Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19931201 - Número de Diario 14
(L55A3P1oN014F19931201.xml)Núm. Diario: 14ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Período del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora.
AÑO III México, D. F., miércoles 1o. de diciembre de 1993 No. 14
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Invitación al acto cívico conmemorativo del XX Aniversario luctuoso, del ex presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines. Se designa Comisión para representar a la Cámara de Diputados.
CÁMARA DE SENADORES
Oficio con el que se informa de la elección de mesa directiva para el mes de diciembre
ESTADO DE CHIAPAS
Comunicación con la que el Congreso estatal informa de actividades de su legislatura.
De enterado.
ESTADO DE HIDALGO
Comunicación con la que el Congreso estatal informa de actividades de su legislatura.
De enterado.
SOLICITUD PRESIDENCIAL
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari pueda ausentarse del territorio nacional a fin de participar en reuniones y en visitas de Estado a la República Popular de China y de Trabajo a Japón. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPÚBLICA DEL PERÚ
Minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Edgardo Flores Rivas pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere ese país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Jesús Verduzco Montaño pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere ese país. Es de primera lectura.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO
CONSULADO GENERAL DE ESE PAÍS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede los permisos constitucionales necesarios, para que los ciudadanos Juan Ignacio López Martínez y Francisco Rivera Fernández, puedan prestar sus servicios en la legación , así como Héctor Manuel Ureña López pueda hacerlo en el Consulado. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Jorge Antonio Landa Bonilla pueda prestar sus servicios en esa legación. Es de primera lectura.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
(EJERCICIO FISCAL DE 1992)
Se dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato.
Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Javier Guerrero García.
Expresan sus opiniones en lo general y en lo particular, los diputados:
Liliana Flores Benavides, en contra.
Roberto Soto Prieto, en pro.
Alfredo Lujambio Rafols, en contra.
Liliana Flores Benavides, para rectificar hechos.
Juan Antonio Nemi Dib, para rectificar hechos.
Laura Alicia Garza Galindo, en pro.
Alfredo Lujambio Rafols, en contra.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Liliana Flores Benavides
Amado F. Treviño Abatte
Alfredo Lujambio Rafols
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Héctor Morquecho Rivera, en contra.
Jorge Flores Solano, en pro.
Demetrio Hernández Pérez, en contra.
Javier Guerrero García, en pro.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, en contra.
Juan José Rodríguez Prats, en pro.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Juan José Rodríguez Prats
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Juan de Dios Castro Lozano
Enrique Sada Fernández
Juan de Dios Castro Lozano
Manuel Díaz Infante
Jorge Flores Solano
Alfredo Lujambio Rafols
Liliana Flores Benavides
Jorge Flores Solano
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Alfredo Lujambio Rafols
Enrique Sada Fernández
Juan de Dios Castro Lozano
Ricardo López Gómez, en pro.
Miguel Ángel León Corrales, en contra.
Arturo Torres del Valle, en contra.
Luisa Alvarez Cervantes, en contra.
Héctor Morquecho Rivera, en contra.
Pablo Casas Jaime, en pro.
Votación y aprobación.
DISPOSICIONES FISCALES RELACIONADAS CON EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES
Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma adiciona y deroga las diversas que se indican. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
Declaratoria de los grupos parlamentarios presentada por el diputado Guillermo Flores Velasco.
Francisco Dorantes Gutiérrez, para rectificar hechos.
ESTADO DE YUCATÁN
Expresan opiniones y hacen denuncias respecto del proceso electoral en dicha Entidad, los diputados:
Francisco José Paoli Bolio
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Francisco José Paoli Bolio
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Francisco José Paoli Bolio
Israel González Arreguín
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
APÉNDICES
DEBATE
Presidencia del diputado
Cuauhtémoc López Sánchez Coello
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum Reglamentario.
El secretario Armando Sergio González Santacruz:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 291 diputados, por lo tanto, hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 11.55 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Armando Sergio González Santacruz:
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
1o. de diciembre de 1993.
Lectura al acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XX Aniversario Luctuoso de don Adolfo Ruiz Cortines, ex presidente de la República, tendrá lugar el 3 de diciembre a las 11.00 horas.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la mesa directiva para el mes de diciembre.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Chiapas e Hidalgo.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la solicitud de permiso del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 23 de diciembre de 1993, a fin de que participe en las reuniones cumbre del Grupo de los Quince y del Grupo de los Nueve, en la India, y de que efectúe visitas de Estado a la República Popular de China, y de trabajo a Japón.
Minuta
Proyecto de decreto que concede permiso al embajador Edgardo Flores Rivas, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor J. Jesús Verduzco Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Ignacio López Martínez, como asistente de visas; Francisco Rivera Fernández, como analista en presupuestos en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y Héctor Manuel Ureña López, como empleado consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Landa Bonilla, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Declaración de los grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, sobre el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1992.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Armando Sergio González Santacruz:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos del día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos diecinueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la del acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con la solicitud de licencia del diputado Oscar Pimentel González, del primer distrito electoral federal del Estado de Coahuila y la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo respectivos. En su oportunidad llámese al suplente.
Una invitación del Congreso del Estado de Coahuila, a la sesión solemne en la que rendirá su protesta de ley el gobernador electo de esa entidad, ciudadano Rogelio Montemayor Seguy. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Una comunicación del Congreso de Tamaulipas, con la que informa de actividades de su legislatura. De enterado.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición respecto del orden del día, misma que sin discusión se desecha.
La Secretaría da cuenta con una comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con la que informa de la integración del diputado Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional, en sustitución del diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos. De enterado.
Se da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social, correspondiente al período mil novecientos noventa y dos y mil novecientos noventa y tres. Se turna a las comisiones correspondientes.
Dos oficios de la misma Secretaría, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Jesús Verduzco Montaño y Jorge Antonio Landa Bonilla, puedan aceptar y usar la condecoración que le confiere la República Federativa del Brasil y prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Otro oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se informa que la ciudadana Blanca Flores Ávila, ha dejado de prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
En virtud de que el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión del Distrito Federal relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y dos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría recoge la votación por cédulas para elegir la mesa directiva que fungirá durante el mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres y después del escrutinio correspondiente, resulta electa por trescientos treinta y dos votos la planilla integrada por los diputados:
Cuauhtémoc López Sánchez, como presidente; Fernando Rodríguez Cerna, Manuel Rivera del Campo, Domingo Alberto Martínez Reséndiz, Demetrio Hernández Pérez, Gonzalo Cedillo Valdez y Gabriela Guerrero Oliveros, como vicepresidentes; Sergio González Santacruz, Jorge Sánchez Muñoz, Juan Adrián Ramírez García y Julio César García Hernández, como secretarios; Yolanda Robinson Manríquez, Odilón
Cantú Domínguez, Francisco Dorantes Gutiérrez y María Clara Mejía Guajardo, como prosecretarios.
Para comentar el proceso electoral en algunos municipios del Estado de México, hacen uso de la palabra los legisladores: Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; José Salinas Navarro, del Partido Revolucionario Institucional y Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos.
Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional, para comentar el proceso electoral en el Estado de Yucatán y, para rectificar hechos o contestar alusiones personales, pasan a la tribuna los diputados: Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Miguel Enciso Clark, Marco Antonio Aguilar Coronado y Gilberto Zapata Frayre, del Partido Acción Nacional.
En su turno, conforme al registro de oradores, hacen uso de la palabra los diputados Félix Bautista Macías, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Jorge Torres Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Arroyo Vieyra y Rafael Fernández Tomás, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional; Rafael Fernández Tomás, del Partido Revolucionario Institucional; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Luis Felipe Bravo Mena, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática; Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y acepta una interpelación del diputado Calderón Hinojosa; Jorge Zermeño Infante y Esteban Zamora Camacho, ambos del Partido Acción Nacional.
Para expresar sus opiniones respecto de las declaraciones realizadas por las voceras norteamericanas Dee Dee Myers y Christine Shelley, se concede el uso de la palabra a los diputados Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista; Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional, quien hace una proposición que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, y Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional; Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática; Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional y Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista.
El Presidente ratifica el turno otorgado a la proposición del diputado Estrada Sámano.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición respecto de la Comisión de Ecología.
En contra, pasa a la tribuna el diputado Miguel González Avelar y, para contestar alusiones personales, los diputados Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática y Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional.
En votación económica, la Asamblea desecha la proposición.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecinueve horas con cuarenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, primero de diciembre de mil novecientos noventa y tres, a las diez horas.»
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Armando Sergio González Santacruz:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?..
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
DEPARTAMENTO DEL
DISTRITO FEDERAL
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
«Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del XX Aniversario Luctuoso de don Adolfo Ruiz Cortines, expresidente de la República, que tendrá lugar ante la tumba que guarda sus restos, junto al lote de las Aguilas Caídas del Panteón Civil de Dolores, delegación política Miguel Hidalgo, el día 3 de diciembre a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva dar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Gerardo González Camarena, director de Acción Cívica.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Alfonso Rivera Domínguez, Silvestre Fernández Barajas y Paloma Villaseñor Vargas.
CÁMARA DE SENADORES
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
«Escudo Nacional Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D. F. Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que esta Cámara, en sesión ordinaria de esta fecha, eligió la siguiente mesa directiva que funcionará durante el próximo mes de diciembre.
Senadores: Eduardo Robledo Rincón, Presidente; José Joaquín González Castro, vicepresidente y Raúl Enrique Carrillo Silva, vicepresidente.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 30 de noviembre de 1993. Senador Israel Soberanis Nogueda, secretario y senador Jorge Rodríguez León, secretario.»
De enterado.
ESTADO DE CHIAPAS
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
«Escudo.- Estado Libre y Soberano de Chiapas.- Honorable Congreso.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La Comisión Permanente de la honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, clausuró hoy sus funciones legislativas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de su Ley Orgánica.
Lo que comunicamos a ustedes, reiterándoles la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 1o. de noviembre de 1993. Diputados: Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente; Rafael Arzat Herrera, secretario y Carlos Morales Vázquez, secretario.»
De enterado.
«Escudo.- Estado Libre y Soberano de Chiapas.- Honorable Congreso.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
La honorable LVIII Legislatura Constitucional del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado, inició hoy el primer período de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de su ejercicio legal quedando integrada su mesa directiva, de la siguiente forma:
Diputados: Alejandro Cruz Gutiérrez, Presidente; Arquímides León Ovando, vicepresidente; Francisco Sau Lara, vicepresidente; Francisco de Jesús Zepeda Bermúdez, secretario; Hermisenda Paniagua Herrera, secretaria; Romeo Ortega López, prosecretario y Norma Rebeca Alvarez Rincón, prosecretarios.
Lo cual comunicamos a usted para los efectos procedentes, reiterándole la seguridad de nuestra muy atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputados Alejandro Cruz Gutiérrez, Presidente; Francisco de J. Zepeda Bermúdez, secretario y Hermisenda Paniagua H., secretaria.»
De enterado.
ESTADO DE HIDALGO
El secretario Juan Adrián Ramírez García:
«Escudo.- Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Con toda atención, nos permitimos el honor de comunicar a usted, que la LV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo al Presidente y vicepresidente de la mesa directiva de este propio honorable Congreso, que fungirá durante el mes de noviembre del año en curso, habiendo resultado electos los diputados:
Federico Hernández Barros, Presidente y David Sergio Morán Segovia, vicepresidente.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 29 de octubre de 1993. Diputado Alejandro Hernández Ballina, secretario y diputado José Alejandro de Jesús Fosado Martínez, secretario.»
De enterado.
SOLICITUD PRESIDENCIAL
El secretario Juan Adrián Ramírez García:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente, iniciativa de decreto por el que se concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 23 de diciembre de 1993, a fin de que participe en las reuniones cumbre del Grupo de los Quince y del Grupo de los Nueve, en la India, y de que efectúe visitas de Estado a la República Popular de China y de trabajo a Japón.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de noviembre de 1993. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Una estrategia fundamental de la política exterior de México es la diversificación de sus relaciones internacionales. Por ello, hemos promovido más estrechos vínculos del país con las más dinámicas regiones del mundo y en América Latina, ámbito de nuestras afinidades y cultura. Expandir las opciones de cooperación y entendimiento político contribuirá a fomentar una presencia más dinámica y decisiva de México en los grandes procesos internacionales de cambio.
Las profundas transformaciones que ha registrado el escenario mundial en los años recientes reafirman la pertinencia de continuar impulsando, en el marco de nuestros principios de política exterior, la estrategia de diversificación de nuestras relaciones. La globalización de los intercambios comerciales y financieros reclama un constante acercamiento con aquellas zonas del mundo en las cuales México identifica un mayor potencial de complementariedad. Dentro de este marco, India, China y Japón ocupan un lugar de especial relevancia por el papel que desempeñan en el mundo y, más aún, por sus perspectivas para el próximo siglo.
Para profundizar los contactos y los alcances de las relaciones de México con países asiáticos, he considerado conveniente aceptar, sujeto a la aprobación de ese honorable Congreso de la Unión, las invitaciones que me han formulado los gobiernos de India, para participar en dos reuniones cumbre, y los de China y Japón, para
realizar visitas de Estado y de trabajo, respectivamente, entre el 12 y el 22 de diciembre del presente año.
Durante mi estancia en la India participaría en la Cumbre del Grupo de Cooperación y Consulta Sur - Sur, también conocido como Grupo de los Quince, que tendrá lugar en las ciudades de Nueva Delhi y Udaipur entre el 13 y 15 de diciembre. Este grupo revisará la situación económica mundial y propondrá a los países en desarrollo estrategias eficaces para que aprovechen los cambios que están ocurriendo en este ámbito, así como para impulsar la cooperación entre sus miembros.
Asimismo, mi visita a la India permitiría la participación de México en la Cumbre Sobre Educación de los Nueve Países en Desarrollo más Poblados del Mundo, que se efectuará en Nueva Delhi los días 15 y 16 de diciembre. En este foro se examinarán los medios para alcanzar una educación básica universal, y será el marco para intercambiar con los mandatarios de Bangladesh, China, Indonesia, Paquistán, Egipto, Nigeria, Brasil y la India, experiencias nacionales y avanzar así en el total cumplimiento de los objetivos de la Conferencia Mundial de Educación para Todos de 1990.
Los encuentros bilaterales que tendría con las autoridades indias serán ocasión propicia para ampliar los lazos de entendimiento político, intercambio económico y de apoyo recíproco en iniciativas para la cooperación internacional y el desarme.
Hoy, la República Popular de China es una de las economías más dinámicas y su papel político se amplía en la región y el mundo. Mi viaje a esta importante nación contribuiría a consolidar los contactos que se han incrementado de manera significativa en los 21 años de relaciones con ese importante país de Asia.
En este marco de cooperación, sostendría entrevistas con los jefes de Estados y de Gobierno de la República Popular China, con el propósito de concretar intercambios bilaterales en materia de cooperación técnica y científica, piscicultura, tecnología agrícola, petroquímica y salud. Me entrevistaría igualmente con representantes de los medios académicos chinos para difundir los cambios y las reformas que ha emprendido el país, los vínculos que busca intensificar en esa región del mundo y promover, en particular, las perspectivas de la cooperación futura entre nuestras naciones.
Por último, de así aprobarlo ese honorable Congreso de la Unión, realizaría una visita de trabajo a Japón. La relación con ese centro de la dinámica económica mundial se ha caracterizado por ser cada vez más cercana e intensa. Este ha sido un propósito deliberado de nuestra política externa en la región y, por eso, es más amplia la cooperación entre nuestros gobiernos y más íntima la solidaridad entre nuestros pueblos. La gran amistad se ha reafirmado a través de una serie ininterrumpida de acercamientos que se han traducido en intercambios culturales, tecnológicos y científicos; en la suscripción de convenios; en el establecimiento de contactos entre regiones y entre ambas sociedades en momentos de prueba para ambos países, en ocasión de desastres naturales. Este clima de entendimiento permite fortalecer los contactos oficiales políticos y económicos, así como ensanchar las perspectivas de intercambio que ofrece esa gran potencia del Pacífico, que se ha consolidado como el segundo socio comercial de México.
Con el propósito de explorar las posibilidades de robustecer nuestros flujos de comercio e inversión, y la cooperación científico - técnica, educativa y cultural, el programa de visita incluiría actividades no sólo en Tokio, sino también en Osaka, segunda ciudad en importancia en el país, y Kioto, antigua capital y asiento de sólidas instituciones académicas y de difusión.
En suma, la visita a los países señalados representa una valiosa oportunidad para profundizar la diversificación de nuestras relaciones, ensanchar las perspectivas de la cooperación bilateral y profundizar en el diálogo sobre los temas internacionales de interés general.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 71 fracción I y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos secretarios, me permito someter a la elevada consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de
DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 23 de diciembre de 1993, a fin de que participe en las reuniones cumbre del Grupo de los Quince y del Grupo de los Nueve, en la India, y de que efectúe visitas de Estado a la República Popular de China y de trabajo a Japón.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la federación.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 30 de noviembre de 1993. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
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CARLOS SALINAS DE GORTARI
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores.
REPÚBLICA DEL PERÚ
El secretario Francisco Dorantes Gutiérrez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Edgardo Flores Rivas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 30 de noviembre de 1993. Senador Israel Soberanis Nogueda, secretario y senador Antonio Melgar Aranda, secretario.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Edgardo Flores Rivas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D.F., a 30 de noviembre de 1993. Senadores: María Elena Chapa Hernández, Presidenta; Israel Soberanis Nogueda, secretario y Antonio Melgar Aranda, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 30 de noviembre de 1993: El oficial mayor, Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
El secretario Francisco Dorantes Gutiérrez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el general brigadier DEM J Jesús Verduzco Montaño, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado b, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al general brigadier D. E. M. J. Jesús Verduzco Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 1o. de diciembre de 1993. Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Rogelio Audiffred Narváez, Benjamín Ávila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús
Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejeda, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Cecilia Guadalupe Soto González, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO CONSULADO GENERAL DE ESE PAÍS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 18 de noviembre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Ignacio López Martínez, Francisco Rivera Fernández y Héctor Manuel Ureña López, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 25 de noviembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán a la Embajada de los Estados Unidos de América en México y Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado b, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso para que el ciudadano Juan Ignacio López Martínez pueda prestar sus servicios como asistente de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso para que el ciudadano Francisco Rivera Fernández pueda prestar sus servicios como analista en presupuestos, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso para que el ciudadano Héctor Manuel Ureña López pueda prestar sus servicios como empleado consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 27 de noviembre de 1993. Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Rogelio Audiffred Narváez, Benjamín Ávila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis
A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejeda, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Cecilia Guadalupe Soto González, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
El secretario Juan Adrián Ramírez García:
«Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 17 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Antonio Landa Bonilla, pueda prestar servicios como especialista en proyectos de energía, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 30 de noviembre, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como especialista en proyectos de energía;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado b, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Landa Bonilla, para prestar servicios como especialista en proyectos de energía, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 1o. de diciembre de 1993. Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Rogelio Audiffred Narváez, Benjamín Ávila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil
Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejeda, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Cecilia Guadalupe Soto González, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL (EJERCICIO FISCAL DE 1992)
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1992.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Armando Sergio González Santacruz:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, es de segunda lectura, señor Presidente.
«Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Honorable Asamblea: En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1992; incluyendo los resultados de la gestión financiera, presupuestal y programática de la Administración Pública Federal, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta Cámara para ese ejercicio, y la información relacionada, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional, a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
De acuerdo a lo preceptuado en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, recibió para su estudio, análisis y dictamen la documentación respectiva. Por conducto de la Comisión de Vigilancia se turnó al órgano técnico de esta Cámara de Diputados para la revisión ordenada en los artículos lo., 3o., 10, fracciones I, II y IV y 20 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, durante el proceso de integración del dictamen, coordinó la intervención de mas de 200 diputados en las siguientes actividades:
1) Colaboraron en el examen de la documentación correspondiente, 14 comisiones de esta Cámara de Diputados relacionadas con Sectores o Ramos específicos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
2) Debe destacarse la participación de diputados de todas la fracciones parlamentarias que conformaron nueve Grupos de Trabajo, cuyo esfuerzo plural generó una mayor profundidad en el análisis del ejercicio presupuestal de la Administración Pública Federal.
3) Con el propósito de ampliar la información y aclarar dudas relacionadas con la gestión financiera, el ajuste a los criterios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los principales programas, se efectuaron nueve reuniones que comprendieron más de 44 horas de trabajo. Asistieron servidores públicos de la Administración Pública Federal y diputados integrantes de 14 comisiones de esta Cámara y de los nueve Grupos de Trabajo Pluripartidistas. A los cuestionamientos de los legisladores, dieron respuesta 23 subsecretarios, 10 Oficiales Mayores y varios Directores Generales de las entidades convocadas.
4) La Comisión Dictaminadora, en coordinación con la Comisión de Vigilancia realizó una sesión de análisis, en la que el Contador Mayor de Hacienda atendió los requerimientos de información adicional y propuestas específicas de fiscalización de los diputados integrantes de la Comisión y de los Grupos de Trabajo Pluripartidistas para incorporarlas, en lo conducente, al Informe Previo.
Con base en el Informe Previo, en las observaciones emitidas por las comisiones y Grupos de Trabajo Pluripartidistas, y con fundamento en la legislación aplicable, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública procedió a elaborar el dictamen respectivo, cuyas conclusiones más importantes son las siguientes:
I. Observancia del marco jurídico
La Contaduría Mayor de Hacienda ejerció funciones de Contraloría de conformidad con las atribuciones señaladas en el artículo 30., de su Ley Orgánica.
Del estudio y análisis de la documentación e información relativa, se verificó que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal actuaron con apego a los siguientes preceptos legales: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento; Ley General de Deuda Pública; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento; Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento; Ley de Planeación; Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; Ley de Obras Públicas y su Reglamento; Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley General de Bienes Nacionales; Normas y Procedimientos Generales para la Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal, y el Acuerdo por el que se establecen las Bases y Lineamientos conforme a los cuales las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal formularán y presentarán sus Programas Anuales de Requerimientos Inmobiliarios, así como los relativos a Obras en Inmuebles destinados o utilizados para oficinas públicas.
De lo expuesto en el Informe Previo, en la parte relativa al apego a los Preceptos Legales, se desprenden algunas variaciones, incumplimientos y discrepancias, que si bien no tienen incidencia en la información ni en los resultados que contiene la Cuenta Pública, sí implican faltas de orden administrativo; éstas son:
Algunas dependencias no han emitido sus manuales de organización General y otras no lo han Publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Se advierte retraso en los informes mensuales que deben rendir los liquidadores de entidades paraestatales en proceso de desincorporación a la SHCP, Secogef y a su Coordinadora de Sector.
En consecuencia el órgano técnico deberá realizar las revisiones específicas de las irregularidades detectadas, y rendir a esta Cámara los informes correspondientes.
II. Cumplimiento de los principios básicos de contabilidad gubernamental
La Contaduría Mayor de Hacienda, para evaluar la observancia de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, procedió a constatar que las dependencias y entidades, hubiesen observado las normas en el registro de sus operaciones y en la elaboración de la información financiera.
Del análisis y evaluación efectuados, se desprende que, en términos generales, la información financiera se formuló de acuerdo con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.
En términos Generales, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1992 se presentó de acuerdo con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, por lo que de acuerdo a las facultades conferidas a la Contaduría Mayor de Hacienda, procederá a efectuar las revisiones específicas a que dan lugar las deficiencias detectadas.
III. Análisis de los resultados económicos
III. I Actividad Económica
Los objetivos de Política Económica para 1992 fueron reducir la tasa de inflación a un solo dígito;
impulsar la recuperación gradual de la actividad Económica a tasas mayores a las del crecimiento demográfico, continuar con el proceso de modernización de la economía; fortalecer la política social para mejorar el nivel de vida de la población, con énfasis en la educación, el desarrollo rural y la preservación del medio ambiente.
Los logros obtenidos por el sector público, fueron determinantes para avanzar en el proceso de estabilización. En 1992 se registró un resultado sin precedente, ya que sin considerar los ingresos derivados de la desincorporación bancaria, y la venta del segundo paquete de acciones de Teléfonos de México el Balance Presupuestario fue superavitario al ubicarse en un 1.7% respecto al producto interno bruto. Incluyendo estos ingresos, el superávit presupuestal ascendió a un 4.6% del PIB.
El índice de inflación fue el más bajo de los últimos 17 años, al registrar una variación del 11.9% de diciembre de 1991 al mismo mes de 1992. En tanto, el índice nacional de precios al productor incluyendo al petróleo crudo de exportación, varió un 10.6% en igual período siendo la menor variación desde el inicio de su medición en 1980. Conviene señalar que el 90% de la disminución de la inflación, se explica por los menores crecimientos en los precios de la canasta básica y de las mercancías con precios libres, cuyas variaciones fueron inferiores al índice general de precios; el abasto de la canasta básica fue de un 98.3% por lo que la inflación a la baja y el pleno abasto, fueron logros conjuntos de la política económica.
La actividad económica aumentó a una tasa mayor que la de la población. El valor del PIB creció 2.6% en términos reales, ritmo inferior al previsto en los Criterios Generales de Política Económica. Por tercer año consecutivo, el componente más dinámico de la demanda agregada fue la formación bruta de capital fijo, con un incremento anual de 13.9% real, sustentado fundamentalmente en la inversión del sector privado, que participó con 80.3% del total.
El crecimiento de la inversión privada fue el más alto de los últimos 13 años, al registrar una tasa de 20.4% real, superior en 9.0 puntos porcentuales a la prevista en los Criterios Generales de Política Económica. Las favorables expectativas sobre la evolución de la economía, las acciones emprendidas para modernizar la planta productiva, y el incremento de la disponibilidad de recursos para el sector privado, son los factores que influyeron en este resultado.
El Gasto en Consumo Privado, creció respecto a 1991 en 5.9% real superior al 3.7% real de crecimiento estimado en los Criterios Generales de Política Económica.
El comportamiento de la actividad económica por sector, registró su mayor impulso en el Sector Servicios el que creció en 3.1% real. Dentro del Sector, destacó el subsector transportes, almacenamiento y comunicaciones con 7.6% de aumento real, impulsado por las medidas de desregulación que permitieron eliminar restricciones, reducir el costo de operación y tiempos de entrega; de igual manera fue importante el comportamiento del comercio, restaurantes y hoteles, los que en conjunto aumentaron en un 3.3% real.
El Sector Industrial creció 2.8% real, viéndose favorecido por la dinámica en la construcción en 7.8% en términos reales alentada por el programa de concesión de obras de infraestructura, agua potable, carreteras y el apoyo a la construcción de vivienda de interés social; además del crecimiento real del 4.4% en la generación de electricidad, gas y agua, y en el ritmo de expansión de la industria manufacturera, en un 1.8% real dentro de la cual participaron los minerales no metálicos y otras industrias manufactureras con el 7.0% y 13.1% real, respectivamente.
El descenso del 1.5% en el PIB del Sector Primario se originó en la agricultura y la silvicultura ya que se registraron incrementos en la ganadería y la pesca. En la agricultura, la mayor parte de los cultivos básicos sufrió siniestros a causa de las desfavorables condiciones climatológicas, además, disminuyó ligeramente la superficie sembrada y se sustituyeron cultivos (mientras que el área sembrada de algodón disminuyó por los bajos precios del mercado, la superficie cosechada de sorgo casi duplicó a la del año anterior); por otro lado se retrasaron las lluvias en detrimento sobre todo del frijol, en tanto que el ajonjolí, el trigo y la soya se vieron afectados por el exceso de humedad y, en el caso de la soya, disminuyó la superficie sembrada al ser sustituido por el maíz.
Por lo que corresponde a la silvicultura, el producto tanto de maderables como de no maderables, descendió en un 2.4%. La ganadería aumentó un 3.5%, debido a que la producción de leche como resultado, se elevó como resultado de la liberalización de los precios al productor, a la mayor comercialización y la aplicación del Programa de Fomento a la Producción de Leche; en tanto la pesca aumentó su producto en un 1.4%.
Como resultado del menor crecimiento de la economía y del proceso de modernización económica, la tasa de desempleo abierto en las áreas urbanas registró una tasa promedio de 2.9%; el sector manufacturero incrementó su productividad media en una tasa de 5.9%, lo que permitió mejorar las remuneraciones reales en 9.8%.
III. 2 Sector Financiero
Por lo que corresponde a la modernización del sistema financiero, en julio 1992 concluyó el proceso de desincorporación bancaria, con lo cual se reestableció el régimen mixto en la prestación del servicio de banca de crédito. De las acciones de modernización y las adecuaciones a la regulación que se llevaron a cabo, destacan las modificaciones a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, y a la Ley de Instituciones de Crédito.
Una medida que fortalecer el ahorro interno a largo plazo, y tendrá un importante impacto social para mejorar la situación económica de los trabajadores al momento de su retiro, es el establecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el cual permitirá a los trabajadores canalizar sus ahorros a instrumentos financieros con alto rendimiento y bajo riesgo, al tiempo que se generan mayores recursos para el financiamiento de la inversión. Para su instrumentación se reformaron las leyes del IMSS; Infonavit, y se estableció un régimen similar para los afiliados al ISSSTE.
Como resultado de la aplicación de la modernización del sistema financiero, el saldo real del ahorro financiero creció 6.9%, tasa superior en 2.6 puntos porcentuales a la prevista en los Criterios Generales de Política Económica. La congruencia de la estrategia económica, traducida en una mayor confianza del público inversionista, as¡ como el cambio estructural en el sistema financiero, fueron factores que explican la evolución positiva del Ahorro Financiero. La capitación total de recursos de la economía, por parte del sistema financiero aumentó 7.4% en términos reales representando el 45.8; del PIB, el nivel más alto en la historia del país.
Por su parte, el saldo del financiamiento interno a los sectores público y privado aumentó a una tasa del 7.2%, en tanto que el financiamiento asignado al sector privado, creció en términos reales un 33.6% superando al 20.2% estimado en los Criterios Generales y representando un 38.9% del PIB, lo cual se compensó con una disminución del 41.6% en el financiamiento sector público, como reflejo de su fortalecimiento financiero.
El comportamiento del agregado M - 4 determinó la evolución de las tasas de interés, en las cuales influyeron los flujos de recursos externos al país, los menores requerimientos financieros del sector público, la demanda de crédito privado y la liquidez de las empresas aumentando las tasas reales. La captación integral de las bancas Comercial y de Desarrollo aumentó de diciembre de 1991 a diciembre de 1992 en términos reales el 4.5%, por lo que el saldo de la captación bancaria en el agregado monetario más amplio, fue de 70%.
El crecimiento real de la cartera vencida de las bancas comercial y de desarrollo, aumentó 71% en el primer caso y 14.7% en el segundo siendo los mayores incrementos en los sectores comercial, manufacturero y agropecuario y los créditos al consumo. La cartera vencida respecto al total fue en la Banca Comercial de un 5.3%, en tanto que en la Banca de Desarrollo se redujo a 3.0%, donde Banrural destaca por el Programa de Saneamiento que lleva a cabo desde 1989.
Los intermediarios financieros no bancarios por su lado mostraron un comportamiento positivo, destacando la evolución de la bolsa de valores, cuyo saldo en circulación registró un incremento del 7.9% que se originó en los valores de renta variable, pagar‚s de mediano plazo, bonos de infraestructura y aceptaciones bancarias, en detrimento de los valores de Deuda Pública Interna.
III. 3 Sector Externo
La estrategia establecida en los Criterios Generales de Política Económica de 1992, profundiza la relación de la economía nacional con la internacional, mediante mayores vínculos comerciales vía las negociaciones de libre comercio, con el propósito de fomentar el crecimiento de las exportaciones no petroleras, estimular la competitividad de la industria nacional y seguir moderando el incremento de los precios internos. Asimismo se definió una estructura arancelaria más homogénea y se promovió una política de protección contra las prácticas desleales del comercio internacional.
Como resultado de las acciones de fomento del comercio exterior y los logros obtenidos en materia de estabilización y modernización de la economía, el ingreso neto de capital ascendió a 25 mil 955 millones de dólares, mismos que permitieron financiar el déficit de la cuenta
corriente por 22 mil 809 millones de dólares e incrementar las reservas internacionales en 1 mil 161 millones de dólares.
La entrada de capitales privados fue por 27 mil 543 millones de dólares, mientras que el sector público registró un egreso neto de 1 mil 588 millones de dólares, por concepto de desendeudamiento tanto bancario como del Banco de México. Del total de recursos privados, el 49.2% correspondió a inversión en cartera, 19.5% a inversión directa, 21.1% a endeudamiento, 8.5% a capital repatriado y el 1.7% a la reducción de los depósitos de la banca comercial en el exterior.
La importante entrada de recursos del exterior permitió apoyar la modernización del aparato productivo. En efecto, las importaciones totales incluyendo maquiladoras crecieron un 24.3% reflejando el incremento de la inversión fija bruta del sector privado. Cabe subrayar que el 87.5% de las importaciones efectuadas correspondió a bienes de capital e insumos intermedios.
El déficit comercial incluyendo la operación de las maquiladoras ascendió a 15 mil 933 millones de dólares, como resultado de las exportaciones por 46 mil 196 millones de dólares e importaciones por 62 mil 129 millones de dólares que representan el 69.8% del déficit en la Cuenta Corriente. Las operaciones con el exterior calculado como la suma de las exportaciones e importaciones, aumentó de 24.0% en 1989 a 33.2% del valor de la economía en 1992.
Del total de las exportaciones, las petroleras representaron el 18.0%, siendo su crecimiento respecto a 1991 resultado del mayor precio del petróleo crudo de exportación (que aumentó de 14.54 dólares por barril en 1991 a 14.83 dólares por barril en 1992, que supera al estimado en los Criterios Generales), ya que su volumen fue muy similar al exportado el año anterior, con lo cual se compensó la reducción de las ventas de productos petroleros.
Los ingresos por concepto de exportaciones no petroleras representaron el 82.0% del total y ascendieron a 37 mil 889 millones de dólares, cifra superior en 9.8% a la obtenida el año anterior; su crecimiento se originó en las manufacturas, pues disminuyeron las agropecuarias y las extractivas, al registrar una contracción de 11.0% y 34.9% respectivamente.
Las manufacturas incrementaron su participación en las exportaciones totales de 74.0% a 76.0% y representaron el 93.5% de las no petroleras, debido a que descendieron las exportaciones no manufactureras y que en ese renglón, se incluyen las exportaciones procedentes de la maquila.
Por lo que corresponde a las importaciones crecieron las de bienes de capital y de consumo. Si bien en conjunto estos dos conceptos representaron el 31.1% del total de las importaciones, las de bienes de uso intermedio aumentaron 20.5% y representaron el 68.9% del total.
Cabe señalar que poco más del 20.0% de las compras al exterior se efectuaron en actividades vinculadas con la industria maquiladora, teniendo como contraparte las exportaciones que realizó el sector. Si a este renglón se agregan las importaciones realizadas bajo regímenes temporales, se puede decir que por lo menos el 39.0% de las compras realizadas en el exterior estuvo relacionado de manera directa con la generación de exportaciones.
La balanza de servicios factoriales, es decir, intereses y utilidades arrojó un déficit de 6 mil 876 millones de dólares. Dicho resultado se explica porque se redujeron tanto los ingresos por intereses como los egresos por ese concepto, debido a que descendieron las tasas internacionales.
IV. Evaluación de los resultados presupuestarios del sector público
IV.1 El resultado de las finanzas públicas
Durante 1992, el Sector Público obtuvo un balance financiero sin precedente en la historia reciente de México. Las Finanzas Públicas registraron un Superávit Presupuestal equivalente al 1.7% del PIB, sin considerar los ingresos extraordinarios derivados de la desincorporación bancaria, de la venta del segundo paquete accionario de Telmex. Si se incluyen estos ingresos, el superávit presupuestal registra un 4.6% del producto superior al 3.5% del valor de la Actividad Económica obtenido en 1991 y a la meta de 4.2% del PIB. Por su parte el Superávit Primario fue del 8.8% del Valor de la Producción Nacional.
Este resultado se deriva de:
1) El crecimiento de los Ingresos Presupuestales que representan el 29.6% del PIB, superior en 3.2 puntos porcentuales al estimado en los Criterios Generales de Política Económica que fue del 26.4% del producto. Sin considerar los ingresos no recurrentes la proporción es del 26.7% ingresos de los
criterios Generales de Política Económica que fue del 26.4% del producto. Sin considerar los ingresos no recurrentes la proporción es del 26.7% de la Producción Nacional, mayor en 0.3 puntos porcentuales a la meta prevista para 1992.
2) Un menor Gasto debido a la significativa reducción en el Costo Financiero de la Deuda cuya proporción respecto al producto representó el 4.2%, menor en 1.4 puntos porcentuales a la de 1991; asimismo, influyeron los Avances en el Proceso de Desincorporación y la disciplina presupuestal observada. De esta manera el Gasto del Sector Público Presupuestario significó el 25% respecto al tamaño de la economía e igual a la meta prevista. Del total, el 70% correspondió al programable y el 30% al no programable.
IV. 2 Los Resultados de la Política de Ingresos
Los Ingresos Presupuestales del Sector Público, incluyendo los no recurrentes ascendieron a 300 mil 957 millones de nuevos pesos, cifra que representó el 29.6% del producto, mayor en 0.3% al de 1991 y en 3.2 puntos porcentuales respecto a la meta consignada en los Criterios Generales de Política Económica. A nivel institucional el Gobierno Federal aportó el 71.4% y los Organismos y Empresas el 28.6% restante.
Los ingresos del Gobierno Federal, ascendieron a 214 mil 947 millones 200 mil nuevos pesos incluyendo los recursos derivados de la venta de los nueve bancos, de Teléfonos de México, y los Ingresos provenientes de la liquidación del Ficorca lo cual, implicó un crecimiento real de 5.7% sobre lo captado en 1991, y superior en 11.1% a la estimación de la Ley de Ingresos.
Los ingresos tributarios ascendieron a 132 mil 031 millones 300 mil nuevos pesos, superior en 9.7% real a 1991; por su importancia destaca el comportamiento del impuesto sobre la renta y al activo, al valor agregado, especial sobre producción y servicios y a la importación.
La recaudación del impuesto sobre la renta e Impuesto al activo alcanzó 59 mil 272 millones 200 mil nuevos pesos, con un crecimiento real de 14.1% sobre 1991 y una relación respecto al producto de 5.8%, la proporción más alta alcanzada en la historia de este gravamen mayor en 0.6% del PIB respecto al año anterior y en 0.6 puntos porcentuales del PIB respecto a lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica. Este resultado se deriva del Conjunto de las modificaciones fiscales adoptadas a partir de 1989 y por las acciones de Administración y Fiscalización Tributarias.
Respecto al impuesto al valor agregado, por la aplicación de este gravamen se captaron 32 mil 702 millones 800 mil nuevos pesos, monto inferior en 10.2% en términos reales a la recaudación del año anterior, representando el 3.2% del producto, superior al 2.6% del PIB contemplado en los Criterios Generales de Política Económica.
La contracción registrada, obedeció a la disminución y homologación de la tasa General, acción que se atenuó a través de diversas medidas que ampliaron la base gravable, entre las que destacan la inclusión de los intereses provenientes de los créditos al consumo, los servicios de suministros, uso o aprovechamiento de agua; la enajenación de aguas gaseosas, y la eliminación de la exención que mantenían las tiendas sindicales y oficiales.
La captación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aportó 18 mil 194 millones 100 mil nuevos pesos, superando en 39.7% real a la recaudación de 1991 y mayor en 8.9% a la estimación de la Ley de Ingresos. El aumento se debió a los incrementos a los precios de las gasolinas, y las mayores ventas de gasolinas y diesel en el norte del país. También influyó el aumento en la demanda de bebidas alcohólicas y cerveza.
El Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos obtuvo 2 mil 001 millones 600 mil nuevos pesos, lo que significó un crecimiento real del 54.7% en relación a lo recaudado en 1991. Este comportamiento se explica por el programa de regularización de automóviles de procedencia extranjera, el aumento de tarifas y la favorable evolución en las ventas de autos.
Por concepto del Impuesto a la Importación se recaudaron 12 mil 884 millones 200 mil nuevos pesos, lo que significó un crecimiento real del 13.3%, mayor al 5.9% previsto en los criterios generales, y de 7% respecto a lo proyectado en la Ley de Ingresos. Dicho comportamiento es atribuible a la mayor compra de bienes de capital a que dio lugar el dinamismo de la inversión privada.
En cuanto a los ingresos no tributarios, éstos fueron por 82 mil 915 millones 900 mil nuevos pesos, representando una disminución real de 0.1% y mayor en 9.7% a la estimación original. Destaca en este resultado la combinación de una reducción de derechos, principalmente hidrocarburos y la mayor captación por aprovechamientos.
El cobro de derechos registró una baja por la disminución de los precios de exportación del petróleo crudo, petrolíferos y petroquímicos, y
la reducción del volumen de ventas internas de petroquímicos. Los aprovechamientos por su parte fueron superiores a lo captado en 1991 en 2.9% real al incluir los ingresos no recurrentes.
Las entidades federativas recibieron participaciones por 31 mil 828 millones 500 mil nuevos pesos, con un incremento real de 6.5% representando como proporción del PIB el 3.1%. Los recursos distribuidos a través del Fondo General de participación fueron por 28 mil 342 millones de nuevos pesos, 3.9% en términos reales respecto al ejercicio anterior, en tanto que el Fondo de Fomento Municipal otorgó 787 millones de nuevos pesos, superior en 2.5% real a lo asignado un año antes. Por la captación proveniente del Impuesto Sobre Tenencia, los estados percibieron 2 mil 015 millones de nuevos pesos, mayor en 53.9% real a 1991 y por otros conceptos 684 mil 500 millones de nuevos pesos.
Por lo que corresponde a los ingresos de los Organismos y Empresas sujetas a control presupuestal, estas tuvieron como objetivo lograr la eficiencia económica y el saneamiento financiero a partir de los siguientes mecanismos:
Ajuste de precios y tarifas de acuerdo a las variaciones de los precios internacionales.
Fórmulas de ajuste para periodos largos, hasta alcanzar su referencia internacional.
Relaciones técnicas con otros productos.
Ajustes para alcanzar y mantener una relación precio/costo equilibrada, y
Ajustes para mantener las tarifas a precios reales.
Política de subsidios transparentes, con base en el costo real del bien o servicio y su impacto preciso en los beneficiarios.
Los ingresos ordinarios de los organismos y empresas sujetas a control presupuestal fueron por 97 mil 489 millones 500 mil nuevos pesos, menor en términos reales en un 0.4% a lo obtenido en 1991 por menores ingresos propios y menos transferencias. Los ingresos propios ascendieron a 89 mil 274 millones 300 mil nuevos pesos, cifra 0.2% menor en términos reales a la generada el año anterior por la disminución de los ingresos de capital y en 2.1% a la estimada en la Ley de Ingresos. Las Entidades no Petroleras obtuvieron ingresos por 63 mil 676 millones 400 mil nuevos pesos, registrando un crecimiento real de 4.5% respecto a 1991.
Los ingresos de Pemex ascendieron a 25 mil 597 millones 900 mil nuevos pesos, representando el 26.2% de los ingresos ordinarios de las entidades paraestatales controladas directamente, inferior en 11.0% real al del año anterior. Varios factores influyeron en este comportamiento, entre ellos; los menores precios de exportación de petrolíferos y petroquímicos, reducción en el volumen de ventas internas de ciertos productos, sobre iodo combustibles industriales y menor captación de ingresos financieros.
La política de cuotas de peaje, en los caminos y puentes que administra Capufe, se orientó a mantener tarifas reales para reflejar el valor del servicio; mientras que con la política seguida de precios y tarifas, el Sector Eléctrico buscó reflejar su costo real considerando diferencias regionales y estacionales en el costo de suministro para los usuarios de media y alta tensión, as¡ como ajustar las tarifas residenciales, agrícola, comercial y de servicios, para alcanzar una relación equilibrada costo/precio.
A los servicios aeroportuarios se aplicó una política de precios diferenciados por aeropuerto de acuerdo a la infraestructura, equipo y horario de uso y eliminar las ineficiencias creadas en la comercialización de la turbosina, cuyo precio se fijó en función de la cotización vigente en el mercado internacional. Esta política reflejó el costo real del transporte del centro productor al consumidor y una tarifa de suministro tal, que el precio final fuera competitivo con el de otros aeropuertos con los que se tiene mayor flujo operacional.
El IMSS, CFE, ISSSTE y Conasupo tuvieron ingresos mayores a los presupuestados, en tanto que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Ferronales, registraron menores ingresos a los originales atribuible en el primer caso, a la menor cobranza y los mayores niveles estimados en materia de generación y comercialización, y en Ferronales a la reorganización de los servicios y la no aplicación del aumento de tarifas.
IV. 3 Los Resultados de la Política de Gasto
La Política de Gasto se apegó a la estrategia establecida. Por primera vez en varios años, para 1992 se determinó que el gasto total debía ser compatible con un nivel de ingresos, sin depender de los recursos extraordinarios y sin recurrir al endeudamiento que permitiera alcanzar un superávit en las finanzas públicas. Para ello, el nivel de gasto debía disminuir en términos reales, permitiendo una recuperación del Gasto Programable para atender las prioridades sociales. Estos objetivos se cumplieron.
El gasto neto del sector público presupuestario registró una reducción real respecto al año anterior, contribuyendo a la obtención de un superávit fiscal sin incluir ingresos extraordinarios, en tanto que el Gasto Programable alcanzó un incremento compatible con las metas previstas, lo que a su vez permitió avanzar en el cambio estructural del presupuesto. Asimismo, el gasto en desarrollo social erogó 50.2% del total programable. De éste se canalizó al Sector Salud el 43.9%, a Educación el 41.1%, a Pronasol el 6.9%, a Desarrollo Urbano, Agua Potable y Ecología el 5.2% y al Programa Social de Abasto el 2.9%.
Durante 1992, el gasto neto del sector público presupuestario representó el 25.0% del producto interno bruto y menor en 0.9 puntos porcentuales al ejercido en 1991; resultado de la combinación de un aumento en el gasto programable, principalmente en transferencias las que crecieron un 14.8% en términos reales, y la baja en el no programable en un 11.6% real en los intereses, comisiones y gasto de la deuda, no obstante haber aumentado las participaciones y los estímulos fiscales y otros en un 6.5 y 26.4%, respectivamente.
Cabe señalar que el Ejecutivo Federal autorizó diversas ampliaciones para cubrir gastos no previstos o para impulsar actividades y proyectos prioritarios. Derivado de ello el ejercicio del gasto fue de 9 mil 442 millones 500 mil nuevos pesos, 3.9% mayor a lo presupuestado; estas erogaciones, fueron menos del 50% de la generación de mayores ingresos a los previstos originalmente, por 19 mil 225 millones 900 mil nuevos pesos, por lo que las ampliaciones autorizadas no afectaron el cumplimiento de las metas presupuestales.
La baja del gasto total obedeció principalmente a una reducción en el costo financiero de la deuda pública, tanto por la renegociación como por la canalización de ingresos extraordinarios, así como a su amortización, lo que propició que el pago de intereses descendiera; al erogarse 43 mil 103 millones 300 mil nuevos pesos en 1992 frente a 48 mil 257 millones 800 nuevos pesos ejercidos en 1991, lo que representó una baja del 22.1% en términos reales.
El costo financiero de la deuda fue equivalente a 4.2% del PIB, igual a lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica y menor en 1.6 puntos del PIB al de 1991, representando el 16.9% del presupuesto total. Cabe recordar que al inicio de la presente administración este gasto era equivalente al 18.0% del PIB y absorbía el 45.3% del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El gasto programable ascendió a 178 mil 266 millones 200 mil nuevos pesos, representando un incremento real de 4.6% respecto a 1991. Este gasto fue inferior en 0.1 puntos porcentuales del PIB respecto a la previsión original de 17.6% por lo que con menos recursos fue posible tener una mayor cobertura y mejorar los servicios básicos a la población. Con la estrategia establecida, se avanzó en el cambio estructural del presupuesto al aumentar su participación en relación al gasto total de 66.4% en 1991 a 70.0% en 1992.
A su vez, para la expansión y modernización de la infraestructura básica, el Gobierno promovió en los términos establecidos por la Ley la participación de la iniciativa de los particulares, lo que explica el comportamiento del Gasto Programable en sus dos grandes rubros; corriente y de capital; el gasto corriente incluyendo transferencias de igual naturaleza, ascendió a 137 mil 328 millones 100 mil nuevos pesos, lo que significó un aumento real de 7.9% en relación a 1991.
Dicho comportamiento lo determinaron los aumentos salariales otorgados por la Dependencia y Entidades de la Administración Pública Federal, dirigidos a mejorar el ingreso real de sus trabajadores, en beneficio del magisterio, al personal del Sector Salud, al responsable de la impartición de justicia; la Reestructuración Administrativa en varias entidades paraestatales a efecto de elevar su productividad y eficiencia y al cumplimiento de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.
Desde el inicio de la presente Administración se asignó al gasto de capital un papel estratégico en función de su orientación más que a su volumen. Consecuente con lo anterior, 1a inversión pública se canalizó hacia la expansión de la infraestructura social, mientras que el fortalecimiento y modernización de la infraestructura básica, se apoyó en el esfuerzo complementario entre los sectores público, social y privado, lo que permitió impulsar las acciones a un ritmo mayor al que podría realizar el Gobierno por sí solo.
Así en 1992, el gasto de capital ejercido por las dependencias y entidades sujetas a control presupuestal, incluyendo las aportaciones de capital a las entidades de control indirecto, ascendió a 40 mil 938 millones 100 nuevos pesos, inferior en términos reales en un 5.0% respecto a 1991.
IV. 4 Los Resultados de la Política de Deuda
El honorable Congreso de la Unión autorizó un endeudamiento externo neto de hasta 2 mil
millones de dólares, sin embargo, no sólo no hubo endeudamiento, sino que incluso se redujo el monto de los pasivos externos, a través de la recompra de pasivos a descuento en los mercados secundarios internacionales as¡ como operaciones de recompra indirecta, a través del programa de intercambio de deuda por capital.
Como resultado de la colocación bruta y del pago del principal de la deuda externa del Sector Público, se obtuvo un desendeudamiento de 3 mil 483 millones 700 mil dólares (20 mil 383 millones 200 mil dólares de amortización, menos 16 mil 899 millones 500 dólares de colocación bruta), cifra que se compara favorablemente con el monto del endeudamiento externo aprobado por la Cámara de Diputados; si a esta cifra se le agregan 748 millones 900 dólares por concepto de la apreciación de dólar respecto a otras divisas y los ajustes por conciliación de cifras, se obtiene un desendeudamiento total de 4 mil 232 millones 600 mil dólares.
Al 31 de diciembre de 1992, el saldo de la Deuda Externa Bruta del Sector Público Federal, que comprende al Gobierno Federal, las Instituciones de Fomento y el Sector Paraestatal de control directo e indirecto ascendió a 75 mil 755 millones 200 mil dólares, monto inferior en 5.3% al registrado en 1991 por 79 mil 987 millones 800 mil dólares, al considerar los Activos Financieros Externos propiedad de México y atados a la Deuda Externa, ésta se situó en 68 mil 060 millones 300 mil dólares.
En materia de Deuda Interna el Sector Público registró un desendeudamiento devengado interno de 32 mil 722 millones 500 mil nuevos pesos, originado en su totalidad en el Gobierno Federal, ya que los organismos y empresas presentaron un ligero endeudamiento.
Una parte importante de la reducción del saldo de la Deuda Interna del Gobierno Federal se efectuó con los recursos del Fondo de Contingencia y del Superávit de Caja. En virtud de ese desendeudamiento se amplió la oferta de Fondos Prestables, descendieron las tasas de interés, disminuyó el Costo del Servicio de la Deuda Interna y se liberaron recursos que se destinaron al desarrollo de la infraestructura social y económica.
Como resultado de la estrategia aplicada, el saldo de deuda interna se ubicó en 143 mil 190 millones 900 mil nuevos pesos, monto inferior en 24.7% real al alcanzado en 1991. Del total señalado, el 93.2% correspondió al Gobierno Federal y el 6.8% al Sector Paraestatal de Control
Directo y respecto al producto represento el 14.1%, el cual fue menor al 19.2% que alcanzó en 1991.
La Deuda Total del Sector Público al 31 de diciembre de 1992 alcanzó 352 mil 588 millones 800 mil nuevos pesos, lo que representó una reducción nominal de 10.6% en sólo un año. En relación al PIB pasó de 45.6% en 1991 a 34.6% en 1992, su nivel más bajo en los últimos 12 años. De sus componentes, la interna se redujo en 5.2 puntos porcentuales del PIB y la externa en 5.8 puntos del producto, al ubicarse cada uno de ellos en 14.0 y 20.6% respectivamente en 1992.
En términos netos, la participación en el PIB fue de 31.2%, lo cual refleja un descenso de 9.0 puntos porcentuales respecto a 1991. Dicha variación se explica por reducciones de 5.0 y 4.0 puntos porcentuales en el salido neto interno y externo, respectivamente.
IV. 5 Evaluación de las Políticas de Ingresos Gasto y Deuda
De lo expuesto se concluye que:
1) Durante 1992 el Sector Público obtuvo un Balance Financiero sin precedente, al registrar un superávit presupuestal equivalente al 1.7% del PIB, excluyendo los ingresos no recurrentes. Considerando tales ingresos, se logró una participación en el PIB de 4.6%, superior en 1.1 puntos porcentuales al obtenido en 1991.
El superávit presupuestal primario representó un 8.8% del PIB, similar en términos reales al obtenido un año antes y mayor en 0.4 puntos porcentuales del PIB a lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica de 1992. Con ello el Sector Público pasó de ser un demandante a un generador de ahorro.
2) Los Ingresos Presupuestales del Sector Público, incluyendo los derivados de la venta de Telrnex y bancos alcanzaron un 29.6% del PIB superior en 3.2 puntos porcentuales del PIB previsto en los Criterios Generales de Política Económica; el Gobierno Federal aportó el 71.4% y los Organismos y Empresas el restante 28.6%.
La efectividad de las medidas orientadas a llevar la eficiencia recaudatoria, la modernización de la Administración Tributaria, y el aumento de la presencia fiscal, fueron los factores que, junto con la percepción de ingresos no recurrentes, generaron los resultados positivos, aún sin considerar los ingresos no recurrentes, la recaudación resultó favorable al depender de fuentes más estables.
3) La Política de Gasto fue congruente con los objetivos y lineamientos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992 aprobado por la honorable Cámara de Diputados, basándose en un manejo racional y acorde a la disponibilidad de recursos. La continua reducción del servicio de la deuda interna y externa, como resultado del adecuado manejo fiscal, permitió una recomposición importante del gasto a favor de las erogaciones programables.
En 1992, el gasto neto presupuestal prosiguió su tendencia decreciente al registrar una disminución en términos reales del 0.8% real respecto a 1991. El gasto no programable se redujo en 11.6% real a consecuencia del menor Costo Financiero de la deuda; en tanto que el gasto programable se incrementó 4.4% a precios constantes debido principalmente al gasto destinado al desarrollo social, mismo que se reflejó en un aumento de 6.4% en el gasto corriente y 14.8% en las transferencias a las entidades de control indirecto.
La inversión pública se redujo 2.2% real influida por el redimensionamiento del sector paraestatal, la redefinición de objetivos y ámbitos de operación de algunas empresas y la mayor participación privada en inversiones antes reservadas al Estado.
4) En materia de deuda pública, los logros sobresalientes fueron la reducción de las transferencias netas de recursos al exterior, acceso a nuevas fuentes de financiamiento en los mercados internacionales de capitales, disminución del saldo histórico y mejoría del perfil, as¡ como de las condiciones de contratación de deuda interna, lo cual contribuyó a la disminución de los requerimientos financieros del sector público.
La deuda pública interna redujo su saldo en términos nominales al aplicar los recursos acumulados en el Fondo de Contingencia, con lo cual su proporción se redujo y aseguró un menor costo financiero, y el uso de los valores gubernamentales como el principal medio de financiamiento del Gobierno Federal.
La tenacidad en la aplicación de la estrategia de amortización de la deuda pública con los recursos provenientes del superávit fiscal hizo posible obtener por segundo año consecutivo un desendeudamiento neto. Los resultados de las finanzas públicas permitieron reducir la deuda pública total externa e interna en un 10.6% en términos nominales en un solo año, llegando su saldo a representar al cierre de 1992 únicamente 34.6%, con relación al PIB, cifra menor en 11 puntos porcentuales del PIB respecto a 1991.
V. Evaluación sectorial del gasto
V. l Sector Desarrollo Rural Integral
Los objetivos trazados para 1992 y las metas intermedias; de asistencia técnica, agrícola y pecuaria, de control de plagas y enfermedades, de incorporación y rehabilitación de áreas de riego, de producción de especies benéficas, de reforestación, de vigilancia de los 105 recursos forestales y de capacitación de productores, fueron congruentes con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y los programas de mediano plazo, orientados a elevar la producción y productividad del campo; garantizar el abasto de productos básicos; contribuir a lograr la soberanía alimentaria e incrementar el uso eficiente y racional del agua.
En 1992, el Sector Desarrollo Rural ejerció mil 449 millones 700 mil nuevos pesos, mayor en 4.2% en términos reales al de 1991 y 0.8% m s en relación al original. El gasto ejercido por las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria fue de 2 mil 650 millones 800 mil nuevos pesos. Por dependencias la SARH ejerció 2 mil 137 millones 600 mil nuevos pesos, teniendo un crecimiento real de 11.7%. La Reforma Agraria ejerció 513 millones 200 nuevos pesos, mayor en 29.0% en términos reales por la ejecución del Programa de Abatimiento del Rezago Agrario, la creación de la Procuraduría Agraria y los Programas de Capacitación a los campesinos. Las transferencias a las entidades coordinadas en ambas dependencias fueron de 6 mil 048 millones 800 mil nuevos pesos.
Las acciones desarrolladas en este sector fueron congruentes con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Modernización del Campo y el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1992. Aumentó la participación del gasto corriente, debido a la regularización salarial, al impulso en la cadena trigo - harina y al Programa de Retiro Voluntario. El gasto de capital disminuyó por la reclasificación de las transferencias de inversión asignadas a la Comisión Nacional del Agua y el menor monto de inversión directa de la SARH.
Respecto a las metas intermedias, se superaron las relacionadas con la incorporación de nuevas superficies de temporal a la producción agrícola tecnificada, la rehabilitación de infraestructura de riego, la entrega de certificados de propiedad o inafectabilidad y la capacitación a productores.
No se cumplieron las metas de ampliación de superficies cultivables de riego, de asistencia técnica pecuaria, de reforestación y de protección de recursos forestales, debido a que se sobrestimaron las metas y se modificaron los programas de obra de algunos proyectos de irrigación.
Las acciones desarrolladas se caracterizaron por haber involucrado a los gobiernos estatales, municipales y organizaciones de productores. Se profundizó además en los procesos de descentralización y desconcentración, buscando mayor participación del sector privado a través de nuevas formas organizativas, derivadas de las modificaciones al artículo 27 constitucional y las leyes reglamentarias respectivas.
V.2 Sector Pesca
El sector continuó reforzando sus funciones de coordinación y regulación, encaminadas a promover la Pesca en sus fases de captura y acuacultura; la administración eficiente y el fomento de las pesquerías; el desarrollo y diversificación de mercados, y la concurrencia amplia y organizada de los agentes productivos. Acciones que fueron consistentes con los objetivos y metas del Programa Operativo Anual, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, congruentes con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y el Acuerdo Nacional para la Modernización Pesquera.
En 1992, el volumen de la producción pesquera nacional disminuyó en 14.2% respecto a 1991 al alcanzar 1 mil 246 millones 400 mil toneladas, de las cuales, 86.4% corresponden a especies de captura y el 13.6% a la acuacultura. La captura de especies marinas se redujo debido a la presencia de fenómenos oceanográficos y climatológicos adversos, principalmente en la sardina y anchoveta; también influyó el embargo atunero. La producción acuícola disminuyó, como consecuencia de elementos contaminantes, trastornos genéticos y la presencia de depredadores.
Las erogaciones del sector pesquero ascendieron a 332 millones 800 mil nuevos pesos, superior en 47.6% al original pero, 7.0% menor en términos reales al ejercido en 1991, debido a los mayores recursos otorgados a la Sepesca, Instituto Nacional de Pesca y el otorgamiento de transferencias no previstas originalmente a Ocean Garden Products, Inc., al impulso dado a las acciones de promoción, regulación y organización pesquera; al desarrollo de la investigación aplicada, y el fomento de las actividades acuícolas.
Destaca que los recursos ejercidos por Ocean Garden Products Inc., por 27 millones 700 mil nuevos pesos, no consideradas en el presupuesto original, se destinaron al apoyo de 54 cooperativas camaroneras.
Las metas para construir y mantener la infraestructura acuícola se cumplieron en un 88% al reportar 22 obras de las 25 que fueron programadas. La variación obedece a la cancelación de obras del Parque Camaronícola el Caimanero en Sinaloa; el Parque de Maricultivo de Bahía de San Quintín en Baja California Sur, y el Parque Camaronícola de Yucatán.
La meta de dragar lagunas y canales de comunicación con el mar no se cumplió en 39.4%, debido al retraso en la autorización del estudio de impacto ambiental, motivando la reprogramación en las contrataciones.
V. 3 Sector Industrial y Energético
En el Sector Industrial y Energético, las metas y líneas de acción propuestas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1992 se orientaron a elevar la eficiencia y la productividad de la Industria Nacional y de las entidades paraestatales, estratégicas y prioritarias; fomentar la participación de los sectores social y privado en la ampliación, conservación y mantenimiento de infraestructura básica; garantizar la suficiencia energética, atender la demanda de bienes minero - metalúrgicos, e impulsar las exportaciones no petroleras, conforme al esquema de apertura comercial.
En el Programa Nacional de Modernización Energética se fijaron las siguientes metas: Ampliar la capacidad instalada para la generación de electricidad en 5.8% anual, incrementar la generación bruta a una tasa media anual de 6.5%, elevar las ventas a una tasa anual de 6.8%, mantener la producción promedio de crudo en 2 millones 500 mil barriles diarios, adecuar la exportación a niveles no menores de 1 millón de barriles diarios y aumentar las ventas intermedias de refinados en 5.2%.
En materia de hidrocarburos se produjeron 2 millones 668 mil barriles diarios de petróleo crudo, 0.3% menor al observado en 1991. Asimismo se produjeron 1 millón 543 mil barriles diarios de petrolíferos refinados y 18 millones 422 mil toneladas de petroquímicos, volúmenes superiores en 0.6% y 2.3% a los producidos en el año anterior.
Por lo que respecta al subsector eléctrico se invirtieron 14 mil 226 millones 400 mil nuevos pesos
para la construcción de centrales generadoras, sistemas de transformación, líneas de transmisión y circuitos de distribución, con lo que se logró aumentar la capacidad instalada en 1.0%, y la generación en 2.7% respecto a 1991. Se incorporaron 594 colonias populares debido a que se recibieron apoyos del Programa Nacional de Solidaridad, para atender a la población de escasos recursos lográndose incorporar en el año más de 800 mil nuevos usuarios.
En 1992 la política de gasto aplicada al sector, se ajustó a los criterios de racionalidad y selectividad de obras. De los 46 programas los 10 más importantes representaron el 89.4% del gasto, superior en 2.3 puntos porcentuales a lo previsto.
V. 4 Sector Comercio
En lo relativo al comercio interior y exterior y el abasto; los objetivos, las acciones y las metas propuestas contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se apegaron a los propósitos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y a los programas sectoriales de mediano plazo: Modernización Industrial y de Comercio Exterior, y el de Modernización del Abasto y del Comercio Interior.
El sector dedicó su esfuerzo a asegurar el abasto suficiente de alimentos básicos en condiciones adecuadas de precio y calidad, en especial, a los sectores de bajos ingresos cuidando que los subsidios se canalizaran al consumo de productos que realizan dichos grupos, a promover la libre concurrencia de productos básicos, a promover la modernización de la planta productiva para aumentar la eficiencia y productividad, así como fomentar las exportaciones y la inversión extranjera mediante la desregulación.
El gasto programable del sector fue de 6 mil 368 millones 700 mil nuevos pesos, mayor en 9.5% a la previsión original. Este aumento se registró en la Conasupo mayores compras de maíz y en la Secofi debido, entre otros, a los aumentos salariales y a las aportaciones al SAR.
Los resultados obtenidos superaron las metas de comercialización del maíz, construcción de bodegas y almacenes, acopio y productos básicos, y, se cumplieron parcialmente las metas de comercialización del frijol, almacenamiento de productos básicos, comercialización de lácteos y venta de bienes de consumo generalizado. Específicamente, los resultados del Sector en el ámbito de abasto y comercio interior fueron: la adquisición de productos básicos agropecuarios (maíz y frijol) 4 millones 900 mil toneladas, 30% mayor a lo estimado; venta de productos básicos agropecuarios 4 millones 700 mil toneladas, 9% superior a lo programado; acopio de productos básicos 4 millones 800 mil toneladas, 20% mayor al original y almacenamiento de productos básicos, 33 millones 400 mil toneladas, inferior en 1% respecto al estimado.
En el campo del Fomento y la Promoción Industrial destaca la creación de la Comisión Mixta para la Modernización de la Industria Micro, Pequeña y Mediana (Comin), la cual opera en todas las entidades del país. El número de empresas maquiladoras establecidas a diciembre de 1992 fue de 2 mil 129 (11% más que en 1991), en tanto que el número de empleos aumentó alrededor del 10% y la captación neta de divisas fue mayor en 18%.
Se avanzó también en la consolidación de la apertura comercial, logrando una conformación de la estructura arancelaria más homogénea, al modificarse 3 mil 345 fracciones arancelarias de la Tarifa del Impuesto General de Importación y 2 mil 900 fracciones de la Tarifa del Impuesto General de Exportación. Con lo anterior, la estructura arancelaria de importación quedó integrada por 192 fracciones controladas y 11 mil 618 liberadas, y en la de exportación por 101 y 5 mil 080, respectivamente.
En cuanto a la promoción de las exportaciones, se registraron 21 empresas de comercio exterior, 69 altamente exportadoras y 273 programas de importación temporal para elaborar artículos de exportación, que ampararon exportaciones por 166 millones 100 mil, 285 millones 500 mil y 980 millones de dólares, respectivamente.
Con objeto de fortalecer y diversificar las relaciones comerciales con el exterior, se realizaron intensas negociaciones bilaterales y multilaterales, destacando la firma del Acuerdo Marco Multilateral para el programa de liberación comercial entre México y los países centroamericanos, además, se presentó el Proyecto del Acuerdo Marco de Libre Comercio entre el grupo andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y México).
En relación a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, entre México, Canadá y Estados Unidos, éstas concluyeron el 12 de agosto de 1992, con la firma del documento finalizó la etapa de negociación de Gobierno a Gobierno.
Además, se practicaron ocho auditorías de sistemas a las entidades coordinadas sectorialmente:
Liconsa, Diconsa, Conasupo y Boruconsa. Como resultado de dichas auditorías surgieron diversas recomendaciones, entre otras: actualización de manuales y reforzamiento del control interno contable.
En 1992 se desincorporaron siete entidades del sector: uno por venta, uno por liquidación, dos por extinción y tres por fusiones.
V.5 Sector Turismo
Durante 1992, los objetivos, acciones y metas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año proceden de los Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Modernización del Sector.
Las metas propuestas se cumplieron en forma general, de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992 considerando mantener su participación en el Producto Interno Bruto, el saldo superavitario de la captaeión de divisas y la generación de empleos remunerados.
Respeto a los resultados obtenidos por el sector, éstos muestran avances en relación a 1991. Así, se registró un crecimiento anual en la captación de divisas de 2.2%; aumento en los egresos de 10.7%, y, un superávit de la balanza turística mayor en 11.8% a la previsión original. Asimismo, se generaron 40 mil nuevos empleos permanentes para sumar por más de 2 millones de personas ocupadas en la actividad, representando el 9% de la población económicamente activa.
Los logros obtenidos obedecieron al avance de la modernización del sector con base en la colaboración de los sectores social y privado, a la desregulación y simplificación administrativa, a una mayor oferta y demanda hotelera, al apoyo de programas de capacitación a los prestadores de servicios, al fomento de la participación de inversionistas nacionales y extranjeros en proyectos integrados, a la descentralización y a la realización de campañas publicitarias nacionales e internacionales.
Por lo que respecta al gasto del sector se ejercieron 448 millones 900 mil nuevos pesos, cantidad superior en 35.8% al presupuesto original, debido fundamentalmente a las ampliaciones efectuadas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para la operación y mantenimiento de los polos de Desarrollo Turístico ubicados en Cancún, Ixtapa, Loreto, los Cabos y Huatulco.
Respecto a la clasificación económica, el gasto corriente absorbió la mayor parte del gasto total ejercido y sólo una mínima proporción se destinó al gasto de capital, con base en el apoyo otorgado principalmente a las campañas promocionales y publicitarias. Por el contrario, las empresas de control indirecto canalizaron sus mayores porcentajes al gasto de capital cuya estructura es similar a la del año anterior.
La auditoría de sistemas que se practicó en el sector por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, derivó en cinco recomendaciones en materia de adquisiciones, de las que destacan la correcta utilización de formatos, la adecuada elaboración de manuales y ajustarse a la Ley de Adquisiciones. Asimismo se desincorporaron un total de tres entidades: dos por disolución y liquidación y una por transferencia.
V.6 Sector Comunicaciones y Transportes
Los objetivos, metas y líneas de acción propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1992, fueron congruentes con el marco de planeación establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas de mediano plazo del Sector Comunicaciones y Transportes, tendientes a: mejorar la capacidad, calidad y eficiencia de los servicios de transporte; ampliar la cobertura de las comunicaciones para promover la integración y desarrollo regionales; mejorar la calidad de los servicios de comunicación y fomentar una mayor participación de la inversión privada.
El gasto ejercido en 1992 por el sector fue de 10 mil 156.0 millones de nuevos pesos, monto que superó en 1.2% al previsto, debido principalmente, a remuneraciones adicionales efectuadas para cubrir incrementos salariales y el Sistema de Ahorro para el Retiro, dar inicio al proceso de desincorporación del organismo Puertos Mexicanos, y llevar a cabo un programa emergente de mantenimiento y rehabilitación en el aeropuerto internacional de la ciudad de México.
Durante 1992 los recursos se dirigieron a conservar, reconstruir, ampliar, construir y modernizar la infraestructura de los transportes y de las comunicaciones. En materia de transporte carretero destacan las obras de conservación y reconstrucción de la red federal con la participación de los tres niveles de Gobierno, la superación de las metas de movilización de carga y transporte de pasajeros, así como la construcción y modernización de carreteras concesionadas a particulares
En el transporte ferroviario sobresale la rehabilitación de vías con riel nuevo y riel de recobro y la reparación mayor de locomotoras, que redundó en transportar más carga que la prevista y alcanzar de hecho la meta esperada en transporte de pasajeros. Las metas en materia de modernización y ampliación de aeropuertos, pistas y plataformas se cumplieron cabalmente.
En materia de comunicaciones, se prosiguió la instalación del sistema computarizado de gestión del espectro radioeléctrico, la operación de las 27 estaciones terrenas de comunicación vóa satélite y se reforzó la supervisión a Teléfonos de México, S.A., en particular de sus programas de aparatos públicos en operación, alcanzando en total 23 mil 799 aparatos que representan una densidad de 1.52 casetas por cada mil habitantes y se dio seguimiento a la incorporación de 2 mil 869 localidades rurales al servicio telefónico, en tanto el servicio postal mexicano rebasó la meta de manejo y transportación de piezas postales.
V.7 Sector Salud y Seguridad Social
En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y en los programas de mediano plazo 1990-1994, se estableció como objetivo, impulsar la protección de todos los mexicanos mediante servicios y prestaciones oportunos y equitativos que contribuyan a mejorar efectivamente sus condiciones de bienestar social.
En 1992, el sector conservó su carácter prioritario dentro de la política presupuestal del Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para fortalecer la política social y contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población.
En este sector se ejerció un gasto de 38 mil 296.2 millones de nuevos pesos, monto mayor en 7.7% real al registrado en 1991 y 2.9% al programado. De este total, 65.2% correspondió al IMSS, 17.6% al ISSSTE, 9.3% a la Secretaría de Salud y el restante 7.9% a otros ramos y entidades.
En el ejercicio del presupuesto, el gasto corriente fue superior por los aumentos salariales autorizados, el pago del Sistema de Ahorro para el Retiro y los incrementos registrados en los insumos médicos. El gasto de capital fue inferior debido a que se rescindieron algunos contratos de obra, retraso en los procedimientos de licitación, no se reprogramaron las fechas de terminación de obras y se transfirieron recursos presupuestales al Pronasol.
A efecto de satisfacer la creciente demanda de atención médica y asistencia, así como para elevar la calidad, oportunidad y cobertura de los servicios que proporcionan las instituciones públicas del sector, se coordinaron acciones y esfuerzos otorgando prioridad a los habitantes de las zonas marginadas rurales y urbanas.
El 95.0% de la población tuvo acceso a los servicios permanentes de salud a través de las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE), de los servicios de salud a población abierta (SSA, DIF e IMSS - Solidaridad) y de las instituciones privadas. Se redujeron los índices de mortalidad al pasar de 5.2% en 1991 a - 4.8% en 1992 por cada, mil habitantes, disminuyendo también la incidencia de las principales enfermedades transmisibles y manteniéndose los índices de vida ya alcanzados.
V.8 Sector Trabajo y Previsión Social
El sector orientó sus acciones a procurar la solución conciliada de los conflictos obrero - patronales; vigilar el cumplimiento de la legislación laboral; proteger el salario y el consumo de los trabajadores; extender y consolidar el Sistema Nacional de Empleo; fomentar la capacitación de la mano de obra, y elevar la productividad y competitividad de las empresas.
De igual forma promovió el fortalecimiento de las sociedades cooperativas y se intensificaron los esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como elevar los índices de bienestar y seguridad social de los trabajadores y sus familias. Todo ello, dentro del marco del PND 1989-1994; el Programa Nacional de Promoción e Impartición de Justicia 1991-1994, y el Programa Nacional de Capacitación y Productividad 1991-1994.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, agilizó los procedimientos de atención al público, actualizó los programas de capacitación para su personal y reforzó los sistemas de control y supervisión mediante el enlace de 22 procuradurías foráneas y las oficinas centrales con equipos de fax
En el fomento y regulación del mercado de trabajo destaca la labor del servicio nacional de empleo, en este ejercicio fue posible colocar a 253 mil 799 personas, 81% del total de solicitantes y 30% superior respecto al año anterior. Este servicio mantuvo su cobertura en las 31 entidades federativas por medio de 99 oficinas ubicadas en 83 ciudades principales.
A través del proyecto de capacitación de mano de obra, se otorgaron 42 mil 136 becas a trabajadores desempleados, observando los requerimientos del aparato productivo local y regional, promoviendo la calidad y la competitividad para asimilar los cambios inducidos por la incorporación acelerada de nuevas tecnologías. En este mismo marco, se capacitaron a 84 mil 064 trabajadores que significa el 149.4% sobre la meta original.
Con objeto de ofrecer alternativas de empleo y fomentar la participación de las organizaciones del sector social en las actividades productivas, se brindó asesoría y orientación a través de la integración de grupos productivos y de sociedades cooperativas de producción y consumo, constituyéndose 258 cooperativas, de las cuales 186 fueron de producción y 72 de consumo, generando 5 mil 190 empleos directos.
Para garantizar las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, los esfuerzos se dirigieron a disminuir los accidentes laborales, por lo que se registraron 11 mil 165 comisiones mixtas de Seguridad e Higiene, 33.3% superior a lo alcanzado en 1991.
En el marco de la concertación económica con los sectores productivos, a partir del 11 de noviembre de 1991, se fortalecieron el ingreso real de los trabajadores y los salarios profesionales, mismos que fueron ratificados el lo. de enero de 1992. El 20 de octubre de 1992 al suscribir el PECE, se concertó otro incremento equivalente al 7.0% a partir del lo. de enero de 1993.
Con el propósito de reforzar el poder adquisitivo del salario, el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores otorgó 429 mil 574 créditos para la adquisición de bienes y servicios, 8.8% superior a 1991:
El Sector Trabajo y Previsión Social ejerció 328 millones 400 mil nuevos pesos, monto inferior en 1.4% respecto del original y 1.7% menos en términos reales de lo ejercido en 1991.
En el ejercicio presupuestal por programas, los sustantivos ejercieron un gasto de 153 millones 100 mil nuevos pesos, cifra equivalente al 46.6% del total y menor en 26.5% de la original; las variaciones relevantes respecto de lo autorizado se observaron en los siguientes programas: en el de Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral y Fiscal, se ejerció un presupuesto de 60 millones 200 mil de nuevos pesos, cifra superior en 43.1% a la original, por los incrementos salariales al personal y prima quinquenal, gastos por instalación de las nuevas juntas auxiliares y creación de plazas para el fortalecimiento del programa de modernización.
En el Programa de Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los trabajadores, disminuyeron los recursos en 64.0% del original por cumplimiento al programa de racionalidad del ahorro administrativo y transferencias para el programa de becas a trabajadores desempleados.
El Programa de Canalización de Recursos Financieros a los Trabajadores ejerció 19 millones 700 mil nuevos pesos, 15.5% menor que el original en cumplimiento al reforzamiento de políticas de autorización de créditos por parte del Fonacot y reducción de transferencias para el Programa de Comunicación Social.
V.9 Sector Educación Pública
Las acciones del sector se orientaron a cumplir los objetivos y prioridades de la Modernización del Sistema Educativo Nacional, destacando para ello la operación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.
El cumplimiento de dicho acuerdo comprendió en su fase inicial, que el Gobierno Federal transfiriera a los gobiernos estatales cerca de 100 mil establecimientos escolares; 20 millones de bienes muebles; una planta docente y administrativa de alrededor de 700 mil maestros y trabajadores con respeto a sus derechos laborales. Lo anterior implicó la transferencia de 16 mil millones de nuevos pesos a los gobiernos estatales para la atención educativa de 13 millones 500 mil de alumnos.
En el nivel preescolar se diseñó e implantó para el año lectivo 1992-1993 un nuevo plan de estudios, con materiales didácticos, cuadernos de trabajo y guías de estudio. Además se continuó con el proyecto de alternativas de atención a la educación preescolar con el que se atendió a 26 mil niños de comunidades apartadas que carecen del servicio educativo formal en 27 entidades federativas.
Se inició el Programa para Abatir el Rezago Educativo, atendiendo a 615 mil alumnos de primaria de 9 mil escuelas en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca mediante acciones para mejorar el desempeño escolar.
Por otra parte, debido al redimensionamiento del sector público realizado en febrero de 1992, las entidades con funciones de conducción.
promoción del desarrollo científico y tecnológico que tenía asignada la SPP, pasaron a formar parte de la estructura orgánica de la SEP, conformándose el sistema SEP - Conacyt.
Los programas sustantivos participaron con un monto ejercido de 31 mil 661 millones 800 mil nuevos pesos que representan el 90.5% del total ejercido, mientras que los no sustantivos ejercieron 3 mil 336 millones 600 mil nuevos pesos que representan el 9.5% del total. El monto erogado por el sector ascendió a 34 mil 998 millones 500 mil de nuevos pesos, 21.9% más en términos reales respecto al gasto ejercido en 1991 y 70.8% mayor que en 1988. Su participación relativa en el PIB pasó de 2.6% en 1988 a 3.6% en 1992.
Destaca que en 1992, se actualizaron 1 mil 093 planes de estudio en el área tecnológica y universitaria; se crearon 52 carreras; se apoyó el reforzamiento de bibliotecas, centros de información, laboratorios y talleres, así como la instalación y adquisición de equipos y redes de cómputo.
V.10 Sector Desarrollo Social
La estrategia general de desarrollo señaló objetivos y prioridades tendientes a lograr incrementos en la calidad de vida de la población, a través del otorgamiento de servicios urbanos, vivienda y la preservación del ambiente en congruencia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas nacionales de Desarrollo Urbano, de Vivienda y de Protección del Medio Ambiente. Para reunir en una sola dependencia las políticas destinadas a superar la pobreza, fortalecer el pacto federal, el desarrollo regional y urbano, impulsar la oferta de vivienda y proteger el medio ambiente, en 1992 se creó la Secretaría de Desarrollo Social.
Los lineamientos principales para cumplir los objetivos fueron: en vivienda, consolidar el Sistema Nacional de Vivienda e impulsar la adecuación de los esquemas financieros de los organismos públicos de vivienda; en urbanización, impulsar sistemas urbano - regionales con amplias posibilidades de desarrollo y ampliar la cobertura de infraestructura y equipamiento urbano, y, en protección del ambiente, hacer del ordenamiento jurídico un instrumento normativo y de regulación de las actividades productivas y de los asentamientos humanos.
El presupuesto ejercido en Desarrollo Urbano, Agua Potable y Ecología en 1992 fue de 4 mil 615 millones 500 mil nuevos pesos, inferior en 7.5% al original por haberse transferido a particulares algunas obras de urbanización y pospuesto puesto para el ejercicio de 1993 diversos proyectos de construcción y conservación de infraestructura vial y áreas verdes.
En materia de desarrollo urbano se formuló el Programa de las 100 Ciudades Prioritarias, la ampliación de la oferta de suelo urbanizado por medio del Programa de Reservas Territoriales, el estimulo a la edificación de vivienda mediante su fomento y desregulación a través del Acuerdo Nacional de Coordinación para el Fomento de la Vivienda, la simplificación y actualización de los trámites para regularizar. y titular vivienda de interés social y popular, y la mayor cobertura de financiamiento al hacer más accesible su costo y alcanzar un total de 389 mil 997 créditos.
En el ámbito ecológico la participación de los gobiernos locales y otras dependencias públicas hicieron posible la superación de las metas establecidas y, consolidando avances jurídicos y normativos con la creación del Instituto Nacional de Ecología y de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Especial atención se otorgó a las ciudades de la frontera norte con el Plan Integral Ambiental Fronterizo.
VI. Análisis del Programa Nacional de Solidaridad
El Programa Nacional de Solidaridad ejerció durante 1992 un presupuesto de 6 mil 992 millones 100 mil de nuevos pesos, superiores en 2.8% a lo autorizado, principalmente por el impulso dado a la vertiente productiva del programa. Del total ejercido, el 60.1% se destinó a proyectos de bienestar social, 22.6% a proyectos productivos y 17.3% a proyectos de desarrollo regional.
En bienestar social los recursos atendieron necesidades de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas negras, urbanización, vivienda y ecología; fondos municipales de Solidaridad; infraestructura educativa, y fomento a la cultura y la puesta en marcha del Programa Niños en Solidaridad.
En beneficio de localidades ubicadas en el medio rural se realizaron obras de construcción, ampliación y rehabilitación de 2 mil 150 sistemas de agua potable y 693 de alcantarillado. Un total de 22 mil 842 viviendas fueron mejoradas y se proporcionaron 13 mil 542 lotes de materiales para el adecuamiento de otras tantas. La pavimentación se extendió a 1 mil 473 colonias populares.
El Programa Escuela Digna hizo posible que al rededor de 4 millones 500 mil de estudiantes
tuvieran mejores condiciones, en tanto el Programa Niños en Solidaridad proporcionó 682 mil estímulos económicos y 3 millones 200 mil de despensas. El Programa Hospital Digno permitió la mejora y equipamiento de las áreas de consulta externa y de urgencias de 103 hospitales, en tanto 82 unidades médicas rurales fueron atendidas por el programa IMSS - Solidaridad.
En el ámbito productivo los fondos de Solidaridad para la producción posibilitaron las tareas de 691 mil productores agrícolas de 29 entidades federativas; también se transfirió al Programa Nacional de Solidaridad parte de la cartera vencida del Banco Nacional de Crédito Rural, para ampliar los plazos de vencimiento a cargo de créditos a campesinos.
La puesta en operación del Programa Nacional de Empresas de Solidaridad permitió generar empleos permanentes y aprovechar los recursos naturales de la región, a través de 3 mil 643 empresas creadas en todo el país apoyadas con capital de riesgo y con Fondos Regionales de Financiamiento y Garantía.
A su vez, 128 fondos regionales se ocuparon de la atención de comunidades indígenas y el Programa de Ecología Productiva se creó para conservar los recursos y desarrollar proyectos productivos que eviten la contaminación y la depredación originadas por prácticas y procesos inadecuados.
Solidaridad para el Desarrollo Regional fortaleció la respuesta de los estados y municipios a las demandas de servicios urbanos básicos y de transporte. Más de 22 mil acciones de bienestar social, infraestructura básica de apoyo y proyectos productivos se llevaron a cabo mediante los fondos municipales de Solidaridad. Esta vertiente regional del Programa de Solidaridad se extendió a 2 mil 135 municipios que representan el 89.0% del total nacional.
El Convenio Único de Desarrollo cambió su denominación por el de Convenio de Desarrollo Social para encamisar el carácter social de los compromisos entre los gobiernos Federal y estatal y los grupos sociales. De manera consecuente, se impulsó la consolidación de las contralorías sociales a fin de que los propios beneficiarios y participantes de los programas sociales fortalezcan la supervisión del uso de los recursos.
Por lo expuesto, la Comisión que suscribe somete a la consideración de la Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1992.
Consideraciones generales:
El Ejecutivo Federal, en cumplimiento del mandato constitucional, presentó en tiempo y forma a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su revisión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1992.
El Gobierno Federal, en el proceso de modernización administrativa, ha venido aplicando el programa de reestructuración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, para mejorar su estructura y contenido, con el propósito de facilitar las tareas de evaluación y fiscalización de la gestión pública, que tiene a su cargo esta Cámara de Diputados.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública efectuó el proceso de revisión y análisis de la documentación presentada por el Ejecutivo Federal, con objeto de conocer los resultados de la gestión financiera y presupuestal, y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
El citado proceso se efectuó con la colaboración de más de 200 diputados integrantes de 14 comisiones relacionadas con sectores o ramos específicos y nueve grupos de trabajo pluripartidistas, habiendo realizado, entre otras, las siguientes acciones:
a) Se celebraron nueve reuniones con servidores públicos de la Administración Pública Federal, con el propósito de aclarar dudas y recibir información adicional. Las preguntas de los diputados de las comisiones y grupos de trabajo pluripartidistas, fueron atendidas por 23 Subsecretarios, 10 Oficiales Mayores y varios directores generales de las entidades convocadas.
b) En reunión realizada en la Contaduría Mayor de Hacienda, el contador mayor de este órgano técnico amplió la información y recibió propuestas especificas de fiscalización que le formularon los diputados integrantes de la Comisión y de los grupos de trabajo pluripartidistas.
e) El 10 de noviembre pasado, la Comisión Dictaminadora recibió por conducto de la Comisión de Vigilancia, el Informe Previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, en el que se constata
el cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 3o. fracción II, inciso a de su Ley Orgánica.
La Comisión Dictaminadora estudió y analizó los factores económicos que afectaron el ejercicio de las finanzas públicas, así como la forma en que éste influyó en la evolución económica del país.
El incumplimiento y las deficiencias que se detectaron en las investigaciones realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda derivadas de la revisión y análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, son motivo de recomendaciones, con objeto de corregir la gestión de las dependencias y entidades cuestionadas.
Por lo expuesto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta P£blica, con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 14 y 20 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; lo., 20. y 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1992; 7o.,13 y 40 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992; 6o. de la Ley de Planeación, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable representación el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo lo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en apego a la facultad que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibió la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1992, para efectuar su revisión con objeto de conocer los resultados de la gestión financiera, presupuestal y programática de la Administración Pública Federal.
Artículo 2o. Se analizó el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a lo señalado en el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
Artículo 3o. Se verificó la observancia de los preceptos legales aplicables en el ejercicio presupuestal de las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1992 aprobado por esta Cámara.
Artículo 4o. Con base en el proceso de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1992 y las investigaciones efectuadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, se determinó formular las siguientes recomendaciones:
1) A las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que no observaron en su totalidad los ordenamientos legales, se les recomienda:
a) Elaborar e informar con la debida oportunidad a la SHCP y a la Secogef, los manuales y políticas de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y cancelación de adeudos;
b) Emitir sus manuales de organización general y publicarlos en el Diario Oficial de la Federación;
c) Sesionar los órganos de gobierno de las entidades paraestatales con la debida periodicidad;
d) Rendir mensualmente por parte del responsable de efectuar la liquidación de una entidad a la SHCP, Secogef y a la coordinadora de sector, el informe relativo al proceso de desincorporación de las entidades paraestatales de control presupuestal indirecto;
e) Corregir las deficiencias en la operación del Sistema de Compensación para la Extinción de Créditos y Adeudos y en la difusión orientada a los usuarios de las modalidades y adecuaciones respectivas;
f) Implementar mecanismos para vigilar la aplicación de recursos provenientes de financiamientos autorizados;
g) Las dependencias y entidades no sujetas a control presupuestal directo, deberán rendir su informe en materia de financiamientos a la SHCP en el término señalado para tal efecto;
h) Comunicar a la SHCP y a la Secogef oportunamente, lo referente a las modificaciones que rebasen el 255% del monto y plazo estipulados en el contrato original de obra pública. Formular las actas de entrega - recepción de las obras. Remitir a la Secogef los avisos de terminación de los trabajos. Enviar a la Sedesol los datos de localización y construcción de las obras públicas para que se incluyan en los catálogos e inventarios de la nación;
i) Enviar a la SHCP y a la Secogef la información relativa a la contratación de obras públicas mediante el procedimiento de adjudicación directa;
j) Remitir a la SHCP dentro del término legal su programa anual de obras públicas y sus respectivos presupuestos;
k) Aun cuando se aplicaron sanciones en acatamiento a lo señalado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deben corregirse las deficiencias en la remisión de copias de denuncias por infracciones a la Secogef, y
I) Deben efectuarse revisiones específicas de apego a los preceptos normativos a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal.
2) Para avanzar en el cumplimiento y observancia de los principios básicos de contabilidad gubernamental, se recomienda:
a) Llevar a cabo las 58 auditorías que se derivan de las observaciones procedentes formuladas por los diputados para ser incorporadas al Programa de Trabajo del Informe de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para 1992;
b) En el caso del sector central, debe continuar la depuración de ciertos rubros del estado de posición financiera y de algunas dependencias que no efectúan recuentos físicos de activos inventariables;
c) En el sector paraestatal, no debe omitirse el registro de pasivos contingentes;
d) Continuar con los estudios que permitan la vinculación de los egresos con los avances físico - financieros de los programas, y
e) Continuar de manera permanente por parte de las unidades de auditoría interna de las dependencias el ejercicio de auditorías legales, administrativas y operacionales, que permitan detectar deficiencias para su regularización, en el flujo de la documentación financiera y presupuestaria, para la elaboración de los informes que requieran las instancias globalizadoras y fiscalizadoras.
3) Con el propósito de que los procesos de programación - presupuestación sean más eficientes en el cumplimiento de las metas de las dependencias y entidades del Gobierno Federal se recomienda:
a) Evitar rezagos en la ejecución de obras y en la contratación de estudios de impacto ambiental;
b) Oportunidad en la autorización de créditos externos;
c) Evitar cambios en las metas prioritarias durante el ejercicio;
d) No hacer cambios a los programas de obras y a las especificaciones de los proyectos;
e) Cuidar que no se presenten rescisiones de contratos;
f) Evitar desfases en la concertación de convenios con los gobiernos estatales;
g) Prever el suministro de insumos;
h) Suficiencia de equipo, e
i) Congruencia entre la previsión de las metas y la suficiencia de los recursos.
4) Con el propósito de continuar avanzando en la sistematización de la tareas a cargo de las dependencias y entidades involucradas en el proceso de formulación e integración de la cuenta pública, se recomienda intensificar las acciones en el desarrollo de sistemas computarizados y continuar avanzando en la presentación de la cuenta pública en medios magnéticos, para facilitar su consulta, análisis y verificación, en apoyo de las tareas de fiscalización.
5) Para consolidar los logros obtenidos en la modernización de la cuenta pública, se deberán continuar las acciones de reestructuración en su presentación y que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública reciba un documento cada vez m s simplificado que facilite mejorar en tiempo y forma el proceso de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Artículo 5o. La Contaduría Mayor de Hacienda en acatamiento a lo establecido en el artículo 3o. de su Ley Orgánica deberá ejercer las funciones de contraloría con objeto de detectar las irregularidades originadas por el incumplimiento de la normatividad vigente y, en su caso, promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades a efecto de proceder a solicitar la imposición de sanciones administrativas, civiles o penales, conforme a derecho. De sus acciones deberá informar a esta Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia.
Artículo 6o. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los efectos a los que hubiere lugar, instruyéndola para que, dentro del término de Ley, rinda el informe de resultados correspondiente por conducto de la Comisión de Vigilancia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F., 24 de noviembre de 1993.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente:
Dígame, señor diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente:
Para los efectos del artículo 108, solicito ejercer el derecho que como diputado tengo y la obligación que tiene quien suba a nombre de la Comisión a fundamentar el dictamen, de dar las explicaciones que voy a requerir y leer incluso constancias del expediente, si fuere necesario, antes del debate.
El Presidente:
Ruego a la Secretaría dé lectura al artículo 108.
El secretario Juan Adrián Ramírez García:
"Artículo 108. Siempre que al principio de la discusión lo pida algún individuo de la Cámara, la Comisión Dictaminadora deberá explicar los fundamentos de su dictamen y aun leer constancias del expediente si fuere necesario. Acto continuo seguirá el debate."
El Presidente:
En consecuencia se toma en cuenta la petición del diputado Juan de Dios Castro, a efecto de que en el momento que se ponga a discusión se proceda conforme a ella.
Diputado Juan de Dios Castro, ¿desearía plantear de una vez o una vez que haya hecho la fundamentación el diputado Guerrero?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, fui muy claro en mi pedimento.
Solicitaría que pasara quien fundamente el dictamen a nombre de la Comisión y yo voy a pedir explicaciones y solicitar la lectura de constancias, como lo marca el 108. Gracias señor Presidente.
El Presidente:
En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Javier Guerrero García.
El diputado Javier Guerrero García:
Con su venia señor Presidente; compañeros diputados:
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Solicito a la Presidencia, pregunte al orador si ya está en condiciones de recibir el requerimiento de explicaciones en relación con el dictamen, con los fundamentos del dictamen y leer las constancias que voy a pedir en caso de que existan en el expediente, para proceder yo en consecuencia.
El diputado Javier Guerrero García:
Adelante, señor Presidente.
El Presidente:
Manifiesta que está de acuerdo.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
No voy a quitar mucho tiempo licenciado Guerrero. Únicamente con el propósito de ver si en el dictamen de la Comisión y en el expediente, obran los siguientes elementos y en su caso que tenga usted la amabilidad de dármelos a conocer:
Por ejemplo, en el renglón relativo a Presidencia de la República, y voy a tratar de no hacerlo muy rápidamente para que pueda usted retener el contenido del pedimento.
Primero. ¿Cuál fue la cifra aprobada por esta Cámara en el Presupuesto de Egresos de la Federación? Me estoy refiriendo al Presupuesto al que se refiere la cuenta pública que vamos a discutir.
Segundo. Sobre el mismo renglón, ¿cuál fue la cantidad que ejerció la Presidencia de la República?
Tercero. ¿Se excedió o no se excedió?
Cuarto. Señor licenciado, en relación con la misma cuenta pública, estoy hablando del renglón de Presidencia de la República, que nos explique el fundamento legal en materia presupuestal, de la columna que aparece en la misma como, presupuesto modificado. Aparece en la cuenta pública, presupuesto una columna original y luego otra columna, modificado. Y si esa columna de modificado, tiene alguna relación con el presupuesto que aprobamos aquí en esta Cámara un año anterior del ejercicio de ese presupuesto.
Las mismas preguntas, señor licenciado, con todos los renglones de la cuenta pública, donde el real ejercido aparece superior al presupuesto original. Nada más, señor licenciado, de momento. Gracias.
El diputado Manuel Díaz Infante (desde su curul):
Señor Presidente, con toda atención pediríamos que el compañero diputado leyera los fundamentos, de conformidad con el artículo 108 y posteriormente diera cumplimiento a los requerimientos solicitados.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el pedimento del señor diputado Díaz Infante, porque como él acertadamente lo ha dicho, todos tenemos derecho. Pero como fui el primero que ejercí ese derecho, el que es primero en tiempo es primero en derecho.
Una vez que el señor conteste, que conteste las preguntas del señor diputado Díaz Infante, a lo que no me opongo. Gracias.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido (desde su curul):
La posición del diputado Castro es correcta, pero después que el señor diputado nos explique o nos lea los fundamentos del dictamen. Los fundamentos generales no los conocemos todas las fracciones parlamentarias ni los diputados. Entonces el derecho primario corresponde al pleno de la Cámara. Y después que el compañero diputado lea la exposición general, podrá acordarse la petición del diputado Castro; pero los primeros, es el pleno de la Cámara, que conozcamos lo que se va a leer, para después ver si también pedimos documentos.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Quiero recordar a la Presidencia que la decisión será suya. Pero quiero expresar que la iniciativa partió de mi requerimiento.
El reglamento no prevé que pase la Comisión a explicar los fundamentos de su dictamen motu proprio. Sólo dice el 108: ...si algún individuo de la Cámara lo pide..., y yo fui el primero que lo pedí.
En relación con mi requerimiento, el señor debe dar las respuestas.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul):
Creo que el diputado Juan de Dios Castro tiene toda la razón, porque el planteamiento del diputado Pacheco Pulido, en el sentido de que no conocemos los fundamentos del dictamen, me hace a mí suponer que no se ha repartido entre los individuos de la Cámara, el dictamen, ya que en el propio dictamen es en donde vienen los fundamentos. Si no fuera así, yo suplico a la Presidencia instruya a la Oficialía Mayor, para que reparta el dictamen para que así todos conozcamos los fundamentos del dictamen, y se proceda en los términos solicitados por el diputado Juan de Dios Castro.
El Presidente:
Señores diputados: informo a ustedes que ya fue distribuido el dictamen.
El diputado Manuel Díaz Infante (desde su curul):
Señor Presidente: era precisamente para aclarar dos posiciones:
La primera. De conformidad con el artículo 108, el compañero Javier Guerrero pidió primero la palabra. Entonces tomándole la palabra al diputado Juan de Dios Castro, primero en tiempo, primero en derecho, que exponga el compañero y después que dé respuesta a las preguntas, a las interrogantes del diputado.
Y en segundo lugar, decirle al compañero Becerra que es una lástima que no esté por aquí presente más seguido, porque desde el martes de la semana pasada fue distribuido el dictamen.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, parece ser que tenemos poca memoria inmediata. Recordará usted que pedí el uso de la palabra en primer lugar, a la Presidencia. Usted requirió a la Comisión; usted llamó al diputado que está en la tribuna o a quien la Comisión designó, precisamente para satisfacer el pedimento del que habla. Entonces, con todo respeto, siento que hay un error en la afirmación del diputado Díaz Infante, de que el diputado Guerrero pidió el uso de la palabra.
Además es absurdo que la Comisión, por conducto del diputado Guerrero, pida el uso de la palabra para explicar, para pedir explicaciones asimismo, como lo marca el 108.
El Presidente:
Señor diputado Juan de Dios Castro; el diputado Javier Guerrero García había sido señalado para efectos de fundamentar el dictamen y por eso está en uso de la palabra. Y por lo tanto le ruego al señor diputado Guerrero que continúe con su intervención.
El diputado Javier Guerrero García:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
Solicitamos hacer uso de la palabra en esta alta tribuna para fundamentar el dictamen correspondiente a la revisión de la Cuenta de Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal de 1992.
Dictamen formulado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta Legislatura.
El marco legal dentro del cual se desarrollaron las acciones respecto al tema que el día de hoy nos ocupa, lo conforman nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Nuestra Carta Magna precisa en la fracción IV de su artículo 74 que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, entre otras, revisar la Cuenta Pública del año anterior. De igual forma se establece en esta misma fracción que el objeto de la revisión de la cuenta pública será el de conocer los resultados de la gestión financiera, corroborar su observancia a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos y conocer acerca del cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas.
Por último, se indica que se determinarán las responsabilidades de acuerdo a la Ley, si del análisis que efectúe la Contaduría Mayor de Hacienda surgieran discrepancias entre las cantidades erogadas y las partidas correspondientes del presupuesto o si no existiera exactitud o justificación en el ejercicio del gasto.
Por su parte, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, otorga facultades a este órgano técnico de la Cámara de Diputados para realizar la revisión de la cuenta pública, dotándolo de diversas atribuciones para el correcto cumplimiento de sus funciones. Todo ello bajo el control de la Comisión de Vigilancia nombrada por la propia Cámara de Diputados, según lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o. de dicha Ley.
Respecto al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a lo dispuesto en sus artículos 80 y 81, se dan facultades a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para recibir de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda la cuenta que remita el Ejecutivo y presentar el dictamen respectivo en plazos predeterminados.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública bajo el marco legal al que se ha hecho mención, realizó su quehacer de análisis, revisión y evaluación respecto de la situación financiera presupuestal y programática
prevaleciente en la administración pública federal en el año de 1992. Las principales acciones instrumentadas por dicha Comisión, acciones cuyo propósito fundamental es el de profundizar en su quehacer, fueron las siguientes:
En primer término, se incorporaron a las tareas de análisis 13 comisiones distintas a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Ello obedece a que los trabajos de estas comisiones se encuentran estrechamente relacionados con sectores particulares de la cuenta pública.
En segundo lugar se conformaron, dentro de la Comisión de Programación, nueve grupos de trabajo. Dichos grupos, pluripartidistas todos ellos, examinaron las políticas de ingreso, gasto y deuda, al igual que la orientación por sector del gasto.
Tercero, se realizó en forma conjunta con la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda una reunión con funcionarios de la propia contaduría. En dicha reunión los diputados pertenecientes a distintas comisiones y fracciones parlamentarias expresaron sus puntos de vista sobre el contenido de la cuenta pública, solicitaron datos e información complementaria y propusieron acciones particulares de fiscalización, mismas que fueron atendidas por este órgano técnico, de conformidad con las facultades que le confiere su Ley Orgánica.
Habría que señalar, que ésta fue la segunda ocasión en que para la formulación del informe previo sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se tomó en consideración la participación de los diputados abocados al examen de la cuenta pública. De tal forma que sus observaciones se incorporaron en lo conducente en dicho informe previo.
A mayor profundidad sobre lo que antes se expuso, los trabajos de esta Comisión comprendieron desde su inicio las siguientes actividades:
En el mes de junio se realizó la recepción de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y se entregó a las fracciones parlamentarias. Asimismo, se envió dicho documento a las comisiones de Dictamen Legislativo, solicitando su colaboración en el análisis de la misma.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente:
Sí diputado Lujambio, ¿para qué efecto?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul):
Le ruego señor Presidente, tenga la amabilidad de consultar al orador si acepta una interpelación.
El diputado Javier Guerrero García:
No la acepto, señor Presidente. Después de la fundamentación del dictamen habrá tiempo para el debate y creo que es el momento adecuado para que el señor diputado exponga sus puntos de vista.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul):
Señor Presidente, de conformidad al 108 tiene obligación de aceptar esta interpelación.
El Presidente:
Señor diputado Lujambio, está en la fase de fundamentación; al concluir, éste se pondrá a discusión y en ese momento se resolverá lo conducente.
Adelante diputado Guerrero.
El diputado Javier Guerrero García:
...Se integraron al interior de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, los grupos de trabajo encargados del análisis sectorial del documento.
Durante los meses de julio a agosto, se realizó una reunión informativa con los representantes de las fracciones parlamentarias sobre el programa de reuniones con el Ejecutivo para el análisis de la cuenta pública.
De igual forma se solicitó a las fracciones parlamentarias sus comentarios, observaciones y preguntas sobre la misma, a la vez que se dio a conocer
el calendario tentativo de reuniones con el Ejecutivo para su análisis con la Contaduría Mayor de Hacienda. Entre agosto y octubre se llevaron a cabo nueve reuniones con funcionarios del Ejecutivo para el análisis de la cuenta pública, dando respuesta 23 subsecretarios, 10 oficiales mayores y directores generales de las entidades convocadas.
Durante el mes de noviembre se recibió en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a través de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el informe previo de la Cuenta Pública de 1992. Asimismo se realizó el día 11 de este mes la entrega del informe previo a las fracciones parlamentarias por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en reunión de comisiones unidas del Departamento del Distrito Federal, Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, solicitando sus comentarios al informe previo para considerarse en la formulación del anteproyecto de dictamen de la cuenta pública de 1992.
De igual forma se hizo entrega del anteproyecto de dictamen de la cuenta pública a las fracciones parlamentarias, realizándose el debate en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que procedió a la solicitud de autorización para elaborar el proyecto de dictamen que tuvo su primera lectura en sesión plenaria de esta soberanía.
Cuarto. Las reuniones de trabajo realizadas se constituyeron en un foro plural que sirvió para exponer dudas, interrogantes y planteamientos por parte de los diputados y para obtener la información ampliada de parte de los funcionarios públicos sobre aspectos relevantes de la cuenta pública. A este respecto se recibieron con amplitud y detalle respuestas por parte de las diferentes dependencias del Ejecutivo Federal, aclarando y explicando las variaciones sobre el ejercicio presupuestal de cada uno de los ramos integrantes de la cuenta pública, mismas que fueron turnadas a las fracciones parlamentarias, por miembros de esta Comisión.
Para precisar y matizar algunas de estas respuestas, conviene señalar que por ejemplo con lo que respecta al ramo 23, erogaciones no sectorizables, este ramo está integrado por el gasto ejercido directamente por el ramo y por los que transfiere a los otros ramos administrativos.
Los principios presupuestales señalan que los recursos deben ser utilizados para los fines señalados en el presupuesto, evitando gastos imprevistos que faciliten la revisión de la cuenta pública, ya que en el presupuesto se señalan los gastos y al momento de su control se establece claramente dónde o en qué fueron erogados.
A nivel de cada ramo presupuestal se observan incrementos con relación al presupuesto no sólo porque las erogaciones adicionales se cubren con los ingresos ordinarios excedentes sino por los recursos provenientes de otros ramos entre los cuales está precisamente el ramo 23 el cual por constituir previsiones presupuestales y servir de apoyo a los programas prioritarios, transfiere sus recursos a los demás ramos administrativos, sin embargo es necesario subrayar que las transferencias no incrementan el gasto programal total del Gobierno Federal ya que el aumento en las erogaciones de los demás ramos se hace con cargo a los recursos del ramo 23.
La asignación a otros ramos obedece a que los recursos benefician a programas que afectan a varios ramos por lo que no se puede asignar a una sola dependencia, además de referirse a programas de corto plazo diferentes a los programas normales dependiendo del cumplimiento de sus metas, de circunstancias imprevisibles permitiendo el control de programas o eventos difíciles de pronosticar o estimar con precisión. De los gastos que realizan directamente en el ramo erogaciones no sectorizables, una mínima parte corresponde el gasto administrativo y el resto a programas relacionados con las funciones a cargo de otros sectores.
Ahora bien, la mayor parte de estos recursos están asignados a programas y objetivos específicos y no se pueden canalizar desde un principio a los sectores que se beneficiarán con ello porque restaría flexibilidad a su manejo y limitaría la posibilidad de hacer frente a contingencias, tanto por causas naturales como por desajustes financieros o económicos internos y/o externos. Durante 1992, se aprobó un gasto programable al ramo 23 de 17 mil 879 millones 800 mil nuevos pesos de los cuales el 27.8% fue ejercido por el propio ramo y el restante 72.2% fue transferido a los demás ramos administrativos. Del monto original aprobado, 10 mil 606 millones 600 mil nuevos pesos que significan el 59.3% corresponden al programa salarial que constituyó una bolsa para hacer frente a los incrementos salariales y creación de nuevas plazas y son gastos que no se conocen con exactitud cuando se elabora el Presupuesto de Egresos.
Por la razón anterior es que al ramo 23 se denomina Erogaciones no Sectorizables ya que cuando se elabora el Presupuesto de Egresos de la Federación, se desconoce el monto específico
a
que se va a erogar en ciertas partidas y para cubrir dichos gastos se hace una previsión que en términos globales considera los aumentos salariales que son estimados y se acordarán posteriormente con los sindicatos principalmente del SNTE y de la FSTSE entre otras organizaciones.
El gasto asignado al Programa Salarial que originalmente atendió a 10 mil 606 millones 600 mil nuevos pesos donde el gasto directo del paquete salarial del ramo 23 se distribuye entre las dependencias, se transfirieron 7 mil 546 millones 200 mil nuevos pesos a los demás ramos de la administración pública federal con los cuales se cubrió parte de los incrementos salariales y la creación de nuevas plazas laborales. Los restantes 3 mil 060 millones 400 mil nuevos pesos los ejerció directamente el ramo 23 que en su mayoría se ampliaron para financiar aumentos salariales al modelo de Educación Superior de la UNAM, UAM, IPN y al paquete salarial de organismos que están dentro y fuera del presupuesto.
En lo que corresponde al programa de reactivación del campo, tampoco se puede predecir el monto que se erogará como subsidio por ejemplo a la harina de trigo, el cual está sujeto a la producción que se prevé alcanzar y por lo cual dicho subsidio se estima con el propósito de regular su precio y no afectar el ingreso de los grupos sociales de menores recursos.
Respecto al ejercicio del ramo 23, éste erogó directamente 4 mil 972 4 mil 972 millones 900 mil nuevos pesos 900 mil millones nuevos pesos, es decir el 28% del presupuesto original, de los cuales el 35.7% se destinó al programa de prestaciones económicas y sociales para cubrir pensiones civiles, militares y de gracia; mejorar la recaudación conforme al artículo 70 - bis del Código Fiscal de la Federación; pagar el seguro de bienes muebles e inmuebles y el de vida del personal federal; apoyar el Programa de Retiro Voluntario, apoyar la ampliación de la infraestructura penitenciaria y sufragar el seguro de retiro y seguro capitalizable.
El 31.6% se destinó al programa de abasto y desarrollo urbano con los cuales se dio apoyo a estados, municipios y Departamento del Distrito Federal, así como para el Programa Nacional de Solidaridad y el programa metropolitano de residuos sólidos.
El 16% correspondió al programa salarial del gasto directo del ramo 23 que se canalizó al programa de modernización educativa y al programa de retiro voluntario del Departamento del Distrito Federal.
El 8% se destinó al programa de gastos contingentes y censos nacionales, empleándose su mayor proporción en apoyar la realización de los censos nacionales agropecuarios y la ejecución del programa para la deleitación de tierras nacionales.
Se destinó el 6.5% al programa especial de apoyo a la ciencia y la tecnología que se empleó en diversos programas del Poder Legislativo y en apoyo de los fondos de ciencia y tecnología creados por decreto presidencial en 1991 y 1992 para fortalecer la infraestructura científica y tecnológica.
Se asignó el 1.1% al programa de apoyo a centros de Enseñanza y Capacitación Profesional que se destinaron al pago de impuestos a cargo de la Comisión Federal de Electricidad sobre exportación de energía eléctrica, geotérmica, y al Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM.
Por último, el restante 0.5% se destinó al programa de apoyo al bienestar social con la finalidad de apoyar tareas relacionadas con la construcción y equipamiento de obras de interés social.
De lo antes expuesto, se concluye que el ramo 23 no está compuesto por programas o partidas secretas en virtud de que desde que se registra en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se conoce el monto y destino programático de los recursos y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se retira y compara con el ejercicio de los mismos.
Cabe aclarar que una mínima parte de los gastos que realiza este ramo, corresponden a gastos de operación y el resto a programas relacionados con las funciones de otros ramos.
Los recursos que transfirió el ramo Erogaciones no Sectorizables, forman parte de gasto autorizado por esta soberanía y que por consiguiente su reasignación incrementa el gasto ejercido por los demás ramos respecto a su presupuesto original pero no en monto total autorizado.
En la presentación del informe previo y el tomo de los estados generales, se establece que la columna de presupuesto modificado se utiliza como un método contable que tiene el propósito de informar sobre el destino de las modificaciones presupuestales autorizadas por el artículo 3o. del decreto de presupuesto y para lo que está facultado el Ejecutivo cuando existen ingresos excedentes.
Por su parte, el ramo 26, Solidaridad y Desarrollo Regional, realizó un gasto presupuestal de 6 mil 992 millones 100 mil nuevos pesos, de los cuales 6 mil 055 millones 300 mil nuevos pesos fueron ejercidos por los gobiernos estatales y 936 millones 800 mil nuevos pesos por diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejecutan proyectos concertados en el marco del Programa Nacional de Solidaridad.
Desde el punto de vista administrativo, los primeros se registran en el ejercicio del gasto del ramo 26, en tanto que los segundos se reportan en el gasto ejercido por cada una de las dependencias y entidades ejecutoras. Los 6 mil 055 millones 300 mil nuevos pesos ejercidos por los gobiernos estatales, se reportan en el subsector Solidaridad y Desarrollo Regional y los 936.8 millones ejercidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se incluyen en el sector económico al que corresponde cada una de ellas. De los recursos ejercidos por los gobiernos de los Estados, una parte corresponde al gasto de inversión, cuyo monto fue de 5 mil 315 millones 400 mil nuevos pesos y los restantes 739 mil 900 fueron transferencias.
La modernización del sector paraestatal se logra vía redimensionamiento de magnitud, estructura y funcionamiento, lo que lleva a la desincorporación de empresas que no reunían las características de estratégicas o prioritarias, de tal manera que el Estado mexicano participa exclusivamente en la administración y operación de empresas básicas para el desarrollo económico, como es el caso de las dedicadas a actividades de beneficio social y proyectos que se relacionan con la explotación de recursos no renovables, con la seguridad nacional o con servicios públicos que conforman una parte esencial en el desarrollo de otras actividades de la economía.
El proceso de enajenación se llevó a cabo de conformidad con la normatividad y los procedimientos establecidos por la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, integrada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Contraloría General de la Federación, Comercio y Fomento Industrial, Trabajo y Previsión Social y el Banco de México. La desincorporación se ha realizado bajo los criterios de liquidación, extinción, fusión, transferencia y venta de empresas. Hasta el 31 de diciembre de 1992 el Estado tiene el control de 217 entidades vigentes, 82 organismos descentralizados y 100 empresas de participación mayoritaria y 35 fideicomisos públicos y 53 empresas en proceso de desincorporación, lo que constituye un universo de 270 entidades.
La enajenación de las empresas públicas que fueron vendidas a los sectores social y privado durante 1992, se llevó a cabo a través de licitaciones públicas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 134 constitucional.
Otro objetivo del Gobierno Federal fue realizar una profunda transformación del sistema financiero, con el fin de que éste contribuyera al desarrollo de una economía más competitiva y eficiente, de tal forma que la operación eficiente de los mercados de dinero y capitales, propicien una asignación óptima de los recursos disponibles para la inversión productiva.
Durante 1992, se concluyó la venta de nueve de ellas: Banca Serfín, Multibanco Comermex, Banco Mexicano Somex, Banco del Atlántico, Banca Promex, Banoro, Banco Mercantil del Norte, Banco Internacional y Banco del Centro.
Es de resaltar que con la venta de los bancos arriba mencionados en ese año, concluyó la desincorporación de las instituciones bancarias, comerciales iniciadas en 1991, es decir, se privatizó en total 18 sociedades bancarias, siendo el promedio ponderado de venta de 3.1% veces el capital contable y 14.7% veces la utilidad, lo que muestra el grado de solvencia, solidez y rentabilidad de dichas instituciones.
En 1992, del producto de la desincorporación del Telmex y la banca comercial por 29, 356.9 millones de nuevos pesos, fueron canalizados 28 mil 947 millones de nuevos pesos a la reducción en el saldo de la cuenta pública, y particularmente en la deuda interna, y el resto fue canalizado al fortalecimiento del Fondo de Contingencia para condiciones externas adversas.
Esta canalización de recursos no recurrentes al pago de la deuda y su servicio, permiten al Estado liberar recursos para atender las prioridades sociales que procuren una vida digna a la población con mayores recursos a la educación, la salud, la vivienda y los servicios básicos principalmente.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda 136 libros blancos de las entidades desincorporadas por venta, los cuales agrupan los documentos oficiales que se relacionan con cada etapa del proceso de enajenación. Por su parte, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación remitió 177 expedientes de desincorporación de las entidades desincorporadas por fusión, liquidación o extinción.
Compañeros diputados, de la exposición hasta este momento realizada, se deriva que las
diferentes partes involucradas en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, es decir el Poder Ejecutivo, la Contaduría Mayor de Hacienda y la Comisión Dictaminadora, han cumplido con sus obligaciones tanto en tiempo como en forma, contempladas en nuestra Constitución Política y en las demás leyes secundarias para la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al año de 1992.
En el dictamen que se presenta hoy ante esta Cámara de Diputados, es posible identificar, entre otras, una serie de recomendaciones relevantes respecto a la observancia del marco legal, del cumplimiento de los principios básicos de contabilidad gubernamental por parte de las dependencias y entidades públicas y recomendaciones tendientes a hacer más eficaz el ejercicio de programación, presupuestación de dichas dependencias y entidades públicas de la administración pública federal.
Estamos convencidos de que los trabajos de análisis, revisión y dictamen de la Cuenta Pública se desarrollaron escrupulosamente, con ánimo constructivo, lo que permitió ejercer constitucionalmente el control legislativo sobre el manejo que la Administración Pública Federal realiza sobre los ingresos y egresos presupuestados. Esperamos que el debate que ahora se inicia en este pleno, convoque los mejores esfuerzos de todas las fracciones parlamentarias para avanzar en la tarea permanente de perfeccionar el régimen de supervisión, vigilancia y evaluación del gasto público que esta legisladora hace del Ejecutivo Federal, considerando que sin duda, en el momento actual, se dispone de mejores elementos de control y fiscalización presupuestal.
A continuación me permito, señor Presidente, contestar algunas de las preguntas que procedan, de acuerdo con el artículo 108 y en atención a los cuestionamientos del diputado Juan de Dios Castro Lozano.
Había dicho yo ya, que la columna de Presupuesto Modificado se utiliza como un método contable que tiene el propósito de informar sobre el destino de modificaciones presupuestales y está autorizado por el artículo 13 del decreto de presupuesto y para los que está facultado el Ejecutivo cuando existen ingresos excedentes.
Por otro lado, el gasto ejercido por la Presidencia de la República fue inferior en 27 millones 600 mil de nuevos pesos a la previsión original, como resultado principalmente de las políticas establecidas para el ahorro en el consumo de materiales y suministros, y en las erogaciones por concepto de mantenimiento y conservación.
Asimismo, influyó la transferencia de recursos al ramo 23 para el pago de seguro de bienes Asemex, y a la Secretaría de Gobernación para cubrir los gastos de comunicación social, deriva dos de la emisión de mensajes presidenciales.
Estos traspasos se realizan por norma presupuestal, con el objeto de garantizar el pago oportuno de estos servicios por parte del gobierno federal.
Cabe señalar también que la previsión para aumentos salariales, considerado originalmente en el ramo 23, no fue utilizada en su totalidad, debido fundamentalmente a la disminución de plazas de carácter permanente de la dependencia.
Por su atención, muchas gracias señores diputados.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen en cuestión.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente. Solicito, después de la violación del Reglamento al 108 por parte de la Presidencia, que cumpla lo establecido con el artículo 96, por favor.
El Presidente:
Si me hubiera dejado concluir, señor diputado, le hubiera dado lectura a la lista.
Están inscritos en la discusión en lo general y en lo particular, los siguientes diputados: Liliana Flores Benavides, en contra; Alfredo Lujambio Rafols, en contra; Héctor Morquecho Rivera, en contra; Demetrio Hernández Pérez, para fijar posición; Roberto Soto Prieto, en pro; Jorge Calderón Salazar, en contra y Juan de Dios Castro Lozano, en contra.
Posteriormente los diputados: Enrique Rico Arzate, en contra; Juan José Rodríguez Prats, en pro; Arturo Torres del Valle, en contra; Miguel Ángel León Corrales, en contra; Luisa Alvarez Cervantes, para fijar posición; Fernando Lugo Hernández, en contra; Miguel Martínez Mireles, en contra y Pablo Casas Jaime, en pro.
En consecuencia, tiene la palabra la diputada...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Nada más una pregunta a la Presidencia, porque a lo mejor usted tiene pensado proceder y me estoy anticipando. ¿Se va a seguir lo que ordena el artículo 98.
El Presidente:
Sí, señor diputado, se va a seguir en los términos del artículo 98?
En consecuencia, tiene la palabra la diputada Liliana Flores Benavides.
La diputada Liliana Flores Benavides:
Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Hace algunos días, en la ciudad de Cancún, se realizó una reunión internacional, a la cual acudieron más de 700 conferenciantes, representando a más de 60 países.
Esta convención, que tuvo una gran difusión internacional, pero que casualmente no tuvo una difusión nacional, fue encabezada por la Contraloría Federal de la nación, y el tema era la lucha contra la corrupción. Y allí se plantearon cosas interesantes, se planteó que la corrupción es un factor cada vez más frecuente, que incide en la inestabilidad de los gobiernos y tiende a incrementarse en las esferas de los negocios, debido a la apertura de las economías y la tendencia globalizadora de las relaciones internacionales.
Pero, además también se dijo que estas prácticas corruptas pueden envenenar los mercados libres.
El objetivo de esta reunión era convencer a la opinión pública internacional que el Gobierno mexicano está profundamente preocupado y, además, actúa en contra de estas prácticas corruptas, para que no haya interferencia en el libre mercado.
Aquí lo curioso es lo siguiente: ¿Quién organiza este evento? Lo organiza una Secretaría que es parte del Ejecutivo, o sea, es juez y parte.
¿Qué credibilidad puede haber entonces si es juez y parte?
Se les olvida una cosa muy importante, que es la facultad de fiscalización que el Poder Legislativo tiene por sobre el Poder Ejecutivo; se les olvida que vivimos en una República.
Esta facultad que nosotros tenemos, es una facultad que hoy la tenemos que expresar aquí, no podemos renunciar a ella. En muchos Parlamentos en el mundo es una de las principales facultades; le han dado tal importancia que no es casual que se hayan tambaleado gobiernos y que hayan caído presidentes, tenemos los ejemplos de cómo actuó el Congreso brasileño en relación a Collor de Melo; tenemos también otro ejemplo, y es el caso de Venezuela, con Carlos Andrés Pérez; la operación "manos limpias" en Italia; el caso Guerra, en España, y aquí, en México, ¿qué sucede?
En el marco de un régimen de partido de Estado, donde existe una mayoría en este Poder Legislativo, de un partido que tiene 64 años en el poder, 64 años de un tejido de complicidades, se renuncia a esta facultad que tenemos.
Y eso se expresa claramente en lo que aquí acabamos de ver; se nos viene a leer un dictamen que no dice nada más que puros lugares comunes. Si ustedes leen los dictámenes de los años anteriores, dicen exactamente lo mismo; "no pasa nada; unos ligeros ajustes; estamos entrando a la modernización; en general se cumple con los requisitos de contabilidad".
No, señores, el problema es grave y muy grave y lo vamos a demostrar.
Tenía razón la inquietud, si bien no ha hecho sus explicaciones, pero la inquietud expuesta aquí por el Partido Acción Nacional: ¿Qué significan las columnas modificadas? ¿Qué es eso?
Y acabamos de darnos cuenta de una cuestión realmente vergonzosa de no querer contestar para dar tiempo a que hicieran las tarjetas que el diputado Guerrero vino aquí a leer, cuando se tenía por qué no, si viene a fundamentar un dictamen se supone que debe de tener una respuesta, una explicación, es su obligación, era para dar tiempo a qué contestar. Pero contestó absolutamente puras generalidades.
Miren, nosotros tenemos la facultad de fiscalizar al Poder Ejecutivo, así nos lo marca el artículo 74 de la Constitución, pero además el Poder Ejecutivo en base a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que en su artículo 1o. plantea que el presupuesto, la contabilidad y el gasto público federal se norman y regulan por
las disposiciones de esta Ley, la que será aplicada por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto; y además en el artículo 13 que el gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen a su vez objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, los presupuestos se elaborarán para cada año, calendario, y se fundarán en costos.
En función de esto se aprobó un presupuesto. Lo aprobaron la mayoría del PRI. Y nos encontramos cosas francamente graves y escuchen por favor. Nos encontramos que todos, todos los gastos programables del Gobierno han tenido modificaciones, ¿en función de qué? Inexplicable mente en función de nada, en función de que en este país el Ejecutivo hace lo que se le da su gana, nada mas por eso.
Nos encontramos con que el Poder Judicial, por ejemplo, tuvo una variación encima del presupuesto acordado de un 21.5%. Un 21.5% de cifras que nos da el tomo de resultados generales de la Cuenta Pública, más sin embargo el banco de información de la Cuenta de la Hacienda Pública nos dice que tuvo un presupuesto 64% arriba de lo que aquí se había aprobado. No solamente hay diferencias en la mismas cifras que dan sino que además hay grandes desviaciones presupuestales.
Y en ese mismo caso tenemos tribunales agrarios, un 110% arriba de lo que se aprobó. Gobernación, 42.2%; mientras el banco de información nos dice que se sobregiraron un 61%. Agricultura y Recursos Hidráulicos, 21.3%. Reforma Agraria un 130.5% más. Energía, Minas e Industria Paraestatal, 18.9% menos, ¿por qué menos? Si el presupuesto aprobado se supone que está sustentado en programas de trabajo. Turismo 35.8% más. Y, ¡oh! sorpresa, Solidaridad y Desarrollo Regional, 11% menos.
El programa tan llevado y tan traído que dicen que va a resolver la pobreza en este país, no aplicó sus recursos totalmente.
Y vámonos con otros: pesca, 47.6%, sobregirado. En el sector industrial, 7.0% menos, o sea, nos estamos enfrentando a una práctica reiterada de no respetar al Poder Legislativo que es el que aprueba el presupuesto para este país, discrecionalmente se están haciendo las modificaciones en todos los rubros. Y pueden decir; bueno, pero no hay problema, puede haber un decreto por ahí. Ningún decreto ni nada está encima de la Ley.
El problema también, y esto es importante mencionarlo, es no solamente las variaciones sino ir a ver qué metas se cumplieron y qué metas no se cumplieron. Yo les voy a poner algunos ejemplos:
¡Vámonos con el área de educación! Originalmente se tenía programado producir 93 millones 100 mil ejemplares de libros de texto gratuito, sólo se produjeron 70 millones 365 mil libros, es decir, se presentó una variación negativa en los objetivos respecto a la meta original de 24.4%.
Cuando seguimos revisando los programas y los subprogramas nos encontramos que hubo casos donde no se alcanzaron las metas esperadas, en variaciones negativas muy altas, que van del 15% al 92% en términos generales. Así por ejemplo uno de los programas básicos de la SEP, que es la infraestructura física, que comprende principalmente construcción y equipamiento de escuelas, nuevamente este programa fue un fracaso, tuvo variaciones negativas en los siguientes rubros:
Construir y equipar anexos en educación secundaria, 15%; equipar aulas en educación medio superior, 33%; construir y equipar laboratorios en educación media superior, 53%; construir y equipar laboratorios para la operación y fomento de actividades académicas en el Instituto Politécnico Nacional, 92%; construir y equipar aulas en educación media terminal, 44%; construir y equipar anexos en educación media superior, 60%; construir y equipar aulas en educación superior, 43% y construir y equipar aulas en educación de posgrado, 67%.
Otro renglón importante en relación a la educación es el relativo al Programa DM01 y 02: Desarrollo del deporte y atención y apoyo a la recreación para la juventud. En este último se tenía proyectado atender a 3 millones 200 mil jóvenes, sin embargo, sólo se alcanzó la cifra de 1 millón 465 mil jóvenes, lo cual implicó un resultado negativo respecto al original de 54%.
Sin embargo, a pesar que de la meta original alcanzó sólo la mitad de lo que originalmente se había planteado, el gasto realizado en este programa aumentó un 9% respecto al original.
Otro caso, al revisar los programas SEP - Conacyt, nos encontramos el ejemplo del programa AB, de la entidad 11 - 10 - 9 que corresponde al Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste en la meta 07, ahí se habían planeado realizar cuatro investigaciones sobre la importancia económica, ecológica y médica de diferentes especies de la región.
En los hechos sólo se realizaron dos investigaciones, es decir se registró una variación negativa de menos 50%. Sin embargo, el presupuesto ejercido aumentó de 313 mil nuevos pesos a 704 mil nuevos pesos, más del doble. Esto significa que en este programa sólo se logró la mitad. Aquí nos estamos enfrentando a un problema o son muy ineficientes o hay problemas de desvío de recursos. Esto mismo en todos los casos que estoy planteando.
En el programa 30, desarrollo de la investigación aplicada, programa 07, investigación de procesos industriales en meta 04, se tenía como objetivo desarrollar investigación y tecnología para mejorar el uso de la energía en procesos industriales. Se programaron 38 investigaciones. Sólo se realizaron 30. Una variación negativa de menos 21%. Pero sin embargo, el presupuesto se sobregiro un 54%.
Nos vamos otra vez, otro programa. Programa 30, subprograma 08, meta 07. Se tenía como objetivo realizar estudios sobre el uso, aprovechamiento, deterioro y destrucción de los recursos naturales, culturales y urbanos en la fronteras de México. No se lograron las metas en un menos 100%, pero, sí se ejerció de un presupuesto que se tenía de 424 mil nuevos pesos, sí se ejerció. Se ejerció el presupuesto y no se cumplió ¡nada!, cero de metas.
El programa 30, de fomento y regulación de los servicios científicos y tecnológicos, subprograma 02, que es el sistema de difusión, en su meta 05, tenía como objetivo organizar los sistemas de informática y cómputo y promover su utilización interna y externa, lo cual no se logró en un menos 100% y sí se ejercieron los recursos de 145 mil nuevos pesos.
Estos son ejemplos de educación. Podemos ver algunos otros ejemplos como el caso de la Secretaría de Gobernación.
La Secretaría de Gobernación cuenta con 10 programas sustantivos y su presupuesto originalmente asignado fue de 595 mil 396 mil nuevos pesos, que es un 48% mayor al originalmente presupuestado.
La variación más significativa en el aspecto del presupuesto, se dio en los siguientes programas: Política de Gobierno con 119% arriba de su presupuesto; Comunicación Social, con 121 arriba de su presupuesto; como si las acciones de la Secretaría de Gobernación requirieran difusión; se difunden por si mismas. Impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral y fiscal, con 191% y finalmente, promoción de la justicia.
En el programa Política de Gobierno, subprograma 01, Conducción del Gobierno en la Meta 01, para garantizar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, especialmente los que se refieren a las garantías individuales y prerrogativas del ciudadano, la variación por incumplimiento en las metas originales, fue de menos 42%, en tanto que el presupuesto aumentó 97%. Esto es, más dinero para trabajar menos.
Meta 11, hacer el seguimiento a los comicios federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, la variación fue de menos 7%. Y la variación presupuestal 97% más, meta 08, contribuir a la ampliación de nuestra vida democrática y al fortalecimiento y modernización del sistema electoral mexicano y de las organizaciones políticas. La variación fue de menos 4% y la variación presupuestal, 73% arriba del presupuesto.
Finalmente, nueve de las 13 metas del subprograma señalado, presentan esta tendencia, una variación negativa en sus metas e incrementos del presupuesto original.
Por ejemplo, Programa de comunicación social, con su subprograma formulación y regulación de la política de comunicación social en los medios impresos, cuyo presupuesto registró un aumento del 48%. La meta 02 dice; difundir la información oficial de que dispone el Ejecutivo Federal, en coordinación con los medios masivos de comunicación y con las áreas de comunicación social de los gobiernos federales y estatales, presentó una desviación negativa en sus metas, de menos un 45%. Y tuvo un incremento de su presupuesto de un 48%.
La meta 03, llevar a cabo el seguimiento de noticias radiofónicas y televisivas para realizar evaluaciones y recomendaciones, tuvo una desviación negativa de menos 54% y tuvo un incremento de su presupuesto en un 48%.
Y así está desarrollo rural, desarrollo urbano, vivienda y ecología, sector trabajo y previsión social, etcétera. O sea, estamos hablando de dos cosas, no solamente estamos hablando de cómo el Poder Ejecutivo varía los presupuestos como le da su gana, sin respetar lo que el Poder Legislativo aprueba, sino que estamos hablando de un conjunto de programas y metas que no se cumplen y sin embargo sus presupuestos sí, muchas veces hasta se duplican.
¿Qué valor tiene entonces una discusión como la realizada para hacer un dictamen como el diputado Guerrero vino a leer aquí, que no plantea nada de esto, que no le entran al análisis de fondo, que no reivindica la facultad que tenemos de fiscalizar al Ejecutivo? ¿Qué valor tiene todo esto si en este país parece ser que solamente la voluntad del Ejecutivo es la que prevalece?
Por todas estas razones, el Partido de la Revolución Democrática va a votar en contra, en contra de este dictamen; porque nosotros no podemos avalar este tipo de conductas que son una ofensa no solamente para el Poder Legislativo, son una ofensa para el pueblo de México.
Querer quedar bien en foros internacionales, diciendo que se abate la corrupción cuando aquí se quiere renunciar a la facultad de vigilar, de criticar al Poder Ejecutivo, cuando hay todos estos desvíos que sólo expresan, como lo dije, ineficiencia o corrupción o las dos cosas.
Por eso, compañeros, votaremos en contra.
Dejo aquí a la Secretaría nuestro voto particular para que sea insertado en el Diario de los Debates. Gracias.
(Apéndice 1 al final del Diario.)
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Roberto Soto Prieto.
El diputado Roberto Soto Prieto:
Con su permiso, señor Presidente.
La política del gasto público se ha sujetado a un proceso de reforma para reorientar sus objetivos con énfasis, en tres vertientes fundamentales: la determinación del nivel del gasto, su asignación entre diferentes sectores y programas, y la estricta disciplina y control en su ejercicio.
El objetivo del gasto público ha sido el alcanzar el equilibrio fiscal, circunscribiendo el nivel total de la erogación pública a la disponibilidad de recursos, disponibilidad de recursos, dije, condición indispensable para la estabilidad macroeconómica. En consecuencia se ha incrementado considerablemente el desarrollo social, los programas de salud, desarrollo regional, urbano, agua potable, trabajo y previsión social, abasto, ecología y solidaridad, así como el desarrollo rural e infraestructura básica.
La disciplina del gasto y el estricto control presupuestal permitió el aumento de programas en diversos renglones y la privatización de algunas empresas como Teléfonos de México, S.A., de C.V., que se llevaron a cabo en excelentes condiciones ventajosas para el Gobierno Federal, fue lo que permitió una correcta aplicación del gasto público.
Es conveniente comentar que el proceso de revisión y análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal por parte de las Comisiones de Programación y Presupuesto y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda constituyen...
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul):
¡Señor Presidente!
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado Lujambio?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul):
Pedirle a usted, atentamente, se sirva preguntar al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
Esteee...
El diputado Roberto Soto Prieto:
¡Sí la acepto, nada más que me permita usted terminar, por favor!
Y, de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda constituyen un elemento muy importante de control en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación anualmente.
Nos corresponde en esta ocasión comentar que durante 1992 la economía mexicana se desarrollo en un entorno internacional, caracterizado por un proceso de globalización económica e integración comercial, así como también por un mayor flujo financiero y tecnológico donde las altas tasas de interés y el peso de la deuda externa impactaron desfavorablemente en el crecimiento económico.
Ante esta situación, nuestro país no está ajeno a tales movimientos. Por lo que aplicó nuevos esquemas para redefinir el papel del sector público en el contexto de la economía, siendo en su participación directa de las actividades productivas, como en la concerniente a su función reguladora para administrar y fomentar el uso nacional de los recursos económicos.
Al hablar de la Cuenta Pública del ejercicio 1992, se observaron grandes avances en materia económica que permitieron continuar la consolidación de los resultados obtenidos en 1989 a 1991, en materia de estabilización y cambio estructural. Dichos resultados reflejan los esfuerzos de los mexicanos al lograr que el crecimiento fuera superior al incremento de la población, que disminuyera la inflación, que se canalizaran mayores recursos a las actividades productivas y al desarrollo social; se continuó con la modernización del aparato productivo, se propició la mayor participación de la inversión privada nacional y extranjera y que aumentan las exportaciones.
Sin embargo, las metas de crecimiento económico y déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos, no se alcanzaron debido fundamentalmente a que el entorno internacional registró un bajo crecimiento económico y un descenso en el volumen del comercio mundial; la inflación fue mayor a la prevista, ya que la tasa de crecimiento en los precios de los servicios no comerciales con el exterior fue mayor, no obstante con la aplicación coherente de las políticas fiscal - monetaria y cambiaria, permitieron reducir su tasa de crecimiento anual.
Los resultados anteriores fueron verificados con la evaluación efectuada a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, misma que presentó corresrrespondencia con los principios básicos de la contabilidad gubernamental.
No se debe olvidar que la información financiera contenida en la Cuenta Pública proviene de dos fuentes, una de las cuales la forma el sector central del Gobierno Federal y otra emana de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos gubernamentales, ambos grupos se rigen por sistemas de contabilidad que regula el registro de sus operaciones y donde el sector central lo realiza mediante el sistema integral de contabilidad gubernamental. Y el sector paraestatal se encuentra auditado por despacho de contadores públicos independientes, que solamente emiten su opinión cuando el contenido de los estados financieros se apega a principios de contabilidad y normas de auditoría generalmente aceptadas por el Instituto y por el Colegio de Contadores Públicos.
Por otra parte, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados se apoya en los dictámenes de los despachos de contadores públicos independientes y en la revisión que realiza en forma permanente la Contraloría de la Federación.
Señores diputados; en mi opinión el proceso de revisión que realiza la Contaduría Mayor de Hacienda y donde emite su opinión por medio de un dictamen, es satisfactorio y debe aceptarse, ya que se cubrieron las principales normas técnicas en las distintas áreas de revisión, por lo que exhorto a esta honorable Asamblea a dar una aprobación al dictamen que se presenta.
Por otra parte, yo tengo mucho interés en hacer unos comentarios, porque estuve escuchando con mucha atención la exposición que nuestra compañera diputada Liliana Flores hizo de excedentes en la mayoría de los renglones presupuestados y aprobados aquí por la Cámara de Diputados.
Yo quisiera nada más, antes de hacer referencia a tres ó cuatro partidas, decirles que en el Diario Oficial del 24 de diciembre, en el cual aprobamos nosotros el presupuesto, hay un artículo que se denomina el 13, y dice a la letra: "El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programas y proyectos prioritarios y estratégicos de Gobierno Federal, tales como: desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente, con cargo a excedentes. Y realmente todos como hemos podido apreciar en el presupuesto hubo excedentes; ahora yo me voy a permitir comentar porque en nuestra opinión están perfectamente justificadas las variaciones. Por ejemplo, el renglón del Ramo 00 04 Gobernación, se ejercieron 330 millones, el gasto ejercido por el ramo de Gobernación asciende a 1 mil 112 millones de nuevos pesos el cual fue superior en 930...
El Presidente:
Señor diputado Soto Prieto, ¿aceptaría usted que se le hiciera una interpelación, de parte de la diputada Benavides?
El diputado Roberto Soto Prieto:
Con mucho gusto si me permite terminar, las acepto todas las que sea necesario.
El Presidente:
Diputado Soto Prieto yo soy el que le da la respuesta a la diputada Benavides. Informa el diputado que al terminar su intervención.
La diputada Liliana Flores Benavides (desde su curul);
Gracias.
El diputado Roberto Soto Prieto:
Este es un punto por otra parte existe otro que es Relaciones Exteriores que se excedió en 25.6%, efectivamente y se registró para un incremento salarial y así le puedo yo mencionar varias partidas en Hacienda la variación fue de 1 mil 196.300 mil millones de pesos. En un presupuesto yo quiero decirle a esta honorable Asamblea que no es posible manejar un presupuesto rígido sino que tiene que haber fórmulas para poder hacer uso de los recursos adicionales y esos recursos adicionales en este momento lo estoy presentando a la consideración de ustedes. Por tal motivo estos mecanismos para poder autorizar en un momento dado al Ejecutivo, están previstos y aprobados por nosotros en el artículo 13 del Diario Oficial del 24 de Diciembre. Estoy a sus órdenes señor diputado.
El Presidente:
Señor diputado Lujambio usted había solicitado hacer una interpelación.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul):
Señor diputado Soto en la parte inicial de su intervención, que por cierto me pareció muy similar a la del propio orador que vino a fundamentar el dictamen, en cuando menos dos ocasiones hizo usted mención al hecho de que dentro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública se, habían realizado trabajos de revisión y análisis de la Cuenta Pública de 1992, ¿así lo dijo usted?, perfecto.
Yo quisiera preguntarle sobre ese particular, señor Soto, si no está usted enterado que la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda precisa, sin ningún lugar a dudas y confusión, que la revisión de la Cuenta Pública le corresponde precisamente a la Contaduría Mayor de Hacienda es una pregunta, si está usted enterado de eso porque usted menciona que en el trabajo de la Comisión se hicieron trabajos de revisión y análisis, pues yo simplemente le pido que exprese una coherencia en esta afirmación que usted dice que contradice el texto de la Ley.
El diputado Roberto Soto Prieto:
Mire usted. Efectivamente, nosotros en comisiones analizamos los informes y pedimos alguna aclaración y precisamente la Contaduría Mayor de Hacienda tiene la obligación de hacer revisiones profundas y pedir todas las aclaraciones, todos los papeles de trabajo que sean necesarios y apoyarse precisamente en esos informes que le den tanto los contadores públicos independientes, como la propia Contraloría de la Federación. A sus órdenes.
La diputada Liliana Flores Benavides (desde su curul):
Diputado Soto Prieto. ¿Qué sentido tiene entonces aprobar un presupuesto si ese artículo 13, con el cual nosotros estuvimos en contra y votamos en contra, faculta discrecionalmente al Ejecutivo para hacer las modificaciones que él quiera?
¿Usted cree que es correcto, sí o no, que haya habido modificaciones en el 100% del presupuesto?, ¿cree usted que eso es correcto?, ¿cree usted que eso es un reflejo del equilibrio de poderes en este país? Gracias por su respuesta.
El diputado Roberto Soto Prieto:
Mire usted. Efectivamente, un presupuesto como le decía hace un momento, no puede ser rígido, no puede ser rígido y si en este caso en la mayoría de los renglones tuvo el 100% como dice usted, tuvo variación, ¿a qué se debió esa variación? Se debió exclusivamente a mecanismos de recaudación que implantó el Poder Ejecutivo para en un momento dado recaudar mayores ingresos.
¿Qué pasaría si nosotros en un momento dado hacemos un presupuesto rígido, Liliana? Lo que
pasaría sería que en este momento que nosotros diéramos una disposición rígida de este tipo, quedaba el Ejecutivo atado, totalmente atado y no es conveniente porque entonces muchas de las operaciones se paralizarían, porque aquí en este presupuesto hay muchos aumentos de salario y hay programas extras que se pusieron.
De todas las partidas, Liliana, yo le puedo asegurar que hay una justificación plenamente de todo lo que realmente se ejerció de más. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfredo Lujambio, en contra.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Muchas gracias, señor Presidente; señores diputados:
Qué bueno sería, por la salud de nuestro país, por la credibilidad que ha perdido totalmente el Gobierno de este país como administrador del erario público, que estos debates en donde se ventilan asuntos tan importantes como el destino que le da el Gobierno a los impuestos que pagamos los ciudadanos, fuesen difundidos en vivo, de cara al pueblo de México, de cara a la opinión pública, qué bueno sería, sería una demostración del grupo de la mayoría numérica de que no hay nada que ocultar en materia del manejo del erario público en este país.
Pero lamentablemente sabemos, los hechos nos confirman que no es así, se lo decíamos al secretario Aspe hace pocos días, la administración pública federal es un desastre, señores diputados, es un absoluto desorden la forma irresponsable en que se manejan los recursos, el dinero del pueblo de México, un dinero que debería de ser sagrado, señores diputados, un dinero que se maneja con irresponsabilidad, con negligencia y desde luego con grandes dosis de corrupción, que son lo que explican el enriquecimiento inexplicable de muchos funcionarios de la administración pública.
Ojalá alguna vez tengan el valor ustedes, señores diputados de la mayoría priísta, de permitir que aquí vengan los medios de comunicación para televisar a la nación lo que ustedes dicen en relación a la cuenta pública, en relación a la Ley de Ingresos, en relación al Presupuesto de Egresos. Ojalá alguna vez tengan ese valor y el pueblo de México los observe a ustedes cómo se conducen.
Vengo hoy por encargo del Partido Acción Nacional, a fundamentar, por tercera vez consecutiva, durante la presente legislatura, nuestro voto en contra en lo general y en lo particular, al dictamen de la cuenta pública elaborado por la Comisión de Programación y Presupuesto, correspondiente al ejercicio fiscal de 1992; un dictamen elaborado a las carreras, un dictamen, señores diputados, que seguramente ni siquiera fue hecho aquí en el edificio de la Cámara de Diputados, yo creo que lo mandan de allá de la Secretaría de Hacienda ya en un cartabón muy desgastado, en donde este dictamen inocuo, trivial, donde no aborda los problemas de fondo de la presentación de la cuenta pública, sino que se concreta a repetir frases trilladas que vemos en el documento de cuenta pública, que se concreta a dar una serie de recomendaciones también inocuas, inútiles, que nunca le va a dar seguimiento la Comisión de Programación y Presupuesto, ese dictamen es el que está a la consideración de esta Cámara.
Y les digo algo, señores diputados, si ustedes me lo permiten: a la diputación de Acción Nacional le habría gustado poder aprobar este dictamen, le habría gustado aprobar la cuenta pública de 1992, haber podido avalar, con el estudio que hemos hecho de los documentos, con el cotejo que hemos estado trabajando durante hace algunos meses la diputación por su cuenta puesto que los trabajos de la Comisión y las sesiones de que nos da cuenta el propio dictamen, que se celebraron tantas más cuantas reuniones, con tantos más cuantos funcionarios, con la presencia y comparecencia de tantos más cuantos diputados, palabra, puras palabras, señores diputados.
A Acción Nacional le habría gustado aprobar este dictamen, porque ello habría sido resultado de un análisis cuidadoso de la cuenta, en el que el dictamen hubiese sido sincero, realista, verídico, que reconociera muchas de las grandes deficiencias y lacras que padece la administración federal, el derroche criminal que se está haciendo de recursos en este país y no este documento tan verdaderamente trivial y que no refleja una realidad.
En intervenciones pasadas en esta tribuna, Acción Nacional, por otra parte, ha cuestionado reiteradamente en forma seria y responsable tanto el proceso de presentación de la cuenta pública que le corresponde al Ejecutivo, como el correspondiente a la revisión que es
responsabilidad de esta Cámara de Diputados a través de su órgano técnico, la revisión a través de su órgano técnico, no a través de reuniones de pacotilla y de oropel, con funcionarios que no resuelven absolutamente nada y en las que no se escuchan las propuestas de los partidos y de los diputados ahí presentes.
Entonces la revisión queda clara, señores, es competencia exclusiva de la Contaduría Mayor de Hacienda, por eso presentamos una iniciativa. En congruencia esta postura de Acción Nacional, en cumplimiento del anuncio que hicimos desde hace un año, presentamos el 7 de julio pasado una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y la del Congreso de la Unión, con el mejor y más sincero espíritu de servicio a las mejores causas e intereses de nuestra nación, y con el deseo de avanzar substancialmente en esta importantísima materia de la administración pública.
Esta iniciativa hasta el momento no ha sido dictaminada como ustedes ya lo saben. Hace pocos días tuvimos que solicitar a la Presidencia de esta Cámara la excitativa para que las comisiones correspondientes la dictaminen.
Hasta el momento, la Cuenta Pública, señores diputados, sigue siendo un verdadero galimatías.
Desafortunadamente es un documento que cuidadosamente se hace llegar a muy pocas manos. Debería de ser un documento que circulara profusamente y que llegara a manos de todos los diputados, estén o no estén en las comisiones correspondientes, por ser del interés general de toda la Cámara.
Pero no ocurre así, es un documento confuso, lleno de texto, mucho texto señores diputados, un texto siempre, invariablemente autocomplaciente, un texto que señala supuestos grandes logros, el haber alcanzado tales y cuales cumplimientos de programas, eso es la Cuenta Pública, no es otra cosa, no es un documento que refleje responsablemente la situación financiera y económica verdadera de nuestra nación, es un galimatías, enredado, confuso, donde se pierde cualquier persona en su lectura de difícil interpretación y análisis. ¿Se trata de qué señores diputados?
No obstante el esfuerzo legislativo de Acción Nacional para avanzar mediante la iniciativa que propusimos, y de haber solicitado en forma personal y directa al Ejecutivo Federal su respaldo o bien sus observaciones a la iniciativa de Acción Nacional, hasta el momento silencio, no hay respuesta, ni de las comisiones dictaminadoras ni del propio Ejecutivo, no nos hemos visto favorecidos con esa atención, y yo sostengo, señores diputados, que el Ejecutivo Federal, con esta actitud demuestra que no está dispuesto a permitir ser fiscalizado por la Cámara, como lo ordena el principio constitucional en forma efectiva, real y transparente; no hay esa disposición, se quiere seguir manteniendo a la Cuenta Pública como un documento secreto y casi casi clandestino.
La Cuenta Pública, lo hemos dicho anteriormente y lo reiteramos ahora, en realidad es cuenta secreta, es la cuenta que se le oculta a los ciudadanos, que se trata de hacer pasar desapercibida ante los ojos de la opinión pública nacional.
Se rechaza la propuesta constructiva de Acción Nacional para hacerla circular con toda anticipación entre organismos sociales que intervienen activamente en la economía, como cámaras, colegios de profesionistas, agrupaciones sindicales, etcétera.
¿De qué se trata? ¿Se busca ocultar algo? ¿Por qué se niega el avance de nuestro país en esta materia, que podría contribuir muy eficazmente a restablecer la confianza de la sociedad en el Gobierno, cuando estamos entrando a un TLC, y cuando estamos entrando a la época de la modernidad, la cuenta pública, señores diputados, sigue siendo de la época de las cavernas en este país?
Durante la presente legislatura, la diputación de Acción Nacional ha dejado suficientemente clara su desaprobación a las políticas económicas del actual régimen.
El día de hoy reafirmamos este juicio de valor, porque al empezar el último año de la administración del licenciado Salinas de Gortari, el país en su conjunto no avizora a corto ni mediano plazos siquiera, el inicio de la solución de los más acuciantes problemas de los mexicanos.
La campaña federal para 1994 se inicia dentro de un creciente, ominoso, desempleo, un "colosal", perdón, un colosal fraude electoral en el Estado de Yucatán, abismales contrastes entre la opulencia de muy pocos y la indigencia de muchos millones de personas, miles de pequeñas empresas, agobiadas por la falta de ventas, falta de créditos oportunos y accesibles, burocratismo y reglamentismo que asfixia a las pequeñas empresas y las obliga a reducir sus fuentes de empleo o a cerrar sus puertas definitivamente. Estas son sólo algunas de las razones
que han fundamentado nuestra posición, y que hoy la estamos refrendando.
Observamos cómo el partido de Estado es un terco y desacreditado residuo del pasado, que se empeña en prevalecer a toda costa y que desmiente en los hechos su discurso democrático.
En México es imperativo que para entrar de lleno y sólidamente a la modernidad económica, deben asumirse en forma simultánea y plena los retos de la democracia, es decir, el cambio democrático de todas las estructuras de la sociedad.
El éxito de la gestión de un gobierno se puede medir sólo por el éxito particular de los ciudadanos y de cada familia en sus posibilidades reales de mejoramiento, empleo decoroso, educación, salud, vivienda, etcétera.
Entendemos el bien de México como la posibilidad real de alternancia en el poder, su efectiva división en los niveles federal y estatal, en la soberanía de los estados, la autonomía de los municipios como realidades cotidianas.
Que quede claro, señores diputados, en Acción Nacional nunca hemos deseado el fracaso del Gobierno; deseamos tan sólo una gestión pública exitosa en la promoción del bien común, pero tampoco hemos abandonado nunca nuestra responsabilidad de señalar lacras y vicios y al mismo tiempo proponer alternativas de solución.
En posteriores intervenciones, compañeros del grupo parlamentario, y el de la voz también, habremos de hacer algunos planteamientos y cuestionamientos más específicos de la cuenta, del dictamen.
Tenemos información, mucha información, señores diputados, no sólo desviaciones presupuestarias, tenemos los informes del ITA, ya ustedes se irán dando cuenta de la información de que disponemos.
A mí me corresponde hacerlo en forma general, por lo que empiezo a plantear las siguientes preguntas a la consideración de ustedes:
En términos del texto constitucional, ¿se ha vigilado el exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, a través de la Comisión correspondiente? No. ¿La cuenta pública ha sido revisada en su totalidad para conocer los resultados de la gestión financiera? No. Nosotros hemos hecho propuestas en este sentido; no prosperan, el silencio es la respuesta.
¿Se ha comprobado a satisfacción si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto? Tampoco, negativo.
¿Se ha dado el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas? No.
¿Del examen que realiza la Contaduría Mayor de Hacienda, se conoce a través del dictamen de la Comisión si aparecen discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto? No.
¿El dictamen de la Comisión informa si existe o no exactitud o justificación de los gastos hechos, como lo señala la Constitución y la Ley Orgánica? No.
¿Se han determinado las responsabilidades de acuerdo con la Ley? No.
Nuestra interpretación, tanto del dictamen como del informe previo, es que no se ha cumplido con estas premisas constitucionales. Ni siquiera fue analizado en el seno de la Comisión de Programación y Presupuesto el contenido del informe previo, ni siquiera, algo tan elemental como eso, el informe que produce, que genera nuestro órgano técnico.
Tampoco se solicitó, como lo habíamos propuesto a la Comisión de Vigilancia, algún informe o documento que diera cuenta de su supervisión efectiva y real a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Se emite un dictamen cuando aún no se ha terminado la revisión de la cuenta pública, y sin que la Contaduría Mayor nos dé cuenta cabal, todavía, de todas las graves e importantes desviaciones presupuestales y de las irregularidades, muy serias por cierto, observadas, de las que nunca tendrá conocimiento esta Cámara.
Señores diputados, ustedes nunca van a saber las irregularidades, por la sencilla razón de que será hasta septiembre de 1994 cuando se reciba el Informe de Resultados de la Cuenta de 1992. Este conocimiento no llegará al pleno de la Cámara.
Señores diputados, hablemos con la verdad: esta Cámara se encuentra gravemente entrampada por la legislación vigente en esta materia, ya que no se puede ni se debe dictaminar una cuenta que ni de lejos ha sido revisada en forma eficaz y completa.
Los diputados de la mayoría seguramente, ustedes, señores del PRI, aprobarán el dictamen,
como lo han venido haciendo reiterada e irresponsablemente año tras año, pero con ello estarán incumpliendo la elevada responsabilidad constitucional que tenemos todos los representantes del pueblo de México.
La revisión de la Cuenta Pública Federal, por otro lado, debe precisar, según el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, el ingreso y el gasto públicos; no sabemos si esto está precisado por la Contaduría Mayor de Hacienda.
Determinar el resultado de la gestión financiera y verificar si el ingreso y el gasto se ajustaron a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de la Federación.
El Presidente:
Un momento, señor diputado Lujambio. Señor diputado Nemi Dib, ¿con qué objeto?
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
¿Quisiera, señor Presidente, preguntar al señor orador si es tan gentil de aceptar una interpelación?
El Presidente:
¿Acepta usted una interpelación, diputado Lujambio?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Sí, señor Presidente, la acepto.
El Presidente:
Sí la acepta, diputado Nemi Dib.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Muchas gracias, señor Presidente:
Señor contador, ha expresado usted hasta en un par de ocasiones en su alocución, que no ha sido atendida la iniciativa que su partido presentó en relación con el tema que discute. Ha expresado que no le ha merecido el mínimo interés ni siquiera al Ejecutivo de la Unión y tampoco a las comisiones correspondientes.
Yo quisiera rogarle fuera tan gentil de responderme si conoce usted con exactitud cuál es la fecha en que vence el término reglamentario, dispuesto por el acuerdo de la Presidencia de esta Cámara, a efecto de dar curso a su iniciativa, señor contador.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Mire, diputado Nemi, ese tipo de preguntas son, me parece, un tanto ociosas. Si hubiese una sincera voluntad y una disposición de ustedes, como grupo de la mayoría parlamentaria, de avanzar en este sentido, ya habría habido indicaciones a través de la Comisión, tanto de Programación y Presupuesto, la de Vigilancia, la de Hacienda, de que hay interés, de que se quieren sentar a hablar y a discutir con nosotros seriamente el asunto. No ha habido absolutamente ninguna referencia.
Un Diputado, compañero de ustedes, Adrián Sada, si no mal recuerdo, me hizo llegar un documento muy informal, con algunos comentarios, sin firma, sin membrete absolutamente, planteando algunas similitudes en su criterio con los criterios expuestos por nosotros.
La realidad es que no hay respuesta a lo que hasta este momento se ha planteado y ya hace seis meses que se puso a consideración la iniciativa de Acción Nacional. Prosigo con la lectura de mi documento.
El Presidente:
Diputado Lujambio por favor. Diputado Nemi Dib.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
¿Si acepta una interpelación?
El Presidente:
Si.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Es evidente que el señor Diputado no conoce la fecha en que vence el término legal, de manera que no puede afirmar que no ha sido atendida su iniciativa. Quisiera sin embargo hacerle una nueva pregunta: ¿fue formalmente invitado o no por el presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto para discutir esta iniciativa? Muchas gracias.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Absolutamente. No he recibido ninguna invitación, ningún documento formal para efectos de tratar esto. Ha habido pláticas pero no se ha tocado el tema específico de la iniciativa de Acción Nacional para ser tratada en el seno de la Comisión.
El Presidente:
Tiene la palabra, un momentito Diputado. Tiene la palabra el Diputado Flores Solano, ¿con qué objeto?
El diputado Jorge Flores Solano (desde su curul):
¿Acepta una interpelación el orador?
El Presidente:
¿Acepta usted una interpelación Diputado Lujambio?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Señor Presidente, considero que la lectura de mi documento con estas interpelaciones pierde la efectividad y la fuerza que yo quiero darle, no la acepto. Y al final, si persiste el diputado Flores Solano, le contestaré con mucho gusto.
El Presidente:
No la acepta Diputado Flores Solano. Hasta el final.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Decía, señores Diputados, se emite un dictamen, cuando aún no se ha terminado la revisión de la Cuenta Pública, porque éste es un hecho que nadie puede negar, no se ha terminado la revisión de la Cuenta Pública, y aquí ya hay un dictamen a la consideración de ustedes. ¿Cómo podemos nosotros aprobar en estas condiciones este dictamen?
No conocemos las graves e importantes desviaciones presupuestales y las irregularidades observadas, porque éstas llegarán hasta que se presente el informe de resultados.
Les decía, la revisión de la Cuenta Pública, no sólo comprenderá la conformidad de las partidas con el presupuesto de la federación. Aquí hay entonces una inconsistencia porque se ha venido a decir a esta tribuna que el propio presupuesto deja la puerta abierta en el artículo 13 para que el ejecutivo maneje el presupuesto con toda discrecionalidad.
Entonces sigue en pie la pregunta: ¿Para qué queremos venir aquí a esta Cámara a dictaminar un presupuesto que ya sabemos que nunca se respeta? Es completamente inútil e inocuo.
Verificará además la Contaduría Mayor de Hacienda la exactitud de los cobros de acuerdo con los precios y tarifas autorizadas. Y luego añade el propio artículo 20: "Si de la revisión aparecieren discrepancias, repito: si de la revisión aparecieren discrepancias, entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas de los tres supuestos o no existiere exactitud o justificación en los gastos, se determinarán las responsabilidades procedentes y se promoverá su fincamiento ante las autoridades competentes.
De todo ello no habla el dictamen. Tampoco informan cuáles han sido las entidades fiscalizadas, cuáles no lo han sido, dejan a esta Cámara en una situación de desconocimiento, de ignorancia enorme y falta de certidumbre que le permita aprobarlo o no con un sentido de verdadera responsabilidad frente al país.
Por ejemplo, a esta Cámara no se le hace conocer ni siquiera toda la información que ofrece el informe de resultados, me refiero al pleno de la Cámara, el informe de resultados último que corresponde a la Cuenta Pública de 1991. contiene ese informe, señores diputados, que no es de su conocimiento, porque se mantiene cuidadosamente guardado y escondido y mucho menos de la opinión pública, si se nos hace llegar a algunos Diputados. Es cierto, me adelanto, pero no en materia de un análisis ni de una deliberación ni del conocimiento del Pleno de la Cámara, contiene señalamientos muy importantes que no fueron de su conocimiento cuando se discutió el dictamen de ese año.
No voy a entrar ahorita a darles a conocer los señalamientos del informe de resultados y de los dictámenes de los auditores, los dejo para una posterior intervención porque sería alargarme mucho, hay mucho que decir sobre las irregularidades de la cuenta pública de 1991 que ustedes irresponsablemente aprobaron el año pasado, señores diputados.
En el informe de resultados de 1991, páginas 145 y 147, hay incumplimientos muy serios a la legislación y normatividad en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios relacionados con bienes muebles y gasto público federal, contabilidad, presupuesto y gasto público, racionalidad y disciplina presupuestal. Las incidencias de incumplimiento, y esto nada más a manera general se los menciono, para no entrar en este momento en detalles, las incidencias de incumplimiento, señores diputados, de las dependencias tanto del sector central como de las paraestatales, según el informe de resultados, son las siguientes:
La Ley de Obras Públicas fue violentada en un 38% de todas las dependencias del sector central; la Ley de Obras Públicas, un 38% de las dependencias del sector central; se brincan "a la torera" la Ley de Obras Públicas, señores diputados, y solamente un 34% de las entidades paraestatales que no respetan, que quebrantan parte o la totalidad de los ordenamientos de esta Ley.
La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, fue incumplida en un 29.6%, casi un 30% de las dependencias del sector central y un 25.1% de las entidades paraestatales.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, fue violentada en un 10.4% de las dependencias del sector central y un 10% de las entidades. En cuanto a la gestión financiera de 1991 hay serias deficiencias en el manejo y control de los recursos en materia de ingresos y recaudaciones diversas, según nos lo dice el propio informe, en recursos financieros, recursos materiales y administración de los recursos humanos.
Un 28% de las dependencias incurrieron en irregularidades de gestión financiera y también lo hicieron un 31.5% de las paraestatales. En cuanto a recursos financieros, un 24% de las dependencias y un 25% de las entidades. En cuanto a la gestión administrativa, señores diputados, hay carencia, falta de aplicación de normas, métodos y procedimientos internos que fueron detectados en diversos grados de incumplimiento; por ejemplo, un 57.4% de las dependencias del sector central del Gobierno no cumplieron en la aplicación de las normas, métodos y procedimientos, un 57.4% de las dependencias, y en las paraestatales, señores diputados, un 76.2% de las dependencias carecen de procedimientos específicos; un 23.8% de las dependencias incurren en incumplimiento de procedimientos diversos.
Señores, desorden total, no se respetan las leyes que rigen en este país el manejo del erario público, aquí lo está diciendo el documento, si ustedes se empeñan en seguir aprobando una cuenta pública en estas condiciones, serán ustedes, los de la mayoría, quienes tendrán que rendirle cuentas al pueblo de México.
Se violentan las leyes de obras públicas, la de presupuestos, no ha habido gestión financiera respetuosa del presupuesto aprobado por la Cámara. Sencillamente no se respetan las leyes.
Termino informándoles, señores diputados. Como miembro que soy de la Comisión de Vigilancia y secretario de la Comisión de Programación y Presupuesto, en las acciones promovidas por la Contaduría Mayor de Hacienda se encuentran aún pendientes de atender un importante número de observaciones, oficios de señalamiento y sugerencias, por parte tanto del sector central como del sector paraestatal, que significan miles de recomendaciones hechas por la Contaduría Mayor no atendidas, ignoradas olímpicamente por las dependencias, por lo que no podemos responsablemente pasarlas por alto.
Hay desorden, se incumplen muchas partidas del presupuesto de una manera verdaderamente escandalosa, por más que se pretendan justificar con el artículo 13 del presupuesto, el artículo 13 del presupuesto, debo decirle al diputado Soto, por cierto, que habla de que el Presidente puede incrementar algunas partidas del presupuesto con ingresos extraordinarios. Pero yo le voy a demostrar al diputado Soto, en posterior intervención, que no hubo tal incremento.
En 1992 hubo déficit y no el superávit de que nos habla el Gobierno. Hubo un déficit de 20 y tantos mil millones de pesos nuevos. Entonces no podía, con base en ese déficit, que se lo voy a demostrar al diputado, el Ejecutivo haberse excedido en las partidas presupuestarias. Ese superávit es otro de los cuentos chinos de la cuenta pública; lo han inventado para justificar las desviaciones del Ejecutivo, de esta magnitud tan colosal, la cuenta pública.
Muchos servidores de la administración pública, sobre todo los de más alto rango, incumplen y no atienden las recomendaciones ni la legislación vigente. Por lo tanto y para terminar, señores diputados, les venimos a pedir con respeto, pero con sentido de responsabilidad, que no aprueben ustedes una cuenta que no se ha terminado de revisar en términos del espíritu y la letra de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Esperamos, señores diputados, que en esta ocasión el desenlace de este debate sea diferente al de los años anteriores. Creo que es una vergüenza para nuestro país que no pueda ser aprobada una cuenta pública por todos los grupos parlamentarios; que surjan estas discrepancias. Aquí tengo informes que mandó el secretario Aspe, hace pocos minutos, contestando algunas de las preguntas que dejó de contestar en mi intervención y que por cierto, pero ya no es materia de éste, haré otros comentarios posteriormente sobre estas respuestas que está mandando el secretario Aspe.
Señores diputados, por responsabilidad ante México, les pedimos sinceramente su voto en contra al dictamen de la Cuenta Pública de 1992. Gracias.
La diputada Liliana Flores Benavides (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
Un momentito, había formulado una interpelación el diputado Flores Solano... ¿insiste en su interpelación, diputado Flores Solano?
El diputado Jorge Flores Solano (desde su curul):
Declino.
El Presidente:
Declina la interpelación.
Para rectificar hechos, tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Liliana Flores Benavides.
La diputada Liliana Flores Benavides:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Voy a ser muy breve. Hace unos momentos el diputado Nemi Dib, le planteó una pregunta al diputado Lujambio. Si sabía el tiempo, y además le planteaba citas o cosas por el estilo. Yo sí lo sé y eso está establecido en el Reglamento, en el artículo 87: "Toda Comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido".
La iniciativa del diputado Lujambio fue presentada el 7 de julio de 1993. Eso no es solamente, un problema de voluntad, esto es una obligación. Gracias.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
Diputado Nemi Dib, ¿con qué objeto?
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Nemi Dib, por cinco minutos.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con el permiso de la Presidencia.
Sin demérito de lo expresado por la diputada Liliana Flores, que tiene fundamento en el Reglamento, quiero simplemente recordarle, quizá ella no está enterada, que la semana pasada, concretamente el día 25, la Presidencia de la Directiva emitió una excitativa para que la Comisión dictaminara. El plazo establecido por la Presidencia vence el día de mañana, diputada. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo, en pro.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
Señor Presidente: vengo por la Comisión ¿eh?, estoy anotada; son 30 minutos.
El Presidente:
¡Sí! A la Oficialía Mayor, por favor.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Yo solamente quiero decirle, de entrada, al señor diputado Lujambio, ¡que miente! Que en el pleno de la Comisión de Programación y Presupuesto donde se aprobó el dictamen que hoy presentamos al pleno, se le invitó formalmente, y estábamos 43 diputados, a incorporarse a la comisión de análisis para el estudio de la propuesta de iniciativa de ley que estamos analizando diversos diputados.
Yo le quiero también decir al señor diputado, que si alguien ha mantenido en secreto la Cuenta Pública y los diversos análisis de resultados, el informe previo etcétera, que se les han entregado a todas las fracciones parlamentarias, es él.
Aquí está, dirigido a él, un oficio donde se le hacen llegar los resultados generales y anexo estadístico de la Cuenta Pública...
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul):
Señor Presidente: deseo formular una interpelación.
El Presidente:
Un momento, diputada Laura Alicia Garza Galindo.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
No voy a admitir interpelaciones.
El Presidente:
Diríjase a la Presidencia, diputada, por favor.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Perdón.
El Presidente:
Diputado Lujambio: indica la diputada que no acepta ninguna interpelación.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul):
Gracias, señor Presidente.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
...Y tiene el sello de la diputación del Partido Acción Nacional, con fecha de junio 17 de 1993.
Aquí la voy a dejar, para que la vea, diputado, en la Secretaría, la voy a dejar. Son los documentos originales del diputado Jorge Flores Solano, Presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto.
Lamentamos mucho que al diputado Lujambio no le agrade el dictamen, pero fue hecho para 500 diputados. Nosotros asumimos que a algunos no les va a gustar ¡Lo lamentamos profundamente!
Ahora, diputado, hasta insultos tenemos que recibir los diputados, de su parte. Reuniones de oropel y de pacotilla. ¡Cómo es posible, señor diputado! ¿Dónde está la civilidad parlamentaria?
Nos insulta usted a todos los diputados que a diferencia de usted sí vemos con seriedad el trabajo de comisiones; trabajo fundamental de esta Cámara y de los diputados de esta legislatura. Todos, la gran mayoría, valoramos el trabajo en equipo y de equipos plurales, lo reconocemos. Pero sobre todo de equipo, sobre todo de equipo.
¡Por eso no nos perdemos en el análisis de los documentos, diputado! ¡Porque también por tercera vez le tenemos que decir que el análisis de los documentos como la Cuenta Pública, no puede ser trabajo de solitarios; tiene que ser trabajo de equipo!
La cuenta pública, ya se lo dijimos, diputado, no es documento secreto, la tienen los diputados y todas las fracciones parlamentarias a través de sus coordinadores desde mediados del mes de junio. ¡Entonces no sé qué pase con usted que no la tiene!
Le quiero decir que sí hemos vigilado a la Contaduría Mayor de Hacienda. ¡Es su palabra contra la mía! ¡Y que está respaldada por muchos compañeros diputados! ¡Y se ha cumplido por supuesto con las premisas constitucionales! ¡A eso estamos dedicados!
Yo, diputado, esperaba francamente de usted mayor creatividad este año; pero nos vuelve a repetir, por tercera ocasión, el mismo discurso. Nos ahorró, nos ahorró la lectura que siempre hace de las irregularidades.
¡Y vamos a ver, vamos a ver quién es irresponsable, diputado! ¡Con todo respeto, señor diputado!
Son con ésta varias las ocasiones en que el diputado Lujambio, estimado miembro de las comisiones de Programación, Presupuesto y de Vigilancia, hace uso de esta tribuna con información distorsionada; cruzando información de informe de resultados, perdón por la redundancia, con el trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Hace uso de la tribuna con información incompleta, con información distorsionada, así como con severas acusaciones acerca del manejo de la administración pública de México y en particular, casi siempre, siempre, de la administración paraestatal
¡El señor Lujambio, el señor diputado Lujambio, perdón, ha dicho textualmente en esta tribuna en varias ocasiones, ¡hoy también!, "que le parece criminal el grado de negligencia, de irresponsabilidad y de lenidad con que muchos funcionarios están manejando los dineros del pueblo"!
Yo le diría al señor diputado Lujambio: ¡pruébelo! ¡Una por una de las irregularidades que conozca, con hechos, con pruebas concretas y ante las autoridades correspondientes; para eso existen!
No hacerlo, diputado; ¡ésa si es negligencia! ¡Es ocultamiento, es encubrimiento de pruebas!
Estas graves acusaciones las ha formulado el señor diputado Lujambio, basado según él en información que le han proporcionado los prestigiados despachos contables que formulan las auditorías externas de las entidades paraestatales mexicanas. Información que el diputado Lujambio cruza a su antojo con la información de los informes, otra vez perdón por la redundancia, de resultados que presenta anualmente la Contaduría Mayor de Hacienda a esta soberanía, y que desde hace dos años se hace llegar para su conocimiento y análisis a las diversas fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara o que también cruza como con los informes previos, como ha sucedido ya en otras ocasiones y que suponemos lo va a volver a hacer hoy.
Como buen contador público que es el diputado Lujambio, se pone a jugar con los números. ¡Se pone a juntar "peras con manzanas" y con una profunda falta de ética profesional, diputado, discúlpeme, y de ética política, perdóneme, viene a desinformar a esta soberanía! ¡Nos viene a mentir no sólo a sus compañeros diputados de fracción, sino a todas las fracciones! ¡Y lo más grave: el señor diputado Lujambio le viene a mentir al pueblo de México, con información distorsionada! ¡Juntando, yo se lo voy a demostrar, "peras con manzanas"!
Por única vez diputado, ¡por única vez!, me voy a permitir leer textualmente algunos de sus inventos, así como la forma ominosa en que usted ha manipulado la información y también voy a leer la información correcta, ésa, la que usted también conoce, diputado, pero de la cual no informa a esta soberanía, en un afán que nos preocupa diputado, nos preocupa mucho, de venir a enlodar a las instituciones de México, a sus funcionarios públicos que también, diputado, le recuerdo, son ciudadanos mexicanos.
He dicho que por única vez voy a leer estas cuestiones y demostraré ante esta soberanía la forma en que usted articula sus falacias, porque será la única, primera y última vez en que perdemos nuestro tiempo en investigar y en desentrañar la maraña de datos tergiversados urdida por usted, para venir a esta tribuna a difamar a las instituciones y a los servidores públicos mexicanos.
Será la única vez, porque nos gusta emplear nuestro tiempo en cosas positivas para nuestra gran nación, diputado, porque no coincidimos con usted, señor diputado,...
El Presidente:
Diputada, un momento. Ruego a la diputada Terrazas y a los demás compañeros diputados, que guarden orden.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
¡Civilidad parlamentaria!
...Porque no coincidimos con usted, señor diputado, en que así es factible construir la democracia. ¡No puede ser así, mintiendo y desinformando, no puede ser así!
Tampoco ayuda al pueblo de México, de esa población, que según a usted le preocupa tanto, diputado, pero que sólo ha convertido en irrisoria cantaleta, repitiendo sin fundamento que lo quiere ayudar. Sería preferible, señor diputado, que empleara usted su tiempo en cosas más positivas para la construcción del México de hoy, del México al que aspira la mayoría del pueblo mexicano.
Estas cosas que voy a leer han sido presentadas en varias ocasiones por el diputado Lujambio en tribuna. El día 7 de julio, cuando presentó su iniciativa de ley ante el pleno de esta Cámara, expuso comentarios y puntos de vista sobre algunos de los resultados que se incluyeron en el informe final sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y de la del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1990, respecto a varias entidades paraestatales: ISSSTE, IMSS, Conasupo y Servicio de Transporte Eléctrico, a algunos de ellos haré referencia.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Haré cita textual del comentario del señor diputado Lujambio y luego daré la respuesta. Dijo el diputado Lujambio, textualmente: "De todos los bienes que forman el patrimonio del ISSSTE, que son más de 700, la mitad de ellos, 350, actualmente no tienen documentación que acredite la regularización de la propiedad de estos inmuebles por parte del ISSSTE".
Su aseveración es falsa, está distorsionada y no puede, como usted afirmó, estar establecida en los informes de los auditores externos del ISSSTE; es otra la información, diputado. La respuesta correcta del informe de los auditores externos es la siguiente.
En el dictamen emitido a los estados financieros del ISSSTE, para el ejercicio correspondiente a 1991, se señala que al 31 de diciembre de 1991 el patrimonio inmobiliario del Instituto está integrado por 759 inmuebles, de los cuales 470 cuentan con título de propiedad y 289 se encuentran en proceso de regularización. De entrada,... una cosa es que esté en proceso de regularización...
...¡Ah, como no!, ¡pues no, ¿que es usted abogado?
El Presidente:
Evítense los diálogos.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
...De entrada ya no son 350, como afirmó el diputado Lujambio. Respecto a los inmuebles en proceso de regularización, se determinó que los inmuebles del Programa de Regularización Jurídica en su mayoría corresponden a donaciones.
En el caso de las donaciones municipales o estatales, las gestiones legales y características de los inmuebles que debe integrar el ISSSTE, requieren de la aprobación del honorable Congreso del Estado y publicación en el Diario Oficial, para proceder a la formalización ante notario público para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad local, la cual a la fecha está realizándose.
Tal es el caso por ejemplo de la delegación Jalisco, sujeto a la Auditoría presentada en el Informe de Resultados de 1990, y la cual no se mencionó aquí, la cual comprendió la revisión de la delegación con un total de 19 inmuebles donde 13 se encuentran en situación irregular que data de 1985 y proviene de donaciones, a excepción de uno por expropiación. En esta situación, el Congreso del Estado de Jalisco a partir de 1990 acordó celebrar contratos de comodato por 33 años y no autorizar donaciones de terrenos, situación que incide en el proceso de regularización de bienes inmuebles.
En una situación similar se encuentran las demás delegaciones del ISSSTE.
Otra información que el diputado Lujambio no menciona y que viene en el informe de resultados, es con el oficio OCMH/JR/99192 de fecha diciembre de 1992, el contador mayor de Hacienda comunicó las recomendaciones correspondientes, encontrándose en seguimiento para finiquitar los procesos de regularización.
¿Es diferente esta información a la plasmada en los documentos con su aseveración o no, señor diputado?
Otro comentario del diputado Lujambio. Existen discrepancias muy notorias entre los datos que arrojan los dictámenes de los auditores externos, está hablando de 1990 y del ISSSTE, con los de la Contaduría Mayor de Hacienda; en los ingresos hay una discrepancia de 393 mil millones de pesos y en los egresos de 188 mil millones de pesos.
Yo quisiera suplicar a la honorable Asamblea especial atención en este punto, porque en el análisis de la cuenta pública del año pasado, el diputado Lujambio y otro estimado compañero diputado, jugaron con los números; también lo hicieron en la pasada Comisión Permanente para decir que el ISSSTE, el IMSS y los Ferronales habían desviado miles de millones de pesos. Les voy a decir qué hacen los señores diputados con las cifras de las paraestatales y sólo lo pueden hacer con paraestatales, porque están de por medio los informes de los auditores externos.
No, hacen este numerito de juntar peras con manzanas en las dependencias centralizadas es decir, secretarías de Estado, porque a éstas no se les practican auditorías externas, sólo a las paraestatales.
Bueno, pues resulta que las auditorías externas presentan las cifras a nivel devengado; es decir, en ellas se registra el total de las operaciones, hayan causado o no impacto monetario, mientras que la información presupuestal que utiliza la Hacienda Pública Federal refleja los registros, pero sólo a nivel de flujo de efectivo, por lo tanto sólo muestra cuánto dinero ingresó y se gastó en el año, pero sin considerar los ingresos pendientes de cobro y los gastos que están pendientes de pago; es decir, los auditores externos presentan cifras a nivel devengado, incluyendo documentos en tránsito, documentos por cobrar y por pagar, mientras que el presupuesto expresa cifras en flujo de efectivo; es decir, sin los documentos por cobrar, por pagar.
Entonces los señores diputados de Acción Nacional juntan las dos cifras, la del auditor externo contra la cifra presupuestal de la entidad paraestatal, que obviamente va a tener diferencias, por supuesto, las que corresponden a las cuentas por cobrar y por pagar anuales en tránsito, más sus propios ingresos, que están autorizados a gastar en términos del artículo 13 del presupuesto, más las transferencias autorizadas por otros ramos, el XXIII y el XXVI, juntan dos cifras cuando no van a concordar, y entonces por supuesto nos vienen aquí a gritar que encontraron desviaciones presupuestales.
Y además, dicen: "miren ustedes, señores diputados de todos los partidos políticos, tal entidad recibió tanto, gastó tanto y tiene un sobregiro, un faltante de tanto"; qué fácil, qué fácil, cuando lo fácil sería que le restaran o le sumaran a una o a otra los documentos en tránsito, las transferencias de otros ramos y los ingresos propios para que pudieran checar las cifras. ¿Qué es esto, dolo o ignorancia? Yo no creo que sea ignorancia, son gente muy preparada.
Díganlo, finalmente, porque las dos cosas son muy graves. Si las cifras no son comparables así, entre sí, ¿por qué se hace así?; sólo por intentar desprestigiar; yo francamente creo que eso no se vale.
Pero volvamos a los ejemplos, que el 7 de julio... y tenemos otros. Nos expuso aquí el diputado Lujambio, porque hay más trampas, pero volvamos a ésta, la que mencioné, de que existen discrepancias entre los datos que arrojan del ISSSTE, los dictámenes de los auditores externos con los de la Contaduría Mayor de Hacienda y dice que en los ingresos hay una discrepancia de 393 mil millones de pesos y en los egresos de 188 mil millones de pesos.
Ya expliqué el procedimiento de las diferencias entre lo devengado y los flujos financieros. No quiero volver a manifestar lo mismo; por tanto, para hacer comparables ambas cifras de ingreso, hay que sumarle al flujo de efectivo; es decir, al presupuesto, la cantidad de 393 mil millones de pesos por concepto de ventas e intereses que están pendientes de cobro para así llegar al nivel de devengado de 4 billones 600 mil millones de pesos o en su caso restarle esta última cantidad, la cantidad antes indicada, para llegar a los niveles de flujo de efectivo.
Del lado del gasto, se presenta un monto en flujo de efectivo de 4 billones, al cual hay que adicionarle 188 mil 300 millones de pesos, correspondientes a gastos comprometidos, para que de esta forma el gasto devengado ascienda a 4 billones 100 mil millones de pesos.
Cuando quieran, con seriedad, vemos la conciliación de ingresos y de egresos, entre devengado y flujo de efectivo. Y también, lo que dijeron el año pasado, lo que volvió a repetir un distinguido diputado en la Comisión Permanente, del ISSSTE, del IMSS y de Ferronales... Cuando gusten.
Luego dijo el diputado Lujambio, parece que tiene fijación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque lo vuelve a tocar, y dice "en
el IMSS existen discrepancias, casos similares en donde se nos muestran discrepancias entre los datos que reportó el auditor externo y la Contaduría Mayor de Hacienda, ya que en los ingresos encontraron diferencias por 1 billón 277 mil millones de pesos"; es decir, lo expresa en viejos pesos, para que sea más impactante.
Al igual que lo anterior, la diferencia se debe a que en los estados financieros de los auditores externos, los montos se presentan a niveles de devengado, en tanto que los estados presupuestales se reflejan en flujos de efectivo.
Lo anterior significa que en los estados financieros auditados, se consideran los gastos por pagar a proveedores y a contratistas y las cuotas por cobrar de patrones y Estado, así como los movimientos virtuales que son operaciones que no generan efectivo, pero sí implican un movimiento contable; cuotas del Seguro Social, reversión de cuentas, certificado de tesorería, depreciaciones y castigos y carta de prestación de servicios, así como ingresos por factory.
De tal forma que si a las cifras devengadas se le descuentan los movimientos que no generan efectivo, se llega a los niveles de flujo de efectivo, y aquí están también todas las cuentas... cuando usted quiera, con toda seriedad le digo, las podemos ver.
Luego lo de los egresos también del Seguro Social, hay discrepancias por 164 mil millones de pesos en el Seguro Social.
Respecto a la diferencia por los montos de gasto por 164 mil millones de pesos, ésta se derivó al contrastar el estado detalle del Presupuesto de Egresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que registra 14 mil 267 millones de pesos, y los estados financieros dictaminados que presentan 14 mil millones 400 mil pesos, cifras no comparables por las mismas razones expuestas en materia de ingresos, y aquí están los egresos de 1990, señor diputado, y aquí está también la conciliación del estado analítico de ingresos y gastos entre devengado y flujo efectivo, al 31 de diciembre de 1990, expresado en millones de pesos.
¿Y sabe qué, diputado?, aunque usted no me lo pida yo se lo voy a hacer llegar, para que por favor ya se le acabe esa terrible confusión.
El 88% de todos los contratos, éste es otro comentario tras la aseveración del diputado Lujambio, de obra pública del Seguro Social, tiene diversas violaciones a la Ley de Obras Públicas y de su Reglamento. Y dijo: el 88% de todos los contratos de obra pública del Seguro Social, tomen nota, señores diputados. La respuesta es la siguiente: por lo que se refiere al porcentaje de revisión en función del número de contratos auditados y el universo, cabe señalar que se revisó una muestra de 42%, si se consideran las delegaciones visitadas, y del 7.8% si se toma en cuenta el número de contratos celebrados por el IMSS en 1990.
En ningún caso se puede afirmar que un 88% de contratos del IMSS incumplan la Ley. Lo que en el informe de resultados de 1990 señala, es que de la revisión efectuada se desprende que el IMSS no se ajustó cabalmente a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, en la contratación de las obras públicas a su cargo y de los servicios relacionados con dichas obras.
Sí, hay por supuesto irregularidades en la aplicación de la Ley, y se trata precisamente de que esto no suceda, se busca formar una cultura del control, diputado; pero por otra parte el diputado Lujambio tampoco señala dos cosas importantes: que se enviaron 10 recomendaciones al IMSS por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda para corregir esta situación precisamente.
Y una muy importante, diputado, porque usted parece que asocia desviación de recursos siempre, desviaciones a la Ley con corrupción, diputado, y de lo anterior no se desprenden quebrantos a la Hacienda Pública Federal, no hay quebrantos, diputado, no hay una desviación de recursos, es la aplicación de un manual, diputado, no por eso vamos a decir que hay una brutal corrupción.
Y sigue así, yo no los quiero cansar, pero si es necesario luego lo vemos. Yo nada más le quiero decir al señor diputado que cuando usted guste podemos sentarnos a revisar toda la información de detalle, pero de veras, diputado, con la seriedad que amerita el caso, con la seriedad que ameritan las instituciones públicas y sus servidores públicos también, y sobre todo con la seriedad que merece el pueblo de México. Estoy a sus órdenes, por la salud de nuestro país, que a usted le preocupa tanto, y también de su partido diputado. Muchas gracias.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado Lujambio?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul):
En términos del 100, como miembro de la Comisión de Programación y Presupuesto.
El Presidente:
Adelante, diputado.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Gracias, señor Presidente:
Observo muy pocos compañeros ahora presentes; es la hora de la comida y no sé si habría que hacer un recuento para ver si hay el quórum, señor Presidente, pero no lo solicito formalmente; es simplemente una observación.
La diputada Patricia Terrazas Allen (desde su curul):
Llame también a su bancada, señor Presidente, no nada más...
El Presidente:
No le he dado el uso de la palabra, diputada. Un momentito. Les ruego a los compañeros tomar asiento y guardar compostura. Adelante el señor orador.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Señor Presidente, gracias por concederme el uso de la palabra en los términos del artículo 100.
Tengo que reconocer, después de escuchar a la diputada Garza Galindo, que la consideramos nosotros como una de las piezas de la artillería pesada de la diputación del partido de la mayoría, por la vehemencia de sus afirmaciones, muy frecuentemente inexactas, en tanto demagógicas, pero no cabe duda que tiene vehemencia, le pone enjundia a sus intervenciones y bueno, tengo que venir haciendo uso del artículo 100, para tratar de al menos contestar, si no todo lo que dijo, algunas de las afirmaciones que hizo aquí.
La mayor parte del discurso de la diputada Garza Galindo la centró en cosas viejas; es decir, se refirió a algunas afirmaciones o datos que yo hice del conocimiento de la Cámara, allá en el mes de julio de 1993, del presente año, pero muchas de las partes que yo mencioné en mi intervención, parece que las olvidó o no las quiso contestar.
Al empezar casi dijo tantas cosas, no pude grabarlas todas o escribirlas todas, que yo vengo a insultar aquí a las instituciones, creo que así lo dijo la diputada Garza Galindo. No, señora diputada Garza Galindo, yo no me referí, no creo haber insultado a ninguna institución por el hecho de hacer la descripción de acontecimientos y hechos reales y que están a la vista de todos los que participan en esas reuniones, eso no considero sinceramente que sea insultar a las instituciones.
Miren, señores diputados, yo creo que insultan más a las instituciones, insultan más, lo que está más grave, al pueblo de México, la riqueza escandalosa de que hacen gala algunos de los más altos funcionarios del Gobierno Federal actual y de funcionarios anteriores. Yo creo que eso sí se constituye en verdaderos insultos al pueblo, ese despliegue de automóviles último modelo, de grandes despliegues de servidumbre, de sirvientes que están todo el tiempo atendiendo a los altos funcionarios del Gobierno.
Eso, diputada Garza Galindo, eso sí es un insulto al pueblo de México, eso es un insulto al pueblo de México. Eso es un insulto a las instituciones, eso sí; es un insulto, diputada, cuando, por ejemplo, y ya que estamos hablando de historia, allá en el año de 1983, con motivo de la visita del Presidente de México a Estados Unidos, a la capital de Estados Unidos, del Presidente de México en aquel entonces, llega a la capital, en visita de Estado, y ese día el periódico Washington Post publica, escrito por un señor Anderson, Jack Anderson, que el Presidente de México para ese momento había sacado 200 ó 300 millones de dólares...
Estamos hablando y estoy contestando, y si tienen algo que decir esas voces que se esconden en el anonimato, vengan aquí, señores diputados, a la tribuna, para participar del debate de cara a todo el Congreso.
Y una afirmación tan grave como decir que el Presidente de México ha sacado 200 ó 300
millones de dólares, como lo dijo Jack Anderson, en 1983 en el Washington Post, increíblemente, señores diputados, nunca fue desmentida, nunca fue desmentida.
Cuando debían de haberse iniciado...
El Presidente:
Diputado Lujambio, un momento.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Señor Presidente, moción de procedimiento. Han concluido ya los cinco minutos reglamentarios, que el artículo 102 le autoriza al señor diputado Lujambio. Si él se ha registrado en términos del 100, yo le ruego a usted señor Presidente, acuerde que se establezca el nombre del diputado en la lista de oradores, y se modifique el orden correspondiente, para no perjudicar a los diputados inscritos en la discusión. Muchas gracias.
El Presidente:
Efectivamente, el 100 establece la posibilidad de hacer uso de la palabra de un miembro de la Comisión, pero en este caso, un error mío, yo supuse que lo iba a hacer para contestar alusiones personales. Por tal razón...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Es moción de orden, puedo hacerlo en medio. Está usted quebrantando el 100, nadie le ha promovido el cambio de su resolución en los términos del 18 y 19, y está usted revocando de motu proprio su resolución.
El Presidente:
Le ruego al diputado escuche la intervención del diputado Nemi, y si de ella no se deriva eso. Adelante, diputado Nemi.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Yo le ruego, señor Presidente, que se revise la intervención que hice anteriormente, y solicité que en caso de que el señor diputado permaneciera en su posición de hablar en términos del 100, se modificara el orden del día. De manera que está explícita mi solicitud para que se rectifique el acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente:
Por lo tanto, el diputado...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, insisto que el señor diputado Nemi debió hacer su intervención cuando usted le dio el uso de la palabra al diputado Lujambio, y se señaló claramente el tiempo.
Pero por si eso fuera poco, no ha satisfecho los requisitos del 18 y del 19 para pedir la revocación, y usted lo está revocando de motu proprio.
Usted no aparenta ser el Presidente de la Cámara, aparenta ser el funcionario de un partido político.
El Presidente:
Señor diputado Juan de Dios Castro, debo aclararle una situación...
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Señor Presidente, unidos en toda su extensión al comentario del señor diputado Lujambio, reitero en sus términos mi primera intervención. Si el señor diputado continúa en la tribuna en los términos del 100, le ruego que se modifique la lista de oradores inscritos, para no actuar en demérito de quienes ya se han apuntado.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Continúo, señor Presidente.
El Presidente:
Continúe, diputado Lujambio.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Gracias, parece ser que hay un gran interés en bajarme de la tribuna, lo cual halaga un poco
mi ego, lo reconozco sinceramente, señores diputados.
Les decía, eso sí, eso sí, diputada Garza Galindo, eso sí es un insulto al país, eso sí.
Cuando aquí en esta Cámara de Diputados, en ese año, se pedía que el Gobierno de México... emprendiera acciones fuertes, serias, legales en contra de aquel periodista, haciéndole cargos de difamación al periodista que se atrevió a decir que tenía pruebas, además pruebas, y que me demanden. Así fue.
Ellos son, ustedes, los miembros de su partido, los que se negaron aquí, en esta tribuna, a hablar de ese tema; mejor querían echarle tierra al asunto; que no se hable. No hubo un diputado priísta en esta Cámara que saliera aquí en tribuna, a pedir una acción enérgica en contra de aquel periodista.
¿Por qué, diputada Garza Galindo? ¿No es eso lo que verdaderamente ha desprestigiado el nombre de este país ante el extranjero? ¿No es ese tipo de acciones lo que le dan lamentable y dolorosamente para nosotros, los mexicanos, razón de ser a los cuestionamientos que hacen nuestros críticos en el extranjero?
Esos son los hechos que insultan al pueblo de México, que insultan a las instituciones, que permiten y dan pie a la suspicacia permanente, el ver la ostentación en que vive la alta burocracia en este país.
El señor Secretario de Hacienda viene aquí, a comparecer durante una larga jornada, para atender a un ritual más de tantos que les gustan a ustedes, los diputados de la mayoría, rituales inocuos, inservibles, inútiles, ociosos, en donde el señor Secretario se conserva en la gran y preciosa situación de que no tiene que aceptar réplicas, sino que él nada más contesta y ahí se acaba.
Se da el lujo de decir aquí, de decir en tribuna que me había explicado cuatro o cinco veces alguna cosa sobre un planteamiento que yo le había hecho. Falso de toda falsedad.
Lo tengo que mencionar ahora, señor Presidente, no quería mencionarlo, pero faltó aquí en tribuna, en presencia de ustedes y por respeto a la verdad, y por respeto a la Cámara.
El Presidente:
Diputado Lujambio, permítame un momento, por favor.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Sí, señor Presidente.
El Presidente:
Diputado Jorge Flores Solano, ¿con qué objeto?
El diputado Jorge Flores Solano (desde su curul):
Señor Presidente, pregunte usted al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
Señor diputado Lujambio, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Si se me descuenta del tiempo de que dispongo, con todo gusto.
El Presidente:
Adelante, diputado Flores.
El diputado Jorge Flores Solano (desde su curul):
Simplemente preguntarle, señor diputado, si conoce que las comparecencias de los señores secretarios en relación con los asuntos son una obligación constitucional, y si él se sostiene en su dicho, del calificativo que usó en tribuna respecto a las comparecencias.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Señor diputado Flores Solano, lo que no puede ser jurídico ni puede ser legal ni puede ser razonable es que venga un Secretario a escuchar preguntas de la diputación de este país, sobre documentos tan importantes como la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, documentos que son determinantes en el acontecer económico del próximo año, para los ciudadanos de
este país, y que no tengamos la posibilidad de hacer una réplica.
¿Cuál es el sentido, cuál es el propósito de que asista a esta Cámara, si no hay ni la más mínima disposición de aceptar propuestas, sugerencias, cambios, como lo hicimos en el despacho del propio Secretario de Hacienda, donde Acción Nacional le presenta un documento con todo respeto, en forma institucional, haciendo propuestas para modificar la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, y por respuesta el señor Secretario, el mismo documento que le llevaban los diputados de Acción Nacional, se pone a pintarrajearlo al reverso, para hacer sus explicaciones? ¿Cuál es el respeto de un Secretario de Estado a los diputados de este país?
Esas son las actitudes que verdaderamente ofenden las instituciones, diputada Garza Galindo; ésos son los hechos que lastiman al pueblo de México cuando no se rebaten acusaciones tan serias, como las que se le hicieron al presidente Miguel de la Madrid, y nunca se contestaron; el que calla otorga, dice un viejo refrán.
Dice que es el mismo discurso, que les he ahorrado el trabajo de prepararse, que es el mismo discurso, dice la diputada Garza Galindo. Tal vez una buena parte, sí, lo reconozco, es el mismo discurso; tendremos que seguir insistiendo de aquí hasta que se logre cambiar este escenario, tendremos que decir la verdad, tendremos que seguir haciendo los señalamientos que corresponden hacerse en esta materia tan importante.
Nuestro discurso tiene que ser similar mientras los dictámenes de ustedes vengan hechos en la misma forma, son una serie de sugerencias y de afirmaciones verdaderamente intranscendentes, tenemos que seguir contestando igual. Pero yo he aportado algunos otros elementos nuevos a los que no hizo alusión la diputada Garza Galindo, por ejemplo, cuando mencioné esta proporción de incumplimiento de que nos da cuenta la Contaduría Mayor de Hacienda en muchas entidades paraestatales, estos elementos, no habíamos tenido antes acceso a esta información, existe una enorme cantidad de paraestatales que no están respetando las leyes, no lo estamos diciendo nosotros, los de Acción Nacional, lo dice la Contaduría Mayor de Hacienda.
Y ahora voy a referirme a cosas que no mencione en mi intervención pasada, para dar en parte con ello respuesta a algunas de las cosas que dijo aquí la diputada Garza Galindo.
En la página tres del dictamen, por ejemplo, para sostener mis afirmaciones, vamos entrando a precisar algunas cosas. En la página tres del dictamen dice en el segundo párrafo: "Del análisis y evaluación efectuados, se desprende que en términos generales, siempre esta ambigüedad; en términos generales, muy común en estos documentos, la información financiera se formuló de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental".
Nosotros tenemos dictámenes de auditores externos que dice y habla de muchas salvedades, porque no se hicieron reexpresiones de la información integral contenida en los estados financieros, ¿entonces cómo se puede sostener que se formuló de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental, cuando los auditores externos nos están diciendo que no se efectuaron reexpresiones como se efectúan en una contabilidad correctamente y en estados financieros correctamente expresados.
Dice por ejemplo en el dictamen en otra página, la página 11, fíjense como aquí si hay ocultamiento de información, señores diputados. Fíjense como aquí sí hay dolo y hay malicia, dice el párrafo: El IMSS, el segundo párrafo 11 del dictamen, CFE, ISSSTE y Conasupo, tuvieron ingresos mayores a los presupuestados, en tanto que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Ferronales, registraron menos ingresos a los originales atribuibles en el primer caso a la menor cobranza y los mayores niveles estimados en materia de generación y comercialización; y en Ferronales a la reorganización de los servicios y la no aplicación de aumento de tarifas.
¿Por qué el dictamen, señores diputados? ¿Por qué el dictamen, si es un dictamen que quiere ser mínimamente objetivo, porque no menciona también que tuvieron ingresos mucho menores de los presupuestados, Pemex, por ejemplo, eso no lo dice el dictamen que bajó sus ingresos, Inmecafé tampoco lo dice, Caminos y Puentes Federales, Pipsa, la Lotería Nacional y algunas otras paraestatales? No hay entonces una consistencia en la información que se nos presenta en el dictamen.
Nos dice también la página 11 en el cuarto párrafo que hubo una disminución en los ingresos...
El Presidente:
Por favor diputado, ¿diputado Jorge Flores Solano?
El diputado Jorge Flores Solano (desde su curul):
¿Si me permite una interpelación?
El Presidente:
¿Acepta una interpelación del diputado Flores Solano?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Con la misma salvedad que hice antes, sí.
El Presidente:
Adelante diputado.
El diputado Jorge Flores Solano (desde su curul):
El señor licenciado Lujambio dice que no informamos en el dictamen respecto a la reducción que hubo en los ingresos de Pemex, yo le sugiero que vea la página 12 del dictamen, el tercer párrafo, justamente empieza por los ingresos de Pemex que ascendieron a tanto y tuvieron una reducción de tanto, y viene la explicación.
Le recuerdo que simplemente es un dictamen, explica lo que nosotros, en la Comisión, creímos que era más conveniente poner, pero que para eso está el informe previo de la Contaduría que contiene una exhaustiva explicación de las modificaciones que hay en esta información. Pero también le recuerdo que la misma cuenta pública señala esas diferencias que hay enlistadas en los ingresos; yo creo que no se vale que en el dictamen repitamos o que ampliemos lo que nos fue informado, por eso es que la cuenta pública contiene tantos estados, tanta información y un banco de datos para que busquemos explicaciones, tarea en que nos ayuda la Contaduría Mayor de Hacienda, pero no es la única que debemos de participar en la revisión de este dictamen.
Simplemente, en relación con el dictamen yo le digo que está lo que es más importante, no hay algunos otros renglones, pero si usted va a la cuenta pública, va a encontrar las explicaciones que con mucho gusto subiré a decírselas.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Bien, señores diputados: aquí podríamos ir bajando el debate, según lo veo, podríamos ir bajando el debate a entrar a aspectos quizá de detalle que pueden resultar un tanto, pues digamos, áridos para la mayoría de ustedes, que podría quizá llevarnos muchas horas estar ventilando diversas diferencias de opinión, fundamentales y de fondo que tenemos con los diputados que presiden las dos comisiones relativas a la cuenta pública, pero yo quisiera hablar de cosas de un poco más de fondo y terminar de contestar a algunas de las afirmaciones que hizo la diputada, tratar de hacerlo al menos, la diputada Garza Galindo.
Dice que se está buscando establecer una cultura del control, una cultura del control. No sé a qué se refiera la diputada Garza Galindo. La cultura del control está establecida en la Constitución, diputada Garza Galindo, la Constitución es la que establece que, quien debe de controlar al Ejecutivo es la Cámara de Diputados, no es necesario hablar de una cultura de control, simplemente se trata de dar un cumplimiento fiel y cabal al precepto constitucional de fiscalización que el Legislativo tiene que cumplir, cabal y plenamente ante la cuenta pública del Ejecutivo, no hay necesidad de hacer una cultura, cumplir simplemente, acreditar en forma fehaciente no en el decir aquí en la tribuna, no frente a nosotros los diputados, frente a los ciudadanos de México, frente a la opinión pública de México, frente a esa actitud que lleva muchas décadas en este país de absoluta desconfianza del ciudadano mexicano hacia la calidad de la administración pública en sus diversos niveles de Gobierno. Esas serían las cosas que tendríamos verdaderamente que tratar de atender con seriedad.
La Constitución entonces establece: el Legislativo fiscaliza al Ejecutivo. ¿Se está cumpliendo sinceramente con esta fiscalización en base a todo lo que hemos expresado, señores diputados? ¿Honestamente hay una tarea o una actitud que demuestre, por ejemplo, disposición de ustedes, los diputados de la mayoría, a atender la propuesta de que sean las minorías en la Cámara de Diputados quienes designen al contador mayor de Hacienda, a propuesta de instituciones educativas, colegios de profesionistas?, es una parte medular de la iniciativa de Acción Nacional.
¿Está dispuesto el Gobierno verdaderamente a correr estos riesgos, para acreditar transparencias, para acreditar una disposición genuina a permitir ser fiscalizado, no con el ánimo destructivo de "cazar brujas", no con el ánimo de estar encontrando delitos en todos los actos de los funcionarios públicos, no es ése el ánimo que nos anima a nosotros, sino el ánimo, el espíritu,
el deseo sincero de establecer una perfecta claridad en el manejo de la administración pública y que quien va a realizar la fiscalización, responda no a los intereses del auditado o del fiscalizado, sino que responda a los intereses de los principios aceptados en materia de auditoría?
¿Están dispuestos los señores de la mayoría numérica, como se dijo aquí, que dejó un documento la diputada Garza Galindo, que quiero darle lectura porque dice, a ver si está por aquí, dice que ya había habido una respuesta para atender la propuesta legislativa de Acción Nacional. Me gustaría que al documento se le diera lectura, porque no hay tal respuesta, aquí dijo que lo dejaba y no lo veo...
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul):
Señor Presidente, ¿me permite hacer una aclaración?
El Presidente:
Sí.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul):
Es sólo para... en términos del 105, señor Presidente.
Nada más es una moción, es para decirle al señor diputado que se le hizo una invitación formal a usted en la reunión donde aprobamos el dictamen de la cuenta que hoy se presenta. Y estábamos presentes 43 diputados. El documento que busqué es donde a usted se le entregó la cuenta pública, en junio de 1993. Muchas gracias, señor Presidente.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Moción de orden.
El Presidente:
Sí, señor diputado...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Con todo respeto hago una moción de orden a la Presidencia.
Y conforme al Reglamento, le señalo el 105 señor Presidente. Usted concedió el uso de la palabra para una aclaración, no para una interpelación del 102. Entonces usted, con todo respeto señor Presidente, insisto, está actuando como miembro de una fracción parlamentaria y no como Presidente de esta Cámara.
El Presidente:
Diputado Juan de Dios Castro, el orador se dirigió a la Secretaría sin consultar a la Presidencia. Por no presionar y tensionar las cosas, fue que lo dejé correr. Pero yo les pido a ustedes que seamos prudentes en el debate, en las intervenciones, pues de otra manera no vamos a lograr el objetivo de esta sesión, ni vamos a tener la tranquilidad para ello. Yo respetuosamente les pido esa consideración en beneficio del debate.
Le ruego diputado Lujambio, que continúe usted.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
No hay claridad, pues en la posición que vino a expresar, pareció que dejó aquí la diputada Garza Galindo un documento para demostrar o acreditar que se me había contestado y que se me estaba invitando para discutir la iniciativa. Rechazo categóricamente; esto es falso; no se me ha entregado ningún documento en ese sentido, como ella lo afirmó. Y no ha habido hechos reales de disposición, repito, sostengo, reafirmo, de ningún diputado, ni del Presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, ni de la Comisión de Vigilancia, para discutir a fondo la iniciativa de Acción Nacional. Siguen cerrados totalmente y no se quieren tomar la molestia de entrar a la discusión a fondo...
El Presidente:
Un momento diputado...
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
No acepto interpelaciones, señor Presidente.
Voy a continuar. Quiero y es necesario empezar porque yo les había "amenazado", perdón, valga la expresión simbólicamente; con darles algunos datos adicionales que estoy seguro que habría
material para muchas horas de debate señores diputados, con la información que tenemos y que simplemente reafirman nuestras afirmaciones, permítanme la redundancia, en el sentido de cómo se está manejando con un desorden verdaderamente impresionante las finanzas en este país.
Vienen los diputados del PRI a la tribuna a querer esconder debajo de un artículo del Presupuesto, el 13, artículo del presupuesto, este abuso de autoridad en que incurre el Presidente de la República. No se vale, no se vale que el Presidente violente un presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados, en proporciones verdaderamente monstruosas. Si estuviéramos hablando de violaciones del 2%, del 3%, del 5%, señores probablemente no estaríamos discutiendo o nos habríamos ahorrado una buena parte de este debate. Pero se trata de un desorden absoluto. Voy a tomar ahorita, para darles a conocer algunos datos señores diputados, alguna información de la Secretaría de Educación Pública, de cómo se manejó el presupuesto de 1992, cómo se ejerció el presupuesto de 1992 por parte de la Secretaría. Tengo de más secretarías, pero hay que ir concretando algunas cosas.
Miren, la Secretaría de Educación Pública tuvo un presupuesto original autorizado, de 28 billones. Es la Secretaría que más recursos ejerció en 1992, presupuesto autorizado por esta Cámara de 28 mil 539 billones de viejos pesos. Y ejerce 34 mil 998 ó 34 mil 998 billones de viejos pesos. Es decir, gasta 6 mil 45 billones más, un 22.6% más de lo presupuestado, señores diputados.
Esto por sí mismo pudiera ser no muy llamativo. Bueno, a este diputado Lujambio le encanta venir aquí a decir números y cifras, pero es nuestro trabajo y reconozco que me gustan las cifras y a veces meterme a analizar un poquito a fondo los números.
Y resulta que esta Secretaría, uno diría: "Qué bueno que el Gobierno gaste más en educación". En principio esa hipótesis la aprobaríamos, la apoyaríamos nosotros. Qué bueno que se gaste más en educación.
Pero vamos a ver cómo se gasta eso más en educación. Eso sería lo interesante.
Por ejemplo, aquí nos lo decía Pedro Aspe hace unos días, no se trata de gastar más, se trata de gastar bien. Le dijimos que estábamos de acuerdo con él. Y también le decíamos que ese gastar bien hay que acreditarlo, no nada más venir a decirlo aquí en la tribuna; hay que acreditarlo en los hechos y en que se traduzca el bien gastar el dinero en beneficio para la población de este país. Hay que gastar bien pero acreditarlo.
Secretaría de Educación Pública. Miren, señores diputados, la Secretaría de Educación Pública con ese presupuesto que ya mencioné total y que ejerce 35 billones, o sea 6 billones 500 mil millones de pesos más, la mayor parte del exceso de gasto se da en dos renglones:
Uno, en servicios personales, fíjense bien, en servicios personales se excede 3 billones 890 mil millones de pesos en su gasto autorizado.
Y en transferencia y subsidios, se excede 2 billones 73 mil millones de pesos.
En estos dos renglones se explica casi todo el total del excedente de la Secretaría de Educación en relación al gasto autorizado.
En servicios personales, les voy a decir a ustedes cómo está la pirámide de salarios en la Secretaría de Educación Pública, porque éste es un aspecto que no se trata, no lo ve el dictamen, no nos lo dice la Contaduría Mayor de Hacienda; son informaciones que tenemos que andar nosotros buscando y escarbando para poder encontrar algunos datos de cómo está la pirámide de salarios en este país, señores diputados, porque es muy cómodo decir: "se gastó tanto en salarios". Sí, sí, pero un momentito, cómo se distribuyen los salarios entre los diversos escalones, escalafones de la administración pública. Ahí es donde está el verdadero dato importante, y les voy a dar datos en unos momentos más.
En relación a las transferencias que realiza la Secretaría de Educación Pública, donde hay también unas desviaciones presupuestarias monumentales, voy a darles algunos datos de todas las entidades, no todas, son muchas, no puedo decirles de todas, sería abusar del tiempo y de su paciencia; solamente de algunas.
De todos los programas o dependencias que dependen, perdón por la redundancia, de la Secretaría de Educación, en materia de transferencias. ¿Qué pasa con las transferencias, señores diputados? Que es una partida que siempre resulta... ¿Qué son transferencias, qué se hace con ese dinero, cómo se gasta, a quiénes se les entrega? Vamos a ver las transferencias de la Secretaría de Educación Pública, para no entrar ahorita a otras dependencias más.
Por ejemplo, la Comisión Nacional del Deporte, que es una de las entidades aparentemente
patrocinadas o auspiciadas, se le autorizó un presupuesto en transferencias de 161 mil 826 millones de viejos pesos y gasta en transferencias 201 mil 634 millones de pesos. ¡Se despacha aproximadamente con un 25% más la Comisión Nacional del Deporte! ¡Y todo ese dinero de transferencias se va a gasto corriente, a pago de nóminas, a pago de sueldos!
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Se le autorizan transferencias, por cierto 15 mil millones, pero gasta 158 mil millones de pesos.
La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN, ojo los señores politécnicos que están aquí presentes, si es que hay alguno, se le autorizan 63 mil 800 millones, pero gasta 101 mil 198 millones de pesos. ¡Una desviación del 58%!
Al Instituto Nacional de Antropología e Historia se le autorizan transferencias por 203 mil millones de pesos y gasta 315 mil. Un 55% más, ¡el Instituto Nacional de Antropología e Historia!, ¡desconocemos cuál es el aparato burocrático de ese Instituto, pero eso es lo que gasta!
El Instituto Nacional de Bellas Artes, en cambio estuvo muy moderado, gastó de menos. ¡Felicidades al Instituto Nacional de Bellas Artes!
Tenemos aquí, por ejemplo en Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 183 mil y gasta 252 mil millones de pesos. ¡Un excedente del 37%!
Y luego viene una serie de centros de investigación científica bastante larga, que curiosamente señores diputados en presupuesto aparecen en cero, pero gastan partidas muy llamativas de dinero. Y no hay explicación en el dictamen, por ejemplo, ni hay explicación hasta este momento en otros documentos.
El Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Presupuesto autorizado en transferencia cero, pero recibe 31 mil 864 millones de pesos de transferencia. ¡31 mil 864 millones de pesos!
En cambio, el Centro de Investigación en Matemáticas, que no tenía presupuesto autorizado, gasta 5 mil 783 millones de pesos, ¡estoy hablando de pesos antiguos!, 5 mil 783 millones de pesos. Centro de Investigación en Matemáticas.
Centro de Investigación en Asistencia y Tecnológica del Estado de Jalisco, para los compañeros de Jalisco, no se le autoriza presupuesto pero se le entrega y gasta 6 mil 529 millones de viejos pesos. ¡Centro de Investigación en Asistencia y Tecnología!
Y, así podríamos seguir dando una serie de entidades que no existen en el presupuesto y que luego salen unos gastos verdaderamente escandalosos.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no tenía presupuesto en transferencias, pero se le entrega, una suma nada despreciable de 352 mil 300 millones de pesos.
Al Colegio de Bachilleres solamente se le entregan 147 mil en transferencias.
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito tenía 181 mil y gasta 203 mil.
Y ya no voy a continuar, señores. Lo que se observa es que al ir profundizando y metiéndose a escarbar en las cifras, empieza uno a descubrir y surgen muchas, muchas interrogantes, de las que no hay respuesta.
El Fondo de Cultura Económica, por ejemplo ¡El Fondo de Cultura Económica, cuyo director es el ex presidente Miguel de la Madrid, se le autoriza un presupuesto de 30 mil millones de pesos en transferencias, pero ejerce 59 mil 700 millones de pesos!
¡No hay explicaciones, señores, cómo se elevan estos presupuestos, estas partidas! ¡No hay ninguna explicación, no la tenemos! ¿Ustedes están dispuestos a aprobar una Cuenta Pública donde no se nos da razón de estas desviaciones?
Al Instituto Nacional Indigenista se le autorizan 169 mil y gasta 220 mil, etcétera. Ya no voy a continuar en este momento con todas las dependencias de la Secretaría de Educación Pública que rebasaron en una forma verdadera mente importante los presupuestos autorizados.
El Programa de Apoyo a la Planeación Educativa. Ese programa que dice: "Son desequilibrios en gastos de operación y mantenimiento, de la página 64 del tomo de anexos generales; se autorizan 31 mil 390 millones y se gastan 840 mil millones, señores diputados, de 31 mil a 840 mil millones el programa que se llama Apoyo a la Planeación Educativa; ignoro, aquí los expertos en educación, si se observa que estos apoyos a la planeación educativa en qué consistieron, ¿cómo se gastaron 840 mil millones de pesos?
Ya voy a terminar en este momento, señor Presidente. Pero vemos que este Programa de Apoyo a la Planeación Educativa nada más violentó el presupuesto en un 2.576%, nada más. Y podríamos abundar muchos más datos.
Tengo, para análisis posterior, que darles a conocer algo de la pirámide de salarios, donde se puede apreciar como en 1992...
El Presidente:
Diputado Lujambio, le exhorto a que termine.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Ya termino, señor Presidente..., cómo se distribuyen los salarios en las dependencias de Gobierno y cómo la alta burocracia, ¡ésa es la que sí vive bien!, ¡ésa es la que cobra los grandes salarios, goza de toda clase de lujos, beneficios, prestaciones, choferes, automóviles, residencias, gastos de viajes!, ¡ellos sí!, ¡ellos sí!
El salario promedio en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, es de 1 millón 850 mil viejos pesos, salario mensual. Todos sabemos que los profesores, la gran mayoría están ganando tres veces el salario mínimo, como promedio general. Hay unos excedentes enormes que solamente se justifican por esta pirámide de abuso de parte de los altos círculos de la burocracia de este país.
Tengo más información para próximas intervenciones, si se hace necesario. Gracias, señores diputados.
La diputada Liliana Flores Benavides (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Flores Benavides, para rectificar hechos, por cinco minutos.
La diputada Liliana Flores Benavides:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que más de dos años de estar compartiendo este trabajo nos ha posibilitado conocernos, nos ha posibilitado saber quién es quién, tomar distancias o fomentar acercamientos.
A mí me resulta francamente lamentable la intervención que tuvo aquí la diputada Laura Alicia Garza Galindo. Ella vino aquí, según lo dijo el Presidente de esta sesión, para hablar a favor del dictamen. Toda su exposición fue única y exclusivamente tratar de descalificar una posición, en este caso la del diputado Lujambio.
Y no es la primera vez que ante la falta de argumentos se cae en este tipo de conducta. Hace como un año y medio, aproximadamente, en una sesión de la Comisión Permanente, cuando yo demostré que se estaba violentando el Reglamento, la diputada subió, igual que hoy, a plantear que yo era una persona que no tenía ética política, ética profesional y ética personal. Hoy vino aquí a decir que el diputado Lujambio no tiene ética política, ni ética profesional; me fue peor a mí.
Aquí lo importante es lo siguiente: ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Lo que pasa en el fondo es que hemos dado una lucha tratando de reivindicar las obligaciones que como representantes de la nación tenemos en la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Ese discurso que están a favor de las comisiones plurales, es solo eso, un discurso. Con los hechos se está demostrando que no hay tolerancia a la divergencia y la diferencia de opinión, y además que no hay argumentos para contrarrestar nuestros argumentos y nuestras posiciones.
Hasta hoy no he escuchado a ningún compañero de los que están a favor del dictamen, rebatirlos con seriedad y propiedades lo que hemos venido a plantear aquí; yo los conmino a que lo hagan, que demos un debate en serio porque lamento profundamente y realmente lo lamento, que todavía se desgranen en aplausos ante expresiones tales de pobreza política. Gracias compañeros.
El Presidente:
Había solicitado la palabra para... ¿con qué objeto diputado? Por cinco minutos el diputado Amado Treviño.
El diputado Amado F. Treviño Abatte:
Muchas gracias, señor Presidente:
Hago uso de esta tribuna para hacer unas precisiones sobre lo aquí expresado por el señor diputado Lujambio, quien solicitó el uso de la palabra con base en el artículo 100 para hablar sobre el tema y se refirió a todo menos al tema que hasta el final solo hizo alusión a uno de los sectores previstos dentro de la cuenta pública, que es al que me voy a hacer referencia.
Mencionaba el señor diputado Lujambio, que efectivamente se ha presupuestado para la SEP un presupuesto de 28 millones 570 mil de nuevos pesos y que se han ejercido 34 mil; es decir 22% más, y el hablaba de que este exceso en el gasto respondía a dos rubros principales, uno era el de servicios personales y el segundo al de transferencias. Aquí en esta Cámara de Diputados reiteradamente por todas las fracciones partidistas representadas, se ha mencionado la preocupación sobre el ingreso del magisterio y del cuerpo docente en nuestro país y es precisamente para aliviar este problema a lo que se debe el aumento de presupuesto, del ejercicio del presupuesto durante 1992.
Estos servicios personales que están aquí señalados se refieren precisamente a la recuperación real de las remuneraciones por parte del magisterio; y por lo que se refiere a transferencias, que señalaba aquí también el señor diputado Lujambio, pues son también principalmente para las remuneraciones tanto del personal docente del IPN como de otros organismos a los cuales se han hecho estas transferencias.
Mencionaba también el señor diputado Lujambio acerca de los números de entidades que no aparecían presupuestadas y que finalmente aparecieron presupuestadas y hablaba de muchos números porque a él, el que no se lo dijo, le gustaban los números. Yo quiero recordar aquí, que fue el año de 1992 al desaparecer la Secretaría de Programación y Presupuesto, todos los organismos de investigación entre ellos el Conacyt y 30 institutos, centros de investigaciones de todo el país pasaron de la Secretaría de Programación y Presupuesto a la Secretaría de Educación Pública, por eso existen varios organismo que no aparecieron presupuestados en este sector y que posteriormente aparecieron porque los organismos que se presupuestaban a la Secretaría de Programación y Presupuesto no podían ser presupuestados simultáneamente en la SEP. A eso obedece, compañeros diputados precisamente esta serie de organismo que no aparecían presupuestados y que finalmente sí aparecieron en el sector de educación.
Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente:
¿Con qué objeto diputado? Adelante por cinco minutos diputado Lujambio.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Bien, ya que el diputado Amado Treviño se sirvió otra vez referirse a su servidor, pues no me queda más remedio que pedir la palabra para alusiones personales, pero esto me da oportunidad de continuar desahogando algunos datos más de los muchos que todavía conservo en mi curul.
Miren señores diputados, la forma en que se presenta la cuenta pública, no permite por sí misma hacer un análisis de cómo, cuáles son las políticas salariales, cómo se remunera a los servidores de la administración pública; hay un velo muy espeso, de misterio, de secreto, de sigilo en este asunto que es tan importante.
Si queremos modernizar a la administración pública, si queremos establecer mecanismos modernos de administración que estén a la vista claramente de todo el pueblo; que sepamos con claridad cuánto gana el Presidente de la República, pero cuánto gana de a de veras, no lo que nos dicen en el presupuesto, que va a ganar 13 mil 228 pesos, pobre señor Presidente, vamos a decretarle un aumento de salario; o al señor Secretario que gana nueve y pico de millones; no, queremos que se transparente en los números la realidad de la administración pública. La verdad señores diputados, no se transparenta, se oculta, se oculta y se hace difícil el análisis de la información, sin embargo, sin embargo nosotros hemos recurrido a usar esas máquinas ahora nuevas, las computadoras, para tratar de ordenar un poco la información, poner un poco de orden en el caos de la información que presenta la cuenta pública, el desorden, la pésima clasificación contable de los distintos rubros; no hay una clasificación contable, un catálogo de cuentas racional, sino que el catálogo de cuentas que usa el Gobierno Federal está hecho para ocultar y para disfrazar y para dejar oculta las responsabilidades de los funcionarios públicos, para eso está hecho el catálogo de cuentas; no hay un catálogo de cuentas claro, transparente que permita hacer un análisis verdaderamente objetivo del desempeño de la administración pública federal.
En materia de salarios, dispongo en esta ocasión de muy pocos minutos, les voy a dar algunos datos. Cómo se distribuyen los salarios en este
país y cómo se comparan las dependencias unas con otras, porque ni siquiera hay una mínima coherencia entre los salarios que perciben unas dependencias y los que perciben otras.
Miren ustedes. Por ejemplo, en Educación Pública nos dice la cuenta pública que la Secretaría de Educación tuvo 928 mil 311 trabajadores en 1992 contra 908 mil, o sea que creció una mínima parte en cuanto a número de plazas, creció 20 mil plazas; sin embargo, las remuneraciones crecen un 35.2% de 1991 a 1992... Educación Pública, aquí está, crece un 35.5% los salarios en Educación Pública contra solamente 2.2% que crecen las plazas en Educación Pública, y el salario promedio mensual de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, según ese dato, es 1 millón 700 mil pesos mensuales.
En cambio, por ejemplo vemos que en la Secretaría de Gobernación crece el ingreso un... las plazas crecen un 19% en el año de 1992 con respecto al año anterior, pero los salarios solamente lo hacen en un 12.9%, lo que da un promedio de 1 billón 800 mil millones, y en la Procuraduría General de la República un salario de 2.3%; en cambio, tenemos secretarías donde el salario promedio, por ejemplo en trabajo social es solamente 1.2 millones, en turismo también, son salarios mucho más bajos. Y veamos un momento lo que ocurre...
El Presidente:
Diputado Lujambio, ha concluido su tiempo, le ruego terminar.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Sí, señor Presidente, ya termino.
Con las paraestatales, por ejemplo, existe en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el promedio de remuneraciones es de 2 mil 329 pesos contra los promedios que se tienen en las entidades del sector central.
Tengo datos aquí que posiblemente utilizaré en otra intervención, para poner más claro cómo no hay ni siquiera un orden, una secuencia, una lógica en los niveles de remuneración de los salarios de los trabajadores de la administración pública.
Continuaré dando si es necesario datos más precisos en la siguiente intervención. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos el diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Mi intervención está motivada porque se ha tocado tanto por el diputado Lujambio como por el diputado Amado Treviño Abatte, se han tocado menciones al sector educativo y aun cuando no va a ser la única intervención ni abarcaré todo, sí quiero señalar algunas preocupaciones nuestras en relación a cuenta y a presupuesto de egresos en materia educativa.
La primera es: ciertamente nosotros estamos claros de que ha habido incremento cada año al presupuesto en relación al conjunto del gasto programable para el sector educativo, pero que es todavía insuficiente para los retos que tiene la educación pública en este país, y que además es insuficiente claramente en relación a las expectativas que en el discurso ha planteado el Gobierno en relación a la importancia que tiene la educación para un proyecto de desarrollo y modernización.
Y queremos decir que hacemos un señalamiento crítico al manejo triunfalista de las cifras, tanto por el titular de Educación que dejó de serlo ayer, el señor Zedillo, como por el propio jefe del Ejecutivo el licenciado Salinas.
Se ha manejado además mal la cifra global, se ha dicho que estamos por arriba del 5% del producto interno bruto, pero ahí están sumando la inversión privada y hemos hecho insistencia, por lo menos los partidos de oposición y yo creo que también el Revolucionario Institucional, a que aspiramos a que el producto interno bruto crezca pero principalmente la inversión pública, y ésa todavía está con lo programado, por abajo del 4%, estamos según nuestros cálculos en 3.9% del producto interno bruto, lo que apenas asemeja el gasto para el sector educativo a la proporción que se gastó en 1982, y además, como todos sabemos, ha crecido la matrícula escolar en todos los niveles, ha crecido la planta de profesores y las necesidades por lo tanto son mayores.
De manera que yo combinaría nuestra primera preocupación de la siguiente manera: sí es importante que se vengan haciendo aumentos al presupuesto educativo, pero es inconveniente el
manejo publicitario, triunfalista, que se da sobre este crecimiento en el gasto educativo que reconocemos pero que todavía no supera lo invertido en 1982. Es una labor importante.
Nosotros estamos preocupados porque el producto interno bruto crezca, pero nos referimos a la inversión pública. Si sumamos la pública y la privada sí se da la impresión de que tenemos inversiones tan altas que ya no tendríamos necesidad de hacer mayores esfuerzos en educación.
Segundo. En las cifras manejadas en los anexos del informe y en el Presupuesto de Egresos, se da un promedio de ingresos salariales de los maestros que no corresponde a la realidad. Un profesor de educación básica en este momento gana en la plaza inicial 1 millón 209 mil viejos pesos, 1 mil 209 pesos nuevos, de manera que no hay ese promedio del que se habla en los documentos oficiales de 1 mil 700 pesos por plaza; eso no corresponde a la realidad, tanto es así que frecuentemente tenemos quejas y exigencias del magisterio nacional, tanto de educación básica como superior, que incluso han tenido que irrumpir en la Cámara de Diputados.
Los trabajadores de educación superior, los de la más alta categoría con plaza de titular, no ganan arriba, en promedio de 2 mil 500 nuevos pesos de su salario base; excepcionalmente y un porcentaje muy bajo gana con complementos distintos que hay en las universidades, gana más pero es excepcional, es un porcentaje muy bajo y los titulares sólo ganan 2 mil 500 nuevos pesos, de manera que también en ese renglón hay que hacer un esfuerzo adicional.
Los del Partido de la Revolución Democrática fundamentaremos en otra intervención nuestra propuesta de incremento al gasto, de incremento al Presupuesto de Egresos en el renglón educativo y fundamentaremos por qué razones lo pedimos en una cantidad y en una proporción que aquí explicaremos en otra intervención. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera.
El diputado Héctor Morquecho Rivera:
Con permiso de la Presidencia; diputados de este honorable Congreso de la Unión:
Al examinar los resultados de la política económica implementada a finales del año de 1991, para ser ejercida el año de 1992, y que hoy se nos presenta en esta cuenta de la Hacienda Pública Federal relativa a ese año de 1992, observamos una gran congruencia y una gran lógica que nos permite asegurar que esa congruencia y esa lógica sigue el camino errático, el camino inexacto, contradictorio y negativo para los intereses de nuestro pueblo y de nuestra nación en lo que se refiere a mejorar los niveles de bienestar social de la mayoría de los mexicanos y en cuanto a desarrollar y profundizar nuestra independencia económica respecto del exterior.
En efecto compañeras y compañeros diputados, como lo estableció la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista y otras fuerzas democráticas y progresistas en esta tribuna, el programa de Gobierno esquematizado para 1992 se proyectó no para favorecer los incrementos sustanciales en los niveles de vida de nuestro pueblo, sino fundamentalmente para apuntalar e incrementar los niveles de ingreso, de ganancias, de utilidades de un sector social minoritario nacional y extranjero, y privilegiado con concesiones y apoyos de la política económica salinista antinacional.
En todos y cada uno de los casos que se presentan en el análisis y resultados de la cuenta pública que estamos examinando, se manifiesta, se patentiza el propósito del Gobierno salinista de incentivar, de proteger a los inversionistas extranjeros, también a los grandes capitalistas nacionales y al capital monopolista especulador, vinculado y asociado al capital foráneo.
Al capital foráneo, cuyos representativos han afirmado que desde el año de 1983, el Gobierno ha trazado el camino correcto en materia económica; ha afirmado que el Gobierno salinista se ha ganado el apoyo y la confianza de la llamada sociedad civil.
Los criterios, las opiniones de las clases empresariales cúpulas y de elevada prepotencia económica afirmaron desde entonces: las privatizaciones en el sector paraestatal y el adelgazamiento del Estado, es lo adecuado. Esta es la única manera para avanzar hacia la estabilidad económica, lograr el saneamiento de las finanzas públicas, evitar el dispendio y combatir la inflación.
Afirmaron también estos representativos del capital privado especulador: los empresarios y trabajadores nos hemos sacrificado, ahora le toca al Gobierno hacer lo suyo.
Y en esta cuenta pública federal que hoy discutimos, compañeras y compañeros legisladores, está precisamente la congruencia de esa política económica que, repito, beneficia a las minorías y perjudica a la mayoría del conjunto de nuestra sociedad.
Queremos dejar claro, que si bien es cierto que cualquier mexicano bien nacido, si bien es cierto que ninguna fuerza social, política, democrática, y que ningún mexicano, estamos en contra de la estabilidad económica, es decir, que no estamos en contra de ese saneamiento, de ese saneamiento de las finanzas públicas, para combatir la inflación. También queremos dejar claro, es decir, también es cierto que estos propósitos de estabilidad, de finanzas sanas, deben llevarse a cabo mejorando el bienestar de los que me nos tienen, ampliando el empleo, las oportunidades de educación, salud, vivienda, y otros factores que incidan positivamente en los sectores sociales que han visto deteriorados sus niveles de vida, pero sobre todo, pero sobre todo lograr esta estabilidad y estas finanzas sanas, regresándole, devolviéndole al Estado mexicano su carácter, su responsabilidad ante la solución de los viejos y los nuevos problemas que enfrenta nuestro pueblo y nuestra nación.
¿Cuáles fueron los objetivos centrales que se trazaron por parte del Ejecutivo y que trajo a esta soberanía el año de 1991, para ser implementados en 1992? Cuatro objetivos centrales se trazaron: alcanzar la tasa de inflación de un dígito; proseguir el crecimiento económico; mejorar el nivel de vida de la población, y continuar con la modernización de nuestra economía.
Nosotros afirmamos que esos cuatro objetivos, frente a esta realidad concreta que hoy vivimos, y con los propios datos que arroja la cuenta pública que estamos hoy examinando, en lo general esos objetivos no se lograron.
¿Cuáles han sido, pues, los resultados? Veamos lo que señala este dictamen que hoy discutimos y hagamos los siguientes comentarios y reflexiones, los cuales, por otra parte, sustentan el voto en contra del PPS para la aprobación de este dictamen.
Tocante al sector externo, el dictamen asegura que hay beneficios con los mayores vínculos comerciales de México con el exterior, vía las negociaciones de libre comercio y el crecimiento de las exportaciones; que de 1989 a 1992 las operaciones con el exterior, calculadas como la suma de las exportaciones e importaciones, se aumentaron de un 24% a un 33.2% del valor de la economía.
La cuestión fundamental, negativa para nuestro quehacer económico, es que tuvimos un déficit comercial de 15 mil 933 millones de dólares. Es decir, es un saldo negativo que vulnera las reservas de nuestras divisas, a lo que hay que agregar que el sector exportación no petrolero, en un 95%, está precisamente en manos del capital extranjero invertido en nuestro país; no es propiedad de nacionales ni del Estado mexicano.
Por esa razón, no es de ufanarse en cuanto a que hay logros y beneficios directos para nuestra nación, salvo, claro, lo que toca al aspecto fiscal, que de hecho es muy raquítico.
Y como en este caso se incluye a las maquiladoras, hay que recordar que este tipo de empresas sólo dejan en nuestro país el 3% de sus ganancias.
Por otra parte, considerando que México, como todos los países, requerimos del llamado ahorro externo, es decir, realmente como complementario del ahorro interno para impulsar el desarrollo de nuestras propias fuerzas productivas.
Con base en este dictamen, encontramos que lo negativo para nuestro país es que el 49.2% de los 27 mil 540 millones de dólares, que ingresaron a nuestro país en este ejercicio fiscal que hoy se comenta, se colocaron, ese 49.2%, en inversiones especulativas.
Respecto del superávit presupuestal, un logro, dice el informe, equivalente este superávit al 1.7% del producto interno bruto del año de 1992 que se consigna, sólo manifiesta el dictamen que este balance financiero se ha logrado a costa de reducir los presupuestos de salud, de educación del sector rural y los presupuestos para el desarrollo social. Es decir, porque no es posible que Gobierno alguno tenga un superávit presupuestal ante un pueblo marginado en condiciones de pobreza y de extrema pobreza.
Lo mismo se puede decir del superávit primario, cifrado en un 8% respecto del valor de la producción nacional.
Y más aún si incrementamos este superávit agregándole los recursos obtenidos por la venta en remate de los bancos y de la empresa Teléfonos de México, esto claramente nos indica que se vendieron esos bienes para profundizar los males que aquejan a nuestra población.
En este mismo sentido, compañeras y compañeros diputados, están los ingresos presupuestales que llegan al 29.6% del producto interno
bruto, que de por sí estos ingresos constituyen un crecimiento raquítico, que viene siendo respecto de 1991 un crecimiento del PRI del 3.2% frente a lo programado en los criterios generales de política económica para 1992. Y esto precisamente se ha conseguido por una política fiscal blandengue frente al gran capital, una política fiscal, digamos, mediocre, que no tiene un sentido positivo a fondo para distribuir mejor la riqueza. Y repito eso es con relación al llamado superávit primario.
Tocante a la evolución de los precios, lo que consigna el dictamen, éstos desde el punto de vista del PPS, los precios siguieron deteriorando los salarios de los trabajadores y los ingresos de la clase media, así como también los ingresos de las micro, pequeña y medianas empresas en el año de 1992, porque se tuvieron ajustes durante este ejercicio fiscal que hoy comentamos, con precios y tarifas, como se consigna en el dictamen, mediante periodos largos para ajustar precios y tarifas y elevar los costos de bienes y servicios que proporciona el Gobierno.
Se reconoce en el texto del dictamen con toda claridad que el gasto público tenía que ser reducido en el año de 1992 para obtener ese superávit que tanto se ha mencionado. Es decir, se apostó a la facilidad de reducir los presupuestos en vez de apostarle a un crecimiento económico desde el punto de vista del incremento de su productividad.
Y una pregunta sería ésta, si se ha conseguido como dice el dictamen, ese incremento de ese superávit, si se ha ejercido a juicio del dictamen un logro que se magnifica, que es casi de entrada lo que se afirma, la pregunta es ésta: si de esa manera obtuvieron un superávit, ¿qué caso entonces, bajo qué criterios o por qué razón, qué caso tenía pues vender en remate los bancos y la empresa Teléfonos de México?
Otra cuestión que nos obliga al análisis, a la reflexión y que en el dictamen es reiterado, es lo que se refiere a la llamada eficiencia económica, rendimiento de la inversión, rendimiento del gasto público, al ahorro financiero, al superávit etcétera, y es que en verdad no hay tal logro en ese sentido.
Resulta que en 1992 el gasto de capital ejercido por las dependencias y entidades, sujetas a control presupuestal, bajó un 5% respecto del año de 1991, la pregunta es: ¿hubo en verdad ahorro en el gasto de capital, hubo la eficiencia del ahorro financiero del que se ha mencionado? No lo hubo. Simplemente resulta, como dice el dictamen: lo que el Gobierno cambió no fue el volumen de ese gasto sino su orientación.
Y es cierto, porque este gasto de capital sufrió un cambio, evidentemente, un cambio y un giro privatizante, es decir, lo que el Gobierno hacía como función de su responsabilidad constitucional para fortalecer, ampliar y modernizar la infraestructura básica, fundamental para el desarrollo, esa tarea del Estado fue abandona da; el Gobierno concesionó a particulares, dejó de cumplir su papel, y le otorgó al sector privado esa responsabilidad, y ésa es la razón por la cual se ha encontrado precisamente que no se ha canalizado un gasto social, un gasto público con la debida responsabilidad para efectos de mejorar nuestro desarrollo, mejorar nuestras condiciones de vida de todo nuestro pueblo, sentar las bases para tener una economía sana, apostar le al esfuerzo del trabajador mediante salarios que realmente mejoren sus niveles de bienestar; superar cuellos de botella, que a veces hacen difícil el propio desarrollo económico; enfrentar con éxito la famosa globalización, en fin.
Creo que sobre esta base, sobre estos razonamientos, en opinión del PPS es que votaremos en contra de este dictamen que hoy se está discutiendo. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Flores Solano.
El diputado Jorge Flores Solano:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
Hemos estado oyendo con atención las diversas intervenciones que han hecho diferentes diputados en contra de este dictamen.
Hemos buscado dar una respuesta puntual a las intervenciones de los mismos. En ocasiones cuando fundamentamos el dictamen, cuando subimos a la tribuna a explicar las razones por las que estamos pidiendo su voto favorable, se nos critica porque no abrimos el debate. Ahora que debatimos se nos critica porque no subimos a fundamentarlo.
Yo creo que lo importante es que discutamos el tema que venimos a abordar. Hemos escuchado aquí afirmaciones que no tienen qué ver con el dictamen de cuenta pública que es el que estamos sometiendo a aprobación.
Yo diría que, qué bueno que se nos planteen las dudas que en ocasiones por falta de asistencia no se hicieron en el seno de la Comisión y los grupos de trabajo. Qué bueno que haya preocupación porque se explique de una manera clara, consistente, sin lugar a dudas, los datos de la cuenta pública, que son simplemente el reflejo de lo que los diputados a lo largo del tiempo han solicitado al Ejecutivo les informe para que en términos constitucionales se aclare en el ejercicio del gasto.
Esta Cámara de Diputados ha establecido un marco de congruencia en términos jurídicos, dentro del cual el Legislativo le proporciona al Ejecutivo el marco de operación de ese presupuesto que nosotros autorizamos.
Bajo la premisa de que es sólo un presupuesto, nadie puede prever los acontecimientos que ocurren con precisión a lo largo de la vida de un año de un país. En consecuencia, a lo largo de la experiencia de nuestro país, se han implementado una serie de medidas y de facultades al Ejecutivo, para que en función de esa circunstancia se asignen los recursos que aportamos los mexicanos a los fines del gasto público, que diría yo de una manera muy amplia, nos viene a exponer el Secretario del ramo, el que presenta el Presupuesto de Egresos, en el documento que se llama Criterios Generales de Política Económica, objetivos que ahí se establecen, como explicaba nuestro compañero Morquecho. Esos son los objetivos, las metas que se quieren llevar a cabo con todo el documento que nos es presentado, de una manera detallada, para el análisis y su aprobación, cuando tiene la característica de presupuesto.
Por técnica presupuestal, se presentan diferentes agrupaciones de información para que unos, la cuestión administrativa en donde se dividen los ramos que harán uso del presupuesto. Otros, las cuestiones de carácter económico en donde se derivan los efectos que tendrá ese presupuesto. Y otros más, tendientes a determinar por programas específicos, cómo se va a hacer uso de ese presupuesto.
En el momento en que se ejerce ese presupuesto, nosotros vamos teniendo información a lo largo del ejercicio del año, del avance de las finanzas públicas, en los informes trimestrales que son sometidos también a nuestra consideración.
Y finalmente, al término del año, se nos presenta una cuenta pública que contiene detalladamente, toda la información; en donde están las razones por las cuales el Ejecutivo parte de un presupuesto autorizado, a las modificaciones que se le van haciendo al mismo conforme hay los recursos que se generan de la actividad económica de este país y de la aportación de los particulares, conforme están establecidos los recursos que derivan de la acción gubernamental por la cual se cobran derechos o se obtienen otro tipo de ingresos. Y finalmente, el monto de las cantidades asignadas, según los programas, de acuerdo con las vicisitudes que tuvo en el año el ejercicio del presupuesto en los diferentes ramos, como aquí dio cuenta mi compañero, en el ramo educativo y que están, créanme, están las explicaciones en el documento que se llama: cuenta pública. Hay un tomo primario de resultados generales; pero también están los analíticos y también existe documentación en ese que se llama banco de datos, en donde está, por cierto, diputado Lujambio, el catálogo de cuentas del Estado, que de ninguna manera tiene la simpleza de un catálogo de cuentas, que puede tener una empresa privada, por muy grande que sea.
Ese catálogo de cuentas, que existe, que puede ser perfectible, como muchas de las cosas, y para lo cual esperaríamos también sus propuestas de cómo sería un catálogo de cuentas, que nunca nos han presentado, y que veríamos en consideración.
Pero creo que un análisis completo y sereno, y para eso hemos tenido el tiempo, desde la fecha en que se nos presentó el presupuesto hasta esta que estamos solicitando la aprobación del dictamen, para revisar en extenso la información que ahí se contiene.
Muchas de las interrogantes que aquí se hicieron a los diferentes rubros, muchas, están en las páginas de la cuenta pública, en el trabajo que por cuenta nuestra hizo la Contaduría Mayor de Hacienda y que se dan amplias explicaciones.
Hay preocupaciones sobre el ejercicio del presupuesto en los diferentes rubros. Simplemente en este que es uno de los anexos del trabajo que hizo la contaduría, están contenidas la mayor parte de las explicaciones que se han solicitado. Está el seguimiento también de las observaciones que los diputados hemos hecho a la cuenta pública año con año, que hace la contaduría y que deja en algunos casos establecidas las razones por las cuales esas propuestas que hacemos para el mejoramiento del rendimiento de las cuentas al Legislativo, como las que ahora hemos metido en el dictamen, y que por qué el dictamen forma una parte de este documento, o es una parte final de este esfuerzo que hace la Contaduría, contenida en este informe previo, en este
informe previo está detalladamente quién y qué entidad cumplió, incumplió con las recomendaciones que hicimos. Por eso le damos un mandato a la Contaduría para que ella continúe la investigación y en éste le hemos dado específicamente que 50 y tantas observaciones sean objeto de auditorías, para que finalmente en el informe previo nos sea rendido a esta Cámara, no por cierto por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sino por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. A ella se le rinde el informe definitivo en donde tiene el cumplimiento del mandato que le hemos dado a esa institución.
Algunas metas que aquí se plantean, hubo cuestiones en el caso de la Sepesca, las explicaciones para ampliar las áreas de investigación, las políticas de planeación y muchas otras actividades, los planteamientos en relación con incrementos en los ramos de la administración pública para sueldos y salarios que se critica su discriminación.
Hay una homologación, un catálogo también de sueldos, pero que no puede ser uniforme en los casos de investigación y en los casos de alta especialización de técnicos, y yo diría que indudablemente y de todas este ejercicio de partidas hay una amplia explicación en la cuenta pública de la Federación.
Se nos mencionaba el incumplimiento de metas en materia de política económica, porque en el documento de criterios generales se establecieron como objetivos alcanzar la inflación de un solo dígito. ¡Que no se obtuvo!
Pero también hubo otras metas como proseguir la recuperación gradual del crecimiento, contribuir al mejoramiento productivo y al nivel de vida de la población, y continuar con la modernización de la economía.
En apretada síntesis el dictamen, que todos ustedes conocieron, precisa las razones por las cuales, en el caso por ejemplo de la política de precios no se alcanzó la cifra por debajo de un dígito. Pero se indica, en ese documento y también en el informe previo, dando cuenta, revisando los argumentos que el Ejecutivo presentó en la cuenta pública, por qué no se obtuvieron esos resultados en materia de precios.
Podemos decir que hay en el mismo proceso de modernización de reestructuración del sector público, para darle este combate frontal a la inflación, actividades previas que fueron necesarias realizar, a fin de que no se siguiera generando este proceso. O sea, se fue al fondo, a las causas, entre otras partes al exceso de gasto sobre ingreso.
Es un objetivo de política económica continuar con ese reordenamiento de las finanzas públicas, que se alcanzó plenamente en este año y que indudablemente sí hubo reducciones al gasto público, reducciones que obedecen a nuestro cambio de estructura por el cúmulo de empresas paraestatales que dejaron de ser carga en el presupuesto público, que asignadas bajo cabezas de sector a las diferentes secretarías, dejaron de ejercer importantes cantidades de gasto que se reflejan en la disminución de estas cifras presupuestales.
En efecto, hubo reducción en el caso de la inversión pública, pero también hubo un programa para dar participación en la actividad de las inversiones que eran tradicionales del Estado a la actividad privada.
Y explicaríamos que en su conjunto no hubo esta reducción de la inversión, porque finalmente, como resultado de todo el proceso económico, hubimos de alcanzar también un crecimiento en el producto bruto, que si bien no fue igual a lo esperado, a lo programado, tuvo cifras significativas que en este año fueron superiores al crecimiento de la población. El aumento fue de 2.6%, es cierto 1.4% menor a lo que nos propusimos.
En el caso del ajuste de las finanzas públicas, el proceso de modernización, por un lado les excede el gasto bajo un estricto control, bajo una estricta disciplina; el buscar una eficiencia en el uso de los recursos significó, que en unos puntos se contrajeran los resultados presupuestales y en otros, con las asignaciones que se explicaron, hubiera los incrementos para sustentar los programas sustantivos como el empezar a revertir los problemas de las amplias mayorías de la población y que en esta cuenta pública los informamos que rebasan por primera vez estos problemas prioritarios el 50% del presupuesto ejercido en ese año.
Parte de las razones por las cuales no se obtuvieron los incrementos de precios esperados, obedecen a una necesidad, en esa reordenación de las finanzas públicas, de autorizar como consecuencia de un acuerdo de concertación en noviembre de 1991, de modificaciones en el precio de gasolinas y los energéticos que aprobamos en esta Cámara, pero al mismo tiempo reducciones impositivas en el caso del impuesto al valor agregado, para posibilitar el saneamiento de las finanzas de los organismos públicos involucrados
con este aspecto de energéticos, lo que se consiguió.
O sea, estos aumentos de precios esperados influyeron de manera definitiva para que no obtuviéramos la propuesta de una cifra ligeramente menor del 10%, pero dentro del dígito esperado, y obtuviéramos un aumento de precios ligeramente por encima de ese 10%.
Sentimos que este año fue un año fundamental para las etapas posteriores, planteadas desde el Plan Nacional de Desarrollo.
Como consecuencia también del proceso de modernización que se propuso en la economía, los comentarios que nos hace el compañero Morquecho en cuanto a los resultados de la balanza de pagos, pues son el producto de que no obtuvimos las cifras crecientes de exportaciones, resultantes del proceso de modernización y sí obtuviéramos de ese proceso de modernización de la economía, importantes cifras en importaciones de bienes de capital y productos intermedios.
Cualquiera que vea las cifras de las exportaciones de 1993, a pesar del entorno negativo y de la caída de precios, verá que son los resultados de ese proceso de modernización de nuestra planta productiva.
Es cierto, en algunos puntos de la política económica, como éste de la inflación que se comenta, como el del esquema de la balanza de pagos, no se alcanzaron de manera precisa algunas de las metas, pero sin embargo se obtuvieron importantes avances en este proceso continuo que, como lo dijo, no es de mediano plazo, sino es un esquema de largo plazo que indudablemente empezó el Estado, como da cuenta en la información que nos proporciona, a luchar contra los problemas de la ocupación, los problemas de empleo, los problemas de salarios, que como ha sido expuesto aquí por el Jefe del Ejecutivo y por el Secretario de Hacienda de una manera muy amplia, aún en algunos puntos no estamos satisfechos y habrá que seguir trabajando para continuar en el proceso de crecimiento.
Siento que nuestro dictamen refleja fielmente una revisión estricta que se ha hecho en los términos jurídicos, en los términos contables y en los términos de metas de política económica, y que hubo claridad en ese informe y que desearía indudablemente que las dudas que aún les quedan a algunos de ellos, que no es el objeto venir a esta tribuna a resolvérselas, porque si no ha sido posible resolvérselas en el curso de los meses en que recibimos la cuenta pública, será difícil que en un debate podamos hacer las aclaraciones correspondientes.
Por todas estas razones pido a ustedes, señores diputados, su voto favorable al dictamen de la cuenta pública para 1992.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Demetrio Hernández Pérez.
El diputado Demetrio Hernández Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Vengo ante esta tribuna para manifestar en nombre del PFCRN algunas consideraciones y el voto en contra.
La Contaduría Mayor de Hacienda es el órgano responsable de la vigilancia del ejercicio presupuestal y de la gestión estatal, su trabajo es de una relevancia pocas veces justipreciada; es evaluar las acciones gubernamentales, la supervisión concreta por parte de los representantes populares de las acciones definidas por ellos pero ejecutadas en la administración central y los organismos y empresas paraestatales. Sin embargo, la democracia no es sólo una cuestión de procedimiento, o de procesos electorales, sino sobre todo de decisión política y soberanía popular.
A pesar del tedio de revisar cantidades, proyectos y metas, de revisar la administración y la programación, el Poder Legislativo tiene como una de sus razones de existencia la vigilancia de las acciones del Ejecutivo, es su razón principal, definir las acciones estatales y supervisar su cabal cumplimiento. Desgraciadamente y como en muchas otras cosas, las leyes están por encima de la realidad, lo cierto es que a pesar de avances discretos, la cuenta pública no se revisa con el rigor y la profundidad que demanda un verdadero ejercicio democrático y el mismo espíritu de la legislación vigente. Son muchas las razones que lo explican; una falta de tiempo, limitación de recursos en las fracciones parlamentarias, saturación legislativa, peso aplastante de una mayoría interesada en justificar al Ejecutivo, crítica parlamentaria generalista y poco interesada en el detalle, entre otros.
A pesar de todo, lo cierto es que la vigilancia de la Cámara de Diputados todavía no se ejerce
como debiera ser, es uno de los puntos iniciales de cualquier agenda, transición o profundización democrática del país.
En la revisión y discusión de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal se atienden por lo general dos aspectos: uno, los resultados macroeconómicos de la gestión estatal y, dos, el desarrollo y ejecución de los programas gubernamentales.
El primero prefiere la eficacia de la gestión; el segundo, la eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Los resultados dan el panorama de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos de política general, son indicadores del impacto social de las políticas públicas, pero no debe evaluarse tan sólo la incidencia efectiva de la política sino su desarrollo y ejecución, la coherencia programática y la honradez en el uso del presupuesto.
Con la reforma del Estado y las profundas modificaciones fiscales y presupuestales llevadas a cabo en estos últimos años, la discusión sobre la cuenta pública debe cambiar. No se trata tan sólo de reiterar las críticas recurrentes a la política económica y social, sino también de analizar los programas, los proyectos, las acciones y las metas. Las críticas cuantitativas cada vez dejan de tener sentido, si no se fundan en transformaciones programáticas, concretas.
En la discusión sobre el presupuesto el amarillismo de las cifras debe dar paso al análisis de proyectos y las metas, de la viabilidad y la vigilancia en el cumplimiento de lo proyectado.
Desde hace dos años nuestro partido lo advirtió, la reforma presupuestal implica gastar más en el desarrollo social y productivo, pero también, agregamos nosotros, gastar mejor, gastar más y gastar mejor en educación, en salud, en vivienda, bienestar y seguridad social, infraestructura, desarrollo regional, ésos son los objetivos de la política económica y social en estos tiempos.
En esta primera intervención, en el debate de la cuenta pública para 1992, centraremos la atención en los resultados generales de la cuenta pública. En nuestra segunda intervención intentaremos acercarnos a una evaluación programática de la cuenta pública.
Con ocho indicadores básicos, los resultados generales aprobarían la gestión gubernamental, y los señalo: 1. La inflación se redujo a 11.9% anualizado; 2. El crecimiento del producto interno bruto continuó por encima del demográfico; 3. Los salarios medios continuaron un ascenso sostenido; 4. Se consiguió un superávit presupuestal del 1.7% del producto interno bruto; la deuda neta del sector público se redujo en nueve puntos porcentuales del producto interno bruto; el crecimiento de la inversión privada es de un 20.5% respecto al año anterior; las tasas de interés continuaron su tendencia decreciente; el superávit de capital de la balanza de pagos es de casi 24 mil millones de dólares; las reservas en divisas crecieron respecto al año precedente; el gasto programable ha crecido sustantivamente y el destinado a desarrollo social es uno de los mayores de la historia económica reciente.
Desde este punto de vista, las acciones gubernamentales serían más que satisfactorias, justificarían cualquier entusiasmo político, sin embargo, como siempre hay peros que matizan la calificación del desempeño estatal, los saldos negativos, los resultados preocupantes nunca aparecen, nunca se consideran ni se establecen como retos.
El discurso está dispuesto a aceptar rezagos, pues dan contenido a sus políticas futuras, pero nunca fincan dificultades, nunca advertencias, aunque a la vuelta de la esquina sean tan notables que tengan que enfrentarse aunque sea con políticas contradictorias.
En los últimos dos años, las dificultades vienen siendo prácticamente las mismas y es hasta 1993 que discutimos lo del año pasado, cuando esas dificultades aparezcan plenamente y ordenen la política de 1994. Quiero decir con esto, que se aprende con años de retraso y los costos socia les que esto implica, bien podrían detenerse, atenuarse o evitarse, sencillamente.
Las dificultades las hemos dicho varias veces, pero siempre hay que recalcarlas para evitar la autocomplacencia.
El déficit comercial, por su monto y financiamiento, fincado en la inversión extranjera en papel comercial; la evolución de los salarios mínimos que todavía representan directa e indirectamente una parte sustantiva de los ingresos de la población activa e inactiva; la desaceleración productiva, en 1992, se extiende a más sectores y ramas productivas y lleva varios trimestres sin recuperar los índices de 1991; los problemas de cartera vencida aparecen en el sector primario; déficit comercial, financiamiento volátil, desaceleración productiva, contingencia salarial, desempleo y altas tasas de interés, no son indicadores menores en un escenario generalmente optimista. Si no recursan la gestión estatal,
sí la matizan y bastante, tanto que si los presentadores de la cuenta pública fueran consistentes con sus análisis posteriores, deberían al menos introducir matices importantes en una elevación sin pudor alguno.
Lo dijimos el año pasado al discutir la cuenta pública de 1991. Todo iba bien y de pronto la tendencia cambió, los escenarios ensombrecieron y los indicadores no fueron tan generalmente favorables. Hoy, en 1993, ya comprobamos que teníamos razón, y aunque no es muy cortés señalarlo, se los advertimos, se los dijimos con mucha antelación, los efectos del superávit fiscal serían favorables en el aspecto monetario, pero tremendos en el productivo y en el social.
En suma, los resultados generales son favorables para una evaluación benéfica de la gestión pública, pero no tanto como para calificarlos de excelentes. Quizá los resultados sean más importantes para el mediano y largo plazo que para el corto, con la desventaja del conocido aforismo keynesiano, al menos es lo que se desprende de la explicación gubernamental sobre la tendencia decreciente de la evolución del producto interno bruto, desde el último trimestre de 1991. Es una interrupción en el crecimiento de la oferta, debida a la profunda reestructuración microeconómica.
Las altas tasas de la inversión privada en 1992, confirmarían la hipótesis gubernamental; sin embargo, no es toda la verdad, también lo es que los fenómenos correlativos del superávit fiscal, generaron una depuración productiva, y esto que suena bien desde el punto de vista de la higiene y la profilaxis, desde la perspectiva social se traduce en quiebra de empresas, desempleo, cierre de fuentes de trabajo, concentración y centralización del capital, carteras vencidas, transferencia de activos productivos al sector bancario y financiero.
Alguien dirá: son los costos de la reestructuración. Sin duda. Pero ¿tenían que hacerlo inexorablemente? ¿No se utilizó conscientemente el superávit fiscal para producirlo? ¿No salieron más caros pues son hoy los que para 1994 se quieren revertir?
La política económica no es un arsenal de instrumentos, como la sabiduría convencional lo reclama, es sobre todo un procedimiento para dirigir, para conducir las relaciones y las contradicciones económicas.
Con el superávit de 1991 a 1993, el Gobierno eligió, ya sabemos qué y cómo lo hizo. Hoy todos debemos aceptar sus consecuencias, las buenas y las peores. Había otras opciones aun desde su misma estrategia; era una cuestión de prioridades, de costos, de beneficios. Lo comprendemos, pero no lo avalamos, sobre todo si lo advertimos con anticipación.
Para terminar, en 1992 el Gobierno gastó más; el desarrollo social y el regional conocieron incrementos importantes, algunos incluso se acercaron a viejas demandas de la oposición; se gastó más pero ¿se gastó mejor?
Algunos indicadores del propio informe de cuenta pública son preocupantes; en muchos casos las metas no fueron alcanzadas, y aunque es muy difícil establecer tendencias generales y sobre todo causas y responsabilidades, la duda crece. ¿Se gastó mejor? ¿Tuvo una incidencia cualitativa importante en el bienestar social la recuperación cuantitativa del gasto público del sector?
En salud por ejemplo, algunas metas distan mucho de haberse cumplido, por el contrario, ni siquiera se acercaron. Los casos de cólera son un ejemplo, el SIDA es otro.
Tampoco en educación superior ni en turismo, ni en derechos humanos. ¿Qué pasa entonces con el gasto y las metas sociales? ¿Es un problema de montos? Difícilmente. ¿De instituciones, de diagnóstico o de utilización de los recursos públicos? A estas preguntas debería contestar un análisis minucioso de la cuenta pública, un análisis que por desgracia todavía está por hacerse. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Guerrero García.
El diputado Javier Guerrero García:
Con su permiso, señor Presidente.
Yo quisiera en primer lugar reconocer una serie de aspectos en los que reconozco somos coincidentes con el diputado Demetrio Hernández, que me antecedió en el uso de la palabra. Creo que como él señalaba, es importante establecer esfuerzos conjuntos que vayan perfeccionando y mejorando los trabajos que este cuerpo legislativo desarrolla en materia de fiscalización. Así lo señalamos en la intervención anterior y siento que es un propósito común el que todos hemos
establecido y que habrá de avanzar en la medida en la que nos aboquemos a las tareas previas del análisis, no solamente de cuenta pública, sino de presupuesto, un propósito común que habremos de cumplir de manera conjunta.
Creo que algunas de las preocupaciones que él manifestaba hace un momento, tendrán un foro adecuado de discusión, de análisis, incluso de acuerdo y de propuesta en el análisis y en el dictamen de la iniciativa de presupuesto para el próximo año.
Sin embargo, él señalaba también algunos aspectos en los que creo que es importante precisar y en los que es obvio que quienes integramos y asistimos a los trabajos de la comisión, tanto de Vigilancia como de Programación y Presupuesto, no estamos de acuerdo.
En efecto, yo ya decía que en el análisis de la cuenta pública, la comisión desarrolló una serie de tareas y de trabajos con toda seriedad, no sólo se desarrollaron reuniones puntuales, sino que también cada una de las fracciones parlamentarias tuvo el tiempo y tuvo los espacios adecuados para señalar preocupaciones y para realizar diferentes propuestas con relación a los informes que estaban a nuestra vista desde un principio.
Creo también que el trabajo desarrollado en la Comisión de Programación y Presupuesto, permitió no sólo que fueran externadas preocupaciones específicas sobre cada uno de los ramos que fueron informados, sino también permitió, decía yo, obtener respuestas puntuales de algunos funcionarios públicos en reuniones plurales, desarrolladas a lo largo del proceso de análisis y de revisión de la cuenta pública.
Pienso que el trabajo desarrollado por el órgano técnico de esta Cámara de Diputados, la Contaduría Mayor de Hacienda, fue un trabajo profesional, exhaustivo, y que arrojó elementos importantes para que los señores diputados pudiésemos establecer juicios precisos y asumir posiciones con respecto al ejercicio del gasto en el año de 1992.
Sin embargo, reitero, la coincidencia que tenemos con el diputado Demetrio Hernández, en el sentido de establecer métodos y precisiones que permitan que los diputados no sólo cuenten con más tiempo, sino que también puedan abocarse con profundidad al análisis de aquellos aspectos y variables que consideren importantes, de los resultados de los informes que tenemos a la vista.
Creo en ese sentido, pues, que el trabajo de la Comisión de Programación y Presupuesto, fue un trabajo profesional, apoyado por una exhaustiva tarea y un exhaustivo análisis realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores, agradezco esta paciencia por haberme tomado 40 segundos en acomodar algunos documentos.
Estimados legisladores, vengo a esta tribuna a continuar reflexiones que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha presentado ya en intervenciones previas, sobre lo referente a la cuenta pública para el año de 1992.
Quisiera iniciar estos comentarios destacando un cuestionamiento central que hicimos ya desde finales de 1991, a la mecánica de discusión de la cuenta pública.
Nosotros creemos que ésta es una de las funciones sustanciales del Poder Legislativo Federal y particularmente del Congreso de la Unión; ya lo decía claramente la diputada Liliana Flores, sobre este punto.
Y en numerosos países, el análisis de cuenta pública se convierta en un motivo de seguimiento puntual de la opinión pública nacional, porque confiere precisamente un poder especial al pueblo, representado en sus diputados, de supervisar y de examinar de manera precisa la actuación del Poder Ejecutivo, en puntos que tienen que ver precisamente con el ejercicio del gasto.
Sin embargo, junto con lo que podríamos decir, la crítica al ejercicio puntual contable del gasto gubernamental, hay otro elemento que pensamos que también debe ser examinado, que son los resultados de la política económica y cuál impacto tuvo la política de gasto en materia del desarrollo económico, del mejoramiento del ingreso y del mejoramiento del empleo.
Para decirlo de manera puntual, de una parte sustancial, fundamental, que ha motivado numerosas
intervenciones previas a la que en este momento expongo, el estudio de cómo se gastó, verificación de si hubo responsabilidad de funcionarios públicos en la violación a leyes o en la apropiación indebida de fondos, examen de utilización de partidas presupuestales y todo aquello que tenga qué ver con la probidad en el ejercicio del gasto y con la aplicación estricta de la Ley.
Pero también es muy importante examinar aquello que fueron los fondos públicos y los fondos del pueblo gastados, sirvieron para mejorar nuestra base económica y productiva; hay que examinar si mejoró el empleo, si mejoró el ingreso, si se fortaleció la planta productiva del país.
Y, en suma, hay que examinar, y éste es el otro aspecto fundamental, pensamos nosotros, del análisis de cuenta pública, si la independencia y la soberanía del país fue fortalecida con el ejercicio de gasto público.
Y en este punto nosotros pensamos que los resultados de un análisis breve, preliminar, de este examen de cuenta pública, son negativos, desde el punto de vista de la independencia y la soberanía del país, desde el punto de vista del ingreso y del empleo, y desde el punto de la vista de la base económica y productiva.
La piedra de toque de toda política económica es si fortalece la base productiva de una nación y crea ingreso y empleo suficiente y estable para la mayoría de los habitantes, y los resultados aquí son profundamente desalentadores.
Cuando se discutió el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1992, a finales de 1991, el Partido de la Revolución Democrática, junto con otras fuerzas representadas en la Cámara de Diputados, sostuvimos que esa tesis relativa a la obtención de un superávit de 18 mil millones de nuevos pesos, 18 billones de pesos antiguos, era contraria al interés nacional, y dijimos que esta política de obtención del superávit iba a generar un proceso de desindustrialización, de regresión en materia agropecuaria y productiva, iba a originar una regresión en materia de empleo y en debilitamiento del empresariado mexicano.
Tengo aquí, a la vista de ustedes, nuestro voto particular relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación del año 1992, donde punto por punto, en aspectos como superávit, en aspectos como empleo, ingreso, políticas antiinflacionarias y otros aspectos, sostuvimos que estos 18 mil millones de nuevos pesos que se pensaba obtener como superávit, debían ser usados para fomento económico regional, para incrementar las participaciones a los estados y municipios de la Federación, para fortalecer la base productiva de la República y para mejorar el ingreso y el empleo, la educación y la salud de millones de mexicanos.
Y sostuvimos, y lo seguimos diciendo en diciembre de 1993, que hay otra ruta radicalmente distinta para disminuir el peso de la deuda pública interna y externa dentro del proceso productivo nacional.
Y esta otra ruta es apostar al crecimiento económico, apostar al fomento de la producción nacional, y de manera natural si se congela la deuda pública externa, si se congela la deuda pública interna y crece la economía, en forma natural la proporción de esa deuda pública externa e interna, como parte del producto nacional, va disminuyendo por un efecto inducido y acumulativo del crecimiento del producto.
No se requieren grandes análisis para demostrar que ésta es una tesis válida y correcta, a la que han apostado otros países.
Y esos fondos, esos 18 mil millones de nuevos pesos, que no se destinaron al fomento económico, podían haber generado un proceso multiplicativo en regiones, municipios y ramas productivas, que indujeran un crecimiento real de la recaudación fiscal por el crecimiento agregado de la producción agrícola industrial que generaba, y eso permitía entonces un saneamiento de las finanzas públicas por una vía correcta, que es incrementos reales de la recaudación fiscal, sin aumentar tasas simplemente expandiendo la base productiva del país y por tanto los ingresos reales sobre esa base productiva.
No fuimos escuchados, no sólo somos nosotros, sino otras fuerzas también, plantearon tesis similares. Se aplicó no solamente una política de presupuesto superavitario, sino que hubo ingresos de casi 30 mil millones de nuevos pesos, 30 billones de pesos antiguos, por concepto de privatización de bancos, por concepto de la privatización de Teléfonos de México y por un ajuste que se hizo en materia de la desaparición de Ficorca. Cifras globales y para no entrar en detalles tenemos casi 48 mil millones de nuevos pesos, 48 billones de pesos antiguos, que es la suma combinada del superávit realmente obtenido del presupuesto del año 1992, que fue del orden de 17 mil millones de nuevos pesos, mas cerca de 30 mil millones de nuevos pesos que se obtuvieron por venta de bancos, Teléfonos de México y por
la liquidación de Ficorca. Recursos que no sólo en su totalidad fueron usados para reabsorber deuda interna, sino que incluso se excedieron.
Si ustedes examinan, estimados legisladores, los datos que aparecen en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, relativos a en qué monto se reabsorbió la deuda, la reabsorción de deuda interna y externa fue superior a los 48 mil millones de nuevos pesos, es del orden de 51 mil millones de nuevos pesos lo que se gastó en reabsorción de deuda. Y eso implica entonces, a una economía que ya tenía tendencias recesivas, un sobreajuste, un sobreajuste que se va a reflejar en el hecho de que de un empleo en el sector formal de la economía que era a fines del año 1991 de 22 millones 700 mil plazas, al terminar el año 1992 el empleo en el sector formal de la economía era únicamente de 22 millones 660 mil plazas. Bajó el empleo en un nivel de alrededor de 40 mil personas.
Pero en un país donde cada año se incorporan al mercado de trabajo 1 millón 200 mil jóvenes, bajar el empleo en 40 mil personas significa que en ese año, 1992, hubo 1 millón 240 mil mexicanos, hombres y mujeres jóvenes, que no pudieron tener empleo en el sector formal de la economía.
Y como si esto fuera poco, se dice en el dictamen que el crecimiento fue 1.4% inferior a lo que estaba en los Criterios Generales de Política Económica. Pero en el sector agrícola hay un decremento en términos reales del 1.5%, lo cual tiene efectos devastadores para el conjunto del sistema productivo mexicano y 2.6% cuando tenemos un crecimiento demográfico del orden del 2% algunos analistas de la Universidad dicen incluso que nuestro crecimiento es del 2.3%, supongamos sin conceder que es del 2%, significa que el crecimiento económico en términos reales en 1992 fue de solamente .6%.
Y el Gobierno no escuchó las llamadas de atención que surgieron en el segundo semestre del año 1992, ¿por qué? Porque en el segundo semestre de 1992 el crecimiento fue únicamente de 1.8% menos del crecimiento demográfico, y en vez de inyectarle recursos a la economía, abandonar su política obsesiva de obtención de superávit y en vez de utilizar el gasto público para el fomento económico de empresarios, de sectores productivos para el fomento de la agricultura e industria, continuó cerrando el gasto público, obtuvo, como ya dije, un superávit de 17 mil millones de nuevos pesos, de lo que es propiamente la relación ingreso - gasto presupuestal, consolidó un ingreso de 30 mil millones por la venta de Telmex y bancos y todos los usó para reabsorber deudas, sin que estuviera sólidamente demostrado que por esa vía iba a lograrse un crecimiento en términos reales de otros sectores presupuestales.
De antemano me adelanto a un argumento que lo he escuchado decenas de veces. La reducción de deuda se dice es casi de manera reiterativa, permite incrementar el gasto social e incrementar el gasto programable. Nosotros decimos que esto no es sostenible desde el punto de vista de un análisis estadístico estricto.
Resulta que si bien es cierto que ha ido disminuyendo el porcentaje del producto interno bruto que ha sido destinado a pagar intereses de la deuda, porque efectivamente vendiendo paraestatales y obteniendo un superávit a costa de la afectación de los intereses populares, se ha disminuido el monto de la deuda como porcentaje del producto interno bruto, y se ha disminuido los intereses que se pagan por la deuda, el gasto programable, que es decir el gasto que efectivamente va en diferentes secretarías y áreas de acción pública, no ha experimentado modificaciones sustanciales en los años del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Por el contrario, de un gasto programable que representó el 19% del producto interno bruto en el último año del Gobierno de Miguel de la Madrid, se ha situado en una franja que va del 17.4 al 17.5% entre 1989 y 1992, vendiendo paraestatales, que significa enajenar una parte sustancial del patrimonio de la nación, desaparecemos lo que podríamos llamar los activos del pueblo mexicano y cubrimos efectivamente parte de los pasivos, pero no hay un incremento real del gasto programable como porcentaje del producto interno bruto.
Y el gasto social se mantiene en un nivel globalmente bajo en comparación con los que tuvimos al inicio de la década de los 80; por tanto, si bien, sobre todo en 1993 y 1994 hay una recuperación pequeña del gasto social, sigue estando abajo como porcentaje del producto interno bruto del gasto social que existía al inicio de la década de los 80.
En conclusión, se han vendido más de 60 mil millones de nuevos pesos por concepto, repito, de venta de empresas paraestatales. En dos años, 1992 y 1993 se ha obtenido, presumiendo o asumiendo que en 1993 tendremos un superávit de 14 mil millones de nuevos pesos, tenemos entonces
más de 30 mil millones de nuevos pesos de superávit acumulado en el año 1992 y en el año 1993, y el gasto real para beneficio social,
para educación, salud, vivienda, no ha experimentado una significativa recuperación.
Por eso es que tenemos, desde ese punto de vista, un cuestionamiento al Presupuesto de Egresos, porque no cumplió las metas de política económica, no fortaleció sectores productivos y los magros logros que se obtuvieron por la vía de mantener el tipo de cambio y evitar una devaluación, se obtuvieron, no por el gasto público, sino por un flujo de capitales a bolsa de valores que permitió cubrir un astronómico déficit de la balanza en cuenta corriente.
Cuando se habla de que en el año 1992 tuvimos un déficit de la balanza en cuenta corriente de 22 mil 800 millones de dólares, significa que los mexicanos estamos creando empleo en el extranjero y que la crisis de la agricultura y de la industria mexicana es la prosperidad de la agricultura y de la industria de los Estados Unidos y de otros países donde estamos nosotros creando empleo.
Y el Presupuesto de Egresos ejercido el año 1992 en vez de fortalecer nuestra planta productiva, nuestro ingreso y nuestro empleo, fue un presupuesto recesivo, y lo peor de todo, a pesar del efecto brutal de recesión económica inducida por un gasto público contraccionista y superavitario, ni siquiera se logró la meta de una inflación menor a dos dígitos que establecen los Criterios Generales de Política Económica. La meta era de 9.9% como tope máximo y la inflación fue de 11.9%, superior entonces a lo que estaba originalmente programado.
Se pensó también que con la contracción del gasto bajaría el déficit de la balanza comercial y sube el déficit de 13 mil millones de dólares, como déficit de la balanza en cuenta corriente, a 22 mil 800 millones de dólares como déficit de la balanza en cuenta corriente. Y que no se diga que éstos son factores que vienen de una nebulosa influencia de la economía mundial, es una política de gasto público de contracción, una política de gasto público en donde se desestimulan los sectores productivos, lo que va a generar entonces un efecto global de contracción económica.
Y claro está, en 1993 no debe extrañarnos que al no haberse observado las señales de alarma que venían desde finales del 1992 de contracción económica, el licenciado Pedro Aspe nos acaba de anunciar hace unos cuantos días que va a crecer la economía al 1.1%, que es casi la mitad del crecimiento demográfico, que significa una regresión en términos reales desde el punto de vista del producto por habitante. No pidan entonces que aplaudamos a un dictamen de cuenta pública y a un presupuesto de gasto, de egresos, del año 1992, que sacrificó la base productiva del país, que sacrificó nuestra infraestructura como nación y que premió en cambio la generación de empleos en el extranjero.
Y, por último, un problema que nosotros cuestionamos y el Diario de los Debates, está para dar testimonio de hecho de esto desde finales del año 1991. Y es el hecho de que en tres artículos y en un párrafo, que es el artículo 13, que ya se mencionó en esta tribuna, el artículo 25 y el artículo 26, se dan facultades enormes al Poder Ejecutivo Federal y particularmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para autorizar transferencias, movimientos, subir, bajar, cambiar en su totalidad las partidas y asignaciones presupuestales originalmente establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Cuestionamos en su momento, ya lo dijo en una interpelación la diputada Liliana Flores.
Pero no sólo eso es el problema, también cuestionamos la existencia de erogaciones no sectorizables en un nivel que estimábamos iba más allá del paquete de recursos que se requieren para aumentos salariales. Y siempre se nos dice, casi estoy en este momento imaginando lo que se va a afirmar dentro de unos cuantos días cuando se discuta el Presupuesto de Egresos de la Federación: "No os preocupéis, se dice, diputados del PRD, que en el informe de cuenta pública vendrá un desglose preciso, puntual y exacto de en qué se destinaron erogaciones no sectorizables, y ¡oh sorpresa!, los datos que se nos dan de erogaciones no sectorizables, no vienen en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en los resultados generales, vienen distribuidos entre centenares de datos y cuadros, como asignaciones que hubo de transferencias del ramo 23 a diferentes sectores. Pero no se nos entrega un folleto, documento, cuadro o análisis consolidado, de transferencias y movimientos".
En su primera intervención el diputado Guerrero, leyó un concentrado de datos que nos hizo llegar si mal no me equivoco, la Secretaría de Hacienda, sobre estos flujos que hubo a partir de resultados generales en otras áreas. Pero no es suficiente, no es suficiente, porque se trata de datos tan generales, que poco significa.
Pero el problema de fondo para nosotros, y con esto abordo el último aspecto que quiero destacar ante ustedes es que: ¿qué sentido tiene que aprobemos un Presupuesto de Egresos de
la Federación, que hagamos una discusión puntual a favor y en contra de asignaciones presupuestales para secretarías de Estado, si queda en el Ejecutivo Federal, una facultad prácticamente ilimitada de modificaciones, transferencias, adiciones o reducciones Presupuesto de Egresos? Pero peor aún, en un párrafo que impugnamos en el debate del Presupuesto de Egresos de 1991, que es el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 13, se autoriza al Ejecutivo Federal, para que los ingresos que obtenga de venta de paraestatales o de otros excedentes, los use para amortizar deuda interna en forma discrecional, sin informar previamente al Poder Legislativo Federal.
Esto hace entonces, que se incurra en algo que nosotros estamos en discrepancia, que es no sólo haber utilizado 30 mil millones de la venta de paraestatales; no sólo haber utilizado 17 mil millones de nuevos pesos del superávit obtenido en 1992, sino incluso más allá de estos 47 mil millones, haberlos usado para amortizar deuda atrás de un mecanismo en que el Gobierno se autoriza al Gobierno mismo, en lo que va a gastar, en lo que va a ser transferencias y en lo que va a ser amortizaciones.
Evidentemente por esta vía no avanzaremos hacia un sistema republicano, de control del gasto público y de establecimiento de prioridades nacionales.
Pensamos, lo dijimos en 1991 y lo ratificamos hoy, que ese dinero hubiera estado en mejores manos en los municipios, en los Estados de la Federación, en los sectores productivos, en un nuevo esquema de federalismo económico, en el fortalecimiento de nuestra infraestructura productiva, de nuestro empleo y de nuestro ingreso. Y no aceptamos que hoy se nos canten loas, me refiero hacia el 1994, del presupuesto equilibrado, de que ahora sí se buscará el fomento económico y se sufra amnesia de aquello que fue la crítica que hicimos a finales de 1991 al presupuesto superavitario, no se reconozca en el dictamen a discusión, el efecto recesivo que generó esta dinámica superavitaria y hoy en cambio, hacia 1994, sí se diga: "Hay que apostar al crecimiento". "Hay que tener presupuesto equilibrado" y empujar el desarrollo interno del país.
Pensamos que el sacrificio que se impuso a la nación desde el año 1992, pudo haberse evitado con una política de ingreso y de gasto público distinta, que fortaleciera nuestra planta productiva, nuestro ingreso y nuestro empleo.
Por eso es que ratifico lo que ya expuso aquí la diputada Liliana Flores, nuestro voto en contra de este dictamen relativo a la cuenta pública de 1992. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señor Presidente.
Yo soy un convencido de que tenemos que hacer un esfuerzo en el México de este fin de siglo, para conformar una cultura política que nos lleve a que los discursos en el debate se encuentren.
¿Por qué discrepamos tanto de los hechos que son los mismos? ¿Por qué los enfocamos en forma tan diametralmente opuesta?
Parafraseando a Octavio Paz, yo diría que efectivamente el ver todo negro o todo blanco, es el principio de la ceguera.
Creo que debemos hacer un esfuerzo por la objetividad y por darle la justa dimensión a los hechos, a las políticas, a todas las medidas y las decisiones públicas que se están tomando y que nos toca a nosotros analizar.
Me agrada que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra insista en lo que ellos han dicho e inclusive señalen hasta el fenómeno de la amnesia.
¿Qué proponía el Partido de la Revolución Democrática hace unos años? Proponía la moratoria. No hablaba de la negociación de la deuda pública; hablaba de negarnos al pago, lo cual a estas fechas nos permitiría suponer qué hubiera sucedido. México se hubiera aislado, hubiéramos tenido sanciones económicas muy graves y en un momento en que la globalización estaba impulsando a todas las naciones, hubiéramos tenido una situación económica verdaderamente crítica.
Habla de las repercusiones macroeconómicas; y sinceramente yo me siento desconcertado de un discurso totalmente contradictorio. En el discurso que da en el ITAM el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, menciona que debe estimularse a la inversión productiva. El señor diputado Jorge Calderón habla de que debió haberse sancionado con mayor rigor a las empresas en la política
fiscal. Y en el colmo de los populismos, un documento suscrito por el líder estatal del PRD en Tabasco, ofrece que él de llegar a la gubernatura, devolverá a los causantes, lo que éstos paguen por impuesto sobre la renta a la Federación.
Esto si es calificado de congruencia, no sé entonces qué es o de qué estamos hablando.
Efectivamente, el año pasado se criticó un presupuesto superavitario; se dijo que eso debía destinarse, porque ésta es una tesis también muy recurrente de que todo se resuelva con dinero. Todo hay que resolverlo con presupuesto, todo hay que resolverlo con la intervención del Estado.
Se explicó que era prudente en un año de transición, que ese superavit fuera una reserva en caso de riesgo, se destinara a disminuir deuda pública porque ello nos iba a permitir en el futuro, incrementar el gasto de inversión, incrementar el gasto social, y, de hecho, apostamos al crecimiento económico. Esto está claro; ha habido crecimiento económico. Muchas veces no como lo esperado, no como lo deseado. La economía se enfrenta a situaciones que a veces son imprevisibles, como lo que está sucediendo a nivel internacional. Sin embargo, el país tuvo crecimiento económico.
Aquí en cada intervención del diputado Calderón, escuchamos el problema del déficit de la cuenta corriente. Pero ¿hemos escuchado una propuesta? Que lo haga público y que su partido sea congruente, que quieren devaluar. ¿O volvemos de nuevo a cerrar la economía? ¿Dónde está su propuesta para evitar el déficit en la cuenta corriente?
Sabemos que está entrando capital, sabemos que en el balance capital y en las reservas internacionales y de divisas del Banco de México tenemos suficiente margen para cubrir la emisión de moneda. ¿Entonces cómo evitarla? ¿O como Congreso hacemos una sugerencia de cambio de política económica al Ejecutivo?
Todo esto son reflexiones que yo me hago, porque cada vez que aquí se sube a la tribuna nos recuerdan las cifras de 1982 o las cifras de la década de los 80.
Efectivamente en algunos casos apenas el gasto programable está aproximándose a lo que se hizo en esos años. Pero ¿cómo se cubría el presupuesto en esos años? Con déficit, incrementando la deuda pública o bien a base de los ingresos por el petróleo. Y ahora se está financiando el presupuesto con una política sana, con una política fiscal que se ha incrementado por los causantes que se han incorporado, por una política que, repito, no está incurriendo en déficit.
Yo siento que el reto mayor, sin lugar a dudas, es vincular crecimiento y equidad. Yo creo por eso que tratando de, en breves palabras, decir qué es lo que ha sucedido en México a la política económica y que la cuenta pública es un reflejo de ello, es que se han vencido dos inercias: la inercia de la inflación y la inercia de la pobreza.
Vencer la pobreza con un déficit o emitiendo moneda, nos lleva a la inflación y eso golpea más precisamente a las clases depauperadas.
Por eso yo creo que éste es el mérito fundamental. Y aquí me permito irnos inclusive a las cifras del INEGI y la CEPAL.
Que se pueda poner en duda que de los 14 millones 900 mil mexicanos que estaban en pobreza extrema en 1989 bajó a 13 millones 600 mil en 1992. Estoy de acuerdo. Vamos a discutir esas cifras. Vamos a ver cuáles fueron los criterios utilizados.
Pero sí me remito a lo que en esta tribuna dijo algo que a mí me sorprendió Rosa Albina Garavito. Dijo: "Concedemos, sin aceptar, que pudiera estar iniciándose una reversión en el proceso de concentración del ingreso".
Pero podemos conceder que empiece a revertirse esta tendencia. Desde luego ella señalaba que quedaba un problema mayúsculo: ¿dónde quedó? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a pagar la deuda social acumulada?
Es cierto. Ahí está uno de los grandes retos del México de hoy.
Y el mismo ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, recientemente en su discurso, decía: "La lucha de todos nosotros ha alcanzado logros importantes que se reflejan en la existencia de una sociedad con mayor capacidad de respuesta, más participativa, más atenta al acontecer político, más crítica y más solidaria en el desarrollo de una mucho mayor capacidad de movilización que la propia sociedad, como hemos visto, combativa en la defensa de sus derechos".
¿No está significando esto que estamos ante otra sociedad? ¿No acaso tenemos mayor población urbana que rural? ¿No acaso eso de alguna forma está abatiendo la pobreza extrema?
Se dice aquí simple y llanamente que todos los resultados económicos son negativos, que no han
repercutido en una mejoría en el bienestar de los mexicanos. Y sobre esto quisiera yo reflexionar un poco.
¿Qué es la pobreza? ¿Cómo podemos entender? Aquí el diputado Fauzi Hamdan en su intervención al analizar la política económica del Cuarto Informe, señaló una definición que en principio a mí me parece aceptable: "La pobreza extrema, dijo él, según el Banco Mundial se define como aquélla en que las personas perciben ingresos que no exceden del 50% de satisfactores primarios".
El documento al que me he referido, del INEGI y de la CEPAL, habla de una línea de indigencia, que es el ingreso suficiente para adquirir la canasta básica para satisfacer una familia.
Otros escritores, otros sociólogos, hablan de que la pobreza es la falta de las capacidades básicas que permitan al individuo aumentar sus niveles de ingreso y consumo. En este sentido la pobreza es una enfermedad endémica; el pobre es pobre porque no puede dejar de serlo.
Y hay autores que lo mezclan con el concepto de libertad, y se dice: "Yo soy libre", puede tener tres sentidos, puede significar: se me permite, soy capaz y tengo el poder de. Se me permite, alude a una libertad de, es decir, una libertad negativa. Soy capaz y tengo el poder de, remiten a una libertad para, o sea, una libertad positiva. En este sentido, estaríamos hablando que abatir la pobreza es consolidar la libertad positiva, o sea, darle instrumentos a los seres humanos para que puedan intervenir en el mercado, para que se puedan incrementar esas capacidades básicas a las que aludía la anterior definición; es un poco lo que en su tiempo Carlos Marx llamó las libertades formales y las libertades reales; las libertades formales, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, que es garantizada por el Estado, y las libertades reales, el acceso a los bienes que permite incrementar las capacidades básicas y ser sujetos participativos en el mercado, en la sociedad en su conjunto, ser inclusive ciudadanos.
También se alude mucho a las necesidades insatisfechas, éste es un concepto también del Banco Mundial cuando se habla de que hay cuando menos seis necesidades básicas, que es: atención a la salud, agua, drenaje, vivienda, empleo y educación, y que a través del acceso a estos satisfactores podemos también cuantificar la pobreza en una sociedad.
El doctor Aspe Armella nos decía lo difícil que es abatir en 1% la pobreza cuando se tiene que incrementar para lograr abatir ese 1%, cuando menos 2% del PIB arriba del crecimiento demográfico. Entonces, realmente es el reto más serio, más difícil, que venimos arrastrando un enorme rezago; recordemos desde Humboldt cómo ya se denunciaba a México como el país de las disparidades, de las iniquidades, de las injusticias.
De hecho también tenemos que reconocer que la política social es reciente en el Estado mexicano. Si nosotros analizamos un poco la historia de nuestro Estado, tendremos que encontrar que somos un Estado joven, en sus 200 años, la primera cuarta parte, los primeros 50 años, propiamente no podemos hablar de que ya teníamos un Estado; de 1824 a 18531855, que fue la caída última de Antonio López de Santana, pues realmente nos desenvolvimos en asonadas, en motines, en pérdida de territorios involucrados en conflictos internacionales.
El breve período de la república restaurada, en donde desde mi punto de vista se consolida ya como soberanía, en la República restaurada se consolida la institución presidencial con Benito Juárez, de 1867 a 1872 y después de este breve período caímos de nuevo en los conflictos internos, la dictadura, la revolución en este siglo y prácticamente, con todo y que Venustiano Carranza analiza esa gran revolución social, es de 1929 a la fecha que podemos hablar que se ha conformado una política social.
¿Cómo podemos definir esa política social? En un sentido amplio, es aquélla cuyo objetivo primordial es apoyar o mejorar las condiciones de vida de la población, entiendo estas últimas a partir de la insatisfacción de las necesidades más elementales de los individuos: alimentarse, proteger la salud, educarse y habitar en condiciones adecuadas para la vida social.
En el Estado mexicano a esa política social se le ha llamado asistencia social, previsión social, política para los grupos de menores ingresos; recordemos la existencia de Coplamar, entre otros organismos.
Y esa política social sin duda ha tenido avances. En 1960 se consideraba que la pobreza, el porcentaje total de la población era el 76%, en 1970, 61.5%; en 1977, 54.2%; en 1981, 45%; por cierto en 1987 subió a 50.9% y sin lugar a dudas en estos años ha habido una intensa política social para satisfacer necesidades básicas de los mexicanos.
Vemos los datos del informe: 16 millones más de mexicanos tienen energía eléctrica. ¿Qué significa
la energía eléctrica? Significa acceso a la educación, significa disminución en las labores del hogar. Acceso a la información. Significa inclusive seguridad pública. Recordemos cómo en los pueblos que tienen energía eléctrica de inmediato disminuye la delincuencia, hay 13 y medio millones más de mexicanos con agua potable, hay 11 millones con drenaje.
En el sexenio se han construido por los organismos estatales cerca de 1 millón de viviendas, en el último año fueron 320 mil. Entonces yo sí estoy convencido que mediante esta política, mediante esto de hacerle llegar la satisfacción de necesidades básicas a los mexicanos, sí constituye una repercusión positiva de la política económica, sí constituye una forma de mejorar el bienestar social que en última instancia es el criterio más eficaz para medir la función de un Gobierno, para medir su tarea que está encaminada precisamente al servicio de toda la sociedad.
Hay problemas graves, tenemos transiciones sumamente difíciles, por ejemplo en toda la política agropecuaria, en modificar el marco jurídico, en tratar de delinear una política en lo que los subsidios beneficien a más depauperados, entendiendo esta inmensa dualidad que hay en el campo mexicano en donde también a mí me sorprende mucho esta crítica que afortunadamente ahora ya tendrá que ser propositiva, porque hay en los rumbos de México ya un candidato del PRD haciendo una oferta, o sea ya no tendrá que circunscribirse a la crítica, sino también hacer una propuesta y ¿qué propone el señor candidato del PRD para resolver el problema del campo? Nada menos y nada más que retornar al reparto de la tierra.
Eso a mí me parece más que una quimera una mentira cruel a muchísimos campesinos, muchísimos mexicanos, un populismo salvaje, ése sí salvaje, porque va de nuevo a crear inquietud, crear confrontaciones cuando sabemos que la tierra es un bien finito que no puede garantizar el Estado de ninguna manera, el acceso a quien lo solicite. Ojalá el diputado Jorge Calderón, tiene algunas ideas de cómo encontrar tierra, ojalá, yo también tengo algunas un tanto ya en el sueño y en la quimera, para que pudiéramos coincidir con estas tesis, porque eso sí que para mí sería novedoso, cómo satisfacer la demanda de tierra, que el señor ingeniero está de nuevo postulando como una bandera de modernidad, retornar al reparto agrario, consignar de nuevo en la Constitución el derecho a la tierra y quitar, porque así lo señaló, a los ejidatarios la posibilidad de que determinen el régimen jurídico de sus parcelas, cuando precisamente estamos en una transición complicada y difícil, a mí sí me gustaría escuchar cómo se van a obtener estas tierras.
Por todo lo anterior y de ninguna manera asumiendo que las cosas están totalmente resueltas, repito, el reto de vincular crecimiento y equidad es el reto de la economía, es el reto de éstas y de las próximas generaciones, cómo impulsar la inversión sin desalentarla, cómo distribuir adecuadamente los recursos, cómo generar empleos, cómo ir afinando la política social; la política social en muchos países, no es tan sólo el nuestro, es difícil de canalizarla para que llegue efectivamente a quien mayor lo requiere.
Muchas veces hay estructuras corporativas intermedias, hay liderazgos viciados que distorsionan la política social, lo acepto, es difícil diseñarla. Se critica que pudiera caer como una especie de aliento a la adhesión política, yo creo que todo acto de Gobierno está sujeto a la calificación del ciudadano mediante el voto. Todo acto de la administración pública está sujeto a ese pequeño instante en el que el ciudadano se convierte en autoridad, o sea cuando vota y en ese sentido califica y sucede en todas las naciones, y sucede en todas las democracias que se han ido construyendo lentamente, consolidando una cultura política que nos permita también en el debate tratar de hacer coincidir los discursos sobre los mismos hechos, porque creo que cuando logremos ello, cuando logremos alcanzar esta madurez, sin duda alguna encontraremos que nuestras coincidencias son mucho más nutridas que nuestras diferencias. Muchísimas gracias.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Como miembro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y como secretario de la misma.
El Presidente:
Diputado, se le enlista al final de la relación que existe ya de oradores y continuamos con los previamente señalados... Para rectificar hechos, tiene usted cinco minutos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente:
Aunque utilizaré algunos escasos de estos preciosos segundos que tengo, es en primer término para discrepar con el turno que se dio a mi intervención, dado que en una ocasión previa, el diputado Lujambio pidió la palabra en los términos del 100 como miembro de la Comisión propiamente, que da derecho a dos intervenciones en el debate propiamente dicho y en esta ocasión resulta extraño que a un servidor de ustedes se niegue un derecho que en ocasión previa se otorgó al diputado Lujambio en estricto apego al Reglamento.
Voy a referirme sin embargo, a algunos de los puntos de manera precisa. No hay ninguna contradicción entre el discurso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en su condición de candidato de la Alianza Democrática Nacional y lo que hemos sostenido en esta tribuna.
Estamos por el apoyo al empresariado mexicano, principalmente la mediana y pequeña empresa; por la reducción de las cargas impositivas a los sectores que se la juegan por México invirtiendo y creando empleos y por aumentar esos y la fiscalidad a los sectores especulativos y parasitarios. En esto no hay ninguna contradicción, es parte de una propuesta global de Gobierno.
No queremos que todo se resuelva por el gasto estatal; creemos, como la Constitución lo establece, que la unión de los esfuerzos del sector público, del sector privado y del sector social, puede crear un perfil distinto de nación en beneficio de todos los mexicanos; buscamos un crecimiento económico, ordenado y justo en beneficio de todos los municipios y sectores productivos y pensamos que el déficit de la balanza en cuenta corriente puede ser severamente reducido no a través de una devaluación, sino fundamentalmente por la vía de créditos que apoyen el desarrollo de la mediana y pequeña empresas, con un programa nacional, lo hemos dicho varias veces, de reconversión agrícola e industrial que permita que la empresa mexicana pueda competir en igualdad de condiciones crediticias y tecnológicas con la empresa extranjera, porque no se vale que al empresario mexicano se le castigue con créditos tres veces más caros de los créditos que obtienen las transnacionales y corporativas extranjeras y se requiere racionalizar la apertura comercial y modificar los términos pactados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para ampliar los periodos de protección a la industria y la agricultura mexicana y prepararlas para la competencia extranjera.
También pensamos que es falso que se haya roto la inercia inflacionaria, que se haya modificado las tendencias de la pobreza. Desde el momento en que hace apenas unos días fue preciso, por enésima ocasión, recurrir a un mecanismo corporativo de control antiinflacionario que es los pactos, que no tienen base constitucional, desde el momento que sigue habiendo candados impuestos al costo de la mano de obra y al tipo de cambio, no hay un aterrizaje inflacionario.
Cuando desaparezcan los pactos podrá el Gobierno cantar victoria, antes está utilizando terapias de choque que se han prolongado indefinidamente para una política antiinflacionaria que en cualquier momento, de haber una súbita fuga de capitales, puede generarse un desequilibrio global que eche por tierra muchos de los logros de la política macroeconómica del Gobierno.
Cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se refiere a las tendencias en las que está inscrita la sociedad mexicana, no habla de cambios que el Gobierno indujo, sino de un pueblo, una sociedad civil, sectores productivos y organizaciones sociales que a pesar de la acción pública, no gracias a la acción pública, están hoy mejor preparados para el combate por la democracia y para la defensa de la soberanía de los que estaban hace varios años.
Y sostenemos con conocimiento preciso de lo que se ha publicado sobre el Informe de la CEPAL, que no puede afirmarse en bases solamente a la canasta alimentaria, que haya una disminución de la pobreza. Las condiciones de vida de la población solamente pueden ser evaluadas con una conceptualización que implique vivienda, salud, condiciones de vestido, condiciones globales de calidad de la vida, condiciones globales de educación y no sólo con la canasta alimentaria, y por tanto sostenemos, no voy a extenderme porque voy a respetar el acuerdo del Presidente, aunque lo impugno, que es ilusoria la afirmación de que hay una disminución de la pobreza. Los datos del censo de 1990 y los datos regionales sectoriales que algunas dependencias del Gobierno han publicado,
muestran por el contrario un crecimiento sustancial de las condiciones de pobreza, de desempleo y de degradación de grandes sectores de la población, y si alguien lo duda, que se lo pregunte a los productores del Barzón, tanto zacatecanos como jaliscienses, si ellos han visto mejoradas sus condiciones de vida y sus condiciones de ingreso.
Señor Presidente, le pido un minuto más para terminar esta argumentación.
El Presidente:
Adelante, diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Gracias.
Por otra parte, efectivamente hay una búsqueda de un nuevo modelo económico. Nosotros rechazamos todo calificativo que nos parece inaceptable de un populismo salvaje. Reivindicamos y lo seguiremos reivindicando en todos los rincones de la patria, el derecho soberano del campesinado a la tierra y el respeto a la auténtica pequeña propiedad, pero cancelar el reparto agrario cuando existen 20 millones de hectáreas en manos de terratenientes y neolatifundistas, es una medida que atenta contra derechos fundamentales del pueblo mexicano y del campesinado.
En otro momento expondremos cómo es nuestra propuesta en materia de un desarrollo...
El Presidente:
Señor diputado Calderón, pregunta el diputado Juan José Rodríguez Prats si acepta usted una interpelación.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Claro que sí.
El Presidente:
Adelante, diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):
¿Me podría precisar más esos 20 millones de hectáreas, porque me parece una cifra que precisamente es lo que yo englobo con ese calificativo que hice, ¿dónde están?, ¿cuáles son?
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Mire usted, señor diputado, las organizaciones campesinas con implantación territorial, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y en general el conjunto de organizaciones agrupadas en el Consejo de Organizaciones Agrarias, con base en un examen de los catastros rurales de diferentes regiones del país, con base en un conocimiento preliminar, desafortunadamente incompleto, porque no ha habido cooperación de las autoridades agrarias, de la dinámica de concentración de la tierra en la República mexicana, han hecho una estimación que puede ser complementada si hubiera un foro o mesa de trabajo específico para ello, de que existen alrededor de 20 millones de hectáreas en manos de propietarios privados que exceden los límites definidos por la Constitución antes de la reforma al artículo 27 constitucional, y en la medida que nosotros y estas organizaciones campesinas hemos cuestionado esa reforma, seguimos considerando que toda propiedad privada de la tierra que exceda 100 hectáreas de riego o sus equivalentes en otros tipos de terreno, es afectable desde el punto de vista de la tradición histórica de la Revolución Mexicana. En base a eso mi apoyo.
Si usted quiere una respuesta específica podemos, y termino la respuesta, como Congreso de la Unión y particularmente como Cámara de Diputados, convocar a un foro campesino y puedo presentarle a usted datos, Estado por Estado, municipio por municipio y región por región, de propiedades susceptibles de ser afectadas con base en la antigua Ley Federal de Reforma Agraria.
Termino porque ésta fue sólo una pregunta que se me formuló, diciendo que no soñamos con que el territorio de México pueda ser extendido, lo que queremos es un ámbito de justicia y libertad, lo que queremos es que el derecho de los campesinos a la tierra sea respetado de manera irrestricta y que la herencia histórica de la Revolución Mexicana, la herencia del derecho a la tierra establecido en la Constitución de 1917, sea estrictamente respetada.
No aceptamos que de un lado se genere desempleo, miseria, marginación y expulsión del campesinado
de la tierra a través de malas políticas económicas que afectan ingreso y empleo, y por otro lado se utilicen escasos recursos vistos en su conjunto, para paliar los efectos de una política económica devastadora.
La nación, finalizo, merece otra ruta, una ruta con libertad y justicia, con inversión productiva, con expansión del ingreso y del empleo, con racionalización de la apertura comercial y con un Estado que use los recursos del pueblo para apoyar el desarrollo de la nación.
Muchas gracias y me reservo el derecho de intervenir posteriormente.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats por cinco minutos.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señor Presidente:
Yo me felicito que haya intervenido por segunda ocasión el señor diputado Jorge Calderón, porque me lleva a confirmar mi tesis de que ya cuando se discuten cosas concretas, parece ser que las grandes diferencias se vienen al suelo, o sea, habla de que hay que reducir tasas impositivas, ya no es simplemente gravar a todo el conglomerado de causantes, habla de una política crediticia que de alguna manera está instrumentando el Gobierno.
Le suplicaría sí, suavizar el que se califique a una afirmación que nosotros hacemos, de que hay indicios de con base en la pobreza, que nos permiten afirmar que la inercia ha disminuido. Yo no las calificaría de falsas o verdaderas; creo que en este terreno tendremos que suavizar también el lenguaje, decir simple y llanamente: no coincido, pero no es falso ni verdadero, en todo caso se fundamenta; yo hablé de cifras, de por qué existe desde mi punto de vista un mayor acceso de los mexicanos ubicados en extrema pobreza o en pobreza a determinados bienes de acuerdo a las cifras del informe.
Tengo las cifras de la Comisión Federal de Electricidad, donde están los contratos de la tarifa uno, que es tarifa domiciliaria, en donde se esta incrementando en 16 millones de mexicanos que ya tienen ese servicio.
Porque se negocia con una estructura corporativa, por eso se desecha un pacto y por eso se dice que la inflación no es cierta. Yo creo que son dos fenómenos distintos: el Estado mexicano hace uso de instrumentos, celebra pactos de acuerdo a sus atributos en la Constitución, y si concierta malo, si no concierta peor, entonces tenemos que coincidir todos los sectores para poder establecer una estrategia económica y política. No sé por qué se desechan los pactos, pero por otra parte la inflación en todo caso es un resultado de un pacto; no porque se objete el pacto se objete la inflación.
Y en relación a la tierra, yo he escuchado, lástima que ahora no lo dijo el diputado, porque está incurriendo en un desconocimiento grave de lo que era la Ley de Reforma Agraria, porque yo he escuchado siempre en el diputado Calderón, que alega que hay tierra disponible porque la propiedad ganadera, que se define en la Constitución como la suficiente para repastar a 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, puede ser más eficiente, y aquí quedarían esos 20 millones de hectáreas a lo que él se refiere.
Efectivamente, nada más que yo quiero que me dé el nombre de un solo ganadero o dónde está la lámpara de Diógenes, que sea más eficaz, que sea más productivo si eso va a llevar a que sus tierras sean afectables.
Pero por otra parte y precisamente en el conocimiento de la legislación anterior, parece ser que el diputado Calderón desconoce lo que es el índice de agostadero, que fue un concepto que tuvo que crear la Ley de Reforma Agraria precisamente para proteger la eficiencia en la inversión, y que señalaba en el reglamento del certificado de inafectabilidad, que el hecho de que una propiedad se convierta en más productiva y pudiera rebasar esa cifra de 500 cabezas de ganado menor, no lo hacía afectable, o sea si un propietario ganadero mete, puede meter hasta 2 mil reses en 50 hectáreas, porque puede hacer estable, e irse a alimentar su ganado con alimento balanceado, pero eso no va a hacer que la superficie excedente ya sea afectable. Eso es un desconocimiento de lo que existió en la Ley anterior.
En todo caso, si de quimeras vamos, ahí está un compañero de partido de ustedes, Eraclio Zepeda, que hablaba en uno de sus cuentos de cómo se podría planchar Chiapas y que llegue hasta Chihuahua, y entonces sí podrá resurgir de nuevo el reparto agrario como derecho de los campesinos. Muchas gracias.
El Presidente:
Por cinco minutos, diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente:
Habrá tiempo en intervenciones posteriores en regresar al examen específico de las cuentas de la nación, que es una de las vertientes básicas del examen de cuenta pública, aquí estamos refiriéndonos a los antecedentes y bases de este dictamen, que en la primera parte, a nuestro juicio, hace un elogio inadecuado, incorrecto, de los resultados macro de la política gubernamental.
Entrando en materia. Precisamente, por su afirmación, nosotros defendemos que un gobierno legítimamente electo por el voto de los mexicanos, debe concertar con todos los sectores productivos, con la sociedad civil, con los ciudadanos, con grupos empresariales, sindicatos, organizaciones campesinas y grupos civiles di versos.
Los pactos, lo hemos dicho desde 1987, como ciudadanos lo dijimos, no representan los intereses del conjunto de los mexicanos; se trata de un caso típico de corporativismo, donde personas que se dicen representar a obreros y a empresarios, asumen y toman decisiones que no corresponden a sus propias atribuciones, sino son decisiones
que sólo deben estar en manos del Poder Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión.
Y ratifico que un mecanismo antiinflacionario basado en el control del gasto público y el control del costo de la mano de obra, castigando con más de un 16% al salario mínimo en los últimos cincos años, es un medio de controlar la inflación, pero sobre la base de la miseria de grandes sectores de mexicanos. Ese control antiinflacionario no lo queremos, porque no se basa en normas mínimas de equidad y de justicia.
Y también le digo, señor diputado, que como hijo de agricultores y ganaderos sinaloenses, desde que tengo memoria conozco los índices de agostadero; mi padre era ganadero, mis tíos, abuelos y familiares lo eran también. Pero con conocimiento del índice de agostadero, también le digo que desde hace muchos años las organizaciones campesinas de muy diversas regiones del país, incluida la propia Confederación Nacional Campesina, a donde asistí en varias ocasiones a sus congresos, ha cuestionado las decisiones que autoridades administrativas de la Secretaría de Agricultura, posteriormente, y de Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria han hecho sobre índices de agostadero que consideraban abusivos para los intereses de los campesinos.
Y hay una vieja aspiración del campesinado mexicano, en el sentido de que la definición de índices de agostadero se haga con base en criterios de equidad y de justicia, y no de manera abusiva, afectando las tierras que pueden ser susceptibles de reparto agrario.
Y cuando afirmé que había tierras susceptibles de reparto con base en la vieja legislación, me referí fundamentalmente no sólo a las tierras susceptibles de afectación con modificación de índices de agostadero, vía incremento de productividad de los propios ganaderos, me referí en general a violaciones legales que existían en el marco de la legislación agraria, en donde numerosos propietarios privados tenían propiedades mayores de las que permitía a la propia legislación, cosa que seguimos sosteniendo.
Pero hay un elemento que me parece importante puntualizar, el que todo acto de gobierno debe estar sujeto a la calificación del ciudadano mediante el voto que debe sancionar y, en su caso, castigar malas o erróneas políticas económicas y políticas sociales.
Ha sido lucha, no del PRD, del conjunto de la ciudadanía de esta nación, el respeto al voto, el que el voto cuente y los votos se cuenten, el que hayan mecanismos transparentes en donde la voluntad popular pueda ser expresada a través de elecciones libres y legítimas.
Desafortunadamente, durante ya un largo período histórico, este derecho elemental del pueblo mexicano no ha sido respetado, y en consecuencia, el castigo que el elector le puede imponer a una mala o errónea política económica, se ve desvirtuada por el hecho de que a través de la defraudación del voto ciudadano no se puede expresar esa facultad constitucional del pueblo mexicano para elegir órganos de Gobierno y cambiar de políticas cuando lo estime pertinente.
La lucha, pues, por el respeto al voto, está ligado a la lucha por el cambio en la política económica y en la política social y por un nuevo esquema de defensa de nuestra planta productiva, de defensa del ingreso y de defensa del empleo.
Y otro punto final que quisiera referirme, es ratificar que en combate a la pobreza existe una política distinta en materia de desarrollo económico.
No se puede combatir únicamente, y termino, no se puede combatir únicamente la pobreza, con banquetas, drenaje y electricidad, hay que dar ingreso, empleo, justicia, libertad y facultad propia para sostener a sus familias, a esos millones de mexicanos que carecen de empleo.
Mientras existan en este país tres de cada cuatro mexicanos sin empleo permanente y estable, y con ingresos de infrasubsistencia, no podremos hablar de democracia y justicia en México. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Dice la Constitución, dice la Constitución que "la revisión de la cuenta pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera.
"Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda, aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto, o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley". Eso dice la Constitución.
Dice la Ley Secundaria, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, "que la Contaduría Mayor de Hacienda tiene como facultad promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades".
Yo he estado en tres legislaturas, la LI, la LIII y en esta LV Legislatura; hay aquí diputados federales del grupo parlamentario del partido de la mayoría, que han estado quizá en más legislaturas, y hay destacados diputados miembros de la Gran Comisión, que incluso han ocupado puestos en el Gobierno Federal, que yo estoy seguro que tienen una información mayor de la que yo dispongo, y yo quisiera que me citaran los casos en que la Contaduría Mayor ha promovido el fincamiento de responsabilidades, los casos en que se han desahogado procesos penales derivados de ese fincamiento de responsabilidades, después del análisis de la cuenta pública del Gobierno Federal.
Pero todavía daría un dato más, señores diputados. Ustedes escucharon la intervención de una diputada de la mayoría, terriblemente agresiva; yo no lo veo mal, todos debemos ser agresivos en la defensa de nuestras propias posturas y de nuestra propia argumentación.
Y quizá ustedes, diputados de la mayoría, ¿con qué solidez esta señora diputada defendió la bandera de la mayoría, que es el apoyo a esta cuenta pública del Gobierno Federal? Y vamos a examinar la solidez de la señora diputada. ¿Qué dijo la señora diputada?
Pues dijo que tenía mucha información. Dijo: señor diputado Lujambio, miente, miente a tal grado que tengo el escrito referido ¡ah! y citó la fecha en que se recibieron los Anexos, el Informe, la cuenta pública del Gobierno Federal. ¿Y saben qué vino a debatir? ¿Vino a debatir la cuenta pública de 1992, que es el tema? No, señores diputados. Vino a debatir la cuenta pública de 1991, y un año después, un año después, un año después en estas mismas fechas, vino a dar respuesta, respuesta que no pudo dar hace un año, cuando hablábamos del desfasamiento presupuestal del ISSSTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Ferrocarriles Nacionales de México. Pero a la mejor la señora diputada tiene razón.
Yo quiero pensar que, nosotros, diputados de la oposición, no pudimos, señores, haber establecido la distinción del flujo y reflujo al que ella se refirió en su intervención. Pero, ¿qué reflejó, diputada? ¿Saben qué reflejó? Si ella no pudo dar esas respuestas que ahora nos da hace un año de la cuenta pública de 1991. Y dijo, y se volvió a citar en la Comisión Permanente, y ella era miembro de la Comisión Permanente y en su momento tampoco pudo replicar.
Y ahora cuando estamos debatiendo la cuenta pública de 1992, nos da argumentación de la cuenta pública de 1991 y nos está demostrando algo: que los señores diputados de la mayoría como ella, que tienen información privilegiada por encima de los diputados de la oposición, que tienen la fuente directa que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no pudo tener esa información hace un año. Tardó un año para tenerla y poder venir a argumentar aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados. ¡señores diputados!, ésa es la solidez de la argumentación de la señora diputada.
Pero le dice: miente, diputado Lujambio. Miente. ¡Ah!, muy cuidadosa. Traía tarjetas precisas, con la cita textual y dio lectura puntual a estas tarjetas. Que el señor diputado Lujambio diga, que de 700 propiedades del ISSSTE, el 50% no tengan
regularizado sus títulos de propiedad, ¿miente, diputados? ¿Y con qué fundamenta su imputación de mentira la señora diputada?
Dice: Mire, no son 700, son 759; y luego las que no tienen regularizada su situación en cuanto a títulos de propiedad nomás son 480. Pero no tiene razón, diputado Lujambio, dice la señora diputada. Hizo una alusión a mi persona, dijo: Y usted es abogado, me extraña que sea abogado. Dijo: solamente les falta la aprobación, son donaciones, señores diputados, a las que les falta, nada más, un detalle sin importancia: la aprobación de los congresos de los estados y les faltan los trámite de escrituración ante los notarios públicos correspondientes. Como ven ustedes, no hay problema. ¡Miente el diputado Lujambio!
Pero, señores, después que eso es secundario, que es fruto quizá de la pasión y de las posturas políticas, vamos al tema, al tema diputada, al tema de la cuenta pública del Gobierno Federal. Que damos, señores, argumentos, y quiero decirles que desde la primera diputación de Acción Nacional en el año 1946, hemos reivindicado el derecho del Congreso a fiscalizar al Poder Ejecutivo. ¿Y cómo lo fiscaliza esta Cámara?
Fíjense cómo lo fiscaliza. Leamos el dictamen, señoras y señores diputados. Dice la diputada: "hay que trabajar, diputados". Claro que nos metemos a trabajar, es trabajo duro, y duro, terriblemente para la oposición, no tenemos la fuente directa de Hacienda, tenemos que hurgar en los datos de los apéndices de la cuenta pública, de la información que se filtra.
¿Cómo fiscaliza este sistema que pudiéramos decir de división de poderes, de un Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados, crítico, crítico aunque sea con crítica constructiva del Gobierno Federal, del Ejecutivo Federal?
Los objetivos de la política económica para 1992 fueron reducir la tasa de inflación a un solo dígito. ¡Cómo iba a escaparse! El gran logro del Gobierno de Salinas: reducir la inflación a un solo dígito. Lo reconocemos. ¿Pero no les parece que una crítica constructiva de un Poder Legislativo sería analizar las luces y las sombras, a costa de qué?
¿A costa de qué, señoras y señores diputados? Si se hace un análisis de los resultados económicos de que habla el dictamen, hay que hablar de las sombras, del desempleo brutal, ya no digo que ya son privilegiados, ya no digo del salario mínimo, ya no digo del pequeñísimo ingreso aún en el salario contractual, que son privilegiados, ya en este momento hemos llegado a un grado de que esos trabajadores, señoras y señores diputados, son privilegiados porque tienen empleo, la brutal situación de los millones que no tienen empleo.
Y yo desconfío de la cifra de desempleo que da el dictamen. ¿Desempleo real, subempleo? Y luego dice: "Los logros obtenidos por el sector público. El índice de inflación fue el más bajo de los últimos 17 años. La actividad económica aumentó a una tasa mayor que la de la población. El crecimiento de la inversión privada fue el más alto de los últimos 13 años. El gasto del consumo privado creció respecto a 1991 en 5.9%".
¿Para qué doy más datos? ¿Para qué doy más datos? Vean párrafo por párrafo del dictamen, fragmento por fragmento del dictamen. ¿Qué es el dictamen? ¿El análisis crítico de la Cámara de Diputados, el ejercicio de la facultad de que habla la fracción IV del artículo 74?, no señores, es la loa al Gobierno Federal.
Han renunciado, señores de la mayoría, a su capacidad de crítica en este Gobierno y en los anteriores.
Pero tienen un argumento, un argumento ¡caray!, que yo lo reconozco, ingenioso. Qué importa que el Poder Legislativo se haya desfasado en el presupuesto aprobado, en más de 150 mil millones de pesos.
Dice la diputada, cuando hacía la crítica a la intervención de mi compañero Lujambio: "Señor diputado, usted nada más dio cifras de las paraestatales. ¿Por qué no se atreve a dar cifras del resto de lo que son los poderes, llámese Legislativo, Judicial, Ejecutivo? Porque las paraestatales son las únicas dijo la diputada, son las únicas de ser objeto de auditoría externa".
Bueno, pues yo aquí tengo un gazapo que a la mejor no es, a la mejor no es porque del apéndice, en numeritos muy chiquitos, dice: "Poder Legislativo 296 página 17 del Apéndice, 296. 8. La cantidad exacta es 296.778" en viejos pesos 296 mil millones y pico de viejos pesos. No, el presupuesto que aprobamos no es ése; aunque lo diga el Apéndice. El presupuesto para beneficio de los señores de la mayoría, es mayor, es de 348 mil 778. Es mayor. Y aun así hay un desfasamiento en el Poder Legislativo, porque ejercido es 498 mil 399. Hablo en miles de nuevos pesos o millones de pesos anteriores.
Ciento cincuenta mil millones de pesos que se desfasó el Poder Legislativo. Yo puedo decir el
Judicial y a mí no me parece mal, ¿cómo me va a parecer mal, señoras y señores, que se aumente al Poder Judicial, por dar un ejemplo, el 64% que fue el desfasamiento del presupuesto? No me parece mal, México necesita mejor justicia.
Pero señores, no estamos pintados los diputados en la pared; no estamos para que el Ejecutivo nos vea pintados. Si algunos creen que sí, nosotros en la oposición no, y por eso protestamos. Nosotros en la oposición no. Y ¿saben por qué? ¡ah!, porque dicen: ¿qué dijo el diputado Guerrero? Y la Presidencia tiene la facultad de interpretar el Reglamento.
Pero hoy ha roto todos los precedentes la presidencia; todos los precedentes. ¿Cuáles son esos precedentes?, ¡ah!, si alguien de la comisión quiere hacer uso de la facultad en los términos del 100, se espera al final, se espera al final de la lista de oradores, o sea, que si hay 25 oradores y pide el uso de la palabra la comisión en la mañana, se espera a las 10:00, 12:00 de la noche, que terminen los 25 oradores.
¿Saben cuál es el espíritu del 100, que con todo respeto discrepo
de la interpretación de la Presidencia?, que cuando hay una intervención la comisión esté facultada para hacer las aclaraciones de inmediato, no esperarse 10, 12 horas. Y con todo respeto, rompió todos los precedentes que al menos la práctica ha sido que en los términos del 100 puede la comisión entrar. Y los términos del 108 también. Rompió todos los precedentes.
Pero ése es un tema secundario.
Decía, señoras y señores diputados, que cuál ha sido ya el ingenio de los últimos años. Antes, cuando había grandes índices de endeudamiento, como dijo el diputado Rodríguez Prats:
"Es que ustedes no saben que en 1982, decía Rodríguez Prats, se satisfacía el presupuesto con deuda."
¡Eso estaba mal! Ahora tenemos financiamiento. ¡Qué mala memoria!
¿Y qué decían cuando nos pedían a las legislaturas de 1979, 1982, LI? ¿Cuál era la argumentación?
"Señores, es muy sano, decían, vean el Diario de los Debates, es muy sano pedir dinero prestado, síntoma de la salud de la nación; tenemos crédito ante los países del exterior". Diez, 12 años después, se dice lo contrario. Los pueblos que olvidan la historia decían los griegos están condenados a repetirla. Pero en fin.
Decía a ustedes que cuál es el ingenio. ¡Ah!, pues el artículo 13 de la Ley de Presupuesto.
"El Ejecutivo Federal autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programas y proyectos prioritarios y estratégicos del Gobierno Federal etcétera."
¿Qué quiere decir el 13 de la Ley de Presupuesto, señoras y señores diputados? Quiere decir ¡que ya sobramos! ¡Ya sobramos, señoras y señores diputados! Ya no nos traigan estos apéndices cuando traigan la Cuenta Pública; ya no nos traigan los tomos con cifras y datos. Pídasenos nada más: "Apruébenle al Presidente de la República 30 mil billones de viejos pesos". Y que el señor Presidente de la República a su arbitrio, a su criterio, haga la distribución que le corresponda. Eso está diciendo el artículo 13.
Y ¿saben qué?, ¿saben qué, señoras y señores?, el artículo 13 tiene un vicio de origen:
"La Cámara de Diputados no puede delegar facultades en el Ejecutivo."
¡Ese es el vicio de origen! Pero va a decir la diputada: "Ampárense". Y entonces dirá Rodríguez Prats: "¿Y el interés jurídico, licenciado?". ¿Quién va a tener interés jurídico...?
Señores: pero si todavía se ajustaran al 13, ya tienen el cheque en blanco; ya el año pasado les expidieron el cheque en blanco, el artículo 13 del presupuesto. Es su salida que haya exceso del 60%, del 50%, del 40% en los poderes judicial, Legislativo o Ejecutivo, paraestatales. Ya tienen su cheque en blanco. Pero no les bastó; no les bastó ni siquiera el 13. Porque el 13 dice: de dónde va a tomar el Ejecutivo Federal esas erogaciones extraordinarias. ¡De los excedentes!
Yo no me voy a meter ahorita, porque como decía la diputada: "Es su palabra contra la mía, diputado". Cuando debiera ser: "Es su palabra contra estas pruebas", porque yo soy miembro de la Comisión.
No es a nosotros, es la Comisión la que tiene que fundar; los que están a favor del dictamen.
Pero qué dice, señores. Primero, si hay excedentes, excedentes para incrementar los renglones en el 40 y en el 50%; qué terrible e injusto
para el pueblo de México. ¡Y lo sabían! Eso es lo terrible; ¡lo sabían desde hace un año! Terrible e injusto porque estuvieron colocando sobre las espaldas del pueblo de México, una tasa y un gravamen y una carga fiscal excesiva. Pero ni siquiera se sujetaron a eso.
Dice en la fracción I: "Que de los excedentes que resulten de los ingresos ordinarios se asignaran a la Cámara de Diputados nada más a la Cámara de Diputados dice, no dice al Poder Legislativo; nada más a la Cámara de Diputados los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos en no más del 5%, ¡no más del 5%!, de la cantidad aprobada en el presupuesto".
Yo quizá no sepa matemáticas, pero 150 mil millones de pesos no me parecen que sean el 5%.
Y establece ciertas limitaciones. Además el 13, ¡Programas Prioritarios del Gobierno Federal! ¿En la Cámara de Diputados? ¿En el Poder Legislativo? Esto nomás en dos o tres renglones. Las decenas y veintenas de líneas del dictamen ameritarían un desahogo exhaustivo.
Pero al margen de eso, señoras y señores diputados, la Contaduría Mayor de Hacienda tiene un compromiso, un compromiso que hasta ahora no ha cumplido: fincar responsabilidades. ¡En décadas no ha habido responsabilidades penales derivadas del examen de la cuenta pública en la Cámara de Diputados!
¿Lo hará esta vez? ¿En el quinto año del Gobierno de Salinas? ¿El señor Contador Mayor de Hacienda, honradamente aquí entre nosotros, se le enfrentará al Presidente de la República? Gracias, señores.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo López Gómez.
El diputado Enrique Sada Fernández (desde su curul):
¡Señor Presidente! ¡Pido la palabra!
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado Sada?
El diputado Enrique Sada Fernández (desde su curul):
¡Para hechos!
El Presidente:
Para rectificar hechos, el diputado Enrique Sada.
El diputado Enrique Sada Fernández:
Con su permiso, señor Presidente:
Yo quisiera hacer algunas precisiones con respecto a lo que aquí se ha venido a comentar en intervenciones anteriores.
En primer lugar, yo quisiera que checaramos en el anexo 2, la página 371, que habla sobre las recomendaciones sobre el ejercicio de 1992 que hace la Contaduría Mayor de Hacienda.
La Contaduría, tratando de resumirlo, se refiere básicamente a tres conceptos: un concepto es sobre ejercicios, otro concepto es subejercicios y otro concepto es salvedades.
En los tres conceptos la Contaduría de la Federación le entra a todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque fue propuesta por nosotros, por los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que le entrara a esos tres conceptos.
Por otro lado, con respecto a ejercicios anteriores, yo quiero informarles que la Contaduría Mayor de Hacienda efectivamente no ha emitido pliegos de responsabilidades, ha emitido lo que la Ley...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, ¿quiere preguntar al señor orador si acepta una interpelación?
El Presidente:
Diputado Sada; ¿acepta una interpelación?
El diputado Enrique Sada Fernández:
¡La acepto!
El Presidente:
Adelante, diputado Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor diputado: hay una extraordinaria similitud en las observaciones que el dictamen de ahora, incluso en la redacción, presenta en relación con la cuenta pública de 1992, a las observaciones y pedimentos que se hacen a la Contaduría Mayor de Hacienda en la cuenta pública de 1991. Podría usted citarnos, porque hay un problema que, para no abusar más del tiempo de los diputados, no quise yo señalar en mi intervención; estamos examinando cuenta pública con informe previo, no con informe de resultados.
El señor Contador Mayor de Hacienda el año pasado me dijo que los resultados de las auditorías se reflejaban en el informe de resultados, del que jamás conoce la Cámara de Diputados, pues, como no conocí yo ya el informe de resultados ni este pleno tampoco, ¿podría decirnos, de ese informe de resultados, ya no le pido de años y de décadas y de lustros anteriores, nada más del año pasado, del informe de resultados que refleja resultados también de auditorías, la Contaduría Mayor de Hacienda promovió denuncia?, ¿se instauró algún proceso penal en contra de determinados funcionarios?, ¿podría usted citarnos, darnos a conocer eso o vivimos en un país de funcionarios muy virtuosos? Muchas gracias.
El diputado Enrique Sada Fernández:
Sí señor Castro, con mucho gusto, y a eso iba.
En el tomo, en el anexo 1, página 498, se refiere al seguimiento de las recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda y ahí tiene no 1992, que es lo que usted dijo antes, aquí tiene 1991, 1990 y años anteriores, tiene tres tipos de versiones: las completamente cumplidas, en cuanto a recomendaciones; las parcialmente cumplidas y las no atendidas.
Ahora, usted quiere números, bueno. En cuanto a pliegos de observaciones, pliegos de observaciones que ha emitido la Contaduría y recabado, porque no es la Contaduría la que ejerce directamente la acción, aquí vienen dos tipos de acciones: una de tipo administrativo, en caso de que sea una sanción administrativa, y una penal en caso de que sea penal; bueno, en cuanto a pliegos de observaciones el importe en pesos que ha recabado la Contaduría Mayor de Hacienda ha sido por un monto de 4 mil 157 millones 181 mil 321 pesos actuales.
Ahora, en cuanto a la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal ha obtenido recursos por 7 millones 930 mil 755 nuevos pesos. En cuanto a oficios de señalamiento es por 10 millones 801 mil 161 nuevos pesos, haciendo un total de 22 millones 889 mil 101 nuevos pesos.
En cuentas públicas de 1988 y anteriores, se han hecho..., yo aquí si quiere le entrego todo el desglose. Lo que pasa es que es esto, señor, el procedimiento establece que si hay una sanción de tipo administrativo se finca ¿a través de quién?, de la Contraloría de la Federación. Si hay alguna demanda de tipo penal se va hacia los tribunales penales, al Ministerio Público en caso de que así haya sido.
El Presidente:
¿Sí, dígame diputado?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor diputado, perdóneme, no fue lo que pregunté.
Mire, no puede la Contaduría Mayor de Hacienda pedirle a la Contraloría, ése es el Poder Ejecutivo. Yo le pregunté concretamente, para hablar en castellano, ¿cuántas denuncias penales promovió la Contaduría Mayor de Hacienda?, primero, no cuánto recuperó; segundo, ¿de esas denuncias penales cuántos procesos se instauraron?; tercero, ¿cuántos culminaron con sentencia? Esa fue mi pregunta concreta, gracias.
El diputado Enrique Sada Fernández:
Correcto.
Yo quisiera aquí hacer una aclaración, porque depende del tipo de acción u omisión a la que se haya llevado a cabo. Si se trata de una sanción de tipo administrativo sí es hacia la Contraloría de la Federación. Si se encuentran elementos que puedan configurar algún tipo de delito o alguna cuestión de tipo penal, efectivamente se da cuenta a las autoridades, al agente del ministerio público y éste, en su caso, proseguirá. ¿Cuántos exactamente?, han sido varios cientos,
yo le puedo mostrar en la siguiente vez el resultado de esto, pero efectivamente se ha proseguido en caso de que penalmente haya lugar a eso. Así es, señor Castro.
Por lo demás, aquí dentro de estos dos volúmenes se encuentran las recomendaciones y vuelvo a repetir, se refieren a tres casos específicos; uno sobre ejercicios de presupuesto; dos, subejercicios de presupuesto, y tres, salvedades. En el caso básicamente de salvedades, que son las que generalmente tienen contradicciones graves en cuanto a lo presupuestado contra lo ejercido, se da cuenta, por un lado, a la Contraloría de la Federación y por otro lado, si ha lugar, al Poder Judicial. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias.
El Presidente:
El diputado Juan de Dios Castro, por cinco minutos, para contestar alusiones personales.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente, con base en lo expuesto por el señor diputado de la mayoría, pedí tres datos: cuántas denuncias se presentaron, me dijo cientos. Bueno, ya que hay cientos de denuncias presentadas en la Agencia del Ministerio Público, ya es un buen paso de parte de la Contaduría Mayor de Hacienda. No me dijo cuántos procesos se radicaron, no me dijo cuántos culminaron con sentencia, a la mejor está en uno de sus apéndices, diputado, pero con base en lo expuesto por el señor diputado, solicito y que se agregue a la firma que estampo en esta hoja, que el señor Presidente instruya a la Contaduría Mayor de Hacienda que dé a conocer al pleno, las denuncias, los cientos de denuncias a los que se refirió el señor diputado. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Manuel Díaz Infante, por cinco minutos.
El diputado Manuel Díaz Infante:
Con su venia, señor Presidente:
Nuestro compañero y amigo el diputado Juan de Dios Castro, hizo aquí un comentario de que el Poder Legislativo había ejercido el orden de más o menos 150 millones de nuevos pesos adicionales a lo aprobado. Para ilustrar a la Asamblea, yo quisiera leer el artículo segundo transitorio del decreto por el cual se aprobó el presupuesto. Y dice así:
"El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, queda facultado para proveer dentro de los montos del Presupuesto de Egresos aprobado por el presente decreto, los recursos necesarios para continuar con el Programa de Reconstrucción del Recinto Legislativo de San Lázaro."
Esta cantidad que el compañero Juan de Dios Castro interpreta que fue ejercida en demasía para beneficio de la mayoría, no fue para beneficio de la mayoría, fue para beneficio de todos nosotros, porque estamos aquí en este Palacio Legislativo reconstruido. Muchas gracias.
El Presidente:
El micrófono para el diputado Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, para no prolongar el debate y si el señor diputado quiere subir de nuevo, nada más hago la aclaración de que yo no discuto el beneficiario aunque seamos nosotros el beneficiario; está mal hecho.
El Presidente:
Para rectificar hechos, el diputado Jorge Flores.
El diputado Jorge Flores Solano:
Con su venia, señor Presidente:
Quiero aclarar algunas palabras del señor diputado Juan de Dios Castro. En mi humilde opinión, hay un equívoco en la interpretación de lo que es el informe previo y el informe definitivo.
En términos constitucionales, nosotros cumplimos con el mandato de revisar la cuenta pública del año anterior y esto en ejercicio de nuestras facultades, nuestro órgano técnico lo hace, lo hacemos nosotros y hacemos este trabajo con el informe previo.
En esta ocasión que estamos viendo el decreto, el dictamen de la cuenta pública, hemos revisado
el trabajo de la Contaduría, hemos revisado la cuenta pública y emitimos nuestro voto favorable. Pero qué estamos haciendo con recomendaciones en este dictamen. Le estamos dando un mandato a nuestro órgano para que en función de esa revisión actúe, en consecuencia, en cumplimiento de ese mandato; nos presenta, eso si es cierto, meses después por tener que trabajar, tienen que practicar auditorías legales, contables, jurídicas y técnicas, pues nos presenta un informe definitivo a la Cuenta por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor, Comisión que está creada con ese preciso objeto.
Y en el trabajo de la Comisión a lo largo del tiempo, se recibe la información precisa de las acciones que hace la Contaduría en relación a ese mandato.
Nuestro compañero el diputado Sada, licenciado, me señaló que en este documento, que es el anexo sexto del trabajo de la Contaduría, está el informe pormenorizado en la fracción X, que está en la hoja 747 de las acciones que promueve la Contaduría. Y ahí se da cuenta de todas las denuncias, contra quién se hacen, el monto de los pliegos de responsabilidades y las denuncias penales.
Yo le ruego que lea en los documento que enviamos de la cuenta pública. Muchas gracias.
El Presidente:
Ha solicitado la palabra, para rectificar hechos, el diputado Lujambio. Tiene cinco minutos.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Sorprende, señor Presidente, señores diputados, el criterio que acaba de expresar el diputado Flores Solano, en el sentido de que la revisión de la cuenta pública queda terminada, según nos lo acaba de decir, o queda realizada con la simple emisión del informe previo que rinde el 10 de noviembre de cada año la Contaduría Mayor de Hacienda.
No hay ninguna disposición, diputado Flores Solano, que permita o que avale lo que usted acaba de sostener aquí en la tribuna, sino todo lo contrario. La Constitución dice en forma muy precisa, muy clara y no hace salvedades: "...a la Cámara de Diputados le corresponde como facultad según el artículo 74, revisar la cuenta pública...", y la Constitución no hace ninguna particularización de en qué consiste la revisión de la cuenta pública.
Donde sí se específica con toda claridad la revisión de la cuenta pública, en qué consiste, es en la ley secundaria, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que, y parece que aquí está presente el señor Contador Mayor de Hacienda o lo estaba hace unos minutos, claramente específica cuáles son las funciones donde dice en la parte el artículo 1o.: "La Contaduría Mayor de Hacienda es el órgano técnico de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo la revisión de la cuenta pública".
Esto queda muy claro, lo dijimos, lo reiteramos, es el órgano que tiene a su cargo la revisión de la cuenta pública.
Y posteriormente en el artículo 3o. se detallan las atribuciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, que vienen perfectamente definidas una por una y entre las cuales habla de dos documentos claramente, sin precisar que uno sea solamente suficiente para que se considere revisa da la cuenta pública, esto no lo dice la Ley, está muy claro el texto de la Ley en el artículo 3o., son dos los documentos que corresponden a las atribuciones de la Contaduría Mayor de Hacienda para cumplir su obligación de fiscalizar al Ejecutivo; pero por si no fuera suficiente el texto del artículo 3o., el 20, que ya lo citamos en tribuna es, y también lo citó el diputado Juan de Dios Castro, muy claro, muy expreso y no hace esta distinción.
Sorprende que se esté tratando de defender el hecho de que la cuenta pública puede considerarse terminada su revisión con el puro elemento del informe previo. Ninguna parte, ninguna entidad administrativa ni pública ni privada, se puede aceptar la dictaminación de un documento con base en una información parcial; el informe previo sólo es una información preliminar que ya se ha dicho, simplemente consiste en que la Contaduría Mayor manda cuestionarios a las dependencias para que sean contestados esos cuestionarios bajo su propio leal saber y entender y esto no puede ser considerado de ninguna manera una revisión seria de la cuenta pública, la revisión de la cuenta sería cuando ya viene la comprobación de las partidas, cuando viene la consulta de documentos y de comprobantes que acrediten los datos y los números que presenta el Ejecutivo.
Este es el principio de la fiscalización, señores de la mayoría, señor Flores Solano, no es posible que se insista en pretender decir aquí que la cuenta pública ha sido revisada, esto es falso de toda falsedad; mientras no se termine el trabajo completo de la Contaduría Mayor, no se
puede decir que ha sido terminado. En ningún criterio de administración, de contabilidad ni de auditoría, repito, ni de entidades públicas ni de entidades privadas, se puede aceptar este criterio vicioso de que la cuenta queda revisada con un informe preliminar como está claramente establecido; la revisión sólo se termina cuando se emite el documento definitivo que es el informe de resultados, que lo recibiremos hasta septiembre del año próximo, hasta ese momento...
El Presidente:
Diputado Lujambio, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Sí, cómo no, con mucho gusto.
El Presidente:
Adelante.
El diputado Jorge Flores Solano (desde su curul):
Si así fuera, diputado Lujambio, lo que usted menciona en el informe definitivo de la Contaduría, recibió usted el informe definitivo de la cuenta pública de 1991. ¿Ya lo estudió?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Sí, sí señor.
El diputado Jorge Flores Solano (desde su curul):
¿Y qué le mereció su opinión?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Bueno, aquí las tengo, señor diputado Flores Solano, aquí tengo por ejemplo el informe de resultados, un dato que sería bueno aquí que nos dijera, que se nos diera una respuesta a un planteamiento muy concreto. Miren: nosotros hicimos hace un año, creo que lo hicimos con claridad, expresamos irregularidades que habíamos encontrado, que se desprenden del análisis del informe de resultados último que teníamos disponible, en ese momento que era el de la cuenta pública de 1990.
Hicimos aquí algunas denuncias a las que ya también se han referido en tribuna otros diputados sobre irregularidades en diversas dependencias, las del Instituto Mexicano del Seguro Social, las del ISSSTE, las de Conasupo, las del Consejo del Libro de Texto Gratuito, el Consejo Nacional del CONALITEG, que inclusive hablábamos aquí de que los auditores se habían negado a emitir dictamen, hasta ese grado, estaba tan desastrosamente llevada la contabilidad y había tantas irregularidades en el Consejo del Libro de Texto Gratuito, que los auditores dijeron: no dictamino, no puedo informar.
Todo esto lo mencionábamos hace un año, y ahora recibimos el informe de resultados de 1991 y buscábamos con mucho interés, esto por favor la Contaduría Mayor de Hacienda que tome nota buscábamos con mucho interés cuál fue el seguimiento que la Contaduría Mayor le dio a su propio informe de resultados de 1990 en el informe de resultados de 1991, y nos encontramos con que todas las serias y gravísimas irregularidades de 1990 ahora en el informe de resultados de 1991, se pasan por alto, no se indica si tales anomalías fueron ya corregidas, no se encuentran todas esas paraestatales que mencionábamos, todas esas entidades, no se hace mención a ellas, ni a las irregularidades del Seguro Social, ni a las del ISSSTE, ni a las de Conasupo, ni a las del Consejo del Libro de Texto Gratuito, ni al Sistema de Transportes Eléctricos, que mencionábamos que es la única entidad que pesa el dinero en este país y probablemente en el mundo en lugar de contarlo; todas estas cosas extrañamente el informe de resultados de 1991, señor diputado Flores Solano, contestando su pregunta, ya no aparecen. ¿Qué pasó ahí con la Contaduría Mayor de Hacienda?
Una vez que hicimos la denuncia, a echarle tierra y a poner una cortina de humo. Eso no se vale. ¿Queda contestada su pregunta? Sí leímos el informe de resultados y lo seguiremos leyendo para su conocimiento, así como los dictámenes de los auditores, porque todavía faltan muchas cosas que tendremos que seguir sacando a flote. Gracias.
El Presidente:
Había solicitado la palabra, para rectificar hechos, la diputada Liliana Flores Benavides.
La diputada Liliana Flores Benavides:
Estamos nuevamente abordando un punto que sólo expresa la actitud de encubrimiento por un lado, por parte de la mayoría de esta Cámara, y además la negación por parte de esa mayoría a una facultad que nos otorga nuestra Constitución.
Nuevamente estamos abordando el problema de que formal y legalmente el día de hoy se concluye la revisión de la cuenta pública de 1992, y se concluye con un informe previo.
Aquí la pregunta es la siguiente: ¿Cómo es posible, señores de la mayoría, que hoy vayan ustedes a aprobar una cuenta de la cual nosotros ya hemos dado muestras de las terribles irregularidades que existen, sin tener un informe de resultados, porque este informe de resultados va a llegar a esta Cámara en 1994.
¿Con qué elementos van ustedes a aprobar esta cuenta? Con un dictamen que se caracteriza por ser puras loas a la política del Gobierno, y que, además deja a un lado todo un conjunto de irregularidades, de desviaciones presupuestales, de casos donde se usa más presupuesto y se trabaja menos.
¿Cómo es posible que ustedes hoy vayan a aprobar eso?
La cuestión del informe de resultados, que está establecido en la Ley, que será entregado hasta 1994, es un mecanismo a través del cual ustedes con los años se han suprimido su facultad de fiscalización. Para la oposición, para nosotros, es inadmisible esto.
El informe de resultados es aquel informe que trae todas las auditorías de las irregularidades detectadas. Si hoy estamos nosotros denunciando todo un conjunto de irregularidades, donde se supone que el órgano técnico de la Contaduría Mayor de Hacienda, que tiene un papel extremadamente limitado, como lo he repetido aquí muchas veces, que se supone que debe hacer todo este conjunto de auditorías, los resultados nos los traen a 1994, y hoy concluye la revisión de esta cuenta.
Es una parte más de esa cortina de humo, que este tejido de complicidades de 64 años de Gobierno de un mismo partido, ha estructurado en este país.
Todavía estamos esperando la respuesta de la Contaduría Mayor, ¿a ver a quién se ha consignado?
El año pasado dimos un debate muy importante aquí en relación a la cuenta pública. ¿a ver cuáles son los resultados? Todo cae al vacío.
En ese sentido, si queremos realmente que cambien las cosas en el país, debemos primero de reivindicar y de tomar esa facultad que tenemos de fiscalizar al Ejecutivo; hay que cambiar la Ley para que todos estos informes sean elementos que tengamos, que tenga el Poder Legislativo, para que pueda ejercer sus facultades de una forma responsable, no como lo que se va a hacer dentro de algún momento, aprobar algo sin tener elementos. Gracias.
El diputado Jorge Flores Solano (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, el diputado Jorge Flores Solano, por cinco minutos.
El diputado Jorge Flores Solano:
Con su venia, señor Presidente:
Para continuar dando información, yo le pedí al señor Lujambio que revisara el anexo 1 del informe previo, en donde todo eso que dice que no se dice, que no ha tenido información, existe. Por ejemplo, en la página 533, en relación con el sector salud, en relación con la Comisión Federal de Electricidad, en la página 521 etcétera. Aquí está muy larga la lista de tareas y de acciones que ha hecho la Contaduría.
Y yo diría que en todo este tomo está debidamente informado el trabajo del mandato que le hemos dado a la Contaduría.
Pero yo insisto que no estamos aprobando aquí la cuenta pública de 1992, estamos aprobando el dictamen de la cuenta pública de 1992, en donde le damos un mandato a la Contaduría para que continúe el proceso de fiscalización, que ésa sí está establecida en la obligación que tiene que hacer la Contaduría. No hay finiquito, no se equivoque.
Nosotros en este dictamen estamos dando las bases sobre las cuales tiene que practicar su fiscalización, en términos de su Ley Reglamentaria y nos informa de manera detallada precisamente en el Informe de Resultados, de su gestión de fiscalización, previa revisión que hicimos en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Por eso, el informe rendido a la Cámara, por conducto de la Comisión de Vigilancia.
De las denuncias, la lista de denuncias, bueno, habría que recurrir, como dijo el diputado Sada, al tipo de problemas, al tipo de denuncias, que están en el tomo IV que comenté, para preguntarle a los tribunales correspondientes dependiendo del tipo de denuncia, al Tribunal Fiscal de la Federación, a la Procuraduría General de la República, al Distrito Federal, o si es una falta administrativa, pues, a la Contraloría de la Federación. Muchas gracias.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Pido la palabra, señor Presidente, para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón, para rectificar hechos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente; estimados legisladores:
El 74 constitucional es preciso: establece de manera clara "que la revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera y comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto, y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas".
Y añade que, "si en el examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto, o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley".
El problema que estamos aquí discutiendo es que el informe previo no es una novela para ser leída en una alcoba, no es un comics, no es una revista, no es un objeto de lectura individual, privada, que se realiza en la intimidad del hogar.
Para que tenga efectos legales, nuestra Cámara de Diputados, y lo hemos dicho legisladores del PRD, del PAN y otros partidos políticos, debiera tener facultades específicas de examen, no solamente del informe previo, sino también del informe de resultados, para poder verificar que aquellas peticiones precisas que se hicieron a la Contaduría Mayor de Hacienda, de realización de auditorías o de análisis o deslinde de responsabilidades, se cumplieron adecuadamente. Y en casos en que hubiera presunción de alguna violación legal, se realice el trámite jurídico correspondiente, hasta la aplicación de las penas a quien sea acreedor de ellas.
Si el análisis del informe previo, y éste es el problema de fondo, se realiza solamente a través de la lectura individual, que tal o cual diputado realice, sin facultades plenas, precisas, categóricas, del conjunto de la Cámara de Diputados, entonces carece de la fuerza, del peso y de la capacidad efectiva que la Constitución da a la Cámara de Diputados, según el primer enunciado del 74 constitucional.
Por ello, y termino, la lucha que hemos dado, que seguiremos dando en los próximos tiempos, es porque la Cámara de Diputados tenga facultades plenas en términos del examen de informe previo, del examen del informe de resultados, conozca con plena capacidad si efectivamente se aplica la determinación de las responsabilidades y pueda, entonces, con una Contaduría Mayor de Hacienda que reformule y modifique sustancialmente sus mecanismos de acción, ejercer de manera plena la facultad de control del gasto público del Ejecutivo Federal.
Ese es el problema de fondo y seguiremos luchando por ello. Si hoy no lo logramos, quizá mañana o pasado mañana o en los tiempos por venir; para eso está la lucha global por el cambio democrático en México. Gracias.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul):
Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Lujambio, por cinco minutos.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Gracias, señor Presidente.
Voy a procurar ocupar menos de los cinco minutos:
Señores diputados de la mayoría, sería muy sano para la vida de este país, sería bien interpretado por nosotros los miembros de los partidos de oposición, el que viéramos de parte de ustedes, aunque sea en forma mínima, un reconocimiento a los argumentos que estamos dando.
Reiteradamente vienen a la tribuna y tratan de defender cosas que son completamente indefendibles. Auditar, fiscalizar al Ejecutivo, es una responsabilidad muy clara, muy elevada, muy importante de esta Cámara.
Si hubiera voluntad política del Ejecutivo, si hubiera también disposición de ustedes, serían muy simples las cosas. No estaríamos teniendo que debatir tan largamente estos asuntos tan importantes para el interés de nuestro país.
Nosotros vemos como muchos ayuntamientos que gobierna Acción Nacional y algunos inclusive que gobiernan otros partidos, inclusive el partido de la mayoría, pueden publicar su cuenta pública mensualmente inclusive, la publican, la publican en los medios de comunicación. La publican, igual que lo hacíamos cuando un servidor prestó servicio público en San Luis Potosí, la cuenta del ayuntamiento se presentaba a más tardar a los 10 días del mes siguiente, se mandaba copia al Congreso, se mandaban copias a los organismos sociales, ¿cómo no lo va a poder hacer el ejecutivo? Este es un planteamiento, si hubiera voluntad realmente de transparentar la cuenta pública en este país.
Quisiéramos entonces, si lo hace un municipio, si inclusive algunos gobiernos de los estados están publicando y están permitiendo la fiscalización, quisiéramos y hacemos nuevamente desde esta tribuna un llamado, una exhortación al Ejecutivo federal, a que dé muestras, a que demuestre en los hechos, que está dispuesto a permitir una fiscalización efectiva y transparente del gasto público federal.
Ese es el llamado, esa es la exhortativa. Mientras esto se le niegue a la Cámara de Diputados, mientras la mayoría se empeñe en seguir defendiendo lo indefendible, seguirá habiendo desconfianza en la sociedad hacia la forma en que se maneja el erario público, y tendremos que seguir haciendo los cuestionamientos más severos que tenemos que hacer frente a la miseria, la pobreza, las carencias angustiosas, dolorosas, de millones de mexicanos; no podemos aceptar, es inmoral y es irresponsable que aceptemos que un solo peso del erario público se gaste en forma irresponsable, en forma indebida. Gracias.
El diputado Enrique Sada Fernández (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado Sada?
El diputado Enrique Sada Fernández (desde su curul):
Para hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra por cinco minutos el diputado Sada.
El diputado Enrique Sada Fernández:
Con su permiso, señor Presidente:
Sólo quisiera volver a reiterar lo que ya mi compañero Jorge Flores Solano anotó y es con respecto al Anexo VI de la Cuenta, que aquí está, una a una, desde la página 751 hasta la página 789, las acciones que se han emprendido y qué procedencia tienen. Hay algunas que si quieren ustedes les leo, por ejemplo la de la 762, que fueron ejercidas en contra de Inmecafé, otra de Liconsa, otra del ISSSTE, los números son el 2J83, 83033, 2J83034, existen pliegos de responsabilidad fincados en contra de Fertimex, dos; en contra de Fovissste, uno; en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, uno. Denuncias penales en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
El Presidente:
Diputado Sada, un momento, por favor.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente:
Dígame, señor diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, pregunte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
¿Acepta usted una interpelación, diputado Sada?
El diputado Enrique Sada Fernández:
No acepto.
El Presidente:
Que no la acepta, diputado.
El diputado Enrique Sada Fernández:
Está también contra el Departamento del Distrito Federal, la Delegación de Coyoacán, del Departamento del Distrito Federal, en contra de la Miguel Hidalgo, de Gustavo A . Madero, de Alvaro Obregón, de Iztapalapa. Hay acciones, como se dice, fiscales, hay algunas otras de tipo penal y hay algunos pliegos de responsabilidades que han estado levantados en contra de servidores públicos en donde puede haber, por un lado, sanciones administrativas y, por otro lado, penales, o puede haber las dos de manera conjunta. Eso es todo, muchas gracias.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores:
No abusaré del tiempo de la Asamblea. Sigue el señor diputado sin contestar mi cuestionamiento, no nos ha indicado cuántas sentencias, no nos ha indicado cuántos procesos penales instaurados. Pero pues ya ese dato nos lo pasará, cuando el señor Presidente de la Cámara acuerde mi escrito. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo López Gómez.
El diputado Ricardo López Gómez:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En apoyo del dictamen a discusión y dentro del marco jurídico que lo sustenta, manifiesto que el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 constitucional, indica que la revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Lo anterior, se observa cabalmente y así consta en el dictamen. Ahora bien, aunque parezca repetitivo, debe hacerse mención que al mismo tiempo que la Contaduría Mayor de Hacienda revisaba la cuenta pública y elaboraba el informe previo, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en cumplimiento a las funciones señaladas por el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de estudiar, analizar y dictaminar, coordinó la participación de más de 200 diputados integrantes de 14 comisiones relacionadas con sectores o ramos específicos, y nueve grupos de trabajo pluripartidistas, habiendo realizado entre otras, las siguientes acciones:
Se celebraron nueve reuniones con servidores públicos de la administración pública federal, con el propósito de aclarar dudas y recibir información adicional. Las preguntas de los diputados de las comisiones y grupos de trabajo pluripartidistas, fueron atendidas por 23 subsecretarios, 10 oficiales mayores y varios directores generales de las dependencias y entidades convocadas.
En reunión realizada en la Contaduría Mayor de Hacienda, el contador mayor de este órgano técnico amplió la información y recibió propuestas específicas de fiscalización que le formularon los diputados integrantes de la Comisión y de los grupos de trabajo pluripartidistas.
El 10 de noviembre pasado, la Comisión Dictaminadora recibió por conducto de la Comisión de Vigilancia el Informe Previo de la Contaduría Mayor de Hacienda en el que se constata el cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 3o. fracción II, inciso a, de su ley orgánica.
La Comisión Dictaminadora estudió y analizó los factores económicos que afectaron al ejercicio de las finanzas públicas, así como la forma en que esto influyó en la evolución económica del país.
Con fundamento en el informe previo del órgano técnico y las acciones descritas en las que participaron más de 200 diputados de esta legislatura, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública emitió el dictamen que marca la ley que rige a esta Cámara de Diputados. Con base en este documento, la Comisión Dictaminadora señala en el propio documento, las recomendaciones procedentes a las dependencias y entidades de la administración pública federal y determina el mandato de esta Cámara de Diputados a su órgano técnico.
Del cumplimiento del mandato propuesto por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para el caso de su aprobación por esta Cámara, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá rendir por conducto de la Comisión de Vigilancia, el informe de resultados en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 3o., fracción II, inciso b de la propia ley.
Es claro que no existe todavía un sistema de planeación exacto que permita no cometer errores. Ante esta circunstancia nuestra fracción parlamentaria realizó recomendaciones para su corrección. Hay que observar que aunque faltan muchas cosas por enfrentar, el documento revela también grandes logros, auténticos y reales, reconoce contrastes de resultados, demuestra que estos últimos son verídicos y están plasmados en este documento. Permiten también a futuro, hacer más asequible el perfeccionamiento de los mecanismos y procedimientos para evaluar el ejercicio del gasto. Pero sobre todo, introduce disposiciones que permiten intensificar las acciones de vigilancia y supervisión en el ejercicio del presupuesto autorizado.
Esta es pues, la ruta del proceso que comprende la revisión, estudio, análisis y dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, mismo que por estar conforme a la ley, solicito su aprobación. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales.
El diputado Miguel Angel León Corrales:
Con el permiso de la Presidencia:
Yo quiero referirme fundamentalmente a uno de los apartados de la cuenta pública, que es el apartado 26, que tiene qué ver con el Programa de Solidaridad.
Yo considero que es importante hacer un análisis en este sentido, dado que este programa se ha venido presentando por la actual administración, como uno de los fundamentales dentro de su política de gasto social.
Yo considero que el Programa de Solidaridad se encuentra enmarcado dentro de un esquema muy claro, de separar la política económica de la política social; es decir, se separa la política de crecimiento económico a toda costa, de las políticas de alivio a la pobreza.
Pero en realidad este esquema pretende esconder un hecho muy evidente. Las condiciones de pobreza en que viven más de 40 millones de mexicanos y de pobreza extrema que padecen 17 millones de compatriotas, son el producto principalmente del modelo de crecimiento y de las políticas de ajuste aplicadas desde 1982; en otras palabras, de la política salarial, de la antiinflacionaria, del pacto y de políticas fiscales y monetaristas contraccionistas.
El Gobierno busca a toda costa una tasa de crecimiento compatible con una tasa de inflación que se acerque a un dígito, y con ello estamos frente a un crecimiento sofocado de la economía y baste recordar que el crecimiento programado para 1992 en el Plan Nacional de Desarrollo, era de más del 5% y sólo alcanzó una tasa del 2.7%.
Yo estoy completamente de acuerdo con la manera en cómo un destacado investigador se expresa del Programa de Solidaridad, en los siguientes términos: "Así como la esposa del industrial
que organizaba caritativos desayunos en beneficio de los pobres, fabricados por su marido, el actual Gobierno ha creado un programa asistencial para socorrer a la población a la que empobrece cada día más con su política económica".
Sin embargo, la administración salinista insiste en presentar al Pronasol como un programa que se ha consolidado como un medio eficaz para atender las necesidades prioritarias de la población y que tiene como objetivo fundamental el ataque a la pobreza, principalmente a la pobreza extrema.
Nosotros nos preguntamos: ¿es realmente el Pronasol un medio eficaz que atiende las necesidades prioritarias de la población y que ataca con claridad la pobreza?
Por ejemplo, ¿ha servido de algo el Pronasol para impedir la drástica caída salarial en nuestro país o ha funcionado para crear empleos bien remunerados y en cantidad suficiente?
Nosotros consideramos que ésta sería la manera más digna de mejorar el nivel de vida de la población, dado que los salarios son un elemento clave de este nivel de vida.
Ya mi compañero Jorge Calderón demostró aquí que durante el actual sexenio la economía mexicana sólo ha podido dar empleo a un 20% del 100% demandante.
Hemos demostrado también que la política económica del actual grupo en el poder ha disminuido el salario real en un 60%.
Resulta cierto afirmar que por el lado del salario y el empleo, las condiciones de vida de la mayoría de la población más bien ha empeorado, no obstante la existencia del Pronasol. Y esto lo podemos demostrar con hechos, con cifras claras.
En 1981 los salarios representaban el 37.4% del ingreso nacional; para 1992, la participación de los salarios en el producto interno bruto fue del 26.5%.
Como se observa, en los últimos 10 años la participación de las remuneraciones al trabajo, han perdido 12 puntos porcentuales, lo cual en pesos de 1992, significan una pérdida anual en el ingreso de los trabajadores, y esto es muy importante, compañeras y compañeros diputados, de 120 billones de pesos; esto es, de 20 veces más del presupuesto que se asignó al Pronasol para 1992. En el lado contrario, 37 empresarios privilegiados poseen el 22% de la riqueza nacional.
Así, pues, el Pronasol no impide que la concentración del ingreso y por lo tanto la desigualdad social sigan aumentando en el país.
El propio consejo consultivo del Pronasol ha ofrecido algunos datos relevantes en cuanto a indicadores de pobreza extrema en México. El 60% de los mexicanos, nos dicen, padece desnutrición. La tasa de mortalidad infantil en México, de 38 defunciones por cada 1 mil niños nacidos, es muy superior a la que se observa en países desarrollados, que es menos de 10; superior incluso a la de países como Panamá, que es de 23 por cada 1 mil; Costa Rica que es de 17 por 1 mil y de Cuba, que es de 13 por 1 mil.
Hay más de 2 millones de niños menores de cinco años que padecen desnutrición en distintos grados.
Nos informa este consejo consultivo del Pronasol que el 80% de la población indígena, que equivale a lo mismo que decir 7 millones de personas, presentan algún grado de desnutrición.
En México 10 de cada 100 niños presentan al nacer un peso menor a 2.5 kilogramos y por lo tanto se ven más afectados por la desnutrición y por las infecciones.
El 42% de los niños menores de cinco años registra pesos bajos para su edad.
Un problema alimentario importante, nos informan, se registra entre los segmentos de población pobre y que consiste en índices de disminución de los consumos per capita de los alimentos de la canasta básica.
Todos estos datos por sí solos nos dan una idea muy clara del enorme problema que constituye la pobreza en México. Frente a esta problemática Solidaridad es en realidad un programa que se conforma únicamente como un paliativo y la enorme deuda social que el Estado tiene con la mayoría de la población mexicana, está muy lejos de ser saldada con el Pronasol.
Ya la actual administración ha manifestado que uno de sus principales objetivos consiste en incrementar el presupuesto para el desarrollo social. Nadie puede negar que el presupuesto ejercido para el desarrollo social ha estado en aumento durante esta administración. Pero lo que habría qué analizar es si este aumento se presenta como un aumento suficiente.
El gasto en desarrollo social representó el 6.4% del producto interno bruto en 1990. El 7.7% en 1991, y el 8.6% en 1992.
Como podemos observar, es hasta 1992 cuando el sector desarrollo social
en su totalidad supera el 8% del producto interno bruto, y esta proporción del 8% es la proporción que a nivel internacional es recomendada tan sólo para el subsector educación. El subsector educación representó tan sólo el 1.6% del producto interno bruto en 1990; el 1.8% en 1991 y el 2.1% en 1992.
El subsector salud representó solamente el .28% del producto interno bruto en 1990; el .32% en 1991 y el .22% en 1992.
De esta cifra se desprende, con toda claridad, que aún cuando el gasto social ha venido incrementándose, dicho crecimiento está muy lejos de siquiera suavizar el enorme deterioro social que el proyecto neoliberal ha traído consigo.
Aquí un compañero diputado manifestó su molestia por el hecho de que nuestra fracción parlamentaria de manera constante compara las cifras utilizadas en la cuenta pública, por ejemplo de 1992, con las cifras de 1980. Me parece a mí que quien primero ha empezado a manejar las cifras de la administración actual como cifras realmente sobrevaluadas, es precisamente la administración.
Fue Carlos Salinas el que afirmó en uno de esos eventos que se hacen durante la semana de la Solidaridad, por ahí por los meses de agosto, que México con tres años de Pronasol había conseguido más que muchos otros países en 30 años. Y fue Carlos Rojas quien afirmó que los recursos asignados al Pronasol no tienen precedente en la historia reciente del país.
¿Qué tan cierto es esto? Nosotros podemos demostrar que estas afirmaciones son falsas. En realidad el gasto anual por habitante en este ramo ha sido mínimo desde que comenzó a implementarse con todo rigor el modelo neoliberal, como lo demuestra el investigador Mario Zepeda, con base en datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y del INEGI; 70 centavos de pesos de 1980 por persona durante 1982; 30 centavos de pesos de 1980 por persona durante 1983; en 1988 llegó a 15 centavos de pesos de 1980 por persona y, esto es lo importante, en 1992 los recursos asignados a Solidaridad y desarrollo regional, en el apartado 26 de la Cuenta Pública, en el apartado 26 de la Cuenta de Egresos de 1992, en realidad significan 45 centavos de pesos de 1980 por persona, es decir, en 1992 se está aplicando con el Pronasol un 64% de centavos por persona de lo que se aplicaba en 1982.
Los recursos ejercidos en el ramo 26 del Presupuesto de la Federación en 1992, bajo el nombre de Solidaridad y desarrollo regional, ascienden a casi 7 billones de pesos de los viejos. Pero si nosotros a estos pesos le quitamos el impacto de la inflación, nos da un resultado que es igual a 38 mil millones de pesos de 1980 y esta cifra es inferior a los recursos reales ejercidos en el mismo ramo 26 de desarrollo regional, en el Presupuesto de la Federación de 1982.
En este sentido, aunque es cierto que los recursos del Pronasol han ido en aumento, pasando de 1 billón 300 mil millones de viejos pesos en 1989 a 3 billones 600 mil millones de viejos pesos en 1990, a 5 billones 100 mil millones en 1991 y a 6 billones 900 mil millones en 1992, si ponemos estas cifras en relación con el producto interno bruto, podemos observar que el gasto del Pronasol es significativamente bajo, el .25% del producto interno bruto en 1989, el .53% del producto interno bruto en 1990, el .60% del producto interno bruto en 1991 y el .68% del producto interno bruto en 1992.
Si nosotros tomamos esta última cifra, el hecho de que Solidaridad y desarrollo regional significan el .68% del producto interno bruto en 1992, y la comparamos con la pérdida de 12 puntos del producto interno bruto en términos porcentuales, del renglón salarios, dentro del producto interno bruto de 1982 a 1992, es en ese momento cuando podemos entender realmente la verdadera dimensión del Pronasol. Se trata simplemente de un instrumento accesorio del proyecto salinista, se trata de un paliativo frente a los crudos efectos del ajuste estructural neoliberal, se trata de una especie de limosna a la miseria generada por el propio modelo de desarrollo neoliberal.
Como lo hemos señalado ya en múltiples ocasiones, el Pronasol se constituye como uno de los instrumentos políticos más importantes del salinismo, que ha servido para fortalecer la figura presidencial y yo añadiría que además sirvió para fortalecer la figura del candidato oficial a la Presidencia y que ha servido para corporativizar a los sectores sociales en favor del Gobierno y su partido.
Una y mil veces la Presidencia de la República, los funcionarios del Pronasol y los diputados de la mayoría, han negado que se trate de un
programa relacionado con lo electoral, ahí está la experiencia de 1991 y las cifras aquí también son contundentes: el Pronasol tuvo un presupuesto de 1 billón 600 mil millones en 1989, como ya lo habíamos dicho, para pasar en 1991 a 5 billones 100 mil millones de viejos pesos, pero sucede que en 1991 de enero a junio, el Pronasol gastó la mayor parte de su presupuesto, mes y medio después se efectuaron las elecciones. Desde hoy alertamos ante la posibilidad de que suceda lo mismo en 1994 y más aún, cuando el candidato oficial es exactamente el mismo que hasta hace poco llegaba a cada entidad con la llave del dinero abierta, de la mano del programa consentido del actual sexenio, el Pronasol.
Afirma Carlos Rojas que el Pronasol hace realidad las reformas constitucionales orientadas a fortalecer al municipio libre, cabe dudar de esta afirmación si estamos hablando de un proyecto que lleva en la frente el sello de la temporalidad y de la discrecionalidad del Ejecutivo y en donde además el mayor flujo relativo de los recursos que hoy llega a los municipios, no queda integrada estructuralmente en los esquemas regulares de planificación y gastos municipales.
Por ello es incorrecto hablar de un fortalecimiento del municipio y menos aún si las decisiones emanan del Ejecutivo y cuando los recursos de la nación se siguen concentrando en la capital.
En resumen, compañeras y compañeros diputados, en la fracción parlamentaria del PRD sostenemos que el Pronasol no es la opción para combatir la pobreza y menos aún la pobreza extrema, en la medida de que no parte de una base firme, como lo es la creación de empleos y el incremento de los salarios de los trabajadores, así como una mejoría real en las condiciones de vida del sector rural.
Es todo; gracias, compañeros y compañeras.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Arturo Torres del Valle.
El diputado Arturo Torres del Valle:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
No se enciende una lámpara para meterla debajo de un mueble, por esta razón si la cuenta pública del Gobierno mexicano estuviera iluminada por la verdad y la eficiencia, no transcurriría tanto tiempo para ser discutida.
Ya mis compañeros Alfredo Lujambio y Juan de Dios Castro han sustentado el sentido del voto desaprobatorio al dictamen de la cuenta pública del ejercicio 1992.
En consecuencia, han hecho mención en términos generales, de por qué en Acción Nacional consideramos que el dictamen de la cuenta pública no debe aprobarse.
Al de la voz corresponde concretar y poner ejemplos, con objeto de que los compañeros diputados puedan normar su criterio y ejercer responsablemente su facultad de votar.
La cuenta pública se integra con los ingresos que obtiene el Gobierno Federal y la forma en que invierte o gasta los egresos. Esto es algo respetabilísimo y sumamente delicado ya que estos ingresos provienen del sacrificio que hacen padres de familia mexicanos quienes dan a las autoridades los fondos necesarios para que se empleen en el engrandecimiento de la patria, ello a costa de renunciar a un mejor nivel de vida para su familia, dejar de procurarse algún gusto legítimo o en los casos de la mayoría de los mexicanos, que son pobres, el sacrificio implica grandes sufrimientos.
Es por las anteriores razones que la cuenta pública debe manejarse escrupulosamente, con gran eficiencia y honestidad a fin de alcanzar el bien común eficazmente. Por desgracia en México la cuenta pública se ejerce para que el partido Gobierno se mantenga en el poder y los principales políticos se enriquezcan de manera increíble, dentro de la más absoluta impunidad; en consecuencia, el análisis de la cuenta pública del ejercicio 1992 muestra situaciones como las siguientes:
Primero, durante el primer período de cada año legislativo, esta soberanía aprueba la Ley de Ingresos y el decreto de Presupuesto de Egresos que regirá en el siguiente ejercicio; sin embargo el decreto es modificado de manera muy importante por funcionarios del Ejecutivo Federal no obstante que le es correspondencia de esta soberanía, modificar las leyes y decretos que expide.
Es así como el Presupuesto de Egresos originalmente aprobado por esta soberanía para el año de 1992 que fue de 249 mil 245 millones de nuevos pesos, posteriormente el Ejecutivo Federal lo
modificó en forma arbitraria y unilateral en 76 mil 731 millones de nuevos pesos, lo que significa el 30.8%. Es así como el Presupuesto de Egresos modificado totalizó 325 mil 966 millones de nuevos pesos.
Segundo, respecto de la deuda pública, el análisis de la cuenta pública tiene la incongruencia siguiente: mientras que el presupuesto original señala un egreso autorizado por 38 mil 285 millones de nuevos pesos, integrado en su mayoría por los intereses de las deudas pública, interna y externa que sumaban 33 mil 726 millones, comisiones y gastos por 512 millones de nuevos pesos, a de fast por 3 mil 373 millones de nuevos pesos, el presupuesto modificado se modificó, alcanzó 99 mil 306 millones de nuevos pesos; es decir, la variación fue de 60 mil 921 millones de nuevos pesos y coincide exactamente con el real ejercido.
Esta modificación se debe principalmente a que se incorporaron amortizaciones de las deudas públicas, interna y externa por 50 mil 563 millones de nuevos pesos así como los intereses de la deuda pública interna por 6 mil 281 millones de nuevos pesos.
Pues bien, señores diputados, ¿cómo nos explicamos que si abonamos 50 mil 563 millones de nuevos pesos al capital de la deuda pública, se paguen intereses en más de lo permitido originalmente por 6 mil 723 millones de nuevos pesos ¿No es lógico que al disminuir la cuenta pública también disminuyan los intereses?
Otro aspecto que llama la atención es el de los narcotraficantes. A menudo informa la prensa de su captura y de los bienes que les son expropiados, dólares, ranchos, camionetas, armas etcétera. Puesto que en el año de 1992, fueron condenados estos delincuentes arrestados en años anteriores y cuyos bienes estaban resguardados en la Procuraduría General de la República, yo busqué en la cuenta pública el registro de los ingresos obtenidos por el fisco federal de los bienes confiscados y no lo encontré. Lo menos que puedo decir es que el registro no es transparente, por lo que el pueblo no sabe a dónde fueron a parar esos bienes. Dado que el monto de los bienes incautados durante un año a narcotraficantes, constituye una cantidad enorme, además de que no pueden ser identificados en el Presupuesto de Ingresos o no están registrados, ello impide que autorice la cuenta pública los diputados que son auténticos representantes del pueblo y no parte de un sistema oligárquico.
En cuarto lugar, además de los asuntos comentados, la cuenta pública del ejercicio 1992, como es de todos conocido y aceptado, contiene erogaciones por exceso de personal de todas las secretarías de Estado.
Solamente la Presidencia de la República tiene 2 mil 232 plazas . Hagamos un ejercicio de cuántos puestos requiere la Presidencia de la República. Suponiendo que el personal necesario en la casa del señor Presidente, en la residencia de Los Pinos, se requirieran 100 personas para atender a la familia del Ejecutivo Federal; que en Palacio Nacional se requirieran 200 personas; que contara con 100 asesores; que tuviera pilotos, choferes o mensajeros, otros 100 empleados; tuviera 500 empleados y otros 100 de mandos, éstos sumarían 1 mil 100 personas.
En Estados Unidos, la Presidencia del país más poderoso del mundo, cuenta con 1 mil 800 empleados aproximadamente. Por eso se nos hace sumamente injusto que el pueblo mexicano tenga que pagar 2 mil 322 empleados del Presidente de la República.
Numerosas variaciones como quedó demostrado en la intervención del diputado Lujambio y otros diputados que hicieron uso de la tribuna posteriormente; enriquecimiento inexplicable de algunos de los funcionarios públicos y un déficit cuando se festinó un superávit, hacen que todas estas situaciones ya comentadas, votemos en contra del dictamen que aprueba las cuentas públicas de ejercicios anteriores y que son ratificadas en este momento, puesto que estos vicios continúan vigentes.
Por lo comentado anteriormente, toda vez que el gasto público que proviene del sacrificio de los mexicanos, sobre todo de los más necesitados como los obreros, campesinos, jubilados y microempresarios, no ha sido manejado con pulcritud, la transparencia y legalidad que merece el pueblo de México, por ende recomiendo que en conciencia se rechace el dictamen de la cuenta pública de 1992 que hoy se presenta. Por su atención, gracias.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra a la diputada Luisa Alvarez Cervantes.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal relativo al gasto de 1992 que nos ocupa, nosotros, la fracción del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, como lo dijo mi compañero del frente que hizo uso de la palabra con anterioridad, nosotros no podemos negar los logros que se han alcanzado. Sin embargo pensamos que hay un problema fundamental en este balance, podríamos decirlo así, de la política económica no ha quedado cabalmente cumplido, y es un problema fundamental en el sentido de que el desarrollo nacional ha sido hasta la fecha, excluyente de una gran mayoría de este país: los trabajadores y el avance no se refleja en la mesa de los trabajadores.
Aquí se ha hablado de la pobreza, de la extrema pobreza que hay en nuestro país, aunque hubo un diputado del Partido Revolucionario Institucional, que ojalá y haya mal entendido, casi se atrevió a negar la pobreza en el país y se refirió a ella con índice del INEGI, datos estadísticos. Nosotros queremos señalar que existe, que es palpable, independientemente de si en los datos baja o sube la pobreza, es evidente que al salir de aquí nos vamos a encontrar y nos vamos a topar con ella.
Los trabajadores, los que ahora están en la extrema pobreza o que viven en la pobreza, desde nuestro punto de vista, y eso no lo refleja el dictamen, ni siquiera un reconocimiento de que gracias a ellos, a esa mitad de la nación, todavía este país existe, porque se han sacrificado para el desarrollo del país aunque a ellos todavía no les ha tocado nada de lo que les debe de tocar porque han participado en la construcción de este gran país, y es de lamentarse que aún haya tentativas o propuestas, porque hay propuestas de superar la pobreza en el país, y la pobreza ofende.
Pero lo que no se ha tocado aquí, es que la riqueza también que hay en este país nos avergüenza. Hay 300 familias que se han beneficiado del desarrollo nacional; es penoso, es lamentable que haya ricos tan ricos como los Azcárraga, que son de los principales ricos del mundo en comparación de 40 millones de pobres mexicanos; que haya acumuladas fortunas en la iniciativa privada, porque aquí no solamente los funcionarios, también la iniciativa privada se ha beneficiado del desarrollo nacional y han amasado inmensas fortunas contrastando con la pobreza que hay en el país.
Pero ahora me quiero referir a la pobreza, no como la pobreza económica a la que se han referido muchos. Yo creo que en la pobreza, con los trabajadores, hay una enorme riqueza política e ideológica, y esa riqueza y esa capacidad de respuesta va a hacer que la nación salga adelante, va a hacer que los trabajadores salgan adelante, va a hacer que podamos abatir la pobreza, no tanto por lo que aquí se discuta o lo que aquí se apruebe, sino por la gran capacidad que han demostrado históricamente los trabajadores para sacrificarse, pero también para salir adelante junto con la nación, y en ese sentido nosotros decimos que qué vergüenza para el país, no la pobreza, qué vergüenza para el país estos grandes ricos que como lo dijera alguna vez Mario Benedeti son parte de una subespecie que debería de desaparecer, porque ¿cómo pueden vivir dignamente al lado de una miseria que lacera en nuestro país?
En lo que respecta al tema que aquí hemos venido a discutir, nosotros queremos acentuar nuestro cuestionamiento en relación a que la discusión que nos ocupa de la cuenta del gasto de 1992, es un gasto ineficiente, es un gasto donde hubo efectivamente aumento o sobreejercicio del gasto en diversos sectores, pero también hubo, no quiero aquí hablar de malversación, yo quisiera hablar de transferencia de recursos, porque para hablar de corrupción tendríamos que tener más elementos, y para ser honesta, honestos en la fracción, estos elementos los tendríamos que tener con precisión para decir que detectamos o que hablamos de corrupción en el gasto.
Nosotros consideramos que hay transferencias de recursos que no son cabalmente explicadas, y que aquí hay una razón fundamental para que la comprensión de la transferencia de recursos se realice un estudio concreto, técnico, profesional, que le correspondería a la Contaduría Mayor de Hacienda, hacerlo.
Nuestro problema, y el problema fundamental del gasto, es no quién y cuánto, sino cómo se gasta. Esta es la razón fundamental de la discusión.
En el presupuesto que hay para 1994, se nos ha hablado de un incremento del gasto social, incremento en la salud, incremento en la educación, incremento en fin en el gasto social, pero seguimos estando en un círculo vicioso, lamentable para la nación, lamentable para este poder; de qué nos sirve aprobar aumento en el gasto social, si a la hora de contrastar la cuenta pública con el presupuesto que aquí se aprueba, tenemos serias diferencias en lo que se presupuesta y lo que es la cuenta pública.
Y para esto, los mismos documentos y el mismo dictamen, aportan los elementos. Los elementos
no fueron hurgados, los documentos dan para eso. Hay una gran diferencia del presupuesto con el gasto que ahora se discute.
De tal forma que para nosotros un análisis de la cuenta pública no es un simple recuento de cifras y acciones realizadas, implica a nuestro parecer un ejercicio de control presupuestal donde se captan las irregularidades y problemas presentadas en el ejercicio fiscal correspondiente y la forma en que se adoptan las medidas para resolverlos y afrontarlos.
En esta lógica, observamos en el documento de resultados generales, que los problemas que inciden en el incumplimiento de metas, según el Ejecutivo Federal, son de carácter exógeno, por lo que generalmente no se marcan los problemas derivados de la aplicación del sistema de planeación y de las fallas del propio proceso de programación - presupuestación.
Una de las situaciones más relevantes que se han suscitado en la presente administración pública en materia del presupuesto, ha sido la sustancial modificación que ha tenido el Presupuesto de Egresos de la Federación, dándole mayor prioridad al gasto social sobre otros rubros de la economía nacional, fundamentalmente sobre el que se refiere al tratamiento de la deuda pública.
Nuestra fracción parlamentaria, en la aprobación del presupuesto para 1992, insistió en la insuficiencia de los recursos destinados a los diversos sectores de la economía; los resultados obtenidos marcan un sobreejercicio de gasto en casi todos los sectores, lo cual implicaría relativamente que sí eran insuficientes los recursos; sin embargo, notamos que mientras el gasto fue mayor, se presentó un incumplimiento en varias de las metas de la mayoría de los sectores. Muchas de estas metas podemos considerarlas como prioritarias.
Existe aquí un problema, ya no de suficiencia o insuficiencia de recursos, sino de cómo se ha gastado. No nos centramos en que si se gastó más, sino que nos orientamos hacia la presencia de un gasto que no ha sido eficiente en algunas de las metas programadas.
Se puede argumentar, en determinado momento, que el gasto no es estático y que es necesario realizar modificaciones para cumplir las metas prioritarias. No obstante, vemos que en metas prioritarias, es donde el gasto no ha sido eficiente.
Consideramos que el educativo es uno de los subsectores al cual se le ha incrementado el nivel del gasto y que en 1992 mostró un sobreejercicio del 20.8% en el gasto de la Secretaría de Educación Pública, lo cual varía su participación con respecto al gasto público total, aunque realmente el monto total ejercido por el subsector es similar al del originalmente autorizado, tomando en consideración los organismos, empresas, fondos y fideicomisos subsidiados.
Lo que a nosotros nos preocupa, y podría ser una contradicción, es que mientras solicitamos un mayor monto de recursos y no se autoriza, el subsector al final del ejercicio los sobreejerce.
Hemos insistido que los recursos se deben destinar para mejorar y elevar la calidad de la educación en todos sus niveles, fundamentalmente la básica, pero también para mejorar las condiciones salariales y profesionales del personal docente.
En la cuenta pública se nos argumenta que el mayor gasto se suscitó por el incremento en el número de plazas, revisiones salariales y pagos del SAR, y obras de infraestructura, gastos que nosotros consideramos necesarios. Pero si los confrontamos con los avances en la calidad de educación, consideramos que no ha tenido un efecto sustancial.
Por ejemplo, todas las metas programadas para educación básica, a excepción de primaria indígena, no se alcanzaron, y en la primaria rural el porcentaje de avance fue sólo del 66.6% en el medio rural precisamente, en donde se presentan los rezagos educativos.
En los indicadores de productividad y eficiencia, los avances no son significativos y el mayor de ellos sólo llega al 1.1%.
En educación para adultos las metas en alfabetización y primaria tampoco fueron alcanzadas.
En la educación media superior las metas tampoco se cumplieron y podemos mencionar una serie de cifras, proporcionadas en la cuenta pública, en las cuales vemos incumplimiento.
En forma similar a lo que comentamos en el subsector educación, nos quisiéramos referir al subsector salud y seguridad social. Se incurre en el documento de resultados generales, en no decir por qué hubo incumplimiento de metas y no reflejan los avances sustanciales que ha tenido el subsector en la atención de los rezagos acumulados.
Nos dicen que las instituciones del sector salud construyeron diversas unidades de diferentes tipos de atención, y en eso no estamos en desacuerdo, pero no se menciona, por ejemplo, en qué porcentaje se ha resuelto el sobrecupo de los hospitales, de las instituciones públicas, porque en el combate de enfermedades transmisibles no se ha podido combatir eficientemente los brotes del cólera y, por el contrario, han aumentando, como no se ha afrontado el combate y la prevención al SIDA, porque el IMSS no cumplió en ninguna de sus metas programadas.
No basta que en la cuenta pública nos presenten cuántas acciones se llevaron a cabo y se ve la impresión de que todo anda bien, cuando las metas no se cumplen.
El sector agropecuario y forestal, en las cifras proporcionadas de incremento promedio de producción agrícola, de 8.1%, pareciera que estuviera totalmente fortalecido. Sin embargo, nos remitimos a las cifras de producción agrícola, que nos dan en el mismo documento, y observamos una situación contraria a lo argumentado, en el sentido de que en siete de los 10 cultivos básicos mencionados hubo decremento respecto a 1991.
Aun cuando el subsector petrolero ya no representa la columna vertebral de la economía, como sucedió en sexenios pasados, la actividad petrolera del país continuó teniendo gran importancia y sigue siendo la actividad que mayores divisas genera. En materia presupuestal Pemex absorbe mayores recursos que cualquier Secretaría de Estado y además registra un sobre ejercicio de su presupuesto en 2.8%. Podría decirse que el porcentaje es mínimo, pero si lo tomamos en cifras absolutas observamos que este sobreejercicio es mucho mayor que los presupuestos ejercidos por algunas secretarías, por mencionar dos casos, podríamos señalar: la Reforma Agraria y Pesca.
No obstante esto, nos encontramos en que en las metas programadas tampoco fueron cumplidas. No se nos podrá argumentar que el incumplimiento es mínimo pero si lo traducimos en cifras absolutas también vemos que las cantidades no son tan mínimas.
Se argumenta que el proceso de mantenimiento extraordinario pudo originar este incumplimiento, pero podemos decir que en los programas y presupuestos deben de considerarse las previsiones necesarias.
En cuanto al subsector eléctrico, sucede la misma situación, se gasta
más y se cumple menos. Pero aquí nos llama la atención que el presupuesto para 1992, se había programado la electrificación de 431 poblados rurales y sucede que nos reportan que no se cumplió al 100% de la meta.
Conforme al documento de resultados generales, observamos que de hecho este sector no tuvo mayores problemas para ampliar la cobertura, calidad y competitividad de los diferentes medios de transporte y comunicaciones. Se nos señala de alguna manera que la política de concesiones que se ha llevado a cabo además de quitarle una carga fiscal al Gobierno Federal ha permitido que los sectores avancen.
Sin embargo, no nos deja complacidos plenamente lo referente a Ferrocarriles Nacionales de México. En el sentido de irse retirando gradualmente y así lo entendemos del transporte de pasajeros, primordialmente porque en algunas regiones del país el viajar en tren se ha convertido en una tradición y porque para muchas personas, aunque tardado, significa un medio de transporte mas barato.
No obstante estas situaciones comentadas, debemos reconocer que en las comisiones unidas se ha realizado un trabajo intenso, el cual ha dado como resultado un dictamen en donde se establece una serie de recomendaciones al Ejecutivo Federal.
En particular, nuestra fracción parlamentaria propuso, que en el dictamen se incorporara una recomendación en el sentido de que el Ejecutivo Federal evitara modificar el monto de recursos y en número las metas prioritarias programadas. Se trata con esta medida de que se de cumplimiento en un 100% las metas sobre las que descansan los avances de los factores económicos.
Creemos que es un primer paso para elevar la eficiencia del presupuesto, sin embargo, también proponemos que en el dictamen en las recomendaciones al Ejecutivo Federal, se contemple un apartado exclusivo sobre incumplimiento de metas y si la causa fue un menor gasto o se presentaron otras causas, con ello detectaríamos problemas en el proceso y se podría subsanar. No nos encontramos en tiempos en que podamos permitir que el presupuesto de egresos siga siendo deficiente y poco transparente.
Por otro lado, consideramos que el papel de las instituciones supervisoras y controladoras del ejercicio del gasto, como son la Contaduría Mayor de Hacienda por parte del Poder Legislativo y de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación por parte del Ejecutivo Federal,
deben ser de auditorías operativas del presupuesto, es decir, deben de darle seguimiento al ejercicio del gasto confrontándolas con las acciones que se realizan, esto debe ser físicamente y no a través de documentos como a veces se estila.
En otra de las formas en que podemos contar con un presupuesto eficiente de nada sirve que exista un mayor gasto social si la eficiencia del gasto es baja desde nuestro punto de vista. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera.
El diputado Héctor Morquecho Rivera:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Quiero solamente redondear algunas cuestiones que a juicio de mi partido es importante precisar y reiterar nuestro voto de desaprobación sobre este dictamen.
Habíamos señalado en la primera intervención sobre las cuestiones que no se lograron, no se cumplieron en cuanto a lo que se había proyectado para el año 1992 y que hoy mismo estamos discutiendo.
Quiero decir sobre el aspecto de la inflación, el crecimiento de los precios, que este objetivo tampoco logró concretarse ya que se había señalado, se había proyectado bajar la inflación a un solo dígito, es decir, al 9.7%, y en los análisis de resultados económicos de esta cuenta pública se precisa que el índice inflacionario registró una variación de casi 12% de incremento de diciembre de 1991 a diciembre de 1992, no obstante, como todos sabemos, el gran costo social que esto ha implicado, es decir, el gran costo social que esto ha acarreado sobre todo en perjuicio de los sectores de las clases sociales más necesitadas.
Resulta que este dictamen solo justifica, como un logro, el hecho de que en este ejercicio fiscal, que se señala, el índice de inflación fue el más bajo de los últimos 17 años, es decir, la apreciación que se hace ante un reconocimiento tácito de que no se logró el objetivo, aun cuando se programó en varias reducciones en los gastos presupuestados, y lo que acarreó, repito, como elevado costo social, sólo se recurre como una justificación a que es el índice más bajo de los últimos 17 años y, desde luego, que esa apreciación no es correcta.
Por el lado de las metas planteadas con las acciones de política económica para 1992, con relación a la recuperación del crecimiento económico y la continuación de la modernización de nuestra economía, el valor del producto interno bruto sólo creció 2.6% que es inferior al 4% programado para el año citado y que hoy como cuenta pública estamos discutiendo.
Si conviene, como se ha hecho a lo largo de este debate, reflexionar, comentar, dejar sentadas una serie de apreciaciones, de cuestionamientos, porque naturalmente las cosas no sólo no se han resuelto en los términos en que el Gobierno programa ciertos objetivos, sino que además las cosas tienden a complicarse por lo menos en este año de 1993. Tal parece que así se está presentando.
Nosotros pensamos que este retraso, este logro insuficiente digamos, del crecimiento de la economía de 1991 - 1992, se debió fundamentalmente a que el Estado mexicano, desligándose de sus responsabilidades como promotor principal del desarrollo económico y de promotor de formación y acumulación de capital en manos del propio Estado y de las empresas mexicanas y de nacionales, el Estado dejó descansar la formación bruta de capital fijo en manos del sector privado vinculado sobre todo el capital privado, vinculado a las inversiones extranjeras.
Por eso y como consecuencia, la modernización que se ha planteado lograr o que se había planteado lograr en ese año señalado, no avanzó hacia el total de la planta productiva, sino que avanzó únicamente en las grandes empresas de orden transnacional. Grandes empresas que se han apoyado, que se apoyan y se han apoyado en el uso de tecnologías intensivas de capital como son las plantas automotrices, las maquiladoras, las empresas químicas, las de manufacturas electrónicas, de computadoras y de comunicación. Es decir, en pocas ramas sectores y empresas hubo avances en la modernización. Pero en la mayoría hubo rezagos que frenaron y siguen frenando la competitividad y han ampliado el desempleo.
Por otro lado, considerando que el propio dictamen haciendo un esfuerzo lógico de explicación, de justificación del comportamiento, la evolución de la economía en que hace énfasis, sobre la evolución de la propia economía, queremos
expresar lo siguiente en cuanto a la evolución del gasto programable del sector público presupuestal, según datos establecidos en el anexo. El anexo al Quinto Informe de Gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari, señalados en las páginas 278 y 279.
Tenemos precisamente que esta evolución del gasto programable y lo que corresponde en cuanto a su incremento o decremento del año 1991 - 1992, tenemos lo siguiente:
Del año de 1991 a 1992, el sector desarrollo rural, solamente creció en un porcentaje de su gasto, en un 9%. Sector Pesca, tuvo un decremento del menos 19.1%. Desarrollo Social tuvo un crecimiento del 13.8%. Sector Educación, el 15.7% que representó el 3.5% del valor de la producción nacional del año de 1992. Sector Salud y Laboral, en su conjunto, crecieron solamente un 3.9%.
Y aún cuando tenemos incrementos en Solidaridad y Desarrollo Regional de casi el 36% y de Desarrollo Urbano de más del 80%, resulta que tenemos como parte negativa, que Comunicaciones y Transportes decreció menos 4.3%; Comercio y Abasto, menos 3.5%; Energéticos, menos 8.0%; Industrial menos 42.9%, y Justicia y Seguridad solamente creció 2.5%.
Sobre esta base, compañeras y compañeros diputados, por lo que hemos expuesto de manera sintetizada en esta exposición, reiteramos que el voto del Partido Popular Socialista será en contra de este dictamen que se discute. Muchas gracias.
El Presidente:
*El señor diputado Enrique Rico Arzate estaba inscrito en la lista de oradores; pero ha solicitado que su intervención sea insertada en el Diario de los Debates; por tal motivo instruyo a la Secretaría para tal efecto.
(Apéndice 1, al final del Diario)
Tiene la palabra el diputado Pablo Casas Jaime.
El diputado Pablo Casas Jaime:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal, realizada por esta Cámara, ha permitido conocer los avances, las dificultades y los logros de la administración pública para 1992. En ella se nos informa de los ejercicios de la administración pública y constatamos ahí los avances o las diferencias que existen entre lo planeado y lo presupuestado.
Como hemos escuchado se dio cuenta en forma precisa y puntual del proceso de la revisión de los documentos que se presentaron por el Ejecutivo Federal.
A lo largo de estas horas de debate se ha hablado del ramo 23, de las modificaciones al presupuesto de acuerdo al artículo 3o. de la propia Ley de Ingresos, que existen discretos avances, que se requiere más gasto social, que no es suficiente el presupuesto para el desarrollo social, que incluso estamos de acuerdo. Y también nosotros quisiéramos más recursos para asignar a las áreas prioritarias de desarrollo social y para atacar a la pobreza extrema que existe en el país.
Pero también se ha dicho y se ha avanzado en cosas y en programas concretos. Y donde los índices y las estadísticas demuestran que se ha atendido el rezago en algunas áreas; se ha dado respuesta a demandas de salud, de educación, de servicios generales.
Los logros alcanzados en 1992 por la cuenta pública manifestada y por la política económica, ha permitido al país avanzar en el combate a la pobreza extrema, respondiendo al propósito de impulsar una sociedad más justa que establece una nueva relación entre Estado y la sociedad.
Como se ha dicho, 1992 registró un balance presupuestario superavitario al ubicarse en 1.7% respecto al producto interno bruto. Resultado que se tornó en un importante instrumento de política económica para continuar en el combate a la inflación, lo cual representa, hay que decirlo, un resultado importante en la historia económica del país.
Las razones que dieron lugar a una lucha tenaz y perseverante contra la inflación durante los últimos años y en especial en 1992, se debe, y como todos lo sabemos, en que en un contexto inflacionario se observa como el poder adquisitivo de las clases más desprotegidas y de los trabajadores se van rezagando.
No existen en ese escenario mecanismos efectivos que protejan el patrimonio de las clases de recursos modestos y de toda la sociedad en general, y sabemos también que en este marco se propicia la concentración de la riqueza.
Hoy existe certidumbre económica. Sin duda, y todos lo han reconocido aquí, la inflación ha bajado. Se dio con crecimiento económico por arriba de la dinámica poblacional, pero si bien es cierto el índice fue del 11.9% y el producto interno bruto presentó una tasa de crecimiento superior a la poblacional al ubicarse en 2.6% real; también esta tasa implicó una ligera desaceleración con respecto a 1991 y a la prevista en los criterios generales de la propia política económica.
A estos factores internos hay que agregarle en buena medida la debilidad de la economía mundial, cuyo reflejo en nuestro país fue una expansión moderada de las exportaciones y con algunos efectos de la reconversión productiva en algunas empresas e industrias que temporalmente incidieron en una reducción de la oferta.
En 1992 se instauró el Sistema de Ahorro para el Retiro, con el objeto de apoyar a los jubilados y estimular el ahorro. Se concluyó la venta de la Banca. El monto total pagado por los bancos fue de 39 mil millones de nuevos pesos. Y al 31 de diciembre el Gobierno Federal mantenía una participación de 22.5%, 16% y 21% del capital contable de Bancomer, Serfín y el Banco Internacional, respectivamente.
Al mes de diciembre el número de empresas paraestatales vigentes fue de 217, que se compara con las 618 existentes hasta 1988. Esto permitió liberar recursos para destinarlos a las funciones sociales.
Las políticas de desincorporación, como se precisa en el informe de la cuenta pública, posibilitaron tener un menor costo financiero para el Gobierno y permitieron al Poder Ejecutivo fortalecer su capacidad de conducción del desarrollo y atender sus responsabilidades prioritarias dirigidas a proporcionar servicios básicos a la población, como salud, educación, procuración de justicia y seguridad.
Se observó en 1992 que la reordenación económica del Estado ha dado una base sólida para la modernización de la infraestructura y atención primordial de los aspectos sociales. El mundo exige mayor integración y México se adecúa a su evolución.
En 1992 la entrada de capitales privados del exterior propició la existencia de un superávit de la cuenta de capital, producto de varios factores, entre los cuales destaca el satisfactorio desempeño de la economía y las expectativas favorables sobre las oportunidades de inversión tanto física como financiera.
La competencia generada da mayor espacio y libertad a la economía y permite insertarse en un mercado al parecer globalizado y que es un camino irreversible. Para que nuestra economía pudiese progresar en ese ambiente se tornaba imperativo la necesidad de avanzar en los niveles de productividad y competitividad respecto de nuestros principales socios comerciales.
En 1992 se avanzó y se consolidó la apertura comercial al concluir, de Gobierno a Gobierno, las negociaciones del Tratado Trilateral de Libre Comercio México Estados Unidos y Canadá, mismos que acaban de ser aprobados tanto en el Senado de México como en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica.
Reconocemos que no es suficiente para abatir la pobreza en nuestro país que la economía crezca ni que la inflación solamente se reduzca, entendemos que éstos son sólo algunos instrumentos para mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo de los estratos más necesitados.
Las remuneraciones contraactuales de los trabajadores mantuvieron su tendencia a la alza en una forma muy modesta y que hubiéramos deseado que se hubieran mejorado más las condiciones. Asimismo el salario mínimo no ha podido mejorarse hasta la entrega de esta cuenta pública.
El esfuerzo de la reordenación de las finanzas públicas ha hecho posible que la deuda pública se reduzca respecto al tamaño de la economía, ya que ésta pasó de representar el 45.6% en 1991 a 34.6% en 1992, del producto interno bruto; es la proporción más baja alcanzada en los últimos 12 años.
Hoy en el mundo se entiende que el progreso no se mide solamente con indicadores macroeconómicos, muchas economías aparentemente sanas se han visto estranguladas por la pérdida de competitividad, la falta de infraestructura social y la insuficiencia para satisfacer los mínimos requerimientos sociales. En nuestro caso en 1992 se logró estabilidad económica y se hizo el esfuerzo por canalizar mayores recursos a la sociedad, lo que ha brindado estabilidad social y que podemos afirmar que es uno de los más grandes activos con que contamos.
Nuestra fracción parlamentaria recoge las observaciones y opiniones de los demás grupos de esta Cámara, en el entendido de que todos, todos buscamos por diferentes enfoques y por diferentes modelos, el mayor beneficio a la población.
Estamos convencidos que no existen recetas únicas que garanticen el éxito total, sino que debe ser a través de la combinación y el uso racional de los recursos lo que permita dar la solidez económica.
Para ello, en 1992 se dio congruencia en la política económica y se utilizaron prudentemente los instrumentos fiscales, monetarios y presupuestales. Sabemos que falta mucho por hacer y que aún tenemos muchas necesidades, pero que vamos atendiendo. Solamente la perseverancia nos permitirá seguir creciendo y consolidando lo que hasta ahora hemos alcanzado.
La paz social que se ha logrado y la baja de la inflación, la dinamización de la economía y hacerla más abierta para hacerla más competitiva, nos ha permitido llegar a un contexto internacional más requeritivo para la productividad, para que podamos todos, todos los mexicanos, llevar a un estadio superior en los beneficios que da el desarrollo social.
Porque como nunca había sucedido, se ha destinado casi el 10% del producto interno bruto para gasto social, de los recursos que la propia sociedad aporta y que la propia sociedad está exigiendo.
A lo largo de varias horas hemos estado discutiendo sobre los resultados alcanzados en materia macroeconómica. Se han dado diferentes puntos de vista y diferentes enfoques. Esta es la culminación de un trabajo arduo y de un trabajo de esta LV Legislatura, porque para llegar a este debate se realizaron diversas reuniones con los responsables directos de la administración pública, con el objeto de que se nos aclararan aspectos técnicos y financieros, se nos ampliara la información de aquello que cada diputado consideraba de su interés y preocupación.
La cuenta pública, tanto en el tomo de resultados generales como en los anexos correspondientes, claramente explica las modificaciones presupuestales de cada una de las dependencias y entidades del sector público. Estas variaciones presupuestales, que no son privativas de nuestra economía, sino que se observan en cualquier país del mundo, estuvieron apegadas a la normatividad jurídica y al propio decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta soberanía, por lo cual se autorizó al Poder Ejecutivo para que pueda realizar los cambios en función de las condiciones económicas nacionales e internacionales que conforme transcurre el año se vayan presentando y las vaya atendiendo.
En lo que se considera no explicado ampliamente, el propio dictamen que hoy discutimos, propone que incluyamos a la Contaduría Mayor de Hacienda para que en ejercicio de sus atribuciones requiera la más amplia información que justifique en su caso, las razones del incumplimiento de las metas y así pueda este órgano técnico ejercer las acciones correspondientes.
Adicionalmente, el informe previo de la contaduría mayor entregado con oportunidad, ofreció una amplia gama de observaciones emanadas de esta soberanía, y del propio análisis y, como su nombre lo indica, se han plasmado en el informe previo y se ha programado como cada año, una serie de auditorías a desarrollar y de las cuales dará cuenta esta soberanía en su informe definitivo, de los principales programas que se divide el gasto del Gobierno Federal.
Por todo lo anterior, por todo lo que se ha expresado en esta tribuna, por los avances logra dos en materia macroeconómica y sectorial, la fracción de mi partido propone a esta soberanía que votemos todos en favor del dictamen que hoy ampliamente hemos debatido. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Con fundamento en la fracción VI del artículo 21 del Reglamento, esta Presidencia turna la solicitud del diputado Juan de Dios Castro Lozano a la Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienda para que sea desahogada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Sergio González Santacruz:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario Armando Sergio González Santacruz:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 213 votos en pro y 80 en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular, por 213 votos.
El secretario Armando Sergio González Santacruz:
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1992.
El Presidente:
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DISPOSICIONES FISCALES RELACIONADAS CON EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES
El Presidente:
En el transcurso de la sesión, esta Presidencia recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales relacionadas con el comercio y las transacciones internacionales, documento que el propio primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 1o. de diciembre de 1993. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
El Ejecutivo Federal a mi cargo, con fundamento en los artículos 71, fracción I y 72 inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales Relacionadas con el Comercio y las Transacciones Internacionales.
Durante la administración a mi cargo se ha promovido una participación más activa de México en los mercados internacionales buscando con ello que las empresas nacionales puedan colocar en el extranjero sus productos en mejores condiciones, además de ampliar los mercados a que tienen acceso. Asimismo, este proceso de internacionalización tiene como objetivo un mejor aprovechamiento de las ventajas competitivas de la industria nacional y con ello tener la posibilidad de obtener a un menor costo las tecnologías más avanzadas. También busca propiciar una reducción en los costos de las empresas a través de menores barreras a la importación de bienes intermedios y de capital, necesarios en los procesos productivos y beneficiar a los consumidores nacionales para que puedan escoger de entre una mayor variedad de productos nacionales y extranjeros de mejor calidad y a menores precios.
Como parte de este proceso de cambio, nuestro país ha intensificado su participación en los mercados financieros internacionales. La reconversión de las industrias nacionales, que buscan ser más competitivas, ha exigido ampliar el espectro de instrumentos financieros de que se dispone para allegarse de los recursos necesarios para llevarla a cabo y cubrirse mejor ante los riesgos de mercados altamente integrados. México participa hoy de manera más activa en los mercados financieros internacionales, circunstancia que ha propiciado un desarrollo más acelerado del mercado financiero nacional.
La apertura comercial y financiera de nuestro país, para adecuarse a un mundo más integrado y competitivo, ha exigido un gran esfuerzo de las empresas nacionales, lo cual ha empezado a dar resultados positivos.
Ante un aumento significativo en las operaciones internacionales de mercancías y servicios, una mayor relación económica de los países y la consecuente formación de bloques económicos y comerciales, se hace necesario adecuar y armonizar la legislación fiscal federal, de manera que se eliminen trabas que entorpecen el comercio y que significan una desventaja competitiva para la industria nacional ante empresas del exterior
En congruencia con la política de modernización y apertura económica que ha promovido el Ejecutivo Federal a mi cargo, se plantea la necesidad de adecuar nuestra legislación al marco de los compromisos adquiridos con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
De esta forma se busca promover el empleo y el crecimiento económico, mediante la expansión del comercio y de las oportunidades de inversión en esta nueva zona de libre comercio, aumentando la competitividad internacional, mejorando las condiciones bajo las cuales operan las empresas en México, en un contexto de mayor certidumbre para la inversión.
La presente Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales Relacionadas con el Comercio y las Transacciones Internacionales que se somete a consideración de ese honorable Congreso de la Unión, contiene una serie de reformas a las diversas leyes fiscales que permitirán enfrentar de una manera eficaz los retos que significa la entrada en vigor el primero de enero de 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Se propone a la aprobación de ese honorable Congreso de la Unión incluir en el Código Fiscal de la Federación una definición de instrumentos financieros derivados, con objeto de que exista una regulación fiscal adecuada de éstos, que guarde congruencia con las modificaciones que se plantean en las leyes del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado.
Se propone modificar los requisitos que deberán cumplir las sociedades residentes en México para que en caso de fusión o escisión de sociedades se considere que no hay enajenación de bienes desde el punto de vista fiscal con objeto de facilitar su reestructuración corporativa ante la apertura de los mercados internacionales.
En julio del presente año se reformó el Código Fiscal de la Federación para establecer como conducta tipificada dentro de las conductas delictuosas señaladas en el artículo 105 del mencionado ordenamiento legal, el de no declarar por parte de los viajeros provenientes del extranjero la introducción al país de dinero en efectivo, cheques o la combinación de ambos, por un monto superior a los 60 mil nuevos pesos o su equivalente en moneda extranjera, con el fin de evitar prácticas ilícitas, como lo es el lavado de dinero. Con objeto de uniformar la regulación con las que existen en otros países y facilitar su aplicación a los pasajeros que provengan del extranjero, se propone modificar la referencia a su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Los tratados para evitar la doble tributación que se han venido negociando con otros países hacen necesario revisar los conceptos que definen al establecimiento permanente de los residentes en el extranjero que realizan operaciones en el territorio nacional, para adecuarlos a los que utilizan nuestros principales socios comerciales. Por lo anterior, se propone precisar que cuando existan elementos para presumir que un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en México a través de la persona que efectúa sus operaciones en el país, sólo se considere que esas actividades constituyen establecimiento permanente si no se puede demostrar que los precios con los que ambos operan son de mercado.
El mecanismo para la determinación del acreditamiento de los impuestos pagados en el extranjero se basa en el resultado fiscal de la sociedad, perdiéndose el derecho al mismo cuando la empresa obtiene una pérdida fiscal en el ejercicio por su operación en México. Para evitar este efecto, que conduce a la doble tributación de las utilidades provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, se propone permitir el acreditamiento de los impuestos pagados en el extranjero, independientemente del resultado fiscal que se obtenga en México en el período en que se genera el impuesto del extranjero. Adicionalmente, se propone extender de cinco a 10 años el período en que se puede realizar el acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero.
Con objeto de evitar que el acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero pueda resultar excesivo, se propone a ese honorable Congreso de la Unión, establecer como límite del acreditamiento el impuesto que se cause en México por las utilidades atribuibles a los ingresos provenientes del extranjero, aplicando la tasa de 34% en el caso de actividades empresariales, y en el caso de personas físicas, la que resulte de aplicar la tarifa correspondiente a sus ingresos, después de efectuar las deducciones correspondientes.
Por otra parte, en el caso de las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, se propone establecer una regla para la aplicación proporcional de las mismas, utilizando como base el ingreso que se perciba en diferentes fuentes de riqueza para asignar dichas deducciones.
En aquellos casos en que el contribuyente haya sido sujeto de una retención en el impuesto sobre la renta en exceso de la que establecen los tratados para evitar la doble tributación, se propone establecer que únicamente se podrá acreditar el impuesto excedente siempre que se haya agotado el procedimiento de resolución de controversias previsto en el tratado respectivo.
Tomando en consideración la apertura de los mercados financieros nacionales, se propone establecer el régimen fiscal al que estarán sujetas las operaciones financieras derivadas para que se puedan incorporar de una manera más rápida al mercado y evitar los problemas de tener que diseñar un trato fiscal para cada caso. El régimen fiscal propuesto en el impuesto sobre la renta considera las características esenciales de las operaciones financieras derivadas para que su aplicación sea de manera general.
Sabiendo de la importancia que reviste un mercado financiero eficiente para la formación del capital necesario para el desarrollo de México y de la intensa competencia en el mundo entre los mercados de valores para atraer este capital, se estima conveniente establecer un tratamiento impositivo claro a las operaciones financieras derivadas en nuestro país. Este importante mercado, que ofrece al inversionista la posibilidad de planear la diversificación del riesgo, se ha venido desarrollando en mayor medida fuera de nuestras fronteras, ya que por la falta de regulación, las operaciones que se llevan a cabo en nuestro mercado enfrentan ambigüedad en cuanto al tratamiento fiscal que les es aplicable.
El nuevo tratamiento fiscal provocará que se fomente el desarrollo de las operaciones financieras con productos derivados en el mercado doméstico, toda vez que, al ofrecer un tratamiento fiscal más claro y atractivo para el ingreso proveniente de dichas operaciones, se atraerá tanto a inversionistas locales y extranjeros que venían realizando estas operaciones en el extranjero, así como a nuevos inversionistas. El fortalecimiento del mercado de derivados a su vez fomentará un mayor desarrollo y liquidez en el mercado de los valores de referencia.
En materia de precios de transferencia, se proponen a ese honorable Congreso de la Unión algunas modificaciones que permitan a las autoridades hacendarias modificar la utilidad o pérdida fiscal mediante la determinación presuntiva del precio, incluso en el caso de fideicomisos o contratos de asociación en participación. Además, se sugiere establecer las consecuencias fiscales de las operaciones que se realicen a título gratuito y que no hayan sido realizadas por motivos de negocios. Asimismo, se propone incluir en el esquema de precios de transferencia las bases fijas ubicadas en México de residentes en el extranjero.
Por otra parte, en la actualidad el mecanismo para determinar los precios de transferencia se basa en un porcentaje de utilidad idéntico para todos los contribuyentes de un mismo sector de actividad, el cual en algunos casos puede ser inadecuado. Para resolver este problema, se propone establecer que podrán ser utilizados, en forma alternativa, los porcentajes de utilidad que sean determinados mediante estudios económicos que para tal efecto realicen las autoridades fiscales.
En cuanto a la deducción de la adquisición de mercancías de importación, se sugiere establecer que el monto máximo de dicha deducción sea el valor en aduanas. Esta modificación es importante para poder armonizar la Ley del Impuesto Sobre la Renta con las disposiciones contenidas en la Ley Aduanera y de esta forma lograr avanzar hacia una correcta fiscalización en lo relativo a empresas relacionadas, ya que en la actualidad el monto por deducir debe ser igual al declarado en aduanas, lo que permite que las empresas que compran a valores superiores a los de mercado puedan trasladar utilidades al extranjero.
La Ley del Impuesto Sobre la Renta autoriza la deducción inmediata de las inversiones realizadas fuera de las áreas metropolitanas y de influencia del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, lo que permite que dicho beneficio
pueda ser aprovechado en inversiones que son utilizadas fuera del país. Es importante destacar que en el ámbito internacional se dan las deducciones preferenciales para las inversiones realizadas dentro del país que las otorga, por tal motivo se propone a ese honorable Congreso de la Unión, limitar el beneficio de la deducción inmediata sólo a las inversiones que se utilicen permanentemente dentro del territorio nacional, excluyendo de dicha limitación a las embarcaciones y a los contenedores utilizados en el transporte internacional de bienes.
Actualmente los ingresos que perciben los residentes en el extranjero por prestar sus servicios en territorio nacional por más de 183 días en un período de 12 meses, están sujetos a tasas de impuesto distintas dependiendo de si el empleador es residente en México o en el extranjero. Con objeto de eliminar el intermediarismo que se ha generado en la contratación de empleados y que fomenta que los residentes en México contraten personal a través de empresas residentes en el extranjero para eludir la tasa de retención del 30%, se propone aplicar la misma estructura de tasas a los ingresos por salarios y honorarios que obtengan residentes en el extranjero, independientemente de que el empleador sea o no residente en México.
Los establecimientos permanentes en México de residentes en el extranjero están obligados a llevar una cuenta de remesas. Sin embargo, ésta no permite distinguir entre reembolsos de capital y utilidades distribuidas, por lo que se propone a este honorable Congreso de la Unión, establecer la obligación para estos contribuyentes de llevar una cuenta de utilidad fiscal neta de residentes en el extranjero y una cuenta de remesas de capital. Esta medida permitirá que cuando se efectúen reembolsos de capital por parte de estos contribuyentes, la diferencia entre el capital contable y la cuenta de remesas de capital, se considere utilidad distribuida sujeta al impuesto sobre la renta, tal como sucede en la actualidad con el resto de los contribuyentes.
Ante la necesidad de promover el desarrollo tecnológico del país y la formación de capital humano, se propone a ese honorable Congreso de la Unión permitir a las asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines culturales, científicos o tecnológicos, puedan recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que se dediquen exclusivamente a otorgar becas para estudios reconocidos y cumplan con ciertos requisitos formales.
También se propone hacer deducibles, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes, los donativos otorgados a sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la atención de menores y ancianos abandonados, así como a inválidos de escasos recursos; a la prestación de asistencia médica o jurídica y de servicios funerarios a menores, ancianos o inválidos de escasos recursos; a la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas y a la rehabilitación de farmacodependientes de escasos recursos.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Se propone a ese honorable Congreso de la Unión incluir la exportación de servicios personales independientes que sean aprovechados totalmente en el extranjero por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente o base fija en el país, dentro de los actos o actividades sujetos a la tasa de 0%. También se sugiere que reciban el mismo tratamiento los servicios portuarios que se destinen a operaciones de exportación.
Por otra parte, para equiparar el tratamiento fiscal aplicado en el impuesto al valor agregado a la enajenación de oro en el mercado interno, se propone exentar de dicho impuesto la importación de este bien.
LEY ADUANERA
Congruente con la reforma propuesta en el Código Fiscal de la Federación, respecto de la obligación de los viajeros provenientes del extranjero de presentar declaraciones en la aduana por la introducción de dinero en efectivo, cheques o la combinación de ambos, se propone a ese honorable Congreso de la Unión modificar la referencia de pesos a dólares de los Estados Unidos de América, con objeto de uniformar la regulación con las que existen en otros países y facilitar su aplicación a los pasajeros que provengan del extranjero.
El Código de Valoración del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio que México ha suscrito, establece la opción de incluir en el valor en aduanas los cargos por fletes y seguros pagados desde el lugar de importación de los bienes hasta el lugar de internación al país de importación de los mismos. De tal forma y con objeto de adecuar nuestra legislación aduanera a la de nuestros principales socios comerciales, se somete a consideración a ese honorable Congreso de la Unión la modificación de la base gravable del impuesto general de importación de libre a bordo (FOB), a costo - seguro - flete (CIF).
Igualmente, se propone a ese honorable Congreso de la Unión una reforma en la Ley Aduanera para precisar que tratándose de mercancías que se destinen al régimen de depósito fiscal será necesario cumplir en la aduana de despacho con las restricciones o regulaciones no arancelarias aplicables a las importaciones definitivas.
Con objeto de armonizar las disposiciones que regulan el tráfico de las mercancías y los medios en que se transportan, con las disposiciones que se aplican en el ámbito internacional, se somete a consideración de ese honorable Congreso de la Unión eliminar la obligación para los transportistas de traer abiertas las puertas de los vehículos de carga cuando ingresen vacíos al país.
Se propone a ese honorable Congreso de la Unión se derogue, de la Ley Aduanera los impuestos al comercio exterior adicionales de 3% para petróleo crudo, gas natural y sus derivados y de 2% en las demás exportaciones, así como el impuesto adicional de 10% en exportaciones por vía postal, ello en virtud de que con esta medida se simplificará y disminuirá el pago de las contribuciones aplicables al comercio exterior, lo que permitirá que los productos nacionales tengan una mayor competitividad en el exterior.
Se propone a ese honorable Congreso de la Unión prorrogar hasta el mes de julio de 1994 la obligación para los agentes aduanales de realizar el despacho aduanero mediante el empleo de un sistema electrónico con grabación simultánea en discos ópticos, disposición que deberá entrar en vigor a partir del primero de enero de dicho año. Lo anterior es con el propósito de dar un mayor plazo tanto a los agentes aduanales como a las autoridades aduaneras para que estén en posibilidades de instrumentar su aplicación adecuadamente.
La Ley Aduanera establece la obligación para los agentes aduanales de abstenerse de retribuir o recibir beneficio alguno de un agente aduanal suspendido en el ejercicio de sus funciones por la realización de trámites relacionados con la importación o exportación de mercancías propiedad de personas distintas del agente aduanal suspendido. Respecto de esta disposición, introducida en las reformas del pasado mes de julio, resulta necesario precisar que su aplicación es a partir de dicha fecha, ya que sanciona a aquellos agentes que previamente eran socios de una empresa prestadora de servicios de comercio exterior, por lo que se propone adecuar esta disposición.
Con el propósito de evitar que los importadores incurran en gastos en el extranjero por concepto de renta de locales, pago de servicios y contratación de personal para cumplir con la obligación de etiquetado, marcado y colocación de leyendas de información comercial de las mercancías a importar, se propone permitir que esta obligación se efectúe durante el tiempo en que éstas mercancías se encuentren en depósito ante la aduana.
En julio de este año, ese honorable Congreso de la Unión aprobó una reforma que permite la regularización de las mercancías que hayan sido introducidas al país omitiendo el pago de las contribuciones correspondientes, o sin cumplir con las restricciones o regulaciones no arancelarias. Sin embargo, para mantener el control de la introducción de mercancías, se propone precisar los casos en que procede la regularización de mercancías.
En materia de cuotas compensatorias, se propone a ese honorable Congreso de la Unión, que las disposiciones aplicables en lo relativo a la causación y pago de contribuciones se apliquen en forma supletoria a las cuotas compensatorias.
Los agentes aduanales tienen la obligación de proporcionar la información relativa a los honorarios que cobran por sus servicios para ser publicados por las autoridades aduaneras, esta medida contraviene la práctica internacional de no publicar información alguna en esta materia. Es por ello, que se propone a este honorable Congreso de la Unión reformar en la Ley Aduanera la disposición correspondiente, para eliminar esta obligación.
Se ha observado que aun cuando existe la obligación de otorgar garantía, producto de la aplicación de los precios estimados, en el impuesto general de importación, en algunos casos los responsables solidarios no están cumpliendo con esta obligación, de tal forma se propone se sancione en la Ley Aduanera a los responsables solidarios por no otorgar la garantía antes señalada.
Con objeto de armonizar el procedimiento para garantizar el pago de contribuciones por la posible subvaluación de las mercancías en aduana con las prácticas que existen en el ámbito internacional, se proponen diversas modificaciones relacionadas con dicho procedimiento a fin de hacerlo más expedito.
Por otra parte, se propone a ese honorable Congreso de la Unión incorporar en la Ley Aduanera
la posibilidad de efectuar la transformación de las mercancías en recinto fiscal o fiscalizado. Para tal efecto se propone crear el Régimen de Transformación en Recinto Fiscal o Fiscalizado.
Este nuevo régimen aduanero facilitará la elaboración o transformación de mercancías, lo cual apoyará ampliamente a la micro y pequeña industria.
Finalmente, con el propósito de precisar los casos en que proceda la cancelación de la patente de agente aduanal, así como para graduar la aplicación de esta sanción en función de la gravedad de la falta, se propone a ese honorable Congreso de la Unión incorporar algunos supuestos de cancelación.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a ese honorable Congreso de la Unión, por conducto de ustedes, la siguiente Iniciativa de
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES RELACIONADAS CON EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Artículo primero. Se reforman los artículos 14A y 15; se adicionan los artículos 16A y 105, con un último párrafo, y se derogan los artículos 104, fracción I, segundo párrafo y 105, fracción X, del y al Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
"Artículo 14A. Se entiende que no hay enajenación en los siguientes casos:
I. En escisión, siempre que los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto, de la sociedad escindente y de las escindidas, sean los mismos durante un período de dos años contado a partir del año inmediato anterior a la fecha en que se presente el aviso correspondiente ante la autoridad fiscal en los términos del reglamento de este Código.
No se incumple lo dispuesto en el párrafo anterior en el caso en que se enajenen acciones a personas que hayan sido accionistas de la sociedad escindente al momento de la escisión, siempre que dichas personas no varíen su tenencia accionaria, como porcentaje del capital social de las escindidas, en más de un 20% del que tenían en el capital social de la sociedad escindente al momento de la escisión.
II. En fusión, siempre que los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto de la sociedad que subsista o, en su caso, de la que surja con motivo de la misma, no las enajenen durante un período de un año contado a partir de la fecha en que se presente el aviso correspondiente ante la autoridad fiscal en los términos del reglamento de este Código.
Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo no se consideran como acciones con derecho a voto, aquellas que lo tengan limitado y las que en los términos de la legislación mercantil se denominen acciones de goce; tratándose de sociedades que no sean por acciones se considerarán las partes sociales en vez de las acciones con derecho a voto, siempre que no lo tengan limitado.
No se incumple con el requisito de permanencia accionaria previsto en las fracciones I y II de este artículo cuando la transmisión de propiedad de acciones sea por causa de muerte, liquidación, donación o adjudicación judicial. Para determinar el porcentaje del 51% a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se deberá considerar el total de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad a la fecha de inicio del período, para el caso de escisión y, para el caso de fusión, a la fecha en la que la misma se efectúe, excluyendo las que se consideran colocadas entre el gran público inversionista y que hayan sido enajenadas a través de bolsa de valores autorizada o mercados de amplia bursatilidad, de acuerdo con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
III. En las operaciones de préstamo de títulos, valores y otros bienes fungibles, por la entrega de los bienes prestados al prestatario y por la restitución de los mismos al prestamista, siempre que efectivamente se restituyan los bienes a más tardar al vencimiento de la operación y la misma se realice de conformidad con las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 15. En las operaciones de arrendamiento financiero, el contrato respectivo deberá celebrarse por escrito y consignar expresamente el valor del bien objeto de la operación y la tasa de interés pactada o la mecánica para determinarla.
Artículo 16A. Se entiende por operaciones financieras derivadas aquellas que se realizan en mercados reconocidos en las cuales una de las partes adquiere el derecho o la obligación a adquirir o enajenar a futuro mercancías, acciones, títulos, valores, divisas u otros bienes a un precio establecido al celebrarlas o a recibir o a pagar la diferencia entre dicho precio y el que tengan esos bienes a su vencimiento, o bien, el derecho o la obligación a celebrar una de estas operaciones. También se consideran operaciones financieras derivadas aquellas que se realizan en mercados reconocidos en las que se liquidan diferencias entre los precios, índices o canastas de precios o tasas de interés convenidos al inicio de la operación y cuyo resultado depende de las fluctuaciones que tengan en el mercado a una fecha determinada los precios, índices o canastas de precios o tasas de interés pactadas.
Asimismo, se consideran operaciones financieras derivadas, aquéllas en las que se enajenen en el mercado secundario los títulos de crédito en los que se contengan las operaciones antes mencionadas.
Las operaciones financieras derivadas a que se refiere este artículo serán las que se efectúen con los instrumentos, en los mercados y con las condiciones que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Artículo 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundo párrafo (se deroga).
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. (Se deroga).
La persona que no declare en la aduana a la entrada al país que lleva consigo cantidades en efectivo o en cheques, o una combinación de ambas, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 20 mil dólares de los Estados Unidos de América se le sancionará con pena de prisión de tres meses a seis años. En caso de que se dicte sentencia condenatoria por autoridad competente respecto de la comisión del delito a que se refiere este párrafo, el excedente de la cantidad antes mencionada pasará a ser propiedad del fisco federal."
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo segundo. Se reforman los artículos 2o.; 3o., fracción III; 6o.; 7o. A, actual último párrafo; 7o. B, fracción IV, inciso a, segundo párrafo y la fracción V, primer párrafo; 12A, fracción I; 24, fracciones I, primer párrafo y XVI; 25, fracciones XVIII y XX; 29; 51, último párrafo; 64, primer párrafo; 64A, primer párrafo; 65, fracción II; 70, fracciones VI, X y XI; 70A; 70B, fracción I, inciso c; 77, fracciones XVI y XIX, segundo párrafo; 120, fracción II, quinto y sexto párrafos; 121, sexto párrafo; 130, segundo párrafo; 133, fracción XIV; 136, fracción XV; 137, fracción XIV; 140, fracción IV, primer párrafo; 142, fracción II; 145, segundo párrafo; 146, primer párrafo; 147, segundo párrafo; 147A, primer párrafo; 151, sexto párrafo; 152, fracción II; 154, fracción I, último párrafo y 158, tercer párrafo, se adicionan los artículos 7o. A, con un último párrafo, pasando el actual último párrafo, a ser penúltimo párrafo; 7o. D; 18A; 24, con un párrafo siguiente al inciso f de la fracción I; 64A, con un último párrafo; 70C; 70D; 135A; 140, fracción IV, con un párrafo siguiente al inciso f; 145, con un tercer párrafo; 147, con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo; 151B; 152, con una fracción III; 154, con los párrafos segundo y último, pasando los actuales segundo y último párrafos, a ser tercero y penúltimo párrafos, respectivamente; 162, fracción VIII y se derogan los artículos 7o. B, fracción IV, inciso c; 24, fracción I, penúltimo y último párrafos; 7o. B, fracciones I, incisos a) y b, y V; 135, último párrafo; 140, último párrafo de la fracción IV; 146, segundo párrafo; 147A, segundo párrafo de la citada Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades empresariales. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración o extracción de recursos naturales.
Tendrán el tratamiento de establecimiento permanente, las bases fijas en el país de asociaciones o de sociedades civiles residentes en el extranjero a través de las cuales se presten servicios personales independientes. Constituye base fija cualquier lugar en el que se presten servicios personales independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, entre otros, y las profesiones independientes.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona física o moral, se considerará que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente o base fija en el país en relación con todas las actividades que dicha persona física o moral realice para el residente en el extranjero, aun cuando no tenga en territorio nacional un lugar de negocios o para la prestación de servicios, si dicha persona ejerce poderes para celebrar contratos a nombre del residente en el extranjero tendientes a la realización de las actividades de éste en el país que no sean de las mencionadas en el artículo 3o.
También se considerará que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente o base fija en el país cuando actúe en territorio nacional a través de una persona física o moral y esta persona:
I. Tenga existencias de bienes o mercancías con las que efectúe entregas por cuenta del residente en el extranjero.
II. Asuma riesgos por cuenta del residente en el extranjero.
III. Actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del residente en el extranjero.
IV. Ejerza actividades que económicamente corresponden al residente en el extranjero y no a las que realizaría de actuar de manera independiente, o
V. Perciba sus remuneraciones independientemente del resultado de sus actividades.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no se considerará que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente o base fija en el país si éste cuenta con la documentación necesaria para demostrar que las operaciones que efectúa con la persona física o moral a través de la cual actúa en territorio nacional se realizan en términos y condiciones similares a las que se hubieran pactado en transacciones independientes con o entre partes sin intereses relacionados y bajo condiciones similares de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 64A y 65 de esta Ley, y proporcione dicha documentación a la autoridad fiscal competente en caso de que le sea solicitada.
En los contratos de asociación en participación se considera que existe establecimiento permanente para el asociado residente en el extranjero cuando el asociante, sea o no residente en México, desarrolle sus actividades en lo que sería establecimiento permanente si fuera residente en el extranjero.
Tratándose de servicios de construcción de obra, instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles, o por actividades de inspección relacionadas con ellos, se considerará que existe establecimiento permanente solamente cuando los mismos tengan una duración de más de 183 días naturales, consecutivos o no, en un período de 12 meses.
Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el residente en el extranjero.
Artículo 6o. Los residentes en México, podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta Ley les corresponda pagar, el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero, por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto en los términos de esta Ley.
Tratándose de ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero a personas morales residentes en México, también se podrá acreditar el impuesto sobre la renta pagado por dichas sociedades en el monto proporcional que corresponda al dividendo o utilidad percibido por el residente en México, que se determinará en los términos del Reglamento de esta Ley. Quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considerará como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por la sociedad, correspondiente al dividendo o utilidad percibido por el residente en México. El acreditamiento a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando la persona moral residente en México sea propietaria de cuando menos el 10% del capital social de la sociedad residente en el extranjero durante los seis meses anteriores a la fecha en que se decrete el dividendo o utilidad de que se trate.
Tratándose de personas morales, el monto del impuesto acreditable
a que se refiere el primer párrafo no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, a la utilidad fiscal que resulte conforme a las disposiciones aplicables de esta Ley por los ingresos percibidos en el ejercicio
de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. Para estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero deberán ser consideradas en la misma proporción que represente el ingreso proveniente del extranjero de que se trate respecto del ingreso total del contribuyente en el ejercicio. El monto del impuesto acreditable a que se refiere el segundo párrafo no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 10 de esta Ley a la utilidad determinada de acuerdo con las disposiciones aplicables en el país de residencia de la sociedad del extranjero de que se trate con cargo a la cual se distribuyó el dividendo o utilidad percibido.
En el caso de personas físicas, el monto del impuesto acreditable a que se refiere el primer párrafo de este artículo, no excederá de la cantidad que resulte de aplicar lo previsto en el Capítulo XII del Título Cuarto de esta Ley a los ingresos percibidos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, una vez efectuadas las deducciones autorizadas para dichos ingresos de conformidad con el capítulo que corresponda del Título Cuarto antes citado. Para estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero deberán ser consideradas en la proporción antes mencionada.
En el caso de personas físicas que determinen el impuesto correspondiente a sus ingresos por actividades empresariales en los términos de la Sección I del Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, el monto del impuesto acreditable a que se refiere el primer párrafo no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 10, a la utilidad fiscal empresarial que resulte conforme a las disposiciones aplicables de esta Ley, por los ingresos percibidos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. Para estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero deberán ser consideradas en la proporción antes mencionada.
Las personas físicas residentes en México que estén sujetas al pago del impuesto en el extranjero en virtud de su nacionalidad o ciudadanía, podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este artículo hasta por una cantidad equivalente al impuesto que hubieran pagado en el extranjero de no haber tenido dicha condición. Cuando el impuesto acreditable se encuentre dentro de los límites a que se refieren los párrafos que anteceden y no pueda acreditarse total o parcialmente, el acreditamiento podrá efectuarse en los 10 ejercicios siguientes. Para los efectos de este acreditamiento se aplicarán en lo conducente, las disposiciones sobre pérdidas del Capítulo III del Título Segundo de esta Ley.
Para determinar el monto del impuesto pagado en el extranjero que pueda acreditarse en los términos de este artículo, se deberá efectuar la conversión cambiaria respectiva, considerando el tipo de cambio que resulte aplicable conforme a lo señalado en el tercer párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, a los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero a que corresponda el impuesto.
Los contribuyentes que hayan pagado en el extranjero impuesto sobre la renta en un monto que exceda al previsto en el tratado para evitar la doble tributación que, en su caso, sea aplicable al ingreso de que se trate, sólo podrán acreditar el excedente en los términos de este artículo una vez agotado el procedimiento de resolución de controversias contenido en ese mismo tratado.
Artículo 7o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se dará el tratamiento establecido en esta Ley para los intereses a la ganancia proveniente de acciones de sociedades de inversión de renta fija, conforme dicha ganancia se conozca y considerando para estos efectos la variación diaria que dichas acciones tengan en la valuación que al efecto realice la sociedad de inversión de que se trate. También se dará el tratamiento establecido en esta Ley para los intereses a la ganancia o pérdida proveniente de operaciones financieras derivadas de deuda conforme dicha ganancia se conozca y considerando para estos efectos la variación diaria que dichas operaciones tengan en el mercado de que se trate.
Cuando durante la vigencia de una operación financiera derivada de deuda a que se refiere el artículo 7o. D de esta Ley, se liquiden diferencias entre los precios de títulos de deuda, del Índice Nacional de Precios al Consumidor o de las tasas de interés a los que se encuentren referidas dichas operaciones, el interés a favor o a cargo se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 7o. B de esta Ley. En los demás casos, el interés a favor o a cargo que se considerará para calcular el interés acumulable o deducible en los términos del artículo 7o. B será el que resulte como ganancia o pérdida de conformidad con el artículo 18A de esta Ley, sin efectuar la actualización de las cantidades iniciales que, en su caso, se perciban o paguen por
celebrar la operación o por la adquisición del título en el que conste la operación financiera derivada a que se refiere este último artículo.
Artículo 7o. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las inversiones en acciones de sociedades de inversión de renta fija y en operaciones financieras derivadas de deuda formarán parte de los créditos a que se refiere el párrafo anterior de esta fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) (Se deroga).
V. Para los efectos de la fracción III se considerarán deudas, entre otras, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas de deuda, las aportaciones para futuros aumentos de capital y los pasivos y reservas del activo, pasivo o capital que sean o hayan sido deducibles. Para los efectos de este artículo, se considera que las reservas se crean o incrementan mensualmente y en la proporción que representan los ingresos del mes del total de ingresos en el ejercicio.
Artículo 7o. D. Para los efectos de esta Ley, en las operaciones financieras derivadas a que se refiere el artículo 16A del Código Fiscal de la Federación se estará a lo dispuesto en este artículo.
Se consideran operaciones financieras derivadas de deuda, aquéllas en las que del bien objeto de la operación se deriven ingresos por intereses y operaciones financieras derivadas de capital, aquéllas en las que del bien objeto de la operación se deriven ingresos por otros conceptos. En los casos en que del bien objeto de la operación de que se trate se deriven conjuntamente ingresos por intereses y por otros conceptos, se estará a lo dispuesto en esta Ley para las operaciones financieras derivadas de deuda únicamente por las cantidades pagadas y percibidas que sean atribuibles a la parte de la operación de la que se deriven intereses. Por los montos restantes se estará a lo dispuesto en esta Ley para las operaciones financieras derivadas de capital.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalará mediante reglas de carácter general las operaciones financieras derivadas que se considerarán de deuda y de capital en los términos de este artículo.
Artículo 12A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. No se considerarán los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero que hayan sido objeto de retención de impuesto sobre la renta, así como los ingresos atribuibles a sus establecimientos ubicados en el extranjero que estén sujetos al pago del impuesto sobre la renta en el país donde se encuentren ubicados estos establecimientos.
Artículo 18A. En el caso de operaciones financieras derivadas de capital a que se refiere el artículo 7o. D de esta Ley, se determinará la ganancia acumulable o pérdida deducible, conforme a lo siguiente:
I. Cuando la operación se liquide en efectivo, se considerará como ganancia o pérdida, según sea el caso, la diferencia entre la cantidad final que se perciba o entregue como consecuencia de la liquidación o, en su caso, del ejercicio de los derechos u obligaciones contenidos en la operación y la cantidad inicial que, en su caso, se haya pagado o percibido por la celebración de dicha operación o por haber adquirido posteriormente el derecho o la obligación contenida en la misma, según sea el caso.
II. Cuando la operación se liquide en especie, se considerará que los bienes objeto de la operación se enajenaron o se adquirieron, según sea el caso, al precio percibido o pagado en la liquidación, adicionado con la cantidad inicial que se haya pagado o percibido por la celebración de dicha operación o por haber adquirido posteriormente el derecho o la obligación consignada en los títulos o contratos en los que conste dicha operación, según corresponda.
III. Cuando los títulos en los que consten las operaciones financieras derivadas se enajenen antes de su vencimiento, se considerará como ganancia o pérdida, según sea el caso, la diferencia entre la cantidad que se perciba por la enajenación y la cantidad inicial que, en su caso, se haya pagado por su adquisición.
IV. Cuando los derechos u obligaciones consignados en los títulos o contratos en los que consten operaciones financieras derivadas no se ejerciten durante el plazo de su vigencia, se considerará como ganancia o pérdida, la cantidad inicial que, en su caso, se haya percibido o pagado por la celebración de dicha operación o por haber adquirido posteriormente el derecho o la obligación contenida en la misma, según sea el caso.
V. Cuando lo que se adquiera sea el derecho o la obligación a realizar una operación financiera
derivada de capital, la ganancia o pérdida se determinará en los términos de este artículo hasta la fecha en que se liquide la operación sobre la cual se adquirió el derecho u obligación, adicionando, en su caso, a la cantidad inicial a que se refieren las fracciones anteriores, la cantidad que se hubiere pagado o percibido por adquirir el derecho u obligación a que se refiere esta fracción. Cuando no se ejercite el derecho u obligación a realizar la operación financiera derivada de que se trate en el plazo pactado, se estará a lo dispuesto en la fracción anterior.
Las cantidades iniciales a que se refieren las fracciones I a IV anteriores se actualizarán por el período transcurrido entre el mes en que se pagaron o percibieron y aquél en el que la operación financiera derivada se liquide, se ejerza el derecho u obligación consignada en la misma, o se enajene el título en el que conste dicha operación, según sea el caso. La cantidad que se pague o perciba por adquirir el derecho o la obligación a realizar una operación financiera derivada de capital a que se refiere la fracción V anterior, se actualizará por el período transcurrido entre el mes en que se pague o perciba y aquél en el que se liquide o ejerza el derecho u obligación consignado en la operación sobre la cual se adquirió el derecho u obligación.
Cuando el titular del derecho concedido en la operación ejerza el derecho y el obligado entregue acciones emitidas por él y que no hayan sido suscritas (acciones de tesorería) dicho obligado no acumulará el precio o la prima que hubiese percibido por celebrarla, ni el ingreso que perciba por el ejercicio del derecho concedido, debiendo considerar ambos montos como aportaciones a su capital social.
Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las operaciones financieras derivadas de deuda para calcular el interés acumulable o deducible por dichas operaciones en los términos que señala el artículo 7o. A de esta Ley.
Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se otorguen en los siguientes casos:
a) A la Federación, entidades federativas o municipios.
b) A las entidades a las que se refiere el artículo 70A.
c) A las entidades a que se refiere el artículo 70B de esta Ley.
d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X y XI del artículo 70 y que cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones II a VI del artículo 70B de esta Ley.
e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los requisitos del artículo 70C.
f) A programas de escuela - empresa.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación las instituciones que reúnen los requisitos antes señalados.
Penúltimo párrafo (Se deroga).
Ultimo párrafo (Se deroga).
II a XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XVI. Que en el caso de adquisición de bienes de importación se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación. El importe de dichas adquisiciones no podrá ser superior al valor en aduanas del bien de que se trate.
El contribuyente sólo podrá deducir las adquisiciones de los bienes que mantenga fuera del país, hasta el momento en que se enajenen o se importen salvo que dichos bienes se encuentren afectos a un establecimiento permanente que tenga en el extranjero.
XVII a XXIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XVIII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de esta Ley, salvo que su adquisición y enajenación se efectúe dando cumplimiento a los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Las pérdidas que se puedan deducir conforme al párrafo anterior no excederán del monto de las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en la enajenación de acciones y
otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de esta Ley, en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes. Dichas pérdidas se actualizarán por el período comprendido desde el mes en que ocurrieron hasta el mes de cierre del ejercicio. La parte de las pérdidas que no se deduzcan en un ejercicio, se actualizarán por el período comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en que se deducirá.
XIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XX. Las pérdidas que se obtengan en operaciones financieras derivadas celebradas con personas físicas o morales residentes en el país o el extranjero, en los casos en que, directa o indirectamente, una de ellas posea interés en los negocios de la otra, existan intereses comunes entre ambos o una tercera persona tenga interés en los negocios o bienes de aquéllas, salvo que se trate de contribuyentes que componen el sistema financiero en los términos de la fracción III del artículo 7o. B de esta Ley.
Tampoco serán deducibles las cantidades iniciales pagadas en las operaciones financieras derivadas. Para estos efectos, se estará a lo dispuesto en los artículos 7o. B y 18A de esta Ley.
XXI a XXII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 29. El valor de los bienes que reciban los establecimientos permanentes ubicados en México de contribuyentes residentes en el extranjero de la oficina central o de otro establecimiento del contribuyente ubicado en el extranjero no podrá ser superior al valor en aduanas del bien de que se trate.
Artículo 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La opción a que se refiere este artículo sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en el territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas y de influencia del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, las que serán determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las construcciones a que se refiere el subinciso 1 del inciso a, de la fracción I de este artículo, así como a embarcaciones y contenedores utilizados en el transporte internacional de bienes.
Artículo 64. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá modificar la utilidad o pérdida fiscal mediante la determinación presuntiva del precio en que los contribuyentes adquieran o enajenen bienes, así como el monto de la contraprestación en el caso de operaciones distintas de enajenación, en los siguientes casos:
Artículo 64A. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá modificar la utilidad o pérdida fiscal mediante la determinación del precio o del monto de la contraprestación en las operaciones celebradas entre personas morales, residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, así como de las actividades realizadas a través de fideicomisos, si una de ellas posee interés en los negocios de la otra, o bien existen intereses comunes entre ambas, o inclusive cuando una tercera persona tenga interés en los negocios o bienes de aquéllas, siempre que:
Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones anteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta los elementos a que se refieren dichas fracciones que sean pertinentes, podrá modificar la utilidad o pérdida fiscal del contribuyente, aun y cuando se trate de operaciones que se realicen a título gratuito, cuando en operaciones idénticas o similares o en transacciones independientes con o entre partes relacionadas y bajo condiciones similares se haya percibido alguna contraprestación, excepto cuando el contribuyente demuestre que ha celebrado con anterioridad operaciones idénticas o similares a título gratuito con terceros no relacionados.
Artículo 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. El costo de los bienes incrementado con el por ciento de utilidad bruta con que opera el contribuyente determinado de conformidad con el Código Fiscal de la Federación o el precio de adquisición incrementado con el coeficiente que para determinar la utilidad fiscal le correspondería al contribuyente de conformidad con el artículo 62 de esta Ley y con un porcentaje de utilidad razonable que se determine a través del análisis económico que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el caso concreto tomando en consideración los porcentajes de utilidad que se obtengan en operaciones similares efectuadas por el contribuyente o por terceros con partes no relacionadas.
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como
las sociedades o asociaciones civiles que sin designar individualmente a los beneficiarios, las actividades que realicen sean de las que a continuación se señalan:
a) La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por problemas de invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;
b) La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo e inválidos de escasos recursos;
c) La prestación de asistencia médica o jurídica, de orientación social, así como de servicios funerarios a personas de escasos recursos, especialmente a menores, ancianos e inválidos;
d) La readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas, o
e) La rehabilitación de farmacodependientes de escasos recursos.
VII a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.
XI. Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines culturales, las dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas, así como bibliotecas y museos abiertos al público.
XII a XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 70A. Las fundaciones, patronatos y demás entidades cuyo propósito sea apoyar económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley, podrán obtener donativos deducibles, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
I. Destinen la totalidad de sus ingresos a los fines para los que fueron creadas.
II. Al momento de su liquidación destinen la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles.
Los requisitos a los que se refiere este artículo, deberán constar en la escritura constitutiva de la persona moral de que se trate.
Artículo 70B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b) (Se derogan).
c) Entidades que se dediquen a cualquiera de los fines a que se refieren las fracciones VI, X y XI del artículo 70 de esta Ley y que de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una parte sustancial de sus ingresos la reciban de fondos proporcionados por la Federación, estados o municipios, de donativos o de aquellos ingresos derivados de la realización de su objeto social y no reciban ingresos en cantidades excesivas por concepto de arrendamiento, intereses, dividendos o regalías o por actividades no relacionadas con su objeto social.
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V (Se deroga).
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 70C. Las asociaciones o sociedades civiles que se constituyan con el propósito de otorgar becas podrán obtener autorización para recibir donativos deducibles, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
I. Que las becas se otorguen para realizar estudios en instituciones de enseñanza que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación o, cuando se trate de instituciones del extranjero, estén reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
II. Que las becas se otorguen mediante concurso abierto al público en general y su asignación se base en datos objetivos relacionados con la capacidad académica del candidato.
III. Que cumplan con los requisitos a los que refieren las fracciones II, III, IV y VI, así como el último párrafo del artículo 70B de esta Ley.
Artículo 70D. Los programas de escuela - empresa establecidos por instituciones que cuenten con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, serán contribuyentes de este impuesto y la institución que establezca el programa será responsable solidaria con la misma.
Los programas mencionados podrán obtener autorización para constituirse como empresas independientes, en cuyo caso considerarán ese momento como el de inicio de actividades.
La Secretaría mediante reglas de carácter general establecerá las obligaciones formales y la forma en que se efectuarán los pagos provisionales, en tanto dichas empresas se consideren dentro de los programas de escuela - empresa.
Artículo 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XVI. Los obtenidos con motivo de la enajenación de acciones u otros títulos valor que se realicen a través de bolsa de valores autorizada o mercados de amplia bursatilidad que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en reglas generales que al efecto expida, y siempre que dichos títulos sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista conforme a dichas reglas generales. En los casos de fusión de sociedades, no será aplicable la exención prevista en esta fracción por las acciones que se enajenen y que se hayan obtenido del canje efectuado de sus acciones de las sociedades fusionadas si las acciones de estas sociedades no eran de las que se consideran colocadas entre el gran público inversionista en los términos de esta fracción.
En el caso de operaciones financieras derivadas de capital a que se refiere el artículo 7o. D de esta Ley, no se pagará el impuesto cuando los bienes objeto de la operación sean acciones o títulos valor de los mencionados en el párrafo anterior, o las operaciones se encuentren referidas a índices, canastas o rendimientos sobre los mismos, por los ingresos que se deriven de dichas operaciones, siempre que, en ambos casos, las operaciones se realicen a través de bolsa de valores o mercados de amplia bursatilidad que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las reglas generales que al efecto expida.
XVII y XIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asimismo, no se pagará el impuesto por los intereses que provengan de títulos de crédito que reúnan los requisitos mencionados en el artículo 125 de esta Ley, cuyo plazo de vencimiento sea superior a un año. En el caso de que el emisor adquiera o redima, total o parcialmente, los títulos mencionados antes del plazo señalado, el impuesto que corresponda a los intereses derivados de dichos valores, se pagará en los términos de este Título.
Artículo 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de escisión de sociedades, no será aplicable lo dispuesto en esta fracción siempre que la suma del capital de la sociedad escindente, en caso de que subsista, y de las escindidas sea igual al que tenía la sociedad escindente y las acciones que se emitan como consecuencia de dichos actos sean canjeadas a los mismos accionistas de esta última.
El saldo de la cuenta de capital de aportación únicamente se podrá transmitir a otra sociedad mediante fusión o escisión. En el caso de fusión, no se tomará en cuenta el saldo de la cuenta de capital de aportación de las sociedades fusionadas, en la proporción en que las acciones de dichas sociedades que sean propiedad de las que subsistan al momento de la fusión, representen respecto del total de sus acciones. En el caso de escisión, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las escindidas en la proporción en que se divida el capital con motivo de la escisión.
III a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de escisión de sociedades, no será aplicable lo dispuesto en este artículo, siempre que la suma del capital de la sociedad escindente, en caso de que subsista, y de las escindidas sea igual al que tenía la sociedad escindente y las acciones que se emitan como consecuencia de dichos actos sean canjeadas a los mismos accionistas de esta última.
Artículo 130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El impuesto por los ingresos derivados de juegos con apuestas se calculará aplicando el 1% sobre el valor total de la cantidad a distribuir de todos los boletos que resulten premiados.
Artículo 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIV. Los provenientes de operaciones financieras derivadas a que se refiere el artículo 7o. D de esta Ley. Para estos efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 135A de esta Ley.
Artículo 135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ultimo párrafo (Se deroga).
Artículo 135A. Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción XIV del artículo 133 de
esta Ley, el interés y la ganancia o pérdida, acumulable o deducible, en las operaciones financieras derivadas de deuda y de capital se de terminará conforme a lo dispuesto en los artículos 7o. A y 18A de esta Ley, respectivamente.
Las casas de bolsa o instituciones de crédito que intervengan en las operaciones financieras derivadas a que se refiere el artículo 7o. D de esta Ley, o en su defecto, las personas que efectúen los pagos a que se refiere este artículo deberán retener como pago provisional el 15% sobre el interés o la ganancia acumulable que resulte en la operación, determinada en los términos de los artículos 7o. A y 18A de esta Ley, según corresponda. Estas personas deberán proporcionar al contribuyente constancia de la retención efectuada y efectuarán su entero conjuntamente con las retenciones a que se refiere el artículo 80 de esta Ley.
Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este artículo efectuarán pagos provisionales trimestrales a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 86 de esta Ley, a la diferencia que resulte de disminuir a las ganancias del trimestre por el que se efectúe el pago, las pérdidas correspondientes al mismo período, determinadas conforme a lo previsto en los artículos 7o. A ó 18A de esta Ley, según sea el caso. Contra el impuesto que resulte a su cargo podrán acreditar el impuesto que se les hubiera retenido en el período de que se trate en los términos del párrafo anterior.
Las ganancias que obtenga el contribuyente deberán acumularse en su declaración anual, pudiendo disminuirlas con las pérdidas generadas en dichas operaciones por el ejercicio que corresponda y hasta por el importe de las ganancias.
Artículo 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XV. Que en el caso de adquisición de bienes de importación se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación. El importe de dichas adquisiciones no podrá ser superior al valor en aduanas del bien de que se trate.
El contribuyente sólo podrá deducir las adquisiciones de los bienes que mantenga fuera del país, hasta el momento en que se enajenen o se importen salvo que dichos bienes se encuentren afectos a un establecimiento permanente que tenga en el extranjero.
XVI a XX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIV. Las pérdidas que se obtengan en operaciones financieras derivadas celebradas con personas físicas o morales residentes en el país o el extranjero, en los casos en que, directa o indirectamente, una de ellas posea interés en los negocios de la otra, existan intereses comunes entre ambas o una tercera persona tenga interés en los negocios o bienes de aquéllas, salvo que se trate de contribuyentes que componen el sistema financiero en los términos de la fracción III del artículo 7o. B de esta Ley.
Tampoco serán deducibles las cantidades iniciales pagadas en las operaciones financieras derivadas. Para estos efectos, se estará a lo dispuesto en los artículos 7o. B y 18A de esta Ley.
XV a XVII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Los donativos no onerosos ni remunerativos que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se otorguen en los siguientes casos:
a) A la Federación, entidades federativas o municipios.
b) A las entidades a las que se refiere el artículo 70A.
c) A las entidades a que se refiere el artículo 70B de esta Ley.
d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X y XI del artículo 70 y que cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones II a VI del artículo 70B de esta Ley.
e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los requisitos del artículo 70C.
f) A programas de escuela - empresa.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación las instituciones que reúnen los requisitos antes señalados.
Ultimo párrafo. (Se deroga).
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 142. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. El impuesto acreditable en los términos de los artículos 6o., 122 y del último párrafo del artículo 135.
Artículo 145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes:
I. Se estará exento por los primeros 32 mil nuevos pesos obtenidos en el año de calendario de que se trate.
II. Se aplicará la tasa del 15% a los ingresos percibidos en el año
de calendario de que se trate que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y que no sean superiores a 256 mil nuevos pesos.
III. Se aplicará la tasa del 30% a los ingresos percibidos en el año de calendario de que se trate que excedan de 256 mil nuevos pesos.
La persona que efectúe los pagos deberá efectuar la retención del impuesto si es residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento o base fija en México con el que se relacione el servicio. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.
Artículo 146. Se exceptúan del pago del impuesto a que se refiere el artículo anterior a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, pagados por residentes en el extranjero, personas físicas o morales, que no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo, el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que el servicio prestado tenga una duración menor a 183 días naturales, consecutivos o no, en un período de 12 meses.
Segundo párrafo (Se deroga).
Artículo 147. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes:
I. Se estará exento por los primeros 32 mil nuevos pesos obtenidos en el año de calendario de que se trate.
II. Se aplicará la tasa del 15% a los ingresos percibidos en el año de calendario de que se trate, que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y que no sean superiores a 256 mil nuevos pesos.
III. Se aplicará la tasa del 30% a los ingresos percibidos en el año de calendario de que se trate que excedan de 256 mil nuevos pesos.
La persona que efectúe los pagos deberá efectuar la retención del impuesto si es residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente o base fija en México con el que se relacione el servicio. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.. . . .
Artículo 147A. Se exceptúan del pago del impuesto a que se refiere el artículo anterior a los ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente, pagados por residentes en el extranjero, personas físicas o morales, que no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo, el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que el servicio prestado tenga una duración menor a 183 días naturales, consecutivos o no, en un período de 12 meses.
Segundo párrafo (Se deroga).
Artículo 151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se exceptúan del pago del impuesto por los ingresos a que se refiere este artículo, cuando la operación se realice a través de bolsa de valores autorizada o mercados de amplia bursatilidad que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en reglas generales que al efecto expida, y siempre que dichos títulos sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista conforme a dichas reglas generales. En los casos de fusión de sociedades, no será aplicable la exención prevista en esta fracción por las acciones que se enajenen y que se hayan obtenido del canje efectuado de sus acciones de las
sociedades fusionadas si las acciones de estas sociedades no eran de las que se consideran colocadas entre el gran público inversionista en los términos de este artículo.
Artículo 151B. Tratándose de operaciones financieras derivadas de capital a que se refiere el artículo 7o. D, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, cuando dichas operaciones se celebren con acciones o títulos valor de los mencionados en el artículo 151 de esta Ley.
El impuesto será el 20% de la cantidad que perciba el residente en el extranjero proveniente de la operación financiera derivada de que se trate, sin deducción alguna.
La retención deberá efectuarse por el residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México que efectúe los pagos, salvo que la operación se efectúe a través de un banco o casa de bolsa residente en el país, en cuyo caso el banco o casa de bolsa deberá efectuar la retención que corresponda. En caso distinto el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.
Los contribuyentes que tengan representante en el país que reúna los requisitos establecidos en el artículo 160 de esta Ley podrán optar por aplicar la tasa del 30% sobre la ganancia obtenida en los términos del artículo 18A de esta Ley, sin deducir las pérdidas que resulten en los términos de ese mismo artículo. En este caso el representante calculará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Esta opción sólo se podrá ejercer cuando el contribuyente resida en un país en el que el impuesto sobre la renta que, en su caso, hubiere resultado a su cargo por la ganancia que se hubiere obtenido, como si se tratara de su único ingreso, sea igual o superior al 70% del impuesto que se hubiera causado en México de haber sido percibidos dichos ingresos por una persona moral residente en el país.
Los contribuyentes que cumplan con los requisitos a que se refiere el párrafo anterior podrán optar por aplicar la tasa del 30% al resultado que se obtenga de disminuir a las ganancias obtenidas en los términos del artículo 18A de esta Ley, las pérdidas que haya tenido en los términos del mismo artículo, durante un período que no podrá exceder de tres meses. En este caso, el representante calculará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio a más tardar el día 17 del mes siguiente al término del período antes mencionado.
Se exceptúan del pago del impuesto a los ingresos que provengan de operaciones financieras derivadas de capital cuando los bienes objeto de la operación sean acciones o títulos valor que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista conforme a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o las operaciones se encuentren referidas a índices, canastas o rendimientos sobre los mismos, por los ingresos que se deriven de dichas operaciones, siempre que, en ambos casos, las operaciones se realicen a través de bolsa de valores o mercados de amplia bursatilidad que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las reglas generales que al efecto expida.
Cuando las autoridades fiscales practiquen avalúo y éste exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada para el residente en el extranjero en la operación de que se trate, la diferencia se considerará ingreso del residente en el extranjero y el impuesto será el 20% sobre el total de la diferencia sin deducción alguna, debiendo ser enterado por el contribuyente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la notificación que efectúen las autoridades fiscales.
Tratándose de operaciones valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista conforme a las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando se enajenen fuera de la bolsa o mercado relevante de que se trate, las autoridades fiscales considerarán la cotización en dicha bolsa o mercado del último hecho al día de la enajenación, en lugar del valor del avalúo.
Artículo 152. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Las utilidades y reembolsos de capital que envíen los establecimientos permanentes o bases fijas de personas morales extranjeras a la oficina central de la sociedad o a otro establecimiento permanente de ésta en el extranjero, incluyendo aquellos que se deriven de la terminación de sus actividades, que no provengan del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta del residente en el extranjero o de la cuenta de remesas de capital, respectivamente. En este caso, el
establecimiento permanente o base fija deberá enterar como impuesto a su cargo el que resulte de aplicar la tasa del artículo 10 de esta Ley a la cantidad que resulte de multiplicar el monto de dichas utilidades o remesas por el factor de 1.515.
Para los efectos del párrafo anterior, la cuenta de utilidad fiscal neta del residente en el extranjero se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio determinada conforme a lo previsto por el artículo 124 de esta Ley, así como los dividendos percibidos de personas morales residentes en México por acciones que formen parte del patrimonio afecto al establecimiento permanente o base fija, y se disminuirá con el importe de las utilidades que envíe el establecimiento o base fija a su oficina central o a otro de sus establecimientos en el extranjero en efectivo o bienes, así como con las utilidades distribuidas a que se refiere la fracción III del presente artículo, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la suscripción o aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 días siguientes a su distribución. En la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta del residente en el extranjero será aplicable lo dispuesto en el artículo 124 de esta Ley, a excepción del párrafo primero.
La cuenta de remesas de capital a que se refiere este artículo se adicionará con las remesas de capital percibidas de la oficina central de la sociedad o de cualquiera de sus establecimientos en el extranjero y se disminuirá con el importe de las remesas de capital reembolsadas a dichos establecimientos en efectivo o en bienes. El saldo de esta cuenta que se tenga al último día de cada ejercicio se actualizará por el período comprendido desde el mes en que se efectúo la última actualización hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se reembolsen o envíen remesas con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha del reembolso o percepción, se actualizará por el período comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización hasta el mes en que se efectúe el reembolso o percepción.
III. Los establecimientos permanentes o bases fijas que efectúen reembolsos de capital a su oficina central o a cualquiera de sus establecimientos en el extranjero considerarán dicho reembolso como utilidad distribuida hasta por la cantidad que resulte de restarle al capital contable de la sociedad que se encuentre afecto al establecimiento permanente o base fija en México, según el estado de posición financiera que al efecto realice un contador público registrado en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación referido a la fecha del reembolso, el saldo de las cuentas de utilidad fiscal neta del residente en el extranjero y de remesas de capital que se tenga a la fecha en que se efectúe el reembolso referido, cuando el saldo de las cuentas sea menor.
Los establecimientos permanentes o bases fijas deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda al resultado que se obtenga conforme a lo dispuesto en esta fracción, aplicando la tasa del artículo 10 de esta Ley al monto que resulte de multiplicar dicho resultado por el factor de 1.515, cuando la utilidad no provenga del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de residentes en el extranjero a que se refiere la fracción anterior. No se efectuará pago alguno cuando la utilidad provenga del saldo de la referida cuenta. El impuesto que resulte en los términos de esta fracción deberá enterarse conjuntamente con el que, en su caso, resulte conforme a la fracción anterior.
La utilidad por la que se pague el impuesto en los términos de esta fracción se adicionará a la cuenta de remesas de capital a que se refiere la fracción anterior.
Para los efectos de las fracciones II y III de este artículo se considera que lo último que envía el establecimiento permanente al extranjero son reembolsos de capital.. . . . .
Artículo 154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
También se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional tratándose de operaciones financieras derivadas de deuda a que se refiere el artículo 7o. D de esta Ley, cuando dichas operaciones se celebren respecto de créditos o instrumentos por los que se deriven ingresos de los mencionados en el párrafo anterior.
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable a los intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de los títulos de crédito que se encuentren en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 125 de esta Ley, así como a los colocados en el extranjero a través de bancos o casas de bolsa, siempre que los documentos en los que conste la operación de
financiamiento correspondiente se encuentren inscritos en la Sección Especial del Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Asimismo, lo previsto en esta fracción será aplicable a los ingresos que provengan de operaciones financieras derivadas de deuda, siempre que cumplan con los requisitos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general.
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de operaciones financieras derivadas de deuda, el impuesto se calculará aplicando al interés acumulable que resulte en los términos del artículo 7o. A de la Ley, sin actualización alguna, la tasa que corresponda de acuerdo con este artículo a los intereses que se deriven de los créditos o instrumentos objeto de la operación, por los ingresos que se deriven de dichos créditos o instrumentos.
Artículo 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El impuesto por los ingresos derivados de juegos con apuestas se calculará aplicando el 1% sobre el valor total de la cantidad a distribuir de todos los boletos que resulten premiados.
Artículo 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Operaciones financieras derivadas, los que provengan de las operaciones a que se refiere el artículo 16A del Código Fiscal de la Federación."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo tercero. Para efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, se aplicarán las siguientes disposiciones transitorias:
I. Los establecimientos permanentes y bases fijas en México de residentes en el extranjero considerarán como saldo de la cuenta de remesas de capital a que se refiere la fracción II, del artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el saldo de la cuenta de remesas que tengan a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, disminuido con el monto que conforme a este artículo pueda considerarse como saldo inicial de la cuenta de utilidad fiscal neta de residentes en el extranjero. El monto que podrá considerarse como saldo inicial de esta última cuenta es el que, en su caso, resulte conforme a lo siguiente:
a) Se sumará la utilidad fiscal neta que se hubiera determinado en cada uno de los ejercicios anteriores conforme a lo previsto en el artículo 124 de la Ley del impuesto mencionado y actualizada en los términos del último párrafo del artículo 152, vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, hasta el mes de diciembre de 1993, y
b) Al monto que se obtenga conforme al inciso anterior se le restará la cantidad que resulte de sumar las remesas que haya enviado el establecimiento permanente o base fija de que se trate a su oficina central o a otro de sus establecimientos en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 1993, actualizadas en los términos de la fracción anterior.
En caso de que el monto que se obtenga conforme al inciso b, sea igual o superior al que resulte de acuerdo con el inciso a, el saldo inicial de la cuenta de utilidad fiscal neta de residentes en el extranjero será igual a cero.
II. Lo dispuesto en el artículo 70C podrá aplicarse desde el 1o. de enero de 1993.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Artículo cuarto. Se reforman los artículos 15, fracciones X, inciso i y XI; 25, fracción III; 29, fracción V, y 41, fracción IV, y se adiciona el artículo 29, fracción IV con un inciso g a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
"Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) Deriven de títulos de crédito que sean de los que se consideran como colocados entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de operaciones de préstamo de títulos, valores y otros bienes fungibles a que se refiere la fracción III del artículo 14A del Código Fiscal de la Federación.
XI. Por los que se deriven de operaciones financieras derivadas a que se refiere el artículo 16A del Código Fiscal de la Federación.
XII a XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya prestación en territorio nacional, no den lugar al pago del impuesto al valor agregado o se les aplique la tasa del 0% y las de bienes muebles usados, únicamente
cuando éstos sean de los mencionados en el artículo 20A, fracción I, inciso e y 9o. fracción III de esta Ley.
IV a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Servicios personales independientes que sean aprovechados en su totalidad en el extranjero por residentes en el extranjero sin establecimiento o base fija en el país.
V. La transportación internacional de bienes prestada por residentes en el país y los servicios portuarios de carga, descarga, alijo, almacenaje, custodia, estiba y acarreo dentro de los puertos e instalaciones portuarias, siempre que se presten en maniobras para la exportación de mercancías.
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Intereses, los títulos de crédito, las operaciones financieras derivadas y los productos o rendimientos derivados de su propiedad o enajenación.
V y VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
LEY ADUANERA
Artículo quinto. Se reforman los artículos 5o; 5o. C; 5o. D; 15, segundo párrafo; 19A, primer párrafo; 25, fracciones I, c y e, II, inciso b, y el actual antepenúltimo párrafo; 29, primer y tercer párrafos; 30, primer párrafo, fracción II; 31, primer párrafo y fracción II; 49, fracción I, inciso d; 50, fracción II, inciso b; 55D, fracción II; 72A; 96, antepenúltimo párrafo; 116, fracciones XIII y XXVI; 121 - A, fracción V; 135, fracción II; 136, fracción VII; 137, fracción VI; 139C, primer párrafo y fracción IV; 144 segundo párrafo; 148, fracción II, inciso a; se adicionan los artículos 80 - A, fracción IV, con segundo párrafo; 25, con un penúltimo párrafo; 29 con un sexto párrafo; 30 con un antepenúltimo párrafo; 63, con una fracción VI; un Capítulo VII al Título Cuarto denominado "Transformación en Recinto Fiscal o Fiscalizado" con el artículo 103 - B; 126 - A; 145, fracción V con un segundo párrafo; 147 con una fracción II; y se derogan los artículos 35, fracción II, apartado B; 137, fracción III, segundo párrafo; 138, fracciones XI y XIII; 139, fracción III; 145, fracción IX; 147, fracción VIII de y a la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
"Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar en la aduana las autoridades fiscales y los consignatarios o destinatarios en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales.
Artículo 5o - C. Las personas que al entrar al país lleven consigo cantidades en efectivo o en cheques, o una combinación de ambas, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América, estarán obligadas a declararlo en las aduanas.
Artículo 5o. D. La aplicación de las cuotas compensatorias, como medidas de restricción o regulación no arancelarias, determinadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a la Ley de la materia, se sujetarán a las disposiciones establecidas en la ley indicada, en esta Ley y en otros ordenamientos. Las disposiciones legales que se apliquen a las cuotas compensatorias en lo relativo a su causación y pago serán las mismas que rijan para el caso de las contribuciones, salvo que en algún ordenamiento legal se establezcan expresamente otras.
Artículo 8o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando no sean retiradas por causas imputables a la autoridad aduanera el servicio no se cobrará al particular afectado y la contraprestación no cobrada se podrá compensar contra el aprovechamiento a que se refiere este artículo.
V y VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durante el tiempo en que las mercancías se encuentren en depósito ante la aduana se prestarán los servicios de almacenaje, análisis de laboratorio, vigilancia, etiquetado, marcado y colocación de leyendas de información comercial, para estos efectos la autoridad aduanera tomará
las medidas necesarias para la salvaguarda y protección del interés fiscal y de las propias mercancías.
Artículo 19 - A. Los plazos a que se refiere la fracción II del artículo anterior, se computarán a partir de la fecha en que las mercancías ingresen al almacén en el que queden en depósito ante la aduana, salvo en los siguientes casos:
Artículo 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Los documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos en materia de restricciones o regulaciones no arancelarias a la importación, que se hubieran sometido previamente a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior y se hubieran establecido por acuerdo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, o en su caso, conjuntamente con las dependencias del ejecutivo Federal competentes, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación.
e) El documento en el que conste la garantía que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Los documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos en materia de restricciones o regulaciones no arancelarias a la exportación, que se hubieran sometido previamente a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior y establecido por acuerdo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, o en su caso, conjuntamente con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportación.
El agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de las contribuciones causadas, así como del cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de restricciones o regulaciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, de conformidad con lo previsto por esta Ley y por las demás leyes y disposiciones aplicables. Dicho agente no será responsable de la determinación del valor en aduana de las mercancías ni del origen de las mismas, salvo que no conserve la documentación a que se refieren los párrafos siguientes o cuando declare en el pedimento el nombre y Registro Federal de Contribuyentes de un importador que no le hubiere encargado el despacho de las mercancías.
El importador entregará al agente aduanal el certificado de origen de las mercancías en los formatos autorizados. El agente aduanal deberá conservar dicho certificado cuando el mismo no deba presentarse a la autoridad junto con el pedimento.
Artículo 29. Una vez presentado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones determinadas por el interesado, incluyendo el de las cuotas compensatorias, se presentarán las mercancías y se activará el mecanismo de selección aleatorio que determine si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera lo efectuará ante quien presente las mercancías en recinto fiscal. Si no debe practicarse se le entregarán dichas mercancías de inmediato.
Cuando se lleve a cabo el reconocimiento a que se refiere el primer párrafo de este artículo, quien haya presentado las mercancías deberá activar nuevamente un mecanismo de selección aleatoria que determinará si dichas mercancías estarán sujetas a un segundo reconocimiento, cuando no se detecten irregularidades en cualquiera de dichos reconocimientos que den lugar al embargo precautorio de las mercancías o no se presente la garantía a que se refiere el artículo 25 fracción I, inciso e, se entregarán éstas de inmediato.
En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero de las mercancías se detecten irregularidades,
los agentes o apoderados aduanales podrán solicitar sea practicado el segundo reconocimiento de las mercancías en los términos de este artículo.
Artículo 30. Cuando el agente o apoderado aduanal presente para su despacho mercancías sobre las cuales tenga duda en su clasificación arancelaria, por considerar que se pueden clasificar en más de una fracción de una misma partida, podrá optar por el siguiente procedimiento:
II. Efectuará el pago de las contribuciones de conformidad con la fracción arancelaria que considere aplicable, garantizando la diferencia con la fracción cuya tasa sea la más alta de entre las que tenga duda.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá demandar ante el Tribunal Fiscal de la Federación la nulidad de la clasificación arancelaria favorable a un particular que resulte cuando transcurra el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se notifique la resolución que corresponda y dicha clasificación ilegalmente lo favorezca.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 31. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del segundo reconocimiento existan discrepancias entre lo manifestado en el pedimento y el resultado de los mismos, las autoridades aduaneras podrán determinar las contribuciones, las cuotas compensatorias e imponer las multas que correspondan, en forma provisional.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Errores en la determinación de las contribuciones y las cuotas compensatorias, siempre que los elementos para determinarlas hayan sido declarados correctamente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. (Se deroga).
Artículo 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Los gastos por concepto de transporte, seguros y gastos conexos tales como carga, descarga, manejo y almacenaje en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 38 de esta Ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Los gastos de transporte, seguros y gastos conexos en que se incurra con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 38 de esta Ley, tales como carga, descarga y almacenaje.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 55 - D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Los gastos habituales de transporte, seguros y gastos conexos en que se incurra con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 38 de esta Ley, tales como carga, descarga, manejo y almacenaje, no incluidos en el concepto de gastos generales de la fracción anterior.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Transformación en recinto fiscal o fiscalizado.
Artículo 72 - A. Las personas que tengan en su poder por cualquier título, mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, que se hubieran introducido al país sin haber sido sometidas a las formalidades de despacho que esta Ley determina para cualquiera de los regímenes aduaneros, podrán regularizarlas importándolas definitivamente, previo pago de las contribuciones que correspondan y siempre que cumplan con las obligaciones en materia de restricciones o regulaciones no arancelarias.
No podrán ser regularizadas las mercancías en los casos siguientes:
I. Las que entraron bajo el régimen de importación temporal.
II. Cuando la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales o la omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieran notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.
Se considera que las mercancías son susceptibles de ser identificadas individualmente, cuando las mismas tengan número de serie, de parte o de modelo.
Si en el documento con el cual se pagan espontáneamente las contribuciones por las mercancías que se pretendan regularizar, éstas no se identifican individualmente, la regularización no procederá y el particular podrá solicitar la devolución del pago efectuado.
Artículo 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para destinar la mercancía al régimen de depósito fiscal será necesario cumplir en la aduana de despacho con las restricciones o regulaciones no arancelarias aplicables a las importaciones definitivas, así como acompañar el pedimento con la carta de cupo. Dicha carta se expedirá por el almacén general de depósito o por el titular del local destinado a exposiciones internacionales a que se refiere el último párrafo del artículo 101 de esta Ley, según corresponda, y en ella se consignarán los datos del agente o apoderado aduanal que promoverá el despacho.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPITULO VII
Transformación en recinto fiscal o fiscalizado
Artículo 103 - B. El régimen de transformación en recinto fiscal o fiscalizado consiste en la elaboración o transformación de mercancías en dichos recintos, para su retorno al extranjero.
Por las mermas resultantes de los procesos de elaboración o transformación no se causarán los impuestos a la exportación, respecto de los desperdicios se exigirá el pago de dichos impuestos conforme a la clasificación arancelaria que corresponda a la mercancía retornada, salvo que se demuestre que ha sido destruida o sea reciclada y se cumpla con las disposiciones de control que para tales efectos establezca la Secreta ría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Artículo 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII. Establecer precios estimados para mercancías que se importen y retenerlas hasta que se presente la garantía a que se refiere el artículo 25, fracción I, inciso e de esta Ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXVI. Cancelar las garantías que se constituyan en los términos del artículo 25, fracción I, inciso e de esta Ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 121A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 126A. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento se retenga la mercancía por no haberse presentado la garantía a que se refiere el artículo 25, fracción I, inciso e de esta Ley, la autoridad aduanera procederá a retener las mercancías hasta que sea presentada la garantía.
Cuando el valor en aduana se determine conforme al valor de transacción, la cancelación de la garantía a que se refiere el párrafo anterior procederá siempre que se presente la factura comercial debidamente certificada por las autoridades competentes del país en el que resida el proveedor.
Artículo 135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno de las mercancías de importación o internación, según el caso, multa por N$750.00, si el retorno se verifica en forma espontánea, por cada período de 15 días o fracción que transcurra desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa no excederá del valor de las mercancías.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Omitan declarar en la aduana de entrada al país, que llevan consigo cantidades en efectivo
o en cheques, o una combinación de ambas, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América.
Artículo 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundo párrafo (Se deroga).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Multa equivalente al 20% de la cantidad que exceda al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América, a la señalada en la fracción VII.
Artículo 138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI. (Se deroga).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII. (Se deroga).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 139. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. (Se deroga).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 139 - C. Comete las infracciones relacionadas con el uso indebido de gafetes de identificación y uniformes utilizados en los recintos fiscales, quien:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Omita portar los gafetes o utilizar los uniformes que lo identifiquen mientras se encuentre en los recintos fiscales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 144. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El agente aduanal podrá actuar en aduanas distintas a las de su adscripción, siempre que constituya una sociedad de las previstas en la fracción III del artículo 146 de esta Ley y obtenga autorización de la autoridad aduanera.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en los casos de que ambos sean socios de una empresa dedicada a prestar servicios de comercio exterior con anterioridad a la fecha en la que se estableció la obligación a que se refiere dicho párrafo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. (Se deroga).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 147. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. No anexar al pedimento el documento en el que conste la garantía a que se refiere el artículo 25 fracción I, inciso e de esta Ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. (Se deroga).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 148. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) La omisión en el pago de contribuciones y de cuotas compensatorias, en su caso, exceda de N$20,000.00 y del 10% de las que debieron pagarse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ADUANERA
Artículo Sexto. Para los efectos del artículo quinto de este decreto, se estará a las siguientes disposiciones transitorias:
I. Lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 25 - A de la Ley Aduanera entrará en vigor el día lo. de julio de 1994.
II. Las reformas a los artículos 49, fracción I, inciso d; 50, fracción II, inciso b; 55 - D, fracción II, de la Ley Aduanera entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día lo. de enero de 1994.
Reitero a ustedes ciudadanos secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 1o. de diciembre de 1993. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
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CARLOS SALINAS DE GORTARI
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco, para presentar una declaración sobre el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA suscrita por los grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados.
Vengo a hacer una declaración de las fracciones parlamentarias representadas en esta LV Legislatura en torno al Día Mundial del SIDA.
La Organización Mundial de la Salud en 1988, instituyó el 1o. de diciembre como Día Mundial del SIDA. El objetivo fue alertar en todo el mundo a comunidades, grupos, individuos y principalmente a los gobiernos acerca de los peligros de la pandemia del SIDA.
Asimismo, se pretendía promover la participación para la solidaridad y el apoyo a las personas que viven con el VIH, SIDA. Este hecho ha marcado un paso fundamental para que a partir del Programa Mundial Sobre el SIDA que dirige la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo se emprendan acciones, campañas y se desarrollen programas con objetivos precisos.
En 1989, se hizo énfasis en la juventud, reconociendo así el trabajo que venían desempeñando en campañas de educación y al mismo tiempo reconocer que en la juventud se presentan mayores riesgos de contraer el mal del siglo.
En 1990, el Día Mundial del SIDA se enfocó hacia el tema de la mujer para reforzar las campañas para protegerlas;
En 1991 el Programa Mundial del SIDA de la Organización Mundial de la Salud, instituyó lemas para orientar los esfuerzos de sociedades y gobiernos en todo el orbe, iniciando con el lema "compartiendo el desafío". Se instó al mundo a asumir la naturaleza global de esta pandemia, a fin de crear una conciencia que sólo a través de la unión de esfuerzos se puede enfrentar esta pandemia que avanza más rápidamente que las acciones que se toman para combatirla.
El año pasado el lema con el cual nos hermanamos fue una responsabilidad comunitaria, haciendo énfasis en la importancia que representa una comunidad organizada dentro de la sociedad, como un poderoso instrumento de educación y apoyo a las personas que viven con el VIH, SIDA.
El que esta soberanía aborde este tema es de la mayor importancia para que como líderes de opinión que somos, nos hagamos eco de los llamados que nos hacen Hiroshi Nakajima, Michael Merson, directores generales y ejecutivos de la Organización Mundial de la Salud, coadyuvando a prevenir nuevas infecciones del VIH y tratando de asegurar una mejor vida para las personas que padecen este mal, trabajando no sólo el lo. de diciembre sino todos y cada uno de los días del año.
Butros Ghali, secretario general de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, al preparar las jornadas con que se iniciaba esta nueva batalla bajo el lema "tiempo de actuar", convoca a la humanidad señalando que nunca es temprano para actuar en contra del SIDA, nunca es tarde para empezar, el momento de actuar es ahora.
En nuestro país, según el 43 informe semanal de epidemiología de la Secretaría de Salud, se constata que del año pasado a la fecha se ha duplicado la cifra de mexicanos que tienen SIDA, al pasar de 2 mil 212 a 4 mil 147, alcanzando la cifra acumulada de 16 mil 439 de 1981 a 1993.
México ocupa ya el decimoprimer lugar en el mundo; es el tercero en el continente americano. El SIDA es ya la cuarta causa de muerte de
hombres de 25 a 34 años en 1991 a nivel nacional y entre las mujeres del mismo rango de edad, es la decimoprimera causa.
Se calcula según Conasida que en México existen 500 mil personas con infección asintomática del virus de inmunodeficiencia adquirida. En el mundo la Organización Mundial de la Salud calcula que actualmente hay 14 millones de enfermos de SIDA y que al final de siglo habrá 40 millones.
Se deben emplear los conocimientos que se tienen de este mal para tomar acciones concretas, aunque la enfermedad no es curable aún y no se prevé encontrar remedio a corto plazo, el contagio es prevenible mediante una sexualidad responsable y el manejo rígido, estricto y legal de las transfusiones sanguíneas.
Como en todas las enfermedades prevenibles, la mejor forma de erradicarlas es la educación y la información confiable sobre cómo evitar el contagio. Lograr lo anterior es el verdadero reto para frenar el avance del virus.
Tratar de garantizar una mejor canalización de los recursos económicos para combatir este mal, orientándolas hacia campañas claras y objetivas de educación y concientización sobre el SIDA y los medios de prevención antes señalados.
Tratar de convencer para que de manera voluntaria y consciente, las personas que han tenido relaciones sexuales riesgosas, se hagan la prueba de detección del SIDA. Debemos garantizar que este mal se combata respetando plenamente los derechos humanos de las personas que se encuentran afectadas por este mal. Es tiempo de actuar contra el rechazo y la marginación para las personas que viven con el VIH, SIDA; es tiempo de actuar para reducir la vulnerabilidad de las mujeres; es tiempo de actuar para dotar a los jóvenes con el conocimiento contra este mal; es tiempo de actuar señores legisladores. Muchas gracias.
Por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el diputado José Ramírez Román; por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Andrés Barba; por la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Luisa Alvarez Cervantes; por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, Gabriela Guerrero; por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Gonzalo Cedillo Valdez y su servidor representando al Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias compañeros diputados; gracias, señor Presidente.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez (desde su curul):
Pido la palabra señor Presidente.
El Presidente:
¿Con qué objeto diputado Dorantes?
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra por cinco minutos para rectificar hechos.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna consciente del respeto que me merecen. Digo esto por el asunto que voy a exponer, por lo que no sólo apelo al espíritu del artículo 61 constitucional, sino también a su comprensión e inteligencia, pues pienso que es mi deber como representante popular y que es mi deber coadyuvar en la prevención de los problemas de la sociedad. Por lo que respecta a lo que les voy a mencionar, si no lo hiciera, sería de mi parte una falta al cumplimiento de mi deber.
Señor Presidente y compañeros, hoy vi en el periódico La Jornada, que para el año 2000 tendrá el mundo 40 millones de enfermos de SIDA. La fuente es la Organización Mundial de la Salud, y en México tenemos 1 mil 800 niños enfermos de SIDA.
Señores diputados, en una sociedad como la nuestra, formada de núcleos sociales, sociedad en la que estos núcleos sociales trabajan unos para otros para el bienestar de la misma sociedad, por ejemplo el núcleo de los campesinos que produce bienes de consumo y el de los obreros para otros, existe también un núcleo, el de los ministros de los cultos.
Pudiera pensarse que vengo con una forma de xenofobia, pero les aseguro que es solamente pensando por el bienestar de los mexicanos.
Esos ministros de cultos, llámese iglesia, secta o religión, existe un núcleo seudorreligioso que se denomina Testigos de Jehová, que no sólo contamina nuestros principios patrióticos, pues predica que no debemos venerar nuestra bandera ni respetar nuestro himno.
Esta gente, siguiendo sus principios dizque religiosos, no se inyectan, no se hacen transfusiones o sea que no curan sus enfermedades, siendo un posible vehículo de enfermedades, y hoy que se trata del problema de la terrible enfermedad del SIDA, debo decir que se debe dar cumplimiento a la Ley General de Salud que dispone que las personas que se dediquen a trabajos o actividades en las que haya riesgos de que se propague alguna enfermedad transmisible, deberán obtener tarjeta de control sanitario, véanse los artículos 184, 185, 186 y 187 de la Ley general mencionada.
Señores diputados, todos los ministros de los cultos ejercen una enorme influencia religiosa y sicológica sobre los feligreses, llámense de cualquier denominación, por lo que es nuestro deber prevenir el malestar de los ciudadanos que concurren a lugares donde pudiera propagarse alguna enfermedad como el SIDA.
No debemos olvidar que cuando estuvieron en la capital los diferentes ejércitos de la Revolución, antes de la reunión de la soberana convención, fueron obligados los miembros del clero católico a ir a la guarnición de la plaza a pasar examen médico, resultando que más del 62% tenía enfermedades venéreas.
Esto lo pueden leer en la breve historia de la Revolución mexicana, de Jesús Silva Herzog.
Para finalizar, quiero únicamente llamar la atención, tanto de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Salud y de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, a fin de que estas instituciones en el renglón que les corresponda, de acuerdo con sus atribuciones, hagan lo necesario, a fin de que los ministros de todos los cultos cumplan con la Ley y obtengan su credencial de salud, previo examen médico, por lo menos cada año.
Estos núcleos sociales deben entender que no tienen privilegios sobre el interés de la sociedad.
Compañeros diputados: el ejercicio de la verdad nos hará libres. Muchas gracias.
ESTADO DE YUCATÁN
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El diputado Francisco José Paoli Bolio (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto?
El diputado Francisco José Paoli Bolio (desde su curul):
Señor Presidente, hay un punto de discusión que ha sido solicitado sobre los hechos poselectorales del Estado de Yucatán.
Yo ruego a usted dé paso a este punto.
El Presidente:
Se le concede el uso de la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, señor diputado. No está agendado.
El diputado Francisco José Paoli Bolio (desde su curul):
Señor Presidente, hemos solicitado la inclusión de un punto, no estoy pidiendo la palabra para hechos, la voy a tomar para plantear un punto y asumo lo que el Reglamento establece, que son 30 minutos. Espero no entretenerlos más de 15 ó 20.
El Presidente:
Al inicio de la sesión se sometió a consideración de la Asamblea el correspondiente orden del día. En él no aparece el punto que usted manifiesta, señor diputado Paoli. Con todo respeto le pido que nos atengamos al Reglamento y en todo caso haga usted uso de la palabra por cinco minutos, para rectificar hechos.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; ciudadanos diputados:
Acudo a esta tribuna con una enorme preocupación para consignar ante este foro de la nación hechos preocupantes de violencia y consideraciones jurídicas, cuyas consecuencias pueden proyectarse sobre el conjunto
del país.
Anoche, entre las 7.00 y las 10.00 de la noche, fue asaltada la casa de la candidata a gobernadora por el Estado de Yucatán, y esto representa por quien lo hubiera hecho, un acto de provocación.
El Presidente:
Les ruego, compañeros diputados, que permitamos, respetuosamente, que haga uso de la palabra el diputado Paoli, en los términos de las disposiciones que nos regulan. Adelante, diputado Paoli.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Este hecho revela el estado de violencia, que es preocupante y que debo transmitir en esta tribuna.
Hay otros hechos que manifiestan violencia y que son de gran preocupación. La policía disparó contra un grupo de panistas en el pueblo de Buctzotz, gases lacrimógenos, que causaron heridas serias al militante Pablo Herrera.
Este militante fue llevado al hospital y después de ser internado por sus lesiones, fue notificado de que estaba detenido, quedaba incomunicado y el Secretario General de Gobierno, declaró que lo tienen como rehén hasta que la gente de Buctzotz se calme. Este es otro hecho preocupante.
En tercer lugar, quiero comunicarles que el señor Sansón Castillo, presidente del Consejo Municipal Electoral de este pueblo de Buctzotz recibió boletas de un grupo del PRI fuera de tiempo y fuera de las urnas. Este presidente se negó a recibir las boletas y la gente del PRI que se las llevaba lo agredió, el pueblo lo rescató y está a salvo, pero con serios golpes.
Creemos que estos hechos y otros que ahorraré, configuran un panorama sumamente grave en el Estado de Yucatán.
Otras consideraciones son de tipo jurídico. El Congreso del Estado de Yucatán recibió la renuncia de la gobernadora interina y declaró que "resolverá sobre ella en un plazo de 15 días". Esta es otra situación preocupante, porque crea un vacío de poder, crea una falta de autoridad.
No hay fundamento para mantener por 15 días sin Gobierno al Estado de Yucatán.
Por otra parte, corren una serie de rumores que sólo menciono: renuncias de presidentes municipales y renuncias de diputados, que harían imposible considerar la renuncia de la gobernadora; espero que sean simplemente rumores.
Pero quisiera señalar que la renuncia de la gobernadora está sujeta por la Constitución de Yucatán a ser considerada y a ser aceptada por el Congreso, y que tiene que estar justificada como falta grave y suficientemente fundada. Los diputados tendrían que haber hecho una resolución en muy breve plazo y no posponerla por 15 días.
Esto empieza a configurar un panorama de vacío de poder que nos puede llevar a una hipótesis muy clara de desaparición de poderes en el Estado de Yucatán.
Desde luego que, estoy consciente de que esta desaparición de poderes no es una facultad de la Cámara de Diputados, compete a la Cámara de Senadores esta función, como atribución exclusiva.
Sin embargo, creo que esta Cámara de Diputados debe conocer de ella, porque se está configurando un vacío en el Poder Ejecutivo, por la falta de la gobernadora, que no puede ser suplida por una falta temporal, porque ésta no es una falta temporal. Las faltas temporales tienen que ser anunciadas, tienen que ser porque hay una licencia que autoriza el Congreso; éste no es el caso, se presentó una renuncia, no hay falta temporal.
El Secretario General de Gobierno, sólo puede suplir a la gobernadora por faltas temporales, precisamente aceptadas como tales por el Congreso, cuestión que no ha ocurrido, por lo tanto, hay un vacío de poder y no hay Gobierno, y esto configura claramente la hipótesis de la desaparición de poderes.
Si los rumores, además, se confirmaran, de la renuncia de otros poderes municipales y de los legisladores, estaríamos ante la hipótesis confirmada y el Senado deberá resolver la desaparición de poderes.
Quise dejar lo más brevemente posible, ateniéndome al tiempo, asentados estos elementos de preocupación, en el orden de los hechos de violencia, porque tienen como rehén a un militante de Acción Nacional en un hospital y, segundo, las consideraciones jurídicas y la hipótesis que se configura de la desaparición de poderes en el Estado de Yucatán. Muchas gracias .
El Presidente:
Gracias diputado Paoli. ¿Para qué objeto? ¿Con qué objeto?
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul):
Para rectificar hechos.
El Presidente:
Por cinco minutos tiene la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Muchas gracias señor Presidente; compañeros diputados:
Creo que todos los diputados de todos los partidos, todos los mexicanos debemos compartir la preocupación por los sucesos de Yucatán. A todos debe interesarnos que prevalezca el orden social, que se recupere la tranquilidad y que los partidos concuerden hasta el alcance de su capacidad de razón para encontrar soluciones pacíficas y adecuadas.
Quiero referirme particularmente a algunas de las cuestiones que el diputado Paoli mencionó hace un momento. Desconocemos que haya habido algún hecho que pueda calificarse como de asalto a la casa de la candidata a gobernadora por el Partido Acción Nacional. Si así hubiera sucedido es reprobable desde todos los puntos de vista y compete a las autoridades competentes averiguarlo y sancionarlo. Ojalá y no hubiera sucedido así y ojalá este hecho quedara en lo que el propio diputado Paoli ha mencionado como rumores no comprobados.
El domingo, en un municipio que está en el centro del Estado de Yucatán, Buctzotz, se sucedieron algunos acontecimientos que tampoco son deseables para ninguna elección del país. Hubo enfrentamiento entre militantes del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, según tenemos informaciones, que afortunadamente no llegó a daños o a lesiones graves, aunque sé de algunos ciertos ciudadanos que se enfrentaron, de tres policías que fueron encerrados prácticamente durante un tiempo en la tarde del domingo de las elecciones y en la dispersión de estos acontecimientos llevó a este ciudadano, Pablo Herrera, al hospital. Ahí permaneció bajo custodia hasta el día de hoy en que fue puesto en libertad y estará seguramente en estos momentos en su propia casa.
No conocemos ni nos cabe en la inteligencia la posibilidad de que pueda llegar un grupo de militantes de un partido de activistas a tratar de entregarle boletas a un presidente de casilla para que las introduzca o para que abulte los resultados.
Si así hubiera sucedido, me parecería la forma menos inteligente de proceder, no me parece que pueda ser creíble. Y si sucedió como intento, pues simplemente no pasó nada. Ahora bien, habría que determinar la filiación de esos ciudadanos que intentaron ese acto tan poco aceptable, afortunadamente creo que esto también queda en el catálogo de hechos y denuncias que son propios que se susciten en situaciones como las que se están viviendo en Yucatán, en donde hay versiones que desgraciadamente tergiversan la verdad, algunas pueden ser acertadas y acercarse pero generalmente se aumentan y se distorsionan.
Quiero referirme a un punto importante. El cargo de gobernador del Estado de Yucatán es renunciable ciertamente por causa grave y suficiente que debe calificar de una manera muy cuidadosa el Congreso del propio Estado de Yucatán. No marca la Constitución un plazo para resolverlo, la Ley Orgánica del Congreso probablemente lo establezca. Los tiempos legales en cuestiones políticas pueden ser muy extensos o pueden ser muy cortos.
Es deseable que la resolución en el aspecto jurídico de este problema que tiene consecuencias de orígenes políticos pueda darse de la manera más acertada, cuidadosa y adecuada; sin embargo, quiero referirme a una disposición que tiene la Constitución de Yucatán que establece la responsabilidad personal y criminal de los, así lo dice, diputados que acepten la renuncia del gobernador sin llenarse los requisitos de la suficiencia y de la gravedad en la causa. Es un asunto sumamente delicado que merece la mayor ponderación de los representantes populares, diputados del Congreso local de Yucatán.
Yo quisiera decir, interpretar lo que todos los diputados debemos estar pensando, que hagamos votos porque el pueblo de Yucatán, los partidos políticos en Yucatán y a lo que nosotros corresponda, se encuentre el mejor camino para una solución y razón para el pueblo de nuestros compañeros yucatecos. Muchas gracias.
El Presidente:
El diputado Paoli Bolio, tiene el uso de la palabra por cinco minutos para contestar alusiones personales.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; ciudadanos diputados:
Simplemente algunas puntualizaciones en relación con los hechos, celebramos la buena noticia que nos da el diputado don Juan Ramiro Robledo de que ha sido liberado el señor Pablo Rivera.
En segundo lugar, quisiera decir que sí hay denuncia expresa de los hechos que consigné en el sentido de que fue asaltada la casa de Ana Rosa Payán y le diría que hay algo más, que fue asaltada exclusivamente en la habitación personal, ella vive con sus padres, como un acto expreso de provocación. No sé quién lo hizo, pero eso ocurrió y está consignado en una denuncia.
En tercer lugar, quisiera referirme a las consideraciones jurídicas que ha hecho nuestro amigo el diputado don Juan Ramiro Robledo. Efectivamente en el Estado de Yucatán la gubernatura es renunciable, establece el artículo 31 que corresponde al Congreso en sesión plena, con asistencia de no menos de las tres cuartas partes del número total de diputados, es decir, 19 diputados de los 25, resolver sobre la renuncia que de su cargo haga el gobernador del Estado. Sólo podrá aceptarse la renuncia, siempre que a juicio del Congreso hubiese causa grave suficiente y que la renuncia sea hecha personalmente por el gobernador del Estado ante el Congreso, libre de toda coacción o violencia.
Y dice a continuación un artículo fundamental, que es el 32: "Los diputados que acepten la renuncia del gobernador, sin llenarse los requisitos del artículo anterior, serán personal y criminalmente responsables y en este caso la aceptación de la renuncia sería nula".
Coincido totalmente con el diputado Juan Ramiro Robledo, de que es asunto delicado, pero lo delicado también es el plazo, porque no se trata de una falta temporal. La renuncia no ocasiona faltas temporales. Traté de fundamentar brevemente de que para que se dé una falta temporal tiene que haber una ausencia que haya sido autorizada por el propio Congreso del Estado, cosa que no ha ocurrido, no se solicitó licencia por unos días y no puede ser una falta temporal que rebase los 60 días porque hay una hipótesis legal en la propia Constitución de Yucatán si son más de 60 días.
Por tanto, el Congreso del Estado tendría que resolver en un plazo ciertamente con un tratamiento delicado pero perentorio, porque el Gobierno de un Estado está vacío, porque hay que celebrar actos de autoridad, porque se tiene que conducir con las facultades expresas que el Gobierno del Estado tiene y que ahora no tiene titular, no tiene titular. Y ésta es la preocupación, al no haber titular, la preocupación se hace muy amplia.
Yo menciono los rumores no para darles crédito, sino porque están formando parte de un ambiente que configura una situación peligrosa, señores diputados, si se suman a la real, al hecho de que la gobernadora presentó en forma autógrafa y aproximadamente en la madrugada del día de hoy, su renuncia. Esta renuncia no puede ser siquiera confirmada, porque por el artículo que mencionaba el diputado y yo mismo leí hace un momento, los diputados para hacer ese estudio consciente al que se refería, debieran confirmar directamente con la gobernadora, si ella presentó esa renuncia y si lo hizo con plena libertad, libre de toda coacción o de toda violencia. Cosa que no pueden hacer porque no está en el escenario y no existe la posibilidad de los señores diputados de confirmar esto. Pero ahí hay una grave situación, porque los diputados debieran estar en condiciones de poder confirmar directamente, personalmente con la gobernadora, que hay una situación de absoluta libertad en la formulación de su renuncia. Sólo así podría proceder su revisión.
Entonces mandarlo a comisiones sin haber confirmado que esta renuncia se hizo en pleno uso de la libertad es también una falta. Pero esto lo menciono, no voy a insistir en un análisis jurídico de mayor profundidad. Lo que estoy diciendo es que todo esto va configurando un vacío de poder, una grave falta de autoridad que el órgano competente deberá juzgar. Pero que esta Cámara colegisladora tiene que conocer como foro de la nación. Muchas gracias.
El Presidente:
El diputado Alejandro Encinas, por cinco minutos, para rectificar hechos.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Sin lugar a dudas nos encontramos frente a una situación sumamente delicada en el Estado de Yucatán, con la raíz de la inconformidad que se ha expresado por los resultados electorales y el diferendo que se ha presentado entre la autoridad local y el Gobierno Federal, el Estado se encuentra prácticamente al borde de una crisis política que puede generar no solamente vacío de poder, sino una profunda ingobernabilidad en ese Estado.
Nosotros creemos que el Poder Legislativo, en particular la Cámara de Diputados, debe pronunciarse en primer lugar por una investigación a fondo de los acontecimientos violentos, de la violación a las garantías individuales de la candidata del Partido Acción Nacional, para que éstos sean esclarecidos y resueltos a satisfacción, con apego estricto a la Ley.
Y también consideramos que esta Cámara de Diputados debe interponer sus oficios para que respetando la autonomía del Gobierno local, del Congreso local, pueda la Cámara de Diputados ayudar a que se resuelvan los problemas que hoy conducen a esta ingobernabilidad en el Estado.
Creemos que en nada contribuye en el preámbulo de la elección presidencial, continuar ahondando con la burla, con la insatisfacción a la voluntad popular en los procesos electorales. Deben repararse sin lugar a dudas, las violaciones que se cometieron dentro del proceso electoral, respetarse la voluntad popular y no creemos que sea a través de la injerencia del Gobierno Federal, sino con pleno respeto a la autonomía de los yucatecos, como ese problema debe resolverse.
Vaya, pues, nuestro exhorto a la mayoría de esta Cámara, para interponer sus oficios y pronunciarse por investigaciones y el esclarecimiento a fondo de los acontecimientos que hoy llevan a esta situación de crisis política en el Estado. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo, por cinco minutos, en términos del 102.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeros:
Sería ocioso repetir lo que decía hace un momento. Todos debemos de tener interés en que se reestablezca el orden en Yucatán por todos los medios legales que sea posible.
Lo que me preocupa, lo que me empieza a preocupar con la intervención de nuestros dos compañeros, de hace un momento, es que se empiece a hablar, y es una manera de ayudar a que el problema crezca, sin quererlo, desde luego, se empieza a hablar de desaparición de poderes. Creo que no podemos estar pensando en eso ni debemos estarlo mencionando, ni mucho menos desearlo.
A todos nos consta que hace un par de días la gobernadora, a quien todavía no se le acepta la renuncia: Dulce María Sauri, hizo gala de oficio de gobernante, de yucateca cabal, y encontrando la recepción también muy razonable del candidato de Acción Nacional a la Presidencia de la República, lograron, hablando y con buena razón, impedir la posibilidad de un enfrentamiento que hubiera tenido consecuencias muy lamentables.
Entonces es muy importante estar abonando a favor de la idea de que los poderes de Yucatán, los municipales, y los poderes constitucionales del Estado, continúen en sus funciones y en su ejercicio. En tanto no hay renuncia aceptada y en tanto hay una autoridad constitucional que está conociendo de ella, hay ejercicio de poder constitucional; hay ejercicio de poder constitucional.
Y por otra parte, las razones en las que abundó el compañero diputado Paoli, al leer el artículo 32, pues creo que justifican precisamente que éste es un asunto con un procedimiento en donde no puede resolverse tan ligeramente y no es posible que en menos de 24 horas estemos nosotros pensando ni por asomo, en emplazar o en girar oficios con cualquier cosa que vulnere la autonomía o la soberanía interna del Estado de Yucatán.
Repito mi exhortativa a que todos los partidos abonemos a favor de la solución pacífica del pueblo de Yucatán. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Paoli, por cinco minutos, para contestar alusiones personales.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Agradezco, señor Presidente, señores diputados, al diputado Juan Ramiro Robledo, esta oportunidad para aclarar un punto que creo que es medular: la consideración de la causa grave que podría conducir a la aceptación de la renuncia, no es tan difícil como parece insinuarse, aunque comparto la idea de que es delicada y debe verse con mucho cuidado.
Pero no es tan difícil porque el texto de la renuncia, difundido por los medios, de la gobernadora, establece que no está en posibilidad de gobernar a cabalidad. No estoy citando textualmente, pero cuando un gobernante dice que no puede gobernar, es una interpretación mía, sí, del texto de la renuncia, pero dice que no está en condiciones de administrar y de gobernar a cabalidad en el Estado de Yucatán.
Bueno, ésta es una situación más que grave, desde la perspectiva no de la comisión de un delito, sino de la perspectiva de la seguridad jurídica de un estado entero de la República.
Si la gobernante declara que no está en condiciones de gobernar a cabalidad. Ahí hay una falta grave que debiera llevar en términos perentorios a la resolución de aceptar o no la renuncia. Estar posponiendo esto y por un plazo de 15 días, en un ambiente de intensa provocación, de violencia, que todos deseamos que sea concluida, es una grave responsabilidad.
Por supuesto que yo no estoy insinuando nada. Estoy recibiendo hechos y referencias que hacen constantemente, cada minuto, los medios de información. La radio está difundiendo constantemente elementos que no voy a confirmar ahora. Pero que crean, no lo crea esta intervención en la tribuna ni nuestra preocupación que es una obligación manifestar, lo crean los medios. Si los medios están falseando la verdad, si están reproduciendo cosas falsas, con mayor razón habría que haber resuelto esto en un plazo mucho más breve, en un plazo mucho más responsable diría yo.
Esto es lo que quería aclarar, señores.
El diputado Israel González Arreguín (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado González Arreguín?
El diputado Israel González Arreguín (desde su curul):
Para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado González Arreguín, para rectificar hechos.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados:
En principio, la fracción parlamentaria del Frente Cardenista también considera que es necesario integrar una comisión investigadora que sin morbosidad política esclarezca los hechos y, para que con ellos en mano podamos tomar una determinación seria al respecto, en lo que corresponda a esta instancia, y se pueda turnar a las instancias pertinentes los elementos que en forma responsable, esta comisión realice y puedan encontrar en el Estado.
Por otro lado, creo que el día de ayer hacíamos un señalamiento. No podemos, como Cámara de Diputados, simplemente por expectativas de tipo político, caer en actitudes irresponsables.
Creo, compañeras y compañeros, que tenemos estados de la República, que si nos pusiéramos a revisar podría darse que tienen ya gobernadores fuera del término gobernando el Estado, y sin embargo no se ha hecho el aprovechamiento de esta tribuna para manipular situaciones que en otros lugares se dan.
Y yo reconozco la preocupación del compañero Paoli con respecto a Yucatán, pero creo que en honor a la verdad no contribuiría el hecho de que se estén adelantando a los acontecimientos, situaciones que pueden darse en un Estado, que con una forma responsable se les puede dar seguimiento y tomar una determinación sin especulaciones que en nada contribuyan a resolver una situación. Muchas gracias.
ORDEN DEL DÍA
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El secretario Armando Sergio González Santacruz:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se dará lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. - Tercer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
2 de diciembre de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Flores Rivas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes con Proyecto de Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal.
De las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 3o., 4o., 10 y 26 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda ya al artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, J. Jesús Verduzco Montaño, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Ignacio López Martínez, como asistente de visas; Francisco Rivera Fernández, como analista en presupuestos en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y Héctor Manuel Ureña López, como empleado consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Landa Bonilla, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1992.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente:
Señores diputados:
Nos queda un mes de profundo e intenso trabajo. Yo respetuosamente los exhorto a que nos empeñemos con el mejor de nuestros esfuerzos a desarrollarlo en un marco de respeto, de civilidad, de tal manera que realmente podamos concluir este período con la plena convicción de que hemos empeñado nuestro mejor esfuerzo.
Yo quiero recordar que aquel que conculque a la dignidad de los demás está conculcando la suya propia.
(A las 21.47 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 2 de diciembre a las 10.00 horas.
APENDICE
(APÉNDICE 1 DE LA PÁGINA 1356)
SECTOR DESARROLLO RURAL CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
La historia económica y política de un país tiene una estrecha relación en la formación agraria. No existe nación estable con agro tambaleante. No hay país rico, por más industrias y servicios que genere, con campesinos pobres.
No existen países justos con un agro en total crisis. Los estados - naciones que han logrado mayores niveles de bienestar, mayor justicia social y una democratización integral lo han conseguido con bases sólidas de desarrollo agrario. Si nuestro país no adopta políticas intensivas, pero al mismo tiempo sigilosa ante los embates de uno de los principales productores del mundo; tenderá totalmente a desaparecer como estado - nación.
Actualmente las estructuras agrarias deficientes, autoritarias son los efectos claros de un pobre y tambaleante crecimiento y desarrollo económico, político y social.
La severa crisis que enfrenta el campo mexicano y el perfil que se está delineando en la actividad agropecuaria, es consecuencia clara de las deficientes equivocas formulación y aplicación de políticas que se han llevado a la práctica.
Los cambios de la ingerencia pública y la transformación de la gestión económica del Estado en el marco del redimencionamiento estructural, han impulsado un nuevo "modelo de desarrollo" modernizante, cuya lógica es la reestructuración de las formas de propiedad y de producción; y viene configurando un tipo particular e inédito de la función del Estado en la economía.
El proyecto neoliberal del campo responde a la transformación del Estado regulador por el de la "liberación económica", y de la operación espontánea de las fuerzas del mercado. Esto significa la desnacionalización del Estado en la intervención de la economía cuyo origen histórico, lo establece el principio constitucional sobre las formas de propiedad y de la rectoría del Estado en la economía y su razón de ser es precisamente, la de corregir las distorsiones e ineficiencias de las fuerzas del mercado en la explotación de los recursos y la distribución de la riqueza de la nación.
Sin embargo a menos de un año del final del sexenio de Salinas, hasta el momento no se ha tenido efectos positivos de la llamada reconversión o modernización productiva del campo mexicano.
A medida que el sexenio se aproxima a su fin, se siguen acumulando elementos para documentar el fracaso del proyecto modernizador para el campo mexicano impulsado por esta administración bajo las premisas de la desregulación y la liberación comercial.
Lejos de cumplir tan anheladas promesas el Gobierno de Salinas implementó una serie de políticas, a las cuales les apostó el peso de su administración, sin estar acorde con la realidad del campo mexicano. Debido a que se apego a las exigencias de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio(*), política que beneficia a los grupos más tradicionales y afecta seriamente las condiciones sociales y económicas de campesinos y pequeños empresarios agrícolas.
Esta política o proyecto modernizador en el campo fue implementado a raíz de la nula inversión privada, que no fluye hacia la agricultura por las condiciones obvias de rentabilidad y descapitalización del campo.
Ante la grave situación el Gobierno intentó dar solución al grave problema modificando el artículo 27 constitucional, suponiendo que el problema del campo se iba a solucionar con la inversión de grandes flujos de capital privados o la venta masiva de tierras, lo cual sería el resultado inmediato de una política de liberalización comercial.
La reforma al artículo 27 tenía como expectativa permitir una capitalización en el campo por la vía de la inversión privada, esto no se ha
* En el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio, el Gobierno de México siempre se manifestó por estar negociando en el marco de la constitución respetando íntegramente la soberanía nacional y declarando, que una vez firmado, el TLC en 1992 no se volvería a renegociar. Sin embargo el proceso de negociación se ha caracterizado por una falta real de comunicación e información de lo que se negoció a espaldas del pueblo de México. A su vez en el proceso de negociación el Gobierno de México cedió soberanía ante las exigencias de los congresistas norteamericanos, otorgando concesiones a los agricultores del vecino país, sin que hasta el momento se conozca a ciencia cierta que se otorgó a último minuto. Esto en detrimento más de la severa crisis del capo mexicano.
cumplido, debido en gran medida a la falta de rentabilidad de las actividades del campo. A su vez se establecieron los mecanismos para decidir sobre el cambio de régimen de propietarios; se aceptó la parcelación de las áreas comunes de los ejidos en tierras de monte y de agostadero, y se abrió el camino para la privatización directa o indirecta de bosques y de selvas etcétera.
En concreto, se aprobó una ley conjuntamente con la reforma al 27, y se rompió los mecanismos básicos de defensa de la población rural.
Pero el proceso de reformas no concluyó ahí. Más tarde, un nuevo paquete de reformas se presentó; modificando la Ley de Aguas y la Ley Forestal, entre otras, que igualmente fueron lesivas a los intereses de los campesinos.
Las autoridades insisten en asegurar que "con las reformas al artículo 27 constitucional y las nuevas leyes: Agraria, Forestal y de Aguas, se reforzaron las condiciones básicas requeridas para promover los procesos productivos y la capitalización del campo, permitiendo a los particulares participar en las actividades anteriormente consideradas de competencia exclusiva del Estado".
Paralelamente a los cambios de la ley se han aplicado una serie de políticas públicas con el objetivo de apuntalar este proceso de liberalización.
La mayoría de las paraestatales del sector agropecuario se han privatizado o reestructurado (Fertimex, Inmecafé que prácticamente desaparecieron, Conasupo que disminuyó significativamente su actividad, ANAGSA que fue sustituida por una empresa privada). La política en materia de crédito, subsidios y precios también se ha modificado; una gran cantidad de productores se encuentra en cartera vencida o sin capacidad de pago. Los precios de los bienes y servicios públicos como el agua, la luz o el costo de fertilizantes y semillas mejoradas aumentaron considerablemente, en los últimos tres años.
Sin embargo, el Gobierno intentando contrarrestar dichos efectos. Anuncia un nuevo programa denominado Procampo. Un programa que es simplemente uno más, y se suma a la gran cantidad de programas de este tipo que se han puesto a la práctica parcialmente sin resolver de fondo los problemas de antaño del campo y sirviendo como simples paliativos a los agudos problemas de los campesinos. El programa nace, como todos los anteriores programas en un ambiente viciado, lleno de corrupción, mal intencionado, que no recoge las verdaderas exigencias de los campesinos, pero si responde al momento coyuntural electoral de 1994.
Por lo que, ni los 10 puntos presentados por Salinas para garantizar el apoyo de las organizaciones campesinas a su proyecto de reforma, ni Procampo, ni las políticas privatizadoras, ni la nueva legislación han logrado ni van a lograr mínimamente la condición crítica en la que se encuentra el agro mexicano.
En la Cuenta Pública Federal se informa que el presupuesto ejercido en el sector fue de 9 mil 449.7 millones de nuevos pesos, lo que implica un monto superior en 4.2% real respecto a 1991, y en 0.8% respecto al presupuesto original.
Tales datos parecieran ser muy positivos para el sector, como si existiera en realidad un interés por la recuperación del sector. Sin embargo el presupuesto original aprobado por la Cámara de Diputados para 1992, otorgaba 1 mil 917.9 millones de nuevos pesos al Gobierno Federal, compuesto por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), es decir, 20.5% del total del presupuesto para el sector, cuan do el presupuesto ejercido fue en realidad del 28.0% del total. En contrapartida el presupuesto original otorgaba 79.0% al rubro "organismos, empresas, fondos y fideicomisos subsidiados" siendo el ejercido de 71.0%. Esto significa que el "dinamismo observado en el gasto de la SARH y de la SRA" laureado por las autoridades hacendarias, implicó una depresión de la misma magnitud (8.0%) en el rubro "organismos, empresas, fondos y fideicomisos subsidiados", ubicándose particularmente en los sub - rubros "Comisión Nacional del Agua", "fondo especial para financiamientos agropecuarios", "diferencial en precios "subsidios a la industria molinera" (cuya variación respecto al presupuesto original fue nada menos que de 100.0%) y "otros". (1)
El abandono del proyecto "subsidios a la industria molinera" seguramente tiene que ver con el hecho de que las autoridades han decidido desaparecer para finales de 1993 la oferta de maíz que Diconsa otorga a 308 almacenes y 19 mil 800 tiendas rurales. Esto con objeto de sustituir tal oferta con la producción de harina de maíz que básicamente proveen tres industrias: Maseca, Agroinsa y Minsa. Sólo como datos específicos
1. SHCP, Cuanta de la Hacienda Pública Federal, 1992. Resultados Generales. México. Pág. 56.
mencionaremos que Maseca vendió en 1992, 973 mil toneladas de harina de maíz, por ellas obtuvo 1 mil 416 millones de nuevos pesos y sigue manteniendo el liderazgo en el mercado nacional, ya que cubre el 68.0% del citado producto.
De esta forma tenemos dos conclusiones:
1) El tan sonado interés por el sector en general y por las actividades y objetivos de la SARH y la SRA en particular requiere de precisiones, en la medida que el presupuesto de estas secretarías creció a costa de otros rubros también importantes.
2) Se observa la poca seriedad en la planeación. Además del caso previamente citado tenemos que para el Gobierno sobresalen las transferencias otorgadas a Banrural y a Firco. No obstante, lo que es de llamar la atención es que si bien el presupuesto ejercido por Banrural en 1992 es superior en términos reales respecto a 1991, esto se debe principalmente a que esta institución de crédito se excedió de su presupuesto original 31.0%, pasando a 1 mil. 3 millones de nuevos pesos a 1 mil 309.9 millones de nuevos pesos. La explicación es sencilla y tiene su origen en la mala planeación y asignación de recursos del Gobierno que por más de 40 años se han aplicado al sector. Esta pésima política comienza a cosechar sus productos en diversas ramas del sector. En primer lugar se observa una insuficiencia de recursos asignados por el Gobierno, a las instituciones las cuales han sido rebasados por la realidad que presenta el campo mexicano que esta apunto de colapsarse. En segundo lugar urge con seriedad que se corrijan a fondo la política económica aplicada al campo y se incremente considerablemente los subsidios directos al campo como a las instituciones públicas encargadas de su aplicación.
Frente a la drástica caída del 1.5% en el valor del producto agropecuario durante 1992, el déficit de la balanza agropecuaria durante 1992, y un monto de 1 mil 330 millones de dólares aproximadamente de la cartera vencida; la política de gasto del sector desarrollo rural aumentó sólo el 4.2% en términos reales respecto de 1991. Los resultados de las políticas recesivas aplicadas desde 1983 han sido: Brusca caída de las inversiones pública y privada agropecuarias, disminución del crédito de la banca de desarrollo e incremento de los márgenes financieros de la balanza comercial, reducción del gasto corriente en desarrollo, contracción de la demanda interna de alimentos y materias primas agropecuarias; desnutrición crónica; agudo déficit de la balanza agropecuaria; y pérdida de la suficiencia alimentaria.
La gravedad de la cartera vencida se ha convertido en un circulo vicioso al que todavía no se encuentran formulas adecuadas de solución.
La causa principal de las carteras vencidas obedece a las pocas políticas de financiamiento que aplican las instituciones de crédito en sus programas de integración, que tienen como característica fundamental que más del 50% de créditos otorgados a los agricultores son de avío, es decir tienen el objetivo de sufragar el capital de trabajo y sus plazos de amortización son cortos (no exceden más de dos años).
Esta es la realidad del sector rural, que hasta el momento no ha tenido una respuesta contundente por parte del Gobierno, para darle una solución profunda e integral.
Nosotros diputados del Partido de la Revolución Democrática, al igual que los campesinos de este país estamos cansados de sus políticas mal implementadas y planeadas. Estamos cansados de sus corruptelas que se viven día a día en este país. Estamos cansados de falsas e indignantes promesas.
Exigimos que se implementen adecuadas políticas integrales al campo en beneficio de nuestros agricultores, así como el cese de los inadecuados manejos de los recursos e implementaciones de programas meramente de carácter político.
Diputado Enrique Rico A.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Asemex Aseguradora Mexicana
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural
CEPAL Comisión Económica Para América Latina
CFE Comisión Federal de Electricidad
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Conaliteg Consejo Nacional del Libro de Texto Gratuito
Conasida Consejo Nacional del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares
Coplamar Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
CTM Confederación de Trabajadores de México
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México
Fertimex Fertilizantes Mexicanos
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios
Firco (Sin aclaración) Instituto
Fovissste Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
FSTSE Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Inmecafé Instituto Mexicano del Café
IPN Instituto Politécnico Nacional
ITA (Sin aclaración)
ITAM (Sin aclaración)
Liconsa Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares
PAN Partido Acción Nacional
Pemex Petróleos Mexicanos
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PIB Producto interno bruto
PIPSA Productora e Importadora de Papel, Sociedad Anónima
PPS Sociedad Anónima Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Procampo Programa de Apoyos Directos al Producto
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad
PRV (Sin aclaración)
SAR Sistema de Ahorro para el Retiro
SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicas
SEP. Secretaria de Educación Pública
Sepesca Secretaria de Pesca
SIDA Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
TLC Tratado de Libre Comercio
Telmex Teléfonos de México
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana