un amplio y profundo proceso expresado en cuatro ámbitos fundamentales: desregulación de operaciones, adecuación del marco jurídico, modificación en el régimen de propiedad de la banca, apertura financiera y autonomía del Banco de México.
La desregulación ha sido un elemento vital de la modernización, que ha hecho posible elevar la eficiencia y competitividad del sistema financiero. Desde 1988 se han instrumentado diversas medidas para dotar a los bancos de plena autonomía en sus decisiones operativas, la vez que se han mejorado los mecanismos de supervisión y fortalecido a las autoridades responsables. A medida que se avanzó en el saneamiento de las finanzas públicas se liberó la fijación de las tasas de interés, desapareció el encaje legal y los cajones selectivos de crédito, lo cual permitió aumentar significativamente el monto de recursos crediticios disponibles para el sector privado. También fue posible homologar los criterios de control a los estándares internacionales.
El proceso de liberalización financiera se acompañó de una actualización del marco jurídico. Destacan, en este sentido, la reforma constitucional que permitió restablecer el régimen de propiedad mixto en la prestación de los servicios bancarios, la Ley de Instituciones de Crédito, la correspondiente para Regular a las Agrupaciones Financieras, así, como las disposiciones para internalizar el mercado de capitales.
Asimismo, el número y variedad de participantes en el sistema financiero ha crecido significativamente, aumentando de esta forma la competencia y la calidad de los servicios. A lo largo de la presente administración han sido autorizados nueve nuevos bancos, dos casas de bolsa, 190 uniones de crédito, cuatro sociedades de ahorro y préstamo, 42 compañías arrendadoras, 82 de factoraje y 11 almacenadoras.
Parte fundamental de la modernización del sistema financiero es la autonomía del Banco de México aprobada por el constituyente permanente en este año. En virtud de esta reforma, el instituto central asume como objetivo básico mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional, con lo cual se refuerza el control de la inflación y se da certidumbre al ahorro e inversión.
En el ámbito de la modificación del régimen de propiedad destaca el proceso de desincorporación bancaria. Este proceso se logró en tiempos y circunstancias nunca antes alcanzados a nivel internacional. A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional y de la legislación bancaria de 1990, se logró privatizar, en promedio, un banco cada tres semanas, sin que se presentase denuncia o inconformidad alguna.
La apertura de los servicios financieros permitirá que en forma paulatina, ordenada y gradual, México enfrente los retos de la globalización.
Estos hechos concretos demuestran que el presidente Salinas de Gortari, ha cumplido en forma responsable los compromisos que ante la nación asumió desde el primer día de su mandato.
Ciudadanos diputados:
El crecimiento económico estable, y la confianza generada, no responden a soluciones únicas o espectaculares. Así lo hemos constatado a lo largo de la presente administración. La credibilidad se construye paso a paso y se apoya en los hechos y en la congruencia. Por ello, habremos de perseverar en el camino que se ha seguido. Tal y como lo señaló el titular del Ejecutivo en su Quinto Informe de Gobierno, "no habrá giros ni desviaciones. Nuestro rumbo económico es el del mundo, el de la nueva generación, el del bienestar de México; no habrá variaciones, pues éste no depende de coyunturas inmediatas, sino de muchos años de esfuerzo". En síntesis: no hay ni habrá cambios de rumbo.
Desde el primer día de esta administración la estrategia de desarrollo busca alcanzar mayor bienestar social, es decir crecimiento estable con equidad. Dentro de esta estrategia no es suficiente que la economía crezca ni que la inflación se reduzca. Los medios no se confunden con los fines. No nos interesan los equilibrios macroeconómicos por sí mismos, sino sólo en tanto establecen condiciones que permiten mejorar sostenidamente las condiciones de vida de la población, en especial las de los grupos menos favorecidos.
Hoy, en el mundo se extiende la convicción de que el progreso no se mide por unos pocos indicadores macroeconómicos. Muchas economías, aparentemente sanas, se han visto estranguladas por la pérdida de competitividad, la falta de infraestructura social, o la insuficiencia de recursos para satisfacer las demandas sociales. Queda claro entonces que la equidad y el progreso social son condiciones necesarias para la estabilidad económica. También que el avance en la lucha contra la pobreza sintetiza el reto del verdadero desarrollo de un país como el nuestro.
El clima de estabilidad económica y política que hoy goza el país, es uno de los más grandes activos con que contamos y, por ello, un factor determinante del alto grado de competitividad internacional de nuestra economía, a la vez que una condición indispensable para avanzar en el camino de la equidad social.
No hay recetas que garanticen el éxito de la política económica. Sólo el consenso, la perseverancia, la tenacidad en las acciones hacia metas claras y objetivos sociales, así como la congruencia y uso prudente de los instrumentos fiscales, monetarios, presupuestales y cambiarios conduce a los resultados sociales deseados. Durante 1994 y hasta el último día del Gobierno del presidente Salinas de Gortari, habremos de perseverar en este camino. Es por México.
Ciudadano Presidente; señoras y señores diputados:
Como muy pocos países en el mundo, México tiene valores claros y actuantes que a lo largo de su vida política han permitido mejorar y transformar el entorno nacional.
Nuestra historia es fuente de conocimiento y guía para la acción que ha hecho posible plantear claramente qué queremos y hacia dónde vamos. Puede, o no, haber acuerdo en los métodos o las fórmulas que se utilizan, pero nadie podrá decir que no ha habido transparencia en el camino emprendido y los objetivos planteados.
La defensa de la libertad, la promoción de la igualdad o el respeto a la legalidad, son valores que los mexicanos de hoy debemos a Morelos y Juárez. Esos valores, cuerpo esencial de la Constitución de 1917, hacen de la reforma social y económica un mecanismo institucional y medio de progreso permanente. He ahí la garantía de estabilidad y perfeccionamiento del Estado mexicano. He ahí el sustento de la Reforma del Estado.
Durante los últimos cinco años, los mexicanos hemos modernizado la economía, impulsado el desarrollo social y fortalecido los acuerdos políticos e institucionales. Aún falta mucho por hacer. No es momento de bajar la guardia ni de aflojar el paso. Solamente el arduo trabajo, la perseverancia y la congruencia nos permitirán alcanzar las metas que nos hemos propuesto.
La tendencia hacia la igualdad de oportunidades ha tenido una clara expresión en la corresponsabilidad de todos los grupos en la formulación de las estrategias públicas y los programas de Gobierno. De la misma forma, el entorno de estabilidad y acuerdo que se ha construido, ha sido condición indispensable para alcanzar un desarrollo económico y social pleno.
En el México contemporáneo disfrutamos de participación política abierta, controles sociales sobre la administración pública, marco jurídico sólido, fortaleza económica, desarrollo social y, sobre todo, un programa que se traduce en hechos. Tenemos un Presidente que cumple la palabra empeñada.
En 1994 se buscará la permanencia de la estabilidad macroeconómica y se avanzará en la reforma microeconómica, gracias al esfuerzo comprometido de todos los sectores. Así, se logrará avanzar en el mejoramiento del bienestar generalizado de todos los mexicanos, propósito final de la política económica.
Sin autocomplacencias, pero con ánimo e instituciones inquebrantables, seguiremos trabajando por el progreso de nuestro país. México tiene voluntad y cuenta con el liderazgo firme y comprometido del presidente Salinas de Gortari. Tiene instrumentos y proyecto. Tiene vocación y reciedumbre. Por eso seguirá su marcha ascendente. La fuerza del pueblo y la vitalidad de sus instituciones seguirán engrandeciendo a México. Muchas gracias.
CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA 1994
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes
En cumplimiento a la Ley de Planeación y de acuerdo con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, presento los Criterios Generales de Política Económica para 1994.
Desde el inicio de mi administración, la estrategia económica ha buscado establecer condiciones que sustenten un crecimiento económico sólido con estabilidad de precios, ambos como elementos indispensables para la generación de mayor empleo, la elevación del nivel de vida de los mexicanos y la consolidación de una sociedad más justa, y un Estado fortalecido en su soberanía. Con el esfuerzo sostenido del pueblo y el Gobierno, México es hoy un país que se transforma en forma acelerada y avanza hacia la consecución de los objetivos que se ha propuesto. A partir de la reforma del Estado y su nueva concepción como promotor del desarrollo, la sociedad en su conjunto se encuentra inmersa en un intenso proceso de modernización que abre espacios para impulsar un desarrollo económico más dinámico y cuyos beneficios se distribuyen de manera más equitativa entre todos los sectores de la población.
En la primera parte de este documento se analiza la estrategia económica que se ha seguido en los últimos cinco años. En ella se destacan los objetivos planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 19891994 en materia de política económica, los principales resultados obtenidos y las reformas que apoyaron el logro de dichos resultados. En la segunda sección se describen los aspectos más relevantes de la evolución de la economía durante 1993. La última sección presenta el programa para 1994 señalando los objetivos que se plantean y las acciones que se propone adoptar.
1. LA ESTRATEGIA ECONÓMICA
1.1. OBJETIVOS
En los últimos cinco años la política económica se ha orientado hacia la superación de los principales obstáculos que limitaban las posibilidades de un crecimiento económico sostenible, con el fin de cumplir la finalidad fundamental de atender las necesidades de la población en materia de empleo y bienestar. Los avances alcanzados en esta dirección han permitido atacar en sus causas el origen de la pobreza respondiendo al propósito de alcanzar una sociedad más justa. Para lograr estos objetivos, fue necesario llevar a cabo la reforma del Estado, que establece una nueva relación entre el Estado y la sociedad, en el ámbito de la promoción del desarrollo.
La reforma del Estado no es un proceso aislado. Por el contrario, forma parte de una nueva visión política que asume los objetivos más importantes de la sociedad, percibe sus retos principales y traza las modificaciones que reclama su solución. El Estado, desde esta perspectiva, cambia para mantener su capacidad de defensa de nuestra soberanía y, en lo interno, con el fin de ser conductor de la sociedad hacia sus objetivos fundamentales. El Estado se reforma para adecuarse a la evolución histórica de nuestro país.
Como en otras etapas de nuestra vida contemporánea, a partir del proceso de industrialización, en la década de 1940, el Estado tuvo un papel fundamental en el proceso de desarrollo. Por medio de un extenso marco regulatorio se fomentó la industria nacional en un contexto externo en el que estaban limitados los flujos de capital disponibles para un país en desarrollo como el nuestro por lo que la capacidad de importar era reducida. Por ello, se decidió aprovechar los escasos recursos disponibles para importar bienes de capital y desarrollar la producción nacional de bienes de consumo. Al mismo tiempo, se apoyó el crecimiento del sector empresarial y la capacitación de la mano de obra.
A principios de la década de los 70 la estrategia anterior mostró signos de agotamiento; la tasa de crecimiento de la economía y la generación de empleos comenzaron a disminuir. Para atender estas demandas, se reforzó aún más la participación directa del Estado en la economía. Esta decisión coincidió con un cambio importante en el entorno internacional. A raíz del reciclaje de los excedentes de los países exportadores de petróleo, se generó un aumento en la oferta de fondos prestables en los mercados internacionales. Nuestro país, y especialmente el sector público, tuvo acceso a una mayor disponibilidad de ahorro externo que permitió financiar un mayor gasto público. Los descubrimientos petroleros posteriores y el creciente acceso a los mercados internacionales de capital permitieron consolidar la presencia del Estado en diversos sectores de la economía. Esta estrategia, apoyada en niveles crecientes de gasto público, dio lugar a un ensanchamiento del desequilibrio fiscal. Sin embargo, ante la dificultad para financiar con ahorro interno el déficit fiscal, el sector público hubo de recurrir al financiamiento inflacionario y al endeudamiento externo. Así, el creciente debilitamiento de las finanzas públicas se reflejó en una mayor vulnerabilidad de la economía nacional.
En 1982, al cambiar el entorno externo y al cerrarse los mercados de capital, se precipitó una severa crisis que limitó la capacidad del Estado para apoyar un sano desarrollo económico. En dichas circunstancias, se volvió impostergable la realización de ajustes fundamentales a la política económica. El esquema anterior, en el que el Estado intervenía directamente en diversos sectores productivos, e indirectamente a través de diversas regulaciones, había agotado sus
posibilidades de contribuir al desarrollo de nuestro país. México y el mundo habían cambiado y era fundamental reconsiderar las relaciones entre el Estado y la sociedad en el marco de la nueva realidad.
En lo interno, la existencia de un amplio aparato regulatorio y la política de subsidios inhibía la competencia y el mejoramiento de la eficiencia productiva. Además, el Estado estaba presente en un elevado número de actividades, aunque no contaba con los recursos necesarios para llevar a cabo las inversiones necesarias que garantizaran cierto nivel de eficiencia en los procesos productivos de las empresas públicas.
En lo externo, la intensidad de la competencia y la velocidad con la que se han desarrollado e incorporado nuevas tecnologías al proceso productivo en el mundo contemporáneo, han marcado una tendencia hacia la globalización de las economías. Al ampliarse los mercados, es posible aprovechar las economías de escala y abatir los costos, incorporando los insumos de mejor calidad y menor precio que ofrece el mercado mundial. Para que nuestra economía pudiese progresar en ese ambiente, se volvía urgente la necesidad de alcanzar los niveles de productividad y competitividad que prevalecen en dicho mercado.
La transformación del aparato productivo, sin embargo, requería destinar a la inversión recursos en montos que superaban a la capacidad de ahorro interno, más aun cuando la economía se encontraba en una situación en la que se realizaban transferencias netas de recursos al exterior. Otro factor que agravaba esta situación era la inflación, que alcanzaba niveles sumamente elevados, amenazando la viabilidad del aparato productivo y la tranquilidad social.
La superación de los obstáculos internos y externos exigía una nueva estrategia económica que combinara la estabilización económica y el cambio estructural, para inducir de este modo la transformación a nivel de cada una de las unidades productivas. Por el lado macroeconómico, la reversión de los desequilibrios fiscales cumplía un papel prioritario al contribuir a la reducción del saldo de la deuda y a limitar la presión de las finanzas públicas sobre la demanda agregada. En ambos elementos habría de apoyarse el abatimiento de la inflación. Además, con la reducción del débito público se liberaron recursos presupuestales para atender mejor las necesidades de gasto social. Con respecto a la reforma estructural, se adoptaron medidas en el ámbito fiscal, el sistema financiero, la apertura comercial, la desregulación, y la desincorporación de empresas públicas, así como reformas al campo y al sistema educativo. En esta estrategia también habría de desempeñar un papel medular las acciones encaminadas al combate a la pobreza y la propia concertación de la política económica entre todos los sectores sociales. Desde luego, esta reforma no intentaba relegar al Estado como promotor del desarrollo, sino por el contrario, al concentrar los escasos recursos del erario en los rubros de gasto con mayor impacto social se buscó enfocar la acción pública hacia el logro de sus objetivos últimos: elevar el nivel de vida de la población, en un marco de justicia social.
Para entender las razones que dieron lugar a una lucha tenaz y perseverante contra la inflación durante los últimos cinco años, cabe recordar que en un contexto inflacionario es común observar cómo el poder adquisitivo de los salarios se rezaga y el proceso de negociación se centra en la instalación de mecanismos de indización, en vez de atender a la evolución de la productividad como factor determinante de su nivel. Esto provoca que la inflación se asocie con procesos de redistribución regresiva del ingreso. De igual modo, la dificultad para contar con mecanismos que protejan el patrimonio de las clases de recursos modestos, permite que la inflación genere una mayor concentración de la riqueza.
La inflación, al incrementar la volatilidad de los precios relativos, también interfiere con la eficiencia del mercado como mecanismo de asignación de recursos. Los ahorradores, al perder la confianza en el sistema financiero, disminuyen el volumen de recursos que ponen a disposición de los inversionistas. Estos últimos, a su vez, al enfrentar mayores dificultades para evaluar los costos y beneficios de su inversión, particularmente la de largo plazo, tienden a distraer recursos de las actividades productivas para destinarlos a la especulación. Lo anterior ocasiona que el crecimiento económico se debilite durante los episodios de más aguda inflación. No es casual que el período de inflación de la década de los 80, uno de los más agudos de nuestra historia, haya coincidido con un prolongado estancamiento de nuestra economía.
Otro punto focal de la estrategia económica durante los últimos cinco años ha sido la reducción del nivel de la deuda pública y de su servicio con el objeto de disminuir la transferencia de recursos al exterior y destinarlos a la inversión productiva. Para lograr la disminución del peso de la deuda externa sobre la economía, se plantearon los siguientes objetivos fundamentales: abatir la transferencia de recursos al exterior hasta alcanzar niveles compatibles con la capacidad de pago de la economía; disminuir el valor
de la deuda histórica acumulada reduciendo el valor real de la deuda y su proporción con respecto al producto interno bruto; asegurar recursos netos durante un período lo suficientemente largo; y ampliar el plazo de vencimiento de la deuda, de modo que se prescindiera de la necesidad de negociaciones recurrentes, las cuales afectaban adversamente la confianza de los inversionistas.
La disminución de la inflación y la reducción de la transferencia de recursos al exterior son condiciones necesarias, pero no suficientes, para retomar la senda del crecimiento sostenido. Era necesario, asimismo transformar la economía para canalizar los recursos a los sectores más productivos desde el punto de vista económico y social. El cambio estructural requerido entraña innovación y adaptación tecnológica, nuevas experiencias en la organización del trabajo y en las formas de asociación para la producción. En síntesis, más productividad y competitividad, así como una mayor dedicación, tanto en aquellas áreas en las que somos comparativamente mejores, como en aquéllas en las que estamos rezagados. Pero el cambio y la modernización requieren un Estado eficiente para atender sus obligaciones legales y sus compromisos con la población; un Estado capaz de generar las condiciones para que surja un aparato productivo competitivo en el exterior, así como un sistema claro de reglas económicas que aliente la creatividad productiva y la imaginación emprendedora de un número cada vez mayor de mexicanos.
Dentro del marco de las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad y ante la necesidad imperiosa de elevar el nivel de vida de la población, en el Plan Nacional de Desarrollo 19891994 se propusieron tres líneas en las que se apoyaría la estrategia para la política económica general:
a) estabilización continua de la economía, b) ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión productiva, y c) modernización económica. De estas líneas se derivan ocho metas que guiaron las acciones de política económica en estos años. Ellas son:
i) Estabilidad de precios
ii) Protección del poder adquisitivo de los salarios y el nivel de empleo
iii) Recuperación de la economía
iv) Saneamiento de las finanzas públicas
v) Reducción de las transferencias de recursos al exterior
vi) Ejecución prioritaria de los programas de gasto social y combate a la pobreza extrema
vii) Promoción de la eficiencia productiva y de los procesos de desregulación y apertura comercial
viii) Fomento del ahorro y de una eficiente intermediación financiera
1.2 RESULTADOS
1.2.1 Estabilidad de precios
Estamos cerca de lograr la meta que nos propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo 19891994, que consiste en alcanzar niveles de inflación similares a los de nuestros principales socios comerciales. La inflación, que al inicio de esta administración alcanzaba una tasa anual de 51.7%, se espera sea del 7.7% al final del presente año (Gráfica 1). Este resultado corresponde al nivel de inflación más bajo de las últimas dos décadas.
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La disminución del ritmo inflacionario, ademas, ha adquirido un carácter mas permanente, lo que se comprueba al observar los diversos factores que determinan el comportamiento de los precios al consumidor final. Por una parte, el Índice Nacional de Precios al Productor, que refleja de manera mas fiel la evolución de los costos de los insumos productivos, ha registrado tasas de crecimiento inferiores a las del Índice de Precios al Consumidor (Gráfica 2 En octubre de 1993, el incremento anual del INPP e INPC fue de 5.24% y 9.14%, respectivamente. Puede afirmarse que las empresas han dejado de absorber presiones inflacionarias vía sus costos de producción.
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Otro indicador de la solidez del proceso de reducción inflacionario se refiere a la disminución de la volatilidad de los precios relativos. Este fenómeno puede interpretarse como resultado de haberse aproximado a niveles de equilibrio de los precios relativos, luego de los ajustes directos a los precios mas importantes para eliminar distorsiones y subsidios, y la respuesta a éstos del resto de los precios relativos en la economía. Un tercer factor que confirma la consolidación de la estabilidad de precios es el hecho de que en la actualidad prácticamente todos ellos se fijan libremente. Así, a lo largo de los últimos años se han eliminado las condiciones que daban lugar al fenómeno de la inflación reprimida. Por último, cabe hacer notar que el índice de abasto de los bienes que componen la Canasta Básica virtualmente alcanzó el nivel de 99%, que se identifica con una situación de pleno abasto (Gráfica 3). Al haberse superado instancias de escasez de algunos bienes, se eliminaron las condiciones que podrían provocar incrementos significativos de precios..
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1.2.2 Protección del poder adquisitivo de los salarios y el nivel de empleo
Durante los pasados cinco años, de manera paralela a la estabilización de los precios, ha sido posible incrementar gradualmente el poder adquisitivo de los salarios y el nivel de empleo. En el período comprendido entre 1989 y junio de 1993, el salario promedio de cotización al IMSS--que constituye el indicador mas amplio de las percepciones de los trabajadores en todas las ramas de actividad económica registró un incremento acumulado de 19% real (Gráfica 4).
Desde luego, el incremento no ha beneficiado de manera similar a todos los trabajadores. En los sectores productivos mas dinámicos y en las empresas que han concluido su proceso de conversión, el incremento en las percepciones de los trabajadores ha sido mayor, mientras que en los sectores que iniciaron la reconversión mas tarde y sus necesidades de cambio han sido mas profundas, los trabajadores no se han beneficiado cabalmente de la nueva estrategia. También debe reconocerse que, al inicio de mi administración y debido a la crisis de la década anterior, el poder adquisitivo de los salarios se había erosionado fuertemente y su nivel era relativamente bajo. Sin embargo, como resultado de la actual política, la tendencia se ha revertido. Hoy los incrementos en el poder adquisitivo de los salarios se sustentan en aumentos de productividad. Así, ahora es posible conciliar incrementos salariales con estabilidad de precios, lo que se traduce en un crecimiento sostenible del bienestar de los trabajadores.
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Es preciso reconocer también que en los últimos años el poder adquisitivo del salario mínimo continuó rezagándose, aunque a un ritmo inferior al observado en los periodos de alta inflación del pasado. Por otra parte, el porcentaje de la población ocupada que percibe hasta un salario mínimo se ha reducido, siendo actualmente sólo de 13.2%. Además, en algunos sectores donde se concentran trabajadores que perciben un solo salario mínimo éstos cuentan con fuentes adicionales de ingreso; tal es el caso de los empleados en restaurantes, gasolineras y talleres mecánicos. En vista de lo anterior, la evolución de este indicador no tiene ya la representatividad que tuvo en épocas anteriores. No obstante, las medidas incluidas en la última renegociación del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, mismas que se comentan más adelante, reafirman el compromiso de sociedad y Gobierno por seguir realizando esfuerzos en favor de la protección y recuperación de las percepciones reales de los trabajadores de más bajos ingresos. Con las medidas adoptadas a raíz de la firma del pacto, se ha logrado revertir la tendencia, consiguiendo así iniciar la recuperación real del poder adquisitivo del salario mínimo.
La reactivación de la economía desde el inicio de mi administración también se ha traducido en un mercado laboral más vigoroso. El empleo en el sector formal de la economía medido por el número de asegurados permanentes con categoría de asalariados que registra el IMSS aumentó 29.6% entre 1989 y 1992. Como en el caso de los salarios, la expansión del empleo no ha sido homogénea en todas las ramas productivas
ni ésta ha sido similar en todos los años. Aún así, es posible afirmar que los beneficios de la actual estrategia han podido distribuirse en forma más equitativa, al incrementarse la capacidad del sector productivo de absorber mano de obra en forma permanente.
1.2.3 Recuperación de la economía
Durante el período 1989 - 1992, la tasa de crecimiento de la economía ha sido mayor a la de la población, y se han sentado bases firmes para alcanzar niveles de crecimiento mayores a los actuales, gracias a las reformas y acciones realizadas durante los últimos años. Sin embargo, recientemente nuestro crecimiento ha sido inferior a lo deseable, particularmente en el presente año. Debe enfatizarse que ello no es muestra de debilidad económica, sino por el contrario, es resultado de una transformación económica más profunda y extensa de la originalmente prevista (Gráfica 5).
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La modernización emprendida en la economía ha implicado la sustitución de antiguos procesos productivos, administrativos y de otros ordenes por procedimientos modernos en una amplia gama de sectores, ramas y empresas. Las diferentes estrategias aplicadas en cada caso, el tiempo de inicio de la transformación y la naturaleza misma de cada actividad productiva, han implicado avances distintos en el conjunto de la economía, lo que ha significado diferentes grados de competitividad, inversión y generación de empleos, por lo que el proceso de cambio se ha manifestado de manera diferente en cada caso particular.
En el corto plazo, sin embargo, este proceso de modernización se refleja para la economía en su conjunto en menor dinamismo, tanto de la producción como del empleo. A su vez, la creación de empleo a un ritmo relativamente más lento, ha provocado una estabilización en el nivel de consumo de las familias. Durante 1993, se estima que este sea virtualmente igual al del ano anterior. El comportamiento de las ventas y la propia reconversión de las empresas, también han provocado situaciones de escasa liquidez en ciertos sectores, lo cual contribuye a la perdida de dinamismo ya mencionada.
Otro factor que ha afectado la evolución de la economía mexicana es la debilidad del crecimiento de los países industrializados y, en particular, el de aquéllos con los que México mantiene un comercio más intenso. En el contexto actual, la falta de dinamismo de la demanda por nuestras exportaciones ha afectado adversamente los niveles de producción y empleo.
No obstante lo anterior, la inversión ha crecido, en promedio, a una tasa de 10.4% anual en los últimos cuatro años y su componente privado a 13.4%. Por otra parte, la productividad de la mano de obra continúa registrando incrementos positivos. En el caso del sector manufacturero, este concepto alcanzó tasas de crecimiento anuales superiores al 5% a lo largo de mi administración. Las exportaciones no petroleras, por su parte, de 1989 hasta agosto de 1993, han crecido a un ritmo ocho veces superior a la tasa de expansión de nuestros principales socios comerciales. Así nuestra economía ha mejorado sus perspectivas de crecimiento sano y sostenible.
Es preciso recordar que en el diseño de la política económica se debe de proceder sin rebasar la disponibilidad de recursos resultante del aumento gradual de la actividad económica. Un crecimiento con precipitaciones favorecería la aparición de cuellos de botella o estrangulamientos del aparato productivo; la infraestructura seria insuficiente y como resultado resurgiría la inflación y reaparecerían crisis semejantes a las padecidas en años anteriores, fenómenos que se han erradicado mediante un prolongado esfuerzo por parte de la sociedad.
1.2.4 Saneamiento de las finanzas públicas
La estabilidad en el nivel de precios y el establecimiento de una base sólida de crecimiento, se han sustentado en un estricto control de las finanzas públicas. Durante mi administración se adoptó una política de ingresos que permitiera el financiamiento sano de las actividades del sector público, así como una política de gasto público que determinara el nivel de las erogaciones de acuerdo con la disponibilidad de financiamiento no inflacionario.
El ajuste en las finanzas públicas tiene pocos precedentes en la historia de las economías occidentales de posguerra, al pasar de un déficit financiero de alrededor de 17% del PIB en 1982 a uno de 12.5% en 1988, y a un superávit financiero, por primera vez en la historia reciente de México, de 0.5% del PIB en 1992. Estas cifras excluyen los ingresos provenientes de la venta de las empresas del sector público, por ser de naturaleza no recurrente. Además, ha sido posible mantener un manejo disciplinado de las finanzas públicas, así como alcanzar las metas programadas, a pesar de enfrentar un ambiente externo desfavorable, caracterizado por un debilitamiento de la economía internacional (Gráfica 6).
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Entre 1988 y 1992, el superávit económico primario pasó de un nivel de 8.1% como proporción del PIB a 5.9%, trayectoria congruente con los planteamientos en materia de política fiscal para eliminar el desequilibrio en las finanzas del sector público. Adicionalmente, esta estrategia estuvo acompañada de un cambio en la estructura de las finanzas públicas, tanto por el lado del gasto como del ingreso (Gráfica 7).
Este proceso, como se explica más adelante, tuvo como principales características la disciplina fiscal, la estabilidad macroeconómica, la reforma tributaria, la estrategia de precios del sector público, el redimensionamiento del Estado y la política de desendeudamiento.
En materia de ingresos, el objetivo fundamental ha sido fortalecer las fuentes estables de recursos, y propiciar la eficiencia productiva. Las acciones en esta materia se han orientado hacia la reducción de las tasas impositivas y la ampliación de la base gravable, junto con la determinación de una estructura de precios públicos basada en criterios de competitividad a nivel internacional. Como resultado de esta modernización, a pesar
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de la reducción en las tasas, los ingresos tributarios no petroleros se estima que alcancen un incremento de 34% real entre 1988 y 1993.
Durante los últimos años los ingresos petroleros han disminuido como proporción del PIB. Ello se explica, fundamentalmente, por el hecho de que el volumen de exportaciones petroleras se ha mantenido relativamente estable, que el precio internacional del petróleo en 1993, es similar al que prevalecía al inicio de mi administración y que, por otra parte, el PIB registró un crecimiento a lo largo de este período. De esta manera, el valor de las ventas externas de Pemex como proporción del PIB han disminuido. Por su parte, los ingresos del sector paraestatal controlado diferente de Pemex, también han reducido su participación dentro del producto; sin embargo ello es consecuencia del redimensionamiento del sector público.
El gasto público presupuestal registró entre 1988 y 1992 una reducción de 14.6 puntos porcentuales como proporción del PIB; el 92.5% de esta caída estuvo determinada por la disminución del pago de intereses. Por su parte, el gasto primario presupuestal que excluye el pago de intereses, mostró una caída de 1.2 puntos porcentuales en relación con el PIB, lo cual se explica por diversos factores: la racionalidad en el manejo de la política de gasto, así como las menores erogaciones por la desincorporación de entidades del sector público. En contrapartida, se avanzó en el cambio cuantitativo y cualitativo de la estructura del gasto público, que favoreció a las erogaciones destinadas al desarrollo social.
En 1988, el pago de intereses representaba el 17.7% del PIB, mientras que en 1992 ascendió a 4.3%, y se estima que para este año será de 3.1%. Esta menor carga, además de su impacto sobre las finanzas públicas, ha permitido liberar recursos que se han canalizado al gasto social y a la creación de infraestructura básica en salud, educación, ecología y vivienda, beneficiando más a los que menos tienen. En 1988, por cada peso de pago en intereses, sólo 36 centavos se destinaban al gasto social; hoy en día, por cada peso que se gasta en el servicio de la deuda, se destinan más de tres pesos a las necesidades más apremiantes de la población.
El saneamiento de las finanzas públicas y la cancelación de deuda interna producto de la aplicación de los recursos provenientes de la privatización de las empresas públicas se tradujeron en avances significativos en lo que respecta a la reducción del saldo histórico de la deuda pública, que se había constituido en una restricción a la estabilidad y el crecimiento. Los resultados de la política de deuda han sido favorables, de forma que la proporción de la deuda pública externa con respecto al PIB ha disminuido de 46.8% en 1988 a un valor estimado de 21.9% al cierre de 1993. Por su parte, en materia de deuda interna, se ha llevado a cabo una reducción sin precedente, al pasar de un nivel de 27.9% del PIB en 1988 a sólo 10.9% estimado al cierre
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de 1993. La deuda neta total consolidada con el Banco de México, representaba en 1988 el 68.3% del PIB, y para el mes de diciembre de 1993 se calcula que alcance sólo 21.0% (Gráfica 8).
Desde un punto de vista presupuestal, la adecuación fiscal y el proceso de privatización de las empresas han sido el eje para alcanzar finanzas públicas sanas y para que el Gobierno recuperara su papel en la solución de las prioridades fundamentales: atención a las demandas sociales, infraestructura física básica y procuración de justicia.
1.2.5 Reducción de las transferencias de recursos al exterior
La significativa transferencia de recursos al exterior que realizaba la economía mexicana a partir de la crisis de 1982, era un factor que dificultaba alcanzar las metas de estabilidad y crecimiento. En lo que respecta a la estabilidad macroeconómica, el elevado servicio de la deuda externa complicaba el manejo de la política económica, ante la necesidad de realizar depreciaciones continuas de la paridad cambiaría para inhibir el gasto en bienes y servicios del exterior y, así liberar divisas para el pago de los intereses externos. En materia de crecimiento, esta situación ocasionaba que parte del ahorro interno fuera dirigido al exterior, lo que limitaba el proceso de inversión. Entre 1983 y 1988, se efectuaron transferencias netas al exterior por montos equivalentes a un promedio del 5.8% del PIB anualmente.
Al inicio de la actual administración, la reversión de la transferencia de recursos al exterior se constituyó en una premisa fundamental para sentar las bases de la estabilidad y el crecimiento sostenido. Así, en 1989 se alcanzó un acuerdo con la banca acreedora que permitió reducir de manera significativa el servicio de la deuda y romper con esta restricción.
A partir de entonces, se realizaron modificaciones a la reglamentación en materia de captación de capital foráneo en los mercados financieros. Como resultado de la renegociación de la deuda externa pública y de la mayor confianza de los inversionistas, la transferencia de recursos al exterior medida como el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos antes del pago de intereses se revirtió, y en el período 19891992 México ha recibido recursos netos del exterior por un monto anual promedio equivalente a 2.0% del PIB. Queda claro que al renegociar la deuda no sólo hemos dejado de enviar recursos al exterior, sino que ahora captamos ahorro externo para financiar el importante aumento de la inversión de los últimos años (Gráfica 9).
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Como resultado de convertirse México en un receptor neto de recursos del exterior, se pasó de un superávit a un déficit en la cuenta corriente. En contrapartida se ha observado un comportamiento muy favorable en la cuenta de capital, al pasar de un déficit de 1 mil 448.5 millones de dólares en 1988 a un superávit de 25 mil 954.9 millones en 1992, por lo que el financiamiento de la cuenta corriente se realizó de manera satisfactoria y, además fue posible aumentar el saldo de las reservas internacionales (Gráfica 10).
Destaca la creciente participación de la inversión extranjera como fuente de recursos externos, al registrar un monto de 18 mil 919.0 millones de dólares en 1992, superior en más de siete veces al observado en 1988.
El saldo positivo en la cuenta de capital es el resultado de los cambios que ha experimentado la economía mexicana a nivel macroeconómico y estructural, entre los que destacan la estabilidad económica, la posibilidad de recurrir de nueva cuenta a los mercados voluntarios internacionales de capital, el otorgamiento de rendimientos atractivos a la inversión, directa y de cartera, la desregulación a la entrada de recursos foráneos al mercado de capitales y dinero, y las adecuaciones al marco regulatorio de la inversión extranjera (Gráfica 11).
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La economía mexicana, al igual que la de otras naciones en vías de desarrollo, por su escasez relativa de capital, deberá mantener un déficit en la cuenta corriente por un período de varios años, en virtud de la necesidad de complementar al ahorro interno con inversión extranjera directa, así como con flujos de capital financiero provenientes del exterior. La brecha en el saldo de las cuentas con el exterior disminuirá en la medida en que aumente el acervo de capital en la economía junto con el proceso de modernización tecnológica, lo cual a su vez dará un impulso a las exportaciones.
1.2.6 Ejecución prioritaria de los programas de gasto social y combate a la pobreza
Al iniciarse la presente administración, el Plan Nacional de Desarrollo 19891994 planteó la necesidad de reformar al Estado para hacerlo más eficiente, más ordenado, más justo, más solidario y menos propietario, con el propósito fundamental de incrementar su capacidad para atender sus responsabilidades prioritarias. En consecuencia, la política de gasto público también se sujetó a un proceso de reforma para reorientar sus objetivos, con énfasis en tres vertientes fundamentales: la determinación del nivel de gasto, su asignación entre diferentes sectores y programas, y la estricta disciplina y control en su ejercicio.
A partir de los espacios presupuestales generados por el desendeudamiento del sector público, los menores pagos de intereses y la reorientación selectiva del gasto, se han canalizado recursos crecientes para el desarrollo social sin comprometer los objetivos de estabilización y saneamiento de las finanzas públicas. Se estima que en 1993, el gasto en desarrollo social tendrá un crecimiento de 10.7% real con respecto a 1992. Con esto, su participación con respecto al producto será de 9.5% en este año. A su vez, su participación dentro del gasto programable sectorial se habrá incrementado de 33.2% en 1988, a más de la mitad en 1993.
Es de señalar que el gasto presupuestal en educación para 1993 es superior en 75.7% real al de 1988; el de salud acumula, en igual período, un crecimiento real de 68.2%; mientras que el de desarrollo urbano, ecología y agua potable se ha incrementado en 39.3% real en el transcurso de los últimos cinco años. Al agregar los programas que han realizado el Departamento del Distrito Federal y las entidades bajo control indirecto presupuestal en estos sectores, los incrementos se elevan a 90%, 79% y 65% respectivamente. Con ello, durante el período de referencia, el conjunto del gasto en desarrollo social alcanza una tasa de crecimiento real del orden del 85%.
Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de la República durante los últimos cinco años ha sido establecer las condiciones que permitan el mejoramiento del nivel de vida de la población, especialmente los grupos de menores recursos.
Las transformaciones en el ámbito de acción del Estado han tenido como eje la justicia social; prueba de ello es que en 1993 más de la mitad del gasto programable del sector público federal se habrá canalizado al desarrollo social.
Solidaridad
El Programa Nacional de Solidaridad forma parte importante de la política social, y basa su funcionamiento en la participación organizada de la comunidad. A través de este programa se han logrado eliminar obstáculos que afectan el bienestar de las familias, al promover la capacidad de las instituciones y de las comunidades para atender las necesidades esenciales.
Por medio de solidaridad se han fortalecido las acciones que atienden aspectos relacionados con alimentación, salud, educación, vivienda, así como servicios públicos e infraestructura en las zonas rurales y urbanas marginadas. Asimismo, se ha promovido la preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad, por ser fundamentales para un desarrollo sustentable a futuro. Las acciones de este programa se suman al esfuerzo nacional para superar la pobreza en sus causas y consecuencias.
Los principios y métodos de trabajo establecidos en solidaridad han dado lugar a una nueva participación de la sociedad y a una renovada gestión pública, que responde a la iniciativa organizada de la comunidad. Este proceso ha permitido incrementar la eficacia y la eficiencia de las acciones para elevar el bienestar social. En este sentido, destacan la obra pública y los proyectos productivos llevados a cabo con solidaridad, que ha logrado un amplio consenso social y una alta racionalidad en su ejecución.
Mediante este programa, se han apoyado con importantes recursos acciones bajo la responsabilidad directa de los gobiernos estatales, municipales y de la población, fortaleciendo el federalismo y los mecanismos de coordinación y concertación, al dotarlos de flexibilidad y adecuarlos a la pluralidad de las regiones y comunidades.
Las acciones emprendidas en los últimos cinco años han logrado notables avances en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de escasos recursos.
En los últimos cinco años, las acciones realizadas por solidaridad han estado respaldadas por un crecimiento sustancial de los recursos que se le destinan dentro del presupuesto federal. En efecto, el presupuesto de este programa se ha incrementado en 205.5% real de 1989 a 1993. Los recursos federales asignados a solidaridad han sido complementados con aportaciones, en dinero y trabajo, de los gobiernos estatales, municipales y de la población beneficiada, lo cual ha permitido alcanzar los resultados descritos.
RESULTADOS DE SOLIDARIDAD
Obra pública
Se ha ampliado la cobertura del servicio de agua potable para 13.5 millones de habitantes.
Se ha beneficiado con el servicio de drenaje a 11.5 millones de mexicanos.
Se ha dotado de electricidad a más de 16 millones de personas.
Con la participación de los colones, se ha pavimentado 31.7 millones de metros cuadrados de calles y avenidas.
Salud
Se han realizado obras en beneficio de más de 8.5 millones de personas en todo el país.
Se ha elevado la calidad del servicio que prestan 193 hospitales.
Programa Escuela Digna
Casi 111 mil escuelas de nivel básico han sido mejoradas y rehabilitadas para la formación de más de 15 millones de educandos.
Se han construido más de 70 mil aulas, laboratorios, talleres y anexos en beneficio de más de 2.6 millones de alumnos.
Programa Niños en Solidaridad
Se han proporcionado más de 5 millones de despensas.
Se han realizado más de un millón de consultas médicas.
Se han otorgado becas económicas a casi 750 mil niños de 29 mil planteles en 30 estados de la República.
Fondos Municipales de Solidaridad
Se ha apoyado con recursos directos al 97% de los municipios del país, los cuales han realizado más de 90 mil obras de fuerte impacto social.
Fondos de Solidaridad para la Producción
Se han apoyado a 753 mil productores en promedio anual y cerca de 3 millones de hectáreas en todo el territorio nacional.
Para capitalizar a los fondos, las recuperaciones de los préstamos a la palabra campesina han permitido crear 423 cajas de ahorro y financiamiento.
Fondos Regionales Indígenas
Se han creado 133 mil productores en promedio anual y cerca de 3 mil 770 proyectos productivos, en 920 municipios de 23 estados de la República.
Empresas en Solidaridad
Se ha estimulado la creación y fortalecimiento de 9 mil 210 empresas que han generado más de 42 mil empleos permanentes.
Otros
Se han entregado más de un millón 800 mil escrituras que han proporcionado seguridad al patrimonio familiar.
Se han puesto en marcha 16 programas de desarrollo regional que operen en 12 estados y casi 400 municipios, en los que habitan más de 9 millones de personas.
Evolución de la Pobreza
La solidaridad comunitaria, la política de gasto social y la política económica en general han permitido que un mayor número de mexicanos hayan superado la condición de pobreza extrema. Esto significa, a pesar de los retos presentes, que en la actualidad un mayor número de personas hayan mejorado sus niveles de alimentación y sus condiciones de bienestar en cuanto a la satisfacción de otro tipo de necesidades básicas.
En años recientes se han intensificado los esfuerzos por disponer de información sobre la pobreza, sustentada en bases metodológicas que permitan la comparabilidad temporal y regional, y que coadyuven en el diseño de políticas tendientes a su abatimiento.
En América Latina y el Caribe, la CEPAL ha publicado desde 1979 estudios con objeto de estimar los niveles de pobreza extrema. La metodología que ha sido discutida, acordada y utilizada es la denominada líneas de pobreza.
Esta consiste en determinar los requerimientos nutricionales de la población, tomando en consideración la estructura por edad, sexo, y las actividades físicas que realizan los miembros del hogar con base a las recomendaciones actuales de los organismos internacionales especializados en la materia como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU).
Con base en estos elementos se construye una canasta básica de alimentos cuya composición cubre las necesidades nutricionales de la población, considera sus hábitos de consumo, la disponibilidad de la canasta y el precio de la misma. Al valor monetario se le denomina línea de pobreza extrema. Conforme a los valores de las líneas de pobreza extrema se definen los siguientes grupos poblacionales: i) Hogares en pobreza extrema, cuando el ingreso total del hogar es menor al valor de la canasta alimentaria; ii) Hogares intermedios, cuando el ingreso del hogar es superior al valor de la canasta alimentaria, pero inferior a dos veces dicha cantidad; iii) Hogares con nivel de bienestar superior al intermedio, cuando el ingreso del hogar es mayor a dos veces el valor de la canasta alimentaria (Gráfica 12).
El marco conceptual utilizado garantiza la congruencia metodológica y permite obtener información veraz y real sobre la situación de la pobreza. Así, el INEGI y la CEPAL realizaron conjuntamente un estudio para actualizar el conocimiento de la magnitud y evolución de la pobreza en México, tomando como base a los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares para los años de 1984, 1989 y 1992.
Los resultados dados a conocer en el documento "Informe sobre La Magnitud y Evolución de la Pobreza en México, 1984 - 1992", en octubre de 1993 son alentadores. Entre 1989 y 1992, el número de mexicanos en situación de pobreza extrema se redujo de 14.9 a 13.6 millones de personas. El porcentaje de hogares en esta situación disminuyó en 16.3% (de 14.1% a 11.8% del total). Lo anterior se presentó a pesar de un elevado ritmo de crecimiento poblacional, ya que pasó de 79 a 84 millones de habitantes y de que el incremento poblacional fue mayor en las zonas marginadas.
Los resultados en materia del combate a la pobreza extrema indican una reversión de la tendencia observada entre 1984 y 1989, período en
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que la población en condiciones de pobreza extrema aumentó 6.3% anualmente. Cabe destacar que de haberse mantenido el comportamiento registrado entre 1984 y 1989, la pobreza extrema había alcanzado a 17.9 millones de personas en 1992. De esta manera, en los primeros cuatro años de mi administración el esfuerzo realizado evitó que 4.3 millones de mexicanos fueran afectados por el flagelo de la pobreza extrema.
Por otro lado, el porcentaje de la población con un nivel de bienestar superior al intermedio aumentó de 60.7% en 1989 a 64.2% al cierre de 1992. Lo anterior muestra que un mayor número de mexicanos han logrado satisfacer sus necesidades básicas y también han dispuesto de ingresos para acceder a una alimentación adecuada y a otro tipo de bienes y servicios (Gráfica 13).
1.2.7 Promoción de la eficiencia productiva y de los procesos de desregulación y apertura comercial
Elevar la eficiencia del aparato productivo nacional requiere facilitar al productor la adquisición de insumos y tecnologías, así como propiciar la libre concurrencia de los factores. Por ello, dos pilares de la promoción de la eficiencia productiva han sido las políticas de apertura y desregulación, que son tareas simultáneas y mutuamente complementarias.
Por un lado, gracias a la apertura los productores han podido aumentar su eficiencia, al contar de manera permanente con insumos de calidad y precio internacional, lo que estimula la confianza y el incentivo para invertir en capital fijo y formular nuevos proyectos a largo plazo.
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Igualmente, la apertura ha desestimulado la producción en sectores en los que difícilmente se podía competir con estándares internacionales y ha contribuido a la reasignación de los recursos hacia las actividades con alto potencial competitivo tanto en el mercado interno como en el externo.
La desregulación, por su parte, también ha sido un pilar fundamental para la competitividad. Tras la apertura comercial y el redimensionamiento de la participación del Estado en la economía, aparecieron una gran cantidad de regulaciones obsoletas, herencia de una economía cerrada, que obstaculizaban la libre concurrencia y elevaban los costos de transacción. Por ello, se inició un amplio programa de desregulación que revisara aquellas disposiciones jurídicas que, sin razón actual, obstaculizaban el surgimiento de iniciativas y la expansión de las capacidades potenciales de los sectores económicos.
Los efectos de la tarea desreguladora son hoy evidentes en un mejor clima para el desempeño de la actividad productiva nacional. Por un lado, la desregulación, al actuar sobre sectores vitales para el conjunto de la economía, ha disminuido los costos de transacción de las empresas y las ha hecho más competitivas. Asimismo, al abrir, con reglas claras, nuevas áreas de concurrencia a los particulares, ha estimulado los flujos de inversión y la creación de empleos. Además, al atacar secuelas oligopólicas y monopólicas del modelo de sustitución de importaciones, que perjudicaban con sus prácticas a los segmentos de menores ingresos, ha tenido también un efecto sobre el bienestar de las mayorías.
La política comercial y de desregulación ha interactuado con la política macroeconómica y con el esfuerzo de modernización de la base productiva del país, y se ha orientado a fomentar las exportaciones no petroleras; a continuar con la eliminación de las distorsiones provenientes de las restricciones no arancelarias al comercio; a garantizar el acceso de nuestras exportaciones a los mercados mundiales; y a buscar que la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y el acceso a recursos externos contribuyan al desarrollo del país.
En los años recientes, las exportaciones no petroleras han crecido a tasas significativamente superiores a las observadas bajo el esquema de sustitución de importaciones y la participación de este tipo de exportaciones, en relación con el producto interno bruto, casi se triplicó entre 1982 y 1992, al pasar de 4% a casi 12% del producto. En particular, las exportaciones manufactureras han mantenido una tasa de crecimiento promedio anual de alrededor del 15%.
Mientras que en 1982 el 75% de las exportaciones totales eran productos petroleros y sólo el 13% correspondía a manufacturas, en 1992 el 51% de las exportaciones fueron manufacturas y sólo el 25% eran petroleras. Se espera que en 1993 el 62% de las exportaciones sean manufacturas, y el 26.1% se compongan de petróleo (Gráfica 14).
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Hasta 1992, las importaciones crecieron a tasas muy elevadas, especialmente en los renglones de bienes intermedios y de capital. Las empresas han estado renovando sus instalaciones y sus procesos de producción, y se están integrando en forma creciente a las del resto del mundo. Así, en el transcurso de la actual administración, aunque las ventas al exterior de bienes manufacturados aumentaron satisfactoriamente, su ritmo de crecimiento fue más lento que el de las importaciones. Sin embargo, el desfasamiento entre la tasa de crecimiento de ambos factores fue consecuencia del período de maduración de las inversiones, es decir, el tiempo que va de la instalación de nueva tecnología a la exportación como resultado de este proceso de modernización (Gráfica 15).
Gráfica 15
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Con la apertura comercial, los beneficios potenciales de la inversión extranjera aumentan considerablemente, convirtiéndose en un complemento natural a la inversión nacional. Los beneficios principales de una fuerte inversión extranjera consisten en la generación de empleos permanentes y bien remunerados; la provisión de recursos frescos para el sano financiamiento de las empresas; la aportación de tecnologías modernas a la planta industrial; y finalmente, el aliento al esfuerzo exportador del país. Durante el período 1989 - 1993 se ha promovido la inversión extranjera mediante la adopción de una política económica que brinda confianza en el país,. al mismo tiempo que se emprendió un esfuerzo de simplificación de reglamentos, normas y tramites que inciden en el establecimiento y expansión de la inversión extranjera.
Gracias a esta política de promoción, la inversión extranjera en México ha observado un sostenido dinamismo y el monto captado en lo que va del sexenio, hasta septiembre de 1993, asciende a más de 34 mil millones de dólares, lo que supera en 41.9% la meta sexenal inicial de 24 mil millones de dólares (Gráfica 16).
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Este dinamismo le ha permitido al país colocarse como uno de los diez primeros receptores de inversión Extranjera a nivel mundial, y como el primero en la categoría de países en desarrollo (Gráfica 17).1
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1.2.8 Promoción del ahorro y de una eficiente intermediación financiera
El sistema financiero ha experimentado cambios importantes como resultado de las reformas introducidas y el saneamiento de las finanzas públicas. Ello ha hecho posible que un mayor porcentaje de la población ahora tenga acceso a los mercados formales de ahorro y crédito, y al mismo tiempo que se hayan incrementado los recursos canalizados a las actividades productivas del sector privado.
A lo largo de estos cuatro anos y medio, la intermediación financiero (medida como la relación entre el agregado monetario más amplio (M4) y el PIB), se elevó de 34.4% a fines de 1988 a 45.8% al término de 1992. Para el cierre de 1993 se estima que este concepto se ubique en alrededor del 50%. Por otro lado, el financiamiento total al sector privado se expandió en 224.5% real (Gráfica 18).
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La favorable evolución de los mercados financieros ha estado acompañada de una clara tendencia a la baja en el costo del dinero, apoyada en la mayor estabilidad de precios, los menores requerimientos financieros del sector público y los flujos significativos de capital provenientes del exterior. De esta forma fue posible el otorgamiento de rendimientos atractivos al ahorrador, al tiempo que los solicitantes de crédito obtenían cada vez mejores condiciones en los préstamos. Conviene enfatizar que, en este período, las tasas de interés también han reflejado episodios de relativa escasez de recursos y de incertidumbre entre los inversionistas, elevando temporalmente su nivel, en ocasiones incluso de manera significativa. No obstante estos episodios, si se analiza en su conjunto el período de 1988 a 1993, se observa que el costo del financiamiento se ha reducido significativamente. Así, la tasa de interés de los Cetes a 28 días, que constituye uno de los indicadores del mercado de dinero, se redujo de 52.31% en diciembre de 1988 a menos de 13% en octubre de este año. El rendimiento real acumulado en un año también disminuyo de un nivel cercano de 30% en 1988 a tasas cercanas al 6% en la actualidad (Gráfica 19).
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El mercado de valores juega un doble papel en la obtención y canalización del ahorro doméstico y del exterior, ya que a través del mismo hay una asignación directa de recursos y un canal indirecto, al facilitar la concurrencia de empresas mexicanas a los grandes mercados de capitales en el exterior, lo que complementa los recursos internos en el proceso de financiamiento de la inversión. Se han impulsado acciones que facilitan un mayor acceso a los recursos generados por estos mercados a través de apoyo al financiamiento de capital de la mediana empresa, la autorización a empresas financieras para satisfacer sus necesidades de fondeo en el sector bursátil, y el respaldo a actividades y proyectos relacionados con un número mayor de sectores y regiones, como el turismo, la vivienda y la infraestructura.
El sistema financiero, en sus distintas modalidades, instituciones e instrumentos, tiene la responsabilidad de recuperar y acrecentar la captación del ahorro nacional, canalizándolo con eficiencia y oportunidad hacia el sistema productivo. De esta manera, se han realizado las siguientes acciones: fomento de la eficiencia operativa de la banca; revisión de la reglamentación relativa a los distintos intermediarios financieros; y consolidación de un mercado de capitales que apoye cada vez en mayor medida los requerimientos financieros de la inversión. La competitividad también se ha promovido vía reformas al marco regulatorio que estimulan la eficiencia de los intermediarios y, en el caso de la banca, a través de la autorización al establecimiento de nuevos bancos.
1.3 REFORMAS ECONÓMICAS*
Los dos grandes ajustes, el fiscal y el monetario, eran indispensables para continuar avanzando en la estabilización de la economía. Sin embargo,
*En esta sección se mencionan algunas cifras para 1994; si bien estas son estimaciones, se presentan con objeto de hacer congruentes las comparaciones para el período bajo análisis.
tanto la experiencia de México como la de otros países en vías de desarrollo nos ha mostrado que estos ajustes no son condiciones suficientes para promover el crecimiento en un contexto de incertidumbre, distorsiones en los mecanismos y vías formales de distribución de bienes y servicios, y vicios en la formación de precios. Para que el esfuerzo a nivel macroeconómico pueda traducirse en crecimiento sostenido, tiene que apoyarse en profundos cambios institucionales que le den permanencia y credibilidad, y que propicien una participación más activa de los individuos en la vida económica del país. Es por eso que el punto de confluencia entre la reforma macro y la reforma microeconómica es la reforma del Estado, que incluye la modernización del sistema fiscal, del sistema financiero, la apertura comercial, la desregulación y la privatización. También se incluyen en la reforma del Estado la modernización educativa, las reformas al campo, las medidas de promoción de la vivienda y la preservación del medio ambiente.
I.3.1 Reforma tributaria
La modernización del sistema fiscal tuvo como objetivo crear un esquema impositivo más justo y eficiente, para incrementar el ahorro y aumentar la competitividad internacional, sin que ello significara menor recaudación. Esta estrategia de modernización se basó en tres vertientes principales; la primera consistió en una significativa reducción de las tasas máximas del impuesto sobre la renta a las personas físicas y a las empresas, situándolas a niveles similares, y en algunos casos inclusive inferiores, en relación con nuestros principales socios comerciales, creando un marco propicio para la inversión y el crecimiento. En segundo lugar, con la ampliación de la base gravable, se eliminaron privilegios que recibían ciertos sectores en detrimento del resto de la sociedad. En tercer lugar, se vigiló el estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales, mejorando el proceso de simplificación en el pago de impuestos.
La administración tributaria ha mejorado notablemente y ha permitido aumentar la recaudación con menores tasas impositivas. La ampliación de la base gravable y del numero de contribuyentes ha fomentado la equidad vertical y horizontal del sistema fiscal. En efecto, se ha alcanzado una distribución más justa de la carga fiscal entre estratos de ingreso similares, promoviendo una estructura que favorece más a los sectores de menores ingresos. Adicionalmente, se ha logrado la transición gradual de actividades ubicadas en la economía informal hacia la economía formal.
En los últimos cinco años, se han llevado a cabo importantes cambios en materia fiscal, que modificaron la estructura de las tasas impositivas para toda la población. Las medidas que se describen a continuación no incluyen aquellas que fueron acordadas en octubre pasado en la última extensión del Pacto, las cuales se describen en la sección correspondiente.
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REFORMAS TRIBUTARIAS
En 1989 la base del ISR de las empresas se redujo al eliminarse el período de transición de la base vieja a la nueva. Lo anterior significó una reducción aproximada de 21% en la base gravable de las empresas.
La tasa del ISR de las empresas se redujo de 39.2% a 35% (Gráfica 20).
Se eliminó el ISR sobre dividendos.
La tasa máxima del ISR de las personas físicas se redujo de 50% a 35% (Gráfica 20).
A partir de 1991, la tarifa del ISR aplicable al ingreso gravable de las personas físicas se indizó de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor y se estableció un subsidio que en 1992 podía llegar hasta un 50% del impuesto. Asimismo, se redujo significativamente la carga fiscal para aquellos contribuyentes cuyos ingresos no rebasaban el equivalente a cinco salarios mínimos anuales y que no gozan de la excención que otorga la ley a las prestaciones de previsión social.
Se redujo en el ISR la tasa de retención sobre intereses financieros pagados a personas físicas.
Se exentó el ISR la ganancia por la venta de casa - habitación.
Se aumentó el límite de las cuentas personales especiales para el ahorro de 2 salarios mínimos a 30,000 nuevos pesos actualizables.
Se derogó el impuesto al servicio telefónico.
Se derogaron el impuesto sobre aguas envasadas y refrescos, así como el impuesto especial sobre seguros.
Se redujo la tasa del impuesto especial sobre cigarros y tabacos y la tasa del impuesto especial a las bebidas alcohólicas.
Se introdujo un mecanismo que disminuye la tasa del impuesto especial a la cerveza a partir de 1993.
Se redujo la tasa del impuesto sobre adquisición de inmuebles del 10% vigente en 1990 a 2% en 1994.
Se redujo la carga fiscal máxima del impuesto sobre automóviles nuevos del 50% al 17%. Además, se exentaron los vehículos populares.
Se derogó el pago de derechos sobre actividades mineras.
Se redujeron las tasas del IVA del 20% y 15% al 10%.
Se mantuvo en cero por ciento la tasa del IVA aplicable a alimentos procesados y medicinas.
Se expidió el decreto que promueve la creación de empresas integradoras, en el cual se estableció la opción para éstas de tributar bajo el régimen simplificado de personas morales el impuesto sobre la renta por un período de cinco años.
Se derogó el impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección de un patrón, que gravaba la nómina de las empresas a una tasa del 1%.
El alcance de las reformas fiscales permitió lograr los objetivos planteados desde el inicio de la actual administración: se incrementó la recaudación; las tasas impositivas se redujeron; disminuyó el número de gravámenes; se desgravó a los contribuyentes de bajos ingresos; aumentó el número de contribuyentes y la base gravable se amplió; se eliminaron los tratamientos preferenciales; se sustituyeron los incentivos específicos a la inversión por la deducción inmediata; se eliminó la doble tributación doméstica; se avanzó sustancialmente en la negociación de convenios para evitar la doble tributación internacional; se simplificaron los procedimientos; se avanzó en la modernización de la administración tributaria; se reestructuró la administración aduanera y se modernizaron tanto ésta como su legislación; se redujo la evasión y mejoró el cumplimiento fiscal. En consecuencia, actualmente se cuenta con una legislación moderna, que se refleja en un sistema impositivo neutral, equitativo y competitivo en el ámbito internacional.
Cinco años de esfuerzo profundo en materia tributaria han arrojado resultados positivos. Para ilustrarlo bastan dos ejemplos: entre 1988 y 1993, la recaudación tributaria no petrolera habrá acumulado un incremento de 34%, una vez descontada la inflación; además, como proporción del PIB, esta misma recaudación será mayor en 1.4 puntos porcentuales en el período referido, no obstante que el costo recaudatorio de las medidas adoptadas fue equivalente a 3 puntos porcentuales del Producto. Por otra parte, el número de contribuyentes distintos de asalariados registra un aumento superior al 218% al cierre de septiembre de 1993.
En la actualidad nuestro sistema fiscal es considerablemente más competitivo, eficiente y
equitativo. Más competitivo en la medida en que la carga fiscal en México es inferior a la que prevalece en la mayoría de nuestros principales socios comerciales. Más eficiente, puesto que, al disminuir la evasión, se han reducido las divergencias en tasas efectivas de impuestos entre sectores, así como entre cada contribuyente, lo cual permite que sea el sistema de precios el principal medio de asignación de recursos en la economía y no los diferenciales fiscales. Más equitativo, ya que ahora la carga fiscal se distribuye entre mayor número de empresas y de personas.
La administración tributaria ha sido sometida a un intenso proceso de cambios en los últimos años con objeto de complementar el esfuerzo realizado en materia de política tributaria. Lo anterior ha dado como resultado una mejor atención a los contribuyentes a un menor costo operativo.
La administración aduanera se sometió a una profunda reestructuración, al integrarse las aduanas a la administración tributaria a mediados de 1989. De esta manera se estableció la supervisión y evaluación sistemática de la operación de las aduanas; se racionalizó la red y se emitió un manual de procedimientos. Con objeto de mejorar procedimientos, coordinar estrategias e intercambiar información, se mejoraron las relaciones aduaneras, especialmente con los países vecinos. Paralelamente a la reestructuración administrativa, se hizo necesaria una revisión minuciosa de la legislación aduanera. Entre los cambios más importantes se encuentran la adopción del principio de autodeclaración por parte del contribuyente, el establecimiento de un sistema de revisión aleatorio y la eliminación de las disposiciones que permitían tratamientos diferenciales o excepciones fuera de la ley.
La política de precios públicos tuvo como líneas de acción su establecimiento con base en su referencia internacional o costos de producción, y la congruencia con los objetivos de reducción de la dinámica inflacionaria. Además, se procuró que las modificaciones a los precios públicos no introdujeran distorsiones en la estructura de precios relativos de la economía, de tal forma que en su determinación rigieran criterios de eficiencia. Asimismo, la política de precios y tarifas públicas ha sido congruente con el saneamiento financiero y una mayor eficiencia de las empresas paraestatales.
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I.3.2 Política presupuestal
Al principio de esta administración, el nivel del gasto publico rebasaba las posibilidades del gobierno para alcanzar su financiamiento adecuado y, por su composición, el elevado gasto por intereses restaba capacidad a la actividad gubernamental para atender sus prioridades fundamentales y su desempeño como promotor del desarrollo.
De forma paralela a la reforma del Estado, la política de gasto publico se sujetó a un proceso de reestructuración que partió de la definición precisa de los objetivos a alcanzar. Dicha reestructuración se ha realizado sobre la base de tres estrategias fundamentales: por una parte, se estableció que la determinación del nivel de gasto publico debería ser compatible con la generación de recursos para apoyar e1 cumplimiento de las metas del balance fiscal (Gráfica 21); por otra, la asignación del presupuesto tendría que corresponder con los propósitos del mejoramiento del bienestar social de la población, así como con la necesaria modernización y ampliación de la infraestructura económica y social que apoyara un desarrollo sostenible. Por ultimo, la aplicación de criterios estrictos de selectividad, eficiencia, racionalidad y disciplina en el ejercicio del gasto serían fundamentales para poder asignar, en un contexto de restricción presupuestal, recursos crecientes a las prioridades identificadas.
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Dos elementos fundamentales de la reforma económica del país han sido el ajuste en las finanzas públicas y el redimensionamiento del aparato gubernamental. Estos factores han tenido efectos importantes sobre los recursos disponibles para propósitos de gasto. Por un lado, los ingresos extraordinarios por la venta de empresas públicas, debido a su carácter no recurrente, fueron utilizados para la amortización de deuda pública, lo que redujo en forma sustancial el pago de intereses por este concepto. Por el otro, la desincorporación de entidades paraestatales ha liberado recursos en favor de erogaciones de carácter social.
Ambos factores han permitido destinar montos crecientes al gasto en desarrollo social y en acciones de salud, educación, desarrollo regional y urbano, agua potable, trabajo, previsión social, abasto, ecología y Solidaridad, así como en desarrollo rural e infraestructura básica. La asignación sectorial de los recursos se ha sujetado estrictamente al objetivo de privilegiar los rubros destinados a mejorar el bienestar social de los mexicanos, particularmente de quienes menos tienen (Gráfica 22).
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En la actual administración, no sólo se ha registrado un incremento en el gasto social, sino que, fundamentalmente, el cambio se ha dado en la filosofía del ejercicio del gasto. En el pasado, el Estado asumió una actitud paternalista y tomaba las decisiones en forma centralizada, mientras que hoy se ha reconocido la madurez de la sociedad mexicana, y se trabaja junto con ella bajo el concepto de solidaridad. Bajo este nuevo enfoque, el Programa Nacional de Solidaridad recoge las propuestas de la sociedad y promueve su participación organizada y corresponsable en las decisiones y la ejecución de las obras realizadas en provecho de la comunidad, logrando la atención a aquellos grupos que tradicionalmente habían sido marginados del progreso, elevando su nivel básico y alejándolos de la pobreza extrema. La política de gasto busca promover el desarrollo social mediante el apoyo a los sectores más desprotegidos, a través de acciones directas por parte del sector público.
I.3.3 Política de deuda pública
El manejo de la política de deuda pública estuvo apegado a los objetivos básicos de consolidación de la estabilidad, a través de la reducción de su saldo histórico, tanto en términos nominales como en porcentaje del producto, así como en su costo financiero. Al inicio de la actual administración, el principal problema a resolver fue la reversión de la transferencia neta de recursos al exterior. Así, se entablaron negociaciones con la banca acreedora con el objetivo de reducir significativamente la elevada carga que representaba el servicio de la deuda. La conversión de deuda por bonos, conocidos en los mercados financieros como bonos Brady a la par y a descuento,
redujo el saldo de la deuda y permitió prolongar el plazo de la misma, traduciéndose en una mayor flexibilidad en su manejo.
Si bien la renegociación de la deuda externa fue un paso importante, a lo largo de la actual administración se han utilizado mecanismos que se han traducido en reducciones adicionales de la deuda externa. Como ejemplos, destacan el programa de conversión de deuda en inversiones (SWAPS) y la recompra de deuda realizada por el Gobierno Mexicano en 1992.
Los avances en la estabilización macroeconómica y la confianza por parte de los inversionistas en la economía mexicana se han reflejado en el retorno del sector público a los mercados internacionales de capital y en un acceso renovado al crédito externo de menor costo. Debe destacarse que, en la gran mayoría de las veces, las nuevas operaciones de crédito externo público representan refinanciamientos de préstamos anteriores, por lo que la deuda pública externa no aumenta y sí, en cambio, mejoran sus condiciones financieras. Esta situación ha beneficiado también al sector privado, ya que se han abierto nuevas fuentes de financiamiento en el exterior, diferentes de las tradicionales, como es el caso de las colocaciones accionarias y de bonos en los diferentes mercados internacionales.
La mayor confianza de los inversionistas en los papeles de deuda pública mexicana se ha reflejado en el costo y plazos de las emisiones de bonos públicos en el extranjero. Así, la primera emisión de bonos desde 1982 fue realizada por Bancomext en 1989, con una sobretasa sobre los bonos del Tesoro estadounidense de 820 puntos base a un plazo de cinco años. Actualmente, la sobretasa promedio es de 200 puntos base y el plazo promedio es de diez años.
Durante la presente administración, las estadísticas de la deuda pública han evolucionado en forma muy favorable. Mientras que a fines de 1988 la deuda neta total (interna y externa) del sector público consolidada con el Banco de México representaba el 68.3% del PIB; para el mes de septiembre de 1993 se estima en alrededor del 22.0%. La cifra correspondiente a septiembre de 1993 para la deuda bruta externa del sector público es de 21.8%, que se compara favorablemente con el 46.8% que representaba ese mismo concepto en 1988.
En materia de deuda interna, los esfuerzos se han concentrado en la disminución del saldo histórico y en la ampliación de los plazos. Adicionalmente, el estricto manejo de las finanzas públicas ha permitido una disminución en términos nominales del débito interno desde 1991, lo cual ha aliviado las presiones sobre el manejo de las finanzas públicas. El saldo de la deuda interna ha disminuido 52.5% en términos reales de 1990 al primer semestre de 1993. Como proporción del PIB, el saldo de la deuda pública interna ha disminuido consistentemente desde 1988 hasta la fecha. Al mismo tiempo, la reducción del saldo histórico y las mejores condiciones macroeconómicas han permitido que se disminuya el costo de la deuda interna.
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A partir de diciembre de 1990 y hasta septiembre de 1993, el Fondo de Contingencia recibió 66.6 mil millones de nuevos pesos, provenientes principalmente de la desincorporación de empresas, activos y unidades industriales del sector publico, entre las que destaca la venta de la participación accionaria del Gobierno Federal en 18 instituciones de banca múltiple. Dicha cifra también incluye los ingresos derivados de la liquidación del Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca). Como se ha reportado oportunamente a la Cámara en los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, con estos recursos se amortizaron valores gubernamentales, se cubrieron adeudos de las entidades desincorporadas, se financió la compra de coberturas financieras contra eventuales disminuciones en el precio del petróleo y aumentos en las tasas de interés externas y se realizaron inversiones financieras en la banca de desarrollo. Como resultado de estas operaciones, el saldo remanente en el Fondo de Contingencia, al cierre del tercer trimestre del año en curso, fue de 4.4 mil millones de nuevos pesos.
FONDOS DE CONTINGENCIA
(Flujos acumulados en millones de nuevos pesos al 30 de septiembre de 1993)
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I.3.4 Desincorporación
La modernización del Estado mexicano exige ser eficaz, eliminando el peso de su estructura que limitaba, y en ocasiones erosionaba, su capacidad de respuesta ante sus obligaciones constitucionales. Su fuerza económica no radica en su tamaño, ni en los ámbitos del quehacer productivo que posee, sino en la creación de las condiciones de un desarrollo efectivo que otorgue base permanente al empleo y a la calidad de la vida. El propósito no es contar con un Estado más grande, sino democráticamente más fuerte y eficiente.
La crisis económica que enfrentó el país durante los primeros años de la década pasada, la deteriorada situación financiera del Estado y la escasez de recursos, destinados a numerosas entidades paraestatales, generaron la necesidad de definir y ejecutar una política de concentración de recursos del Gobierno Federal en las áreas estratégicas, así como en las prioritarias que la orientación de la política económica demandaba.
La instrumentación del redimensionamiento del sector público no sólo ha implicado vender empresas, sino ha contemplado otras alternativas: fusión, extinción, transferencia y liquidación. La selección de cada una de estas opciones ha dependido de la situación real que guardaba la empresa en el momento en que se decidió su desincorporación. Este proceso ha impulsado su modernización, incrementado la inversión, eficiencia y competitividad de las empresas y apoyando, asimismo, el ahorro público y una distribución más justa de los recursos.
Como resultado de este proceso, el número de entidades paraestatales pasó de 1,155 en 1982 a 209 en septiembre de 1993; sin considerar que actualmente otras 50 se encuentran en proceso de liquidación, extinción, venta, fusión y/o transferencia a gobiernos estatales. En particular por lo que se refiere a la privatización, destacan por su importancia los casos de Teléfonos de México, la banca comercial, el sector siderúrgico, las unidades industriales de Fertimex y el paquete de medios de comunicación, entre otros.
El total de ingresos por ventas entre diciembre de 1988 y octubre de 1993 es de 69.3 miles de millones de nuevos pesos. Esta cifra es mayor a la registrada en el Fondo de Contingencia debido a que el Fondo fue creado hasta 1990 y porque en algunos casos, cuando los recursos se captaron en el extranjero, ellos se aplicaron directamente a la amortización anticipada de títulos de la deuda pública externa (tal es el caso de los recursos provenientes de la venta del segundo paquete accionario de TELMEX, como se informó oportunamente en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1992). Por tratarse de ingresos no recurrentes, éstos no se han destinado al gasto corriente sino a disminuir el saldo de la deuda interna y externa. La razón de esta decisión es que precisamente la única manera como este tipo de ingresos podían apoyar el gasto del sector público de manera permanente, era mediante el ahorro que constituye el menor pago de intereses resultante de la reducción de la deuda pública.
Las reglas de privatización fueron diseñadas cuidadosamente con el propósito de asegurar la transparencia del proceso, así como el surgimiento de una economía más competitiva. Todas las ventas se han hecho a través de ofertas públicas, manteniendo constantemente informada a la sociedad a través de los medios masivos de comunicación. En el caso del monopolio natural de Teléfonos de México, se acompañó del título de concesión para proteger a los consumidores e inducir a la empresa a contar con una cobertura y calidad adecuadas.
La desincorporación ha abierto las puertas a un número muy importante de inversionistas nacionales. Por ejemplo, en el sector bancario ingresaron más de 130,000 nuevos accionistas, mientras que antes de la estatización de la banca había sólo 8,000; adicionalmente, se fortaleció la descentralización y equilibrio regional mediante la participación de los consejos regionales que conocen de manera profunda la realidad económica de su área de influencia.
La desincorporación ha buscado alejar al Estado de actividades no estratégicas ni prioritarias para centrar sus acciones en desarrollar un marco económico que estimule la eficiencia en el uso de los recursos por parte del sector privado y, por otra parte, en concentrarse en la lucha contra la pobreza, la provisión de infraestructura y el mejoramiento de los servicios educativos y de salud. Así, pasamos de un Estado propietario e ineficaz a un Estado Solidario, que responde al reclamo de bienestar de la sociedad sobre bases productivas y duraderas.
I.3.5 Reforma financiera
La reforma al sector financiero ocupa un lugar preponderante en la actual estrategia económica.
Sabemos que el sector financiero desempeña un papel crucial en la intermediación del ahorro, captándolo en sus fuentes y canalizándolo en forma de financiamiento tanto a la inversión como al consumo. Dicho sector también desempeña un papel fundamental en la aplicación de las políticas monetaria y cambiaría. Así, tanto por su relevancia para la efectividad de la política macroeconómica como para la intermediación del ahorro, a lo largo de mi administración se ha buscado elevar la eficiencia y transparencia en la operación del sector financiero. Las acciones emprendidas forman parte de la estrategia general de política económica y están encaminadas a promover el ahorro y la inversión indispensables para inducir un crecimiento económico más rápido.
La reforma al sector financiero se ha caracterizado por su gradual liberalización, ampliando el espacio para la operación de las fuerzas del mercado. Parte de este proceso ha implicado aumentar la competencia en el mercado financiero, pues ésta obliga a los intermediarios a ser más eficientes, innovar en su forma de operación, establecer alianzas estratégicas e invertir en nuevas tecnologías, con la consiguiente mejoría en la prestación de servicios para los usuarios. Por otra parte, se redefinió la labor de regulación y supervisión de las autoridades, de modo que se reforzará la posición financiera de los intermediarios en aras de una mayor seguridad para los ahorradores. Por último, se introdujeron modificaciones al marco legal para facilitar la globalización del mercado financiero, las cuales, sin lugar a dudas, también coadyuvarán a incrementar la competencia en el sistema financiero nacional.
El gradual abatimiento de la inflación y el saneamiento de las finanzas públicas permitieron, desde los inicios de mi administración, eliminar las restricciones restantes a la libre determinación de las tasas de interés, tanto activas como pasivas, elemento clave para la liberalización financiera. Esta decisión se complementó con la cancelación del régimen aplicable a las instituciones bancarias de asignación selectiva del crédito, junto con la sustitución del encaje legal por el coeficiente de liquidez, mismo que virtualmente desapareció en agosto de 1991. La liberalización financiera fue reforzada a través de la autorización de nuevos tipos de intermediarios e instrumentos en el sistema financiero. Destaca la creación de grupos financieros, los cuales aprovechan economías de escala y de información al agrupar intermediarios especializados, aunque éstos últimos continúan reteniendo su independencia patrimonial. También han surgido figuras como la de formador de mercados (que permite una más eficiente determinación de precios e incrementa la liquidez de los títulos que cotizan en bolsa) y la de empresas calificadoras de valores. Entre los instrumentos autorizados pueden mencionarse algunos productos derivados y las obligaciones con rendimientos indizados.
Un elemento sobresaliente de la reforma financiera fue la decisión de privatizar a la banca comercial. Para que la privatización fuera posible, se requirió de una reforma constitucional que restableciera la posibilidad de que los particulares prestaran el servicio de banca y crédito. Para llevar a cabo esta tarea, en septiembre de 1990 se constituyó el Comité de Desincorporación Bancaria. Como se aprecia en el siguiente cuadro, la privatización se realizó en un período de 13 meses, lo que significó que, en promedio, se subasto un banco cada tres semanas. Este proceso, que se realizó con absoluta transparencia, constituye la plataforma del actual sistema financiero. Una vez concluido el proceso de privatización de las instituciones de crédito, se procedió a la autorización de nuevas instituciones, algunas con el propósito de que operen como parte de grupos financieros y otras en forma independiente. Las nuevas instituciones también podrán especializarse por regiones o por productos.
Otro factor importante para la liberalización financiera ha sido la modernización de la banca de desarrollo. Durante los últimos cinco años, se avanzó en el saneamiento, redimensionamiento y reorientación de la banca de desarrollo, y los fondos y fideicomisos de fomento. Ahora estos organismos se enfocan de manera creciente a satisfacer las necesidades crediticias del sector privado, estableciendo nuevos mercados y cubriendo nichos que otros intermediarios no atienden. Además, su intermediación la llevan a cabo en su mayor parte a través de operaciones de segundo piso y por consiguiente, en términos congruentes con el mercado, apoyándose cada vez más en la banca comercial. Ya no se trata de otorgar subsidios indiscriminados mediante la aplicación de tasas artificialmente bajas, sino de descubrir e implantar nuevos mecanismos de crédito. También se han adoptado prácticas de calificación de cartera similares a las aplicables a la banca comercial. De este modo las instituciones han disminuido el riesgo al que se exponen.
Por lo que se refiere a la redefinición del marco jurídico y regulatorio en el que opera el sistema financiero, las reformas emprendidas han
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buscado la actualización de las normas de acuerdo con la evolución de los mercados, siguiendo el criterio de que la desregulación debe acompañarse de requisitos más estrictos de capitalización y del fortalecimiento de los esquemas de supervisión. Así, se establecieron requisitos de capitalización acordes con principios internacionalmente aceptados y la obligación de crear reservas preventivas en los bancos.
En forma paralela se ha fortalecido la presencia de las autoridades, pero sin interferir en la operación de los intermediarios y propiciando la competitividad de los participantes. Para preservar la confianza del público en el sistema financiero, es indispensable la estrecha supervisión de las autoridades, con el objeto de que las operaciones se realicen con estricto apego a la ley y de acuerdo con prácticas sanas. En
este sentido, se incorporaron mecanismos de vigilancia, seguimiento e incluso de autorregulación de la operación, a fin de prevenir acciones contrarias al sano desarrollo del mercado.
Cabe señalar que la ampliación de las facultades para regular y supervisar a los distintos intermediarios financieros, también hizo necesaria la coordinación entre las autoridades. Como ejemplo del esfuerzo de coordinación, vale la pena mencionar la creación de la COSSIF en 1992, órgano encargado de la supervisión de los grupos financieros.
La globalización del sistema financiero, además de corresponder a la tendencia observada en los mercados más desarrollados, contribuye a elevar la eficiencia en este sector y a establecer nuevos canales para la captación de ahorro externo que permita capitalizar a las empresas nacionales y financiar sus requerimientos de inversión en condiciones más favorables. Internamente, la apertura favorece la introducción de nuevos vehículos e instrumentos financieros y amplía la gama de servicios que se ofrecen a los usuarios.
La apertura del sistema financiero se ha llevado a cabo conciliando los intereses tanto de los usuarios de los servicios financieros como de los propios intermediarios financieros, de ahí que el proceso sea gradual. En este contexto se adoptaron diversas acciones que facilitan el acceso a las empresas nacionales a los mercados internacionales de deuda y capital. También se establecieron y fortalecieron vínculos con las autoridades bursátiles de otros países, a fin de procurar la seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades a los participantes en operaciones internacionales con valores. Parte de esta estrategia la constituye el capítulo relacionado con la apertura del sector financiero del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Como resultado de las medidas descritas anteriormente, en los últimos años se incrementó sensiblemente la captación de inversión extranjera de cartera, tanto en instrumentos de renta fija como de renta variable.
Los avances alcanzados en el ámbito macroeconómico, así como el desarrollo del mercado financiero, se han traducido en beneficios tangibles a los usuarios del crédito, tanto a nivel individual como de la sociedad en su conjunto. Mientras que al inicio de mi administración cerca del 62% del financiamiento del sistema bancario se canalizaba al sector público, en la actualidad esta proporción se ha revertido y aproximadamente el 76% de dichos recursos se transfiere al sector privado. Lo anterior ha sido posible como resultado directo de la disciplina fiscal que se ha mantenido durante mi gobierno. Como consecuencia de ello, el sector público tiene acceso en condiciones más favorables al mercado financiero. Además, la política monetaria ahora se instrumenta prácticamente en su totalidad a través de operaciones de mercado abierto, con lo cual se le da transparencia y se evitan distorsiones al aplicar dicha política.
Una medida adoptada el año pasado que será de gran trascendencia para el desarrollo futuro del sistema financiero, fue el establecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Además de los beneficios directos que obtiene cada uno de los que participan en él, el seguro de retiro se constituirá gradualmente en una fuente de ahorro estable y de largo plazo, propiciando la creación de nuevos instrumentos financieros y, por la misma razón, fortaleciendo la capacidad de este sector para financiar inversiones de larga maduración. Al cierre del tercer trimestre, el saldo acumulado en el SAR ascendió a 13,857 millones de nuevos pesos.
Uno de los efectos del agudo período inflacionario que los mexicanos vivimos en la década de los ochenta fue el elevado valor nominal que alcanzaron las sumas en moneda nacional. Por ello, con objeto de facilitar las transacciones en dinero, de simplificar los cálculos aritméticos de importes en moneda nacional y de lograr un uso más eficiente de los sistemas de cómputo y registro contable, en 1993 adoptamos una nueva unidad monetaria, equivalente a mil pesos anteriores, denominada transitoriamente "nuevo peso".
La implantación del nuevo peso ha ocurrido conforme a lo previsto y a la fecha ya se ha avanzado de manera importante en la sustitución de los billetes y monedas metálicas denominados en pesos anteriores. Ello, además, se ha traducido en significativos ahorros para el erario que redundan en beneficios para la nación.
Sin duda, una de las modificaciones más trascendentales que ha tenido lugar en el ámbito financiero fue la reforma constitucional, aprobada tan sólo hace unos meses, mediante la cual se otorgó autonomía al Banco de México y se estableció como objetivo prioritario de la Institución procurar la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda. Con ella, se consolidan los avances alcanzados en materia de estabilización de los precios y se protege a la población de nuevos episodios inflacionarios.
Con la reforma referida, se consignaron en nuestra Ley fundamental los elementos esenciales de
la autonomía del Banco Central. Así, quedó prevista la facultad exclusiva del Banco para manejar su propio crédito, al señalarse que ninguna autoridad podrá ordenarle conceder financiamiento. En el mismo sentido, y con el fin de proteger la independencia de criterio de las personas encargadas de la conducción de la Institución, se prevé que tales personas sólo podrán ser removidas por causa grave y que desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento permitan el ejercicio autónomo de sus funciones.
I.3.6 Apertura comercial e inversión extranjera.
Durante mi administración, las instituciones económicas del país han experimentado un cambio muy profundo, con el propósito de adaptarse a la globalización de los procesos productivos y la nueva competencia internacional, que constituye una tendencia a nivel mundial de la cual no puede sustraerse la economía mexicana, y que representa al mismo tiempo un gran reto y una oportunidad para elevar la eficiencia productiva en México. Además, la apertura comercial y de inversiones trae consigo el fomento de las ventajas comparativas, la entrada a grandes mercados, la conformación de economías de escala y de especialización y el acceso a tecnologías de punta.
La economía nacional experimentó una apertura significativa con la liberalización de las importaciones en 1985, la adhesión al GATT en 1986 y la desregulación de la inversión extranjera en 1989. A partir de entonces, la apertura se ha profundizado y se ha buscado hacer adecuaciones de manera permanente. Es así que se han intensificado y mejorado los mecanismos de promoción a las exportaciones y de defensa contra prácticas comerciales desleales, dumping y subsidios, con el objeto de aprovechar las ventajas de la apertura para ser competitivos en el extranjero, crear una cultura exportadora y evitar la competencia desleal del exterior. Hoy en día, los productores nacionales ven al sector externo como un mercado más para el destino regular de sus productos y para el aprovisionamiento competitivo de insumos, y no, como ocurría hace pocos años, como una alternativa cuando el mercado interno estaba deprimido.
Apertura comercial
Con el propósito de propiciar el arbitraje de precios internacionales sobre la evolución de los precios en la economía mexicana, así como de promover la competitividad del aparato productivo nacional, nuestro país ha ido consolidando el proceso de apertura comercial. Si bien, en 1982, la economía mexicana estaba prácticamente cerrada al intercambio con el exterior todas las importaciones requerían permiso previo; existían 16 tasas arancelarias; el arancel máximo era de 100%; la media arancelaria de 27%, y la dispersión arancelaria de 25% hoy, el perfil de la política comercial mexicana se ha modificado profundamente. Por un lado, se han eliminado la mayoría de las restricciones cuantitativas al comercio exterior y se han sustituido por aranceles; actualmente, las fracciones sujetas a control representan menos del 2% del total de las fracciones arancelarias. Por otro lado, se ha racionalizado la estructura arancelaria: el arancel máximo es de 20%, el ponderado del orden del 11% y la dispersión es menor al 5% (Gráfica 23).
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México está abierto a la competencia leal, pues se ha probado que ésta resulta benéfica para la competitividad del productor y el bienestar del consumidor; sin embargo, inducir la competitividad del aparato productivo nacional sobre la base de precios internacionales distorsionados o predatorios no tendría ningún sentido ni justicia. Por ello, se ha reforzado el combate a las prácticas desleales de comercio exterior.
En lo que va del sexenio se han publicado más de 250 resoluciones antidumping. Con el fin de garantizar la defensa más justa y eficaz de los productores nacionales ante prácticas desleales de sus competidores foráneos, sin caer en el proteccionismo, la nueva Ley de Comercio Exterior concede énfasis particular a la materia. Así, este nuevo ordenamiento define claramente el concepto de práctica desleal y los criterios para determinarla. Además, contiene normas transparentes relativas a los plazos para la publicación de resoluciones, acceso a información confidencial, celebración de audiencias públicas y alegatos, ofrecimiento de pruebas, visitas de verificación, notificaciones y vigencia de las cuotas compensatorias.
Con ello, la nueva ley brinda mayor precisión conceptual y transparencia procesal a la operación del sistema mexicano contra prácticas desleales, lo que permite una mayor calidad y eficiencia de las resoluciones y, por ende, una defensa cabal de los intereses legítimos de los productores nacionales.
Promoción de Exportaciones
Un complemento importante de la apertura comercial ha sido la política de promoción de exportaciones. México cuenta actualmente con variados instrumentos de promoción, como los programas ALTEX, PITEX, ECEX y DRAW - BACK, entre otros, que apoyan y estimulan, de acuerdo a sus necesidades peculiares, la competitividad de diversos exportadores. ALTEX otorga, a empresas que exporten más de 2 millones de dólares o el equivalente al 40% de sus ventas, facilidades administrativas y agilización de trámites de comercio exterior. ECEX estimula la creación de empresas comercializadoras que aglutinen la oferta exportable de productores pequeños. PITEX permite la importación temporal, sin pago de aranceles, de bienes que se utilicen en la producción de artículos de exportación. DRAW - BACK autoriza, a exportadores pequeños o indirectos, la devolución del impuesto de importación pagado por insumos incorporados a productos de exportación.
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Además de estos programas, el gobierno y los exportadores han formado en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX) un frente común para resolver problemas operativos, diseñar medidas que agilicen la actividad exportadora y apoyar iniciativas concretas de ventas al exterior. Desde su creación, en julio de 1989, hasta septiembre de 1993, COMPEX ha recogido 2,374 problemas de los cuales han sido resueltos 2,301, es decir 97% de los casos presentados.
Negociaciones Comerciales
La promoción interna se ha complementado con la apertura de mercados en el exterior mediante negociaciones comerciales internacionales. En el Continente americano se ha firmado un Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y ya se encuentra en vigor un Tratado de Libre Comercio con Chile. Igualmente, se prosigue la negociación de sendos acuerdos de libre comercio con los países de Centro América y con Colombia y Venezuela.
Con Europa se firmó en 1991 un nuevo Acuerdo, denominado de "tercera generación", que incluye diversas modalidades para promover el comercio y la cooperación sectorial. Con la Cuenca del Pacífico se promueve el acercamiento empresarial, se participa en los foros de la zona y se negocian bilateralmente problemas de
acceso de las exportaciones mexicanas a esos mercados.
Inversión Extranjera
Los flujos internacionales de capital no sólo han complementado el ahorro nacional, al incorporar divisas frescas, sino que también han permitido la introducción y difusión de nuevas tecnologías, así como la generación de fuentes de empleo más productivas y mejor remuneradas. Además, en el marco de la apertura comercial mexicana, la inversión extranjera ha estado ligada a una orientación exportadora que permite un aprovechamiento más eficiente de los recursos y coadyuva al crecimiento económico sostenido.
La actual Administración ha permanecido atenta a la evolución de las corrientes y tendencias mundiales de inversión y ha impulsado, con apego absoluto a nuestra Constitución, fórmulas activas de promoción que aseguren la afluencia de capitales internacionales.
Los esfuerzos de promoción de inversión han contemplado tanto la actualización del marco reglamentario como la coordinación de las actividades de promoción que realizan las diferentes agencias públicas y privadas.
Por un lado, en 1989 se expidió el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, mediante el cuál se establecieron reglas más claras y se simplificaron los procedimientos para la participación de la inversión foránea en la actividad económica nacional. Por otro lado, con el fin de disminuir los costos y aumentar la eficiencia del ciclo de atracción y consolidación de inversiones, se ha diseñado una estrategia que permite sistematizar las acciones que desarrollan las diversas áreas responsables de la promoción en nuestro país. Esta estrategia incluye el desarrollo de una red de información, así como la utilización de criterios y metodologías comunes para identificar, facilitar y dar seguimiento a los proyectos de inversión.
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1.3.7 Política de Desregulación, aliento a la competividad y desarrollo tecnológico
Política de desregulación
En el pasado, la política industrial descansaba de manera importante en subsidios y protección. Los efectos negativos de esta estrategia se manifestaron sobre la eficiencia económica, la competitividad, los precios relativos y el bienestar, lo que obligó a cambiar de rumbo. Bajo el nuevo enfoque, se ha puesto énfasis en la adecuación del marco regulatorio con el fin de fomentar la competencia, la ampliación de oportunidades y la eficiencia en amplios sectores de la producción, alentando la participación de los particulares donde estos tienen ventajas comparativas, y reforzando la presencia y los mecanismos de control gubernamentales donde el mercado no funciona adecuadamente o cuando las características del sector lo justifican. Con la desregulación se busca la modificación de reglamentos existentes, a fin de evitar distorsiones e ineficiencias económicas derivadas de inadecuados sistemas de control, y además de que no necesariamente implica la eliminación del marco regulatorio
Durante la presente administración se han eliminado barreras para la libre entrada y salida de participantes en los sectores financiero, de comunicaciones y transportes, textil, petroquímica, electricidad, acuacultura y pesca, estableciendo una legislación de acuerdo con los estándares internacionales en materia de transferencia de tecnología y protección de la propiedad intelectual. La modificación del marco jurídico de estos sectores ha significado que su operación se lleve a cabo en forma más eficiente, en un ambiente de mayor competitividad y concurrencia en los mercados.
El esfuerzo por aumentar la participación del sector privado en aquellas áreas en las que éste tiene ventajas comparativas, y con ello fortalecer al Estado en el cumplimiento de su mandato social, no termina con la privatización de empresas, sino que continúa mediante reformas que alientan la participación de la inversión privada en la construcción y operación de obras de infraestructura, a través de diversas modalidades de concesión o arrendamiento. Un ejemplo de lo anterior es el programa de construcción de autopistas iniciado en 1989.
La Ley de Aguas Nacionales, que entró en vigor en diciembre de 1992, reitera el dominio de la nación sobre este recurso, consolida a los Consejos de Cuencas como medio de coordinación entre usuarios y autoridades, y permite la participación de la sociedad en el mantenimiento de las obras. Así, hasta 1993, la transferencia a los productores de la administración y manejo de la infraestructura de los distritos de riego asciende a 2.2 millones de hectáreas, superficie superior en casi 16% a la meta sexenal.
En lo que toca a la industria minera, con el fin de aprovechar la riqueza del subsuelo, se cuenta con un nuevo marco jurídico. En congruencia con la Ley Minera aprobada en mayo de 1992, se expidió en marzo de este año el reglamento de la misma. La nueva legislación confiere viabilidad a proyectos de larga duración, fomenta la libre concurrencia de los particulares, simplifica trámites, propicia la instrumentación de programas de apoyo a la pequeña y mediana minería y otorga racionalidad al régimen de concesión.
Para impulsar la expansión del sector eléctrico, en diciembre de 1992 el Congreso aprobó las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a fin de permitir la participación corresponsable de los particulares en la generación de energía eléctrica, la cual se venderá en forma exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad, única entidad autorizada para proporcionar el servicio público. Así se garantiza que una actividad de particulares tenga trascendencia social. Por otra parte, la concurrencia de los particulares en el desarrollo del sistema eléctrico permitirá a la CFE atender un ambicioso programa de crecimiento y liberar recursos para fortalecer la red de transmisión y las actividades de distribución.
Con la nueva Ley de Puertos, se promueve la descentralización administrativa y se permite incorporar a la iniciativa privada y al sector social, tanto en los aspectos de operación como en el desarrollo de la infraestructura.
Para asegurar que la orientación de la política económica resultara eficaz, dentro de un ambiente de mayor competencia entre las empresas, se creó la Comisión Federal de Competencia, con el mandato de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.
REFORMAS PARA AVANZAR EN LA DESREGULACIÓN PROMOVIDAS DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN
Leyes
1. Ley Federal de Turismo (D.O. 31 - XII - 92)
2. Ley de Cinematografía (D.O. 29 - XII - 92)
3. Ley Federal de Correduría Pública (D.O. 29 - XII - 92)
4. Ley Federal de Competencia Económica (D.O. 24 - XII - 92)
5. Ley Federal de Protección al Consumidor (D.O. 24 - XII - 92)
6. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (D.O. 23 - XII - 92)
7. Ley Federal de Aguas (D.O. 1 - XII - 92)
8. Ley Federal de Metrología y Normalización (D.O. 1 - VII - 92)
9. Ley Federal de Pesca (D.O. 25 - VI - 92, 26 - XII - 90, 30 - XII - 89)
10. Reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles (D.O. 11 - VI - 92)
11. Decreto por el que se Reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D.O. 28 - I - 92)
12. Reformas a la Ley General de Bienes Nacionales (D.O. 03 - I - 92)
13. Reformas a la Ley Aduanera (D.O. 26 - VII - 93, 20 - VII - 02, 20 - XII - 91, 26 - XII - 90, 28 - XII - 89, 31 - XII - 88)
14. Reformas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo (D.O. 18 - VII - 91)
15. Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas (D.O. 15 - VII - 91)
16. Abrogación de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología (D.O. 27 - VI - 91)
17. Reformas a la Ley General de Salud (14 - VI - 91)
18. Reformas a la Ley General de Población (D.O. 26 - XII - 90, 17 - VII - 90)
19. Abrogación de la Ley Sobre Cultivo, Explotación e Industrialización del Henequén (Congreso del Estado de Yucatán) (D.O. 31 - III - 90)
20. Reforma al artículo 11 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del Petróleo en Materia de Petroquímica (08 - I - 90)
21. Abrogación de la Ley del Impuesto sobre Adquisiciones de Azúcar, Cacao y otros Bienes (28 - XII - 89)
Reglamentos
22. Reglamento de la Ley Federal de Pesca (D.O. 21 - VII - 92, 7 - II - 91)
23. Reformas al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del mar territorial, Vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar (D.O. 21 - VIII - 91)
24. Reformas al Reglamento para la Torrefacción y Venta del Café (D.O. 22 - VII - 91)
25. Reglamento para el Servicio de Maniobras en Zonas Federales de los Puertos. (D.O. 01 - VI - 91)
26. Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Autoabastecimiento (D.O. 31 - V - 91)
27. Reformas a la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación (D.O. 30 - I - 91, 02 - VIII - 90)
28. Reglamento de Telecomunicaciones (D.O. 29 - X - 90)
29. Reglamento de Promociones y Ofertas (D.O. 26 - IX - 90)
30. Abrogación del Reglamento para Fábricas de Cerillos y Fósforos (D.O. 09 - VII - 90)
31. Reglamento para el Servicio Público de Autotransporte Federal de Pasajeros (D.O. 30 - V - 90)
32. Reglamento para el Autotransporte Federal de Turismo (D.O. 9 - III - 90)
33. Reglamento para el Servicio de Maniobras en Zonas Federales Terrestres (D.O. 24 - I - 90)
34. Reglamento para el Autotransporte Federal de Carga (D.O. 07 - VII - 89)
35. Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional (D.O. 07 - VII - 89)
Otras Disposiciones
36. Decreto por el que se abroga el Control de Cambios (D.O. 10 - XI - 91)
37. Acuerdo que establece las Reglas de Administración y Operación del Puerto de Veracruz (D.O. 01 - VI - 91)
38. Requisa del Puerto de Veracruz (D.O. 01 - VI - 91)
39. Decreto por el que se declaran de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar (31 - V - 91)
40. Abrogación del Acuerdo que canceló el requisito de permiso de siembra para hortalizas y frutas de exportación (D.O. 10 - V - 91)
41. Convenio de Concertación de Acciones para la Modernización del Sistema Ferroviario Mexicano (10 - V - 91)
42. Disposiciones Complementarias del Control de Cambios (D.O. 20 - II - 91, 19 - II - 91)
43. Decreto para la regularización de vehículos (D.O. 31 - I - 91)
44. Abrogación de los Ordenamientos que Regulan la Industria y el Comercio de la Seda y Artisela y sus Derivados (D.O. 07 - I - 91)
45. Decreto que ordena la Extinción y Liquidación de CONADECA (D.O. 27 - XII - 90)
46. Título de Concesión de TELMEX (D.O. 12 - XII - 90)
47. Norma de Información Comercial de Aceites y Lubricantes NOM - L - 21 - 1990 (D.O. 22 - X - 90)
48. Decreto por el cual se abroga el diverso que dispone que para instalar nuevas plantas de la Industria Textil del henequén, ampliar o sustituir sus equipos, se requiere la autorización previa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (D.O. 09 - VII - 90)
49. Decreto por el que se abrogan los Decretos de la Industria del Maíz (D.O. 06 - VII - 90)
50. Liberación de rutas y tarifas del Transporte Aéreo Nacional (13 - II - 90)
51. Derogación del Decreto que Regula la Actividad Salinera Nacional (D.O. 09 - III - 89)
52. Acuerdo sobre la Instalación y Operación de los Equipos Terminales de Telecomunicaciones (D.O. 21 - XII - 89)
53. Resolución que clasifica los productos Petroquímicos dentro de la Petroquímica Básica o Secundaria (D.O. 15 - VIII - 89)
54. Acuerdo por el que se Derogan Diversos que Fijan el Contenido Neto, Tolerancias y en caso de Masa Drenada e Información Comercial de Productos Envasados (D.O. 01 - VI - 89)
Programas Sectoriales de Aliento a la Competitividad
Como complemento a las políticas generales de impulso a la competitividad, se ha promovido la concertación de programas específicos que permitan a los sectores contar con un marco operativo más transparente, arraigar tecnologías y formas de organización industrial más eficientes y disponer de servicios de apoyo y asesoría más adecuados.
Estos programas están basados en las divisas de apertura, competencia leal, estímulo a la eficiencia y promoción de exportaciones. Así, en primer lugar, no se sustentan en instrumentos de corte proteccionista, ni son programas de sustitución de importaciones. Al contrario, están diseñados para respaldar la modernización sectorial en un esquema de apertura y competencia. Por ello, contemplan medidas de política comercial que aseguren el acceso competitivo a insumos y maquinaria de calidad internacional y propicien una especialización eficiente, así como un mejor elaboramiento de la cadena productiva.
En segundo lugar, los programas garantizan la competencia leal y contienen medidas de coordinación entre empresarios y autoridades para abatir prácticas ilícitas y formas de competencia desleal, como la subfacturación, el contrabando, el incumplimiento de las normas y los precios predatorios o subsidiados.
En tercer lugar, los programas promueven el marco regulatorio, las tecnologías y las formas de organización industrial más adecuadas para el mejor desempeño de los sectores. Por ello, contienen medidas de desregulación, de modernización tecnológica y de organización industrial, concertadas con los propios industriales, que buscan asegurar la libre concurrencia, reducir los costos de transacción e incorporar al sector a las innovaciones en materia de tecnología, diseño, producción y comercialización.
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En cuarto lugar, los programas promueven la utilización de mejores escalas que minimicen los costos de producción por unidad fabricada, a través del aprovechamiento de los mercados de exportación. Por ello, contienen estrategias de promoción y apoyo informativo, logístico y financiero tendientes a estimular y respaldar la incursión permanente de los empresarios mexicanos, particularmente pequeños y medianos, en los nuevos nichos internacionales de mercado.
Los esfuerzos de desregulación encaminados a la elevación de la competitividad se han visto fortalecidos a lo largo de mi administración con medidas concretas de asistencia técnica y financiera principalmente de la banca de desarrollo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Con el Programa Impulso, en el que participan de manera relevante Nacional Financiera y los Bancos de Comercio Interior y de Comercio Exterior, 250 mil empresas han sido beneficiadas. Este programa tiene por propósito extender sus beneficios a medio millón de empresas a través de la constitución de uniones de crédito, empresas integradoras y entidades de fomento privadas. También se ha impulsado la creación de empresas comercializadoras, el desarrollo de franquicias y la capacitación para modernizar el pequeño y mediano comercio.
La modernización de la economía, en un contexto de creciente estabilidad, de desregulación, de apertura comercial y de privatización de empresas, ha permitido la creación de grandes grupos financieros y empresariales altamente competitivos. Empresas de esta naturaleza han permitido enfrentar con éxito los retos de la globalización y facilitado nuestra inserción en los mercados mundiales. Así, la participación de dichas entidades se ha reflejado en mayores volúmenes de exportación y de empleo. El desarrollo de este tipo de empresas también ha sido un factor clave para emprender las inversiones en investigación y capacitación que sólo las mayores escalas, en los niveles nacional, regional y hasta mundial, pueden generar.
De este modo, el país se ha visto beneficiado por la dinámica de los grandes consorcios. No obstante, es necesario reconocer que, de no tomarse las debidas precauciones, los grandes grupos pueden derivar rentas monopólicas en economías cerradas. Por ello, la apertura de nuestros mercados a la competencia del exterior y la nueva Ley Federal de Competencia son la garantía de que los grandes grupos empresariales no podrán adoptar estrategias que les beneficien en detrimento de los consumidores y trabajadores.
Desarrollo tecnológico
En la economía actual, el factor tecnológico es fundamental para que las empresas adquieran ventajas competitivas. Por ello, a fin de crear el clima más adecuado para estimular la creación o adaptación de opciones tecnológicas, se han realizado modificaciones al marco legal en la materia y se han creado instancias que responden a las diversas necesidades de los usuarios de tecnología.
Se han eliminado disposiciones que, por su carácter discrecional, introducían incertidumbre en la compra y adaptación de tecnologías. Asimismo, se ha reforzado el marco legal para otorgar a la propiedad intelectual una protección similar, o mejor, a la que brindan las legislaciones más avanzadas en la materia.
Además, se están desarrollando iniciativas e instancias como la del Centro Nacional de Metrología (CENAM), que permitirá que la industria cuente con instrumentos metrológicos de nivel internacional; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que simplificará los trámites para la obtención de marcas y patentes y brindará asesoría en la materia; la Comisión Intersecretarial para el Combate a la Piratería, que coordinará esfuerzos institucionales para combatir esta práctica, y la Fundación para la Modernización Tecnológica de la Pequeña Industria, que será establecida con los recursos de la privatización de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial y que operará proyectos prioritarios que estimulen la modernización de la pequeña y mediana industria. Adicionalmente a estas instancias, se avanza en el establecimiento de centros de normalización y promoción tecnológica sectoriales, que atenderán a los usuarios de acuerdo a sus características y necesidades peculiares.
I.3.8 Reforma al campo
El campo es uno de los sectores que más atención ha recibido durante mi administración. Entre 1989 y 1993 las actividades del campo se sujetaron a importantes reformas, a efecto de proveerlas de los mecanismos jurídicos, técnicos y económicos que hicieran viable su modernización. En enero de 1992 se reformó el artículo 27 constitucional, con el objetivo de brindar mayor seguridad en la tenencia de la tierra.
La reforma legal promueve la capitalización del campo con base en la libertad de contratación y el incentivo a la inversión, elementos indispensables para lograr un verdadero desarrollo
sostenido con justicia y libertad para el campesino. Asimismo, autoriza y regula la participación de sociedades en actividades agropecuarias y forestales.
Adicionalmente se renovó en su totalidad la legislación en materia de bosques y aguas. En el contexto del nuevo marco jurídico, se abren oportunidades para la inversión y el financiamiento, la asociación en nuevos esquemas productivos para comuneros, pequeños propietarios y cooperativistas, la protección de los recursos naturales y, en general, para elevar el nivel de vida de los campesinos.
Como órgano de asesoría y apoyo a los ejidatarios, se creó la Procuraduría Agraria y se constituyeron los Tribunales Agrarios, estableciendo procedimientos ágiles, sencillos y transparentes para que las nuevas relaciones en el medio rural se desarrollen al amparo de un órgano especializado que garantice la correcta interpretación y ejecución de la normatividad agraria. También se reestructuró totalmente el Registro Agrario Nacional, a efecto de dar transparencia y certeza en la tenencia de la tierra ejidal y comunal y en los contratos que sobre ella se realicen.
Asimismo, se puso en marcha el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), como un programa fundamental para la instrumentación del nuevo marco jurídico agrario; para que los campesinos cuenten con los documentos que acrediten sus derechos parcelarios y la propiedad de sus solares, necesarios para llevar a cabo, con agilidad, los procesos de asociación y de contratación de crédito y para garantizar el patrimonio de sus familias. Más de la mitad de los 30 mil ejidos del país se han acercado a este programa y más de 7 mil de ellos ya se han adherido, por decisión de sus asambleas, a este esfuerzo de regularización.
Sin embargo, también era necesario instrumentar una política integral de impulso al campo que reforzara la reforma constitucional al artículo 27. Con este fin se creó PROCAMPO, cuya característica principal es otorgar apoyos directos a los productores de alimentos básicos. Mediante este programa se sustituyen los precios de garantía y de concertación por apoyos directos por hectárea, fijados de acuerdo con las condiciones agronómicas, técnicas y comerciales que imperan en las diferentes regiones del país. Así, los productores de maíz, frijol, sorgo, soya, arroz y algodón, que suman más de tres millones y representan más del 85% de los productores agrícolas de la nación, recibirán un apoyo directo.
Un aspecto esencial de PROCAMPO es lograr una repartición más justa y equitativa de los recursos públicos destinados a apoyar al campo. Actualmente, poco más de dos millones de productores de maíz y frijol, que dedican más de la mitad de su producción al autoconsumo no reciben, por ese sólo hecho, los beneficios de los precios de garantía. Con PROCAMPO, esos millones de productores campesinos, lo mismo que los productores comerciales, recibirán un apoyo directo, independientemente del uso y destino de su producción.
Los precios de garantía y de concertación han provocado que los precios internos sean mayores a los internacionales. Una parte de esa diferencia la absorbe el Estado a través de subsidios, pero la otra parte recae sobre los consumidores pagando precios más altos. Asimismo, los altos precios de los granos básicos se trasmiten a las cadenas productivas; de este modo, el sector pecuario y la agroindustria enfrentan dificultades para competir internacionalmente. Con PROCAMPO, los precios internos se igualarán con sus referencias internacionales, eliminando las distorsiones derivadas de los precios de garantía. Con ello se beneficiará a los sectores que dedican una proporción alta de sus ingresos a la alimentación y se imprimirá un mayor dinamismo a las cadenas de producción agropecuarias y agroindustriales, al descender el precio de los granos básicos.
El mercado mundial de los productos básicos registra los precios más bajos de los últimos tiempos. Por otra parte, al interior del GATT, existe una fuerte pugna en el sector agropecuario, especialmente entre Estados Unidos y Europa, que ha derivado en consecuencias negativas para el mercado agrícola mundial. Ante esta situación, es necesario adoptar, en un marco de soberanía, las medidas necesarias para mantener la producción y estimular el desarrollo del campo. PROCAMPO ofrece a los productores rurales apoyos que son equiparables a los que ofrecen nuestros competidores comerciales. El Presupuesto de Egresos contempla 11,700 millones de nuevos pesos para el programa en 1994, monto superior en cerca del 80% en relación con las transferencias otorgadas a través de Conasupo y Aserca en 1993.
I.3.9 Modernización educativa
La educación nacional ha recibido la más alta prioridad. Prueba de ello es que en cinco años de la presente administración el gasto educativo nacional se ha elevado de 2.6% a una cifra estimada de 4.0% del PIB. De hecho, al considerar
el gasto de los estados, municipios y de los particulares en educación, el gasto total nacional habrá pasado de representar el 3.5% del producto en 1987 al 5.7% en 1993, el nivel más alto registrado en lo que va del siglo. El crecimiento de las erogaciones en el sector educación es superior en 5.4 veces al que muestra el gasto programable total, en ocho veces al de la población y en 4.6 veces al del producto interno bruto. Asimismo, su participación en el gasto programable se elevó de 13.9% en 1988, a 21.7% para 1993.
La alta prioridad que el Gobierno de la República le confiere a la educación ha requerido de un importante esfuerzo en materia presupuestal. Durante el período 1989 - 1993, los recursos presupuestales destinados a la educación presentan un incremento acumulado de 75.7% en términos reales. Al agregar a esta cifra la derrama de recursos en programas de educación, investigación y capacitación que realizó la Administración Pública Federal, incluyendo las acciones del Departamento del Distrito Federal, ésta registra un crecimiento real del 90% durante el lapso de referencia.
Ante los nuevos retos en materia educativa, envié al Constituyente Permanente una iniciativa de reformas a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las reformas precisan el derecho a recibir educación y la obligación del Estado a impartirla, extender la obligatoriedad a la secundaria, asegurar el carácter nacional de la educación básica, y dar término al estado de indefensión jurídica que afectaba a los particulares que la imparten.
Para abordar estos cambios, era imprescindible efectuar la revisión de la Ley General de Educación, que fue promulgada el 12 de julio de 1993. Además de los principios en los que se sustenta, se precisa el federalismo educativo y se abordan nuevas modalidades del sistema educativo nacional, como la igualdad de acceso y permanencia en los servicios educativos para el pleno ejercicio del derecho a la educación, así como la participación social en la educación a través de los consejos escolares, municipales y estatales.
Sociedad y Gobierno tienen una responsabilidad especial con la educación básica de niños y jóvenes. En ésta, se concentra casi el 85% de la matrícula total y reside el principal factor histórico de superación individual e integración nacional. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) marca un parteaguas en nuestro sistema de educación básica. Al romper el centralismo, ha permitido imprimir un nuevo dinamismo a la educación preescolar, primaria y secundaria.
Con la determinación de los gobiernos estatales y el compromiso razonado del magisterio y su sindicato, se llevó a cabo el mayor y más complejo proceso de federalización en la historia de México, preservando el carácter nacional de la educación. Con absoluto respeto a los derechos de los trabajadores de la educación, el Gobierno Federal transfirió a las entidades federativas casi 100 mil planteles escolares con sus 13 millones y medio de estudiantes, y los recursos humanos y financieros para su atención. Ahora los establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria, secundaria y normal, incluidos los de educación indígena y especial, están siendo operados directamente por las autoridades de cada estado de la Federación.
En el propio ANMEB se asentó como el objetivo fundamental la revalorización de la función social del maestro; con tal propósito han sido otorgados importantes aumentos en su salario y se puso en marcha la carrera magisterial, a través de la cual el magisterio puede acceder a mayores niveles de ingreso, sin tener que interrumpir su actividad docente en el nivel académico de su especialidad y preferencia. En congruencia con lo anterior, se ha dado un renovado impulso a la actualización del magisterio.
La derrama de recursos ha beneficiado no sólo a la educación básica, sino de manera muy particular a la educación superior, lo que confirma el compromiso inquebrantable del Gobierno de la República con los centros de educación superior.
En lo que se refiere a la educación tecnológica superior, se ha puesto en marcha una amplia reforma que permitió una mejor atención de las cuestiones centrales de los programas de estudios correspondientes. En materia de capacitación para el trabajo, se han iniciado esfuerzos tendientes a dotarla de una mayor congruencia y pertinencia respecto de las necesidades, tanto de estudiantes, como de trabajadores, así como de las propias empresas, en un esquema de gran flexibilidad. De esta manera, la capacitación para el trabajo, se podrá convertir en una actividad que se pueda llevar a cabo productivamente a lo largo de toda la vida.
El crecimiento futuro de la producción y de los salarios reales dependerá del grado de avance en la ciencia y la tecnología aplicada a los procesos productivos; sólo a través de sus avances se
podrá ser más competitivo. El financiamiento de la ciencia y la tecnología es un mecanismo clave para modificar y reorientar esta política en México. Por ello, la presente administración ha realizado un esfuerzo sin precedentes en la canalización de fondos públicos a la investigación científica y a la modernización tecnológica.
Se está cumpliendo el compromiso de destinar mayores recursos a la creación cultural independiente, a la protección de nuestro patrimonio arqueológico, a la difusión de la cultura y, en particular, a las escuelas nacionales de arte. Así, se inició la reforma integral de la educación artística profesional, que tendrá como eje la creación del Centro Nacional de las Artes. Es éste el primer paso hacia la configuración de un sistema de educación artística con espacios educativos en distintas regiones del país.
La educación es una herramienta privilegiada para mejorar las oportunidades de todos los mexicanos, impulsando la capacidad productiva de la sociedad. Fortalece sus instituciones económicas, políticas, sociales y científicas, contribuyendo así a consolidar la unidad nacional y la cohesión social. Promueve una más equitativa distribución del ingreso, al generar niveles más altos de empleo bien remunerado, que permiten apoyar el desarrollo económico en un entorno internacional cada vez más competido. Contribuye a elevar los niveles de bienestar, mejorando las condiciones de alimentación y salud. La educación fomenta la conciencia y el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente; facilita la adaptación social al cambio tecnológico y difunde en la sociedad actitudes cívicas basadas en la tolerancia, el diálogo y la solidaridad.
I.3.10 Vivienda
El Estado ha abandonado su papel de constructor y propietario directo de vivienda para desempeñar un papel más activo como promotor de la acción habitacional. Así, la modernización del Estado, en términos de la política de vivienda, se ha orientado a promover, con base en la concertación, una mayor participación de todos los sectores de la sociedad, dejando al Gobierno la responsabilidad de establecer las condiciones generales para que los sectores social y privado puedan producir y adquirir adecuadamente la vivienda.
En 1992 se puso en marcha el Programa Especial de Fomento y Desregulación de la Vivienda, estableciendo compromisos de carácter cualitativo y cuantitativo, tanto para las entidades gubernamentales, como para los sectores social y privado, en función del Acuerdo de Coordinación para el Fomento y Desregulación de la Vivienda. La acción concertada del Gobierno Federal y de los gobiernos de las Entidades Federativas con los participantes en el proceso de promoción, financiamiento, producción, comercialización y titulación de la vivienda, ha logrado reducir costos, trámites y tiempos.
Asimismo, se han adoptado diversas medidas de carácter federal, estatal y municipal que disminuyen los costos indirectos asociados con la vivienda de interés social y popular. El promedio nacional de los costos indirectos de naturaleza estatal y municipal, que se consignan en las legislaciones vigentes, disminuyó de 12.4% en 1992 a 8.9% en 1993 del valor total de la vivienda de interés social. Además, se eximió del pago del Impuesto al Valor Agregado a las comisiones y contraprestaciones derivadas del otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, construcción o reparación de bienes inmuebles que se otorguen entre 1992 y 1994, a la vez que se ha reducido gradualmente el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles a 4% en 1993. En cinco entidades del país ya se aplica un deducible a la base gravable de este impuesto de 20 salarios mínimos anuales, para la vivienda de interés social y popular, con lo que prácticamente se exenta a la vivienda con valor promedio de N$ 71 mil 500. Por otra parte, para simplificar los trámites relativos al otorgamiento de permisos y licencias para la construcción habitacional, se han establecido 115 Oficinas Únicas Municipales de Trámites para Vivienda en igual número de municipios.
En materia de financiamiento, se han introducido modificaciones en la operación de las instituciones de vivienda para fomentar el mercado inmobiliario, en particular el de la vivienda de interés social y popular. Este mercado estaba segmentado y limitado para la población objetivo de cada uno de los fondos de vivienda de cobertura nacional. A partir de la desregulación del sistema de inversión obligatoria de la banca en marzo de 1989, el cual repercutía en un mayor nivel de las tasas de interés activas, Fovi estableció un esquema de subastas para asignar sus recursos entre aquellos conjuntos habitacionales edificados por los promotores más eficientes.
Las reformas de los organismos han otorgado mayor libertad a los acreditados para adquirir su casa y han facilitado a promotores y constructores la colocación de viviendas indistintamente entre los beneficiarios potenciales de cada organismo, integrando en un solo mercado la producción y demanda de vivienda de interés social.
En febrero de 1992 se reformó la Ley del Infonavit, que transforma su operación sobre las siguientes bases: establecimiento de cuentas individuales dentro del SAR; asignación de los créditos individuales mediante una puntuación objetiva; cobro de una tasa de interés real sobre los créditos; adecuación del monto de los créditos a la capacidad de pago de los acreditados; y la asignación de los créditos a los constructores mediante subastas. Como resultado, en 1993 el Instituto contó con recursos para otorgar 110 mil créditos, contra 49 mil 584 en 1988. En enero de 1993 se modificó la Ley del ISSSTE, para modernizar en los mismos términos la operación del FOVISSSTE.
De esta forma, en los últimos cinco años el financiamiento para vivienda se ha incrementado en 400%. Además, se han ampliado los plazos de amortización hasta 25 y 30 años; se han introducido mecanismos de financiamiento integral que cubren desde la adquisición del terreno hasta la vivienda terminada; y se han promovido esquemas de cofinanciamiento con recursos de la banca, los organismos de vivienda y los acreditados.
Para fortalecer la coordinación y concertación institucional, se integraron Subcomités Estatales de Vivienda o instancias equivalentes en las 31 entidades federativas, así como una Comisión de Vivienda en el Distrito Federal, al tiempo que se ha impulsado una coordinación constante entre los Organismos Estatales y Municipales de Vivienda. Los Convenios de Desarrollo Social suscritos con las entidades federativas en 1993, incluyeron un apartado de vivienda en el que se establecen 12 compromisos específicos para el fomento y desregulación de esta actividad. Se establecieron mecanismos de coordinación continua con organismos de vivienda de cobertura nacional y con la banca, así como grupos de concertación entre la banca y los promotores de vivienda.
Adicionalmente, se ha incrementado la oferta de suelo para vivienda a través del programa de Lotes con Servicios y Vivienda y la integración de un inventario nacional de reservas territoriales con aptitud habitacional; se han realizado concertaciones con las cámaras industriales y comerciales para obtener descuentos y condiciones preferenciales en apoyo al Programa de Materiales de Construcción de la Vivienda; se puso en marcha el Programa de Autoconstrucción Crédito a la Palabra con recursos de Solidaridad para beneficiar a la población cuyo ingreso familiar sea de hasta 2.5 veces el salario mínimo; se han mejorado los esquemas de comercialización a través de servicios de información sobre la oferta y demanda de vivienda con la participación de Infonavit y la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios; se promueve la innovación tecnológica a través de la realización de concursos nacionales anuales de tecnología para la vivienda de interés social y la difusión del Catálogo de Tecnologías para ese tipo de vivienda. Además, se han llevado a cabo acciones para ampliar la oferta de vivienda en arrendamiento mediante la derogación de los decretos de congelación de rentas en el Distrito Federal y Nuevo León, la modificación de los Códigos de Procedimientos Penales del Distrito Federal, Nuevo León y Chiapas y la promoción de esquemas de renta con opción a compra, sobre todo en el Distrito Federal y la Frontera Norte, con la participación de las maquiladoras.
Con estas acciones se ha incrementado la capacidad para construir vivienda, generar empleo y estimular el crecimiento económico, al repercutir la construcción de vivienda en cerca de 40 ramas industriales. En el transcurso de la presente administración se han construido alrededor de un millón de viviendas adicionales. En 1993 se estima que la inversión en vivienda representará más del 3% del producto interno bruto, lo que ha permitido cumplir la meta de incrementar el parque habitacional en 320 mil viviendas y generar, de acuerdo con cálculos del INEGI, 1.6 millones de empleos directos, con un incremento de aproximadamente 300 mil empleos en relación con 1992. Cabe señalar que al inicio de mi gestión se construían poco más de 100 mil viviendas al año.
I.3.11 Medio ambiente
La gestión de la Administración Pública Federal en materia ecológica se ha orientado a armonizar el crecimiento económico con la calidad del medio ambiente, con base en la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Para ello, se han incorporado en los programas de gobierno, tareas y acciones sistemáticas que han permitido atenuar y revertir procesos de depredación de los recursos naturales.
En 1992 se crearon el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, órganos desconcentrados de la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de aumentar la eficiencia de las acciones ecológicas del Gobierno.
A través del Instituto se ha fortalecido la base normativa para desalentar los procesos que
deterioran el medio ambiente y los recursos naturales. En la actualidad se cuenta con 68 Normas Oficiales Mexicanas en materia ecológica y 73 más se publicarán en lo que resta del año. Cabe señalar que conforme a la Ley de Metrología y Normalización, todas las normas citadas están sujetas a una amplia consulta con la sociedad, así como a un análisis de costo - beneficio que respalda su pertinencia. Asimismo, el Instituto recibe y evalúa las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo presentados por los sectores público, social y privado. El Instituto norma el aprovechamiento racional de la flora y fauna mediante el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas y su administración, entre otras acciones. En 1993 fueron declaradas Áreas Naturales Protegidas las reservas de El Pinacate, El Desierto de Altar, El Alto Golfo de California, y el Delta del Río Colorado. Por su parte, mediante el Programa de Ordenamiento Ecológico, se apoya la planeación y regularización de las actividades económicas y sociales, considerando la vocación natural del suelo.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lleva a cabo la vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental y la aplicación de las sanciones correspondientes en los casos que lo ameriten. A este respecto destacan los programas de auditorías ambientales y el de inspecciones a industrias. Asimismo, atiende las quejas derivadas del incumplimiento de la normatividad ambiental.
Tanto el Instituto como la Procuraduría promueven la participación de la sociedad en la formulación y aplicación de la política ecológica mediante programas de información, difusión y educación en sus ámbitos respectivos. Además, ambos órganos brindan apoyo a los estados y municipios.
Con el fin de generar la información necesaria para identificar los problemas de la contaminación atmosférica y establecer su gravedad, se estableció la Red Nacional de Monitoreo Atmosférico que incluye 24 redes de monitoreo en diversas zonas críticas del país. Se ha buscado mejorar la calidad de los combustibles, reduciendo así el daño de las emisiones de contaminantes, tanto de fuentes móviles como fijas. Entre otras acciones emprendidas están la elaboración de diesel y de combustóleo con bajo contenido de azufre; el suministro de gasolina sin plomo para los vehículos equipados con convertidor catalítico (modelos 1991 y posteriores); y la utilización de gas natural en termoeléctricas.
En el manejo sostenible de los recursos forestales se sigue una doble estrategia. Por un lado, brindar las condiciones para que los sectores social y privado tengan incentivos para hacer un uso racional de los recursos forestales; y por el otro, intervenir directamente con acciones precisas en el sector. Las reformas al artículo 27 y la nueva legislación agraria, abren oportunidades para la creación de la pequeña propiedad forestal y la libre asociación de agentes para aprovechar, mantener y renovar los recursos forestales, utilizando economías de escala. Por su parte, Solidaridad brinda asesoría técnica y fomenta la cultura forestal y el uso racional de los recursos para productores de bajos ingresos.
México es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo. Conservar y hacer un uso adecuado de esta biodiversidad es un compromiso que hemos asumido con las generaciones presentes y futuras de mexicanos y del resto del mundo. Durante la presente administración se creó y consolidó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). El SINAP pasó de proteger 2.3 millones de hectáreas en 1988 a 7.8 millones de hectáreas en octubre de 1993. Esto representa aproximadamente el 4% del territorio nacional. Gracias a este aumento, el SINAP cuenta con una mayor representatividad de las especies que desea impulsar y proteger.
Entre 1989 y 1991, se duplicó el presupuesto federal destinado a Reservas de la Biósfera. Al esfuerzo de México se ha sumado la solidaridad internacional. El Fondo Ambiental Global ha destinado 25 millones de dólares para contribuir al manejo de las Áreas Naturales Protegidas en los próximos 3 años. Destacan la adhesión de nuestro país al Convenio Internacional de Comercio de Especies en Peligro de Extinción (CITES); las acciones realizadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), establecida en julio de 1992; y la labor que Solidaridad realiza apoyando proyectos de Ecología Productiva en comunidades rurales de todo el país.
En materia de agua, con el propósito de coadyuvar al mejoramiento de la calidad de este recurso en las principales cuencas hidrológicas, continuó en operación la Red Nacional de Monitoreo Ambiental con 364 estaciones. Estas estaciones se encuentran distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Asimismo en 1993, se publicaron 31 Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la calidad del agua y se construyeron 16 plantas de tratamiento de aguas residuales.
Con las reformas al artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria, así como con la creación de la nueva Legislación de Aguas Nacionales, el Gobierno Federal ha emprendido acciones para que el precio del agua refleje su verdadero valor y costo social. Asimismo, se ha propiciado la apertura de esquemas para la participación de la inversión privada y social en la construcción y operación de infraestructura hidráulica federal, así como para la prestación de los servicios correspondientes. Destaca la obligación que tienen todos los usuarios de contribuir con el desarrollo hidráulica mediante el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, incluido el pago de derechos para manejar adecuadamente las descargas de aguas residuales y reducir la contaminación de ríos y acuíferos.
I.3.12 Solidaridad
La transformación de la sociedad mexicana en los últimos años, había vuelto obsoletas las antiguas fórmulas que se tenían para hacer frente a las crecientes demandas de la sociedad. Esta situación hizo necesaria una reforma del Estado, que replanteara los medios y mecanismos que había utilizado para cumplir su compromiso con la justicia social y que asimismo estableciera nuevos principios de gestión pública, que permitieran hacer frente con eficacia y eficiencia, a los graves rezagos sociales que padece nuestro país.
Así, dentro del conjunto de medidas que comprenden la política social del Gobierno Federal, el Programa Nacional de Solidaridad dirige los esfuerzos de los mexicanos hacia la superación de la pobreza de aquellos grupos que no cuentan con los medios suficientes para lograrlo. Se cumple así con la responsabilidad social del Estado mexicano y con las obligaciones que establece nuestra Constitución.
Solidaridad contribuye a atacar las causas estructurales de la pobreza, al apoyar a la sociedad con medios que permitan incrementar productivamente sus niveles de vida. Al ampliar la cobertura y la calidad de los servicios básicos y estimular nuevas opciones de empleo, se crean los medios para revertir la inequidad y la concentración del ingreso.
La reforma social se ha llevado a cabo con un ejercicio responsable de la autoridad y con la incorporación de la sociedad en la toma de decisiones, ya que la diversidad de opiniones permite alcanzar líneas de acción más acordes a las necesidades de cada comunidad.
El Programa Nacional de Solidaridad se ha regido bajo cuatro principios fundamentales, que le han dado sustento social:
La plena y efectiva participación de los sujetos organizados, desde la definición del proyecto hasta su evaluación y terminación.
Respeto a la voluntad, iniciativas y formas de organización de los participantes, reconociendo su diversidad y pluralidad.
La corresponsabilidad que crea compromisos serios, precisos y públicos de todos los sectores participantes.
Uso transparente, honesto y eficiente de los recursos.
El Programa Nacional de Solidaridad es el instrumento propuesto por los mexicanos y que el Gobierno Federal ha recogido para la superación de la pobreza de los grupos de menos recursos del país. El propósito inicial del Programa fue crear un "piso social básico", que correspondiera a las necesidades más inmediatas y sentidas de la población. Una vez que se han logrado avances sustanciales en materia social y con base en el fortalecimiento de la organización de los grupos participantes, ha sido posible iniciar la construcción de un "segundo piso", con la consolidación y puesta en marcha de proyectos productivos que crean empleos e inciden directamente en el incremento del ingreso de las familias.
Solidaridad es el programa más descentralizado de la Administración Pública Federal. A propuesta del Ejecutivo, y con la aprobación de la honorable Cámara de Diputados, los recursos se entregan directamente para su ejercicio en un 95.0% a los gobiernos estatales y municipales y a los propios ciudadanos que participan organizadamente. Esta descentralización es posible por el Convenio de Desarrollo Social que cada año se firma con los titulares de los Ejecutivos Estatales y que permite lograr un alto grado de coordinación institucional, concertación social y un eficiente ejercicio presupuestal.
Los recursos de Solidaridad se canalizan a fortalecer las acciones de educación, salud, electrificación, agua potable, drenaje, infraestructura urbana y alimentación, consolidando los avances alcanzados en cinco años de trabajo y que han de abatir rezagos y atender a la nueva demanda. Con la construcción de infraestructura como caminos, puentes y obras hidroagrícolas, se apoya el desarrollo regional, que conjuntamente con los avances sociales, hacen posible el apoyo
productivo para los indígenas, campesinos y pequeños empresarios. En este sentido, desempeñan un papel de gran importancia las empresas de Solidaridad.
Por su impacto y magnitud, destacan los programas que canalizan los recursos directamente a los municipios y a los participantes organizados en Comités de Solidaridad. Los campesinos cuentan por esta vía con apoyos que les permiten cultivar sus tierras, las escuelas reciben el mantenimiento necesario para dignificar las instalaciones; los niños reciben una beca, atención médica y una despensa para apoyar su permanencia en la escuela; y los ayuntamientos cuentan con recursos para atender las necesidades sociales más inmediatas. En éstos, como en todos los programas que se inscriben en Solidaridad, la participación social es el elemento más importante y hace posible la transparencia en el manejo de los recursos. Las comunidades eligen democráticamente a los miembros de un comité, encargado de convocar asambleas públicas, para definir las prioridades de la comunidad, apoyar la administración de los proyectos y organizar su propia contribución a los mismos.
De esta forma, Solidaridad acaba con el paternalismo de los programas asistenciales del pasado, y promueve la capacidad organizativa de las comunidades, a la vez que asegura que el Gobierno atienda las demandas más urgentes de las comunidades. En particular, la participación comunitaria permite identificar con mayor precisión la demanda de los grupos sociales por servicios públicos y aumentar la eficiencia en su asignación.
Se cumple así con el propósito establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de elevar productivamente los niveles de bienestar de la población. Las nuevas condiciones, producto del esfuerzo y el trabajo solidario, también contribuyen a revertir la inequidad y lograr una más justa distribución del ingreso.
I.3.13 Política de Concertación
La política de concertación impulsada por mi Gobierno ha sido un elemento clave en el diseño, discusión e instrumentación de diversas acciones en materia económica y social. Constituye, asimismo, un esquema novedoso a nivel internacional que incorpora a los sectores productivos de la sociedad.
El primer Pacto, firmado en diciembre de 1987, cuando el país experimentaba la más alta inflación de su historia reciente, constituye el primer antecedente de esta política. Se inició como un proceso de concertación económica y social, mediante el cual los sectores obrero, campesino y empresarial y el Gobierno de la República decidieron actuar conjuntamente para atacar de raíz las causas estructurales e inerciales del fenómeno inflacionario.
Los mexicanos consideramos que sólo se podían lograr resultados positivos y duraderos a través de la concertación entre los distintos sectores de la población, con el propósito de alcanzar una equitativa distribución de la carga del ajuste macroeconómico entre trabajadores, campesinos, patrones y gobierno.
El inicio del Pacto fue una etapa difícil. Fue necesario superar una atmósfera natural de cautela ante experiencias nacionales e internacionales fallidas para contener la inflación y entender la magnitud de los ajustes iniciales requeridos para dar viabilidad a la estrategia de estabilización. Sin embargo, los resultados fueron claramente exitosos y sirvieron de base para los ejercicios de concertación posteriores.
En diciembre de 1988, al iniciarse mi administración, se reafirmó la concertación como instrumento básico para consolidar y profundizar el abatimiento de la inflación. A fines de ese mes se firmó el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, que introdujo un cambio importante, al añadir a la estrategia de estabilización los objetivos de recuperación del crecimiento económico y de avance en el cambio estructural. Durante estos años, la disciplina en las finanzas públicas se mantuvo como instrumento permanente de la estrategia, al mismo tiempo que se dio un nuevo énfasis a otros elementos como la desregulación económica y la apertura comercial y se procedió al retiro gradual de subsidios para acercar los precios públicos a los niveles internacionales.
Así, de una primera etapa que puso énfasis en el rompimiento de la inercia inflacionaria, se dio paso en 1989 a una segunda fase de abatimiento gradual de la inflación, simultánea a la recuperación del crecimiento mediante la eliminación de obstáculos estructurales. Una tercera etapa del proceso de concertación se inició en octubre de 1992 con la firma del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo. Al estar el país cada vez más cerca de abatir la inflación a un dígito y ante la necesidad de hacer frente a un entorno global cada vez más competido, el Pacto se planteó dos objetivos básicos: avanzar en el proceso de estabilización y elevar la competitividad de las empresas, como requisito esencial
para fortalecer la planta productiva e impulsar el empleo.
A las reformas macroeconómicas de las primeras etapas se hizo indispensable agregar, en esta tercera etapa, un énfasis cada vez mayor en los aspectos microeconómicos. En el contexto del Pacto, se incorporaron los objetivos del Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y Calidad, orientados a acrecentar el potencial creativo del trabajador y abrir nuevas posibilidades de competitividad a las empresas.
Los sectores y el gobierno reconocieron en esa nueva concertación que la elevación sostenida de los niveles de productividad constituye un requisito esencial para alcanzar mejores niveles de vida, compatibles con la estabilidad de precios y una participación más activa en las oportunidades, en un entorno económico internacional en acelerado proceso de transformación.
La más reciente concertación del Pacto, firmada hace unas semanas y cuyos aspectos más relevantes se describen en la sección correspondiente, parte de una situación diferente a la primera de ellas. La inflación se encuentra en niveles de un dígito, al tiempo que se cuenta con recursos reales, generados a través del superávit fiscal, para fortalecer el mercado interno, el salario y el empleo, manteniendo la estabilidad de precios y el equilibrio presupuestal. Así, se llegó a un acuerdo entre las partes firmantes para apoyar la reducción de la inflación a los niveles de nuestros principales socios comerciales y el mejoramiento de la productividad y, con base en ambos esfuerzos, alcanzar una mejoría sustancial y permanente del salario de los trabajadores.
En todos estos años la concertación ha funcionado. La búsqueda de consensos, al hacer concurrentes los esfuerzos de los sectores productivos y del Gobierno, han permitido dar mayor efectividad a las acciones emprendidas, volver explícitos los costos y esfuerzos requeridos para el ajuste, y abrir un foro permanente de discusión y seguimiento de la estrategia económica para todos los sectores participantes. Resulta necesario, por tanto, mantener el espíritu que ha animado a estos acuerdos para enfrentar conjuntamente sectores y gobierno el reto que exige la competitividad en el contexto actual, como base para generar mayores niveles de empleo productivo y mejores niveles de vida para la población.
De este modo, la estrategia económica se ha apoyado en los acuerdos alcanzados a través de los diferentes pactos económicos en los que, con la participación de los sectores organizados de la sociedad y el Gobierno, se han establecido compromisos en beneficio del país, distribuyendo la carga del esfuerzo entre los distintos participantes.
Las acciones en los ámbitos fiscal, financiero, comercial y regulatorio que hemos señalado conforman el marco de referencia a partir del cual las empresas de todos los sectores de la economía mexicana han iniciado su propia reforma a nivel microeconómico.
El comportamiento de algunos indicadores agregados nos permite vislumbrar la intensidad de esta reforma microeconómica. Por ejemplo, se ha observado durante la presente administración una trayectoria muy favorable en la inversión y la productividad. El comportamiento de estos elementos, además de sus implicaciones microeconómicas, hace congruente al proceso de estabilización de la inflación con el de la recuperación de los salarios reales y las perspectivas de crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo.
II. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN 1993
El programa económico para 1994 toma en cuenta para su formulación la evolución de la economía en 1993. Es por ello que a continuación se analiza con mayor detalle la evolución de las principales variables en los primeros meses del año en curso.
II. 1 ENTORNO INTERNACIONAL.
En 1993 el entorno económico internacional continuó siendo en términos generales desfavorable para nuestro país. La recuperación de la actividad, luego de la fuerte caída registrada a partir de 1992, no es todavía un proceso generalizado y es aún muy débil. Así, 1993 es el cuarto año consecutivo en el que el crecimiento de la economía mundial se encuentra por debajo de su tendencia de largo plazo. No obstante que hacia finales de 1992 los organismos oficiales en cada uno de los países más industrializados pronosticaron que en 1993 se observaría una clara recuperación, la información más reciente aún no muestra que ésta se haya iniciado. La recuperación de la economía japonesa se detuvo en el segundo trimestre del año, y la de los países de Europa occidental, con la excepción del Reino Unido, no parece que vaya a iniciarse sino hasta principios de 1994, en el mejor de los casos. Por su parte, la actividad económica en Estados Unidos y Canadá ha sido menos dinámica de lo que se anticipaba.
La debilidad de la actividad productiva en los países mas industrializados es reflejo de diversos factores, algunos derivados de los desequilibrios fiscales y monetarios de los años anteriores y otros producto de rigidez y distorsión en sus mercados. Elevados déficit fiscales han contribuido a mantener las tasas de interés reales de largo plazo en niveles altos. Estas, a su vez, se reflejaron a lo largo de 1993 en mayor agitación en los mercados de divisas. Por su parte, la política laboral no ha conseguido resolver los problemas estructurales que confieren un alto grado de rigidez a los mercados, de modo que es difícil anticipar una caída significativa en los niveles de desempleo.
Aun cuando en los países industrializados la inflación se ha reducido y no constituye un problema de corto plazo, la política monetaria enfrenta retos difíciles de resolver. Si bien la orientación restrictiva de la política monetaria hacia el final de la década de 1980 inicié la corrección de los precios de los activos financieros, por su carácter abrupto obligo a un proceso profundo de reajuste de los balances financieros, tanto de empresas como de particulares. Este proceso explica la falta de dinamismo en el consumo e inversión, no obstante la baja de las tasas de interés de corto plazo.
El relativamente bajo ritmo de crecimiento de las principales economías, ha mantenido altos los índices de capacidad ociosa en la industria, por lo que no cabe anticipar una reactivación suficientemente fuerte en el corto plazo que permita reducir los niveles de desempleo. El riesgo de esta situación es que, con tasas de crecimiento reducidas y niveles de desempleo elevados, se pueden presentar fuertes presiones por aumentar el proteccionismo comercial. Este tipo de riesgos, por otra parte, contribuye a un contexto desfavorable para promover la inversión productiva (Gráfica 24)
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Al termino de 1992, las proyecciones preliminares con respecto a la economía norteamericana para 1993 preveían un crecimiento real de 3.2%. Sin embargo, las cifras más recientes indican que ésta se expandió en el primer semestre a una tasa cercana al 1.4%, como resultado de una más lenta recuperación del consumo e inversión privados, lo que indica que es difícil alcanzar la proyección inicial. Este comportamiento ha impedido la creación de fuentes de empleo a un ritmo suficientemente elevado como para reducir en forma significativa el desempleo, cuyo nivel actual no se observaba desde 1985. Por otra parte, la persistencia de dichas circunstancias, así como la demora en la aprobación del programa económico de la actual administración norteamericana, han dado lugar a un déficit presupuestal cercano a 4.3% del PIB que, a su vez, limita el margen para que las autoridades monetarias adopten una política más expansiva.
En Europa, la política antiinflacionaria adoptada por el Banco Central de Alemania obligó al resto de los bancos centrales a mantener tasas de interés elevadas, no obstante el debilitamiento que venía acentuándose en la actividad económica y los elevados índices de desempleo que se registran desde el año de 1986, fenómeno que se
ha visto agudizado a raíz de la reunificación alemana. La falta de coordinación de las políticas macroeconómicas entre los principales países y las dificultades que enfrentaron algunos de ellos para la ratificación del Tratado de Maastricht, provocaron movimientos especulativos de capital que obligaron a las autoridades monetarias a ampliar los márgenes de intervención para sostener las paridades mutuas y a mantener elevadas tasas reales de interés. Así, con excepción del Reino Unido, cuya economía en el cuarto trimestre de 1992 inició una fase de recuperación, el resto de las principales economías se encuentra aún en la fase de contracción productiva. En Alemania se anticipa una caída del PIB de 1.6%; en Francia se proyecta un estancamiento en el nivel de actividad económica; en Italia una ligera recuperación de 0.3%. Por su parte, la economía japonesa también sufre una contracción en su actividad productiva, por lo que se estima que el producto aumente únicamente 0.1% al término del presente año.
Además del debilitamiento de la demanda externa que ha afectado nuestras exportaciones, a lo largo de 1993 los términos de intercambio se han deteriorado continuamente. Entre diciembre de 1992 y julio de 1993 el índice de términos de intercambio muestra un deterioro de 4.7% que se explica fundamentalmente por una caída en el precio de las exportaciones. En particular, el precio promedio de nuestra mezcla de petróleo crudo, se redujo de 14.9 dólares por barril (dpb) en 1992 a un nivel estimado para 1993 de 13.7 dpb. Esta última cifra es menor en 0.54 dpb al nivel originalmente previsto.
II. 2 Actividad Económica
La transformación económica en marcha, que tiene como fin enfrentar con éxito los retos de la globalización e insertar a nuestra economía en los mercados mundiales, en 1993 se encuentra en una etapa compleja que afecta de manera particular al sector productivo y al mercado laboral.
En el primer semestre del año, la actividad económica del país registró un crecimiento de 1.3%. con respecto al mismo período del año anterior. El crecimiento en el primero y segúndo trimestres, sin embargo no fue homogéneo, habiéndose presentado un aumento de 2.4% y 0.3%, respectivamente.
La información al mes de julio sobre la actividad industrial indica que se registro un crecimiento acumulado de 0.1% en comparación con igual período del año pasado. Al interior, el sector con la tasa de crecimiento más acelerada fue el de la Construcción, con un aumento promedio de 4.9%, seguido por Electricidad, Gas y Agua, con un aumento real de 4.7%. En este período, las manufacturas y la minería presentaron una caída de 1.3% y 0.1% real, respectivamente.
Por lo que respecta al destino de la producción manufacturera, se observa un comportamiento heterogéneo. Las divisiones vinculadas a la producción de bienes de capital y de consumo duradero enfrentan una desaceleración más marcada, como es el caso de maquinaria y equipo, la madera y sus productos. Las divisiones relacionadas con bienes intermedios, de manera global, mantienen estable su producción. Por su parte, la producción de bienes de consumo no duradero mantiene un crecimiento moderado.
Los servicios, al cierre del primer semestre, mostraron una tasa de crecimiento promedio de 1.9%. El sector primario, que se vio fuertemente afectado por factores climatológicos adversos, registró una contracción de 1.3% en la primera mitad del año.
Con base en estas cifras, se anticipa que el PIB alcanzará un crecimiento real promedio durante 1993 de 1.1%, cifra menor al ritmo de expansión que deberá tener nuestra economía en el mediano y largo plazo.
En relación al mercado laboral, en los primeros dos meses del año, el crecimiento anual en el número de plazas de asegurados permanentes con categoría de asalariados fue negativo en 0.7%. Sin embargo, esta tendencia se revirtió desde el segundo bimestre y, para el período marzo-agosto, mostró una moderada recuperación al observarse un crecimiento de 0.4%. La tasa de desempleo abierto alcanzó en el período enero-agosto un nivel promedio de 3.4%.
Son varios los factores que, por sí mismos y por la interacción de unos con otros, han contribuido a la pérdida de dinamismo de la actividad económica a lo largo del presente año. El más importante de éstos es el propio proceso de modernización del aparato productivo que responde a la estrategia de cambio estructural y liberalización de la economía que ha venido adoptándose.
La modernización ha implicado modificaciones a muy diversos aspectos del proceso productivo, que por sus características mismas, consumen tiempo y recursos; por lo tanto, ésta aún no se refleja en tasas de crecimiento más acelerado. La apertura comercial y la realineación de los
principales precios relativos ha obligado a las empresas a reorientar su producción a nuevos mercados, tanto internos como externos. Esta transformación origina que una parte importante de los bienes de capital existentes en la planta productiva tenga que ser desechado, debido a su obsolescencia, lo que obliga a renovar el acervo de capital de la economía e introducir nuevas tecnologías. Ambos elementos requieren de tiempo, talento, recursos financieros y una mayor capacitación de los trabajadores, tanto a nivel de la planta como gerencial. Así, la inversión ha tenido que destinarse a la renovación y a la ampliación del acervo de capital, por lo que su impacto en el producto es menor que en el pasado reciente.
La profundidad e intensidad del cambio que deben experimentar las empresas también hace que éstas revisen su proceso productivo con el objeto de abatir costos de insumos físicos, financieros y su plantilla de personal. Este último aspecto ha contribuido a restar dinamismo al mercado laboral en su conjunto y, aun cuando es un fenómeno transitorio, ha incidido sobre la vida cotidiana de muchas familias.
La disminución del ritmo de crecimiento de la producción y del empleo con respecto a los niveles alcanzados en los primeros años de mi administración, se ha visto reflejado también en una pérdida de dinamismo del consumo privado y, por lo tanto, de las ventas en el mercado nacional. Cabe señalar que esta pérdida de dinamismo se hizo más aguda debido a que el consumo privado entre 1989 y 1992 mantuvo tasas de crecimiento superiores a las de su tendencia de largo plazo. Ello se explica por el hecho de que, como en los años anteriores el ingreso per capita registró una contracción, existía una demanda de consumo insatisfecha la cual sólo pudo ejercerse cuando las perspectivas de progreso material se hicieron evidentes a nivel de las familias. Esto ocurrió a partir de 1989.
La desaceleración de las ventas, por su parte, provocó problemas de liquidez en diversos sectores de la economía. Esta situación afectó tanto a las empresas que inmersas en el proceso de modernización se han visto obligadas a financiar volúmenes crecientes de inversión, como a aquellas empresas que, por no haber iniciado su modernización, enfrentan dificultades para colocar sus productos en mercados cada vez más competidos.
Los problemas de liquidez de las empresas se han reflejado en montos crecientes de cartera de crédito vencida del sistema bancario, lo cual ocurre en un momento en que la propia banca lleva a cabo un proceso de fortalecimiento de sus niveles de capitalización. Por ello, la banca se ha visto obligada a revisar sus estrategias de otorgamiento de crédito, incluyendo la reestructuración de la cartera vencida. No obstante que la banca ha respondido con agilidad ante esta situación, el costo del crédito continúa siendo elevado y ello ha incidido en el nivel de producción e inversión de las empresas.
La coincidencia de la baja en la tasa de crecimiento de las ventas, la relativa astringencia en el mercado crediticio y la prolongada debilidad de la recuperación de las economías de nuestros principales socios comerciales, ha dado lugar a un proceso de inversión más lento que en los años previos.
Otro factor que, en el corto plazo, ha contribuido al menor ritmo de crecimiento de la demanda interna se refiere a la creciente participación de los insumos importados en la producción intermedia. Este es un resultado natural en las etapas iniciales de la apertura que, sin embargo, tiende a revertirse conforme los proyectos de inversión derivados de la propia apertura comienzan a madurar. La creciente penetración de las exportaciones mexicanas en los mercados internacionales confirma que dicha reversión está ya ocurriendo.
Cabe reiterar, por último, que la lentitud en la recuperación de la economía internacional y el consecuente deterioro de nuestros términos de intercambio son dos de los factores explicativos más importantes para comprender las causas de la desaceleración de nuestra economía.
Los argumentos expuestos anteriormente permiten asentar que la situación por la que atraviesa nuestra economía no es resultado de un debilitamiento de la misma. Por el contrario, ésta es una etapa natural del proceso de modernización en el que estamos comprometidos. La corrección de los desequilibrios macroeconómicos y las reformas estructurales han coadyuvado a superar los obstáculos más graves que enfrentábamos para alcanzar un crecimiento sostenible. Los elevados ritmos de crecimiento de nuestras exportaciones y la continua elevación de los índices de productividad corroboran el fortalecimiento del aparato productivo.
II. 3 PRECIOS Y SALARIOS
La continua y rápida disminución del ritmo inflacionario habrá de constituir uno de los aspectos más sobresalientes de la evolución económica
durante 1993. Habiendo concluido el año de 1992 con una inflación acumulada de 11.9%, para el mes de junio se alcanzó la meta de un sólo dígito. Al mes de octubre, la inflación anual, medida con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, se situó en 9.14%, siendo la tasa de inflación más baja que se registra desde abril de 1973. Por su parte, el Índice Nacional de Precios al Productor registró un crecimiento anual de 5.24%, habiéndose encontrado en el rango de un dígito a lo largo de todo 1993, lo que indica una rápida reducción en la brecha que nos separaba al inicio del año con el nivel inflacionario de nuestros principales socios comerciales.
La solidez de estos resultados se hace más evidente por la gradual convergencia que se observa en las tasas de crecimiento de los precios de servicios y de mercancías, por la evolución del Índice de Precios al Productor, que refleja de modo más cercano los costos de las empresas y por el nivel de pleno abasto en los bienes que integran la canasta básica. Existen otros elementos que contribuyen a dar permanencia a los resultados alcanzados; entre ellos destaca la corrección de las finanzas públicas, el avance en materia de apertura comercial y la creciente liberalización de precios. Así, se estima que al cierre de 1993 el crecimiento anual de los precios al consumidor se situará en alrededor de 7.7%, lo que representa una disminución de más de una tercera parte con relación al nivel alcanzado al término de 1992.
La disminución de la inflación y el crecimiento sostenido en la productividad han permitido continuar el proceso de recuperación del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores. Cuando los aumentos salariales están fundamentados en mejoras en la productividad y en la calidad, es posible aumentar la retribución al factor trabajo al tiempo que se avanza hacia la estabilidad de precios.
El salario promedio de cotización al IMSS mantiene por tercer año consecutivo crecimientos relativamente elevados. En los primeros seis meses del año, el crecimiento real de este indicador en términos brutos fue de 3.2%. Si se consideran las modificaciones al régimen tributario, propuestas en la más reciente renovación del Pacto, para el ingreso disponible de los trabajadores que perciben hasta cuatro salarios mínimos, el incremento es aún mayor.
Es importante hacer notar que, conforme se le asigna mayor énfasis al papel que juega la productividad como motor del crecimiento económico, tanto empresas como trabajadores se ven estimulados para diseñar e instituir mecanismos que les permitan participar en las ganancias que resultan de la elevación de la eficiencia y la calidad, en la proporción en que cada uno contribuya a este resultado. Esta práctica se ha generalizado durante 1993.
II. 4 FINANZAS PÚBLICAS
Durante 1993, el desempeño de las finanzas públicas se caracterizó por una estricta disciplina, lo que permitirá alcanzar por segundo año consecutivo un superávit económico, no obstante que se enfrentaron condiciones más adversas a las originalmente previstas, mismas que impactaron en forma negativa a las cuentas fiscales del sector público. Se estima que, al cierre del presente año, el superávit público represente un punto porcentual del PIB.
El superávit económico primario se prevé ascenderá a 4.0% del PIB, lo que significa una caída de 1.9 puntos porcentuales con respecto a 1992. Dicha disminución responde a la estrategia emprendida desde mediados de la década pasada, que permitió una importante reducción en las erogaciones por concepto de intereses, disminuyendo así el nivel de superávit primario requerido para alcanzar la meta del balance público.
Se estima que para el cierre de 1993, los ingresos presupuestales del sector público experimentarán una reducción real de 1.3%. Diversos factores explican el comportamiento de este agregado. En primer lugar, la disminución en los ingresos no tributarios de 9.1%, la cual estuvo asociada principalmente, al hecho de que en 1992 este rubro incluyó los ingresos por la desincorporación de FICORCA (equivalente a 0.65 puntos porcentuales del PIB). En segundo lugar, a una caída de 0.8% real de los ingresos tributarios que se explica por el menor ritmo de crecimiento económico y, de ser aprobado por el Congreso, al paquete de reformas fiscales previsto en la reciente renovación del PECE, mismo que tendrá efectos retroactivos a partir del primero de octubre.
Así, la recaudación tributaria presentará una ligera disminución en su participación dentro del producto, al pasar de 12.4% a 12.2%; sin embargo, superará en 3.2% a la meta establecida en la Ley de Ingresos de 1993. Al interior de los ingresos tributarios, destaca el comportamiento del Impuesto Sobre la Renta, con un incremento de 2.2% en términos reales, mientras que el Impuesto al Valor Agregado se reducirá en 0.6% real. Por otra parte, las caídas reales
más importantes se observarán en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 6.2%, como consecuencia de la reducción en las ventas internas de Pemex y el Impuesto a la Importación, 8.8%, debido al menor dinamismo de las importaciones.
Con respecto a los ingresos propios de los organismos y empresas paraestatales, se estima que sus ingresos se mantengan constantes como proporción del PIB, al aumentar 2.9% real, como resultado de la política de mantener constantes, en términos reales, los precios y tarifas públicas.
En lo que respecta al gasto neto presupuestal, la proyección del cierre para 1993 contempla un crecimiento real de 0.4%, de tal forma que su participación en el producto ascienda a 25.2%. Este resultado está explicado por un incremento real en el gasto programable devengado de 7.9% y por la significativa reducción en términos reales de las erogaciones por concepto de intereses de la deuda de 27.1 por ciento, consecuencia de la disminución real en su saldo y al abatimiento del costo financiero asociado a la menor tasa de interés interna, y a la estabilidad de las tasas de interés internacionales. Por lo anterior, se prevé un aumento real de 10.7% en el gasto destinado al desarrollo social, así como un incremento de 13.6% en las erogaciones destinadas a la inversión por el Gobierno Federal. También destaca el mayor gasto ejercido por Conasupo, resultado de las mayores compras de granos básicos derivadas de mejores cosechas a las anticipadas y a menores diferimientos de pago, así como el aumento salarial al magisterio en apoyo a la educación, e incrementos de gasto en el sector salud.
Como resultado del superávit fiscal, ha sido posible continuar con el proceso de disminución del saldo histórico de la deuda pública. Se estima que la deuda neta consolidada con el Banco de México ascienda a 21.0% del PIB al término del presente año.
II. 5 SECTOR FINANCIERO
Durante los primeros nueve meses de 1993, el comportamiento del sector financiero mexicano ha sido en términos generales favorable. Tanto el ahorro financiero como el financiamiento al sector privado registran elevadas tasas de crecimiento.
Al cierre de septiembre, el crecimiento nominal anual del monto de billetes y monedas en circulación, fue de 9.7%, congruente con la evolución del PIB real y del objetivo de inflación propuesto para el presente año. Por su parte, la tasa de crecimiento nominal del agregado monetario más amplio (M4), se ubicó en 29.4% anual, 9.5 puntos porcentuales por arriba de la registrada en diciembre pasado, continuando así el creciente grado de profundización financiera en la economía. Se estima que este indicador al cierre del año registre un crecimiento real de 13.6%.
La favorable evolución observada en el ahorro financiero responde en gran medida al repunte de la captación bancaria, cuyo saldo aumentó 16.1% real anual. Asimismo, los valores gubernamentales en poder del sector privado revirtieron su trayectoria descendente del año pasado y al final de septiembre registran un incremento real anual de 25.8 por ciento, destacando el dinamismo observado en la tenencia de CETES por parte del sector privado no bancario (30.2 por ciento de crecimiento real). No obstante el repunte en la colocación de valores en el sector privado, cabe destacar las importantes amortizaciones de valores gubernamentales que se han llevado a cabo con el Banco de México y la banca múltiple, presentándose una recomposición en la tenencia de los mismos. Así, la participación del sector privado no bancario en el total se sitúa en niveles cercanos a 90%. Por otra parte, a octubre el valor de mercado del saldo real total de circulación de valores gubernamentales presenta una contracción en términos anuales de 9.7%.
El dinamismo del ahorro financiero y la disciplina fiscal han permitido una importante canalización de recursos, vía el financiamiento al sector privado, a actividades productivas que inciden positivamente en el desarrollo económico del país. Así, la prudencia en el manejo fiscal no únicamente apoya a la estabilización, sino que también incrementa el monto de recursos para ser utilizados por los agentes privados. El financiamiento del sistema bancario al sector privado mostró un crecimiento real de 20.1 por ciento en relación con el mismo mes de 1992. Sobresale el incremento en el financiamiento de la banca de desarrollo (20.6% real), así como una desaceleración del financiamiento de la banca múltiple, que pasó de tasas de crecimiento real de 35.3 por ciento en septiembre de 1992, a 20.0% en el mismo mes del presente año.
El menor ritmo de actividad económica ha repercutido en un aumento de la cartera vencida de los bancos y en la calidad de su cartera de crédito. La cartera vencida, como proporción del total de crédito alcanzó, en septiembre de 1993, un nivel de 7.47%. Esta situación ha dado lugar a un intenso proceso de reestructuración de carteras,
siendo éste complementado, en gran medida, por las acciones tomadas por la banca de desarrollo. Con el crecimiento de las reservas de la banca y el incremento en sus índices de capitalización, el sistema bancario continúa apoyando firmemente la transferencia de recursos financieros, en montos crecientes, a la actividad productiva de los particulares. A partir de todas estas consideraciones, se espera que el financiamiento total al sector privado muestre una tasa de crecimiento real de 17.3% anual al cierre de 1993.
Las tasas de interés de los valores gubernamentales registran una tendencia a la baja desde octubre de 1992, cuando alcanzaron su nivel más elevado en ese año. Por su parte, las tasas de interés bancarias y del resto de los instrumentos financieros continúan mostrando una clara disminución, lo que es particularmente evidente en los casos del costo porcentual promedio (CPP) y la tasa de interés interbancaria promedio (TIIP). La primera se redujo en 7.2 puntos porcentuales entre diciembre de 1992 y octubre de 1993, mientras que la segunda lo hizo en 6.7 puntos porcentuales, al comparar el nivel desde la aparición de este indicador y la tasa correspondiente a la segunda semana de octubre, lo que significa disminuciones de casi una tercera parte de las tasas de interés. En la primera quincena del mes de noviembre, se registró un alza en las tasas de interés asociada a la incertidumbre entre los inversionistas respecto a la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos.
II. 6 BALANZA DE PAGOS
Las medidas de cambio estructural, junto con el proceso de estabilización macroeconómica, han abierto nuevas oportunidades de inversión en el país y han logrado incrementar la rentabilidad para la mayoría de los sectores ya establecidos. Así, al aumentar el atractivo de México para los inversionistas extranjeros se ha registrado un flujo de capitales que se ha destinado tanto a la inversión física como a la financiera. Este flujo, que se refleja en el superávit en la cuenta de capitales de la balanza de pagos, constituye ahorro externo que complementa al interno en el financiamiento de la reestructuración y modernización de la planta productiva nacional. La contrapartida del superávit en la cuenta de capitales está representada por el flujo neto de bienes y servicios que se internan al país y que se registran como un déficit en la cuenta corriente. De este modo, en la etapa por la que atraviesa el proceso de transformación industrial en que estamos inmersos, resulta congruente la existencia de un déficit en la cuenta corriente, en especial en la balanza comercial.
No obstante, al haberse superado las etapas iniciales del proceso de transformación económica, 1993 se ha caracterizado por una reversión en la tendencia mostrada en el crecimiento de las importaciones durante los últimos cuatro años. Por su parte, al comenzar a madurar diversas inversiones productivas, el dinamismo de las exportaciones se ha acrecentado, aún en un contexto recesivo de la economía mundial. Por lo anterior, se espera una disminución en el déficit de la cuenta corriente, como consecuencia de los avances que se registran en el proceso de reestructuración de las empresas, la maduración de los proyectos de inversión y el rápido crecimiento de la productividad.
Al cierre de agosto de 1993, la cuenta corriente alcanzó un déficit de 13,656.6 millones de dólares, cifra inferior en 740.6 millones a la observada en el mismo período del año anterior. Por otro lado, el superávit de la cuenta de capital al primer semestre alcanzó un monto de 16,191.6 millones de dólares, registrando un incremento de 34.74% anual, lo que ha permitido financiar sin dificultad el déficit de la cuenta corriente. En dicho período, la inversión extranjera total observó un flujo de 10,571.8 millones de dólares, compuesto por un monto de inversión directa de 2,736.7 millones y recursos clasificados en la inversión de cartera por 7,835.1 millones. Este panorama confirma las favorables expectativas de los inversionistas con respecto a la evolución futura de la economía, fundamentada en las firmes bases en que se sustenta la estabilidad macroeconómica.
En el período enero-agosto de 1993 el saldo de la balanza comercial registró un déficit de 9,338.3 millones de dólares, cifra inferior en 778.5 millones a la de igual período de 1992. Las exportaciones crecieron a una tasa mayor que las importaciones (11.1 vs. 6.3%), lo que muestra un cambio en la tendencia de la evolución de la balanza comercial, toda vez que en 1992 ocurría lo contrario.
La favorable dinámica mostrada por las exportaciones totales se debe fundamentalmente al comportamiento de las exportaciones no petroleras, las cuales registraron una tasa de crecimiento anual de 14.8%, apoyadas en el dina mismo de las exportaciones de productos manufacturados, que crecieron 14.5%. Cabe señalar que, al cierre de agosto de 1993, todas las divisiones de la industria manufacturera mostraron una variación positiva, lo que indica que la mejoría
en la competitividad ha sido un fenómeno generalizado en la industria. Las ventas al exterior de productos agropecuarios mostraron una fuerte recuperación, después de la disminución observada en 1992, ya que en los primeros ocho meses del año aumentaron 26.1%. Por su parte, las exportaciones de productos extractivos decrecieron 26.8% en relación con el mismo período de 1992.
El comportamiento de las exportaciones de manufacturas refleja los avances en materia de competitividad alcanzados por el sector productivo nacional. También muestra que en 1993 el sector exportador se constituirá en uno de los más dinámicos.
Al mes de agosto de 1993, las importaciones totales registraron un incremento anual de 6.3%, que se compara con un crecimiento de 24.3% al cierre de 1992, presentando a partir de 1993 un comportamiento más acorde a su trayectoria de mediano plazo. Las importaciones de consumo crecieron a una tasa anual de 3.4%, cifra inferior a la tasa anual registrada en 1992 que fue de 32.7%. Por su parte, las importaciones de bienes intermedios al cierre de agosto crecieron 8.6% con respecto al mismo período del año anterior. Finalmente, las adquisiciones de bienes de capital registraron un decremento de 0.7%.
Con base en las tendencias observadas a la fecha, se anticipa que al cierre de 1993 la balanza en cuenta corriente registre un déficit de 19,850.0 millones de dólares, cifra inferior al nivel observado en 1992 por 2,959.0 millones de dólares. Como proporción del PIB el déficit de la cuenta corriente pasará de 6.8% en 1992 a 5.4% en 1993.
El comportamiento favorable observado tanto en la cuenta de capital como en la cuenta corriente ha permitido la consolidación de nuestras reservas internacionales. Al cierre de octubre de 1993, las reservas internacionales del Banco de México ascendieron a 23,017 millones de dólares, fortaleciendo tanto la posición del país ante eventualidades externas como la viabilidad de nuestro proyecto económico.
III. PROGRAMA PARA 1994
III. 1 OBJETIVOS
A partir de un balance de las principales variables macroeconómicas de los pasados cinco años, es posible concluir que la economía mexicana se ha fortalecido en sus elementos fundamentales: se han dado pasos significativos para establecer una base a partir de la cual la economía pueda crecer de manera sostenida; la inflación es cada vez más cercana a la de nuestros socios comerciales; las finanzas públicas han dejado de constituir una fuente de presiones inflacionarias; los índices de endeudamiento público se han abatido significativamente; el servicio de la deuda representa una proporción manejable del gasto público y éste se destina en montos crecientes a satisfacer las necesidades prioritarias de la población. También las medidas de cambio estructural han conseguido desarticular regulaciones que impedían la eficiente operación de las empresas y nuestra economía es ahora una de las más abiertas del mundo.
Si bien las tendencias de largo plazo muestran resultados favorables, no podemos soslayar el hecho de que la economía mexicana se encuentra en una fase de transición que, para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, requiere perseverar en la estrategia adoptada desde el inicio de mi administración. La fase por la que atraviesa actualmente la economía es un resultado natural de los esfuerzos que se han llevado a cabo a la fecha para elevar la competitividad del aparato productivo. Esta es una condición necesaria para sentar las bases de un crecimiento sólido y duradero que permita dar contenido al objetivo de generar empleos bien remunerados al ritmo que impone la dinámica de la fuerza de trabajo del país, y de este modo elevar el nivel de vida de toda la población.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, se fijaron los siguientes objetivos específicos para las acciones de política económica en 1994:
1. Consolidar los logros obtenidos en el combate a la inflación y seguir avanzando en su convergencia hacia los niveles observados en las economías de nuestros principales socios comerciales. A tal efecto, se fija como meta una inflación acumulada de 5% en 1994.
2. Promover la recuperación de la actividad económica y del empleo a través de acciones que incidan principalmente en el fortalecimiento de la oferta interna.
3. Elevar el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, particularmente el de aquellos que se encuentran en los estratos de menores ingresos.
4. Promover niveles superiores de bienestar social a través de la acción directa del Estado, elevando los montos de recursos presupuestales destinados a los sectores prioritarios.
5. Avanzar en las reformas estructurales que permitan elevar la eficiencia del aparato productivo, hasta alcanzar aquellos niveles que nos permitan competir exitosamente a nivel internacional.
Los objetivos del programa económico para 1994 se enmarcan en una estrategia global que tiene como premisa fundamental elevar el bienestar de la sociedad. Para tal efecto, es necesario avanzar en la estabilidad macroeconómica, en el fortalecimiento de las fuentes primarias de generación de riqueza y en una equitativa distribución de los beneficios del crecimiento. El eje fundamental de la estrategia económica sigue siendo el adecuado manejo de las finanzas públicas. Este programa plantea, además, la congruencia entre la estrategia de estabilidad macroeconómica, el ajuste estructural y la modernización de la economía.
Como se ha señalado a lo largo de este documento, los avances en materia de estabilización económica y de mayores niveles de productividad y eficiencia en la economía, han sido muy significativos. Debemos reconocer, sin embargo, que los retos que aún enfrentamos son importantes. En esta coyuntura es imperativo perseverar en el esfuerzo de años anteriores. Solo la congruencia en la instrumentación de la política económica, la cual ha sido una premisa fundamental de mi administración, permitirá superar esta etapa, consolidando un crecimiento sustentable que se traduzca en mayores niveles de bienestar para la población.
La coyuntura actual, que implica el cambio hacia una economía moderna e internacionalmente competitiva, significa un gran empeño por parte de la sociedad en su conjunto. Es claro que la consecución simultánea de condiciones de estabilidad económica y de mayor productividad ha implicado un doble esfuerzo para trabajadores y empleados. Por una parte, la reducción en la inflación ha ocasionado tasas de interés mayores aunque descendentes de las que se prevén en el largo plazo. Por la otra, la desregulación y la apertura de la economía, al propiciar una reestructuración del aparato productivo nacional, ha significado un ajuste a nivel microeconómico que no se había producido antes en el país. Todo ello ha derivado en una desaceleración temporal de la actividad económica, que debe comenzar a superarse en 1994.
El logro de los objetivos planteados para 1994 se sustenta en el comportamiento positivo de los indicadores básicos o fundamentales de la economía, así como en la consolidación de las políticas económicas establecidas durante mi administración. En el aspecto macroeconómico, el notable descenso de la inflación en los últimos años, ha permitido abatir la inercia en el comportamiento de precios y salarios. Esta tendencia, junto con el sostenimiento de una política de finanzas públicas sanas y la reforma constitucional que otorgó autonomía al Banco de México y le impuso la obligación de buscar estabilidad de precios, promoverá la convergencia de la inflación a niveles similares a los de nuestros socios comerciales.
Respecto al objetivo de crecimiento económico, el importante aumento a la inversión y el cambio estructural que se está llevando a cabo en la mayoría de los sectores productivos habrá de comenzar a reflejarse en tasas de crecimiento más elevadas de la producción y de la productividad, en un mayor volumen de empleo y en exportaciones más dinámicas.
Para lograr que el crecimiento económico sea sostenible es necesario perseverar en la eliminación de regulaciones y barreras, tanto internas como externas, que impiden una sana competencia económica así como la creación de nuevas empresas. En este sentido, habrá que profundizar en el programa de desregulación económica y de apertura comercial.
La mayor integración a los flujos internacionales de comercio e inversión es un elemento indispensable para elevar la competitividad de la economía nacional. Nuestro país participa en el proceso de globalización de la economía mundial, el cual se ha acentuado en los últimos años y continuará en el futuro. En este contexto, los tratados de libre comercio son instrumentos importantes para ordenar la apertura y para dar certidumbre sobre las reglas que prevalecerán en las relaciones con nuestros socios comerciales.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un elemento dentro de la estrategia general de inserción de la economía mexicana en la economía internacional. Su aprobación por los órganos legislativos correspondientes facilitaría la coordinación de las acciones de apertura comercial de los tres países involucrados. De cualquier manera, con o sin tratado, el proceso de apertura se mantendrá para consolidarlo por ser un elemento fundamental para elevar la eficiencia y productividad de nuestra economía, y por las propias tendencias de la economía mundial. Asimismo, los efectos del tratado sobre la economía nacional, por tratarse de un programa de apertura gradual a 15 años, serán más importantes en el largo plazo.
Debido a que se perseverará en la apertura económica, en la estabilización y en la profundización del cambio estructural, el programa económico que aquí se presenta no depende de la ratificación del Tratado. En cualquier caso, se propone una política macroeconómica que promueva un entorno de estabilidad para el crecimiento económico sostenido y profundizar en las medidas de cambio estructural para elevar la competitividad y la productividad.
Otro factor externo que influye sobre la economía es la evolución del precio del petróleo en los mercados internacionales. Como en años anteriores, la estabilidad del programa presupuestal se sustenta, por un lado, en el hecho de que se han supuesto valores prudentes respecto a la evolución del precio del petróleo. Se estima que en 1993 el valor de la mezcla del petróleo crudo de exportación se sitúe en 13.7 dólares por barril (dpb) y, adoptando una posición prudente para 1994 se presupuestó un nivel de 13.0 dpb. Por otro lado, se contará con mecanismos que permitan cubrir el impacto de una eventual disminución adicional en dicho precio. Por consiguiente, los recursos que se depositen en el Fondo de Contingencia, producto de la privatización de empresas paraestatales, continuarán destinándose a amortiguar desviaciones transitorias en los ingresos petroleros con respecto a su valor presupuestado y a la disminución de los saldos de la deuda pública, interna y externa.
La profundidad y rapidez con la que transita nuestra economía hacia estadíos de mayor productividad y competitividad, fenómeno que ocurre en un contexto caracterizado por la atonía del crecimiento de las principales economías industrializadas, obliga a reforzar los mecanismos de concertación de las políticas económicas entre todos los sectores productivos. Este es el único camino viable para avanzar en la consolidación de la estabilidad de precios y en un crecimiento sostenido a largo plazo de la actividad económica. La consecución de los objetivos de política económica que se establecen para 1994 requiere para su logro la aplicación de un programa integral que abarque los ámbitos más importantes de la política económica.
La voluntad por conjuntar esfuerzos para alcanzar el progreso económico y el desarrollo social se reflejó en el acuerdo reciente de extender el PECE. Los tres compromisos fundamentales del Pacto son: la elevación del poder adquisitivo de los trabajadores, la disminución de la tasa de inflación y la reactivación del crecimiento económico. La estrategia que se propone para 1994 está sustentada en los consensos establecidos en el Pacto (Gráfica 25).
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El nuevo Pacto propone reducción de impuestos, un mecanismo para la elevación de los salarios, disminución de precios, el impulso a la competitividad de las empresas y apoyos sustanciales al campo. Es un Pacto generoso en favor de nuestra nación, que parte de reconocer los esfuerzos realizados por toda la sociedad en los últimos anos y que hace uso del superávit fiscal para promover mayor bienestar de la sociedad. El Pacto destaca la necesidad de impulsar sin dilación la recuperación gradual y sostenida de la actividad económica que demandan los mexicanos, así como la consolidación de la estabilidad de precios. En este contexto destacan los objetivos de lograr un crecimiento económico en 1,ø94 de 3.0% y alcanzar una inflación de 5.0% acumulada en el año (Gráfica 26).
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Por ello, se convino en adoptar las siguientes medidas:
A partir de 1994, los incrementos al salario mínimo tendrán dos componentes; el primero de ellos corresponderá a un incremento porcentual igual a la meta de inflación para el año, que en este caso es del 5%. El segundo estará referido al incremento promedio de la productividad de la mano de obra en toda la economía. El monto de este concepto será determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con base en estudios específicos que la Comisión establezca.
En relación con las revisiones de los contratos colectivos, los sectores obrero y empresarial acordaron promover que las negociaciones contractuales salariales se resuelvan conforme a la inflación esperada para 1994. Lo anterior será independiente de que, a nivel de cada centro de trabajo, y dentro de la más amplia libertad de las partes, se convenga otorgar adicionalmente bonos o incentivos de productividad y calidad.
Dichos bonos o incentivos estarán vinculados a los indicadores específicos de productividad laboral que determinen en cada caso las organizaciones de trabajadores y las empresas.
Además de los incrementos que resulten de los puntos anteriores, en el ámbito puramente fiscal, se propone modificar el mecanismo de crédito fiscal para los asalariados que devengan ingresos menores a cuatro salarios mínimos. Los beneficios serían proporcionalmente más elevados para quienes perciben menores ingresos. En el caso de aquellos que perciben un salario mínimo, el incremento en su ingreso disponible estará en un rango entre 7.5% y 10.8%, dependiendo de la proporción que representen las prestaciones sociales dentro del ingreso total (Gráfica 27).
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Se propone que la medida sea retroactiva al primero de octubre pasado y se estima que beneficiará a 6.6 millones de salariados.
La nueva mecánica para la fijación de sueldos y salarios, que retribuye y estimula a los trabajadores a elevar su productividad, convierte a esta última en el eje de la elevación del nivel de vida de los trabajadores del país. El Pacto también prevé medidas tributarias y de precios públicos de insumos industriales para aumentar la competitividad de las empresas del país y contribuir al abatimiento de la inflación. Estas medidas, conjuntamente con la profundización de la desregulación económica, incidirán positivamente en el desenvolvimiento de la oferta interna.
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La eficiente y justa asignación de las cargas tributarias y del gasto se traduce en una mayor competitividad de la economía. La política fiscal se concibe como un instrumento cuyos alcances no se reducen a su impacto en el ámbito macroeconómico, sino que afecta de manera significativa las relaciones a nivel microeconómico entre empresas y consumidores.
El objetivo de alcanzar un crecimiento del producto de 3.0%, superior a la dinámica poblacional, debe estar acompañado de la generación de niveles crecientes de ahorro, que apoyen el incremento sostenido de la inversión. Así, el control sobre las variables fiscales liberará recursos reales que incrementen la disponibilidad de fondos prestables en la economía a favor del sector privado, para ser destinados a las actividades productivas.
El programa económico de 1994, en el que se insertan las medidas de apoyo a la productividad y calidad, no únicamente se traducirá en mayores niveles de producto y empleo, sino que a su vez permitirá mejorar las percepciones reales de los trabajadores e incrementar la rentabilidad de los proyectos de inversión. Por otro lado, la mayor competitividad del aparato productivo será un factor que dé permanencia al positivo desenvolvimiento de las exportaciones.
Por último, cabe señalar que las metas del programa de 1994 reflejan la persistencia de la estrategia económica desde el inicio de la actual administración. Esta continuidad no es fortuita, sino que
por el contrario, se basa en los logros alcanzados, de tal forma que la credibilidad de la política entre los agentes económicos se ha traducido en un ambiente de mayor confianza y certidumbre en la toma de decisiones.
III. 2 LINEAS DE ACCIÓN
III. 2.1 Finanzas Públicas
El saneamiento de las finanzas públicas continuará siendo el eje central que rija los criterios que normarán la política económica durante el próximo ejercicio, como condición indispensable para conferirle permanencia a la estabilidad macroeconómica e inducir un sano crecimiento de la actividad productiva.
El programa económico de 1994 refleja los márgenes de maniobra que se han alcanzado en materia del manejo de los principales instrumentos de política económica y muy particularmente de las finanzas públicas. Los avances en materia de estabilidad en la actual administración se sustentan en la corrección del balance deficitario, pero sobre todo en el carácter estructural de la corrección de las finanzas públicas que confiere a éstas posibilidad de permanencia y una mayor fortaleza para enfrentar posibles contingencias sin necesidad de acudir al financiamiento inflacionario ni distraer la atención de los sectores prioritarios.
Por tanto, las bases para mantener un desarrollo económico gradual y sostenido se han fortalecido. Están dadas las condiciones que hacen posible que los márgenes presupuestales derivados de los esfuerzos
de ajuste realizados en los últimos años, se utilicen en medidas que apoyen la reactivación económica. En consecuencia con lo anterior, el nivel del gasto que se propone igualará a los ingresos, resultando
de este modo, un presupuesto equilibrado.
La reforma tributaria, además de contribuir al establecimiento de un régimen impositivo más justo y equitativo y de apoyar la competitividad a nivel internacional de las empresas, ha conseguido consolidar una fuente estable de recursos para el fisco. Por su parte, la racionalización del gasto público ha permitido concentrar mayores recursos hacia aquellos sectores donde la participación gubernamental resulta socialmente más productiva. La persistencia y disciplina en ambas tareas permitió revertir el déficit público y alcanzar, por primera vez en la historia contemporánea de México, un balance superavitario que, unido a los esfuerzos paralelos encaminados a la renegociación de la deuda pública, logró reducir el nivel del endeudamiento del gobierno hasta alcanzar montos congruentes con las metas de crecimiento económico y estabilidad de precios.
Una vez que el esfuerzo fiscal se ha traducido en una clara y significativa tendencia a la baja en la inflación y el sector productivo ha tomado un fuerte impulso en su proceso de transformación e incremento en la productividad, es posible aprovechar los márgenes presupuestales para consolidar ambos fenómenos y plantear, para 1994, un presupuesto fiscal balanceado.
Cabe reiterar el compromiso gubernamental de perseverar en la disciplina en el manejo del ejercicio presupuestal. Este compromiso cobra mayor importancia al considerar que el entorno externo en el que habrá de desenvolverse la actividad productiva durante el año próximo continuará caracterizándose por la lentitud del crecimiento de nuestros principales mercados y por la volatilidad del sistema financiero internacional.
Es necesario destacar también que el equilibrio fiscal, en un contexto en el que la economía seguirá creciendo, implica que la proporción de la deuda pública al producto interno bruto continuará descendiendo, por lo que la política fiscal en 1994 mantendrá sus esfuerzos para abatir la carga de la deuda.
La disciplina fiscal, el abatimiento de la carga de la deuda, la consolidación de la reforma tributaria y la racionalización del gasto continuarán ampliando los márgenes de maniobra para que las finanzas públicas desempeñen cada vez un papel más eficaz para promover el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de la población.
III. 2.2 Política de Ingresos
Entre 1989 y 1992 el Ejecutivo Federal sometió a consideración del honorable Congreso de la Unión una serie de reformas a las disposiciones fiscales. Los cambios introducidos en ese período fueron de tal magnitud y profundidad que para 1993 no fue necesario plantear modificaciones adicionales. Se continuó, sin embargo, la consolidación de los esfuerzos en materia de fiscalización, control de los contribuyentes y reestructuración de la administración tributaria.
La conveniencia de continuar con la misma estrategia implícita en las medidas instrumentadas a lo largo de esta Administración, particularmente en lo que se refiere a la simplificación y adecuación del sistema tributario y a la reducción y mejor distribución de la carga impositiva, sugiere utilizar el superávit fiscal para revertir a la población el beneficio del enorme esfuerzo presupuestal, sin que con ello se busque relajar la disciplina de las finanzas públicas. Hoy se pretende, como en los últimos cinco años, que las empresas nacionales compitan en mejores condiciones con sus contrapartes del exterior, inviertan más e impulsen el crecimiento económico y que los trabajadores reciban un tratamiento fiscal más favorable. Asimismo, se buscará que estas reformas consoliden la estabilidad y permanencia de las disposiciones fiscales, elemento indispensable para la formación de un clima propicio para la inversión.
Es importante destacar que por segundo año consecutivo no hay miscelánea fiscal; es decir no se somete a la consideración de esta honorable soberanía la Iniciativa de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales. En esta ocasión, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos el pasado mes de octubre a raíz de la renovación del pacto, se presenta una Iniciativa de Ley que Establece las Reducciones Impositivas acordadas en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo.
Como parte de los acuerdos derivados de la última renovación del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, el Ejecutivo Federal somete a la consideración de este honorable Congreso de la Unión una serie de iniciativas de reforma a las diversas leyes fiscales, algunas con aplicación retroactiva al 1o. de octubre de 1993, en beneficio de los contribuyentes. Estas disposiciones buscan mejorar la equidad del sistema tributario, apoyar la inversión y el empleo, lograr una mayor competitividad de las empresas y promover la conservación del medio ambiente. Las medidas fiscales que se ponen a consideración de esta honorable soberanía son las siguientes:
1. Con el fin de reducir la carga fiscal en favor de los trabajadores de menores ingresos, se propone modificar el mecanismo del crédito fiscal para los asalariados, transformándolo en un monto, el cual decrecerá conforme aumente el ingreso del trabajador, hasta un monto mínimo equivalente al 10% del salario mínimo actual. Estos montos se actualizarán trimestralmente por la inflación transcurrida, lo cual asegurará que el crédito fiscal se mantenga en términos reales. Asimismo, se propone establecer que la cantidad en que exceda el crédito fiscal al impuesto a cargo deberá ser entregada al trabajador en efectivo por el patrón, permitiendo a éste acreditar dichas cantidades contra cualquier impuesto federal a su cargo o en su carácter de retenedor y, en su caso, solicitar su devolución. Para el resto de las personas físicas, se propondrá modificar el crédito fiscal de 10% del salario mínimo por una cantidad equivalente en nuevos pesos, misma que también se actualizará por inflación.
Esta medida permitirá incrementar el ingreso disponible de los trabajadores que perciben menos de cuatro salarios mínimos, siendo el crédito proporcionalmente mayor para los trabajadores con ingresos más bajos. En el caso de trabajadores con ingresos de sólo un salario mínimo, el incremento será de un mínimo de 7.5% y un máximo de 10.8%. Además, el nivel de ingreso por el cual no se pagará impuesto sobre la renta se elevará hasta dos salarios mínimos. Como resultado de la modificación a la mecánica del crédito fiscal, se duplica el número de trabajadores que no pagan impuesto, al pasar de 1.3 a 2.6 millones. Además, otros 6.6 millones de trabajadores verán disminuidos sus impuestos.
Este nuevo esquema de crédito fiscal permitirá abandonar, a partir de enero de 1994, la referencia regional que existe en el actual crédito del 10% del salario mínimo. Esto, además de simplificar el cálculo para todas las personas físicas, tendrá un impacto favorable en la distribución del ingreso a nivel regional, ya que se producirá un aumento adicional en el ingreso disponible de los trabajadores ubicados en las áreas geográficas "B" y "C", al calcularse los nuevos montos de crédito, con base en el salario mínimo del área geográfica "A", que es el más elevado.
2. Con el fin de promover una mayor inversión y crecimiento económico, e impulsar la competitividad de la planta productiva, se propone al honorable Congreso de la Unión reducir la tasa del impuesto sobre la renta tanto para las personas morales como para las personas físicas con actividades empresariales de 35% a 34%. Con esta medida el sistema fiscal mexicano se vuelve aun más competitivo con respecto al de otros países, ya que mientras que en México se reduce la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas, algunos países la mantienen en su mismo nivel y otros como los Estados Unidos la elevan.
3. Los proyectos de larga maduración y que requieren elevadas inversiones, no logran generar los flujos necesarios en el mediano plazo que resulten en el pago del impuesto sobre la renta, lo cual impide recuperar el impuesto al activo pagado en los primeros años de operación. Por lo anterior y con objeto de promover las inversiones de largo plazo, se propone modificar la Ley del Impuesto al Activo para ampliar el plazo de recuperación de este gravamen de cinco a diez años. Esta medida ratifica la naturaleza del impuesto al activo como un gravamen complementario del impuesto sobre la renta.
4. Para eliminar el costo fiscal que trasladan las entidades financieras y bancos del extranjero a las empresas mexicanas, producto del impuesto que éstas retienen por los intereses pagados al extranjero, se propone una reducción por dos años de la tasa de retención del impuesto sobre la renta por intereses pagados al extranjero de 15% a 4.9% en el caso de entidades de financiamiento y bancos del extranjero, además de subsidiarias y sucursales de bancos nacionales en el extranjero, éstos últimos independientemente de su lugar de ubicación. Se propone hacer extensiva esta reducción a los intereses pagados al extranjero y que provengan de títulos emitidos por empresas mexicanas y que sean colocados en el extranjero a través de bancos o casas de bolsa y que la documentación correspondiente se encuentre inscrita en el registro autorizado.
La reducción de las tasas de retención a los intereses pagados al extranjero hará efectiva la eliminación de la doble tributación internacional en lo que se refiere a intereses pagados a bancos extranjeros y a sucursales de bancos nacionales en el extranjero. Se considera conveniente, aplicar también por dos años, una tasa de 10% para intereses pagados a proveedores en el extranjero y de préstamos para la adquisición de maquinaria y equipo y, en general, para la habilitación y avío o comercialización, así como para los intereses pagados en los contratos de arrendamiento financiero.
Con objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, se propone suprimir la obligación de registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación en la que consten las operaciones de financiamiento, así como la de llevar un registro de deudas, créditos y efectivo en moneda extranjera. Asimismo, se propone a esta honorable soberanía que las personas que realicen pagos a residentes en el extranjero expidan constancias individuales de estos pagos, indicando el ingreso percibido y el impuesto retenido y presenten semestralmente ante las autoridades información relativa a dichos financiamientos. Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, se sugiere que la entrega de esta información sea un requisito indispensable para poder considerar deducibles dichos pagos.
5. Por otra parte, con el fin de armonizar el esquema de deducciones aplicado en México a las inversiones en vehículos, con el utilizado en otros países, se propone reducir el período de recuperación de la inversión en vehículos de cinco a cuatro años, incrementando la tasa de deducción anual de 20% a 25%. La propuesta considera que esta medida sólo se aplique a las inversiones en estos activos realizadas con posterioridad al 1o. de octubre de 1993.
6. Asimismo, para apoyar el esfuerzo que realizan las empresas por invertir en instalaciones y equipo destinados a prevenir y controlar la contaminación, se pone a consideración de este honorable Congreso de la Unión una modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para ampliar de 35% a 50% la tasa de deducción de las inversiones en estos equipos. También se aplicará esta tasa para las inversiones en equipo destinado para la conversión de consumo de combustibles pesados a gas natural. Como en el punto anterior, se propone que esta medida sólo se aplique para las adquisiciones realizadas después del 1o. octubre.
7. Con el objeto de disminuir los costos de los insumos que son usados en ciertas actividades, se propone ante este honorable Congreso de la Unión que, con retroactividad al 1o. de octubre de 1993, el impuesto especial sobre producción y servicios que se pague por el diesel de uso industrial y para embarcaciones marinas, sea acreditable contra otros impuestos federales.
La presente Administración ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales apoyar las finanzas de las entidades federativas y de los municipios; por ello, el Ejecutivo Federal considera conveniente proponer a esta honorable soberanía que se incrementen los coeficientes a través de los cuales se determinan las participaciones que la Federación otorga a estados y municipios sobre su recaudación participable, poniendo especial atención en el municipio, institución que ha sido reconocida como la piedra angular del sistema federal bajo el cual se rige nuestro país.
El esfuerzo por incrementar las participaciones a estados y municipios es resultado de la flexibilidad que otorga el superávit fiscal alcanzado en 1993 y que no hubiera sido posible sin la acción conjunta de los tres niveles de gobierno.
En los últimos años, las entidades federativas han realizado un gran esfuerzo para reordenar su comercio urbano. Por dicha razón el Ejecutivo Federal a mi cargo considera conveniente proponer que se incorpore a la Ley de Coordinación Fiscal una participación adicional integrada con un monto equivalente a 0.44% de la recaudación federal participable, mismo que se distribuirá entre las entidades federativas que estén coordinadas en materia de derechos, sirviendo de apoyo al programa de reordenamiento del comercio urbano. Además, se propone elevar el porcentaje que se adiciona al Fondo General de Participaciones por coordinación en derechos de 0.5% a 1.0% de la recaudación federal participable.
De aprobarse las reformas propuestas a la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos canalizados a las entidades federativas por parte de la Federación a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se incrementarán sustancialmente, pasando de 21.69% a 22.63% de la recaudación federal participable.
Las medidas propuestas buscan continuar con la filosofía que ha guiado la política tributaria en los últimos cinco años, en el sentido de reducir la carga fiscal y distribuirla más equitativamente, perfeccionar el sistema fiscal, eliminar la doble tributación y simplificar el cumplimiento de las obligaciones; todo ello con el fin de elevar el crecimiento económico y fomentar la creación de un mayor número de empleos.
La política de precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público para 1994 continuará con el proceso de ajuste, a fin de lograr que éstos sean equivalentes a sus referencias internacionales o que reflejen costos económicos, a la vez que se contribuya al abatimiento de la inflación.
Al mismo tiempo, se busca evitar que dicha política llegue a debilitar la situación financiera de las empresas del Estado o que se traduzca en subsidios injustificados o que resulten poco efectivos para los grupos que se desea apoyar. Sin embargo, el proceso ha sido aproximado, y en algunos casos consideraciones de calidad o de ubicación geográfica justifican algunas modificaciones. Estas se han reflejado en decrementos de precios que permiten ahorros en los costos de producción del sector industrial y en el costo de vida de la población en general, con lo cual se incrementa la competitividad de este sector y se fortalece la economía familiar, incrementando con ello el bienestar social.
Los efectos de los principales ajustes en los precios públicos que se han instrumentado en la reciente concertación del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, se registrarán en gran medida a lo largo de 1994.
La considerable participación que significan las erogaciones en energéticos dentro de la estructura de costos de las empresas y el análisis de sus referencias internacionales ha llevado a ajustar el precio del combustóleo, del diesel industrial y marino, así como el precio del gasóleo industrial, los cuales se han vinculado a su referencia internacional, mediante mecanismos transparentes de ajuste. En el caso de las tarifas eléctricas industriales de alta tensión, se introdujeron medidas que permiten fomentar altos factores de carga, reducir costos y ampliar la gama de opciones tarifarías. Estas medidas han disminuido el precio medio de las tarifas industriales de alta tensión en 14.8%, dependiendo de los patrones de consumo de los usuarios.
Asimismo, en apoyo al sector industrial, el servicio de carga del ferrocarril redujo en promedio ponderado sus tarifas en 10% y éstas se encuentran en un proceso de desregulación, para dar mayor flexibilidad comercial al organismo. Por lo que respecta a las tarifas de servicios aeroportuarios, éstas disminuyeron en horarios de poco tráfico y se instrumentó una tarifa para
horario nocturno; lo que permitió que las tarifas se redujeran en promedio en 18.1%.
En apoyo a los esfuerzos para reducir la inflación, el precio de la gasolina en la región denominada resto del país disminuyo su desliz mensual promedio de 0.79% a 0.41%; lo mismo se aplicó al gas L.P. de carburación, cuyo precio está vinculado al de la gasolina Nova. En la frontera norte, los combustibles automotrices continúan con el mecanismo de precios de ajuste automático, reduciendo el diferencial Magna-Nova de N$ 50 a N$ 30 por metro cúbico, mismo que se eliminará en el mes de abril. Asimismo, el precio del diesel automotriz en esta región del país se vinculó a su referencia internacional, incorporando un ajuste por calidad del producto.
Por su parte, en las tarifas eléctricas de baja tensión, se ajustó el desliz mensual de las tarifas residenciales, comerciales y de uso temporal a 0.41%; se aplicó un desliz mensual a las tarifas de servicios de 0.41%, y, con el fin de apoyar al sector agrícola, se eliminó el desliz mensual de 0.5% aplicado a la tarifa para bombeo de agua para riego agrícola.
III. 2.3 Política de Gasto
La política de gasto público para 1994 está orientada a apoyar la consolidación de los avances logrados en torno a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Con tal propósito, se continuarán fortaleciendo las bases para un crecimiento gradual y sostenido con estabilidad de precios, al mismo tiempo que se mantendrá la prioridad en los programas sociales y el fortalecimiento de la infraestructura económica y social.
En este contexto, la política de gasto público propone los siguientes objetivos para el ejercicio fiscal de 1994:
I. Contribuir al logro de las metas macroeconómicas establecidas para ese año.
II. Consolidar la recomposición del gasto público, dando prioridad al desarrollo social, al desarrollo rural y a la infraestructura social y económica del país.
III. Ejercer las erogaciones públicas con eficiencia, selectividad y la más estricta disciplina presupuestal, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y avanzar en la modernización de la economía.
Acciones Estratégicas
1. Ajustar el nivel del gasto total para hacerlo compatible con la estabilidad macroeconómica
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación considera un gasto neto presupuestal en 1994 que presenta un aumento real de 2.6% en relación con el de 1993. Con ello, su participación en el producto interno bruto será de 25.1%, lo que representa una reducción de 14.9 puntos porcentuales con respecto al de 1988 y una disminución acumulada de 25% en términos reales. Asimismo, su nivel es compatible con la meta de alcanzar un presupuesto balanceado el próximo año.
2. Incrementar las erogaciones públicas en áreas estratégicas y prioritarias de la actividad gubernamental
La disminución en el pago de intereses ha abierto espacios para destinar mayores recursos presupuestales al gasto programable, particularmente a sectores prioritarios dentro de la estrategia de desarrollo, sin afectar el cumplimiento de las metas fiscales. Con base en lo anterior, el gasto programable propuesto asciende a 235 mil 646 millones de nuevos pesos superior en 5.7% en términos reales al del cierre estimado en 1993. Su participación dentro del gasto total aumentará de 47.5% en 1988 a 76.3% en 1994.
El gasto en Desarrollo Social crecerá en 10.5% real. De esta manera, su participación en el gasto programable se elevará a 53.9%, frente a una proporción de 33.2% que representó en 1988. Por consiguiente, al término de esta administración, el gasto conjunto en educación, salud, abasto, desarrollo urbano, agua potable y ecología, acumulará un incremento real de 93.3%, y significará 10.2% del producto interno bruto, el nivel más alto en la historia económica moderna del país.
3. Impulsar productivamente las actividades del sector agropecuario, a fin de mejorar las condiciones de vida en el medio rural y la producción de alimentos e insumos
En relación con el campo mexicano, los objetivos fundamentales son aumentar la producción y la productividad; ampliar las oportunidades de trabajo; fomentar la participación de los campesinos y mejorar sus niveles de bienestar y su plena incorporación al progreso nacional.
Para lograr lo anterior, en 1994 se propone asignar al desarrollo rural 15 mil 206 millones de
nuevos pesos. De este modo, el gasto en dicho sector crecerá, con respecto a 1993, en 32.8% en términos reales. El gasto destinado al programa de apoyo directos al campo, incluyendo transferencias a Conasupo, aumentará en 82.8%. Cabe resaltar que los diversos programas sociales, como Solidaridad y otros correspondientes a educación y salud, destinarán recursos adicionales para elevar las condiciones de vida en el campo.
4. Incrementar la inversión pública para fortalecer la infraestructura básica del país
El manejo de las finanzas públicas y la estabilidad alcanzada permiten para 1994 que parte del margen presupuestal se canalice a la inversión pública con objeto de ampliar la infraestructura económica y social. Consecuentemente, la propuesta en gasto de inversión física asciende a 47 mil 011 millones de nuevos pesos, cantidad superior en 10.0%, en términos reales, a la del cierre estimado de 1993. La inversión representará el 3.8% del PIB; este porcentaje es el más alto alcanzado en la presente administración. El monto asignado al Gobierno Federal representa el 56.7% del total, en tanto que el 43.3% restante corresponde al sector paraestatal de control directo presupuestal. Durante la presente administración, el crecimiento acumulado de la inversión pública ascenderá a 25.4% en términos reales.
5. Consolidar el cambio estructural del sector educativo y avanzar en el desarrollo
científico y tecnológico
De acuerdo con los propósitos establecidos al inicio de esta administración, el desarrollo del país requiere de una educación de calidad y una cobertura amplia. Para ello se ha realizado un importante esfuerzo presupuestal, y se han promovido cambios sustanciales orientados a fortalecer la estrategia educativa. Con tal fin se estableció el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se reformaron los artículos 3o. y 31 constitucionales y se expidió la Ley General de Educación.
En consecuencia, para consolidar las transformaciones realizadas y avanzar en las metas establecidas, se propone que para el próximo ejercicio fiscal, el presupuesto en educación sea de 54 mil 485 millones de nuevos pesos, cifra 14.4% superior en términos reales a la de 1993. De esta manera, al término de este gobierno, el gasto en este sector habrá acumulado un incremento real de 101.0%.
La asignación de recursos para ciencia y tecnología en 1994, buscará equipar adecuadamente a las instituciones de educación superior; vincular los proyectos de investigación y los de desarrollo tecnológico con la industria nacional; y preservar el esquema de coparticipación de las comunidades académica, científica y tecnológica, públicas y privadas. Así, se propone que el gasto en ciencia y tecnología aumente 11.1% en términos reales respecto al del año anterior. Ello significará un crecimiento real acumulado de 90.8% entre 1988 y 1994.
6. Mejorar los servicios de salud y seguridad social
Uno de los principales objetivos en materia de servicios de salud y seguridad social es ampliar y mejorar la protección a todos los mexicanos, brindando atención y prestaciones eficaces y equitativas que coadyuven a elevar sus condiciones de bienestar social.
Para alcanzar las metas programadas en este sector, se propone un gasto de 51 mil 831 millones de nuevos pesos, que representa un incremento, con respecto a 1993, de 8.1% en términos reales. De esta manera, su participación en el gasto programable aumentará de 14.7% en 1988, a 22.4% en 1994; en consecuencia, registrará un incremento acumulado de 81.7% en la presente administración.
7. Intensificar las medidas para mejorar la calidad del medio ambiente
Para conciliar los objetivos de un crecimiento económico con la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, principalmente de los no renovables, se presenta un presupuesto para desarrollo urbano, ecología y agua potable que asciende a 6 mil 107 millones de nuevos pesos, cifra que representa un crecimiento real de 8.1% en relación con 1993. Su crecimiento acumulado en el transcurso de esta administración será de 50.6% real. El gasto destinado a la protección del medio ambiente representará el 29.5% de este rubro y su monto ascenderá a 1 mil 819 millones de nuevos pesos.
Es importante considerar que estas erogaciones no incluyen las que realizan el Departamento del Distrito Federal, las entidades bajo control indirecto presupuestal ni las entidades federativas para este mismo propósito. De incluirse éstas, el crecimiento acumulado alcanzará una tasa real de 78.0%.
8. Avanzar en el mejoramiento del bienestar de la población de menores ingresos mediante el Programa Nacional de Solidaridad
En cinco años de operación, el Programa Nacional de Solidaridad se ha consolidado como un medio eficaz para atender las necesidades prioritarias de la población. Asimismo, ha apoyado proyectos productivos que permiten el desarrollo autosostenido y permanente de las comunidades. Por otro lado, ha contribuido a fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el conjunto de las entidades públicas que trabajan en el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población y en el combate a la pobreza extrema.
Sus acciones, en las que se estimula la corresponsabilidad del Estado y las comunidades, se concentran en mejorar los niveles de salud, alimentación, educación, vivienda, medio ambiente y la regularización del uso del suelo. Además, se extienden a los servicios de agua potable, drenaje, electrificación, urbanización, caminos y carreteras.
Para ello, en 1994 se propone que el presupuesto destinado al Programa Nacional de Solidaridad ascienda a 8 mil 809 millones de nuevos pesos, a los cuales se sumarán las aportaciones de los gobiernos estatales y municipales y las de los propios beneficiarios. Los recursos presupuestales federales propuestos representan un crecimiento real de 5.4% con respecto a los de 1993, y de 221.9% en relación con 1989. De esta forma, Solidaridad incrementará su participación dentro del gasto programable de 1.5% en 1989, a 3.8% en 1994.
9. Asegurar la disponibilidad de energéticos
El sector energético constituye un elemento fundamental de soporte para el avance del aparato productivo nacional y para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Ello ha ocurrido en la medida en que se ha mantenido el abasto suficiente de energía, así como una oferta de productos refinados de mayor calidad.
Sobre estas bases, la política de gasto en este sector se orientará a mantener el apoyo hacia los proyectos prioritarios y, particularmente, hacia los que registren un mayor avance en su ejecución. Destacan aquellos destinados a consolidar la infraestructura existente, modernizar la capacidad instalada y producir con criterios ecológicos. Asimismo, proseguirán los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las diversas instalaciones, además del fomento al ahorro y uso eficiente de la energía. Para cumplir estos propósitos, se propone ejercer un gasto programable de 46 mil 947 millones de nuevos pesos en el sector energético.
III. 2.4. Política Monetaria y Cambiaría
La conducción de la política monetaria ha jugado un papel de suma importancia en la consecución de los objetivos de estabilidad macroeconómica. En específico, dicha política se ha concentrado en evitar excesos de liquidez en el mercado de dinero con el objeto prioritario de eliminar presiones inflacionarias potenciales. De esta manera, la política monetaria ha apoyado al régimen cambiario en la tarea que se le ha encomendado, de procurar el abatimiento de la inflación. Cabe mencionar que los márgenes de maniobra para las autoridades monetarias se han ampliado como resultado de la corrección de las finanzas públicas.
La creciente madurez de los mercados financieros mexicanos y el continuo avance en materia de corrección de los desequilibrios fiscales y macroeconómicos, ha permitido a la política monetaria conducirse con criterios cada vez más orientados al mercado. Así, hoy en día, el control de la liquidez del sistema económico descansa en las llamadas operaciones de mercado abierto del banco central compra y venta de valores gubernamentales en circulación, práctica común en países desarrollados.
En los últimos años la política de financiamiento interno del Banco de México ha contribuido a los objetivos en materia de estabilización. En este sentido, la reducción en el saldo de valores gubernamentales en poder del banco central es atribuible no sólo a las operaciones de esterilización monetaria que limitan la expansión de la liquidez originada por los influjos de capital, sino también a la estrategia adoptada de amortización de deuda pública interna. Cabe destacar que, a la fecha, más del 100% de la suma de billetes y monedas en circulación, junto a las obligaciones a la vista del banco central, se encuentran respaldadas por las reservas internacionales netas del Banco de México.
Esta orientación de la política monetaria habrá de continuar en 1994, reforzada por la reforma constitucional que otorga autonomía al Banco de México. Dicha reforma habrá de contribuir al abatimiento de la inflación a través de dos principios fundamentales. El primero se refiere a que la propia Constitución establece un claro mandato al Banco de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, como
objetivo prioritario en el ejercicio de sus funciones. El segundo consiste en que el mismo texto estipula que ninguna autoridad podrá ordenar al Banco conceder financiamiento. Estas reformas institucionalizan la disciplina monetaria, elemento clave para la consecución de una inflación del 5% en el próximo ejercicio fiscal.
La disciplina monetaria también contribuirá a reforzar la estrategia cambiaría durante 1994. En este ámbito, los acuerdos alcanzados en la reciente extensión del Pacto prevén el mantenimiento de la actual fórmula cambiaría que durante el último año ha mostrado haber sido la adecuada para apoyar el proceso de estabilización de precios. El techo de la banda de flotación de la paridad continuará deslizándose a razón de N$ 0.0004 diarios, mientras que el piso de dicha banda habrá de permanecer fijo. Este esquema concilia el objetivo de brindar un margen de maniobra suficientemente amplio a las autoridades financieras para enfrentar situaciones transitorias que puedan presentarse en el mercado cambiario con el propósito de conferir mayor estabilidad al valor de nuestra moneda en un horizonte de más largo plazo.
Los esfuerzos paralelos de la política monetaria y cambiaría habrán de contribuir de manera preponderante al logro de alcanzar una inflación al término de 1994 de 5%, cerrando así la brecha que nos separa de la inflación prevaleciente entre nuestros principales socios comerciales. El abatimiento de la inflación y la baja de las tasas de interés que resulte del menor crecimiento de los precios, habrán de constituirse en elementos fundamentales que propicien la reactivación de la economía.
III. 2.5. Política de Deuda Pública
La política de deuda pública estará enfocada, principalmente, a la reducción del costo financiero de la deuda, de tal forma que continúe la liberalización de recursos para ser dirigidos a otros usos, principalmente un mayor gasto social. En efecto, se estima que, para el cierre de 1994, el saldo de la deuda pública total consolidada con el Banco de México ascienda a aproximadamente 21.0% del PIB, cifra que se compara favorable con el monto observado en 1988, el cual fue equivalente a 68.3% del producto. El nivel de deuda esperado para 1994, es inferior al que presentan economías más desarrolladas, por ejemplo, Alemania, 42.7%, Francia, 50.4%, Estados Unidos, 52%, e Italia, 108.6%.
Conviene enfatizar que el equilibrio fiscal programado para el próximo año significa que, al ser iguales los ingresos y los gastos presupuestales, el sector público no recurrirá a mayor endeudamiento, manteniéndose así el monto nominal de la deuda pública. Esto, a su vez, muestra que el valor real de la deuda, así como su participación en el PIB, continuarán con su trayectoria descendente observada durante los últimos años.
En lo que respecta al manejo de la deuda interna, las acciones de política se orientarán a la disminución de su costo y a la ampliación de los periodos de vencimiento. En congruencia con lo anterior, se colocarán valores a plazos largos, de preferencia a tasas nominales de interés fijas, lo cual es posible bajo un escenario de estabilidad de precios. A este respecto, aún cuando se espera un presupuesto balanceado, la deuda pública interna disminuirá tanto en términos reales como en porcentaje del producto.
Por lo que toca a la deuda externa, se diversificarán las fuentes de financiamiento y se mejorarán las condiciones financieras de los créditos contratados. La banca de desarrollo demandará créditos en el exterior con el objetivo de financiar actividades productivas de unidades que no tienen acceso a los mercados internacionales de capital. De este modo, con base en lo anterior, se solicitará la autorización para ejercer un endeudamiento externo neto equivalente a cinco mil millones de dólares, medida que permitirá proseguir en el fortalecimiento de fuentes más sanas y estables de financiamiento.
El propósito de acudir al endeudamiento externo en 1994 se fundamenta en la necesidad de apoyar, vía la banca de fomento, la transformación productiva de las empresas con créditos competitivos. Así, el endeudamiento externo neto solicitado al honorable Congreso, se canalizará a la pequeña y mediana industria y al sector exportador. De esta manera, la contraparte del mayor endeudamiento externo de la banca de desarrollo serán los créditos de la misma a empresas mexicanas que no tienen acceso a los mercados internacionales de capital. En caso de que el sector público presupuestal utilice el crédito externo en términos netos, esta medida no significará un incremento de la deuda pública total puesto que repercutirá en un desendeudamiento interno.
III. 2.6 Fomento a la Productividad, la Calidad y la Competitividad
Al reconocer en la elevación de la productividad una de las fuentes primarias para la generación de mayores ingresos y de niveles superiores de bienestar de la población, mi administración
ha dado un lugar preponderante a las acciones encaminadas a fomentar la eficiencia de los distintos factores de la producción. En este contexto se enmarca el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad.
La concertación entre los distintos sectores sociales que dio lugar a la reciente extensión del Pacto ratificó el compromiso, a nivel global y de cada empresa, de redoblar los esfuerzos para incrementar la calidad y la competitividad de la producción nacional. Así, el crecimiento de la producción en el futuro no estará únicamente basado en un mayor uso de recursos, sino que se pondrá especial énfasis a un uso más racional de los mismos.
El objetivo de hacer realidad una planta productiva más eficiente, productiva y competitiva rebasa el ámbito de las consideraciones de eficiencia económica. Es también un mecanismo para propiciar mayor justicia y equidad, al facilitar una mejor distribución de los beneficios de una economía más eficiente y competitiva. Por un lado, promueve mayor bienestar entre los consumidores al obtener éstos productos de más alta calidad a precios justos. Al mismo tiempo, contribuye a una mejor distribución del ingreso, ya que se traduce en mayores percepciones para los trabajadores mejor capacitados y más productivos. Además, las empresas se benefician al incrementar la competitividad y ampliar sus escalas de producción, propiciando al mismo tiempo mayor generación de empleos productivos y bien remunerados.
Por ello, en la reciente firma del Pacto económico se han reforzado los mecanismos de apoyo para elevar la capacidad productiva de los trabajadores y las unidades de producción. En el futuro los salarios mínimos recibirán un incremento que corresponda al crecimiento de la productividad promedio de la economía atribuible a la mayor eficiencia de la mano de obra. Asimismo, en sus revisiones de contratos colectivos, integrales o salariales, los sectores obrero y empresarial convendrán bonos o incentivos de productividad y calidad, vinculados a los indicadores específicos de productividad laboral que determinen en cada caso y en forma conjunta. Estos acuerdos constituyen uno de los instrumentos más poderosos para fomentar la productividad y la calidad.
En el mismo Pacto se renovó el compromiso de continuar y fortalecer el proceso de desregulación de la actividad económica, removiendo obstáculos que generen ineficiencias, para propiciar una mayor competencia e inducir reducciones de costos en todos los ámbitos de la actividad económica. Dichas acciones se verán fortalecidas por la actuación de la recientemente creada Comisión para la Competencia Económica, que vigilará el sano desempeño de los mercados y sancionará prácticas monopólicas.
Para el apoyo de esta estrategia, se buscará la mayor participación de las Entidades Federativas en la atención a las necesidades de desregulación, a través de las comisiones locales de seguimiento del PECE. En dichas acciones, se pondrá especial énfasis a las referidas a requisitos de apertura y de operación de empresas y al transporte de carga y de pasajeros a nivel urbano e interurbano.
Se continuarán promoviendo reformas legales y administrativas para la actualización del marco normativo en materia de inversión extranjera y propiedad industrial, así como se seguirá impulsando el comercio exterior y el desarrollo de las micro, pequeña y mediana empresas, y los programas sectoriales de productividad. También se buscarán recursos en las mejores condiciones para apoyar los esfuerzos de las empresas en la capacitación de sus trabajadores a través del programa CIMO, así como para financiar sus inversiones en modernización tecnológica. En este campo, la participación de la banca de desarrollo se verá incrementada de manera importante.
III. 3 RESULTADOS
La política económica para 1994 mantiene una congruencia con la estrategia instrumentada desde el inicio de la actual administración, pero a su vez, considera las condiciones coyunturales que enfrentará la economía mexicana en el futuro próximo. Entre las acciones más significativas se cuentan la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, la continuidad en la estrategia de desregulación, la autonomía del banco central y las medidas de fomento a la oferta y la competitividad. Cabe señalar que este marco de acción está fundamentado en la concertación entre los diferentes sectores de la sociedad, lo que le da mayor cohesión e impulso a las medidas propuestas.
III. 3.1 Inflación
El conjunto de medidas propuestas para 1994 deberá traducirse en una continua y permanente reducción de la inflación, de modo que al término del año se alcance un incremento acumulado del INPC de 5.0%. La disminución de la inflación estará acompañada de niveles de pleno abasto
en el mercado interno, y en particular de los productos que componen la Canasta Básica.
III. 3.2 Crecimiento
En 1994, la evolución del sector real de la economía estará marcado por la profundización de las medidas de corte estructural, de fomento a la oferta interna y apoyo a la productividad. En este contexto, se espera que la inversión del sector privado, así como del sector público, aunadas a las exportaciones de manufacturas se constituyan en la base del crecimiento de la actividad económica. Esta proyección se fundamenta en las acciones tendientes a promover la inversión y la competitividad global del aparato productivo. Así, se espera que el crecimiento del PIB se sitúe en un 3.0%. Este resultado cobra mayor relevancia si se reconoce que el contexto internacional que enfrentará la economía mexicana continuará siendo adverso.
En 1994 destaca la importancia del manejo de la política tributaria para coadyuvar al logro de este objetivo. Las medidas propuestas están encaminadas a apoyar a las empresas, así como a incrementar el ingreso disponible de los trabajadores de menos recursos, de tal modo que se promueve tanto la oferta como la demanda agregada.
III. 3.3 Balanza de Pagos
El intenso proceso de inversión en que se encuentra el país aún requiere complementar el ahorro interno con recursos del exterior. La elevada productividad de la inversión en México, producto del cambio estructural gestado en los últimos años, continuará siendo un polo de atracción para la inversión extranjera, tanto directa como financiera. Por otra parte, el financiamiento externo al sector privado es una clara muestra de que México ha recuperado, en forma voluntaria y en términos favorables, el acceso a los mercados financieros internacionales. Así, en 1994 se registrará un superávit en la cuenta de capital.
La contraparte natural al superávit en la cuenta de capital es un saldo deficitario en la cuenta corriente. Este saldo se estima que alcance 5.0% del producto interno bruto, inferior en 0.4 puntos al que habrá de observarse en 1993. La evolución de la cuenta corriente estará determinada fundamentalmente por el comportamiento de la balanza comercial. En ésta última, las exportaciones, y en especial las de bienes manufacturados, continuarán presentando altas tasas de crecimiento, reflejo de una mayor competitividad basada en el aumento de la productividad y la relación precio-calidad de los productos. De esta forma, las exportaciones serán punto importante de la recuperación sostenida de la actividad económica. Por su parte, el ritmo de crecimiento de las importaciones tenderá a reducirse, si bien continuará reflejando el proceso de modernización que vive la industria nacional, y su evolución en el mediano plazo será congruente con nuestro nivel de crecimiento.
El comportamiento de las importaciones en 1994 habrá de reflejar la recuperación de ritmos de crecimiento más elevados de la economía. Así, se anticipa que en 1994 las importaciones muestren tasas de expansión superiores a las de 1993. Este proceso deberá ser más marcado en los rubros de bienes intermedios, los cuales participan en forma significativa en el propio proceso de exportación, y de los bienes de capital. No obstante lo anterior, se anticipa un crecimiento para el total de las importaciones inferior al de las exportaciones, de modo tal que el saldo deficitario de la balanza comercial disminuya en términos nominales y como porcentaje del producto.
Los resultados anteriores serán congruentes con una moderada acumulación de reservas internacionales en poder del Banco de México. Así, el resultado de las cuentas con el exterior reforzará la estrategia de estabilización macroeconómica.
III. 3.4 Sector Financiero
Las nuevas disposiciones en el marco jurídico y regulatorio en materia financiera, permitirán mayores niveles de eficiencia en este sector. Lo anterior repercutirá en un mayor ahorro financiero y en un mayor financiamiento al sector privado en apoyo a los proyectos de inversión en actividades productivas.
El significativo crecimiento del ahorro financiero en 1994 tendrá sus orígenes en un mayor dinamismo del producto, en el otorgamiento de rendimientos reales positivos al ahorrador y en que el sector público no será un demandante activo de créditos como consecuencia de su disciplina fiscal. Por su parte, la composición de activos que componen el ahorro financiero habrá de modificarse, ya que aumentará la participación de los recursos que se canalizan a través de las instituciones financieras, mientras que disminuirá el saldo de la deuda pública interna. De esta forma, se estima un crecimiento real del ahorro financiero de 12.0%.
Los crecientes recursos colocados en las instituciones financieras nacionales apoyan la continuidad del dinamismo del crédito al sector privado y de este modo seguirán siendo un elemento esencial en el proceso de desarrollo. En este contexto, destacará la participación de la banca de desarrollo en el financiamiento de proyectos a la exportación, a la pequeña y la mediana industria y al sector agropecuario. Así, al cierre de 1994, se proyecta que el incremento real anual del financiamiento total al sector privado ascienda a 17%, lo que será sustento fundamental para la modernización del aparato productivo.
En el transcurso de mi administración los mexicanos, a través de acciones concertadas, hemos realizado un esfuerzo conjunto por sanear nuestra economía y sentar las bases para un crecimiento y desarrollo sostenidos que brinden igualdad de oportunidades de progreso a todos. Hoy, tras un intenso proceso de cambio estructural, el sector productivo avanza firme y aceleradamente en su transformación para elevar su eficiencia. Como resultado, nuestra economía es más fuerte y el producto se comparte en forma más equitativa. Es necesario, empero, consolidar y ahondar en estos logros. Para ello debemos persistir, unidos, en la estrategia económica que nos hemos planteado para 1994.
Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración más distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección
México, D.F., a 15 de noviembre de 1993. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
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El Presidente:
Se designa en comisión para acompañar al doctor Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando desee retirarse de este recinto, a los siguientes diputados: Angel Aguirre Rivero, José Alarcón Hernández, David Palacios García, Fauzi Hamdan Amad, Manuel Terrazas Guerrero y Héctor Morquecho Rivera.
Se les ruega cumplan con su cometido.
Se ruega a los diputados permanecer en el salón a fin de continuar y agotar los asuntos en cartera.
Se va a proceder a turnar a comisión las iniciativas presentadas.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con base en lo que determina la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito someter a su consideración, examen y en su caso, aprobación de la siguiente:
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1994.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1993. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
«Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En ejercicio de la facultad que le concede al honorable Congreso de la Unión el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento del artículo 74, fracción IV, del mismo ordenamiento, por su digno conducto someto a la consideración de esa honorable Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1994.
En 1993, la política económica tuvo como objetivo fundamental la reducción permanente de la dinámica inflacionaria, de tal forma que tienda a alcanzar los niveles de nuestros principales socios comerciales, y se constituyó en un elemento esencial que sustenta la estabilidad macroeconómica. A su vez, se reforzaron los mecanismos de apoyo a la producción, con especial énfasis en la oferta. Es importante destacar el proceso de desregulación de la actividad económica, el mejoramiento de la competitividad del sector productivo, así como los montos crecientes de recursos destinados a la educación, esto es, la formación de capital humano.
Las acciones para construir las bases de un desarrollo sostenido del país se han fundamentado a lo largo de la actual Administración en la congruencia de la política fiscal, monetaria y cambiaria. A su vez, se han introducido cambios significativos en la estructura económica, con el objetivo de incentivar una mayor participación de los sectores privado y social en la economía, sin que esto signifique que el Estado renuncie a sus funciones de garantizar la soberanía, la justicia y la equidad.
La estrategia económica para 1994 estará basada en las mismas líneas generales de la política económica aplicada a lo largo de la actual Administración. En este sentido, la estabilidad de precios y el crecimiento sano y sostenido de la producción continuarán siendo los objetivos. A este respecto, se propone alcanzar un crecimiento económico que no se fundamente en una reactivación transitoria de la economía en el corto plazo, sino en elementos de carácter permanente, como el aumento de la competitividad y la eficiencia del aparato productivo.
El crecimiento económico depende directamente de la evolución de la inversión productiva. Así, se hace necesario incrementar el ahorro total, el cual está íntimamente ligado a la permanencia de la estabilidad macroeconómica y al otorgamiento de tasas de interés atractivas al ahorrador. En este contexto, destaca la necesidad de continuar en la senda del crecimiento sostenido del ahorro financiero, así como seguir constituyendo un polo de atracción de capitales del exterior.
En concordancia con los objetivos anteriores, sobresale el apoyo continuo al mejoramiento de los niveles de vida de la población, a través de la promoción de la creación de empleo productivo bien remunerado y el uso racional de los recursos fiscales a favor del gasto social.
La estrategia de 1994 seguirá estando fundamentada en la disciplina en la conducción de las finanzas públicas. La significativa reducción de la deuda pública y la reducción de la inflación han permitido una sustancial disminución del servicio de la deuda, lo cual fortalece las finanzas públicas y a la vez permite una mayor canalización de recursos a favor del gasto social. La estabilización económica ha dado un fruto importante: Un incremento sustancial de las erogaciones de carácter social, sin que ello implique comprometer los avances alcanzados en esta materia.
El proceso de cambio estructural también ha implicado un cambio en las relaciones existentes entre las instituciones del Estado. La decisión de conceder autonomía al Banco Central es un paso adelante en la constitución de una política económica más acorde con la realidad mundial. La política monetaria continuará en la misma línea de acción, con especial énfasis en el control de la liquidez de la economía, y buscando evitar el financiamiento inflacionario.
La disciplina monetaria también contribuirá a reforzar la estrategia cambiaria durante 1994. En este ámbito, los acuerdos alcanzados en la reciente renovación del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo prevén el mantenimiento de la actual fórmula cambiaria que durante el último año ha mostrado haber sido la adecuada para apoyar el proceso de estabilización de precios y disminuir el número de intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. Así, el techo de la banda de flotación de la paridad continuará deslizándose a razón de N$ 0.0004 diarios, mientras que el piso de dicha banda habrá de permanecer fijo. Este esquema concilia el objetivo de brindar un margen de maniobra suficientemente amplio a las autoridades financieras para enfrentar situaciones transitorias que puedan presentarse en el mercado cambiario y, a la vez, el de conferir mayor estabilidad al valor de nuestra moneda en un horizonte de más largo plazo. La experiencia de los últimos años muestra que la mayor amplitud de la banda ha sido congruente con la reducción en la volatilidad de la paridad, elemento fundamental para dar certidumbre a inversionistas nacionales y extranjeros.
Durante 1993, las autoridades han otorgado su consentimiento para la creación de nueve bancos adicionales, con objeto de promover una mayor competencia en el sistema financiero. Lo anterior permitirá un incremento del grado de profundización financiera, ya que estas nuevas instituciones tenderán a atacar nuevos nichos de mercado, al tiempo que se observará una mejoría en la eficiencia en la asignación del crédito.
La evolución de la economía en 1993 ha reflejado la interacción de diversos factores de orden interno y externo, como el prudente manejo de las políticas fiscal y monetaria. La inflación registra una trayectoria decreciente, con base en la adecuada conducción de la política económica y en los esfuerzos de concertación entre los diversos sectores de la sociedad. Las finanzas públicas han registrado resultados acordes con lo esperado; destacan el crecimiento del gasto social y la reducción de la deuda pública.
La estrategia económica ha significado un fortalecimiento de las expectativas favorables sobre la economía mexicana y, a su vez, de la generación de ahorro. La transferencia neta de recursos del exterior continúa siendo favorable a nuestro país, lo cual es un indicador de la confianza de los inversionistas. Por otra parte, el ahorro financiero presentó un repunte muy significativo, con base en el otorgamiento de rendimientos reales al ahorrador.
Durante el primer semestre del año, el crecimiento real del Producto Interno Bruto fue de 1.3 por ciento en términos anuales, lo cual estuvo determinado por la desaceleración en el ritmo de la actividad económica en el segundo trimestre del año. Este resultado es consecuencia de diversos factores de carácter interno y externo que afectaron el desenvolvimiento de la planta productiva. La profundización de los procesos de cambio estructural y modernización, en particular en el sector industrial, han provocado una expansión moderada de la oferta interna; y la reducción del ritmo de crecimiento de la demanda interna como resultado de una menor expansión del consumo interno. En el ámbito externo, la recesión generalizada en Europa y Japón, y la débil recuperación de la economía norteamericana han inhibido un mayor dinamismo de las exportaciones no petroleras.
Sin embargo, existen elementos que sugieren una recuperación de la actividad económica. En primer lugar, el crecimiento sostenido de la productividad en el sector manufacturero, asociado al proceso de modernización del aparato productivo. Por otro lado, las exportaciones no petroleras han registrado un comportamiento muy favorable, a pesar, como se mencionó anteriormente, de la debilidad de la economía mundial.
Durante 1993, la evolución de los precios ha observado una trayectoria decreciente, en congruencia con la meta de inflación de un dígito. En los primeros diez meses del presente año, el crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 6.7 por ciento, inferior en 2.7 puntos porcentuales al observado en el mismo período de 1992. Cabe señalar que el incremento en los últimos doce meses de este indicador fue de 9.1 por ciento, la cifra más baja registrada desde abril de 1973. Destacan tres elementos que confirman el carácter permanente de la reducción de la dinámica inflacionaria. Por un lado, en el período de referencia, el crecimiento anualizado del Índice de Precios al Productor fue de 5.8 por ciento. En segundo lugar, se observa una mayor estabilidad de los precios relativos entre las mercancías y los servicios. Finalmente, la existencia de un nivel de pleno abasto de los productos básicos, cuyo índice ha sido el más elevado desde que se inició este registro. Así, se estima que la inflación al cierre de 1993 ascienda a 7.7 por ciento.
En los primeros ocho meses del año, la evolución del sector externo ha sido muy favorable, en particular las exportaciones de manufacturas. La reducción en el desequilibrio comercial también se explica por el menor ritmo de crecimiento de las importaciones, debido a la absorción por parte de la economía mexicana del impacto de la apertura comercial, por lo que el comportamiento de esta variable será más congruente con su trayectoria de largo plazo y, en menor medida, por la desaceleración de la actividad económica interna. Es importante destacar que, al cierre de agosto de 1993, el crecimiento de las exportaciones manufactureras fue de 11.1 por ciento, superior en 4.8 puntos porcentuales al registrado por las importaciones.
La evolución de las finanzas públicas durante 1993 ha estado acorde con lo programado, y se obtendrá por segundo año consecutivo un superávit público, aun al excluir los ingresos no recurrentes que provienen de la venta de organismos y empresas públicas. Así, se estima que al cierre de 1993 el superávit público ascienda a 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto, que se compara favorablemente con el nivel
de 0.5 por ciento registrado un año antes.
En el presente año, los ingresos presupuesta les observarán un decremento de 1.3 por ciento
en términos reales. Los ingresos tributarios no petroleros crecerán 0.1 por ciento en términos reales. Por su parte, los ingresos no tributarios disminuirán 14.7 por ciento.
La consolidación de las finanzas públicas se ha reflejado en una significativa reducción de la deuda pública y, por lo tanto, de la carga impuesta por el pago de intereses. De acuerdo con estimaciones para el cierre del presente año el saldo de la deuda del sector público, interna y externa, consolidada con el Banco de México, como proporción del Producto Interno Bruto, disminuye de 68.3 por ciento en 1988 a 21.0 por ciento para 1993.
La reducción del saldo de la deuda pública y de las tasas de interés en el mercado financiero han permitido al sector público destinar un monto menor de recursos al pago de intereses. Así, este rubro en 1988 representaba 17.7 por ciento del Producto Interno Bruto; en 1993, alcanzará un nivel de alrededor de 3.1 por ciento. La reducción en el pago de intereses permitirá que las erogaciones a favor del gasto social sigan aumentando, de modo tal que al cierre de 1993 se prevé un incremento de 10.4 por ciento real, así como un incremento de 14.4 por ciento en las erogaciones destinadas a la inversión del Gobierno Federal. Gracias al menor peso del pago de intereses de la deuda, el gasto neto total tan sólo se incrementará 0.4 por ciento en términos reales.
El programa económico para 1994 se basa en supuestos conservadores respecto al escenario internacional que enfrentará la economía mexicana, con el objetivo de enfrentar desde una posición más sólida posibles contingencias negativas. Así, se supone un precio de 13.0 dólares por barril para la mezcla de petróleo crudo de exportación.
La política de deuda pública para 1994 estará enfocada, principalmente, a la reducción del costo financiero de la deuda, para liberar recursos que puedan ser dirigidos a otros destinos, como mayor gasto social o inversión en infraestructura. De esta manera, la política de deuda continuará apoyando el logro de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.
En lo que respecta a la deuda externa, se diversificarán las fuentes de financiamiento y se mejorarán las condiciones financieras de los créditos contratados. Para tal efecto, se solicita autorización para contratar endeudamiento neto externo hasta por 16,250 millones de nuevos pesos. El sector público destinará estos recursos a actividades prioritarias. Por lo que toca a la banca de desarrollo, ésta promoverá créditos del exterior con el objetivo de financiar actividades productivas, aprovechando las condiciones favorables bajo las cuales se puede conseguir financiamiento en el exterior. Así, la banca de desarrollo podrá apoyar en mejores condiciones a la mediana y pequeña industria y al sector exportador, los cuales no tienen acceso a los mercados internacionales de capital, o bien lo tienen en condiciones muy desfavorables.
En materia de deuda interna, se aumentará la madurez de la misma, colocando valores a plazos largos, de preferencia con tasas de interés fijas. En virtud de que se espera un presupuesto balanceado, el saldo de la deuda interna al término del ejercicio fiscal no habrá registrado incrementos.
Es importante señalar que, para el cierre de 1994, se estima un saldo bruto de la deuda pública total interna y externa de aproximadamente 30.2 por ciento del Producto Interno Bruto, cifra que se compara favorablemente con la proporción en 1988, que fue equivalente a 75 por ciento del Producto Interno Bruto. Esta importante reducción de la deuda pública, sin precedente en la historia financiera moderna de nuestro país, garantiza para el futuro un nivel de deuda sostenible que no presione a las finanzas públicas y que permita dedicar una proporción cada vez menor del gasto total al servicio de la misma. Para fines de 1994, el nivel esperado de la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto es menor al nivel del mismo en economías más desarrolladas, como, por ejemplo, 42.7 por ciento en el caso de Alemania, 50.4 por ciento en el de Francia, 108.6 por ciento en el de Italia, 46 por ciento en el del Reino Unido y 52 por ciento en el caso de los Estados Unidos.
POLÍTICA DE INGRESOS
1. POLÍTICA TRIBUTARIA
Las reformas fiscales aprobadas por ese H. Congreso de la Unión durante la presente Administración han cumplido cabalmente con los objetivos dispuestos desde su inicio.
Ha sido propósito fundamental de esta Administración reformar el sistema impositivo para hacer más equitativa la distribución de la carga fiscal, reducir las distorsiones que inciden en las decisiones económicas de los individuos y de las empresas, hacer más competitivo el sistema tributario a nivel internacional, promover la inversión, combatir la evasión y elusión fiscales, elevar
la recaudación y simplificar la aplicación de las disposiciones fiscales.
Entre 1989 y 1992, se sometieron a ese H. Congreso de la Unión una serie de reformas a las disposiciones fiscales que permitieron alcanzar estos objetivos. Los cambios introducidos en ese período fueron de tal magnitud y profundidad que para 1993 no se plantearon modificaciones adicionales; sin embargo, se siguieron consolidando los esfuerzos en materia de fiscalización y control de los contribuyentes, y se realizaron reformas en materia de Ley Aduanera, principalmente.
A continuación se reseñan los cambios instrumentados, los objetivos y los logros.
Se disminuyó la tasa del impuesto sobre la renta a las empresas de 39.2 por ciento en 1988, a 35 por ciento en 1991. Simultáneamente, al permitir el ajuste por inflación de los activos, los pasivos y el capital, la base gravable se redujo en este período aproximadamente en 21 por ciento. Esto, sin duda, contribuyó al incremento de las tasas de crecimiento de la inversión experimentadas en los últimos años.
Se perfeccionó el sistema fiscal que, a través de la integración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y morales, elimina el doble gravamen a las utilidades, característico de los sistemas fiscales modernos de algunos de los países más desarrollados. El cambio consistió en requerir que las empresas llevaran una Cuenta de Utilidad Fiscal Neta. Las empresas están obligadas a pagar el impuesto por aquellos dividendos distribuidos en exceso de dicha cuenta. El accionista puede acreditar la diferencia entre la tasa de 35 por ciento que pagó la sociedad y la tasa marginal a la que está sujeto.
Con objeto de hacer más transparente y general la aplicación del impuesto sobre la renta de personas morales, se eliminaron los subsidios, decretos promocionales y regímenes preferencia les, que en su mayoría consistían en transferencias a veces gratuitas a un número reducido de empresas. En su lugar, se dejó únicamente la deducción inmediata de inversiones, misma que puede ser aprovechada por las empresas sin necesidad de trámite o autorización. Para apoyar la inversión, el beneficio de esta deducción fue ampliado al reducirse la tasa de descuento con que se calcula el monto por deducir de 7.5 a 5 por ciento anual. Para promover la desconcentración industrial y combatir la contaminación de las urbes, propiciando mejores condiciones de vida para sus habitantes, sólo se otorgó este beneficio a las inversiones que se realicen fuera de las tres grandes zonas metropolitanas del país.
En apoyo a los proyectos de larga maduración y al cambio estructural del aparato productivo, se amplió el período de amortización de pérdidas de cinco a diez años, y se introdujeron disposiciones que permiten la fusión y escisión de sociedades sin ser objeto de gravamen; así, no se considera que existe enajenación de bienes y, por tanto, no se gravan con el impuesto sobre la renta ni con el impuesto al valor agregado estas operaciones. Esto permite a las empresas reducir costos en su operación y ser más competitivas.
Por lo que se refiere al tratamiento fiscal a personas físicas, en 1990 la tasa marginal máxima se redujo a 35 por ciento, unificándose con la de las personas morales. Esta tasa de personas físicas se ubicaba, tan sólo dos años antes, en un nivel de 50 por ciento, carga que resultaba excesiva y propiciaba una gran resistencia al pago. Adicionalmente, se introdujo el ajuste de la tarifa por la inflación trimestral registrada, con el propósito de impedir que se repitieran los problemas generados en el pasado, en particular, el aumento paulatino en la carga fiscal real y la pérdida de progresividad de las tarifas, que afectaba principalmente a los trabajadores de menores ingresos.
Con el fin de reducir aún más la carga fiscal de los trabajadores, pero favoreciendo principalmente a aquéllos con menores niveles de ingreso y con menores prestaciones, se introdujo en 1991 un subsidio fiscal, gracias al cual las tasas marginales efectivas del gravamen registraron reducciones de hasta 50 por ciento.
Una medida importante para estimular el ahorro, permitiendo generar mayores recursos para la reconversión de las empresas, fue la reducción del gravamen a los intereses financieros pagados a personas físicas, de 2.52 a 1.7 por ciento.
Con el propósito de que las micro, pequeñas y medianas empresas se asocien y logren elevar su eficiencia, el pasado 7 de mayo se expidió el decreto que promueve la formación de empresas integradoras, las cuales constituyen una nueva forma de organización empresarial. En dicho decreto se establece la opción para que durante cinco años tales empresas puedan tributar en el impuesto sobre la renta bajo el Régimen Simplificado de las personas morales, siempre que los ingresos propios de su actividad no rebasen el factor que resulte de multiplicar 500
mil nuevos pesos por el número de socios, sin que esta cantidad exceda de 10 millones de nuevos pesos en el ejercicio.
No sólo la imposición directa fue objeto de reformas, sino también la indirecta. Las tasas del impuesto al valor agregado se redujeron, de 20 y 15 por ciento, a una general de 10 por ciento, a la vez que se armonizó la tasa a lo largo de todo el territorio nacional. Lo anterior se hizo con objeto, no sólo de reducir la carga fiscal, especialmente en favor de los estratos de menores ingresos, sino además para evitar que el sistema fiscal distorsione las señales de precios que a su vez inciden en una asignación inadecuada de los recursos entre las distintas actividades económicas.
Se dispusieron otras medidas para disminuir la carga fiscal, eliminar distorsiones y simplificar el sistema impositivo. Fueron suprimidos los requisitos de reinversión del ingreso por la venta de casa habitación, lo que permitió hacer efectiva la exención en el impuesto sobre la renta a la ganancia por este concepto; se aumentó el límite de las cuentas personales especiales para el ahorro de dos salarios mínimos a 30 mil nuevos pesos actualizables y se eliminó el gravamen a los dividendos que distribuyan las sociedades a sus accionistas, sean residentes en el país o en el extranjero.
En el impuesto especial sobre producción y servicios se derogó el gravamen a las aguas envasadas y refrescos, así como el de seguros; se redujeron en este impuesto las tasas aplicables a cigarros y tabacos, así como las de bebidas alcohólicas, y se introdujo una mecánica que disminuye paulatinamente la tasa aplicable a la cerveza a partir de 1993. Se mantuvo la tasa del impuesto al valor agregado aplicable a alimentos procesados y medicinas en cero por ciento; se redujo paulatinamente la tasa del impuesto federal sobre adquisición de inmuebles, de diez por ciento vigente en 1990 al dos por ciento a partir de 1994, lo que llevó a una reducción equivalente en los impuestos estatales sobre la materia. Se derogó el derecho a la minería. En lo relativo al impuesto sobre automóviles nuevos, se redujo la tasa máxima de 50 a 10 por ciento, además de exentar a los vehículos populares.
El conjunto de las medidas descritas significó una reducción permanente en la recaudación potencial de aproximadamente cuatro puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.
Como parte del paquete de modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, se abrogó el impuesto federal que gravaba la nómina de las empresas a una tasa del uno por ciento. Esta medida se instrumentó con el fin de mantener el equilibrio en las finanzas de las empresas.
La aplicación de todas estas medidas, sin poner en riesgo el éxito del plan de estabilización y cambio estructural de la economía, fue posible gracias a que, simultáneamente, se ejecutaron programas para elevar el número de contribuyentes, hacer más general la aplicación de los gravámenes y reducir la evasión y elusión fiscales.
El esfuerzo por incrementar la base de contribuyentes se tradujo entre 1988 y 1992 en un aumento de tres millones de empresas y personas físicas con actividades empresariales en el registro federal de contribuyentes, lo que significó un crecimiento de 172 por ciento. En 1993 se ha mantenido la tendencia, acumulándose, en el caso de contribuyentes distintos a los que realizan trabajos personales subordinados, un incremento de 218 por ciento entre 1988 y septiembre de 1993.
Lo anterior refleja un esfuerzo sin precedente, ya que del padrón actual de los contribuyentes distintos a los que reciben salarios, 69 por ciento se incorporó durante la presente Administración. Esto ha sido el resultado de un programa exhaustivo de revisión de campo de los comercios y empresas, así como de modificaciones a la fórmula de autocorrección de la situación fiscal.
Hasta antes de 1991, las empresas sólo tenían que responder por contribuciones omitidas durante el año inmediato anterior a aquél en el que se presentaba la regularización fiscal. La opción de corregir su situación fiscal podía ejercerse cada año desde que se estableció el mecanismo en 1982, provocando que algunos contribuyentes pospusieran por varios años su regularización. En 1990 se mantuvo esta medida por última vez y se dispuso que en lo sucesivo las autoridades tendrían la facultad de liquidar las contribuciones omitidas en años anteriores, pero bajo un esquema de transición. Así, durante 1991 se podía exigir la liquidación de las contribuciones omitidas correspondientes a ese año y a 1990; en 1992, lo relativo a ese período y a dos años hacia atrás, y así sucesivamente, hasta poder exigir la liquidación por cinco años atrás. Este mecanismo funcionó como última llamada para los contribuyentes que quisieran regularizarse sin correr el riesgo de tener que cubrir las contribuciones omitidas en los cinco años anteriores.
La reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que entró en vigor en 1987 introdujo una nueva base para calcular el impuesto, incorporando un ajuste por la inflación experimentada en el cálculo de los ingresos acumulables y las erogaciones deducibles. Inicialmente, se estimó que la base nueva sería más grande que la tradicional, que no incluía ajustes por inflación, por lo que se redujo la tasa que se aplicaría a esa base de 42 a 35 por ciento, mediante una transición de cuatro años.
Sin embargo, al poco tiempo fue posible observar que la base nueva era más pequeña que la tradicional. La necesidad de aplicar una carga fiscal que diera competitividad a las empresas nacionales en los mercados internacionales hizo conveniente que se mantuvieran la base y tasa menores en el impuesto sobre la renta de las empresas. Para ello, fue necesario compensar la pérdida recaudatoria con otras medidas, siendo las más adecuadas, desde una perspectiva de equidad y eficiencia, las tendientes a obtener los ingresos de aquellas empresas y personas físicas que evadían impuestos.
En 1989, se introdujo el impuesto al activo como un gravamen complementario al impuesto sobre la renta. Esta contribución garantiza que las empresas que reportan pérdidas en periodos prolongados cubran al menos este impuesto como un pago mínimo que puede ser recuperado cuando obtengan utilidades en ejercicios posteriores.
Este impuesto limita la evasión e induce a la eficiencia económica al promover un mejor uso de los activos. Asimismo, al hacer que se eleve la carga fiscal de sectores que enfrentaban una baja presencia fiscal, consigue reducir los diferenciales fiscales sectoriales e intrasectoriales, permitiendo al sistema de precios constituirse en el principal medio de asignación de recursos, sin verse distorsionado por los diferenciales en tasas efectivas de impuestos.
La Ley del Impuesto al Activo contiene disposiciones que retrasan la aplicación del impuesto sobre empresas de reciente constitución, o sobre aquéllas con un nivel adecuado de cumplimiento fiscal, pero que realizan actividades que presentan una fluctuación significativa de sus utilidades, o sobre inversiones que exigen largos periodos de maduración. Asimismo, contiene disposiciones para que el incentivo que se otorga por la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo que contiene la Ley del Impuesto sobre la Renta no sea neutralizado por el impuesto al activo. La introducción de este impuesto en 1989 permitió, no sólo que la recaudación del impuesto sobre la renta no disminuyera como consecuencia de la reducción en su tasa y base gravable, sino que aumentara 11.6 por ciento en términos reales en ese año. Este aumento es resultado del mejor cumplimiento del impuesto sobre la renta al que induce el impuesto al activo: Se estima con base en esta experiencia que, por cada peso de recaudación del impuesto al activo, se obtienen adicionalmente 3.5 pesos de recaudación de impuesto sobre la renta. Con ello se comprueba la naturaleza fundamentalmente de control del impuesto al activo.
El mejor cumplimiento en el impuesto sobre la renta, resultado de un mayor control fiscal, se ha traducido en una disminución de la importancia del impuesto al activo en la recaudación total por concepto de estos dos impuestos. Para ilustrar lo anterior, baste decir que mientras en 1991 la recaudación por el impuesto al activo representaba 6.5 por ciento del total integrado por renta y activo, para 1992 representó tan sólo 5.9 por ciento.
Otras medidas de gran trascendencia fueron la eliminación del régimen de Bases Especiales de Tributación y la reducción del alcance del régimen de contribuyentes menores, instrumentadas en 1990. Estos tratamientos se crearon originalmente para aplicarse a contribuyentes difíciles de gravar, a empresas pequeñas, o a aquéllas que por la naturaleza de su actividad no podían llevar registros contables adecuados.
La existencia de tratamientos especiales hacía que se rompiera la cadena de comprobación fiscal, favoreciendo el incumplimiento por parte de otros contribuyentes. No sólo eso, estos regímenes desincentivaban a las empresas a crecer, pues, al hacerlo, se ponían en evidencia como grandes contribuyentes, estando obligadas a tributar bajo el régimen general y, desde luego, a perder beneficios fiscales y administrativos. Asimismo, estos esquemas generaban una asignación deficiente de los recursos, ya que al ofrecer una mayor rentabilidad neta atraían recursos en exceso.
Para lograr que estos contribuyentes participaran con la parte del impuesto sobre la renta que de acuerdo con su importancia económica les correspondía, se diseñó un Régimen Simplificado, con base en una contabilidad de flujo de efectivo.
El Régimen Simplificado se introdujo en 1990 en la Ley del Impuesto Sobre la Renta como
un mecanismo sencillo para determinar el impuesto aplicable a los contribuyentes con capacidad administrativa limitada. El impuesto opera como un incentivo a la reinversión y expansión de estas empresas, ya que sólo se causa por los recursos que retira el contribuyente de su actividad empresarial. Por otra parte, dicho régimen ha permitido mejorar la equidad del sistema al haber logrado un incremento sustancial del impuesto pagado por estos contribuyentes en los tres años que lleva en operación.
Además de la introducción del impuesto al activo y la eliminación de regímenes especiales, se restringieron ciertas deducciones que podían realizar las empresas y que se habían prestado a abusos.
Tal es el caso de la inversión en automóviles, al limitarse la misma a un monto máximo de 65 mil nuevos pesos cuando se destinan al transporte de mercancías o a la prestación de servicios relacionados con la actividad del contribuyen te. Además, los automóviles deben estar identificados exteriormente con el logotipo de la empresa y guardarse en la misma.
Los montos deducibles por viáticos y por gastos en restaurantes se limitaron, y sólo son deducibles aquéllos realizados fuera de un radio de 50 kilómetros de la ubicación de la empresa. Se restringió la deducibilidad de gastos en comedores para empleados, al concederse únicamente cuando se proporcionan a todo el personal. También se limitó el monto que pueden deducir los contribuyentes por la adquisición o el arrendamiento de aviones particulares.
Todo lo anterior otorga mayor generalidad al impuesto sobre la renta y evita que empresas grandes o sectores que, por la naturaleza de su actividad, podían abusar sistemáticamente de este tipo de ventajas fiscales se beneficien a costa del resto.
En el impuesto al valor agregado, se amplió la base gravable al incluir los intereses de créditos para el consumo otorgados por el sistema financiero a personas físicas y al eliminar la exención otorgada a tiendas sindicales. Asimismo, se llevó la tasa aplicable en fronteras de 6 a 10 por ciento.
Aunado a lo anterior, se rediseñaron los programas de fiscalización para hacerlos más efectivos y reforzar la presencia fiscal. El número de auditorías se incrementó significativamente entre 1988 y 1992, al realizarse en este último año 183,865 auditorías más que en 1988. La efectividad de las auditorías también mejoró, ya que, en 1992, 90 por ciento de éstas terminaron con un resultado a favor del fisco, mientras que en 1988 sólo 13 por ciento presentaba dicho resultado. Esta mejoría en la administración fiscal se refleja en una reducción sustancial en la razón costo - beneficio del proceso de auditoría. En 1992, cada peso gastado en revisiones arrojaba 30 pesos de recaudación, mientras que esta relación era de uno a cuatro en 1988.
Se han dispuesto otras medidas para mejorar el control de los contribuyentes, tales como considerar infracción el no efectuar los pagos provisionales de una contribución; solicitar devoluciones a las que no se tiene derecho; no presentar aviso de cambio de domicilio; expedir comprobantes fiscales asentando nombre, denominación, razón social o domicilio de persona distinta a la que adquiere el bien; no citar la clave del registro federal de contribuyentes o no adherir a las declaraciones el código de barras.
Además, ahora se deben actualizar por inflación las contribuciones que no se cubrieron oportunamente, así como las multas a cargo de los contribuyentes y las devoluciones a cargo del fisco federal. Esta reforma se ha traducido en una drástica disminución de juicios que se iniciaban con el único fin de retrasar el pago de los impuestos, ya que los recargos únicamente se aplicaban al monto original del adeudo y por un período determinado. Con tasas de inflación altas, esto significaba, por ejemplo, que entre 1983 y 1989, un peso acumulado en el sistema financiero se convirtiera en 36 pesos, pero un peso de adeudo fiscal, incluidos los recargos y las multas, sólo llegara a ocho pesos. Con la actualización del principal y el cálculo de los recargos sobre el principal actualizado, desapareció este problema. También se eliminó la posibilidad de condonar recargos, lo que se había traducido en parcialidad en la actuación de la autoridad al aplicar las disposiciones legales.
Actualmente se exige a las personas físicas con actividad empresarial y a las personas morales que hayan obtenido en el ejercicio fiscal anterior ingresos acumulables superiores a 5.85 millones de nuevos pesos, o que el valor de sus activos sea superior a 11.7 millones de nuevos pesos, o que tengan más de 300 trabajadores, que dictaminen sus estados financieros por contador público autorizado, con el fin de que dichos contribuyentes puedan determinar posibles errores en su contabilidad y corregirlos.
Se estableció la obligación para que los contribuyentes que lleven su contabilidad utilizando registros electrónicos proporcionen a las autoridades
fiscales la información en dichos medios sobre sus clientes y proveedores, así como la relacionada con su contabilidad. Dicha información ha sido de gran utilidad para realizar compulsas.
Los comprobantes fiscales deben ser impresos en los establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida, el número de folio, lugar y fecha de expedición y clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expide, entre otros. Las imprentas autorizadas, por su parte, deben entregar trimestralmente en medios magnéticos la relación de clientes y folios de los comprobantes fiscales expedidos.
Por último, dentro de las medidas instrumentadas para mejorar el control, se estableció la obligación para las instituciones de crédito de anotar, en los esqueletos de los cheques de cuentas empresariales, el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes del primer titular de la cuenta.
Para simplificar los trámites y reducir costos a los contribuyentes, se introdujeron diversas medidas, tales como la reducción en el número de declaraciones y la información requerida en las mismas; se estableció un sólo formato de declaración para los pagos provisionales de las diversas contribuciones; se ampliaron los plazos de entero de las mismas y se armonizó la fecha de pago de prácticamente todos los impuestos, además de establecer el pago de todas las contribuciones en el sistema bancario. Asimismo, se estableció el pago trimestral para las personas físicas con ingresos por honorarios.
Para las empresas con ingresos de hasta 2 millones 244 mil nuevos pesos, se redujo el número de declaraciones en el año de 15 a sólo 5 para todos los impuestos, y se les otorgaron facilidades para el cálculo de los mismos.
También se eliminó para todos los contribuyentes el requisito del segundo ajuste en los pagos provisionales a que estaban obligados, además de otras medidas de simplificación que se han introducido en apoyo de los contribuyentes medianos y pequeños, que representan más de 90 por ciento del padrón, como la posibilidad de utilizar un factor para la determinación de sus intereses acumulables o deducibles.
Como resultado de estos esfuerzos, la recaudación se incrementó considerablemente, no obstante que la carga fiscal del contribuyente cumplido se redujo en forma importante. En el período 1988 - 1992, los ingresos tributarios no petroleros se elevaron de 9.26 por ciento del Producto Interno Bruto a 10.79 por ciento. En 1993 seguirán consolidándose los ingresos tributarios, especialmente el impuesto sobre la renta, que se estima alcanzará una recaudación equivalente a 5.75 por ciento del Producto Interno Bruto, constituyéndose en uno de los más altos en la historia de este gravamen.
Una mayor recaudación proveniente de contribuyentes que anteriormente evadían el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no sólo permitió premiar a los contribuyentes cumplidos con una carga de impuestos menor y tasas impositivas más bajas, lo que a su vez se traduce en mayor inversión y crecimiento económico, sino que también provocó un aumento neto de los ingresos públicos.
Para reflejar las características económicas y sociales de cada entidad federativa en la distribución de las participaciones, en 1991 se modificó, en la Ley de Coordinación Fiscal, la composición del fondo de recursos distribuibles a éstas con un período de transición que culmina en 1994, para quedar integrado en tres partes: 45.17 por ciento en proporción directa al número de habitantes; 45.17 por ciento con base en la actividad económica de cada entidad, y el 9.66 por ciento restante, en proporción inversa a las participaciones por habitante que tenga cada una de ellas. Además, se incorporaron el crecimiento de la recaudación del impuesto predial y de los derechos de agua como factores para determinar cambios en los coeficientes de participaciones en el fondo de fomento municipal.
Para no modificar abruptamente las participaciones individuales, el cambio se instrumentó a lo largo de cuatro años, y se buscó que las participaciones respondieran a las necesidades por servicios públicos de cada entidad federativa, además de que continuaran reflejando la capacidad recaudatoria de cada una de ellas.
En el ámbito internacional también se han instrumentado medidas para promover la inversión nacional y extranjera, reduciendo el costo del capital para las empresas. De este modo, se han reducido las tasas de retención a las transferencias de recursos al exterior. En relación con los intereses, la tasa de retención más alta se situaba en 42 por ciento en 1988. Actualmente se ubica en 15 por ciento para los intereses pagados a instituciones financieras, 21 por ciento para los pagados a proveedores y 35 por ciento para el
resto. En regalías, se aplicaba 42 por ciento para patentes y 21 por ciento para derechos de autor, mismas que actualmente se sitúan en 35 y l5 por ciento, respectivamente.
México inició en 1989 la negociación de tratados internacionales para evitar la doble tributación. Estos tratados permitirán reducir aún más las tasas de retención a las transferencias de capital, lo que eleva el rendimiento neto de las inversiones que se efectúan en México. Los tratados aportan reciprocidad en cuanto a la reducción de tasas de retención, así como garantía de acreditamiento de los impuestos pagados en el país, fuente de los ingresos, mejorando sensiblemente la competitividad de las empresas mexicanas en el extranjero. Han entrado en vigor los tratados con Canadá, Francia y Suecia. Adicionalmente, el Senado de la República ha aprobado los acuerdos con Alemania, España y los Estados Unidos, y se han firmado los negociados con Bélgica, Ecuador, Holanda, Italia y Suiza. Recientemente se concluyeron las pláticas con Corea, Finlandia, Noruega y el Reino Unido, y se mantienen negociaciones con Dinamarca, Rumania y Singapur.
La administración tributaria ha sido sometida a un intenso proceso de cambios en estos últimos años, con objeto de complementar el esfuerzo realizado en materia de política tributaria. La magnitud y la profundidad de las modificaciones introducidas requirió un proceso gradual que aún continúa.
La reforma administrativa incluyó un reagrupamiento de funciones dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A la Subsecretaría de Ingresos se trasladaron la política de precios y tarifas del sector público, la política y administración de la promoción fiscal, la administración de sus áreas regionales, la defensa de sus juicios y la administración y política aduaneras.
A partir de 1993, la Subsecretaría de Ingresos adoptó una nueva estructura, que busca descentralizar las decisiones, a la vez que centralizar el control, empleando sistemas efectivos de comunicación.
Hasta hace poco, 261 oficinas federales situadas en igual número de localidades eran supervisadas por 45 Administraciones Fiscales, que, a su vez, eran coordinadas por ocho oficinas regionales denominadas coordinaciones. De las coordinaciones dependían directamente entre 300 y 400 empleados y, aunque su función era supervisora, su tamaño las convertía frecuentemente en "maquiladoras" del trabajo que por alguna insuficiencia no había podido completar alguna de las Administraciones Fiscales. Toda esta estructura dependía directamente del Subsecretario de Ingresos.
Los cambios han involucrado, en la parte alta de la estructura, la conversión de las ocho oficinas de coordinación en igual número de pequeñas oficinas regionales de supervisión para cada una de las tres funciones sustantivas, es decir, recaudación, jurídico y fiscalización, con cinco empleados cada una. En la parte baja de la estructura, se suprimieron las 261 oficinas federales, absorbiendo sus funciones las 45 administraciones locales, mismas que aumentaron a 65.
Simultáneamente, se establecieron módulos de recepción en forma de buzones en 239 oficinas de correos en todo el país; además, mediante la concertación con agrupaciones, cámaras, colegios, confederaciones y centros comerciales, se instalaron 80 módulos más. En estos 319 módulos se reciben todos los trámites de inscripciones, modificaciones de situación fiscal, solicitudes de servicios y los relacionados con aclaraciones de créditos fiscales. Estos trámites se atienden mediante respuesta por correo o notificación personal, con objeto de reducir el contacto personal entre autoridades y contribuyentes. Adicionalmente, en las 65 administraciones locales se ubicaron módulos de atención fiscal al contribuyente, que prestan, además de los servicios antes señalados, los de orientación, solución de problemas y consultas.
La concentración de las labores de captura de información se ha traducido en un abatimiento en los rezagos y en economías de personal, equipo y espacio de oficinas. Mientras que los ocho coordinadores anteriores dependían del Subsecretario de Ingresos, los nuevos administradores regionales dependen directamente de alguno de los tres responsables de las áreas sustantivas. Las labores de estas tres administraciones generales pasaron a ser operativas, además de normativas. Aduanas, por su parte, también queda con una estructura regional con ocho administradores regionales.
Un cambio importante en la administración tributaria se realizó en 1990, al transferirse la recaudación del impuesto al valor agregado de las entidades federativas a la Federación. Esto permitió ejercer un control más adecuado de los contribuyentes, ya que por las características de este impuesto resulta más efectivo llevar a cabo su administración a nivel nacional. Como consecuencia directa de este cambio, la recaudación
del impuesto al valor agregado se incrementó en términos reales 30 por ciento en tan sólo un año, beneficiándose tanto la Federación como las entidades federativas, cuyas participaciones se ven influidas con la recaudación de este impuesto.
Otro cambio en la organización de la Subsecretaría de Ingresos ha sido el relacionado con el manejo de operaciones con residentes en el extranjero. Como resultado de la estabilización de la economía, la liberalización del comercio exterior y del mercado de capitales, y del mayor flujo de inversiones extranjeras, se ha registrado un crecimiento extraordinario en dichas operaciones. Por lo anterior, se ha enfatizado y concentrado dentro de la Subsecretaría de Ingresos la atención a los asuntos que involucran a operaciones con residentes en el extranjero.
La administración aduanera se sometió a una profunda reestructuración, al integrarse las aduanas a la administración tributaria. Entre los problemas que caracterizaban la operación aduanera hasta antes del cambio, se pueden destacar la discrecionalidad que existía en la aplicación de disposiciones y el bajo nivel de riesgo que tenían las personas que subdeclaraban el valor de las mercancías de importación, ya que el trámite consistía en revisar documentos, inspeccionar toda la carga, lo cual era físicamente imposible, y por último, pagar los impuestos.
Al reincorporar la administración aduanera a la tributaria a mediados de 1989, y aprovechando la organización funcional y regional de la Subsecretaría de Ingresos, se estableció la supervisión y evaluación sistemáticas de la operación de las aduanas, encomendando esta función a las oficinas de coordinación regional.
Se racionalizó la red de aduanas, suprimiendo nueve y creando una nueva, y se adecuaron los horarios de trabajo, de forma tal que se suprimieron los pagos por servicios extraordinarios. Se emitió un manual de procedimientos, con el propósito de unificar en todas las aduanas las actuaciones del personal, reduciendo con ello la desinformación e incertidumbre de importadores y exportadores. Por otro lado, se mejoraron los salarios del personal, se le capacitó y se crearon incentivos para elevar la productividad.
Con objeto de mejorar procedimientos, coordinar estrategias e intercambiar información, se mejoraron las relaciones aduaneras, especialmente con los países vecinos, y se inició una serie de acciones para vincular al sistema aduanero y comunicarlo eficazmente, no sólo con otros órganos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino también con las demás dependencias y entidades involucradas de la administración pública federal, así como con organismos públicos y privados vinculados al comercio exterior.
Paralelamente a la reestructuración administrativa, se hizo necesaria una revisión minuciosa de la legislación aduanera. Las modificaciones en la legislación tuvieron como consecuencia inmediata una modificación en la forma de operar de las aduanas. Entre los cambios más importantes se encuentran la adopción del principio de autodeclaración por parte del contribuyente y la inversión del procedimiento de desaduanamiento, según el cual ahora primero se pagan los impuestos, después se inspecciona ocasionalmente la mercancía y finalmente se revisan los documentos sólo cuando la mercancía deja la aduana. Se estableció un sistema de revisión aleatorio que determina la frecuencia de las revisiones por computadora conforme al flujo de tráfico, el tipo de aduana terrestre, marítima o aérea y otros criterios relevantes. Ahora existen penas severas para la falsificación de declaraciones y se suprimieron disposiciones que permitían tratamientos diferenciales o excepciones.
Se decretó la obligación de que todas las operaciones, excepto las de pasajeros que no rebasen mil dólares de los Estados Unidos de América y las pequeñas importaciones, fueran realizadas con la intervención de un agente aduanal; se eliminaron las barreras de entrada al mercado de servicios aduaneros; se transformó el régimen de operaciones temporales de importación para introducir, no sólo la autoaplicación, sino también el autocontrol; se creó un sistema llamado "Cuentas Aduaneras", administrado por los bancos y los agentes aduanales, mediante el cual el interesado en importar mercancía temporalmente deposita en valores gubernamentales el monto de los impuestos, que recupera con intereses al sacar la mercancía del país; se sustituyó el cuerpo armado que apoyaba la operación, llamado resguardo aduanal, por una corporación más pequeña, mejor preparada, joven y de estructura más flexible, denominada policía fiscal, y se privatizaron los almacenes fiscales en aduanas fronterizas y aeropuertos.
En junio del presente año, ese honorable Congreso de la Unión aprobó algunos cambios adicionales a la Ley Aduanera. Con el fin de combatir prácticas ilícitas, se estableció la obligación para que los viajeros declaren en la aduana la introducción de dinero en efectivo o cheques
por un monto superior a los 30 mil nuevos pesos; se creó un mecanismo para agilizar la introducción de mercancías que importen las empresas industriales y las comercializadoras de bienes para la industria, consistente en permitir la revisión en origen; se introdujeron medidas para permitir la posibilidad de regularizar mercancías de procedencia extranjera que hayan sido introducidas sin cumplir con los requisitos necesarios, siempre que se realice el pago espontáneo de las contribuciones; se otorgaron facultades a la autoridad hacendaria para fijar precios estimados con objeto de combatir la subvaluación de las mercancías para efectos aduaneros, exigiendo una garantía para cubrir la posible diferencia de contribuciones entre el valor declarado por el importador y el precio estimado por la autoridad; se introdujo una disposición que establece que las mercancías que se encuentren en recintos fiscalizados propiedad de particulares causan abandono en los mismos términos que las mercancías que se encuentren en recintos fiscales federales, lo que permite resolver el problema de la saturación en las aduanas; y, por último, se suprimió la necesidad de garantizar con un depósito monetario la prestación de los servicios de agente aduanal, ya que ello impedía que muchos mexicanos que llenaban los demás requisitos obtuvieran la patente de agente aduanal.
Como resultado de la reestructuración aduanera y de las reformas legales, se ha elevado la recaudación, a la vez que se ha reducido sustancialmente el tiempo de desaduanamiento; ha mejorado la vialidad en las ciudades fronterizas; se han abatido costos de operación por los menores tiempos de despacho; han disminuido los requerimientos de espacios físicos en las aduanas; se han descongestionado las oficinas centrales, gracias a la autoaplicación de exenciones, autorizaciones, plazos y prórrogas; y se han reducido los costos y tiempos de captura de las estadísticas de comercio exterior.
Los cambios en la administración tributaria antes descritos han propiciado la eliminación de obstáculos que hacían difícil el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales, y permitirán un importante ahorro de recursos y tiempo en la realización de trámites, en beneficio de los contribuyentes y de la misma administración tributaria.
Cinco años de esfuerzo profundo en materia presupuestal, tanto en el aspecto de los gastos, como en el de los ingresos, se ha reflejado principalmente en un aumento de 34 por ciento en términos reales de los ingresos tributarios no petroleros, a pesar de las disminuciones en tasas impositivas y en el número de impuestos, así como en un aumento superior a 218 por ciento en el número de contribuyentes no asalariados. El logro más importante en esta materia es sin duda el hecho de que, en 1993, las finanzas públicas presentan un superávit de alrededor de uno por ciento del Producto Interno Bruto, cuando apenas seis años atrás el balance financiero presentaba un déficit de 16 por ciento de dicho producto.
2. POLÍTICA DE PRECIOS Y TARIFAS
En concordancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, la política de precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público adoptada durante la presente Administración ha tenido tres objetivos fundamentales.
El primero de ellos ha sido contribuir al abatimiento de la inflación a través del fortalecimiento de las finanzas públicas. En segundo término, eliminar subsidios sin justificación económica o social, buscando, simultáneamente, minimizar el posible efecto sobre el poder adquisitivo de los salarios. Por último, ajustar los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos con rezagos significativos, a fin de alinearlos con los niveles de precios de nuestros principales socios comerciales, de tal manera que se fomente la competitividad de los sectores productivos del país.
Entre los ajustes realizados durante el período 1989 - 1993 a los precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público que presentaban rezagos, destacan los relativos a los productos petrolíferos y el servicio de energía eléctrica. A partir de 1992, una vez superados los rezagos, se autorizaron únicamente ajustes para mantener el nivel de los precios y tarifas en términos reales. Cabe mencionar que en noviembre de 1991, al reducirse la tasa del impuesto al valor agregado, los precios finales al consumidor de los bienes y servicios públicos se redujeron en 4.55 por ciento. Esta medida, y la estrategia de instrumentación en forma gradual, permitió que los ajustes antes mencionados tuvieran menor impacto en el poder adquisitivo de los consumidores.
En lo referente a las tarifas del sector eléctrico, se reestructuraron las correspondientes al servicio para uso industrial, diferenciándolas según la hora en que se proporciona el servicio, así como por un factor de regionalización y estacionalidad; se crearon nuevas opciones tarifarias, las cuales reconocen los altos factores de carga y de potencia, así como una tarifa interrumpible
que se ha traducido en una reducción significativa en el precio medio al usuario. Con estos cambios en la estructura de las tarifas eléctricas, se ha propiciado el uso racional de esta energía. Por otra parte, se continuó con el subsidio a los rangos de menor consumo de las tarifas eléctricas residenciales y de bombeo de agua para riego agrícola, beneficiando con esta medida a los estratos sociales de menores recursos.
En 1991, se enfatizó en materia de política de precios en la competitividad de los precios de los bienes y servicios que ofrece el sector público respecto de los prevalecientes en los mercados internacionales. Por ello, en abril de ese año, inició sus sesiones mensuales el Comité de Precios de Productos Petrolíferos y Gas Natural, órgano que está formado por representantes de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de la Contraloría General de la Federación, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Hacienda y Crédito Público, así como de Petróleos Mexicanos. Su función primordial es analizar y aprobar las propuestas de estructuras de precios de los productos petrolíferos y gas natural que comercializa Petróleos Mexicanos en el mercado nacional, adoptando mecanismos sencillos y transparentes que minimizan la discrecionalidad en la determinación de los precios. Adicionalmente, a partir de marzo de 1992, se inició el proceso de análisis y determinación de estructuras de precios de los productos petroquímicos, tanto básicos como secundarios, los cuales actualmente se encuentran en su mayoría vinculados a su referencia internacional o a relaciones técnicas con otros productos mediante ajustes automáticos de precios.
La política actual de estos precios ha sufrido cambios de fondo; entre ellos destaca la sustitución de precios iguales en todo el país por precios diferenciados en centros productores y distribuidores, los cuales incorporan los costos de transporte en que incurre el organismo y que explican la diferencia en precios de un mismo producto en diferentes localizaciones geográficas.
Fertilizantes Mexicanos tradicionalmente mantuvo una política de precios oficiales y uniformes en todo el país. En 1989 inició una estrategia de cambio orientada hacia la liberalización total de precios. Esta estrategia se instrumentó en cuatro etapas. En la primera, concluida en 1990, se eliminó la red secundaria de distribución. En 1991, arrancó la segunda etapa, que se concluyó en octubre de ese mismo año, con la eliminación de los centros de distribución primaria. A partir de entonces, los precios de los fertilizantes se determinaron de acuerdo con su referencia internacional. La última etapa del cambio concluyó con la venta de las unidades productoras administradas por este organismo.
En el caso de las tarifas ferroviarias de carga, se buscó mejorar la relación precio - costo sin poner en peligro la participación de Ferrocarriles Nacionales de México en este mercado, con lo que se ha logrado corregir en buena medida el rezago de las tarifas. Sin embargo, aún existen tarifas que no cubren los costos operativos de proveer el servicio. Para continuar con la instrumentación de la liberalización de los precios públicos, a partir de octubre de este año se autorizó la desregulación tarifaria de los servicios ferroviarios de carga y pasaje para dar una mayor flexibilidad a las políticas de comercialización de la empresa.
Con el fin de que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos saneara sus finanzas, se eliminó el rezago de los precios en términos reales, lo que permitió al organismo disponer de recursos para su programa de ampliación y reconstrucción de su red carretera.
En cuanto a las tarifas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, es importante destacar la instrumentación de una política tarifaria que se basa en el establecimiento de tarifas diferenciadas según la demanda en cada aeropuerto y de acuerdo con horario en que se proporcione el servicio, aplicando cuotas menores en los horarios de menor densidad de tráfico e introduciendo una tarifa para horarios nocturnos. De igual forma, en marzo de 1992 se instrumentó una política de precios diferenciados por aeropuerto para la turbosina que se comercializa en el mercado doméstico, la cual sustituye a la política de precio único que se aplicaba en todos los aeropuertos del país. Adicionalmente, se ajustó la tarifa de suministro de este combustible para llevarla a su referencia internacional. Este nuevo mecanismo de precios ha generado importantes ahorros a los prestadores de servicios del aerotransporte en el país, mediante la eliminación de ineficiencias que se derivaban del mecanismo de precios anterior.
Los servicios de navegación aérea se cobraban en forma diferenciada a la aviación comercial regular y al resto de los usuarios, lo que lo hacía ineficiente al provocar transferencias de recursos entre usuarios. En mayo de 1993, se dispuso un mecanismo de cobro que permite cubrir los costos promedio de operación en que incurre el organismo responsable al proporcionar el servicio y que elimina las ineficiencias que implicaba
el mecanismo de cobro anterior. El nuevo mecanismo se aplicó en un principio a la aviación comercial regular y a la de fletamento, y a partir de septiembre, se inició su aplicación a la aviación general.
La política de precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público para 1994 continuará con el proceso de ajuste y liberalización de los mismos, con el fin de que éstos sean comparables a referencias internacionales o que reflejen costos económicos, a la vez que se contribuya al abatimiento de la inflación.
POLÍTICA DE INGRESOS PARA 1994
Por la conveniencia de continuar profundizando en las medidas instrumentadas a lo largo de esta Administración, particularmente en lo que se refiere a la adecuación del sistema tributario y a la reducción y mejor distribución de la carga impositiva, el Ejecutivo Federal considera necesario utilizar el superávit fiscal para revertir a la población el beneficio del gran esfuerzo presupuestal realizado, sin que con ello se relaje la disciplina de las finanzas públicas.
Con lo anterior se busca hoy, como en los últimos cinco años, que las empresas nacionales compitan en mejores condiciones con sus contrapartes del exterior, inviertan más e impulsen el crecimiento económico, y que los trabajadores reciban un tratamiento fiscal más adecuado. Asimismo, con estas reformas se pretende consolidar la estabilidad y permanencia de las disposiciones fiscales, elemento indispensable para la formación de un clima propicio a la inversión.
Es importante destacar que el Ejecutivo Federal a mi cargo no propone cambios adicionales a las leyes tributarias federales, sometiendo para aprobación de ese H. Congreso de la Unión únicamente los compromisos asumidos por el gobierno federal en la reciente renovación del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo. Con ello, por segundo año consecutivo, no se presenta una miscelánea fiscal.
Dentro de la etapa más reciente del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, el Gobierno Federal se comprometió a enviar a ese H. Congreso de la Unión iniciativas de ley en materia fiscal que mejoren la distribución de la carga fiscal en favor de los trabajadores de menores ingresos, estimulen una mayor inversión, hagan más competitivas a las empresas y promuevan la conservación del medio ambiente. Es por ello que el Ejecutivo Federal a mi cargo somete a la consideración de ese H. Congreso de la Unión las siguientes medidas para que, de ser aprobadas, den lugar a las reformas correspondientes.
Con el fin de mejorar la distribución de la carga fiscal en favor de los trabajadores de menores ingresos, se propone modificar el mecanismo del crédito fiscal para las personas que reciben ingresos por salarios, transformándolo en un monto, el cual decrece conforme aumenta el ingreso del trabajador. Asimismo, se propone establecer que el patrón deberá entregar en efectivo al trabajador la cantidad en que exceda el crédito fiscal al impuesto a su cargo, permitiendo al empleador acreditar dichas cantidades contra cualquier impuesto federal a su cargo.
Este nuevo esquema de crédito fiscal permitirá abandonar, a partir de enero de 1994, la referencia regional que existe en el actual crédito de 10 por ciento del salario mínimo, y se tomará como referencia la zona "A", cuyo salario mínimo es el más elevado. Esto, además de simplificar el cálculo de dicho crédito, tendrá un impacto favorable en la distribución del ingreso a nivel regional, y provocará un aumento adicional en el ingreso disponible de los trabajadores que prestan sus servicios en las áreas geográficas "B" y "C".
Con el fin de promover una mayor inversión y crecimiento económico, e impulsar la competitividad de la planta productiva, se propone a ese H. Congreso de la Unión reducir la tasa del impuesto sobre la renta para las personas morales y para las personas físicas con actividades empresariales de 35 a 34 por ciento.
Con objeto de apoyar los proyectos de larga maduración y que requieren elevadas inversiones, se propone modificar la Ley del Impuesto al Activo para ampliar el plazo de recuperación de este gravamen de cinco a diez años. Esta medida ratifica la naturaleza del impuesto al activo como un gravamen complementario al impuesto sobre la renta.
Para eliminar el costo fiscal que trasladan las entidades financieras y bancos del extranjero a las empresas mexicanas, producto del impuesto que éstas retienen por los intereses pagados al extranjero y hacer efectiva la eliminación de la doble tributación internacional, se propone, para el caso de instituciones financieras y sucursales de bancos nacionales en el extranjero, una reducción por dos años de la tasa de retención del impuesto sobre la renta por intereses pagados al extranjero de 15 a 4.9 por ciento. Se propone
hacer extensiva esta reducción a los intereses pagados al extranjero y que provengan de títulos colocados entre el gran público inversionista.
Asimismo, se propone reducir temporalmente de 21 a 10 por ciento la tasa que contiene la Ley del Impuesto Sobre la Renta para los intereses pagados por instituciones de crédito del país, los derivados de créditos de proveedores y, en general, de préstamos para la adquisición de maquinaria y equipo. Para los intereses pagados en los contratos de arrendamiento financiero, la tasa se reduciría de 15 a 10 por ciento.
Se propone establecer algunas obligaciones formales a los contribuyentes que efectúen pagos al extranjero, como expedir constancias individuales; presentar información relacionada con los créditos del extranjero; y modificar la definición de refugio fiscal para establecer que las tasas reducidas sólo serán aplicables cuando el país de residencia del beneficiario efectivo de los intereses no se considere como tal.
Por otra parte, a fin de armonizar el esquema de deducciones aplicado en México a las inversiones en vehículos con el utilizado en otros países, se propone incrementar la tasa anual de depreciación de 20 a 25 por ciento, para aquellas realizadas con posterioridad al 1o. de octubre de 1993.
Asimismo, con el fin de apoyar el esfuerzo que realizan las empresas por invertir en instalaciones y equipo destinado a prevenir y controlar la contaminación, se somete a consideración de ese H. Congreso de la Unión una modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para ampliar de 35 a 50 por ciento la tasa máxima de deducción anual para las inversiones en estos equipos, así como aplicar ésta última a las inversiones en equipo destinado para la conversión de consumo de combustibles pesados a gas natural. Al igual que en el punto anterior, se propone que esta medida sólo se aplique para las adquisiciones realizadas después del 1o. de octubre de 1993.
Con el fin de disminuir los costos de los insumos que se utilizan en ciertas actividades, se propone ante ese H. Congreso de la Unión que, con retroactividad al 1o. de octubre de 1993, el impuesto especial sobre producción y servicios que se pague por el diesel de uso industrial y para embarcaciones marinas sea acreditable contra otros impuestos federales.
Para 1994, se proponen nuevos cambios con el fin de avanzar hacia un régimen fiscal que, en definitiva, norme la actividad petrolera. Se propone desaparecer el régimen fiscal vigente hasta 1992, y que operó en 1993 como garantía de que la carga fiscal en su conjunto no se afectaría, por un mecanismo mucho más fácil de aplicar y que cumple con el mismo objetivo. También se proponen cambios en el impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las gasolinas y diesel con el fin de promover la eficiencia en la industria productora de estos bienes. Además, se propone redefinir el derecho a la extracción de petróleo. Estas medidas no implicarán aumento alguno en los precios de los combustibles que comercializa Petróleos Mexicanos.
Se propone a ese H. Congreso de la Unión modificar el mecanismo de determinación de las tasas de recargos para el ejercicio fiscal de 1994, para que se ubiquen en niveles congruentes con las tasas activas prevalecientes para los créditos contratados con el sistema financiero.
Para no afectar con el impuesto al valor agregado a los contribuyentes que obtienen créditos refaccionarios o de habilitación o avío, se propone que durante 1994 se exente de este impuesto a los intereses que se deriven de estos créditos cuando sean otorgados a personas físicas que realizan actividades empresariales y sean destinados al desarrollo de dichas actividades.
Asimismo, se propone prorrogar para 1994 la tasa de cero por ciento en el impuesto al valor agregado en la enajenación e importación de medicinas de patente y de ciertos productos destinados a la alimentación.
La introducción al mercado del gas natural de carburación hace necesario que, así como para otros combustibles, se aplique el impuesto especial sobre producción y servicios a este nuevo producto. Por lo anterior, se propone a ese H. Congreso de la Unión establecer en dicho gravamen una tasa fija de 50 por ciento para 1994, y de 60 por ciento a partir de 1995, aplicable al gas natural de carburación. Las tasas propuestas permitirán que la relación de precios entre las gasolinas y el gas natural de carburación sea tal que promueva la sustitución de gasolinas por gas natural, contribuyendo así a mejorar el medio ambiente.
El fortalecimiento del federalismo ha sido propósito permanente de la actual Administración, renovando y perfeccionando el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con objeto de incrementar los recursos disponibles para las haciendas públicas estatales y municipales y promoviendo, a su vez, la armonización, modernización y simplificación de los sistemas impositivos de los tres niveles de Gobierno.
Reconociendo que el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales y municipales es de gran importancia para el desarrollo equilibrado de la nación, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera conveniente proponer a ese H. Congreso de la Unión que se incrementen los coeficientes a través de los cuales se determinan las participaciones que la Federación otorga a estados y municipios sobre su recaudación participable, poniendo especial atención en el municipio, institución que ha sido reconocida como la piedra angular del sistema federal bajo el que se rige nuestro país.
Dentro de este contexto, también se ha considerado conveniente incorporar a la reserva de compensación recursos derivados de los remanentes de participaciones de aquellas entidades federativas no coordinadas en derechos.
En los últimos años, las entidades federativas han realizado un gran esfuerzo para reordenar su comercio urbano. Por dicha razón, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera conveniente proponer que se incorpore a la Ley de Coordinación Fiscal una participación adicional integrada por el 0.44 por ciento de la recaudación federal participable. Dicha participación se distribuirá entre las entidades federativas que estén coordinadas en materia de derechos y servirá para apoyar el programa de comercio urbano.
Además, se propone elevar el porcentaje que se adiciona al Fondo General de Participaciones por coordinación en derechos de 0.5 a 1.0 por ciento de la recaudación federal participable.
Con la adopción de las reformas propuestas a la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos canalizados por la Federación a las entidades federativas a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se incrementarán significativamente, pasando de 21.99 a 22.93 por ciento de la recaudación federal participable.
Las medidas propuestas buscan continuar con la filosofía que ha guiado la política tributaria en los últimos cinco años, esto es, reducir la carga fiscal y distribuirla más equitativamente, perfeccionar el sistema fiscal, eliminar la doble tributación y simplificar el cumplimiento de las obligaciones. Todo ello con el fin de elevar el crecimiento económico y fomentar la creación de un mayor número de empleos, sentando con ello bases firmes para mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos.
La reforma tributaria emprendida por esta Administración es fruto del consenso sobre la necesidad de conciliar el crecimiento económico y la estabilidad de precios con la justicia y la paz social. Sus resultados permiten financiar con recursos reales, no inflacionarios, los programas sociales del Gobierno.
La política fiscal ha sido diseñada con un sentido de largo plazo, que no elude sus responsabilidades de invertir en las personas y amparar a los más necesitados, de promover el ahorro, la inversión productiva y el crecimiento, y de garantizar la estabilidad económica.
Los enormes cambios en materia tributaria llevados a cabo por la presente Administración han consolidado un sistema fiscal moderno que permite garantizar un horizonte estable. Esto representa un incuestionable beneficio, tanto para el sector privado como para el sector social, ya que otorga certidumbre a todos los agentes económicos.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al H. Congreso de la Unión, por conducto de ustedes la siguiente
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994
Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 1994, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:
Millones de nuevos pesos
I,- IMPUESTOS: 149,936.8
1.- Impuesto sobre la renta. 61,331.1
2.- Impuesto al activo. 3,711.0
3.- Impuesto al valor agregado 36,112.7
4.- Impuesto especial sobre producción y servicios 28,056.4
5.- Impuesto por la prestación de servicios telefónicos. 2,204.0
6.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles.
7.- Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 2,693.2
8.- Impuesto sobre automóviles nuevos. 1,248.2
9.- Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación.
10.- Impuesto a los rendimientos petroleros.
11.- Impuestos al comercio exterior: 11,338.7
A.- A la importación. 11,290.1
B.- A la exportación. 48.6
12.- Accesorios. 3,241.5
II.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 32,428.7
1.- Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
2.- Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. 32,428.7
3.- Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.
4.- Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares.
III.- CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS:
Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.
IV.- DERECHOS: 35,431.7
1.- Por recibir servicios que presta el Estado en funciones de derecho público. 2,677.8
2.- Por la prestación de servicios exclusivos del Estado a cargo de organismos descentralizados. 318.4
3.- Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio publico. 2,569.7
4.- Derecho sobre la extracción de petróleo. 19,789.5
5.- Derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo. 9,663.3
6.- Derecho adicional sobre la extracción de petróleo. 413.0
7.- Derecho sobre hidrocarburos.
V.- CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O DE PAGO. 331.1
VI.- PRODUCTOS: 2,542.4
1.- Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho publico. 26.4
2.- Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado: 2,516.0
A.- Explotación de tierras y aguas. 1.2
B.- Arrendamiento de tierras, locales y construcciones. 1.3
C.- Enajenación de bienes: 22.4
a) Muebles 19.7
b) Inmuebles. 2.7
D.- Intereses de valores, créditos y bonos. 2,035.5
E.- Utilidades: 453.6
a) De organismos descentralizados y empresas de participación estatal. 75.8
b) De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 333.7
c) De Pronósticos para la Asistencia Pública. 43.7
d) Otras. 0.4
F.- Otros. 2.0
VII.- APROVECHAMIENTOS: 8,810.9
1.- Multas. 93.3
2.- Indemnizaciones. 329.9
3.- Reintegros: 49.4
A.- Sostenimiento de las Escuelas Artículo 123. 14.8
B.- Servicio de Vigilancia Forestal. 0.2
C.- Otros. 34.4
4.- Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica. 3.9
5.- Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación.
6.- Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación.
7.- Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del Sistema Escolar Federalizado.
8.- Cooperación del Departamento del Distrito Federal por servicios públicos locales prestados por la Federación.
9.- Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.
10.- 5% de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos y otros destinados a la Secretaría de Salud.
11.- Participaciones a cargo de los concesionarios
de vías generales de comunicación y de empresas
de abastecimiento de energía eléctrica. 23.9
12.- Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y sorteos
13.- Regalías provenientes de fundos y explotaciones mineras.
14.- Aportaciones de contratistas de obras públicas. 13.6
15.- Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal: 0.9
A.- Aportaciones que efectúen los Gobiernos del Distrito Federal, Estatales y Municipales, los organismos y entidades públicas, sociales y los particulares.
B.- De las reservas nacionales forestales. 0.9
C.- Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.
D.- Otros conceptos.
16.- Cuotas compensatorias.
17.- Hospitales Militares.
18.- Participaciones por la explotación de obras del dominio publico señaladas por la Ley Federal de Derechos de Autor.
19.- Recuperaciones de capital: 1,891.4
A.- Fondos entregados en fideicomiso, en favor de entidades federativas y empresas públicas.
B.- Fondos entregados en fideicomiso, en favor de empresas privadas y a particulares.
C.- Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.
D.- Otros. 1,891.4
20.- Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal. 30.5
21.- Rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.
22.- No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios .
23.- Otros. 6,374.1
VIII.- INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS: 9,600.0
1.- Emisiones de valores:
A.- Internas.
B.- Externas.
2.- Otros financiamientos: 9,600.0
A.- Para el Gobierno Federal. 9,600.0
B.- Para organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
C.- Otros.
IX.- OTROS INGRESOS: 69,958.3
1.- De organismos descentralizados. 66,227.0
2.- De empresas de participación estatal 3,731.3
3.- Financiamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
TOTAL: 309,039.9
Cuando en una Ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo se contengan disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción de este artículo que corresponda a dicho ingreso.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará al Congreso de la Unión, trimestralmente, dentro de los 45 días siguientes al trimestre vencido, sobre los ingresos percibidos por la Federación en el ejercicio fiscal de 1994, en relación a las estimaciones que se señalan en este artículo.
Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, que no rebase el monto de 16,250 millones de nuevos pesos de endeudamiento neto externo, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1994.
También queda autorizado el Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de regulación monetaria, en los términos de la Ley General de Deuda Pública. Estas operaciones no implicarán endeudamiento adicional al mencionada en el párrafo anterior.
Del ejercicio de estas facultades, el Ejecutivo Federal dará cuenta trimestralmente al Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 45 días siguientes al trimestre vencido, especificando las características de las operaciones realizadas.
Artículo 3o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda facultado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación, o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.
Artículo 4o. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán obligados al pago de contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, excepto el impuesto sobre la renta, de acuerdo con las disposiciones que los establecen y a las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo siguiente:
I. Derecho sobre la extracción de petróleo
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el derecho que establece esta fracción por cada región petrolera de explotación de petróleo y gas natural, aplicando la tasa del 52.3% al resultado que se obtenga de restar al total de los ingresos por ventas de bienes o servicios que tenga Pemex - Exploración y Producción por cada región, el total de los costos y gastos efectuados en bienes o servicios con motivo de la exploración y explotación de dicha región por el citado organismo, considerando dentro de estos últimos las inversiones en bienes de activo fijo y los gastos y cargos diferidos efectuados con motivo de la exploración y explotación de la región petrolera de que se trate, sin que exceda el monto del presupuesto autorizado a Pemex - Exploración y Producción para el ejercicio de 1994.
Para los efectos de esta fracción se estará a lo siguiente:
a) El precio que se tomará en cuenta para determinar los ingresos por la venta de petróleo crudo no podrá ser inferior al precio promedio ponderado de la mezcla de petróleo crudo mexicano de exportación del período correspondiente, cuando se trate de ventas al mercado internacional. En los demás casos el precio que se tomará en cuenta para determinar dichos ingresos no podrá ser inferior al 95% del precio internacional del petróleo crudo de que se trate.
b) El precio que se tomará en cuenta para determinar los ingresos por la venta de gas natural no podrá ser inferior al precio del mercado internacional relevante que al efecto fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la expedición de reglas de carácter general, cuando se trate de ventas al mercado internacional. En los demás casos, el precio que se tomará en cuenta para determinar dichos ingresos no podrá ser inferior al 95% del precio internacional de referencia del gas de que se trate.
c) Las mermas por derramas o quema de petróleo o gas natural se considerarán como ventas de exportación y el precio que se utilizará para el cálculo del derecho será el que corresponda de acuerdo a los incisos a, o b, anteriores, respectivamente.
d) Las regiones petroleras de explotación de petróleo y gas natural serán las que dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Pemex - Exploración y Producción enterará anticipos a cuenta de este derecho como mínimo, diariamente, incluyendo los días inhábiles, por 21,086 miles de nuevos pesos durante el año. Además, Pemex - Exploración y Producción enterará el último día hábil de cada mes un anticipo por 641,381 miles de nuevos pesos.
El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Pemex - Exploración y Producción, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquél al que correspondan los pagos provisionales. Contra el monto del derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, Pemex - Exploración y Producción podrá acreditar los anticipos efectuados por el mes de que se trate en los términos del párrafo anterior, sin que causen recargos las diferencias que, en su caso, resulten. Las diferencias que resulten a cargo de Pemex - Exploración y Producción con posterioridad a la presentación de la declaración de pago provisional de que se trate deberán enterarse mediante declaración complementaria que presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación.
Pemex - Exploración y Producción calculará y enterará el monto del derecho sobre la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio de 1994, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día del mes de marzo de 1995. Contra el monto que resulte a su cargo, Pemex - Exploración y Producción podrá acreditar los pagos provisionales efectuados durante el año en los términos de esta fracción.
II. Derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el derecho que establece esta fracción aplicando la tasa del 25.5% sobre la base del derecho sobre la extracción de petróleo a que se refiere la fracción I anterior y lo enterará por conducto de Pemex - Exploración y Producción, conjuntamente con este último derecho.
Los ingresos que la Federación obtenga por este derecho extraordinario no serán participables a los Estados, Municipios y al Distrito Federal.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios enterarán, por conducto de Pemex - Exploración y Producción, anticipos a cuenta de este derecho, como mínimo, diariamente, incluyendo los días inhábiles por 10,297 miles de nuevos pesos durante el año. Además, Pemex - Exploración y Producción enterará el último día hábil de cada mes un anticipo de 313,192 miles de nuevos pesos.
El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Pemex - Exploración y Producción, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquél al que correspondan los pagos provisionales. Contra el monto del derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, Pemex - Exploración y Producción podrá acreditar los anticipos efectuados por el mes de que se trate en los términos del párrafo anterior, sin que causen recargos las diferencias que, en su caso, resulten. Las diferencias que resulten a cargo de Pemex - Exploración y Producción con posterioridad a la presentación de la declaración de pago provisional de que se trate deberán enterarse mediante declaración complementaria que se presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación.
Pemex - Exploración y Producción calculará y enterará el monto del derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio de 1994, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día del mes de marzo de 1995. Contra el monto que resulte a su cargo, Pemex - Exploración y Producción podrá acreditar los pagos provisionales efectuados durante el año en los términos de esta fracción.
III. Derecho adicional sobre la extracción de petróleo
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, pagarán el derecho que establece esta fracción aplicando la tasa del 1.1% sobre la base del derecho sobre la extracción de petróleo a que se refiere la fracción I anterior.
El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Pemex - Exploración y Producción, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquél al que corresponda.
Las diferencias que resulten a cargo de Pemex - Exploración y Producción con posterioridad a la presentación de la declaración de pago provisional de que se trate deberán enterarse mediante declaración complementaria que presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación.
Pemex - Exploración y Producción calculará y enterará el monto del derecho adicional sobre la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio de 1994, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día del mes de marzo de 1995. Contra el monto que resulte a su cargo, Pemex - Exploración y Producción podrá acreditar los pagos provisionales efectuados durante el año en los términos de esta fracción.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas específicas para la aplicación y cumplimiento de las fracciones I, II, III y V de este artículo.
IV. Impuesto a los rendimientos petroleros
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el impuesto a los rendimientos petroleros, de conformidad con lo siguiente:
a) Cada organismo deberá calcular el impuesto a que se refiere esta fracción aplicando al rendimiento neto del ejercicio la tasa del 34%. El rendimiento neto a que se refiere este párrafo se determinará restando de la totalidad de los ingresos del ejercicio, el total de las deducciones autorizadas que se efectúen en el mismo, siempre que los ingresos sean superiores a las deducciones. Cuando el monto de los ingresos sea inferior a las deducciones autorizadas, se determinará una pérdida neta.
b) Cada organismo efectuará dos anticipos a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el último día de los meses de agosto y noviembre de 1994 aplicando la tasa del 34% al rendimiento neto determinado conforme al apartado anterior, correspondiente a los periodos comprendidos de enero a junio, en el primer caso y, de enero a septiembre, en el segundo caso.
El monto de los pagos provisionales efectuados durante el año se acreditará contra el monto del impuesto del ejercicio, el cual se pagará mediante declaración que presentarán ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día del mes de marzo de 1995.
c) Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán determinar el impuesto a que se refiere esta fracción en forma consolidada. Para tal efecto, Petróleos Mexicanos calculará el rendimiento neto o la pérdida neta consolidados aplicando los procedimientos que establecen las disposiciones fiscales y las reglas específicas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones fiscales y las reglas de carácter general expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de ingresos, deducciones, cumplimiento de obligaciones y facultades de las autoridades fiscales.
V. Derecho sobre hidrocarburos
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el derecho sobre hidrocarburos aplicando la tasa del 60.8%, al total de los ingresos por sus ventas a terceros, que efectúen en el ejercicio de 1994. Los ingresos antes citados se determinarán incluyendo el impuesto especial sobre producción y servicios y sin tomar en consideración el impuesto al valor agregado.
El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Petróleos Mexicanos, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquél al que correspondan los pagos provisionales. Contra el monto del derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, Petróleos Mexicanos podrá acreditar las cantidades que resulten a su cargo de acuerdo con lo establecido en las fracciones I, II, III y IV de este artículo y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, correspondientes al período de que se trate. Cuando el monto a acreditar en los términos de este párrafo sea superior o inferior al derecho sobre hidrocarburos a pagar por el período de que se trate, se reducirán o incrementarán, respectivamente, las tasas de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo para dicho período, en el porcentaje necesario para que el monto acreditable sea igual a la cantidad a pagar por el derecho sobre hidrocarburos, de acuerdo con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las diferencias que resulten a cargo de Petróleos Mexicanos con posterioridad a la presentación de la declaración de pago provisional a que se refiere el párrafo anterior deberán enterarse
mediante declaración complementaria que se presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación.
Petróleos Mexicanos calculará y enterará el monto del derecho sobre hidrocarburos que resulte a su cargo por el ejercicio de 1994, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día del mes de marzo de 1995. Contra el monto que resulte a su cargo en la declaración anual, Petróleos Mexicanos podrá acreditar las contribuciones que resulten a su cargo en el ejercicio, de acuerdo con lo establecido en las fracciones I, II, III y IV de este artículo y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Cuando el monto a acreditar en los términos de este párrafo sea superior o inferior al derecho sobre hidrocarburos a pagar en el ejercicio, se reducirán o incrementarán, respectivamente, las tasas de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo para el ejercicio, en el porcentaje necesario para que el monto acreditable sea igual a la cantidad a pagar por el derecho sobre hidrocarburos, de acuerdo con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
VI. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por la enajenación de gasolinas, diesel y gas natural para combustión automotora, enterarán por conducto de Pemex - Refinación, diariamente, incluyendo los días inhábiles, anticipos por un monto de 47,472 miles de nuevos pesos, como mínimo, a cuenta del impuesto especial sobre producción y servicios, mismos que se acreditarán contra el pago provisional que establece la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, correspondiente al mes por el que se efectuaron los anticipos. El pago provisional de dicho impuesto deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que corresponda el pago, mismo que podrá modificarse mediante declaración complementaria que se presentará a más tardar el último día hábil del tercer mes siguiente a aquél en que se presentó la declaración que se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso, resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado. Todas estas declaraciones se presentarán en la Tesorería de la Federación.
Por lo que se refiere a la enajenación de gas natural para combustión automotriz, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios por conducto de Pemex - Gas y Petroquímica Básica deberán efectuar los pagos provisionales de este impuesto a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que corresponda el pago, mismo que podrá modificarse mediante declaración complementaria que se presentará a más tardar el último día hábil del tercer mes siguiente a aquél en que se presentó la declaración que se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso, resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado. Todas estas declaraciones se presentarán en la Tesorería de la Federación.
Los pagos mínimos diarios por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel, se modificarán cuando los precios de dichos productos varíen, para lo cual se aplicará sobre los pagos mínimos diarios un factor que será equivalente al aumento o disminución porcentual que registren los productos antes señalados, el cual será determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el tercer día posterior a su modificación.
Cuando las gasolinas y el diesel registren diferentes porcentajes de incremento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el factor a que se refiere el párrafo anterior, tomando en consideración el aumento o la disminución promedio ponderada de dichos productos, de acuerdo con el consumo que de los mismos se haya presentado durante el trimestre inmediato anterior a la fecha de incremento de los precios.
El Banco de México deducirá los pagos diarios y mensuales que establecen las fracciones anteriores de los depósitos que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios deben hacer en dicha Institución, conforme a la Ley Orgánica del propio Banco de México, y los concentrará en la Tesorería de la Federación.
Cuando en un lugar o región del país se establezca un sobreprecio al precio de la gasolina, no se estará obligado al pago del impuesto especial sobre producción y servicios por dicho sobreprecio en la enajenación de este combustible.
VII. Impuesto al Valor Agregado
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios efectuarán individualmente los pagos provisionales de este impuesto en la Tesorería de la Federación, mediante declaraciones que presentarán a más tardar el último día hábil del
mes siguiente, las que podrán modificarse mediante declaración complementaria que presentarán a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél en que se presentó la declaración que se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso, resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado.
VIII. Contribuciones causadas por la importación de mercancías
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios determinarán individualmente los impuestos a la importación y las demás contribuciones que se causen con motivo de las importaciones que realicen, debiendo pagarlas ante la Tesorería de la Federación a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél en que se efectúe la importación.
IX. Impuestos a la Exportación
Cuando el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca impuestos a la exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán determinarlos y pagarlos a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél en que se efectúe la exportación.
X. Derechos
Los derechos que causen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios se determinarán y pagarán en los términos de esta Ley y de la Ley Federal de Derechos.
XI. Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes
Cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado acumulado mensual del barril del petróleo crudo mexicano exceda de 13.00 dólares de los Estados Unidos de América, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán un aprovechamiento que se calculará aplicando la tasa del 39.2% sobre el rendimiento excedente acumulado, que se determinará multiplicando la diferencia entre el valor promedio ponderado acumulado del barril de crudo y 13.00 dólares de los Estados Unidos de América por el volumen total de exportación acumulado de hidrocarburos.
Para efectos de lo establecido en esta fracción, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios calcularán y efectuarán anticipos trimestrales a cuenta del aprovechamiento anual, que se pagarán el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre de 1994 y enero de 1995. Pemex y sus organismos subsidiarios presentarán ante la Tesorería de la Federación una declaración anual por este concepto a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 1995, en la que podrán acreditar anticipos trimestrales enterados en el ejercicio.
XII. Otras obligaciones
Petróleos Mexicanos será quien cumpla por sí y por cuenta de sus subsidiarias las obligaciones señaladas en esta Ley, excepto la de efectuar pagos provisionales diarios y mensuales cuando así se prevea expresamente. Para tal efecto, Petróleos Mexicanos será solidariamente responsable del pago de contribuciones, aprovechamientos y productos que correspondan a sus organismos subsidiarios.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para variar el monto de los pagos provisionales, diarios y mensuales, a que se refieren las fracciones I, II y VI de este artículo, cuando existan modificaciones en los ingresos de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios que así lo ameriten.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios presentarán las declaraciones, harán los pagos y seguirán cumpliendo con la obligación de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, incluyendo los establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los términos que señalan las leyes fiscales.
Petróleos Mexicanos presentará, asimismo, una declaración a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los meses de abril, julio y octubre de 1994 y enero de 1995 en la que informará sobre los pagos por contribuciones y los accesorios a su cargo o a cargo de sus organismos subsidiarios, efectuados en el trimestre anterior.
Petróleos Mexicanos presentará conjuntamente con su declaración anual del impuesto a los rendimientos petroleros, declaración informativa sobre la totalidad de las contribuciones causadas o enteradas durante el ejercicio anterior, por si y por sus organismos subsidiarios.
Artículo 5o. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que durante el año de 1994 mediante disposiciones de carácter general, pueda otorgar facilidades administrativas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
a los contribuyentes comprendidos en el Título II - A y en el Título IV, Capítulo VI, Sección II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como a contribuyentes de dicho impuesto cuyos ingresos en el ejercicio de 1993 no hayan excedido de N$900,000.00, o cuando la actividad de los mismos no persiga fines de lucro.
Artículo 6o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos al 2.0% mensual sobre los saldos insolutos, durante el año de 1994.
La tasa señalada en el párrafo anterior se reducirá, en su caso, a la que se obtenga mensualmente de aplicar el factor de 1.7 a la tasa del Costo Porcentual Promedio de Captación que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos y de dividir entre doce el resultado de dicha multiplicación. A la tasa anterior se le restará el incremento porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos. Esta reducción también será aplicable a los intereses a cargo del fisco federal a que se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.
Durante el mes de enero de 1994 el porciento de recargos aplicable será de 2.0%. Para los meses siguientes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los cálculos a que se refiere este artículo y publicará la tasa de recargos vigente para cada mes en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 7o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo de Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.
Artículo 8o. Durante el año de 1994, no se pagarán los impuestos a la exportación por las mercancías a que se refieren las siguientes fracciones de la Ley del Impuesto General de Exportación:
2709.00-01 Aceites crudos de petróleo.
2709.00-99 Los demás.
2710.00-01 Gasoil.
2710.00-02 Gasolina.
2710.00-03 Grasas y aceites lubricantes.
2710.00-04 Fuel - oil.
2710.00-05 Keroseno.
2710.00-06 Aceite parafínico.
2710.00-99 Los demás.
2711.11 Gas natural.
2711.12-01 Propano.
2711.13-01 Butanos.
2711.19-01 Propano - butano.
2711.29-99 Los demás.
2712.10 Vaselina.
2712.20-01 Parafina con un contenido de aceite inferior al 0.75% en peso.
2712.90-01 Ceras, excepto lo comprendido en la fracción 2712.90-03.
2712.90-99 Los demás.
2713.11 Coque de petróleo sin calcinar.
2713.12 Coque de petróleo calcinado.
2713.20 Betún de petróleo.
2713.90-01 Los demás residuos de los aceites de petróleo o de minerales bituminosos.
Artículo 9o. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda facultado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos.
Para establecer el monto de los aprovechamientos a que hace referencia este artículo, por la prestación de servicios y por el uso o aprovecha miento de bienes, se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero de los organismos públicos que realicen dichos actos conforme a lo siguiente:
I. La cantidad que deba cubrirse por concepto de uso o aprovechamiento de bienes y servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso o aprovechamiento o la prestación del servicio de similares características en países con los que México mantiene vínculos comerciales.
II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso o disfrute de bienes y por la prestación de servicios que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica.
III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso o aprovechamiento de bienes o prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general. A los organismos que omitan total o parcialmente el cobro o entero de los aprovechamientos establecidos en los términos de esta Ley se les disminuirá su presupuesto en una cantidad equivalente a dos veces el valor de la omisión efectuada.
Durante el ejercicio de 1994, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias o entidades interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero a marzo de 1994, los montos de los aprovechamientos que tengan una cuota fija o se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación o que no sean aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia o entidad de que se trate a partir del 1o. de abril de dicho año, salvo que se trate de aprovechamientos por concepto de multas o cuotas compensatorias. Tratándose de aprovechamientos distintos a los antes señalados, las dependencias y entidades interesadas deberán someter para su aprobación a la citada Secretaría el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a cinco días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.
Artículo 10. Los ingresos por aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior, se destinarán, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cubrir los gastos de operación, conservación, mantenimiento e inversión hasta por el monto autorizado en el presupuesto de la entidad para la unidad generadora de dichos ingresos.
Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la entidad, cada uno de los establecimientos de la misma, en los que se otorga o proporciona de manera autónoma e integral el uso o aprovechamiento de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento. Cuando no exista una asignación presupuestal específica por unidad generadora, se considerará el presupuesto total asignado a la entidad en la proporción que representen los ingresos de la unidad generadora respecto del total de ingresos de la entidad.
Las entidades a las que se les apruebe destinar los ingresos por aprovechamientos para cubrir sus gastos de operación, conservación, mantenimiento e inversión en los términos del primer párrafo de este artículo lo harán en forma mensual y hasta el monto presupuestal autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el mismo período. La parte de los ingresos que exceda el límite autorizado para el mes que corresponda, se enterará a la Tesorería de la Federación a más tardar el décimo día del mes siguiente a aquél en que obtuvo el ingreso la entidad de que se trate.
Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 1994 sólo surtirán sus efectos para dicho año y en las mismas se señalará el destino que se apruebe para los aprovechamientos que perciba la entidad correspondiente.
Artículo 11. Los ingresos que se obtengan por los productos señalados en la fracción VI del artículo 1 de esta Ley, se destinarán a las dependencias que enajenen los bienes, otorguen su uso o goce o presten los servicios, para cubrir sus gastos de operación, conservación, mantenimiento e inversión, hasta el monto que señale el presupuesto de egresos que les hubiere sido autorizado para el mes de que se trate. Los ingresos que excedan del límite señalado no tendrán fin específico y se enterarán a la Tesorería de la Federación a más tardar el día 10 del mes siguiente a aquél en que se obtuvo el ingreso.
El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará para el ejercicio fiscal de 1994, las modificaciones y las cuotas de los productos, así como el destino de los mismos a la dependencia correspondiente.
Artículo 12. Los ingresos que se recauden por los diversos conceptos que establece esta Ley se concentrarán en la Tesorería de la Federación, y deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Las oficinas cuentadantes de la Tesorería de la Federación deberán conservar durante dos años la cuenta comprobada y los documentos justificativos de los ingresos que recauden por los diversos conceptos que establece esta Ley.
No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los que podrán ser recaudados por las oficinas de los propios Institutos y por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Tampoco se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones
y de los abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Las contribuciones o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.
Quedan sin efectos los convenios en los que se permita que dependencias o entidades de la Administración Pública Federal no concentren en la Tesorería de la Federación las contribuciones o aprovechamientos que cobren.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal presentarán, a más tardar en el mes de febrero de 1994 y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una declaración informativa sobre los ingresos percibidos durante el ejercicio de 1993 por concepto de contribuciones, aprovechamientos y productos.
Artículo 13. Se aplicará el régimen establecido en la presente Ley, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, a los ingresos que perciban los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria que estuvieran sujetos a control presupuestal en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1994, entre los que se comprende a:
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Comisión Federal de Electricidad. Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Ferrocarriles Nacionales de México. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. Productora e Importadora de Papel, S.A.
Artículo 14. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes de los sectores agropecuario y forestal, consistente en permitir el acreditamiento de la inversión realizada contra una cantidad equivalente al impuesto al activo determinado en el ejercicio, mismo que podrá acreditarse en ejercicios posteriores hasta agotarse.
Artículo 15. Cuando los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal del Gobierno Federal incrementen sus ingresos como consecuencia de aumentos en la productividad o modificación en sus precios y tarifas, los recursos así obtenidos serán aplicados prioritariamente a reducir el endeudamiento neto del organismo o empresa de que se trate, o a los programas a que se refiere el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1994.
Artículo 16. Durante el ejercicio de 1994 se aplicarán las siguientes disposiciones:
A.- Se faculta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para otorgar los estímulos y subsidios siguientes:
I. Los relacionados con comercio exterior:
a). A la importación de artículos de consumo a las franjas fronterizas y a las zonas libres del país.
b). A la importación de equipo y maquinaria a las franjas fronterizas y a las zonas libres del país.
II. A cajas de ahorro y sociedades de ahorro y préstamo.
Se aprueban los estímulos fiscales y subsidios con cargo a impuestos federales, así como las devoluciones de impuestos concedidos para fomentar las exportaciones de bienes y servicios o la venta de productos nacionales a las franjas fronterizas y a las zonas libres del país en los porcientos o cantidades otorgados o pagadas, en su caso, durante el ejercicio fiscal anterior.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchará, para conceder los estímulos a que se refiere este artículo, en su caso, la opinión de las dependencias competentes en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido por este artículo en materia de estímulos y subsidios fiscales.
B.- En materia de tasas y exenciones se estará a lo siguiente:
I. Para calcular el impuesto al valor agregado por la enajenación e importación de medicinas de patente y de productos destinados a la alimentación, con excepción de los mencionados en los artículos 2o, - A, fracción I, último párrafo
y 2o. - B, fracción I incisos a, b, d y último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se aplicará la tasa del 0%.
II. Para los efectos de la fracción X del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los créditos refaccionarios o de habilitación o avío que se otorguen durante 1994 a personas físicas que realizan actividades empresariales no pagarán el citado impuesto siempre que se destinen al desarrollo de dichas actividades.
Lo dispuesto en el párrafo anterior podrá aplicarse por el ejercicio de 1993. En estos casos, el monto del impuesto pagado por estos conceptos no será acreditable, ni dará lugar a devolución o compensación alguna.
Artículo 17. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.
Artículo 18. Se derogan las disposiciones de las leyes especiales, reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones administrativas, en la parte que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones, distintos de los establecidos en el Código Fiscal de la Federación, Decretos Presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 1994.
Segundo. Durante el año de 1994 se aplicarán en materia de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, las siguientes disposiciones:
I. Para los efectos del artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, tratándose de vehículos de año modelo 1991, 1992 y 1993 se aplicarán los siguientes factores:
1991 1.530
1992 1.322
1993 1.080
Tratándose de vehículos del año modelo 1990 y anteriores, que se encuentren en el país al 31 de diciembre de 1993 y que sean de los que se mencionan en el artículo 5o. de la citada Ley, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar el 1.75% al precio de venta al público del vehículo, dicho precio se determinará conforme a lo previsto en la misma Ley, vigente al 31 de diciembre de 1990. Para estos efectos:
a) En el caso de vehículos de fabricación nacional o importados equiparables o iguales, a los de fabricación nacional el precio de la unidad típica de los vehículos del año modelo de aplicación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente al 31 de diciembre de 1990, así como de los años modelos anteriores a que hace referencia el artículo 6o. apartado A, fracción I, inciso b) de la misma Ley, será el que resulte de aplicar los siguientes factores:
1990 1.938
1989 2.326
1988 4.981
1987 11.547
1986 21.505
1985 33.923
b) Tratándose de vehículos importados al país diferentes a los de fabricación nacional, la cantidad que se multiplicará por el factor a que se refiere la fracción III del artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente al 31 de diciembre de 1990, será de N$196.78.
II. Para los efectos del cálculo del impuesto a que se refiere el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente al 31 de diciembre de 1990, la cantidad a que el mismo se refiere será de N$6,648.05 y tratándose de aeronaves de reacción N$7,160.94.
III. Para los efectos del cálculo del impuesto a que se refiere la fracción I del artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente al 31 de diciembre de 1990, la cantidad a que el mismo se refiere será de N$209.30.
IV. Para los efectos del cálculo del impuesto a que se refieren las fracciones II y III del artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente al 31 de diciembre de 1990, la cantidad a que el mismo se refiere será de N$945.00.
V. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente al 31 de diciembre de 1990, el factor aplicable a las cantidades que en el mismo se señalan es de 10.04.
VI. Para los efectos del cálculo del impuesto a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente al 31 de diciembre de 1990, la cantidad a que el mismo se refiere será de N$ 1,641.92.
Para los efectos de lo dispuesto, por el artículo 14-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente al 31 de diciembre de 1990, se da a conocer la tabla a que el mismo se refiere:
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Tercero. Se aprueban las modificaciones a las Tarifas de los Impuestos Generales a la Exportación y a la Importación efectuadas por el Ejecutivo Federal durante el año de 1993, a las que se refiere el Informe que en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional, ha rendido el propio Ejecutivo al honorable Congreso de la Unión.
Cuarto. Los contribuyentes que hayan adquirido diesel industrial a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, durante el período comprendido del 5 de octubre al 31 de diciembre de 1993, podrán acreditar contra los impuestos federales a su cargo que al efecto determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto del aprovechamiento que haya causado Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios por la enajenación de dicho combustible, siempre que conste en forma expresa y por separado en las facturas correspondientes. Los contribuyentes que hubieran adquirido diesel industrial de distribuidores autorizados de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, podrán acreditar el monto del aprovechamiento antes mencionado que hubiera causado el citado organismo por la enajenación del combustible al distribuidor de que se trate, siempre que éste a su vez haga constar expresamente en el comprobante que expida el monto del aprovechamiento que corresponda al combustible enajenado al contribuyente.
No procederá el acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior por el diesel que se utilice como combustible para vehículos automotores o para cualquier otro fin distinto al de la actividad industrial del contribuyente.
Reitero a ustedes ciudadanos secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 15 de noviembre de 1993. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con base en lo que determina la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito someter a su consideración, examen y en su caso, aprobación de la siguiente:
Iniciativa de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1994.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1993. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes.
El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 estableció como objetivos de política económica y social la estabilización de precios; la recuperación gradual y sostenida del crecimiento económico; la elevación de los recursos aplicados en la inversión productiva; la lucha contra la pobreza extrema y el mejoramiento del bienestar general de la sociedad; así como la consecución y permanencia de finanzas públicas sanas.
Dado que el Distrito Federal aporta más del 27% del Producto Interno Bruto Nacional y que aquí se concentra el 12% de la Población Económicamente Activa del país, la estabilidad financiera y el nivel de actividad económica de la capital son variables importantes para asegurar la permanencia de los nuevos equilibrios regionales y apoyar la estabilidad macroeconómica.
INGRESOS 1989 - 1993
Durante los pasados cinco años, el Departamento del Distrito Federal ha contribuido al mejoramiento de las finanzas públicas nacionales. La política local de ingresos ha dado prioridad a la mayor eficiencia del aparato recaudatorio y a la consolidación de la Reforma Fiscal emprendida desde 1989; a la promoción de una carga fiscal que permita una mejor distribución del ingreso; y al financiamiento sano del gasto dentro de un programa de estabilidad de precios en un marco de concertación social.
Entre los avances que el Departamento del Distrito Federal ha logrado en materia de su política tributaria en los pasados cinco años pueden señalarse:
La promoción del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los capitalinos. En 1989 se llevó a cabo el Programa de Actualización Voluntaria de Contribuyentes, que ofreció medidas para que éstos regularizaran con facilidad su situación fiscal al tiempo que se mejoraron los padrones de los principales gravámenes locales. La respuesta ciudadana se manifestó en el procesamiento de casi un millón de cédulas con información y, en muchos casos, con pago de los contribuyentes.
En el mismo sentido se ha dado especial atención a la simplificación administrativa y al fortalecimiento de las áreas de asistencia al contribuyente. Destaca la desconcentración de funciones para resolver ágilmente un gran número de solicitudes en las distintas oficinas de la Tesorería, la reducción del tiempo de respuesta en los trámites más frecuentes, la ampliación de los horarios de servicio durante las tardes y los sábados, y el establecimiento de un sistema de información tributaria mediante pantallas electrónicas.
Se ha propiciado el desarrollo de una nueva cultura fiscal en la Ciudad a través de la difusión masiva y oportuna de las tasas y cuotas de los gravámenes, sus plazos de vencimiento y procedimientos de pago, así como del envío anual de información a los contribuyentes, sobre el destino de los ingresos fiscales del Departamento del Distrito Federal.
A lo largo de esta Administración, se ha avanzado sobre el principio general de incrementar la recaudación mediante la ampliación de la base de contribuyentes y la reducción de las tasas impositivas. Desde 1991 se ha reducido año con año la tasa del impuesto sobre adquisición de inmuebles 20% en 1991, 25% en 1992, 33% en 1993 y 50% a partir de 1994 para situarse permanentemente
en 2%. En 1992 se redujo la tasa del impuesto sobre espectáculos públicos para teatros, cines y circos de 8% a 6% y en 1993 disminuyó la tasa general de este gravamen del 15% al 10%; en este mismo año la carga fiscal del impuesto predial para las viviendas en arrendamiento se redujo en un 50%.
Durante varios años se han otorgado facilidades y apoyos fiscales a diversos sectores de la población en materia del impuesto predial, los derechos por servicios de agua y las contribuciones de mejoras. Con estos programas se ha beneficiado anualmente a casi 100 mil pensionados y jubilados, así como a todos los propietarios de viviendas de interés social.
Se han simplificado y clarificado diversas disposiciones fiscales que hacen más ágil y jurídicamente más segura la relación de los contribuyentes con la autoridad, destacando las reducciones por el pago anual del impuesto predial y de los derechos de agua, así como el establecimiento de la tasa para el cálculo del pago en parcialidades, determinada a través de la tasa de recargos más la actualización por inflación.
Se han mejorado significativamente los programas de control de obligaciones fiscales mediante un mayor control administrativo y un constante acercamiento con los contribuyentes. Asimismo, se ha elevado significativamente el número de acciones fiscalizadoras y su impacto recaudatorio. En los últimos cuatro años se triplicó el personal fiscalizador con lo que se elevó la presencia fiscal del Departamento del Distrito Federal ante el universo de contribuyentes. Gracias a la capacitación impartida a los auditores y a los nuevos procesos electrónicos de programación de auditorías, se ha elevado la efectividad de los actos de revisión, dando por resultado que la relación beneficio - costo de la fiscalización local haya crecido año con año y actualmente se ubique a razón de 25 por 1. El esfuerzo fiscalizador promueve además, un mayor cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
Se fortaleció el marco tributario del Distrito Federal mediante la consolidación jurídica del impuesto sobre nóminas. Desde que este gravamen fue establecido en 1988 se presentaron un gran número de amparos en su contra. El Departamento del Distrito Federal defendió el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a finales de 1989 declaró la constitucionalidad del impuesto. A partir de ese año se inició un sólido crecimiento de este tributo para convertirse en el segundo concepto recaudatorio para el Distrito Federal.
Se han introducido algunas nuevas contribuciones locales que muestran un sólido carácter ecológico. Estos gravámenes han incidido sobre grupos específicos de la población y considerado su capacidad contributiva. Destaca a este respecto el impuesto local sobre tenencia o uso de vehículos que, incorporado en la Ley de Hacienda del D.D.F. a partir de 1992, consiguió propiciar una mayor correspondencia entre la utilización del automóvil y la contribución individual para combatir la contaminación atmosférica, en beneficio de la ecología del Valle de México.
En el mismo sentido, para 1993 se introdujo el impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados, apoyando la necesidad de obtener recaudación adicional derivada de las operaciones mercantiles asociadas al parque vehicular, para con ello contribuir a cubrir los costos sociales que se atribuyen a su renovación y antigüedad.
También es de mencionarse la inclusión de los derechos por descarga a la red de drenaje y por la recolección y recepción de residuos sólidos generados en establecimientos mercantiles. Con los primeros se ha propiciado que los usuarios particulares de pozos de agua en el Distrito Federal, principalmente industrias, cubran el costo del servicio de drenaje que no pagaban. Con los segundos, se establece el principio de que los grandes generadores de basura paguen por el servicio especializado que demandan o, en su defecto, paguen por la transferencia o recepción final de sus residuos, lo que a la vez permitirá liberar recursos presupuestales para la prestación del servicio de recolección doméstica y de limpia en la vía pública.
A lo largo de estos últimos años se ha homogeneizado el marco tributario local en relación con el de las entidades vecinas a la capital del país, propiciando una mayor uniformidad del costo de los servicios públicos en la región.
Todo lo anterior ha traído como resultado el fortalecimiento de los ingresos de la hacienda pública local a niveles reales no observados en el pasado. En el cuadro 1 se presenta la evolución de los principales gravámenes e ingresos fiscales del Distrito Federal.
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Puede apreciarse como el Impuesto Predial, la principal contribución de la ciudad, ha crecido cuatro veces en términos reales en el período de referencia. Lo anterior ha sido posible gracias al establecimiento de un moderno sistema cartográfico - catastral; al crecimiento del padrón en casi 300 mil nuevas cuentas en los últimos cinco años; a la verificación en campo de las condiciones físicas de los distintos inmuebles así como a las reformas efectuadas a la tarifa del impuesto y a la estructura de los valores catastrales utilizados para calcularlo.
Adicionalmente al efecto recaudatorio, el cumplimiento voluntario del pago pasó de 58% de los contribuyentes en 1989 a 90% del padrón en 1990.
En materia de predial también se ha orientado a los contribuyentes por medio de carteles, folletos y manuales que les permiten conocer la metodología de cálculo del impuesto. Además, con el establecimiento de la autodeclaración obligatoria, se ha logrado que los contribuyentes conozcan los datos de superficie y valor catastral con los que se determina el impuesto a pagar, situación que se ha traducido en una reducción significativa en el número de inconformidades y de juicios.
El incremento en la recaudación del predial ha ido acompañado del establecimiento de una nueva progresividad fiscal del gravamen. A partir de 1990 la tarifa del impuesto grava en mayor proporción a los inmuebles más caros de la ciudad y menos a los inmuebles ubicados en colonias de inferior nivel económico.
A continuación se presenta una tabla que muestra la progresividad de la tarifa para inmuebles de uso habitacional, en donde el impuesto a pagar crece proporcionalmente más que el incremento del valor comercial de los inmuebles:
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El impuesto sobre adquisición de inmuebles presenta un crecimiento real de 103% en los últimos cinco años, lo que sin duda es favorable dada la reducción ya comentada en su tasa. La administración de este impuesto se ha fortalecido a través de reglas claras para el registro de valuadores y para el procedimiento de valuación; la desconcentración del pago del impuesto y la emisión cuatrimestral de tablas de valores inmobiliarios que sirven a la autoridad como parámetro de las declaraciones de los contribuyentes. También ha influido en su incremento la importante dinámica observada en el mercado inmobiliario de la Ciudad, consecuencia de las expectativas económicas y la política de reordenación urbana y promoción inmobiliaria del gobierno capitalino.
Se observa que el impuesto sobre nóminas mostró entre 1988 y 1993 un crecimiento real de 77%, lo que obedece a la recuperación de la actividad económica de la Ciudad, a la mayor presencia fiscalizadora del Departamento del Distrito Federal, a los programas de regularización voluntaria y al fortalecimiento de la administración del gravamen al determinarse la constitucionalidad del impuesto. Para 1993 los contribuyentes que cumplen voluntariamente con sus obligaciones de este gravamen ascienden a 95,000 cuando en 1989 sólo promediaron 35,000.
Por su parte, los ingresos por derechos de agua muestran en el período un crecimiento de 465% en términos reales. Este resultado se ha obtenido mediante la actualización del padrón respectivo mismo que asciende a 1,300,000 cuentas; los programas de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales; el empadronamiento de casi 200,000 nuevas tomas y la reforma a las tarifas de consumo doméstico y no doméstico efectuada en 1990.
Los derechos por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio se han elevado en esta administración 97% en términos reales, gracias a un amplio programa de modernización informática, a la reorganización de la dependencia, y a la actualización anual de las cuotas, excepto en los casos de vivienda de interés social que han ido a la baja.
Por lo que hace a los derechos de control vehicular, su recaudación se ha elevado 93% en términos reales dado el crecimiento del parque vehicular, la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y la revisión y actualización de las cuotas respectivas.
Dentro del marco de la coordinación fiscal federal, se ha sostenido una amplia colaboración administrativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de verificación de contribuyentes y cobro de multas administrativas federales no fiscales; asimismo, se ha contribuido en la administración y fiscalización de gravámenes federales como el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Respecto de este último, los ingresos han crecido en 311% real durante los pasados cinco años como resultado de la actualización tarifaria, de una mejor administración y un gran esfuerzo de difusión, además del crecimiento del parque vehicular de la Ciudad.
El cuadro de ingresos del Departamento también muestra que en 1988, el financiamiento del gasto capitalino con recursos no tributarios presentaba una configuración muy distinta a la que hoy tiene.
Los organismos y empresas del Departamento del Distrito Federal, han visto decrecer 15% en términos reales sus ingresos propios.
El endeudamiento de la entidad, autorizado en su oportunidad por esa honorable soberanía, ha estado dirigido a desarrollar obras y programas de alto impacto social y ha financiado en promedio, entre 1989 y 1993, menos del 1% de cada peso evitando comprometer recursos futuros.
Mientras que en 1988 el 16% del gasto de la Ciudad era financiado por transferencias federales y casi 45% mediante las participaciones por fondos, para 1993 las primeras se han convertido en 1% del gasto y las segundas se han reducido a 34% de los ingresos.
Los ingresos propios locales, es decir, la suma de los impuestos, los derechos, productos y aprovechamientos que pagan los capitalinos, han logrado compensar la reducción real en el coeficiente de las participaciones por fondos y la contracción real de las transferencias federales, al crecer en el período 118% en términos reales. En 1993 las contribuciones locales representan 46 centavos de cada peso de gasto frente a los 23 centavos que significaban hace cinco años.
Esta transformación de las finanzas públicas capitalinas se ha alcanzado con ajustes paulatinos, equitativos y progresivos al marco tributario del Distrito Federal. El actual conjunto de tasas, cuotas y tarifas de las contribuciones locales generan una carga fiscal que atiende los distintos niveles de ingreso de la población, promoviendo que el que más tiene contribuya en mayor proporción a financiar las obras y servicios de la ciudad.
A cinco años de distancia se observa que los ingresos propios se han convertido en el pilar de las finanzas públicas capitalinas, situación que implica un nuevo marco de estabilidad fiscal que se traduce en una mayor certidumbre en el financiamiento del gasto.
Es justo reconocer que si bien en este resultado ha influido la mejor administración tributaria, su origen principal radica en el cumplimiento responsable y voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los capitalinos.
INGRESOS PARA 1994
Para 1994 el Departamento del Distrito Federal continuará avanzando sobre la misma línea de política tributaria, con el propósito de conservar para la entidad finanzas públicas en equilibrio, al contar con recursos suficientes para cumplir con los objetivos, estrategias y programas del Presupuesto de Egresos del Sector.
La Iniciativa contempla la obtención de ingresos durante el próximo ejercicio fiscal por un total de 16 mil 380 millones de nuevos pesos. El 48.7% provendrá de los ingresos propios por los que se espera captar 7,979 millones de nuevos pesos; por participaciones en ingresos federales se obtendrán 6,200 millones de nuevos pesos, lo que representa el 37.8% del total de ingresos; los ingresos propios de organismos y empresas locales ascenderán a 1,802 millones de nuevos pesos, equivalentes al 11.0% del total, en donde los organismos del transporte contribuirán con 951 millones de nuevos pesos. Se consideran 200 millones de nuevos pesos por transferencias federales dedicadas a financiar acciones de solidaridad (1.2%) y la disposición de 200 millones de nuevos pesos por concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
Los ingresos fiscales previstos para 1994 serán resultado, como en años anteriores, del aumento en la base de contribuyentes y de la promoción del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales que realiza la gran mayoría de los capitalinos, proponiéndose una actualización general de las cuotas, tasas o tarifas de las contribuciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Desde 1990 esa honorable soberanía aprobó y ha venido aplicando una disposición legal que permite la actualización de las cuotas y bases de las contribuciones para que no se rezaguen en términos reales como ocurría en años pasados, ocasionando un deterioro de la capacidad de gestión del sector público e incrementos súbitos y pronunciados en los gravámenes.
En este sentido, para 1994 se propone la actualización con la variación que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 1993, entre su correspondiente Índice de 1992.
La recaudación crecerá, además, por tres factores específicos:
En primer lugar, por la mayor capacidad de administración tributaria con que se cuenta, resultado de la experiencia y los avances alcanzados.
En 1994 el Departamento del Distrito Federal contará con un sistema completo de información cartográfica - catastral. Asimismo, la dependencia dispondrá de una plataforma que le permitirá regionalizar la administración de las contribuciones en beneficio de los ciudadanos, y contará con los medios para desarrollar nuevas acciones de verificación y cumplimiento de obligaciones en materia del impuesto sobre nóminas y de los impuestos federal y local sobre tenencia o uso de vehículos.
En segundo término, también contribuirá a la mayor expectativa de ingresos el conjunto de acciones previstas para la mejor administración y cobro del agua en la Ciudad. Durante 1994 el Departamento del Distrito Federal actualizará el censo de tomas domésticas y no domésticas, instalará o repondrá los medidores de agua que sean necesarios y extenderá la facturación y cobro sobre servicio medido. La medición y el pago oportuno del agua son acciones necesarias para elevar la correspondencia entre el consumo del
líquido y el gasto que realiza la Ciudad para asegurar el abasto suficiente de este recurso.
En tercer término, el Departamento del Distrito Federal contará con ingresos adicionales, provenientes de ajustes distintos a la actualización que evita el rezago de cuotas y tarifas y que no impactan a la población en general. Tal es el caso de la corrección de los valores catastrales, sometida a la consideración de esa honorable Cámara de Diputados en la Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal para 1994.
Asimismo, se propone una corrección a las tarifas del impuesto local sobre tenencia o uso de vehículos, sobre todo en los casos de vehículos automotores de seis, ocho o más cilindros. El objetivo que se persigue es vincular de manera más estrecha y continua la estructura de la tarifa local con la del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, de forma tal que la contribución por vehículo de once o más años de antigüedad sea consistente con lo que paga un vehículo de similares características con diez años de vida.
La presente Iniciativa contempla las consecuencias recaudatorias de algunas reducciones a las tasas y cuotas que cobra el Departamento del Distrito Federal, como la reducción a la mitad de la tasa del impuesto sobre adquisición de inmuebles para quedar en 2%. Respecto al impuesto predial, se considera el efecto recauda torio de mantener en la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal la reducción de la mitad de la carga fiscal para los inmuebles de vivienda que se otorguen en arrendamiento y los beneficios para pensionados, jubilados y propietarios de viviendas de interés social.
Conviene señalar que el Departamento del Distrito Federal, en apoyo al acuerdo de mayor simplificación administrativa establecido en el seno del PECE, llevará a cabo a partir de 1994 un sistema simplificado de entrega de la calcomanía vehicular que servirá como comprobante fiscal, tanto de los derechos vehiculares como del impuesto sobre tenencia que corresponde a cada vehículo. El contribuyente recibirá su engomado en el momento de efectuar el pago, situación que agilizará el servicio y permitirá a la autoridad recabar mejor información administrativa sobre los contribuyentes y las características de los vehículos.
Específicamente, se espera que los impuestos generen un total de 3 mil 505 millones de nuevos pesos, es decir 10% más que lo originalmente estimado para 1993. Por su importancia destacan el impuesto predial con una recaudación estimada de 1,543 millones de nuevos pesos y un crecimiento de 10% respecto a la Ley de Ingresos de 1993, resultado de un mayor cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales y de la corrección propuesta de valores catastrales; el impuesto sobre nóminas del que se estima recaudar 1,348 millones de nuevos pesos con 19% de incremento respecto al programa original del presente año como consecuencia de acciones fiscalizadoras, la incorporación de nuevos contribuyentes y la evolución de los salarios en la Ciudad; y el impuesto sobre adquisición de inmuebles, por el que se esperan recibir 394 millones de nuevos pesos equivalentes a 16% menos que la recaudación original prevista para 1993, lo que obedece a la reducción del 50% en su tasa, con una recaudación efectiva de 263 millones de nuevos pesos y un resarcimiento federal de acuerdo a la Ley por 131 millones de nuevos pesos.
Por el impuesto local sobre tenencia o uso de vehículos se calcula recibir el próximo año 108 millones de nuevos pesos, como consecuencia de la mejor administración del tributo y de la reforma propuesta a su tarifa.
Por lo que hace al capítulo de derechos, la Iniciativa contempla una estimación de 1,536 millones de nuevos pesos. Este monto se funda en una expectativa de ingresos por derechos de agua de 703 millones de nuevos pesos, lo que significa 11% más de ingresos que lo estimado inicialmente para 1993 y será consecuencia de las acciones de administración y cobro sobre servicio medido.
También influirá en el resultado la estimación de 213 millones de nuevos pesos de derechos por la prestación de servicios del Registro Público de la Propiedad; la previsión de 320 millones de nuevos pesos en el caso de los derechos por servicios de control vehicular, y el que los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público ascenderán a 69 millones de nuevos pesos con un crecimiento de 44%, dado que en 1994 se iniciará el programa de cobro de estacionamiento en la vía pública en dos zonas de alta intensidad vehicular.
Por productos se espera un total de ingresos de 2,420 millones de nuevos pesos. Esta situación contempla una estimación por intereses de valores, créditos y bonos de 375 millones de nuevos pesos, monto menor que el estimado para 1993 dada la reducción esperada en las tasas de interés; un crecimiento de los ingresos por
la prestación de servicios que corresponden a funciones de derecho privado, básicamente de las Policías Auxiliar y la Bancaria e Industrial, para alcanzar los 1,014 millones de nuevos pesos, y un programa de financiamiento propio vía venta de valores de 929 millones de nuevos pesos.
Por lo que hace a los aprovechamientos se esperan ingresos por 193 millones de nuevos pesos, destacando 63 millones de nuevos pesos de multas administrativas y 40 millones de nuevos pesos de recuperación de ingresos tributarios.
Respecto de los ingresos conjuntos por contribuciones de mejoras, contribuciones no comprendidas y accesorios de las contribuciones, la estimación para 1994 contenida en esta Iniciativa es de 326 millones de nuevos pesos 7% más que lo estimado inicialmente para 1993, situación que será reflejo de la instalación de tomas de agua para nuevos demandantes así como consecuencia directa de las acciones de fiscalización.
El capítulo de participaciones en ingresos federales muestra un total de 6,200 millones de nuevos pesos, equivalente a 7% más que lo previsto en la Ley de Ingresos de 1993. Este monto se compone, por una parte, con los ingresos provenientes del Fondo General de Participaciones y del de Fomento Municipal que ascenderán a 5,219 millones de nuevos pesos. Vale la pena apuntar que el coeficiente efectivo de participaciones esperado para 1994 es de 14.2%, es decir, 1.9 puntos porcentuales menos que el de 1993.
Por otra parte, la recaudación del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos será de 923 millones de nuevos pesos, 14% más que la estimación original del presente ejercicio. Cabe aclarar que el incremento de recaudación se logrará principalmente mediante acciones locales de administración. Asimismo se espera generar 58 millones de nuevos pesos de incentivos por fiscalización conjunta y cobro de multas administrativas federales no fiscales.
Por lo que toca a los ingresos derivados de financiamiento, esta Iniciativa prevé la obtención de 200 millones de nuevos pesos provenientes de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
Finalmente el artículo 1o. de la Iniciativa contempla obtener como otros ingresos 2,002 millones de nuevos pesos, de los cuales 200 millones de nuevos pesos resultan de las transferencias federales para acciones de solidaridad y 1,802 millones de nuevos pesos de los ingresos propios de organismos descentralizados y empresas de participación estatal sectorizados al Departamento del Distrito Federal.
En el artículo 2o. de esta Iniciativa se propone a esa honorable Representación que para 1994 se otorgue un descuento a quienes efectúen pagos del impuesto predial de manera anual durante el primer bimestre del año. En la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1993 el Legislador aprobó la utilización de una tasa fija mensual que integra la actualización del principal y la tasa de recargos para quienes opten por el pago en parcialidades, lo que facilita la determinación y pago de estos accesorios. Para 1994 el Ejecutivo a mi cargo propone una reducción a dicha tasa como consecuencia de las mejores condiciones económicas esperadas.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 71, fracción I y 72, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes ciudadanos secretarios, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la unión la siguiente iniciativa de
LEY DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994
Artículo 1o. En el ejercicio Fiscal 1994 el Departamento del Distrito Federal percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:
Millones de
nuevos pesos
I. IMPUESTOS: 3,504.9
1. Predial. 1,542.9
2. Sobre Adquisición de Inmuebles. 394.3
3. Sobre Espectáculos Públicos. 73.6
4. Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. 21.5
5. Sobre Nóminas. 1,347.6
6. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 107.8
7. Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores usados. 17.1
II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 162.9
III. DERECHOS: 1,535.6
1. Por la prestación de servicios por el uso, suministro y aprovechamiento de agua. 702.7
2. Por la prestación de servicios del Registro Público de la
Propiedad o del Comercio y del Archivo General de Notarías. 213.3
3. Por los servicios de control vehicular. 320.4
4. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público del Departamento del Distrito Federal. 68.9
5. Por cuotas de recuperación por servicios médicos. 27.5
6. Por la prestación de servicios del Registro Civil. 22.4
7. Por la expedición y revalidación de licencias para la explotación de yacimientos pétreos. 0.5
8. Por la expedición de la placa de control de uso y ocupación de inmuebles. 0.3
9. Por la prestación de servicios de demolición de inmuebles. 0.1
10. Por el uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales. 0.0
11. Por descarga a la Red de Drenaje. 31.2
12. Derecho por los Servicios de Recolección y Recepción de Residuos sólidos. 10.0
13. Por la prestación de servicios que correspondan a funciones de derecho público distintos de los señalados en los incisos anteriores. 138.3
IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O DE PAGO: 0.5
V. ACCESORIOS DE LAS CONTRIBUCIONES: 162.2
VI. PRODUCTOS 2,420.0
1. Por la prestación de servicios que corresponden a funciones de derecho privado. 1,013.6
2. Por uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. 1,406.5
a) Tierras y construcciones. 25.5
b) Enajenación de Muebles e Inmuebles. 4.4
c) Intereses de valores, créditos y bonos. 374.5
d) Utilidades de organismos descentralizados y empresas de participación estatal. 0.0
e) Programa del Uso Eficiente del Agua. 26.3
f)Otros. 975.7
VII. APROVECHAMIENTOS 192.6
1. Reintegros y cancelación de contratos. 0.9
2. Multas administrativas, así como las impuestas por autoridades judiciales y reparación del daño denunciado por los ofendidos. 63.4
3. Donaciones en especie a cargo de propietarios de fraccionamiento de terrenos. 0.3
4. Aportaciones en efectivo por fraccionamiento de terrenos y por la construcción de conjuntos habitacionales. 0.1
5. Aportaciones en efectivo por quienes construyen obras nuevas para la dotación general de la infraestructura, equipo y servicios urbanos. 2.6
6. Cuotas por la división, subdivisión o relotificación de predios. 2.3
7. Reposición de gastos que tengan por objeto mantener el orden y la seguridad en la prestación de espectáculos públicos, y otros no especificados. 123.0
VIII. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES: 6,199.7
1. Por los Fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal. 5,218.8
2. Por la participación de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 922.5
3. Por incentivos de fiscalización y gestión de cobro. 49.9
4. Por multas administrativas impuestas por autoridades federales no fiscales. 8.5
IX. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO: 200.0
1. Empréstitos 0.0
a) Al sector central 0.0
b) A los organismos descentralizados del Departamentos del Distrito Federal. 0.0
2. Otros no especificados (ADEFAS). 200.0
X. OTROS INGRESOS 2,002.1
1. Ingresos propios de organismos descentralizados y empresas de participación estatal. 1,802.1
2. Trasferencias del Gobierno Federal. 200.0
TOTAL 16,380.4
Artículo 2o. Tratándose del Impuesto Predial, los contribuyentes que efectúen el pago correspondiente a los bimestres primero a sexto de 1994 a más tardar el último día del mes de enero, tendrán derecho a una reducción del 10% del monto total; quienes efectúen este pago a más tardar el último día de febrero de ese año, tendrán derecho a una reducción del 8% del impuesto.
Cuando los contribuyentes efectúen el pago del impuesto predial durante el primer mes de cada bimestre, tendrán derecho a una reducción del 0.5% del impuesto a pagar; el mismo porcentaje de reducción se otorgará por cada bimestre que se pague por anticipado.
Artículo 3o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos al 1.5% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año de 1994.
Artículo 4o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo de Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes, y las resoluciones dictadas por la Autoridad Fiscal del Departamento del Distrito Federal sobre la causación de tales gravámenes.
Artículo 5o. Los ingresos que se recauden por los diversos conceptos que establece esta Ley se concentrarán sin excepción en la Tesorería del Departamento del Distrito Federal y deberán renejarse, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 6o. Se autoriza al Departamento del Distrito Federal para que en los términos de la Ley General de Deuda Pública contrate y ejerza empréstitos que no rebasen los 470 millones de nuevos pesos, para el financiamiento de su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 1994.
Del ejercicio de esta autorización, se dará cuenta trimestralmente al H. Congreso de la Unión dentro de los 45 días siguientes al trimestre vencido, especificando las características de las operaciones realizadas.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de mil novecientos noventa y cuatro.
Artículo segundo. Los valores catastrales de suelo y construcción; los límites inferiores y superiores y las cuotas fijas que integran la tarifa para el cálculo del impuesto predial; las reducciones del impuesto sobre adquisición de inmuebles; las cuotas señaladas para efectos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; de contribuciones de mejoras, así como las de los derechos, que se encuentren vigentes del 31 de diciembre de 1993, se actualizarán a partir del
1o. de enero de 1994, con el factor de ajuste que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 1993 entre el propio Índice correspondiente al mes de noviembre de 1992, de acuerdo con lo dispuesto con los artículos 19, 20 fracción 1, 25, 49 B, 53 y 59 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal. Quedan exceptuados de esta actualización aquellas cuotas y valores catastrales que expresamente se modifican en la Iniciativa por la que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal para 1994.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, 15 de noviembre de 1993. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con base en lo que determina la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito someter a su consideración, examen y en su caso, aprobación de la siguiente:
Iniciativa de Ley que Establece las Reducciones Impositivas Acordadas en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1993. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
El Ejecutivo a mi cargo, con fundamento en los artículos 71, fracción I y 72 inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa de Ley que Establece las Reducciones Impositivas Acordadas en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo.
Durante la presente Administración, la política tributaria, parte
fundamental de la política económica, ha estado orientada a consolidar el proceso de estabilización y cambio estructural, a fortalecer las finanzas públicas, a combatir la evasión y elusión fiscales, a elevar la recaudación y a simplificar la aplicación de las disposiciones impositivas.
Las propuestas contenidas en la iniciativa que se somete a consideración de ese honorable Congreso de la Unión, buscan consolidar en los ordenamientos fiscales correspondientes los compromisos asumidos por el Gobierno Federal en la reciente concertación del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, firmado por los diversos sectores sociales, así como adecuar los derechos que percibe el Estado por sus funciones de derecho público o por otorgar el uso o goce de bienes del dominio público contenidos en la Ley Federal de Derechos.
En la reciente renovación del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, el Gobierno Federal se comprometió a enviar a ese honorable Congreso de la Unión iniciativas de leyes fiscales que estimulen una mayor inversión, mejoren la competitividad de las empresas, promuevan la conservación del medio ambiente y distribuyan en una forma más equitativa la carga fiscal en favor de los trabajadores de menores ingresos. Por ello, se someten a su consideración las siguientes medidas, para que, de ser aprobadas, permitan cumplir dichas metas.
Cabe señalar que por segundo año consecutivo, no se somete a consideración de ese honorable Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, permitiendo con esta medida dar permanencia y estabilidad a las disposiciones fiscales aplicables a los contribuyentes. Esto significa que, para el ejercicio fiscal de 1994, no hay miscelánea fiscal.
A continuación se exponen las principales características de las medidas que se contienen en la iniciativa que se somete a su consideración, así como las razones que las justifican.
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Con objeto de evitar que los empleados y funcionarios del sistema financiero presten auxilio o cooperación para evitar la identificación o localización de sumas de dinero o bienes provenientes de ilícitos o falseen dicha información, se sugiere incorporar dentro de los supuestos tipificados en el artículo 115 - BIS del Código Fiscal de la Federación dicha conducta, fortaleciendo el combate contra prácticas ilícitas. Asimismo, se propone definir el concepto de sistema financiero para los efectos de dicho artículo.
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
El fortalecimiento del federalismo ha sido propósito permanente de la actual Administración. Por ello, la renovación y el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal debe ser una tarea constante que se encamine a incrementar los recursos disponibles para las haciendas públicas estatales y municipales, promoviendo, a su vez, la armonización, modernización y simplificación de los sistemas impositivos de los tres niveles de gobierno.
Reconociendo que la consolidación de las finanzas públicas estatales y municipales es de la mayor importancia para el desarrollo equilibrado de la Nación, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera conveniente proponer a ese honorable Congreso de la Unión que se incrementen los coeficientes con base en los cuales se determinan las participaciones que la Federación otorga a estados y municipios sobre su recaudación participable, poniendo especial atención en el municipio, institución que ha sido reconocida como la piedra angular del sistema federal bajo el que se rige nuestro país.
El esfuerzo por incrementar las participaciones a estados y municipios es resultado de la flexibilidad que otorga el superávit fiscal alcanzado en 1993 y que no hubiera sido posible sin la acción conjunta de los tres niveles de gobierno.
En los últimos años, las entidades federativas han realizado un gran esfuerzo para reordenar su comercio urbano. Por dicha razón, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera conveniente proponer que se incorpore a la Ley de Coordinación Fiscal una participación adicional integrada con un monto equivalente al 0.44 por ciento de la recaudación federal participable, misma que se distribuirá entre las entidades federativas que estén coordinadas con la Federación en materia de derechos, sirviendo de apoyo al programa de reordenamiento del comercio urbano.
Además, se propone elevar el porcentaje que se adiciona al Fondo General de Participaciones por coordinación en derechos de 0.5 a 1.0 por ciento de la recaudación federal participable.
De aprobarse las reformas propuestas a la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos canalizados a las entidades federativas por parte de la Federación a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se incrementarán sustancial mente, pasando de 21.4 a 22.1 por ciento de la recaudación federal participable.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Las medidas que el Ejecutivo Federal se comprometió a someter a consideración de ese honorable Congreso de la Unión en el impuesto sobre la renta, tienen como objetivo impulsar la competitividad de la planta productiva, mejorar la equidad del sistema tributario en favor de los trabajadores de menores ingresos, fomentar la recuperación del sector industrial y apoyar el esfuerzo que realizan las empresas que promueven la conservación del medio ambiente.
Entre las medidas que se presentan a ese honorable Congreso de la Unión destaca la relativa a la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta del 35 al 34 por ciento para las personas morales y físicas con actividades empresariales, aplicable a partir del 1o. de octubre de 1993, misma que impulsará la competitividad de la planta productiva.
Asimismo, se propone a ese honorable Congreso de la Unión hacer extensiva la reducción de la tasa a las personas físicas con actividades empresariales del régimen simplificado del impuesto sobre la renta, a través del otorgamiento de un crédito fiscal a su favor por la diferencia entre el impuesto que resulte de aplicar la tarifa correspondiente y aquél que resulte de aplicar la tasa del 34 por ciento a sus utilidades por estas actividades, en el caso de que el primero sea mayor.
En virtud de que la reducción antes mencionada se aplicaría a partir del 1o. de octubre de 1993, se sugiere precisar que la tasa del impuesto sobre la renta promedio ponderada para el ejercicio fiscal de 1993 será de 34.75 por ciento y que el factor aplicable para el cálculo de la acumulación de los dividendos para dicho año será de 1.533.
Con el fin de armonizar el esquema de deducciones aplicable en México a las inversiones en vehículos con el utilizado en otros países, se propone incrementar la tasa anual de depreciación de 20 a 25 por ciento, para aquellas realizadas a partir del 1o. de octubre de 1993.
Con objeto de apoyar el esfuerzo que realizan las empresas por invertir en instalaciones y equipo para prevenir y controlar la contaminación, se somete a consideración de ese honorable Congreso de la Unión incrementar la tasa máxima de deducción de las inversiones de estos equipos, de 35 al 50 por ciento. De igual forma, se sugiere que esta misma tasa sea aplicable a las inversiones en equipo destinado a la conversión de combustible pesado a gas natural. La nueva tasa sólo sería aplicable a las inversiones realizadas a partir del 1o. de octubre de 1993.
Cabe señalar que actualmente la deducción de las inversiones en equipo para la conversión a consumo de gas natural, sólo se aplica para personas morales que realizan actividades industriales, sin embargo, de aprobarse esta reforma, este beneficio será de aplicación general.
Con el fin de mejorar la distribución de la carga fiscal en favor de los trabajadores de menores ingresos, se somete a consideración de ese honorable Congreso de la Unión modificar el mecanismo del crédito fiscal para los asalariados. Este nuevo mecanismo sustituirá el actual crédito fiscal equivalente al 10 por ciento del salario mínimo de la zona geográfica correspondiente al trabajador, por una tabla de créditos fiscales expresados en montos dependiendo del ingreso del trabajador, los cuales decrecen conforme aumenta el ingreso hasta un monto mínimo equivalente al 10 por ciento del salario mínimo actual. Durante los últimos tres meses de este año los montos señalados continuarán dependiendo del área geográfica en que se ubique el contribuyente.
Este nuevo esquema de crédito al salario, permitirá que a partir del 1o. de enero de 1994, la referencia regional que existe en el actual crédito equivalente a 10 por ciento del salario mínimo quede sin efecto. Lo anterior además de simplificar el cálculo del impuesto, tendrá un impacto favorable en la distribución del ingreso a nivel regional, ya que generará un aumento adicional en el ingreso disponible de los trabajadores situados en las áreas geográficas "B" y "C", al calcularse el nuevo monto del crédito al salario con base en el salario mínimo del área geográfica "A", que es el más elevado.
Con objeto de asegurar que el crédito no disminuya en términos reales a través del tiempo, se propone que los montos contenidos en la tabla que se utiliza para calcularlos se ajusten trimestralmente por la inflación transcurrida.
Para lograr que esta medida se traduzca en un incremento en el ingreso disponible para los trabajadores de menores recursos, se sugiere establecer que el monto en que exceda el crédito fiscal al impuesto a cargo, sea entregado al trabajador en efectivo. A fin de lograr este objetivo, se propone establecer la obligación a los empleadores de entregar directamente dicha cantidad a los trabajadores, permitiéndoles acreditar estos pagos contra cualquier impuesto federal a su cargo o en su carácter de retenedores. En aquellos casos en que el retenedor no tenga impuesto contra qué acreditar, éste podrá solicitar la devolución de dichos pagos.
Congruente con lo anterior, se somete a consideración de ese honorable Congreso de la Unión que se establezca como requisito para la deducibilidad de las erogaciones por sueldos y salarios en el impuesto sobre la renta, el que los empleadores hayan pagado efectivamente a los trabajadores los montos que resulten a su favor como consecuencia de la aplicación del nuevo mecanismo del crédito fiscal.
Tomando en consideración que las cantidades que los trabajadores percibirán en efectivo como resultado del crédito fiscal, no serán ingresos por concepto de salarios, se propone establecer que los mismos no sean deducibles para quien los pague, no se considere ingreso acumulable para el trabajador, ni integren base gravable para el cálculo de cualquier otra contribución.
Por otra parte, cabe señalar que conforme al mecanismo que se propone, el importe entregado a los trabajadores por este concepto no se considerará para efectos del cálculo de la proporción del subsidio fiscal.
Esta medida permitirá incrementar el ingreso disponible de los trabajadores que perciben menos de cuatro salarios mínimos, siendo el crédito proporcionalmente mayor para los trabajadores con ingresos más bajos. En el caso de trabajadores con ingresos de un solo salario mínimo el incremento será de 7.5 a 10.8 por ciento, en función de la proporción que representen las prestaciones sociales en su ingreso total.
Con esta reforma el nivel de ingreso por el cual no se pagará impuesto sobre la renta se elevará a dos salarios mínimos y se duplicará el número
de trabajadores que no pagará impuesto sobre la renta, al pasar de 1.3 a 2.6 millones. Además, otros 6.6 millones de trabajadores verán disminuido el monto de sus impuestos.
En virtud de los fines que persigue la reforma propuesta a ese honorable Congreso de la Unión, relativa al crédito al salario, se sugiere que este nuevo mecanismo sea aplicable exclusivamente a las personas que perciben salarios por la prestación de un servicio personal subordinado, por lo que se excluye a los miembros y socios de las cooperativas de producción y asociaciones y sociedades civiles cuyos ingresos actualmente se asimilan a salarios. Asimismo, quedan excluidos de este crédito fiscal los ingresos por honorarios que perciban los miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los ingresos que reciban por honorarios los administradores, comisarios y gerentes generales. Tampoco podrán obtener el crédito al salario, las personas físicas con ingresos por honorarios que presten servicios preponderantemente a un prestatario y aquellos que obtengan ingresos por honorarios por servicios independientes y opten por el régimen de asalariados en el impuesto sobre la renta.
Por otra parte, se propone que para las personas distintas de las que perciben salarios por la prestación de un servicio personal subordinado, se modifique el crédito actual del 10 por ciento del salario mínimo, por una cantidad equivalente en nuevos pesos, que se actualice en forma trimestral por la inflación experimentada en el período. De este modo se asegura que el acreditamiento no disminuya en términos reales a través del tiempo. Asimismo, esta medida generará, al igual que en los casos anteriores, un aumento adicional en el ingreso disponible de los contribuyentes, personas físicas situados en las áreas geográficas "B" y "C", al calcularse el nuevo monto del crédito con base en el salario mínimo del área geográfica "A", que es el más elevado.
Para ser consistente con las reformas que se proponen a ese honorable Congreso de la Unión, se considera conveniente adicionar como conceptos actualizables trimestralmente por la inflación transcurrida, tanto los montos de los créditos fiscales, como los de las tablas contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Actualmente las empresas mexicanas cubren como parte del costo de financiamiento, una tasa de retención del 15 por ciento en el impuesto sobre la renta aplicable a los intereses pagados a entidades financieras y a bancos del extranjero, ya que éstos generalmente no pueden acreditar totalmente los impuestos pagados en México. Para resolver este problema, en los convenios para evitar la doble tributación que México ha venido celebrando, se estipula en general una reducción de dicha tasa de 15 a 10 por ciento.
No obstante, en tanto entran en vigor un número importante de estos convenios y con el propósito de que las empresas mexicanas puedan aumentar en el corto plazo su competitividad internacional, se propone a ese honorable Congreso de la Unión una reducción temporal de 15 a 4.9 por ciento en la tasa de retención del impuesto sobre la renta aplicable a los intereses pagados al extranjero, siempre que los beneficiarios efectivos de dichos intereses sean entidades de financiamiento y bancos del exterior o sucursales de bancos nacionales en el extranjero. En el caso de subsidiarias o sucursales de bancos mexicanos estas reducciones se aplicarán independientemente del lugar de su ubicación.
De ser aprobada la tasa propuesta de 4.9 por ciento, será aplicable a los intereses exigibles a partir del 1o. de octubre de 1993 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995.
En el caso de intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de títulos de crédito colocados en el extranjero a través de bancos o casas de bolsa, se propone aplicar la tasa temporal reducida de 4.9 por ciento, siempre que los títulos de crédito respectivos reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 125 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como los colocados a través de bancos o casas de bolsa siempre que los documentos correspondientes se encuentren inscritos en la Sección Especial del Registro Nacional de Valores e Intermediarios.
Con el objeto de permitir a los residentes en el país la adquisición de maquinaria y equipo en condiciones de financiamiento equivalentes a las que prevalecen en el ámbito internacional, se propone a ese honorable Congreso de la Unión la reducción de 21 a 10 por ciento de la tasa de retención del impuesto sobre la renta por intereses pagados a proveedores residentes en el extranjero por la enajenación de maquinaria y equipo, así como los pagados a residentes en el extranjero para financiar la adquisición de maquinaria y equipo y en general para los intereses de habilitación o avío o comercialización. Se propone, al igual que en los casos anteriores, que esta reducción tenga vigencia de dos años a partir del 1o. de enero de 1994.
En el caso de los pagos a residentes en el extranjero por concepto de arrendamiento financiero, se propone reducir la tasa de retención de 15 a 10 por ciento, por un período de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
La reducción de las tasas requerirá medidas complementarias de control que aseguren que este beneficio no se traslade a países considerados como refugios fiscales y que garanticen el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes en las operaciones que involucren a residentes en el extranjero. Por ello, se propone a ese honorable Congreso de la Unión que el beneficio en la reducción de las tasas sólo proceda cuando en el país de residencia del beneficiario efectivo de los intereses, el impuesto sobre la renta a que están sujetos dichos ingresos sea igual o superior al 70 por ciento del monto del impuesto sobre la renta que hubiera tenido que pagar en México, por esos mismos ingresos, una persona moral. En caso de no cumplirse con las anteriores condiciones se aplicarán las tasas que actualmente se encuentran en vigor.
Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes se propone suprimir la obligación de registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación en la que consten las operaciones de financiamiento, así como la de llevar un registro de deudas, créditos y efectivo en moneda extranjera, proponiéndose a ese honorable Congreso de la Unión que las personas que realicen pagos a residentes en el extranjero expidan constancias individuales de estos pagos, indicando el ingreso percibido y el impuesto retenido, así como presentar semestralmente ante las autoridades información relativa a dichos financiamientos. Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, se sugiere que la entrega de esta información sea un requisito para poder considerar deducibles dichos pagos.
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
Los proyectos de larga maduración y que requieren de elevadas inversiones, no logran generar los flujos necesarios en el mediano plazo que resulten en el pago del impuesto sobre la renta, lo cual impide recuperar el impuesto al activo pagado en los primeros años de operación, situación que ha propiciado que los contribuyentes sólo puedan recuperar este impuesto en un plazo de cinco años, lo que incide desfavorablemente sobre este tipo de proyectos.
Por las anteriores consideraciones y con objeto de promover las inversiones a largo plazo se propone a ese honorable Congreso de la Unión ampliar el plazo de 5 a 10 años para la recuperación del impuesto al activo, armonizando dicha disposición con las que se aplican en materia de amortización de pérdidas en el impuesto sobre la renta y con la obligación del contribuyente para conservar su contabilidad. Esta medida es congruente con la naturaleza del impuesto al activo como un gravamen complementario del impuesto sobre la renta.
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
Con objeto de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Ejecutivo Federal en la última concertación del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, se propone a ese honorable Congreso de la Unión, que a partir del 1o. de octubre de 1993, las personas que adquieran diesel industrial o marino para su consumo final puedan acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de estos combustibles, medida que permitirá reducir los costos a las personas que utilizan dichos insumos y que permite alinear los precios que ofrece el sector público a su respectiva referencia internacional.
Asimismo, en la presente iniciativa se somete a consideración de ese honorable Congreso de la Unión, que Petróleos Mexicanos deba desglosar en forma expresa y por separado en la factura que expida, el impuesto especial sobre producción y servicios que se cause por la enajenación de diesel industrial o marino para facilitar la instrumentación de la medida antes mencionada.
Se sugiere establecer un nuevo mecanismo para el cálculo de la tasa de las gasolinas y diesel y definir en esta Ley los conceptos de gas natural, diesel industrial y diesel marino.
La introducción al mercado del gas natural para carburación automotriz hace necesario que se establezca la tasa del impuesto a que estará sujeta la enajenación de este nuevo producto, misma que se propone a ese honorable Congreso de la Unión se establezca en una tasa fija del 50 por ciento durante 1994 y del 60 por ciento a partir de 1995, a fin de que este combustible represente una opción viable que permita la sustitución de los actuales combustibles en beneficio del medio ambiente.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
Durante el período de sesiones de 1992, ese honorable Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar una reforma a la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles que exentó de este impuesto a las traslaciones de dominio realizadas por las asociaciones religiosas. Dicho tratamiento se concibió con carácter transitorio a fin de regularizar el patrimonio de dichas asociaciones. Por lo anterior se somete a consideración de ese honorable Congreso de la Unión su eliminación. No obstante es conveniente mantener este régimen de manera transitoria por las adquisiciones que se efectúen durante el año de 1994.
LEY FEDERAL DE DERECHOS
En virtud de las reformas que se efectuaron a diversos ordenamientos legales durante el presente año, se hace necesario proponer a ese honorable Congreso de la Unión algunas modificaciones a la Ley Federal de Derechos, para adecuar los preceptos que establecen los derechos relativos a los servicios que proporcionan las diversas dependencias de la Administración Pública Federal, así como a los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público que las mismas administran.
Acorde con la política económica de abatir la inflación, y toda vez que la Ley establece la mecánica de actualización de las cuotas de los derechos en forma trimestral con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor, la presente iniciativa no propone incrementos a las mismas.
Por lo que respecta a la actualización y ajuste de las cuotas de los derechos, se propone adecuar la redacción de los artículos correspondientes, para precisar que las cuotas de los derechos que contengan tasas sobre valor, no se incrementarán con los factores que señala la Ley, así como señalar que las cuotas de los derechos sólo se ajustarán para efectuar su pago.
Por otra parte, se propone a ese honorable Congreso de la Unión, que los poderes Legislativo y Judicial y las dependencias de la Administración Pública Federal, así como los gobiernos de las entidades federativas, en su caso, sean sujetos del pago del derecho de publicaciones cuando soliciten al Diario Oficial de la Federación la publicación de convocatorias para licitaciones públicas, o cuando ordenen la inserción de documentos en la Sección de Avisos de dicho órgano informativo.
En relación con los Convenios de Colaboración Administrativa en materia de servicios de metrología, así como de turismo que se propone puedan celebrar la Federación y las entidades federativas, se proponen a ese honorable Congreso de la Unión las reformas correspondientes para que los ingresos que se obtengan por los derechos derivados de la prestación de los servicios antes mencionados, se destinen a las entidades federativas que los proporcionen para la instalación, equipamiento y mantenimiento de laboratorios de metrología legal o para mejorar el ejercicio y desempeño de las facultades legales en materia de planeación, programación, capacitación, protección y asistencia al turista, respectivamente.
En materia de servicios relativos a la aeronáutica civil, se propone reestructurar la forma de cobro de los derechos por los servicios que presta el Registro Aeronáutico Mexicano, con lo cual se reflejará una disminución sustancial en las cuotas de los derechos que actualmente se cobran por los servicios que presta dicho registro.
Por lo que se refiere a los derechos sobre el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se causan por el uso de las mismas para generar energía hidroeléctrica, se estima apropiado someter a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión reducir el monto de dichos derechos a niveles comparables con los aplicados en otros países. En consecuencia se propone modificar la base de cobro para que esté en función de los metros cúbicos de agua utilizados y no en relación con la energía generada.
A su vez, se proponen algunas modificaciones para dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes en relación con la exención del pago de dicho derecho sobre el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, en el supuesto de que se regresen las aguas a su fuente original. Para llevar a cabo lo anterior, se propone precisar en la Ley, que no pagarán el derecho sobre agua las personas que regresen las aguas a su fuente original, siempre que éstas no hayan sufrido alteración por degradación en su calidad, respecto de las condiciones en que fueron tomadas, ni cambio en su temperatura en más de diez por ciento.
Asimismo, se considera oportuno proponer a ese honorable Congreso de la Unión la exención en el pago del derecho sobre agua a las personas que usen o aprovechen aguas nacionales que no tengan uso alternativo, siempre que dicha circunstancia se demuestre con los estudios técnicos que procedan.
Por otra parte, se propone establecer una reducción del 50 ó 25 por ciento, o bien una exención
total del pago del derecho por el uso o aprovechamiento del espacio aéreo congestionado, a las personas
que realicen actividades aeronáuticas privadas, oficiales y de taxi aéreo, misma que estará vigente hasta el 31 de mayo de 1994.
Por último, tomando en consideración que aún no ha sido concluido el programa que dio origen a la aplicación del impuesto al comercio exterior que grava la exportación de energía eléctrica generada con vapor geotérmico y de cuyos ingresos participan los municipios productores colindantes con la frontera, se propone extender su vigencia por un período de tres años.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a ese honorable Congreso de la Unión, por conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de
LEY QUE ESTABLECE LAS REDUCCIONES IMPOSITIVAS ACORDADAS EN EL PACTO PARA LA ESTABILIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Artículo primero. Se adiciona el artículo 115 bis, con los párrafos tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
"Artículo 115-Bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igual sanción se impondrá a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que con el propósito de prestar auxilio o cooperación para evitar la identificación o localización de las sumas de dinero o bienes a que se refiere este artículo, no
cumplan con la obligación de recabar o falseen la información sobre la identificación del cliente y la correspondiente operación, conforme a lo previsto en las disposiciones que regulan el sistema financiero.
Para los efectos de este artículo, se entiende por sistema financiero el comprendido por las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, intermediarios bursátiles, casas de cambio y cualquier otro intermediario financiero o cambiario."
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
Artículo segundo. Se reforman los artículos 2o., segundo y tercer párrafos y el párrafo siguiente a la fracción III; 2o.-A, fracciones II y III, primer párrafo y el actual inciso 2, mismo que pasa a ser el subinciso 2 del inciso a, de la citada fracción III; 4o., quinto párrafo; 10-A, fracción I, primer párrafo y cuarto párrafo del artículo; 10-B, tercer párrafo; y se adicionan los artículos 2o.-A, fracción III, con los incisos a, y b; 10-A, con un sexto párrafo, pasando el actual sexto a ser séptimo párrafo, de y a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.
No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos adicionales del 3% sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2% en las demás exportaciones; ni tampoco los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Fondo General de Participaciones, se adicionará con un 1% de la recaudación federal participable en el ejercicio, que corresponderá a las Entidades Federativas y los Municipios cuando éstas se coordinen en materia de derechos y, previa comprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que se ajustan estrictamente a los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de esta Ley. El porcentaje citado será distribuido entre las Entidades mencionadas conforme al coeficiente efectivo del Fondo General de Participaciones que les corresponda para el ejercicio en el que se calcula. El Fondo no se adicionará con la parte que correspondería a las Entidades no coordinadas en derechos. Asimismo, el Fondo se incrementará con el por ciento que representen en la recaudación federal participable, los ingresos en un ejercicio de las contribuciones locales o municipales que las Entidades convengan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en derogar o dejar en suspenso.
Artículo 2o-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo y, en su caso, del impuesto adicional del 3% sobre el impuesto general en exportaciones de petróleo crudo, gas natural y sus derivados a los municipios colindantes con la frontera o litorales, por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por conducto de Petróleos Mexicanos, informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y municipios a que se refiere el párrafo anterior.
III. 1% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación por concepto de impuestos, así como por los derechos sobre minería y sobre la extracción de petróleo, con exclusión del derecho extraordinario sobre el mismo, en la siguiente forma:
a) El 0.56% del mismo, conforme a lo siguiente:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. El 70% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo corresponderá a las Entidades que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten estrictamente a los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de esta Ley.
b) El 0.44% restante, sólo corresponderá a las entidades federativas que se coordinen en materia de derechos y será distribuido conforme a los resultados de su participación en el programa para el reordenamiento del comercio urbano, en los términos del procedimiento que sea determinado conjuntamente por dichas entidades y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las cantidades percibidas por este concepto, serán entregadas íntegramente por los Estados a sus Municipios.
Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adicionalmente, se crea una reserva de compensación para las entidades federativas que sean afectadas por el cambio en la fórmula de participaciones. Esta reserva se formará con el remanente del 1% de la recaudación federal participable, a la que hace referencia el párrafo siguiente a la fracción III del artículo 2o., así como con el que se deriva de la parte del Fondo de Fomento Municipal, a que se refiere el artículo 2o.-A fracción III, inciso a, subinciso 2, e inciso b, de esta Ley.
Artículo 10-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, con excepción de las siguientes:
a) a e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita la facultad de los Estados y Municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, con las salvedades expresamente señaladas en este artículo.
También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la característica de derechos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aun cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones.
Artículo 10-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando en la legislación de alguna entidad o municipio se establezcan derechos que contravengan lo dispuesto en el artículo que antecede, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará del conocimiento de la entidad de que se trate la violación específica, para que en un plazo de cinco días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo la propia Secretaría, en su caso, emitirá la declaratoria correspondiente, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y empezará a regir a partir del día siguiente al de su publicación,
quedando sin efectos la coordinación en materia de derechos en esta última fecha. En el caso de que el Estado esté inconforme con esta declaratoria, podrá acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 12 de esta Ley."
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
Artículo tercero. Las entidades federativas contarán con un plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor de lo dispuesto en el artículo segundo de esta Ley, para proponer a la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, previo dictamen de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y conforme a las facultades establecidas en los artículos 19 y 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, un programa de reordenamiento del comercio urbano en el ámbito de su competencia y jurisdicción, en los términos y plazos que determinen de mutuo acuerdo las citadas entidades federativas y el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Durante el período comprendido del 1o. de enero al 30 de junio de 1994, el porcentaje a que se refiere el artículo 2o-A fracción III, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, será distribuido a las entidades federativas coordinadas en derechos, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 2o-A fracción III, inciso a, de la citada Ley.
La propia Secretaría y las entidades federativas, por conducto de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, revisarán periódicamente los resultados de dichos programas y determinarán a partir de julio de 1994, la procedencia del otorgamiento de la participación adicional a que se refiere la fracción III, inciso b, del artículo 2o-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo cuarto. Se reforman los artículos 7o-B fracción IV, inciso a, primer párrafo; 7o-C; 10, primer párrafo; 10-A, primer párrafo; 24, fracciones V, IX y XIV; 25 fracción I, segundo párrafo; 44, fracción VI; 52-B, primer párrafo; 58, fracciones III, IX y X, primer y último párrafos; 67, segundo párrafo; 72, fracciones III, segundo párrafo y V; 73, segundo párrafo; 80, segundo y cuarto párrafos siguientes a la tarifa; 80-A, antepenúltimo párrafo; 81, segundo párrafo; 82, fracción IV; 83, fracciones I y IV, segundo párrafo; 86, primer párrafo; 92, primer párrafo; 108, fracciones VII y VIII; 112, fracciones VIII, segundo y último párrafos, y IX; 112-C, primer párrafo; 112-D, primer párrafo; 115, segundo párrafo; 116, tercer párrafo; 119-E, fracción XIII; 119-I, fracción VII, segundo párrafo; 119-K, tercer párrafo; 121, tercer párrafo; 122, primer párrafo; 136, fracciones VII, X, primer párrafo y XII; 137, fracción I, segundo párrafo; 138, fracción III; 141, último párrafo; 141-A, último párrafo; 141-B; 151, quinto párrafo; 151-A, último párrafo; 154, fracción I, primer y último párrafos; 154-A, fracciones I y II de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adicionan los artículos 44, con la fracción X; 77, con la fracción XXX; 80-B; 81, con los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, pasando los actuales párrafos tercero y cuarto, a ser séptimo y octavo párrafos, respectivamente; 83-A; 112, con la fracción XI; 119-B, con un párrafo tercero, pasando el actual párrafo tercero a ser cuarto párrafo, y 154-A, con la fracción III a la misma Ley y, se derogan los artículos 7o.-B, fracción IV, inciso b, subinciso 7; 44, fracción VIII, incisos b, y d; 84, cuarto párrafo, y 87 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
"Artículo 7o-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a). Las inversiones en títulos de crédito, distintos de las acciones, de los certificados de participación no amortizables, de los certificados de depósito de bienes y en general de títulos de crédito que representen la propiedad de bienes. También se consideran incluidos dentro de los créditos, los que adquieran las empresas de factoraje financiero.
b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. (Se deroga).
Artículo 7o.-C. Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en esta Ley para señalar límites de ingresos, deducciones y créditos fiscales, así como las que contienen las tarifas y tablas, se actualizarán trimestralmente con el factor de actualización correspondiente al período comprendido desde el mes anterior a aquél en que se efectuó la última actualización hasta el mes inmediato anterior a aquél por el cual se calcula el ajuste. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el día 10 de los meses de enero, abril, julio y octubre.
Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 34%.
Artículo 10-A. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa del artículo 10 de esta Ley, al resultado de multiplicar dichos dividendos o utilidades por el factor de 1.515. También se considerarán dividendos o utilidades distribuidos los ingresos que señala el artículo 120 de esta Ley.
Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Que se cumplan las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, sólo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 58 de esta Ley.
Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV se podrán deducir siempre que se cumpla con las obligaciones a que se refieren los artículos 83, fracción I y 83-A de esta Ley.
IX. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de los señalados en los Capítulos II y III del Título IV y en la fracción XXX del artículo 77 de esta Ley, así como de aquellos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción I del artículo 16, a quienes paguen el impuesto sobre la renta en los términos del Título II-A o de la Sección II del Capítulo VI del Título IV de la Ley citada y de donativos, sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I de dicho Título, se podrán deducir cuando hayan sido erogados a más tardar en la fecha en que se deba presentar la declaración del citado ejercicio. Sólo se entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, en cheque girado contra la cuenta del contribuyente, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, o en otros bienes que no sean títulos de crédito.
XIV. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos en los términos de la fracción XXX del artículo 77 de esta Ley, el contribuyente obtenga de la persona que percibe el ingreso una declaración escrita en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata de una obra de su creación, se cumpla con los demás requisitos que señala la fracción antes citada, el comprobante de la erogación respectiva contenga la leyenda "ingreso percibido en los términos de la fracción XXX del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta" y el contribuyente proporcione la información por los pagos a que se refiere esta fracción en los términos de la fracción X del artículo 58 de esta Ley.
Artículo 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tampoco serán deducibles las cantidades que entregue el contribuyente en su carácter de retenedor a las personas que le presten servicios personales subordinados provenientes del crédito al salario a que se refieren los artículos 80-B y 81 de esta Ley, así como los accesorios de las contribuciones, a excepción de sus recargos.
Artículo 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones y remolques.
VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) (Se deroga).
d) (Se deroga).
X. 50% para los siguientes bienes:
a) Equipo destinado para la conversión a consumo de gas natural.
b) Equipo destinado a prevenir y controlar la contaminación ambiental en cumplimiento de las disposiciones legales respectivas.
Artículo 52-B. Los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, deberán pagar el impuesto a la tasa del 15% por los ingresos por intereses que perciban del capital que coloquen o inviertan en el país, sin deducción alguna. Cuando en un acuerdo internacional celebrado por México con el país en el que se encuentre situado el establecimiento de que se trate, se establezca una tasa menor a la prevista
en este artículo por los intereses que se paguen a instituciones de crédito de ese país, se aplicará la tasa prevista en el acuerdo en lugar de la contenida en este párrafo.
Artículo 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Expedir las constancias en las que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto por el Título V de esta Ley y, en su caso, el impuesto retenido al residente en el extranjero de que se trate.
IX. Presentar en los meses de enero y julio de cada año ante las oficinas autorizadas una declaración en la que proporcionen la información siguiente:
a) El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior o al 30 de junio del año de que se trate, respectivamente, de los préstamos que le hayan sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero, y
b) El tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, tipo de moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del principal y accesorios, de cada una de las operaciones de financiamiento a que se refiere el inciso anterior.
X. Presentar en el mes de febrero de cada año ante las oficinas autorizadas, declaración en la que proporcionen información de las operaciones efectuadas en el año de calendario anterior con los cincuenta principales clientes y con los cincuenta principales proveedores. Deberán proporcionar, además, en su caso, información de las personas a las que en el mismo año de calendario les hubieren efectuado retenciones de impuesto sobre la renta u otorgado donativos, así como de los residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos de acuerdo con lo previsto en el Título V de esta Ley. También deberán proporcionar la información de las personas a las que en el año de calendario inmediato anterior les hayan efectuado pagos en los términos de la fracción XXX del artículo 77 de esta Ley.
Tratándose de las declaraciones a que se refiere la fracción IX de este artículo, así como de las mencionadas en los artículos 83, fracción V, 86, penúltimo párrafo, 92, quinto párrafo y 123, fracción III, de esta Ley, la información deberá proporcionarse en los términos del segundo y tercer párrafos de esta fracción.
Artículo 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las personas morales a que se refiere el párrafo anterior calcularán el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal del ejercicio la tasa que establece el artículo 10; también podrán calcularlo aplicando la tasa referida a la cantidad que se obtenga de multiplicar el resultado fiscal por el factor de 1.515.
Artículo 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asimismo, deberán presentar en el mes de febrero de cada año ante las oficinas autorizadas, declaración en la que proporcionen información de las personas a las que les hubieran efectuado retenciones de impuesto sobre la renta u otorgado donativos en el mismo año de calendario anterior, así como de los residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos de acuerdo con lo previsto en el Título V de esta Ley. También deberán proporcionar la información de las personas a las que en el año de calendario inmediato anterior les hayan efectuado pagos en los términos de la fracción XXX del artículo 77 de esta Ley.
V. Expedir las constancias y proporcionar la información a que se refieren las fracciones III y IX del artículo 58 de esta Ley; retener y enterar el impuesto a cargo de terceros y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de esta Ley. Asimismo, deberán cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 83 cuando hagan pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley.
Artículo 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Federación, los Estados, los Municipios y las instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación, sólo tendrán las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo.
Artículo 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXX. Los que obtengan por permitir a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas, o bien, la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros, periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos y siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante respectivo que contenga la leyenda "ingreso percibido en los términos de la fracción XXX del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta".
La exención a que se refiere esta fracción no se aplicará en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando quien perciba estos ingresos obtenga también de la persona que los paga, ingresos de los señalados en el Capítulo I de este Título.
b) Cuando quien perciba estos ingresos sea socio o accionista en más del 10% del capital social de la persona moral que efectúa los pagos.
c) Cuando se trate de ingresos que deriven de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industriales, manuales operativos u obras de arte aplicado.
No será aplicable lo dispuesto en esta fracción cuando los ingresos se deriven de la explotación de las obras escritas o musicales de su creación en actividades empresariales distintas a la enajenación al público de sus obras, o en la prestación de servicios.
Artículo 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo por los ingresos señalados en las fracciones II a V del artículo 78 de esta Ley, salvo en el caso del sexto párrafo siguiente a la tarifa de este artículo, acreditarán contra el impuesto que resulte a cargo del contribuyente, el subsidio que, en su caso, resulte aplicable en los términos del artículo 80-A de esta Ley y el monto que se obtenga se disminuirá con el crédito general mensual a que se refiere el artículo 141-B de esta Ley. En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad acreditable conforme a este párrafo, la diferencia no podrá acreditarse contra el impuesto que resulte a su cargo posteriormente. Las personas que hagan pagos que sean ingresos para el contribuyente de los mencionados en el primer párrafo o la fracción I del artículo 78 de esta Ley, salvo en el caso del sexto párrafo siguiente a la tarifa de este artículo, calcularán el impuesto en los términos de este artículo aplicando el crédito al salario contenido en el artículo 80-B de esta Ley, en lugar del crédito general a que se refiere este párrafo.
Quienes hagan las retenciones podrán optar por considerar en vez del crédito general mensual correspondiente, el crédito general diario contenido en el artículo 141-B de esta Ley, multiplicado por el número de días del mes por el que se efectúa el pago.
Artículo 80-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los contribuyentes a que se refieren los capítulos II, III y VI de este Título, excepto los mencionados en el artículo 143 de esta Ley, también gozarán del subsidio a que se refiere este artículo contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos de los artículos 86, 92 y 119K de esta Ley, según corresponda.
Artículo 80B. Las personas que hagan pagos que sean ingresos para el contribuyente de los mencionados en el primer párrafo o la fracción I del artículo 78, salvo en el caso del sexto párrafo siguiente a la tarifa del artículo 80 de esta Ley, calcularán el impuesto en los términos de este último artículo aplicando el crédito al salario mensual que resulte conforme a lo dispuesto en los párrafos siguientes del presente artículo, en lugar del acreditamiento a que se refiere el segundo párrafo siguiente a la tarifa del artículo 80 mencionado.
Las personas que efectúen las retenciones por los pagos a los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, acreditarán contra el impuesto que resulte a cargo de los contribuyentes en los términos del artículo 80 disminuido con el monto del subsidio que, en su caso, resulte aplicable en los términos del artículo 80A de esta Ley, por el mes de calendario de que se trate, el crédito al salario mensual que se obtenga de aplicar la tabla que a continuación se establece:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Las cantidades establecidas en la tabla anterior se actualizaran trimestralmente en los términos del artículo 7o.-C de esta Ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará las operaciones aritméticas previstas en este párrafo y publicará la tabla actualizada en el Diario Oficial de la Federación.
En los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que el crédito al salario mensual que resulte conforme a la tabla establecida en el presente artículo, el retenedor deberá entregar al contribuyente la diferencia que resulte, conjuntamente con el pago por salarios por el que se haya determinado dicha diferencia. El retenedor podrá disminuir de las contribuciones federales a su cargo o de las retenidas a terceros, las cantidades que entregue a los contribuyentes en los términos de este párrafo, conforme a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los ingresos que perciban los contribuyentes derivados del crédito al salario mensual, no se considerarán para determinar el monto del subsidio acreditable a que se refiere el artículo 80-A de esta Ley y no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado.
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo que presten servicios subordinados a personas no obligadas a efectuar la retención, de conformidad con el párrafo final del artículo 83 de esta Ley, y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos, aplicarán la tabla prevista en este artículo para la determinación del impuesto correspondiente. Cuando el impuesto a cargo sea menor que el crédito al salario mensual que resulte de la aplicación de la tabla establecida en el presente artículo, el contribuyente podrá solicitar la devolución de dicho monto o compensarlo contra el impuesto sobre la renta que resulte a su cargo posteriormente.
Artículo 81......................
El impuesto anual se determinará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, la tarifa del artículo 141 de esta Ley. El impuesto que resulte a cargo del contribuyente se disminuirá con el subsidio que, en su caso, resulte aplicable en los términos del artículo 141-A de esta Ley, así como con el importe de los pagos provisionales efectuados y contra el monto que se obtenga será acreditable el crédito general anual a que se refiere el artículo 141-3 de esta Ley.
Los contribuyentes a que se refiere el artículo 80-B de esta Ley, acreditaran el crédito al salario anual que se obtenga de aplicar la tabla que a continuación se establece, en lugar del crédito general anual a que se refiere el párrafo anterior.
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Las cantidades establecidas en la tabla anterior se actualizarán sumando las cantidades de la tabla que en los términos del artículo 80-B de esta Ley resulten para cada uno de los 12 meses del año. El resultado de las sumas será la tabla actualizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el mes de enero del año siguiente a aquel por el que se determine la tabla actualizada, realizará las operaciones aritméticas previstas en este párrafo y la publicará en el Diario Oficial de la Federación.
En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo, el
impuesto a cargo del contribuyente sea menor que el crédito al salario anual que se obtenga conforme a la tabla establecida en el presente artículo, el retenedor deberá entregar al contribuyente la diferencia que resulte, conjuntamente con el primer pago por salarios que efectúe en el mes de marzo del año siguiente a aquél por el que se haya determinado dicha diferencia. El retenedor podrá disminuir de las contribuciones federales a su cargo o de las retenidas a terceros, las cantidades que entregue a los contribuyentes en los términos de este párrafo, conforme a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los ingresos que perciban los contribuyentes derivados del crédito al salario no se considerarán para determinar el monto del subsidio acreditable a que se refiere el artículo 80-A de esta Ley y no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado.
La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate, ante las oficinas autorizadas. Las diferencias que resulten a favor de cada contribuyente deberán ser compensadas en la retención del mes de diciembre y en las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior. El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas, en los términos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Artículo 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Comunicar por escrito al empleador, antes de que éste les efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les efectúa el acreditamiento a que se refiere el artículo 80 u 80-B de esta Ley, a fin de que ya no se realice dicho acreditamiento.
Artículo 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 80 y entregar las cantidades a que se refieren los artículos 80-B y 81 de esta Ley.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito antes de que se efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les efectúa el acreditamiento a que se refiere el artículo 80 u 80-B de esta Ley, a fin de que ya no se realice dicho acreditamiento.
Artículo 83-A. Quienes hagan los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al crédito al salario a que se refieren los artículos 80-B y 81 de esta Ley sólo podrán entregar al contribuyente las diferencias que resulten a su favor con motivo del crédito al salario siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
I. Que lleven los registros contables de los pagos por los ingresos a que se refiere este Capítulo, en el que se identifique en forma individualizada a cada uno de los contribuyentes a los que se les realicen dichos pagos.
II. Que se emitan y conserven los comprobantes en los que se demuestre el monto de los ingresos pagados en los términos de este Capítulo, el impuesto que, en su caso, se haya retenido, y las diferencias que resulten a favor del contribuyente con motivo del crédito al salario.
III. Que cumpla con las demás obligaciones previstas en el artículo 83 de esta Ley, en los términos previstos en dicho artículo.
IV. Que se hayan pagado en forma individualizada las aportaciones de seguridad social y las mencionadas en el artículo 77-A de esta Ley que correspondan por los ingresos de que se trate.
Artículo 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuarto párrafo. (Se deroga).
Artículo 86. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, efectuarán pagos provisionales trimestrales a cuenta del impuesto anual a más tardar el día 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme al siguiente párrafo, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del trimestre por los que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a que se refiere el artículo 85, correspondientes al mismo período. Los contribuyentes acreditarán contra el impuesto que resulte a su cargo, el monto del crédito general trimestral que les corresponda en los términos del artículo 141-B de esta Ley.
En los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad acreditable conforme a este párrafo, la diferencia no podrá acreditarse contra el impuesto que resulte a su cargo posteriormente.
Artículo 87. (Se deroga).
Artículo 92. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo efectuarán pagos provisionales trimestrales a cuenta del impuesto anual a más tardar el día 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 86, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del trimestre por el que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a que se refiere el artículo 90, correspondientes al mismo período. Los contribuyentes acreditarán contra el impuesto que resulte a su cargo el monto del crédito general trimestral a que se refiere el artículo 141-B de esta Ley.
Artículo 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Las aportaciones para constituir fondos destinados a la investigación y desarrollo de tecnología, en los términos del artículo 27 de esta Ley. Si los contribuyentes disponen para fines diversos de estos fondos o de sus rendimientos, cubrirán sobre la cantidad respectiva impuesto a la tasa del artículo 10 de esta Ley.
VIII. La creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos del artículo 28 de esta Ley. Si los contribuyentes disponen para fines diversos de estos fondos o de sus rendimientos, cubrirán sobre la cantidad respectiva impuesto a la tasa del artículo 10 de esta Ley.
Artículo 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asimismo, en el mes de febrero de cada año deberán presentar en las oficinas autorizadas, declaración en la que proporcionen información de las operaciones efectuadas en el año de calendario anterior con los 50 principales clientes y con los 50 principales proveedores. Deberán proporcionar, además, en su caso, información de las personas a las, que en el mismo año de calendario les hubieren efectuado retenciones de impuesto sobre la renta u otorgado donativos, así como de los residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos de acuerdo con lo previsto en el Título V de esta Ley. También deberán proporcionar la información de las personas a las que en el año de calendario inmediato anterior les hayan efectuado pagos en los términos de la fracción XXX del artículo 77 de esta Ley.
Tratándose de las declaraciones a que se refiere la fracción IX de este artículo y el artículo 83 fracción V de esta Ley, la información deberá proporcionarse también en los términos del tercer y cuarto párrafos de esta fracción.
IX. Presentar en los meses de enero y julio de cada año ante las oficinas autorizadas una declaración en la que proporcionen la información siguiente:
a) El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior o al 30 de junio del año de que se trate, respectivamente, de los préstamos que le hayan sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero, y
b) El tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, tipo de moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del principal y accesorios, de cada una de las operaciones de financiamiento a que se refiere el inciso anterior.
XI. Expedir las constancias en las que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto por el Título V de esta Ley y, en su caso, el impuesto retenido al residente en el extranjero de que se trate.
Artículo 112-C. Las personas físicas con actividad empresarial que retiren utilidades de dicha actividad deberán pagar el impuesto que corresponda a las mismas, aplicando la tasa del artículo 108-A al resultado de multiplicar dicha utilidad por el factor de 1.515.
Artículo 112-D. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los comprendidos en esta Sección podrán optar por acumular a sus demás ingresos los retiros de su utilidad fiscal empresarial. En este caso acumularán la cantidad que resulte de multiplicar dicha utilidad por el factor de 1.515.
Artículo 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se podrán considerar contribuyentes menores por el año que inicien la realización de actividades empresariales, las personas que manifiesten estimar que en dicho año obtendrán ingresos de los comprendidos en este Capítulo que no excederán de las cantidades señaladas en la fracción I de este artículo, o bien que las autoridades fiscales les estimen ingresos que no excedan a las cantidades de referencia. Cuando en el año citado realicen operaciones por un período menor de 12 meses, para determinar el monto de ingresos, se dividirá el manifestado o estimado entre el número de días que comprende el período y se multiplicará por 365 días. Dichas personas deberán declarar bajo protesta de decir verdad si obtienen ingresos diversos a los señalados en este Capítulo por los que tomaron el crédito general previsto en el artículo 141-B de esta Ley.
Artículo 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para estimar la utilidad se aplicará a los ingresos el coeficiente que corresponda conforme al artículo 62 de esta Ley, a la utilidad obtenida se le aplicará la tarifa del artículo 141 de la misma, contra el impuesto que resulte se podrá acreditar el crédito general anual que le corresponda en los términos del artículo 141B de esta Ley. El acreditamiento a que se refiere este párrafo no se efectuará cuando el contribuyente obtenga ingresos de los señalados en los Capítulos I a III de este Título. La cantidad que se obtenga se dividirá entre seis y el monto será el impuesto estimado a pagar bimestralmente por el contribuyente, el que tendrá el carácter de definitivo, excepto en los casos a que se refiere el artículo 118 de esta Ley.
Artículo 119-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los contribuyentes a que se refiere esta Sección II calcularán el impuesto anual que les corresponda en los términos de dicha Sección, aplicando lo dispuesto por el Capítulo XII del Título IV de esta Ley. Estos contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo conforme a lo dispuesto en este párrafo la diferencia que, en su caso, resulte entre el monto que hubiera pagado de aplicar las disposiciones del Capítulo antes citado al ingreso acumulable a que se refiere el primer párrafo de este artículo, como si se tratara de su único ingreso, y la cantidad que resulte de aplicar a este ingreso acumulable la tasa del 34%, cuando el primero sea mayor que el segundo.
Artículo 119-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII. Los pagos por el crédito al salario a que se refieren los artículos 80-B y 81 de esta Ley.
Artículo 119-I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el mes de febrero de cada año, dichos contribuyentes deberán presentar, en las oficinas autorizadas, declaración en la que proporcionen información de las operaciones efectuadas en el año de calendario anterior con los 50 principales clientes y con los 50 principales proveedores. Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general no estarán obligados a proporcionar la información sobre clientes referida. Deberán proporcionar, además, en su caso, información de las personas a las que en el mismo año de calendario les hubieren efectuado retenciones de impuesto sobre la renta u otorgado donativos, así como de los residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos de acuerdo con lo previsto en el Título V de esta Ley. También deberán proporcionar la información de las personas a las que en el año de calendario inmediato anterior les hayan efectuado pagos en los términos de la fracción XXX del artículo 77 de esta Ley.
Artículo 119-K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contra el impuesto que resulte a su cargo, los contribuyentes podrán acreditar el monto del crédito general mensual que les corresponda en los términos del artículo 141-B de esta Ley, multiplicado por el número de meses que comprenda el pago. En los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad acreditable conforme a este párrafo, la diferencia no podrá acreditarse contra el impuesto que resulte a su cargo posteriormente. El impuesto que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo no podrá exceder del monto que resulte de aplicar a la cantidad a la que se le aplicó la tarifa antes mencionada, la tasa del 34%.
Artículo 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda al resultado que se obtenga en los términos de este artículo, aplicando al total de dicho monto la tasa del 34%, cuando la utilidad no provenga del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 124 de esta Ley. No se efectuará pago alguno cuando la utilidad provenga del saldo de la referida cuenta.
Artículo 122. No serán ingresos acumulables los dividendos o utilidades distribuidos por personas morales residentes en México que obtengan las personas físicas. Estas podrán optar por acumularlos a los demás ingresos, en cuyo caso acumularán la cantidad que resulte de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por 1.515.
Artículo 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Que se cumplan las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, sólo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 58 de esta Ley.
Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV se podrán deducir siempre que se cumpla con las obligaciones a que se refieren los artículos 83, fracción I y 83-A de esta Ley.
X. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de los señalados en los Capítulos II y III de este Título o de la fracción XXX del artículo 77 de esta Ley, así como de aquellos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción I del artículo 16 y a quienes paguen el impuesto sobre la renta en los términos del Título II-A o de la Sección II del Capítulo VI de este Título, sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I de este Título, se podrán deducir cuando hayan sido erogados a más tardar en la fecha en que se deba presentar la declaración del citado ejercicio. Sólo se entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, en cheque girado contra la cuenta del contribuyente, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, o en otros bienes que no sean títulos de crédito.
XII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos en los términos de la fracción XXX del artículo 77 de esta Ley, el contribuyente obtenga de la persona que percibe el ingreso una declaración escrita en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata de una obra de su creación, se cumpla con los demás requisitos que señala la fracción antes citada, el comprobante de la erogación respectiva contenga la leyenda "ingreso percibido en los términos de la fracción XXX del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta" y el contribuyente proporcione la información por los pagos a que se refiere esta fracción en los términos de la fracción VIII del artículo 112 o VII del artículo 119-I de esta Ley, según corresponda.
Artículo 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tampoco serán deducibles las cantidades que entregue el contribuyente en su carácter de retenedor a las personas que le presten servicios personales subordinados provenientes del crédito al salario a que se refieren los artículos 80-B y 81 de esta Ley, así como los accesorios de las contribuciones, a excepción de sus recargos.
Artículo 138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. 25% para automóviles, autobuses y otros equipos de transporte.
Artículo 141. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El impuesto que resulte a cargo del contribuyente se disminuirá con el subsidio que, en su caso, resulte aplicable en los términos del artículo 141A de esta Ley y contra el monto que se obtenga será acreditable el crédito general anual a que se refiere el artículo 141B de esta Ley. En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad acreditable conforme a este párrafo, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la compensación del impuesto efectivamente pagado o que le hubiera sido retenido.
Artículo 141-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los contribuyentes a que se refiere el artículo 143 de esta Ley.
Artículo 141-B. El crédito general que tendrán derecho a acreditar los contribuyentes en los términos de esta Ley será la cantidad que corresponda conforme a lo siguiente:
I. Crédito general diario: N$ 1.43
II. Crédito general mensual: N$ 43.38
III. Crédito general trimestral: N$ 130.14
IV. Crédito general anual: N$ 520.56
Artículo 151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La opción prevista en el párrafo anterior sólo se podrá ejercer cuando el enajenante de los títulos resida en un país en el que el impuesto sobre la renta que, en su caso, hubiere resultado a su cargo por la ganancia que se hubiere obtenido, como si se tratara de su único ingreso, sea igual o superior al 70% del impuesto que se hubiera causado en México de haber sido percibidos dichos ingresos por una persona moral residente en el país.
Artículo 151-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La opción prevista en el párrafo anterior sólo se podrá ejercer cuando el enajenante de los títulos resida en un país en el que el impuesto sobre la renta que, en su caso, hubiere resultado a su cargo por la ganancia que se hubiere obtenido, como si se tratara de su único ingreso, sea igual o superior al 70% del impuesto que se hubiera causado en México de haber sido percibidos dichos ingresos por una persona moral residente en el país.
Artículo 154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. 15% a los intereses pagados a las siguientes personas, siempre que estén registradas para estos efectos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que proporcionen a la misma, la información que ésta solicite por reglas generales sobre financiamientos otorgados a residentes en el país:
Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable a los intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de los títulos de crédito que se encuentren en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 125 de esta Ley, así como a los colocados en el extranjero a través de bancos o casas de bolsa, siempre que los documentos en los que conste la operación de financiamiento correspondiente se encuentren inscritos en la Sección Especial del Registro Nacional de Valores e Intermediarios.
Artículo 154-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Los que deriven de créditos concedidos al Gobierno Federal.
II. Los que se deriven de créditos a plazo de tres o más años, concedidos o garantizados por entidades de financiamiento residentes en el extranjero dedicadas a promover la exportación mediante el otorgamiento de préstamos o garantías en condiciones preferenciales, siempre que dichas entidades estén registradas para estos efectos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
III. Los que se deriven de créditos concedidos o garantizados en condiciones preferenciales por entidades de financiamiento residentes en el extranjero a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley, siempre que estas últimas los utilicen para el desarrollo de actividades de asistencia o beneficencia y que dichas entidades estén registradas para estos efectos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo quinto. Para efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, se aplicarán las siguientes disposiciones transitorias:
I. Los contribuyentes que tributen en el impuesto sobre la renta en los términos de los Títulos II, II-A y IV, Capítulo VI, Sección I, de la Ley respectiva podrán calcular el impuesto correspondiente al ejercicio de 1993 aplicando la tasa del 34.75%, en lugar de la del 35% que establecía el artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 1993. La tasa del 34.75% también será aplicable al último pago provisional correspondiente al ejercicio de 1993 que efectúen los contribuyentes en el mes de enero de 1994. Las personas morales que tributen en los términos del Título II-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que estén a lo dispuesto en esta fracción por el ejercicio fiscal de 1993, podrán aplicar, en lugar del factor que establecía el párrafo segundo del artículo 67 de dicha Ley vigente hasta el 31 de diciembre de 1993, el de 1.53.
Los contribuyentes que tributen en el impuesto sobre la renta en los términos del Título IV, Capítulo VI, Sección II, de la Ley respectiva podrán calcular el último pago provisional correspondiente al ejercicio de 1993 que efectúen en el mes de enero de 1994 e impuesto correspondiente al ejercicio de 1993, aplicando lo dispuesto en el tercer párrafo de los artículos 119-K y 119-B, respectivamente, de la Ley vigente a partir del 1o. de enero de 1994. Para estos efectos, los contribuyentes aplicarán la tasa del 34.75%, en lugar de la del 34% que establecen dichos párrafos.
II. Los contribuyentes podrán considerar el 25% como por ciento máximo autorizado para calcular la deducción de inversiones efectuadas a partir del 1o. de octubre de 1993, en los bienes a que se refieren los artículos 44, fracción VI y 138, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para la deducción de las inversiones efectuadas en los bienes citados antes del 1o. de octubre de 1993, se continuará considerando el 20% como por ciento máximo autorizado.
III. Los contribuyentes podrán considerar el 50% como por ciento máximo autorizado para calcular la deducción de inversiones efectuadas a partir del 1o. de octubre de 1993 en los bienes a que se refiere la fracción X del artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para la deducción de las inversiones efectuadas en los bienes citados antes del 1o. de octubre de 1993, se continuará considerando el 35% como por ciento máximo autorizado.
IV. Quienes hagan las retenciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a contribuyentes que sean de los mencionados en el artículo 80-B de la misma, deberán determinar el impuesto a cargo de dichos contribuyentes en sus pagos mensuales, así como el impuesto anual a su cargo correspondiente al ejercicio de 1993, conforme a lo dispuesto en esta fracción. Para estos efectos, las reformas y adiciones a los artículos 24, fracción V, segundo párrafo; 25, fracción I, segundo párrafo; 81; 83; 83-A; 119-E, fracción XIII; 136, fracción VII, segundo párrafo, y 137, fracción I, así como la adición del artículo 80-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta serán aplicables a partir del 1o. de octubre de 1993.
Las personas que realicen pagos a los contribuyentes que tengan derecho al crédito al salario a que se refiere el artículo 80-B de la Ley citada deberán entregarles las cantidades que, en su caso, resulten a su favor al aplicar lo dispuesto en el citado artículo a partir del 1o. de octubre de 1993, a más tardar en la fecha en que realicen el primer pago por concepto de salarios una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente Ley. Para estos efectos, la tabla que se aplicará para efectuar los cálculos a que se refiere este párrafo será la que a continuación se establece, de acuerdo con el área geográfica del contribuyente, en lugar de la contenida en el artículo 80-B citado.
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Las personas que efectúen los pagos a los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, determinarán el impuesto a cargo de estos últimos por el año de calendario de 1993 conforme a lo dispuesto en los párrafos tercero y siguientes del artículo 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, aplicando la tabla que a continuación se establece, de acuerdo con el área geográfica del contribuyente, en lugar de la contenida en el artículo citado.
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En los casos que el impuesto del año de calendario de 1993 a cargo del contribuyente sea menor que el crédito al salario anual que se obtenga de conformidad con el artículo 81 y lo previsto en esta fracción, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la compensación por las cantidades enteradas por el propio contribuyente o las que le hubieren sido retenidas.
Quienes hagan las retenciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a contribuyentes distintos de los mencionados en el artículo 80B de la misma, deberán determinar los pagos mensuales y el impuesto anual a cargo de dichos contribuyentes por el ejercicio de 1993 en los términos de los artículos 80, 81 y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor de la presente Ley.
V. Los residentes en el extranjero que obtengan ingresos por intereses de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional en términos de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, causarán el impuesto sobre la renta, hasta el 31 de diciembre de 1995, a la tasa del 4.9%, en lugar de la tasa del 15% prevista en la fracción I de dicho artículo y la tasa del 10%, en lugar de la tasa del 21%, respecto de los supuestos previstos en la fracción II del citado precepto, siempre que, en cada caso, se cumpla con los requisitos que establece la fracción respectiva. No serán aplicables las tasas del 4.9% o del 10% a que se refiere este párrafo cuando el beneficiario efectivo de los intereses resida en un país en el que el impuesto sobre la renta que, en su caso, hubiere resultado a su cargo por los ingresos por intereses antes mencionados, como si se tratara de su único ingreso, sea inferior al 70% del impuesto que se hubiera causado en México, de haber sido percibidos dichos ingresos por una persona moral residente en el país.
Los residentes en el extranjero que obtengan ingresos por arrendamiento financiero en términos de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, causarán el impuesto sobre la renta, hasta el 31 de diciembre de 1995, a la tasa del 10%, en lugar de la tasa del 15% prevista en dicho artículo. No será aplicable la tasa del 10% a que se refiere este párrafo cuando el beneficiario efectivo de los ingresos resida en un país en el que el impuesto sobre la renta que, en su caso, hubiere resultado a su cargo por los ingresos antes mencionados, como si se tratara de su único ingreso, sea inferior al 70% del impuesto que se hubiera causado en México de haber sido percibidos dichos ingresos por una persona moral residente en el país.
Las instituciones de crédito residentes en el extranjero cuyas acciones con derecho a voto sean propiedad en más del 90% de una institución de crédito del país, así como los establecimientos en el extranjero de estas últimas instituciones, causarán el impuesto, hasta el 31 de diciembre de 1995, a la tasa del 4.9%, en lugar de la tasa del 15% prevista en los artículos 154, fracción I y 52-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
respectivamente, por los ingresos por intereses que perciban del capital que coloquen o inviertan en el país, siempre que cumplan con lo dispuesto en los preceptos citados y proporcionen la información que les solicite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre financiamientos otorgados, directa o indirectamente, a residentes en el país.
También les será aplicable la tasa del 4.9% a que se refiere esta fracción a los intereses exigibles a partir del 1o. de octubre de 1993, que tengan como beneficiario efectivo a entidades de financiamiento o bancos extranjeros a que se refieren los incisos a, o b, de la fracción I del artículo 154 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que cumplan con los requisitos que señala dicha fracción, así como a los intereses exigibles a partir del 1o. de octubre de 1993, a favor de establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, en los términos del artículo 52B de dicha Ley.
VI. Las asociaciones religiosas constituidas en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público cumplirán a partir del 1o. de julio de 1994 con las obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta en los términos del Título III de la ley de la materia.
DISPOSICIONES DE VIGENCIA ANUAL
Artículo sexto. Durante el año de 1994, para la aplicación de las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que enseguida se mencionan, se estará a lo siguiente:
I. Para los efectos de la fracción XIX, del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el año de 1994 la tasa de interés será del 10%.
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
Artículo séptimo. Se reforma el artículo 9o., segundo y cuarto párrafos de la Ley del Impuesto al Activo, para quedar como sigue:
"Artículo 9o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando en el ejercicio se determine impuesto sobre la renta por acreditar en una cantidad que exceda al impuesto al activo del ejercicio, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que hubieran pagado en el impuesto al activo, en los 10 ejercicios inmediatos anteriores, siempre que dichas cantidades no se hubieran devuelto con anterioridad. La devolución a que se refiere este párrafo en ningún caso podrá ser mayor a la diferencia entre ambos impuestos.
El impuesto al activo efectivamente pagado en los 10 ejercicios inmediatos anteriores a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, se actualizará por el período comprendido desde el sexto mes del ejercicio en que se pagó, hasta el sexto mes del ejercicio en el cuál el impuesto sobre la renta exceda al impuesto al activo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
Artículo octavo. La reforma a la Ley del Impuesto al Activo, entrará en vigor a partir del 1o. de octubre de 1993.
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
Artículo noveno. Se reforman los artículos 2o., fracción I, incisos I, y J; 3o., fracciones VI, VII y VIII; 4o., fracción II, segundo párrafo; 11, tercer párrafo; 14, primer párrafo; 19, fracción II, tercer párrafo; se adicionan los artículos 2o., fracción I, con un inciso K; 2o-A; 2o-B; 4-A; 11 con un cuarto párrafo, pasando el actual cuarto a ser quinto párrafo, a la misma Ley; y se derogan los artículos 2o., fracción I, inciso G; 3o., fracción XIII y 8o., fracción VI, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) a F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G) (Se deroga).
H). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I) Gasolinas: La tasa que resulte para el mes de que se trate en los términos de los artículos 2o-A y 2o-B de esta Ley.
J) Diesel: La tasa que resulte para el mes de que se trate en los términos de los artículos 2o-A y 2o-B de esta Ley.
K) Gas natural para combustión automotriz 60%
Artículo 2o-A. La tasa aplicable en cada mes para la enajenación de gasolinas o diesel será la que resulte para cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos conforme a lo siguiente:
I. El precio de referencia ajustado por calidad, cuando proceda, que se determine para el combustible de que se trate de acuerdo con la fracción VI de este artículo, se adicionará con el costo neto de transporte a la agencia de ventas de que se trate en el período comprendido del día 26 del segundo mes anterior al día 25 del mes inmediato anterior a aquél por el que se calcule la tasa, sin incluir, en este último caso, el impuesto al valor agregado.
II. Se multiplicará por el factor de 0.8741 para gasolinas, diesel automotriz y diesel sin, por 0.9615 para diesel industrial y por 0.9434 para el diesel marino, el monto que se obtenga de adicionar a la comisión que haya pagado Petróleos Mexicanos a los expendios autorizados por el combustible de que se trate en el período citado, los costos netos de transporte del combustible de la agencia de ventas de que se trate al establecimiento del expendedor incurridos durante dicho período, sin incluir, en ambos casos, el impuesto al valor agregado.
III. Se multiplicará por el factor de 0.7947 para gasolinas, diesel automotriz y diesel sin, por 0.8741 para el diesel industrial y por 0.8576 para el diesel marino, el precio de venta al público del combustible de que se trate, vigente en la zona geográfica correspondiente en el período citado.
IV. El monto que resulte conforme a la fracción III se disminuirá con las cantidades obtenidas conforme a las fracciones I y II de este artículo.
V. La cantidad determinada conforme a la fracción IV se dividirá entre el monto que se obtuvo conforme a la fracción I de este artículo y el resultado se multiplicará por 100. El porcentaje que se obtenga será la tasa aplicable al combustible de que se trate, que enajene la agencia correspondiente durante el mes por el que se calcula la tasa.
VI. El precio de referencia para cada uno de los combustibles a que se refiere la fracción I de este artículo, será el promedio de las cotizaciones del día 26 del segundo mes anterior al día 25 del mes inmediato anterior a aquél por el que se calcula la tasa, convertidas a nuevos pesos con el promedio del tipo de cambio de venta del dólar de los Estados Unidos de América que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, como sigue:
a) Gasolinas: el promedio del precio spot de la gasolina regular sin plomo vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América.
b) Diesel automotriz: el promedio del precio spot "fuel oil" número 2,0.2% de azufre, vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América.
c) Diesel sin: el promedio del precio spot "fuel oil" número 2,0.05% de azufre, vigente en la Costa del Golfo o en la Costa Oeste, Los Angeles, California, de los Estados Unidos de América.
d) Diesel industrial en la Costa del Golfo: el promedio del precio spot "fuel oil" número 2, 0.2% de azufre, vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América.
e) Diesel industrial en la Costa del Pacífico: el promedio del precio spot "fuel oil" número 2, 0.5% de azufre, vigente en la Costa Oeste, Los Angeles, California, de los Estados Unidos de América.
f) Diesel marino en la Costa del Golfo: el promedio del precio spot del "marine diesel", vigente en Houston, Texas, de los Estados Unidos de América.
g) Diesel marino en la Costa del Pacífico: el promedio del precio spot del "marine diesel", vigente en Los Angeles, California, de los Estados Unidos de América.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, dará a conocer los elementos para determinar los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de transporte y la comisión a los expendios autorizados a que se refiere este artículo. La citada dependencia realizará mensualmente las operaciones aritméticas para calcular las tasas aplicables para cada combustible y en cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y las publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 2o-B. La tasa aplicable para la importación de gasolinas o diesel será la menor de las que resulten para la enajenación del combustible de que se trate en los términos del artículo 2o-A de esta Ley, vigente en el mes en que se realice la importación.
Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Gas natural para combustión automotriz, el gas natural extraído del subsuelo o de cualquier
otra fuente, que se destine a la carburación automotriz.
VII. Diesel industrial, el combustible líquido derivado del petróleo crudo que se obtiene por procedimientos de destilación y conversión que no se utilice para la carburación automotriz.
VIII. Diesel marino, el combustible líquido derivado del petróleo crudo que se obtiene por procedimientos de destilación y conversión que se utilice exclusivamente como combustible en los vehículos marinos.
XIII. (Se deroga).
Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán acreditar el impuesto por las importaciones de gasolinas, diesel y gas natural para combustión automotriz.
Artículo 4o-A. Las personas que adquieran diesel industrial o marino para su consumo final podrán acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de estos combustibles. Para estos efectos, el monto que dichas personas podrán acreditar será el que se señale expresamente y por separado en el comprobante correspondiente.
En los casos en que los combustibles citados se adquieran de agencias o distribuidores autorizados, el impuesto que las personas antes mencionadas podrán acreditar, será el que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación a dichas agencias o distribuidores del combustible de que se trate, en la parte que corresponda al combustible que las mencionadas agencias o distribuidores comercialicen a esas personas.
El acreditamiento antes mencionado podrá efectuarse contra las contribuciones federales que al efecto determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades acreditables a que se refiere este artículo.
Artículo 8o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. (Se deroga).
Artículo 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los productores o importadores de cigarros para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes considerarán como valor el precio de venta al detallista. Tratándose de la enajenación de los combustibles a que se refieren los incisos I, y J, de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los productores o importadores para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes considerarán como valor el precio a que se refiere la fracción I, del artículo 2o-A de esta Ley, multiplicado por el factor de 1.144 para gasolinas, diesel automotriz y diesel sin, por 1.04 para el diesel industrial y por 1.06 para el diesel marino.
El impuesto a que se refiere el párrafo anterior no se pagará por las enajenaciones subsecuentes.
Artículo 14. Para calcular el impuesto tratándose de importación de bienes, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de las contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado.
Artículo 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando se trate de enajenación de gasolinas, gas natural y del diesel a que se refiere la fracción XVII del artículo 3o., así como de la prestación de servicios gravados por esta Ley, en el comprobante que se expida, en ningún caso se hará la separación expresa del monto de este impuesto debiendo ofrecerse estos bienes o servicios incluyendo el impuesto en el precio o contraprestación. Tratándose de la enajenación de diesel industrial y marino a que se refieren las fracciones VII y VIII, del artículo 3o. de esta Ley, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios
o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
Artículo décimo. Las personas que hayan adquirido para su consumo diesel industrial o marino a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 3o., durante el período comprendido del 1o. de octubre al 31 de diciembre de 1993, podrán efectuar el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios, que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de dicho combustible. Para estos efectos, el impuesto especial sobre producción y servicios que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar el precio de adquisición del citado combustible que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.1515.
El acreditamiento antes mencionado podrá efectuarse contra las contribuciones federales que al efecto determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades acreditables a que se refiere el párrafo anterior.
DISPOSICIONES DE VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
Artículo decimoprimero. Durante el año de 1994 y para efectos del artículo 2o., fracción I, inciso H, subinciso 2, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, son cigarros populares sin filtro los que al 1o. de enero de 1994 tengan un precio máximo al público que no exceda de 8 centavos de nuevos pesos por cigarro.
Artículo decimosegundo. Durante el año de 1994, se aplicará al gas natural para combustión automotriz la tasa del 50%, en lugar de la del 60% a que se refiere el inciso K, de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Artículo decimotercero. Durante el año de 1994, se prorroga la vigencia de la fracción V del artículo decimoprimero de las disposiciones de vigencia anual de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales para 1992 y las modificaciones a dicha fracción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1992.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
Artículo decimocuarto. Se reforma el artículo 2o., segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tampoco se pagará el impuesto establecido en esta Ley en las adquisiciones de inmuebles que hagan los arrendatarios financieros al ejercer la opción de compra en los términos del contrato de arrendamiento financiero."
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
Artículo decimoquinto. Los Estados, en los términos del artículo 9o., fracción II de la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, contarán con un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de lo dispuesto en el artículo decimosexto siguiente de esta Ley, para incorporar en su legislación local o municipal, lo dispuesto en este último precepto.
DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
Artículo decimosexto. Las asociaciones religiosas constituidas en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, no pagarán el impuesto establecido en la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, por las adquisiciones que realicen hasta el 31 de diciembre de 1994.
LEY FEDERAL DE DERECHOS
Artículo decimoséptimo. Se reforman los artículos 1o. penúltimo párrafo; 2o., tercer y cuarto párrafos; 10; 14-A, primer párrafo, fracción I, incisos a) y b), y último párrafo del artículo; 19-B, segundo párrafo; 19-C, primer párrafo y Apartado A, primer párrafo; 19-E, fracción II; 22, fracción III, incisos a) y c); 24, fracciones
I y III; 26, primer párrafo, fracciones III, primer párrafo e inciso a, y V, primer párrafo e inciso a; 31, fracción I, primer párrafo; 31-B, fracciones II y IV; 32, fracciones I, incisos a) a h) y j) a m), II, incisos a) y b), y III, incisos a) a c); 33, fracciones I, inciso a), subincisos 1 a 5, inciso b), subincisos 1, 2, 3, 5 y 6, II, incisos a) y b), III, inciso a), subinciso 1, inciso b), subincisos 1 y 2, IV y V; 33-A, fracciones II, incisos a) y b), IV, V, VI y VIII; 35, último párrafo; 50-B; 70, fracciones IV y VII; 71, fracción I; 72, fracciones I, VI, VII, VIII y IX; 74, fracciones II y IV; 86-A, fracciones I, III y V; 128-D, fracción III; 148, Apartados A, fracciones III, inciso ñ), IV, incisos a) y b) y último párrafo, B, fracciones I, primer párrafo e incisos a), subincisos 1 y 2, y b), subincisos 1, 2 y 3, II y III, primer párrafo e incisos a), subincisos 1 y 2, y b), subincisos 1, 2 y 3, E, fracciones V, primer párrafo e inciso c) y X, incisos a) y b); 153; 162, Apartados A, fracciones I, primer párrafo, II, III, IV y V, y C, fracciones II, VII, VIII y IX; 170, Apartado A, fracción II, primer párrafo; 174-A; 174-D; 174-F, primer párrafo; 174-G, primer párrafo; 174-I, primer párrafo; 184, primer párrafo, fracciones I, II, IV y XXVI; 185, fracción XI; 199-A, primer párrafo; 213, primer párrafo; 214, segundo y tercer párrafos; 215; 216; 220, primer párrafo; 221, segundo y tercer párrafos; 221-A; 221-B; 223, Apartados A, fracciones I, tercer párrafo, II, III y IV y B, fracción II; 224, fracción V; 231, zonas de disponibilidad 1, 2 y 4; 232, fracción IV, pasando la actual fracción IV a ser fracción V y la actual fracción V, a ser fracción VI; 263, último párrafo; 287, primer párrafo de la Ley Federal de Derechos; se adicionan los artículos 6o., con un párrafo segundo, pasando los actuales párrafos segundo, tercero y cuarto, a ser tercero cuarto y quinto, respectivamente; 19-A, con un segundo párrafo; 19-E, con un último párrafo; 25, con una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser XIII; 33 fracción I, inciso b), con un subinciso 7; 53-C, con un último párrafo; 81, con un segundo párrafo; el Título I, Capítulo VII, con las Secciones Quinta, que comprende los artículos 90-F y 90-G y Sexta, que comprende el artículo 90-H; 184, con las fracciones XXVIII y XXIX; 185, con una fracción XII; 186, fracciones VIII con un inciso c), X, con un inciso c), y XXIV, con un inciso c); 195-R; 224, con una fracción VII; 231-A; 232, fracción I, con un último párrafo; 282-A, con los párrafos cuarto y quinto; 287, con los párrafos cuarto y quinto, a dicha Ley; y se derogan los artículos 19-C, Apartado B; 19-D; 22, fracción III, inciso b); 26, fracción IV; 71, fracciones II, IV y V; 77; 86-A, fracción VII; 87; 88; 89; 90; 120, fracción IV; 121, fracción IV; 128-A; 148, Apartados C, fracción IV, D, fracciones I, inciso c), II, y E, fracción V, incisos g) e i); 162, Apartado A, fracción I, incisos a), b) y c); la Sección Primera del Capítulo IX del Título I, que incluye los artículos 173 y 173-A; 174-H; 184, fracción III; 195; 195-N; 254; 255; 256; 257; 257-A; 258 y 259 de la propia Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:
"Artículo 1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La actualización de las cuotas de los derechos se calculará sobre el importe de las cuotas vigentes. Las cuotas de los derechos que contengan tasas sobre valor no se incrementarán mediante la aplicación de los factores a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo.
Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando se constituyan o modifiquen organismos descentralizados que en cumplimiento del objeto para el que fueron creados presten servicios exclusivos del Estado o usen o aprovechen bienes del dominio público de la nación, estarán obligados a pagar por concepto de derechos el 10% de sus ingresos mensuales totales provenientes de la realización de las actividades propias de su objeto.
Los derechos que están obligados a pagar los organismos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado en cumplimiento del objeto para el que fueron creados, se destinarán al organismo de que se trate en caso de encontrarse en estado deficitario para cubrir sus gastos de operación, conservación, mantenimiento e inversión hasta por el monto de la deficiencia presupuestal correspondiente. Esta circunstancia y el monto correspondiente se determinará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que, en su caso, podrá otorgar la autorización respectiva. Las cantidades excedentes no tendrán destino específico.
Artículo 6o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando en un mismo acto el contribuyente deba efectuar el pago de dos o más derechos, deberá considerar, en todo caso, la cuota sin ajuste que corresponda a cada derecho, y sólo a la suma de los mismos se aplicará el ajuste a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 10. Para el otorgamiento de la calidad de inmigrado, se pagarán las siguientes cuotas:
I. Por la expedición de la declaratoria de inmigrado N$506.00.
II. Por la expedición de permisos a inmigrados para ejercer otras actividades distintas a las que le hubieran sido autorizadas, por cada uno N$506.00.
Artículo 14-A. Por los servicios migratorios que se presten en días inhábiles o fuera del horario de trámite ordinario señalado por la Secretaría de Gobernación, o en lugares distintos a las oficinas migratorias, las empresas de transporte pagarán el derecho por servicios migratorios extraordinarios, conforme a las siguientes cuotas:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Por cada revisión de la documentación de la tripulación en embarcaciones cargueras, al desembarque y despacho, respectivamente N$740.00.
b) Por cada revisión de la documentación de la tripulación de las embarcaciones turísticas comerciales, al desembarque y despacho, respectivamente N$443.00.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No se pagarán los derechos por servicios migratorios extraordinarios, cuando por causas no imputables al contribuyente, los servicios migratorios se tengan que proporcionar en días y horas inhábiles o en lugares distintos a las oficinas migratorias.
Artículo 19-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los ingresos que se obtengan por el derecho de publicaciones a que se refiere este artículo, se destinarán al Diario Oficial de la Federación.
Artículo 19-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los poderes Legislativo y Judicial, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, los gobiernos de las entidades federativas, pagarán los derechos correspondientes cuando se trate de publicaciones de convocatorias para licitaciones públicas, así como de los documentos cuya inserción ordenen en la Sección de Avisos del Diario Oficial de la Federación.
Artículo 19-C. Por los servicios de supervisión de películas o de material videograbado en cualquiera de sus formas para exhibición y su difusión comercial, se pagará el derecho de cinematografía, conforme a las siguientes cuotas:
A. Supervisión de películas para su exhibición comercial en cinematógrafo o televisión a difundirse con fines comerciales, incluidas la venta o renta:
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. (Se deroga).
C y D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 19-D. (Se deroga).
Artículo 19-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Autorización hasta por un año fiscal, para la transmisión y distribución de señales provenientes del extranjero en México, por hora o fracción N$82.00.
III a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En los casos de programas seriados o eventos a transmitirse en plazos determinados de tiempo, los sistemas de televisión por cable y de señal restringida, pagarán el derecho a que se refiere la fracción II de este artículo, por única vez, respecto del tiempo de transmisión del programa seriado en un día, o respecto del tiempo promedio diario de transmisión del evento de que se trate.
Artículo 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Certificados de análisis, de libre venta, de origen y médicos, por cada uno N$100.00.
b) (Se deroga).
c) Certificados fitosanitarios, por cada uno N$199.00.
d) a h). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. La legalización de firmas de documentos:
a) Cuando sean relacionados con asuntos penales.
b) A solicitud de dependencias del Ejecutivo Federal cuando exista disposición legal que las exija para el objeto a que se destinen.
c) Las que soliciten estudiantes extranjeros para realizar sus estudios en territorio nacional, en caso de reciprocidad del país del que son nacionales.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Los que soliciten indigentes y pensionados de nacionalidad mexicana para justificar su situación legal en el país en que residan, la de su familia y sus bienes para su repatriación.
IV y V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII. Para que las instituciones y organizaciones auxiliares del crédito adquieran por adjudicación o de cualquier otra forma, inmuebles en la zona restringida del territorio nacional N$500.00
XIII. Los no especificados en las fracciones anteriores N$81.00
Artículo 26. Por los servicios que se presten en materia de nacionalidad y naturalización, a que se refiere el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable, se pagará el derecho de trámite de nacionalidad y naturalización, conforme a las siguientes cuotas:
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. En las cartas de naturalización a que se refieren la fracción II del Apartado B del citado precepto constitucional y el artículo 17 de la Ley de Nacionalidad:
a) Por la recepción, estudio y expedición de cada carta N$346.00
b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. (Se deroga).
V. En los certificados de recuperación de nacionalidad mexicana a que se refiere la Ley de Nacionalidad:
a) Por la recepción y examen de cada solicitud de certificado N$102.00
b) y c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Las instituciones de fianzas pagarán el equivalente al 4% de las primas que perciban.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 31-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Inscripción de intermediarios en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios N$4,428.00
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades valuadoras de acciones de sociedades de inversión e instituciones calificadoras de valores N$4,428.00
V y VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Acciones y obligaciones emitidas por sociedades anónimas. 1.8 al millar por los primeros N$184'911,707.00 y 0.9 al millar por el excedente, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$2175,432.00
b) Certificados de aportación patrimonial o acciones emitidas por sociedades controladoras de grupos financieros, casas de bolsa, instituciones de crédito, de seguros, de fianzas u organizaciones auxiliares del crédito. 1.8 al millar por los primeros N$184'911,707.00 y 0.9 al millar por el excedente, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$2'175,432.00
c) Títulos de crédito y otros documentos que sean objeto de oferta pública que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de propiedad o de participación en el capital de personas morales, emitidos por sociedades anónimas y otras entidades... 1.8 al millar por los primeros N$184'911,707.00 y 0.9 al millar por el excedente, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$2'175,432.00
d) Títulos de crédito y otros documentos respecto de los cuales se realice oferta pública, que otorguen a sus titulares derechos de crédito (inscripción con vigencia máxima de 1 año)... 0.9 al millar por los primeros N$184'911,707.00 y 0.45 al millar por el excedente en ambos casos, en proporción al plazo de la vigencia de la emisión o de su ampliación.
e) Pagarés, documentos con garantía fiduciaria y otros valores distintos de los señalados en esta fracción... 1.8 al millar por los primeros N$184' 911,707.00 y 0.9 al millar por el excedente en ambos casos, en proporción al plazo de la vigencia de la emisión o de su ampliación.
f) Bonos u obligaciones emitidos o garantizados por sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, de seguros, de fianzas u organizaciones auxiliares del crédito... 0.9 al millar por los primeros N$184'911,707.00 y 0.45 al millar por el excedente.
g) Otros títulos suscritos o emitidos por instituciones de crédito y organizaciones auxiliares del crédito, representativos o no de un pasivo a su cargo por clase de valor... 0.9 al millar por los primeros N$184'911,707.00 y 0.45 al millar por el excedente.
h) Valores emitidos por el Gobierno Federal, por emisión. N$141,792.00
i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) Acciones de sociedades de inversión...1.5 al millar respecto del monto total del capital pagado.
k) Valores emitidos por organismos descentralizados del Gobierno Federal... 0.9 al millar respecto al monto inscrito por los primeros N$184'911, 707.00 y 0.45 al millar por el excedente.
l) Valores emitidos por los Estados y Municipios, así como por sus entidades descentralizadas 0.75 al millar respecto al monto inscrito, por los primeros N$192'174,109.00 y 0.375 al millar por el excedente.
m) Documentos que sean objeto de oferta pública denominados títulos opcionales, emitidos por sociedades anónimas, casas de bolsa e instituciones de crédito... 0.9 al millar respecto al monto total de las primas de emisión.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Casas de bolsa y especialistas bursátiles N$455,404.00
b) Por la apertura de oficinas de casas de bolsa y especialistas bursátiles, por cada oficina N$3,267.00
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Valores emitidos en México o por personas morales mexicanas, respecto de los cuales se haga oferta en el extranjero, por emisión N$91,081.00
b) Valores de renta fija emitidos por instituciones de crédito para ser materia de oferta pública en el extranjero, por emisión N$91,081.00
c) Valores de renta fija emitidos por organismos descentralizados del Gobierno Federal, respecto de los cuales se haga oferta en el extranjero, por emisión N$91,081.00
Artículo 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Sociedades anónimas con sólo acciones inscritas... 1.12 al millar respecto al capital social más reservas de capital, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$98, 755.00
2. Sociedades anónimas con acciones y obligaciones inscritas, pagarán por éstas últimas... 0.75 al millar respecto al monto en circulación de la emisión, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$24, 689.00
3. Sociedades anónimas con sólo obligaciones inscritas, sociedades u otras entidades que emitan títulos de crédito y otros documentos que sean objeto de oferta pública o de intermediación en el mercado de valores, que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de propiedad o de participación en el capital de personas morales; organismos descentralizados del Gobierno Federal, Gobiernos de los Estados y Municipios, así como organismos o empresas en que participen los mismos... 1.12 al millar respecto al monto en circulación de cada emisión, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$49,378.00
4. Sociedades de Inversión... 0.75 al millar sobre el capital social pagado y reservas de capital, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$61,722.00
5. Sociedades anónimas, casas de bolsa e instituciones de crédito que emitan títulos opcionales... 0.75 al millar respecto al monto total de la prima
de emisión de los títulos en circulación (inscripción con vigencia superior a un año).
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito y organizaciones auxiliares del crédito con certificados de aportación patrimonial o acciones inscritas... 1.12 al millar respecto del capital exhibido y reservas de capital, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$98,755.00
2. Sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, de seguros y de fianzas u organizaciones auxiliares del crédito, emisoras de bonos o de obligaciones... 1.12 al millar respecto al monto en circulación, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$61,722.00
3. Instituciones de crédito que emitan o intervengan en la emisión de valores de renta fija y que no afecten directamente su pasivo... 0.75 al millar respecto al monto en circulación, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$18,517.00
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Organizaciones auxiliares del crédito que emitan o suscriban otros títulos representativos de un pasivo a su cargo, por clase de valor... 0.75 al millar respecto al monto en circulación, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$45,541.00
6. Instituciones de seguros y fianzas emisoras de acciones... 1.12 al millar respecto del capital exhibido y reservas de capital, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$98,755.00
7. Otros refrendos de inscripción distintos a los señalados en este inciso N$18,517.00
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Casas de bolsa y especialistas bursátiles... 0.5 por ciento respecto de su capital contable, excluyendo plusvalía (minusvalía) de su cartera de valores y actualización patrimonial, sin que los derechos a pagar por este concepto sean inferiores a N$217,543.00
b) Oficinas de casas de bolsa y especialistas bursátiles, por cada oficina N$3,267.00
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Sociedades anónimas emisoras de valores colocados en el extranjero durante la vigencia de cada emisión N$ 9,108.00
b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Organismos descentralizados emisores de valores colocados en el extranjero, durante la vigencia de cada emisión N$ 9,108.00
2. Instituciones de crédito emisoras de valores colocados en el extranjero, durante la vigencia de cada emisión N$ 9,108.00
IV. Bolsa de valores, cuota anual por concepto de inspección y vigilancia... 0.5 por ciento respecto de su capital contable, excluyendo plusvalía (minusvalía) de su cartera de valores y actualización patrimonial, sin que los derechos a pagar por este concepto sean inferiores a N$ 217,543.00
V. Las certificaciones de las inscripciones, suspensiones, cancelaciones y anotaciones marginales que obren en los legajos del Registro y de los demás contenidos en sus apéndices, así como certificaciones de no existir asientos de ninguna especie o de especie determinada sobre valores específicos o correspondientes a algún intermediario, y en general por cualquier certificación, por cada una de ellas N$ 81.00
Artículo 33-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Por la autorización N$45,541.00
b) Por cada apertura de oficinas N$2,696.00
c) y d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Sociedades valuadoras de acciones de sociedades de inversión N$45,541.00
V. Instituciones para el depósito de valores, por concepto de inspección y vigilancia anual... 0.5 por ciento respecto de su capital contable, excluyendo actualización patrimonial, sin que los derechos a pagar por este concepto sean inferiores a N$115,298.00
VI. Sociedades controladoras de grupos financieros supervisadas por la Comisión Nacional
de Valores... 0.75 al millar respecto del capital social más reservas de capital, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de N$123,444.00 anuales.
VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Instituciones calificadoras de valores. N$45,541.00 anuales.
Artículo 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los derechos que se causen por el refrendo anual de la inscripción en el citado registro, así como los derivados de los servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional de Valores, deberán ser cubiertos en un solo pago que se efectuará dentro del primer bimestre de cada año calendario, excepto en el caso de los derechos a que se refieren los artículos 33, fracciones II, inciso a) y IV y 33-A, fracción V, los cuales podrán ser cubiertos en cuatro exhibiciones trimestrales que se efectuarán durante los primeros 10 días naturales de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año.
Artículo 50-B. Para los efectos de los artículos 49 y 50 de esta Ley, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no estarán obligados al pago de los derechos de trámite aduanero a que se refieren dichos preceptos, cuando importen o exporten gas natural, así como por el aprovisionamiento de combustible a embarcaciones de matrícula extranjera arrendados por dichos organismos para la realización de los fines que les son propios.
Artículo 53-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los ingresos que se obtengan por los derechos a que se refiere este artículo, se destinarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Por la visita de inspección que se practique por personal autorizado, a petición de parte interesada, para comprobar el cumplimiento de la legislación en materia de propiedad industrial o hechos relacionados con la aplicación de ésta, por cada establecimiento visitado N$191.00
V y VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Por el cambio de domicilio del titular de un derecho de propiedad industrial, por el cambio de ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicio, por el acreditamiento del nuevo apoderado o mandatario, así como por la toma de nota de otra información que sea proporcionada, por cada uno de los actos mencionados N$49.00
Artículo 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Por recepción y resolución de cada solicitud individual de inscripción y, en su caso, de documentos anexos. N$384.00
II. (Se deroga).
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. (Se deroga).
V. (Se deroga).
VI y VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Suscripción de acciones o partes sociales de sociedades o empresas por constituir con mayoría de inversión extranjera. N$1,000.00
II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Adquisición de acciones o partes sociales emitidas por sociedades mexicanas establecidas N$1,000.00
VII. Adquisición de activos fijos de empresas mexicanas establecidas N$1,000.00
VIII. Constitución de fideicomisos en los que participen o se deriven derechos para inversionistas extranjeros N$1,000.00
IX. Por constitución de nuevas sociedades y por aumento de capital social por inversión de extranjeros en empresas mexicanas utilizando el sistema de intercambio de deuda pública por capital N$1,000.00
X a XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Por la expedición de cada permiso de importación N$250.00
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Por modificación del permiso de importación N$250.00
Artículo 77. (Se deroga).
Artículo 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En aquellos casos en que las entidades federativas hayan celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en esta materia con la Federación, los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos señalados en el propio Convenio, relativos a esta Sección, se destinarán a la entidad federativa que los recaude para la instalación, equipamiento y mantenimiento de laboratorios de metrología legal que otorguen servicios de calibración y verificación de equipo de medición.
Artículo 86-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Por el registro para el funcionamiento y validación de laboratorios particulares de sanidad vegetal N$617.00
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Por la autorización para la importación y exportación de vegetales, sus productos y subproductos N$62.00
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Expedición del certificado fitosanitario para la exportación de vegetales, así como sus productos y subproductos N$62.00
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. (Se deroga).
Artículo 87. (Se deroga).
Artículo 88. (Se deroga).
Artículo 89. (Se deroga).
Artículo 90. (Se deroga).
SECCIÓN QUINTA
De los Parques Nacionales
Artículo 90-F. Por el acceso a los parques nacionales, se pagará el derecho de parques nacionales por persona o vehículo, conforme a las siguientes cuotas:
I. Adultos. N$10.00
II. Niños menores de 13 años N$2.00
III. vehículos automotores:
a) Motocicletas y automóviles N$11.00
b) Automóviles o Pick Up, con remolque o semirremolque N$22.00
c) Camiones y Omnibuses N$45.00
Tratándose de profesores, estudiantes, asilos de ancianos, federaciones de excursionismo, montañismo y deportivas que soliciten con anticipación ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos permiso para el acceso a los parques nacionales, pagarán el 50% del monto del derecho correspondiente.
Artículo 90-G. Por el otorgamiento de permisos o concesiones para el uso o goce de los parques nacionales, se pagará anualmente el derecho de permiso o concesión de inmuebles federales, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el otorgamiento de la concesión N$280.00
II. Por el otorgamiento del permiso N$56.00
III. Por el deslinde y levantamiento topográfico de la zona sujeta a concesión, por metro cuadrado... N$381.00
Estos derechos se pagarán independientemente de los que correspondan conforme al Título II de esta Ley.
SECCIÓN SEXTA
Otros Servicios
Artículo 90-H. Por los servicios que presta la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en materia de flora y fauna silvestre, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el registro y refrendo anual:
a) De clubes o asociaciones cinegéticas, por cada uno N$250.00
b) De criaderos de fauna silvestre y viveros de especies exóticas N$100.00
II. Por la expedición de permisos y, en su caso, de refrendos, anual o por temporada:
a) Para organizadores de expediciones cinegéticas, por temporada y por entidad federativa... N$3,639.00
b) Para taxidermistas N$160.00
c) Individuales para entrenamiento de perros de presa N$160.00
d) Para guías asistentes cinegéticos, por temporada N$157.00
e) Para comercialización ambulante de aves canoras y de ornato, en cada entidad federativa... N$22.00
f) Para comercialización establecida de aves canoras y de ornato N$160.00
g) Para comercialización al mayoreo de aves canoras y de ornato N$817.00
h) Para transportación de aves canoras y de ornato N$82.00
i) Para capturador de aves canoras y de ornato N$51.00
j) De zoológicos, circos y espectáculos, por cada uno N$54.00
k) Para criadores-organizadores de fauna silvestre por temporada y entidad federativa N$504.00
III. Trámite de solicitudes de importación definitiva, cualquiera que sea su resolución:
a) De trofeos de caza, por cada uno N$123.00
b) De animales de fauna silvestre provenientes del medio natural o de criadero, por ejemplar:
1. Aves canoras y de ornato N$1.00
2. Especies de acuario, incluyendo peces, tortugas de agua dulce e invertebrados en general... N$1.00
3. Especies menores para pie de cría, aprovechamiento o exhibición N$50.00
4. Especies mayores para pie de cría, aprovechamiento o exhibición N$50.00
5. Especies menores para venta directa al público, excepto aves canoras y de ornato N$5.00
6. Especies mayores para venta directa al público N$10.00
c) De animales de fauna silvestre para, fines no comerciales, por solicitud N$66.00
IV. Trámite de solicitudes de exportación, cualquiera que sea su resolución N$30.00
Artículo 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. (Se deroga).
Artículo 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. (Se deroga).
Artículo 128-A. (Se deroga).
Artículo 128-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. En los circuitos o canales telefónicos con cruce fronterizo para transmisión de voz o datos y sin enlace a la red telefónica de servicio público, se pagará anualmente por el permiso de cruce fronterizo. N$917.00
Artículo 148. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a n). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ñ) Para el servicio público de autotransporte federal de pasajeros, exclusivo de turismo, transporte terrestre de los puertos, aeropuertos y carga N$296.00
o) y p). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Para automotor, remolque y semirremolque del servicio de carga, por placa N$139.00
b) Para automotor del servicio de pasajeros y exclusivo de turismo, por placa N$139.00
Cuando los trámites a que se refiere este Apartado, fracciones III, incisos b), c), d), e), f) y g) y IV, sean realizados con motivo del alta de unidades de autotransporte federal, dentro de los seis meses inmediatos anteriores al término del año correspondiente, se pagará el 50% de los derechos.
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Canje o revalidación anual de autorizaciones de placas metálicas de identificación y calcomanías, dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas:
a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Reposición o resello de autorizaciones para automotores, remolques o semirremolques para el servicio de autotransporte federal, por vehículo N$19.00
2. Reposición o resello de autorizaciones para automotores, remolques y semirremolques para el servicio de autotransporte de petróleo y sus derivados, productos en vehículo tipo tanque, grúas para arrastre o salvamento de vehículos y transporte de automóviles en vehículo tipo góndola o madrina, grúa industrial, transporte de fondos y valores, materiales peligrosos y sus residuos.... N$19.00
b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Dos placas y calcomanía para automotor del servicio de carga N$277.00
2. Dos placas y calcomanía para automotor del servicio de pasaje N$277.00
3. Una placa y calcomanía para remolque y semirremolque N$138.00
II. Canje o revalidación anual de autorizaciones, placas metálicas de identificación y calcomanías, después del plazo señalado por las disposiciones respectivas:
a) Autorizaciones:
1. Reposición o resello de autorizaciones para automotores, remolques o semirremolques, para el servicio de autotransporte federal, por vehículo N$39.00
2. Reposición o resello de autorizaciones para automotores, remolques y semirremolques para el servicio de autotransporte de petróleo y sus derivados, productos en vehículo tipo tanque, grúas para arrastre o salvamento de vehículos y transporte de automóviles en vehículos tipo góndola o madrina, grúa industrial, transporte de fondos y valores, materiales peligrosos y sus residuos... N$103.00
b) Placas metálicas de identificación:
1. Dos placas y calcomanía para automotor del servicio de carga N$360.00
2. Dos placas y calcomanía para automotor del servicio de pasaje N$360.00
3. Una placa y calcomanía para remolque o semirremolque N$166.00
III. Canje o revalidación de autorizaciones, placas metálicas de identificación y calcomanías, por cada año que no haya revalidado:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Reposición o resello de autorizaciones para automotores, remolques y semirremolques, para el servicio de autotransporte federal, por vehículo N$47.00
2. Reposición o resello de autorizaciones para automotores, remolques y semirremolques para el servicio de autotransporte de petróleo y sus derivados, productos en vehículo tipo tanque, grúas para arrastre o salvamento de vehículos y transporte de automóviles en vehículo tipo góndola o madrina, grúa industrial, transporte de fondos y valores, materiales peligrosos y sus residuos... N$50.00
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Dos placas y calcomanía para automotor del servicio de carga N$443.00
2. Dos placas y calcomanía para automotor del servicio de pasajeros y servicio exclusivo de turismo N$443.00
3. Una placa y calcomanía para remolque y semirremolque N$194.00
C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. (Se deroga).
D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) (Se deroga).
d) y e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. (Se deroga).
E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Modificación o cambio de vehículos en título de concesión, cédula de identificación, permisos y tarjeta de circulación:
a) y b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Tarjeta de circulación:
1. Para automotor, remolque y semirremolque para el servicio público de autotransporte, por vehículo N$18.00
2. Para automotores, remolques o semirremolques para el transporte de petróleo y sus derivados, productos en vehículos tipo tanque, grúas para arrastre o salvamento de vehículos, transporte de automóviles en vehículos tipo góndola o madrina grúa industrial, transporte de fondos y valores, materiales peligrosos y sus residuos N$50.00
3. Para efectuar el servicio de transporte de personas de puertos, aeropuertos y terminales centrales de autobuses de pasajeros a sus correspondientes ciudades y viceversa N$19.00
d) a f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) (Se deroga).
i) (Se deroga).
VI a X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Para automotores, remolques o semirremolques para el servicio público federal de autotransporte, por vehículo N$18.00
b) Para automotores, remolques o semirremolques para el transporte de petróleo y sus derivados, productos en vehículo tipo tanque, grúas para arrastre o salvamento de vehículos, transporte de automóviles en vehículo tipo góndola o madrina, grúa industrial, transporte de fondos y valores, materiales peligrosos y sus residuos N$79.00
XI a XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 153. Por los servicios relativos al Registro Aeronáutico Mexicano, se pagará el derecho de registro aeronáutico de acuerdo con las siguientes cuotas:
I. Por las inscripciones que se realicen en el Registro a que se refiere este artículo:
a) De aeronaves N$7,000.00
Tratándose de la inscripción de aeronaves propulsadas con motores de pistón, se pagará el 25% del derecho establecido en este inciso.
b) De permisos relativos a los servicios públicos de transporte aéreo regular y no regular, de vuelos de fletamento nacional e internacional que se otorguen por cada aeronave, de operación para aeronaves de servicio privado y operación de aeródromos, así como sus respectivas modificaciones N$352.00
c) De la escritura constitutiva, sus modificaciones, aumento o disminución de capital social, transmisión de acciones y poderes notariales N$1,251.00
II. Por otros servicios prestados por el Registro N$196.00
Artículo 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Por la anotación de documentos públicos o privados o de resoluciones judiciales o administrativas por virtud de las cuales se establezca, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique o extinga la propiedad o posesión de buques N$56.00
a) (Se deroga).
b) (Se deroga).
c) (Se deroga).
II. Por gravámenes a la propiedad de los buques N$56.00
III. Por los derechos preferentes de pago que constituyen privilegios marítimos distintos de los derechos comunes reales de conformidad con la legislación aplicable a la navegación y comercio marítimo N$56.00
IV. Por contratos de arrendamiento o cualquier otro por el que se otorgue el uso y goce del buque... N$56.00
V. Por la cancelación de cualquiera de los actos especificados en este Apartado N$97.00
VI y VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Instrumentos públicos en los que se consigne la constitución, aumentos de capital social o fusión de sociedades N$56.00
III a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Tratándose de gravámenes N$56.00
VIII. Contrato de crédito hipotecario y de habilitación o de avío, de conformidad con la legislación aplicable N$56.00
IX. Contrato de construcción de navío N$56.00
X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D y E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Por la supervisión que se proporcione en días y horas de descanso por disposición de la Ley, por cada turno de cuatro horas:
a) y b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO IX
De la Secretaría de Desarrollo Social
SECCIÓN PRIMERA
De los Parques Nacionales
(Se deroga esta Sección).
Artículo 173. (Se deroga).
Artículo 173-A. (Se deroga).
Artículo 174-A. Por los servicios que a continuación se señalan se pagará el derecho por servicios de flora y fauna silvestres, conforme a las siguientes cuotas:
A. Por el registro y refrendo anual:
I. De viveros comerciales de flora silvestre con especies terrestres y acuáticas, raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, de la que México forma parte N$90.00
II. De mascotas de fauna silvestre raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, de la que México forma parte N$82.00
III. De aves de presa consideradas como raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, de la que México forma parte N$64.00
IV. De viveros no comerciales de flora silvestre con especies terrestres y acuáticas, raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, de la que México forma parte N$20.00
No se pagará por el refrendo anual del registro a que se refiere la fracción II de este Apartado.
B. Por la expedición de permisos y, en su caso, de refrendos, anual o por temporada, así como por la expedición de certificados:
I. Para colecta científica realizada en el país, por extranjeros N$2,390.00
Las personas que realicen colecta científica en el país, bajo algún convenio de cooperación internacional con el Gobierno Federal o con alguna institución mexicana, no pagarán este derecho.
II. Trámite de solicitudes para la expedición de certificados relacionados con la exportación, importación o reexportación de especies terrestres y acuáticas, raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, de la que México forma parte:
a) De trofeos de caza, por cada uno N$123.00
b) De animales de fauna silvestre para comercialización:
1. De especies mayores, por cada uno N$403.00
2. De especies menores, por cada uno N$202.00
3. De aves canoras, por cada uno N$1.00
c) De animales de fauna silvestre, para fines no comerciales:
1. De especies mayores, por cada uno N$129.00
2. De especies menores, por cada uno N$67.00
3. De aves canoras, por cada uno N$1.00
d) Distintos de los anteriores, por cada uno N$67.00
e) De productos y subproductos de fauna silvestre, por cada uno N$67.00
f) De productos y subproductos de flora silvestre, por cada uno N$67.00
III. Para colecta de material parental para su reproducción y propagación con fines comerciales en unidades de producción, de especies amenazadas o en peligro de extinción contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Internacional de Especies amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, de la que México forma parte N$100.00
IV. Por trámite para colecta de material parental de especies amenazadas o en peligro de extinción contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, de la que México forma parte N$100.00
Artículo 174-D. Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios que Realicen Estudios de Impacto Ambiental, por cada campo de especialidad o por el refrendo correspondiente N$865.00
II. Por la obtención de la versión actualizada del registro a que se refiere la fracción anterior... N$10.00
Artículo 174-F. Por la recepción, evaluación y dictamen del Aviso de Acción Preliminar o del programa de manejo forestal, para obtener autorización de aprovechamiento de especies maderables de clima templado y frío, por volumen solicitado para su aprovechamiento, se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 174G. Por la recepción, evaluación y dictamen del Aviso de Acción Preliminar o del programa de manejo forestal, para aprovechamiento forestal de especies maderables de clima árido y semiárido por metro cúbico solicitado para su aprovechamiento, se pagará el derecho de impacto ambiental conforme a las siguientes cuotas:
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 174-H. (Se deroga).
Artículo 174-I. Por la recepción, evaluación y dictamen de los estudios para cambio de uso de suelo forestal y por superficie solicitada, se pagarán los derechos de impacto ambiental que a continuación se señalan:
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 184. Por los servicios que se presten en materia de derechos de autor, se pagarán derechos, conforme a las siguientes cuotas:
I. Recepción, examen y estudio de obra intelectual o artística o de una versión N$4.00
II. Por la inscripción de cada obra intelectual o artística o de una versión N$4.00
III. (Se deroga).
IV. Por la inscripción de un fonograma o de cada traducción, compendio, adaptación, transportación, arreglo, instrumentación, dramatización, ampliación, compilación, transformación o en general de cualquier versión o modificación de una obra N$4.00
V a XXV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXVI. Otorgamiento de reserva de derechos al uso exclusivo de los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación periódica, cuando los mismos tengan señalada originalidad y sean utilizados habitual o periódicamente; los personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas; los nombres artísticos, así como las denominaciones de grupos artísticos N$80.00
XXVII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXVIII. Por la búsqueda y expedición de cada constancia de antecedentes o datos de las reservas N$10.00
XXIX. Por las anotaciones marginales en los expedientes y libros de las reservas N$80.00
Artículo 185. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI. Consultas de archivo N$23.00.
XII. Constancias de antecedentes profesionales N$50.00.
Artículo 186. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) De capacitación para el trabajo industrial N$5.00.
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Competencia ocupacional en capacitación para el trabajo industrial N$86.00.
XI a XXIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Cursos de capacitación para el trabajo industrial. N$71.00.
XXV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 195. (Se deroga).
Artículo 195-N. (Se deroga).
Artículo 195-R. En aquellos casos en que las entidades federativas hayan celebrado Convenios de Colaboración Administrativa en esta materia con la Federación, los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos señalados en el propio Convenio, relativos a esta Sección, se destinarán a la entidad federativa que los recaude para mejorar el ejercicio y desempeño de las facultades legales en materia de planeación, programación, vigilancia de los prestadores de servicios, capacitación, protección y asistencia al turista.
Artículo 199-A. Las personas físicas y morales mexicanas que en su caso y conforme a la Ley de Pesca, practiquen la pesca comercial en aguas de jurisdicción nacional, pagarán el derecho de pesca conforme a las siguientes cuotas:
Artículo 213. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos determinará el derecho, por cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del 5.8% al valor total del activo del ejercicio, conforme a sus estados financieros dictaminados y que presente ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Artículo 214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El pago provisional se calculará dividiendo entre doce el derecho que correspondió al ejercicio inmediato anterior, el resultado se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al período comprendido desde el último mes del ejercicio inmediato anterior, hasta el mes por el cual se efectúa el pago provisional. Dicho factor se obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
Por los meses comprendidos entre la fecha de terminación del ejercicio inmediato anterior y el mes en que se presente la declaración del mismo, el contribuyente deberá efectuar sus pagos provisionales con la misma cantidad que utilizó para este fin en el último mes del ejercicio inmediato anterior actualizado de la forma citada en el párrafo anterior.
Artículo 215. Al monto total del derecho que resulte por el ejercicio de que se trate en los términos del artículo 213, se le restará el monto total de los pagos provisionales enterados durante el ejercicio. La diferencia que resulte a su cargo se enterará a más tardar conjuntamente con el pago provisional correspondiente al mes siguiente a aquél en el que se haya presentado la declaración del ejercicio. Cuando resulte saldo a favor, dicho saldo se acreditará en partes iguales contra los pagos provisionales del derecho que resulte a su cargo por el ejercicio inmediato posterior al que se declara.
Artículo 216. Cuando se concesione el uso o explotación de un activo que forma parte de la base para el cálculo del derecho a que se refiere el artículo 213 de esta Ley, no se considerará el activo concesionado para los fines del artículo mencionado y, en su caso, se pagará como derecho el 35% del total de los ingresos recibidos como pago por otorgar el uso o la explotación del activo.
Artículo 220. Aeropuertos y Servicios Auxiliares determinará el derecho, por cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del 5.8% al valor total del activo del ejercicio, conforme a sus estados financieros dictaminados y que presente ante la
Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Artículo 221. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El pago provisional se calculará dividiendo entre doce el derecho que correspondió al ejercicio inmediato anterior; el resultado se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al período comprendido desde el último mes del ejercicio inmediato anterior, hasta el mes por el cual se efectúa el pago provisional. Dicho factor se obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
Por los meses comprendidos entre la fecha de terminación del ejercicio inmediato anterior y el mes en que se presente la declaración del mismo, el contribuyente deberá efectuar sus pagos provisionales con la misma cantidad que utilizó para este fin en el último mes del ejercicio inmediato anterior actualizado de la forma citada en el párrafo anterior.
Artículo 221-A. Al monto total del derecho que resulte por el ejercicio de que se trate en los términos del artículo 220, se le restará el monto total de los pagos provisionales enterados durante el ejercicio. La diferencia que resulte a su cargo se enterará a más tardar conjuntamente con el pago provisional correspondiente al mes siguiente a aquél en el que se haya presentado la declaración del ejercicio. Cuando resulte saldo a favor, dicho saldo se acreditará en partes iguales contra los pagos provisionales del derecho que resulte a su cargo por el ejercicio inmediato posterior al que se declara.
Artículo 221-B. Cuando se concesione el uso o explotación de un activo que forma parte de la base para el cálculo del derecho a que se refiere el artículo 220 de esta Ley, no se considerará el activo concesionado para los fines del artículo mencionado y, en su caso, se pagará como derecho el 35% del total de los ingresos recibidos como pago por otorgar el uso o la explotación del activo.
Artículo 223. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando el sistema de agua potable y alcantarillado establezca diferentes cuotas o tarifas para servicio medido y sin medición, para el cálculo del derecho sólo se tomarán en cuenta las establecidas por servicio medido; asimismo, cuando se establezca una cuota hasta por cierto límite de volumen de agua utilizada y otra por el volumen excedente, el derecho se calculará aplicando el 75% a ambas cuotas. Tratándose de tarifas o cuotas aplicadas que no estén ajustadas o actualizadas, el derecho se calculará sobre las cantidades que resulten de aplicar las reglas generales que se hubieren establecido en la disposición local respectiva.
II. Zona de disponibilidad 2 N$0.9788
III. Zona de disponibilidad 3 N$0.3480
IV. Zona de disponibilidad 4 N$0.2609
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Generación hidroeléctrica N$1.50
III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 224. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Por las aguas que regresen a su fuente original, siempre que tengan el certificado expedido por la Comisión Nacional del Agua de que no han sufrido alteración por degradación en su calidad respecto a las condiciones en que fue tomada, ni cambio en su temperatura en más del 10%, y se acompañe una copia de dicho certificado a la declaración del ejercicio. Estos contribuyentes deberán tener instalado medidor tanto a la entrada como a la salida de las aguas.
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, cuando el agua no tenga uso alternativo, siempre que dicha circunstancia se compruebe ante la Comisión Nacional del Agua con los estudios técnicos que procedan, y ésta expida el certificado correspondiente.
Artículo 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zona 1. Estado de Aguascalientes; Estado de Baja California; Estado de Baja California Sur; Estado de Coahuila; Estado de Colima: Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Villa de Alvarez y Manzanillo; Estado de Chihuahua: excepto los Municipios comprendidos en la zona 2; Distrito Federal; Estado de Durango: excepto los Municipios comprendidos en las zonas 2, 3
y 4; Estado de Guanajuato; Estado de Guerrero: Acapulco de Juárez; Estado de Hidalgo: Acatlán, Almoloya, Apan, Cuautepec, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Huichapan, Metepec, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Pachuca, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tepeapulco, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tlanalapa, Tlanchinol, Tolcayuca, Tulancingo, Zapotlán de Juárez y Zempoala; Estado de Jalisco: Atemajac de Brizuela, Atotonilco el Alto, Chapala, Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Puerto Vallarta, El Salto, San Cristóbal de la Barranca, Tizapán el Alto, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan; Estado de México: excepto los Municipios comprendidos en la zona 2; Estado de Michoacán: excepto los Municipios comprendidos en las zonas 2 y 3; Estado de Morelos: Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Jantetelco, Jiutepec, Jonacatepec, Tepalcingo, Tepoztlán, Tlayacapan y Yautepec; Estado de Nuevo León; Estado de Puebla: Aljojuca, Amozoc, Atlixco, Atzintzintla, Calpan, Coronango, Cuapiaxtla de Madero, Cuautinchán, Cuautlancingo, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Chiautzingo, Chichiquila, Chilchotla, Domingo Arenas, General Felipe Angeles, Guadalupe Victoria, Huejotzingo, Santo Tomás, Hueyotiplan, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Lafragua, Mazapiltepec de Juárez, Nealtican, Ocotepec, Ocoyucan, Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, Quimixtlán, San Andrés Cholula, San Felipe Hueyotliplan, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio, Atzompa, San Jerónimo Caleras, San Jerónimo Tecuanipan, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, San Nicolás de Buenos Aires, San Nicolás los Ranchos, San Pedro, San Salvador el Verde, Santa Isabel Cholula, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeojuma, Tepeyahualco, Tianguismanalco, Tlachichuca, Tlahuapan, Tlaltenango, Xochitlán y Yehualtepec; Estado de Querétaro: Colón, Corregidora, Ezequiel Montes, Huimilpan, La Cañada, El Marquez, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan y Villa del Pueblito; Estado de Quintana Roo: Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres y Solidaridad; Estado de San Luis Potosí: Agualulco, Catorce, Cedral, Cerro de San Pedro, Charcas, Guadalcazar, Matehuala, Mexquitic, Moctezuma, Salinas, San Luis Potosí, Santa María del Río, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Vanegas, Venado, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, La Paz, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez y Zaragoza; Estado de Sonora: excepto los Municipios comprendidos en la zona 2; Estado de Tabasco: Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Centro, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa y Macuspana; Estado de Tlaxcala: Acuamanala de Miguel Hidalgo, Altzayanca, Calpulalpan, Cuapiaxtla, Chiautempan, Españita, Huamantla, Hueyotlipán, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Ixtenco, Mazatecochco de José María Morelos, Nanacamilpa de Mariano Arista, Nativitas, Panotla, Papalotla de Xicoténcatl, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, San Pablo de Monte, Tepetitlán de Lardizabal, Tlaxcala, Tenancingo, Teolocholco, Terrenante, Totolac, Tepeyanco, Tetlatlahuca, El Carmen Tequesquitla, Xicohtzinco, Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos; Estado de Veracruz: Actopan, Aguadulce, Angel R. Cabada, Catemaco, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chopopotla, Ixhuatlán del Sureste, Hueyapan de Ocampo, La Antigua, Medellín, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Sayula de Alemán, Texistepec, Tuxtilla y Veracruz; Estado de Zacatecas: excepto los Municipios comprendidos en las zonas 2 y 3.
Zona 2. Estado de Chihuahua: Ahumada, Bachiniva, Batopilas, Buena Ventura, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Chinipas, General Trias, Gómez Farías, Gran Morelos, Huachochi, Guadalupe y Calvo, Guasapares, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Madera, Maguarichi, Matachi, Morelos, Moris, Namiquipa, Ocampo, Riva Palacio, Temosachi, Urique y Uruachi; Estado de Durango: Canatlán, Durango, Nombre de Dios, Nuevo Ideal y Suchil; Estado de Jalisco: Ayotlán, Degollado, Ixtlahuacan de los Membrillos, Jamay, Jesús María, Jocotepec, Manzanilla de la Paz, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey; Estado de México: Almoloya de Alquisiras, Amanalco, Amatepec, Coatepec Harinas, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Joquicingo, Malinalco, Ocuilán, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Tenango del Valle, Texcaltitlán, Tlatlaya, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, Zacazonapan, Zacualpan y Zumpahuacan; Estado de Michoacán: Briseñas, Carácuaro, Cotija, Charapan, Chavinda, Chilchota, Hidalgo, Huetamo, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Juárez, Jungapeo, Madero, Marcos Castellanos, Nocupétaro, Pajacuarán, Paracho, Purépero, Régules, Sahuayo, San Lucas, Susupuato, Tacámbaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio, Venustiano Carranza, Villa Mar, Vista Hermosa, Zamora y Zitácuaro; Estado de Morelos: excepto los Municipios comprendidos en las zonas 1 y 3; Estado de Puebla: excepto los Municipios comprendidos en las zonas 1, 3 y 4;
Estado de Sinaloa: excepto los Municipios comprendidos en la zona 3; Estado de Sonora: Agua Prieta, Alamos, Arivechi, Bacadehuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huasabas, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Onavas, Quiriego, El Rosario, Sahuaripa, San Javier, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora; Estado de Tamaulipas: excepto los Municipios comprendidos en las zonas 3 y 4; Estado de Veracruz: Boca del Río; Estado de Zacatecas: Atolinga, Benito Juárez, Chalchihuites, General Joaquín Amaro, Jeréz, Jiménez del Teul, Momax, Monte Escobedo, Sustitacan, Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, Teul de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román, Valparaíso y Villanueva.
Zona 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zona 4. Estado de Campeche: Carmen, Escárcega y Palizada; Estado de Chiapas; Estado de Durango: Mezquital y Pueblo Nuevo; Estado de Guerrero: excepto los Municipios comprendidos en las zonas 1 y 3; Estado de Nayarit Estado de Oaxaca; Estado de Puebla: Ajalpan, Altepexi, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Chapulco, Eloxochitlán, Esperanza, Morelos Cañada, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Mihuatlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán; Estado de Tabasco: excepto los Municipios comprendidos en la zona 1; Estado de Tamaulipas: Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico y Xicoténcatl; Estado de Veracruz: excepto los Municipios comprendidos en las zonas 1 y 2.
Artículo 231-A. Cuando un organismo público realice obras de infraestructura hidráulica que eviten una erogación a la Comisión Nacional del Agua, el organismo público de que se trate podrá acreditar contra el monto de los derechos sobre agua que le corresponda pagar, el monto de los gastos en que hubiere incurrido la mencionada Comisión para desarrollar el mismo satisfactor.
Artículo 232. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. El 1% sobre el total de sus ingresos brutos, cuando se trate de marinas turísticas que obtengan concesión para el uso, goce o aprovechamiento de las zonas federales marítima, marítimo-terrestre o vasos.
Cuando se otorguen concesiones para ampliar las marinas turísticas ya existentes, se pagará por estas nuevas áreas lo establecido en la fracción I de este artículo, sin que dicho pago exceda del 1% adicional sobre los ingresos a que se refiere el párrafo anterior.
V a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 254. (Se deroga).
Artículo 255. (Se deroga).
Artículo 256. (Se deroga).
Artículo 257. (Se deroga).
Artículo 257-A. (Se deroga).
Artículo 258. (Se deroga).
Artículo 259. (Se deroga).
Artículo 263. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los titulares de concesiones mineras que al amparo de dichas concesiones exploren o exploten la sal gema, así como las sales y los subproductos que se obtengan de salinas formadas por aguas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial, pagarán N$0.33 por tonelada vendida de sal y sus subproductos por concepto de derechos sobre minería. Cuando se otorguen al mismo concesionario nuevas concesiones, se pagará el 25% del derecho por hectárea que corresponda, conforme a lo establecido en este precepto, sin que el pago adicional exceda de un monto equivalente al que se derive de aplicar la cuota a que se refiere este párrafo.
Artículo 282-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A las personas que les fue autorizado su programa para la ejecución de las obras para el control de la calidad de sus descargas, y cumplieron con los avances programados, podrán gozar de la exención del pago del derecho por un período adicional hasta de seis meses.
Para el caso del Distrito Federal, entidades federativas, municipios, organismos paraestatales, paramunicipales o empresas concesionarias que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el período de exención del pago del derecho, no podrá exceder del término total de cuatro años.
Artículo 287. Están obligadas a pagar el derecho por el uso o aprovechamiento del espacio aéreo congestionado, las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que realicen actividades aeronáuticas privadas, oficiales y taxi aéreo; locales, nacionales o internacionales, cuando aterricen aeronaves en un aeropuerto que realice operaciones mayores de 200,000 vuelos comerciales anuales, medidos con base en las operaciones del año anterior a que se aplique este derecho.
Las personas señaladas en el primer párrafo de este artículo, que aterricen y despeguen aeronaves en un horario comprendido entre las 23.00 y las 5:59 horas, con el propósito de que las aeronaves reciban servicios de mantenimiento y reparación, no pagarán el derecho a que se refiere este artículo. Asimismo, no pagarán este derecho cuando los aterrizajes y despegues se realicen dentro del horario señalado en este párrafo y sean de vuelos de prueba que deban hacerse para verificar la calidad de los servicios mencionados.
Tampoco se pagará el derecho a que se refiere este artículo, cuando se efectúen aterrizajes de emergencia por fallas técnicas en las aeronaves o por condiciones climatológicas adversas en el espacio aéreo por el cual transitan.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo decimoctavo. La derogación del artículo 195-N de la Ley Federal de Derechos, surtirá sus efectos a partir del 1o. de octubre de 1993.
Artículo decimonoveno. A las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras que están obligadas a pagar el derecho por el uso o aprovechamiento del espacio aéreo congestionado a que se refiere el artículo 287 de la Ley Federal de Derechos, y que realicen actividades aeronáuticas privadas, oficiales y de taxi aéreo, se les exime en un 50% del pago de dicho derecho hasta el 31 de mayo de 1994, siempre que las aeronaves aterricen fuera de las horas críticas por vuelos originados en territorio nacional, y que el despegue subsecuente de las mismas se realice también fuera de tales horas.
A las personas a que se refiere el párrafo anterior, que estén obligadas a pagar el derecho que se menciona en el mismo y cuyas aeronaves aterricen durante las horas críticas, se les exime en un 25% del pago de dicho derecho hasta el 31 de mayo de 1994, siempre que el despegue subsecuente se realice fuera de tales horas.
A las personas a que se refiere el primer párrafo de este artículo, que estén obligadas a pagar el derecho señalado en el mismo, se les exime totalmente del pago de ese derecho, hasta el 31 de mayo de 1994, cuando los vuelos de las aeronaves se originen en el extranjero, siempre que el despegue subsecuente se realice fuera de las horas críticas. Para estos efectos, se considera que un vuelo se origina en el extranjero aún y cuando hubiere tenido alguna escala en territorio nacional, siempre que en dicha escala no hubieren abordado o descendido pasajeros, recogido o entregado carga.
Para efectos de este artículo se consideran horas críticas a las comprendidas entre las 7.00 y las 10.00 horas y entre las 17.00 y las 21.00 horas.
Artículo vigésimo. En tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no fije el aprovechamiento a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Puertos, los administradores portuarios, así como los demás concesionarios de terminales marinas e instalaciones portuarias, deberán cubrir al gobierno federal las cuotas de los derechos establecidos en los artículos 42; 232, fracciones I y IV; 232-A y 237 de la Ley Federal de Derechos.
DISPOSICIONES DE VIGENCIA ANUAL DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
Artículo vigesimoprimero. Durante el año de 1994, se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones:
I. Para los efectos del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, las cuotas de los derechos se incrementarán:
A partir del 1o. de enero de 1994 con el factor de 1.0165, y
b) En los meses de abril, julio y octubre de 1994, se incrementarán en los términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos.
II. No se incrementarán en el mes de enero de 1994, con el factor de 1.0165 las cuotas de los derechos contenidas en el artículo décimo séptimo de la presente Ley.
Las cuotas a que se refiere esta fracción se incrementarán en los meses de abril, julio y octubre de 1994, conforme a lo dispuesto en la fracción I, inciso b, de este artículo.
III. Las cuotas de los derechos a que se refiere el Capítulo II del Título I de la Ley Federal de Derechos, se incrementarán conforme a lo dispuesto en el inciso a, de la fracción I de este artículo.
Las cuotas señaladas en esta fracción no se incrementarán en los meses de abril, julio y octubre de 1994, conforme a lo dispuesto en la fracción I inciso b, de este artículo.
IV. Las cuotas de los derechos establecidos en el Capítulo II del Título I de la Ley Federal de Derechos, se ajustarán a partir del día 1o. de enero de 1994, a múltiplos de N$5.00.
Para efectuar este ajuste, las cuotas aumentarán o disminuirán, según sea el caso, a la unidad de ajuste más próxima. Cuando la cuota se encuentre a la misma distancia de dos unidades de ajuste se disminuirá a la baja.
V. No se incrementará la cuota establecida en la fracción II del Apartado B, del artículo 223, durante el año de 1994.
VI. Los derechos a que se refiere el artículo 3o., séptimo párrafo de la Ley Federal de Derechos, son:
a) Los prestados por oficinas de la Federación en el extranjero.
b) Por el tránsito internacional de mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero.
VII. No se pagarán los derechos a que se refieren las fracciones I del artículo 82 y III del artículo 82 - A de la Ley Federal de Derechos, tratándose de expedición del título de concesión para usar y aprovechar aguas nacionales y del permiso para la construcción de obras manuales o sin maquinaria o equipo para la perforación de pozos para uso doméstico o agrícola, menores de 15 metros de profundidad en las zonas de disponibilidad 3 y 4 a que se refiere el artículo 231 de la citada Ley.
VIII. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223, Apartado A, fracción I de la Ley Federal de Derechos, el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en la industria minera no será superior a N$1.30 por metro cúbico de agua.
IX. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223, Apartado A, de la Ley Federal de Derechos, el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en los ingenios azucareros, corresponderá al 50% de las cuotas establecidas en las zonas 2, 3 y 4 de dicho Apartado.
X. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223, Apartado A, de la Ley Federal de Derechos, el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en la industria de la celulosa y el papel, corresponderá al 80% de las cuotas establecidas en las zonas 2, 3 y 4 de dicho Apartado.
XI. Por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales que se utilicen en los Municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán del Estado de Veracruz, se cobrará la cuota que corresponda a la zona de disponibilidad 2 a que se refiere el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos.
Por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales que se utilicen en los Municipios de Lázaro Cárdenas del Estado de Michoacán y Hueyapan de Ocampo en el Estado de Veracruz, se cobrará la cuota que corresponda a la zona de disponibilidad 4 a que se refiere el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos.
XII. Por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales destinadas a baños públicos, se pagará la cuota que les corresponde aplicar conforme al artículo 223, Apartado A, a razón de 75% en 1994 y a partir de 1995, se cubrirá en su totalidad.
XIII. No se pagará el permiso a que se refiere la fracción III del artículo 82 de la Ley Federal de Derechos, cuando se trate de descargas de aguas residuales que sean generadas por el uso agrícola.
XIV. El pago del derecho de caza deportiva a que se refiere el artículo 238 de esta Ley, por la temporada 19941 - 995, se realizará conforme a las cuotas vigentes al inicio de dicha temporada.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1994.
Segundo. Se establece como impuesto al comercio exterior, por los años de 1994 a 1996, inclusive, un impuesto a la exportación de energía eléctrica que se genere con vapor geotérmico. Este impuesto será del 13% del valor de exportación de la energía.
Del monto que se recaude por esta contribución se participará con un 6% al Municipio productor colindante con la frontera por el que se realice materialmente la exportación. El remanente se destinará a la Comisión Federal de Electricidad para el financiamiento de los programas de aislamiento térmico.
Sobre el impuesto a que se refiere este artículo, no se pagará el adicional del 2% a la exportación que establece el artículo 35, fracción II, apartado B, inciso a, de la Ley Aduanera.
Reitero a ustedes ciudadanos secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 15 de noviembre de 1993. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con base en lo que determina la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito someter a su consideración, examen y en su caso, aprobación del siguiente:
Informe de Aranceles.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 15 de noviembre de 1993. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Comercio Exterior, el Ejecutivo Federal a mi cargo somete a la aprobación de ese honorable Congreso de la Unión, el uso que durante el presente año fiscal ha hecho de las facultades que tiene concedidas en materia arancelaria.
En congruencia con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 994 y del Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990 - 1994, las modificaciones arancelarias realizadas han tenido como objetivo fundamental coadyuvar al desarrollo industrial más equilibrado y dar mayor transparencia a las operaciones del comercio exterior, a través de la racionalización de la protección arancelaria y no arancelaria.
Las modificaciones a la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación en 1993, se desglosan de la siguiente manera: 137 reducciones de arancel, nueve modificaciones de texto, creación de 14 fracciones, y establecimiento de ocho aranceles específicos. En la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportación se crearon 13 fracciones.
Los indicadores arancelarios no han tenido gran variación respecto al año de 1992. En la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, la medida arancelaria fue de 13.01 por ciento, la dispersión arancelaria de 4.66 por ciento y el arancel ponderado de 11.28 por ciento. En la tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportación, la media arancelaria fue de 0.21 por ciento y la dispersión arancelaria de 3.17 por ciento.
Las modificaciones específicas efectuadas en la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación se detallan a continuación:
I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 1993, se crearon 10 fracciones arancelarias referentes a bulbos de plantas: 5 exentas de arancel y 5 gravadas con el 10 por ciento.
II. A fin de apoyar al sector pesquero para que cumpla con la norma oficial mexicana tendiente a evitar la pesca incidental de tortuga, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1993, el Decreto que creó una fracción con arancel cero para los dispositivos excluidores de tortugas para la flota camaronera de altura.
III. Como apoyo al sector de la joyería, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 1993, el Decreto por el que se eliminó el arancel aplicable a seis fracciones correspondientes a insumos para ese sector: polvo de oro, aleaciones de oro y lingote de oro.
IV. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1993, el Decreto por el que se eliminaron de arancel 5 fracciones relativas a insumos del sector de curtiduría.
V. Con el fin de apoyar al sector agropecuario, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo, 2 de julio y 24 de agosto de 1993, los decretos por los que se eliminaron de arancel 129 fracciones de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación correspondientes a materias primas, insumos, fertilizantes, plaguicidas, maquinaria y equipo de uso agrícola.
VI. A fin de mantener el esquema de protección arancelaria otorgado a los productores nacionales de azúcar, vigente desde el 31 de enero de 1991, durante 1993 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 9 decretos por los que se establecieron las cuotas arancelarias para 8 fracciones, que clasifican la importación del azúcar, de conformidad con las fluctuaciones en los precios internacionales de este producto.
Respecto a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportación, las modificaciones específicas fueron las siguientes:
Con el propósito de apoyar el fomento a las exportaciones de flores frescas y contar con una mejor información estadística, el 25 de febrero de 1993, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crearon 13 fracciones específicas exentas de arancel para la clasificación de dichos productos.
Reitero a ustedes ciudadanos secretarios las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1993. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes, Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1993. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para alcanzar el objetivo básico de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de México, conforme se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, el Gobierno de la Ciudad debe sustentarse en unas finanzas públicas sanas, equilibradas y bien administradas, respaldadas a su vez, en una recaudación eficiente y en un ejercicio presupuestal que, en un marco de disciplina, se oriente por un profundo sentido social.
Dentro de este contexto, es indudable que a través de la presente administración se ha cumplido con el postulado señalado, es decir, el Distrito Federal con la participación responsable y decidida de sus ciudadanos, ha logrado sanear sus finanzas, a grado tal, que ha alcanzado un equilibrio equitativo y justo, que le ha permitido por otra parte, transformarse de una entidad subsidiada, a una entidad autofinanciable, con las limitaciones propias de esta metrópoli.
Lo anterior, es el resultado de una reforma fiscal y financiera, conducida a lo largo de estos últimos cinco años, sobre los principios esenciales de la política macroeconómica del país, y guiada invariablemente por un sentido de equidad y justicia social que responde a las demandas ciudadanas. Esta reforma se ha reflejado en dos aspectos fundamentales: Una nueva relación de balance financiero entre el Distrito Federal y el resto de la República y una mejor atención a las necesidades prioritarias de la sociedad, principalmente, de aquellos núcleos menos favorecidos, sin apartarse nunca de la premisa trascendental de que pague más el que más tiene y menos el que menos tiene.
En este sentido, la respuesta oportuna y eficiente a las necesidades de la ciudad y de su población, requiere, para consolidar lo alcanzado, de seguir implementando acciones que garanticen el flujo de recursos económicos requerido para ello, dentro de un marco de legalidad y estricto derecho, como el que a través de estos cinco años de gobierno se ha logrado conformar.
Ello asegurará además que por medio de un mandato legal, como lo es, en el caso, la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, se de seguridad y permanencia a las soluciones de carácter fiscal, encontradas durante la presente administración, para cumplir con la finalidad indicada, en beneficio de la sociedad capitalina.
En efecto, esta Ley ha sido el instrumento jurídico, que ha recogido las acciones inherentes de la reforma fiscal y financiera mencionada, para dar continuidad a la misma, y, a su vez otorgar la certeza jurídica que el contribuyente requiere para cumplir con sus obligaciones fiscales.
Asimismo, y en base al principio de comodidad de las contribuciones, se han instituido en la ley, esquemas de simplificación tributaria y desregulación que han propiciado un mejor cumplimiento de las obligaciones del contribuyente, situación que indudablemente se ha reflejado en una más amplia participación social, con el consiguiente efecto benéfico en la recaudación tributaria.
Por otra parte, la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, se ha conformado a base de disposiciones cuyo contenido parte fundamentalmente del principio del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, por lo que sólo en casos de excepción se recurre a otros medios para exigir la observancia de la misma.
En el proceso de reforma fiscal, se ha dado especial cuidado a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad que rigen las contribuciones, así como a las demandas y exigencias de la ciudadanía, de tal manera que su aplicación sea justa y por ende, merecedora de la aceptación social en general.
Dentro de este contexto, se ha evitado siempre recurrir a nuevas fuentes de imposición fiscal que incidan de manera masiva e indiscriminada en la población, así como a aumentos generalizados en cuotas y tarifas, acudiendo ciertamente, a mecanismos legales y administrativos que impidan el deterioro de las contribuciones existentes.
Esta política ha permitido que, de 1989 a 1993, se hayan alcanzado importantes logros en materia fiscal, de los cuales podríamos destacar los siguientes:
FOMENTO A LA VIVIENDA
Reducción del 50% en el impuesto predial a partir de 1993, tratándose de inmuebles otorgados en arrendamiento destinados a uso habitacional.
Disminución a partir de 1991, de la tasa aplicable en relación con el impuesto sobre adquisición de inmuebles, del 10% al 4% en 1993.
Decremento en el pago de los derechos registrales, cuando las operaciones respectivas se refieran a vivienda de interés social.
Reducción de la base gravable para la determinación del impuesto sobre adquisición de inmuebles.
Descuento del 50% en el pago de derechos por licencia de construcción, cuando la vivienda sea edificada por instituciones públicas, así como en contribuciones de mejoras y exención en este último caso, en ampliaciones menores al 30% de la superficie construida.
MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN
ECOLÓGICA
Establecimiento del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a partir de 1992, para aquellos automotores cuyo modelo tenga una antigüedad mayor de diez años.
Introducción a partir de 1990 de los derechos por servicio de prevención y control de la contaminación ambiental, para evaluar el impacto de giros y establecimientos mercantiles.
Inclusión a partir de 1993, del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados.
Incorporación del derecho por los servicios de recolección y recepción de residuos sólidos a partir de 1993, a cargo de establecimientos mercantiles, industriales y similares.
Inclusión de los derechos de descarga a la red de drenaje a partir de 1993, de aguas provenientes de fuentes diversas a la red de suministro del Departamento.
AGUA
Compactación en un sólo derecho, de los servicios de suministro, uso y aprovechamiento, así como desalojo del líquido, tratándose de agua potable.
Distinción y establecimiento de cuotas diferenciales, según se trate de consumo doméstico o no doméstico.
Establecimiento de la opción para que los contribuyentes de uso doméstico, puedan determinar sus propios consumos.
Definición de facultades de las autoridades fiscales, incluyendo a la Comisión de Aguas del D.F. en esta materia, destacándose la posibilidad de suspensión del suministro cuando se trate de consumos no domésticos, así como la determinación presuntiva.
IMPUESTO PREDIAL
Establecimiento de la obligación de los contribuyentes de determinar el valor catastral y pagar mediante declaración el impuesto predial correspondiente a los inmuebles de los que sean propietarios o poseedores.
Formulación de propuestas de declaración por parte de la autoridad fiscal a través de formas oficiales prellenadas.
Establecimiento expreso en la ley, de que los contribuyentes que realicen pagos anticipados, ya sea anuales o parciales del impuesto, se beneficien con reducciones que para cada caso se establezcan en la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal.
Modernización del sistema catastral de los valores unitarios, para el que se ha establecido un sistema permanente de monitoreo de la oferta y demanda inmobiliaria con el objeto de mantener en forma constante una adecuada relación del valor comercial respecto del valor catastral.
SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA
Inclusión del pago espontáneo, a fin de que los contribuyentes que pretendan regularizar su situación fiscal, paguen únicamente los recargos generados durante un año.
Incorporación de reglas específicas para la autorización de pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, así como para la devolución de pagos indebidos.
Establecimiento del régimen de declaración del contribuyente para la determinación y pago de la mayoría de las contribuciones establecidas en la Ley.
Supresión de trámites para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, eliminando las autorizaciones previas.
INFRACCIONES Y DELITOS
Determinación del monto de las multas en cantidades específicas, entre un mínimo y un máximo.
Establecimiento de supuestos específicos de delitos fiscales, en la Ley de Hacienda en atención a la naturaleza de las contribuciones previstas en dicho ordenamiento.
Incorporación de la libertad bajo caución.
ESTABILIDAD ECONÓMICA
Establecimiento de un procedimiento de actualización de cuotas y tarifas, con el factor que al efecto establezca el honorable Congreso de la Unión, o bien, en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre de los dos años anteriores al ejercicio fiscal en que deban actualizarse dichas cifras, dividiendo el más reciente de ellos entre el anterior.
Diseño de un modelo más justo y equitativo de las contribuciones de mejoras que se causan por el beneficio que en forma directa obtengan los inmuebles por las obras públicas realizadas por el Departamento del Distrito Federal.
Disminución de la tasa general del 15% al 10%, en tratándose del impuesto sobre espectáculos públicos.
Por todo lo anterior, para consolidar lo hasta hoy alcanzado, en correspondencia a la decidida participación de la sociedad en este proceso y en solidaridad con los acuerdos tomados en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, las propuestas que se presentan en esta oportunidad a la consideración de esa honorable Soberanía, únicamente implica adecuaciones que responden a la evolución positiva del proceso de estabilización emprendido en estos últimos cinco años de gobierno, circunscribiéndose a tres materias esenciales: Apoyo a la Vivienda, Simplificación Tributaria y Estabilidad Económica e Impositiva siendo los rasgos generales de éstas los siguientes:
APOYO A LA VIVIENDA.
Disminución de la tasa del ISAI del 4% al 2%.
Autodeterminación del valor del inmueble para efectos del pago del ISAI y derechos por el registro de modificaciones al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Delegacional.
Reducción de los derechos registrales, tratándose de vivienda de interés social, del 30% al 10% de la cuota general.
Exención para la vivienda de interés social del pago de los derechos por incremento de densidad.
SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA
Supresión de la obligación de los contribuyentes de presentar solicitud de autorización de boletos, billetes o contraseñas para el pago del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos.
Aprobación para que el cálculo de los derechos de agua existiendo tres lecturas o más, se pueda efectuar considerando los promedios de consumo de las dos más recientes.
Establecimiento de un formato para la autodeterminación de valor, en lugar de avalúo en los casos de vivienda.
Establecimiento en una sola disposición de los derechos de explotación por yacimientos de materiales pétreos.
Posibilidad de autodeterminar por parte del contribuyente el monto de las contribuciones de mejoras relacionadas con el agua.
Derogación de los derechos por regularización de inmuebles, acceso a museos y servicio de panteones.
ESTABILIDAD ECONÓMICA E IMPOSITIVA
No inclusión de nuevos impuestos.
Actualización de 1536 colonias catastrales, excepto de 34 que por ser nuevas propuestas no están sujetas a actualización alguna; 35 por debajo del índice inflacionario y 94 por arriba de
dicho índice, atendiendo a su nivel de subvaluación.
Ampliación de la vigencia de los avalúos de 4 a 6 meses.
Disminución de la tasa del impuesto sobre espectáculos públicos a museos y parques de diversiones del 10% al 6%.
Ajuste de acuerdo con su grado de rezago de solamente 9 conceptos, por los cuales se causa algún derecho, en base al costo del servicio que se presta.
Establecidos los aspectos generales de la reforma planteada, para su mejor evaluación, me permito someter a su consideración los elementos específicos de la misma.
IMPUESTO PREDIAL
En materia del impuesto predial, a partir de la reforma de 1990 se ha llevado a cabo un profundo proceso de modernización orientado a obtener mayores niveles de eficiencia administrativa y una mejor y más equitativa distribución de la carga fiscal de este gravamen entre los contribuyentes.
Para el logro de estos fines se han empleado múltiples instrumentos como la ampliación y depuración del padrón de contribuyentes; la desconcentración de la administración tributaria conjuntamente con la determinación y ampliación de procedimientos que han facilitado la simplificación administrativa; la consolidación del Sistema de Información Catastral, que ha permitido estructurar una base de datos actualizada y confiable; el estudio sistemático del mercado inmobiliario de la ciudad lo que ha conducido a identificar las variaciones en los valores de las colonias catastrales, áreas y corredores de valor resultantes de la dinámica de cambio de la misma ciudad, de los programas de inversión en infraestructura y equipamiento urbano ejecutados por el gobierno, y de las transformaciones socioeconómicas del Distrito Federal, todo lo cual ha incidido en una mayor transparencia en el pago del gravamen y la imposición de cargas fiscales en forma proporcional, justa y equitativa para así dar cumplimiento a los principios constitucionales que rigen la materia fiscal.
Como resultado de las políticas y procedimientos antes mencionados, para el ejercicio fiscal de 1994, con la reforma propuesta se pretende consolidar los logros alcanzados con la reforma de 1993, como lo es el mantener la relación de los valores catastrales respecto a los comerciales y con ello asegurar una mayor equidad en el impuesto.
En tal virtud, se propone en congruencia con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la propia ley, la actualización en lo general de los valores unitarios del suelo, de la construcción y de la tarifa del impuesto predial, tomando como base la inflación registrada de noviembre de 1992 a noviembre de 1993, así como la actualización selectiva de dichos valores unitarios, para los casos de subvaluación o sobrevaluación detectados en el transcurso del año.
Así, se plantea a esa honorable Soberanía, la actualización de los valores unitarios del suelo, por encima del porcentaje del ajuste general, de sólo 94 colonias catastrales; en 35 colonias catastrales, localizadas en áreas rurales, se propone se actualicen los valores unitarios del suelo, por abajo del mencionado ajuste general. Las restantes 1,536 se incrementarán conforme al procedimiento de actualización general, salvo 34 que por proponerse su nueva creación, no serán actualizadas con factor alguno.
Respecto a los corredores comerciales, se han identificado variaciones generadas por el crecimiento y localización de actividades de esta índole, derivadas de cambios en el uso de suelo que han incidido en incrementos de los mismos, por lo que se plantea la actualización de los valores unitarios de suelo de 13 corredores, en base a dichas circunstancias, también como excepción a la regla general de actualización, y se propone la incorporación de 25 nuevos corredores.
Además de lo anterior, se proponen algunas modificaciones en las tablas de valores de construcción, a fin de corregir la subvaluación existente en inmuebles de más de 10 niveles. Esta medida de ninguna manera repercutirá en inmuebles destinados a vivienda de interés social.
De igual forma, se plantea distinguir los valores unitarios de construcción de inmuebles destinados a la educación, cultura y actividades agropecuarias, a fin de corregir la distorsión que originaba el estar en el mismo grupo de industria, infraestructura, gasolineras, policía y seguridad, así como talleres de servicios, provocando que aquellos inmuebles estuvieran relativamente sobrevaluados.
En el mismo sentido se hace la distinción de los valores unitarios de construcción aplicables a aquellos inmuebles considerados dentro de la clasificación de salud, que actualmente están en el grupo de inmuebles destinados a comunicaciones;
jardines y recreación, velatorios y cementerios, así como iglesias, estableciendo un grupo específico para dichos inmuebles, propuesta que implica incrementos adecuados a la naturaleza de los mismos.
También se somete a su aprobación incorporar un nuevo renglón en la tabla de valores para tipificar a las construcciones que sólo afectan la superficie sin estar en áreas techadas, tratándose de construcciones de uso no habitacional, para considerarlo en la base gravable del impuesto predial. Dicha modificación permite, a su vez, unificar los criterios de valuación inmobiliaria y acabar con prácticas indebidas.
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
En el artículo 25, se plantea reducir el monto de la tasa del 4% vigente en 1993, al 2% para 1994, en congruencia con lo dispuesto en la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones Fiscales y que Reforma otras Leyes Federales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1990, aprobada por ese honorable Congreso de la Unión, dentro del marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, al cual se encuentra adherido el Distrito Federal, por disposición expresa de la ley de la materia.
En razón de la reforma del marco constitucional del Distrito Federal, se plantea establecer de manera expresa, sin contradecir el principio de igualdad tributaria, la exención en el pago de este impuesto, cuando la Federación y el Distrito Federal adquieran inmuebles para formar parte del dominio público.
Asimismo, considerando que en el momento de la celebración de los contratos de arrendamiento financiero, no se da la hipótesis de adquisición de un inmueble, se propone modificar la fracción XII del artículo 26 de la Ley, para precisar los supuestos en los que con motivo de dichos contratos, efectivamente existe una adquisición de inmuebles.
Como una medida de simplificación administrativa, que facilite el cálculo de este impuesto y disminuya los costos en la adquisición de vivienda, se plantea adicionar con un último párrafo el artículo 27 de la Ley, a fin de que los propios contribuyentes puedan determinar el valor del inmueble, aplicando el procedimiento y los valores de referencia del Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria y de Autorización de Sociedades y Registro de Peritos Valuadores, toda vez que la práctica de un avalúo directo constituye una erogación que impacta en las operaciones inmobiliarias destinadas a vivienda, sobre todo a aquella considerada como de interés social.
Derivado de lo anterior, se proponen adecuaciones a los artículos 13, 15, 29 y 30, para incluir en dichos artículos esta forma de determinación de valor de los inmuebles para efectos del cálculo del impuesto.
Por último, en virtud de la estabilidad inflacionaria que se ha venido alcanzando en los últimos tiempos, se propone que tanto la vigencia de los avalúos como de las determinaciones de valor, se amplíe de 4 a 6 meses.
IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
A fin de apoyar las actividades de recreación en la Ciudad de México, tales como la exhibición de objetos de arte, científicos, históricos, tecnológicos y de naturaleza similar, que se exhiben en museos y aquellas presentadas en parques de diversiones, en los que se engloban espectáculos teatrales, circenses y cinematográficos, así como la utilización de juegos electromecánicos, para el sano esparcimiento de la niñez, juventud y de la familia en general, se propone reducir en un 40% la tasa aplicable a dichos espectáculos, a fin de que los habitantes de la capital tengan acceso a mayores oportunidades de convivencia social y familiar.
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS
Como una acción de simplificación administrativa, se plantea suprimir de la fracción VII del artículo 44 de la Ley, la obligación de los contribuyentes de presentar una solicitud de autorización de boletos, billetes o contraseñas, pues basta con la autorización de la Secretaría de Gobernación para realizar el evento.
Además, se propone la adición, a fin de facilitar la administración de este gravamen, de la obligación de presentar una manifestación en la que se proporcione la información necesaria para el cálculo de este impuesto.
Asimismo, se somete a su consideración el establecer la obligación, para aquellos contribuyentes que de manera accidental realizan las actividades objeto de este impuesto, de garantizar el monto del impuesto que se deba enterar.
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
Dada la vinculación que existe entre el impuesto federal y el local, es necesario mantener la continuidad de las tarifas y reafirmar de esta manera los principios de proporcionalidad y equidad que rigen la materia fiscal. Los ajustes propuestos, no son más que el efecto de que cada año los vehículos de 11 años de antigüedad dejan de pagar la contribución federal y pasan a cubrir la contribución local, por lo que los niveles de tributación no alcanzan a ajustarse con la aplicación del factor de actualización, además de que se trata de vehículos de gran cilindrada que por su simple antigüedad en mucho contribuyen a la contaminación.
DERECHOS
Se plantean diversas modificaciones al Título IV de la Ley, que regula los derechos por los servicios o bienes que proporciona el Departamento del Distrito Federal con motivo de sus funciones de derecho público.
En lo particular, se propone actualizar las cuotas previstas en la fracción IX, del artículo 62, considerando el costo de los recursos humanos y materiales que se requieren para la prestación de los servicios de autorización y registro de sociedades y peritos valuadores, así como reconocer el costo del servicio relativo al examen en materia de valuación inmobiliaria, que conforme al artículo 14 de la Ley, deben presentar los aspirantes a peritos valuadores.
Con el objeto de hacer congruentes y armónicos los ordenamientos administrativos y fiscales que rigen la explotación de yacimientos de materiales pétreos, se propone derogar el artículo 125 de la actual Ley de Hacienda y modificar el artículo 70, para establecer como base de cálculo de los derechos, por la expedición y prórroga de la licencia para la explotación de dichos yacimientos, el volumen de metros cúbicos que se autoricen a explotar.
En el artículo 72 de la Ley, se plantea simplificar su contenido, vinculándolo expresamente, a lo dispuesto en la reglamentación administrativa que rige el funcionamiento de giros y establecimientos mercantiles y espectáculos públicos en el Distrito Federal.
Especial relevancia presenta la modificación a la fracción III, del artículo 76 de la Ley, respecto a los derechos a enterar por los servicios de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en tratándose de actos relacionados con viviendas de interés social, pues constituye una medida más para lograr la disminución de los costos en esta materia, al reducir en 20 puntos porcentuales los derechos a pagar.
De igual forma, y con el mismo espíritu de abaratar el costo de la vivienda de interés social en el Distrito Federal, se plantea en el artículo 109, la exención de pago de los derechos por los estudios y dictámenes de incremento de densidad.
Por lo que hace a los servicios que presta el Registro Civil, se plantea el incremento de la cuota a pagar por la expedición de copias certificadas, que contempla la fracción VI del artículo 95, de N$1.75 a N$5.00, en virtud de que ha sufrido a través del tiempo un significativo rezago en su actualización, a tal grado que a la fecha con la cuota actual, no se paga siquiera el costo del papel empleado para la prestación de dicho servicio.
Por otro lado, se propone como una medida de simplificación administrativa, que para efectos de calcular los derechos por el registro de modificaciones al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Delegacional, los propios contribuyentes puedan determinar el valor de los inmuebles, aplicando el procedimiento y valores de referencia del Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria y de Autorización de Sociedades y Registro de Peritos Valuadores.
En lo que respecta a los derechos por uso, suministro y aprovechamiento de agua, se estima que la modificación que se somete a su consideración, en el artículo 126, fracción I, permitirá mayor certeza y seguridad jurídica en la medición de los consumos, al proponerse que cuando existan más lecturas del mínimo ya establecido actualmente en la ley se consideren los promedios de consumo de las dos lecturas más recientes. Asimismo, se plantea una adecuación al artículo 128, a efecto de que cuando dos o más tomas alimenten el mismo sistema hidráulico, se aplique la tarifa correspondiente a la suma de los consumos de las mismas, lo cual responde al principio de proporcionalidad y equidad que rigen la materia fiscal.
En concordancia con la Iniciativa de Reformas a la Ley del Notariado para el Distrito Federal, que el Ejecutivo a mi cargo ha sometido a la consideración de esa honorable Soberanía, se propone modificar el artículo 91 de la Ley de Hacienda, para que su contenido sea congruente con el de dicho ordenamiento.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 71, fracción I y 72, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes ciudadanos secretarios, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.
Artículo primero. Se reforman los artículos 13, fracción I; 15, último párrafo; 25, párrafo primero; 26, fracción XII; 29, fracciones V y VI, pasando el texto actual de ésta fracción, a ser la fracción VII, así como en su último párrafo; 30, en sus párrafos quinto y octavo; 34, párrafo segundo; 44, fracción VII; 49 B, fracción l; 53, fracción I; 62, fracción IX; 70; 72; 76, fracción III; 91; 95, fracción VI; 109, en su último párrafo; 126 fracción I en su último párrafo y 128, en su último párrafo; se adicionan los artículos 25 con un último párrafo; 27 con un último párrafo; 44 con la fracción IX; 62 fracción IX con un inciso e) y 119 con un último párrafo; se derogan los artículos 18 A; 22 A; 52 en sus tres últimos párrafos; 62, en su fracción IV; 71; 74; 84 A; 86 A; la Sección Octava, del Capítulo II, del Título Cuarto, y su artículo 110; la Sección Novena, del Capítulo II, del Título Cuarto, y su artículo 111; la Sección Décima Primera, del Capítulo II, del Título Cuarto, y su artículo 113 y el artículo 125 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 13.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Practicar avalúos de bienes inmuebles. Asimismo, podrán revisar los avalúos que presenten los contribuyentes, así como las determinaciones de valor por ellos efectuadas a que se refiere el artículo 27 de esta Ley, y en caso de encontrar errores, ya sea aritméticos, de clasificación de inmuebles o de aplicación de valores; manifestaciones incorrectas en la superficie del terreno, de la construcción o del número de niveles; omisión de la valuación de instalaciones especiales o incorrecta aplicación de factores de eficiencia que incrementen o demeriten el valor de los inmuebles; los comunicará a los contribuyentes mediante la liquidación del impuesto respectivo y sus accesorios legales. En caso de que la autoridad fiscal determine diferencias a favor de los contribuyentes, de oficio, hará la corrección respectiva, teniendo derecho los contribuyentes a solicitar la devolución o a compensar el saldo resultante contra pagos posteriores;
II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los avalúos a que se refiere esta Ley y las determinaciones de valor efectuadas por los propios contribuyentes que señala el artículo 27, tendrán vigencia durante seis meses, contados a partir de la fecha en que se efectúen, salvo que durante ese período los inmuebles objeto de los mismos, sufran modificaciones que impliquen variaciones en sus características físicas.
Artículo 18 A. Se deroga.
Artículo 22 A. Se deroga.
Artículo 25. Están obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, establecido en este capítulo, las personas físicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el Distrito Federal, así como los derechos relacionados con los mismos a que este capítulo se refiere. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sólo los bienes que la Federación y el Distrito Federal adquieran para formar parte del dominio público estarán exentos del impuesto a que se refiere este Capítulo.
Artículo 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII. La cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, así como la adquisición de los bienes materia del mismo que se efectúe por persona distinta del arrendatario.
XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En tratándose de inmuebles destinados a vivienda, los propios contribuyentes podrán determinar el valor del inmueble, aplicando el procedimiento y los valores de referencia del Manual
de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria y de Autorización de Sociedades y Registro de Peritos Valuadores, utilizando los formatos que para tal efecto sean aprobados por la autoridad fiscal.
Artículo 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. En los contratos de compraventa con reserva de dominio y promesa de venta, cuando se celebre el contrato respectivo;
VI. En los contratos de arrendamiento financiero, cuando se cedan los derechos respectivos o la adquisición de los bienes materia del mismo la realice una persona distinta del arrendatario.
VII. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en el Registro Público, si no están sujetos a esta formalidad, o se trate de documentos privados, cuando se adquiera el dominio del bien conforme a las leyes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los inmuebles responderán de los créditos fiscales que resulten con motivo de diferencias provenientes de los avalúos o determinaciones de valor efectuadas por los contribuyentes, tomados como base para el cálculo del impuesto a que se refiere este capítulo, los que se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
Artículo 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando por avalúo practicado, ordenado o tomado en consideración por las autoridades fiscales, o bien, por las determinaciones de valor efectuadas por los propios contribuyentes a que se refiere el artículo 27 de esta Ley, resulten diferencias de impuesto, los fedatarios no serán responsables solidarios por las mismas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los fedatarios estarán obligados a verificar que los avalúos o las determinaciones de valor efectuadas por los propios contribuyentes, que sirvan de base para el cálculo del impuesto a que se refiere este capítulo, se encuentran vigentes y en el caso de los primeros, que se hayan practicado por personas morales autorizadas y peritos registrados, cuya autorización o registro no se encuentre cancelada o suspendida, ya que en caso contrario se estará a lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tratándose de espectáculos públicos, propios del objeto de museos y parques de diversiones, así como de espectáculos teatrales, cinematográficos y circenses, la tasa será del 6%.
Artículo 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Presentar ante la autoridad fiscal, la licencia o permiso otorgado por las autoridades competentes, previamente a la iniciación de sus actividades o a la realización del evento, manifestando en el formato oficial aprobado, el tipo de evento, precio y número de los boletos, billetes o contraseñas, la fecha de realización del mismo, así como la información y documentación que se establezca en la forma, acompañando una muestra de los referidos boletos, billetes o contraseñas.
VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. Garantizar el interés fiscal en los términos del Código Fiscal de la Federación, en el supuesto contemplado en el artículo 45 de esta Ley.
Artículo 49 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. En el caso de vehículos de uso particular hasta de diez pasajeros, la determinación se hará atendiendo al cilindraje del motor, conforme a lo siguiente:
CILINDRAJE CUOTA
NUEVOS PESOS
Hasta 4 N$45.00
De 6 100.00
De 8 o más 150.00
II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Por la dotación del servicio de suministro de agua potable y drenaje a nuevos demandantes del mismo, se pagarán contribuciones de mejoras utilizando la forma oficial aprobada por las autoridades fiscales, conforme a las siguientes cuotas:
1 a 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Se deroga.
V a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Por la autorización a personas morales cuyo objeto sea la realización de avalúos N$1,000.00
b) Por la revalidación anual de la autorización a que se refiere el inciso anterior N$500. 00
c) Por el registro como perito valuador para auxiliar en la práctica de avalúos N$500.00
d) Por la revalidación anual del registro a que se refiere el inciso anterior N$300.00
e) Por el examen en materia de valuación inmobiliaria N$250.00
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 70. Las personas físicas o morales que exploten yacimientos de materiales pétreos ubicados en el Distrito Federal, están obligadas al pago de derechos por la expedición de licencias y su prórroga, conforme a una cuota de N$0.90 por cada metro cúbico de explotación autorizada.
Artículo 71. Se deroga.
Artículo 72. Por la verificación del cumplimiento de los requisitos que en el Distrito Federal, exigen las disposiciones reglamentarias administrativas correspondientes, en tratándose de giros y establecimientos mercantiles, que para su funcionamiento requieran de licencia, en la celebración de espectáculos públicos, musicales, deportivos, taurinos, teatrales y cinematográficos, así como en el caso de estacionamientos públicos, se pagarán derechos conforme a una cuota de N$513.40.
Por la verificación anual del mantenimiento de los requisitos de operación a que se refiere el párrafo anterior se pagará una cuota de N$280.00.
Artículo 74. Se deroga.
Artículo 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a II. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Tratándose del registro de actos relacionados con viviendas de interés social, se pagará por concepto de los derechos el 10% de la cuota a que se refiere el primer párrafo de este artículo.
IV. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 84 A. Se deroga.
Artículo 86 A. Se deroga.
Artículo 91. Por los avisos, servicios de revisión y autorización de los folios que integran los libros del protocolo de los notarios públicos, se pagará el derecho de revisión y autorización de folios conforme a las cuotas que a continuación se establecen:
1. Por la autorización de cada 200 folios N$93.30
II. Por la revisión y la certificación de la razón de cierre, por libro N$186.70
Artículo 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Expedición de copias certificadas... N$5.00
VII y VIII. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tratándose de estudios y dictámenes de incremento de densidad, relacionados con viviendas de interés social, no se estará obligado al pago de los derechos correspondientes.
Artículo 110. Se deroga.
Artículo 111. Se deroga.
Artículo 113. Se deroga.
Artículo 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para la determinación del valor de los inmuebles, como excepción a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, los contribuyentes podrán aplicar el procedimiento y los valores de referencia del Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria y de Autorización de Sociedades y Registro de Peritos Valuadores.
Artículo 125. Se deroga.
Artículo 126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las autoridades fiscales determinarán el consumo de agua por medio de la lectura de los aparatos medidores con base al promedio del consumo diario resultante de cuando menos tres lecturas en un año. A partir de la tercera lectura, el consumo promedio se determinará con base en las dos lecturas más recientes.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 128. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando un usuario tenga en un solo predio más de una toma y número de cuenta, o cuando dos o más tomas alimenten el mismo sistema hidráulico, se aplicará la tarifa correspondiente a la suma de los consumos de dichas tomas.
Artículo segundo. Para efectos del artículo 19 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, los valores unitarios del suelo, de las construcciones y de las instalaciones especiales, serán los contenidos en las siguientes tablas cuya aplicación se hará conforme a las definiciones y normas que a continuación se indican:
DEFINICIONES
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Uso: Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en:
H: Habitación. L: Hoteles. D: Deportes. B: Baños. J99: Recreación. O: Oficinas de gobierno. N: Oficinas particulares. K: Comunicaciones. C: Comercio. R: Restaurantes. A: Abasto. M: Mercado. T: Transporte. E: Educación. Q: Cultura. V: Velatorios. Y: Iglesias. X: Agropecuario.
J: Jardines., V99: Cementerios. I: Industria. U: Infraestructura. G: Gasolineras. P: Policía y Seguridad. Z: Talleres de servicio. S: Salud.
b) Rango de Niveles: Corresponde al número de plantas cubiertas y descubiertas de la construcción, conforme a la siguiente clasificación:
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. Este Decreto entrará en vigor el primero de enero de 1994.
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, quedan sin efectos las disposiciones administrativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general que contravengan lo establecido en este Decreto.
Tercero. Los derechos, cuotas u otro tipo de cantidades que se reforman o adicionan a través del presente Decreto, no serán objeto de actualización para el año de 1994.
Cuarto. La Tesorería del Distrito Federal mandará publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, durante los quince primeros días del mes de enero de 1994, todas las cuotas y tarifas, de las contribuciones que estén sujetas a cambio de acuerdo con la Ley.
Asimismo, deberá publicar y distribuir entre los contribuyentes, las relaciones actualizadas de valores unitarios del suelo y construcciones.
En dichas publicaciones deberán aparecer las cantidades actualizadas.
Quinto. Las asociaciones religiosas constituidas en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, no pagarán el impuesto a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, por las adquisiciones que realicen hasta el 31 de diciembre de 1994.
Sexto. Para determinar el valor catastral de los inmuebles a que se refiere el Decreto que abroga el diverso que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales, de fecha 21 de diciembre de 1992, únicamente se considerarán las contraprestaciones obtenidas por el uso o goce temporal de dichos inmuebles, en el caso de aquellos destinados a habitación.
Séptimo. Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de un inmueble, cuando el valor catastral que sirva de base para la determinación y pago del impuesto predial hasta el sexto bimestre de 1993, se haya determinado de acuerdo a la fracción II del artículo 18 de la Ley, continuarán pagando el mismo impuesto que correspondió a dicho bimestre hasta en tanto no varíen las contraprestaciones correspondientes y por tanto se modifique el valor catastral resultante.
Cuando en los términos del artículo 22 de la Ley, estos contribuyentes declaren un nuevo valor catastral que modifique el que hasta el sexto bimestre de 1993 servía de base para la determinación y pago del impuesto, aplicarán la tarifa de la fracción I del artículo 20 vigente para 1994, a partir del bimestre que corresponda.
Octavo. Las personas que como consecuencia de los sismos acaecidos en el mes de septiembre de 1985 hubiesen perdido su vivienda, quedan exentas por una sola vez, respecto de la vivienda que adquieran, del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y de los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, previa exhibición del certificado de damnificado, que al efecto les hubiese expedido la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Dichas personas gozarán también de las facilidades que al efecto se otorguen, para el trámite de las escrituras públicas correspondientes, conforme a las bases establecidas por las autoridades fiscales del Departamento del Distrito Federal, a través de la expedición del Acuerdo respectivo.
Noveno. Tratándose de transmisiones de propiedad por causa de muerte, el impuesto correspondiente se causará conforme se realicen las situaciones jurídicas o de hecho previstas por las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, a menos que el contribuyente manifieste su voluntad expresa de acogerse a las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal en vigor en el ejercicio fiscal de 1994, por estimarlo más favorable.
Décimo. Los propietarios o a falta de éstos, los poseedores de inmuebles de usos distintos al de vivienda que tengan instalados en ellos retretes que utilicen más de seis litros de agua por descarga, de acuerdo a lo dispuesto por el Programa de Uso Eficiente del Agua del Departamento del Distrito Federal, deberán sustituirlos por otros que requieran como máximo ese volumen de agua, en un plazo que vencerá el 31 de diciembre de 1994.
Al efecto, el interesado podrá solicitar al Departamento del Distrito Federal que le sustituya dichos aparatos, los que tendrán un costo de N$300.00 si son de color blanco y de N$350.00 de otros colores, por cada uno de ellos.
Decimoprimero. El derecho por el uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales a que se refiere el artículo 135 de la Ley, se causará a partir del primer día del
mes de calendario siguiente a aquél en que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal expida la reglamentación substantiva correspondiente a dichas actividades.
Decimosegundo. los derechos por los servicios a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Hacienda, se causaran a partir del día en que entren en vigor las reformas a la Ley del Notariado.
Hasta en tanto, por los servicios de revisión y autorización de los libros de protocolo de los notarios públicos, se pagarán los derechos respectivos conforme a las siguientes cuotas:
I. Por la razón de apertura N$93.30
II. Por la revisión de razón de cierre y su autorización N$186.70
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 15 de noviembre de 1993.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1994.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1993. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
I. PRESENTACIÓN
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
De conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, el Ejecutivo a mi cargo somete a la consideración de esa honorable Representación Nacional, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 1994, para su examen y, en su caso, aprobación.
Al iniciarse la presente administración, el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 planteó la necesidad de reformar al Estado para hacerlo más eficiente, más ordenado, más justo, más solidario y menos propietario, con el propósito fundamental de incrementar su capacidad para atender sus responsabilidades prioritarias. En consecuencia, la política de gasto público también se sujetó a un proceso de reforma para reorientar sus objetivos, con énfasis en tres vertientes fundamentales: la determinación del nivel de gasto, su asignación entre diferentes sectores y programas, y la estricta disciplina y control en su ejercicio.
La determinación del nivel de gasto ha perseguido el objetivo primordial de alcanzar el equilibrio fiscal, circunscribiendo el nivel total de las erogaciones públicas a la disponibilidad de recursos, condición indispensable para la estabilidad macroeconómica. Esto significa que el Estado, al ajustarse a sus posibilidades financieras, evita el surgimiento de crecimientos económicos efímeros y presiones inflacionarias. Así, la política de gasto público al reducir las erogaciones totales ha contribuido en forma sustancial al saneamiento fiscal, y por consiguiente, al restablecimiento de bases adecuadas para impulsar un desarrollo económico gradual, sostenido y con estabilidad de precios.
A su vez, la asignación sectorial de los recursos se ha sujetado estrictamente al objetivo de privilegiar los rubros destinados a mejorar el bienestar social de los mexicanos, particularmente de quienes menos tienen. En consecuencia, se ha incrementado sustancialmente el gasto en desarrollo social, es decir, en acciones de educación, salud, desarrollo regional y urbano, agua potable, trabajo y previsión social, abasto, ecología y Solidaridad, así como en desarrollo rural e infraestructura básica.
Además, la estricta aplicación de los criterios de selectividad, eficiencia, racionalidad y disciplina
en el ejercicio del gasto público permitieron que, no obstante el descenso registrado en el monto total de las erogaciones, se incrementara el gasto programable, particularmente en los sectores antes señalados.
Esta política de gasto, aunada al diseño y aplicación de las políticas tributaria, monetaria y financiera, la concertación de acciones entre los sectores público, social y privado, y el esfuerzo de la sociedad en su conjunto, permitieron avanzar de manera significativa en los objetivos de la estrategia de estabilización. Dicha estrategia se complementó con profundas medidas de cambio estructural dentro de las que destacan: la apertura y desregulación económica, la renegociación de la deuda externa, la reforma fiscal, la liberación financiera, la desincorporación de entidades paraestatales, y las adecuaciones al marco legal, a fin de establecer una nueva relación entre Estado, individuo y sociedad.
La firmeza en la conducción de la política económica y la reforma del Estado han permitido alcanzar notables avances, entre otros, en los siguientes aspectos:
La inflación, que llegó a convertirse en una amenaza para la viabilidad del desarrollo económico del país, ha mantenido una clara tendencia decreciente, pasando de tasas cercanas al 200 por ciento anual, a una esperada de 7.7 por ciento en 1993, que representará la tasa más baja de crecimiento en el nivel general de precios en los últimos 20 años, comportamiento desconocido para más de la mitad de la población.
El Producto Interno Bruto (PIB), ha crecido a ritmos superiores al de la población, registrando una tasa media anual de 3.0 por ciento real en el período 1989 a 1993;
El salario promedio de cotización del IMSS, en términos reales, y el empleo en el sector formal de la economía, mostraron una recuperación en el lapso referido, con crecimientos de 19 y 29 por ciento, respectivamente;
El saldo neto de la deuda pública consolidada en relación al PIB pasó de 68.3 por ciento en 1988, a un estimado de 22.0 por ciento en 1993.
El sector público continuó su redimensionamiento a través de la desincorporación de entidades paraestatales, que disminuyeron a 209 en 1993;
Las finanzas públicas pasaron de un déficit financiero equivalente al 12.5 por ciento del PIB, a un superávit del 0.5 por ciento sin los ingresos provenientes de la desincorporación de empresas paraestatales y a un superávit, en 1992, de 3.5 por ciento con dichos ingresos extraordinarios, cifra sin precedentes en la historia económica moderna de México;
Se redujo el gasto neto total del sector público en relación al PIB, de 40 por ciento en 1988 a 25.2 por ciento en 1993; en tanto que el gasto programable elevó su participación dentro de las erogaciones totales y registró una recuperación en su nivel real. Este último, en 1988 representaba 47.5 por ciento del gasto neto total. Para 1993 dicha relación será de 74.0 por ciento. En el período de referencia, su crecimiento real ascenderá a 14.0 por ciento;
El gasto social alcanzó su nivel más alto en casi tres décadas. En 1988 de cada peso que gastó el sector público, se erogaron 16 centavos en programas de desarrollo social, mientras que en 1993 se ejercieron 38 centavos. Ello implica un incremento real acumulado del 74.8 por ciento, y respecto al tamaño de la economía, significa un aumento del 6.3 al 9.5 por ciento, en igual lapso. En relación con el pago de intereses, la comparación es también muy ilustrativa: en 1988 por cada peso destinado al pago de intereses, sólo se erogaron en desarrollo social 36 centavos; sin embargo, para 1993 serán 3.1 nuevos pesos por cada uno erogado en intereses;
La infraestructura económica y social se expandió en forma notable, particularmente en las áreas de energéticos, carreteras, vivienda, agua potable, drenaje, hospitales, escuelas e infraestructura hidroagrícola, que en conjunto coadyuvaron a mejorar la calidad de vida de la población y a fortalecer las bases para un crecimiento sostenido. A ello han contribuido crecientes montos de inversión pública complementados con la de particulares.
Sobre la base de los logros alcanzados, la política de gasto para 1994, que se somete a su consideración, tiene como propósito avanzar en la estrategia de modernización nacional, incrementar el gasto programable, particularmente en desarrollo social y rural; y destinar mayores recursos a la inversión pública, con el objetivo de apoyar la reactivación económica y la generación de más y mejores empleos.
El equilibrio fiscal se alcanzará aun cuando se han adoptado medidas que implican una reducción de ingresos, disminución de precios y tarifas de bienes y servicios del sector público y de tasas impositivas, así como incrementos en los rubros prioritarios del gasto.
Al igual que desde el primer año de esta administración, en el último se mantendrá la más estricta disciplina y control en el ejercicio presupuestal.
En años anteriores, la necesidad de estabilizar las variables macroeconómicas exigía la obtención de superávit financieros. Ahora, la tasa de inflación se encuentra próxima a la que registran nuestros principales socios comerciales; el saldo de la deuda pública ha dejado de presionar al gasto total; y, en general, los principales indicadores macroeconómicos se desenvuelven favorablemente.
Por tanto, las bases para mantener un desarrollo económico gradual y sostenido se han consolidado. Están dadas las condiciones que hacen posible que los márgenes presupuestales derivados de los esfuerzos de ajuste realizados en los últimos años, se utilicen en medidas que apoyen la reactivación económica. En consecuencia con lo anterior, el nivel del gasto que se propone igualará a los ingresos: ni superávit ni déficit presupuestal. Es decir, un presupuesto equilibrado.
La propuesta de gasto contenida en esta iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, que se somete a consideración de esa honorable Cámara, tiene como objetivos: contribuir a las metas macroeconómicas establecidas en los Criterios Generales de Política Económica; consolidar la recuperación del gasto programable, especialmente el de desarrollo social y rural; y, ejercer las erogaciones públicas con selectividad y eficiencia.
El logro de estos objetivos permitirá mantener el equilibrio fiscal; mejorar las condiciones de vida de la población; intensificar el combate a la pobreza extrema; consolidar la infraestructura básica necesaria para sustentar mayores ritmos de crecimiento de las actividades productivas; continuar con la modernización educativa y la del sistema de salud y servicios asistenciales; contribuir a mejorar la productividad y a una mayor equidad en el campo; incrementar los servicios básicos y de vivienda; reforzar las acciones de protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico; mejorar el ejercicio y el alcance de la procuración e impartición de justicia; y, fortalecer la seguridad nacional.
II. RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO EN 1993
Durante el ejercicio fiscal de 1993, las finanzas del sector público se apegaron a los lineamientos de los Criterios Generales de Política Económica para el año en curso, así como al Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación. El ejercicio del gasto público contribuyó a la consolidación de la estabilidad de las principales variables macroeconómicas.
En este año, el sector público obtendrá balances superavitarios tanto a nivel económico primario como a nivel financiero, los cuales se situarán en 4.0 y 1.0 por ciento del PIB, respectivamente.
El manejo del gasto público mantuvo una estricta disciplina en su ejercicio y se orientó hacia las actividades prioritarias de desarrollo social y de fortalecimiento de la infraestructura básica, así como a impulsar la modernización del campo mexicano. Para 1993, se estima que el sector público ejerza un gasto neto total de 286 mil 460 millones de nuevos pesos, monto 0.4 por ciento mayor en términos reales al de 1992. Como porcentaje del PIB ascenderá a 25.2 por ciento, 0.2 y 14.8 puntos porcentuales menos que en el año anterior y que en 1988, respectivamente.
El costo financiero de la deuda continuó su tendencia decreciente en términos reales, así como en relación al producto. El pago de intereses ascenderá a 34 mil 650 millones de nuevos pesos, lo que significa un decremento real de 27.1 por ciento con respecto a lo ejercido el año anterior. Como porcentaje del PIB, el costo financiero de la deuda disminuirá de 4.2 puntos porcentuales en 1992, a 3.1 en 1993 y disminuye en 14.6 puntos porcentuales en relación a 1988.
Conforme a lo previsto, el gasto programable aumentó su participación respecto al gasto neto total y al PIB, lo que ha permitido reforzar los programas prioritarios en materia de infraestructura y ampliar la cobertura social y territorial de las acciones con beneficio comunitario. Para el cierre de este año, se estima que el gasto programable ascienda a 212 mil 068 millones de nuevos pesos, lo que significa un incremento real de 7.9 por ciento con respecto al de 1992. Asimismo, como porcentaje del total de las erogaciones del sector público, representará el 74.0 por ciento. Su nivel, en relación al tamaño de la economía, será superior al de 1992, al ubicar se en 18.7 por ciento.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 14 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993, y con base en los mayores ingresos fiscales, el sector público federal ejercerá un gasto programable adicional de 9 mil 692 millones de nuevos pesos. Lo anterior no afecta el cumplimiento de las metas financieras, ya que los ingresos adicionales contribuyen a cubrir dicho gasto. El mayor gasto del Gobierno Federal ascenderá a 3 mil 372 millones de nuevos pesos, mientras que el correspondiente a las entidades bajo control directo presupuestal será de 6 mil 320 millones de nuevos pesos.
En cuanto a la clasificación económica del gasto público, las erogaciones corrientes mostraron un ligero crecimiento; y el gasto de capital recuperó relativamente su participación en el PIB.
Se estima que el gasto corriente en 1993 ascienda a 167 mil 068 millones de nuevos pesos, lo que implica un incremento real de 10.3 por ciento con respecto al del año anterior. Como porcentaje del producto aumentará de 13.5 por ciento en 1992, a 14.7 porciento en este ejercicio.
Por otra parte, el principal competente del gasto corriente lo constituye el rubro de servicios personales, en los cuales se prevé que se erogarán 85 mil 647 millones de nuevos pesos, con un crecimiento real de 8.1 por ciento. Su participación en el PIB aumentará de 7.1 por ciento en 1992, a 7.5 por ciento en 1993.
Por lo que respecta al gasto de inversión física, se prevé que en 1993, éste alcanzará un monto de 41 mil 099 millones de nuevos pesos, lo que significa un aumento real de 2.1 por ciento en relación con el año anterior. Su participación en el PIB se mantendrá en 3.6 puntos porcentuales. Paralelamente a este crecimiento, se impulsó de manera importante la participación de capital privado en proyectos de infraestructura, tales como autopistas, generación de electricidad y petroquímica secundaria.
En resumen, el ejercicio del gasto público en 1993, se realizó de acuerdo con el presupuesto aprobado y permitió avanzar significativamente en torno a los objetivos planteados.
III. CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO 1989 - 1993
En el transcurso de la presente administración la política de gasto público ha experimentado cambios fundamentales, derivados de la disminución en el costo financiero de la deuda y del cambio estructural de la economía, que propiciaron una reducción del gasto neto total. Ello permitió una recuperación del gasto programable, y un cambio notable en la asignación del presupuesto al destinar recursos crecientes a sectores de atención prioritaria, particularmente a los de desarrollo social.
Gasto Neto Total
El gasto neto, es decir, la totalidad de las erogaciones públicas menos las amortizaciones de la deuda, disminuyó en términos reales, así como en relación al tamaño de la economía. En efecto, mientras que en 1988 dicho gasto representó el 40.0 por ciento del producto, en 1993 éste se reduce al 25.2 por ciento. Durante el período de referencia, el nivel de gasto ha disminuido 26.9 por ciento real.
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La reducción del gasto público se logró fundamentalmente por la sustancial disminución en el pago de intereses. En términos del producto, el costo financiero pasó del 17.7 por ciento en 1988 a tan sólo el 3.1 por ciento en 1993.1/ Durante este período dicho costo decreció, en términos reales, 80.0 por ciento. También la participación de este gasto en el total de erogaciones se redujo de 44.1 a 12.1 por ciento, durante el lapso de referencia.
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De manera específica, la reducción del costo financiero de la deuda pública se debió a los siguientes factores:
La exitosa renegociación de la deuda externa con la banca comercial, permitió una importante disminución del acervo de la deuda histórica; la deuda pública neta consolidada, en relación al producto, disminuyó del 68.3 por ciento en 1988, al 22.0 por ciento en 1993;
La aplicación de los recursos provenientes de la desincorporación de entidades paraestatales, y de los superávit financieros, a la amortización anticipada de pasivos internos y externos;
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La reducción en el nivel de las tasa de interés internas, derivada del avance en el programa de estabilización y de las mejores expectativas económicas; y
El descenso de los réditos sobre el crédito externo, dado el desenvolvimiento de la economía internacional.
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Gasto Programable
En el marco del seneamiento de las finanzas públicas, los mayores ingresos, la estricta disciplina en el ejercicio del gasto y la disminución en las erogaciones por concepto de intereses, permitieron ampliar los márgenes para que el gasto programable, después de un descenso, mostrara una recuperación en forma gradual y sostenida. En efecto, las erogaciones programables pasaron de 19.0 por ciento del PIB en 1988, a 17.1 en 1990, y a 18.7 por ciento en este año.
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Recomposición Sectorial del Gasto Programable
La distribución sectorial del gasto programable ha experimentado una importante reorientación, con el propósito de destinar recursos crecientes a las actividades definidas como prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo. Así, el gasto federal en desarrollo social se incrementó en el período de referencia 74.8 por ciento, en términos reales; 7.5 veces más que el crecimiento de la población y 4.6 veces más que el de la economía. En 1993 este gasto representa más de la mitad del gasto programable.
Dentro del sector desarrollo social, se han incrementado los recursos destinados a educación, salud, desarrollo urbano y regional, agua potable, trabajo y previsión social, abasto y ecología, en congruencia con el propósito de mejorar el bienestar de la población.
Es de señalar que el gasto presupuestal en educación para 1993, es superior en 75.7 por ciento real al de 1988; el de salud acumula, en igual período, un crecimiento real de 68.2 por ciento; mientras que el de desarrollo urbano, ecología y agua potable se ha incrementado en 39.3 por ciento real en el transcurso de los últimos cinco años. Al agregar los programas que han realizado el Departamento del Distrito Federal y las entidades bajo control indirecto presupuestal en estos sectores, los incrementos se elevan a 90, 79 y 65 por ciento respectivamente. Con ello, durante el período de referencia, el conjunto del gasto social alcanza una tasa real del orden del 85 por ciento.
Por su parte, las erogaciones correspondientes al Programa Nacional de Solidaridad muestran también un crecimiento importante, lo que ha permitido avances sustanciales sobre el mejoramiento productivo de los niveles de vida de las poblaciones y comunidades de menores recursos. En efecto, desde su puesta en marcha, el gasto en Solidaridad se ha triplicado.
En los últimos años, la importante expansión de la infraestructura en los sectores comunicaciones y transportes, energético y desarrollo rural, ha sido posible sobre la base de elevar la productividad y eficiencia de los recursos presupuestales, los cuales se han complementado con los de particulares.
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Clasificación Económica del Gasto Programable
El presupuesto de egresos por tipo de gasto observa también una recomposición importante. El gasto de capital recuperó gradualmente su participación respecto al gasto programable, en tanto que el gasto corriente diferente de servicios personales se contuvo, y el destinado a servicios personales creció.
Gasto de capital
El gasto de capital como proporción del producto interno bruto pasó de 4.3 por ciento en 1988, a 3.7 en el primer año de la administración, y es equivalente al 4.0 por ciento en 1993. Ello no obstante que el universo de entidades paraestatales no sujetas a proceso de desincorporación, disminuyó en el período de referencia a 209. Es importante destacar que el gasto de capital de las empresas desincorporadas ha pasado a contabilizarse como parte de la formación bruta de capital del sector privado, y que la inversión de estas empresas, en la mayoría de los casos, ha crecido en términos reales.
En el contexto de la reforma del Estado, y con base en las adecuaciones legales efectuadas, la inversión se vio fortalecida con la participación de los particulares. Ejemplo de ello lo constituye el gasto de capital en infraestructura básica que, al conjuntar el gasto público y privado, muestra durante el lapso de referencia un crecimiento real acumulado de 80.0 por ciento. Al respecto cabe mencionar la participación del financiamiento privado en proyectos de infraestructura eléctrica, de petroquímica secundaria, así como en obras de infraestructura en el sector comunicaciones y transportes. En este sector destaca el Programa Nacional de Autopistas, mediante el cual se ha ampliado en más de 4,000 kilómetros la red carretera, además de importantes obras en instalaciones portuarias y aeroportuarias.
Gasto corriente
Durante los primeros años de esta administración el gasto corriente mantuvo una tendencia decreciente; sin embargo, a partir de 1992 ésta se revirtió debido, principalmente, a la ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, de salud y seguridad social, de procuración de justicia y seguridad nacional. El gasto corriente representó el 14.7 por ciento del PIB en 1988, 12.9 por ciento en el tercer año de la administración y 14.7 por ciento en 1993.
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Además, en los últimos cinco años, los salarios y demás remuneraciones de los trabajadores al servicio del Estado han experimentado una importante recuperación en términos reales, consecuencia de los incrementos otorgados, particularmente los correspondientes a los servidores públicos de los sectores de salud y educación. Parte de este esfuerzo deriva de la aplicación de medidas específicas para el mejoramiento del ingreso de los trabajadores, como lo son la carrera magisterial, la creación del Sistema de ahorro para el Retiro y el Nuevo Seguro Institucional, cuya importancia consecuente explica también el mayor nivel de erogaciones presupuestales en este renglón de gasto. Como ejemplo de lo antes señalado, las remuneraciones al magisterio muestran un incremento real acumulado de más de 70 por ciento.
Por lo anterior, el gasto en servicios personales pasó de representar el 41.3 por ciento del gasto corriente en 1988, al 51.3 por ciento en 1993.
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Por otra parte, con el propósito de mantener la disciplina fiscal, se aplicaron medidas de eficiencia y eficacia que permitieron contener el crecimiento del gasto en materiales y suministros y servicios generales; ello se logró sin demeritar la calidad y suficiencia de los servicios públicos. Así, el gasto corriente distinto a servicios personales disminuyó de 8.6 a 7.2 por ciento del PIB durante el período de referencia. Las medidas de control en este rubro de gasto han permitido abrir mayores espacios para los renglones de servicios personales y gasto de inversión.
Acorde con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, se han realizado importantes acciones específicas para transferir y desconcentrar funciones públicas. Entre otras, en 1992 el Gobierno Federal transfirió a las entidades federativas la administración de los servicios de educación básica, así como los recursos presupuestales correspondientes para su atención, fincándose las bases para una mayor participación activa de la comunidad.
En suma, durante el período 19891993, la política de gasto público experimentó transformaciones de largo alcance que se caracterizan por la disminución del gasto neto total y la recuperación del gasto programable. Dentro de este último se registró por un lado, una recomposición sectorial en favor de sectores prioritarios, particularmente aquellos asociados al desarrollo social. Por el otro, se observó una modificación entre rubros de gasto, destacando la contención de las erogaciones corrientes distintas a servicios personales, frente a importantes recuperaciones del gasto de capital y de los propios servicios personales.
Tales transformaciones fueron posibles mediante la estricta disciplina presupuestal aplicada que, junto con la reducción de la deuda y el incremento en los ingresos, apoyaron el saneamiento de las finanzas públicas. Ello, aunado a una mayor eficacia en el ejercicio del gasto público ha permitido que, con un nivel inferior al de ejercicios previos a la presente administración, se otorguen más y mejores servicios a una mayor proporción de la población; se amplíe y modernice en forma sustancial la infraestructura necesaria para asegurar un desarrollo sostenible; se promueva un desarrollo regional más equilibrado; y, en consecuencia, se eleve el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos.
IV. POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO PARA 1994
La política de gasto público para 1994 está orientada a apoyar la consolidación de los avances
logrados en torno a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994. Con tal propósito, se continuarán fortaleciendo las bases para un crecimiento económico gradual y sostenido con estabilidad de precios. Con ello, se pretende que la tasa de inflación sea similar a las registradas por los principales socios comerciales de México.
En este contexto, la política de gasto público propone los siguientes objetivos para el ejercicio fiscal de 1994:
I. Contribuir al logro de las metas macroeconómicas establecidas en los Criterios Generales de Política Económica correspondientes a 1994.
II. Consolidar la recomposición del gasto público, dando prioridad al desarrollo social, al desarrollo rural y a la infraestructura social y económica del país.
III. Ejercer las erogaciones públicas con eficiencia, selectividad y la más estricta disciplina presupuestal, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y avanzar en la modernización de la economía.
Acciones Estratégicas
Los objetivos de la política de gasto contenidos en este proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1994, se apoyarán en las siguientes acciones:
1. Ajustar el nivel del gasto total para hacerlo compatible con la estabilidad macroeconómica.
Alcanzar un balance financiero igual a cero, resulta de primordial importancia para promover un crecimiento económico sostenido con estabilidad de precios.
Consecuentemente, se somete a consideración de esa honorable Cámara de Diputados, un gasto neto presupuestal para 1994 por 309 mil 040 millones de nuevos pesos que significará un aumento real de 2.6 por ciento con respecto al cierre esperado en 1993. Con ello, su participación dentro del PIB será de 25.1 por ciento, 14.9 puntos porcentuales menos que el de 1988.
Por su parte, el pago de intereses de la deuda pública ascenderá en 1994 a 31 mil 160 millones de nuevos pesos, cantidad inferior en 14.5 por ciento real a la de 1993. En relación al tamaño de la economía, este gasto representará tan sólo 2.5 por ciento, frente al 17.7 por ciento que significó en 1988.
2. Incrementar las erogaciones públicas en áreas estratégicas y prioritarias de la actividad gubernamental.
La disminución en el pago de intereses ha abierto espacios para destinar mayores recursos presupuestales al gasto programable, particularmente a sectores prioritarios dentro de la estrategia de desarrollo, sin afectar el cumplimiento de las metas fiscales. Con base en ello, el gasto programable que se propone es de 235 mil 646 millones de nuevos pesos, superior en 5.7 por ciento en términos reales al del cierre estimado en 1993. Su participación dentro del gasto total aumentará de 47.5 por ciento en 1988, a 76.3 por ciento en 1994.
La prioridad fundamental del desarrollo es elevar las condiciones de vida de la población, en especial la de los grupos menos favorecidos. En consecuencia, se plantea un gasto en desarrollo social superior en 10.5 por ciento real respecto al cierre estimado de 1993. Con esto, su crecimiento real acumulado entre 1988 y 1994 será de 93.3 por ciento. A su vez, su participación dentro del gasto programable sectorial se habrá incrementado de 33.2 por ciento en 1988, a 53.9 por ciento en 1994.
Así, mientras que el gasto programable como proporción del producto será similar al de 1988, el gasto en desarrollo social aumentará su participación respecto a ese agregado en 3.9 puntos porcentuales.
Este incremento se habrá alcanzado al reducir las erogaciones públicas en actividades no prioritarias y en sectores que se han complementado con capital privado; no obstante, para el conjunto de la economía el gasto agregado en estas actividades y sectores habrá aumentado.
En relación con el costo financiero de la deuda, por cada nuevo peso que se pagará de intereses, 4 nuevos pesos se dirigirán a educación, salud, trabajo y el resto de los componentes del desarrollo social.
Esta situación contrasta muy favorablemente con la observada al principio de esta administración.
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3. Impulsar productivamente las actividades del sector agropecuario, a fin de mejorar las condiciones de vida en el medio rural y la producción de alimentos e insumos.
En lo referente al campo mexicano, los objetivos fundamentales son: aumentar la producción y la productividad; ampliar las oportunidades de trabajo; fomentar la participación de los campesinos; y mejorar sus niveles de bienestar y su plena incorporación al progreso nacional.
El sector agropecuario requiere elevar su productividad para satisfacer la demanda de alimentos y hacer frente a la competencia internacional. Por ello, es importante destinar recursos crecientes para capitalizarlo; aumentar su financiamiento; ampliar la cobertura del seguro agrícola; ampliar la infraestructura y el desarrollo de la tecnología; mejorar los mecanismos de comercialización; alentar opciones de proyectos productivos y formas de asociación; y proteger la vida y las labores comunitarias. De manera destacada, y como respuesta del Gobierno Federal a las demandas de las organizaciones campesinas, en 1994 iniciará la operación de un esquema de apoyos directos al campo, Procampo, el cual permitirá sustituir los apoyos actuales por un programa más equitativo y directo.
Para lograr lo anterior, en 1994 se propone asignar al desarrollo rural 15 mil 206 millones de nuevos pesos. Así, el gasto en dicho sector crecerá, con respecto al de 1993, en 32.8 por ciento en términos reales. El gasto destinado al programa de apoyos directos al campo, incluyendo transferencias a Conasupo, crecerá en 82.8 por ciento. Cabe resaltar que los diversos programas sociales, como Solidaridad y otros correspondientes a educación y salud, destinarán recursos adicionales para elevar las condiciones de vida en el campo.
4. Incrementar la inversión pública para fortalecer la infraestructura básica del país.
El manejo de las finanzas públicas y la estabilidad alcanzada permiten, para 1994, que parte del margen presupuestal se canalice a la inversión pública con objeto de ampliar la infraestructura económica y social.
Consecuentemente, la propuesta de gasto en inversión física asciende a 47 mil 011 millones de nuevos pesos, cantidad superior en 10.0 por ciento, en términos reales, a la del cierre estimado para 1993. En relación al tamaño de la economía la propuesta de inversión física representará el 3.8 por ciento. Este porcentaje es el más alto alcanzado en la presente administración. El monto asignado al Gobierno Federal representa el 56.7 por ciento, en tanto que el 43.3 por ciento restante corresponde al sector paraestatal de control directo presupuestal.
Los recursos crecientes destinados a la inversión deben canalizarse de manera eficiente. Por ello, primordialmente, se destinará gasto de inversión a la conclusión de las obras en proceso y a la conservación y mantenimiento de la infraestructura. En el caso de proyectos nuevos se incluyen sólo aquellos que muestran los mayores niveles de beneficio social y rentabilidad económica. Asimismo, se fomentarán los proyectos de coinversión con los gobiernos estatales y municipales y con los particulares. La inversión en infraestructura
básica, pública y privada, aumentará en el período 1989 - 1994 a una tasa media anual de 11.7 por ciento real; con lo que en dicho lapso, esta inversión se habrá duplicado, en términos reales.
Finalmente, se modernizarán y simplificarán los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes, contratación de obras, así como de servicios relacionados con dichos conceptos, a efecto de abatir costos y mejorar el aprovechamiento de los recursos.
Durante la presente administración, el crecimiento acumulado de la inversión pública ascenderá a 25.4 por ciento en términos reales.
5. Consolidar el cambio estructural del sector educativo y avanzar en el desarrollo científico y tecnológico.
De acuerdo con los propósitos establecidos al inicio de esta administración, el desarrollo del país requiere de una educación de calidad y de cobertura amplia. Para ello se ha realizado un importante esfuerzo presupuestal, y se han promovido cambios sustanciales orientados a fortalecer la estrategia educativa. Con tal fin se estableció el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre los estados y la Federación, se reformaron los artículos 3o. y 31 constitucional y se expidió la Ley General de Educación.
La estrategia para fortalecer la federalización educativa continuará durante 1994; asimismo, se aumentará el número de escuelas para atender el incremento de la demanda; se continuarán renovando los programas y métodos de estudio; se avanzará en la revalorización social de los maestros y docentes y, en general, seguirá promoviéndose el desarrollo de un sistema educativo que corresponda con las necesidades del país.
En consecuencia, para consolidar las transformaciones realizadas y para avanzar en las metas establecidas, se propone que para el próximo ejercicio fiscal el presupuesto en educación sea de 54 mil 485 millones de nuevos pesos, cifra 14.4 por ciento superior en términos reales a la de 1993. Con ello, al término de este Gobierno el gasto en este sector habrá acumulado un incremento real de 101.0 por ciento.
Por otra parte, nuestro país requiere de profesionistas y técnicos adiestrados en ramas de alta especialización. En este sentido, promover el desarrollo científico y tecnológico constituye una acción estratégica para la modernización nacional.
La asignación de recursos para ciencia y tecnología en 1994, buscará equipar adecuadamente a las instituciones de educación superior; vincular los proyectos de investigación y los de desarrollo tecnológico con la industria nacional; y preservar el esquema de coparticipación de las comunidades académica, científica y tecnológica, públicas y privadas. Así, se propone que el gasto en ciencia y tecnología aumente 11.1 por ciento en términos reales respecto al del año anterior. Ello significará un crecimiento real acumulado de 90.8 por ciento entre 1988 y 1994.
6. Mejorar los servicios de salud y seguridad social.
Uno de los principales objetivos de los servicios de salud y seguridad social es ampliar y mejorar la protección a todos los mexicanos, brindando atención y prestaciones eficaces y equitativas que coadyuven a elevar sus condiciones de bienestar social.
En concordancia con los propósitos rectores del Sistema Nacional de Salud, la política de gasto propuesta para 1994 mantiene como prioridad profundizar en los avances logrados en medicina preventiva, curativa y de rehabilitación. Para ese fin se redoblarán esfuerzos dentro de los programas de Vacunación Universal, de Nutrición y Salud, de Modernización de la Regulación Sanitaria, Contra las Adicciones y de Planificación Familiar.
La seguridad social, por su parte, es el instrumento mediante el cual la población tiene acceso, además de los servicios de salud, a otros beneficios que, en su conjunto, procuran bienestar y seguridad entre los mexicanos.
Para alcanzar las metas programadas en este sector, se propone un gasto de 51 mil 831 millones de nuevos pesos, que representa un incremento, respecto a 1993, de 8.1 por ciento en términos reales. Con esto, su participación en el gasto programable aumentará de 14.7 por ciento en 1988, a 22.4 por ciento en 1994; en consecuencia, registrará un incremento acumulado de 81.7 por ciento en la presente administración.
7. Intensificar las medidas para mejorar la calidad del medio ambiente.
El desarrollo nacional exige armonizar el crecimiento económico con la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, principalmente el de los no renovables.
En este sentido, se promoverá que Gobierno y sociedad participen más ampliamente en la prevención del deterioro ambiental. Se pretende avanzar en la mejoría de la calidad del agua potable; incrementar el número de plantas de tratamiento de aguas residuales; disminuir los índices de contaminación del aire; mejorar los métodos para disponer de los desechos sólidos; consolidar el sistema de reservas naturales; mejorar los mecanismos de protección de los ecosistemas nacionales y dentro de ellos, conservar las especies.
Para lograr estos objetivos, se propone que el presupuesto para desarrollo urbano, agua potable y ecología ascienda a 6 mil 107 millones de nuevos pesos, cifra que representa un crecimiento real de 8.1 por ciento con respecto a 1993. En consecuencia, su crecimiento acumulado en el transcurso de esta administración será de 50.6 por ciento real. El gasto destinado a la protección del medio ambiente aumentará sustancialmente con respecto a 1993; su monto ascenderá a 1 mil 819 millones de nuevos pesos.
Es importante considerar que estas erogaciones no incluyen las que realizan el Departamento del Distrito Federal, las entidades bajo control indirecto presupuestal ni el de las entidades federativas para este mismo propósito. De incluirse éstas, el crecimiento acumulado alcanzará una tasa real de 78 por ciento.
8. Avanzar en el mejoramiento del bienestar de la población de menores ingresos mediante el Programa Nacional de Solidaridad.
El Programa Nacional de Solidaridad, se ha constituido como uno de los medios más eficaces para extender e incrementar los servicios básicos a un ritmo mayor que el del crecimiento de la población. Sus acciones se han concentrado en la realización de obras y programas para que los grupos menos favorecidos de la sociedad mejoren sus condiciones de vida. El programa recoge las propuestas de los grupos interesados y promueve su participación organizada y corresponsable en las decisiones y la ejecución de las obras realizadas en provecho de la comunidad.
Niños y mujeres en Solidaridad; escuelas dignas; electricidad; agua potable y drenaje; escrituras públicas sobre propiedad; alumbrado público; pavimentación y equipamiento urbano; apoyo a la producción mediante la creación de fuentes de empleo, y financiamiento a las actividades agropecuarias, son los principales ámbitos en que se desenvuelven las acciones del Programa.
Para ello, en 1994 se propone que el presupuesto destinado al Programa Nacional de Solidaridad ascienda a 8 mil 809 millones de nuevos pesos, a los cuales se sumarán las aportaciones de los gobiernos estatales y municipales y las de los propios beneficiarios. Los recursos presupuestales federales propuestos representan un crecimiento real de 5.4 por ciento con respecto a los de 1993, y de 221.9 por ciento en relación a 1989. De esta forma, Solidaridad incrementará su participación dentro del gasto programable de 1.5 por ciento en 1989, a 3.8 por ciento en 1994.
9. Asegurar la disponibilidad de energéticos.
El sector energético constituye un elemento fundamental de soporte para el avance del aparato productivo nacional y para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Ello ha ocurrido en la medida en que ha mantenido el abasto suficiente de energía, así como una oferta de productos refinados de mayor calidad.
Sobre estas bases, la política de gasto en este sector se orientará a mantener el apoyo hacia los proyectos prioritarios y particularmente hacia los que registren un mayor avance en su ejecución. Destacan aquellos destinados a consolidar la infraestructura existente, a modernizar la capacidad instalada y a producir con criterios ecológicos. Asimismo, proseguirán los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las diversas instalaciones, además del fomento al ahorro y uso eficiente de la energía. Para cumplir estos propósitos, se propone ejercer un gasto programable de 46 mil 947 millones de nuevos pesos en el sector energético.
El subsector petrolero ha experimentado una profunda transformación dirigida a elevar los niveles de eficiencia a parámetros internacionales. En 1992 se aprobó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. La transformación de esta entidad tiene como propósito incrementar su eficiencia y su productividad, cubrir la demanda interna y mantener la plataforma de exportación de petróleo. Asimismo, se tenderá a acelerar su proceso de modernización y a ubicarlo en una perspectiva de eficiencia microeconómica, en la que la rentabilidad y la competitividad sean los criterios rectores de su operación.
Con estas metas a alcanzar, se propone para Petróleos Mexicanos, consolidado, un gasto programable por 25 mil 559 millones de nuevos pesos, que representa un crecimiento real de 1.2 por ciento con respecto al de 1993. El gasto de inversión se incrementará en 10.8 por ciento real, con lo cual su participación aumentará en el gasto
programable de la entidad, de 38.5 por ciento, a 42.1 por ciento en el mismo lapso.
Respecto al subsector eléctrico, se propone un gasto de 22 mil 701 millones de nuevos pesos, con lo que se mantiene prácticamente constante en términos reales. Estos recursos presupuestales se orientarán a ampliar la capacidad de generación de energía para atender la demanda creciente, destacando la continuación de proyectos hidroeléctricos, así como obras de transmisión y distribución.
En apoyo a la modernización de la industria eléctrica, y en el marco de la nueva Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se fomentarán los mecanismos de participación de particulares en la generación, bajo modalidades diversas como la cogeneración, autoabastecimiento y el productor independiente, con lo cual el subsector se allegará recursos cada vez mayores.
PROYECTO GENERAL DE GASTO
Se propone a la Honorable Cámara de Diputados de la LV Legislatura que, en 1994, el gasto programable de los poderes de la Unión y los Órganos Electorales, excluyendo transferencias y aportaciones a entidades paraestatales de control directo presupuestal, ascienda a 129 mil 183 millones de nuevos pesos, lo que significa un crecimiento de 10.7 por ciento en términos reales en relación a 1993.
Por otra parte, el gasto programable de los organismos y las empresas bajo control directo presupuestal será de 106 mil 463 millones de nuevos pesos, lo que implica un aumento real de 0.1 por ciento respecto al de 1993.
El total del gasto programable propuesto es de 235 mil 646 millones de nuevos pesos, con un incremento real de 5.7 por ciento respecto del estimado para 1993.
El gasto en participaciones a entidades federativas y estímulos asciende a 37 mil 786 millones de nuevos pesos, y el de adeudos de ejercicios fiscales anteriores a 4 mil 448 millones de nuevos pesos.
Así, el gasto primario, que resulta de sumar el gasto programable y los conceptos anteriores del gasto no programable, alcanza un monto de 277 mil 880 millones de nuevos pesos. Por otra parte, se estima que el pago de intereses de la deuda pública presupuestal sea de 31 mil 160 millones de nuevos pesos, menor en 14.5 por ciento en términos reales al de este año.
En resumen, se somete a consideración el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 1994, por un monto total de gasto neto de 309 mil 040 millones de nuevos pesos, que es 2.6 por ciento superior en términos reales al de 1993.
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ASIGNACIÓN SECTORIAL DEL GASTO PROGRAMABLE
El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 establece las prioridades hacia las cuales se orienta la presente propuesta de asignación sectorial del gasto programable; por ello, la jerarquización en la distribución de este gasto, vertiente fundamental de la política de gasto público, permitirá alcanzar los propósitos concretos en el ámbito económico y social de forma compatible con el marco macroeconómico diseñado.
DESARROLLO SOCIAL
La estrategia de modernización nacional se propuso desde su inicio avanzar en la estabilización y el cambio estructural de la economía y, al mismo tiempo, en el mejoramiento productivo de las condiciones de vida de la población.
La política social seguida durante esta administración ha establecido una nueva relación entre Estado y sociedad, a partir de profundas adecuaciones al marco normativo y regulatorio de las actividades gubernamentales, mediante las cuales se promueve, a su vez, una mayor eficiencia y eficacia de las acciones en beneficio de la sociedad. En paralelo, el Gobierno Federal ha dirigido recursos presupuestales crecientes para mejorar e incrementar la prestación de servicios prioritarios de salud y educación; para impulsar un desarrollo más equilibrado de las ciudades y comunidades rurales del país con la expansión de la infraestructura básica, y el mejoramiento del entorno natural y ecológico; así como para mejorar el abasto y distribución de alimentos básicos en zonas rurales y urbanas marginadas.
Un desarrollo justo y equilibrado precisa que los que contribuyen a este esfuerzo puedan tener acceso al reparto equitativo de sus beneficios. Consecuentemente, junto con los avances en la estabilización económica, se ha procurado mejorar las condiciones de vida de la población, para lo cuál en este año se habrá canalizado a programas de bienestar social, poco más de la mitad del gasto programable, frente a un tercio que representó en 1988.
De esta manera se han incrementado los hospitales y escuelas, y una mayor población recibe estos servicios con mejor calidad; los servicios
de agua potable y alcantarillado son proporcionados en más municipios y comunidades rurales; y los programas de abasto social enfocan sus acciones hacia la población de menores recursos de las zonas urbanas marginadas y las comunidades rurales apartadas del país.
La política social se consolida en el último año de esta administración. En efecto, el gasto propuesto en este sector es de 124 mil 904 millones de nuevos pesos, lo cual significa un crecimiento real anual de 10.5 por ciento, respecto del de 1993. Así, en esta administración este gasto se habrá incrementado en 93.3 por ciento real. Este crecimiento es superior en 4.5 veces al que muestra el gasto programable en 7.8 veces al de la población y en 4.6 veces al de la economía. Como proporción del producto interno bruto aumentará, de 6.3 por ciento en 1988, a 10.2 por ciento en 1994.
Los avances y las acciones a realizar en el próximo año en cada uno de los subsectores que comprende el sector desarrollo social, se presentan a continuación con mayor detalle.
Educación
Ha sido un compromiso fundamental de la presente administración extender la cobertura social y territorial en materia educativa, teniendo como prioridad elevar la calidad de la educación, acorde con los requerimientos del desarrollo nacional.
Una educación amplia y de alta calidad es el medio más eficaz para corregir y estrechar las diferencias entre las diversas regiones del país y entre los distintos estratos sociales de la población. Es, asimismo, el mejor instrumento para alcanzar la equidad social, el fortalecimiento de la soberanía e identidad nacional, el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, y la modernización del país.
En consecuencia, desde el primer año de este Gobierno, se definieron como objetivos del sector, extender y mejorar la calidad de la educación, y elevar la escolaridad de la población; contribuir al desarrollo económico y social con base en el aporte de la ciencia y la modernización tecnológica; proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación y promover el desarrollo integral del individuo mediante la práctica del deporte y la recreación.
I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993
Durante los cinco primeros años de la actual administración, estos objetivos registran avances sustanciales, logrados a través de dos estrategias; la primera de ellas, mediante la asignación creciente de recursos públicos, que ha permitido impulsar los programas y actividades necesarios para ampliar la cobertura de los servicios y elevar su calidad; la segunda, a través de cambios trascendentales al marco jurídico, que establecen el propósito de una educación nacional, elevan su alcance y promueven la concurrencia de los tres niveles de Gobierno y de la sociedad en el esfuerzo educativo.
Se consideró, desde un inicio, que otorgar mayores recursos para atender el reclamo social por una mejor educación era una condición necesaria, mas no suficiente, para lograr los propósitos planteados. Por ello, en los dos últimos años se promovieron las reformas a los artículos 3o. y 31 de nuestra Carta Magna, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y la Ley General de Educación, lo que permitió actualizar y adecuar el marco normativo al propósito de mejorar la educación en México.
Mediante las reformas a los artículos 3o. y 31 constitucionales, se reafirma la educación nacionalista, laica y democrática; se extiende la educación obligatoria a nueve años en lugar de seis (primaria y secundaria). Además de que se proporcionará educación preescolar a quien la solicite, y se mantiene el compromiso de que el Estado prestará educación de forma gratuita.
Con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se dio un paso decisivo para abatir el excesivo centralismo educativo, al transferir a las entidades federativas la administración de los servicios de educación básica y normal, así como los recursos correspondientes. El Gobierno Federal transfirió 749 mil plazas de maestros y personal administrativo, y casi 100 mil planteles escolares en los que se atienden 13.5 millones de estudiantes. Así, se ha conformado un sistema educativo más participativo en el esfuerzo y eficiente en sus acciones. Además, las acciones en el marco del Acuerdo Nacional permiten atacar frontalmente las desigualdades geográficas y sociales; ampliar y diversificar los servicios, complementándose con modalidades no escolarizadas; acercar la autoridad educativa a la escuela, y mantener un sistema educativo nacional.
Los propósitos de las medidas anteriores quedaron plasmados en la Ley General de Educación promulgada en julio de 1993, que abrogó la Ley Federal de Educación vigente desde 1973. Esta nueva Ley que reglamenta el artículo 3o. constitucional, guarda plena fidelidad a la letra y al
espíritu de sus principios y mandatos, e incorpora las estrategias principales del Acuerdo Nacional; atiende las condiciones y necesidades actuales de los servicios educativos; y amplía los objetivos sociales y democráticos de la Ley abrogada. De esta manera, se garantiza al pueblo de México una educación de alta calidad, con carácter nacional y capacidad institucional para satisfacer la demanda de educación en todos los niveles.
Un actor fundamental en la tarea educativa es el maestro. Por ello, desde su inicio el actual gobierno ha mantenido una política firme y decidida de apoyo al magisterio, y ha implantado la carrera magisterial, como reconocimiento a la labor docente, estimulando su esfuerzo, con base en criterios como los de actualización de conocimientos, capacitación educativa y desempeño frente a grupo. De manera destacada, las percepciones del magisterio registran una recuperación sustancial que, a la presentación de este proyecto de presupuesto, habrán alcanzado un incremento de más del 70.0 por ciento en términos reales.
En los niveles medio y superior, de forma adicional a los incrementos salariales otorgados, se adoptaron medidas que elevan el ingreso de los docentes tomando en cuenta su desempeño académico, su nivel profesional y sus trabajos de investigación.
La ampliación de la infraestructura y la modernización y equipamiento de las instituciones educativas han recibido un apoyo sustancial. Se ha buscado atender el incremento de la demanda y dotar a los planteles de los elementos que les permitan brindar un servicio educacional de mayor calidad. Entre 1988 y 1993, la inversión en este sector registra un incremento de 114.3 por ciento real. Esto permitió que en los últimos cinco años se hayan incorporado 17,420 nuevas escuelas, de las cuales 12,901 fueron construidas por el sector público. En casi todos los niveles se registraron crecimientos en la construcción de espacios educativos, lo que permitió que entre el ciclo escolar de 1988 - 1989 y el de 1993 - 1994 las escuelas del sistema educativo escolarizado pasarán de 153,958 a 171,378; presentando un incremento de 11.3 por ciento.
En materia de educación media superior y superior, se está realizando una reforma completa a los planes y programas de estudio para adecuar la formación de profesionales a las necesidades del desarrollo nacional y del aparato productivo. Se ha impulsado la investigación científica y la incorporación de nuevas tecnologías para preparar al personal técnico altamente especializado, que genere y transmita conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas.
En 1992 se constituyó el sistema SEP - Conacyt, conformado por 27 instituciones de investigación y desarrollo, bajo la coordinación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En el ámbito cultural, a principios de la presente administración fue creado el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano de coordinación entre las distintas instituciones de enseñanza y difusión vinculadas a este sector. Entre las principales acciones emprendidas en este ámbito, se encuentra la constitución del Fondo Nacional Arqueológico, como un vehículo para fortalecer los lazos que unen a los mexicanos con su pasado y, así refrendar la identidad nacional.
Igualmente, se constituyó el fondo de apoyo al Sistema Nacional de Creadores de Arte, con objeto de establecer una plataforma idónea que aliente la creatividad y el desarrollo integral de los artistas. En el mismo sentido, la enseñanza artística ha merecido una especial atención, que se traduce en una revisión y redefinición de los planes y materiales de estudio de las escuelas de arte, tarea que va aparejada por el inicio de la construcción del Centro Nacional de las Artes, concebido como el espacio físico que agrupa, armónicamente, a todas las escuelas, propiciando la integración de una auténtica comunidad artística, en un clima apropiado para la creación.
En materia deportiva, al inicio de la presente administración fue creada la Comisión Nacional del Deporte, órgano rector y de coordinación que canaliza los esfuerzos desarrollados por las diversas instancias del país, tanto en deporte amateur como en profesional. Dentro de sus tareas, esta Comisión llevó a cabo la construcción de 627 unidades deportivas en zonas populares.
La alta prioridad que el Gobierno de la República le confiere a la educación de sus habitantes ha requerido de un importante esfuerzo en materia presupuestal. Durante el período 1989 - 1993, los recursos presupuestales destinados a la educación presentan un incremento acumulado de 75.7 por ciento en términos reales. Al agregar a esta cifra la derrama de recursos en programas de educación, investigación y capacitación que realizó la Administración Pública Federal, incluyendo las acciones del Departamento del Distrito Federal, ésta registra un crecimiento real de 90 por ciento durante el lapso de referencia.
El crecimiento de las erogaciones en el sector educación son superiores en 5.4 veces al que muestra el gasto programable total, en ocho veces al de la población y en 4.6 veces al del producto interno bruto. Asimismo, su participación en el gasto programable se elevó de 13.9 por ciento en 1988, a 21.7 por ciento para 1993, y como proporción del producto interno bruto aumentó de 2.6 por ciento en 1988, a 4.0 por ciento estimado para el cierre de este año.
Cabe señalar que al considerar además los recursos que destinan a la educación los gobiernos estatales y municipales, así como los particulares, de 1988 a 1993, el gasto nacional en educación se ha elevado del 3.5 al 5.7 por ciento como proporción del PIB, respectivamente.
II. Política de Gasto Público 1994
Durante 1994 las acciones del sector educativo estarán dirigidas a consolidar, tanto las reformas realizadas en los últimos años, como los avances en la cobertura y la calidad educativas. En educación básica, la prioridad continuará siendo atender la demanda; concluir la reforma integral de contenidos educativos de la enseñanza, que entrará completamente en vigor a partir del ciclo escolar 1994 - 1995; y ampliar los programas compensatorios para abatir el rezago educativo, incorporando a nuevas comunidades urbanas y rurales marginadas que presentan bajos índices de alfabetismo y elevada deserción escolar.
En educación media superior y superior, continuará la revisión de los planes y programas de estudio, a fin de adecuarlos a las necesidades del desarrollo y fortalecer su vinculación con el sector productivo, y el impulso a los programas de investigación científicos y de desarrollo tecnológico, con el objetivo de mejorar el acervo de conocimientos y de técnicas que eleven la productividad y competitividad del país. Además, se fomentarán las acciones que preservan y fortalecen la cultura e identidad nacional; y se promoverán los programas de deporte, especialmente los dirigidos a la niñez y la juventud.
En los niveles de educación básica, el Gobierno Federal, con estricto apego a sus atribuciones, vigilará en toda la República la aplicación de la normatividad del artículo 3o. constitucional y la de la Ley General de Educación. Asimismo, ampliará y fortalecerá su función compensatoria en los estados y regiones con bajos índices de eficiencia y calidad educativas, a fin de promover un desarrollo más armónico y equilibrado.
En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, continuará robusteciéndose la federalización educativa, para suscitar la cabal concurrencia de esfuerzos de los tres niveles de Gobierno en favor de la educación; culminará la reforma integral de planes y programas de estudio; y proseguirán las tareas orientadas a revalorizar la función magisterial.
Los programas en educación inicial, permitirán ampliar la cobertura, fundamentalmente hacia grupos marginados, poblaciones rurales e indígenas y las de alta concentración de madres trabajadoras. Ello, por medio de modelos que capaciten previamente a los padres de familia y miembros de la comunidad para la atención de los infantes menores de cuatro años. En educación especial, se fortalecerá el modelo de atención de niños y jóvenes del medio rural y seguirá impulsándose la detección y atención de niños con capacidades sobresalientes.
En educación preescolar, se consolidará la reforma de los contenidos educativos iniciada en 1992, que considera tanto las necesidades nacionales como las de cada región, y posibilita una mejor articulación con la primaria. Se otorgará especial atención a la ampliación de la infraestructura, a fin de proporcionar este nivel educativo a quien lo solicite.
En educación primaria, concluirá la reforma integral de los planes, contenidos y materiales educativos, en la cual destaca la renovación de los libros de texto gratuitos, que entrarán en vigor en su totalidad durante el ciclo escolar 1994 - 1995. Mediante esta reforma, se impulsará el aprendizaje de la lectoescritura, la expresión oral y las matemáticas, así como el estudio sistemático de la historia, la geografía y el civismo.
En 1994 continuará el apoyo a los programas remediables y compensatorios que mejoren el rendimiento escolar como: Recuperación de Niños con Atraso Escolar; Arraigo del Maestro en el Medio Rural e Indígena; Primaria para Niños Migrantes, y la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y las Matemáticas.
Seguirán ampliándose las acciones del Programa para Abatir el Rezago Educativo a 10 estados más, con lo que en 1994, este programa operará en 14 estados de la República; se continuarán apoyando los programas Escuela Digna y Niños en Solidaridad; se buscará que cada escuela cuente con una biblioteca, y se realizará un mayor esfuerzo para producir y distribuir mejores materiales didácticos. Lo anterior con la finalidad de elevar la eficiencia terminal en las escuelas primarias, y mejorar la infraestructura básica y los niveles de bienestar de la comunidad escolar.
En educación secundaria, concluirá el establecimiento del programa por asignaturas en sustitución del programa por áreas, para reforzar la enseñanza de la lengua española y las matemáticas, así como el estudio de la historia, la geografía y el civismo. Asimismo, será ampliada la oferta del servicio educativo para garantizar la cobertura de este nivel de enseñanza.
El docente es sin duda la base del proceso de enseñanza - aprendizaje; además la calidad de la educación depende primordialmente de los maestros que la imparten. Por ello, continuarán los programas para revalorizar la función magisterial como eje central de la transformación educativa del país; promover permanentemente su capacitación y actualización; y continuará impulsándose la Carrera Magisterial, como parte de los reconocimientos y estímulos a la función docente.
En las instituciones de educación media superior continuará la revisión y actualización de los planes de estudio, la capacitación y la titulación de docentes en servicio; el incremento en los acervos bibliográficos, la coedición de libros técnicos y el reforzamiento de los vínculos con el sector productivo; y se apoyará la consolidación del nuevo plan de estudios del bachillerato general que opera en planteles dependientes de la SEP.
Seguirán impulsándose las opciones terminales y tecnológicas. El incremento de matrícula podrá atenderse a través de los planteles existentes, y la creación de Colegios de Bachilleres, preparatorias federales por cooperación, nuevos centros de estudios científicos y tecnológicos con participación federal y estatal, así como en sistemas abiertos.
En educación superior, se mantendrá el impulso a las instituciones de educación tecnológica para que incrementen la calidad de sus servicios y fortalezcan su vinculación con las demandas regionales y del sector productivo. Adicionalmente, se apoyarán la modalidad abierta y la consolidación de institutos descentralizados de los gobiernos de los estados. En las instituciones universitarias, serán prioritarios los programas de equipamiento y modernización de los planteles, y los de actualización de planes y programas de estudio.
Continuarán los programas tendientes a mejorar el ingreso de los docentes de este nivel educativo, con base en criterios que reconozcan el esfuerzo, el desempeño académico y nivel profesional, así como la calidad en la enseñanza y la investigación.
Asimismo, se continuarán fortaleciendo tanto la infraestructura como el equipamiento de las instituciones, con el objetivo de actualizar la impartición de conocimientos y vincularlos a las necesidades del desarrollo del país.
En educación de posgrado, continuará alentándose a los profesionistas para que realicen especialidades en sus áreas de conocimiento. Se apoyará la consolidación de los centros de excelencia, y se estimularán programas de posgrado de responsabilidad compartida entre instituciones de educación superior y centros de investigación, promoviendo nuevas opciones que atiendan áreas de interés nacional y regional.
Seguirá el impulso al desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las instituciones de educación superior y en los centros de excelencia. Se buscará estrechar vínculos entre la docencia y la investigación y articularlos con las necesidades del aparato productivo nacional. En consecuencia, la estrategia buscará introducir cambios en los esquemas de financiamiento de los centros de investigación tecnológica del sector público, para que encaucen sus acciones hacia la prestación directa de servicios a empresas de los sectores público, social y privado. Este será un aspecto básico en la operación de las entidades SEP - Conacyt para lograr el cofinanciamiento de sus proyectos con particulares.
Continuarán los apoyos a los programas de formación de investigadores y el otorgamiento de becas en áreas prioritarias. De igual manera, se inducirá el regreso de científicos mexicanos radicados en el extranjero, y se ampliará el Sistema Nacional de Investigadores. Además, continuarán favoreciéndose los proyectos de innovación de tecnologías en campos que contribuyan a elevar la productividad de las empresas pequeña y mediana.
En educación superior pedagógica, la revaloración de la función magisterial representa una línea de política de primera importancia; incluye, entre otros aspectos: la integración de un Sistema Estatal de Formación de Maestros en cada entidad federativa; y la operación del Programa de Actualización del Magisterio, que combina la educación a distancia con cursos, sesiones colectivas y trabajo individual.
Para abatir el índice de analfabetismo que prevalece en el país, se reforzará la articulación de los programas orientados a los adultos, como los de alfabetización, postalfabetización y capacitación no formal. Con la participación de los gobiernos estatales, seguirán efectuándose campañas
intensivas de alfabetización dirigidas a los grupos sociales y a las regiones geográficas más rezagadas. Asimismo, se acentuarán los esfuerzos para ofrecer a los mexicanos que en su oportunidad no tuvieron el acceso a la educación básica, un servicio educativo capaz de apoyar de manera sistemática aquellos elementos que permitan una pronta adquisición funcional de la lectoescritura y de las matemáticas básicas.
Mediante acciones concertadas con el sector productivo, para consolidar los servicios federales existentes de capacitación para el trabajo, serán creados nuevos centros en ramas estratégicas de la producción. Las zonas marginadas y localidades pequeñas serán atendidas con unidades móviles de capacitación formal para el trabajo, y continuará promoviéndose la modalidad abierta. Se intensificarán los servicios de capacitación acelerada, conectándolos con los sistemas de certificación de competencias ocupacionales.
Dentro del Programa de Infraestructura Educativa, continuará avanzando la construcción y equipamiento de espacios, para abatir el rezago y ampliar la cobertura. Asimismo, se dará mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo e instalaciones de las escuelas en los diferentes niveles, fundamentalmente en las regiones con menor grado de atención. Durante 1994 serán construidos 23,302 espacios educativos, con preferencia a los que atiendan los niveles de preescolar, secundaria y media superior, y se dará mantenimiento mayor a 1,610 espacios.
En la conducción de la política cultural, instrumento indispensable para alcanzar mayores niveles de desarrollo social, continuarán los apoyos a los creadores culturales y artísticos, con base en evaluaciones objetivas previas formuladas por cuerpos colegiados de especialistas. En tal dirección se orientan el Sistema Nacional de Creadores de Arte, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y los Fondos Estatales constituidos con recursos de los gobiernos de las entidades federativas, con contrapartida de recursos federales.
Asimismo, se mantendrá el apoyo al programa de reordenación integral del Sistema Nacional de Educación Artística que, en el nivel profesional, contempla una reforma académica que contribuye a procurar un nivel de excelencia en la enseñanza; así como el establecimiento de infraestructura adecuada, a través, fundamentalmente, de la edificación del Centro Nacional de las Artes, el cual habrá de quedar concluido en la presente administración.
La preservación y difusión del patrimonio cultural nacional continuará recibiendo atención gubernamental, dada la magnitud de dicha tarea, y de la vital trascendencia en la configuración y consolidación de la identidad nacional. Para ello, en 1994 el Fondo Nacional Arqueológico operará, además de los 12 sitios arqueológicos previstos originalmente en 1992, dos más, ubicados en Calakmul, Campeche y Toniná, en Chiapas.
Acción de largo alcance en la difusión cultural, a través de los medios electrónicos de comunicación, lo constituye el inicio de las transmisiones del canal 22, a mediados de 1993, como atractiva y genuina alternativa televisiva en nuestro país y que continuará siendo apoyada por el Gobierno Federal durante 1994.
Se cumplirá la meta establecida para la presente administración, a efecto de que la Red Nacional de Bibliotecas llegue a 5 mil establecimientos con acervos adecuados y suficientes, con la participación comprometida de los gobiernos estatales y municipales en su operación.
En materia deportiva, se buscará incrementar la participación de la población en la práctica masiva de actividades deportivas y recreativas; el fomento al deporte organizado, con el establecimiento de centros de desarrollo deportivo municipales, la organización de eventos nacionales, juveniles y estudiantiles, buscando la participación de las instituciones educativas del país, y la promoción a la práctica del deporte entre los trabajadores. Se ofrecerá a un mayor número de jóvenes de escasos recursos, servicios recreativos, de turismo y culturales, fomentando de esta manera el uso adecuado de su tiempo libre. En el deporte de alto rendimiento continuará el apoyo y estímulo a las actividades de las preselecciones y selecciones nacionales; así como la identificación y seguimiento a la carrera de jóvenes con aptitudes para el deporte.
Para el logro de los objetivos del sector educación, se propone que el gasto en 1994 sea de 54 mil 485 millones de nuevos pesos, superior en 14.4 por ciento real al del cierre estimado de 1993. Al término de esta administración, el gasto federal en Educación habrá acumulado un incremento real de 101.0 por ciento; ello significa que el gasto por alumno habrá crecido a una tasa media real de 8.9 por ciento en cada uno de los seis años de este régimen; es decir, casi 3 veces más que el crecimiento promedio de la economía. El gasto de inversión registrará un incremento anual de 9.5 por ciento, y de 134.7 por ciento respecto de 1988, en términos reales.
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Salud y Seguridad Social
Mejorar las condiciones de salud y seguridad social de la población, constituye una de las principales vertientes de la política social del Gobierno, y es una de las tareas en la que se conjugan de manera relevante el esfuerzo de los sectores público, social y privado.
Por lo anterior, las acciones del sector se han orientado fundamentalmente a mejorar la prestación de servicios médicos, asistenciales y de seguridad social, así como a incrementar el acceso de la población a los mismos; a prevenir los daños a la salud mediante su fomento, preservación y protección; y atender las afecciones, consecuencia de los riesgos de la vida cotidiana y del medio ambiente, con especial énfasis en la atención a los menores en estado de abandono, los minusválidos y los ancianos.
1. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993
Durante el período 1989 - 1993, las acciones del sector salud han guardado estrecha congruencia con los objetivos establecidos al inicio de esta administración, logrando avances sustanciales. Los programas y acciones emprendidos fortalecieron las áreas directamente ligadas con la prestación de servicios, y ampliaron y modernizaron la infraestructura hospitalaria. Asimismo, se descentralizaron funciones, otorgando prioridad a la medicina preventiva, curativa y de atención materno - infantil. La prestación de estos servicios contó con recursos crecientes, en un contexto en que el gasto público ha disminuido.
La infraestructura hospitalaria ha recibido especial atención. En 1989 las instituciones del sector salud atendían a cerca de 70 millones de mexicanos; hoy, casi 7 millones más se han incorporado, como resultado de la ampliación de la infraestructura y la rehabilitación de la existente. En el lapso de cinco años, la inversión del sector ha permitido construir 88 hospitales de especialidades y generales y 2,300 clínicas de primer nivel y centros de salud, entre los que destacan el Centro Médico Siglo XXI; el equipamiento y modernización de los centros de atención, como el Hospital Regional 20 de Noviembre, y la incorporación de 10,083 camas para hospitalización, urgencias y de apoyo. Como resultado, en 1993 la capacidad de hospitalización de las unidades médicas del sector salud superará en 11.5 por ciento a la existente al inicio de la actual administración; el incremento del personal médico, paramédico y asistencial permitió otorgar 380 mil consultas diarias, 17.3 por ciento más que en el sexenio anterior.
Desde octubre de 1990 no se presentan casos de poliomielitis ni de difteria, debido a la prioridad conferida al Programa de Vacunación Universal para niños menores de cinco años. Asimismo, los casos de tosferina y sarampión muestran reducciones de 75 y 80 por ciento, respectivamente, en relación a 1988.
Es un compromiso de justicia social que los trabajadores cuenten con las condiciones que les permitan, a ellos y a sus familiares dependientes, contar con elementos que les aseguren una vida decorosa al momento del retiro o muerte. Por ello, fueron reformadas la Ley del ISSSTE y la del IMSS, a fin de elevar el monto de la pensión mínima, lo que representa un esfuerzo importante de estos institutos en materia presupuestal, tomando en cuenta que el número de jubilados está creciendo aceleradamente. Además, se incrementaron las cuotas y aportaciones en los diferentes ramos de seguros y prestaciones que administran estas instituciones, con la finalidad de dotarlas de recursos suficientes para proporcionar más y mejores servicios a la población que amparan.
En términos de seguridad social, cabe resaltar el establecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, como una prestación más para los trabajadores, adicional a los esquemas de pensión y jubilación existentes. A la fecha, los recursos de este sistema ascienden a poco más de 12 mil millones de nuevos pesos, correspondientes a las subcuentas del seguro de retiro y de vivienda. Además, para los empleados federales se otorgó un nuevo seguro institucional cuya suma asegurada mínima equivale a 40 meses del salario vigente a la muerte del trabajador o su incapacidad total y permanente.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), continuó esforzándose para mejorar la calidad de vida de la población más necesitada. Durante la presente administración fueron repartidas cerca de 624 millones de raciones alimenticias escolares, y continuaron las acciones de apoyo al desarrollo familiar en las comunidades de menores ingresos.
En síntesis, los esfuerzos realizados permitirán que al finalizar este año, el 96 por ciento de la población total del país esté cubierta por las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, lo que significa un incremento de cuatro puntos porcentuales en la cobertura durante el período 1989 - 1993.
La prestación de los servicios de salud y de seguridad social a cargo de las dependencias y entidades
del sector, se reforzaron a través de una asignación importante de recursos del presupuesto federal. En efecto, se estima que al cierre de 1993 el presupuesto del sector salud registre un incremento real acumulado de 68.2 por ciento, y que su participación en el gasto programable haya aumentado de 14.7 por ciento en 1988, a 21.9 por ciento al cierre de este año. En términos del PIB, el gasto federal en salud y seguridad social se habrá elevado de 2.8 a 4.0 por ciento entre 1988 y 1993.
II. Política de Gasto Público 1994
Continuará la política de ampliar la cobertura de los servicios médicos, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginadas; con énfasis en la modernización del Sistema Nacional de Salud y la expansión de la infraestructura hospitalaria; asimismo proseguirá la atención prioritaria a los programas de vacunación infantil y materno - infantil; y avanzará el proceso de descentralización y consolidación de los servicios.
El concurso de los tres niveles de Gobierno y la participación de los sectores social y privado será determinante para alcanzar estos objetivos. La estrategia rectora estará orientada a elevar la eficiencia de los servicios de salud y seguridad social, en beneficio de los derechohabientes y de la población abierta, en donde se concentran los grupos más necesitados. El principal componente estratégico será el fomento de la calidad de los servicios, a través de la eficacia en el trabajo y el óptimo aprovechamiento de los recursos, procurando hacer más ágil la atención a los usuarios.
Para dar cumplimiento a estas prioridades, han sido definidas como políticas rectoras para 1994 las siguientes acciones:
Fomentar la cultura de la salud. Se impulsará la educación para la salud en lo individual, familiar y comunitario. Se incrementarán las acciones dirigidas al grupo materno - infantil y a la atención primaria de la salud, especialmente en áreas rurales y urbanas arginadas, buscando tener una mayor vigilancia y orientación nutricional.
Acceso a los servicios de salud con equidad y calidad. Sobre la base de la cobertura alcanza da, continuará el apoyo a las zonas marginadas a través del programa Cirugía Extramuros, con acciones integrales de alimentación, vivienda, disponibilidad de agua potable, educación y saneamiento ambiental. Adicionalmente, se promoverá el aprovechamiento óptimo de la capacidad instalada para la atención médica, a fin de que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud.
Control y prevención de enfermedades y accidentes. Recibirá preferencia la prevención de enfermedades y accidentes, mediante el fortalecimiento de los programas existentes y el inicio de aquellos que sean necesarios para evitar las enfermedades, en especial las infecciosas, parasitarias y crónico - degenerativas, así como las derivadas de accidentes y desastres.
Concluirá el proyecto del Sistema Nacional Integral para la Atención Prehospitalaria, cumpliendo así una de las metas del Programa Nacional de Prevención de Accidentes 1992 - 1994.
En el marco del Programa de Vacunación Universal, que antes de la fecha prevista cumplió la meta de ofrecer esquemas completos de vacunación a todos los niños menores de 5 años, continuará la doble estrategia de campañas intensivas y de atención permanente. Con ello los resultados alcanzados quedarán consolidados y disminuirán las tendencias observadas de incidencia de enfermedades epidemiológicas.
En 1994 aumentará el apoyo a las acciones de medicina preventiva, para disminuir la morbilidad y la mortalidad causadas por las enfermedades diarreicas; para el control del cólera, se reforzarán campañas de orientación y fomento de prácticas higiénicas y las visitas a localidades, la construcción de letrinas y la cloración de pozos y sistemas de agua. Asimismo, seguirán impulsándose medidas de control y difusión sobre las formas y vías de contagio del SIDA, para reducir su crecimiento epidemiológico.
Protección del medio ambiente y saneamiento básico. Se fortalecerán las medidas de protección al ambiente y de saneamiento básico, al promover las prácticas higiénicas en el manejo de los desechos para evitar la contaminación del medio y de los alimentos. Con el propósito de regular y controlar las emisiones de las industrias, continuará la elaboración de reglas técnicas; la verificación de instalaciones sanitarias a las industrias de alto riesgo; y las visitas de vigilancia y certificación del agua en sistemas de abastecimiento público y privado.
Contribución a la regulación del crecimiento demográfico. El Programa de Planificación Familiar apoyará la regulación del crecimiento poblacional a través del descenso en la tasa de fecundidad y la frecuencia de embarazos no deseados, con absoluto respeto a la dignidad y la decisión
de la pareja; asimismo, dará continuidad a las actividades de protección de la salud reproductiva y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Por la importancia de este programa, los recursos presupuestales aumentarán en 50 por ciento, en términos reales.
Impulso a la asistencia social. La coordinación entre instituciones que otorgan servicios de asistencia social, principalmente las de carácter privado sin fines de lucro, contribuirá a la integración social de los grupos menos favorecidos a una vida económica y social
más equilibrada; se promoverá la instalación de unidades gerontológicas con las modalidades de albergues, residencias diurnas y clubes de la tercera edad; y continuará proporcionándose consulta externa a quien lo demande.
Para prevenir, detectar y contener oportunamente la farmacodependencia, y promover el valor de la salud, las acciones de orientación preventiva a infantes y adolescentes serán prioritarias.
Las madres trabajadoras continuarán recibiendo la prestación de guarderías durante su jornada de trabajo.
El ISSSTE continuará desarrollando los procesos que permitan desconcentrar a los estados las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel, así como la implantación del programa de equipamiento, lo cual permitirá consolidar la infraestructura y el proceso de modernización de los servicios.
El IMSS desarrollará acciones que coadyuven a incrementar la cobertura territorial y la calidad de los servicios; a impulsar la incorporación al régimen obligatorio del seguro social; a lograr un mejor ordenamiento de los recursos humanos para reducir el ausentismo del personal; y a fortalecer las áreas de atención directa al público, y garantizar el suministro de medicamentos necesarios para la atención de los derechohabientes.
El Programa IMSS - Solidaridad extenderá las acciones de atención a la salud a un mayor número de mexicanos del medio rural en condiciones de extrema pobreza, mediante la ampliación de la capacidad instalada y la participación de personal comunitario capacitado.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia continuará proporcionando asistencia social a los grupos constituidos por menores, ancianos en situación de desamparo, minusválidos, mujeres gestantes, indigentes, adolescentes y personas carentes de recursos económicos. El sector salud desarrollará acciones que permitan incrementar la capacitación del personal médico, paramédico, técnico y administrativo, especialmente en el marco del programa de extensión de cobertura de los servicios; y seguirá contribuyendo al desarrollo de la investigación, con el propósito fundamental de profundizar en el conocimiento de los factores que influyen en el proceso salud - enfermedad, así como en la comprensión de las variables que modifican sus manifestaciones y las técnicas terapéuticas de atención más convenientes.
En resumen, el sector salud y seguridad social reforzará sus acciones con estricto apego a las políticas de modernización, promoviendo el uso óptimo de los recursos para ampliar la cobertura de sus servicios y mejorar su calidad, cuya demanda es siempre creciente. Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, se propone un presupuesto de 51 mil 831 millones de nuevos pesos, superior en 8.1 por ciento real al de 1993. Así, al término del presente régimen, el gasto en salud y seguridad social acumulará un crecimiento real de 81.7 por ciento, y su participación en el producto interno bruto pasará de 2.8 en 1988, a 4.2 por ciento en 1994. Debe resaltarse que, por su cobertura territorial y por la población que atienden de manera directa, los servicios de salud y seguridad social, al igual que los educativos, concentran una parte importante del presupuesto federal. De ser aprobado este proyecto, representará 22.4 por ciento del gasto programable, lo que significa 7.7 puntos porcentuales más que en 1988. La inversión de 2 mil 548 millones de nuevos pesos en el sector significará un crecimiento del 12.6 por ciento real. Con estos recursos se construirán, ampliarán o remodelarán 186 hospitales, clínicas y centros de salud.
En especial, continuará la modernización del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, concluirán las reconstrucciones del Hospital General de México, del Infantil de México, del Instituto Nacional de la Nutrición y del Centro Médico del Noroeste en Monterrey, N. L. Asimismo, el Hospital 20 de Noviembre se transformará en Centro
Nacional Hospitalario. También se otorgará prioridad a la modernización de los equipos médicos y laboratorios.
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Laboral
Las líneas básicas de la política laboral se han orientado fundamentalmente a promover el equilibrio entre los factores de la producción; vigilar
la observancia de las normas laborales; proveer los servicios de procuraduría y defensa del trabajador; promover el desarrollo de la capacitación, la calidad y la productividad en el trabajo; coordinar el servicio nacional de empleo y promover la seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha participado en el proceso de diálogo y concertación social entre el Gobierno y los sectores productivos y coordinó la comisión encargada de la evaluación y seguimiento de dicho proceso.
I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993
La asignación de recursos al sector laboral ha permitido avanzar en la impartición de justicia, la capacitación de la mano de obra y el apoyo a los servicios de empleo. En el ámbito de la procuración e impartición de justicia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se abocó a modernizar sus procedimientos y a fortalecer los mecanismos de conciliación, con estricto apego a la legislación laboral.
En materia de apoyo a la intermediación para el trabajo, el Servicio Nacional de Empleo atendió entre 1989 y 1993 a más de un millón de solicitantes de trabajo; detectó 1.3 millones de vacantes y canalizó 1.2 millones de personas hacia puestos de trabajo, lo que representa incrementos del 79.0, 74.0 y 73.0 por ciento, respectivamente. En materia de capacitación, sobresale el Programa de Capacitación de Mano de Obra, que apoyó los esfuerzos de adiestramiento y productividad en la pequeña y mediana empresas; el Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores Desempleados y el Programa Nacional de Capacitación y Productividad que en su conjunto beneficiaron a 4.9 millones de trabajadores.
El cambio estructural de la economía implica acciones en la renovación y modernización de la infraestructura productiva, y en la permanente capacitación, mejoramiento de la formación profesional y técnica de los trabajadores. La combinación de ambas acciones permite a las empresas elevar su productividad y su competitividad, y a los trabajadores les da acceso a oportunidades para elevar sus remuneraciones y el bienestar familiar. Por ello, trabajadores, empresarios y Gobierno, impulsaron en mayo de 1992, el Acuerdo Nacional para la Elevación de Productividad y la Calidad (ANEPC), mediante el cual se establecieron las bases para avanzar de manera conjunta hacia mayores niveles de productividad y competencia de la economía nacional.
Del cierre de 1988 a 1993, el gasto en el sector laboral mantuvo una tendencia creciente,
contribuyendo con ello al mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. En este período, el gasto público del sector tuvo un crecimiento acumulado de 46.6 por ciento en términos reales.
II. Política de Gasto Público 1994
En 1994, la política de gasto público estará encaminada a continuar promoviendo las acciones tendientes a proteger el empleo y el poder adquisitivo del salario de los trabajadores; fortalecer la impartición de justicia y la vigilancia de la legislación laboral; elevar los índices de bienestar y seguridad social de los trabajadores y sus familias; aumentar su nivel de productividad a través de la capacitación y el adiestramiento; y ampliar la cobertura de la seguridad e higiene en el trabajo.
Las principales líneas de acción serán: fortalecer los sistemas de orientación e inspección de las normas del trabajo; ampliar la red de los órganos de impartición de justicia laboral; alcanzar la difusión, desarrollo y vigilancia de la normatividad en seguridad e higiene en el trabajo; fortalecer los programas de capacitación de recursos humanos, y facilitar la adquisición de bienes y servicios para los trabajadores mediante el otorgamiento de créditos.
Complementariamente, se dará seguimiento a los compromisos concertados en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE), se promoverá el desarrollo de instrumentos de medición de la productividad y se apoyará la concertación de convenios y bonos de productividad por parte de los sectores productivos.
Se otorgarán 51 mil becas de capacitación a trabajadores desempleados y se apoyará con recursos financieros los programas de capacitación y productividad para 80 mil trabajadores en empresas pequeñas y medianas. Asimismo, se ampliará el registro en comisiones mixtas de capacitación y programas en la materia a 1.2 millones de trabajadores, aproximadamente.
El fomento de la productividad seguirá desempeñando un papel relevante en la política de cambio estructural del país y del mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. Dentro del marco del ANEPC y de los acuerdos firmados en el PECE en octubre pasado, se continuará promoviendo la elevación de la productividad y la calidad, tanto a nivel sectorial como por empresa. Por sector de actividad, se seguirán concertando acciones y compromisos concretos entre los sectores productivos y del gobierno y a nivel de centros de trabajo, y se promoverán las acciones conjuntas de las empresas y sus organizaciones laborales, con base en sus condiciones particulares para elevar la productividad y distribuir entre los factores de la producción los beneficios que ésta genere. Para 1994, se propone a esta honorable Cámara de Diputados un presupuesto para el sector de 532.7 millones de nuevos pesos, monto que presenta un incremento real de 5.4 por ciento respecto al de 1993. Con ello, se alcanzaría en estos seis años un incremento acumulado de 54.6 por ciento en términos reales.
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Desarrollo Urbano, Ecología y Agua Potable
Durante la presente administración, se ha promovido especialmente el cambio estructural en el sector desarrollo urbano, ecología y agua potable, el cual se ha caracterizado por el fomento a la participación de los sectores productivos y de los gobiernos estatales y municipales, entre otros aspectos. La evolución del sector ha sido congruente con los objetivos y las prioridades establecidas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante acciones que contribuyen al ordenamiento de los centros de población; a la promoción de la vivienda; el acceso de la población al servicio de agua potable; y al cuidado del medio ambiente.
La estrategia para alcanzar estos propósitos se ha apoyado en la creciente participación de la sociedad en la solución de problemas comunes, el establecimiento de nuevos mecanismos de financiamiento, y gobiernos estatales y municipales más participativos. La combinación de estos elementos permiten perfilar al sector como uno de los factores detonantes del desarrollo de las comunidades: ciudades ordenadas y con vocación definida, una política ecológica sólida y congruente, y cada vez más comunidades dotadas de agua potable y servicios.
I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993
Durante el período 19891993, el gasto destinado a este sector creció 39.3 por ciento en términos reales y en el mismo lapso su participación en el gasto programable pasó de 2.1 a 2.6 por ciento. El gasto de inversión aumentó 353.0 por ciento en términos reales.
Desarrollo Urbano
La política de desarrollo urbano se fortaleció por la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, lo que permite una mejor articulación de las estrategias para atender la pobreza extrema y enfrentar los problemas derivados, tanto de la dispersión como de la excesiva concentración poblacional en algunas zonas del territorio nacional.
A lo largo de los primeros cinco años de la presente administración, la política de desarrollo urbano se orientó a impulsar acciones para el logro de los siguientes objetivos: la transformación del patrón de los asentamientos humanos, en concordancia con las políticas de descentralización y desarrollo económico; el mejoramiento de la calidad de los servicios urbanos, atendiendo preferentemente a los grupos sociales más necesitados; y el fortalecimiento de la capacidad municipal para propiciar el sano desarrollo de las ciudades, mediante su ordenamiento y regulación. Con tal propósito, en este año se expidió una nueva Ley General de Asentamientos Humanos.
Se estableció el Programa de Cien Ciudades, con el propósito de apoyar a las ciudades medias en la construcción de infraestructura vial y de servicios básicos, así como para modernizar su catastro.
Asimismo, se han fortalecido las acciones estratégicas para modernizar y dar mayor dinamismo a la política de vivienda. A fin de abatir el rezago existente y fomentar la desconcentración de la población, el Estado orientó sus esfuerzos a buscar una participación más activa como promotor, en lugar de constructor y propietario. Sus instituciones se han transformado para concentrarse en el fomento y financiamiento de vivienda.
Cabe señalar que en materia de vivienda, las principales acciones emprendidas se han
orientado a propiciar una mayor eficiencia de los programas habitacionales del sector público para ampliar su cobertura; a crear nuevas y mejores condiciones para multiplicar la participación de la sociedad en la construcción; y a desarrollar nuevos esquemas financieros de los organismos públicos de vivienda, que permitan impulsar fórmulas para atraer fondos prestables a esta actividad y promover, tanto el financiamiento para la construcción de vivienda en arrendamiento, como el financiamiento compartido. En este aspecto, los créditos para vivienda otorgados entre 1989 y 1993 beneficiaron a 2 millones 70 mil familias, lo cual supera en 65.9 por ciento lo alcanzado en los cinco años previos. Asimismo, en igual período se han construido cerca de un millón de viviendas; tan sólo en 1993 la meta asciende a 320 mil viviendas.
Ecología
En el transcurso de la presente administración, la política ecológica se fortaleció consolidando los cambios estructurales que permitieran conciliar los procesos productivos y las actividades sociales del país, con la preservación del entorno natural. En este sentido, el Gobierno Federal le ha otorgado prioridad a la atención, conservación y explotación racional de los recursos naturales, previniendo también alteraciones en la biodiversidad, como parte integral del mejoramiento de la calidad de vida de la población. La estrategia aplicada está coadyuvando a que la sociedad adquiera un compromiso y cultura ecológicos.
En el marco de la modernización de la actividad gubernamental, se crearon el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para prevenir y afrontar el deterioro ambiental. En estos años, la inversión pública en materia ecológica permitió fortalecer las acciones de fomento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura ecológica, principalmente en los rubros de contaminación de agua, aire y por residuos sólidos, así como en los aspectos de promoción, normatividad, regulación, inspección y vigilancia.
Agua Potable
Desde el primer año de gobierno, se estableció como una de las prioridades la ampliación y el mejoramiento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, por considerarlos indispensables para elevar el nivel de vida y la salud de la población. En consecuencia con lo anterior, entre 1989 y 1993 las acciones se enfocaron al abatimiento de los rezagos existentes en los servicios de dotación de agua potable y alcantarillado, así como en las tendientes a consolidar un mayor número de empresas operadoras como organismos autónomos y eficientes.Como parte de los esfuerzos realizados, en 1992 se aprobó la nueva Ley de Aguas Nacionales, la cual busca promover la creación de empresas públicas o privadas para la administración integral de estos servicios; propiciar una mayor participación de los usuarios para consolidar los programas hidráulicos; fortalecer las funciones de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para garantizar a la población el suministro del recurso en calidad y cantidad; y otorgar seguridad jurídica en su uso y aprovechamiento, lo cual posibilita a los particulares planear adecuadamente sus actividades a mediano y largo plazos.
En materia de infraestructura, cabe señalar que en los últimos años se terminó la presa y acueducto Calderón - Guadalajara para proporcionar dos metros cúbicos por segundo adicionales a su zona metropolitana, y el acueducto Chapala - Guadalajara para asegurar el abastecimiento de cinco metros cúbicos por segundo más. En Nuevo León la construcción de la presa El Cuchillo permitirá dotar a la zona conurbada de cinco metros cúbicos por segundo de agua proveniente del Río San Juan. En el sistema Cutzamala se impulsó la terminación de las obras de Colorines y Chileslo para proporcionar tres metros cúbicos por segundo adicionales a la zona metropolitana de la Ciudad de México.Un componente central de la estrategia en materia de agua y saneamiento lo constituye, sin duda, la participación de los particulares en el financiamiento, la construcción y la operación de plantas de tratamiento de agua. Bajo este esquema, se combate el rezago en las principales poblaciones del país, destacando a nivel de cuenca hidrológica, los avances en el saneamiento del Río Lerma. A nivel nacional, entre 1988 y 1993, el tratamiento de aguas residuales pasó de 14.0 a 32.0 metros cúbicos por segundo, es decir registró un crecimiento de 128.6 por ciento.
La cobertura del servicio de agua potable aumentó en 14.2 por ciento entre 1988 y 1993; sólo en el último año se proporcionó este servicio a tres millones de habitantes más, con nuevas tomas. Así, se avanzó notablemente, y en la actualidad el 85.0 por ciento de los mexicanos cuentan con servicio de agua potable, y el 70.0 por ciento con servicio de alcantarillado. En estos años, se ha promovido la captación de mayores
recursos financieros internos y externos para ampliar la infraestructura hidráulica.
II. Política de Gasto Público 1994
Desarrollo Urbano
Para 1994, la política de gasto en Desarrollo Urbano se orientará a favorecer un patrón de desarrollo territorial más equilibrado y fortalecer la capacidad municipal para atender el crecimiento ordenado de las ciudades. En este sentido, se consolidará el Programa de Cien Ciudades, como eje de la reforma urbana que busca la redistribución racional de las actividades económicas y sociales.
La instrumentación de estas acciones demanda un esfuerzo coordinado de los tres niveles de gobierno, con la participación de los sectores social y privado. Por ello, se consolidará el apoyo técnico a las administraciones estatales y municipales para actualizar su legislación y sus planes de desarrollo, así como a aquellas que tiendan a modernizar su padrón catastral. También se buscará reforzar las políticas que permitan generar y fortalecer la capacidad municipal para atender el crecimiento ordenado de las ciudades.
Se promoverán acciones en materia de desarrollo de obras y proyectos para tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, saneamiento de cauces y presas, redes de alcantarillado y colectores pluviales, promoviendo la participación del sector privado en la construcción de obras y la operación de servicios públicos, con especial énfasis en las obras del Programa Integral Ambiental Fronterizo (PIAF).
Adicionalmente, se rehabilitarán edificios y espacios públicos; se continuará con la remodelación de plazas y con el rescate de la imagen urbana de los centros históricos; la realización de obras de infraestructura urbana; la conservación y restauración de sitios y monumentos del país; y la promoción para constituir Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Protección a Centros Históricos. Para 1994 destacan las obras que se llevarán a cabo para la restauración del Palacio Nacional y de la Catedral Metropolitana.
En materia habitacional, se buscará consolidar lo avanzado, dando acceso a la población a una vivienda digna a través de mecanismos financieros que amplíen las opciones existentes; incrementar la oferta de suelo, mejorar la producción y distribución de insumos, atender de manera equilibrada las necesidades habitacionales en las zonas urbanas y rurales, y simplificar los esquemas de comercialización. Para el cumplimiento de estos objetivos, se propone un gasto programable de 1 mil 475 millones de nuevos pesos.
Con las erogaciones propuestas para 1994, el gasto federal en desarrollo urbano durante el sexenio presentará un crecimiento real acumulado de 208.3 por ciento.
Ecología
En 1994 las principales acciones se orientarán a consolidar la política ecológica nacional, y se fortalecerá la inspección y vigilancia para la aplicación del marco normativo al que deben sujetarse las actividades productivas.
Se continuará promoviendo la adopción de medidas para prevenir y controlar las emisiones de contaminantes en las empresas paraestatales; se consolidará la capacidad de monitoreo ambiental; se ampliará el inventario de fuentes contaminantes de aire, suelo y agua, especialmente de aquellas que afectan a las cuencas hidrológicas; continuarán los estudios para producir combustibles menos contaminantes, así como la realización de proyectos de investigación para detectar los efectos de la contaminación ambiental en la salud y expedir regulaciones relacionadas con la sanidad ambiental; y se participará en la prevención y el control de la contaminación marina.
Asimismo, se buscará vincular los programas de ecología productiva con proyectos que eleven los ingresos de comunidades de escasos recursos y que cuiden el medio ambiente. Concretamente, se impulsarán las acciones de reforestación y medidas de protección contra incendios forestales, y la inspección y vigilancia forestal.
También se incorporarán los programas educativos ecológicos a los planes de estudio, y se impulsará la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de protección ambiental.
Para la realización de lo antes señalado, se propone una asignación presupuestal por 1 mil 819 millones de nuevos pesos. Cabe señalar que este gasto se encuentra distribuido en distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que guardan entre sí una estrecha coordinación. En el capítulo VIII de este documento se presenta con mayor detalle la política de gasto público en 1994 en el marco del Programa de Protección Ecológica.
Agua Potable
Para 1994 se propone ampliar la cobertura de agua potable y la operación de acueductos; continuar la desinfección y la potabilización mediante el Programa Agua Limpia; y avanzar en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Se ampliará la cobertura del servicio, tanto en zonas urbanas como en localidades rurales, mejorando la calidad del agua y la regularidad del suministro. Asimismo, se combatirá su contaminación; se promoverán fuentes alternativas de financiamiento; y se elevará la autosuficiencia de los organismos operadores.
En este sentido, se continuarán las obras del Sistema Cutzamala, de la Presa El Cuchillo para su terminación, el Sistema La Zurda Calderón, así como las contenidas en el Plan de Acción Inmediata para atender el suministro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. En conjunto con Banobras y Solidaridad, la CNA continuará realizando estudios y proyectos que conlleven a proporcionar agua potable a las colonias populares y a las poblaciones rurales en el marco del Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Cabe señalar que la banca de desarrollo, a través de Banobras, continuará aportando recursos para el desarrollo de este sector, así como asistencia técnica a estados y municipios.
Para hacer frente a estas acciones, la CNA invertirá 684.9 millones de nuevos pesos en obras de construcción y ampliación de sistemas de agua potable y en su operación y suministro; en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales; y en el fortalecimiento a nivel nacional del Programa de Potabilización Agua Limpia para el combate a las enfermedades hídricas como el cólera, en cooperación con los organismos municipales.
La propuesta de gasto para todo el sector desarrollo urbano, ecología y agua potable en 1994, asciende a 6 mil 107 millones de nuevos pesos, que representa un incremento real de 8.1 por ciento respecto a 1993 y de 50.6 en relación al cierre de 1988, sin considerar las erogaciones que por este concepto realizan el Departamento del Distrito Federal y las entidades de control indirecto. El gasto de inversión en este sector crece, en términos reales, en 10.6 por ciento con respecto a 1993 y en 401.2 durante el sexenio.
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DESARROLLO RURAL
Desde el primer año de gobierno de esta administración, la estrategia económica le ha conferido a la modernización de las actividades agropecuarias un papel primordial, dado que de éstas dependen más de una cuarta parte de los mexicanos, y por la importancia que tiene en la oferta de alimentos básicos. Las prioridades nacionales y las circunstancias externas han requerido la adopción de medidas de fondo orientadas a la modernización de las actividades del campo, con el objeto de aumentar la producción y la productividad y, en especial, promover una mayor justicia, libertad y equidad en el medio rural, en favor del bienestar de las comunidades y familias que habitan en él.
I. Evolución de la Política de Gasto 1989 - 1993
Entre 1989 y 1993 las actividades del campo fueron objeto de importantes reformas, a efecto de proveerlas de los mecanismos jurídicos, técnicos y económicos que hicieran viable su modernización.
Con este propósito, se reformó el artículo 27 constitucional, se expidió la Ley Agraria y se renovó en su totalidad la legislación en materia de bosques y aguas.
La reforma al marco jurídico agrario otorga seguridad y certidumbre en la tenencia de la tierra, fortalece la propiedad ejidal y comunal, autoriza y regula la participación de sociedades en actividades agropecuarias, y establece un régimen flexible de contratación que promueve la asociación entre los diversos productores e inversionistas.
Asimismo, promueve la capitalización del campo e impulsa los procesos productivos y la modernización de las actividades agropecuarias, para alcanzar el desarrollo sostenido del sector.
Se creó la Procuraduría Agraria como órgano de asesoría, apoyo, prevención y denuncia en
la defensa de los derechos agrarios; y se constituyeron los Tribunales Agrarios, que cuentan con procedimientos ágiles, sencillos y transparentes para que las relaciones en el medio rural se desarrollen al amparo de un órgano especializado en la materia, y con garantía en la correcta interpretación y ejecución de la normatividad agraria. También se reestructuró el Registro Agrario Nacional, a efecto de dar transparencia y certeza en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y en los contratos que sobre ellas se realicen.
Asimismo, se puso en marcha el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), para instrumentar el nuevo marco jurídico agrario, a fin de que los campesinos cuenten con los documentos que acrediten sus derechos parcelarios y la propiedad de sus solares, documentos necesarios para llevar a cabo, con agilidad, los procesos de asociación y de contratación de crédito, y para garantizar el patrimonio de sus familias. Una cuarta parte de los 30 mil ejidos del país se han acercado a este programa y más de siete mil de ellos ya se han adherido, por decisión de sus asambleas, a este esfuerzo de regularización.
Durante el período 1989 - 1993, la Secretaría de la Reforma Agraria ejerció un presupuesto creciente que se orientó fundamentalmente al abatimiento del rezago agrario, la regularización de la tenencia de la tierra, la organización y capacitación de los trabajadores agrícolas, así como al impulso de los programas de desarrollo agrario.
Por su parte, la infraestructura hidroagrícola se ha expandido sobre la base de la descentralización y desconcentración de funciones de la Comisión Nacional del Agua hacia las organizaciones de usuarios de los distritos de riego. Así, durante el lapso de referencia se han transferido a los productores la administración y el manejo de la infraestructura en 2.2 millones de hectáreas en dichos distritos.
Estas medidas se han acompañado de apoyos técnicos y asesorías, y de promoción para una mayor participación del sector privado en la ampliación de la infraestructura.
Asimismo, destaca la conclusión, en el período 19891993, de 24 presas, con una capacidad conjunta de almacenamiento superior a 8,300 millones de metros cúbicos de agua, volumen mayor en casi 200 por ciento a la capacidad de las presas construidas en el período de 19831988; entre éstas, destacan las obras Trigomil, Canoas, Pico del Aguila,
La Cuadrilla, Los Carros, Cayehuacán y Chilatán. La infraestructura hidráulica con la que cuenta actualmente nuestro país, permite la irrigación de 6.1 millones de hectáreas de cultivo. La puesta en operación de los proyectos de infraestructura hidráulica ha permitido incorporar y mejorar 914 mil hectáreas la producción agrícola y elevar la productividad del sector agropecuario.
En materia de financiamiento y seguro al campo, se ha realizado una importante transformación encaminada a incrementar la cobertura de crédito y mejorar los servicios que prestan las diversas instituciones financieras y de seguros que participan en el sector. Para ello, fue necesario modificar las formas tradicionales de crédito y seguros, en mecanismos reales de apoyo a las actividades productivas del campo.
En 1989 se reestructuró el Sistema Banrural, dejando de acreditar aquellas hectáreas con siniestros recurrentes y que mermaban el patrimonio del Banco. Se impulsó la autonomía de gestión de los acreditados y se transfirió la facultad de decidir sobre los procesos productivos y comerciales a los propios productores. Asimismo, se procedió a la liquidación de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, eliminando de raíz los problemas de falsos siniestros, siendo sustituida en 1990 por Agroasemex.
Lo anterior permitió especializar los servicios financieros en función de las necesidades de los productores. A través de la banca comercial y aseguradoras privadas se atiende a los productores capitalizados que operan dentro de la actividad agropecuaria comercial; por conducto de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Banrural y Agroasemex son atendidos los productores que requieren aún de créditos y seguro agropecuario de fomento para consolidar sus niveles de competitividad y capitalización; y Solidaridad brinda apoyo a los productores que no pueden soportar la carga del crédito ni el trámite financiero, principalmente los que se dejaron de habilitar por el Sistema Banrural.Paralelamente, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), otorga crédito para impulsar las actividades de exportación y Nafin las agroindustriales. Asimismo, para promover la inversión y la asociación productiva, se creó en Nafin el Fondo de Inversión y Comercialización del Sector Rural (Focir).
La reestructuración del sistema financiero que atiende al campo, además de los mayores recursos canalizados por la banca de desarrollo, ha permitido un incremento real de los saldos de
financiamiento al sector, de más de 100 por ciento en los últimos cinco años. No obstante, también se ha presentado un incremento en la cartera vencida, para lo cual el Gobierno Federal, por conducto de la banca de desarrollo, ha instrumentado diversas medidas, entre las que destacan la creación del Fideicomiso para la Recuperación de Cartera Vencida (Fircaven) en Banrural, que permitió a los ejidatarios reestructurar sus pasivos con quitas de hasta el 80 por ciento.
Asimismo, se creó el Programa de Saneamiento Financiero en Fira, para atender a los productores acreditados por la banca comercial, canalizándose recursos sin precedentes, que alcanzan tan sólo en 1993 los 2,000 millones de nuevos pesos, con plazos de hasta 15 años con tres de gracia, y garantías del 50 por ciento para reestructuración de pasivos. Todas estas medidas de carácter financiero están permitiendo a los productores transitar hacia el nuevo modelo de desarrollo del campo mexicano.
Durante los primeros cinco años de la presente administración, el presupuesto canalizado a este sector presentará un incremento real acumulado de 8.6 por ciento.
II. Política de Gasto Público 1994.
Durante 1994, la asignación de recursos públicos a este sector seguirá incrementándose. Para continuar con la modernización del campo, se apoyará la creación de nuevos esquemas de asociación productiva y comercial, y se fomentará el desarrollo de mecanismos adecuados para capitalizar al sector.
En 1994 se iniciará la operación de un programa que sustituye los apoyos actuales al campo por uno de apoyos directos. Este programa, denominado Procampo, fortalece los objetivos que animaron las reformas al artículo 27 constitucional, constituye a su vez una respuesta a las demandas de las organizaciones campesinas de todo el país y establece las condiciones para una distribución más equitativa de los subsidios que se otorgan a este sector.
Procampo permitirá incrementar la producción de los cultivos que cuentan con ventajas comparativas y mejorar la distribución del ingreso en el campo. Todo ello bajo un enfoque de conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.
Procampo abarca los principales granos y oleaginosas. Los productores de estos cultivos recibirán un pago por hectárea. Con la puesta en marcha del programa, regirán precios de mercado en el contexto de una economía abierta, y se establecerán pagos máximos y mínimos por hectárea basada en las condiciones agroeconómicas de las regiones. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos coordinará el pro grama por conducto de Aserca.
Habrá una fase transitoria en la que coexistirán los pagos mencionados y los precios de garantía. De este modo, el tránsito hacia los nuevos esquemas de apoyo será gradual. En esta fase, recibirán apoyo por hectárea las superficies que en los últimos tres años agrícolas hayan sido sembradas con maíz, frijol, trigo, soya, sorgo, arroz o algodón. Los cultivos seleccionados son aquellos que reciben subsidios en el resto del mundo, por lo que es posible otorgar estos apoyos sin provocar medidas comerciales compensatorias.
Procampo contará para 1994 con un presupuesto de 11 mil 700 millones de nuevos pesos, cifra que presenta un incremento del 82.8 por ciento en relación al monto erogado en 1993 por concepto de subsidios destinados al campo. Se brindará apoyo directo a 3.3 millones de productores rurales. Es un programa con un importante impacto social, ya que de los productores que serán beneficiados, más de dos millones se encuentran hoy en día al margen de los apoyos que la sociedad transfiere al campo.
En adición a Procampo, las líneas de acción de la política de gasto en 1994 que destacan dentro del sector, son las siguientes: las de fomento, sanidad animal y vegetal, a través de las cuales se buscará incrementar la producción y productividad agropecuaria y forestal. Asimismo, sobresalen las campañas de prevención y control de plagas y enfermedades. Las acciones de investigación y desarrollo tecnológico se orientarán al fomento de nuevas especies y variedades vegetales, a través de una mayor vinculación de los centros de investigación y capacitación con los productores. La operación de los servicios de asistencia técnica y control fitosanitario continuarán descentralizándose a los gobiernos de los estados y a las organizaciones de productores. En materia pecuaria, se continuará dando atención a la producción de especies a través de los programas concertados de sanidad, mejoramiento genético e investigación aplicada. Además, se impulsará una mejor organización de los productores y el uso integral de los recursos forrajeros. La campaña contra la tuberculosis
y la brucelosis se fortalecerá considerablemente, con lo que se dará mayor certeza a nuestras exportaciones de ganado en pie. Los gobiernos estatales y las agrupaciones de productores serán parte importante en la puesta en marcha de este programa.
En el área forestal, las acciones permitirán mejorar la producción silvícola, por medio del aprovechamiento racional de los recursos y el fortalecimiento de la infraestructura. Se intensificarán los programas de protección ecológica de los bosques, la vigilancia, el combate de incendios y la asistencia técnica.
Para el fortalecimiento de la infraestructura hidroagrícola, la Comisión Nacional del Agua continuará la descentralización y la desconcentración de funciones hacia las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, con apoyo técnico y asesoría.
Se fomentará el uso de sistemas modernos de riego mediante programas de divulgación; seguirán realizándose campañas para el uso eficiente del agua y se ampliará la infraestructura con recursos externos, lo que permitirá incrementar la superficie de áreas de riego. También se destinarán recursos para acciones de desinfección y control de la calidad del agua, para la investigación de las cuencas hidroagrícolas y para la observación de los fenómenos atmosféricos.
Entre las obras de infraestructura hidroagrícolas para la ampliación de áreas a la producción cabe destacar los proyectos Baluarte - Presidio, Sin.; Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero y Andrés Figueroa, Gro.; Río Verde, Oax.; Coahuayana, Col.; Ajacuba, Hgo.; y Plan Chiapas, Chis. Entre las obras de rehabilitación de la infraestructura en los distritos de riego sobresalen: alto Río Lerma, Gto.; Río Colorado, B.C.; Delicias, Chih.; Autlán El Grullo, Jal.; Cupatitzio - Tepalcatepec, Mich.; Río Fuerte, Sin.; Región Lagunera, Coah. - Dgo., y Yaqui - Mayo, Son.
En 1994, se concluirá la construcción de la presa Huites, que permitirá incorporar 70 mil hectáreas de riego en Sinaloa y Sonora. Esta obra beneficiará a la producción agrícola y además servirá para la generación de 400 megawatts de energía eléctrica. El costo de este proyecto asciende a 2,100 millones de nuevos pesos y participan en su financiamiento tanto el sector privado como el Gobierno Federal.
Dentro de las actividades encomendadas a las entidades paraestatales del sector destacan las del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), el cual desarrollará obras para mejorar terrenos de cultivo, y para construir y rehabilitar caminos rurales.
A través de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de Posgraduados y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se continuará apoyando la educación técnica y especializada en aspectos agropecuarios.
Las reformas al artículo 27 constitucional concluyen el reparto agrario. Congruente con ello, para 1994 se terminará con las acciones agrarias en trámite, para lo cual la Secretaría de la Reforma Agraria continuará con el Programa de Abatimiento del Rezago Agrario.
El objetivo central de este programa es lograr la consolidación de las formas de tenencia de la tierra mediante el desahogo definitivo de los expedientes que se encuentran en trámite en las distintas etapas procesales, con objeto de fortalecer la seguridad de los productores del campo y alentar los esquemas de asociación. Se estima que al término de 1993, este procedimiento administrativo habrá concluido en 26 estados de la República.
La Procuraduría Agraria continuará asesorando, atendiendo quejas y denuncias del sector social y presentándolas ante las autoridades correspondientes, en caso de no resolverse por la vía conciliatoria.
El Registro Agrario Nacional proseguirá expidiendo los documentos legales respectivos y actualizando el catastro rural y el registro agrario nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.
Durante 1994, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el INEGI continuarán trabajando en el Procede. Estos esfuerzos conjuntos permitirán avanzar en la certificación de parcelas y de derechos sobre tierras de uso común y en la titulación de solares urbanos en los ejidos y comunidades de todo el país.
Los Tribunales Agrarios iniciaron su operación en julio de 1992, ejerciendo durante el período 1992 - 1993 un gasto programable de 195.0 millones de nuevos pesos. Estos recursos han estado orientados principalmente a establecer 34 Tribunales Unitarios de Distrito en todo el país, además de 8 sedes alternas en capitales de entidades federativas, y el Tribunal Superior Agrario con sede en el Distrito Federal.
Los Tribunales han enfocado sus acciones jurisdiccionales a través de dos programas sustantivos, el de Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Agraria, y el de Promoción de la Justicia Agraria.
Los Tribunales Agrarios seguirán avanzando en su proceso de penetración en el medio rural, con el propósito de ampliar la impartición de justicia agraria a un mayor número de campesinos.
Conforme a la política de gasto público federal establecida, la estrategia de asignación del gasto a los Tribunales, se orienta hacia la racionalización y descentralización del mismo, privilegiando en mayor medida a los Tribunales Unitarios de Distrito, áreas sustantivas del Organismo.
Con ello se estará en posibilidad de cumplir de manera más directa y eficaz la tarea de llevar justicia al campo mexicano.
Para lograr los objetivos señalados se propone asignar al sector desarrollo rural un gasto de 15 mil 206 millones de nuevos pesos, lo que implica un crecimiento real de 32.8 por ciento respecto a 1993, y de 44.2 por ciento en relación al primer año de este gobierno. Cabe señalar que esta cifra no incluye 5 mil 305 millones de nuevos pesos de transferencias a Conasupo que forman parte de Procampo, por estar clasificadas en el sector comercio.
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
La disponibilidad de una infraestructura adecuada en materia de comunicaciones y transportes constituye un elemento determinante para apoyar el proceso de desarrollo económico del país. Con la participación creciente de la sociedad, el sector ha logrado avances importantes en la construcción, modernización, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura de comunicaciones y transportes, en apoyo a los distintos sectores económicos y regiones del país, y en beneficio de un mayor número de habitantes. Se continuó con la actualización de normas inadecuadas u obsoletas que impedían el desarrollo oportuno y eficiente de los servicios, fortaleciendo de esta manera las funciones reguladoras del Estado e impulsando la modernización de las actividades.
I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993
Durante este período, los recursos presupuestales destinados al sector, que incluye la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus entidades coordinadas, se mantuvieron constantes en términos reales. En cuanto a su composición, el gasto de inversión del sector incrementó su participación de 34.3 por ciento en 1989, a 37.7 en 1993. Cabe señalar que se han canalizado recursos crecientes al mantenimiento y la conservación de carreteras.
En el período 1989-1993, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes erogó un monto acumulado de recursos por 7 mil 220 millones de nuevos pesos, destinados tanto a la construcción de carreteras troncales como a los trabajos de conservación, mantenimiento y reconstrucción. Al respecto, destaca la construcción de 735 km de carreteras troncales, la reconstrucción de 10,000 km de carreteras federales y el mantenimiento de 46 mil km de la red federal, incluyendo 735 puentes. Entre otros proyectos, cabe mencionar la modernización y ampliación de las carreteras Pátzcuaro - Morelia - Salamanca, Puebla - Tlaxcala - Apizaco, Querétaro - San Luis Potosí, Tapachula - Huixtla y Guadalajara - Chapala. Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), orientó sus acciones al mantenimiento y la modernización de la infraestructura carretera de altas especificaciones a su cargo. La entidad realizó la conservación de 1,625 km. de carreteras y de 32 puentes. Asimismo, efectuó la ampliación a tres carriles de varias de las autopistas de mayor tránsito.
Los recursos federales se han visto complementados con inversiones crecientes de los sectores social y privado, al participar en una amplia gama de proyectos. A este respecto, sobresalen por su magnitud, los recursos invertidos para la construcción de carreteras y aeropuertos. Particularmente, en el conjunto del Programa Nacional de Autopistas se ha logrado poner en operación más de 4,000 km. de autopistas de altas especificaciones; con ello, se ha alcanzado la meta sexenal fijada al inicio del Programa. Al término de este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de este programa, habrá otorgado un total de 48 concesiones (incluyendo puentes), que suman 4,876 km, de los cuales más de mil kilómetros se encuentran en etapa de construcción.
Se estima que al finalizar el presente ejercicio fiscal, la inversión acumulada global en proyectos de autopistas concesionadas supere los 26,000 millones de nuevos pesos. Entre las carreteras que ya entraron en operación destacan las siguientes: Cuernavaca - Acapulco; Mazatlán - Culiacán; Mérida - Cancún; Córdoba - Veracruz y León - Lagos - Aguascalientes.
Así, la modernización de la infraestructura carretera se ha sustentado en la conjunción de esfuerzos con el sector privado, fundamentalmente bajo la forma de concesiones, y con base en las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación de junio de 1992, que dieron mayor viabilidad a estos esquemas para las actividades de construcción y explotación de carreteras, al ampliar de 20 a 30 años el plazo máximo de concesión, y reglamentar la protección a los usuarios.
El Fideicomiso para la Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas (Conacal), fortaleció sus acciones de concertación con los gobiernos estatales y los sectores social y privado, para participar en el financiamiento de obras de impacto y beneficio regional, principalmente en la construcción y conservación de carreteras alimentadoras y caminos rurales.Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), en los últimos años ha impulsado un Programa de Cambio Estructural, que contempla la participación de particulares en actividades ferroviarias conexas, lo cual ha propiciado una mayor eficiencia de su gasto y la atención de sus programas prioritarios.
En este proceso, Ferronales ha mantenido la participación del gasto de inversión en el gasto programable, lo que le ha permitido a la entidad dar mantenimiento a la red de 26,334 km, concentrándose en una extensión de línea férrea de 20,324 km que es la que soporta el mayor tráfico, y cuyas rutas más importantes son: México - Nuevo Laredo, México - Cd. Juárez, México - Irapuato, Guadalajara - Manzanillo y México - Mazatlán. Se atendieron, asimismo, 6,010 km de vías secundarias.
Con el propósito de elevar la calidad y la capacidad de carga en las líneas de mayor circulación, y en particular en las rutas de fronteras y puertos, se procedió a sustituir riel de mayor calibre en líneas, patios y terminales, y se reforzaron puentes. De igual manera, se impulsaron las operaciones de la red de tráfico intermodal, con participación de inversión privada.
En materia de tráfico aéreo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), atendió, a través de la
red de 58 aeropuertos y 3 estaciones de servicio, una demanda creciente de pasajeros, que aumentó durante el período de análisis en 61 por ciento, en tanto que en el número de operaciones lo hizo en 42 por ciento.
Para ello, ASA erogó recursos que representan un crecimiento real acumulado de 51.9 por ciento. Los recursos de inversión asignados permitieron la construcción de dos edificios terminales y la ampliación de 27; se construyeron 22 pistas y plataformas, y se incorporó formalmente a la red de ASA, el Aeropuerto de Toluca. Aunado a lo anterior, se dio mantenimiento oportuno a pistas y calles de rodaje.
Como complemento a dichos gastos, se llevaron a cabo varios proyectos con participación privada (coinversiones), que permitieron ampliar y modernizar la capacidad instalada aeroportuaria. Cabe destacar las ampliaciones de las terminales de pasajeros en Guadalajara, Cancún, Tijuana y Puerto Vallarta; y la construcción del nuevo edificio de Tepic, así como la correspondiente al edificio terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El órgano desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), impulsó la conservación y modernización de los sistemas de ayuda a la navegación aérea, a fin de proporcionar de manera eficaz el servicio de control de tráfico aéreo, generar información meteorológica y atender las telecomunicaciones aeronáuticas.
Puertos Mexicanos construyó y puso en operación los puertos de Progreso, Yuc.; Pichilingue, B.C.S. y Topolobampo, Sin., mismos que tendrán un impacto detonador a nivel regional. Se fortalecieron la infraestructura básica y el equipamiento de algunos de los principales puertos del país, particularmente en lo que se refiere a manejo de contenedores en Lázaro Cárdenas, Mich.; Manzanillo, Col. y Veracruz, Ver., que permitirán elevar sus niveles de competitividad.
Durante 1993, un paso fundamental para la modernización del sistema portuario fue la actualización de la legislación en la materia, a través de la nueva Ley Federal de Puertos aprobada por el H. Congreso de la Unión a mediados del año en curso.
Este nuevo marco jurídico proporciona seguridad a los inversionistas y establece lineamientos claros y sencillos para facilitar las relaciones entre las autoridades y los particulares. La nueva Ley protege a los usuarios de los puertos, promoviendo un clima de competencia y libre acceso de operadores y prestadores de servicios. De esta manera, se facilita la transformación estructural portuaria, sobre la base de elementos tales como la descentralización administrativa, la desregulación y la participación privada.
Con base en la nueva legislación, se estableció la primera Administración Portuaria Integral (API) para Puerto Madero, Chis.
Durante los primeros tres años de la presente administración, se puso especial énfasis en la rehabilitación y la actualización de la red de radio monitoreo del espectro radioeléctrico; posteriormente, en 1992, se inició su proyecto de modernización, lográndose instalar en 1993 una red de fibra óptica que enlaza a las principales ciudades del país.
El Servicio Postal Mexicano (Sepomex), llevó a cabo un programa de modernización que ha permitido ampliar la cobertura de 10,900 puntos de servicio en 1988, a 29,300 en 1993, con lo que se atiende al 96 por ciento de la población del país. Se iniciaron los servicios especializados, que incluyen mensajería acelerada, mensajería local, paquetería y el Buzón Expreso; este último, para agilizar el servicio tradicional con límite máximo de entrega de 24 horas para correspondencia local y 72 horas entre ciudades del país.
Durante el período 1989 - 1993, también se observan avances importantes en Telecomunicaciones de México (Telecomm), la cual continuó con el proceso para la puesta en órbita de los Satélites Solidaridad; el diseño de la Red Electrónica de Fondos y el desarrollo de la Red de Fax Público. Asimismo, Telecomm dio inicio al proceso de modernización del Centro de Control de Satélites Iztapalapa para la operación de los Satélites Solidaridad, y a la construcción del Centro de Control Alterno en Hermosillo, Son.
Ante el reto que implica el desarrollo de las telecomunicaciones, resultaba necesario abrir nuevas posibilidades para su financiamiento, mediante una mayor participación de inversiones del sector privado, sin distraer los recursos que el Estado destina para la atención de otros programas de infraestructura y desarrollo social. Por ello, se llevó a cabo la desincorporación de Teléfonos de México. Asimismo, la Red Federal de Microondas dejó de ser considerada como una actividad exclusiva del Estado, dado que mediante el sistema de comunicación vía satélite se podía asegurar la prestación de este tipo de servicios en el país, por lo que se decidió vender dicha red. Los recursos provenientes de la venta
de la Red Federal de Microondas fueron destinados, principalmente, al mantenimiento y la conservación de carreteras.
Por lo que respecta a la telefonía celular, se estableció un plan de cobertura en nueve regiones de la República Mexicana, con dos concesionarios por región que compiten entre sí a fin de promover una mejor calidad en el servicio a los usuarios.
II. Política de Gasto Público 1994
Para el ejercicio fiscal de 1994, se continuará con la atención prioritaria a la modernización y ampliación de la infraestructura básica del país, mediante el fortalecimiento de acciones que cubren desde la conservación y la rehabilitación, hasta la construcción de nuevas obras, promoviendo la participación de inversiones privadas.
En materia de infraestructura carretera, el presupuesto asignado para 1994 alcanza un monto de 4 mil 459 millones de nuevos pesos, que representa un incremento anual de 54.2 por ciento en términos reales. Con ello, se atenderá fundamentalmente la conservación y mantenimiento de los 46 mil km. de la red carretera federal, la reconstrucción de 1,980 km. más y 109 puentes, así como el pago de indemnizaciones asociado a la construcción de 1,350 km. de carreteras; y la construcción de dos carreteras de gran impacto para el desarrollo regional: Cuacnopalan - Tehuacán - Oaxaca y Ocozocuautla - Raudales en Chiapas. Así, durante la presente administración se habrán asignado a carreteras federales, tanto en mantenimiento como en construcción, un total de 12 mil 050 millones de nuevos pesos, con lo que la tasa media anual de crecimiento real se sitúa en 5.2 por ciento.
Capufe orientará sus esfuerzos a la rehabilitación de más de 100 km. de pavimentos, y a las labores de conservación, modernización y operación de la infraestructura a su cargo. El gasto previsto para 1994 asciende a 1 mil 005 millones de nuevos pesos, que representa una disminución de 34.7 por ciento en términos reales; ello se explica por el menor número de proyectos de carreteras concesionadas, en los que participa minoritariamente el organismo.
El Programa Nacional de Autopistas continuará durante 1994, previéndose la terminación de las carreteras México - Guadalajara; La Tinaja - Cosoleacaque; Esperanza - Cd. Mendoza; y Cadereyta Reynosa, entre otras. Conacal, dirigirá sus actividades a la construcción de 262 km. y a la modernización y ampliación de otros 200 km. de carreteras alimentadoras y caminos rurales. Además, con el Programa Nacional de Solidaridad se prevé la construcción de 350 km. de caminos rurales. También realizará obras de modernización y ampliación en la aeropista de Xcalac, Q.R.
Ferronales orientará sus acciones a la ampliación de la fuerza tractiva y el equipo de arrastre, y a la conservación de la infraestructura, con el propósito de dar atención a una demanda de 51.3 millones de toneladas netas en el servicio de carga y de 13.2 millones de personas en el servicio de pasajeros. El cumplimiento de estas metas se apoyará en la consolidación del proceso de cambio estructural; por una parte, con acciones operativas y comerciales, como los convenios de transporte con usuarios, el mayor movimiento de trenes unitarios y el funcionamiento de nuevas terminales multimodales; y por la otra, con la promoción de la participación del sector privado dentro del marco constitucional, en el servicio de mantenimiento de locomotoras y equipo de arrastre.
El gasto previsto para Ferronales alcanza un monto de 4 mil 548 millones de nuevos pesos, del cual el 22 por ciento corresponde a gasto de inversión.
En materia de transporte aéreo, ASA dará atención prioritaria a la conservación y modernización de sus instalaciones, con el propósito de atender de manera más eficiente a 50.5 millones de pasajeros y casi 1.5 millones de operaciones. Asimismo, se ampliarán 4 edificios terminales y 3 plataformas de aviación comercial; en estas acciones destaca la construcción, remodelación y ampliación de los aeropuertos de Cd. del Carmen, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz y Toluca. Para estos fines, se asignará a la entidad un presupuesto de 786 millones de nuevos pesos.
Dentro de este mismo subsector, a través de Seneam se atenderán 14.1 millones de operaciones de control de tránsito aéreo, y se realizarán informes meteorológicos para la navegación aérea.
En el ámbito portuario, en el transcurso de 1994 se avanzará en descentralizar la administración de los principales puertos del país, mediante la constitución y consolidación de las Administraciones Portuarias Integrales (APls), mismas que irán sustituyendo a las empresas de servicios portuarios. Con la constitución de las APls, también se procederá a concesionar terminales y servicios portuarios en un marco de competencia. Los aspectos de regulación y las funciones de autoridad dentro del puerto, tales como las que
ejerce el capitán de puerto, así como las de aduanas, migración, ecología y sanidad, permanecerán bajo control directo del Gobierno Federal. Asimismo, se seguirá atendiendo la conservación y modernización del señalamiento marítimo.
Telecomm impulsará la modernización y la expansión de los sistemas de telecomunicaciones del país, a través de la obtención de tecnología de punta a nivel mundial, lo cual se concretará con la puesta en órbita del Sistema de Satélites Solidaridad, que sustituirá al actual Sistema de Satélites Morelos. Este programa culminará en el primer semestre de 1994 con el lanzamiento del segundo satélite, concluyéndose además, en este año, la infraestructura necesaria en tierra.
De igual forma, se continuará con la operación y el desarrollo de la red de monitoreo y administración del espectro de frecuencia radioeléctrica, lo que dará como resultado su uso más eficiente. Destaca el Proyecto de Asistencia Técnica en Telecomunicaciones, que fortalecerá el carácter regulatorio de los servicios para su comercialización, y acelerará la modernización de las 27 estaciones terrenas que componen actualmente la red nacional de radiomonitoreo.
Sepomex orientará sus actividades hacia el fortalecimiento de la atención a la demanda, proporcionando el servicio de correo a la población del país, con especial interés en colonias populares y comunidades rurales.
El correo mantendrá en operación 27,500 puntos de servicio establecidos con terceros y 2,146 oficinas propias, además de instalar 1,100 nuevos puntos de servicio, con lo que se cubrirá el 98.0 por ciento de la población total del país. Con esto se prevé recibir, clasificar y entregar 975 millones de piezas postales.
En materia de investigación y desarrollo tecnológico, con la participación del sector privado, el Instituto Mexicano del Transporte continuará el desarrollo de estudios y proyectos para el mejoramiento de la infraestructura carretera y de operación de los diversos medios de transporte. El Instituto Mexicano de Comunicaciones invertirá recursos principalmente para la adquisición de equipo, instrumental y herramientas que se requieren en la investigación científica y tecnológica.De esta manera, y con el propósito de avanzar en las metas señaladas, el conjunto del sector comunicaciones y transportes recibirá en 1994 una asignación de gasto programable por 14 mil 016 millones de nuevos pesos, que representa un incremento anual de 1.5 por ciento en términos reales; el renglón correspondiente a inversión suma 7 mil 267 millones de nuevos pesos con un crecimiento real de 39.5 por ciento.
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ENERGÉTICO
En el sector energético, las acciones del subsector petrolero se han orientado a mantener el nivel de reservas de hidrocarburos, modernizar la planta productiva, aumentar la calidad de los refinados y abastecer la demanda interna. En el subsector eléctrico, los esfuerzos se han dirigido a ampliar la capacidad de generación, a mejorar su productividad, y a fortalecer su situación financiera, principalmente a través de una política tarifaria realista.
Se ha garantizado que la producción y el abasto de hidrocarburos, y la generación de energía eléctrica, vayan de acuerdo con el comportamiento esperado de la demanda, y se ha conseguido una mayor eficiencia en la producción, la transformación y la comercialización de la energía.
En el ámbito externo, se siguieron ejecutando las acciones tendientes a mantener la plataforma de exportación de hidrocarburos, bajo un marco de competitividad y eficiencia a nivel internacional.
Más importante aún que el monto de recursos presupuestales asignados al sector, es el cambio registrado en su uso: hoy en día hay una mayor calidad en el gasto, incrementándose notablemente la productividad en su ejercicio y la eficiencia en su asignación. Ejemplo de ello es la nueva estructura de Pemex, que se constituye con la creación de cuatro organismos subsidiarios, así como el Programa de Rehabilitación Financiera de la Comisión Federal de Electricidad, que permitió eliminar las transferencias del Gobierno Federal y destinar los recursos que antes se utilizaban para pagar intereses al mejoramiento de la infraestructura eléctrica, así como incrementar los indicadores de productividad, ubicándolos en niveles comparables con los estándares internacionales. Este último aspecto es resultado de los acuerdos de productividad concertados durante los dos últimos años.
Por otra parte, y con objeto de complementar los recursos públicos, en el sector energético se alienta, de conformidad con las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, un renovado impulso a la participación de la inversión privada en proyectos de generación eléctrica mediante las modalidades de productor independiente, cogeneración, pequeño productor y autoabastecimiento. En este contexto, con la finalidad de normar y
resolver los distintos aspectos que se originen de la aplicación de la nueva Ley, y considerando la necesidad de que la autoridad reguladora en materia de energía eléctrica cuente con completa autonomía técnica, se creó en octubre pasado la Comisión Reguladora de Energía, la cual iniciará sus funciones operativas en 1994.
En el caso de la petroquímica, se llevó a cabo una reclasificación de productos básicos a secundarios; su objetivo fue estimular la inversión y la especialización, así como acelerar los encadenamientos productivos e incorporar un mayor desarrollo tecnológico.
Para 1994, en el sector energético se seguirán realizando las acciones que permitan consolidar su cambio estructural, mediante la modernización de la planta productiva. Se apoyará la conclusión de los proyectos prioritarios de inversión y se promoverán proyectos financiados con recursos privados, dentro de los que destacan los relativos a la infraestructura de transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica. De igual manera se fortalecerán las actividades de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, que desde su creación, en septiembre de 1989, ha alcanzado importantes logros.
Es conveniente destacar que durante esta administración, las medidas de cambio estructural en este sector han elevado la productividad y eficiencia en la producción y generación de energéticos. Así, se han mejorado la calidad de los combustibles, la producción de crudo supera la de 1988, y la mayor capacidad en la generación de electricidad ha permitido satisfacer el aumento de la demanda de este servicio. Petróleo
En el período 1989 - 1993, la producción de crudo y gas natural muestran crecimientos acumulados de 7.2 y 3.9 por ciento respectivamente, lo que permitió una mayor penetración en el mercado internacional, con un crecimiento de 4.1 por ciento en las exportaciones de crudo. La venta de petrolíferos en el mercado interno creció 41.0 por ciento, la de gas natural 4.6 por ciento y la de petroquímicos en 2.3 por ciento.
La capacidad de procesamiento en las refinerías de Pemex se incrementó 1.0 por ciento, no obstante el cierre de las de Azcapotzalco, Poza Rica y Reynosa, debido a diversas obras de ampliación y modernización de capacidad en las refinerías actualmente en operación. Asimismo, se ha realizado un esfuerzo para producir mejores combustibles como la gasolina Magna - Sin, combustóleo desulfurado, gasóleo industrial y recientemente el Diesel - Sin.
Los resultados anteriores se dieron en un contexto en que el gasto programable del período decreció 25.3 por ciento en términos reales, lo que se explica por el cambio estructural que Pemex ha venido instrumentando a partir de esta administración. En este proceso, Pemex ha incrementado la participación de su gasto de inversión dentro del gasto programable; mientras que en 1988 el gasto de capital representó 32.5 por ciento del total, para 1993 esta proporción se estima en 38.5 por ciento.
La inversión en este período se destinó básicamente a dar continuidad a aquellos proyectos de mayor beneficio, destacando las plataformas de perforación en la Sonda de Campeche, el Litoral de Tabasco y la Cuenca del Papaloapan; la ampliación de las refinerías de Salina Cruz, Tula, Cadereyta y Salamanca, así como de proyectos para mejorar los combustibles, mantener el nivel de reservas de hidrocarburos y preservar la plataforma de producción petrolera. Al respecto, entre 1989 y 1993 se perforaron 607 pozos de exploración y desarrollo. El total de reservas probadas asciende a 65,050 millones de barriles.
Se ha brindado especial atención al mantenimiento preventivo y la relocalización de plantas de almacenamiento de destilados y gas licuado con tecnología avanzada, a fin de prevenir accidentes y otorgar mayor seguridad a la población. Por otra parte, destaca la puesta en marcha del Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía 1993 - 1997 de Pemex. Política de Gasto Público 1994
Para 1994 se consolidará la operación de los cuatro organismos subsidiarios (Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica), de acuerdo con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, toda vez que durante 1993 se concluyó la etapa de asignación de recursos humanos, de activos, pasivos y capital, así como la delimitación general de responsabilidades entre subsidiarias.
En 1994, cada organismo contará con un presupuesto individual, lo que permitirá obtener mejores resultados al descentralizar funciones y responsabilidades que conducirán a elevar la eficiencia global del subsector petrolero.
Se continuará prestando especial atención a mejorar la calidad de la producción de combustibles y otros productos refinados para evitar daños ecológicos; se dará el mantenimiento necesario a las instalaciones productivas y se continuará con el mejoramiento financiero; todo ello en el marco de una mayor eficiencia, competitividad
y rentabilidad de los diferentes procesos productivos.
El gasto programable de Pemex durante el período 19891994 decrece en términos reales en 24.5 por ciento; sin embargo, este comportamiento se presenta en un marco de mayor eficiencia, racionalización y cambio estructural del gasto. Así, la participación del gasto de inversión en el total pasa de 32.5 por ciento en 1988, a 42.1 por ciento en 1994. Para este último año, el presupuesto de la entidad alcanza un monto de 25 mil 559 millones de nuevos pesos, lo que representa un crecimiento real anual de 1.2 por ciento.
El gasto de inversión para 1994 correspondiente a Pemex (corporativo) y organismos subsidiarios asciende a 10 mil 772 millones de nuevos pesos, cifra que presenta un crecimiento en términos reales de 10.8 por ciento sobre 1993. Este monto de inversión se distribuye entre los organismos de la siguiente manera:
Para Pemex Exploración y Producción se asignan 5 mil 949 millones de nuevos pesos. Los principales proyectos de producción primaria apoyados son: Ek - Balam, Taratunich, Caan y Cantarell, orientados a mantener su contribución del 45.0 por ciento en la producción total de petróleo crudo y del 20.0 por ciento en gas natural. En lo que se refiere al mercado externo, el presupuesto de 1994 seguirá impulsando las exportaciones de petróleo crudo bajo criterios de rentabilidad interna, diversificación de mercados y equilibrio entre la oferta y la demanda de crudo a nivel mundial.
A Pemex Refinación se le asignan recursos por 3 mil 103 millones de nuevos pesos, atendiéndose los proyectos en ejecución, principalmente las obras del paquete ecológico (calidad de las gasolinas), de capacidad y calidad de refinación, y los recursos para concluir en 1994 la terminal de almacenamiento y distribución de destilados de la ex refinería de Azcapotzalco y la de Guadalajara. De gran importancia resulta la inclusión, para 1994, de proyectos nuevos, entre los que destacan: las plantas reformadoras de Cadereyta, Salamanca y Minatitlán; las de alquilación y de isomerización; así como una planta hidrodesulfuradora de residuales y una planta coquizadora. Estos proyectos apoyarán el objetivo de mejorar la calidad de los combustibles y hacer un uso más eficiente de los insumos primarios en la refinación.
Pemex Gas y Petroquímica Básica recibe 986 millones de nuevos pesos, los cuales servirán para acelerar el desarrollo de los proyectos estratégicos, destacando tres plantas endulzadoras y estabilizadoras de condensados, una planta fraccionadora de hidrocarburos y una planta criogénica.
A Pemex Petroquímica se canalizan 433 millones de nuevos pesos, destinados a la terminación de la planta de propileno en el complejo Morelos y a la conservación y mantenimiento de la planta productiva. Por otra parte, se continuará impulsando el uso del gas natural en la industria, en sustitución del combustóleo, debido a sus cualidades de combustión y limpieza.
A Pemex (corporativo), por su parte, se le asignan 302 millones de nuevos pesos, principalmente para desarrollar el proyecto integral de telecomunicaciones.
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Electricidad
En el período 1989 - 1993 la demanda atendida presentó un crecimiento acumulado de 23.7 por ciento y el número de usuarios se incrementó en 3.8 millones, y se adicionaron 4,152 Mw a la capacidad instalada.
Actualmente, este sector atiende a más del 90 por ciento de la población, lo que significa que en la presente administración, el suministro se ha ampliado para satisfacer una demanda adicional de 16 millones de habitantes.
A partir de 1990, la composición del gasto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presenta un cambio importante en su estructura, ya que a consecuencia de las acciones del Convenio de Rehabilitación Financiera, firmado entre el Gobierno Federal y la CFE en agosto de 1989, el pago de los intereses como proporción del gasto total pasa de 11.3 por ciento en 1988 a 4.0 en 1993; asimismo, se eliminó la necesidad de otorgar apoyos directos del Gobierno Federal a partir de 1992.
El gasto programable ejercido por el subsector en el lapso 1989 - 1993 registra una tasa media de crecimiento en términos reales de 3.7 por ciento. La inversión ha permitido incrementar la capacidad instalada en 20 por ciento, alcanzando 29 mil 156 Mw. Los recursos aplicados a este fin, se canalizaron básicamente a la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, si bien sobresale el inicio de las centrales hidroeléctricas de Aguamilpa y Zimapán.
Las principales generadoras que entraron en operación en el período son: las hidroeléctricas Valentín Gómez Farías (Agua Prieta), con 2 unidades de 120 Mw cada una, Profr. Raúl J. Marsal (Comedero), con 2 unidades de 55 Mw cada una; la Carboeléctrica Carbón II, con 2 unida des de 350 Mw cada una; las termoeléctricas Adolfo López Mateos (Tuxpan), con 2 unidades de 350 Mw cada una, Guadalupe Victoria (Lerdo) con 2 unidades de 160 Mw cada una, y la Central de Ciclo Combinado Felipe Carrillo Puerto, con 3 unidades por un total de 220 Mw; además, la Central Dual (carbón y combustóleo) Petacalco, con 3 unidades de 350 Mw cada una. Dichas centrales fueron construidas con financiamiento público, a excepción de la Unidad 3 de Petacalco, financiada con recursos privados y que será arrendada a CFE. Además, durante 1993 se inició la construcción de la presa San Rafael, en el estado de Nayarit.
Política de Gasto Público 1994
La política de gasto para 1994 se orienta a aumentar la generación de energía para atender un crecimiento estimado de la demanda de 4.2 por ciento; y buscar mayor eficiencia en la producción, la transformación y la comercialización de la energía, lo cual permitirá fortalecer la autosuficiencia financiera del organismo. Para alcanzar estos propósitos, la asignación propuesta de gasto programable para este sector en 1994 asciende a 22 mil 701 millones de nuevos pesos, que en términos reales resulta similar al de 1993 y superior en 19.4 por ciento al ejercido en 1988.
El presupuesto en inversión se destinará a obras prioritarias, principalmente la terminación del proyecto hidroeléctrico Aguamilpa en Nayarit y la segunda unidad de la nucleoeléctrica Laguna Verde en Veracruz, así como la continuación del de Zimapán en Hidalgo. De igual manera, se orientarán recursos al mantenimiento de plantas, subestaciones y líneas tanto de transmisión como de distribución, así como a la construcción de infraestructura ecológica.
La participación del ahorro privado seguirá formando parte importante del esfuerzo sectorial para 1994. Con este tipo de mecanismos se continuará la construcción de los proyectos termoeléctricos Topolobampo II (Unidades 1 y 2), Adolfo López Mateos (Unidades 3 y 4, 5 y 6) y Petacalco (Unidades 5 y 6), y se iniciará la aplicación de esquemas de financiamiento privado a diversos proyectos de transmisión, transformación y distribución. Igualmente, se proseguirá el Proyecto Hidroeléctrico Huites, coordinado por la Comisión Nacional del Agua, con un esquema de financiamiento que conjunta recursos públicos y privados.
Asimismo, se prevé el inicio de proyectos bajo las modalidades de cogeneración, autoabastecimiento, pequeña producción y producción independiente.
En relación con el Programa Nacional de Solidaridad se mantendrá la concertación entre CFE, gobiernos estatales y particulares para la realización de obras por 450 millones de nuevos pesos, que beneficiarán a distintos poblados rurales y colonias populares.
Dentro del programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía, se iniciará un proyecto para sustituir 1.7 millones de lámparas incandescentes por fluorescentes en las ciudades de Guadalajara y Monterrey (ILUMEX), con un costo total de 69 millones de nuevos pesos, además de mantener el programa de aislamiento térmico de viviendas en la zona norte del país.
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COMERCIO
El sector comercio desempeña un papel preponderante tanto en el proceso de consolidación de la estabilidad de precios como en el crecimiento sostenido de la economía. Su actividad se orienta básicamente a promover el abasto, a regular el comercio interior, a impulsar la modernización industrial y a fomentar las exportaciones.
I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993
En el período comprendido entre 1989 y 1993, las acciones realizadas en el sector comercio se caracterizaron por su amplia concertación con los diversos agentes económicos; por la desregulación de la actividad económica; y por la modernización, y simplificación, administrativa. Asimismo, concentró gran parte de sus esfuerzos en incrementar la competitividad del aparato productivo mediante el impulso de industrias micro, pequeña y mediana.
En materia de desregulación económica se realizaron avances muy importantes al efectuarse 62 adecuaciones, abrogaciones y derogaciones de preceptos legales que limitaban el funcionamiento y eficiencia de la actividad económica. Dentro de éstas, destacan las relacionadas con las industrias automotriz, textil, farmacéutica, metal - mecánica y de transformación de alimentos. Del mismo modo, se suprimieron 90 normas sobre envasado y contenidos netos.
Durante el período de referencia, se dio un importante apoyo al fomento de las exportaciones, para lo cual y como parte de una estrategia nacional para la productividad y el empleo, se han concretado negociaciones para abrir mercados a los productos y servicios nacionales estableciendo zonas de libre comercio. Así, el Acuerdo de Complementación Económica con Chile es ya una realidad, en tanto que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio concertado con Estados Unidos y Canadá, concluyeron en 1992 y, el 12 de agosto del presente año, se firmaron los acuerdos paralelos en materia de ecología y aspectos laborales. Adicionalmente, de aprobarse por el Senado de la República el próximo año entrará en vigor un acuerdo con Colombia y Venezuela similar al de Chile.
Paralelamente, dentro del esquema de modernización y cambio estructural, se han creado diversos órganos y organismos coordinados por el sector, entre los que destacan: la Unidad de Desregulación Económica; el Centro Nacional de Metrología; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y, particularmente, la Comisión Federal de Competencia.Igualmente, se concluyeron los procesos de desincorporación de entidades como la Comisión Nacional de Precios, el Fondo para el Fomento de la Pequeña y Mediana Industria, Industrias Conasupo, el Fondo para la Industria Asociada, y 5 plantas pertenecientes a Maíz Industrializado Conasupo, S.A.
Actualmente, Impulsora del Pequeño Comercio, S.A., se encuentra en proceso de liquidación; mientras que Almacenes Nacionales de Depósito, S.A., y Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, se encuentran en proceso de venta.
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), absorbió las funciones del Instituto Nacional del Consumidor, dejando así en una sola entidad las atribuciones y recursos que antes se manejaban por separado. En el mismo sentido, se fusionaron tres distribuidoras del Sistema Diconsa.
Derivado de este proceso de desincorporación de entidades paraestatales, el sector coordina ahora, únicamente, 25 entidades públicas y un órgano desconcentrado.
En el marco de la estrategia de desregulación y de reordenamiento del abasto interior, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), dejó de participar en la comercialización del trigo, del arroz, del sorgo y de productos oleaginosos, concentrándose, a partir de 1992, sólo en la adquisición y distribución de maíz y frijol. Sin embargo, Conasupo reforzó sus programas de abasto, especialmente los dirigidos a poblaciones con bajos recursos económicos y continuó con la importación de leche en polvo por cuenta de terceros, a fin de proveer al sector privado y al programa atendido por Leche Industrializada Conasupo (Liconsa).
En particular, el Programa de Abasto Social de Leche que opera Liconsa, ha extendido su cobertura territorial de 18 a la totalidad de las entidades federativas, en beneficio de siete millones de niños menores de doce años, de familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Para ello se ha triplicado el número de establecimientos distribuidores al pasar de 1,558 a 6,323, en el transcurso de los últimos cinco años.
Un apoyo importante a las actividades de comercialización de productos agrícolas y de abasto de alimentos a nivel nacional lo proporciona
Bodegas Rurales Conasupo (Boruconsa), institución que en el presente año cuenta ya con 1,371 bodegas en toda la República, lo que le permite operar 39.5 millones de toneladas anuales.
La redefinición del papel del sector público en la comercialización y el abasto de granos y alimentos básicos, la mayor selectividad y transparencia de los subsidios otorgados, y la desincorporación de entidades paraestatales, han propiciado que el gasto total asignado al sector comercio haya disminuido en 22.5 por ciento en términos reales durante el lapso de referencia.
II. Política de Gasto Público 1994.
En el ejercicio fiscal de 1994, se continuará con el esquema de organización interempresarial, con la integración de un Padrón Nacional de la Microindustria y con la consolidación del registro de empresas integradoras.
Se continuará con la promoción de las exportaciones a través de la diversificación regional de mercados procurando esquemas recíprocos de libre acceso.
En paralelo, se continuará alentando dentro del marco legal la inversión extranjera directa; se impulsarán los programas de desarrollo tecnológico y de normalización y certificación; se desarrollará el Sistema Mexicano de Defensa Contra Prácticas Desleales de Comercio Exterior; y se dará especial énfasis a las actividades de la recién creada Comisión Federal de Competencia.
Asimismo, con la intervención de Conasupo, se adquirirán 7.7 millones de toneladas de maíz y 423 mil toneladas de frijol, de las cuales se destinaran a la exportación 1.2 millones y 50 mil toneladas, respectivamente. Se continuará fortaleciendo el Programa Tortilla - Solidaridad. Con objeto de racionalizar y hacer más eficiente la distribución de subsidios, la entrada en vigor de Procampo implicará que, a partir de mayo, disminuyan las transferencias a la industria harinera.Mediante la apertura de 119 lecherías más en el territorio nacional se ampliará el abasto a más de siete millones de niños, a la vez que se promoverá la creación de empresas dedicadas a la distribución de productos Conasupo.
En el ejercicio fiscal de 1994, se propone asignar al sector un presupuesto por 8 mil 894 millones de nuevos pesos, cantidad que se mantiene prácticamente constante en términos reales.
Dentro de este monto, el presupuesto de inversión ascenderá a 114.9 millones de nuevos pesos. Entre los principales proyectos de inversión destacan la ampliación de plantas productoras de leche reconstituida para el Programa de Abasto Social de Leche y la conclusión del equipamiento de cinco laboratorios para la medición y certificación de normas en el Centro Nacional de Metrología.
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MINERO - INDUSTRIAL
En cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, durante el período 1989 - 1993, se promovió la reestructuración y el redimensionamiento de este sector. Este proceso permitió la desincorporación de 79 empresas, dentro de las que destacan: Altos Hornos de México, S.A., Compañía Minera de Cananea, S.A., Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, S.A., Fertilizantes Mexicanos, S.A., Diesel Nacional, S.A. y sus filiales, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A., Siderúrgica Nacional, S.A. y el Grupo Industrial NKS, S.A. de C.V. El resultado de estas acciones permitió liberar recursos presupuestales que se canalizaron a la atención de los sectores prioritarios.
En este contexto se ha logrado un doble objetivo; por una parte, el Estado fortalece su papel de promotor del desarrollo social, al tiempo que eleva la calidad del gasto; y, por la otra, estimula mayores flujos de inversión privada en aquellas ramas de actividad que no son estratégicas ni prioritarias, en el contexto de la reforma del Estado.
Minería
El propósito básico del Programa Nacional de Modernización de la Minería vigente, consiste en dar impulso al crecimiento de la actividad minera, mediante su modernización; fortaleciendo la comercialización de sus productos a través de una mayor productividad y competitividad. La estrategia de modernización minera adquiere solidez mediante la reestructuración de los organismos y empresas públicas, y a través de la promulgación de la nueva Ley Minera. Esta última ha propiciado la liberación de terrenos mineros ociosos, la participación del sector privado en la exploración y explotación de minerales
estratégicos, la canalización de mayores apoyos crediticios y de asesoría técnica a la pequeña minería, así como normar el cumplimiento de las disposiciones técnicas en materia ecológica. I. Evolución del Gasto Público 1989 - 1993 Las reformas emprendidas trajeron como consecuencia el redimensionamiento y la reestructuración de las entidades paraestatales dedicadas a la industria y a la minería. Por ello, en el período de 1989 - 1993, el gasto ejercido en el subsector decrece en 95.7 por ciento en términos reales. La desincorporación de entidades se basó en una redefinición de prioridades en las actividades de exploración así como en el replanteamiento de los esquemas de apoyo a la pequeña y mediana minería.
En dicho período, se han liberado casi 11 millones de hectáreas aptas para la minería; la superficie concesionada pasó de 3 a 6 millones de hectáreas.
II. Política de Gasto Público 1994
Para 1994 se continuará impulsando la exploración ecológica para la localización y evaluación de áreas de interés que puedan constituirse en yacimientos explotables y económicamente viables.
Se proseguirá con la instrumentación de nuevos esquemas de financiamiento, conforme a la nueva Ley Minera, que permitan intensificar la participación de la pequeña y mediana minería, del sector social y los gobiernos estatales. Se proseguirá con las exportaciones de sal, buscando nuevos mercados y obteniendo subproductos de la misma, consolidando su modernización e infraestructura de comercialización. Para ello se destinará a este sector un gasto de 563.2 millones de nuevos pesos, menor en 47.6 por ciento real a 1993.
Con dicho presupuesto se crearán, entre otros, cuatro fondos de exploración de riesgo compartido. Además, se concluirá el proyecto de sistematización y automatización del Consejo de Recursos Minerales. Se producirán 6 millones de toneladas métricas de sal y se exportarán 5.8 millones de toneladas a Japón, Estados Unidos y Canadá principalmente.
En materia de capacitación se continuará fortaleciendo y ampliando la investigación y el desarrollo tecnológico.
En lo concerniente a los programas que se realizan con las empresas de Solidaridad, se consolidarán los convenios entre los Gobiernos Estatales, Nafin y Fondos Nacionales de Empresas Solidaridad para el otorgamiento de créditos y asistencia técnica al sector social y pequeña minería.
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TURISMO
Por las características geográficas, climatológicas, y su riqueza histórica, la República Mexicana ocupa un lugar relevante en el ámbito internacional como centro de atracción turística, así como para la realización de todo tipo de eventos o actividades a nivel mundial.
Por ello, durante los primeros cinco años de esta administración se han realizado esfuerzos, concertado acuerdos entre los sectores involucrados, y canalizado recursos, para promover acciones que amplíen la infraestructura con el propósito de poder atender mayores flujos turísticos nacionales y extranjeros.
En el transcurso de la actual administración, se ha impulsado de manera especial la modernización del sector turismo, aumentando la oferta de alojamiento en los centros integralmente planeados, en los lugares tradicionales de playa, y en los ubicados en las principales ciudades y zonas fronterizas. De esta manera, se fortalece nuestra posición como uno de los principales polos de atracción turística mundiales.
Así, el turismo se ha constituido en una de las actividades de mayor potencial en la generación de empleos y de divisas; y su fomento es de gran relevancia para el desarrollo regional.
I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993
El sector ha concentrado su actividad en tres grandes estrategias: descentralización, desregulación y simplificación administrativa, las cuales se han visto fortalecidas con la aplicación de la nueva Ley Federal de Turismo, que tiene como principales objetivos: elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes de las entidades con afluencia turística; determinar los mecanismos necesarios para la promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales; fomentar la inversión nacional y extranjera; y promover el turismo social.
Para modernizar al sector, con el propósito de hacerlo más competitivo, las acciones de desregulación se orientaron a la eliminación de trámites para la operación de nuevos prestadores de servicios y a la supresión del control de precios en el mismo. Con base en el Programa Nacional
de Reclasificación se actualizó la categorización de los establecimientos conforme a parámetros internacionales de calidad. Con el mismo propósito, se realizaron 31 convenios de adhesión al Programa de Descentralización con los estados de la República.
Para enfrentar eficientemente la competencia internacional, se desarrolló una intensa campaña de promoción y comercialización de la oferta turística nacional en los principales mercados.
También se impulsó el desarrollo de nuevos destinos turísticos, destacando el circuito ecoturístico del Mar de Cortés y Barranca del Cobre, entre otros.
A través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se aplicaron recursos para impulsar la infraestructura turística y urbana en cinco grandes polos: Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco. Además, se otorgaron créditos para la construcción y remodelación de establecimientos de hospedaje, servicios complementarios y proyectos integrales denominados "megaproyectos". En este sentido, se crearon fondos estatales de garantía y fondos de desarrollo para empresarios, lo cual ha redundado en la construcción de aproximadamente 45 mil cuartos, de los que Fonatur ha financiado casi 18 mil.
Fonatur, en asociación con el sector privado, adquirió y puso en operación el Hotel Acapulco Solidaridad, como un apoyo al turismo social.
Durante el período 1989 - 1993, el sector turismo ha desempeñado una importante labor como promotor de la actividad económica y de apoyo a la balanza de servicios. En la presente administración, las actividades de promoción, regulación y vigilancia han contribuido a los resultados superavitarios con el exterior en materia turística. En este período ingresaron al país 25.3 millones de turistas extranjeros, y 17.0 millones de nacionales salieron hacia otros países; asimismo, la oferta hotelera se incrementó en 53 mil cuartos de 1989 a la fecha.
El saldo de la balanza turística en 1993 se estima que ascenderá a 2,328.0 millones de dólares, mientras que en 1988 fue de 1,439.5 millones de dólares. Durante el período, la diferencia entre ingresos derivados del turismo receptivo y los egresos de los viajeros nacionales en el extranjero permitieron mantener un superávit en la balanza turística. Cabe resaltar que el incremento de la demanda de servicios turísticos permitió la creación directa de 157 mil plazas de trabajo durante la presente administración.
En los últimos cinco años, el gasto público en este sector evolucionó favorablemente al presentar un crecimiento acumulado de 50.0 por ciento en términos reales.
II. Política de Gasto Público 1994
Para el ejercicio fiscal de 1994, el sector turismo intensificará los programas de promoción tanto nacional como internacional; impulsará el desarrollo en infraestructura y equipamiento turístico, en las zonas de la frontera norte, ciudades coloniales y en los principales destinos del mundo maya. Asimismo, se continuará promoviendo la descentralización y desconcentración de funciones, con la activa participación de los gobiernos estatales y municipales.
En cuanto a los cinco grandes polos de desarrollo se promoverá una mayor inversión privada, particularmente en la construcción de marinas y puertos de arribo; asimismo, Fonatur apoyará la realización de otros proyectos de desarrollo para turismo social como es el de Playa Miramar, Tamaulipas.Se mantendrán las campañas de capacitación a los trabajadores del sector, para mejorar la atención al turista, y se seguirá impulsando y promoviendo el turismo social.
El proyecto de presupuesto de este sector para 1994 contempla recursos por 558.4 millones de nuevos pesos, que presentan un crecimiento real de 60.1 por ciento en relación con el de 1988. Dicho presupuesto incluye 91.7 millones de nuevos pesos que se destinarán a los cinco grandes polos de desarrollo turístico mencionados.
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PESCA
La geografía de México, en términos de sus extensas costas y amplio mar patrimonial, aunada a las numerosas presas, lagunas y ríos existentes, ofrece un gran potencial para el desarrollo pesquero y acuícola en todo el territorio nacional.
El fortalecimiento de estas actividades es fundamental para apoyar la disponibilidad de alimentos, la creación de empleos, la captación de divisas y el desarrollo regional. Para ello, al inicio de esta administración se estableció la prioridad de modernizar este sector con base en la participación organizada de los diversos agentes sociales que intervienen directa e indirectamente en la actividad pesquera; ampliar y modernizar la infraestructura, mediante una mayor inversión de los particulares; consolidar el sector social pesquero, en especial las cooperativas; y adecuar las estructuras públicas, y el marco regulatorio de estas actividades, hacia estos propósitos.
I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993
Durante el período 1989 - 1993, las actividades de este sector se han orientado a la atención integral del desarrollo de proyectos, buscando incrementar la oferta alimentaria, mejorar las condiciones de vida de los pescadores, captar divisas, impulsar el desarrollo regional y racionalizar la explotación del recurso. Para apoyar el cumplimiento de estos propósitos se expidió una nueva Ley de Pesca y su reglamento, que promueven la modernización del sector.
Bajo el nuevo marco se eliminó el régimen de especies reservadas a cooperativas, se abrió la posibilidad para que éstas puedan asociarse con otros agentes económicos, y se amplió el plazo de concesión en la acuacultura hasta 50 años.
Paralelamente, se ha venido desarrollando el proceso de desincorporación de entidades del sector, a fin de concentrar la labor de las autoridades en actividades de promoción y de regulación. Asimismo, se han eliminado los permisos previos para la importación y exportación de algunas especies, tales como camarón, abulón y langosta; a la vez que se han liberado los precios oficiales del pescado, la sardina en conserva y el atún enlatado.
En los últimos años, se ha promovido la integración de cadenas productivas, la rentabilidad de la captura, y el desarrollo de la acuacultura, con acciones de fomento financiero, fiscal, arancelario, y de investigación y desarrollo tecnológico. En este sentido, cabe señalar el establecimiento de un programa integral de reestructuración de pasivos de las sociedades cooperativas camaroneras, el cual permitió reestructurar la deuda de las sociedades del litoral del Pacífico, y se inició este proceso para las del Golfo de México.
Especial énfasis se ha dado a la promoción de la pesca responsable con el propósito de conciliar el desarrollo del sector, con la preservación de las especies y el consumo. Al respecto, se ha logrado casi eliminar la captura incidental del delfín en la pesca del atún, y se estableció como norma que las embarcaciones camaroneras en el Golfo de México y Mar Caribe cuenten con dispositivos excluidores de tortugas marinas; por lo que en la actualidad la totalidad de estas embarcaciones cuentan ya con dichos equipos.
En la presente administración, se ha impulsado sustancialmente el desarrollo de la acuacultura. Para ello se ha promovido el fomento en el uso de nuevas tecnologías para mejorar los sistemas de cultivo y de comercialización, así como una mayor participación de los particulares en esta actividad. Asimismo, se pusieron en marcha 10 proyectos orientados, principalmente, a la producción ostrícola, de camarón, langosta, y maricultivos. Sobresale el hecho de que la producción camaronícola de acuacultura aumentó de 551 toneladas a más de 10 mil, entre 1988 y 1993.
En lo relativo a dragados y escolleras, se iniciaron 16 proyectos con el propósito de optimizar el aprovechamiento de los sistemas lagunarios, canales interiores y de intercomunicación en las costas mexicanas y, de esta manera, incrementar la producción pesquera nacional.
Durante 1993 se inició el Programa de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el cual beneficia a 40 mil
pequeños pescadores en toda la República.
El cambio estructural en las actividades pesqueras a cargo del sector público han permitido elevar la eficiencia en la producción, industrialización y abasto de alimentos pesqueros. Por otro lado, la desincorporación de entidades paraestatales ha propiciado la disminución del gasto programable en 75.9 por ciento real en los últimos cinco años.
II. Política de Gasto Público 1994
Para el ejercicio fiscal de 1994, los esfuerzos del sector estarán orientados a consolidar la integración de las actividades relacionadas con la pesca
y elevar la productividad; propiciar las condiciones que permitan mejorar el ingreso de los productores; y mejorar la infraestructura portuaria y acuícola.
Mediante acciones de fomento y apoyo, se promoverá diversificar los productos y la planta industrial; ampliar los mercados externos para los productos nacionales; incorporar en estas actividades a los sectores privado y social; continuar con el Programa de Seguridad de la Vida Humana en el Mar y complementarlo con un programa de capacitación intensiva; incrementar la oferta de productos pesqueros para satisfacer la demanda interna; y captar mayores montos de divisas a través de la exportación.
Especial atención se dará a la preservación de las especies marinas, del medio ambiente y de la pesca responsable. Para ello, el Instituto Nacional de la Pesca realizará diversas acciones encaminadas a tal propósito.
El gasto de inversión en ese año, habrá de orientarse a la reactivación y terminación de obras existentes; al incremento de la infraestructura de apoyo a puertos pesqueros; a la rehabilitación de esteros y lagunas costeras mediante 20 proyectos de dragado y escolleras; y al incremento de la producción acuícola, a través de un programa que abarca 20 proyectos en 15 estados de la República.Con la finalidad de dar suficiencia al sector para la ejecución de estos programas, se propone asignar un presupuesto de 416.7 millones de nuevos pesos, mismo que, comparado con el ejercido en 1993, muestra un incremento real de 23.0 por ciento.
En el presupuesto de 1994, se incluye un monto de 173.5 millones de nuevos pesos, superior en 42.4 por ciento real al del año anterior, para los proyectos de inversión.
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SEGURIDAD NACIONAL Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Un objetivo primordial del Estado mexicano es construir una sociedad más libre, democrática y justa en un ambiente de paz social. Para ello, es indispensable salvaguardar la integridad del territorio y bienes nacionales; garantizar la observancia de las normas jurídicas y el respeto a los derechos humanos; procurar una impartición expedita de la justicia; consolidar las instituciones democráticas; y promover una conciencia cívica y política en la ciudadanía.
I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993
Durante este período, se realizaron profundas reformas a la legislación mexicana congruentes con la modernización del país y la reforma del Estado. Con ello, se establecieron nuevas y mejores relaciones entre Estado, individuo y sociedad.
La Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, ha participado en este cambio estructural legislativo. El espíritu de las correspondientes reformas legales tiene como objetivo: fortalecer los derechos de los mexicanos para una educación digna y de mayor nivel; crear una instancia autónoma e independiente del Estado para normar los comicios federales y modernizar sus procedimientos; propiciar una nueva relación entre el Estado y las iglesias; proteger los derechos humanos; dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra; estimular nuevas formas de asociación entre particulares y campesinos; y propiciar la estabilidad de precios a través de un banco central autónomo.
En materia de seguridad pública, se promovió la participación ciudadana a través de la operación de los consejos consultivos, estatales y municipales; y se realizaron reuniones nacionales para intercambiar experiencias y encontrar soluciones a problemas comunes.
Respecto de los servicios migratorios, durante el período 1989 - 1993, se efectuaron alrededor de 64.1 millones de trámites. Ello, cuidando en todo momento los derechos de los nacionales que viajan al exterior y de los migrantes que ingresan a nuestro país. Igualmente, se avanzó en el proceso de desconcentración de trámites, tomando en consideración las particularidades regionales y dando prioridad a la atención de las fronteras norte y sur.
Con el Programa Nacional de Protección Civil se avanzó en el establecimiento de medidas para prevenir y mitigar los efectos de la eventual presencia de fenómenos destructivos.
En materia de readaptación social se estableció el Programa Nacional de Solidaridad Penitenciaria, el cual, mediante la despresurización del Sistema Penitenciario, atiende los problemas generados por la sobrepoblación en estos centros. Para ello se construyeron dos centros federales de readaptación social de alta seguridad en Almoloya, Estado de México, y Puente Grande, Jalisco. Actualmente se encuentra en proceso de construcción el de Matamoros, Tamaulipas. Asimismo, en 1993 se inició un importante programa para la construcción de 12 centros de readaptación social, bajo un esquema de arrendamiento financiero con la participación de ocho entidades federativas.
Por su parte, las Fuerzas Armadas han contribuido a la seguridad de la nación mediante la defensa de su soberanía, su independencia y su integridad territorial. En coordinación con las autoridades civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional participa en tareas complementarias como el apoyo a la población en áreas afectadas por fenómenos naturales adversos; el abasto de agua potable a comunidades que no tienen este servicio; en campañas de reforestación, fitosanitarias y de alfabetización; y vigorosamente, en el combate al cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes.
En el período 1989 - 1993, la Secretaría de la Defensa Nacional modernizó su infraestructura. Así, construyó ocho tiendas de autoservicio, 11 cuarteles generales, cuatro hospitales, cuatro enfermerías y cinco escuelas militares; asimismo, adquirió 38 aviones de transporte y adiestramiento, 2,061 vehículos Hummer, 60 camiones tácticos, 1,307 vehículos diversos, y modernizó su equipo y armamento. Finalmente, a través del Programa Especial de Vivienda, se edificaron 9,509 unidades.
En el mismo período, la Secretaría de Marina ha desempeñado labores de vigilancia de instalaciones estratégicas; la protección de recursos marinos; el combate al narcotráfico, y la instrumentación de operaciones de auxilio a la población civil en casos y zonas de desastre. Asimismo, ofreció servicios de educación, salud, vivienda y seguridad social, dentro de las campañas nacionales de alfabetización, vacunación y reforestación.
Las instalaciones militares se han modernizado. Se concluyó el Sector Naval de Topolobampo y el de la Pesca, con lo que ha mejorado la infraestructura de la Secretaría y reforzado su presencia en todos los estados costeros.
Por su parte, la Procuraduría General de la República ha estado sujeta a una permanente transformación, orientada a lograr una mayor eficacia y oportunidad en la procuración de justicia. Las estrategias de cambio se han basado en la modernización de su estructura orgánico - funcional; en la renovación del marco jurídico; en el mejoramiento de la capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas; y, en el pleno respeto a los derechos humanos.
Durante 1993, el presupuesto para cubrir los programas de seguridad nacional y procuración de justicia será mayor en 43.9 por ciento real al de 1988. Los presupuestos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina registrarán un incremento real acumulado de 38.9 por ciento en este período, en tanto que el de la Secretaría de Gobernación en 1993 será superior en 46.5 por ciento real al de 1988.
II. Política de Gasto Público 1994
Para el próximo ejercicio fiscal, el gasto de la Secretaría de Gobernación contempla, dentro de sus principales proyectos de inversión, concluir 12 centros de readaptación social ubicados en ocho entidades federativas. También considera la terminación de la obra física del centro federal de readaptación social de alta seguridad de Matamoros, Tamaulipas, así como parte del equipamiento. Asimismo, se iniciará la construcción de un centro de readaptación social psiquiátrico en el Estado de Morelos. La Secretaría de Gobernación, a través del recién creado Instituto Nacional de Migración, fortalecerá sus tareas en servicios migratorios.
Dentro de su programa de inversión, la Secretaría de la Defensa Nacional considera la adquisición de refacciones y accesorios mayores para mantenimiento de las unidades aéreas y terrestres; la compra de equipo e instrumental, para los hospitales de las zonas militares, como el Hospital Militar Regional de Tuxtla Gutiérrez, Chis. y para fortalecer el combate al narcotráfico. En 1994 concluirá el Programa Especial de Vivienda que comprende 12 mil unidades, cifra sin precedente para esta dependencia.
Para 1994, la Secretaría de Marina continuará e intensificará la vigilancia de costas, mares e islas nacionales; el combate al narcotráfico; el auxilio y apoyo a la población; y, la preservación del medio ambiente marino.
En su programa de inversiones, destaca la construcción de instalaciones del Centro de Estudios Superiores Navales; la edificación de cuatro secciones de dique autocarenante en los astilleros de Tampico, Tamp. y Coatzacoalcos, Ver., la terminación de un remolcador versátil RV - 23; el mantenimiento y conservación de unidades dragadoras; la modernización de la red integral de teleproceso; y la reposición de maquinaria y equipo en astilleros y centros de reparación navales.
Para 1994, la Procuraduría General de la República continuará atendiendo las demandas de la sociedad en materia de justicia. Ello se logrará a través de mecanismos de participación ciudadana; del reforzamiento de la estrategia de prevención del delito, más que de sanción, y mediante mecanismos que fomenten la cultura jurídica de la sociedad.
En los términos del Programa Nacional para el Control de Drogas 1989 - 1994, se continuarán fortaleciendo las acciones para abatir los niveles de farmacodependencia, producción, procesamiento, tráfico y comercialización de psicotrópicos y estupefacientes. El Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, creado recientemente, será responsable de la planeación y ejecución de las tareas en este ámbito.
Con el fin de cumplir con los objetivos establecidos, se propone asignar al sector un presupuesto de 11 mil 019 millones de nuevos pesos, cantidad que comparada con la estimación de cierre del ejercicio fiscal de 1993, presenta un incremento real de 16.6 por ciento, y respecto de 1988 muestra un crecimiento en términos reales de 67.9 puntos porcentuales.
Dentro de este presupuesto, la realización de lo diferentes proyectos de inversión del sector considera 1 mil 529 millones de nuevos pesos, monto superior en 1.7 por ciento en términos reales al de 1993. En relación a 1988, la inversión registrará un crecimiento real acumulado de 119.3 por ciento.
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VI. PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de la República durante los últimos cinco años ha sido establecer las condiciones que permitan el mejoramiento del nivel de vida de la población, especialmente de los grupos de menores recursos. Las transformaciones en el ámbito de acción del Estado han tenido como eje la justicia social; prueba de ello es que en 1993, más de la mitad del gasto programable del sector público federal se habrá canalizado al desarrollo social.
El Programa Nacional de Solidaridad forma parte importante de la política social, y basa su funcionamiento en la participación organizada de la comunidad. A través de este programa, se han logrado eliminar obstáculos que afectan el bienestar de las familias, al promover la capacidad de las instituciones y de las comunidades para atender las necesidades esenciales.
A través de Solidaridad se han fortalecido las acciones que atienden aspectos relacionados con la alimentación, salud, educación, vivienda, servicios públicos e infraestructura en las zonas rurales y urbanas marginadas. Asimismo, se ha promovido la preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad por ser fundamentales para el desarrollo sustentable a futuro.
Las acciones de este programa se suman al esfuerzo nacional, de sociedad y Gobierno, para superar la pobreza en sus causas y consecuencias.
Los principios y métodos de trabajo establecidos en Solidaridad han dado lugar a una nueva participación de la sociedad y a una renovada gestión pública que responde a la iniciativa organizada de la comunidad. Este proceso ha permitido incrementar la eficacia y la eficiencia de las acciones para elevar el bienestar social. En este sentido, destacan la obra pública y los proyectos productivos llevados a cabo con Solidaridad, los cuales cuentan con un amplio consenso social, así como una alta racionalidad en su ejecución.
Mediante este programa se han apoyado con recursos, acciones bajo la responsabilidad directa de los gobiernos estatales, municipales y de la población. De esta manera, se ha fortalecido el federalismo, y los mecanismos de coordinación y concertación, dotándolos de flexibilidad y adecuándolos a la pluralidad de las regiones y comunidades.
I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993
La pobreza es un problema que demanda acciones firmes y permanentes del Gobierno y la sociedad. Las acciones y programas realizados permiten constatar en los hechos que las comunidades cuentan con una nueva base de servicios, infraestructura, impulso productivo y organización.
Ahora se tienen mejores oportunidades y medios de acción para incorporar las distintas regiones
del país al desarrollo, en condiciones más adecuadas. Desde luego, existen carencias por resolver y se debe profundizar el esfuerzo que sostenga productivamente la estrategia para elevar los niveles de vida.
Las acciones emprendidas en los últimos cinco años presentan notables avances en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de escasos recursos. Al respecto se puede señalar, junto con lo realizado por el sector correspondiente, la ampliación de la cobertura del servicio de agua potable para 13.5 millones de habitantes, drenaje para 11.5 millones y electricidad para 16 millones.
Los servicios de salud institucionales, en el medio rural y urbano, se han incrementado en beneficio de 8.5 millones de personas de todo el país, y se ha elevado la calidad del servicio que prestan 193 hospitales.
En apoyo a la educación, casi 111 mil escuelas de nivel básico han sido mejoradas y rehabilitadas, para la formación de más de 15 millones de alumnos. Asimismo, se han construido más de 70 mil aulas, laboratorios, talleres y anexos, en beneficio de casi 3 millones de estudiantes.
Con la finalidad de que los niños de escasos recursos puedan concluir los estudios básicos, a través del Programa Niños en Solidaridad, se han proporcionado más de 5 millones de despensas, 1.3 millones de consultas médicas y becas económicas, en beneficio de casi 750 mil niños en más de 29 mil planteles, en 30 estados de la República.
Desde 1989 a la fecha se han entregado más de 1.8 millones de escrituras para dar seguridad al patrimonio familiar. Por otra parte, para mejorar el entorno de las colonias populares se han pavimentado 31.7 millones de metros cuadrados de calles y avenidas.
Los Fondos Municipales de Solidaridad representan un instrumento importante para atender necesidades básicas de la población, por parte de los ayuntamientos. Mediante los recursos y acciones de estos Fondos, de 1990 a 1993, se han realizado más de 90 mil obras en el 97 por ciento de los municipios del país.
A través de los Fondos de Solidaridad para la Producción se han apoyado de 1990 a 1993 un promedio anual de 753 mil productores y más de 2 millones de hectáreas en todo el país. Cabe señalar que sólo en 1993, se habrá apoyado a más de un millón de agricultores, que cuentan con casi 3 millones de hectáreas de baja rentabilidad y alto índice de siniestro. Para capitalizar a los Fondos, las recuperaciones de los préstamos a la palabra campesina han permitido crear alrededor de 500 cajas locales de ahorro y financiamiento.
Asimismo, con los 133 Fondos Regionales Indígenas creados hasta 1993, se ha apoyado la realización de 3,770 proyectos productivos, en 920 municipios de 23 estados de la República.
Durante este período se ha estimulado la creación y el fortalecimiento de 9,210 Empresas de Solidaridad, lo que ha permitido generar más de 42 mil empleos permanentes.
Solidaridad contribuye a la protección ecológica con los programas Ecología Productiva y Solidaridad Forestal, entre otros.
Se ha impulsado la atención de zonas con rezago social y alto potencial económico, para lo cual se han puesto en marcha 16 programas de desarrollo regional que operan en 12 estados y casi 400 municipios, en los que habitan más de 9 millones de personas.
En los últimos cinco años, las acciones realizadas por el Programa Nacional de Solidaridad han estado respaldadas por un crecimiento sustancial de los recursos que se le destinan dentro del presupuesto federal.
En efecto, el presupuesto de este programa se ha incrementado en 205.6 por ciento real de 1989 a 1993. Los recursos federales asignados a Solidaridad han sido complementados con aportaciones, en dinero y trabajo, de los gobiernos estatales, municipales y de la población beneficiada, lo cual ha permitido alcanzar los resultados descritos.
11. Política de Gasto Público 1994
Para el ejercicio fiscal de 1994, se continuará promoviendo la organización comunitaria y se consolidará la atención a los más necesitados. Particular énfasis se dará a los programas de vivienda, de fomento productivo, y de protección y preservación ecológica.
En 1994 se dará prioridad a las obras en proceso, especialmente a las que puedan concluirse durante el ejercicio. Se seguirán jerarquizando las acciones de acuerdo a su impacto social y se promoverá la participación de los gobiernos estatales y municipales, así como de las comunidades, en el financiamiento y ejecución de las obras y proyectos.
Al igual que desde el primer año de su operación, la ejecución de las acciones de Solidaridad
continuarán bajo un estricto control, disciplina y transparencia en el ejercicio de los recursos. En este sentido, el Convenio de Desarrollo Social seguirá siendo el instrumento básico para formalizar el compromiso de los gobiernos Federal y estatal en la ejecución de las obras, así como en la coordinación de las acciones.
Para dar cumplimiento a estos propósitos se propone una asignación presupuestal al Programa Nacional de Solidaridad de 8 mil 809 millones de nuevos pesos en 1994. Este nivel presenta un incremento real anual de 5.4 por ciento respecto a lo erogado en 1993, y es superior en 3.2 veces al ejercido en 1989, en términos reales. En relación a 1988, la propuesta de 1994 para Solidaridad es mayor en 253.8 por ciento Para dar cumplimiento a estos propósitos se propone una asignación presupuestal al Programa Nacional de Solidaridad de 8 mil 809 millones de nuevos pesos en 1994. Este nivel presenta un incremento real anual de 5.4 por ciento respecto a lo erogado en 1993, y es superior en 3.2 veces al ejercido en 1989, en términos reales. En relación a 1988, la propuesta de 1994 para Solidaridad es mayor en 253.8 por ciento real a lo que se realizó a través de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), los Convenios Únicos de Desarrollo (CUD) y los Programas de Desarrollo Regional.
Estos recursos se ejercerán en las tres vertientes de ejecución del Programa: Solidaridad para el Bienestar Social, Solidaridad para la Producción y Solidaridad para el Desarrollo Regional.
Con el propósito de apoyar los programas del Gobierno Federal que permitan atender la demanda educativa, se ha previsto la construcción de 11,630 aulas, laboratorios, talleres y anexos en los niveles de educación básica, para lo cual se canalizarán 350 millones de nuevos pesos. A través del Programa Escuela Digna se llevará a cabo la rehabilitación y equipamiento de 28,800 escuelas primarias y secundarias, con una inversión federal de 260 millones de nuevos pesos.
Niños en Solidaridad continuará apoyando a escolares de escasos recursos, a fin de que concluyan su instrucción primaria. A este programa se asignarán recursos federales por 771 millones de nuevos pesos, lo que permitirá atender a un millón de niños.
Se continuará estimulando el servicio social de pasantes de educación técnica y superior en proyectos de beneficio comunitario, para lo cual se ha previsto proporcionar 231 mil becas, que representan 180 millones de nuevos pesos.
Asimismo, se construirán 250 canchas de usos múltiples y se concluirán diversas obras en 80 unidades deportivas. Se programa para estas acciones una inversión federal de 100 millones de nuevos pesos.
En acciones de salud y seguridad social, se continuarán construyendo 8 hospitales, y se concluirán los de Huixtla, Sahuayo, Pinotepa Nacional, Zitácuaro y el Hospital del Niño Quemado en Querétaro. Asimismo, se llevarán a cabo obras en los hospitales de San Martín Texmelucan, Reynosa y Jerez, y se concluirá la rehabilitación de los hospitales de Tepic y Matehuala.
IMSS - Solidaridad tiene programado construir y equipar 65 unidades médicas rurales y 66 centros de bienestar social. Paralelamente, se continuará la construcción de 11 hospitales rurales, de los que se tiene previsto concluir los de Villa Avila Camacho y Tepeji de Rodríguez en Puebla; Candelaria en Campeche; y Santiago Juxtlahuaca, San lldefonso, Villa Alta y María Lombardo de Caso en Oaxaca, y se avanzará con los trabajos de Altamirano en Chiapas, Coalcomán en Michoacán, Rosamorada en Nayarit, Misantla en Veracruz y Rodeo en Durango.
Además, en 1994 se realizarán trabajos de construcción, rehabilitación y equipamiento de 450 centros de salud y se continuará con la construcción de 8 hospitales. A través del programa Hospital Digno se efectuarán labores de rehabilitación en las áreas de urgencias y consulta externa de 150 nosocomios.
Para estas acciones de mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, se prevé una inversión federal de 230 millones de nuevos pesos.
Con el objetivo de apoyar las acciones de los gobiernos federal y estatales en infraestructura para la prestación de servicios básicos a las comunidades, en 1994 se ampliará la cobertura y mejorará el servicio de agua potable y alcantarillado; con este propósito, se construirán, ampliarán y rehabilitarán 413 sistemas de agua potable y 370 de alcantarillado en el medio urbano. En el ámbito rural se espera realizar acciones similares en 1,489 redes de agua potable y 569 de alcantarillado. Asimismo, continuarán los trabajos en 47 plantas de tratamiento. A estas obras se destinarán 675 millones de nuevos pesos.
El servicio de energía eléctrica se proporcionará a 2,850 poblados rurales y 900 colonias populares que carecen de este servicio, para lo cual se canalizarán 315 millones de nuevos pesos.
Durante 1994 se continuarán realizando las obras de mejoramiento urbano, y se han programado recursos federales por 491 millones de nuevos pesos en este renglón. Con esta inversión se construirán 4 millones de metros cuadrados de calles y 650 mil de guarniciones y banquetas,
90 plazas, parques y jardines, y se instalarán 40 mil luminarias. Asimismo, se pavimentarán 6 millones de metros cuadrados de calles en 550 colonias y se construirán 1.6 millones de metros cuadrados de vialidades urbanas.
Se realizarán estudios de modernización catastral y acciones de lotificación en 40 mil predios. En el programa de regularización de la tenencia de la tierra se estima una cobertura de un millón de lotes
adicionales. En materia de vivienda se llevará a cabo la construcción de 30 mil pies de casa; se ejecutarán 210 mil acciones de mejoramiento; así como la realización de trabajos de rehabilitación y mantenimiento en 76 unidades habitacionales. Para estas acciones se tiene prevista una asignación de 250 millones de nuevos pesos.
A través de los Fondos de Solidaridad para la Producción se apoyará a 2 millones de campesinos, con una inversión federal de 1,100 millones de nuevos pesos.
Por su parte, se promoverá la creación y consolidación de 5,000 empresas adicionales, para lo cual se asignarán 400 millones de nuevos pesos al Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad.
Con 375 millones de nuevos pesos se consolidará la operación de 133 Fondos de Solidaridad para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los cuales permitirán realizar acciones de bienestar social, procuración de justicia, fomento al patrimonio cultural, y la realización de proyectos productivos en las comunidades y pueblos indígenas.
El Programa de Mujeres en Solidaridad contará con una asignación de 50 millones de nuevos pesos, para la ejecución de 1,500 proyectos.
Los Fondos Municipales de Solidaridad apoyarán a 2,392 municipios para la realización de obras prioritarias, con una inversión federal de 750 millones de nuevos pesos.
Continuará la ampliación y modernización de las carreteras y caminos rurales, al ejecutar 201 obras de construcción y reconstrucción en 1,815 kilómetros de la red, y realizar una inversión federal de 650 millones de nuevos pesos.
Por otra parte, continuará la ejecución de los 16 programas vigentes de desarrollo regional, principalmente en las zonas ixtleras y se instrumentará el Programa de Frontera Norte.
Durante 1994 se otorgará especial atención a los programas para promover la protección y preservación del medio ambiente. Destacan para este propósito los programas de Solidaridad Forestal y Ecología Productiva.
Lo realizado en estos años para superar la pobreza ha permitido mejorar, de forma gradual y sostenida, los niveles de vida de la población de menos recursos. Las comunidades cuentan con un entorno más favorable y nuevas bases de servicios, infraestructura y capacidades productivas para enfrentar su porvenir. Con Solidaridad las comunidades tienen un medio para progresar y el Gobierno de la República continuará cumpliendo su compromiso con la justicia social.
VII. DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
En el nuevo orden mundial, en el que se inserta el país, la productividad y la eficiencia de los sistemas industriales se perfilan como componentes críticos del desarrollo de las naciones, vinculados estrechamente con la educación, la ciencia y la tecnología.
Por ello, la inversión en investigación científica, modernización tecnológica y formación de recursos humanos de alto nivel, constituye un elemento esencial para elevar la competitividad del país en los mercados internacionales y lograr un desarrollo equilibrado que ofrezca bienestar social.
Es indispensable continuar apoyando decidida y permanentemente a la ciencia, a la modernización tecnológica y a la formación de recursos humanos de excelencia, de tal manera que el mejoramiento científico se traduzca en un mejor aprovechamiento de los recursos escasos, en una fuerza laboral más capacitada, y que promueva una más justa y equitativa distribución del ingreso en el país.
1. Evolución de la Política de Gasto 1989 - 1993
Durante los primeros cinco años de la presente Administración se ha avanzado en la consolidación de los programas sustantivos de fomento y regulación de la investigación científica y tecnológica, de los servicios de apoyo a estas actividades y de la formación de recursos humanos. A esto han contribuido, por un lado, la reorientación de la política científica y tecnológica y, por otro, la creciente canalización de recursos federales para dichos programas.
En ese sentido, Conacyt promueve la creación y el financiamiento de los programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología nacionales,
con el propósito de satisfacer las necesidades del aparato productivo y las de la investigación científica y tecnológica.
Dentro de esos programas, el de Apoyo a la Ciencia en México (Pacime), ha destinado recursos crecientes para el equipamiento de los proyectos de investigación relacionados con actividades de promoción de la ciencia. De 1991 a la fecha se han impulsado más de 1,100 proyectos de investigación de excelencia y se ha renovado el equipo de los laboratorios en todo el país. La asignación de los recursos para este programa se lleva a cabo mediante procedimientos competitivos y transparentes, que concilian la eficiencia con el respeto a la libertad académica, y estimulan la obtención de fondos concurrentes que se suman al presupuesto federal en beneficio de las universidades y los centros de investigación. Para estimular la actualización de los conocimientos y satisfacer la demanda de personal altamente calificado, el Conacyt promueve la formación de recursos humanos de alto nivel. Con tal fin, al concluir 1993, el Consejo mantendrá vigentes más de 8,500 becas de posgrado de jóvenes mexicanos inscritos en las mejores universidades del país y del mundo, lo que representa un incremento, sin precedente, en aras de crear los cuadros técnicos y profesionales que requiere el desarrollo nacional.
Con igual fin, a partir de 1993 se incrementaron los apoyos que se canalizan a través del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a los distinguidos científicos que pertenecen a alguno de los tres primeros niveles de dicho sistema.
Para mantener el avance científico y tecnológico del país, los Fondos Presidenciales de Apoyo a la Ciencia y la Tecnología han revertido la fuga de cerebros, al repatriar a más de 500 investigadores mexicanos que se encontraban en el extranjero e incorporar a más de 300 investigadores de otros países a nuestras tareas de investigación.
El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica se ha convertido en uno de los principales ejes para la modernización de los equipos e insumos necesarios para la investigación y desarrollo. A la fecha se han apoyado casi 200 proyectos.
Los resultados alcanzados son alentadores; en un año y medio de operación, los programas del Conacyt en apoyo a la innovación y modernización tecnológica de la industria han canalizado recursos por casi 170 millones de nuevos pesos a empresas pequeñas y medianas, principalmente.
La modernización tecnológica del país requiere de la participación concertada de los principales agentes de la actividad empresarial, financiera, académica y pública. Por ello, en 1992 se creó el Comité Nacional de Concertación para la Modernización Tecnológica (Concertec).
En materia de financiamiento, en 1992, Nacional Financiera y Conacyt iniciaron un programa conjunto creando el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (Fidetec). Este fondo apoya la innovación tecnológica de las empresas, particularmente las pequeñas, en su etapa precomercial, lo que refuerza y complementa el Programa de Desarrollo Tecnológico de Nafin. En un año y medio de operación, el Fidetec ha apoyado proyectos con un valor de más de 81 millones de nuevos pesos, principalmente en los sectores de manufacturas, aplicación agropecuaria de biotecnología y protección del medio ambiente.
En el período 1989 - 1993, el gasto federal en ciencia y tecnología en relación al producto interno bruto ha aumentado de manera gradual y constante; en los últimos cinco años, ésta ha pasado de 0.27 por ciento en 1988, a 0.40 por ciento en 1993. Asimismo, los recursos destinados habrán presentado un crecimiento real acumulado de 71.7 por ciento en el mismo período.
II. Política de Gasto Público 1994.
Un factor decisivo para el desarrollo de la ciencia y tecnología en México en los próximos años es, sin duda, la capacidad para dar continuidad a los programas que han tenido resultados exitosos en el presente, así como aquellos que, por su propia naturaleza, requieren de un plazo relativamente largo de maduración para rendir los frutos esperados.
El reto de la modernización tecnológica de México es complejo y requiere de la participación decidida de todos: Gobierno, centros de investigación y empresas. Las políticas del Gobierno de la República en materia económica y de modernización industrial han sentado bases firmes para una nueva etapa de crecimiento sostenido. Ahora corresponde a los sectores privado y social dar los pasos necesarios para poner a la industria mexicana en condiciones de competitividad que le permita alcanzar niveles crecientes de productividad, y así, mejorar de manera duradera el nivel de vida de los mexicanos.
Para 1994 se seguirá fortaleciendo la aplicación de la estrategia científica y tecnológica a través de los distintos planes y programas creados. Con este propósito, para continuar promoviendo los proyectos de investigación sobre actividades científicas, se seguirán destinando recursos a la inversión para el equipamiento de los centros donde se realizan, a través del Pacime.
De igual forma, se seguirá apoyando la formación de recursos humanos de alto nivel, mediante el otorgamiento de becas para cursar estudios de posgrado en México y en el extranjero.
A fin de impulsar la formación de capital humano para la investigación y el desarrollo científico, el Gobierno Federal destinará recursos al SNI, para mantenerlo como un efectivo instrumento de política científica y tecnológica de excelencia y alta productividad.
Asimismo, se seguirá promoviendo la repatriación de investigadores mexicanos y la incorporación de investigadores de otros países, mediante los Fondos Presidenciales de Apoyo a la Ciencia y la Tecnología.
Continuará el apoyo decidido al desarrollo tecnológico. Las empresas industriales mexicanas, se enfrentan al reto de consolidar ventajas competitivas duraderas, que les permitan ganar y conservar mercados internacionales. En consecuencia, la política del Gobierno Federal en apoyo a la innovación industrial se esforzará por garantizar los derechos de propiedad industrial y dotar de confiabilidad a las normas, medidas y especificaciones que la producción industrial moderna exige, procurando que en todos los casos los fondos públicos complementen a los de las propias empresas en el financiamiento de los proyectos.
Adicionalmente, a fin de impulsar a las empresas a acelerar la modernización de su tecnología, Nacional Financiera pondrá en marcha una nueva modalidad de Financiamiento a la Actualización Tecnológica que apoyará proyectos encaminados a la adquisición de maquinaria y equipo que incorporen tecnologías de punta, para que las empresas mexicanas puedan hacer frente a la competencia global. Conacyt complementará estas acciones en lo que se refiere a la capacitación de los recursos humanos que las empresas requerirán para operar los nuevos equipos y hacer una asimilación eficaz y cabal de las nuevas tecnologías.
Para 1994, se propone que el presupuesto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ascienda a 827.2 millones de nuevos pesos, lo que significa un crecimiento de 14.7 por ciento en términos reales con respecto al ejercido en 1993. En relación con el gasto de 1988, el crecimiento acumulado real de los recursos del Consejo será de 184.7 por ciento.
Asimismo, se impulsarán el crecimiento y la consolidación de los centros SEP - Conacyt. El método para la asignación de recursos a estos centros continuará tomando en consideración indicadores de desempeño, tales como la excelencia científica y tecnológica, la formación de recursos humanos, la vinculación con el sector privado y la eficiencia administrativa. De esta forma, los recursos se canalizan a las instituciones con base en criterios de eficiencia y productividad.
El objetivo del presupuesto de egresos para el ejercicio de 1994 en ciencia y modernización tecnológica es continuar coadyuvando al incremento de la cantidad y calidad de la infraestructura física y recursos humanos que son utilizados en esas actividades, así como a motivar una mayor participación privada en su financiamiento. Con ese propósito, en 1994 el presupuesto federal asignado a estas actividades será de 5 mil 280 millones de nuevos pesos, lo que representa un incremento real del 11.1 por ciento respecto a 1993. De este modo, los recursos destinados a ciencia y tecnología presentan un incremento acumulado de 90.8 por ciento, de 1988 a 1994.
Este aumento permitirá que la relación del gasto federal en ciencia y tecnología con respecto al producto interno bruto sea de 0.43 por ciento. Con ello, el Gobierno de la República reitera su compromiso de avanzar, gradual pero decididamente, hacia niveles de inversión en ciencia y modernización tecnológica acordes con las necesidades del país, y con los retos derivados de la globalización económica.
VIII. PROGRAMA DE PROTECCIÓN
ECOLÓGICA
La gestión en materia ecológica de la Administración Pública Federal se ha orientado a armonizar el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente, y la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Para ello, los programas del gobierno incorporan tareas y acciones sistemáticas dirigidas a su protección, que han permitido atenuar y revertir procesos de depredación de los recursos naturales que deterioran la calidad de vida de la población.
Una de las principales líneas que han conducido la acción gubernamental en este campo, ha sido otorgar elevada prioridad a que las acciones que realizan las dependencias y entidades públicas cumplan estrictamente con la normatividad ecológica vigente e incluso vayan más allá.
Ello ha significado que, en las inversiones públicas para aumentar el acervo de infraestructura que demanda el proceso de modernización del país, el componente ambiental cobra una importancia significativa. Los nuevos procesos de transformación que son efectuados actualmente bajo responsabilidad del Estado se llevan a cabo con tecnologías que no impactan negativamente el entorno ambiental.
Es posible identificar este efecto de manera más notable en el sector energético. En el curso de la presente administración, un monto significativo de las inversiones realizadas directamente por Pemex y las entidades del subsector eléctrico se han canalizado a modificar sus procesos productivos para cumplir cabalmente con la legislación ambiental.
Dentro de las asignaciones presupuestales destinadas al sector, se ha otorgado especial prioridad a la producción de energéticos que contienen menores cantidades de ingredientes tóxicos, contribuyéndose de esta forma a ampliar la oferta de combustibles que garantizan una reducción significativa de la contaminación.
La política ambiental ha registrado un importante avance con el desarrollo de programas integrales de protección ecológica. Ello, alienta la inversión privada en esa materia y mantiene una creciente participación de la población en la atención de los problemas ecológicos. Asimismo, en apoyo a esta política se han consolidado las instituciones y establecido disposiciones jurídicas para proteger el entorno.
El Instituto Nacional de Ecología ha fortalecido la base normativa que permite sustentar las acciones para controlar los procesos que deterioran los recursos naturales. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), verifica las condiciones que guarda la calidad del agua, aire y suelo, a través de un estricto seguimiento a industrias y agentes contaminantes. Se vigila que éstas cumplan con las normas vigentes en materia ecológica.
I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993
En el transcurso de los cinco primeros años de esta Administración, se ha logrado conformar una base legal, técnica y operativa más eficaz para impulsar las acciones tendientes a lograr los propósitos establecidos.
Hoy en día 29 estados del país han establecido leyes en materia ecológica. Asimismo, la creación de representaciones de la Profepa en cada uno de los estados, hizo posible promover y coordinar programas, vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental, impulsar la participación social, y fortalecer el Sistema de Quejas y Denuncia Popular.
La Ley Federal sobre Metrología y Normalización permitió descentralizar la expedición de normas oficiales mexicanas, de la Secofi hacia todas las dependencias públicas. La creación del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, contribuyó a fortalecer los objetivos de la legislación correspondiente, y a incorporar el esfuerzo de los sectores social y privado, así como de la comunidad científica. A la fecha se han publicado 68 Normas Oficiales Mexicanas, y 73 más se encuentran en elaboración. Cabe señalar que conforme a lo establecido en la ley citada, todas estas normas se consultan ampliamente con la sociedad y se someten a un análisis costo - beneficio social que respalda su pertinencia.
En apoyo a la planeación y regulación de las actividades económicas y sociales, y considerando los usos del suelo, se desarrollaron actividades para la conformación de un nuevo esquema de regulación ambiental, entre las que destacan la conclusión de la primera etapa del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio Nacional y la conformación de la base de datos del Sistema de Información de Ordenamiento Ecológico. Asimismo, se concluyeron 26 proyectos de ordenamiento ecológico regional, dos de los cuales fueron diseñados como instrumentos de apoyo a la legislación local para adecuar los planes municipales de desarrollo urbano. Además, en los últimos años se elaboraron cuatro criterios técnicos, que apoyan los estudios de ordenamiento ecológico a cargo de los gobiernos estatales, para normar en materia ambiental las actividades agrícola, pecuaria, portuaria y petrolera.
Ante la necesidad de revertir el deterioro ambiental que afecta a las ciudades medias de la frontera norte, el Gobierno Federal acordó con el gobierno de los Estados Unidos la elaboración de un plan en materia ambiental conocido como Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF), que en su primera etapa abarca el período 1992 - 1994.
Dentro de dicha etapa se integró un programa de corto plazo que comprendió principalmente obras encaminadas a mejorar la imagen urbana de 9 ciudades fronterizas. A partir del segundo semestre de 1992 y durante 1993, se han realizado obras para: proteger la calidad del agua, control y tratamiento de aguas residuales, proteger la calidad del aire, manejo de materiales y residuos peligrosos, control de plaguicidas, vialidad y transporte, alcantarillado y control de cauces, entre otros.
Por su parte, a través del Programa Ambiental de México se han efectuado acciones para fortalecer, modernizar y descentralizar la capacidad de gestión ambiental; prevenir el deterioro y restablecer la calidad del ambiente; conservar la biodiversidad; consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas; y la creación de corredores ecológicos.
Adicionalmente a estos avances, destaca la participación de los sectores social y privado, principalmente en lo relativo a las obras de construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura para la protección ecológica y de los recursos naturales.
El desarrollo del país y la apertura comercial han generado nuevos polos industriales que estimulan la migración de la población, ante lo cual se promovieron acciones que conllevan al aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales y al mejoramiento de la calidad del medio ambiente.
Con este propósito, existe ya una base de datos con los registros de los principales proyectos productivos.
Asimismo, fueron diseñados procedimientos para descentralizar la evaluación de aquéllos de atribución federal, y se ha fortalecido la capacidad técnico - operativa de los gobiernos estatales y municipales, para la atención de los que son de su competencia.
A través del Programa Nacional para la Prevención de Accidentes de Alto Riesgo Ambiental, y en coordinación con los gobiernos estatales, se integró un inventario de 732 empresas ubicadas en 76 centros urbanos, recibiéndose 518 estudios de análisis de riesgo. De ese inventario, en 1993 fueron seleccionados los 30 centros urbanos y zonas industriales del país con mayor riesgo potencial, en donde las empresas son monitoreadas de manera especifica.
Como parte del Programa Nacional de Auditorías Ambientales, se han efectuado 158 auditorías en nueve estados de la República y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Destacan las 16 realizadas a empresas de alto riesgo de la Zona de Coatzacoalcos - Minatitlán, que permitió establecer en estas empresas medidas necesarias para minimizar riesgos a la población y el ambiente. Para coadyuvar a la prevención y control de la contaminación ambiental, se efectuaron a nivel nacional 17,324 visitas de inspección a industrias.
La operación y mantenimiento de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, constituida por 33 estaciones en operación, fue transferida a la Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Asimismo, se han instalado 18 Redes de Monitoreo Atmosférico en igual número de ciudades del país.
En 1991 se estableció el Programa Regional de Administración de la Calidad del Aire en Zonas Críticas, con el objeto de ordenar la información de contaminación de fuentes fijas y vehículos, y llevar a cabo su seguimiento y monitoreo. Ello contempla los análisis de uso del suelo y meteorológico, el diseño de la red de monitoreo y la gestión local para su operación.
La Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, mediante 364 estaciones distribuidas en los principales cuerpos de agua del país, ha constituido la base para definir medidas correctivas o preventivas para la conservación del agua.
En relación al manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, se ha supervisado la operación de plantas privadas de reciclado de materiales peligrosos y los confinamientos controlados y rellenos industriales que actualmente se encuentren en operación.
En los últimos cinco años, se amplió significativamente la atención de áreas naturales protegidas, al aumentar su extensión de 4.8 millones de hectáreas en 1988 a 7.8 millones en 1993. De esta forma se incrementó la cobertura de la superficie protegida al 4.0 por ciento del territorio nacional.
Asimismo, para lograr las metas que se han establecido, Pemex ha canalizado crecientes recursos a la construcción y rehabilitación de plantas para el mejoramiento del diesel y las gasolinas; en instalaciones para el tratamiento de afluentes y desechos sólidos, líquidos y gaseosos; y en la elaboración de las bases normativas para llevar a cabo las auditorías de seguridad industrial y protección ambiental en los organismos y áreas corporativas, así como verificar su cumplimiento. El compromiso del gobierno mexicano en materia ambiental ha sido reiterado firmemente al participarse en más de 26 reuniones con distintos países de América Latina, el Caribe y Europa. Asimismo se negociaron más de 200 estudios de cooperación técnica y financiera con el Banco
Mundial, el Fondo Mundial del Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, y la Comisión de Comunidades Europeas, entre otros.
Hoy existen programas más eficaces que permiten controlar, revertir y reducir el impacto de las concentraciones demográficas y de las actividades económicas en la naturaleza. Este proceso busca equilibrar el estímulo a la producción y la productividad, con el aprovechamiento de los recursos naturales y la mejoría en el nivel de vida de la población.
II. Política de Gasto Público 1994.
La política ecológica del Gobierno Federal en 1994 mantendrá la estrategia de armonizar el crecimiento económico con la calidad del medio ambiente, mediante acciones que ataquen el origen de los problemas en el mismo lugar en que se generan y promuevan la participación directa de los beneficiados, distribuyendo los costos entre los agentes causantes del deterioro. Las líneas de acción comprenden:
Fortalecer las disposiciones legales y reglamentarias de carácter federal y local;
Reforzar la atención en las principales zonas urbanas e industriales;
Establecer y reforzar la inclusión de criterios de impacto ambiental en la realización de actividades productivas y el establecimiento de nuevas industrias;
Continuar promoviendo sistemas de financiamiento para el desarrollo de tecnología y la aplicación de procesos anticontaminantes; y la asignación de recursos para impulsar estudios e investigaciones que contribuyan al conocimiento y uso de la biodiversidad;
Optimizar los recursos financieros que se canalicen a los programas ecológicos;
Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos municipales en la gestión ambiental; Intensificar los programas que promuevan la conciencia social de protección a los recursos naturales y de atención a los procesos de degradación del ambiente y
Fortalecer la presencia del país en materia ecológica en foros internacionales.
Para 1994, las actividades ambientales del Gobierno Federal buscarán complementar el marco jurídico ecológico; continuar realizando los cambios necesarios a las normas técnicas ambientales para actualizar y reglamentar su regulación y promover el uso racional del suelo, a través del ordenamiento ecológico del territorio.
Por otra parte, se impulsarán las acciones tendientes al mejoramiento de la calidad del aire, especialmente en las zonas de alta concentración demográfica e industrial, así como los programas que disminuyan la contaminación del agua, que mejoren su calidad y que promuevan su óptimo aprovechamiento.
Asimismo, se intensificarán las auditorías ambientales y la inspección y vigilancia de los principales centros industriales y urbanos del país, con énfasis en las ciudades de la frontera norte; continuará otorgándose prioridad a las acciones de prevención y control de la contaminación del suelo; y a las que permitan la recuperación de ecosistemas deteriorados, y aquellas encaminadas a la preservación de los que aún no lo están.
Otras acciones importantes serán las que impulsen los programas de educación ambiental, asegurando la participación y corresponsabilidad de la sociedad en los asuntos ecológicos; y las que permitan incrementar la infraestructura para la protección y preservación de los recursos naturales.
Para mejorar el medio ambiente y elevar la calidad de vida de los habitantes de la frontera norte del país, a partir de 1994 México fortalecerá sustancialmente las acciones de mejoramiento ambiental que venía realizando dentro del PIAF, a través del Proyecto Ambiental para la Frontera Norte.
En la primera etapa de este proyecto, que se desarrollará principalmente en los próximos años, se enfatizan los siguientes aspectos: fortalecimiento de los trabajos de la Profepa en la región; reforzamiento de la capacidad estatal y municipal para aplicar las leyes ambientales; protección de áreas y recursos naturales a lo largo de la frontera; mejoramiento de los procesos de tratamiento y disposición final de residuos sólidos; pavimentación de colonias populares; aumento de la eficiencia del transporte urbano para disminuir la contaminación ambiental; mejoramiento del control de las emisiones y desechos industriales; saneamiento del agua; y fortalecimiento de la capacidad de administración del medio ambiente.
Por su parte, Pemex y CFE, y otras empresas paraestatales, continuarán ajustando rápidamente sus procesos de producción a la normatividad ambiental y mantendrán una participación creciente dentro de las acciones gubernamentales para proteger el medio ambiente, a través,
entre otras acciones, de la producción de energéticos que reducen las emisiones contaminantes.
Se propone un presupuesto para 1994 de 1 mil 819 millones de nuevos pesos para el Programa de Protección Ecológica. Por su parte, la inversión en el sector crecerá 59.3 por ciento en relación a 1993. Adicionalmente, al considerar los diversos programas con impacto ecológico que lleva a cabo la Administración Pública Federal, el Departamento del Distrito Federal, las entidades bajo control indirecto presupuestal y los gobiernos estatales, el gasto público en 1993 equivale a 1.0 por ciento del producto interno bruto. Debido a la importancia que tienen para esta administración las acciones que permiten atenuar y revertir los procesos de depredación de los recursos naturales, para 1994 el Estado destinará un gasto ligeramente superior, como proporción del PIB, al de 1993.
IX PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA DEUDA PÚBLICA
Durante 1993, el saldo de la deuda pública continuó descendiendo como resultado del saneamiento de las finanzas públicas. En efecto, la deuda total neta consolidada con el Banco de México se redujo de representar el 68.3 por ciento del PIB en 1988, a 22.0 en 1993.
El menor acervo de endeudamiento público y el comportamiento de las tasas de interés permitirán que el pago de intereses de la deuda disminuya del 17.7 por ciento del PIB en 1988, al 3.1 por ciento en 1993.
La estrategia de deuda para 1994 continuará con los lineamientos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo. Se proseguirá con la diversificación de las fuentes de financiamiento externo, mejorando las condiciones financieras de los créditos contratados y asegurando la permanencia de la disminución en las transferencias netas de recursos al exterior para sustentar sobre bases sólidas el crecimiento de la economía. En materia de deuda interna, se buscará satisfacer las necesidades transitorias de crédito del sector público sin afectar al mercado interno de fondos prestables y sin recurrir a financiamientos que podrían ser inflacionarios.
Así, el proyecto de presupuesto para el costo de la deuda en 1994 asciende a 31 mil 160 millones de nuevos pesos, menor en 14.5 por ciento real al de 1993, y equivalente al 2.5 por ciento del PIB.
Los intereses correspondientes al Gobierno Federal son de 26 mil 409 millones de nuevos pesos, lo que significa un descenso de 14.7 por ciento en términos reales con relación a 1993. Los organismos y empresas bajo control directo presupuestal destinarán al pago de intereses 4 mil 751 millones de nuevos pesos que, comparados con os de 1993, representan un decremento del 13.00 por ciento en términos reales.
Por último, en 1994 se consideran adeudos de ejercicios fiscales anteriores por 4 mil 448 millones de nuevos pesos.
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X PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PODER LEGISLATIVO
Con el propósito de cumplir con sus funciones y alcanzar sus objetivos y metas previstas, el Poder Legislativo envió para su inclusión en este proyecto, una propuesta de gasto que, sumada a la previsión del paquete salarial, asciende a 591.3 millones de nuevos pesos. Esta propuesta para 1994 refleja una disminución respecto a 1993, ya que en este último año se ejercieron 111.4 millones de nuevos pesos para cubrir la tercera fase del programa de reconstrucción del Palacio Legislativo de San Lázaro.
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El gasto en inversión se destinará a adquirir mobiliario y equipo de administración para las áreas reconstruidas del recinto legislativo; asimismo se terminará la construcción del edificio alterno del Senado de la República que albergará a sus unidades administrativas.
PODER JUDICIAL
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación considera el nivel de gasto propuesto por el Poder Judicial en el ejercicio de su autonomía, el cual asciende a 1 mil 099 millones de nuevos pesos.
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Además de su operación normal, el presupuesto planteado incluye la instalación de 14 órganos de impartición de justicia (cinco tribunales unitarios, cinco juzgados de distrito y cuatro tribunales colegiados); la construcción y adaptación de inmuebles para sus órganos jurisdiccionales en el interior del país y la incorporación de tribunales unitarios y juzgados de distrito de diversos estados de la República al Programa de Automatización de Procesos Judiciales,, emprendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
El proyecto de presupuesto para la administración pública central plantea un nivel de gasto programable por 140 mil 140 millones de nuevos pesos, cifra superior en 8.4 por ciento real al cierre estimado para 1993.
En la integración de sus componentes, el gasto corriente muestra un monto de 111 mil 042 millones de nuevos pesos, equivalente a una variación real de 10.0 por ciento frente al cierre estimado para 1993. Este gasto incluye un presupuesto para servicios personales que muestra un incremento real anual de 14.5 por ciento. Dicho aumento se explica por los recursos necesarios para cubrir el gasto regularizable, la previsión de incrementos salariales, y para la creación de nuevas plazos, principalmente en los sectores de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional. Asimismo, en el rubro de servicios personales se incluyen recursos para reconocimientos por productividad.
Por su parte, el gasto de capital ascenderá a 29 mil 098 millones de nuevos pesos, dentro del que destaca la inversión física directa con un monto de 16 mil 645 millones de nuevos pesos, representando en términos reales un crecimiento de 20.8 por ciento.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
La política de gasto del sector paraestatal bajo control presupuestal directo tiene como propósito consolidar los avances logrados en materia de saneamiento financiero y modernización de la empresa pública, propiciando su eficiencia, productividad y competitividad frente a un nuevo contexto macroeconómico.
El proyecto de gasto programable de los organismos y las empresas de control presupuestal directo asciende a 106 mil 463 millones de nuevos pesos. La distribución de estos recursos se especifica en los cuadros que se presentan a continuación.
Por su parte, el gasto de capital ascenderá a 22 mil 228 millones de nuevos pesos. Dentro de ésta sobresale la inversión física con un presupuesto de 20 mil 344 millones de nuevos pesos, 5.2 por ciento real superior al del año anterior.
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ÓRGANOS ELECTORALES
Para la ejecución de las acciones de los Órganos Electorales, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1994 incorpora 2 mil 223 millones de nuevos pesos que se canalizarán, principalmente, a concluir el Programa de Fotocredencialización; atender las tareas inherentes al desarrollo del proceso electoral federal y al pago del financiamiento público a partidos políticos conforme a lo previsto por la legislación electoral para el trienio 1992 - 1994.
El gasto de inversión se destina a la terminación y equipamiento del edificio sede del Tribunal Federal Electoral y la rehabilitación de oficinas de las Juntas Federales del Instituto Federal Electoral, infraestructura necesaria para un desempeño adecuado de sus altas responsabilidades.
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TRIBUNALES AGRARIOS
Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos de los Tribunales Agrarios, su proyecto de presupuesto asciende, para 1994, a 144.9 millones de nuevos pesos, lo que implica un crecimiento del 2.4 por ciento real respecto de 1993. Los recursos presupuestales presentan la siguiente distribución:
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RESULTADO PRESUPUESTAL
Para 1994, las finanzas públicas consideran un equilibrio entre el total de ingresos y egresos. En el resultado propuesto, la suma de los ingresos es igual al costo financiero de la deuda interna y externa más el gasto primario del sector público.
Cabe señalar que este equilibrio financiero se obtendrá no obstante la reducción de los ingresos por la disminución de precios y tarifas de bienes y servicios del sector público y de tasas impositivas, y el incremento en el gasto programable.
Como quedó expuesto, la distribución sectorial del gasto programable se orientará primordialmente a los sectores de desarrollo social y rural, y a la infraestructura básica.
A fin de alcanzar un balance presupuestal, el endeudamiento neto de 600 millones de nuevos pesos del sector público bajo control directo presupuestal se compensará con un superávit de igual cantidad del sector paraestatal bajo control indirecto. El endeudamiento neto correspondiente al Gobierno Federal será de 6 mil 788 millones de nuevos pesos. Por su parte, los organismos y empresas presentarán un superávit de 6 mil 188 millones de nuevos pesos. Por consiguiente, el sector público bajo control directo presupuestal requerirá de un endeudamiento neto de 600 millones de nuevos pesos. El equilibrio en el balance financiero se obtendrá en virtud de que el sector paraestatal bajo control indirecto obtendrá un superávit por la misma cantidad.
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INICIATIVA DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1994, se sujetarán a las disposiciones de este Decreto y a las demás aplicables a la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias, del Ejecutivo Federal y los ramos de Aportaciones a Seguridad Social y Erogaciones no Sectorizables para el año de 1994, importante la cantidad de............N$107,509,089,500 (ciento siete mil quinientos nueve millones ochenta y nueve mil quinientos nuevos pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
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Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.
Artículo 3. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las Entidades Federativas y Municipios en el año de 1994, importan la cantidad de N$71,181,200,000 (Setenta y un mil ciento ochenta y un millones doscientos mil nuevos pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
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El Ramo 00025 correspondiente a Aportaciones para Educación Básica en los Estados, será administrado por las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Las previsiones del Ramo 00026 correspondiente a Solidaridad y Desarrollo Regional se orientarán a obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales, que atiendan la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos. Asimismo, se destinarán a promover proyectos productivos en el medio rural y urbano, con la debida asistencia técnica. Además, tales previsiones se orientarán a otros programas especiales de bienestar general. Los recursos por este concepto serán intransferibles, debiendo informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el manejo de los fondos solidaridad del Distrito Federal, estatales, municipales y especiales apoyados con recursos federales.
El Ramo 00026 Solidaridad y Desarrollo Regional, será administrado por la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Las erogaciones correspondientes al Ramo 00028 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 4. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1994, importa la cantidad de N$549,686,100 (Quinientos cuarenta y nueve millones seiscientos ochenta y seis mil cien nuevos pesos, moneda nacional).
Artículo 5. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1994, importa la cantidad de N$850,131,000 (Ochocientos cincuenta millones ciento treinta y un mil nuevos pesos, moneda nacional).
Artículo 6. Las erogaciones previstas para el año de 1994, correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este Presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:
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Las cifras expresadas para los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos no incluyen operaciones realizadas entre ellos.
Del total de la suma obtenida por las cantidades desglosadas en el presente artículo, el importe financiado con recursos propios y créditos asciende a N$91,447,888,600; mientras que el de las transferencias incluidas en el gasto del Gobierno Federal es por N$15,014,794,800.
Artículo 7o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el pago del servicio de la deuda del Gobierno Federal en 1994, importa la cantidad de N$26,408,500,000 (Veintiséis mil cuatrocientos ocho millones quinientos mil nuevos pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
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Los intereses y comisiones correspondientes a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto ascienden a la cantidad de N$4,751,104,800 (Cuatro mil setecientos cincuenta y un millones ciento cuatro mil ochocientos nuevos pesos, moneda nacional).
Las asignaciones para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores del Gobierno Federal importan la cantidad de N$4,448,000,000 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones de nuevos pesos, moneda nacional).
El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales del país y, en su caso, se ajustará a los requerimientos que demande el desarrollo nacional.
El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales. Adicionalmente podrá amortizar deuda pública, en su caso, hasta por el monto del superávit presupuestario. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la Cámara de Diputado, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable, también a las entidades paraestatales.
Artículo 8o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el Ramo 00022 Órganos Electorales, para el año de 1994, importan la cantidad de N$1,777,800,000 (Un mil setecientos setenta y siete millones ochocientos mil nuevos pesos, moneda nacional).
Artículo 9o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el Ramo 00031 Tribunales Agrarios, para el año de 1994, importan la cantidad de N$116,500,000 (Ciento dieciséis millones quinientos mil nuevos pesos, moneda nacional).
Artículo 10. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, Programas Operativos Anuales y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
Las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los criterios de política económica, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyecto de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para su debida observancia. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la Administración Pública Federal, respecto de las entidades agrupadas en el sector que coordinan.
Las dependencias y entidades deberán dar debida observancia a los lineamientos expedidos por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, respecto del Programa de Mediano Plazo par el cierre de la Administración Pública Federal.
Artículo 11. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1994, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La aprobación de los calendarios de gasto deberá quedar concluida, a más tardar, en los primeros 20 días del ejercicio.
Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con los programas aprobados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en su caso, podrá reservarse dicha autorización y solicitar a las coordinadoras de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida, en relación con el ejercicio de sus programas y presupuesto, con base en lo dispuesto por el artículo 38 de este Decreto;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados o se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
III. En el caso de subsidios, las entidades que no remitan la cuenta comprobada a más tardar el día 25 del mes siguiente al del ejercicio de dichos recursos, motivará la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que, por el mismo concepto, se hubieren autorizado, a sí como el reintegro de lo que se haya suministrado:
IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
V. Cuando en los términos del artículo 30 del presente Decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumpla con las
obligaciones pactadas y los programas de saneamiento respectivos o con los compromisos de déficit o superávit; y
VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Salvo lo previsto en los artículo 14 y 35 del presente Decreto, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, ni tampoco ampliaciones líquidas a los presupuesto; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Las entidades o comprendidas en el presupuesto, se sujetarán los calendarios de gasto que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.
Artículo 12. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos, será necesario que la totalidad de los recursos correspondientes se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los recursos que se prevean ejercer por este concepto serán intransferibles y sólo podrán contratados los créditos.
En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales, se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de deuda que los créditos generen. Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados, deberán utilizar los recursos externos contratados, para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.
Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales, debidamente justificados y de acuerdo con la normatividad vigente.
Artículo 13. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio del presupuesto, vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal , en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizar dichos compromisos, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del Ramo 00023 Erogaciones no Sectorizables.
Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social a programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal, tales como desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente, así como para amortizar deuda pública, con cargo a:
I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1, 2, 3 y 4 de su fracción II "Aportaciones y Abonos Retenidos a los Trabajadores por Patrones para el Fondo nacional de la Vivienda para los Trabajadores", "Cuotas para el Seguro Social a cargo de Patrones y trabajadores", "Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados Trabajadores" y "Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los Militares";
II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales, y
III. Ingresos que obtenga el Gobierno Federal como consecuencia de la desincorporación de entidades paraestatales, o del retiro de la participación estatal en aquellas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.
En el caso de excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales, serán canalizados para fortalecer, preferentemente y, cuando así lo amerite, su propia situación financiera.
Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas y proyectos específicos para los que hubieren sido contratados.
El Ejecutivo Federal, al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1994, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en este artículo.
Artículo 15. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.
Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de Gobierno de las propias entidades.
Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social y principales proyectos de inversión, optando preferentemente, en los casos de programas de inversión, por aquéllos de menor impacto social y económico.
En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 10 por ciento, el Ejecutivo Federal, en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará, también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Artículo 16. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados y conforme a sus presupuestos autorizados.
Artículo 17. Los importes no devengados podrán aplicarse a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que los generen, sujetándose a los lineamientos administrativos que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 18. La administración, control y ejercicio de los ramos de Aportaciones a Seguridad Social; Erogaciones no Sectorizables; Participaciones a Estados y Municipios; Deuda Pública, y de Erogaciones para Saneamiento Financiero, a que se refiere el presente Decreto, se encomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CAPITULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
Artículo 19. Sin perjuicio de lo que establece el presente Decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal contenidas en el presente capítulo. Su incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.
Artículo 20. Las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas, sin perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar,
conforme a los programas y recursos en este presupuesto, la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.
Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello contribuya a elevar el superávit de operación, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de Gobierno, debiendo informar de lo anterior a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación.
La designación y contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores surtirá efectos a partir de la fecha de la autorización correspondiente, sin que en ningún caso pueda dárseles efectos retroactivos.
Las dependencias y entidades podrán llevar a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías, siempre y cuando se realicen mediante movimientos compensados. Para tal efecto deberán sujetarse a los lineamientos que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las dependencias y entidades no podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales aprobadas en el ejercicio de 1993, debiendo ser éstas acordes con las normas vigentes, por lo que cualquier adecuación sólo podrán hacerla las dependencias, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, las entidades paraestatales, por su órgano de gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.
Artículo 21. Las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales, deberán:
I. En las acciones de descentralización, dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, sin que ello implique la creación de nuevas plazas;
II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las dependencias y, en el caso de las entidades, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.
Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por productividad, eficiencia y calidad, así como otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.
Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
III. Abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos, celebrados en el ejercicio de 1993.
Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o entidad de que se trate.
La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate.
Para la asignación de los recursos correspondientes a este concepto, las dependencias y entidades deberán presentar, a más tardar el 31 de marzo, su programa anual de contratación por honorarios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su aprobación. Dentro de ese lapso, dichas dependencias y entidades podrán disponer, en los términos de los tres párrafos anteriores, hasta del 20 por ciento del presupuesto autorizado por este concepto, quedando el ejercicio del 80 por ciento restante, sujeto a la aprobación del referido programa anual;
IV. Observar la normatividad que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia
de remuneraciones, a miembros en órganos de Gobierno o de vigilancia de entidades paraestatales;
V. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y
VI. Abstenerse de realizar cualquier transferencia de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo de Servicios Personales.
El presupuesto destinado para programas de capacitación en las dependencias y entidades, se ajustará en cuanto a su ejercicio, a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no podrá ser transferido a otras partidas.
Artículo 22. Los titulares de las dependencias, los órganos de Gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades, serán responsables de reducirse eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia; así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este Decreto y las que resulten aplicables a la materia.
Las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus presupuestos, sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales, cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Asimismo, continuarán en coordinación con las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, revisando dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando, en el contexto de las prioridades nacionales, no se justifiquen.
Durante el ejercicio fiscal de 1994, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.
Artículo 23. Las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1994, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo, vehículos terrestres y marítimos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan; y
II. Vehículos aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, así como la procuración de justicia.
En el caso de arrendamientos financieros de bienes muebles e inmuebles, las condiciones de pago deberán ofrecer ventajas con relación a otros medios de financiamiento. Asimismo, se deberá hacer efectiva la opción de compra, a menos que ello no resulte conveniente, lo que deberá ser acreditado debidamente ante las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y, en materia de bienes inmuebles, de Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Cualquier erogación que realicen las dependencias por los conceptos previstos en el presente artículo, requerirá de la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en la forma y términos que ésta determine.
Tratándose de entidades paraestatales, se requerirá de la autorización específica y previa de su órgano de gobierno, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.
Artículo 24. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal estarán obligadas a celebrar los contratos necesarios, a fin de asegurar adecuadamente los bienes patrimoniales a su cargo, conforme a los lineamientos que, para tal efecto, expidan las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, y de la Contraloría General de la Federación.
Artículo 25. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducir se al mínimo indispensable; su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad, y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o del órgano de gobierno de la entidad correspondiente:
I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero, congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de servicios bancarios, correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, y donativos, en los términos del artículo 31 de este Decreto;
II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y
III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que, por ley, otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.
Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1994, deberán ser autorizadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, por las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público; y, las que efectúen las entidades, se autorizarán por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas Secretarías.
Artículo 26. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1994:
I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios de educación, salud, vivienda, protección del medio ambiente, equipamiento urbano, producción y abasto de alimentos, seguridad e impartición de justicia, con especial atención de aquellos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos; así como para la modernización de la infraestructura básica de comunicaciones y transportes, hidráulica, energía eléctrica y abasto de combustibles; a los que estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y a los que presenten un mayor grado de avance físico.
Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos, cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos para la conclusión de las etapas cuya ejecución se programe dentro del ejercicio fiscal de 1994.
Las citadas dependencias y entidades, deberán observar la normatividad que, respecto de la ejecución de los proyectos señalados en el párrafo anterior, emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
II. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que, en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales, en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles;
III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;
IV. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción, como parte de la modernización económica y social comprendidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas de mediano plazo y en los demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
En el caso de proyectos y obras de beneficio social se concertará, con arreglo a la ley, la participación activa de las comunidades locales;
V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades y sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, los ejecutores de gasto y los agentes financieros del Gobierno Federal, informarán a la citada Secretaría, del ejercicio de los créditos con base en los recursos autorizados en sus respectivos presupuestos;
VI. Las inversiones financieras con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1994, serán aquellas estrictamente necesarias, y se realizarán previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se orientarán:
a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y
b) Al financiamiento y capitalización de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos y servicios básicos, así como de bienes de capital.
Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad y eficiencia y responder a las
orientaciones de los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse, además, a lo que dispone el artículo 30 de este Decreto, y
VII. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva a los programas de mediano plazo correspondientes, a las prioridades de la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo y a las previsiones de recursos disponibles.
Artículo 27. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la Ley de la materia y se apegarán a lo siguiente:
I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que, al mismo tiempo, eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas serán congruentes con los fines de la estrategia económica del Plan Nacional de Desarrollo, dando prioridad a las actividades del sector social, y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;
V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos e insumos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía, de apoyo directo, y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de presentar el nivel de ingreso de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población;
VI. Las transferencias destinadas al apoyo de entidades paraestatales, se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;
VII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que propicien la generación de recursos propios;
VIII. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y
IX. No se deberán otorgar transferencias cuando no estén claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 28. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación, verificando previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la unidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y
III. El avance físico financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las ministraciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 38 de este Decreto.
Artículo 29. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 30. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenios para:
I. El establecimiento de metas de desempeño, de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado, y
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente, a más tardar, el 31 de mayo de 1994 a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y sea aprobado por ésta.
La Comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios, respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, la Comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrá a la dependencia coordinadora de sector y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.
La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento establecerá los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y hará la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de Gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios.
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no podrá autorizar subsidios, ni las dependencias y entidades, otorgar donativos y ayudas, que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social. Tampoco se otorgarán a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan del mismo.
Para efectos de control presupuestal deberán considerarse tanto los donativos en dinero como en especie.
Artículo 32. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información sobre las transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias. Dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 38 del presente Decreto.
Artículo 33. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.
Para la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resolverá lo conducente, debiendo dar prioridad a las dependencias y entidades que hubiesen generado dichos ahorros, para estimular así la productividad de las mismas.
Artículo 34. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades, respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles salvo en el caso de valores
gubernamentales de renta fija. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público a que se refiere el artículo 38 de este Decreto.
A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en lo dispuesto por el artículo 38 del presente Decreto.
Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos contraídos entre sí, las que se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.
Artículo 35. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.
Artículo 36. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1994, serán los siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal para hacer frente a dichos contratos.
Artículo 37. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado cuando menos a tres proveedores, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1994, serán los siguientes:
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Los montos establecidos deberán conciderarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal para hacer frente a dichos contratos.
Artículo 38. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, así como el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Públicos, y establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho Sistema, los cuales deberán ser del conocimiento de las dependencias y entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el Sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior y el Banco de México, conjuntamente con la coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el Sistema, racionalizando los flujos de información, la cual deberá proporcionarse, a más tardar, el día 20 de cada mes.
Artículo 39. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre los resultados de las verificaciones a que se refiere el artículo 10 de este Decreto, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de déficit o, en su caso, superávit financiero y hará asimismo, las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.
Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.
Artículo 40. Para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por Ley o Decreto del Congreso de la Unión se requerirá autorización previa del mismo.
En los términos de los artículos 15, 16 y 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5o. de su Reglamento, así como los respectivos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo podrá proceder a la desincorporación de entidades paraestatales, comprendidas en este Decreto, sujetándose a las siguientes bases:
a) Las propuestas que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para disolver, liquidar, extinguir, escindir, transferir a los estados y municipios; enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas incorporando los puntos de vista de los sectores interesados, y
b) Enviar previamente informe escrito, a la Cámara de Diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.
La Cámara de Diputados vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información a que se refiere el inciso b) anterior y en su caso dará su opinión.
Artículo 41. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones que resulten aplicables, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 42 de este Decreto.
Del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 39 de este Decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Artículo 42. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación y los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la Ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto.
Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en los términos de la coordinación que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo 43. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 1994.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de México, D. F., a 15 de noviembre de 1993. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes, Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1994.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1993. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
«Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados, Presentes.
Para 1994, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, en congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, define como objetivos prioritarios, los siguientes:
Fortalecer la cobertura en la prestación de los servicios básicos a la Ciudad, mejorar su calidad y eficiencia, e incrementar la atención de las zonas con mayores rezagos.
Consolidar las acciones de prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, para revertir el proceso de deterioro ambiental, con la participación corresponsable de la sociedad.
Preservar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, garantizando la seguridad pública, así como la procuración e impartición de justicia en forma eficiente y oportuna. Avanzar en el reordenamiento urbano de la ciudad, en la regulación de su crecimiento e impulsar la construcción de vivienda.
Fortalecer la infraestructura física del Sistema Hidráulico, fomentar el uso racional del agua potable, así como propiciar el tratamiento y reciclamiento de aguas residuales.
Garantizar el funcionamiento de los sistemas de transporte colectivo en condiciones de seguridad y eficiencia para los usuarios y consolidar la ampliación del Metro, como eje principal del servicio público de transporte.
Conservar una estructura sana en las finanzas públicas, basada en un sistema fiscal equilibrado y en un marco de disciplina presupuestal.
Este Presupuesto permitirá consolidar y asegurar la continuidad de las acciones que desde el inicio de la presente Administración han sido instrumentadas para dar respuesta a los requerimientos básicos de la población, incrementar su bienestar y revertir los procesos de deterioro ambiental.
Con base en las consideraciones señaladas, el Departamento del Distrito Federal ha previsto un Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 1994 que asciende a un monto de 16,380.4 millones de nuevos pesos, de los cuales 12,552.7 millones de nuevos pesos se destinarán al Sector Central y 3,827.7 millones de nuevos pesos a los organismos y entidades coordinadas, incluyendo aportaciones por 2,025.7 millones de nuevos pesos.
Respecto a la estructura económica, el gasto corriente y de operación capta el 60.2% del total, el gasto de inversión el 37.9%, y el restante 1.9% corresponde al pago del servicio de la deuda contraída y Adefas.
Así, el Presupuesto de Egresos que se propone, constituye un instrumento fundamental para apoyar el fortalecimiento de la infraestructura básica de la Ciudad, la prestación de más y mejores servicios públicos y el fomento del desarrollo en un entorno de mayor justicia y equidad.
1. Evolución de la gestión 1989-1993.
Durante el período 1989 - 1993, el ejercicio disciplinado y eficiente de los recursos ha
contribuido a la consecución de los objetivos básicos de acción establecidos al inicio de la presente Administración, como respuesta a los requerimientos ciudadanos y a la problemática que la Ciudad enfrentaba.
La acción del Departamento del Distrito Federal se ha sustentado en una sana estructura financiera, basada fundamentalmente en la generación de ingresos provenientes de la actividad propia de la Ciudad.
La reforma fiscal emprendida en 1989 ha permitido que los ingresos propios constituyan la principal fuente de financiamiento, representando en 1993 el 55% de los ingresos totales.
A través de la reforma fiscal se han sentado las bases para un financiamiento estable para el futuro.
El ajuste de las bases, cuotas y tarifas, el establecimiento por parte del honorable Congreso de la Unión del factor anual de actualización de las contribuciones, la consolidación jurídica del impuesto del 2% sobre nóminas, la modernización del sistema catastral y el mejoramiento de la administración tributaria, han permitido el fortalecimiento de los ingresos propios, bajo un esquema básicamente redistributivo, consistente en que contribuyan más quienes más tienen.
En efecto, si se consideran los ingresos propios y las participaciones por recaudación de impuestos federales, la ciudad de México alcanza el 95% de sus ingresos totales.
De esta forma, ha logrado reducir su dependencia respecto de las transferencias del Gobierno Federal, que hoy representan tan solo el 1% de su ingreso total, y son destinadas básicamente a programas de Solidaridad.
Por su parte, el endeudamiento se ha reducido drásticamente; en 1993 significó el 2% de los ingresos del Departamento del Distrito Federal, limitándose a proyectos de alta rentabilidad social, como son la ampliación de líneas del Metro y programas de reforestación, en condiciones altamente ventajosas en cuanto a plazos y tasas de interés.
Se puede afirmar que recursos que antes eran asignados al Distrito Federal, hoy son distribuidos a otras entidades y regiones del país y constituyen una aportación al mejor equilibrio financiero de la Nación.
El proceso de transformación realizado en las finanzas públicas del Departamento del Distrito Federal, ha permitido atender la inversión pública y el gasto social, con un enfoque redistributivo hacia colonias y delegaciones con mayores carencias, mejorando la infraestructura de servicios en cobertura y calidad, asegurando la viabilidad de la Ciudad a largo plazo.
Durante el período 1988 - 1993 el gasto programable del Sector Departamento del Distrito Federal ha presentado una variación en términos reales del 27.8%.
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Por su parte, el gasto corriente presenta un crecimiento real del 25.1%. Este concepto de gasto se explica fundamentalmente por las funciones administrativas que cumple el Departamento del Distrito Federal, a efecto de atender con oportunidad y en la dimensión apropiada los servicios que la Ciudad demanda en materia de seguridad pública, salud, justicia, transporte, bienestar social, así como otros servicios básicos, que incluyen el pago de energía eléctrica o el agua que ésta consume, cuyos requerimientos presupuestales se clasifican en gasto corriente de acuerdo a la normatividad vigente.
Dentro de los concepto de gasto corriente, más de la mitad de las erogaciones se han destinado al rubro de servicios personales, derivado de las responsabilidades que el Gobierno de la Ciudad tiene una materia de prestación de servicios a la población.
Cabe mencionar que más del 65% del gasto en este rubro corresponde a los servicios de seguridad y justicia, mantenimiento y operación del sistema hidráulico, de la infraestructura urbana, limpia y recolección de residuos sólidos; así como a la asistencia médica a la población.
Este rubro ha crecido en un 43.0% en términos reales durante el período.
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Es importante señalar, que el concepto de servicios personales se ha visto incrementado año con año, de acuerdo a los criterios que se establecen a nivel federal en materia de política salarial, tendientes a lograr una recuperación real del poder adquisitivo de los trabajadores.
Por lo que respecta al gasto de capital, durante el período ha registrado un crecimiento del 32.3% en términos reales y específicamente en obra pública del 38.3%
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Esta importante variación, resultado de un manejo racional de las finanzas, ha permitido seguir atendiendo la operación y mantenimiento de la infraestructura existente, así como lograr incrementarla en forma sustancial, tanto en las grandes obras de infraestructura vial, hidráulica o de transporte que aseguran el buen funcionamiento de la Ciudad, como en aquellas que, aunque de pequeña magnitud, representan un cambio sustancial en las condiciones de vida de los habitantes beneficiados.
Entre las principales actividades desarrolladas en el período 1989 - 1993, destacan:
La implantación del Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica, que ha permitido reducir la emisión de gases de escape, mediante el programa "Hoy No Circula", la verificación obligatoria de vehículos automotores y la introducción de convertidores catalíticos. Por otra parte, con la firma del Pacto Ecológico con las industrias de mayor generación de contaminantes, se procura reducir sus niveles de emisión, mediante la modernización de los equipos de combustión y la verificación obligatoria del cumplimiento de normas ambientales. Así, se han reducido a niveles de exigencia internacional, los índices de contaminación por plomo, óxido de azufre y monóxido de carbono.
De igual modo, la instrumentación y conclusión del Programa de Rescate de las Zonas Lacustres de Xochimilco, Tláhuac y Mixquic, ha permitido recuperar las condiciones de la región suroriente de la Ciudad.
En este sentido, el Programa incluyó la ampliación de la infraestructura del servicio de agua potable y drenaje a los habitantes de la zona, así como las estructuras de control de aguas residuales y la rehabilitación integral de la zona chinampera de Xochimilco, que consideró las actividades agrícolas, turísticas y comerciales en beneficio de los habitantes de la región. Adicionalmente se logró preservar las condiciones de los mantos acuíferos de la zona, mejorando sustancialmente sus niveles de recarga.
Por lo que respecta a la creación de reservas ecológicas para evitar las pérdidas de mantos acuíferos, de bosques y de zonas estratégicas de equilibrio ambiental, se realizó la expropiación de áreas en el Ajusco, Xochimilco, Sierra de Guadalupe, Sierra de Santa Catarina y parte de la tercera sección de Chapultepec, entre otras, así como la plantación de 69.4 millones de árboles y plantas de ornato, durante el período.
En cuanto al manejo de residuos sólidos, el desarrollo del Programa Metropolitano ha permitido, en coordinación con el Estado de México, la ampliación del relleno sanitario de Bordo Poniente, en sus diversas etapas; la construcción de una planta separadora en Bordo Poniente y el inicio de las de Santa Catarina y San Juan de Aragón; la clausura de tiraderos a cielo abierto y su saneamiento; así como la adecuación y ampliación de 6 estaciones de transferencia. Los antiguos tiraderos de basura se han convertido en zonas arboladas.
Por lo que se refiere al sistema hidraúlico, la ampliación de la cobertura de los servicios de agua y drenaje, incluyó la construcción de 690 Kms. de las redes primaria y secundaria de agua y 1,425 Kms. de las redes de drenaje; la excavación de 19.3 Kms. de drenaje profundo, 8.9 Kms. de drenaje semiprofundo y 9.4 Kms. de acueducto perimetral y la rehabilitación de presas de regulación. De igual forma, en el último trimestre de 1993 se iniciaron las obras del entubamiento del Gran Canal
Adicionalmente, se creó la Comisión de Aguas del Distrito Federal, con objeto de mejorar la administración de los servicios públicos de agua potable y drenaje.
Cabe señalar, que en la actualidad el consumo total de agua potable en el Distrito Federal es menor que en 1988.
En materia de transporte, se impulsó el servicio, mediante la construcción y equipamiento de la linea "A" del Metro, de Pantitlán a Los Reyes, La Paz, con una extensión de 17 Kms., y de la línea "8" del Metro que en 1994 unirá la zona oriente con el centro de la Ciudad, con una longitud de 20 Kms. y 15 trenes, realizadas en su totalidad con recursos propios.
Adicionalmente, se realizó la renovación del parque vehicular de Ruta100, la reconstrucción y rehabilitación de 382 trolebuses y la renovación del tren ligero, mediante la adquisición de 12 trenes.
Por otra parte, se está promoviendo la sustitución de taxis y microbuses por nuevos vehículos que incorporan el convertidor catalítico, lo que ha permitido inducir el uso de energéticos más limpios en términos ecológicos.
Con relación al mejoramiento de la infraestructura vial, se efectuó la construcción de 1,329 Kms. de calles secundarias; la adecuación de los accesos carreteros de Puebla, Pachuca, Cuernavaca y Toluca; la conversión en vía rápida de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la que se integran 6 puentes vehiculares; la construcción de 37.2 Kms. del Anillo Periférico, en sus arcos oriente y norte; la construcción de 10.5 Kms. del Eje Vial 5 Sur, en su tramo oriente y la ampliación de 3.5 Kms. del Eje Vial 2 Oriente.
Asimismo, se llevó a cabo la construcción de los puentes vehiculares y distribuidores viales de Tlalpan con Emiliano Zapata y Municipio Libre; de Periférico con Las Flores, Desierto de los Leones, Altavista, Avenida Toluca y Las Palmas; Circuito Interior Miramontes y Calzada de Tlalpan División del Norte, así como, la adecuación del Eje Central que incluyó la construcción de un puente vehicular en su cruce con la Avenida Reforma.
Por lo que se refiere a la infraestructura escolar, se realizó la construcción de 3,203 espacios educativos, el reforzamiento y cimentación de 1,915 planteles, además del mantenimiento y conservación de las escuelas de educación básica, dentro del Programa "Escuela Digna".
En materia de servicios de salud, se otorgó asistencia médica a la población más necesitada de la ciudad y estados circunvecinos, mediante la prestación de 11.5 millones de consultas, 451 mil servicios hospitalarios y la aplicación de 2.7 millones de dosis de vacunas. Se ha prestado especial atención a la prevención del Cólera y el SIDA. Adicionalmente se incrementó la red hospitalaria, con la construcción de los hospitales de Tláhuac, Milpa Alta y Cuajimalpa , así como, la remodelación de los de Magdalena Contreras, Gregorio Salas, Balbuena, La Villa, Xoco, Legaria e Inguarán.
Con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de atención social se han instrumentado programas en favor de adultos indigentes y menores desvalidos, destacando el programa de atención al niño "De y en la Calle".
En lo que respecta a la promoción de vivienda, que incluyó un Acuerdo de Facilidades Administrativas y Subsidios Fiscales, el establecimiento de la Mesa de Concertación de Proyectos de este tipo, la modificación de densidades habitacionales, la derogación del decreto que establecía el congelamiento de rentas y las reformas legales en materia de arrendamiento.
Adicionalmente, a través de sus organismos, el Departamento del Distrito Federal ha construido 21,173 viviendas de interés social para familias de bajos ingresos.
Por otra parte, dentro del "Programa de Mejoramiento del Comercio Popular", se construyeron 21 plazas comerciales para la reubicación de comerciantes en la vía pública del Centro Histórico, que se incorporarán, a la economía formal. Asimismo, se concluyó la construcción de la nueva Central de Pescados y Mariscos; y se realizó la reestructuración administrativa de la Central de Abasto.
En materia de seguridad pública y procuración de justicia, se fortalecieron las acciones mediante
la adquisición de 2,103 patrullas, 3 helicópteros y 220 motocicletas, la profesionalización de los cuerpos policiacos y de los servicios del Ministerio Público; el mejoramiento de los servicios periciales, el establecimiento de las Coordinaciones y Delegaciones Regionales, la operación de agencias especializadas del Ministerio Público, principalmente las de atención de asuntos relacionados con el maltrato al menor, delitos sexuales y robo de infantes.
Asimismo, se creó el Centro de Atención a Víctimas por Violencia Intrafamiliar, los Centros de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales y el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes.
En 1993 se aprobó la Ley de Seguridad Pública que establece nuevas bases para la prestación de los servicios de seguridad con el fin de mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes y, mejorar las acciones de prevención y persecución de delitos.
Por otra parte, se creó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el fin de fortalecer la protección de las garantías individuales frente al ejercicio de las atribuciones de la autoridad.
En materia de promoción al empleo, destaca la creación de la Comisión Mixta para la Modernización de la Industria Micro, Pequeña y Mediana del Distrito Federal, así como de la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones del Distrito Federal, que prevén mecanismos y apoyos para estas actividades.
Asimismo, se estableció la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo en el Distrito Federal.
Adicionalmente, la promoción inmobiliaria en la zona de Santa Fé y el rescate del Centro Histórico, que incluye el programa "Échame una Manita", contempla la rehabilitación y remozamiento de 647 inmuebles, acciones que facilitarán el acceso de inversiones, el crecimiento de la actividad económica y el mejoramiento de la calidad de vida en esta zona.
En otro orden de ideas, se ha reducido la participación del Gobierno de la Ciudad en actividades no estratégicas. Destaca la desincorporación de los Almacenes para los Trabajadores del Distrito Federal y la reconvención y privatización de Industrial de Abastos.
En el aspecto administrativo, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y facilitar los trámites de la ciudadanía, se ha desarrollado un amplio programa de desconcentración y simplificación.
Con el objeto de diversificar los espacios dedicados a la cultura y el esparcimiento, se realizó la adecuación del Auditorio Nacional, la restauración del Museo Trotsky y de los Murales de Diego Rivera en Chapultepec, la creación de la Casa de la Poesía y de la Casa de la Música Mexicana.
Adicionalmente, para promover las actividades recreativas, cabe mencionar la construcción del Parque Ecológico de Xochimilco, los trabajos de remozamiento y modernización del Zoológico de Chapultepec y la rehabilitación de 727 has. del Parque Ecológico del Ajusco.
2. Política de Gasto Sectorial.
La Política de Gasto Público para el ejercicio de 1994 constituye el instrumento orientador sobre la administración y aplicación de los recursos autorizados, a través del cual el Gobierno Capitalino se propone consolidar en el último año, los avances alcanzados en todos los ámbitos de la gestión gubernamental, y seguir coadyuvando en el cumplimiento de los objetivos generales del Plan Nacional de Desarrollo 19891994, particularmente en lo que se refiere al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad, y a la recuperación del crecimiento sostenido de la economía.
Su definición se sustenta en las grandes líneas establecidas en los Criterios Generales de Política Económica, que incorporan los elementos de concertación del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE); y fundamentalmente, en la conciliación de la capacidad de financiamiento y de operación del sector con las necesidades de desarrollo urbano cuya atención permita mejorar los niveles de bienestar social.
Bajo un esquema de congruencia y disciplina presupuestal, la Política de Gasto Sectorial favorece la asignación de recursos destinados a la atención de los servicios públicos que la población demanda, y el mantenimiento de la infraestructura urbana que permita el funcionamiento adecuado de la Ciudad; al mismo tiempo procura la permanencia de las reformas económicas, financieras, administrativas y de gobierno introducidas en el Distrito Federal.
Se reconoce la necesidad de desplegar mayores esfuerzos para ampliar la cobertura de los servicios públicos y mejorar su calidad, principalmente en aquellas zonas y colonias con mayores carencias.
Con estas consideraciones, y de acuerdo a la capacidad financiera del Departamento del Distrito Federal, la Política de Gasto para 1994 se dirige a la atención y superación de los rezagos que aún subsisten; garantiza la atención de los programas que por su impacto económico y social se clasifican como prioritarios; e induce la participación de los sectores social y privado en la solución de la problemática de la Ciudad de México.
De la distribución de recursos presupuestales a nivel administrativo, económico, programático y por ámbitos de actividad, se desprende la orientación social que continúa caracterizando la Política de Gasto en la última etapa de la Administración.
El monto del gasto corriente previsto en el Presupuesto de Egresos es congruente con el tamaño del aparato administrativo y de la infraestructura física requerida para hacer frente a las necesidades que implica la conducción y administración de la metrópoli, y considera los recursos destinados a la atención de los servicios básicos a la población.
Por su parte, los recursos asignados para gastos de capital corresponden al interés gubernamental de concluir las obras públicas en proceso, cuya terminación constituye un compromiso para 1994, y de ejecutar con la oportunidad requerida el programa de mantenimiento y operación de la infraestructura urbana existente.
En congruencia con la Política de Gasto Sectorial, la distribución programática de los recursos presupuestados establece el orden de prioridades con el cual la administración capitalina desarrollará su proyecto anual.
Dicha distribución se sustenta en la manifestación de los problemas cotidianos de la Ciudad, así como en las iniciativas de la propia comunidad, expresadas a través de las organizaciones sociales representativas y en las recomendaciones de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, sienta las bases para garantizar que al final de la administración la situación financiera del Departamento del Distrito Federal sea propicia para enfrentar los pasivos asumidos por el gobierno capitalino, así como para la reorganización de su estructura administrativa, conforme a las necesidades que se deriven de la Reforma Política del Distrito Federal aprobada por ese honorable Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados.
La Política de Gasto del Sector traza las lineas que habrán de conducir su instrumentación, a fin de contribuir al logro de los siguientes objetivos:
Consolidar la estabilidad financiera del Sector Departamento del Distrito Federal.
Elevar los niveles de bienestar social de los núcleos de población capitalina con mayores carencias.
Garantizar el funcionamiento adecuado de la Ciudad, impulsando la conclusión de obras en proceso comprometidas para 1994, así como el mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana en materia educativa, hidráulica, de transporte, salud y vialidad.
Mejorar los servicios de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia; apoyar el funcionamiento de los órganos responsables de garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y de proteger sus intereses; y proporcionar seguridad jurídica a la posesión y tenencia de predios y viviendas adquiridas por las familias asentadas en propiedades de origen social y particular.
Promover la construcción de viviendas de interés social, a través de las instituciones y dependencias coordinadas por el Departamento del Distrito Federal, responsables de la normatividad, regulación, fomento y ejecución directa de este tipo de acciones.
3. Análisis Programático Presupuestal por Ámbito.
El Presupuesto proyectado se integra en siete ámbitos programáticos presupuestales, en los que se agrupan las acciones a desarrollar en 1994, por un total de 16,380.4 millones de nuevos pesos.
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JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
En 1994 se seguirá asegurando el estricto cumplimiento de las garantías individuales y la preservación del Estado de Derecho, a través de la prestación eficiente de los servicios de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
Para la consecución de este objetivo se consolidarán estructural y funcionalmente los órganos competentes, de manera tal que la prestación de servicios de seguridad y vigilancia, garantice la integridad física y patrimonial del ciudadano y la aplicación de mecanismos que faciliten una pronta y expedita procuración e impartición de justicia.
Con este fin se asignarán a este ámbito 2,775.0 millones de nuevos pesos, con los que se llevarán a cabo los siguientes programas:
CO Seguridad Pública 1,954.6 millones de nuevos pesos
CK Promoción de la Justicia 779.2 millones de nuevos pesos
CI Impartición de la Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral, Fiscal y Agraria 41.2 millones de nuevos pesos.
En el marco de lo establecido por la Ley de Seguridad Pública se fortalecerá la ejecución del programa general de formación profesional y del de estímulos y recompensas a los cuadros operativos. Al mismo tiempo, se continuarán modernizando los dispositivos, vehículos y equipa miento de los policías.
La Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial proseguirán con sus tareas de vigilancia especializada.
Por lo que se refiere a la procuración e impartición de justicia se consolidará el proceso de desconcentración de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y se dará especial atención al Programa del Ministerio Público Especializado, así como a los delitos de índole sexual y robo de infantes.
Asimismo, se continuará automatizando el área de averiguaciones previas y se modernizará el equipo del área pericial, a fin de superar rezagos existentes.
Por lo que respecta a la justicia laboral, se continuará trabajando en la armonización de las relaciones obrero patronales, para propiciar un marco de competividad y defensa del empleo.
ECOLÓGICO
Significativa importancia para el bienestar de la población capitalina revisten las acciones para mejorar la calidad de los ecosistemas.
En este sentido, la estrategia planteada considera continuar con la participación corresponsable de
gobierno y sociedad en el proceso de mejoramiento de la calidad del aire bajo el marco normativo del Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; en la prevención y control de la contaminación del agua; en el manejo adecuado de los residuos sólidos; así como en la conservación y restauración de los recursos naturales.
Para ello, se continuará la aplicación de medidas dirigidas a prevenir y controlar la contaminación del aire en coordinación con las diferentes dependencias y organismos del Gobierno Federal, con particular atención en la reducción de la generación de ozono, partículas suspendidas y otros elementos tóxicos.
En lo relativo al uso eficiente del agua, el Sector Departamento del Distrito Federal seguirá avanzando en el tratamiento y reúso para su mejor aprovechamiento por los sectores industrial, agrícola, comercial y de servicios.
Se reforzarán los sistemas de recolección, infraestructura de transferencia de basura y organización para el manejo y disposición sanitaria de los desechos sólidos.
Con apego al marco jurídico existente, se intensificarán acciones de reordenamiento y vigilancia de la zona de conservación ecológica, se impulsarán las actividades de reforestación que eviten la erosión del suelo, contribuyendo a la recarga de los mantos acuíferos y coadyuvando a mejorar el aire en la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Para el logro de estos fines, se destinarán recursos presupuestales por un monto de 1,649.1 millones de nuevos pesos, que se distribuirán en los siguientes programas:
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Con lo anterior, se prevé llevar a cabo entre otras acciones las siguientes:
Coadyuvar a consolidar los resultados alcanzados en el control de los contaminantes más nocivos, mediante una mayor vigilancia en el cumplimiento de los programas de verificación vehicular y "Hoy No Circula", así como de los acuerdos derivados del Pacto Ecológico con los industriales.
Avanzar en la restitución de las condiciones ecológicas del Lago de Texcoco, a través de acciones de desazolve y rectificación de cauces, así como en la zona del Gran Canal de Desagüe mediante las obras de entubamiento.
Consolidar los sistemas de recolección, transferencia e infraestructura de disposición final de residuos sólidos bajo una concepción metropolitana.
Avanzar en la preservación y restauración de los recursos naturales mediante acciones de reforestación urbana, protección de la zona de reserva ecológica, e incremento de la densidad forestal con particular énfasis en las sierras de Guadalupe y Santa Catarina.
BIENESTAR SOCIAL
En este ámbito se proseguirán realizando acciones dirigidas a mejorar los niveles de vida de los habitantes del Distrito Federal, principalmente de los que presentan mayores carencias, a través de la atención de la demanda de vivienda, de la infraestructura educativa, el otorgamiento de servicios de salud y protección social, así como de la promoción de la cultura, el deporte y el esparcimiento.
En 1994 se ejercerán 2,991.5 millones de nuevos pesos, asignados a los siguientes programas:
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En cuanto a la atención a la salud, se fortalecerá la prestación de servicios preventivos, entre los cuales son de mencionarse las labores de apoyo a la prevención y control del SIDA y el Cólera, así como mantener la cobertura lograda de vacunación universal en la población menor de 5 años del Distrito Federal y se procurará la atención curativa a pacientes ambulatorios, hospitalizados y a los que presenten urgencias o requieran de servicio médico legal.
Con el fin de mejorar la calidad de la atención se continuará la capacitación permanente de los recursos humanos, y la reordenación y modernización de la infraestructura hospitalaria. Se seguirán realizando acciones de protección social y servicios comunitarios, orientando los esfuerzos hacia la rehabilitación de adultos indigentes y menores desvalidos. De igual modo se continuará impulsando la capacitación de adultos desempleados, principalmente de jóvenes, para su incorporación al mercado de trabajo.
En el sistema de reclusorios se proseguirán aplicando programas de readaptación, brindando a los internos enseñanza y capacitación, así como asesoría jurídica de oficio. Por otra parte, se continuarán atendiendo los reclamos y observaciones de la ciudadanía, respecto a los servicios que brinda el Departamento del Distrito Federal. En todos los ámbitos de la Ciudad se proseguirá el fomento, promoción y apoyo a las actividades cívicas, culturales recreativas y deportivas.
Se dará mayor impulso a las políticas y mecanismos para atraer mayores recursos a los programas de vivienda, promoviendo la participación de entidades financieras, grupos sociales y las diferentes dependencias y organismos involucrados en esta materia. Destaca por su importancia la utilización de financiamientos a través de créditos puente de la banca.
Se fortalecerá la acción de la Comisión de Aguas del Distrito Federal, con el fin de avanzar en los procesos de medición y control de consumos de agua, propiciando un uso racional del líquido.
TRANSPORTE
Con la finalidad de avanzar en la consolidación de un sistema de transportación masivo, de alta eficiencia en favor de la productividad, con seguridad y confiabilidad para el usuario, con el menor costo ecológico y social posible, el Gobierno Capitalino proseguirá, en el marco del Programa Integral de Transporte, con el desarrollo de tareas de modernización y reorganización de los diferentes medios de este servicio que coordina el Sector Departamento del Distrito Federal.
En el marco del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, se fortalecerán las acciones de desregulación, en especial las relativas al transporte urbano de carga y pasajeros. Las tarifas de los medios de transporte público se fijaran atendiendo criterios de estabilidad y competitividad.
Para hacer frente a esta responsabilidad, se trabajará en cinco líneas fundamentales de acción consistentes en mejorar la administración y operación de los organismos; aplicar una política de conservación del parque vehicular; ampliar el rango de atención hacia zonas habitadas por sectores de población de escasos recursos; concertar voluntades con los gobiernos de estados limítrofes, especialmente con el Estado de México, para la homologación de normas, procedimientos, criterios y acciones; así como adecuar el marco normativo existente.
Con objeto de dar cumplimiento a lo anterior, los recursos previstos para 1994 ascenderán a 3,449.0 millones de nuevos pesos, que se desglosan en los siguientes programas:
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Entre las acciones que se llevarán a cabo destacan la conclusión y puesta en marcha de la linea 8 del Metro, que brindará servicio de Garibaldi a Constitución de 1917; el inicio del proyecto de la línea 10 que conectará a la red actual con las colonias del Noreste del Área Metropolitana de la Ciudad de México; la rehabilitación de autobuses; la reconstrucción de trolebuses y conservación y mantenimiento del tren ligero; así como el mantenimiento y conservación de instalaciones, inmuebles, equipos, red de vías, estaciones y edificios de los organismos del transporte.
INFRAESTRUCTURA URBANA
La estrategia trazada en este ámbito se dirige hacia el fortalecimiento de la infraestructura urbana y el mejoramiento de los servicios básicos a la ciudadanía, con la finalidad de elevar las condiciones de vida de sus habitantes.
Para el cumplimiento de estos objetivos, se asignaron a este ámbito recursos por un monto total de 2,725.2 millones de nuevos pesos, que se distribuyen en los siguientes programas:
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Lo anterior permitirá que la Ciudad cuente con una infraestructura vial cada vez más adecuada. Se dará prioridad a la terminación de obras como el Arco Norte del Anillo Periférico, con lo que se cerrará el circuito en su salida a Querétaro; los puentes a desnivel en los cruces de Avenida Tláhuac y Río Churubusco con Periférico; y el puente vehicular Gran Canal Periférico.
Por lo que toca a la conservación de áreas verdes y parques recreativos se llevarán a cabo obras de conservación y mantenimiento en distintos puntos de la Ciudad.
De igual forma, se dará mantenimiento y conservación a la infraestructura instalada del sistema de alumbrado público y se incorporarán nuevas luminarias en diversas delegaciones.
Para continuar con las actividades de reordenamiento urbano en el Distrito Federal, se continuará avanzando en la reglamentación del adecuado uso del suelo; constitución de reservas territoriales y ecológicas; redensificación; y aplicación de medidas de orden jurídico para la regularización de la tenencia de la tierra.
A fin de contar con la infraestructura hidráulica que permita atender los requerimientos que demanda el crecimiento urbano, se seguirá actuando en el desarrollo de obras, el mejor aprovechamiento de los caudales que ingresan a la ciudad, la preservación de fuentes de abastecimiento, uso eficiente del agua, así como desalojo y tratamiento de aguas residuales.
En este sentido, destaca la contaminación de obras de Acueducto Perimetral, red primaria y secundaria de agua potable y drenaje; avance en la construcción del túnel para el drenaje profundo y semiprofundo; así como el entubamiento del Gran Canal de Desagüe.
ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN.
Respecto al abasto y comercialización de productos básicos, se continuarán orientando los esfuerzos para beneficiar a los grupos de menores recursos, principalmente a través del mejoramiento de los canales de distribución tradicionales, y la modernización comercial en materia de tianguis y mercados públicos.
Para el cumplimiento de estos objetivos se ha previsto la asignación de 148.4 millones de nuevos pesos que serán ejercidos a través de los siguientes programas:
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Mediante estos programas se pretende ejecutar las acciones de modernización de 954 ubicaciones de tianguis y mercados sobre ruedas; modernizar operativa y comercialmente a 115 mercados públicos; concertar convenios delegacionales y gremiales, así como la organización de jornadas de abaratamiento.
Se continuará incrementando la infraestructura de lecherías del programa DDF - Conasupo.
Dentro de este apartado se considera también la atención de la demanda de impresión de las unidades administrativas y organismos del sector DDF, destacando por su importancia la impresión de boletos de viaje unitario y temporal para el Sistema de Transporte Colectivo METRO.
ADMINISTRATIVO.
El objetivo de este ámbito consiste en planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades que realiza el Sector Departamento del Distrito Federal, para brindar un mejor servicio a la población.
Para estos fines, se asignan 2,642.2 millones de nuevos pesos, para atender los siguientes programas:
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Las principales acciones a desarrollar son las siguientes:
Actualizar los mecanismos administrativos que permitan eficientar las distintas actividades y servicios que presta el Sector Departamento del Distrito Federal, a través de los 42 programas autorizados.
Acentuar la aplicación del principio de corresponsabilidad entre los servidores públicos, en la ejecución de las funciones sustantivas que les corresponde atender y de las disposiciones que regulan el servicio público, en las áreas de atención al ciudadano.
Definir e instrumentar las políticas y estrategias generales de programación, presupuestación, control y evaluación que normarán el que hacer del Gobierno capitalino. Continuar con los trabajos de inspección fiscal con objeto de combatir la evasión, buscando ampliar el registro de nuevos contribuyentes y fortalecer la ampliación de la base tributaria.
Proseguir las acciones de modernización de la Administración Tributaria, con el fin de mejorar la recaudación. Promover la coordinación metropolitana y los convenios y acuerdos de colaboración con los
gobiernos estatales y municipales del centro del país.
En cumplimiento a las disposiciones legales establecidas, se apoyarán las acciones a desarrollar por el Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, de conformidad al convenio suscrito al efecto.
Fomentar la actividad económica y generar empleos en la Ciudad, mediante la coordinación de acciones entre el sector público y privado, por medio de la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones del Distrito Federal (COMPEX-DF) y la Comisión Mixta para la Modernización de la Industria Micro, Pequeña y Mediana del Distrito Federal (COMIN).
4. ANEXO PRESUPUESTAL
El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 1994, que se somete a la consideración de esa Soberanía, contempla un monto global que asciende a 16,380.4 millones de nuevos pesos, de los cuales el 99.3% corresponde al gasto primario con 16,268.4, y el restante 0.7% a los intereses de la deuda con 112.0 millones de nuevos pesos.
Del gasto primario, 16,073.4 millones de nuevos pesos se clasifican como gasto programable (98.8%) y los restantes 195.0 como Adefas (1.2%).
Atendiendo la necesidad de recursos de las unidades ejecutoras del gasto para el cumplimiento de sus funciones básicas y prioritarias, al Sector Central se asignan 12,246.6 millones de nuevos pesos de gasto programable, mientras que a las Entidades coordinadas se destinan 3,826.8 millones de nuevos pesos, los cuales incluyen 2,025.7 de aportaciones del Departamento del Distrito Federal. Del gasto programable total, el Sector Central absorbe el 76.2% y los organismos el restante 23.8%.
En lo que se refiere a la propuesta de gasto no programable por un monto total de 307.0 millones de nuevos pesos, al rubro de intereses y gastos de la deuda corresponden 112.0 y al de Adefas 195.0 millones de nuevos pesos.
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Del proyecto de gasto programable total, 9,869.4 se clasifican como gasto corriente, es decir el 61.4%, mientras que al gasto de capital corresponden 6,204.0 millones de nuevos pesos que a su vez representan el 38.6%.
Las erogaciones corrientes propuestas son acordes a las necesidades del aparato administrativo del Sector, la plantilla de personal requerida para atender las responsabilidades de Gobierno, y las instalaciones y equipos indispensables para su adecuado funcionamiento. De ahí que el capítulo de servicios personales absorba el 57.9% del gasto corriente total; el de servicios generales, 28.4%; y el de materiales y suministros, 11.2%.
Por su parte los recursos previstos para gasto de capital responden al propósito de atender primordialmente los compromisos de obras públicas en proceso, cuya terminación está programada para 1994, y asegurar la continuidad de aquellas de mediano y largo plazo, a fin de ampliar la infraestructura urbana para avanzar en la atención de las necesidades de la Ciudad, y promover por esa vía la generación de empleos que la población demanda; asimismo el gasto propuesto se orienta a cubrir las necesidades de corto plazo relativas a la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Por tal motivo, para el capítulo de obras públicas se asignan 5,012.3 millones de nuevos pesos, que representan el 80.8% del gasto de capital, y 1,097.8 al capítulo de bienes muebles e inmuebles (17.7%).
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
El proyecto de presupuesto para las unidades administrativas y órganos desconcentrados del Sector Central, asciende a 12,552.7 millones de nuevos pesos en cifras netas, distribuidos en 12,246.6 de gasto programable, 195.0 de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), y 111.1 de Intereses y Gastos de la Deuda. Esta cifra no considera 2,025.7 millones de nuevos pesos correspondientes a las aportaciones del D.D.F. para las entidades coordinadas.
En su estructura económica, el Gasto Programable directo del Sector Central se desglosa en 7,105.3 millones de nuevos pesos para gasto corriente (58.0%) y 5,141.3 para gasto de capital (42.0%).
Con relación a las erogaciones corrientes, es importante hacer notar que en este rubro quedan comprendidos los recursos necesarios para la operación de la infraestructura administrativa del propio D.D.F., así como los del Tribunal Superior de Justicia, la Asamblea de Representantes y otras instituciones de carácter público cuya operación depende básicamente de las transferencias que el Departamento les otorga.
En razón de lo anterior, destacan en este rubro las asignaciones del capítulo de servicios personales con 4,168.7 millones de nuevos pesos, servicios generales con 2,090.9, materiales y suministros con 646.4 millones de nuevos pesos.
Por lo que respecta al gasto de capital, el proyecto considera un importe de 5,141.3 millones de nuevos pesos, de los cuales el capítulo de obras públicas absorbe el 88.2% con 4,533.8, en tanto que para la adquisición de bienes muebles e inmuebles se prevén 607.5, es decir, el 11.8%.
Con base en estos recursos, el Departamento del Distrito Federal dará conclusión y continuidad a las diferentes obras y proyectos urbanos que contribuyan al desarrollo de la Ciudad y al bienestar social de los habitantes, y se reforzarán los programas de mantenimiento y conservación de la infraestructura existente.
Es conveniente hacer mención que para el Programa Nacional de Solidaridad 1994 se consideran 200.0 millones de nuevos pesos provenientes de transferencias del Gobierno Federal, destinados al apoyo y ejecución de obras y proyectos vinculados a la prestación de servicios comunitarios en las delegaciones del Departamento del Distrito Federal, como pavimentación, drenaje, electrificación, vivienda y otras acciones de asistencia social.
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ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL
Para el ejercicio de 1994 el Gobierno capitalino se propone consolidar los avances obtenidos en el programa de modernización de las Entidades paraestatales coordinadas por el D.D.F., impulsando las acciones que permitan fortalecer su situación financiera y al mismo tiempo su autonomía de gestión, para cumplir adecuadamente con la función que en el programa de Gobierno les corresponde desarrollar.
En ese sentido, los esfuerzos se dirigirán a incrementar su eficiencia y productividad como condición para mantener y en su caso ampliar la cobertura de los servicios comprometidos con la población.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de los Organismos y Empresas coordinados contempla un monto de 3,827.7 millones de nuevos pesos, cifra que incluye 2,025.7 de aportaciones del D.D.F.; del total, 3,826.8 corresponden al gasto programable, y los restantes 0.9 al servicio de la deuda.
Si bien todas las entidades coordinadas por el Sector desempeñan un papel relevante en la actividad económica y social de la Ciudad, destacan los organismos del transporte por el monto de recursos presupuestales que requieren para su adecuado funcionamiento, así como por el volumen de servicios de transportación que brindan a la ciudadanía.
Sin embargo, es importante mencionar que la atención de este servicio le significa al Gobierno capitalino un esfuerzo adicional, al destinar un monto considerable de recursos en beneficio de los usuarios de estos medios, contribuyendo simultáneamente a la disminución de los índices de la contaminación ambiental.
Los recursos asignados a los Organismos del Transporte en conjunto ascienden a 2,848.0 millones de nuevos pesos, que representan el 74.4% respecto al total. Dicho presupuesto incluye 1,897.2 millones de nuevos pesos por concepto de aportaciones, los que a su vez significan el 93.7% del total de aportaciones programadas.
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El gasto propuesto se prevé cubrir a través de las siguientes fuentes de financiamiento: 7,978.7 millones de nuevos pesos de ingresos propios del Sector Central; 6,199.7 de participaciones de impuestos federales; 1,802.0 de ingresos propios de las Entidades coordinadas; 200.0 de transferencias del Gobierno Federal; y 200.0 de Adefas.
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De los niveles de ingreso y gasto propuestos, el ahorro corriente del Sector D.D.F. asciende a 6,009.2 millones de nuevos pesos, de los cuales el 92.1% corresponde al Sector Central y 7.9% a los Organismos y Empresas.
Dichos ahorros permitirán financiar las erogaciones previstas para ejecutar el Programa de Inversiones, tendiente a mantener y ampliar la infraestructura urbana en general.
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En resumen, el monto, estructura y distribución de los recursos previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal para el ejercicio de 1994, se enmarcan en las directrices de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, y delinean las acciones que en el ámbito de sus responsabilidades desarrollará el Gobierno capitalino para contribuir a la consecución de los objetivos macroeconómicos establecidos.
Con base en los propósitos expuestos, la política de gasto, los programas, acciones y metas específicas que el Gobierno de la Ciudad se propone realizar en dicho ejercicio, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 20, 23 y 24 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como en el artículo 7o. de la Ley de Planeación, el Ejecutivo a mi cargo somete a la consideración de esa H. Representación Nacional, la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal relativo al ejercicio fiscal de 1994, para su examen y discusión.
«INICIATIVA DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 1994
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio presupuestal y el control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1994, se sujetarán a las disposiciones de este Decreto y a las demás aplicables en la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para las unidades administrativas, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, que integran el Sector Departamento del Distrito Federal, y demás asignaciones que a continuación se indican, importan la cantidad de N$15,817,748,900 (quince mil ochocientos diecisiete millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos nuevos pesos), y se distribuyen de la forma siguiente:
Jefatura del Departamento 14,464,400
Secretaría General de Gobierno 23,385,300
Secretaría General de Planeación y
Evaluación 3,801,700
Secretaría General de Obras 20,416,700
Oficialía Mayor 7,141,200
Procuraduría Social del Distrito Federal 11,312,800
Secretaría General de Desarrollo Social 56,000,200
Dirección General de Gobierno 18,027,200
Contraloría General 19,555,300
Tesorería 390,083,200
Secretaría General de Protección y Vialidad 1,097,028,800
Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas 17,845,000
Dirección General de Programación y Presupuesto 14,695,300
Policía Bancaria e Industrial 406,383,500
Policía Auxiliar 603,131,100
Comisión de Aguas del D.F. 198,215,600
Comisión de Derechos Humanos del D.F. 10,000,000
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 107,486,900
Coordinación General Jurídica 15,729,400
Dirección General de Trabajo y Previsión Social 8,624,300
Dirección General de Acción Social, Cívica y Cultural 111,251,300
Dirección General de Servicios Médicos 439,496,300
Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social 232,372,000
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 19,711,700
Dirección General de Promoción Deportiva 61,343,600
Dirección General de Servicios Urbanos 865,389,400
Dirección General de Obras Públicas 262,341,300
Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 1,222,005,100
Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica 92,571,700
Planta de Asfalto 52,875,400
Dirección General de Regularización Territorial 44,523,600
Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos 10,941,600
Dirección General de Servicios Legales 25,226,700
Secretaría General Adjunta de Coordinación Metropolitana 4,793,400
Dirección General de Concertación con las Entidades Federativas 1,787,000
Dirección General de Relaciones Institucionales 1,883,300
Dirección General de Turismo 4,715,900
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 50,211,600
Delegación Alvaro Obregón 183,282,800
Delegación Azcapotzalco 137,689,600
Delegación Coyoacán 174,436,200
Delegación Cuajimalpa de Morelos 87,471,300
Delegación Gustavo A. Madero 283,885,800
Delegación Iztacalco 112,972,300
Delegación Iztapalapa 316,414,400
Delegación Magdalena Contreras 88,765,000
Delegación Milpa Alta 71,873,600
Delegación Tláhuac 95,082,000
Delegación Tlalpan 152,382,300
Delegación Xochimilco 108,114,000
Delegación Benito Juárez 148,263,300
Delegación Cuauhtémoc 295,821,800
Delegación Miguel Hidalgo 183,658,300
Delegación Venustiano Carranza 192,857,100
Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural 174,514,700
Coordinación General de Abasto y Distribución 52,411,700
Comisión de Vialidad y Transporte Urbano 780,534,100
Servicio Público de Localización Telefónica 4,883,200
Coordinación General de Transporte 17,353,400
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 32,643,500
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 14,010,800
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 566,978,200
Cooperaciones y Seguridad Social 76,684,900
Servicio de las Dependencias 1,013,113,500
Servicio de las Delegaciones 78,083,700
Aportaciones a Organismos Descentralizados 2,025,685,900
SUMA 14,016,636,200
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Artículo 3o. El Presupuesto de Egresos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, importa la cantidad de N$72,288,000 (setenta y dos millones doscientos ochenta y ocho mil nuevos pesos).
Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal importa la cantidad de N$183,356,000 (ciento ochenta y tres millones trescientos cincuenta y seis mil nuevos pesos).
Artículo 5o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el pago del servicio de la deuda, importan la cantidad de N$111,093.400 (ciento once millones noventa y tres mil cuatrocientos nuevos pesos).
El servicio de la deuda de las Entidades coordinadas, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, importa la cantidad de N$ 942,000 (novecientos cuarenta y dos mil nuevos pesos). Las asignaciones para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores del Departamento del Distrito Federal, importan la cantidad de N$195,000,000 (ciento noventa y cinco millones de nuevos pesos).
El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de Deuda Pública correspondiente al Departamento del Distrito Federal,
hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de la colocación de deuda, en términos nominales, por no afectar estas operaciones compensadas el saldo neto de la Deuda Pública. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos compensados a la Cámara de Diputados, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable también a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal coordinados por el Departamento del Distrito Federal.
Artículo 6o. Las asignaciones anteriores se ejercerán con base en los objetivos, metas y costos que en el mismo se consignan, integrando los programas y subprogramas que arrojan los totales del gasto de las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, coordinados sectorialmente por el Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo a la apertura programática, las asignaciones para cada uno de los programas que se indican, son las siguientes:
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Artículo 7o. Los titulares de las Unidades Administrativas y Entidades coordinadas del Sector Departamento del Distrito Federal, así como los Órganos de Gobierno correspondientes, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, Planes Sectoriales, Programa Operativo Anual, y demás programas que se formulen con base en la Ley de Planeación.
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación en el ámbito de sus competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos del Departamento del Distrito Federal y Entidades del Sector, en relación con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas.
Igual obligación y para los mismos fines, tendrá el Departamento del Distrito Federal respecto de las Entidades Paraestatales agrupadas en el Sector que coordina.
Artículo 8o. En el ejercicio del presente presupuesto, las Unidades Administrativas y Entidades coordinadas del Sector, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Departamento del Distrito Federal.
Salvo lo previsto en los artículos 12 y 31 de este Decreto, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, así como ampliaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia, las Unidades Administrativas y Entidades del Sector deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetando sus compromisos de pago a sus calendarios aprobados.
Artículo 9o. Para que el Departamento del Distrito Federal y sus Entidades Coordinadas puedan ejercer créditos internos o externos destinados a financiar proyectos o programas específicos, será necesario contar con la autorización previa y expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los recursos que se prevean ejercer por este concepto, serán intransferibles y sólo podrán aplicarse a los proyectos para los cuales fueron contratados los créditos.
En los créditos que contraten las Entidades Paraestatales, se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de la deuda que los mismos generen.
Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las Unidades Administrativas y Entidades, deberán utilizar los recursos externos que se contraten, para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.
Las Unidades Administrativas y Entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales, debidamente justificados y de acuerdo con la normatividad vigente.
Artículo 10. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá reservarse la autorización de ministraciones de fondos federales al Departamento del Distrito Federal, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria coordinados sectorialmente por el propio Departamento, en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos, con base en lo dispuesto por el artículo 35 de este Decreto.
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos, y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumplan con las metas de los programas aprobados, o se detecten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos.
III. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
V. En el caso de las aportaciones autorizadas por el Departamento del Distrito Federal, las Entidades que no remitan la información programático presupuestal en los términos y plazos establecidos, motivará la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren aprobado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado.
Artículo 11. El Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio del presupuesto, vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad de los titulares de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, y de los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales coordinadas por el Departamento del Distrito Federal, contraer compromisos fuera de las limitaciones de sus presupuestos aprobados, acordar erogaciones que no se vinculen a la atención de los servicios públicos y al cumplimiento de las metas durante el ejercicio presupuestal; así como del Jefe del Departamento del Distrito Federal autorizar dichos compromisos, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 12. En caso de que los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1994, excedan del monto del presupuesto aprobado, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a solicitud del Jefe del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en la forma siguiente:
I. Los ingresos ordinarios excedentes a que se refiere el artículo 1o. de la citada Ley de Ingresos del Departamento, únicamente serán aplicados a los programas señalados como prioritarios en el artículo 16 del Capítulo II de este Decreto;
II. Los excedentes sobre los ingresos ordinarios presupuestados de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria del Sector Departamento del Distrito Federal a que se refiere este Decreto, serán canalizados para fortalecer, cuando así lo amerite, su propia situación financiera;
III. Los Ingresos que obtenga el Departamento del Distrito Federal como consecuencia de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros, serán aplicados a programas específicos autorizados por el C. Jefe del Departamento del Distrito Federal.
IV. Los ingresos extraordinarios que obtenga el Departamento del Distrito Federal y sus Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, se destinarán a los programas específicos para los que hubieran sido contratados.
El Ejecutivo Federal, al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente a 1994, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en este artículo.
Artículo 13. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Sector, no podrán destinarse a fines específicos, y deberán ser enterados a la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
Artículo 14. El Ejecutivo Federal efectuará las reducciones o ajustes de los importes de los presupuestos aprobados al Departamento del Distrito Federal y sus Entidades coordinadas, en los supuestos y términos que establece el artículo 15 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1994, con excepción a lo dispuesto por el artículo 16 de este Decreto.
CAPITULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales
Artículo 15. Sin perjuicio de lo que establecen el presente Decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, el Titular del Departamento del Distrito Federal y los de las Entidades coordinadas sectorialmente por éste, así como los Órganos de Gobierno respectivos serán responsables, en los términos de este Capítulo, de la estricta observancia de las siguientes disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales. Su incumplimiento
motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la Ley.
Artículo 16. De acuerdo a las necesidades planteadas por la población del Distrito Federal, el Gobierno de la Ciudad establece para la atención de las mismas los siguientes programas prioritarios:
CK Promoción de la Justicia.
CO Seguridad Pública.
3Z Regulación y Preservación Ecológica.
DJ Atención Preventiva.
DK Atención Curativa.
EC Construcción y Adecuación para Agua Potable.
ED Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.
EI Transporte Colectivo, Metro y Tren Ligero.
5E Vivienda.
5F 12 Conservación y Mantenimiento de la Planta Física para la Educación y la Capacitación.
5I Edificios para Servicios de Salud y Seguridad Social.
5M Infraestructura Ecológica.
FA 02 Silvícola.
FQ Servicio de Transporte Urbano e Interurbano.
Ninguno de estos programas podrá ser reducido presupuestalmente, excepto cuando se hubiesen cumplido las metas originalmente programadas, en cuyo caso los recursos se podrán transferir a otros programas de este mismo grupo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por sí o a propuesta del Departamento del Distrito Federal, podrá determinar la eliminación de conceptos de gasto y la liberación de recursos asignados a los programas no prioritarios, con objeto de fomentar el ahorro presupuestal o de canalizar recursos a los programas prioritarios o emergentes.
Artículo 17. Las Unidades Administrativas y Entidades coordinadas del Sector Departamento del Distrito Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover en su caso, el traspaso interno de las mismas, sin perjuicio de los derechos de los trabajadores. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del Titular del Departamento del Distrito Federal podrá autorizar la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de Salud, Administración de Justicia, Seguridad Pública y Transporte Urbano.
Los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello contribuya a elevar el superávit de operación; se establezcan metas específicas a este respecto y se cuente con los recursos propios que se requieran, y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio Órgano de Gobierno, debiendo informar de lo anterior a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación.
La designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores surtirá efecto a partir de la fecha en que se reciba la autorización correspondiente, sin que en ningún caso pueda dárseles efectos retroactivos.
Las Unidades Administrativas y Entidades no podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales aprobadas en el ejercicio de 1993, debiendo ser éstas acordes con las normas vigentes, por lo que cualquier adecuación sólo podrán hacerla, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las Entidades Paraestatales, por su Órgano de Gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.
Artículo 18. Las Unidades Administrativas y Entidades del Sector Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio de sus asignaciones por concepto de servicios personales, deberán:
I. En las acciones de descentralización, dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, sin que ello implique la creación de nuevas plazas.
II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores del Departamento del Distrito Federal, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas, conforme a las normas y lineamientos que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
en el caso de las Entidades del Sector, por el Órgano de Gobierno respectivo conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por productividad, eficiencia, y calidad, así como otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Órgano de Gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las Entidades Paraestatales que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas.
III. Abstenerse de cubrir remuneraciones por concepto de honorarios y salarios al personal eventual, que rebasen los montos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien, que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos, celebrados en el ejercicio de 1993.
Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la Unidad Administrativa o Entidad de que se trate.
La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la Unidad Administrativa o Entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuenta. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, o por el Órgano de Gobierno de la Entidad de que se trate.
IV. Observar la normatividad que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de remuneraciones a miembros de Órganos de Gobierno, o de vigilancia de Entidades Paraestatales.
V. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y
VI. Abstenerse de realizar traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones para el capítulo de servicios personales, excepto los casos que autorice el C. Jefe del Departamento del Distrito Federal.
El presupuesto destinado para programas de capacitación en las Unidades Administrativas y Entidades, se ajustará en cuanto a su ejercicio, a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no podrá ser transferido a otras partidas.
Artículo l9. Los Titulares de las Unidades Administrativas, los Órganos de Gobierno y los directores de las Entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo, y de la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia; así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este decreto y las que resulten aplicables en la materia.
Artículo 20. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal y de sus Entidades coordinadas sectorialmente para el año de 1994, no se podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo, vehículos terrestres y marítimos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para su operación. En consecuencia, se deberá optimizar el uso de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan, y
II. Vehículos aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad pública, la procuración de justicia, los servicios de salud, y para el desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos.
Las Unidades Administrativas y Entidades del Departamento del Distrito Federal sólo podrán arrendar bienes muebles e inmuebles para su servicio, cuando no sea posible o conveniente su adquisición.
En el caso de arrendamientos financieros de bienes muebles e inmuebles, las condiciones de pago deberán ofrecer ventajas con relación a otros medios de financiamiento. Asimismo, se deberá hacer efectiva la opción a compra, a menos que ello no resulte conveniente, lo que deberá ser acreditado debidamente ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Cualquier erogación que realicen las Unidades Administrativas por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, requerirá de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la forma y términos que ésta determine.
Tratándose de Entidades Paraestatales, se requerirá de la autorización específica y previa de su Órgano de Gobierno, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.
Las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, deberán aplicar en los pedidos y contratos que en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios relacionados con los mismos contraigan, los descuentos que procedan con motivo de los acuerdos adoptados en el seno del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo.
Artículo 21. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable; su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del Titular del Departamento del Distrito Federal o del Órgano de Gobierno de la Entidad correspondiente:
I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero; congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de servicios bancarios, correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable y donativos, en los términos de artículo 28 de este Decreto.
II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y
III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las Unidades Administrativas y Entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.
Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1994, deberán ser autorizadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, por las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, y las que efectúen las Entidades, se autorizarán por el Órgano de Gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías.
Artículo 22. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1994:
I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios de educación, salud, vivienda, protección del medio ambiente, equipamiento urbano, seguridad e impartición de justicia, con especial atención de aquellos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos; así como para la modernización de la infraestructura básica de transportes, hidráulica, y energía eléctrica; a los que estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y los que presenten un mayor grado de avance físico.
El Departamento del Distrito Federal y las Entidades coordinadas, sólo podrán iniciar proyectos cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento, y en ningún caso cuando existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles.
II. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada para abatir costos. En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles.
III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;
IV. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales colindantes para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción estratégicos y prioritarios, como parte de la modernización económica y social comprendidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
V. Los proyectos de inversión de las Unidades Administrativas y Entidades que sean financiados con créditos externos, deberán sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a sus atribuciones.
Artículo 23. Las erogaciones por concepto de transferencias del Gobierno Federal y las aportaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, se
sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los demás programas formulados conforme a la Ley de Planeación y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios.
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación, se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos.
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores.
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social, serán congruentes con los fines de la estrategia económica del Plan Nacional de Desarrollo, dando prioridad a las actividades del sector social y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos.
V. Las transferencias del Gobierno Federal y las aportaciones del Departamento del Distrito Federal, destinadas al apoyo de las Entidades Paraestatales del Sector, se deberán orientar selectivamente hacia las actividades estratégicas y prioritarias, así como a fortalecer el cambio estructural, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo.
VI. Las Entidades Paraestatales del Sector Departamento del Distrito Federal beneficiarias de transferencias y/o aportaciones, deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales; y
VII. No se deberán otorgar transferencias o aportaciones cuando no se precisen claramente los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 24. Para la autorización de transferencias o aportaciones a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y Fideicomisos con cargo al presente Presupuesto de Egresos, corresponderá al Departamento del Distrito Federal en su carácter de Coordinador Sectorial, verificar previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la Entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos.
II. Que las Entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase; y
III. El avance físico financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
El Departamento del Distrito Federal suspenderá la ministración de fondos, cuando las Entidades beneficiarias no remitan la información físico financiera en la forma y términos establecidos en el artículo 35 de este Decreto.
Artículo 25. Cuando el Gobierno Federal deba diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas al Departamento del Distrito Federal, en su carácter de Coordinador de Sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 26. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, celebrarán con el Departamento del Distrito Federal convenios para:
I. El establecimiento de metas de desempeño, de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado; y
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de Entidades Paraestatales, estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos, de acuerdo a los fines para los que fue creada y siempre que la Entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero, que se presente a mas tardar el 31 de mayo de 1994 a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y sea aprobado por ésta.
La Comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios, respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, la Comisión, en los términos de las disposiciones
legales aplicables, propondrá al Departamento del Distrito Federal y a la Entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con base en las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.
La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento establecerá los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo, y determinará las Entidades Paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los Órganos de Gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las Entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios a que se refiere este artículo.
Artículo 27. Únicamente el Titular del Departamento del Distrito Federal podrá autorizar subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos. Estos subsidios solo se aprobarán para la consecución de los objetivos de los programas contenidos en dicho presupuesto, o que se consideren de beneficio social.
Artículo 28. Las Unidades Administrativas, los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria del Sector, solo podrán ministrar donativos, otorgar gratificaciones, obsequios o ayudas de cualquier clase, con autorización previa y por escrito del Titular del Departamento del Distrito Federal.
El Titular del Departamento del Distrito Federal se abstendrá de autorizar subsidios, donativos o ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquéllos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Sector Departamento del Distrito Federal, o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Para efectos del control presupuestal deberán considerarse tanto los donativos en dinero como en especie.
Artículo 29. El Departamento del Distrito Federal, proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información sobre las transferencias que hubiese recibido durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias, a más tardar el día 25 del mes siguiente al del ejercicio de dichos recursos. Esta información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 35 del presente Decreto. Asimismo, los Titulares de las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, serán los responsables de llevar el registro contable mensual de la aplicación de recursos que hagan por los conceptos de gasto mencionados.
Artículo 30. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará los lineamientos a que deberá sujetarse el Sector Departamento del Distrito Federal respecto de las disponibilidades financieras con que cuente durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles, salvo en el caso de valores gubernamentales de renta fija.
Para tal efecto el Departamento del Distrito Federal y sus Entidades coordinadas sectorialmente proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información del Ingreso y Gasto Públicos a que se refiere el artículo 35 de este Decreto.
El Departamento del Distrito Federal y sus Entidades coordinadas sectorialmente, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar cinco puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio.
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como con las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipo de cambio en el financiamiento de los programas, efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto, en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.
Artículo 32. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las Unidades Administrativas y Entidades durante el año de 1994, serán los siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el Importe del Impuesto al Valor Agregado.
El Departamento del Distrito Federal y sus Entidades coordinadas sectorialmente se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiese saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 33. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado por lo menos a 3 proveedores según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus Entidades coordinadas sectorialmente, durante el año de 1994, serán las siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el Importe del Impuesto al Valor Agregado.
El Departamento del Distrito Federal y sus Entidades coordinadas sectorialmente se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiese saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 34. Las Unidades Administrativas y Entidades del Sector Departamento del Distrito Federal estarán obligadas a celebrar los contratos necesarios, a fin de asegurar adecuadamente sus bienes patrimoniales conforme a los lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual deberá tomar en cuenta, en su caso, la opinión de la Secretaría de Desarrollo Social.
Artículo 35. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, así como el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información del Ingreso y Gasto Públicos, y establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho Sistema, los cuales deberán ser del conocimiento de las Unidades Administrativas y Entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.
Las Unidades Administrativas y Entidades deberán cumplir con las solicitudes de información que demande el Sistema. Para tal efecto, las Dependencias a que se refiere el párrafo anterior, conjuntamente con el Departamento del Distrito Federal harán compatibles los requerimientos de información que demande el Sistema, racionalizando los flujos de información.
Artículo 36. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Departamento del Distrito Federal presentará un informe trimestral a la H. Cámara de Diputados y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal sobre la ejecución de su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 1994, el cual contendrá los avances de la consecución de las metas de los principales programas contenidos en su Presupuesto de Egresos, correlacionándolos con los recursos aplicados, en cada una de sus Unidades Administrativas y Entidades Coordinadas.
Los informes trimestrales mencionados en este artículo se presentarán dentro de los 45 días siguientes al trimestre que corresponda, y se harán las aclaraciones que requieran la H. Cámara de Diputados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Artículo 37. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Para tales efectos dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las leyes que resulten aplicables y el presente Decreto, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las Unidades Administrativas y Entidades coordinadas en el cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestales, y podrá requerir de ellas la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 38 de este Decreto.
Del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se dará cuenta a la H. Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 36 de este Decreto y en la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 38. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación y la Contraloría General del Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las Unidades Administrativas y Entidades del Sector Departamento del Distrito Federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto. Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en los términos de la coordinación que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo 39. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIOS
Artículo único. El presente Decreto entrará en vigor el lo. de enero de l994.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de México, D.F., a 15 de Noviembre de 1993. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
REPÚBLICA DE VENEZUELA
La secretaria Noemí Zoila Guzmán Lagunes:
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
Honorable Congreso de la Unión: Ricardo Franco Guzmán, mexicano, doctor en Derecho, con domicilio particular para oír notificaciones y recibir toda clase de citas y documentos en Paseo de las Palmas 1505, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad, con todo respeto digo:
Soy ciudadano mexicano por nacimiento, como lo compruebo con la fotocopia certificada de mi acta de nacimiento, que acompaño a este escrito.
El Gobierno de Venezuela ha tenido a bien otorgarme la condecoración "Orden al mérito en el trabajo" en la primera clase.
Con el fin de no incurrir en la situación prevista por el artículo 37 apartado B, inciso III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ruego otorgarme permiso para aceptar y usar la mencionada condecoración.
Protesto mi respeto.
México, Distrito Federal, a 11 de noviembre de 1993. Ricardo Franco Guzmán, Abogado.
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
FUNDACIÓN CAMBIO XXI
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra (desde su curul):
Señor Presidente...
El Presidente:
Con qué objeto, señor diputado Valero.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra (desde su curul):
Para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Valero.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Esta intervención, prevista en relación con otro punto inscrito en el orden del día, va a sustituir lo que habíamos en principio manifestado para el desarrollo de esta sesión, y quiero agradecer, en primer lugar, la disposición de mis compañeros legisladores que tenían la intención de abordar el día de hoy un tema relacionado con la situación social, auténtica, deplorable y sumamente preocupante que vive el campo mexicano, y más especialmente en relación con las carteras vencidas en una región específica del país. Este tema lo abordaremos en una sesión posterior, de manera integral y a profundidad, tal vez en la de mañana mismo. Mi agradecimiento por esta consideración.
Hemos querido sin embargo, hacer uso de la palabra el día de hoy y en esta tribuna, para tratar un tema cuyo examen en realidad lo iniciamos con motivo de la declaración política que se emitió el jueves y que ha venido teniendo una secuela, desde luego, sumamente lamentable...
El Presidente:
Compañero, compañero diputado, permítame.
Les voy a rogar a los presentes que guarden la compostura necesaria, con el propósito de que se pueda escuchar al orador. Solicito su comportamiento a todos los compañeros que están en los pasillos, hagan favor de ocupar su lugar y guardar el orden correspondiente. ¡Adelante, compañero diputado!
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Muchas gracias, señor Presidente.
El día de hoy aparece de manera inusitadamente amplia, en los medios de difusión, particularmente en la prensa, hasta donde hemos podido confirmar, una inserción en todos los diarios de carácter nacional, en una plana, cuyo título es: "Alianza Perot-PRD contra México". Hay un escrito, unas cuantas líneas, en realidad frases sueltas fuera de contexto con la fotografía de ese político norteamericano, ex candidato a la presidencia de su país, al lado de la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de nuestro partido, del Partido de la Revolución Democrática, de muchas organizaciones y de ciudadanos más, a la Presidencia de la República.
Esta es una inserción que firma la Fundación Cambio XXI, aparece con el logotipo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y en buena medida, y por eso la oportunidad de retomar el tema, hace suyos, reproduce y desarrolla en cierta forma, no mucho más, los argumentos que el jueves de la semana pasada fueron vertidos en nuestra sesión y en relación con este tema.
Además, dentro de los firmantes del escrito, del desplegado, figuran varios diputados federales, probablemente presentes en esta misma sala, y quizá los que llevaron a esa fundación, cuyo carácter y propósitos manifiestos no tienen qué ver con la elaboración de libelos inmundos como el que se reproduce y aparece el día de hoy, pero seguramente ellos llevaron parte de estos argumentos a su fundación y es por ello que los encontramos reproducidos el día de hoy y de esta manera.
Efectivamente, la supuesta identificación, chispazo de un diputado federal en su afán de ganar méritos, así pueda hacer expresiones de circunstancia superficiales ofensivas y supuestamente graciosas, son las que están aquí en el desplegado, la identificación de un personaje de la vida política norteamericana y de nuestro tiempo y un partido político nacional, el nuestro.
Los otros argumentos son los que también aquí el jueves, un señor que ocupa una curul, de hecho un diputado, cuya calidad en ese sentido y en otras es más que discutible, ¡un robot, corrupto y desprestigiado!, emitió en esta tribuna.
Pues bien, la suma, la combinación de esos argumentos son los que aparecen en el desplegado. Además de esa intención, la identificación de esa supuesta o real alianza que hace un partido político, porque aquí aparece su logotipo, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI vinculado con esta cuestión y hace acusaciones que desde luego no se toma la molestia no solo de argumentar ni mucho menos de explicar, sino simplemente afirmaciones para que haya un registro de lo que ahí se dice y no es poco ni está exento de un sentido muy claro. ¡Es sumamente grave la acusación que sin pruebas y de esta manera aparece en esta publicación!
Porque en la supuesta identificación del señor Perot y el PRD, se dice, con muy poca originalidad por cierto, para ver quién es el verdadero Perot. Si se recuerda parte de la polémica televisiva del pasado miércoles el argumento principal del señor Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, fue en el sentido de que quienes favorecen la ratificación por el Congreso norteamericano del Tratado de Libre Comercio estarán apostando al futuro y quienes no lo hacen en realidad están atrapados en una especie de parálisis de política del miedo.
Pues bien, la originalidad del desplegado ahora es que ese calificativo de la política del miedo se le aplica al PRD, a nuestro partido, con algo más; se dice: "Partido del miedo, del retroceso y la deslealtad". Es decir, lo que el diputado Becerril de manera irresponsable espetó... ¡No señor, no hay tiempo, es el tema que está registrado y que está planteado aquí y voy a hacer uso de la exposición en los términos integrales, completos, a que tengo derecho!
Esa es la acusación sin ninguna prueba, siguiendo la supuesta línea de razonamientos de un diputado en la tribuna aquí, concretamente el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que no ha tenido una iniciativa mayor en este campo, pero en cambio si tuvo la ocurrencia de subir a la tribuna a presentar, a exponer, a soltar una serie de calificativos recogidos en el desplegado.
Y quisiera hacer estas precisiones, para que quede claro, al mismo tiempo que rechazamos de manera tajante, radical, el contenido que aparece en esta publicación como también el que se hizo en esta tribuna, que es el mismo, el jueves de la semana pasada.
Primero. Lo que dijimos en distintas intervenciones fue que ojalá en nuestro país y como iniciativa de esta Cámara de Diputados, entre otras, fuéramos capaces de organizar un debate, el primero que se tendría en relación con este tema, cuyos protagonistas y participantes pudiéramos incluso nosotros mismos proponer, pero que serían personalidades de la vida política mexicana, para que discutieran este tema y para que lo dilucidáramos entre nosotros; que participara el señor Córdoba, artífice de este tratado; que participara el responsable de la negociación o quien determinara el Gobierno y que participara, por otro lado, o que participaran representantes muy distinguidos, muy identificados con la vida política del país. Fue la primera cuestión que planteamos, asociada desde luego con la declaración política que entonces discutíamos; primer elemento.
Segundo elemento...
El Presidente:
Señor diputado Ricardo Valero: le quiero recordar que esta Presidencia le otorgó la palabra para hechos en términos del 102. Si usted no solicitó a esta Presidencia suplir la intervención del diputado Enrique Rico Arzate, por lo tanto tiene el uso de la palabra para hechos en términos del 102. Le ruego concluya.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Fue para hacer la sustitución señor. Se le dijo que había una aceptación por parte de todos los grupos parlamentarios para plantear este tema en estos términos, de hacer una intervención en sustitución de la que estaba en el registro, fue lo que anuncié inicialmente y lo que entiendo fue la aceptación de varios grupos o de la totalidad de los grupos parlamentarios. En todo caso estoy sustituyendo la que estaba registrado en el orden del día, para que quede claro y para que se entienda cuál es el sentido de la intervención. Y ojalá se entienda también la gravedad, señores diputados, y lo que está significando el tratar los asuntos políticos importantes en nuestro país de la manera irresponsable y provocadora como aparece...
El Presidente:
Ruego a la Asamblea conservar el orden correspondiente y al orador que trate de concluir lo más pronto posible.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
...Me voy a tardar un poco, no mucho más señor Presidente, pero voy a tratarlo de la manera en que lo solicité y lo anuncié con todo respeto para la mesa directiva y, desde luego, para la Asamblea.
En segundo lugar, ya que no éramos capaces de una iniciativa para debatir abiertamente y por vez primera en nuestro país un tema de la importancia y gravedad que tiene éste, dijimos que deberíamos de concretar los comentarios y las opiniones vertidas dentro y fuera de nuestro país, para ver cuáles eran efectivamente las ofensivas y cuáles tenían otro valor y características. Que entre las ofensivas, y nosotros estábamos de acuerdo en rechazarlas, y por eso también la parte de la declaración política que suscribíamos está en esas despectivas, no tanto por el contenido porque lo despectivo, porque en realidad lo que nos debe de preocupar no es tanto que alguien se refiera a un tema o a un asunto, la forma en que lo hace, desde luego es rechazable, sino la existencia de esos asuntos que están ahí mencionados; lo ofensivo es en primer lugar esa existencia tan conocida, tan reconocida y que se quiere ocultar de la pobreza extendida en nuestro país.
En tercer lugar, dijimos, que las expresiones más ofensivas para México son curiosamente no tanto las que expresó y en ese objeto ahora de esta persecución en el debate específicamente y de este rechazo que tanta indignación causa, que fue el vicepresidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos entre otras consideraciones y hay que ver lo que fue el desarrollo de ese debate y lo que está ya consignado en los medios de información, dijo que efectivamente este país estaba abierto, el nuestro, para que obtuvieran los negocios con los que jamás han siquiera quizá soñado los empresarios norteamericanos porque aquí había todo tipo de facilidades, eso dijo, y dijo sobre todo que el Tratado de Libre Comercio se debe ver en los Estados Unidos como una oportunidad histórica que no se había presentado para ese país desde que adquirieron Louisiana y Alaska, que están comprando a través del libre comercio a su país
vecino y están comprando al mismo tiempo América latina a través del Tratado de Libre Comercio, eso fue lo que dijo, pero eso no causa ni molestia ni indignación, ni siquiera un comentario de nadie.
Tercero. Que al rechazar algunos de los juicios emitidos en relación con nuestro país deberíamos decir a cuál nos estamos refiriendo y no hacer declaraciones generales y en abstracto sin destinatarios.
En cuarto lugar, que estas declaraciones injerencistas, estas declaraciones intervencionistas, deplorables desde luego y ofensivas en relación con nuestro país, se han venido repitiendo una a una y en realidad son las que manifiestan el Secretario de Estado de los Estados Unidos, el embajador de los Estados Unidos en México, recordemos simplemente la declaración que hizo, su testificación en el Congreso norteamericano, los ex presidentes de los Estados Unidos, todos sin excepción, y el propio Presidente de los Estados Unidos, así que no es novedad y hay que asociar, hay que inscribir esta polémica, este debate de último momento, en un cuadro mucho más amplio si lo queremos entender, si lo queremos rechazar y desde luego valorar en todo su sentido, en su alcance.
Dijimos también que no solamente era oportuno, sino indispensable una declaración del Gobierno de México, parcialmente esperamos que por lo menos haya una coincidencia, haya una declaración del Secretario de Relaciones Exteriores de México, que aparece el día de hoy que coincide más con lo que nosotros planteamos, que con lo que alguien más haya expuesto en esta tribuna y que sin embargo adolece precisamente de la falta de precisión en su contenido, porque en sus generalidades no hay ninguna asociación con ese tipo de declaraciones que se han dado, una a una y todos los días en relación con esta etapa aparentemente final para la ratificación del Tratado de Libre Comercio.
Pero dijimos además, que han venido acompañándose todas por concesiones que ha venido haciendo el Gobierno mexicano para facilitar en los Estados Unidos, parece que es lo único que cuenta, esta ratificación que así como se dijo y son meros ejemplos, que no se abriría el tratado, pues se abrió y aquí lo afirmó el Secretario de Comercio, se abrió y hubo acuerdos paralelos y cuando en los Estados Unidos parecieron insuficientes estos acuerdos paralelos, entonces el Gobierno de México y el Presidente, sin haberlo cumplido por cierto, anunció aumento de salarios. Y para en la última fase también, por indicaciones del Gobierno norteamericano y para facilitar esa votación, se dice que se abran otros temas y otros asuntos y que se flexibilice el tratado, pues bien, están las concesiones en materia de producción de cítricos, de vidrio, de productos electrodomésticos, refrescos, azúcar etcétera.
Justamente aquellos que durante un año o muchos de ellos se nos dijo que eran aquéllos en los que éramos particularmente competitivos y en este cuadro tenemos que escribir estos acontecimientos. Fue lo que dijimos la semana pasada, no son todos los elementos pero me parece que son algunos de los más importantes; no hay ningún fundamento, es una provocación, es una provocación de un partido político el que aparezca una publicación con estas características, con las fotografías, con el contenido miserable y deleznable que tiene, que retoma lo que dijeron dos diputados aquí, exactamente el mismo lenguaje y que es señores diputados, desafortunadamente lo que parecen entender los dirigentes de esa organización del Partido Revolucionario Institucional por civilidad política.
Si ésta es la respuesta, como parece todo indicar de un partido político frente a uno de los principales temas en debate en nuestro país, en razón y desarrollando la invitación para la suscripción de un tratado de civilidad política, ya estamos viendo señores diputados, lo que es en realidad el cuadro y el ambiente, la atmósfera política de nuestro país.
Primero, el Presidente de esa organización lo descalificó; no hay acuerdo de civilidad política, pero ahora con expresiones como ésta nos está ejemplificando, está expresando y demostrando lo que tiene esa organización, el concepto que tiene de lo que es la civilidad política. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Esta Presidencia agradece la intervención del señor diputado Ricardo Valero. Para hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señor Presidente.
Hace algunos días un diputado del partido de la oposición invitaba al debate, refiriéndose a mi partido como los dueños de la casa, no sentí
nada despectivo en ello, sentí que era el reconocimiento del partido que está en el poder, sentí que era una invitación a un debate en relación a las decisiones que se están tomando en las políticas públicas en México. Ese reconocimiento a mí en lo personal me halaga, no fue un insulto, no fue una ofensa.
Sí nos sentimos los dueños de la casa, en virtud del partido que está en el poder, del partido que invita a la civilidad y del partido que de ninguna manera rehuye ni rehuirá ningún debate como lo hemos dado en todas las ocasiones. Agradezco su invitación y respondo a esta invitación.
En segundo lugar, un poco también de crítica al partido de oposición en virtud de las críticas que ellos formulan. Yo sí siento que están añorando el liderazgo de Rosa Albina Garavito. Qué claridad y qué contundencia en sus argumentos y qué confusión la del líder que ustedes acaban de elegir, porque es difícil precisar qué fue lo que vino a decir.
No entendí cuál era su protesta, cuál era su punto de vista, cuál fue su inquietud, es una disertación bastante confusa que yo invitaría a algún otro diputado que nos venga a aclarar porque me dejó sumamente...
El Presidente:
Ruego a la Asamblea guardar orden.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Una disertación bastante confusa que yo invitaría a algún otro diputado que nos venga a aclarar, porque me dejó sumamente perplejo de una serie de argumentos y de protestas de una satanización que ahora sí me extraña que ustedes se quejen de ella, porque aquí si alguien ha satanizado, si alguien ha atacado en todas las formas, fuera de reglamento, agredido, verbal y en forma sistemática a los medios de comunicación, al ejército, a la iglesia, a los otros partidos, a quién quisieron juzgar cuando presidió el PARM; cuando presidió el Frente Cardenista nos quisieron llevar a juicio y ahora se sorprenden porque se le señalen contradicciones e incongruencias, cuando en el hecho están dos discursos.
Yo he tratado de seguir qué es lo que el partido de oposición pretende con el TLC. Escucho y leo que Cuauhtémoc Cárdenas dice que México y los Estados Unidos están embarcados en un proceso de integración espontánea que ninguna fuerza puede revertir, dicho en septiembre de 1991. Veo sus declaraciones en la televisión y él habla de que está de acuerdo en la apertura comercial, y escucho y leo que Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Senadores, y concretamente en la página 168 de su libro que humildemente titula, como siempre lo ha caracterizado en una gran congruencia, "La Sociedad Frente al Poder", quién es la sociedad, el senador Muñoz Ledo, y ahí dice que el problema de la integración sólo es posible hacia el sur.
Están de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio o no lo están. Hablan aquí de una renegociación de un tratado patriótico y jamás hacen ninguna observación, ni siquiera ninguna propuesta específica. Primero, si vamos a discutir y vamos a dialogar, seamos congruentes y fijemos nuestras posiciones y díganos a qué discurso atenerse, el más inteligente de Muñoz Ledo o el bastante oportunista de Cuauhtémoc Cárdenas.
Ahora es una injuria, aquí se han parado, han discutido, han insultado y ante un señalamiento simple en un debate que se debe dar en el ambiente de la civilidad, porque debemos elevar el discurso político, le llaman injuria. Yo pido que seamos congruentes, antes que la injuria, está la congruencia.
Sí se acepta lo de la civilidad, sí estamos en ese contexto, sí deseamos llegar a pactos y queremos llegar a acuerdos, pero por favor, cuando estamos en campañas políticas en donde se están transcribiendo declaraciones y se están señalando hechos concretos, discutamos pero con altura, con argumentos, con ideología, con compromisos, y en ese contexto por todo lo que viene y en el terreno que quieran, demos el debate y fijemos compromisos, pero sujetémonos a ellos, cumplámoslos y en los próximos días habremos de señalar otras incongruencias en donde también inclusive han manifestado su voto en contra, inclusive sobre cosas que ustedes proponen. Muchas gracias.
El Presidente:
Se agradece la intervención del diputado Juan José Rodríguez Prats por esta Presidencia y se otorga el uso de la palabra al diputado Ricardo Valero, para alusiones personales.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Señor Presidente:
El señor diputado que acaba de hacer uso de la palabra expresa no haber entendido una intervención y extrañar una situación de antaño. Ese es su derecho y esa es también su facultad, pero es muy claro lo que nosotros dijimos y lo que nosotros planteamos hace un momento. Si no lo ha leído, lo remito a cualquiera de los diarios nacionales del día de hoy y encontrará una página completa en cada uno de ellos, firmada por una fundación Siglo XXI destinada a la investigación, al debate de las ideas y en donde hay una serie de frases fuera de contexto, absolutamente todas y cada una de ellas pero que le permiten a quienes hacen esa inserción, a nombre de una organización política de un partido político porque está vinculada, no es una entelequia ni una fracción esa fundación, lo hacen a nombre del Comité Ejecutivo Nacional de un partido, del PRI y entonces, retomando y siguiendo no los argumentos, sino las frases que aquí se expresaron el pasado jueves, la retoman y simple y sencillamente una organización acusa de actuar en contra de la patria a un partido, a un dirigente político, se permite que impunemente o parecen impunes estas libertades, de actuar de esta manera y sin embargo a este diputado le parece normal, le parece natural y no entiende cuál es el problema.
Ese es el problema, ése es parte del problema, el problema es también el del abuso, no solamente de los recursos económicos sino el del verticalismo de todos, la identificación de un partido político de intereses de grupo con la nación, con la patria, con el Estado, en donde su partido siempre se ha desenvuelto y que ahora nuevamente trata de reivindicarse. Si no lo ha entendido, es parte del problema.
Y el otro, por supuesto que estamos proponiendo ese debate, para ver si por vez primera en este país, y a diferencia de lo que ocurre en cualquiera otro del mundo, los temas importantes los podamos tratar, discutir, analizar con distintos enfoques y las distintas cuestiones alrededor de ese tema aquí en la Cámara de Diputados o en alguna otra.
Aseguro, no que tengamos la razón ni muchísimo menos, pero argumentos en relación con la forma de integración de México a la economía internacional, con la forma de relacionarse y desarrollarse la relación bilateral y la económica con los Estados Unidos, con la forma en que se suscribió, se negoció el Tratado de Libre Comercio, el contenido de los acuerdos paralelos, las concesiones últimas y otros muchos temas, tenemos ideas. Lo invitamos e invitamos a la Cámara, eso fue lo que hicimos desde el jueves de la semana pasada y hoy lo rectificamos, que con esos temas y con esta agenda organicemos este debate alrededor de un tema, pero no simplemente hagamos frases, soltemos supuestamente calificativos oportunos, digamos que no entendemos nada de lo que se plantea, cuando que precisamente lo que está planteado es uno de los problemas más graves, el del autoritarismo, el de las decisiones, tal y como se toman en nuestro país, y que un partido político, impunemente, se permita hacer publicaciones como la que aparece en esta mañana. Ese es el tema.
El Presidente:
Esta Presidencia agradece la intervención del diputado Ricardo Valero.
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado
Juan José Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señor Presidente.
Le agradezco al señor diputado Ricardo Valero que haya subido de nuevo a la tribuna, porque ahora sí ya creo más o menos entender qué es lo que quiere. Sí, es un partido el que está haciendo una serie de señalamientos; el reto está lanzado. Que ese partido dé el debate y el escenario político entre partidos está amplísimo en toda la República y en todo su territorio. No está rehuyéndose un debate ni las afirmaciones que aquí se hacen; ahí está firmado y con toda certeza ese debate será muy interesante a la nación.
Desde el punto de vista jurídico, lo hemos discutido en diversas sesiones aquí en la Cámara, el Senado es el responsable en la discusión, en el debate, en las audiencias, en todo un larguísimo proceso donde se discutió el tratado y que obviamente en su oportunidad será sometido a su consideración.
Y por último, en relación a la posición de la Cámara, le recuerdo esta declaración en donde no se alude a ninguna de las partes, sino simple y llanamente se fija en forma muy clara, la posición de los partidos que suscribieron este punto de acuerdo, en donde está clara nuestra posición en torno al debate y en torno a la postura de ambos contendientes en ese debate. Simplemente para fijar las posiciones y para aclararlo. Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente:
Se agradece la intervención del diputado Juan José Rodríguez Prats, y tiene la palabra para rectificar hechos, en términos del 102, el diputado del PRD René Bejarano.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:
Muchas gracias señor Presidente.
Es verdaderamente lamentable que el diputado Juan José Rodríguez Prats acuda a hacer comparaciones de mal gusto en torno a una determinada forma de conducirse en la Cámara de Diputados.
Algunos de sus compañeros también acostumbran hacer declaraciones de mal gusto y comparaciones de mal gusto, por ejemplo las hechas entre su antiguo líder y su actual líder o entre algunos diputados que ya no están en funciones, y algunos otros como el que me antecedió en el uso de la palabra, con su lamentable espectáculo de limitaciones y de incongruencia entre una supuesta voluntad democrática y una actitud francamente violenta.
Podríamos también hacer comparaciones entre el actual Secretario de Gobierno de Tabasco y el que ahora hizo uso de la palabra y su mala suerte por no haber podido conservar ese puesto, y sus desafortunadas intervenciones en esta misma tribuna, en fin. Pero ése no es el asunto, no es el fondo de la cuestión.
Nuestro partido tiene reclamos justos y democráticos en torno al asunto del Tratado de Libre Comercio. Tiene además plena autonomía para escoger a sus dirigentes; tenemos una actitud democrática y no dependemos de la voluntad presidencial para hacer los ajustes que creemos convenientes.
Lo que nosotros decimos es que el Tratado de Libre Comercio es un mal tratado, que ha maltratado al país y ha maltratado al propio Presidente de la República, porque éste es en verdad el oportunista número uno de la nación, el que ha pretendido entregar a nuestro país a una integración subordinada, el que ha hecho incluso campaña a favor de un candidato a la Presidencia de la República en Estados Unidos.
El señor Carlos Salinas, es el responsable de una integración subordinada; es el responsable de la verdadera intromisión de los norteamericanos en la vida política nacional. El, él, asesorado por un casi vicepresidente de origen francés, es quien más ha acudido a la aplicación de los intereses extranjeros en México, y es el partido oficial el que ha iniciado una campaña, orquestada desde la Presidencia de la República, en contra de nuestro partido y en contra de la oposición. Es, la Presidencia de la República, la que ha venido instrumentando toda esta campaña.
No es una coincidencia que la revista Época, que apareció en la circulación el día de ayer, con fecha 15 de noviembre, la número 128, prácticamente reproduzca los mismos argumentos de la Fundación Cambio Siglo XXI del PRI, entonces podrá decirse que el ideólogo, el nuevo ideólogo del partido oficial, pues es Abraham Zabludovsky, Jacobo Zabludovsky y los intereses de ese consorcio televisivo.
En realidad se trata de una campaña para enrarecer el ambiente político.
Queda claro entonces, que el llamado pacto a la civilidad, el llamado que se hizo en esta misma tribuna por el titular del Ejecutivo, es demagógico y falso, carente de autoridad moral, incapaz de ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace, una prédica contradictoria con su práctica, no sólo de ahora sino de todo su Gobierno.
Por eso mismo, nuestro partido no puede sino rechazar estas acusaciones calumniosas y llamar a un verdadero debate de las ideas, en donde, por lo demás, no se utilicen los recursos del poder, los recursos de la fuerza en aras de un interés mezquino.
Sí hemos dicho que el Gobierno quisiera colocarnos en una posición proteccionista. Nosotros no estamos en contra de la apertura comercial, estamos en contra de este mal tratado, porque no incluye trabajadores migratorios, porque no integra fondos compensatorios, porque no renegocia adecuadamente la deuda externa, por que no incluye capítulos importantes y porque concedió en otros aspectos soberanía e integró inadecuadamente algún conjunto de medidas.
Esa es la diferencia de fondo, ése es el fondo de la cuestión y a eso los llamamos, no a juicios inadecuados, no al apabullamiento de la utilización de los recursos públicos.
Y con esto termino, señoras y señores diputados. Ojalá este debate no se siga dando de esa manera, porque entonces no llegaremos a una competencia política, sino a una confrontación que nuestro partido no desea, porque creemos que
la democracia supone respeto a todas las oposiciones, a todas las posiciones, y el Gobierno y su partido no está siendo respetuoso y por el contrario está utilizando inadecuadamente el propio espacio gubernamental para pretender un linchamiento político. Muchas gracias.
El Presidente:
Se agradece la intervención del diputado René Bejarano, y tiene el uso de la palabra, el diputado Rafael Fernández Tomás en términos del artículo 102.
El diputado Rafael Fernández Tomás:
Señor Presidente, con su permiso; compañeros diputados:
A mí, como a muchos, nos extrañó la petición para hechos que hizo el diputado Valero, ya sea porque no estaba en el orden del día y en segundo lugar, porque sin negar el debate en éste que es la tribuna de todos, ésta es la tribuna de todos los diputados de todas las fracciones, y aquí podemos discutir todos los temas.
Lo que pasa es que no entendí por qué esa reacción, en mi opinión un poco visceral, a un desplegado que salió hoy en los periódicos. Yo he visto este desplegado, creo que lo conocemos casi todos los compañeros, y este desplegado fundamentalmente, gústese o no se guste el encabezado, recoge en el 90% de su texto, recoge frases textuales dichas por miembros del PRD, frases textuales no inventadas, dichas por miembros de la dirección del PRD y comparándolas, en el legítimo derecho como partido, con frases que acaba de comentar Ross Perot en el debate reciente y en la campaña anti TLC que tiene en los Estados Unidos.
Me parece, compañeros, que no nos salgamos de contexto. Tienen razón, esto está firmado por un partido y está firmado por mi partido, y si es necesario un debate sobre ese tema, hagamos un debate de partido a partido. Aquí hay, ésta es una publicación que no está firmada por alguien anónimo, es una publicación del PRI.
Y por lo tanto, si el Partido de la Revolución Democrática considera que no es correcto, que está falseado, creo que tiene todos los elementos fuera de la Cámara, no me parece que sea un debate dentro de la Cámara para poder discutir esto con el PRI.
Sin embargo, hay ocasiones en que algunas intervenciones se pasan. Yo no sé a que venía en ese momento tratando de quitar las asperezas de la discusión que teníamos anteriormente en las primeras intervenciones. Yo no sé a qué viene la crítica al Presidente de la República en la última intervención y a llamar demagogia, y falta el mensaje que sobre este tema tiene el Presidente de la República.
Yo diría que es cierto, que aquí en la Cámara de Diputados hay por lo menos dos visiones de lo que es el Tratado de Libre Comercio, y además es legítimo, la hay en México y la hay en Estados Unidos, la hay en Canadá y en la Comunidad Económica Europea; ha habido debates en todas partes, iguales.
Por lo tanto, compañeros, compañeros del PRD, con el debido respeto, creo que no vale la pena, que está fuera de contexto que nosotros discutamos ahorita este documento; este documento que podríamos entrar al análisis de las frases dichas por sus propios dirigentes y analizarlas con las palabras de Perot. Yo me referiría fundamentalmente a que nosotros tenemos que avanzar.
Pasado mañana hay una votación que va a ser muy importante en los Estados Unidos. Yo creo que las posiciones encontradas que tenemos. ¿Las tenemos o no encontradas? Hay posiciones encontradas, y tenemos el nivel de poder llevarlas a la confrontación y a la discusión entre nosotros con toda serenidad.
Yo no quiero avivar la discusión, simplemente pedí la palabra porque me parecía que era una discusión; primero, que estuvo fuera de contexto cuando se planteó como hechos fuera del programa, que hubo la atención de respuesta también de los compañeros del partido, y que en ese sentido tienen razón los compañeros del PRD, quieren debatirlo, que se haga un debate entre partido y partido. Nosotros, miembros del Partido Revolucionario Institucional, no tenemos miedo al debate sobre el TLC, tenemos posiciones claras igual que ustedes las tienen. No bajemos el nivel de la Cámara de Diputados, elevemos el nivel de esta Cámara, y en los momentos en que haya que discutir puntos profundos importantes, como los que se vienen en el futuro, hagámoslo, compañeros.
Yo por esa razón creo que no vale la pena llevar a la Cámara esto, sino que eso debe llevarse a un debate entre nuestro partido y el PRD fuera de la Cámara de Diputados.
El Presidente:
Esta Presidencia agradece la intervención del diputado y otorga el uso de la palabra al diputado Jesús Martín del Campo, para rectificar hechos.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Amparados en el apotegma popular, en el lema popular de que "el que calla otorga", los miembros del Partido de la Revolución Democrática, diputados en esta LV Legislatura, queremos decir que no compartimos el criterio simplista de que no son peligrosas las aseveraciones que tiene el desplegado al que hizo alusión en principio el compañero Ricardo Valero, de mi partido.
El propio encabezado no llama, sino a un enrarecimiento del ambiente, a una utilización que lo menos que se puede decir es un remedo de aquella vieja tesis del propagandista de Hitler, Goebels, de que hay que repetir mucho una mentira en planas completas para tratar de que se convierta en verdad.
El encabezado que dice: "Alianza Perot - PRD contra México", es extremadamente grave. Aquí no es nada más una simpleza, ni es el afán de buscar la polémica o el debate, es extremadamente grave la acusación y por ello estamos haciendo uso de la palabra aquí para llamar la atención.
Cuando dije la otra ocasión que queríamos hablar con los dueños del negocio, efectivamente me referí al partido que expresa el punto de vista del Gobierno aquí en la Cámara, al partido del Gobierno, y por ello también hoy nuevamente nos parece grave el asunto de que digan que nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, por hacer señalamientos concretos de crítica a la política general seguida por el Gobierno del PRI, de que somos el partido del retroceso, de la deslealtad y del miedo. Eso no lo aceptamos por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, porque sería el quedarnos callados tanto como otorgar. Estamos absolutamente en contra de este contenido agresivo que sí contradice lo que aquí afirmó el Presidente en el informe presidencial, de un llamado a la civilidad para contender en 1994.
Y es sumamente grave porque sí lleva una intención de tratar de desacreditar al PRD y al candidato que ya existe para contender por la Presidencia de la República en 1994, que es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Si a los compañeros del PRI con todo respeto todavía no se les da luz verde para saber a quién apoyar, que su desesperación no la canalicen en contra del PRD. Si tienen preocupación, que de una vez aceleren el proceso interno de consulta en su partido y que den a conocer cuál es el candidato.
A esto nos remiten, a este tipo de reacciones, porque nosotros no somos ningún partido que esté aliado a Perot. Sería ridículo que un compañero del PRI pudiera pensar que es cierto eso de alianza Perot - PRD, contra México. Más allá del afán propagandístico o ese espíritu chiflador que es el desahogo de pasiones contenidas en el propio Partido Revolucionario Institucional, creo que saben que no hay ninguna alianza; que si lo quieren aprovechar propagandisticamente hablando, es cosa de ustedes, pero es un tanto cuanto infantil y ahora sumamente peligroso.
Saben que no tenemos ningún nexo con el multimillonario extravagante Ross Perot, que es de derecha; saben que no hay ningún nexo y que sólo es ese afán publicitario con consejeros erróneos de la fundación XXI, que les dijeron que hay que asociar las frases de crítica que hemos hecho mucho antes de que Perot fuera contendiente a la Presidencia de Estados Unidos, nosotros hemos dicho categóricamente cuáles son nuestras observaciones respecto a las fallas que existen en el proceso de discusión del Tratado de Libre Comercio. Lo saben todos, compañeros; somos el partido que más ha tocado el tema en crítica y ha motivado respuestas tanto de Serra Puche como de todos y cada uno de los compañeros del PRI que en las comisiones han escuchado nuestras observaciones puntuales.
Antes de que hubiera el debate de Al Gore y Perot, nosotros dijimos que estaba retrocediendo el Gobierno mexicano en el proceso de negociaciones. Antes de que el señor Ross Perot y el señor Al Gore, hicieran ese espectáculo al que tienen acostumbrada a la sociedad norteamericana que todo lo convierten en chacachaca televisivo; antes que eso, nosotros dijimos que se estaba retrocediendo en materia de cítricos, que se estaba retrocediendo en materia de azúcar y que también hay peligro de que se retroceda en la negociación en materia de energéticos. Lo
dijimos antes compañeros, de manera que también resulta simplista y ocultador de una realidad, el que un compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional diga que no sabe lo que pensamos respecto al Tratado de Libre Comercio.
Hemos estado insistiendo en que conviene una reforma para que sea también la Cámara de Diputados, igual que se discute en Estados Unidos, una Cámara que tenga qué ver con la discusión respecto al Tratado de Libre Comercio. Lo dijimos el otro día y lo repetimos ahora: fue desafortunada la forma de intervención del compañero diputado Rodolfo Becerril Straffon, cuando habló de los perot, de los perotitos y de Arlequín y que creo que estuvo equivocado si ése era el llamado para que se incluyera la firma del Partido de la Revolución Democrática. Así no se llama a que firmemos juntos una declaración contra los excesos que tuvieron tanto Al Gore, como Perot.
Por eso el Partido de la Revolución Democrática insistió en la sesión anterior y ahora lo reiteramos, nos parecía cómodo para el Partido Revolucionario Institucional y para el Gobierno, que nada más criticaran al extravagante multimillonario Perot, que es un particular, como lo dijo mi compañero diputado Cristóbal Arias, quien tiene mayor peligro en sus declaraciones, porque es un funcionario de Gobierno, es el vicepresidente Al Gore, que dijo: "Todo lo que acaba usted de decir tiene la razón, pero por eso debemos tenderle la mano a México", considerándonos como siempre, su traspatio, aquel país sobre el cual pueden decidir en un programa televisivo frente a millones de espectadores, no sólo de Estados Unidos, sino de México y de toda América.
Entonces, para que no se inquieten por el tiempo compañeros diputados del PRI, que siempre tienen ansias, pidan la palabra y debatimos. Les reiteramos: Sí es sumamente peligroso y es rechazado total y categóricamente por el grupo parlamentario del PRD, el contenido agresivo, violento y enrarecedor del ambiente que tiene el desplegado del PRI, fundación XXI y creo que no hay fundamento para aseverar que lo que ahí contiene, tenga visos de llamado al debate. Muchas gracias.
El Presidente:
Se ruega a la Secretaría continúe con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Noemí Zoila Guzmán Lagunes:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de las próximas sesiones.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. Tercer Año. LV Legislatura. Orden del día
16 de noviembre de 1993.
Sesión solemne.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el tercer trimestre de 1993, tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que se remiten los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal de 1993.
Oficio del Departamento del Distrito Federal
Con el que se remite el informe trimestral de avance del Programa Presupuesto del Departamento del Distrito Federal, al 30 de septiembre de 1993.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de permiso del ciudadano doctor en derecho Ricardo Franco Guzmán, para que pueda aceptar y usar la condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", en la Primera Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 13.35):
Se levanta la sesión y se cita para mañana martes 16 de noviembre a las 10.00 horas a sesión solemne en la que se develará la inscripción del nombre de Vicente Lombardo Toledano, en el muro de honor de esta Cámara y al concluir la sesión solemne se procederá a la sesión ordinaria.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PIB Producto Interno Bruto
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Procampo Programa de Apoyos Directos al Producto
TLC Tratado de Libre Comercio