Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19931202 - Número de Diario 15
(L55A3P1oN015F19931202.xml)Núm. Diario: 15ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Período del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, D. F., jueves 2 de diciembre de 1993 No. 15
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
GRAN COMISIÓN
Proposición respecto a la integración de las comisiones. Se aprueba.
REPÚBLICA DEL PERÚ
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Edgardo Flores Rivas pueda aceptar y usar la condecoración que le concede esa nación. Es de primera lectura.
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes con proyecto de ese ordenamiento. Es de primera lectura.
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Verduzco Montaño pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere ese país. Sin discusión se aprueba en votación económica y se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Antonio Landa Bonilla pueda prestar sus servicios en esa legación. Sin discusión se aprueba y se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ignacio López Martínez y Francisco Rivera Fernández puedan prestar sus servicios en esa legación, así como el ciudadano Héctor Manuel Ureña López pueda prestar sus servicios en el Consulado General de esa nación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin discusión se aprueba y se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
CUENTA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 1992
Se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto relativo a esa cuenta.
Fundamenta el dictamen el diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna.
Debaten al respecto los diputados:
Jorge Tovar Montañez, en contra
Manuel Terrazas Guerrero, en pro.
Francisco Javier Saucedo Pérez, en contra.
Salvador Abascal Carranza, en contra.
Luis Alberto Beauregard Rivas, en pro.
Votación y aprobación.
Se turna al Poder Ejecutivo Federal.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Manuel Rivera del Campo
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 355 diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente (a las 11.40 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
Se va a dar lectura al Orden del Día.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. - Tercer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
2 de diciembre de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Proposición de la Gran Comisión.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Edgardo Flores Rivas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ,con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor J. Jesús Verduzco Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Landa Bonilla, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso, a los ciudadanos Juan Ignacio López Martínez; como asistente de visas; Francisco Rivera Fernández, como analista en presupuestos en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y Héctor Manuel Ureña López, como empleado consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto relativo a la Revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1992.
Intervenciones para comentar el Proceso Electoral en el Estado de Yucatán.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día primero de diciembre de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al primer período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día primero de diciembre de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de doscientos noventa y un diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la del acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico conmemorativo del vigésimo aniversario luctuoso del ex Presidente de México Adolfo Ruiz Cortines. Se designa comisión.
Un oficio de la Cámara de Senadores informando de la elección de su mesa directiva, para el mes de diciembre. De enterado.
Se da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Chiapas e Hidalgo, informando de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
La Secretaría da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la solicitud de permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional del doce al veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y tres, a fin de participar en las reuniones, Cumbre del Grupo de los Quince y del Grupo de los Nueve en la India y realizar visitas de Estado a la República Popular de China y de trabajo a Japón. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la de Relaciones Exteriores.
Una minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Edgardo Flores Rivas, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República del Perú. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para continuar con el orden del día, se da primera lectura a tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto concediendo los permisos constitucionales necesarios para que el ciudadano Jesús Verduzco Montaño, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere la República Federativa del Brasil;
Para que los ciudadanos Juan Ignacio López Martínez, Francisco Rivera Hernández y Héctor Manuel Ureña López, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, los dos primeros y en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua, el último, y
Para que el ciudadano Jorge Antonio Landa Bonilla, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y dos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
Desde su curul, el diputado Juan de Dios Castro Lozano, informa al Presidente, que hará uso de su derecho de solicitar explicaciones y aún lectura de constancias del expediente y se concede el uso de la palabra al diputado Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la Comisión, fundamenta el dictamen.
Interrumpido por el diputado Castro Lozano, quien le solicita explicaciones a diversos datos y fundamentos legales, se provoca un debate entre los diputados Manuel Díaz Infante, Guillermo Pacheco Pulido y Emilio Becerra González.
Al terminar la intervención del diputado Guerrero García y a solicitud del diputado Castro Lozano, el Presidente da lectura a la lista de oradores registrados y, al terminar, el mismo diputado Castro Lozano pregunta si se respetarán los ordenamientos del artículo noventa y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo que el Presidente acepta.
Para expresar sus opiniones respecto del dictamen, se concede el uso de la palabra a los diputados Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y acepta interpelaciones de los diputados Lujambio Rafols y Flores Benavides, quien también sube a la tribuna para rectificar hechos; Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Comisión; Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional, en contra y también como miembro de la Comisión.
Desde sus respectivas curules hacen aclaraciones los diputados Nemi Dib, Castro Lozano, Estrada Sámano, Flores Benavides y Garza Galindo, respecto al tiempo que debe concederse al diputado Lujambio Rafols y el Presidente da explicaciones al respecto, lo que provoca una moción de orden del diputado Castro Lozano.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, suben a la tribuna los diputados Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática; Amado Treviño Abatte, del Partido Revolucionario Institucional; Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional; Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática.
Continúa el debate y se concede el uso de la palabra a los diputados Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, en contra; Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra; Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, pasan a la tribuna los diputados: Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones y acepta una interpelación del diputado Rodríguez Prats; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Enrique Sada Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, quien acepta una interpelación del diputado Castro Lozano; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones y acepta una interpelación del diputado Flores Solano; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo López Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional, en contra; Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra; Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, en contra y Pablo Casas Jaime, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
El Presidente informa que el diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, solicitó que el texto de la intervención que tenía preparada en contra del dictamen, sea incluida en el Diario de los Debates y así se ordena. Se turna la solicitud del diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para su atención.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen, y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos trece votos. Pasa al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación con la que envía iniciativa, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales relacionadas con el comercio y las transacciones internacionales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Para dar cuenta con una declaración de los grupos parlamentarios respecto del Día Mundial del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), hace uso de la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática y, para rectificar hechos, el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Para comentar diversos hechos que fueron calificados como preocupantes, relacionados con el proceso electoral en el Estado de Yucatán, se concede el uso de la palabra a los diputados Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional,
en dos ocasiones; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática e Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintiún horas con cuarenta y tres minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, jueves dos de diciembre de mil novecientos noventa y tres, a las diez horas.»
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica, si se aprueba...
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
GRAN COMISIÓN
El secretario Juan Adrián Ramírez García:
«Gran Comisión.
Acuerdo para incorporar diputados a diversas comisiones.
Honorable Asamblea: La Gran Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, fracción IV; 50, 51, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
CONSIDERANDO
1. Que es necesario ajustar tanto la integración como las directivas de comisiones y comités, en virtud de que algunos diputados han solicitado licencia para separarse de sus funciones, misma que les fue concedida en términos del artículo 62 constitucional, incorporándose los respectivos suplentes al trabajo legislativo, y
2. Que es facultad del pleno de la Cámara de Diputados sancionar las propuestas de la Gran Comisión, en lo que se refiere a la integración de comisiones y comités; somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
ACUERDO
Primero. Se sustituyen en las mesas directivas de las comisiones que se enuncian, a los siguientes diputados:
Comisión de Comercio: Se designa Secretario al diputado Héctor Pérez Plazola, en sustitución del diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Comisión de Cultura: Se designa Secretario al diputado Juan Hernández Mercado, en sustitución del diputado Jesús Martín del Campo Castañeda.
Comisión del Distrito Federal: Se designa Secretario al diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, en sustitución del diputado Gilberto Rincón Gallardo.
Comisión de Relaciones Exteriores: Se designa Secretario al diputado Gilberto Rincón Gallardo, en sustitución del diputado Ricardo Valero.
Segundo: Se incorporan los siguientes diputados a las comisiones que se enuncian:
Diputado Rafael Decelis y Contreras: Comisiones de: Ciencia y Tecnología; Energéticos, y Hacienda y Crédito Público.
Diputado César Jáuregui Robles: Comisión de Justicia.
Diputado Daniel Reyes Valencia: Comisiones de: Asentamientos Humanos y Obras Públicas; Asuntos Hidráulicos y Hacienda y Crédito Público.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los dos días del mes de diciembre de 1993. Diputados: María de los Angeles Moreno Uriegas, presidenta de la Gran Comisión; Miguel González Avelar, Rodolfo Becerril Straffon, secretario.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba la Proposición de la Gran Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
REPÚBLICA DEL PERÚ
El secretario Juan Adrián Ramírez García:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Embajador Edgardo Flores Rivas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios, para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado b, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Embajador Edgardo Flores Rivas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México D.F., a 2 de diciembre de 1993. Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Rogelio Audiffred Narváez, Benjamín Ávila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Angeles Moreno Uriegas, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aipuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruíz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Cecilia Guadalupe Soto González, Manuel Terrazas Guerrero, José Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Nahum Idelfonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
El Presidente:
El siguiente punto al orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Armando Sergio González Santacruz:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Comunicación Transportes fue turnada para su análisis y dictamen la Iniciativa de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realizo el estudio de la iniciativa bajo los siguientes
ANTECEDENTES
La Iniciativa de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal fue enviada al honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, por el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le otorga el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 23 de noviembre del presente año, el Presidente de la mesa directiva, con base en la fracción VI, del artículo 21 del Reglamento, dicto el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes".
En reunión de trabajo celebrada por la Comisión el 25 de noviembre próximo pasado se definio la estructura, el método de trabajo para la elaboración del dictamen y se designó a una subcomisión plural de trabajo que procedió a su elaboración.
A fin de dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el pleno de la Comisión, la subcomisión plural que para tales efectos fue designada, llevó a cabo diversas reuniones de trabajo con el propósito de intercambiar puntos de vista respecto de la iniciativa en cuestión. Durante el desarrollo de dichas reuniones, las distintas fracciones parlamentarias hicieron aportaciones que precisan, complementan y refuerzan su contenido. De igual manera, se realizaron varias reuniones con representantes de los sectores público, social y privado con el objeto de conocer la opinión de ellos respecto de la iniciativa.
Con base en el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta subcomisión realizó trabajos en conferencia con la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, y con funcionarios de la Secretaría del ramo.
En la reunión de trabajo realizada por el pleno de la Comisión el 2 de diciembre del año en curso, la subcomisión plural de acuerdo con los tiempos establecidos, presentó el proyecto de dictamen, mismo que fue analizado y aprobado y que se somete a la consideración de esta soberanía de acuerdo con las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Fundamento constitucional de la iniciativa
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la expresión normativa de las decisiones fundamentales en lo político, social y económico de nuestro país. Y es la base de la estructura jurídica sobre la que se organiza el Estado.
En este orden de ideas, la iniciativa de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal resulta acorde con el texto de nuestra Carta Magna, toda vez que a través de ella se pretende regular una serie de actividades que originalmente corresponden a la nación, de conformidad con nuestros principios constitucionales.
El artículo 25 de nuestra Ley fundamental confiere al Estado la rectoría del desarrollo nacional con el fin de garantizar, que éste sea integral y fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, con la concurrencia responsable de los sectores público, social y privado.
Asimismo, bajo la orientación del Estado se llevará a cabo la regulación y fomento de actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la propia Constitución de la República, a través del Sistema Nacional de Planeación. Democrática, mediante la elaboración de planes nacionales de desarrollo.
En el sector Comunicaciones y Transportes, como parte esencial de la actividad económica de nuestro país, el Estado se ha reservado en forma exclusiva, las áreas estratégicas como la comunicación vía satélite, telegrafía, correos y ferrocarriles, y en el resto de las actividades participa conjuntamente con los sectores social y privado. Cabe destacar que en todos estos ramos se ha fortalecido la autoridad y la capacidad reguladora del Gobierno en un mercado abierto a la competencia.
Por otra parte, para la explotación, uso y aprovechamiento de los bienes de dominio de la nación por parte de particulares, el artículo 28 constitucional establece el otorgamiento de concesiones con las modalidades y condiciones que fijen las leyes, a fin de asegurar la utilización social de dichos bienes.
En la Ley de Vías Generales de Comunicación, la facultad que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para introducir las condiciones conforme a las cuales se deba realizar el servicio público en las vías generales de comunicación y medios de transporte se encuentra reglamentada en el artículo 51, estableciendo también, que la misma Secretaría puede fijar las modalidades que dicte el interés público en la prestación de servicios.
En este sentido, la iniciativa de que es materia este dictamen prevé que los particulares puedan operar y explotar los caminos de cuota construidos o adquiridos por el Gobierno Federal, o bien construirlos y explotarlos con sus propios recursos mediante concesión administrativa otorgada por el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Así, la nación conserva el dominio inalienable e imprescriptible sobre dichos bienes y únicamente le confiere a particulares el derecho temporal de explotarlos; de ninguna manera otorga la propiedad, puesto que este hecho queda sujeto a condiciones muy distintas de las que rigen a los títulos traslativos de dominio.
De igual manera, el artículo 73 de la propia Constitución en su fracción XVII faculta al Congreso para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, entre las que se encuentran los caminos y puentes y los servicios que operan en ellas, por lo que la Comisión considera que este conjunto de disposiciones justifica la expedición de la Ley que se dictamina.
2. La política de comunicaciones y transportes
A lo largo de las diferentes etapas históricas del México independiente y hasta nuestros días, las comunicaciones y los transportes han sido estratégicos para el desarrollo económico y social del país, destacándose en todo momento la función rectora que ha desempeñado el Estado.
Esta función se orienta a impulsar un sistema integral de transporte que complemente a los diversos sectores y la flexibilidad de los servicios, a fin de promover su eficiente prestación. El transporte es vital para la movilidad de la población y determinante en los costos de producción y distribución de los bienes y servicios. Su valor se incrementa al permitir la integración de la sociedad y ubicar las mercancías o prestaciones en el lugar y en el momento en que se necesitan. Por otra parte, el funcionamiento eficiente del sistema de transporte tiene particular importancia para asegurar el crecimiento sostenido de la economía y el mejoramiento productivo, con su consiguiente efecto en la elevación del nivel de vida de la población.
La víspera del nuevo milenio nos enfrenta a una economía mundial con una enorme interrelación de los procesos productivos y comerciales. Ante esta circunstancia, México preservará su soberanía a través de lograr un desarrollo integral, fortalecer su régimen democrático, afianzar el crecimiento económico y el empleo, así como promover una más justa distribución del ingreso y la riqueza. Para lograr este objetivo el Estado debe planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica, y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución Federal.
La sociedad civil manifiesta el deseo de colaborar en las reformas que le abran nuevas posibilidades de participación. Es por ello que la estructura administrativa y operativa del Estado ha venido adecuándose a estas nuevas condiciones.
La apertura comercial y la desregulación económica han sido fundamentales para inducir la productividad y competitividad de los agentes económicos. La desincorporación de las empresas públicas no prioritarias o estratégicas reforzaron las finanzas públicas y fomentaron una mayor participación de la sociedad civil en el conjunto de las actividades productivas.
En este marco, el proceso de modernización en materia de transportes y comunicaciones va a la vanguardia.
Durante los últimos cinco años, el sector comunicaciones y transportes, se ha reorganizado a fin de abrir el mercado a la competencia y
fortalecer la autoridad del Estado, al reconocer éste que la actividad se complementa y fortalece con la participación de los particulares.
Para lograr lo anterior, se ha iniciado la actualización y reorganización de su marco jurídico, a fin de enfrentar los retos del presente y prepararnos para el porvenir. Dicha reorganización se ha efectuado en el campo normativo mediante modificaciones a las leyes y reglamentos, con lo que se facilita la participación de la sociedad en estas actividades.
En materia de inversiones, con la finalidad de contar con una infraestructura carretera moderna y un servicio de transporte acorde a nuestras necesidades, a los recursos del Gobierno Federal se han sumado los de particulares en la realización de grandes obras de infraestructura, vía la concesión de su construcción y explotación. Adicionalmente, con la cooperación y las aportaciones de las entidades federativas, también se realizan obras en este sector. De esta manera, la rectoría del Estado se fortalece al garantizar a cada uno de los participantes en estas actividades que su participación será respetada y reconocida.
3. Infraestructura carretera
La participación del Estado en la creación de infraestructura de comunicaciones y transportes, tal como se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 994, se ha basado en una función de rectoría e impulso al desarrollo nacional. Como complemento de ésta, se ha promovido la participación de la sociedad en la construcción y operación de la infraestructura, en la medida en que las diferentes acciones son realizadas dentro de un marco regulador claro y moderno.
En los últimos años, el Gobierno Federal ha estimulado de manera especial el desarrollo de la red carretera nacional. Su modernización comprende acciones destinadas a la construcción de nuevas carreteras y a la conservación, reconstrucción y ampliación de las ya existentes.
México cuenta actualmente con una gran red carretera; de ella, 4 mil kilómetros son autopistas con altas especificaciones técnicas. También se cuenta con seis ejes carreteros; además de otras vías importantes que han hecho posible integrar las zonas productoras del país con las áreas de desarrollo industrial, comercial y con los puertos.
La mayoría de estas nuevas autopistas se están construyendo mediante la figura de la concesión a tiempo determinado, considerando el tráfico estimado y el costo de la obra con una tarifa móvil atada a las variaciones del índice nacional de precios al consumidor. El propósito es que el inversionista pueda recuperar su capital en el plazo establecido, operar la autopista adecuadamente, conservarla y restituirla al Estado, todo ello en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Mediante la concertación de acciones con los gobiernos locales y los sectores social y privado, se desarrollan las carreteras alimentadoras y los caminos rurales en todas las entidades federativas.
Ante la situación descrita, esta Comisión considera que las bases se encuentran consolidadas y sólo hace falta generar un marco jurídico que garantice la flexibilidad del Gobierno Federal, para realizar la construcción de la infraestructura carretera y permita su concesión a particulares, estados y municipios, en aras de lograr la integración territorial de nuestro país.
4. El autotransporte federal en México
En la actualidad, a través del autotransporte federal se moviliza al 98% de los pasajeros que utilizan servicios públicos en el territorio nacional y al 85% de la carga que se traslada por vía terrestre, por lo que constituye el principal factor en esta materia, propiciando una mayor facilidad de acceso a los diversos espacios geográficos y un alto grado de encadenamiento con el funcionamiento económico general. Por ello, es un factor estratégico para el desarrollo nacional.
La flota vehicular del autotransporte de carga prácticamente se duplicó de 1989 a 1992, pues de 116 mil unidades pasó a 225 mil. Asimismo, las unidades de pasaje se incrementaron de 33 mil 500, en 1984, a 41 mil 600 en 1992.
La producción de vehículos destinados al autotransporte federal de carga durante 1989 fue de 10 mil 600 unidades, en su mayoría camiones pesados de 7 y 15 toneladas y tractocamiones. Para 1992, la producción llegó a 26 mil 800 unidades, lo que representó un incremento del 153% en tan solo tres años.
En el caso de la producción de autobuses integrales, de 680 unidades producidas en 1989 se pasó a 2 mil 200 en 1992, lo que significó un incremento del 194%. Para el período enero a julio de 1993, se registró una producción de 1 mil 500 unidades.
Las centrales de servicios de carga desempeñaron un papel importante en la operación de los servicios, particularmente en el período 1981 a 1987. Actualmente se cuenta con 39 instalaciones de este tipo. Con el proceso de desregulación de los servicios de carga, se eliminó la obligatoriedad de su uso; sin embargo, existe la necesidad de una mayor infraestructura en determinadas regiones, a fin de permitir una adecuada prestación de los servicios y mayor eficiencia en las maniobras de carga y descarga.
El número de empresas de carga que operaban en 1988, se incrementó de 3 mil 149 a 3 mil 880 en 1992. En cuanto a las terminales centrales de pasajeros, actualmente se encuentran en operación 116; y, por lo que se refiere a la inversión privada destinada a la construcción de este tipo de instalaciones, de 1989 a octubre de 1993, alcanzó un monto de 15 mil 677 millones de nuevos pesos.
Respecto al número de empresas dedicadas a la prestación del servicio público federal de autotransporte de pasaje, a partir de la desregulación y hasta 1992, se incrementaron en 225, de tal manera que en 1992, se encontraban en operación un total de 890 unidades económicas de este tipo.
En 1980, el volumen de usuarios del autotransporte federal de pasajeros ascendió a 1 mil 151 millones; para 1989 se transportaron 1 mil 851 millones; y, de 1990 a 1992 se han registrado tasas promedio anuales de crecimiento de 5.8%, por lo que en 1992 se transportaron un total de 2 mil 190 millones de pasajeros.
El volumen de toneladas movilizadas por el autotransporte federal tuvo un crecimiento anual de 3.26% a partir de 1990 y hasta 1992. En ese último año se transportaron un total de 341 millones de toneladas.
En conclusión, las acciones adoptadas en el autotransporte federal han llevado a incrementar su importancia económica y se estima que su participación en el producto interno bruto ha pasado del 1.4% al 1.6% en los últimos dos años.
5. Naturaleza y objetivos de la iniciativa
Los caminos, los puentes y el autotransporte están regulados por la Ley de Vías Generales de Comunicación, la cual data de hace 50 años, por lo que sus disposiciones deben adecuarse a las necesidades de modernización del país.
La iniciativa de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, objeto de este dictamen, tiene como propósito actualizar el marco legal de los caminos y puentes que son vías generales de comunicación y los servicios de autotransporte que en ellas operan, al promover la participación de los sectores social y privado, sin perjuicio de que el Estado concurra también en la construcción y explotación de esas obras.
Conforme al criterio de esta Comisión, las propuestas que contiene la iniciativa responden a las siguientes líneas estratégicas:
Dar seguridad jurídica a inversionistas en infraestructura y prestación de servicios considerando el interés de la población en general.
Garantizar una oferta adecuada de moderna infraestructura acorde a la tecnología de los nuevos vehículos, que evite el congestionamiento en las principales vías y permita efectuar una adecuada conservación y mantenimiento de las carreteras existentes.
Consolidar y fomentar aún más la participación de los sectores social y privado, así como de los estados y municipios en el establecimiento, crecimiento y desarrollo de las vías generales de comunicación.
Establecer bases jurídicas y un procedimiento para la adjudicación de concesiones para la construcción de carreteras que se traduzcan en beneficios a la sociedad y garanticen los derechos de propiedad de la nación.
Ampliar el plazo de concesión para la construcción y explotación de caminos con la finalidad de que se puedan establecer tarifas de peaje más accesibles.
Simplificar el trámite administrativo para el otorgamiento de permisos para los servicios de autotransporte y sus conexos y dar flexibilidad en la regulación tarifaría.
Incorporar la figura de prestación de servicios mediante la adquisición de unidades arrendadas para acelerar la modernización del autotransporte y dar flexibilidad a la operación en el caso de remolques y semirremolques.
Reducir el margen de discrecionalidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el otorgamiento de permisos y concesiones a través de la afirmativa ficta.
Incrementar la seguridad de los usuarios de caminos y de servicios de autotransporte de pasajeros y carga, mediante el establecimiento de
centros de verificación y control de condiciones físicas y mecánicas de los vehículos, capacidad, pesos y dimensiones de los mismos y una prolija regulación del transporte de materiales y residuos peligrosos.
Se prevé la prestación del transporte internacional de pasajeros y carga en los términos y condiciones que establezcan los convenios y tratados internacionales.
Establecer un procedimiento de sanciones proporcional a la gravedad y condiciones en que se cometan infracciones a la Ley y garantizar la correcta aplicación de la misma mediante el establecimiento de un procedimiento administrativo contra actos de autoridad.
Garantizar la correcta operación y uso de las vías generales de comunicación y de los servicios que en ella se prestan, así como el desarrollo en tiempo y forma de las obras en construcción.
Esta Comisión considera que las condiciones económicas, políticas y sociales, que dieron origen a la legislación vigente han variado en forma sustancial; de ahí la importancia de que este nuevo marco jurídico tenga la finalidad de coadyuvar a la modernización de los caminos, puentes, del autotransporte federal y sus servicios auxiliares. Los diversos ordenamientos legales deben incorporar los cambios que se vienen generando a nivel mundial.
La iniciativa de Ley contribuye a asegurar que la demanda del movimiento de bienes y personas que requiere el desarrollo del país, tendrá una oferta suficiente y eficiente, que se eliminen problemas de congestionamiento sobre rutas determinadas, además de coadyuvar a superar el problema de la conservación y el mantenimiento de las carreteras nacionales; todo ello mediante esquemas que permitan la participación más decidida de los particulares, gobiernos de los estados y municipios en la obtención y operación de concesiones.
Conviene precisar que de ninguna manera el otorgamiento de una concesión es equiparable a una venta, ni por la naturaleza del acto, ni por sus características legales. Cuando se vende una empresa propiedad del Gobierno, los activos de ésta se desincorporan del patrimonio nacional y pasan a ser propiedad de quien la compró. En cambio, cuando se otorga una concesión, los activos o bienes concesionados no se desincorporan, puesto que el derecho de explotarlos se establece sólo por un tiempo determinado. En efecto, dada la naturaleza jurídica de tales bienes del dominio de la nación, los mismos son inalienables e imprescriptibles.
A fin de otorgar transparencia a la actuación de la autoridad en el otorgamiento de la concesión, la iniciativa prevé la celebración de concursos y la concurrencia de todos los interesados en obtenerla y la selección de quien brinde la seguridad de un servicio más eficiente y menos oneroso para el usuario. De esta manera, se logrará el propósito central de la modernización del Sistema Integral de Transporte, misma que se traducirá en beneficios para los habitantes de nuestro país.
Esta Comisión considera que la iniciativa otorga garantías a los inversionistas y beneficios a los usuarios de los caminos y puentes, ya que la ampliación del plazo de la concesión hasta por 50 años, permitirá que la amortización de cuantiosas inversiones en un tiempo mayor se traduzcan en tarifas más bajas.
La participación de los sectores social y privado se dará, de acuerdo con la iniciativa, mediante la actuación de sociedades mercantiles o de manera directa por personas físicas de nacionalidad mexicana.
La verificación y control de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos de autotransporte federal, así como la regulación de su capacidad, pesos y dimensiones y la regulación del transporte de materiales y residuos peligrosos, otorgarán mayor seguridad a los usuarios de los caminos y puentes.
Asimismo, se observa que la iniciativa propicia un ambiente de libertad de concurrencia y de sana competencia, con lo cual evita la existencia de prácticas monopólicas, pues, por un lado, las concesiones y permisos que otorgue el Ejecutivo deberán sujetarse a las disposiciones aplicables en materia de competencia económica y, por el otro, se dispone que las empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos de autotransporte no podrán, en ningún caso, prestar directamente el servicio al público; así, se evitará la concentración del servicio en unos cuantos y se fomentará la participación plural de la sociedad.
En virtud de lo anterior, la Comisión considera que la iniciativa propuesta responde a las necesidades en la materia, y que con ella se logrará que los caminos y puentes, así como el autotransporte federal impulsen el crecimiento económico y social sostenido de México.
Asimismo, es importante para esta Comisión dejar constancia de la necesidad de que para
el otorgamiento de concesiones de autopistas, no se limite el acceso de los usuarios a los caminos libres, con lo cual se estará garantizando la libertad de tránsito consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Modificaciones a la iniciativa
La subcomisión plural encargada de la redacción del proyecto de dictamen, a través de las diversas reuniones de trabajo en las que se analizaron y discutieron puntos relacionados con la iniciativa, y valorando las diversas aportaciones de diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, así como las turnadas por los ciudadanos senadores, enriqueció notablemente el contenido de la propuesta, dando como resultado la incorporación en el texto final del dictamen, las modificaciones que mayor consenso lograron, y que a continuación se detallan:
Artículo lo. La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y IV del artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación, así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.
Artículo 2o......................
I. .......................................
II. Carta de Porte: Es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa, y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas; contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirá los efectos que en él se determinen;
III. Derecho de vía: Franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la Secretaría, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino. Tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno de ellos;
IV. Paradores: Instalaciones y construcciones adyacentes de vía de una carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, a las que se tiene acceso desde la carretera;
V. Puentes:
a) Nacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión o permiso federales por particulares, estados o municipios en los caminos federales, o vías generales de comunicación; o para salvar obstáculos topográficos sin conectar con caminos de un país vecino, y
b) Internacionales: Los construidos por la Federación, con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios sobre las corrientes o vías generales de comunicación que formen parte de las lineas divisorias internacionales.
VI. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
VII. Servicios Auxiliares: Los que sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros, turismo o carga, complementan su operación y explotación;
VIII. Servicio de autotransporte de carga: El porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal;
IX. Servicio de autotransporte de pasajeros: El que se presta en forma regular sujeto a horarios y frecuencias para la salida y llegada de vehículos;
X. Servicio de autotransporte de turismo: El que se presta en forma no regular, destinado al traslado de personas con fines recreativos, educativos, culturales, de negocios, convenciones y de esparcimiento hacia centros o zonas de interés;
XI. Servicio de paquetería y mensajería: El porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje, que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal;
XII. Terminales: Las instalaciones auxiliares al servicio del autotransporte de pasajeros, en donde se efectúa la salida y llegada de autobuses para el ascenso y descenso de viajeros, y tratándose de autotransporte de carga, en las que se efectúa la recepción, almacenamiento y despacho de mercancías, el acceso, estacionamiento y salida de los vehículos destinados a este servicio;
XIII. Transporte privado: Es el que efectúan las personas físicas o morales respecto de bienes propios o conexos de sus respectivas actividades, así como de personas vinculadas con los mismos fines, sin que por ello se genere un cobro, y
XIV...................................
Artículo 5o......................
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes, así como de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares;
Artículo 60.....
Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 50 años, y podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, siempre que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones impuestas y lo solicite durante la última quinta parte de su vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión.
La Secretaría contestará en definitiva las solicitudes de prórroga a que se refiere el párrafo anterior, dentro de un plazo de 60 días naturales contado a partir de la fecha de presentación de la misma debidamente requisitada y establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento y las demás proyecciones financieras y operativas que considere la rentabilidad de la concesión.
Artículo 7o......................
Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo razonable, expedirá la convocatoria o señalará al interesado las razones de la improcedencia en un plazo no mayor de 90 días;
II............................
III. Las bases del concurso incluirán como mínimo las características técnicas de la construcción de la vía o el proyecto técnico, el plazo de la concesión, los requisitos de calidad de la construcción y operación; los criterios para su otorgamiento serán principalmente los precios y tarifas para el usuario, el proyecto técnico en su caso, así como las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la concesión;
IV...........................
V. A partir del acto de apertura de propuestas y durante el plazo en que las mismas se estudien y homologuen, se informará a todos los interesados de aquellas que se desechen, y las causas principales que motivaren tal determinación,
VII. No se otorgará la concesión, cuando ninguna de las proposiciones presentadas cumplan con las bases del concurso o por caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, se declarará desierto el concurso y se procederá a expedir una nueva convocatoria.
Artículo 8o. Se requiere permiso otorgado por la Secretaría para:
I...................................
II. La instalación de terminales interiores de carga y unidades de verificación;
III. Los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos;
IV. Los servicios de paquetería y mensajería;
V. La construcción, operación y explotación de terminales de pasajeros;
VI. La construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las carreteras federales;
VII. El establecimiento de paradores, salvo cuando se trate de carreteras concesionadas;
VIII. La instalación de anuncios y señales publicitarias;
IX. La construcción, modificación o ampliación de las obras en el derecho de vía;
X. La construcción y operación de puentes privados sobre vías generales de comunicación, y
XI. El transporte privado de personas y de carga, salvo lo dispuesto en el artículo 41 de la presente Ley.
En los casos a que se refieren las fracciones I a III, IV y XI del presente artículo, los permisos se otorgarán a todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.
Artículo 13. La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de 60 días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que éstos hubieren estado vigentes por un lapso no menor a tres años; que el cedente haya cumplido con todas sus obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión o permiso respectivos.
Artículo 15.................
I....................................
II...................................
III. Las características de construcción y las condiciones de conservación y operación de la vía;
IV a VIII....................
IX. Las causas de revocación y terminación.
Artículo 16......................
I a VIII........................
Para la terminación de los permisos son aplicables las fracciones II, III y VI a VIII.
Artículo 19. En caso de que la Secretaría considere que en alguna o en algunas rutas no exista competencia efectiva en la explotación del servicio de autotransporte federal de pasajeros solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en caso de resultar favorable se establezcan las bases tarifarías respectivas. Dicha regulación se mantendrá solo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
Artículo 20. La Secretaría podrá establecer las tarifas aplicables para la operación de las unidades de verificación, así como las bases de regulación tarifaría de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos.
En los supuestos a que se refieren este artículo y el anterior en los que se fijen tarifas, éstas deberán ser máximas e incluir mecanismos de ajuste que permitan la prestación de servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia.
Artículo 22......................
En el caso de compra-venta, ésta podrá llevarse a cabo a través de los interesados, por cuenta de la Secretaría.
Los terrenos y aguas nacionales, así como los materiales existentes en ellos, podrán ser utilizados para la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes conforme a las disposiciones legales.
Artículo 23..........
Para los trabajos de urgencia, la Secretaría indicará los lineamientos para su realización. Una vez pasada la urgencia, será obligación del concesionario la realización de los trabajos definitivos que se ajustarán a las condiciones del proyecto aprobado por la Secretaría.
Artículo 25. La Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrá prever la construcción de los libramientos necesarios que eviten el tránsito pesado por las poblaciones.
La Secretaría, considerando la importancia del camino, la continuidad de la vía y la seguridad de los usuarios, podrá convenir con los municipios, su paso por las poblaciones, dejando la vigilancia y regulación del tránsito dentro de la zona urbana a las autoridades locales.
Asimismo, la Secretaría podrá convenir con los estados y municipios, la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales.
Artículo 27. Par razones de seguridad, la Secretaría podrá exigir a los propietarios de los predios colindantes de los caminos que los cerquen o delimiten, según se requiera, respecto del derecho de vía.
Artículo 28. Se requiere permiso previo de la Secretaría, para la instalación de lineas de transmisión eléctrica, postes, cercas, ductos de transmisión de productos derivados del petróleo o cualquiera otra obra subterránea, superficial o aérea, en las vías generales de comunicación que pudieran entorpecer el buen funcionamiento de los caminos federales. La Secretaría evaluará, previo dictamen técnico, la procedencia de dichos permisos.
Artículo 30......................
Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar concesión a los gobiernos de los estados o a entidades paraestatales sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere esta Ley. Cuando la construcción u operación de la vía la contrate con terceros deberá obtener previamente la aprobación de la Secretaría, y aplicar el procedimiento de concurso previsto en el artículo 7o. de esta Ley.
La construcción, mantenimiento, conservación y explotación de los caminos y puentes estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos, y a las condiciones impuestas en la concesión respectiva.
Artículo 31. Se suprime y se recorre la numeración del artículo 32 al 41, correspondiéndole un número menos a cada uno.
Artículo 34. La prestación de los servicios de autotransporte federal podrá realizarlo el permisionario con vehículos propios o arrendados, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos, los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia y normas oficiales mexicanas.
Artículo 36. Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán obtener y, en su caso, renovar, la licencia federal que expida la Secretaría, en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Quedan exceptuados de esta disposición los conductores de vehículos a los que se refieren los artículos 40 y 44.
Artículo 40. No se requerirá de permiso para el transporte privado, en los siguientes casos:
I. Vehículos de menos de nueve pasajeros; y
II. Vehículos de menos. de cuatro toneladas de carga útil. Tratándose de personas morales, en vehículos hasta de ocho toneladas de carga útil.
Lo anterior, sin perjuicio de que para el transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos se cumpla con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 41 (se adiciona). La Secretaría expedirá permiso a los transportistas autorizados por las autoridades locales para el uso de tramos de caminos de jurisdicción federal que no excedan de 30 kilómetros y sean requeridos para la operación de sus servicios.
Artículo 42. Las empresas dedicadas al arrendamiento de remolques y semirremolques con placas de servicio de autotransporte federal a que se refiere esta Ley, deberán registrarse ante la Secretaría, en los términos y condiciones que señale el Reglamento respectivo. Asimismo, sólo podrán arrendar sus unidades a permisionarios, que cubran los mismos requisitos que los permisionarios de servicios de autotransporte federal.
Artículo 43. Sólo podrán obtener registro como empresas arrendadoras de remolques y semirremolques los que cumplan con los siguientes requisitos:
I. Estar constituidas como sociedades mercantiles conforme a las leyes mexicanas y que su objeto social establezca expresamente el servicio de arrendamiento de remolques y semirremolques;
II. Obtener placas y tarjeta de circulación para cada remolque y semirremolque;
III. Acreditar la propiedad de las unidades.
Estas empresas no podrán en ningún caso prestar directamente el servicio de autotransporte federal de carga.
Artículo 45. Tratándose de arrendamiento puro y financiero de vehículos destinados al servicio federal de autotransporte, se estará a las disposiciones legales de la materia.
Artículo 49. Los permisos para prestar los servicios de autotransporte turístico autorizan a sus titulares para el ascenso y descenso de turistas en puertos marítimos aeropuertos y terminales terrestres, en servicios previamente contratados.
I a IV. .....
V. Paquetería y mensajería.
Artículo 53.....
La operación y explotación de terminales de pasajeros, se llevará a cabo conforme a los términos establecidos en el Reglamento correspondiente.
Artículo 55. Los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos se sujetarán a las condiciones de operación y modalidades establecidas en los reglamentos respectivos.
Artículo 60. Los vehículos nacionales y extranjeros destinados a la prestación de servicios de autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por esta Ley y sus reglamentos; asimismo, deberán contar con placas metálicas de identificación de instrumentos de seguridad. Los operadores de dichos vehículos deberán portar licencia de conducir vigente.
Artículo 61. Los semirremolques de procedencia extranjera que se internen al país en forma temporal, podrán circular en los caminos de jurisdicción federal, hasta por el período autorizado en los términos de la Ley de la materia, siempre y cuando acrediten su legal estancia. En el arrastre deberán utilizar un vehículo autorizado para la prestación del servicio de autotransporte de carga.
Artículo 66.....................
I.......................................
II. Cuando la carga por su propia naturaleza sufra deterioro o daño total o parcial;
V. Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la mercancía, la responsabilidad quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por tonelada o la parte proporcional que corresponda tratándose de embarques de menor peso.
Artículo 68. .
Tratándose de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, el seguro deberá amparar la carga desde el momento en que salga de las instalaciones del expedidor o generador, hasta que se reciba por el consignatario o destinatario en las instalaciones señaladas como destino final, incluyendo los riesgos que la carga o descarga resulten dentro o fuera de sus instalaciones. Salvo pacto en contrario, su carga y descarga quedarán a cargo de los expedidores y consignatarios, por lo que éstos deberán garantizar en los términos de este artículo los daños que pudieran ocasionarse en estas maniobras, así como el daño ocasionado por derrame de estos productos en caso de accidente.
Artículo 70. Se suprime y se recorre la numeración del artículo 71 al 81, correspondiéndole un número menos a cada uno.
Artículo 71.......................
Los concesionarios de caminos y puentes y los permisionarios que presten servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, están obligados a proporcionar a los inspectores designados por la Secretaría, todos los datos o informes que les sean requeridos y permitir el acceso a sus instalaciones para cumplir su cometido conforme a la orden de visita emitida por la Secretaría. La información que proporcionen tendrá carácter confidencial.
Artículo 72. De toda visita de inspección se levantará acta debidamente circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona que haya atendido la visita o por el inspector si aquélla se hubiere negado a designarlos.
Artículo 73............
II. Ubicación de las instalaciones del concesionario o permisionario donde se practicó la visita;
III a IX. . .
Artículo 76. . .
El propietario del vehículo dispondrá de un plazo de 30 días naturales, contado a partir de la fecha en que se fijó la multa para cubrirla, así como los gastos a que hubiere lugar; en caso contrario, se formulará la liquidación y se turnará, junto con el vehículo, a la autoridad fiscal competente, para su cobro, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 80 de esta Ley.
Artículo 80..................
La Secretaría dictará resolución en un término que no excederá de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se haya interpuesto el recurso.
TRANSITORIOS
Tercero........................
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se dejan sin efecto únicamente por lo que se refiere a las materias reguladas en la misma, los artículos 3o. a 5o.; 10; 12 a 20; 29 a 38; 40 a 84; 86; 89; 92 a 96; 99; 110; 116 a 124; 126; 127; 523 a 532; 535 y 541 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Por lo que se refiere a las concesiones y permisos en trámite se estará a lo dispuesto en la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Séptimo (se adiciona). Las garantías a que se refieren los artículos 62 y primer párrafo del 68, entrarán en vigor 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Comisión que suscribe, considera que con las modificaciones incorporadas a la iniciativa, a propuesta de los diversos grupos parlamentarios y con los correspondientes aportados por los representantes de la colegisladora, se ha enriquecido el proyecto de Ley en estudio, y en caso de ser aprobada, constituirá el instrumento jurídico idóneo para fomentar la participación de los sectores social y privado en la modernización y desarrollo de los caminos y puentes mexicanos, a fin de que éstos sirvan eficientemente al fortalecimiento del sistema nacional de transporte, por lo que solicitamos a esta honorable Asamblea su voto en pro de este dictamen que hoy se pone a su consideración:
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
TÍTULO PRIMERO
Del régimen administrativo de los caminos, puentes y autotransporte federal
CAPITULO I
Del ámbito de aplicación de la Ley
Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y IV del artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación, así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.
Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Caminos o carreteras:
a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero.
b) Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación, y
c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios.
II. Carta de Porte: Es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas; contendrá las menciones que exige el Código de la materia y surtirá los efectos que en él se determinen;
III. Derecho de vía: Franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la Secretaría, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino. Tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno de ellos;
IV. Paradores: Instalaciones y construcciones adyacentes de vía de una carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, a las que se tiene acceso desde la carretera;
V. Puentes:
a) Nacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión o permiso federales por particulares, estados o municipios en los caminos federales, o vías generales de comunicación; o para salvar obstáculos topográficos sin conectar con caminos de un país vecino, y
b) Internacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios sobre las corrientes o vías generales de comunicación que formen parte de las líneas divisorias internacionales.
VI. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
VII. Servicios Auxiliares: Los que sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros, turismo o carga, complementan su operación y explotación;
VIII. Servicio de autotransporte de carga: El porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal;
IX. Servicio de autotransporte de pasajeros: El que se presta en forma regular sujeto a horarios y frecuencias para la salida y llegada de vehículos;
X. Servicio de autotransporte de turismo: El que se presta en forma no regular, destinado al traslado de personas con fines recreativos, educativos, culturales, de negocios, convenciones y de esparcimiento hacia centros o zonas de interés;
XI. Servicio de paquetería y mensajería: El porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal;
XII. Terminales: Las instalaciones auxiliares al servicio del autotransporte de pasajeros, en donde se efectúa la salida y llegada de autobuses para el ascenso y descenso de viajeros, y tratándose de autotransporte de carga, en las que se efectúa la recepción, almacenamiento y despacho de mercancías, el acceso, estacionamiento y salida de los vehículos destinados a este servicio;
XIII. Transporte privado: Es el que efectúan las personas físicas o morales respecto de bienes propios o conexos de sus respectivas actividades, así como de personas vinculadas con los mismos fines, sin que por ello se genere un cobro, y
XIV. Vías generales de comunicación: Los caminos y puentes tal como se definen en el presente artículo.
Artículo 3o. Son parte de las vías generales de comunicación los terrenos necesarios para el derecho de vía, las obras, construcciones y demás bienes y accesorios que integran las mismas.
Artículo 4o. A falta de disposición expresa en esta Ley o en sus reglamentos o en los tratados internacionales, se aplicarán:
I. La Ley de Vías Generales de Comunicación, y
II. Los códigos de Comercio, Civil para el Distrito Federal en materia Común, y para toda la República en materia Federal, y Federal de Procedimientos Civiles.
CAPITULO II
Jurisdicción y competencia
Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes y los servicios de autotransporte que en ellos operan y sus servicios auxiliares.
Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal las siguientes atribuciones:
I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares;
II. Construir y conservar directamente caminos y puentes;
III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso;
IV. Vigilar, verificar e inspeccionar los caminos y puentes, los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares;
V. Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes;
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así como de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares;
VII. Establecer y organizar un cuerpo de vigilancia, de seguridad y auxilio para los usuarios de los caminos y puentes, de los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares;
VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaría, y
IX. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.
CAPITULO III
Concesiones y permisos
Artículo 6o. Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.
Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta Ley y los reglamentos respectivos.
Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 50 años, y podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, siempre que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones impuestas y lo solicite durante la última quinta parte de su vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión.
La Secretaría contestará en definitiva las solicitudes de prórroga a que se refiere el párrafo anterior, dentro de un plazo de 60 días naturales contado a partir de la fecha de presentación de la misma debidamente requisitada y establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento y las demás proyecciones financieras y operativas que considere la rentabilidad de la concesión.
Artículo 7o. Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante concurso público, conforme a lo siguiente:
I. La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para que, en un plazo razonable, se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en día prefijado y en presencia de los interesados.
Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo razonable, expedirá la convocatoria o señalará al interesado las razones de la improcedencia en un plazo no mayor de 90 días;
II. La convocatoria se publicará simultáneamente en el Diario Oficial de la Federación, en un periódico de amplia circulación nacional y en otro de la entidad o entidades federativas en donde se lleve a cabo la obra;
III. Las bases del concurso incluirán como mínimo las características técnicas de la construcción de la vía o el proyecto técnico, el plazo de la concesión, los requisitos de calidad de la construcción y operación; los criterios para su otorgamiento serán principalmente los precios y tarifas para el usuario, el proyecto técnico en su caso, así como las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la concesión;
IV. Podrán participar uno o varios interesados que demuestren su solvencia económica, así como su capacidad técnica, administrativa y financiera, y cumplan con los requisitos que establezcan las bases que expida la Secretaría;
V. A partir del acto de apertura de propuestas y durante el plazo en que las mismas se estudien y homologuen, se informará a todos los interesados de aquellas que se desechen, y las causas principales que motivaren tal determinación;
VI. La Secretaría, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitirá el fallo debidamente fundado y motivado, el cual será dado a conocer a todos los participantes. La proposición ganadora estará a disposición de los participantes durante 10 días hábiles a partir de que se haya dado a conocer el fallo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y
VII. No se otorgará la concesión cuando ninguna de las proposiciones presentadas cumplan con las bases del concurso o por caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, se declarará desierto el concurso y se procederá a expedir una nueva convocatoria.
Artículo 8o. Se requiere permiso otorgado por la Secretaría para:
I. La operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo;
II. La instalación de terminales interiores de carga y unidades de verificación;
III. Los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos;
IV. Los servicios de paquetería y mensajería;
V. La construcción, operación y explotación de terminales de pasajeros;
VI. La construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las carreteras federales;
VII. El establecimiento de paradores, salvo cuando se trate de carreteras concesionadas;
VIII. La instalación de anuncios y señales publicitarias;
IX. La construcción, modificación o ampliación de las obras en el derecho de vía;
X. La construcción y operación de puentes privados sobre vías generales de comunicación;
XI. El transporte privado de personas y de carga salvo lo dispuesto en el artículo 41 de la presente Ley.
Los reglamentos respectivos señalarán los requisitos para el establecimiento, construcción, operación y explotación de las instalaciones y servicios antes citados.
En los casos a que se refieren las fracciones I a III, IV y XI del presente artículo, los permisos se otorgarán a todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.
La Secretaría podrá concursar, en los términos del artículo anterior, el otorgamiento de permisos cuando se trate de servicios auxiliares vinculados a la infraestructura carretera.
Los permisos se otorgarán por tiempo indefinido, excepto los que se otorguen para anuncios de publicidad, los cuales tendrán la duración y condiciones que señale el Reglamento respectivo.
Artículo 9o. Los permisos a que se refiere esta ley se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.
La resolución correspondiente deberá emitirse en un plazo que no exceda de 30 días naturales, contado a partir de aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente requisitada, salvo que por la complejidad de la resolución sea necesario un plazo mayor, que no podrá exceder de 45 días naturales. En los casos que señale el Reglamento, si transcurrido dicho plazo no se ha emitido la resolución respectiva, se entenderá como favorable.
Artículo 10. Las concesiones y permisos se ajustarán a las disposiciones en materia de competencia económica.
Artículo 11. La Secretaría llevará internamente un registro de las sociedades que presten servicios de autotransporte o sus servicios auxiliares.
Artículo 12. La Secretaría estará facultada para establecer modalidades en la explotación de caminos y puentes y en la prestación de los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, sólo por el tiempo que resulte estrictamente necesario, de conformidad con los reglamentos respectivos.
Artículo 13. La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de 60 días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que éstos hubieren estado vigentes por un lapso no menor a tres años; que el cedente haya cumplido con todas sus obligaciones, y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión o permiso respectivos.
Si transcurrido el plazo a que se refiere este artículo no se ha emitido la resolución respectiva, se entenderá como favorable.
Artículo 14. En ningún caso se podrá ceder, hipotecar, ni en manera alguna gravar o enajenar la concesión o el permiso, los derechos en ellos conferidos, los caminos, puentes, los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, así como los bienes afectos a los mismos, a ningún gobierno o estado extranjeros.
Artículo 15. El título de concesión, según sea el caso, deberá contener, entre otros:
I. Nombre y domicilio del concesionario;
II. Objeto, fundamentos legales y los motivos de su otorgamiento;
III. Las características de construcción y las condiciones de conservación y operación de la vía;
IV. Las bases de regulación tarifaría para el cobro de las cuotas en las carreteras y puentes;
V. Los derechos y obligaciones de los concesionarios;
VI. El período de vigencia;
VII. El monto del fondo de reserva destinado a la conservación y mantenimiento de la vía;
VIII. Las contraprestaciones que deban cubrirse al Gobierno Federal, mismas que serán fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta de la Secretaría, y
IX. Las causas de revocación y terminación.
Artículo 16. Las concesiones terminan por:
I. Vencimiento del plazo establecido en el título o de la prórroga que se hubiera otorgado;
II. Renuncia del titular;
III. Revocación;
IV. Rescate;
V. Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión;
VI. Liquidación;
VII. Quiebra, para lo cual se estará a lo dispuesto en la Ley de la materia, y
VIII. Las causas previstas en el título respectivo.
Para la terminación de los permisos son aplicables las fracciones II, III y VI a VIII.
La terminación de la concesión o el permiso no exime a su titular de las responsabilidades contraídas, durante su vigencia, con el Gobierno Federal y con terceros.
Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:
I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos;
II. Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, sin causa justificada;
III. Interrumpir el permisionario la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros total o parcialmente, sin causa justificada;
IV. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas;
V. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello;
VI. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios;
VII. Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario;
VIII. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero o admitir a éstos como socios de las empresas concesionarias o permisionarias;
IX. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin autorización de la Secretaría;
X. Modificar o alterar sustancialmente la naturaleza o condiciones de los caminos y puentes o servicios sin autorización de la Secretaría;
XI. Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo;
XII. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros;
XIII. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley o en sus reglamentos; y
XIV. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo.
El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado, estará imposibilitado para obtener otro nuevo dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva.
Artículo 18. Cumplido el término de la concesión, y en su caso, de la prórroga que se hubiere otorgado, la vía general de comunicación con los derechos de vía y sus servicios auxiliares, pasarán al dominio de la nación, sin costo alguno y libre de todo gravamen.
CAPITULO IV
Tarifas
Artículo 19. En caso de que la Secretaría considere que en alguna o en algunas rutas no exista competencia efectiva en la explotación del servicio de autotransporte federal de pasajeros solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en caso de resultar favorable se establezcan las bases tarifarías respectivas. Dicha regulación se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
Artículo 20. La Secretaría podrá establecer las tarifas aplicables para la operación de las Unidades de Verificación, así como las bases de regulación tarifaría de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos.
En los supuestos a que se refieren este artículo y el anterior en los que se fijen tarifas, éstas deberán ser máximas e incluir mecanismos de ajuste que permitan la prestación de servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia.
Artículo 21. Cuando un permisionario sujeto a regulación tarifaría considere que no se cumplen las condiciones señaladas en este capítulo, podrá solicitar opinión de la Comisión Federal de Competencia. Si dicha Comisión opina que las condiciones de competencia hacen improcedente en todo o en parte la regulación, se deberán hacer las modificaciones o supresiones que procedan.
TÍTULO SEGUNDO
De los caminos y puentes
CAPITULO ÚNICO
De la construcción, conservación y explotación de los caminos y puentes.
Artículo 22. Es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes. La Secretaría por sí, o a petición de los interesados, efectuará la compraventa o promoverá la expropiación de los terrenos, construcciones y bancos de material necesarios para tal fin. La compraventa o expropiación se llevará a cabo conforme a la legislación aplicable.
En el caso de compraventa, ésta podrá llevarse a cabo a través de los interesados, por cuenta de la Secretaría.
Los terrenos y aguas nacionales así como los materiales existentes en ellos, podrán ser utilizados para la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes conforme a las disposiciones legales.
Artículo 23. No podrán ejecutarse trabajos de construcción o reconstrucción en los caminos y puentes concesionados, sin la previa aprobación por la Secretaría, de los planos, memoria descriptiva y demás documentos relacionados con las obras que pretendan ejecutarse.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo precedente, los trabajos de urgencia y de
mantenimiento que sean necesarios para la conservación y buen funcionamiento del camino concesionado.
Para los trabajos de urgencia, la Secretaría indicará los lineamientos para su realización. Una vez pasada la urgencia, será obligación del concesionario la realización de los trabajos definitivos que se ajustarán a las condiciones del proyecto aprobado por la Secretaría.
Artículo 24. Los cruzamientos de caminos federales sólo podrán efectuarse previo permiso de la Secretaría.
Las obras de construcción y conservación de los cruzamientos se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya establecida, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el permiso y en los reglamentos respectivos.
Artículo 25. La Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrá prever la construcción de los libramientos necesarios que eviten el tránsito pesado por las poblaciones.
La Secretaría, considerando la importancia del camino, la continuidad de la vía y la seguridad de los usuarios, podrá convenir con los municipios, su paso por las poblaciones, dejando la vigilancia y regulación del tránsito dentro de la zona urbana a las autoridades locales.
Asimismo, la Secretaría podrá convenir con los estados y municipios la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales.
Artículo 26. Los accesos que se construyan dentro del derecho de vía se considerarán auxiliares a los caminos federales.
En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación materia de esta Ley, hasta en una distancia de 100 metros del límite del derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de explotación de canteras o cualquier tipo de obras que requieran el empleo de explosivos o de gases nocivos.
Artículo 27. Por razones de seguridad, la Secretaría podrá exigir a los propietarios de los predios colindantes de los caminos que los cerquen o delimiten, según se requiera, respecto del derecho de vía.
Artículo 28. Se requiere permiso previo de la Secretaría para la instalación de líneas de transmisión eléctrica, postes, cercas, ductos de transmisión de productos derivados del petróleo o cualquiera otra obra subterránea, superficial o aérea, en las vías generales de comunicación que pudieran entorpecer el buen funcionamiento de los caminos federales. La Secretaría evaluará, previo dictamen técnico, la procedencia de dichos permisos.
El que sin permiso, con cualquier obra o trabajo invada las vías de comunicación a que se refiere esta Ley, estará obligado a demoler la obra ejecutada en la parte de la vía invadida y del derecho de vía delimitado y a realizar las reparaciones que la misma requiera.
Artículo 29. El derecho de vía y las instalaciones asentadas en él, no estarán sujetas a servidumbre.
Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley; así como para mantener, conservar y explotar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal.
Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar concesión a los gobiernos de los estados o a entidades paraestatales sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere esta Ley. Cuando la construcción u operación de la vía la contrate con terceros deberá obtener previamente la aprobación de la Secretaría y aplicar el procedimiento de concurso previsto en el artículo 7o. de esta Ley.
La construcción, mantenimiento, conservación y explotación de los caminos y puentes estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos, y a las condiciones impuestas en la concesión respectiva.
Artículo 31. El establecimiento de puentes internacionales lo hará el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría o bien podrá concesionar, en la parte que corresponda al territorio nacional, su construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento a particulares, estados y municipios en los términos de esta Ley, y conforme a lo que establezcan los convenios que al efecto se suscriban.
En todo caso el Gobierno Federal llevará a cabo directamente las negociaciones con el otro país para el establecimiento del puente.
Artículo 32. No podrán abrirse al uso público los caminos y puentes que se construyan, sin que
previamente la Secretaría constate que su construcción se ajustó al proyecto y especificaciones aprobadas y que cuenta con los señalamientos establecidos en la norma oficial mexicana correspondiente. Al efecto, el concesionario deberá dar aviso a la Secretaría de la terminación de la obra y ésta dispondrá de un plazo de 15 días naturales para resolver lo conducente; si transcurrido este plazo no se ha emitido la resolución respectiva, se entenderá como favorable.
TITULO TERCERO
Del autotransporte federal
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 33. Los servicios de autotransporte federal, serán los siguientes:
I. De pasajeros;
II. De turismo, y
III. De carga.
Artículo 34. La prestación de los servicios de autotransporte federal podrá realizarlo el permisionario con vehículos propios o arrendados, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos, los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia y normas oficiales mexicanas.
Artículo 35. Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas y obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que la Secretaría establezca en la norma oficial mexicana respectiva.
Las empresas que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma oficial mexicana respectiva, podrán ellas mismas realizar la verificación técnica de sus vehículos.
Artículo 36. Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán obtener y, en su caso, renovar, la licencia federal que expida la Secretaría, en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Quedan exceptuados de esta disposición los conductores de vehículos a los que se refieren los artículos 40 y 44.
El interesado deberá aprobar los cursos de capacitación y actualización de conocimientos teóricos y prácticos con vehículos y simuladores que se establezcan en los reglamentos respectivos.
Los permisionarios están obligados a vigilar y constatar que los conductores de sus vehículos cuentan con la licencia federal vigente.
La Secretaría llevará un registro de las licencias que otorgue.
Artículo 37. Los permisionarios tendrán la obligación, de conformidad con la Ley de la materia, de proporcionar a sus conductores capacitación y adiestramiento para lograr que la prestación de los servicios sea eficiente, segura y eficaz.
Artículo 38. Los permisionarios de los vehículos son solidariamente responsables con sus conductores, en los términos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables, de los daños que causen con motivo de la prestación del servicio.
Artículo 39. Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima.
Artículo 40. No se requerirá de permiso para el transporte privado, en los siguientes casos:
I. Vehículos de menos de nueve pasajeros, y
II. Vehículos de menos de cuatro toneladas de carga útil. Tratándose de personas morales, en vehículos hasta de ocho toneladas de carga útil.
Lo anterior, sin perjuicio de que para el transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos se cumpla con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 41. La Secretaría expedirá permiso a los transportistas autorizados por las autoridades locales para el uso de tramos de caminos de jurisdicción federal que no excedan de 30 kilómetros y sean requeridos para la operación de sus servicios.
Artículo 42. Las empresas dedicadas al arrendamiento de remolques y semirremolques con
placas de servicio de autotransporte federal a que se refiere esta Ley, deberán registrarse ante la Secretaría, en los términos y condiciones que señale el Reglamento respectivo. Asimismo, sólo podrán arrendar sus unidades a permisionarios que cubran los mismos requisitos que los permisionarios de servicios de autotransporte federal.
Artículo 43. Sólo podrán obtener registro como empresas arrendadoras de remolques y semirremolques los que cumplan con los siguientes requisitos:
I. Estar constituidas como sociedades mercantiles conforme a las leyes mexicanas y que su objeto social establezca expresamente el servicio de arrendamiento de remolques y semirremolques;
II. Obtener placas y tarjeta de circulación para cada remolque y semirremolque, y
III. Acreditar la propiedad de las unidades.
Estas empresas no podrán en ningún caso prestar directamente el servicio de autotransporte federal de carga.
Artículo 44. Las empresas arrendadoras de automóviles para uso particular, que circulen en carreteras de jurisdicción federal, podrán optar por obtener de la Secretaría tarjeta de circulación y placas de servicio federal.
Artículo 45. Tratándose de arrendamiento puro y financiero de vehículos destinados al servicio federal de autotransporte, se estará a las disposiciones legales de la materia.
CAPITULO II
Del autotransporte de pasajeros
Artículo 46. Atendiendo a su operación y al tipo de vehículos, el servicio de autotransporte de pasajeros se clasificará de conformidad con lo establecido en el Reglamento respectivo.
Artículo 47. Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de autotransporte de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales, se ajustarán a los términos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes. Al efecto, la Secretaría recabará previamente la opinión de quien tenga a su cargo la administración portuaria o del aeropuerto de que se trate.
La opinión a que se refiere este artículo deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días naturales, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud; en caso contrario se entenderá que no tiene observaciones.
CAPITULO III
Autotransporte de turismo
Artículo 48. Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de autotransporte de turismo, podrán ser por su destino nacionales o internacionales.
El servicio nacional de autotransporte de turismo se prestará en todos los caminos de jurisdicción federal sin sujeción a horarios o rutas determinadas. Dicho servicio, atendiendo a su operación y tipo de vehículo se clasificará de conformidad con lo establecido en el Reglamento respectivo.
Artículo 49. Los permisos para prestar los servicios de autotransporte turístico autorizan a sus titulares para el ascenso y descenso de turistas en puertos marítimos, aeropuertos y terminales terrestres, en servicios previamente contratados.
CAPITULO IV
Autotransporte de carga
Artículo 50. El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal.
La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la Ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos.
Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos.
Artículo 51. Las maniobras de carga y descarga y, en general, las que auxilien y complementen el servicio de autotransporte federal de carga, no requerirán autorización alguna para su prestación, por lo que los usuarios tendrán plena libertad para contratar estos servicios con terceros o utilizar su propio personal para realizarlo.
TITULO CUARTO
De los servicios auxiliares al autotransporte federal
CAPITULO I
Clasificación de los servicios auxiliares
Artículo 52. Los permisos que en los términos de esta Ley otorgue la Secretaría para la prestación de servicios auxiliares al autotransporte federal, serán los siguientes:
I. Terminales de pasajeros;
II. Terminales interiores de carga;
III. Arrastre, salvamento y depósito de vehículos;
IV. Unidades de verificación, y
V. Paquetería y mensajería.
CAPITULO II
Terminales de pasajeros
Artículo 53. Para la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros, los permisionarios deberán contar con terminales de origen y destino conforme a los reglamentos respectivos, para el ascenso y descenso de pasajeros; sin perjuicio de obtener, en su caso, la autorización de uso del suelo por parte de las autoridades estatales y municipales.
La operación y explotación de terminales de pasajeros, se llevará a cabo conforme a los términos establecidos en el Reglamento correspondiente.
CAPITULO III
Terminales interiores de carga
Artículo 54. Las terminales interiores de carga son instalaciones auxiliares al servicio de transporte en las que se brindan a terceros servicios de transbordo de carga y otros complementarios. Entre éstos se encuentran: Carga y descarga de camiones y de trenes, almacenamiento, acarreo, consolidación y desconsolidación de cargas y vigilancia y custodia de mercancías.
Para su instalación y conexión a la vía férrea y a la carretera federal requerirá permiso de la Secretaría.
CAPITULO IV
Arrastre, salvamento y depósito
Artículo 55. Los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos se sujetarán a las condiciones de operación y modalidades establecidas en los reglamentos respectivos.
CAPITULO V
Unidades de verificación y centros de capacitación
Artículo 56. Las unidades de verificación físico - mecánica de los vehículos que circulen por carreteras federales, podrán ser operadas por particulares mediante permiso expedido por la Secretaría y su otorgamiento se ajustará, en lo conducente, al procedimiento a que se refiere el artículo 7o. de esta Ley.
Artículo 57. Para operar un centro destinado a la capacitación y el adiestramiento de conductores del servicio de autotransporte federal, será necesario contar con las autorizaciones que otorguen las autoridades correspondientes. La Secretaría se coordinará con las autoridades competentes para los requisitos de establecimiento, así como para los planes y programas de capacitación y adiestramiento.
CAPITULO VI
Paquetería y mensajería
Artículo 58. La prestación del servicio de paquetería y mensajería requiere de permiso que otorgue la Secretaría en los términos de esta Ley y estará sujeto a las condiciones que establezca el Reglamento respectivo. A este servicio se le aplicarán las disposiciones de la carta de porte.
TITULO QUINTO
Del autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga
Artículo 59. El autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga es el que opera de un país extranjero al territorio nacional, o viceversa, y se ajustará a los términos y condiciones previstos en los tratados internacionales aplicables.
Artículo 60. Los vehículos nacionales y extranjeros destinados a la prestación de servicios de autotransporte internacional de pasajeros, turismo
y carga a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por esta Ley y sus reglamentos; asimismo, deberán contar con placas metálicas de identificación e instrumentos de seguridad. Los operadores de dichos vehículos deberán portar licencia de conducir vigente.
Artículo 61. Los semirremolques de procedencia extranjera que se internen al país en forma temporal, podrán circular en los caminos de jurisdicción federal, hasta por el período autorizado en los términos de la Ley de la materia, siempre y cuando acrediten su legal estancia. En el arrastre deberán utilizar un vehículo autorizado para la prestación del servicio de autotransporte de carga.
TITULO SEXTO
De la responsabilidad
CAPITULO I
De la responsabilidad en los caminos, puentes y autotransporte de pasajeros y turismo
Artículo 62. Los concesionarios a que se refiere esta Ley están obligados a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso. Asimismo, los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo protegerán a los viajeros y su equipaje por los daños que sufran con motivo de la prestación del servicio.
La garantía que al efecto se establezca deberá ser suficiente para que el concesionario ampare al usuario de la vía durante el trayecto de la misma, y el permisionario a los viajeros desde que aborden hasta que desciendan del vehículo.
Los concesionarios y permisionarios deberán otorgar esta garantía en los términos que establezca el reglamento respectivo.
Artículo 63. Las personas físicas y morales autorizadas por los gobiernos de los estados y del Distrito Federal para operar autotransporte público de pasajeros, y que utilicen tramos de las vías de jurisdicción federal, garantizarán su responsabilidad, en los términos de este capítulo, por los daños que puedan sufrir los pasajeros que transporten, sin perjuicio de que satisfagan los requisitos y condiciones para operar en carreteras de jurisdicción federal.
Artículo 64. El derecho a percibir las indemnizaciones establecidas en este capítulo y la fijación del monto se sujetará a las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y para toda la República en Materia Federal. Para la prelación en el pago de las mismas, se estará a lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.
La Secretaría resolverá administrativamente las controversias que se originen en relación con el seguro del viajero o usuario de la vía, sin perjuicio de que las partes sometan la controversia a los tribunales judiciales competentes.
Artículo 65. Cuando se trate de viajes internacionales, el permisionario se obliga a proteger al viajero desde el punto de origen hasta el punto de destino, en los términos que establezcan los tratados y convenios internacionales.
CAPITULO II
De la responsabilidad en el autotransporte de carga
Artículo 66. Los permisionarios de servicios de autotransporte de carga son responsables de las pérdidas y daños que sufran los bienes o productos que transporten, desde el momento en que reciban la carga hasta que la entreguen a su destinatario, excepto en los siguientes casos:
I. Por vicios propios de los bienes o productos, o por embalajes inadecuados;
II. Cuando la carga por su propia naturaleza sufra deterioro o daño total o parcial;
III. Cuando los bienes se transporten a petición escrita del remitente en vehículos descubiertos, siempre que por la naturaleza de aquéllos debiera transportarse en vehículos cerrados o cubiertos;
IV. Falsas declaraciones o instrucciones del cargador, del consignatario o destinatario de los bienes o del titular de la carta de porte, y
V. Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la mercancía, la responsabilidad quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por tonelada o la parte proporcional que corresponda tratándose de embarques de menor peso.
Artículo 67. Cuando el usuario del servicio pretenda que en caso de pérdida o daño de sus bienes, inclusive los derivados de caso fortuito o fuerza mayor, el permisionario responda por
el precio total de los mismos, deberá declarar el valor correspondiente, en cuyo caso deberá cubrir un cargo adicional equivalente al costo de la garantía respectiva que pacte con el permisionario.
Artículo 68. Es obligación de los permisionarios de autotransporte de carga garantizar, en los términos que autorice la Secretaría, los daños que puedan ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el vehículo o por la carga en caso de accidente, según lo establezca el Reglamento respectivo.
Tratándose de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, el seguro deberá amparar la carga desde el momento en que salga de las instalaciones del expedidor o generador, hasta que se reciba por el consignatario o destinatario en las instalaciones señaladas como destino final, incluyendo los riesgos que la carga o descarga resulten dentro o fuera de sus instalaciones. Salvo pacto en contrario, su carga y descarga quedarán a cargo de los expedidores y consignatarios, por lo que éstos deberán garantizar en los términos de este artículo los daños que pudieran ocasionarse en estas maniobras, así como el daño ocasionado por derrame de estos productos en caso de accidente.
Artículo 69. El permisionario que participe en la operación de servicios de transporte multimodal internacional, sólo será responsable ante el usuario del servicio en las condiciones y términos del contrato de transporte establecido en la carta de porte y únicamente por el segmento del transporte terrestre en que participe.
TITULO SÉPTIMO
Inspección, verificación y vigilancia
Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios, informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes y los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares.
Asimismo, la Secretaría podrá inspeccionar o verificar que tanto el autotransporte federal como particular cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y de seguridad en las carreteras, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas.
La Secretaría podrá autorizar a terceros para que lleven a cabo verificaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 71. Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles, por inspectores autorizados que exhiban identificación vigente y orden de visita, en la que se especifiquen las disposiciones cuyo cumplimiento habrá de inspeccionarse. Sin embargo, podrán practicarse inspecciones en días y horas inhábiles en aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los servicios así lo requieran, en cuyo caso se deberán habilitar en la orden de visita.
Los concesionarios de caminos y puentes y los permisionarios que presten servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, están obligados a proporcionar a los inspectores designados por la Secretaría, todos los datos o informes que les sean requeridos y permitir el acceso a sus instalaciones para cumplir su cometido conforme a la orden de visita emitida por la Secretaría. La información que proporcionen tendrá carácter confidencial.
Artículo 72. De toda visita de inspección se levantará acta debidamente circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona que haya atendido la visita o por el inspector si aquélla se hubiere negado a designarlos.
Artículo 73. En el acta que se levante con motivo de una visita de inspección se hará constar lo siguiente:
I. Hora, día, mes y año en que se practicó la visita;
II. Ubicación de las instalaciones del concesionario o permisionario donde se practicó la visita;
III. Nombre y firma del inspector; IV. Nombre, domicilio y firma de las personas designadas como testigos;
V. Nombre y carácter o personalidad jurídica de la persona que atendió la visita de inspección;
VI. Objeto de la visita;
VII. Fecha de la orden de visita, así como los datos de identificación del inspector;
VIII. Declaración de la persona que atendió la visita o su negativa a permitirla, y
IX. Síntesis descriptiva sobre la visita, asentando los hechos, datos y omisiones derivados del objeto de la misma.
Una vez elaborada el acta, el inspector proporcionará una copia de la misma a la persona que atendió la visita, aun en el caso de que ésta se hubiera negado a firmarla, hecho que no afectará su validez.
El visitado contará con un término de 10 días hábiles, a fin de que presente las pruebas y defensas que estime conducentes, en el caso de alguna infracción a las disposiciones de la presente Ley. Con vista en ellas o a falta de su presentación, la Secretaría dictará la resolución que corresponda.
TITULO OCTAVO
De las sanciones
Artículo 74. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:
I. Prestar servicios de autotransporte federal sin el permiso respectivo, con multa de 500 a 2 mil salarios mínimos;
II. Prestar servicios de autotransporte federal con vehículos cuyas condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes, con multa de 100 a 1 mil salarios mínimos;
III. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, con multa de 100 a 500 salarios mínimos;
IV. Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas de abuso, con multa al conductor de 100 a 200 salarios y suspensión de la licencia por un año; por la segunda infracción, cancelación de la licencia;
V. Rebasar, el autotransporte, los máximos de velocidad establecidos por la Secretaría, con multa al conductor de 50 a 100 salarios mínimos; suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, y cancelación de la misma por la tercera infracción;
VI. Conducir vehículos de autotransporte en caminos y puentes sin la licencia que exige la Ley, con multa de 50 a 100 salarios mínimos; en la misma infracción incurrirá el empresario o dueño de vehículo que autorice su manejo cuando el conductor no cuente con licencia.
VII. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal establecida para la seguridad de las vías generales de comunicación terrestres o medios de autotransporte que en ellas operan, con multa de 100 a 500 salarios mínimos;
VIII. Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a vehículos en circulación, con multa de 100 a 500 salarios mínimos, y
IX. Cualquier otra infracción a lo previsto en esta Ley o sus reglamentos, será sancionada con multa hasta de 1 mil salarios mínimos.
En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas, salvo las excepciones o casos específicos previstos en esta Ley.
Para los efectos del presente capítulo, se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Artículo 75. El que sin haber previamente obtenido concesión o permiso de la Secretaría opere o explote caminos, puentes o terminales, perderá en beneficio de la nación, las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas.
Una vez que la Secretaría tenga conocimiento de ello, procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas poniéndolas bajo la guarda de un interventor, previo inventario que al respecto se formule. Posteriormente al aseguramiento, se concederá un plazo de 10 días hábiles al presunto infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes en su caso; pasado dicho término, la Secretaría dictará la resolución fundada y motivada que corresponda.
Artículo 76. El monto de las sanciones administrativas que se impongan a los permisionarios con motivo del servicio, será garantizado con el valor de los propios vehículos o mediante el otorgamiento de garantía suficiente para responder de las mismas. En caso de que la garantía sea el vehículo, podrá entregarse en depósito a su conductor o a su legítimo propietario, quienes deberán presentarlo ante la autoridad competente cuando ésta lo solicite.
El propietario del vehículo dispondrá de un plazo de 30 días naturales, contado a partir de la
fecha en que se fijó la multa para cubrirla así como los gastos a que hubiere lugar; en caso contrario, se formulará la liquidación y se turnará, junto con el vehículo, a la autoridad fiscal competente, para su cobro, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 80 de esta Ley.
Artículo 77. Al imponer las sanciones a que se refiere este título, la Secretaría deberá considerar:
I. La gravedad de la infracción;
II. Los daños causados, y
III. La reincidencia.
Artículo 78. Las sanciones que se señalan en este título se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte, ni de que, cuando proceda, la Secretaría revoque la concesión o permiso.
Artículo 79. Para declarar la revocación de las concesiones y permisos, suspensión de servicios y la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, se estará a lo siguiente:
I. La Secretaría hará saber al presunto infractor la causa o causas de la sanción, concediéndole un plazo de 15 días hábiles para que presente sus pruebas y defensas, y
II. Presentadas las pruebas y defensas o vencido el plazo señalado en la fracción anterior sin que se hubieren presentado, la Secretaría dictará la resolución que corresponda en un plazo no mayor a 30 días naturales.
Artículo 80. Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría con fundamento en esta Ley, se podrá interponer, ante la propia Secretaría, recurso de reconsideración, dentro del plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de la notificación de tales resoluciones.
El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de resolución. Los reglamentos de la presente Ley establecerán los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso.
La interposición del recurso se hará mediante escrito dirigido a la autoridad emisora del acto, en el que se deberá expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como, en su caso, las constancias que acrediten la personalidad del promovente.
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada.
La Secretaría dictará resolución en un término que no excederá de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se haya interpuesto el recurso.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley sobre Construcción de Caminos en Cooperación con los Estados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 1934.
Tercero. Se derogan los artículos 1o., fracciones VI y VII; 8o., párrafos segundo a cuarto; 9o., fracciones VII y VIII; 21 a 28; 39; 85; 87; 88; 90; 91; 97; 98; 100 a 105; 109; 128; 146 a 168 y 537 a 540 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se dejan sin efecto únicamente por lo que se refiere a las materias reguladas en la misma, los artículos 3o. a 5o.; 10; 12 a 20; 29 a 38; 40 a 84; 86; 89; 92 a 96; 99; 110; 116 a 124; 126; 127; 523 a 532; 535 y 541 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Cuarto. Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se sancionarán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se cometieron.
Quinto. Las disposiciones reglamentarias y administrativas en vigor se continuarán aplicando, mientras se expiden los nuevos reglamentos, salvo en lo que se opongan a la presente Ley.
Sexto. Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán en vigor en los términos y condiciones consignados en los mismos, hasta el término de su vigencia.
Por lo que se refiere a las concesiones y permisos en trámite se estará a lo dispuesto en la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Séptimo. Las garantías a que se refieren los artículos 62 y primer párrafo del 68, entrarán en vigor 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados. Ciudad de México, D.F., a 2 de diciembre de 1993. Diputados: Francisco José Dávila Rodríguez, Presidente; Manuel Monarres Valenzuela, secretario; Claudio Guerra López, secretario; Jorge Oceguera Galván, secretario; Marco Humberto Aguilar Coronado, Rogelio Audiffred Narváez, Rodolfo Barbosa Rodríguez, Emilio Becerra González, Israel Beltrán Montes, Raúl Burton Trejo, Juan Luis Calderón Hinojosa, Juan Jacinto Cárdenas García, Alfredo Castañeda Andrade, Edmundo Chacón Rodríguez, Tomás Correa Ayala, Jorge Eduardo Cue y Morán, José Fausto de los Palos Solano, Miguel Ernesto Enciso Clark, Jorge Tomás Esparza Carlos, Fernando Espino Arévalo, Ángel García Bravo, Alfonso Gómez Aguirre, Cupertino Juárez Gutiérrez, Benjamín López Aguirre, Fernando Lugo Hernández, Porfirio Montero Fuentes, Luis Pérez Díaz, Hernán Virgilio Pineda Arellano, José Manuel Pozos Castro, Francisco Puga Ramayo, Manuel Rivera del Campo, Orbelín Rodríguez Velazco, Antonio Sacre Ebrahim, Francisco Salinas Aguilar, Jorge René Sánchez Juárez, Atalo Sandoval García, Demetrio Santiago Torres, Juan Ignacio Torres Landa García, Celestino Tobanche Alonso, Gaspar Valdez Valdez, Eloy Vázquez López.» Es de primera lectura.
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
El secretario Francisco Dorantes Gutiérrez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el general brigadier DEM J. Jesús Verduzco Montaño, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado b del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al general brigadier DEM J. Jesús Verduzco Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 1o. de diciembre de 1993. Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuahtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuahtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Rogelio Audiffred Narváez, Benjamín Ávila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Angeles Moreno Uriegas, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna,
Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Cecilia Guadalupe Soto González Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Nahum Idelfonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el día 17 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Antonio Landa Bonilla, pueda prestar servicios como especialista en proyectos de energía, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 30 de noviembre, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de Nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como especialista en proyectos de energía;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado b, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Landa Bonilla, para prestar servicios como especialista en proyectos de Energía, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 1o. de diciembre de 1993. Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuahtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuahtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Rogelio Audiffred Narváez, Benjamín Ávila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruíz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Angeles Moreno Uriegas, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro
Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Cecilia Guadalupe Soto González, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Nahum Idelfonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto señor Presidente.
Pasa el Senado para sus efectos constitucionales.
El secretario Armando Sergio González Santacruz:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 18 de noviembre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Ignacio López Martínez, Francisco Rivera Fernández y Héctor Manuel Ureña López, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 25 de noviembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los perticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán a la Embajada de los Estados Unidos de América en México y Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado b, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso para que el ciudadano Juan Ignacio López Martínez pueda prestar sus servicios como asistente de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso para que el ciudadano Francisco Rivera Fernández pueda prestar sus servicios como analista en presupuestos, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso para que el ciudadano Héctor Manuel Ureña López pueda prestar sus servicios como empleado consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 27 de noviembre de 1993. Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuahtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuahtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Rogelio Audiffred Narváez, Benjamín Ávila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruíz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura
Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Angeles Moreno Uriegas, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Cecilia Guadalupe Soto González Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CUENTA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 1992
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a la revisión de la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1992.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión del Distrito Federal.
Honorable Asamblea: De acuerdo con lo que establecía el artículo 74, fracción IV, de nuestra Constitución, y en congruencia con lo dispuesto en los artículos transitorios del decreto por el que se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así como la denominación del Título Quinto, se adiciona una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII de la Constitución Política, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, el examen, revisión y discusión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1992, corresponde aún a esta Cámara de Diputados. Esta acción constituye el control de mayor relevancia de la gestión financiera y administrativa del Departamento del Distrito Federal, por parte del Poder Legislativo.
En cumplimiento a la obligación constitucional señalada, la Comisión del Distrito Federal ha revisado la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1992, para lo cual fue necesario acudir al informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de esta Cámara, responsable de la verificación de la conducta financiera y administrativa del Departamento del Distrito Federal, del apego a la normatividad establecida en el desarrollo de sus acciones y de la debida aplicación de los recursos en los programas autorizados. También se estimó pertinente intercambiar información con funcionarios del Departamento del Distrito Federal y de la propia Contaduría Mayor de Hacienda a fin de esclarecer algunos puntos de análisis.
Igualmente, se han tomado en cuenta las observaciones que presentó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, sobre los informes y avances de actividades del Departamento del Distrito Federal para ese período, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73, fracción VI, base III, inciso c, de la Constitución.
A su vez se constituyó un grupo de trabajo pluripartidista integrado por 16 diputados, el cual estudió con detenimiento la información obtenida. Con base en lo anterior se ha elaborado el presente dictamen, que se somete a esta honorable Asamblea para su consideración, discusión y aprobación.
El examen de la Cuenta Pública correspondiente a 1992 nos muestra que, aunque el crecimiento demográfico estimado del Distrito Federal en ese año fue negativo, la concentración humana en la ciudad derivada de la actividad económica, comercial, laboral y de servicios de la zona metropolitana de la ciudad de México, genera una demanda creciente de servicios públicos.
Este problema se ve agravado por la tendencia de desplazamiento habitacional hacia las zonas periféricas del Distrito Federal y hacia los municipios limítrofes del Estado de México, donde se genera una demanda de servicios de vialidad, transporte, agua potable, drenaje, educación, salud, vivienda y seguridad pública.
La atención de esta problemática exige un enfoque de coordinación con otras entidades federativas. Se está trabajando en esta dirección, existiendo mucho por hacer para alcanzar el desarrollo equilibrado de la ciudad de México y sus municipios conurbados.
Las acciones emprendidas por el Departamento del Distrito Federal, en 1992 se han dirigido hacia la elevación del bienestar de los habitantes del Distrito Federal, dando prioridad a los grupos y zonas con mayores carencias.
Las asignaciones presupuestales se orientaron, de esta forma, a fortalecer la infraestructura económica y social, canalizando recursos hacia el mejoramiento de la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia, el combate de las principales fuentes de contaminantes del aire, agua y suelo, la mejora del sistema de transporte urbano, la ampliación de la cobertura del sistema hidráulico, de vialidad y alumbrado y, la respuesta a los requerimientos de servicios de salud, educación y esparcimiento.
La seguridad constituye un problema central en una urbe de las dimensiones de la ciudad de México. El Gobierno capitalino, para garantizar la integridad física y patrimonial del ciudadano, intensificó los servicios en zonas y horarios en que se presentan los mayores índices delictivos y aumentó la presencia de la policía preventiva, al reemplazar los elementos destinados a la vigilancia de bancos, por elementos de la Policía Bancaria e Industrial.
Adicionalmente, se fortalecieron los procesos de profesionalización y equipamiento de los elementos de la policía.
Por lo que respecta a la procuración de justicia, se continuó el proceso de reestructuración de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, creándose coordinaciones regionales, agencias especializadas en investigación de robo de infantes y la supervisión general para la defensa de los derechos humanos. De igual forma se continuó el proceso de profesionalización del personal, a través de cursos impartidos por el Instituto de Formación Profesional, destacando la preparación de ministerios públicos especializados para el combate al delito violento y organizado.
Se ha fortalecido la coordinación entre las áreas de la Secretaría de Protección y Vialidad y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lo que permite enfrentar la delincuencia más eficazmente. El problema del transporte se ha convertido en un asunto básico, que guarda relación directa con la densidad poblacional y la concentración de las actividades económicas y de servicio en las áreas céntricas del Distrito Federal.
El Gobierno de la ciudad ha aplicado el Programa Integral de Transporte bajo un enfoque metropolitano. Se han realizado acciones para fortalecer el transporte masivo no contaminante, desalentar el uso del automóvil y por consiguiente, reducir la emisión de contaminantes.
Así se ha continuado la construcción de la línea ocho del Metro, que a su término en 1994 contará con 20 kilómetros y unirá el centro de la ciudad con el oriente, una de las zonas de mayor densidad demográfica de la ciudad.
Adicionalmente, se reordenaron rutas y paraderos de trolebuses y autobuses, a fin de mejorar la atención de zonas populares y facilitar la integración de los distintos medios de transporte, teniendo como eje básico el Metro.
Por otra parte, se registraron avances en el proceso de modernización del transporte
concesionado, que han permitido la sustitución de taxis y microbuses por nuevos vehículos que incorporan convertidores catalíticos.
La preservación de los ecosistemas es otro renglón de importancia para la vida de la ciudad. El factor fundamental de contaminación atmosférica es el consumo de energía, aunque se enfrentan problemas de descargas de residuos industriales y de disposición de basura. La problemática de la polución del aire es sumamente compleja, pues las condiciones geográficas de la ciudad no permiten la rápida dispersión de contaminantes.
En 1992 se creó la Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación en el valle de México, a fin de coordinar las acciones para mejorar la calidad del aire y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa Integral, Contra la Contaminación Atmosférica en la zona Metropolitana de la ciudad de México.
De igual modo se suscribió el Pacto Ecológico con las industrias más contaminantes, en que éstas se comprometieron a incorporar nuevas tecnologías anticontaminantes, para lo que se estableció un programa de financiamiento. Paralelamente se ha seguido aplicando el Programa "Hoy no Circula" y el de Verificación Vehicular.
En cuanto a las acciones para reducir la contaminación del agua, destacan el Programa de Rescate Ecológico de las zonas lacustres de Xochimilco, Tláhuac y Mixquic, que permitió avanzar en la preservación de los mantos acuíferos en la región suroriente de la ciudad.
Con objeto de controlar la contaminación del suelo, el Departamento del Distrito Federal continuó la operación de rellenos sanitarios y el saneamiento de tiraderos a cielo abierto. En coordinación con el Gobierno del Estado de México, se prosiguieron las acciones del Programa Metropolitano de Residuos Sólidos, para la construcción de infraestructura destinada al manejo y disposición final de basura.
Adicionalmente, se ha iniciado un programa de reforestación que, en coordinación con los gobiernos de los estados de México y Morelos, permitirá preservar la reserva ecológica de la zona metropolitana de la ciudad de México. Destacan las acciones realizadas en zonas ecológicamente frágiles como el Ajusco, Xochimilco, Cerro de la Estrella, Sierra de Guadalupe y Sierra de Santa Catarina.
El abastecimiento de agua potable a la ciudad y su desalojo representan serias dificultades al estar asentada en una cuenca cerrada a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, requiriéndose de grandes inversiones para trasladar el agua de mantos distantes situados a niveles inferiores y bombear las aguas negras y residuales.
En materia de abastecimiento, en 1992 se continuó instrumentando la estrategia de preservación de zonas de recarga natural de acuífero y se avanzó en la construcción del acueducto perimetral y en la ampliación de la red primaria y secundaria, principalmente en las delegaciones Iztapalapa, Tlalpan y Milpa Alta.
Para reducir el consumo de agua y procurar su uso racional se siguió aplicando el Programa de Uso Eficiente del Agua, que ha permitido reducir significativamente el consumo en los sectores público, comercial, industrial y de servicios.
Por lo que se refiere al desalojo de aguas residuales se prosiguieron los trabajos de construcción del drenaje profundo, colector semiprofundo, canal nacional canal de Chalco, los interceptores oriente y oriente - sur y la ampliación de colectores primarios y secundarios.
En el renglón de salud, la demanda de servicios médicos a la población abierta se ha incrementado considerablemente en los últimos años, sobre todo en estratos de menores recursos.
Para atender esta demanda se fortaleció la infraestructura médica hospitalaria y se reforzaron los programas preventivos, destacando los dirigidos a la prevención y control del cólera y del SIDA. Destaca la ejecución, en coordinación con el Sector Salud, del Programa Nacional de Vacunación Universal, que ha permitido cubrir, prácticamente, a la totalidad de la población infantil existente en el Distrito Federal.
La ciudad de México sufre, como otras zonas metropolitanas, graves problemas relacionados con la escasez de vivienda o su deterioro. Su magnitud hace que el habitacional sea uno de los problemas más importantes que deben resolver de manera conjunta y coordinada el Gobierno de la ciudad, las organizaciones sociales y la propia ciudadanía.
En este marco el Departamento del Distrito Federal emitió un acuerdo para otorgar subsidios fiscales y facilidades administrativas a los promotores de la vivienda popular, públicos y privados.
Adicionalmente el Gobierno de la ciudad, por conducto de los organismos que coordina, aplicó un programa de vivienda terminada para los grupos de bajos ingresos, que amplió sus beneficios con la participación de recursos financieros provenientes de la banca, los organismos públicos de vivienda y los beneficiarios. Se apoyó, asimismo, la autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda popular, mediante parques de materiales a precios reducidos.
Paralelamente, se continuó impulsando la regularización de la tenencia de la tierra mediante las acciones de expedición de escrituras y la acción de los juzgados especiales para juicios de inmatriculación judicial.
La tendencia de desplazamiento habitacional ya mencionada ha impactado la suficiencia de infraestructura educativa. Mientras algunas áreas demandan la construcción de espacios educativos, en otras áreas se observa una subutilización de la capacidad existente.
En respuesta a esta situación el Departamento del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, atendió, adicionalmente, a los programas de conservación y mantenimiento de la infraestructura educativa existente, los requerimientos de construcción de espacios educativos de nivel básico.
Respecto a la infraestructura urbana, se han continuado los esfuerzos de mejoramiento y ampliación de la infraestructura vial y de alumbrado público, así como la conservación y mantenimiento de áreas verdes y parques recreativos, destacando el inicio de la renovación y modernización del Zoológico de Chapultepec y el avance en la construcción del Parque Ecológico de Xochimilco.
Se dio atención especial a colonias populares en la instalación de luminarias nuevas y de pavimentación de calles secundarias.
El abastecimiento de alimentos y bienes de consumo a una población de la dimensión de la ciudad de México implica la operación de una red de comercio de grandes proporciones. En los últimos años la aparición del comercio en la vía pública ha provocado un sinnúmero de problemas.
A fin de atender la problemática comercial del Distrito Federal, se pusieron en marcha programas de modernización física, operativa y comercial de los mercados sobre ruedas y los mercados públicos, así como se procedió a la reestructuración de la administración de la Central de Abastos.
Destaca la puesta en marcha, en el segundo semestre de 1992, del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular, cuyo propósito fundamental es la reubicación en áreas idóneas, para su actividad, de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico y su incorporación a la actividad formal.
La gran diversidad de problemas, carencias y necesidades de la población del Distrito Federal, exceden la capacidad financiera del Gobierno de la ciudad. Así, en un esquema de sano e indispensable equilibrio financiero, el objetivo general es canalizar los recursos a las prioridades definidas por las principales demandas ciudadanas. El fortalecimiento de los ingresos y la aplicación eficiente y transparente de los recursos ha resultado indispensable.
Observancia del marco legal
Para verificar si la administración de recursos correspondiente al año de ejercicio que se revisa, se realizó con apego a los preceptos legales aplicables deben considerarse, además de la Ley de Ingresos y del decreto de Presupuesto de Egresos del DDF para ese año, los siguientes ordenamientos legales: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento; Ley General de Deuda Pública; Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento; Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento; Ley de Planeación; Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; Ley de Obras Públicas y su Reglamento; Normas y Procedimientos Generales para la Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal; Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley General de Bienes Nacionales; así como el acuerdo por el que se establecen las bases y lineamientos conforme a los cuales las dependencias y entidades de la administración pública federal formularán y presentarán sus programas anuales de requerimientos inmobiliarios, y de los relativos a obras e inmuebles destinados o utilizados para oficinas públicas.
Como resultado de la revisión y análisis del ejercicio en estudio, en relación con los ordenamientos legales anteriormente mencionados, esta Comisión, con base en la opinión vertida por
la Contaduría Mayor de Hacienda, concluye que, si bien existe imprecisión respecto al cumplimiento de ciertos preceptos normativos o reglamentarios, el sector Departamento del Distrito Federal, en términos generales, se apegó satisfactoriamente al marco jurídico aplicable, respetando y dando cumplimiento a la normatividad correspondiente.
Dentro de las conductas u omisiones específicas que se observaron y que conviene subsanar para ejercicios futuros, se destaca que en lo que se refiere a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, se detectaron algunas deficiencias en la formalización de contratos dentro del plazo establecido en el artículo 40 de dicho ordenamiento por parte de una entidad, misma que no informó de los procedimientos para la adjudicación de sus contratos y pedidos.
En lo relativo a la Ley Federal de Entidades Paraestatales se observó un retraso en los órganos de Gobierno de las entidades para la aprobación de bases, normas y políticas en materia de disposición de activos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, enajenación de inmuebles y cancelación de adeudos. Al respecto, convendría que las autoridades responsables realicen una exhaustiva revisión caso por caso.
Por lo que se refiere a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, algunas entidades no aportaron los datos referentes a su reporte sobre el monto y características de su deuda flotante o pasivo circulante; asimismo, existen algunos catálogos de cuentas de dos entidades cuya autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra pendiente.
En lo relativo a la Ley de Obras Públicas, algunas entidades del sector no han informado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación de las modificaciones de sus contratos cuando exceden del 25% del monto o plazo pactado; en otros casos, debido fundamentalmente a conciliaciones pendientes con los contratistas, las entidades han observado un retraso en la elaboración de las actas de entrega recepción de las obras respecto a los plazos pactados. Por otra parte, algunas entidades no informaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación sobre la realización o contratación de obra pública en términos de los artículos 56 y 59.
En lo que a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos concierne, hubo incumplimientos por parte de algunos servidores en la presentación de la declaración anual de situación patrimonial.
Finalmente, conviene destacar que el DDF rebasó su estimación original por ingresos excedentes propios, destinándolos a programas prioritarios, habiendo obtenido previamente la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la aplicación de recursos excedentes por lo que se ajustó plenamente a lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de esa entidad para el año de 1992.
Observancia de los criterios presupuestales
Con base en el informe previo elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda, sobre la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, y en nuestro propio análisis, se observó que el Departamento del Distrito Federal cumplió, en términos generales, con los criterios presupuestales que rigen su actividad en esta materia.
En relación con el decreto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1992, se analizaron los aspectos que se indican a continuación.
La SHCP y la Secogef informan que, en términos del artículo 6o. y en el ámbito de sus respectivas competencias, verificaron en forma periódica los resultados de la ejecución de los programas del DDF y sus entidades mediante diversos procedimientos, como la participación de representantes de la SHCP y la Secogef en las sesiones de los órganos de Gobierno de las entidades y los informes de autoevaluación que deben rendir tanto las unidades administrativas del DDF como sus entidades para dar cuenta de su gestión. Por lo que corresponde a la Secogef en particular, designa representantes en las reuniones trimestrales de los comités de control y auditoría, donde se analizan los resultados de la gestión, el desempeño y el grado con que se han atendido las observaciones formuladas por los diversos órganos fiscalizadores. Además, cuando se detectan desviaciones importantes en las metas de los programas, lleva a cabo reuniones de coordinación con los funcionarios de las entidades y órganos desconcentrados.
Por su parte, el DDF y las entidades que coordina informaron que los resultados de sus programas en relación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo fueron verificados por la Secogef
y la SHCP, sobre todo mediante el Sistema Integral de Información, el Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo que elaboró el propio DDF, el Informe sobre el Avance Programático Presupuestal, Informe sobre el Avance del Programa de Modernización y de la Empresa Pública 1988 - 1994, e Informe Semestral de Autoevaluación, entre otros, indicando que no se presentaron desviaciones; salvo los casos de STE y AUPR - 100.
Respecto a compromisos que hayan rebasado el gasto autorizado, a que se refiere el artículo 10, el DDF informó que no se presentó el caso.
Por otra parte, de la información proporciona da por el DDF y las entidades agrupadas en su sector, se advierte que las mismas plantearon sus adecuaciones presupuestales de acuerdo con la normatividad establecida, cuando las necesidades de operación y atención de los servicios así lo requirieron; así, no se rebasaron los presupuestos autorizados, ya que en su caso se obtuvieron las autorizaciones de ampliación por parte de la SHCP.
Por lo que corresponde al artículo 11, el DDF informó que sus ingresos propios superaron a la estimación original, principalmente en los rubros de impuesto predial, derechos por concepto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, aprovechamientos, intereses de valores y participaciones; y que los ingresos excedentes se destinaron a programas prioritarios, en especial a acciones de gran beneficio social y a la ampliación de metas estratégicas en los ámbitos del transporte, infraestructura urbana, el bienestar social y de justicia y seguridad pública, conforme a lo dispuesto en el decreto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Por su parte, la SHCP manifestó que autorizó al Departamento del Distrito Federal diversas ampliaciones, que se cubrieron con los ingresos propios adicionales que captaron ese departamento administrativo y sus entidades; dichos recursos se emplearon principalmente para apoyar las acciones de modernización, vivienda y urbanización, incrementar las prestaciones de seguridad social y ampliar los programas de mantenimiento de equipo e inmuebles, como se informó en la cuenta pública.
Respecto al artículo 12, el DDF y sus entidades coordinadas manifestaron que los ingresos recaudados no fueron aplicados a fines específicos, sino que se enteraron a la Tesorería del DDF, conforme a las disposiciones legales aplicables, con excepción de AUPR - 100, que los destinó a gastos de operación, y Comisa, que los aplicó en sus programas autorizados.
Por lo que se refiere a la creación de plazas, a que alude el artículo 16, el DDF informó que se crearon 139 plazas durante el ejercicio de 1992: ocho de estructura y 131 técnico operativo. En todos los casos, se obtuvo la autorización previa de la SHCP.
En lo que concierne a las entidades agrupadas al sector DDF, informan que en el ejercicio de 1992 no crearon nuevas plazas, excepto Comisa y STE, que manifestaron que contaron para ello con las autorizaciones de la SHCP y Secogef.
Por lo que toca a las erogaciones por concepto de servicios personales, a que se refiere el artículo 17 en su fracción I el DDF manifestó que la dirección general de Administración y Desarrollo de Personal pagó regularmente los sueldos de los trabajadores del DDF, conforme a los tabuladores establecidos por la SHCP y el calendario respectivo. Los tabuladores se aplicaron de acuerdo con las vigencias que fijó esa dependencia y, a fin de observar cabalmente la normatividad aplicable, se actualizaron tanto los tabuladores de aplicación general como los específicos que se autorizaron al DDF.
Por su parte, las entidades del sector indicaron que se ajustaron estrictamente a los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas, normas y lineamientos establecidos por la SHCP y sus órganos de Gobierno.
Con relación a lo anterior, de la información proporcionada por la SHCP se desprende que en 1992 las erogaciones que efectuó el DDF por concepto de servicios personales se ajustaron a las disposiciones normativas aplicables.
En cuanto al artículo 19, el DDF informó que durante la formulación de su Proyecto de Presupuesto de Egresos del DDF se señaló la necesidad de que las entidades del sector redujeran al mínimo indispensable los gastos de ceremonial y de orden social, comisiones de personal al extranjero, contratación de asesorías, estudios e investigaciones, publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general, los relacionados con actividades de comunicación social.
Las entidades del sector manifestaron que observaron lo dispuesto en este artículo y aplicaron las políticas de selectividad del gasto.
Respecto a las transferencias (aportaciones), que otorgó en los términos del artículo 21, el DDF
informó que esos apoyos se enmarcan en los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y coadyuvan tanto a los objetivos anuales de política económica del Gobierno Federal, como a los del propio DDF. Por lo que se refiere a las transferencias y aportaciones que el Gobierno Federal y el DDF canalizaron a los organismos del transporte, se explican porque los ingresos propios de esos organismos son insuficientes para financiar sus programas y existe el propósito de prestar un servicio adecuado a bajo costo, en beneficio de la población de menores ingresos.
Por lo que corresponde a las erogaciones por concepto de subsidios, donativos, gratificaciones y obsequios, a que se refiere el artículo 24, el DDF manifestó que las autorizó cuando estaban considerados en los presupuestos autorizados de sus entidades.
Por su parte, las entidades del sector DDF indicaron que no efectuaron erogaciones por esos conceptos, salvo IDA y Servimet, que las efectuaron con la autorización correspondiente.
Por lo que se refiere al artículo 27, conforme al cual la SHCP determinaría los lineamientos a que debería sujetarse el sector DDF en materia de disponibilidades financieras, el DDF informó que la SHCP le comunicó esos lineamientos, los cuales establecieron que las disponibilidades financieras sólo podrían invertirse en valores gubernamentales de renta fija.
Sobre el particular la SHCP informó que correspondió a la Dirección General de Política Presupuestal, emitir normas y lineamientos en este aspecto.
Respecto a las operaciones presupuestales efectuadas en divisas, el DDF, en los términos del artículo 31, informó a la SHCP en el "Cuaderno de Información", específicamente mediante los formatos DF - 29 (Programa Anual de Importación de Bienes y Servicios), y DF - 30 (Sistema de Pago de Importaciones de Bienes y Servicios), del Sistema Integral de Información.
Por su parte la SHCP indicó que el DDF y sus entidades coordinadas informaron de sus movimientos presupuestales en divisas con la periodicidad prevista en los formatos correspondientes del Sistema Integral de Información.
En cuanto a los artículos 32 y 33, que establecen los montos máximos de los contratos de obra pública y de los contratos o pedidos de adquisiciones, arrendamientos, o prestación de servicios relacionados con bienes muebles que podrían adjudicarse en forma directa o mediante convocatoria a cuando menos tres proveedores, de la información captada al respecto se desprende que, en general, el DDF y sus entidades se ajustaron a dichos montos, excepto IDA y Fidere, que no realizaron obra pública.
Conocimiento de la gestión financiera
Al concluir el ejercicio fiscal de 1992 el Departamento del Distrito Federal registró un superávit presupuestal de 52,642 miles de nuevos pesos. En este resultado, contribuyó el esfuerzo que en materia de ingresos ha realizado el Gobierno de la ciudad para incrementar su recaudación, y la observancia en el ejercicio del gasto de criterios de racionalidad y disciplina presupuestales.
Por lo que se refiere a los ingresos se observó un comportamiento favorable al superar en 9% la expectativa anual, situación que se explica básicamente porque la captación de ingresos propios fue 10% superior a lo previsto, lo que permitió canalizar mayores recursos a la prestación de los servicios públicos y al fortalecimiento de la infraestructura urbana.
El saldo final de la deuda al cierre del ejercicio ascendió a 717,456 miles de nuevos pesos, lo que representa un crecimiento de 17% con respecto al ejercicio 1991. Entre los factores que incidieron en este aumento se menciona la adquisición de insumos y servicios necesarios en la construcción de la línea ocho del Metro y la adquisición de equipos BAR - 90 y accesorios para su instalación en los centros de verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores.
Durante 1992 las transferencias del Gobierno Federal representaron el 2.4% del total de los ingresos del Departamento del Distrito Federal, del cual el 77.9% se destinó al sector central, básicamente en apoyo a la ejecución de obras de urbanización en las delegaciones del Distrito Federal dentro del Programa Nacional de Solidaridad.
Para una mejor comprensión de la gestión financiera, a continuación se detallan los rubros: ingresos, egresos y deuda; analizando primera mente al Departamento del Distrito Federal en su conjunto y por separado al sector central y a los organismos y empresas coordinados por este sector.
Ingresos
Para 1992 la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal contemplaba la captación
de recursos por 12'870,463 miles de nuevos pesos, cifra que al cierre del ejercicio se superó en casi 9% al obtenerse ingresos por 13'982,229 miles de nuevos pesos, 26% más de lo alcanzado en 1991.
Por lo que corresponde al sector central, la captación de ingresos ascendió a 12'251,078 miles de nuevos pesos, lo que significó 87.6% del monto total recaudado y 7% más de la previsión anual. De estos ingresos correspondieron: 6'337,056 miles de nuevos pesos a ingresos propios, 5'500,331 miles de nuevos pesos a participaciones en impuestos federales, 266,477 miles de nuevos pesos a transferencias del Gobierno Federal, 75,595 miles de nuevos pesos de financiamiento y 71,619 miles de nuevos pesos por concepto de financiamiento de proveedores y contratistas.
Los ingresos propios superaron en 10% a la estimación original, y mostraron un crecimiento de 36% con respecto de 1991, este comportamiento favorable permitió que por primera ocasión pasarán a ser la principal fuente de recursos del sector DDF, sobrepasando en 15% a las participaciones en impuestos federales. La mayor recaudación se presentó en el rubro de impuestos, al captarse 2'893,030 miles de nuevos pesos, de los 2'682,052 miles de nuevos pesos previstos originalmente, como consecuencia de la incorporación de nuevas cuentas al padrón de contribuyentes; al perfeccionamiento del sistema catastral; a la realización de actos de fiscalización a grandes contribuyentes y al establecimiento de un programa de comunicación fiscal. Destacan en este rubro por su participación el impuesto predial (42%) y el impuesto del 2% sobre nóminas (35%).
También dentro de los ingresos propios se observa una evolución positiva en los productos que alcanzaron un monto de 1'858,456 miles de nuevos pesos, cifra 4% superior a la estimación anual y los derechos que ascendieron a 1'105,208 miles de nuevos pesos, cantidad en la que destaca la recaudación por servicios de agua. En el caso de los productos se observa un mayor dinamismo en los ingresos percibidos a través de las policías Auxiliar y Bancaria e Industrial, como resultado de los servicios adicionales de vigilancia especializada proporcionados por estas corporaciones policiacas y del aumento en las tarifas de estos mismos servicios.
Por lo que concierne a los ingresos derivados de financiamiento se recibieron recursos del orden de 71,619 miles de nuevos pesos, por concepto de financiamiento de proveedores y contratistas, y por financiamiento neto se obtuvieron 75,595 miles de nuevos pesos (47% de la programación anual), de los cuales 71,831 miles de nuevos pesos se colocaron con cargo al Protocolo Francés para la adquisición de insumos destinados a la construcción de la línea ocho del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), y 3,764 miles de nuevos pesos con cargo al crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para la adquisición de equipos BAR - 90 en apoyo a los programas de verificación vehicular. La variación de 53% respecto a los 161,300 miles de nuevos pesos previstos en la Ley de Ingresos, se explica porque los contratos de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Fondo de Cooperación Económica a Ultramar del Japón (OECF) registraron desfasamiento en su formalización.
En cuanto a los apoyos fiscales provenientes del Gobierno Federal se obtuvieron 266,477 miles de nuevos pesos, cantidad 33% superior a la prevista originalmente, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico autorizó un monto adicional para la ejecución de programas específicos. Del total de transferencias recibidas el 74% (198,474 miles de nuevos pesos) se destinó a la ejecución de obras de urbanización en las delegaciones del Distrito Federal dentro del Programa Nacional de Solidaridad.
Por lo que se refiere a la evolución de los ingresos del sector paraestatal se captaron 1'731,151 miles de nuevos pesos, cifra que incluye 1'662,393 miles de nuevos pesos por concepto de ingresos propios de los organismos y empresas coordinadas por el DDF, 75,387 miles de nuevos pesos correspondientes a transferencias del Gobierno Federal y considera un desendeudamiento neto de 6,629 miles de nuevos pesos.
Egresos
El presupuesto original del Departamento del Distrito Federal ascendió a 12'870,463 miles de nuevos pesos, de los que 9'935,617 correspondieron al sector central y 2'934,846 al de organismos y empresas.
Derivado de la mayor captación de ingresos y por la necesidad de cubrir la ejecución de acciones no programadas originalmente e incrementos en los costos de diversas metas, el presupuesto original se modificó a 14'248,982 miles de nuevos pesos, registrándose la mayor ampliación en el sector central al ascender su presupuesto a 10'965,332 miles, y a 3'283,650 en el paraestatal.
Para la ejecución de las acciones gubernamentales el Departamento del Distrito Federal erogó 13'929,587 miles de nuevos pesos, con lo que
superó en 8.2% la programación de recursos originales para 1992, y en 26.7% el gasto que se registró en el ejercicio de 1991, correspondiendo 10'680,187 miles al sector central y 3'249,400 al de organismos.
Los principales incrementos se registraron en el gasto corriente al erogarse 13.5% más que lo previsto originalmente, debido a que en los capítulos de servicios personales y servicios generales se destinaron recursos a cubrir los depósitos del Sistema de Ahorro para el Retiro, la contratación de más elementos para las policías Bancaria e Industrial y Auxiliar, la liquidación de personal conforme al Programa de Retiro Voluntario; así como para cubrir incrementos en el arrendamiento de inmuebles y para realizar acciones de mantenimiento en el sistema de drenaje e inmuebles, no programadas originalmente.
En cuanto al gasto de capital se ejercieron recursos 3.3% por encima de lo presupuestado, rubro del que destaca el capítulo de obras públicas que representó el 80.6% de éste.
Del gasto programable se destinó el 25.3% de los recursos totales en la ejecución de los programas del ámbito de Transporte; 19.1% en los que integran el de infraestructura urbana; 16.6% en el de Bienestar Social, 15.3% en el de Justicia y Seguridad Pública y el restante 23.7% en los ámbitos Ecológico, Administrativo y de Abasto y Comercialización.
Deuda Pública
Para cubrir los compromisos contraídos por la contratación de deuda, el Departamento del Distrito Federal ejerció 82,020 miles de nuevos pesos, cifra 59% inferior a la previsión original de 201,913 miles, por el desfasamiento en la formalización de las líneas de financiamiento previstas y por el retraso observado en la disposición del crédito contratado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, lo que implicó un pago menor por concepto de intereses y comisiones, y porque sólo se cubrieron los requerimientos de contribuyentes por la devolución de impuestos cobrados indebidamente, destinándose en consecuencia, 57,967 miles de nuevos pesos, al pago de intereses y comisiones y 24,053 al pago de ADEFAS. Al nivel central correspondieron 80,928 miles y al sector paraestatal 1,092.
El saldo de la deuda al 31 de diciembre de 1992 fue de 717,456 miles de nuevos pesos: 339,421 miles del nivel central; es decir el 47%, y 378,035 miles del sector paraestatal, los cuales representan el 53%. En este resultado influyó principalmente la disposición de recursos con cargo al Protocolo Francés, para la adquisición de insumos necesarios en la construcción de la línea ocho del Metro y los destinados a la adquisición de equipos verificadores de emisiones vehiculares contaminantes, además de la revaluación del tipo de cambio y la amortización del capital.
Cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas
En 1992 la actividad del sector Departamento del Distrito Federal en el contexto de una apertura programática integrada con 42 programas en siete ámbitos, se oriento a ampliar la cobertura y a mejorar la calidad de los servicios públicos, a coadyuvar en la atención de las necesidades de vivienda, a mejorar el sistema de transporte urbano, a mejorar la calidad del medio ambiente en la capital del país, a proporcionar mejores condiciones de seguridad pública y brindar un servicio eficiente y oportuno en materia de procuración e impartición de justicia, y en general, a asegurar le ejecución de los programas prioritarios y de los proyectos de inversión de gran impacto económico y social.
Aun cuando en la ejecución de algunas metas no se alcanzaron los compromisos establecidos, los resultados en general fueron satisfactorios. En materia de transporte se registra una disminución en la transportación de pasajeros que obedece a la preferencia de los usuarios por otros medios de transporte, en tanto que la construcción de la línea 8 del Metro supero la meta para garantizar su terminación en 1994. En infraestructura urbana algunas metas se superaron, otras obtuvieron resultados menores por problemas estructurales del suelo, técnicos y de suministro de materiales, y porque se efectuaron otras acciones complementarias. La modificación en el esquema de operación y financiamiento para la vivienda, obligó a adecuar las metas de vivienda terminada y edificación de pies de casa. En materia ecológica se superó el programa de reforestación y se dio atención a la recolección y confinamiento de los desechos sólidos. La intensificación de los programas de orientación e información a la ciudadanía y para el desarrollo de actividades preventivas y de emergencia, reflejaron resultados favorables en la impartición de justicia y seguridad pública.
Ámbito de Transporte
Para ampliar y mantener la infraestructura del transporte coordinado, el Departamento del
Distrito Federal erogó en 1992, un total de.......... 3'506,111.6 miles de nuevos pesos, que represento el 25.3% del gasto total programable del sector DDF y 33.8% superior al gasto del año anterior. Del ejercicio total, correspondió el 96.0% a los programas prioritarios "El Transporte Colectivo, Metro y Tren Ligero", FQ "Servicio de Transporte Urbano e Interurbano" y el 4.0% restante al 3K "Regulación y Organización de las Comunicaciones y los Transportes". Dentro de las acciones realizadas destacaron las siguientes:
Se continuó con la construcción de la línea ocho del Metro Garibaldi - Constitución de 1917, la cual presenta un avance de 9.2 kilómetros respecto a la longitud total prevista de 20 kilómetros. Durante el ejercicio se avanzó 8.2 kilómetros, 14% más de la previsión original, con el propósito de garantizar la terminación de las obras en 1994. Esta línea tendrá en una primera fase 19 estaciones y beneficiará en promedio diario a una población superior a 700 mil personas del centro y suroriente de la ciudad.
Se llevó a cabo la rehabilitación de estructuras en la estación Insurgentes de la línea 1 del Metro y en el tramo terminal Aérea Oceanía de la línea 5, y se proporcionó mantenimiento preventivo a las infraestructuras y parque vehicular del Sistema de Transporte Colectivo integrado por 334 edificios y estaciones, 2 mil 424 carros, 158 kilómetros de vía doble de la red actual en operación, y 607 mil 868 equipos electrónicos y electromecánicos, correspondientes a instalaciones fijas del sistema. Con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. (CAF) se celebró un contrato para la adquisición y suministro de 135 carros neumáticos que serán destinados a la operación de la línea ocho, en 1994.
Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100 conformado por 3 mil 860 autobuses equipados con tecnología anticontaminante, y se adquirieron 112 nuevos motores, y 390 más fueron reconstruidos, así como 219 transmisiones y 842 diferenciales. En apoyo del programa general de mantenimiento de autobuses Ruta - 100, se concluyó e inauguró la obra civil del módulo de Cuajimalpa, con una capacidad instalada para dar mantenimiento en promedio mensual a 250 autobuses, además se llevaron a cabo acciones de rehabilitación y equipamiento en 25 módulos operativos.
En lo referente al Servicio de Transportes Eléctricos se continuó la renovación de la flota vehicular con la reconstrucción de 120 trolebuses y tres trenes ligeros y se mejoraron sustancialmente las instalaciones orientadas al mantenimiento y resguardo del parque rodante, median te acciones de rehabilitación y adaptación de los talleres, depósitos y áreas comunes. Se proporcionó mantenimiento permanente a la red total en servicio de la línea elevada para trolebuses y tren ligero y a la vía doble de este último, así como a 400 trolebuses y a 17 trenes. Con estas acciones se busca ampliar la vida útil de las unidades y proporcionar al usuario un servicio confiable.
Para garantizar el traslado de los habitantes de la ciudad de México y de la zona conurbada a sus centros de trabajo, educativos y de recreación, el Departamento del Distrito Federal a través de los organismos del transporte que coordina, dio servicio a 2'531,400 personas, casi 7 millones de usuarios diariamente, lo que significó el 87% de la previsión original, debido a la preferencia de los usuarios por otros medios de transporte. Del total, correspondió el 57% al Metro; el 38% a R100, y el 5% restante al trolebús y tren ligero.
En cuanto al reordenamiento del transporte público, se reestructuraron los recorridos para comunicar zonas populares alejadas del centro de la ciudad y se formularon estudios para reubicar bases y rutas del transporte público concesionado.
Ámbito de urbanización
En este ámbito el Departamento del Distrito Federal erogó 2'246,006.8 nuevos pesos, que representaron el 19.1% del gasto total programable.
A los programas prioritarios EC "Construcción y Adecuación para Agua Potable" y ED "Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras" correspondió el 38.7% del ámbito, es decir 1'024,919.4 y a los programas no prioritarios 5D "Urbanización", 3Y "Regulación de los Asentamientos Humanos", 5K "Edificios Administrativos", FH "Industrialización del Petróleo y sus Derivados y 6S "Servicios de Arrendamiento y Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles", el 61.3% del mismo ámbito, esto es, 1'621,087.4 nuevos pesos.
Para restablecer el equilibrio ecológico y auxiliar la recarga de los mantos acuíferos en el sur de la ciudad se avanzó en la construcción del Parque Ecológico de Xochimilco y se terminaron los trabajos para la rehabilitación de 727 hectáreas del polígono un del Parque Ecológico del Ajusco.
De las acciones efectuadas en materia de urbanización destacan la ampliación en 3.5 kilómetros del Eje Vial dos Oriente; la ampliación de dos a cuatro carriles de la Carretera Federal a Cuernavaca en 6.2 kilómetros, y las de la vialidad lateral Reforma donde se construyeron dos cuerpos con tres carriles cada uno en una longitud de 2.5 kilómetros. También se concluyó la construcción de seis carriles a lo largo de 11.2 kilómetros del Anillo Periférico Arco Oriente y se construyeron 13 kilómetros del Anillo Periférico Arco Norte entre avenida Zaragoza y avenida Mario Colín.
Se continuó con la construcción del paso vehicular División del Norte - Calzada de Tlalpan, que consta de dos cuerpos, y con la del Eje Vial 5 Sur, tramo oriente en 10.5 kilómetros. Asimismo, se avanzó un 50% en la construcción del puente vehicular Circuito Interior - Miramontes y 30% en la del distribuidor vehicular Periférico - Las Palmas.
En cuanto a los trabajos de conservación a la infraestructura urbana, se dio conservación y mantenimiento a 650 mil 560 metros cuadrados de carpeta asfáltica en vialidades principales y se repavimentaron 700 mil metros cuadrados en diversas vialidades y 200 mil metros cuadrados de calles secundarias; asimismo, las delegaciones del Distrito Federal dieron conservación y mantenimiento a otros 1 millón 449 mil 795 metros cuadrados.
Se instalaron además 12 mil 764 luminarias en colonias populares, se rehabilitaron 42 mil 350 en vías rápidas y ejes viales y 16 mil 341 piezas en avenidas principales y de segunda jerarquía.
Para ampliar la cobertura y mantener en operación el sistema de drenaje, continuaron las obras de construcción del drenaje profundo, con la excavación de 4.3 kilómetros y el revestimiento de 5.5 kilómetros de túnel; en las del semiprofundo Canal Nacional - Canal de Chalco se excavaron 767 metros, se revistieron 1 mil 982 y se concluyó la construcción de dos lumbreras; además, para ambos colectores se fabricaron 3 mil 514 anillos dovelas.
Se construyeron 36.7 kilómetros de red primaria de drenaje y 145.8 kilómetros de la red secundaria.
En el marco del Programa de Rescate de las Zonas Lacustres del Distrito Federal, se construyeron 21.1 kilómetros de red primaria y 2.3 kilómetros de líneas secundarias; se terminó la construcción de la planta de bombeo Riachuelo Serpentino y se avanzó en nueve plantas más; asimismo, se construyeron 11.5 kilómetros de líneas de conducción de agua tratada y 31.4 kilómetros de líneas de riego. En la planta de tratamiento Cerro de la Estrella se avanzó en la construcción de las unidades de filtración, cloración y remoción de detergentes para los módulos uno, dos y tres, y en la de un cuarto módulo para ampliar la capacidad de tres a cuatro metros cúbicos por segundo de agua tratada.
Para conservar en buen estado las instalaciones del sistema de drenaje se llevó a cabo el desazolve y limpieza de 1 mil 513 kilómetros de la red, se extrajeron 625 mil 404 metros cúbicos de azolve de presas, cauces, canales e interceptores; se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 548 equipos electromecánicos, así como mantenimiento civil a 275 estructuras diversas. Las delegaciones proporcionaron mantenimiento preventivo y correctivo a 5 mil 754 kilómetros de la red secundaria y retiraron 44 mil 229 metros cúbicos de azolve.
Respecto a las acciones para ampliar y mantener el sistema de agua potable, se construyeron nueve kilómetros de red primaria y 61.3 kilómetros de la red secundaria.
También se prosigue con las obras del Acueducto Perimetral donde se excavaron 2.1 kilómetros de túnel, se revistieron 256 metros y se construyeron 177 metros de sifones. Se terminó la construcción de un tanque de almacenamiento de 50 mil metros cúbicos, de otros tres de 500 metros cúbicos cada uno y se avanzó en la construcción de 11 más.
Las delegaciones dieron conservación y mantenimiento a 4 mil 508 kilómetros de la red secundaria de agua potable y efectuaron 22 mil 766 reparaciones en las líneas para eliminar fugas del vital líquido.
A través del Programa Nacional de Solidaridad se instalaron 1 mil 137 luminarias en colonias populares y se amplió la carpeta asfáltica en 123.9 kilómetros.
Asimismo, se construyeron 105.4 kilómetros de red secundaria de drenaje y 11.7 kilómetros de colectores marginales. También se construyeron 86.3 kilómetros de red secundaria de agua potable y se instalaron 367 tomas domiciliarias.
Ámbito de bienestar social
El Gobierno del Distrito Federal ejerció en las acciones que integran este ámbito 2'298,402.3 billones de
nuevos pesos, cantidad que representó el 16.6% de su gasto total programable. El 29.9% del presupuesto ejercido correspondió a los cuatro programas prioritarios y el 70.1% a los otros ocho que lo conforman.
Para el suministro de agua potable a la población se operó la infraestructura del sistema hidraúlico, se captaron y distribuyeron 574 millones 100 mil metros cúbicos de agua en bloque de fuentes operadas por la Gerencia de Aguas del Valle de México y se repartieron 2'812,015 metros cúbicos de agua en pipas. Además se instalaron 105 mil 797 medidores de consumo domiciliario y 75 mil 103 muebles sanitarios de bajo consumo.
En la infraestructura que administra el DDF se proporcionó el servicio de hospitalización a 96 mil 101 pacientes para su diagnóstico, tratamiento médico o quirúrgico, y 493 mil 786 servicios médicos de urgencias. También proporcionó 1 millón 286 mil 913 consultas de medicina general y especializada, y 476 mil 464 consultas médico legales en las agencias del Ministerio Público.
Asimismo, en las unidades médicas se proporcionaron 306 mil 962 consultas para la detección de enfermedades crónico degenerativas y 53 mil 960 de planificación familiar. Como acciones de inmunización para proteger a la población infantil de enfermedades transmisibles, se aplicaron 478 mil 157 dosis de vacunas de diferentes tipos de biológicos, y se llevaron a cabo acciones de prevención y control de enfermedades como el cólera y SIDA.
El Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (Fividesu) concluyó la construcción de 1 mil 785 viviendas en 23 frentes, inició la construcción de 3 mil 490 viviendas en 34 frentes más y avanzó en la construcción de otras 492 viviendas; el organismo también llevó a cabo 454 acciones de vivienda progresiva que incluyeron la conclusión de 289 pies de casa, la dotación de servicios básicos de urbanización a 39 lotes y el mejoramiento de 126 viviendas.
Respecto a la infraestructura destinada a la atención médica y de servicios sociales, se concluyó la construcción de la Unidad de Atención Primaria Avanzada de Cuajimalpa, así como las obras de construcción del Hospital General Tláhuac, que tendrá una capacidad de 41 camas censables. Asimismo, se terminó el reforzamiento estructural de los hospitales Balbuena, Xoco, La Villa, Iztapalapa y Gregorio Salas; la reestructuración y remodelación del Centro Médico de Reclusorios, así como la ampliación y remodelación de diversas áreas del Hospital Pediátrico Legaria.
Además se dio mantenimiento a las 32 unidades médicas que administra la Dirección General de Servicios Médicos y se ejecutaron trabajos de conservación y mantenimiento en 60 guarderías, 45 centros de salud y ocho centros de desarrollo infantil.
El DDF también proporcionó asistencia social a 224 mil 554 adultos indigentes y a 23 mil 981 menores desvalidos. Asimismo, a través de los centros de desarrollo infantil y guarderías anexas a mercados públicos dio atención a un promedio mensual de 5 mil 654 hijos de madres trabajadoras del Departamento del Distrito Federal.
En otro aspecto, se construyeron 306 espacios educativos para el nivel preescolar, 301 para escuelas primarias y 511 para el nivel secundaria. Se dio mantenimiento a 1 mil 132 escuelas de los tres niveles y se realizaron obras de reforzamiento en 65 planteles más.
Ámbito de justicia y de seguridad pública
El ámbito de justicia y seguridad pública, integra do por tres programas, ejerció un presupuesto de 2'115,447.4 nuevos pesos en el año que se revisa, 15.3% del total del gasto programable para el DDF. La aplicación de estos recursos se orientó a proporcionar a la ciudadanía servicios de seguridad pública, garantizarle un orden público y fluidez vehicular, atender sus demandas en materia de procuración e impartición de justicia, y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones laborales.
Dentro de este ámbito participaron los programas CO "Seguridad Pública" con 1'520,120.4 nuevos pesos, 10.9% del gasto total del DDF y 71.9% del ámbito; CK "Promoción de la Justicia" con 563'926,300. 4.0% del total del gasto del DDF y 26.6% del ámbito; y CI "Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral y Fiscal", con 31'400,700, 0.2% del total del gasto del DDF y 1.5% del ámbito.
Con el fin de lograr los objetivos citados, la Secretaría General de Protección y Vialidad realizó 6 millones 200 mil servicios permanentes y especiales de protección y vialidad, y atendió 10 millones 800 mil llamadas de auxilio por actos delictivos, faltas administrativas y alteraciones del
orden público; asimismo, efectuó 5 mil 327 acciones de supervisión y evaluación de los dispositivos y tácticas de seguridad, y ejecutó y apoyó 820 mil 545 campañas de protección y vialidad.
La Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal llevó a cabo 46 mil 496 acciones de vigilancia especializada en diversas empresas que lo solicitaron, y la Policía Auxiliar del Distrito Federal, por su parte, proporcionó 13 mil 257 servicios de seguridad especial a empresas y particulares.
En 1992 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó y cumplimentó 9 mil 042 proveídos, resolvió 537 recursos de revisión, celebró 1 mil 748 audiencias, dicto 1 mil 698 sentencias y procuró 357 sentencias favorables a los particulares. El Tribunal Superior de Justicia, por su parte, tramitó y resolvió 180 mil 152 asuntos en primera instancia del orden penal, civil, arrendamiento inmobiliario, familiar, concursal y de inmatriculación judicial; registró 663 mil 038 documentos relacionados con acciones de seguimiento de los asuntos atendidos por los juzgados de primera instancia y de paz; realizó 221 mil 516 notificaciones y ejecuciones dictadas por los jueces de las materias civil, del arrendamiento inmobiliario, concursal, familiar y de inmatriculación judicial, y emitió 16 mil 003 dictámenes de carácter médico legal y forense.
La Procuraduría General de Justicia inició 146 mil 375 averiguaciones previas derivadas de ilícitos; ejecutó 135 mil 322 diligencias policiales, y practicó 143 mil 490 peritajes técnico - científicos de hechos delictivos. Además, proporcionó atención a cuatro centros de terapia para apoyar a víctimas por violencia sexual y mejoró la operación de las agencias especializadas de esta índole, a través del establecimiento de criterios técnico jurídicos y lineamientos coincidentes, logrando con ello una actuación más coordinada.
Por medio de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, se proporcionó asesoría jurídica a 32 mil 655 trabajadores en conflictos laborales y se conciliaron 1 mil 916 conflictos obrero - patronales y, a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se tramitaron y resolvieron 3 mil 305 emplazamientos a huelga.
Ámbito ecológico
Para mejorar las condiciones ambientales y restablecer el equilibrio ecológico de la ciudad de México, se ejecutó un conjunto de acciones orientadas a disminuir la contaminación en el aire, agua y suelo, y a mejorar los espacios verdes a través de la forestación y restauración de ecosistemas.
Las acciones en materia ecológica se desarrollaron en tres programas, en los cuales se ejercieron 1'071,592 nuevos pesos, monto que representó el 7.7% del gasto programable total y significó un incremento de 44% en relación a lo ejercido en este ámbito en 1991. El 99.4% se destino a los programas prioritarios 3Z "Regulación y Preservación Ecológica" y FA "Producción Primaria".
Dentro del Programa Integral de Lucha Contra la Contaminación Atmosférica en la Zona Metropolitana de la ciudad de México, se operó permanentemente el programa de Verificación Vehicular y se coordinó el programa "Hoy No Circula", a través de los cuales se efectuaron 2 millones 400 mil verificaciones, dejaron de circular en promedio diario 520 mil vehículos automotores y se retiraron de la circulación 19 mil 710 vehículos ostensiblemente contaminantes; para apoyar estas acciones fueron adquiridos e instalados 100 equipos analizadores de gases FICS - 2000 en centros de verificación. Además, se llevó a cabo la plantación de 14 millones de árboles y de casi 1 millón de plantas de ornato.
Para la preservación y restauración de ecosistemas, se ejecutaron acciones de restauración de subcuencas, de control y prevención de incendios forestales; asimismo, se realizaron labores de vigilancia en 86 mil 864 hectáreas que conforman el área de conservación ecológica y, en las 1 mil 529 hectáreas del Desierto de los Leones, además, se realizaron trabajos de saneamiento forestal, reforestación y extracción de productos forestales en mal estado.
A efecto de evitar la erosión de los suelos y mantener el equilibrio ecológico de las zonas rurales del Distrito Federal, se produjeron 14 millones de árboles forestales de diversas especies y 1 millón 800 mil de plantas ornamentales, en los viveros Netzahualcóyotl, Yecapixtla y Los Oyameles.
Para la prevención de la contaminación del agua, se operó permanentemente la infraestructura de drenaje y se instalaron 10 estaciones de automatización para mejorar su operación; asimismo, se realizó el análisis fisicoquímico y biológico de 89 mil 655 muestras de agua tomadas en diferentes puntos de la ciudad.
En materia de desechos sólidos, se efectuó la recolección de 144 mil 400 metros cúbicos de basura por el sistema de contenedores; se realizó el barrido manual y mecánico a lo largo de 285 mil 925 kilómetros; se eliminaron 671 mil 604 metros cúbicos de desechos sólidos de tiraderos
clandestinos y se trasladaron 2 millones 222 mil 736 toneladas de basura a los sitios de disposición final. Asimismo, se amplió la infraestructura destinada al manejo y confinamiento de los desechos mediante la construcción de las estaciones de transferencia de Alvaro Obregón y Central de Abasto II.
En coordinación con el Gobierno del Estado de México, el Departamento del Distrito Federal continuó con la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente, cuarta etapa, primera fase, y dio inicio a la construcción de una planta separadora de basura. Además, llevó a cabo la adecuación y ampliación de seis estaciones de transferencia.
Ámbito administrativo
En las acciones de coordinación y dirección del Gobierno, el DDF erogó 1'996,039.100 nuevos pesos, que excluyen el pago de la deuda, a través de los programas que integran este ámbito. Lo ejercido representó el 14.4% del gasto programable total del sector, destacando por el monto los programas AA "Administración" (74.9%) y BB "Planeación de la Política Financiera" (16.2%).
Para controlar y vigilar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales se realizaron 1 mil 082 auditorías y 4 mil 093 estudios de seguimiento de medidas correctivas; además se atendieron 67 mil 111 consultas de defensoría de oficio civil y familiar, 131 mil 678 de oficio penal y se intervino en 17 mil 077 juicios jurídico - contencioso.
En los procedimientos de adquisición de bienes para el sector, se atendieron 91 requisiciones de compra con la recepción de 210 cotizaciones de proveedores que derivaron en 232 posibilidades de compra, de las que se formalizaron 110 pedidos. Del Programa Anual de Arrendamiento de Inmuebles que requiere el DDF, se tramitaron 30 justipreciaciones de renta y se renovaron 48 contratos de arrendamiento. También se realizaron 132 estudios de levantamiento físico de inmuebles, 210 proyectos para la adaptación de espacios y se atendieron 4 mil 148 órdenes de servicios de conservación y mantenimiento.
En cuanto a las finanzas públicas del sector, se actualizó el padrón único de contribuyentes de la propiedad raíz mediante la revisión de 348 mil 445 documentos. Asimismo, para hacer cumplir las obligaciones tributarias y combatir la evasión fiscal, se llevaron a cabo 81 mil 843 acciones de fiscalización, de las que correspondieron 361 a auditorias, 74 mil 618 a revisiones y 6 mil 864 a inspecciones.
En lo que respecta a las acciones procesales y la defensa administrativa o judicial de los intereses de la Hacienda Pública del DDF, la Procuraduría Fiscal emitió 13 mil 074 resoluciones de recursos administrativos.
Las cajas de Previsión de la Policía Preventiva y de los Trabajadores a Lista de Raya otorgaron a sus afiliados 130 mil 383 préstamos a corto plazo y 360 a mediano plazo, así como 846 préstamos para la adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda.
Ámbito de abasto y de comercialización
El Departamento del Distrito Federal ejerció 213'967,300 nuevos pesos, equivalentes al 1.5% de su gasto total programable, a través de los programas FD "Producción y Transformación Agroindustrial", FG "Producción de Papel, Impresos y Publicaciones", 3L "Fomento y Regulación del Comercio Interior y Exterior" y 5A "Construcción de Establecimientos de Acopio y Comercialización".
En el marco de este ámbito se concertaron 46 convenios para el abasto popular con delegaciones, organizaciones gremiales, dependencias federales y productores de entidades federativas; se coordinó la comercialización de 50 mil despensas de productos básicos con descuento a grupos organizados y población abierta en beneficio de 257 mil 978 personas, y se realizó la modernización operativa y comercial de 47 mercados públicos y 30 establecimientos de pequeños comerciantes.
Para incorporar al comercio formal a 10 mil comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la ciudad de México, se llevó a cabo el Programa Inmediato de Mejoramiento del Comercio Popular mediante la firma de 15 convenios de reubicación con igual número de organizaciones que representan a 4 mil 130 comerciantes, además de que se integraron 1 mil 871 expedientes de individualización de créditos de financiamiento de los que se autorizaron 1 mil 770.
Respecto a la construcción de lecherías del Programa DDF - Conasupo, se construyeron tres lecherías, se avanzó el 20% en la construcción de otras dos y se dio mantenimiento a 199 mercados públicos y a 24 lecherías.
En las instalaciones de Industrial de Abastos, se proporcionó el servicio de frigorífico a 39 mil 169 toneladas de carne de bovino, ovino y porcino
no provenientes de diversas entidades del país y, adicionalmente, se sacrificaron 824 mil 728 animales de diversas especies como aves, ovicaprinos, porcinos y bovinos, entre otros.
Para los organismos del transporte público que coordina el DDF se imprimieron 1 mil 433 millones de boletos magnéticos, de los cuales 1 mil 420 millones correspondieron a boleto unitario y 13 millones a boleto temporal.
Como resultado del análisis efectuado, esta comisión dictaminadora concluye que el Departamento del Distrito Federal ha logrado, en términos generales y satisfactorios el cumplimiento de los objetivos contenidos en cada uno de sus programas y solicita a la Contaduría Mayor de Hacienda, que en el informe de resultados evalúe la forma en que dichos programas han repercutido en el mejoramiento de los diversos servicios que se proporcionan a los habitantes de la ciudad de México.
Adicionalmente, con el propósito de contribuir al mejoramiento en la operación del Departamento del Distrito Federal y al establecimiento de un sistema óptimo de información y evaluación del gasto público y, tomando en consideración las observaciones emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda, esta Comisión dictaminadora formula las siguientes:
Recomendaciones
Es necesario que el Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador sectorial, revise y valide la información que le envíen sus entidades coordinadas para la integración de la cuenta pública.
También resulta conveniente que de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se incluya en el sistema de contabilidad los elementos que permitan desagregar, tanto en el presupuesto de egresos como en la cuenta pública los recursos correspondientes a las metas que comprendan varias acciones.
Por otra parte, debe considerarse la conveniencia de revisar las unidades de medida de meta que se utilizan en el presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal, a fin de que todas las acciones programáticas sean mensurables y de fácil identificación de acuerdo al Reglamento de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal.
Se recomienda también, que el Departamento del Distrito Federal adopte las medidas procedentes a fin de que, cuando en la Cuenta Pública se reporten metas que no se hayan establecido en el Presupuesto de Egresos, se informe sobre las causas que hayan motivado su inclusión y los criterios que se hayan considerado para la signación de recursos correspondientes.
Asimismo, es importante que el Departamento del Distrito Federal indique, tanto en el presupuesto de Egresos como en la cuenta pública, la unidad responsable de cada una de las metas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal.
Finalmente, se sugiere que todas las variaciones registradas en el cumplimiento de las metas y en el ejercicio de los recursos correspondientes, así como en el destino de los recursos que no se hayan ejercido en las acciones para las cuales se asignaron originalmente se expliquen e informen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento a lo que dispone la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
La Comisión del Distrito Federal al realizar la evaluación de los resultados de los programas a cargo del Departamento del Distrito Federal y su trascendencia en el nivel de vida en la ciudad de México, cumple con su responsabilidad constitucional al participar en la procuración del mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la metrópoli.
En base a lo anterior y con fundamento en los artículos 70 y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 de la Ley Orgánica del Congreso; 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; 11 y 13 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, y demás relativos aplicables, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REVISA LA CUENTA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1992
Artículo 1o. Se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal y se conocieron los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1992. Igualmente se valoró la observancia de los criterios señalados en el presupuesto y se evaluó el grado de cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas.
Artículo 2o. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda a fin de que instruya a dicho órgano técnico para que practique los estudios, las auditorías y acciones legales que permitan esclarecer si hubo irregularidades en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal durante 1992 y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, instruyéndola para que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia, así como a la Comisión del Distrito Federal, ambas de la Cámara de Diputados.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a los 30 días del mes de noviembre de 1993.»
Es de segunda lectura.
El diputado Manuel Díaz Infante (desde su curul):
Señor Presidente, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento, solicito que el diputado Fernando Lerdo de Tejada, presidente de la Comisión del Distrito Federal, fundamente el dictamen.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Lerdo de Tejada, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna:
Señor Presidente, con su permiso; compañeros legisladores:
Iniciamos el día de hoy el análisis del paquete financiero presupuestal del Distrito Federal para 1994, que consiste básicamente en la cuenta pública, la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda y el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y como iniciamos precisamente este análisis con la cuenta pública, es que en nombre de la Comisión quisiéramos hacer algunas consideraciones al respecto.
La primera es que ésta es la última ocasión en que esta honorable Cámara de Diputados tendrá a su cargo el análisis, integración, discusión y aprobación del paquete presupuestal del Distrito Federal en la misma. Y no me refiero única y exclusivamente a que como el paquete presupuestal se presenta precisamente a partir del 15 de noviembre, según señala nuestra Constitución, y que por lo tanto ya no correspondería a la LV Legislatura el análisis, sino a la LVI, sino me refiero a que como resultado de la reforma política del Distrito Federal que aprobó precisamente el Congreso de la Unión y que de acuerdo con el Constituyente Permanente ésta ha sido también aprobada por las distintas legislaturas de los estados, corresponderá a partir del próximo ejercicio fiscal a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal la aprobación del paquete financiero presupuestal de nuestra ciudad capital.
Esto es uno de los aspectos que los distintos partidos políticos habían puesto como uno de los principales objetivos de la reforma y por lo tanto, a partir del próximo ejercicio así se realizará, ya no será más el Congreso de la Unión el encargado de la revisión de los asuntos presupuestales de la capital de la República, sino que será el órgano legislativo local el que tendrá esta facultad.
En segundo lugar señalar a ustedes que esta cuenta pública, la relativa a 1992, es la primera cuenta pública que deriva del decreto presupuestal aprobado por esta legislatura; esto es, las anteriores cuentas públicas que habíamos nosotros analizado, tenían su origen en decretos de presupuestos autorizados por la LIV Legislatura, y es éste el primero que deriva del ejercicio presupuestal que autorizó esta Cámara de Diputados en 1991.
Y tal vez sea por esa consideración que es aprobado por nosotros el decreto presupuesta, en el cual se basa esta cuenta, que la Contaduría Mayor de la Cámara de Diputados nos señala una serie de aspectos innovativos en la cuenta pública del Distrito Federal y en el informe previo que presentó a la Comisión de Vigilancia de la propia Contaduría, y así nos dice la Contaduría que este informe previo es un informe que tiene una mucho mayor profundidad en el análisis, que se ha realizado una evaluación mucho más estricta y mucho más detallada de los distintos programas a cargo del Departamento del Distrito Federal y el sector que coordina, y que también el informe previo es de una cobertura más amplia y más profunda en las materias que este informe precisamente cubre.
Todos sabemos que los informes previos que rinde, así como también el informe de resultados
que rinde la Contaduría Mayor de Hacienda, deben de reunir las características y los requisitos que establece la Ley Orgánica de la Contaduría en su artículo 3o., y yo quisiera comentar con ustedes que el actual informe presentado a la Comisión de Vigilancia y a la del Distrito Federal, cumple precisamente con todos y cada uno de los elementos establecidos en el artículo 3o., pero además va más allá en algunos puntos que creo yo resultan importantes. De esta manera el informe previo no sólo establece lo que dice la Ley Orgánica, sino además lleva a cabo un análisis muy importante y profundo de los dictámenes de los auditores externos, los dictámenes que estos auditores realizaron a las distintas empresas del sector comercio.
En segundo lugar, se realiza una verificación muy puntual de los resultados y se asegura que las normas de contabilidad establecidas hayan sido cumplidas plenamente.
El informe previo profundiza además, compañeros, en seis puntos, que solamente quiero enumerarles a ustedes para que tengan una idea de cuales fueron los elementos fundamentales de este análisis que realizó la Contaduría Mayor de Hacienda.
En primer lugar, se analiza si hubo un apego a las leyes, a los reglamentos y a la demás normatividad jurídica que rige el ejercicio presupuestal, de tal manera que la Contaduría verifica en este caso del informe que estamos considerando, 20 disposiciones jurídicas.
En segundo lugar, se plantea si se observaron plenamente los principios de contabilidad gubernamental. Hace también, en el tercer punto, un análisis del impacto socioeconómico que ha tenido el presupuesto en la vida de la capital, que como se ha señalado es importante, porque el presupuesto debe de tener precisamente un impacto en la parte social de la ciudad.
En cuarto lugar, nos hace un análisis de los resultados financieros, tanto del sector Departamento del Distrito Federal, del sector central, como del sector coordinado y sus empresas; en quinto lugar lleva a cabo un análisis muy detallado de los subsidios y las transferencias que se dieron, tanto por parte del Departamento a las empresas del sector como por parte de la federación al Departamento, y en sexto lugar, hace un análisis de las metas.
Yo quisiera señalar que hay un capítulo de metodología en donde explica cómo llevaron a cabo cada uno de estos planteamientos, que resulta bastante interesante para aquellos de ustedes que consideren profundizar en este informe.
Bien, del análisis, señores diputados, de todos estos elementos a que hemos hecho consideración, la Contaduría Mayor de Hacienda concluye que durante 1992 hubo un cumplimiento adecuado y generalizado de las disposiciones jurídicas, presupuestales, financieras y de impacto social en el ejercicio correspondiente al Departamento del Distrito Federal y su sector coordinado.
Esto es que en 1992 se cumplió de manera apropiada con lo autorizado por esta Cámara de Diputados en el decreto presupuestal correspondiente y con la normatividad que rige el ejercicio del gasto público.
Quisiera yo también señalar que la misma Contaduría Mayor de Hacienda, hace mención de algunas deficiencias en la presentación de la cuenta pública, así como de algunas observaciones a las cuales me referiré un poquito más adelante.
¿Qué es, señores diputados, lo más sobresaliente del ejercicio 1992 del Departamento del Distrito Federal? Tres elementos de los cuales hago un primer análisis general.
En primer lugar, en materia de ingresos de los recursos que obtuvo el Departamento, se rebasó la estimación original; esto es, el Departamento del Distrito Federal recibió más ingresos que los que se habían previsto en un 7.6% de los ingresos totales; éstos ascendieron, el ingreso neto total a 12 millones 200 mil nuevos pesos.
Este ingreso de más que recibió el Departamento del Distrito Federal, provino en primer lugar de sus ingresos propios. Esto es, de los impuestos que el Departamento del Distrito Federal recibe, recibió una mayor recaudación, sobre todo en el impuesto predial, derivado de lo que aquí aprobamos en 1992, sobre todo de la recatastración y del sistema general que establecimos; y en segundo lugar, por el impuesto sobre nóminas. En el impuesto sobre nóminas que, como ustedes saben, es el 2% de la nómina de empresas y comercios, hubo también una mayor recaudación, producto precisamente en el aumento del empleo en la ciudad de México durante ese año.
Pero también el Departamento del Distrito Federal obtuvo mayores ingresos derivado de los derechos que cobra por los servicios que presta, y en este caso fueron mayores los ingresos, sobre todo derivado de los derechos del Registro Público de la Propiedad, como derivación de una mayor actividad en el mercado inmobiliario, que procedió a
un mayor número de registros, así como del control vehicular; ustedes recuerdan de la verificación vehicular, y por lo tanto hubo también un mayor ingreso en estos rubros.
La tercera causa o motivo de mayores ingresos en el Distrito Federal fueron las participaciones federales. Esto es, ya no ingresos propios sino las participaciones que tiene por Ley el Distrito Federal en los ingresos de la Federación, que ascendieron a 235 millones de nuevos pesos adicionales, producto de la liquidación en 1992, del Fondo del Fomento Municipal y de los Fondos Generales de Participación.
En una palabra, señores diputados, el mayor ingreso que tuvo el Distrito Federal en 1992 se debió a que hubo una mayor actividad económica en la ciudad durante este año, que produjo un mayor empleo, un mayor número de transacciones comerciales y una mayor actividad del mercado inmobiliario.
Estos elementos juntos, con una mayor supervisión y verificación del gasto, implicaron más recursos para el Distrito Federal durante 1992.
¿Qué pasó por el lado del gasto? Estos fueron los ingresos de más, ¿qué pasó por el lado del gasto?
En primer lugar, tendríamos que señalar que el gasto del Distrito Federal, el 60% de este gasto global se orientó a cubrir los programas prioritarios que los mismos diputados definimos como tales, en el decreto presupuestal correspondiente.
Y de este gasto, además, también fue superior, también se rebasó la autorización en un 7.6% del gasto que estaba presupuestado.
Quisiera yo señalar que este gasto, no obstante, se cubrió completamente con los ingresos ordinarios del propio Departamento, de conformidad con los rubros que mencioné hace un momento.
¿A qué se destinó este gasto adicional, este gasto por arriba de lo presupuestado?
Este gasto, compañeras y compañeros, se orientó principalmente a los programas prioritarios que había definido esta Cámara y, por lo tanto, se cumplió con lo que determina el artículo 11 de nuestro decreto de presupuesto, que precisamente señala que "en el caso de que el Departamento obtenga una recaudación por arriba de los establecido en la Ley de Ingresos, esos recursos tendrán que orientarse a los programas que específicamente señala nuestro propio decreto de autorización, en su artículo 15", y así fue como se gastó.
Quisiera yo señalar que el 44% de este gasto fue dirigido al mantenimiento de la red de agua, que se considera gasto corriente, que en mi concepto no es una clasificación adecuada, porque cualquier mantenimiento que se haga de la red de agua en una ciudad tan antigua como es la nuestra, en donde la red, pues, realmente una parte importante viene de épocas de la Colonia, no puede tomarse como un gasto corriente, sino es realmente un gasto de inversión que se hace a la misma ciudad.
Pero, en fin, digamos que lo importante en el punto del gasto es que este gasto se realizó conforme al artículo 11, que permite que los ingresos adicionales se realicen en los programas prioritarios; que se pidió autorización para realizar este gasto, que esa autorización se obtuvo y que se informó a la Cámara de Diputados cada vez que se hizo uso de ella, y que se destinó a los programas establecidos en el artículo 15 de nuestro decreto presupuestal.
El Informe de la Contaduría, en un párrafo dice lo siguiente: "Al término del ejercicio, el gasto del Departamento del Distrito Federal superó en 8.9% al aprobado por la Cámara de Diputados, sin que ello implicara incumplimiento de los lineamientos presupuestales aprobados por la misma Cámara".
En tercer lugar, digo una palabra sobre la deuda. En 1992 el Departamento del Distrito Federal y el sector Distrito Federal, contrató menos deuda de la que tenía autorizada por esta Cámara de Diputados. Es decir, si hubo deuda que se contratara, principalmente la derivada del Protocolo Francés para la construcción del Metro, pero esta deuda que se contrató fue en un monto menor al autorizado por la Cámara de Diputados. Y además de ser en un monto menor, fue en mejores términos de lo que esta misma Cámara había autorizado en 1991, puesto que logramos que el crédito del Protocolo Francés fuera cuatro - dos puntos por abajo de lo que contratamos en 1991, y que el crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Financiamiento fuera precisamente a 10 años y en pagos semestrales, situación que no habíamos podido obtener durante 1991.
Comentaba con ustedes que la Contaduría Mayor de Hacienda hace una serie de observaciones
precisamente al ejercicio del presupuesto y señala 115 observaciones. Estas observaciones, después de hacer un análisis en la Comisión, se refieren principalmente a la actualización de manuales, al mejoramiento de los procedimientos que se deben de realizar en el sector Distrito Federal, y en el cuidado y manejo de los archivos e información.
De tal manera que respecto de las 115 observaciones que hace la Contaduría Mayor, yo concluiría que aun cuando estas observaciones, o siendo estas observaciones importantes para el ejercicio del presupuesto y para el mejoramiento de la gestión gubernamental, no reflejan en ningún momento irregularidades en el uso de los recursos a cargo del Departamento del Distrito Federal y de su sector, ni tampoco dichas observaciones son significativas de violaciones al marco normativo. Las observaciones por supuesto que deberán atenderse, pero están dirigidas principalmente a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos.
Una consideración, señores diputados, sobre el dictamen que se presenta ahora a su consideración. Este dictamen que fue repartido desde el día de ayer, que fue elaborado de manera conjunta en la Comisión, tiene cinco elementos básicos, los cuales simplemente menciono.
El dictamen en una primera parte analiza la problemática del Distrito Federal en 1992 y qué acciones se llevaron a cabo en el presupuesto para resolver o para disminuir esta problemática.
En segundo lugar, habla sobre cuál fue el cumplimiento de los Criterios Presupuestales que la Cámara de Diputados señaló al Departamento del Distrito Federal en 1992, y por lo tanto, hacemos un análisis de artículo por artículo del decreto presupuestal en el dictamen y cómo se fue dando o no cumplimiento al mismo.
En tercer lugar, el dictamen establece las características del gasto por cada uno de los programas prioritarios; es decir, qué pasó en los programas prioritarios de acuerdo con el gasto.
En cuarto lugar se establece una serie de recomendaciones a la Contaduría Mayor de Hacienda, para que proceda a la elaboración del informe de resultados.
Y por último, se establecen los puntos de acuerdo del dictamen.
Esto es el contenido del dictamen que se ha presentado a su consideración.
Respecto de la mecánica, yo quisiera decir que durante 1992 se recibieron los informes trimestrales del Departamento del Distrito Federal, los cuales fueron puestos a consideración de las distintas fracciones parlamentarias.
Que en junio de este año recibimos el informe de la cuenta pública que correspondió a cinco tomos. Este Informe se repartió también a las distintas fracciones parlamentarias.
El 18 de octubre tuvimos una sesión con el Secretario General de Evaluación y Presupuesto del Departamento del Distrito Federal. El 10 de noviembre tuvimos la reunión con la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor para recibir el informe previo de la Contaduría; que el 16 de noviembre se realizó la integración de los subgrupos de trabajo integrados por diputados de todos los partidos políticos, el cual tuvo dos reuniones, y que el pasado 30 de noviembre se procedió a la aprobación del dictamen que sería sometido a este pleno.
Señores diputados: una última palabra sobre el sentido y el alcance del dictamen. Yo quisiera señalar que el dictamen tiene dos puntos resolutivos y que en estos puntos resolutivos lo que se hace es que se instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara para que proceda a realizar las auditorías, las reuniones especiales, y a tomar las acciones legales que procedan.
De tal forma que en la Comisión consideramos que junto con las recomendaciones que estamos haciendo, este dictamen da o continúa la revisión del ejercicio del gasto público durante 1992, porque se instruye específicamente a la Contaduría a realizar auditorías específicas en determina dos órganos y sectores del propio Departamento del Distrito Federal, de tal forma que no es que se cierre el análisis, sino que por el contrario, este análisis se continúa.
Señores diputados: por considerar que el ejercicio del presupuesto durante 1992 del Departamento del Distrito Federal y el sector que lo compone fue un ejercicio honesto y eficiente de los recursos, por ese motivo es que la Comisión somete a su consideración el dictamen que les ha sido ya repartido. Muchas gracias.
El Presidente:
Fundamentado el dictamen, en consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular,
los siguientes oradores: diputados: Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista, en contra; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fijar posición; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, en contra; Luis Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Tiene la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez.
El diputado Jorge Tovar Montañez.
Con el permiso de la Presidencia. Acudimos, señoras y señores diputados, a contribuir en el examen de la cuenta pública del Distrito Federal, correspondiente al lapso 19911992, con el interés de cualquier mexicano y de cualquier diputado, de cualquier legislador, por la importancia, el peso de diverso carácter que tiene esta ciudad en la vida nacional.
En lo general, el dictamen que examinaremos, a nuestro juicio, representa fundamentalmente un análisis de carácter cualitativo de la cuenta pública del Distrito Federal, correspondiente al período 19911992, es decir, es un dictamen que no es profuso en cifras y en apreciaciones de carácter cuantitativo.
A nuestro juicio este enfoque es aceptable, coincidimos en la apreciación de que corresponderá fundamentalmente a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, hacer la evaluación de la parte hacendaria; no obstante, pese a constituir esencialmente como dijimos, un dictamen de carácter cualitativo, un análisis cualitativo, nos parece que avala con sus señalamientos las deficiencias en la parte contable y administrativa, lo que nos parece justo.
Nos parece que este enfoque con el que se presenta el dictamen, como lo reconoce el propio documento recogiendo los aspectos esenciales del mismo, el objetivo fundamental de la aplicación de los programas es el lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del Distrito Federal. En esto estamos de acuerdo. Hemos reiterado que el objetivo del desarrollo económico debe ser lograr elevar el nivel de vida de los mexicanos hasta alcanzar límites satisfactoriamente dignos. Así lo expresa el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual afirma fundamentarse el dictamen.
El dictamen reconoce que no obstante los esfuerzos realizados por el gobierno del Distrito Federal, los problemas de la ciudad y de sus habitantes no han sido resueltos satisfactoriamente y la esperada solución no resulta fácil, porque a pesar de la creciente inversión pública, a pesar de la atención a los diversos programas, a pesar del saneamiento de las finanzas del Distrito Federal y de la autosuficiencia creciente para financiar la obra pública administrativa y social, pese a todos estos que se pudieran considerar avances relativos, la magnitud de los problemas hace insuperable la deficiencia en la disponibilidad de recursos.
El dictamen señala, a nuestro juicio con honestidad, que la causa fundamental de esta incapacidad financiera para resolver a cabalidad los problemas de la ciudad capital, se encuentran en el aumento poblacional creciente en 1.1%, no obstante que el índice demográfico ha disminuido en 0.7%. Estamos de acuerdo en que la solución esperada no resulta fácil.
¿Qué es lo que se tiene que hacer a nivel de la administración pública, para aspirar a la solución más significativa, de la manera más significativa de la problemática del Distrito Federal? Las soluciones a nuestro juicio tienen que ser concordantes con la causa. Si para todos está claro que la causa fundamental de la insuficiencia de recursos, no obstante los esfuerzos realizados es el crecimiento poblacional, las medidas deben apuntar en ese sentido.
A juicio del Partido Popular Socialista, juicio que no es de hoy, sino que lo hemos reiterado en repetidas ocasiones ante las autoridades y ante esta respetable Asamblea, es que la problemática de la ciudad de México y sus habitantes en conjunto, sólo podrá aligerarse si se considera a ésta como un conjunto de problemas que deben ubicarse dentro de la estrategia del desarrollo nacional; que no es posible tratar de solucionar los problemas de la gran ciudad, sin relacionarlos con las posibilidades y necesidad de crear otros polos de desarrollo en el territorio nacional.
Hemos dicho que deben adoptarse dos medidas ligadas entre sí: una, impulsar con decisión la creación de polos de desarrollo económico social en sitios y entidades relativamente cercanos al Distrito Federal, como pudieran ser los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, etcétera, que representen una verdadera alternativa para quienes buscan mejores condiciones de trabajo como profesionales, mejores condiciones culturales y de servicios, con la calidad de los que ofrece la ciudad de México.
Al mismo tiempo localizar las fuentes de migración de los mexicanos hacia el Distrito Federal, fundamentalmente en los estados de: Oaxaca, Veracruz y otros, y aplicar las partidas presupuestales federales necesarias y aplicar los planes de gobierno adecuados para arraigar a los pobladores de aquellas entidades en sus lugares de origen. Esto no es nuevo.
Precisamente el Plan Nacional de Desarrollo 19881994, señala en el punto 6 - 29: Mejoramiento de la Condiciones de Vida en la ciudad de México. Es un poco largo, extenso y no quiero leerlo, sino nada más una parte, confiando en la veracidad de la lectura; dos partecitas. Dice: "El objetivo primordial que se persigue en relación a los problemas de la ciudad de México, es mejorar la calidad de vida de sus habitantes" . ¡Objetivo primordial!
Luego enumera una serie de medidas. Pero quiero leer otro párrafo más: "Se tomarán decisiones de gran firmeza para controlar el crecimiento urbano del Valle de México, tales como: fortalecer la política demográfica, prohibir estrictamente el establecimiento o la ampliación de industrias altamente contaminantes, etcétera".
Agrego: "Para contener la expansión urbana, es necesario aprovechar mejor la infraestructura existente, densificar y orientar esa expansión hacia los sitios más apropiados. Reformular la política de disponibilidad y uso de agua y mejorar la relación financiera y fiscal de la capital con el resto del país".
Es decir, esto no es más que la misma idea que está planteando reiteradamente el Partido Popular Socialista, que es necesario crear polos de desarrollo alternativos. Y viene aquí la pregunta: ¿se ha hecho esto o no se ha hecho?
Creemos que sí ha habido un esfuerzo del Gobierno Federal para crear nuevos polos de desarrollo; pero también creemos que estas acciones no guardan una relación muy directa con el problema del Distrito Federal.
Y queremos insistir que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, y en los planteamientos que debe hacer esta Cámara ante las autoridades competentes, debe enfatizarse en un plan muy concreto, muy específico, que apunte a la solución del problema demográfico en la ciudad de México.
Pero queremos agregar un elemento más, un elemento más que no estaba, no existía en 1988 cuando se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo correspondiente y que tendrá que considerarse para el próximo, si nos permiten. Es el fenómeno de la inestabilidad creciente de la población del campo mexicano, derivado de una serie de cambios legislativos con los cuales el Partido Popular Socialista no estuvo de acuerdo, como es bien sabido, pero que sí han provocado un nuevo fenómeno de movilización y migración campesina creciente. Y este fenómeno, este factor que no existía en 1988, en la medida en que existe hoy, tendrá que considerarse en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, en referencia a la ciudad de México.
Bien, hasta este momento nos hemos referido a puntos relativos a la estrategia nacional de desarrollo. Por supuesto, con el interés señalado en el Distrito Federal.
Pero mientras se toman estas medidas de carácter nacional, el gobierno del Distrito Federal debe perfeccionar sus acciones para mejorar en un grado aceptable la vida de los habitantes de la ciudad capital.
No es de aceptarse la calidad lograda en el otorgamiento del servicio del transporte público concesionado. Creemos que incluso en el Plan Nacional de Desarrollo en este aspecto no hay suficiente precisión.
Se habla en el Plan Nacional de Desarrollo de estructurar el transporte urbano del Distrito Federal, pero no se habla de la calidad del servicio.
Nosotros, en el Partido Popular Socialista, tenemos un concepto nada positivo del transporte público concesionado a nivel federal ni a nivel de las entidades ni de los centros urbanos y semiurbanos. Creemos que el transporte público concesionado a distintos niveles del país es una lacra todavía en México, en el país. Y en este sentido falta mucho por hacer y también en esta ciudad, por supuesto.
Creemos que ahora es el momento, es el momento de empezar a pensar en la calidad, que no solamente en la cantidad del servicio público concesionado y también el oficial. Porque ya estamos en condiciones y es urgente que así se realice.
Creemos que el transporte concesionado no ha alcanzado los niveles del transporte metropolitano, del servicio metropolitano de transporte, y sí queremos señalar que Ruta 100 sigue siendo todavía muy deficiente.
Otro problema ante el cual no podemos callar, es el prometido reordenamiento del ambulantaje,
en cuyos planes expuestos ante esta representación por los responsables del Distrito Federal, autoseñalaron como límite para su solución el mes de febrero del presente año y no se ha cumplido; por lo cual sigue siendo un foco de insalubridad y de conflictos políticos en sitios estratégicos de la ciudad.
La Policía del Distrito Federal sigue siendo motivo de temor y desconfianza por parte del ciudadano común.
Los servicios de limpia continúan siendo crónicamente deficientes y son corresponsables del deterioro del nivel de vida de los habitantes del Distrito Federal y atentan contra los propios programas puestos en marcha por las autoridades en cuanto al saneamiento ambiental.
Por otra parte, la reglamentación profusa y que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida social del Distrito Federal, son letra muerta en buena medida. Se ha ido desarrollando una subcultura de la violación a la ley.
¿Por qué no se avanza?, ¿por qué no se ha podido avanzar más en la solución de los numerosos y complejos problemas sociales que viven los habitantes de la ciudad de México?
A juicio del Partido Popular Socialista y descontando la macromegalia de la ciudad, la causa está en la ausencia de una estructura política de gobierno que corresponda a las necesidades de una sociedad más democrática.
Es cierto que con las últimas reformas legislativas se estará caminando a la integración de un poder legislativo propio del Distrito Federal y hacia un Poder Ejecutivo que de alguna manera tendrá relación con los resultados electorales. Pero la decisión final seguirá dependiendo del Ejecutivo Federal y lo que es más negativo aún: se mantiene la figura de los delegados designados, con lo cual los habitantes del Distrito Federal están impedidos de revocar el mandato de los referidos, quienes desempeñan un papel similar al de aquellos delegados políticos propios del porfiriato.
¡Este es el verdadero obstáculo para que los habitantes de la capital se decidan a participar más con sentido social, en lugar de refugiarse en sus problemas individuales y tratar de resolverlos como mejor les dicte su conciencia y su necesidad!
En otras palabras, ¡mientras que están más cerca del ciudadano o que deberían estar, y que están obligadas a informarles de su gestión y ser recusados y aun depuestos por la voluntad popular; mientras estas autoridades no sean designadas por el pueblo y no existan estas condiciones democráticas, no podrán lograrse los objetivos que todos anhelamos!
En conclusión, nos parece que al dictamen de la comisión, entregado por la comisión, debe agregársele la propuesta o recomendación de que el futuro desarrollo del Distrito Federal sea contemplado en las estrategias de carácter nacional de una manera más concreta y específica, a la vez que se refuerzan los planes de desarrollo en determinadas entidades. Y señalar en el mismo dictamen la urgente necesidad de prever el problema derivado de la creciente migración del campo hacia los centros urbanos y sobre todo de esta ciudad.
En cuanto a la parte contable del dictamen, nos parece que éste, el dictamen, sólo traslada cifras en varios renglones. Ya hemos señalado que le reconocemos aspectos positivos a la gestión administrativa, pero creemos que todavía existen y seguirán existiendo por mucho tiempo aspectos oscuros en los informes financieros de distintos niveles de autoridad y que no satisfacen al ciudadano y tampoco satisfacen a la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, que no tienen la suficiente claridad como para que nuestra fracción pueda avalar la parte financiera.
Pero, por otra parte, también se ha enfatizado aquí en que pasará todo este volumen de trabajo a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y hasta entonces podrá tenerse la suficiente claridad sobre el correcto manejo de los fondos públicos. Por lo tanto, tampoco estamos en condiciones de poder avalar este dictamen, es decir, esta cuenta pública.
Por los motivos anteriormente señalados, el Partido Popular Socialista votará en contra de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia exhorta a los asistentes a este recinto a que guarden compostura y silencio para escuchar adecuadamente el desarrollo de este debate.
Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fundamentar posición.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A nuestro modo de ver las cosas y a nuestro entender, del examen de la cuenta pública como de los otros instrumentos de carácter fiscal deben examinarse o desprenderse consideraciones de carácter político muy importantes, sobre todo en lo que a nuestra preocupación principal atañe, a las cuestiones que son parte del reto fundamental de la problemática del Distrito Federal y de la labor de gobierno, que son los relativos a los problemas sociales.
No nos vamos a referir a estos problemas en el examen de la cuenta pública, podríamos decir algunas cuestiones, pero sería ya a todo lo pasado. Y tampoco vamos a considerar interpretación, opinión derivada según la posición partidista, sino nos vamos a atener estrictamente a los hechos.
Desde nuestro punto de vista los resultados que se presentan en la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal para el año de 1992, no son diferentes a lo que sucede en materia federal. Podemos observar una recomposición importante del presupuesto, de interés general, con finanzas públicas sanas y con un presupuesto equilibrado.
El Departamento del Distrito Federal ha logrado la obtención de los recursos necesarios para cubrir el gasto que cada año ha sido mayor. La forma de obtenerlos, como sucede a nivel federal, no ha sido mediante una alza indiscriminada de impuestos, sino que ciertamente se ha optado por el camino de aumentar la base gravable y de actualizar las tasas de algunos impuestos.
Como dijimos hace algunos días, nos interesa subrayar esto, porque debe ser una dirección del gasto, del ingreso y de los egresos, y un compromiso.
Es de nuestro conocimiento que el Distrito Federal ha llegado a niveles de desarrollo en cuanto a las actividades políticas, económicas y sociales se refiere, concentrando de tal forma esos aspectos que se obtienen resultados que hay que considerar. Esto se ha derivado en una complejidad altamente difícil de conducir dentro de los cauces normales y manejables. En este contexto podemos ubicar con una problemática generalizada por lo menos cuatro aspectos que resultan representativos de lo antes expuesto: transportes, vivienda, seguridad pública y ecología.
Los aspectos antes citados no han encontrado en la práctica una solución integral, lo cual ha provocado que los problemas persistan y en algunos aspectos parciales de ellos se agraven. No se trata de tener posiciones ideales, pero lo cierto es que las acciones llevadas a cabo no corresponden a la buena Administración pública del Departamento del D. F. en los últimos cinco años. Consideramos que se falla en la planeación y esto da como resultado que los logros no sean los programados, pero también se da un efecto de ineficiencia en el gasto propuesto que más adelante plantearemos.
Quisiéramos referirnos brevemente a los problemas que se enumeran arriba.
Transporte. El transporte del D.F., exceptuando el Sistema de Transporte Colectivo Metro al cual se le han dedicado recursos humanos, técnicos y financieros, es anárquico y problemático y deja en muchos aspectos bastante qué desear y contribuye en estos aspectos a una mayor irritación de los usuarios del D.F. Nos hemos referido otras ocasiones a lo que constituye el hacer a su antojo de los minibuses y que parece que tuvieran una patente de corso, porque no están sujetos a ningún orden y éste es un hecho y ahí está y hay que seguirlo señalando.
Observamos que las cifras contempladas en el Quinto Informe de Gobierno de las unidades de Ruta 100 y de trolebuses han disminuido; por el contrario, las unidades que prestan servicio de transporte colectivo denominadas combis y minibuses, se ha incrementado. No olvidamos que hay un propósito de convertir a este medio de transporte en uno superior; mientras tanto ahí está el problema y no se le ve solución a corto plazo. Decía que este tipo de transportes genera problemas como contaminación, accidentes y obstaculiza el tránsito, entre otros, se ha prometido una solución y por el contrario, el problema se agudiza, se tolera el crecimiento anárquico de este tipo de transporte y suma más problemas a los que se tienen y provocan; no obstante, es el rubro que más presupuesto captó durante 1992.
Seguridad Pública. La seguridad pública del D.F., está considerada como uno de los aspectos más prioritarios debido a la situación propia de la ciudad, por ello para el Departamento del D.F., es de alta importancia, por lo que se le dedica una elevada cantidad de recursos y sin embargo no se le ha encontrado una cabal solución y actualmente aun con los informes oficiales, la vialidad de una insuficiente seguridad es patente y es mayor por los sucesos cotidianos
que así nos lo demuestran. Aunque se niegue la realización de asaltos al Metro, los asaltos al Metro se siguen produciendo y se requiere una explicación debida y las medidas correspondientes para evitarlo, así como los asaltos en la vía pública.
Vivienda. El aspecto de la vivienda, de igual manera es un verdadero problema en el D.F., al cual se le dan soluciones parciales que nunca alcanzan una meta real, en virtud del crecimiento propio de la población ya existente y la que constantemente llega día a día a la ciudad, las viviendas son caras, insuficientes y con malos servicios y con una falta de legislación adecuada que corresponda a las necesidades y a las exigencias de amplios sectores de la población del Distrito Federal.
Ecología. Lo relacionado con ecología en el Distrito Federal, merece especial atención. El deterioro ecológico ha alcanzado tal dimensión en el entorno, que hasta el momento, por más programas que se le han aplicado y por más recursos y acciones, nada ha sido suficiente.
La contaminación por gases, por basura, por partículas, por sustancias de diversos tipos, etcétera, es tal que a la menor alteración de algún elemento natural, como lo es la falta de vientos, que aumente el frío, que no llueva u otra causa semejante, ocasiona un alto índice de los niveles de contaminación.
Por otra parte, la conciencia ecológica no se ha logrado elevar. Las medidas no se llegan a cumplir totalmente, los ordenamientos se transgreden y por ello parece que las funciones por lo menos aproximadas no se han encontrado.
Todos estos aspectos, compañeros diputados, están dentro de los puntos más relevantes en el ámbito del Departamento del Distrito Federal y por lo consiguiente es de gran importancia con respecto a la apertura programática y presupuestal prioritaria del Departamento del Distrito Federal.
Haciendo un análisis general, en los aspectos más relevantes de la cuenta pública del Departamento del D.F., para 1992, podemos comentar lo siguiente: en 1992, el Departamento del Distrito Federal trabajó con una apertura programática de 41 programas, 12 de ellos catalogados como prioritarios; de estos 12, en ocho se cumplieron las metas programadas, en este caso lo podemos considerar como un resultado aceptable.
Por lo que corresponde a lo estimado originalmente por el Departamento del Distrito Federal en la captación de ingresos propios, se rebasó la cifra programada, lo cual es positivo, sobre todo por lo que en lo general se logró, ampliando la base gravable y sólo en algunos casos se actualizaron las tasas impositivas.
Lo relevante en 1992, es que se inició con un proceso gradual de reducción de algunos impuestos, como son los de apoyo a la vivienda de interés social, aún insuficientes y la adquisición de bienes inmuebles y los referentes a los espectáculos, entre otros. Por lo que se refiere a los aspectos legales y normativos para las actividades de las entidades del Departamento del Distrito Federal y del propio sector central, éstas actuaron conforme a la normatividad vigente de la administración pública federal, lo cual se considera, a nuestro juicio, bueno.
En algunos casos aislados, unas entidades dejaron de cumplir determinados requisitos, como no informar de la modificación de sus contratos, no elaborar actas de entrega y recepción de obras o no informar de obras públicas. Esto si bien el universo general no tiene gran significado, considerando este universo general a nivel parcial, sí se debe tomar muy en cuenta, sobre todo en lo de obra pública, por sus altos costos.
Asimismo se aprecian fallas menores en aspectos como la falta de definición en dictámenes, para adjudicar contratos, declaraciones patrimoniales no presentadas, normas y procedimientos no aplicados en bienes inmuebles, requerimientos de inmuebles no informados a la Sedesol, y otros. Nuevamente aquí se puede decir que si bien no en lo general, tampoco se puede aceptar que se den estas omisiones, más que nada porque son acciones que dan pie a actos poco transparentes.
Hasta aquí podemos observar que las irregularidades presentadas en el ejercicio de los presupuestos y cumplimiento de la normatividad de carácter administrativo, fueron no los fundamentales, pero sí importantes, por eso lo señalamos y por eso pensamos que tiene la palabra la Comisión del Distrito Federal para que pudiera dar respuestas a nuestras observaciones.
Nuestra insistencia no es precisamente en los puntos analizados, sino que va más allá y consiste en que el Presupuesto de Egresos contiene características fundamentales que después tenemos mucho interés en comentar, sobre todo haciendo algunas propuestas en lo que se refiere a transporte, en lo que se refiere a vivienda, a
ecología, a seguridad y sobre todo a la inversión productiva tendiente a cambiar la economía del Distrito Federal.
En general consideramos que el aspecto estrictamente contable del Departamento del Distrito Federal en su generalidad, se aprecia apegado a los principios básicos de una contabilidad gubernamental, con fallas en una serie de aspectos que, para el juicio de la Cámara de Diputados y a nuestro juicio, no alteran fundamentalmente los resultados.
Insistimos, quisiéramos respuestas a los planteamientos hechos en esta opinión respecto a la cuenta pública y muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado Terrazas Guerrero por su intervención.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a expresar aquí el voto del Partido de la Revolución Democrática, a este dictamen de la Cuenta Pública correspondiente al año de 1992, del Departamento del Distrito Federal.
Son bastantes cosas que se podrían decir relacionadas a este dictamen y a lo que significaría una evaluación más o menos precisa y más o menos seguida, continuada, sobre el balance de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año 1992, que es esto de la cuenta pública.
Yo quisiera partir diciendo que hay algunos supuestos que maneja el gobierno del Distrito Federal y que son los que yo quisiera destacar, para no cansarlos con muchos datos, muchos de ellos aburridos, en un tema que no despierta mucho el interés y menos en una coyuntura en la que estamos actualmente. Pero en fin.
Por ejemplo, se habla mucho de la cuestión de las finanzas sanas como un gran logro del Gobierno Federal y en particular del gobierno de la ciudad de México, y entre otras cosas a mí me parece o nos parece que una cuestión de finanzas sanas en un gobierno, significa de alguna manera primordial que se cumpla mínimamente con lo que se tiene programado. Pensamos nosotros que es una condición necesaria y fundamental para poder hablar de un proceso de finanzas sanas en el ejercicio de gobierno, en particular en la ciudad de México.
Y la otra, que no está mal recordarlo en una soberanía como ésta, que es la que respetemos el marco normativo y jurídico de este proceso de finanzas del Gobierno y de la ciudad de México y todo lo que esto implica desde la Constitución y la normatividad establecida que nos rige y que nosotros tenemos la responsabilidad de vigilar su cumplimiento a nivel federal; es decir en todo el país, y en este caso particular en la ciudad de México.
¿Qué es pues lo que vemos nosotros con este ejercicio de la cuenta pública del año 1992? Lo primero es que no hay respeto a lo presupuestado.
Quisiera señalar el artículo 15 de la Ley del Presupuesto de Egresos del año 1992, en el que se establece que ningún programa prioritario, que la ley misma establece, se puede ir a la baja respecto al presupuesto señalado, a menos de que se cumpla con las metas establecidas, y yo quisiera, partir del ejemplo de un programa prioritario para el Distrito Federal, que es el relacionado al subprograma 02, al programa primero, el programa prioritario es el 3Z, que lleva por título la Regulación y Preservación Ecológica, y nos queremos referir en particular al subprograma de preservación y restauración de ecosistemas.
Aquí nosotros hemos visto que se redujo el gasto por más de la mitad de lo que se tenía presupuestado. Buena parte de esta ausencia se debe a la suspensión del programa de realizar otras acciones de preservación y restauración de ecosistemas.
El Departamento del Distrito Federal argumenta que como no se canalizaron los financiamientos externos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Gobierno de Japón, estos programas se pospondrían para el año 1993.
Nosotros hacemos esta reflexión con los datos proporcionados:
I. El programa estaba estableciendo, este programa que se pospone porque no llegó el crédito externo, se pospone para el año 1993, establecía un gasto de 136 millones de nuevos pesos, en
términos generales, y el financiamiento era el 62% de esa cantidad para este programa en particular; es decir, 85 millones de nuevos pesos.
Nosotros lo que decimos es que bien pudo haberse iniciado la obra el año 1992 con lo que se tenía disponible, con recursos propios, que eran del tamaño de más de 51 millones disponibles en ese momento, y era para acciones varias fundamentales para esto de la preservación de los ecosistemas. Estamos hablando del programa en la Sierra de Guadalupe, en Santa Catarina, Magdalena Contreras y las barrancas en Alvaro Obregón.
Incluso el programa más amplio de éstos, el programa de Xochimilco, se pudo haber iniciado en el año 1992, si tomamos en cuenta que el sector central del Departamento del Distrito Federal en toda su área de administración, tuvo un excedente de ingresos por 1 mil 570 millones de nuevos pesos, un excedente por 1 mil 570 millones de nuevos pesos el Sector Central, de los cuales 518 fueron transferidos a organismos descentralizados, quedando ahí un superávit de más de 52 millones de nuevos pesos; es decir, con estos 52 millones de nuevos pesos que se transfieren a este programa de Xochimilco, tendríamos lo suficiente para cubrir el gasto, sin recaer a un déficit presupuestal y cumplir con lo que la Ley del Presupuesto de Egresos de 1992 estaba marcando; es decir, nos pusimos a expensas del crédito externo por el Banco Interamericano de Desarrollo y del Gobierno de Japón; como hubo dificultades por la Secretaría de Hacienda, así lo señala el informe, de acelerar el trámite correspondiente a hacer valer el crédito, lo que se hizo fue posponer programas prioritarios que, como dice el artículo 15 del Presupuesto de Egresos de 1992, no pueden irse a la baja, a menos de que éstos cumplan con sus metas.
En ese sentido, por eso nosotros decimos no hay respeto a lo presupuestado, porque qué fácil es haber tenido un excedente en los ingresos y se canalizan al sector central del Departamento y no precisamente a los programas prioritarios que están especificados en este artículo 15 de la Ley de Presupuesto de Egresos de 1992.
Con esta modificación de más de 300 millones de nuevos pesos al Programa de administración del sector central del Departamento del Distrito Federal, se pudieron haber atendido rezagos en otros programas prioritarios. Significa dos veces el programa de ecología, que se canceló. Esto es lo absurdo de que la ley establezca programas prioritarios y nos vengan con la cuenta pública, el informe de la Contaduría Mayor y el dictamen que estamos discutiendo, ¿en dónde quedó la bolita? ¿Por qué estos programas prioritarios desaparecen a expensas de un crédito externo?, pero hay recursos de programas prioritarios que podríamos estar atendiendo, que así lo decidió esta soberanía, y resulta que no los estamos cumpliendo. Y podríamos hacer manejo de recursos y transferencias de programas como lo permite la misma Ley.
Este exceso o este excedente de recursos se destinó a las siguientes dependencias; a la jefatura del Departamento del Distrito Federal, se sobregiró en 10% de lo presupuestado; a la Secretaría General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, se sobregiró en 200%, y a la Dirección General de Gobierno, se sobregiró en 20%. Y nos invitan a que firmemos y aprobemos el dictamen de la Cuenta Pública de 1992. Nosotros invitaríamos a lo contrario, a que en el ejercicio leal de nuestra función de legisladores votemos en contra del dictamen que se nos presenta de cuenta pública del año 1992 del Departamento del Distrito Federal.
Es decir, toda la burocracia del Departamento del Distrito Federal, destinada a la promoción política del jefe de gobierno de esta ciudad.
Sabemos los resultados, es un despilfarro, hay que valorarlo políticamente, cada quien tendría sus propias opiniones, pero esto sí es un atentado a los habitantes de la ciudad de México, y no se puede permitir, señores legisladores, por andar aprobando dictámenes que no corresponden a la realidad.
Decimos nosotros, eso de las finanzas sanas, hay que también ponerlo con un signo de interrogación serio, porque no se está respetando con la misma ley que nosotros aprobamos, la Ley del Presupuesto de Egresos del año de 1992 para el Distrito Federal.¿Qué pasó? Xochimilco, el Proyecto de Xochimilco de Preservación Ecológica, debió esperar un año más, hasta el año de 1993, y la regeneración de otros ecosistemas, que ya dijimos, Santa Catarina, las barrancas de Alvaro Obregón, etcétera, tendrán que esperar creo más tiempo, hasta que se cumpla con la ley que el mismo ejercicio de la soberanía de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión hace al aprobar una ley.
Hay otra situación, a propósito de los programas prioritarios también, que quisiéramos también señalar, y es lo relacionado a la seguridad
pública, que ha sido también un programa prioritario en la Ley de Presupuesto de Egresos, si reconocemos que el presupuesto fue a la alza en un 16% con respecto a años anteriores, pero no obstante la magnitud de los recursos que este programa de seguridad pública, cuya unidad responsable del Departamento del Distrito Federal es la Secretaría General de Protección y Vialidad, creemos que la Contaduría Mayor de Hacienda, no creemos, afirmamos que la Contaduría Mayor de Hacienda no decidió evaluar el monto de la modificación en los recursos destinados a este programa de seguridad pública.
Bueno, nosotros diríamos que una entidad como la Contaduría Mayor de Hacienda, al respecto, junto con el otro que señalábamos y puede haber más si le rascamos más, y de manera minuciosa al ejercicio presupuestal, pues no se preocupa, sino por justificar los logros que el Gobierno defiende que se han hecho, pero que habría que vigilar la aplicación de los recursos.
Yo creo que ésta es la función de la Contaduría Mayor de Hacienda, y no tanto pues poner hasta literalmente frases relacionadas a la comparecencia del regente o a los informes que nos proporciona el mismo gobierno del Distrito Federal.
Preocupa porque el sobreejercicio se está dando en dos líneas del programa de seguridad pública.
La pregunta que nosotros nos hacemos en este sobreejercicio en el rubro de seguridad pública, es: ¿por qué se hace menos con más presupuesto? Esa es la cuestión que está de fondo y ésa es la cuestión que deberíamos de evaluar de manera, digamos, más seria y más responsable.
Nos referimos a la línea de proporcionar servicios de vigilancia especial a empresas y particulares, que lleva a cabo la Policía Auxiliar del Distrito Federal, y la otra la de proporcionar servicios de seguridad y de vigilancia especializada a empresas públicas y privadas por parte de la Policía Bancaria y la Policía Industrial.
No hay otra línea de acción en el programa de seguridad pública que rebase su límite presupuestal más allá del 2%. Son estas dos líneas: la de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, y la Policía Bancaria e Industrial, las que rebasan su límite presupuestal en 28% la primera, y en 40% la segunda.
¿De dónde salieron los recursos para este sobregiro en este presupuesto, de estas dos policías?
La cuenta pública entregada por el Departamento nos informa que los ingresos vía productos fueron superiores a los programados en 4%, y esto significó la tercera parte de los ingresos propios.
Comparativamente con la captación de un año antes, se observó un crecimiento nominal del 35%. Esto dice textualmente el informe: "El comportamiento favorable se explica por la evolución de los ingresos percibidos, vía las Policías Auxiliar y Bancaria e Industrial, al superar en 38% su estimación anual, situación que deriva del aumento en las tarifas y el mayor número de servicios proporcionados por dichas corporaciones policiacas". Esto está en las páginas 54 y 55.
En primer lugar, el rubro de productos muestra una diferencia de 69 millones de nuevos pesos respecto a lo estimado, mientras que el sobregiro presupuestal en las policías Auxiliar, Bancaria e Industrial, fue de 198 millones de nuevos pesos.
Entonces, se debe a que los ingresos por productos incluyen dos fuentes, según nos informan, la prestación de servicios, que corresponden a funciones de derecho privado, donde ahí entran la Policía Auxiliar, la Bancaria y la Industrial, y productos por uso en su aprovechamiento y enajenación de bienes de dominio privado.
En la primera fuente el excedente de 223 millones de nuevos pesos, en números redondos, y en la segunda de 153 millones por abajo de lo que estaba estimado. Es decir, mientras la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial captan ingresos mayores, la otra parte de los ingresos por productos no fueron tan altos como lo estimó la Ley de Ingresos del año 1992. Sin embargo, el excedente no sirvió para subsanar la deficiencia de ingresos en la otra fuente, dado que de ocho novenas partes de este excedente, las consumieron las mismas entidades que las generaron.
Nosotros pensamos, en síntesis, con esta información, que aquí está un nuevo modelo económico para la ciudad. Es decir se privatizan ser vicios fundamentales, como éste de seguridad pública, si se generan ingresos por los servicios y los productos que se prestan, pero esos recursos no se redistribuyen para los programas; en particular, estamos señalando los programas prioritarios, que es uno de los elementos en los que nos estamos fijando en la crítica a esta cuenta pública. No se generan, no se redistribuyen los recursos, sino que quedan absorbidos en sí mismos por estos programas. Es decir, es una manera de invertir en servicios privados, pero que no se redistribuyen estos ingresos.
Y nosotros nos preguntamos, ¿qué tanto se fortalece aquí una estructura fiscal y económica para la ciudad, que podría ponerse en peligro cuando no se cumple con la ley?, que no nos extrañe que muchas veces no se cumple, es lo que estamos criticando. La Ley de Presupuesto de Egresos señala que programas prioritarios no se pueden ir a la baja y precisamente estamos señalando estos programas que se fueron a la baja.
Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Son recursos por concesiones, es decir, negocios, negocios de carácter privado que se están prestando, que se generan estos recursos, se dice que para la ciudad, pero son absorbidos estos recursos mismos que se generan en sí mismos en estos negocios.
Entonces sólo están beneficiando a los concesionados, a los que se hacen beneficiarios de estos programas y no son para una redistribución de este ingreso para las necesidades sociales o fundamentales de la ciudad.
Aquí podríamos poner otro ejemplo que no aparece en la cuenta pública de 1992, pero que tendrá que aparecer en la de 1993, en el siguiente ejercicio, pero son las relacionadas como ejemplo, Servimet, programa como el de Santa Fe, el Museo del Niño, etcétera, que están siendo financiados de manera externa y por el sector privado, ¿pero qué es lo que está significando en el fondo?
Está significando que el Gobierno subsidia a empresas particulares con recursos públicos. Esta es nuestra observación en este sentido. En el interés, ¿de qué? De hacer más atractiva la inversión para la ciudad, que si bien están generando recursos propios, ya lo dijimos, éstos no se están redistribuyendo para las necesidades y los programas prioritarios que marca la Ley del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
Y aquí hay que reconocer aparte que existe un peligro para la estructura fiscal de la ciudad misma. Según el Departamento del Distrito Federal más de las tres cuartas partes en números redondos de los ingresos propios, son aportadas por el 10% del padrón de contribuyentes. Eso significa que las finanzas de la ciudad de México están soportadas o dependen de un grupo privilegiado, un grupo élite, ese 10% es un grupo privilegiado, por algo están dando tantos recursos. ¡Claro!, pero se están privatizando los servicios y esos recursos se generan, perdón, por la expresión y por el diálogo, pues estoy viendo la expresión del diputado Lerdo Tejada, que es el responsable y el más interesado de esta discusión.
Independientemente de que estemos de acuerdo o no en lo que estamos diciendo, que ésa es nuestra reflexión y nuestra crítica, lo que queremos decir es que si empezara a existir morosidad en este grupo, hay una crisis financiera para la ciudad. Y estamos hablando de un grupo privilegiado, altamente privilegiado en los recursos y en sus propios ingresos, que además tiene una fuerte relación con el grupo gobernante de este país. No en balde la visita, tanta publicidad al proyecto de Santa Fe, de tres grandes personajes en la vida nacional: Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís y Emilio Azcárraga.
Y ése es el proyecto de ciudad que está detrás, con este modelo económico que se está desarrollando, y nosotros lo criticamos fuertemente porque está dependiendo de un pequeño grupo que no está redistribuyendo los ingresos; no estamos cuestionando aquí las inversiones para la ciudad, que son provechosas, la generación de empleos en sí mismos en esas inversiones, estamos criticando el no cumplimiento de la Ley del Presupuesto de Egresos de 1992, con estos ejemplos. Y esto que estoy diciendo ahorita es una reflexión política que bien vale la pena que todos los legisladores tengamos en cuenta.
Bien. Quiero terminar con otro ejemplo para no cansarlos, pero esto lo quiero señalar porque en el primer período de sesiones de esta legislatura, a nombre del grupo de legisladoras, de las 55 legisladoras, tomaron la palabra en tribuna, no recuerdo exactamente bien, pero aquí están las compañeras Gloria Brasdefer y Patricia Ruiz, habían solicitado y fue un logro en el pleno de ese año, estoy hablando de diciembre de 1991, de que se destinaran recursos del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 2 millones de nuevos pesos, al rubro de Atención de Centros para apoyo a las víctimas por violencia sexual, y el mejoramiento de la operación de las agencias especializadas en esta índole.
Fue un logro de esta soberanía en pleno ejercicio y en pleno, haber aprobado esto, haber señalado a las dos compañeras diputadas que ya mencioné; pero resulta que el Departamento del Distrito Federal no cumplió con su compromiso de asignar esos 2 millones de nuevos pesos a este rubro, decidió reducirlo a 1 millón y medio para, finalmente, financiar un 1 millón 300 mil nuevos pesos.
Esto me parece que sí pone en duda el cumplimiento de la Ley, y que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque finalmente, con esto empecé, el marco normativo que nos rige, las leyes que muchas veces esta misma legislatura decidió, no las cumplimos.
Por ello mismo, así como el diputado Lerdo de Tejada nos invitaba a votar el dictamen a favor, nosotros decimos en conciencia, compañeras y compañeros diputados, que no podemos aprobar algo que contradice el ejercicio de nuestras funciones legislativas.
Por su atención y tolerancia, muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado Saucedo.
Se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional.
El diputado Salvador Abascal Carranza:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Felizmente ésta es la última ocasión en la que la Cámara de Diputados se ocupa de la cuenta pública del Distrito Federal y precisamente por los tiempos en los que tanto hemos insistido de revisión y aprobación, en su caso, de la cuenta pública, por ese desfasamiento que hemos ya denunciado por tercera ocasión desde esta tribuna; en cada diciembre de los años anteriores hemos dicho lo mismo. Tiene razón el diputado Lerdo de Tejada, dice: "Esta cuenta pública es la primera que conoce esta legislatura después de haber aprobado precisamente en 1991 el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, es el ejercicio de 1992". Pero quiero decirle diputado Lerdo de Tejada, que es la primera y la única, la primera y la última, esta legislatura, no conocerá más cuentas públicas aprobadas por la propia LV Legislatura, que la que estamos discutiendo el día de hoy, así como en el ámbito federal la del día de ayer fue la primera y la última.
Y por cierto, recuerdo que el día de ayer se exigía desde esta tribuna por compañeros de mi partido, el dictamen correspondiente a la iniciativa que respecto a los tiempos y a la composición de la Contaduría Mayor de Hacienda y de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, hizo el diputado Lujambio el 7 de julio de este año. Y ayer en un desplante de información hacia nosotros, para decirnos que no sabíamos lo que estábamos diciendo, una diputada del PRI vino a decirnos que si sabíamos cuál era la fecha límite que había acordado la Presidencia a las comisiones, para dictaminar en relación con aquella iniciativa. Y dijo en tono triunfal que era el día de mañana, es decir, el día de hoy.
Yo quisiera saber si con ese mismo triunfalismo dentro de un rato aparecerá aquí, aunque no está agendado, ese dictamen de las comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa del Partido Acción Nacional en relación con el tema que estamos tratando hoy y en relación con el tema que tratamos ayer. Si no se cumple pues con ese término que fue dictado por la Presidencia en su momento el día 25 del mes pasado, estaremos en presencia de un nuevo incumplimiento de las comisiones a este respecto, quizá y como ya lo sabemos, por tratarse de una iniciativa de Acción Nacional.
El documento que se presenta hoy a nuestra consideración, como el de ayer mismo, exige de los diputados el celoso desempeño de una de las obligaciones que adquirimos como representantes de la nación, una de las obligaciones más importantes: la de fiscalizar, a nombre del pueblo, los recursos que la sociedad le entregue al Gobierno para su administración. La seriedad en el cumplimiento de este encargo supone también en cada diputado una gran responsabilidad y un auténtico espíritu de servicio.
Yo quisiera que nos preguntáramos a nosotros mismos cuántos diputados realmente están interesados en cumplir con esta alta responsabilidad de fiscalización, de vigilancia de la Administración Pública y en este caso en particular de la administración de los recursos del Departamento del Distrito Federal. En particular parece ser que los diputados de la mayoría no tienen esta vocación; no están entrenados ni tienen este espíritu; ni cuando entran en campaña ni cuando están en funciones; ni cuando vuelven a ser aspirantes a un cargo de elección popular.
Quiero referirme a un hecho muy significativo, a una anécdota de campaña muy interesante del año de 1985, siendo yo candidato a diputado por el XXVII distrito, acudí a un debate al que no se me invitó, en donde estaban reunidos tres candidatos del PRI a la legislatura correspondiente y esos tres candidatos, uno era mi contrincante, los otros dos ustedes los conocen muy bien, el diputado Juan José Castillo Mota y el ingeniero Granja Ricalde. El ingeniero Granja Ricalde contendía entonces por el distrito XXIV del Distrito Federal, y el licenciado Castillo Mota, como ahora mismo, fue electo por el Distrito XXII del Distrito Federal, y los tres confluían en un evento realizado por la Junta de
Vecinos de Tlalpan, aprovechando la estructura de la junta de vecinos para hacer un acto partidista.
Y en el discurso que pronunciaron los tres candidatos para ganarse el voto de los cerca de 800 asistentes, muchos de ellos acarreados desde Xochimilco por Granja Ricalde, lo que querían presentar como proyecto para ganarse el voto, repito, de esta gente, decían, que iban a resolver los problemas acuciosos, difíciles, ingentes, de la delegación de Tlalpan.
Referían problemas de agua, de bacheo, de tránsito etcétera. En ningún momento estos señores candidatos se refirieron, por ejemplo, a la obligación que tenemos los diputados, que tienen los diputados y seguirán teniendo los diputados, de fiscalizar la cuenta pública, de fiscalizar la administración pública.
Y cuando yo tomé la palabra, casi por asalto, porque no estaba yo invitado, repito, pero me metí a la fuerza a esa reunión mitin del PRI, y les expliqué a las personas ahí concurrentes, en qué consistían las funciones reales de un diputado, y no las que los tres candidatos habían expresado, entre las cuales mencioné justamente la de la fiscalización de la cuenta pública, a aquellos que iban ahí porque no sabían de qué se trataba, que eran acarreados; se cambió de inmediato la sensación, el sentido de la concurrencia. Aplaudieron lo que yo dije; les dije la verdad, y que además los retaba yo, a estos señores candidatos, a que contradijeran lo que había yo expuesto y en todo caso, explicaran por qué no le habían dicho a la gente cuál era la verdadera función de un diputado, que para eso estaba convocada la reunión en Tlalpan en aquellos días de 1985.
Bueno, pues esta anécdota me sirve para simplemente darnos cuenta de cuál es la del verdadero estilo, la verdadera vocación que tienen los diputados en general, de la mayoría, que vienen solamente a aprobar lo que se les dice que tienen que aprobar.
No hay un verdadero ejercicio de análisis, convicción política, ni siquiera de responsabilidad política, jurídica, constitucional, para cumplir con sus obligaciones. Y por eso pasa lo que pasa. Simplemente se aprueban todas las leyes, sobre todo en estos casos, en particular de la cuenta pública, sin que haya o medie absolutamente ninguna corrección posible.
Yo me pregunto, porque al analizar la cuenta pública.
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul):
Señor Presidente...
El Presidente:
Con qué objeto, señor diputado.
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul):
Para hacer una interpelación al orador.
El Presidente:
¿Acepta usted, señor diputado, una interpelación?
El diputado Salvador Abascal Carranza:
Con muchísimo gusto, señor Presidente.
El Presidente:
Adelante, señor diputado Castillo.
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul):
El señor diputado Abascal habla de una reunión que tuvimos en ese entonces, dice él, los dos candidatos a diputados: Federico Granja Ricalde y su servidor.
Yo quisiera que nos precisara en qué lugar se celebró esa reunión, en qué año, porque en nuestra campaña, la de Federico Granja se hizo por su lado y la mía la realicé por el mío en el XXII distrito, y ahora resulta que la hice junto con Granja Ricalde y con él. ¡Uta! Es una cosa rarísima.
Pero pues que me aclare, porque ahora sí yo al compañero lo conocí después ya como candidato perdidoso por el XXVII, dado que le ganó Nieves Jenkins, la diputación del XXVII, como diputado federal y posteriormente sí fue mi compañero en la Primera Asamblea de Representantes, en 1988.
Entonces realmente que me precise lo de 1985, porque Granja era candidato a diputado por el XXIV distrito y yo lo era por el XXII, y él lo era por el XXVII. Granja ganó en el XXIV, yo gané el XXII; pero nunca hice campaña junto con Federico Granja.
El diputado Salvador Abascal Carranza:
Le voy a refrescar la memoria, señor diputado...
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul): ¡Pero sobre la marcha! ¡Con mucho gusto!
El diputado Salvador Abascal Carranza:
Quiero decirle que fue precisamente en el mes de junio de 1985, en las instalaciones, en las instalaciones de la Junta de Vecinos de Tlalpan. Presidía aquella reunión de candidatos priístas Salazar Toledano, a la sazón, a la sazón Delegado del Distrito Federal en Tlalpan.
Usted le puede preguntar al señor Salazar Toledano, que seguramente usted conoce, para recordarle si hubo o no esta reunión, en la que confluyeron los que usted acaba de decir: los tres candidatos de los tres distritos del Distrito Federal que confluyen precisamente en Tlalpan y así lo dije.
Pero no solamente eso, mi estimado diputado Castillo Mota. Usted "le picaba las costillas" al licenciado Nieves Jenkins para que me contestara, después de que yo tomé el micrófono y le expuse a la gente que estaba ahí reunida, lo que acabo de explicar a la Asamblea.
Pero como Nieves Jenkins nunca me quiso contestar y nunca quiso entablar un debate conmigo y usted estaba pues realmente muy indignado por lo que yo había dicho, se subió a la tribuna y desde ahí, usted debe recordarlo, me llamó "hijo de Maximiliano" y algunas otras lindezas y sustantivos adjetivados que no puedo recordar aquí...
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul):
Si me permite...
El Presidente:
Ciudadanos diputados, se recuerda que en los términos del 104, se prohiben los diálogos.
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul:
Solamente para aclarar.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus (desde su curul]: ¡Moción de orden!
El Presidente:
¿Cuál es el desorden, diputado?
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus (desde su curul):
El que la propia Presidencia acaba de señalar, señor.
El procedimiento correcto, me parece, sería que el señor diputado Castillo Mota solicitara a la Presidencia, preguntara al orador, al diputado Abascal, si acepta una interpelación más. Y no simplemente continuar con la interpelación que antes había sido aceptada, sin la autorización de la Presidencia.
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul:
Mi compañero diputado que me antecede en el uso de la palabra, y que le agradezco mucho su orientación, todavía no me permite terminar que estoy solicitando al Presidente de la mesa directiva que me permita otra interpelación al señor diputado Salvador Abascal.
El Presidente:
Señor diputado Salvador Abascal: ¿acepta usted otra interpelación del señor diputado Castillo Mota?
El diputado Salvador Abascal Carranza:
Encantado de la vida, señor Presidente.
El Presidente:
Adelante, diputado Castillo Mota.
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul):
Usted recordará que en esa reunión, que no era mitin, que era una reunión de la junta de vecinos, usted y su hermano que concurrieron a esa reunión de la junta de vecinos, para tratar asuntos de la junta de vecinos, habló usted un poco como acostumbran hacerlo. Que dio lugar a que yo pidiera la palabra.
Y efectivamente yo fui muy duro en mis expresiones con usted. Pero no era un mitin como el que usted menciona, era una reunión de la junta de vecinos a la que habíamos concurrido los candidatos a diputado. Como usted, que era candidato a diputado por su partido, y otros más. Y como vecinos de esa delegación, porque mi distrito abarca 10 colonias de la delegación de Tlalpan, como abarca 21 de Coyoacán y siete de Alvaro Obregón, y por eso concurrimos nada más. Y sí reconozco que lo traté duramente, porque no acepté los conceptos que usted emitía en contra de nuestro partido. Está aclaro eso, ¡pero nunca de otras cosas, ni que fuera mitin, porque Salazar Toledano era muy cuidadoso y no aceptaba que se hablara o que participara él en mítines de nuestro partido, y usted está aceptando que era una reunión de la junta de vecinos de la delegación de Tlalpan, donde hay de toda clase de filiaciones dentro de la junta de vecinos! Muchas gracias.
El diputado Salvador Abascal Carranza:
Señor diputado Castillo Mota: en primer lugar, a confesión de parte, relevo de pruebas. Se acordó finalmente que sí tuvo lugar esa reunión y además, ya que usted lo mencionó, porque para vergüenza de su partido tengo que decirlo, en realidad fue una reunión que se montó sobre la estructura de la junta de vecinos, que siendo plural no tenía por qué aceptar una reunión partidista, una reunión de campaña para promover a los candidatos a diputados del PRI, presidida además por el señor delegado.
Por la indignación que este hecho provocó en algunos de los vecinos de Tlalpan que me conocían, me llamaron para que yo estuviera presente, no como invitado de honor, como estaban ustedes ahí en el presidium, sino como cualquier otro hijo de vecino y desde abajo tuve que tomar la tribuna para decir que yo también estaba ahí y valía mi palabra, a pesar de que los mismos vecinos reconocieron haber sido llevados ahí por los candidatos a diputados a ese acto partidista, aprovechándose, como se aprovechan generalmente en muchas partes, de la estructura vecinal para montar su estructura partidista. ¡Este es un hecho!
Y además, las expresiones que usted profirió en contra de mí ni siquiera fueron duras, señor diputado, en realidad éstas eran más desahogo que argumentos o expresiones duras contra su servidor; jamás me sentí ofendido, por si acaso tuviera usted alguna preocupación al respecto.
Esto precisamente nos lleva al análisis y a la entrada para darnos cuenta de cuál es la verdadera vocación y finalmente si era o no partidista, lo que ellos estaban explicando a la gente de Tlalpan era lo que era un diputado, ese es el fondo de la cuestión, ¡qué hacía un diputado! Y quiero decirle que tampoco iba yo con mi hermano, sino con el licenciado Guillermo López de Lara, que se parece un poco a mí, pero no es mi hermano.
Y quiero decirle que justamente porque ellos no sabían o no querían decir cuál es la función, entre otras, como la de fiscalización, de un diputado, cuando yo lo expresé ahí se acabó la fiestecita que ellos habían planeado, precisamente con fines partidistas y de campaña.
Y es que esta labor, esta labor de fiscalización requiere de espíritu de servicio, requiere de seriedad, de análisis profundo de la realidad, no de autocomplacencias, es una responsabilidad muy seria; se trata del dinero del pueblo, no de nuestro dinero, ni el dinero del Gobierno, que no lo tiene ni lo produce, se trata del dinero del pueblo que se le ha dado al Gobierno para su eficaz administración.
Y precisamente por eso podríamos preguntar: ¿cuál es el fundamento de un análisis de esta naturaleza, de la cuenta pública? El fundamento de los conceptos de vigilancia y de control del ejercicio honesto y eficaz de los recursos públicos lo constituye la misma condición humana. Las virtudes morales que deben distinguir a los gobernantes así como la congruencia en los actos públicos son ideales de la política humanista que
ha sostenido Acción Nacional y que sostiene y sostendrá.
Pero esto sólo no basta, no basta con apostar a la honestidad del gobernante, ni siquiera al origen ideológico, porque sabemos que como problema de condición humana el poder corrompe y corrompe todo lo que toca, y no tiene límites, y el control, la cultura del control, como ayer se mencionaba aquí, supone la capacidad técnica y la voluntad ética de quienes ejercen el control para que si no hay la disposición moral para actuar honestamente, por lo menos las medidas de control obliguen a actuar rectamente o que se dediquen a otra cosa los que quieran hacer cosas distintas.
Entrando al análisis del documento que nos ocupa, de este análisis se desprenden algunos comentarios que no quisiera dejar pasar; primero, en el informe previo la Contaduría Mayor de Hacienda señala omisiones que podrían ser graves en relación con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, simplemente señalo que dice de omisiones que podrían ser graves en relación con el cumplimiento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, no las describe ni el informe previo ni tampoco las describe el dictamen.
No digo que haya delitos qué perseguir; lo que se busca aquí es la verdad, la investigación hasta el fondo de las consecuencias de los actos públicos y simplemente al señalar la Contaduría Mayor de Hacienda que hay estas inconsistencias, nos obligaría inclusive a plantear el problema en otros términos en que la Comisión del D.F. o cualquier Comisión, la de Presupuesto y Cuenta Pública, que recibiese un informe que no satisficiese su necesidad de análisis, los elementos mínimos para poder analizar a fondo la cuenta pública, pudiese pedir la ampliación de información a la Contaduría Mayor, pudiese incluso rechazarla en ese momento y decirle, necesito otro informe éste no me sirve porque hay muchas vaguedades y esto es responsabilidad obviamente de quienes van a emitir un dictamen sobre el informe que está presentando la Contaduría Mayor de Hacienda porque ella presenta el informe y se lava las manos.
Segundo, el informe previo del dictamen refleja inconsistencias y omisiones derivadas probablemente de un análisis incompleto de la Contaduría Mayor de Hacienda, respecto de los conceptos que el Departamento del D. F. le proporcionó, en congruencia con lo que estaba diciendo hace un momento.
Y por ejemplo, en relación con el cumplimiento de los objetivos se señala textualmente lo siguiente: Aún cuando en la ejecución de algunas metas no se alcanzaron los compromisos establecidos, los resultados en general fueron satisfactorios.
¿Cuáles metas?, ¿por qué? Yo reconozco que en este dictamen hay ciertamente una dosis mayor de autocrítica que en el dictamen que ayer discutíamos; ciertamente en este dictamen hay reconocimientos de deficiencias y de fallas que no existen en el dictamen que ayer se discutió y aprobó solita la mayoría, pero también hace falta puntualizar algunos conceptos que quedan en el aire, porque no estamos sospechando que haya desviaciones, repito, simplemente solicitaríamos de la propia Contaduría Mayor de Hacienda, mayor precisión en sus conceptos.
Porque dice, "en la ejecución de algunas metas no se alcanzaron los compromisos establecidos", ¿por qué?, puede haber muchas razones; nosotros pensamos que debe haber un margen, un margen de flexibilidad, de discrecionalidad para el ejercicio de la cuenta pública; es razonable, pero ver dentro de qué tan estrecho o amplio es este margen del cumplimiento o no cumplimiento de las metas propuestales en un programa de gobierno.
Y por ejemplo, en otro rubro, para registrar también algún dato muy significativo, se habla en el ámbito de justicia, que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inicio 146 mil 375 averiguaciones previas . Eso no nos dice absolutamente nada, ¿cuántas de estas averiguaciones previas se integraron?, ¿de cuántas conocieron los jueces y en cuántas de ellas se llegó a la solución definitiva o a la sentencia?
Yo tengo por cierto, conocimiento, de gente que me ha pedido intervención en asuntos muy pequeños como éste, de averiguaciones previas iniciadas en 1992, en este año, que a la fecha no se han concluido, y de cosas muy pequeñas, tengo las pruebas y a veces por más que uno insiste ante las autoridades, no hay manera de que reaccionen ante la solicitud de los ciudadanos.
Y precisamente en el ámbito de justicia, es especialmente sensible el ciudadano. La población es muy sensible al ámbito de justicia, hay un reconocimiento, por eso decía que tiene cosas más positivas este dictamen que desde ayer... porque hay un reconocimiento de que a pesar de que hay avances en materia de impartición de justicia, mayores recursos en 1992, dice textualmente, o casi textualmente el informe previo y
el propio dictamen lo recoge, que esto no ha favorecido de cualquier manera la imagen de los servidores públicos encargados de la seguridad y de la procuración de administración de justicia, que persisten pues las desconfianzas, la desconfianza fundamental del pueblo hacia las autoridades en materia de policía y de administración de justicia.
Es importante señalar también tres cosas finales. Primero, que las recomendaciones que se hacen al Departamento del Distrito Federal en el presente dictamen, recogen casi de manera idéntica las que se hicieron en 1991, y que, según el informe previo, están parcialmente cumplidas.
Si ustedes comparan el informe previo, en las páginas 287 y 288, son las conclusiones, las recomendaciones que están plasmadas en el dictamen, casi es la misma expresión la que se da respecto a las recomendaciones parcialmente cumplidas, o sea que se repite el mismo fenómeno y si se repite el mismo fenómeno ni siquiera puede estar parcialmente cumplida, en todo caso deberíamos exigir el reconocimiento de que no se ha cumplido con esa recomendación de 1991 y que hay que insistir en que el Departamento del Distrito Federal lo reconozca.
Segundo. Que con gran falta de imaginación se copiaron parrafadas enteras del informe previo para elaborar el dictamen. A mí sinceramente me sorprendió que por ejemplo de las páginas 29, 30, 31, 32 del informe previo, estén íntegramente recogidos con punto y coma en el dictamen de la Comisión, tal cual, sin imaginación por lo menos para darle alguna maquilladita y que se diera como que estaba presentándolo la Comisión.
Y tercero, que como sucedió, sucede en la Cuenta Pública de la Federación, la del Distrito Federal es omisa respecto a datos que permitan saber de sanciones administrativas o penales a funcionarios públicos deshonestos. En alguno de los anexos efectivamente aparece un pliego de responsabilidades respecto a multas o respecto a cobro por razón de responsabilidades administrativas, pero posiblemente no lo encontré yo y el diputado Lerdo de Tejada me pueda señalar en dónde se encuentra justamente este pliego de responsabilidades, cuántas averiguaciones se han iniciado, lo que ayer pedíamos respecto de la cuenta federal, cuántas se han iniciado, cuántas han llegado a sentencia, en qué cantidad se ha recuperado el dinero también de lo que supuestamente se habrá desviado, derivado de esas sentencias.
Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, el Partido Acción Nacional votará en contra del dictamen, puesto a nuestra consideración.Pensamos que la Contaduría Mayor de Hacienda no cumplió cabalmente con sus obligaciones, y que quede muy claro que no estamos iniciando ni pretendemos hacer una cacería de brujas ni tampoco cultivamos la cultura de la sospecha, pensando que tal o cual funcionario pudiese haber incurrido en desviaciones o en ilícitos, simple y llanamente o simplemente ineficiencia.
Lo único que decimos y reiteramos es que no hay una base de datos suficiente como para tener elementos para saber si se cumplieron o no cabalmente las metas, que por otro lado el tiempo que transcurrió y todos los demás argumentos que se han dado en días anteriores y en años anteriores, no nos permiten aprobar esta cuenta pública del Departamento del Distrito Federal, repito, no porque haya sospecha, sino porque no hay elementos suficientes para aprobarla, y en su caso estaríamos encantados de aprobar una cuenta de la que se nos diera verdadera y puntual cuenta de cada uno de los rubros que nosotros necesitamos analizar, estudiar y finalmente con todas las salvedades y todo lo que puede haber en una administración tan compleja como la del Distrito Federal, encantados la podríamos también aprobar. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Abascal Carranza.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Alberto Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Con el permiso de la Presidencia; señores diputados:
La discusión de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal que hoy nos ocupa, es sin duda una de las tareas camarales de la mayor importancia. De su análisis y discusión es posible tener algunas conclusiones sobre la marcha del Gobierno en su conjunto, y el impacto que su acción cotidiana en sus múltiples ámbitos tiene para el desarrollo de la ciudad y para el bienestar de sus habitantes.
Mediante la contabilidad pormenorizada del ejercicio de los Presupuestos de Ingresos y Egresos, así como el informe del cumplimiento de los programas operativos aprobados, esta soberanía puede calificar el ejercicio gubernamental, cumpliendo así con una de sus atribuciones constitucionales de mayor trascendencia: verificar si ese ejercicio presupuestal se ajustó, técnica y legalmente, al marco jurídico que rige al Gobierno de la ciudad.
Así pues la revisión de la cuenta pública constituye un acto de la mayor importancia en nuestra vida republicana, ya que es un propósito democrático del pueblo para que a través de su representación nacional sea informado tanto de la legalidad de los ingresos, impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, como de la eficiente y transparente aplicación de los egresos a los programas del desarrollo de la ciudad y del país, y a la prestación de los servicios públicos.
Es con este marco de referencia que participamos hoy en este examen de la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal para el año de 1991; con ello, decíamos, ejercemos puntualmente una facultad que la Constitución le señala a esta Cámara por un par de ejercicios anuales más, ya que a partir de 1995 esta facultad se transferirá a la Asamblea de Representantes. Nos compete así efectuar un juicio crítico, imparcial y objetivo, de la gestión financiera de esa dependencia del Poder Ejecutivo Federal.
En el fondo, con este acto se trata de alcanzar, en un proceso que se ejecuta año con año, el perfeccionamiento de los trabajos de planeación, de su metodología de la gestión pública, a fin de que la colaboración entre poderes arroje mayores beneficios para la población en su conjunto.
Sin embargo, la revisión crítica, imparcial y objetiva a nuestro cargo no es una tarea sencilla. No hay programas gubernamentales lineales inalterables. En la ejecución de los programas hay siempre contingencias y emergencias que obligan sobre la marcha a modificar metas, a cambiar estrategias, pero hay siempre la voluntad de respetar los programas prioritarios.
Por cierto aquí cabría hacer alguna reflexión sobre algunos de los comentarios del compañero del PRD, respecto al programa 32 en la regulación y la preservación ecológica. Por una parte hay que precisar que los recursos excedentes siempre se han destinado a programas prioritarios, como agua, drenaje, seguridad pública, entre otros. Haber cubierto este programa con recursos propios, financieramente no era aconsejable, y no lo era porque el crédito que se había asignado para atender este programa de preservación ecológica, es un crédito blando con intereses muy bajos, con plazos muy amplios, y por lo tanto haber asumido la realización de este programa con recursos propios de la dependencia, eso no lo aconseja la racionalidad financiera. Sin embargo se cumplió con el 66.7% la meta de llevar a cabo convenios con otras.
El Presidente:
Diputado, si me permite tantito.
Se ruega por favor a los asistentes a este recinto, guarden compostura y el debido silencio, para escuchar atentamente al orador.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Gracias, señor Presidente. Sin embargo, comentábamos que se cumplió en 66.7% la meta de llevar a cabo convenios con otras instituciones, porque no se concertaron dos convenios considerados originalmente por problemas de especificaciones técnicas y por considerar de mayor importancia un convenio concertado con la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fue superada en 1000% la meta de rehabilitación de centros de verificación, porque fue necesario realizar obras de remodelación y reacondicionamiento en 12 centros para la instalación de nuevos equipos de verificación.
Se cancelaron las metas de apoyar el Programa Cada Familia un Árbol, apoyar acciones de prevención y control de la contaminación del aire, y realizar otras acciones de preservación y restauración de ecosistemas, reforestar barrancas y recolectar basura en barrancas.
En la primera meta, porque las acciones, porque las acciones de forestación y deforestación son acciones consideradas y ejecutadas en el Subprograma 02, y en la segunda, porque no fue necesario apoyar acciones de este subprograma o imprevisibles, y en la tercera, porque los créditos para llevar a cabo las acciones se formalizaron y a avanzado el ejercicio presupuestal.
Así, pues, insisto que no todos los programas son lineales ni inalterables, siempre hay concurrencia de situaciones que obligan a modificar estrategias, a afinarlas, pero siempre, decía yo, con la idea de transferir estos recursos a programas que demanda la mayoría de la población.
Por otra parte, respecto del comentario de los servicios de seguridad que se prestan a empresas e instituciones privadas, yo quisiera recordar aquí que la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, autorizó el cobro de la prestación de estos servicios, y que también en la Ley de Seguridad Pública está previsto y está regulado este tipo de prestación de estos servicios públicos a instituciones privadas. Pero sí hay alguna inquietud para que estos recursos se apliquen a la misma área de la cual procede, y yo le comentaría al compañero Saucedo que la Comisión del Distrito Federal está abierta para recibir estas impresiones y si es posible considerarlo en la iniciativa de ingresos que próximamente vamos a discutir en el seno de esta Cámara.
Así, pues, en un juicio equilibrado, no podemos decir que una dependencia ha cumplido cabalmente su tarea, al 100%, pues siempre hay alguna modificación, alguna alteración. Se trabaja con seres humanos, se trabaja para seres humanos, de repente la situación en las circunstancias cambian día con día, minuto con minuto, y esto obliga, decía yo, a reorientar la atención del Gobierno para dedicarlo a aquellas situaciones que son más demandadas por la población.
Pero tampoco por esta razón podemos descalificar o reprobar la gestión porque siempre hay y siempre habrá necesidades insatisfechas.
La revisión requiere entonces un juicio ponderado, un enfoque integral para estudiar la gestión de una dependencia en relación con el grado de congruencia que guarda dentro del marco de planeación nacional, la forma en que se distribuyen los recursos entre programas sociales, de tal manera que en un ámbito de limitación y de escasez los recursos públicos, los recursos en general, siempre son escasos e insuficientes para atender de manera puntual y total el conjunto de las demandas de una población como la que habita en esta ciudad capital, pero siempre con la preocupación para atender de manera gradual y de manera precisa las demandas más sentidas de la población, y en especial de aquellos que menos tienen.
La eficiencia con que se realiza la labor administrativa, valiéndose al efecto de adecuados diseños u organizaciones, modernos métodos y procedimientos de trabajo, sistemas de información y programas de capacitación para su personal y la eficiencia que la dependencia tiene en el ejercicio de los recursos, para que éstos tengan el mayor aprovechamiento social entre los grupos de población de menores ingresos.
Resulta también en una serie de observaciones y recomendaciones que tendrán a corto y mediano plazo un efecto positivo en la gestión pública.
Por ello, hago énfasis en los efectos preventivos de la revisión, que al identificar deficiencias en el funcionamiento de las instituciones y las dependencias públicas, permiten acercarse a un perfeccionamiento, a una mejora sustantiva y sustancial de su marco normativo: las técnicas de planeación, programación y presupuestación, que utilizan los sistemas modernos de información, cómputo y estructuras organizacionales etcétera.
No se ignoran o se soslayan, como a veces he señalado, los efectos correctivos de la evaluación por parte de esta legislatura y de su órgano técnico, que es la Contaduría Mayor de Hacienda.
Queda claro que en el artículo 2o. del proyecto de decreto que ahora discutimos se establece un mandato a ese órgano técnico, para practicar los estudios, auditorías y acciones legales que procedan.
Para la revisión de la cuenta pública contamos con los elementos de información que nos hizo llegar la Contaduría Mayor de Hacienda, a través de su Comisión de Vigilancia.
Este no es un instrumento de trabajo único, sino que también tuvimos a nuestra disposición los informes trimestrales de avance que remite el DDF y, desde luego, la cuenta pública de 1992, que se presentó en junio pasado.
En las semanas anteriores, la Comisión del Distrito Federal se reunió con servidores públicos de esa dependencia y en días pasados quienes integramos el grupo plural de trabajo celebramos también una entrevista con los servidores públicos de la Contaduría Mayor, a fin de que en su caso se aclararan los distintos elementos y métodos de trabajo a considerar, para la elaboración del informe previo.
Igualmente, merece destacarse la disposición de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, para profundizar sobre el tema y la apertura mostrada para que las recomendaciones surgidas a partir del análisis de los documentos remitidos periódicamente o de los derivados del ejercicio de la Asamblea de Representantes, se incorporen de inmediato con los elementos de corrección a sus tareas cotidianas.
Hay que recordar también que el Secretario de Planeación y Evaluación del Departamento, sostuvo una amplia, interesante y creemos que fructífera reunión con el pleno de la Comisión, el pasado 18 de octubre, donde se intercambiaron de manera muy clara las impresiones que cada quien tenía sobre el documento y el método de trabajo que hoy discutimos.
En esa reunión se exploró la posibilidad de adelantar el trabajo relacionado con la revisión de la cuenta durante el año del ejercicio de que trata la revisión, a partir de los informes trimestrales, de la celebración de reuniones de trabajo y de contar con información complementaria para aumentar nuestra capacidad de análisis de todos estos documentos.
Respecto a la observancia de los principios básicos de contabilidad gubernamental, la Contaduría Mayor informa que en lo general tanto el DDF como sus entidades paraestatales, contaron con un adecuado sistema para el registro presupuestal y financiero de sus operaciones y adoptaron medidas para garantizar que dichas operaciones se registren en forma correcta en la contabilidad, y por ende se reflejen en la cuenta pública.
Al respecto, nuestro órgano técnico recomienda que el sistema contable contenga también las operaciones relativas a los adeudos de ejercicios anteriores.
Aquí cabría hacer un comentario sobre las observaciones del diputado Abascal, referente a las acciones derivadas de la revisión de la cuenta pública de la hacienda del Departamento del Distrito Federal. Quisiera decirle que en el anexo sexto del informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y la del Distrito Federal, en la página 762, está toda esta información que demandaba el señor diputado Abascal, y sobre las denuncias penales pues está también, el número de denuncias penales que las hay, las dependencias o entidades, el importe de pesos.
Y bueno, pues, nos pueden parecer muchas o nos pueden parecer pocas. O podemos discutir en los términos, alcances de estas observaciones, de estas acciones, pero lo que no podemos decir es que no existen, que no haya habido y que simplemente no se registren.
Yo creo que estaríamos en otra etapa de la discusión si reconocemos que a lo mejor no nos parecen o no es todo lo suficiente o no estamos de acuerdo con ellas, pero no podemos ignorarlas.
Así pues yo creo que es importante también señalar que de estos anexos, sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los 10 años anteriores al ejercicio en estudio de dicho análisis, se desprenden las siguientes cifras. De un total de 144 recomendaciones, 103 han sido totalmente atendidas, 14 han sido parcialmente atendidas y solamente 17 no han tenido los efectos esperados. Lo anterior significa que el 82.8% de las recomendaciones emitidas han sido tomadas en consideración por el Gobierno capitalino, lo cual refleja un indiscutible interés por parte de las autoridades, en el sentido de subsanar aquellas prácticas o deficiencias que de alguna manera dificultan el conocimiento y revisión sobre el manejo de los recursos...
El Presidente:
Señor diputado perdone.
Vuelvo a insistir en la compostura y el silencio en este recinto para escuchar al orador.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivera:
Gracias, señor Presidente.
Del análisis de los resultados financieros presupuestarios, el informe de la Contaduría Mayor de Hacienda señala que el Departamento del Distrito Federal se sujetó a los lineamientos de política económica para cumplir con los propósitos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de México, coadyuvar a consolidar la estabilización de precios y la recuperación de la actividad económica mediante el saneamiento de sus finanzas. Al respecto dichos resultados son suficientemente explícitos.
Las reformas a la Ley de Ingresos y a las adecuaciones a la Ley de Hacienda del DDF que esta legislatura aprobó en el mes de diciembre en su primer año de ejercicio, permitieron que los ingresos ordinarios del sector superaran a los previstos y fueran mayores en términos reales a los obtenidos en 1991. Dichas modificaciones buscaron imprimir mayor equidad al sistema recaudatorio de la ciudad, a fin de que contribuyan más quienes poseen mayores recursos económicos y utilicen en mayor medida los servicios públicos. Asimismo se orientaban en el sentido de que el gasto neto del sector se financiera fundamentalmente con ingresos propios y que el déficit financiero se cubriera con
créditos complementarios de instituciones bilaterales y multilaterales, las cuales por sus características de operación ofrecen mejores términos y condiciones; es decir, recurrir preferentemente a créditos blandos.
En este último caso también conviene destacar que los créditos obtenidos del Protocolo Francés y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, se contrataron en mejores condiciones que en 1991, los primeros a tasas de interés inferiores en 4.2 porcentuales y los segundos a un plazo de 10 años con pago de intereses semestrales.
Así al término del ejercicio el gasto había superado en un 8% a lo aprobado por esta soberanía.
Pero lo realmente significativo es que estas erogaciones no incumplieron los lineamientos presupuestales, porque dichos gastos adicionales se financiaron con los ingresos, también adicionales, obtenidos en el año, esto es, se gastó más porque se obtuvo más.
En la mayor captación de recursos influyeron también la simplificación y modernización de la administración tributaria, las acciones de fiscalización que se efectuaron, con mayor eficiencia, de la evasión y elusión fiscal, y la actualización de cuota; bases y tarifas de las contribuciones en función de un factor de ajuste.
Los recursos excedentes se canalizaron siempre, decía al principio de esta intervención, a programas prioritarios, a programas que demanda la población de menores ingresos de la ciudad de México, y aquellos que tienen qué ver con la reordenación urbana de esta gran ciudad, dando especial atención a las acciones de alto impacto social y la ampliación de metas estratégicas en ámbitos del transporte, infraestructura urbana, bienestar social, así como justicia y seguridad pública.
Así pues, señores diputados, los objetivos, estrategias y líneas de acción que se fijaron en el Programa Operativo Anual y en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, fueron congruentes con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa de esta dependencia, y se orientaron a mejorar las condiciones de vida para los habitantes del Distrito Federal.
Las acciones programáticas se encaminaron a reorganizar y modernizar el transporte colectivo, ampliar y mejorar la cobertura de los servicios públicos, impulsar la construcción de vivienda, prevenir y controlar la contaminación ambiental, racionalizar el uso del agua y mejorar las condiciones de seguridad pública e impartición de justicia.
Así pues, señores diputados, yo les pido a todos ustedes que votemos en pro de este proyecto de la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal.
Por su gran atención, muchísimas gracias.
El Presidente:
Gracias por su intervención, señor diputado.
Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Sergio González Santacruz:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario Sergio González Santacruz:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación)
Señor Presidente: se emitieron 253 votos en pro y 87 votos en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 253 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto relativo a la revisión de la cuenta pública
del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1992.
El secretario Armando Sergio González Santacruz:
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente:
En virtud de que esta Presidencia no tiene registrados oradores para el siguiente punto del orden del día, continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
Esta Secretaría informa que se han agotado los asuntos en cartera, señor Presidente. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
7 de diciembre d 1993.
Lectura al acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 23 de diciembre de 1993, a fin de que participe en las reuniones cumbre del Grupo de los 15 y del Grupo de los Nueve en la India, y de que efectúe visitas de Estado a la República Popular de China y de Trabajo a Japón.
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Ley de Navegación.
De la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, con proyecto de Ley de Inversión Extranjera.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al embajador Edgardo Flores Rivas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de "El Sol del Perú", en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 14.38 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 7 de diciembre a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
D. F. Distrito Federal
DDF Departamento del Distrito Federal
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional