Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19931222 - Número de Diario 27
(L55A3P1oN027F19931222.xml)Núm. Diario: 27ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Período del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, D.F., miércoles 22 de diciembre de 1993 No. 27
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La comentan los diputados:
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra
Miguel González Avelar
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Manuel Díaz Infante
Se aprueba en sus términos.
ESTADO DE MÉXICO
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo, denuncia el desalojo de personas en Tlalnepantla.
Para documentar los hechos sube a la tribuna el diputado Emilio López Mateos.
Para rectificar hechos, habla la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL DERECHO DE INTERPRETE
Informa sobre una reunión de ese organismo, la diputada Silvia Pinal Hidalgo.
ESTADO DE YUCATÁN
Para referirse a la culminación de los procesos electorales en esa Entidad, suben a la tribuna los diputados:
Raymundo Cárdenas Hernández
Emilio Becerra González
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Raymundo Cárdenas Hernández, para rectificar hechos.
Alberto Carrillo Armenta, para rectificar hechos.
Juan José Rodríguez Prats
Eloí Vázquez López, para rectificar hechos.
Francisco José Paoli Bolio
Alejandro Encinas Rodríguez, para rectificar hechos.
Daniel Ávila Aranda, para rectificar hechos
CIERRE DE SESIÓN
DEBATE
Presidencia del diputado
Cuauthémoc López Sánchez Coello
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 319 diputados, por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente (a las 11.33 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
Se dará lectura al orden del día.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
22 de diciembre de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Intervención de la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para comentar el desalojo de colonos en Naucalpan, Estado de México.
Intervención de la diputada Silvia Pinal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer comentarios sobre la reunión del OMPI. Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sobre Yucatán.
Comisiones de cortesía.
Intervenciones a nombre de las fracciones parlamentarias que integran la Cámara de Diputados.
Declaratoria de clausura de labores de la Cámara de Diputados del primer período ordinario de sesiones del tercer año de la LV Legislatura.»
Es todo, señor Presidente.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En razón de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulta la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Cuauhtémoc López Sánchez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con trece minutos del día veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos ochenta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la del acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta y en sendas votaciones económicas se aprueban las siguientes proposiciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política:
Con la convocatoria para una sesión solemne de homenaje a José María Morelos y Pavón;
Que incorpora al diputado Héctor Ortiz Ortiz a la misma Comisión;
Que autoriza a esta Comisión para nombrar delegaciones y representaciones de cortesía a actos nacionales e internacionales durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LV Legislatura.
Se da cuenta y en votaciones económicas sucesivas se aprueban las siguientes proposiciones de la Gran Comisión:
La que propone a los diputados Miguel González Avelar, como representante de la mayoría ante el Consejo del Instituto Federal Electoral; Paloma Villaseñor Vargas y Francisco Arroyo Vieyra, como suplentes.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Cortés García, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa de Ley del Instituto Nacional de Pensionados. Se turna a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.
Sube a la tribuna el diputado Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas al artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Defensa.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados Ramón Mota Sánchez y Javier Centeno Ávila.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa para que se inscriba con letras de oro el nombre de Ricardo Flores Magón en los muros de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Práctica Parlamentaria.
Sube a la tribuna el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien solicita que se excite a la misma Comisión a fin de que dictamine el rezago sobre diversas proposiciones. El Presidente lo hace.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Raymundo Cárdenas Hernández, quien presenta iniciativa de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias y se ordena la publicación en el Diario de los Debates del texto íntegro de la iniciativa.
Desde su curul, el diputado Miguel González Avelar explica que por motivos técnicos, no ha sido distribuido el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se retira del orden del día.
En virtud de que el dictamen de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Extradición Internacional; del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal; de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Torres Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone una moción suspensiva que en votación económica se desecha.
A nombre de las comisiones y para fundamentar el dictamen, sube a la tribuna el diputado Guillermo Pacheco Pulido, del Partido Revolucionario Institucional e, inmediatamente después, los diputados Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Gustavo Carvajal Moreno, del Partido Revolucionario Institucional; Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones; Mario del Valle Fernández, del Partido Revolucionario Institucional; Juan José Castillo Mota, del mismo Partido y Gladys Cano Conde, del mismo Partido, todos para rectificar hechos o contestar alusiones personales.
Para debatir el dictamen en lo general, se concede el uso de la palabra a los diputados Javier Centeno Ávila, en contra; Gonzalo Cedillo Valdez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Octaviano Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Carlos González Durán,
del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, en pro; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Joaquín Hendricks Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y se reserva para su votación nominal en conjunto al terminar la discusión en lo particular.
El Presidente da a conocer la lista de los artículos reservados por los grupos parlamentarios y, para hacer diversas proposiciones de reforma, se concede el uso de la palabra a los diputados José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional; José Guadalupe Enríquez Magaña, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Pedro de León Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
Se ponen a consideración de la Asamblea las propuestas de reforma presentadas y se aprueban las de los artículos treinta y cinco y cincuenta y dos, doscientos treinta y uno y trescientos ochenta y siete, del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, presentadas por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; ciento noventa y cuatro y ciento noventa y cuatro-bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, presentadas por el Partido de la Revolución Democrática; dieciséis, ciento noventa y dos, ciento noventa y siete, del Código Federal de Procedimientos Penales; doscientos ochenta y seis-bis y seiscientos setenta y cuatro, del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, presentadas por el Partido Acción Nacional; décimo, ciento cuarenta y dos, ciento cincuenta y dos, ciento sesenta y uno, ciento sesenta y ocho, del Código Federal de Procedimientos Penales; ciento veintidós, doscientos ochenta y seis-bis, trescientos catorce y seiscientos cincuenta y tres, del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y el primer transitorio del dictamen, presentados por el Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo particular y la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y cinco votos. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura a la solicitud de licencia del diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, cuyos puntos de acuerdo se aprueban en votación económica.
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con proyecto de Ley de Sanidad Vegetal y suben a la tribuna para expresar sus opiniones, los diputados: Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática; Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien solicita que su opinión se publique íntegra en el Diario de los Debates, lo que así ordena el Presidente; Eduardo Torres Campos, del Partido Acción Nacional y Carlos Rentería Torres, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos once votos. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
A las veintidós horas con veintiséis minutos, el Presidente declara un receso para continuar mañana, veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.
R E C E S O
A las once horas con cincuenta y tres minutos del día veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se reanuda la sesión.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Alberto Loyola Pérez, electo como diputado suplente en la primera circunscripción plurinominal y designa una comisión para introducirlo en el salón de sesiones y acompañarlo en el acto de rendir su protesta de ley como diputado federal. Terminado el acto
protocolario, el diputado Loyola y Pérez entra en funciones de inmediato.
Una comunicación de la Gran Comisión, informando de ajustes en su integración. En votación económica se aprueba.
Se da cuenta con un oficio de la Cámara de Senadores con el que informa de la elección de los miembros de la Comisión Permanente para el primer receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura. De enterado.
La Comisión de Información, Gestoría y Quejas, informa, mediante un oficio, sobre los hechos denunciados por el diputado Enrique Rico Arzate, en relación con problemas laborales de trabajadores de Petróleos Mexicanos en Salamanca, Guanajuato.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Ley Federal para el Debate Público de los candidatos a la Presidencia de la República, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión, hace uso de la palabra el diputado Armando Romero Rosales, del Partido Revolucionario Institucional y expresan sus opiniones al respecto, los diputados: Diego Zavala Pérez, del Partido Acción Nacional, en contra; Octaviano Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Esteban Zamora Camacho, del Partido Acción Nacional, en contra.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, suben a la tribuna los diputados: Teódulo Martínez Vergara, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Esteban Zamora Camacho, del Partido Acción Nacional en dos ocasiones; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional; Octaviano Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Pablo Emilio Madero Belden, en dos ocasiones; Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional; Agustín Basave Benítez, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta a una interpelación del diputado Estrada Sámano y Luis Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y en votación económica se aprueba.
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con opinión de la del Distrito Federal, proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Para fundamentar el dictamen sube a la tribuna la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional.
Expresan sus opiniones al respecto, los diputados: Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Félix Bautista Matías, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y presenta un punto de acuerdo firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios y diversas proposiciones de reforma al dictamen; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, en contra; Froylán Ramírez Lara, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Para rectificar hechos se concede el uso de la palabra a los diputados Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional y Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y se someten a su consideración las proposiciones hechas durante el debate, desechándose todas en sendas votaciones económicas.
La Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos cincuenta y cuatro votos. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Se somete a la consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, respecto del rezago de iniciativas del Partido Popular Socialista y, después de una moción de orden del diputado Emilio Becerra González, el Presidente ordena que se regrese a comisiones.
Para dar cumplimiento al orden del día, se lleva a cabo la elección de diputados miembros de la Comisión Permanente y, después de realizado el escrutinio correspondiente, resultan electos, por doscientos noventa y cinco votos los diputados: María de los Ángeles Moreno Uriegas, Rodolfo Echeverría Ruiz, Miguel González Avelar, Juan José Rodríguez Prats, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Gustavo Carvajal Moreno, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Juan Moisés Calleja García, Efraín Zúñiga Galeana, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Juan de Dios Castro Lozano, Francisco José Paoli Bolio, Alejandro Encinas Rodríguez, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Alberto Carrillo Armenta, Adolfo Kunz Bolaños y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, con sus respectivos diputados sustitutos.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cuarenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el día de mañana, miércoles veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, a la diez horas.»
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto señor diputado?
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra (desde su curul):
Para referirme al orden del día.
El Presidente:
Adelante.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
En el acta que da cuenta del desarrollo de la sesión que tuvimos el día de ayer, figura en la parte final, una redacción que no corresponde a los hechos tal y como éstos se desenvolvieron. Se dice en esa acta que se anunció que se habían agotado los asuntos en cartera y que se procedió en consecuencia a clausurar la sesión.
En realidad quedaron algunos asuntos que debidamente se había inscrito con toda oportunidad, con toda la precisión y que era voluntad, decisión de varios diputados federales referirse a ellos, manifestaron además su disposición, su voluntad de tratarlos y, sin embargo, pese a lo visible de esta situación, se dio por terminada la sesión.
Queremos en esta intervención, señor Presidente, dejar una muy clara, firme, categórica protesta, nuestro extrañamiento por la forma en que se interrumpió y se procedió a terminar la sesión el día de ayer.
No hay, salvo posiblemente una interpretación arbitraria, ningún elemento que justifique esta interrupción. No era ni la hora. Hemos sesionado de manera prolongada en otros momentos, estaba previsto, era muy claro. Durante este período de sesiones se han presentado ciertamente incidentes del más diverso género y corte, unos han sido francamente preocupantes, pero nunca había habido una situación como la que se suscitó, la que se presentó el día de ayer. Y de ahí nuestro extrañamiento, nuestra protesta, como dije hace un momento, temiendo además que pudiera ser un peligroso precedente para el buen desenvolvimiento de nuestras sesiones. Así ocurrió.
Por fortuna también contamos con mecanismos, con procedimientos, con una metodología en donde se pueden presentar asuntos de ése y de otro tipo. Esta mañana se reunió la Comisión de Concertación y Régimen Interno y decidió que esos puntos que ayer fueron excluidos indebida y arbitrariamente del orden del día pudieran ser tratados en la sesión que tenemos contemplada para el día de hoy.
Vamos a referirnos entonces a ellos, todos, sin ninguna duda, son de gran interés para cada uno de nosotros y, desde luego para la nación. Habiendo estado de acuerdo en que la sesión se desenvuelva en esos términos, de cualquier manera quisimos dejar como lo estamos haciendo ahora constancia patente, nuestra inconformidad, nuestra preocupación por lo aquí señalado: la forma en que se interrumpió la sesión del día de ayer. Muchas gracias.
El diputado Miguel González Avelar (desde su curul):
Señor Presidente; pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado González Avelar, para rectificar hechos.
El diputado Miguel González Avelar:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Movido por la intervención de nuestro compañero el estimable Ricardo Valero, acudo a esta tribuna y ruego, para ilustrar el criterio de la Asamblea, que el señor Presidente disponga la lectura del artículo 30, fracción I, por la Secretaría.
El Presidente:
Proceda la Secretaría en los términos solicitados.
El secretario Armando Sergio González Santacruz:
"Artículo 30. En las sesiones se dará cuenta con los negocios en el orden siguiente:
I. Acta de la sesión anterior para su aprobación. Si ocurriese discusión sobre alguno de los puntos del acta, deberá informar la Secretaría y podrán hacer uso de la palabra dos individuos en pro y dos en contra, después de lo cual se consultará la aprobación de la Cámara."
El diputado Miguel González Avelar:
Gracias, señor Secretario.
Ha habido, pues, algún comentario a propósito del contenido del acta y voy a dar lectura también a la parte final a la que se ha referido el señor diputado Valero, que dice así, en el punto al que él se refiere:
"La Secretaría informa que se han agotado los asuntos en cartera y el Presidente clausura la sesión de hoy a las 17 horas con 46 minutos, citando para la que tendrá lugar el día de mañana, miércoles 22 de diciembre de 1993, a las 10.00 horas."
Cabe, pues, preguntarse si este registro de lo que ocurrió el día de ayer en la tarde es o no un reflejo fiel de las circunstancias que efectivamente ocurrieron. Y parece patente que así fue. Recordamos, en efecto, que la Secretaría informó a la Presidencia que se habían agotado los asuntos en cartera y en consecuencia el Presidente en atribución y en el ejercicio de las facultades que le concede el artículo 34 de la Ley Orgánica, su IV fracción, decretó la clausura de la sesión.
No hay, pues, me parece, inexactitud alguna, no hay discrepancia de ninguna naturaleza sobre los hechos. Y el acta, precisamente tiene por objeto registrar y rememorar para la Cámara, para el pleno lo que aconteció efectivamente. Y esto fue lo que aconteció. Esto es por lo que se refiere al contenido del acta, por lo cual invito desde ahora a que la Asamblea se pronuncie a convalidar la veracidad de un párrafo que manifiestamente expresa la verdad.
En la otra cuestión es distinta, se refiere a los asuntos que supuestamente fueron excluidos del acta, del orden del día, perdón, del curso de la sesión y que vienen a establecer un precedente ominoso, peligroso, difícil, según se ha dicho aquí.
La verdad señoras y señores diputados es ésta: todos los días previos a la sesión ocurre una reunión de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, órgano plural que tiene por objeto, de acuerdo con la Ley Orgánica y el Reglamento, coadyuvar con la Presidencia de la Cámara en la integración del orden del día. Así se hizo el día de antier, porque habrán de recordar ustedes que la de ayer fue una sesión que prolongaba la que se inició el día 20. En esa reunión de la Comisión de Concertación Política, se convinieron algunos temas para formar parte del orden del día. Esos temas fueron incluidos en la discusión, uno de ellos referido a la intervención de la diputada Patricia Ruiz Anchondo, fue en el curso del día de ayer, desde el día de antier en la tarde, retirados, se anunció a la coordinación de la mayoría, que ese tema sería retirado. Después se dijo que se iba a incluir y posteriormente que se iba a retirar. Ante esta circunstancia y dado que se estaba concluyendo una sesión del día 20, el asunto quedó excluido. Ningún otro asunto estaba incluido en el orden del día, ni la intervención de la diputada de la mayoría Silvia Pinal, ni el asunto referido al Estado de Yucatán.
Por lo tanto, en opinión de quien habla, pero en opinión también de la coordinación de la mayoría de la Cámara, fue correctamente hecha la expresión por parte de la Secretaría, de que se habían agotado los asuntos en cartera.
Digo esto, porque no hay por qué preocuparse ni hay por qué levantar la preocupación entre nosotros, de que hay ningún cambio de actitud, ninguna intención de dejar de conducir la Cámara como hasta el día de hoy, bajo los principios de la corresponsabilidad, del más amplio espíritu de colaboración y de integración democrática de nuestras asambleas. Y lamentaría que por ese incidente se fuese a llegar o se diga aquí como se ha dicho, que hay ese peligro.
Invito pues, como lo dije al principio, a que la Presidencia con el trámite a que se refiere el artículo 3o. en su fracción I, conduzca lo que continúa de la sesión. Muchas gracias.
El Presidente:
El diputado Alejandro Encinas, para rectificar hechos.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Qué bueno que ya empieza a haber algunos cambios, aunque solamente sean parciales y formales, en el acta de la sesión de ayer. Porque el documento que nos habían remitido por la mañana a la coordinación del grupo parlamentario, establecía en su último párrafo: "...que agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da cuenta del orden del día de la sesión anterior, etcétera".
Ahora ya quitaron lo de que se dio lectura al orden del día de la sesión anterior, porque no se dio. Pero se sostiene de que fueron agotados los asuntos en cartera. Y lo cierto es que no. Yo tengo aquí en mis manos el orden del día del día 20 de diciembre de 1993, la sesión de antier, que tuvo un receso que continuó ayer, y donde estaba agendado por poner un ejemplo, el asunto de Tlalnepantla, que en ningún momento nosotros retiramos del orden del día a pesar de la insistencia del diputado Fernando Ordorica, del Estado de México, para que lo hiciéramos. Pero creo que finalmente ése no es el problema. El problema real es un problema de orden político; que trasciende con mucho no solamente el problema reglamentario que el Presidente de esta Cámara violó flagrantemente, sino es un problema que vulnera el derecho de los diputados.
Y lo que vivimos el día de ayer es un hecho sin precedente, por lo menos en la historia reciente del Poder Legislativo; por lo menos desde 1979, donde se coartan las posibilidades de un grupo parlamentario de abordar un asunto por no convenir a los intereses de la mayoría. Ese es el problema real; ése es el problema de fondo.
Nosotros creemos que este presente debe superarse y no debe repetirse en esta legislatura.
Hemos insistido en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno Interior; llegamos a un acuerdo inicial con la mayoría de esta Cámara; aprobamos una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica que está congelada en el Senado; hemos presentado esta misma semana una iniciativa del Partido de la Revolución Democrática en torno a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, porque sabemos que ese ordenamiento no funciona y eso ha obligado a que la Cámara se rija sobre la base del acuerdo parlamentario, lo cual considero que es sano y que es procedente.
Y por eso ha sido vigente en esta legislatura el acuerdo para la organización y el desarrollo de nuestros trabajos. Por eso, independientemente de que se agenden temas al principio de la sesión en el orden del día, hemos estado abiertos no solamente a retirar puntos del orden del día, sino a introducir puntos del orden del día.
Y en la sesión de antier y de ayer, no solamente se abrieron puntos a la discusión, sino que se permitió que ingresaran dictámenes a primera lectura de diversas iniciativas, particularmente las minutas que provinieron del Senado.
Yo creo que nosotros no debemos de romper con la norma básica y elemental de la convivencia parlamentaria, que es el respeto al derecho que tienen todos los diputados a expresarse libremente en la tribuna, independientemente de que le convenga o no el punto a discusión a cualquier partido político.
El único reducto que queda en esta legislatura a la oposición, es el de poder hacer de la Cámara de Diputados un verdadero espacio de repercusión de los problemas nacionales.
No rompamos con esta norma mínima de civilidad entre nosotros. No se abrogue la mayoría el derecho de decidir qué se discute y qué no se discute en esta Cámara de Diputados. Vayámonos respetándonos. Vayamos haciendo del acuerdo parlamentario este instrumento que fortalezca el trabajo del Poder Legislativo y que no de manera arbitraria deteriore las relaciones entre los diputados y acabe por deteriorar la imagen del Poder Legislativo.
Creo que es lo que tenemos que discutir. No es un problema reglamentario; creo que el presidente se extralimitó en sus funciones. El problema de fondo es un problema político donde no se puede coartar la libertad a los diputados; no se puede coartar la posibilidad de discutir los problemas que aquejan a la nación en esta tribuna, a la que todos debemos respeto y el principal respeto tiene que partir de la convivencia entre nosotros. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel Díaz Infante, para rectificar hechos.
El diputado Manuel Díaz Infante:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado aquí con mucha atención las palabras de nuestros compañeros del PRD y las palabras de nuestro compañero Miguel González Avelar.
Creo que vale la pena que dejemos puntualizadas algunas circunstancias:
En primer lugar, el Presidente de la Cámara por el mes de diciembre, no violó ni violentó ningún ordenamiento jurídico. Se ajustó estrictamente tanto a la Ley Orgánica como al Reglamento. Y bastaría ver la versión estenográfica del día de ayer, en cuanto se da cuenta del día de antier, perdón, porque era una sesión que se prolongó por dos días, de los asuntos con que se iba a trabajar en este pleno.
En ninguna parte de la versión estenográfica consta que se haya inscrito el Partido de la Revolución Democrática, con algún otro asunto. Es un documento público, lo tengo aquí a la vista; cualquiera lo puede ver.
Debemos hacer un poco de historia:
En este pleno se ha buscado, en todo tiempo, la concertación con los grupos políticos, para poder llevar a cabo con bien, nuestros trabajos.
Todos los días de sesión se reúne la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y ahí se delinean los puntos del orden del día, de conformidad como lo disponen nuestros ordenamientos legales. Esto es lógico, todos los parlamentos del mundo tienen que regirse por un orden del día; no pueden meterse a última hora asuntos que no están en el orden del día, toda vez que se rompería un orden elemental que se requiere para que pueda trabajar cualquier órgano deliberante en el mundo.
En segundo lugar yo quisiera dejar también constancia que por ejemplo el día de hoy en la Comisión de Régimen Interno, de la cual formo parte, se conformó el orden del día. El día de hoy nuestro compañero Ricardo Valero aceptó que de conformidad ya con las invitaciones que estaban suscritas, se llevara a cabo primero la ceremonia solemne para conmemorar y honrar el nombre de José María Morelos y Pavón. Así se acordó.
Que después se trataría el asunto relativo a Tlalnepantla, por la compañera Patricia Ruiz Anchondo.
Que después un asunto que iba a presentar la compañera Silvia Pinal.
Y posteriormente un asunto relativo a Yucatán.
Posteriormente a eso, entraríamos a la sesión ordinaria de clausura, en donde cada uno de los seis partidos políticos iban a hacer uso de la palabra para hacer su evaluación.
Y finalmente, en sesión de Congreso General se declararía clausurado el período ordinario de sesiones. El primer período ordinario del tercer año de ejercicio.
¡Qué más muestra de buena fe no sólo de la mayoría, sino de los otros cuatro partidos políticos, que se ha alterado nuevamente el orden del día para empezar con los asuntos que supuestamente se dejaron en cartera!
Entonces yo definitivamente aquí sí quiero apelar al buen entendimiento y a la comprensión de todos los compañeros legisladores, para que se vea que en ningún momento ha obrado mala fe de ningún partido político, ni tampoco del presidente de la mesa directiva el día de ayer. Y esto es bien claro porque consultó a la -
Secretaría si quedaban asuntos en cartera. La Secretaría dijo: "No hay asuntos en cartera". Y procedió a dar clausura a la sesión del día de ayer.
Entonces compañeros, yo creo, yo creo en ánimo, en un buen ánimo, como siempre ha campeado en esta Asamblea a todos los señores diputados y a nuestros trabajos que no debemos de ninguna manera enrarecer estos trabajos. Que ha quedado demostrada la buena fe tanto de los cinco grupos partidistas, independientemente del PRD, para alterar nuevamente el orden del día del día de hoy, que el Presidente actuó conforme a derecho y conforme a nuestras normas.
Y que no en esta ocasión, sino en muchas ocasiones algunos partidos políticos, pero sobre todo el PRD, han metido y sacado asuntos del orden del día. O sea, viene a la mente el asunto de Inmecafé, por ejemplo, que cinco o seis y hasta siete veces entró y salió de un orden del día y nadie dijo nada y volvía a entrar al otro día. No ha pasado absolutamente nada.
Entonces, señores, yo creo que lo que procede es que entremos ya de lleno a nuestra sesión del día de hoy y el Presidente consulte a la Asamblea, de conformidad con la fracción I del artículo 30, en virtud de que se cumplieron con todos los ordenamientos, si es de aprobarse o no el acta correspondiente, que desde luego debemos de aprobar todos nosotros. Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que proceda, en los términos de la fracción I del artículo 30, de la aprobación del acta.
El secretario Jorge Sánchez Muñoz:
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
ESTADO DE MÉXICO
El Presidente:
En consecuencia, tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para comentar el desalojo de colonos en Naucalpan, Estado de México.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Una vez que se ha repuesto el procedimiento, acudo a la tribuna para hacer una denuncia en contra de las autoridades del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, por atropellos y agravios cometidos en contra de 22 familias que habitaban el predio de la parcela 13, de la ex hacienda de Santa Mónica, en el mismo municipio. Y digo que habitaban, porque han sido desalojados con todo lo que significa el atropello y el abuso del poder, la impunidad desde el poder, descuidando en todo momento las recomendaciones que se hicieron desde la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Gestoría y Quejas, que preside nuestra compañera diputada María Esther Scherman.
Quiero hacer un poco de historia. El pasado 3 de junio yo acudí a esta tribuna a hacer una denuncia sobre una injusticia que se estaba cometiendo por parte de las autoridades del municipio de Tlalnepantla en contra de estas familias.
El problema de desalojo en este caso no se da por ser un pleito entre particulares, que finalmente el derecho mexicano siempre resuelve a favor de la propiedad y finalmente la gente está, de alguna manera se tiene que apegar a esta normatividad. En este caso no se trata de un asunto entre particulares, éste es un problema, yo tengo mis sospechas fundadas, de corrupción en el municipio.
Este predio es habitado por estas 22 familias desde hace 11 años en el municipio, es un predio que se encuentra enclavado en la zona residencial de Tlalnepantla, a un ladito del campo de golf de Lomas Verdes, es un lugar donde el valor del suelo es altísimo, donde existe pura vivienda para la clase media-alta y clase alta. Sin embargo, estas familias habitaban en este predio porque este predio se encontraba en una situación irregular y un cacique, de los que abundan, los caciques urbanos, les dio posesión y les estuvo cobrando durante años una cuota a los habitantes del mismo predio, a estas 22 familias a las que me refiero, una cuota con la finalidad de ir pagando este terreno.
El municipio se dio cuenta, las autoridades municipales encabezadas por el presidente Rodríguez Lugo, Joaquín Rodríguez Lugo, se dan cuenta de esta situación de este terreno, lo adquieren, desarrollan un proyecto desde el ayuntamiento para vivienda media-alta y compran el terreno a sabiendas de que está ocupado por 22 familias, 22 familias pobres, 22 familias humildes, familias damnificadas de la política económica que se implementa desde el Gobierno, gente que escasamente puede expresarse en español, gente que tiene que acudir a las concentraciones urbanas en busca de empleo y se asientan de manera legítima dado que alguien les da posesión y que ellos pagan una cuota por habitar en el terreno.
Las autoridades municipales, con dolo, se hacen propietarios del terreno y sin ningún miramiento intentan desalojar a las personas que lo habitan sin que medie en esta ocasión orden judicial alguna.
Nosotros presentamos esta denuncia el 3 de junio, la Cámara de Diputados se comprometió, desde la Comisión de Gestoría y Quejas, se turnó el asunto a esta Comisión y la Comisión hizo el seguimiento pertinente para evitar que se cometiera una injusticia en contra de estas familias. Era obvio, como lo decíamos en aquella ocasión, que estas familias no podían pagar este suelo debido al alto costo que tiene la zona; sin embargo se estaban peleando por una reubicación justa, una reubicación justa. La Comisión de Gestoría y Quejas envió varios oficios, los tengo en mis manos, a las autoridades del municipio, aquí tenemos tres oficios que fueron enviados por la propia Cámara, por la Comisión de Gestoría y Quejas, al presidente municipal y a otras autoridades, donde la Comisión de Gestoría y Quejas señalaba el interés que tenía la Cámara por conocer más detalles del problema para poder intervenir y resolverlo.
Paralelamente a este trabajo que se hacía desde la Comisión, establecimos negociaciones con las autoridades del Estado de México, tuvimos reuniones con el pasado gobernador, el licenciado Pichardo Pagaza, él se mostraba sorprendido de que un asunto de esta naturaleza no se pudiera resolver de manera expedita, se comprometió a que en un mes a más tardar, estas familias estarían reubicadas en un lugar acorde a sus necesidades y a sus posibilidades económicas y siempre buscando el acuerdo mediante el diálogo con las familias afectadas.
Les estoy hablando del veinti y tantos de junio, vino luego el Proceso Electoral en el Estado de México, nadie se volvió a acordar de los problemas de esta gente, estaban muy ocupados en la campaña, no se acordaron que había este compromiso, cambiaron los poderes en el Estado, nuevas autoridades y otra vez a iniciar las cosas como si nunca hubiéramos empezado nada y como si desde la Cámara no se hubieran tomado ya las medidas pertinentes.
Hay una contestación por parte del ayuntamiento a la Comisión donde de manera dolosa el actual presidente municipal, el que acaba supuestamente de ganar las elecciones, es el que está realizando también de alguna manera el desalojo, Arturo Ugalde Meneses, donde manifiesta a la Comisión que los habitantes del predio que he mencionado, se han negado a llegar a un acuerdo, donde manifiesta que hay resistencia por parte de los colonos para acordar.
Las autoridades del municipio de Tlanepantla desde que compraron el terreno, a pesar de que hicimos las denuncias, nuestra intervención de otros diputados y de la gente de la propia comunidad en donde habitan las familias, siempre se mantuvieron con la determinación de que ese problema no iba a ser resuelto desde ahí. Por eso fue necesario que intervinieran las autoridades del Estado, porque desde el municipio siempre existió la prepotencia que no se iba a resolver nada y siempre estaba presente la amenaza de Rodríguez Lugo de que los iba a desalojar y que no iba a dejar el ayuntamiento sin antes sacarlos de ese predio, a esos indios mugrosos que estaban habitando un lugar que no les correspondía y con esas palabras, con esa prepotencia de una autoridad que pasando por alto todo lo que significa la obligación de una autoridad desde el municipio más modesto, de velar por los intereses de los habitantes del territorio que se gobierna, pasando por alto todo esto y anteponiendo su interés personal porque éste es un terreno adquirido por las propias autoridades para desarrollar un proyecto, pasando por encima de los intereses de esta gente tan pobres y que han sido tratadas de manera injusta.
El día que estaba presentando su último informe de Gobierno, el día 15 de diciembre, a las dos y media, mientras él estaba hablando en la sala de cabildos, presentando su informe, a la misma hora mandó a los granaderos y a las máquinas a desalojar a la gente. Les destruyeron sus pertenencias, lo poco que tenían, les robaron sus cosas, ya sabemos como actúa la fuerza pública en estos casos, su dinero, sus escasos ahorros, las pequeñas propiedades, qué sé yo, no sé, lo que sea, pero era lo único que tenían.
Llegaron con las máquinas, destruyeron todo, un acto de prepotencia, de impunidad de la propia autoridad en contra de mexicanos que necesitan su respaldo, y los echaron a la calle. ¡Ni la navidad les perdonaron!
Ahora sí que a la calle en pleno diciembre y no le importó a Rodríguez Lugo, lo único que le interesaba era salvaguardar su interés y no dejar manchada su reputación de prepotencia en el municipio.
El que queda como presidente municipal es otra gente de su grupo. Es lo mismo, es la misma cosa; la gente está en la calle; ha tenido que venir a manifestarse afuera de la Cámara, se han traído sus cosas, no tienen a dónde ir.
Ahora sí que no es un plantón demandando solución de otro problema que también es válido y legítimo, sino aquí se está peleando por la subsistencia misma, no hay manera de que la gente se reubique porque no hay a dónde ir. Este es un caso, compañeros diputados, yo estoy apelando a la sensibilidad de ustedes y en este tiempo, particularmente, para que coadyuvemos a que se solucione hoy mismo; no puede ser que lo dejemos otra vez a los trámites.
Han intervenido, ciertamente quiero reconocer, mi compañero diputado Ordorica, el coordinador de los diputados del Estado de México para que juntos podamos resolver este problema. Estamos viendo las alternativas, pero yo hago la denuncia para resolver el problema de las familias, pero sobre todo para tratar de evitar que este tipo de actos se repitan. ¿Por qué si podemos resolver las cosas de otra manera, por qué sigue siendo la prepotencia el camino para que lleguemos a abordar los problemas particulares de la gente?
No puede esta impunidad, así sea un municipio y así sea el municipio más modesto del país, la autoridad tiene un compromiso con el pueblo que jura cuando toma posesión del cargo; en este caso se ha violado y se ha violado de manera reiterada. No puede ser que en México siga prevaleciendo la cultura de la prepotencia, la cultura de la impunidad desde el poder en agravio de los mexicanos.
Yo he retomado este punto el día de hoy por ser un asunto de la Cámara, por ser un asunto que ya lo estaba trabando la Comisión de Gestoría y Quejas y por ser un asunto que fue desoído desde el municipio, desde el ayuntamiento y que se actuó de esta manera. Yo exijo aquí, a nombre de esas familias, a nombre de mi partido y de muchos diputados que están interesados en resolver el problema, que se resuelva y que se resuelva hoy mismo, no podemos esperar un día más, estamos en una situación muy complicada, por lo menos demos la posibilidad a estas familias de que puedan pasar la navidad en un techo seguro. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Benigno López Mateos para el mismo tema.
El diputado José Benigno López Mateos:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
En razón a los comentarios vertidos en esta tribuna por la compañera diputada Patricia Ruiz, conviene hacer algunas puntualizaciones acerca de lo que ella aquí expresó.
Una primera puntualización es en el sentido de que con fecha 21 de febrero de 1989, el honorable ayuntamiento del municipio de Tlalnepantla de Baz adquirió la totalidad del inmueble denominado "la parcela número 13", del fraccionamiento de la ex hacienda de Santa Mónica y que se encuentra bajo la escritura 7204, volumen 14.
Una segunda puntualización sería que los ocupantes que de manera ilegal entraron en posesión del predio ya mencionado, declararon que desde hace aproximadamente nueve años y mediante engaños de parte de los señores Rosalío, Felipe y Chano, de apellidos todos Torres Vilchis, les dieron la posesión del predio de referencia, es decir "la parcela número 13" de la ex hacienda de Santa Mónica.
Tercera puntualización. Con fecha 3 de febrero del presente año, se firmó un convenio para que se desocupara este predio de manera pacífica.
Cuarto. El día 7 de julio de este año, el honorable ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz requirió, en los términos previamente convenidos de desocupación, y dando solamente a este llamado cumplimiento las siguientes personas: la señora Hilda López Martínez, Cecilia Sánchez Ramírez, Margarita Santoyo López, Genaro Pantoja Medina y Bartolo Villegas Guerrero.
Y con fecha 7 de septiembre, una vez más el honorable ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
demandó, en la vía civil, el juicio ordinario sobre cumplimiento de convenio de desocupación, y en aquel entonces las personas demandadas fueron la señora Hermelinda Hernández Hernández, Magdaleno Hernández Mata, Angel Ortiz Hernández, Apolonia González Arroyo y José López Hernández, quienes detentaban las viviendas tres, cuatro, cinco, siete y nueve respectivamente.
Como consecuencia de la demanda interpuesta por la autoridad municipal y que quedó registrada bajo el número 1149/93, en el juzgado segundo de lo civil con residencia en el mismo municipio de Tlalnepantla, se ejecutó por mandato judicial el desalojo correspondiente y asimismo se hizo entrega al legítimo propietario del predio.
Con fecha 17 de diciembre y a convocatoria de la dirección general de Gobernación, se celebró una reunión en las oficinas de la subdirección de Gobernación, región dos, con sede en Naucalpan, México, donde participaron el licenciado Julio César Martínez Becerra, subdirector jurídico de Cresem, Comisión Para la Regulación de Suelo en el Estado de México; el licenciado José Ortiz González, delegado de Cresem, zona Chiconautla, Ecatepec, México; el doctor Sergio Rojas Andersen, subdirector de Gobernación, como representante del gobierno del Estado de México; la señora Hermelinda Hernández Hernández, en nombre de las 22 familias afectadas, a quien se le ha brindado, entre paréntesis, toda la atención posible para apoyarle en la gestión referente a la obtención de un lote de terreno y en calidad de observadores participaron en esta reunión la compañera diputada Patricia Ruiz y el licenciado Alfonso Bernal Rendón, asesor jurídico de la unión de colonias populares del municipio de Tlalnepantla.
En esta reunión se trataron fundamentalmente los siguientes aspectos: primero, asistieron de las 22 familias afectadas 12 solamente. Se elaboró y se corroboró el padrón de las 22 familias afectas o interesadas. La autoridades concretamente de Cresem sometieron a consideración de las personas interesadas o afectadas una oferta, una oferta que consiste en lo siguiente: Se propone asentar de manera integral a las 22 familias en las manzanas cuatro y siete del predio denominado Atlautenco en el municipio de Tecama, México. Estos lotes, estos terrenos cuentan con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados cada uno y contienen ya los servicios de agua y de drenaje.
Se les informó también a los interesados del costo, en donde cada terreno cuesta 9 mil nuevos pesos. Se invitó por parte de las personas que participaron en esta reunión para que la totalidad de las personas interesadas acudieran a conocer el predio de referencia. Esto ya se hizo.
De ahí compañeras y compañeros diputados, que en razón a los comentarios que aquí se virtieron en el sentido de atropellos y de agravios en contra de 22 familias, creo que con las puntualizaciones que hemos aquí expresado, la Asamblea tiene elementos de juicio amplios para que pueda normar un criterio real de lo que en este momento está aconteciendo.
Sin embargo, ante éste y ante muchos problemas, para que se puedan encontrar alternativas de solución, para que se puedan resolver problemas que la comunidad de alguna manera plantea, se requiere inevitablemente que haya voluntad por parte obviamente de la autoridad, como el caso particular lo ha venido demostrando de manera permanente el Gobierno del Estado y el ayuntamiento del municipio de Tlalnepantla de Baz, pero también se requiere que haya voluntad por parte de los interesados o parte de los afectados. De ahí que yo me permito invitar a la compañera Patricia Ruiz, en el carácter que tiene de asesora de estas 22 familias, para que hagan en verdad una reflexión seria acerca de esta propuesta que el Gobierno del Estado les ha expresado, y expresen sus puntos de vista al respecto, porque insisto, los canales de comunicación, los canales de atención han estado permanentemente abiertos, no solamente a ese tipo de problemas, sino a otros muchos más.
De ahí que insisto, quisiera terminar nuestra intervención invitando a las 22 familias, pero de manera muy particular a la compañera Patricia Ruiz, para que se analice la propuesta que el Gobierno del Estado, de manera seria hizo hace muy pocos días, y ojalá este problema se pudiera terminar para beneficio de las 22 familias afectadas. Gracias.
El Presidente:
La diputada Ruiz Anchondo, para rectificar hechos.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Muy brevemente para precisar las precisiones que me ha hecho mi compañero diputado, las autoridades del municipio, ni las
autoridades del Estado de México han intervenido hasta después del día 15, desde junio que le estoy hablando de la reunión que tuvimos con Pichardo Pagaza, que sí intentó intervenir y delegó funciones ahí a varias personas, funcionarios de su gobierno, que nunca se acataron porque el proceso electoral obscurecía todo lo demás. Ya nadie se volvió acordar de la gente. Vuelven a intervenir a raíz de que la gente es desalojada y a raíz de que la gente viene y se planta aquí afuera de la Cámara. ¿Y qué bueno que están interviniendo? ¿Qué bueno ¿La gente necesita una solución. Estamos viendo, como yo lo dije también, varias alternativas, no sólo la alternativa que ofrece el Gobierno del Estado. ¿Por qué? Los están enviando de Tlalnepantla hasta municipio de Tecama, el municipio de Tecama queda horas de los lugares de trabajo de esta propia gente, donde están los niños en la escuela. Es todo un problema porque la gente está arraigada en el lugar. Estamos viendo posibilidades de que se les reubique en una colonia popular pero cerca de la zona. Todas esas alternativas las estamos viendo.
No se descarta, hay voluntad política, hay voluntad por parte de los afectados. Yo no soy su asesora, soy representante popular, estoy representando sus intereses en esta Cámara y ante las autoridades.
Bueno, yo quisiera solicitar al señor Presidente de la Cámara que la Comisión de Gestoría y Quejas intervenga nuevamente para que mediando sus buenos oficios se le dé a la brevedad posible la solución definitiva a este problema. Muchas gracias.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL DERECHO DE INTERPRETE
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Silvia Pinal Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer comentarios sobre la reunión de la OMPI.
La diputada Silvia Pinal Hidalgo:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Ya en otras ocasiones he tenido el honor de presentarme en esta tribuna para hablar sobre la problemática de los derechos de los intérpretes.
Ustedes saben que como presidenta de la agrupación que presido, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), me he abocado en el campo internacional a buscar un mayor reconocimiento a los derechos de los actores y de los músicos ejecutantes, sobre todo cuando este derecho de intérprete, análogo o vecino al derecho de autor, desgraciadamente aún no es reconocido en muchos países del mundo, pese que dentro de la evolución y progreso de las llamadas industrias culturales, los autores, a quienes comunicamos sus obras a través de nuestro especial arte escénico y nuestro talento, somos la base, la materia prima lógica para que el arte y el divertimiento lleguen a millones de personas en diferentes puntos del orbe y muchas veces en forma simultánea, gracias a los portentosos avances tecnológicos en la comunicación que todos conocemos.
Encabezando este movimiento internacional, apoyamos e impulsamos una Federación Latinoamericana de Intérpretes o Ejecutantes, a la cual en su momento se adhirió España. Antes de esto se llamaba "FLAI", al entrar España le pusimos "FILAIE".
Nos acercamos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a la OMPI, que hoy por hoy es el organismo internacional en materia de propiedad intelectual más importante del mundo, para que en su seno se estudiara la problemática del artista-intérprete y sus derechos.
Es así que en cumplimiento de la decisión adoptada por la Asamblea y la conferencia de Representantes de la Unión de Berna, del 29 de septiembre de 1992, y por invitación del director general de la OMPI, del 28 de junio al 2 de julio de este año, se celebró una primera reunión de expertos y posteriormente, del 8 al 12 de diciembre de este año, tuvo lugar en la sede de este organismo, en la IMPI, en Ginebra, Suiza, la segunda sesión del Comité de Expertos, sobre un posible instrumento para la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonograma, en la cual participé, como parte de nuestra delegación mexicana, y también con el carácter de vicepresidenta de la FILAIE.
En esta importante reunión, de la que ahora doy cuenta de modo breve, los países participantes se pronunciaron en favor de este instrumento, en el cual quedarán claramente delineados los derechos de los artistas intérpretes, de los productores de fonogramas.
Entre los temas abordados señalé los derechos de información al público y de interpretación
o ejecución pública; la remuneración por reproducción privada, los derechos morales de los artistas, intérpretes o ejecutantes; el ejercicio y la transferibilidad de los derechos económicos, punto éste, en que se destacó que la referencia a la libertad contractual no se justificaba plenamente si no se indicaba la conveniencia de restringir tal libertad de las leyes nacionales y ofrecer garantías a los países.
Empezando con todos los artistas, intérpretes o ejecutantes que se encontraban en una posición desventajosa, a este respecto quiero remarcar que nuestra legislación en materia de derechos de autor es de orden público y se considera de interés social, lo que refleja el sentido evolucionado de nuestra Ley, que data de 1973.
También se abordó el tema del trato nacional, punto difícil en el ámbito internacional, precisamente por la falta de reconocimiento de los derechos de artistas e intérpretes en varios países. Así, este tema ha quedado pendiente para futuras sesiones.
En lo personal, me inclino más a sustentar el principio internacional de la reciprocidad, habida cuenta de que en México los derechos de los artistas están reconocidos y en operación.
Debo destacar que este instrumento que se pretende va más allá de una Ley tipo, de un simple modelo a adoptar por aquellos países que no tengan legislación en esta materia.
Este instrumento aspira a tener jerarquía internacional y a contemplar la problemática de los artistas e intérpretes, este problema que enfrentan ante la nueva tecnología. El tratado que contemplaba estos derechos, que es la Convención de Roma de 1971, para la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, ya resulta en muchos aspectos inoperante, ante las nuevas situaciones que plantea la comunicación masiva, apoyada por la tecnología, como el satélite, la computadora, los sistemas digitales y los portentosos mecanismos de producción.
Y quiero apuntar aquí que, la Convención de Roma jamás ha sido revisada desde su aparición, pese a que en los últimos 30 años la evolución tecnológica ha sido impresionante.
Este instrumento, y vale la pena ratificarlo, no pretende afectar en nada, en modo alguno, los derechos de los autores de cuyas obras nos nutrimos los artistas intérpretes, para llevar nuestro arte interpretativo al público. Jamás podremos estar en conflicto con los autores; estaremos siempre al lado de ellos, para luchar por el reconocimiento y el válido ejercicio de nuestros derechos.
Nuestro sistema legislativo actual no debe perder de vista que nuestro país adelanta hacia el progreso y tiene acceso ya a la alta tecnología. Se debe ver con atención esa evolución tecnológica en la comunicación, que lleva cultura y esparcimiento a miles de millones de personas.
Así, en los últimos tiempos, ha surgido una nueva Ley Federal de Cinematografía, que es acorde con las necesidades actuales de una industria tan importante para nosotros, como es la cinematografía.
Pero también hace falta la necesidad de una reforma a fondo de la legislación en materia de radio y televisión, e incluso la legislación en materia de derechos de autor, legislación esta última que ha sufrido algunas reformas parciales para adecuar algunos aspectos.
Esta Ley ya presenta lagunas y carece de un reglamento efectivo, que permita dar mayor agilidad a la defensa de los derechos de los autores y de los artistas intérpretes, así como a aquéllos de quienes lícitamente difunden y explotan esas obras e interpretaciones.
Finalmente, quiero pedir a ustedes, compañeros, se involucren en esta aspiración legítima de los creadores, de los actores, de los músicos ejecutantes, para que sus derechos sean debidamente reconocidos y justamente recompensados, máxime que el producto de su quehacer intelectual y artístico es explotado en forma ilimitada en todo el orbe, sin que exista una adecuada remuneración por parte de quienes utilizan esas obras e interpretaciones: Las industrias culturales.
Hay que pugnar por este justo reconocimiento a autores y artistas, en este mundo tan necesitado de obras que eleven el espíritu, que den solaz esparcimiento, y que alejen al ser humano de un mundo dominado por la tecnología y en donde impere la frialdad de la máquina y no el espíritu creativo del hombre. Muchísimas gracias y feliz Navidad para todos.
El Presidente:
Gracias, diputada Silvia Pinal.
ESTADO DE YUCATÁN
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre Yucatán.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente.
Traemos una vez más a esta tribuna el asunto de la situación política poselectoral en Yucatán por considerarla de interés nacional. El día 18 de este mes, en la sesión correspondiente, la diputada María Esther Scherman Leaño terminó su intervención haciendo la siguiente pregunta: ¿Quiénes quieren repetir en Mérida el suceso de Guanajuato?
El diputado Jorge Mendicuti Pavón terminó su intervención de la misma sesión con la afirmación siguiente: señores diputados, las graciosas concepciones se han acabado, el PRI ha triunfado.
El tema de esta intervención podría ser la pena que deben tener hoy ambos compañeros diputados o la pena que podrían tener y que han tenido muchos diputados del PRI cuando han afirmado y resuelto asuntos en esta Cámara y posteriormente han tenido que dar marcha atrás en las palabras y en los votos cuando el señor de Los Pinos determina una cosa distinta.
Sin embargo, ése no será el tema de la intervención. Tampoco será el tema el hecho de que ni María Esther Scherman ni Mendicuti vinieron a esta tribuna aceptando nuestra invitación para explicar las razones que llevaron a que según su opinión y desde su punto de vista hubiera concesiones en Guanajuato y en otros estados y municipios del país.
Hubiera sido muy ilustrativo para esta Asamblea y para el pueblo de México, que nos explicaran de dónde provino la eficacia de la presión que llevó a Ramón Aguirre a renunciar, aún después de que el Colegio Electoral había determinado que él era el legítimo gobernador de Guanajuato. Que nos explicara por qué razón en Guanajuato no se optó por hacer gobernador al candidato que había obtenido el segundo lugar en votos. ¿Por qué razones en otros estados en donde ha habido conflictos de similar gravedad, no se ha optado por estimular, por poner en práctica soluciones que permitieran la asunción al poder de fuerzas distintas a las oficiales? ¿Por qué en concreto en Michoacán, la segunda fuerza, o el candidato que sacó según las cifras oficiales, el segundo lugar, no fue aceptado como el gobernador del Estado de Michoacán?
Sería también importante que nos hubieran explicado, decíamos el día 18, las evaluaciones políticas que había en el seno del Gobierno para señalar que antes sí había concesiones y ahora no.
Es pertinente actualizar hoy algunas preguntas a la luz de los acontecimientos. Las preguntas actualizadas que quisiéramos que se nos respondiera serán la conclusión de mi intervención.
Por lo pronto diré que igual que el día 18, hoy nosotros reiteramos nuestra preocupación porque a nuestro juicio siguen existiendo, siguen prevaleciendo las condiciones que hacen posible que ocurran este tipo de hechos que debieran avergonzar a todos los mexicanos, a todos los políticos, independientemente del partido en que militan.
Hemos abundado mucho acerca de la necesidad que hoy tiene la nación mexicana de transitar hacia un acuerdo político que elimine tales condiciones, que elimine, en concreto, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo mexicano para obligar a que existan soluciones políticas a los conflictos según sus conveniencias, poniendo en la total inseguridad jurídica e indefensión política a todas las fuerzas, a los partidos políticos y aún, a los propios candidatos del Partido Revolucionario Institucional.
La información de los acontecimientos de los últimos días nos lleva a concluir, sin lugar a dudas, que la presión que obligó al candidato priísta, presunto ganador de la alcaldía de Mérida, provino del mismo centro político que presionó a Ramón Aguirre para renunciar. Es muy significativo, incluso, que estando el Ejecutivo de la Unión en Japón, acompañado también por el director del periódico Ovaciones fuera este periódico el que se adelantara a todos los demás para que en la tarde del día de antier desplegara la información de que el ayuntamiento de Mérida iba a manos del PAN; aún antes de que el propio Orlando Paredes hubiera presentado el escrito de renuncia a nombre de su ayuntamiento.
Está claro para cualquiera que se pusiera a investigar de dónde provinieron las decisiones fundamentales, que esta decisión provino de Japón, provino del Presidente de la República. Es
evidente que no se necesita hacer en este país ninguna investigación para llegar a esa conclusión. Eso lo sabemos todos los políticos y lo sabe todo el pueblo de México, y eso es lo inaceptable, porque estamos transitando con una rapidez que nos debiera aterrar hacia un régimen monárquico en los hechos.
Nosotros creemos que los demócratas de México y me refiero también a los del PRI, aun aquellos que aceptaron sin decir una palabra la decisión del Presidente acerca de su candidato presidencial, creemos que hay que llamar hasta a estos diputados del PRI, a los demócratas que todavía existan, a que levanten su voz y a que actúen consecuentemente para que las condiciones que permiten al Presidente de la República decidir todos estos asuntos que debieran ser decisiones del pueblo de México, terminen una vez por todas antes de que en agosto del año que entra ocurra una tragedia en este país.
En las intervenciones de María Esther Scherman y de Mendicuti afirmaban que el PRI había ganado, no aceptaban lo que es evidente, que hubo fraude, que hubo una actuación ilegal del poder del Estado, que se hizo uso ilegítimo de los recursos públicos para apoyar a sus candidatos, no sólo en Mérida, sino en muchos otros municipios de ese Estado, igual que lo han hecho en otros estados de la República.
Nos parece muy lamentable que aún en estos momentos el PRI siga sin aceptar que allá hubo fraude y entonces presentan la situación actual como otra concesión a un partido que protesta, a un partido que denuncia.
Nos parece muy preocupante porque nos permite sacar la conclusión de que dentro de las filas del PRI están en la lógica de hacer concesiones menores para permitir sacar lo principal que es la elección presidencial del año que entra, sin hacer ninguna concesión.
Yo creo que se equivocan los que están en esa lógica, porque si no pueden imponer la solución priísta en Mérida, la solución de un gobernante priísta en Mérida, tampoco van a poder sacar la elección presidencial del año que entra.
No debiera prevalecer tal lógica. La lógica correcta que a mi juicio debiera prevalecer, es la de que el régimen político, el régimen electoral está en crisis; que lo de Mérida, Yucatán y lo de otros municipios de Yucatán, sumado a la situación conflictiva en Guerrero; sumado a la situación en Nayarit; a la situación en Hidalgo; al agravio que sienten los guanajuatenses, los michoacanos, a los que no se les permite elegir a sus gobernadores; todo esto no es más que el conjunto de piezas que demuestran la existencia de una grave crisis que no se va a resolver ni con leyes que permitan una mayor represión, ni con preparativos para que las fuerzas públicas tengan mayor eficacia para reprimir la protesta política, ni con concesiones en ningún espacio particular.
La solución de raíz, diputados, es la de llegar a los acuerdos políticos que nos permitan ir a la elección de 1994 en condiciones que permitan que el pueblo crea los resultados de esa elección; que los partidos estén seguros de que el voto popular es el que determina quien gana y quien pierde.
Ciertamente las condiciones en que estamos hoy iniciando el proceso electoral de 1994, no son las condiciones que permitan prever que esto va a ocurrir el 21 de agosto del año que entra.
Y yo creo que los partidos políticos, que los políticos responsables tenemos que hacernos cargo de cambiar tales condiciones y hacernos cargo hoy, antes de que sea tarde. No basta lamentarse. Y lo digo a los senadores y diputados yucatecos del PRI, igual que antes se lamentaron los de Guanajuato o los que antes se quejaron en otros estados de la República. No basta eso.
Y yo creo que los señores del PAN, tampoco se conforman con que les entreguen Mérida. El asunto no está resuelto, el asunto principal.
Creo que los diputados, los candidatos del PRI y de todos los partidos, debieran alzar su voz para exigir ese gran acuerdo que tenga que ver desde cuestiones particulares sobre cuando son las elecciones extraordinarias en Guanajuato y en Michoacán. Eso es indispensable. Eso es muy importante.
Desde quiénes van a conducir la elección de 1994, todo el proceso. Hemos señalado que no creemos en la imparcialidad de los órganos electorales actuales y que así como fueron totalmente rebasados los acuerdos de los órganos electorales en Yucatán, al paso que vamos, todos los acuerdos de los órganos electorales federales en agosto de 1994, van a ser también rebasados si no se pone remedio antes. Ya lo hemos señalado, en este país hay ciudadanos que merecen la confianza de todos los partidos políticos.
Vayamos a la búsqueda de un acuerdo en relación con eso; no sólo para componer, para integrar el IFE, sino para integrar los consejos locales y los consejos distritales.
También lo hemos señalado, reiterado una y mil veces: el Gobierno ya inició su campaña de Estado poniendo al servicio del candidato del Gobierno y de su partido, todos los recursos de Pronasol; la estructura, la hemos visto actuar ya aquí en el Distrito Federal. No es de ningún modo la estructura del priísmo anterior la que está actuando, apoyando los primeros actos de Colosio aquí en el Distrito Federal. Es la estructura propia del Estado, en concreto la que creó a través del Programa de Solidaridad, la que ya está actuando. No van a poder esconder eso y no van a evitar que eso se esté denunciando una y otra vez en todas las esferas de la vida nacional y también en las instancias del extranjero.
Hemos propuesto, lo ha hecho nuestro candidato presidencial, que haya un acuerdo explícito, concreto, acerca de los operadores de los programas como el de Solidaridad y el Procampo.
No vamos a permitir de ningún modo que eso sea la palanca principal de la campaña priísta; que quede perfectamente claro.
Por último, quisiera señalar, compañeras y compañeros diputados, que el PRD ha dicho que dadas las condiciones en que se celebró la elección en Yucatán, y dado el nivel de la votación recibida en apoyo a distintos candidatos, hemos dicho que según nuestro juicio, el Partido Acción Nacional ganó. Eso no lo ponemos en duda; pero sostenemos que es un error y sería un gravísimo error que se admitiera la solución que el PRI está instrumentando en Yucatán, a cambio de no ir hacia este gran acuerdo que resuelva el asunto del problema político de este país de raíz y en vías en vistas del proceso electoral de 1994.
Planteamos, pues, que la enseñanza de Yucatán, que la gravedad de la situación social, política y económica de nuestro país obligan a que seamos cautos y responsables.
Que nadie crea que lo espeluznante de la foto que hoy nos presenta en primera plana un diario de esta Ciudad es un asunto aislado del pasado; es un problema que nos enseña cómo el pueblo mexicano contiene gérmenes que se pueden desarrollar y que pueden llevar a que aquí haya una verdadera tragedia nacional el año que entra.
Nosotros, pues, llamamos a los priístas inconformes con esa decisión, a que no se vayan con la finta de que todo se resolvería si en el PRI volvieran a campear las posiciones autoritarias y de carro completo. Eso sólo agudiza los problemas.
¡Llamamos a todas las fuerzas políticas, especialmente al PAN, para que con decisión defendamos los triunfos de todas las fuerzas políticas en todos los estados de la República y en todos los municipios; pero especialmente a que unamos esfuerzos para encontrar el acuerdo con el Gobierno, con su candidato, que nos permita, en los primeros meses del año que entra, iniciar las campañas en condiciones distintas! Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Emilio Becerra González, para tratar sobre el mismo tema.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hoy asistimos a la continuación y confío yo en que a la conclusión de los debates que en esta misma tribuna se han dado sobre las elecciones del Estado de Yucatán.
Hay algo que a un observador foráneo le parecería preocupante, por no decir que sospechoso: ¡que los protagonistas de los anteriores debates, ahora están en silencio! ¡No puede ser que la conclusión de un debate tan álgido, tan denodado, con tanta pasión por la verdad y por la legalidad, vaya a terminar sin una participación de quienes dieron origen a estos debates!
La elección de Mérida, al parecer, de manera "paralegal", por decirlo de algún modo, concluye con la renuncia, fechada el día 20 de noviembre del abogado Orlando Paredes Lara, que aquí tengo y que desde luego ya de entrada tiene un primer problema legal, porque dice: "Al pueblo de Mérida y a los priístas de Yucatán y de México". Es una renuncia pública; no ante un órgano determinado de la autoridad.
Y hay cosas en esta renuncia que son de reflexionar. Yo me voy a permitir leer tres párrafos que considero importantes en la renuncia, porque en ellos se refiere a tres temas fundamentales.
Primero, al juicio del candidato renunciante sobre el Partido Acción Nacional.
Después a su opinión sobre la intervención del centro en los asuntos de los estados.
Y finalmente a las causas de su renuncia.
Quiero que quede bien claro que estoy leyendo lo que el señor dice, no mi opinión que después voy a expresarla.
El dice, en la página tres de su renuncia: "Es sabido nacionalmente que la actual dirigencia nacional del PAN ha hecho de las concertasiones una vía privilegiada para el logro de posiciones y para la imposición de criterios que de manera lógica e institucional no debería alcanzar".
Y más adelante dice: "La actitud asumida por el panismo nacional en el caso de Mérida, dice mucho sobre los triunfos entre comillas obtenidos en los últimos años a lo largo y ancho del país y refuerza la preocupación sobre el comportamiento futuro de dicho partido al ver canceladas sus expectativas de avance por esta vía", concluye la cita respecto al Partido Acción Nacional, al juicio que de él hace el candidato "ganador y renunciante".
En la página cinco de su renuncia también emite una opinión respecto al centro y dice que cuando propusieron el cambio electoral sobre Yucatán se argumentaba que los tiempos nacionales interferían en la vida local y generaban situaciones contrarias a los intereses de Yucatán, cuyo origen se ubicaba fuera de nuestro Estado; lo que ha ocurrido en las últimas semanas confirma absoluta y cabalmente los considerandos del priísmo yucateco.
Y luego, más adelante dice: " Las elecciones de Mérida se han convertido en centro de la controversia y de las maniobras nacionales y la voluntad de los meridanos está en calidad de rehén de fuerzas, partidos y candidatos a nivel nacional".
Y en la última parte de su documento, en relación con su renuncia dice: "Planteamos al pueblo de Mérida insisto, no dice al Congreso de Yucatán,... al pueblo de Mérida y muy especialmente a quienes confiaron en nosotros y nos dieron su voto, la conveniencia de renunciar a la alcaldía de Mérida, de renunciar al derecho y a la obligación de ocupar el cabildo. Nuestra renuncia busca evitar que el buen nombre de nuestro país sea cuestionado en el extranjero en estos momentos vitales de su desarrollo económico y político, al convertirse en pasto de los afanes protagónicos de la dirigencia nacional del PAN, que pretende ver satisfechos sus intereses personales, aun poniendo en entredicho el interés nacional. Asumimos nuestra renuncia como una retirada táctica, que nos permita reagrupar y mejorar nuestras fuerzas"; ahí concluye la cita del abogado Orlando Paredes, que renunció el día 20 de diciembre ante el pueblo de Mérida y los priístas de Yucatán y de México.
Y para que este corolario de los debates se entienda, me permito repetir el contexto de las definiciones e intervenciones finales de algunos distinguidos diputados del PRI en esta tribuna, hace..., el día 18 de diciembre.
Uno de ellos, el diputado José Mendicuti Pavón, terminó diciendo: "señores diputados: las graciosas concesiones se han acabado, el PRI ha triunfado".
El diputado Juan Ramiro Robledo, que habló mucho de legalidad de una manera no muy convincente, pero al fin y al cabo muy aplaudida por su bancada, concluyó diciendo así: "comprendemos cómo se pueden sentir ustedes por perder ahora por un poco más del doble de esos 600 votos, pero así es la democracia. Ha habido alternancia de poder en Mérida, hoy ganó la oposición en Mérida, ganó el Partido Revolucionario Institucional.
Y luego, la parte final del discurso de mi amiga y compañera María Esther Scherman, que dice así: "que la Ley y las autoridades resuelvan como ha resuelto ya el Tribunal Estatal Electoral y que la pasión desordenada no haga de lo difícil e irrenunciable que es la democracia, la califica como irrenunciable en lo que coincidimos, y de difícil, en lo que también coincidimos, una condena a lo imposible, que todo lo degrada" concluye diciendo: "¿quién quiere, quiénes quieren repetir en Mérida el suceso de Guanajuato"? y esta pregunta, este cuestionamiento fundamental es el que a mí me ha hecho venir a esta tribuna como guanajuatense y como preocupado de lo que sucede en Guanajuato, porque si estas preguntas quedan sin respuesta, no estaremos cumpliendo cabalmente con nuestra obligación de representantes populares y yo así, de manera urgente, encuentro algunas coincidencias y algunas divergencias en la forma en que se desarrolló y concluyó el proceso electoral en Guanajuato y en Mérida y voy a referirme a las coincidencias.
Como lo ha dicho nuestro Partido, como lo ha reiterado quien me antecedió en el uso de la palabra y como siempre lo afirmamos en Guanajuato y lo reiteramos ahora, en Guanajuato y en Mérida ganó el PAN, en Guanajuato y en Mérida las autoridades electorales le dieron el triunfo al PRI, en Guanajuato y en Mérida renunció el ganador oficial pero hasta ahí las coincidencias, luego vienen las divergencias.
En Guanajuato, ante la renuncia del ganador y en eso los guanajuatenses nos jactamos de ser respetuosos de la juridicidad y no en balde hubo una época en que el 60% de los ministros de la Corte eran guanajuatenses, ahí, aceptando la legalidad de la Constitución aun cuando torturándola, se impuso un interino, no así en Mérida, y en Guanajuato ese interinato es un interinato que subsiste. Yo he escuchado y hago causa común con los reclamos de legalidad del PAN, yo hasta la fecha no he escuchado reclamos de legalidad respecto al interinato indefinido y al parecer ad perpetuam de Guanajuato, esa situación no la podemos tolerar los guanajuatenses, es contraria a la Ley, es contraria sobre todo al sentir de los guanajuatenses, el pueblo de Guanajuato quiere, demanda y exige un Gobierno que tenga su origen en la voluntad popular, en Guanajuato acaba de concluir el período ordinario de sesiones y a pesar de organismos, de acuerdos y de convergencias, todavía no hay una nueva legalidad electoral, a pesar de que ése fue el compromiso primordial del gobernador interino, se puede decir que él no hace la Ley, pero tiene derecho de iniciativa y no ha enviado al Congreso una iniciativa de Ley; él puede decir que la Ley actual no es la adecuada, pero no conocemos cuál es la idea que él tiene de la legalidad transparente y sólo lo conoceremos cuando haga uso de ese derecho de iniciativa.
La mayoría del Congreso de Guanajuato es del Partido Revolucionario Institucional, esa mayoría tampoco ha hecho uso del derecho de iniciativa, tampoco parece estar interesada en poner fin al interinato en Guanajuato; el único partido que ha presentado una iniciativa de convocatoria a elecciones extraordinarias, es el Partido de la Revolución Democrática y esa iniciativa, a la manera que se hace aquí en el Congreso, está esperando que pasen 20 años para que después de 20 años digan como aquí, que es notoriamente improcedente.
Y desde luego, expuestas las coincidencias y divergencias, no se nos olviden también las cuentas pendientes, que un candidato presidencial dijo que esas cuentas no prescriben y en eso coincido con él. La primer cuenta pendiente es la legalidad; ante la renuncia del candidato ganador y ante la falta de claridad en la legalidad tanto en Guanajuato como en Mérida, está esa cuenta imprescriptible pendiente. Y otra cuenta pendiente, porque independientemente de ganadores o perdedores tanto en Guanajuato como en Mérida es incuestionable que perdió la democracia, la cuenta pendiente en ambos lugares es el respeto a la voluntad popular y la democracia ya como es el lema de nuestro partido.
Y aquí recuerdo yo el discurso de un gran jurista del partido oficial, mi amigo Juan José Rodríguez Prats, que el día de ayer, cuando se discutía sobre el debate electoral él hizo la separación muy acertada de política y legalidad, pero no se nos olvide que hay campos en que la política se rige por la legalidad y uno de esos campos es el proceso electoral, ahí la política necesariamente queda sujeta a la legalidad y cuando la política rebasa la legalidad se rompe el estado de derecho y se pone en riesgo la institucionalidad de la República; cuando el discurso de política y legalidad se cambia por el discurso de política y pragmatismo, en ese momento nos estamos acercando a la Ley de la Selva, a la simulación, al ataque a la soberanía popular y eso no hay quien lo pueda aceptar ni quien lo pueda resistir.
Y también en este corolario, no puedo menos yo que hacer un reconocimiento, ignoro eso sí, si sea a la premonición o al conocimiento interno tanto de María Esther Scherman como de Fernández Tomás, que dijo: "nosotros ganamos, pero si el día de mañana el Tribunal o el Colegio Electoral dice que ustedes ganaron, pues ni modo"; y María Esther cuando dice: "quiénes quieren repetir en Mérida el suceso de Guanajuato", quizá tenía una información que se guardó y que éste es el momento de que nos la dé a conocer, porque una de las intervenciones que ha tenido el mejor apoyo y la mayor aceptación a nivel tanto nacional como internacional, fue la de nuestro compañero Alvarez Garín cuando habló, sobre legislar respecto al derecho, a la información, porque la comisión de la verdad que el pueblo de México quiere, es la de ahora.
No, no queremos una comisión de la verdad de aquí a 25 años para que nos vengan a decir qué pasó en Mérida; nosotros queremos que ahora que los actores están vivos, que ahora que los actores están presentes, vengan a esta tribuna a darnos su versión, a convencernos y a decirnos su verdad, y yo exhorto a María Esther Scherman, que a menos que haya sucedido otro apagón, venga a decirnos cuál es su versión de quiénes querían que en Mérida se repitiera lo de Guanajuato, y también hago un llamado a mis amigos y paisanos de la bancada priísta que fueron actores y conocedores muy cercanos del proceso de Guanajuato, a que nos den su versión, en especial al coordinador guanajuatense, mi amigo el distinguido abogado y notario J. Guadalupe Enríquez; también al doctor Sánchez Leyva, que fue secretario general del Partido Revolucionario Institucional en la elección a gobernador de Guanajuato; también a mi amigo Paco Arroyo, que fue funcionario de
Gobernación y que fue líder de la CNOP en la elección de Guanajuato. Esta es la oportunidad para que ellos nos den su versión, porque la renuncia del abogado Paredes, como ustedes ven, parece no ser muy legal y no quiero yo entrar en la lectura de los artículos de la Constitución yucateca que regulan esto, simplemente voy a permitirme mencionarlos, son los artículos 30 en sus fracciones IV; 40, 43-bis, 44 y 45, en relación con el artículo 76 fracciones IV y VII.
No se puede hacer una renuncia a un puesto de elección popular sin causa justificada. Nosotros sabemos que especialmente la legislación de Yucatán es muy severa con los legisladores cuando aceptan renuncias que no están justificadas, al grado de que los hacen penalmente responsables si aceptan esas renuncias, y ahí está el caso de Dulce María, que renunció y no le aceptaron la renuncia por no violar la legalidad, aunque de alguna manera la están violando, porque si no le aceptan la renuncia y ella no está despachando como gobernadora, hay por ahí algún delito que habla de abandono de funciones públicas. Si ella es la gobernadora y no ha pedido licencia, el presupuesto penal ahí es incuestionable, si tiene fuero habrá que hacerle juicio político, la legalidad es toda la legalidad, no es solamente una parte de la legalidad.
Y aquí también quisiera yo referirme a mis amigos del PAN, que tienen algunos excelentes y extraordinarios juristas, que por favor nos explicaran, a la luz de los hechos de Mérida, cómo se justifica ante la legalidad que quien oficialmente perdió, asuma la presidencia de Mérida. No podemos ser pragmáticos cuando nos conviene y legalistas cuando nos conviene, tenemos que ser de una sola pieza, de lo contrario se corren muchos riesgos.
Quiero concluir diciendo: en Mérida ya hay un Ramón Aguirre, pero en Mérida no hay un Carlos Medina. Eso es motivo de reflexión muy importante a la hora de justificar estas legalidades.
Y concluyo invitando a mi amigo Rodríguez Prats, que tuvo aquel extraordinario discurso del "sí pero no", a que nos diga si todavía sostiene ese "sí pero no", porque aquí dicen que sí ganaron pero no ganaron, y él en ese extraordinario discurso nos dijo que quien maneja el "sí pero no", habrá de pagar esas cuentas en la elección de 1994. Yo confío y estoy seguro que en la elección de 1994 el pueblo de México le cobrará las cuentas al "sí pero no" del priísmo y del presidencialismo. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional para tratar sobre el mismo tema.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Se dijo hace un momento que era preocupante y sospechoso que nosotros estuviésemos en silencio en un debate álgido (álgido según entiendo, no significa la idea que se quiere expresar, sino está referido a las cuestiones gélidas o frías). Ni se preocupe el diputado, ni sospeche. Este debate no se desarrolla ni termina sin la intervención de Acción Nacional, como tampoco la elección de Mérida desde nuestro punto de vista concluyó con la renuncia de Orlando Paredes Lara, sino con el fallo, en términos legales, del Colegio Electoral y en lo político todavía hay mucho, mucho que seguirá.
Sobre el juicio respecto al PAN a que se hace en la renuncia, no escapa a la vista de nadie que es sistemáticamente un discurso que tiene como propósito el desvirtuar, el denigrar, el descalificar triunfos que se obtienen, no sólo por el PAN sino por cualquier otro partido político de oposición, y que por las circunstancias antidemocráticas prevalecientes en México tiene que defenderse más allá de la jornada electoral con movilización, con esfuerzo, con presión, con diálogo, con todas las instancias legítimas para cualquiera, porque en México, desafortunadamente, esas condiciones democráticas no existen.
No somos además los únicos que recurrimos a hacer prevalecer la verdad, a hacer prevalecer el derecho legítimo que tenemos a un triunfo electoral determinado, ni lo vamos a dejar de hacer en la medida en que sigan imperando condiciones que impiden a los partidos políticos a sostener, a defender, a concluir en las meras instancias del día de la jornada electoral, la discusión y la defensa de un proceso.
Nosotros no renunciamos ni renunciaremos a triunfos respecto de los cuales tengamos la convicción legal, moral y política de que son nuestros, y el triunfo de Mérida señores diputados, es un triunfo que moral, política y legalmente le corresponde al Partido Acción Nacional.
No hay tampoco en este discurso, sustento de concertacesiones o cesiones graciosas. Ni son cesiones porque son puestos públicos a los que accedemos mediante el voto y que se pretenden
arrebatar y a los cuales no renunciamos, ni veo que tengan absolutamente nada de graciosas para nadie.
Nosotros sostenemos que en el caso de Mérida, Yucatán, el triunfo a Acción Nacional se demostraba y es demostrable con los resultados de la jornada. La demostración mediante documentales públicas de que se surtían las hipótesis de la Ley de las causales de nulidad respecto de las casillas que invocamos, y en consecuencia, el derecho que nos asiste para reclamar legítimamente ese triunfo.
El día de ayer concluyó el proceso electoral del Estado en la capital con el fallo del Colegio Electoral.
Nuestros diputados, presentes en ese Colegio Electoral, precisamente por la convicción del derecho legítimo de Acción Nacional a gobernar en la alcaldía de Mérida, sustentaron con su voto el resolutivo, pero rechazaron los considerandos de ese fallo e hicieron prevalecer un voto particular sobre el cual votaron, en el que se expresan y se reproducen los alegatos jurídicos sustentados por Acción Nacional en todas las instancias del proceso.
Nosotros no vamos a renunciar a un triunfo al que tenemos derecho, por lo que digan o dejen de decir quienes, cuando ven perjudicados sus intereses, cuando ven que la opinión pública les ha arrojado luz sobre trapacerías, tienen que dar pasos atrás.
Nosotros sostenemos, y además sabemos que quien no juega limpio al entrar a una contienda, sabíamos muy bien que tampoco iba a jugar limpio al salir de ella.
Que el fallo, y así fue sostenido el día de ayer por nuestros diputados y por nuestro candidato presidencial en Mérida, era una trampa en la cual no caímos, primero, porque sí tenemos derecho y se coincida con nosotros en que tenemos derecho a gobernar esa alcaldía, que la ganamos en las urnas; y segundo, que no íbamos a sustentar nuestro fallo, nuestro voto y en consecuencia, nuestra decisión política hacia adelante, en las consideraciones tramposas cierta mente del colegio, sino en lo que corresponde a la Ley, a la legalidad, que son las causales invocadas en nuestros diversos recursos y de las cuales ya hemos hecho referencia en otros debates.
El mismo caso, se dice, ocurrió en otras entidades. Creo que debe de quedar muy claro que mientras en México no prevalezcan condiciones democráticas, las movilizaciones ciudadanas y el voto tiene que ser defendido en la calle y en todas las instancias políticas. No es esta estrategia de defensa del voto ni inmoral ni tampoco excepcional en la defensa de triunfos legítimos ni privativa tampoco del Partido Acción Nacional.
Hoy mismo, por ejemplo, se hacen reclamos legítimos, presumimos, respecto de irregularidades electorales en otras entidades, como Nayarit o el Estado de México, en que el PAN y el PRI en el Estado de México tienen reclamos, y esos reclamos tienen que hacerse por las condiciones imperantes en México.
Cuando se busca o se pide una solución poselectoral, como lo ha llamado el PRD a sus peticiones hechas inclusive por escrito al Presidente de la República, cuando se busca una solución poselectoral, se sabe quien la formula esa petición cuáles han sido las condiciones políticas imperantes y cuál es en el fondo el debate de la legalidad y la legitimidad.
Ha habido muchos procesos en la historia de México, donde las condiciones políticas prevalecientes antidemocráticas, obligan y generan las necesidades de alternativas que permitan a una comunidad determinada que impere la paz y que se haga justicia respecto de la verdadera decisión de su voto.
En 1976, por ejemplo, ustedes recordarán, en León, Guanajuato, cuando, y no sé si era todavía Presidente del PRI el actual Presidente del PRD, el candidato priísta Amador Rodríguez Layaristi, renunció a una alcaldía que había sido, a diferencia inclusive del caso de Mérida, que el caso de Mérida todavía no era calificada por el Colegio Electoral, y es el mismo caso de León, renunció y se integró un ayuntamiento diferente.
Para nosotros, señores diputados, es muy presente el caso ocurrido a quienes somos michoacanos en 1983. Aquí el compañero Cristóbal Arias seguramente lo recordará. En 1983 el PAN ganó la alcaldía de Zamora, Michoacán, la ganamos por un margen de 17 mil votos a 9 mil, y vino la sesión de cómputo municipal en Zamora. Se secuestró a nuestro comisionado durante 48 horas, se le mantuvo incomunicado en el cómputo, y se presentaron al final de la jornada resultados soportados en actas distintas a las que teníamos los partidos políticos, no sólo de oposición, sino que el PRI, se alteraron los paquetes y se alteraron las actas.
Y vino la apelación ante la Comisión Estatal Electoral presidida por su Secretario de Gobierno, don Cristóbal Arias, y desoyó el alegato del PAN, la Comisión, e insistió en darle el triunfo, indebidamente, al candidato priísta, Francisco Galván.
Y el Partido Acción Nacional, después de algo así como 16 días de movilizaciones continuas, de noche y día, de huelga de hambre del doctor Bribiesca, que en paz descanse, de plantones en la ciudad, de bloqueo de carreteras del Estado, logró ese pueblo valeroso de Zamora, lograr un reconocimiento que hiciese justicia.
Hemos señalado y no nos avergüenza, que hubo un mínimo de sensatez entonces en el Gobierno de aquel Estado, precisamente de Cárdenas, que a pesar de que habían sido las huestes priístas las que habían alterado la voluntad popular y los órganos electorales del Gobierno, integrados en su mayoría por priístas, los que habían desoído el alegato legal, hubo un mínimo de sensatez que había reparado en parte el agravio.
Se designó por el Congreso un ayuntamiento presidido por el candidato panista Ignacio Peña, con el amago de que sólo gobernaría tres meses y se convocaría a nuevas elecciones en Zamora en ese lapso. El ayuntamiento gobernó tres años y gobernó bien, y en las siguientes elecciones volvió a arrollar el PAN y se le reconoció ese triunfo en Zamora. ¿Qué hay aquí señores?
No hay desde mi punto de vista una contradicción entre el argumento, la defensa legítima del voto que se hace y las soluciones o desenlaces de esa lucha que obviamente se van modificando y se van alterando en la medida en que se desarrolla la etapa poselectoral.
¡Qué más hubiéramos querido los panistas de Zamora, en aquel tiempo, que el triunfo se hubiera respetado desde el cómputo municipal o en la Comisión Estatal! ¡Como qué más quisiera el pueblo meridano de que el reconocimiento del triunfo del PAN se hubiera sostenido en el cómputo municipal o en las instancias ante el Tribunal!
Y a pesar de que la cancelación de estas oportunidades fue cerrando alternativas de solución que hubieran satisfecho mejor a muchos, incluidos de otros partidos contendientes, estas alternativas se fueron cerrando inoportuna e imprudentemente. Y la última instancia de decisión legal que era el Colegio Electoral repara en parte el agravio. Y reitero lo repara en base a consideraciones ofensivas que nosotros no aceptamos, que rechazamos, pero sostenemos el resolutivo que reconoce el triunfo del PAN porque tenemos la convicción de que ese triunfo nos pertenece y que es un triunfo irrenunciable y no vamos a renunciar a seguirlo defendiendo.
Hoy mismo, por cierto en Michoacán, estas soluciones no son ajenas y ni siquiera son tomadas por colegios electorales. Hoy en estos procesos que se han mencionado aquí y me referiré a las elecciones municipales pasadas recientes de 1992, hay muchos ayuntamientos en que se declaró formalmente ganador a priístas y, posteriormente, renunciaron estos candidatos y se designaron alcaldes perredistas, por lo menos el caso que recuerdo es el de Santiago Tangamandapio, donde ganó oficialmente Lourdes Morataya del PRI, renunció y se designó al candidato perredista Rafael Ríos.
Esto desvirtúa la lucha política hecha por un partido para defender un triunfo que consideraba suyo. Esto niega la realidad antidemocrática que vive el país. Yo creo que ni una ni otra. Pero tampoco, señores, nosotros podemos aceptar el que se nos diga que hay que no hay que ser pragmáticos cuando nos conviene o legaloides cuando nos conviene; ni una ni otra cosa; esto es una realidad que ha afectado la vida política del país. En el caso de Mérida, concretamente hicimos una lucha legal, argumentamos con la ley, demostramos con la ley que si ésta se hubiera aplicado tenemos el triunfo y la única instancia legal de que se reconociera el triunfo era el Colegio Electoral.
Sí, hemos exigido en las instancias de Yucatán, como hemos exigido de cara a la opinión pública el respeto a ese voto. Sí hemos hecho movilización y sí hemos hecho presión y me adelanto a los argumentos de quienes dicen que el PAN obtiene victorias porque hace presión y logra concesiones. No, señores, nosotros no hemos reclamado un triunfo del cual no tengamos la convicción ética y jurídica, repito, de que nos pertenece. Y en la medida en que exista esa convicción la defendemos. Ha habido muchos procesos electorales, señores, donde hemos tenido, a pesar de nuestros críticos, un mínimo de decoro para no reclamar victorias que no tenemos; que sabemos que tal vez las hubiéramos obtenido si el proceso hubiera sido limpio, pero que fue tal la barbarie que no tenemos manera de demostrar que el triunfo es nuestro; pero que eso nos lleva a descalificar precisamente la elección.
Es cierto que otros partidos se sienten agraviados porque el PAN en su concepto, no defiende
otros triunfos que no sean los del PAN. En primer lugar, eso no es preciso, lo respeto, porque evidentemente cada quien tiene un concepto peculiar de las circunstancias y la coyuntura en que se presenta un proceso electoral.
No tenemos nada que imputar, por ejemplo al PRD, y pudiéramos hacerlo, que cuando nosotros estuvimos reclamando irregularidades en el Estado de Coahuila, su candidato, se hubiera circunscrito a decir que el fraude lo había cometido Acción Nacional; ni que Coahuila aparezca en su catálogo de agravios políticos reciente.
Creo firmemente que es porque la percepción de la coyuntura política del PRD así lo determina. Y ciertamente hay en mi partido diversas visiones de los triunfos adjudicados por el PRD en diversas entidades.
Una parte importante de este partido político no escapa de nuestra vista, es un desprendimiento del propio sistema político y ustedes saben, hay muchas prácticas que no se pueden erradicar, inercias antidemocráticas que no fueron erradicadas en el primer momento porque eso era imposible.
Yo no puedo afirmar que subsistan. Cuando tenga la constatación de que en un proceso ahora subsistan, lo voy a denunciar como el PAN lo ha denunciado respecto de otros partidos. Pero hay percepciones distintas de las coyunturas electorales y en Michoacán, señores, en muchos procesos, los panistas de Michoacán, han estado en la defensa de alegatos perredistas. Hay constancia de ello.
Ahora bien, nosotros atendemos el llamado que se ha hecho en esta tribuna. Para nosotros ni para el candidato presidencial de Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos, al que se ha hecho alusión, las cuentas han sido saldadas. Sí advierto que como es de conocimiento de todos ustedes, él es un diputado que ha pedido licencia y que está impedido de responder en esta tribuna las cosas que sobre él se han dicho o se digan. Pero por nuestro conducto le decimos a quien quiera hacerlo y confrontarlo con él o debatir con él, que está invitado a debatirlo como ciudadano en la plaza grande de Mérida, acerca de estas cuestiones yucatecas.
Y decía que esa cuenta pendiente, sigue pendiente; sigue pendiente porque, lo dijimos en esta tribuna y lo hemos reiterado, la lucha de Yucatán no es la lucha exclusivamente o la disputa por una alcaldía o una gubernatura. Es la lucha porque se generen en México espacios y oportunidades de la democracia que hasta ahora no han tenido. Es la lucha porque exista en el país una democracia verdadera.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
Diputado Calderón, permítame un momentito.
¿Con qué objeto, diputado Becerra?
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul):
Para hacer una interpelación.
El Presidente:
¿Acepta usted una interpelación del diputado Becerra?
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Con gusto.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul):
En atención al llamamiento para debatir en la plaza grande de Mérida con Diego Fernández de Cevallos, yo me apunto y pido que den la fecha y la hora.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Le agradezco la interrupción, diputado Becerra. Sólo le advertiría que el registro de oradores en esta Cámara, cuando es para hablar en esta Cámara, es antes de los debates. Y como usted no se apuntó para hablar ahorita en este debate, sino para hablar en la plaza grande, creo que se equivocó de momento y de lugar. Pero le acepto. Está usted invitado y puede ir a la plaza grande, a debatir lo que quiera y a exponerle a los yucatecos sus argumentos y sus pruritos
de legalidad y verá usted lo que le van a responder ahí.
Por aquí está el contendiente que usted desea, con quien quiere contender y desde luego que sostenemos esa invitación.
Y concluyo compañeros con lo siguiente: Decía que el reclamo de Acción Nacional no es la disputa por una alcaldía o una gubernatura. El reclamo de Acción Nacional, es porque prevalezcan en México condiciones democráticas. Mucho se ha dicho aquí de intervenciones del centro o no del centro, que se dice son inadmisibles. Yo lo que considero inadmisible señores diputados, lo que considero inadmisible es que se siga violentando el voto popular.
El Presidente:
Continúe, señor orador.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Lo que consideramos inadmisible, es que se siga violentando el voto popular.
Nosotros hemos hecho este reclamo de cara a la nación. Lo que ocurre a los yucatecos no es únicamente un problema que afecte a los yucatecos; no somos el único partido que ha exigido justicia en todas las instancias que como partido político tiene de interlocución.
Y lo que ocurra en 1994, tendrá que ser radicalmente distinto a lo ocurrido en Yucatán; lo que ocurra en 1994, tendrá necesariamente que poner en juego la sensibilidad de la nación.
Y nosotros afirmamos que si hay disposición del núcleo del sistema político mexicano a cambiar las reglas y las prácticas actuales por unas verdaderamente democráticas, estamos dispuestos a asumir ese riesgo o ese acuerdo que menciona aquí el PRD. Lo que creemos es que las prácticas vividas en este año y particularmente en Yucatán, han desvirtuado por completo la posibilidad democrática; que reconstruir la credibilidad, reconstruir la viabilidad, requerirá de rectificaciones todavía más importantes y todavía más a fondo, del Gobierno, de los partidos; que estamos empeñados en la democracia, que seguiremos luchando por ella y que no renunciaremos a ningún triunfo al que tengamos derecho, por los escrúpulos generalmente tan ausentes, de adversarios nuestros.
No daremos un paso atrás ni en Mérida ni en esta lucha por la democracia en México.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas, para rectificar hechos.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente.
Yo creo que en los debates que se han sostenido sobre este tema y sobre otros problemas postelectorales, todo nos ha llevado a concluir que el problema principal es que existan las condiciones para que haya los fraudes, para que el Poder Ejecutivo Federal, el titular de ese poder, tenga la capacidad de determinar o no si un candidato ocupa el cargo por el que compitió o no.
Si en eso estamos de acuerdo, también creo que se puede probar que ha habido momentos, sobre todo después de 1988, en que esta legislatura y la anterior legislatura, pudimos haber contribuido muy fuertemente a eliminar las causas que permiten que ello ocurra. Y creo que en eso es en lo que el pueblo de México, creo, muchos voceros de la opinión pública, articulistas y efectivamente el PRD, creemos que no ha habido la consecuencia debida en las fracciones parlamentarias del PAN.
Que no ha habido la firmeza en los momentos adecuados para eliminar esa condición.
Yo creo que ese tema no era el del debate de hoy, sin embargo nuestro compañero Felipe nos obliga a entrarle al tema, porque de manera inexplicable, como en muchas otras ocasiones él o incluso su candidato presidencial, sin venir a cuento, tratan de descalificar los argumentos que damos trayendo a cuento la militancia priísta de algunos de nuestros compañeros en el pasado.
Como si haber actuado en el PRI en el pasado descalificara en la esencia, los planteamientos de hoy.
Creo que alrededor de eso la historia va a consignar el gran aporte que hicieron nuestros compañeros, cuando primero desde el interior del PRI pusieron en duda la piedra angular de este sistema presidencialista, que es: la capacidad extralegal del Presidente de designar primero al candidato del partido oficial y a través de esa
vía y con los recursos estatales determinar al Presidente de la República.
¡Yo creo que el mérito de nuestro actual candidato presidencial y de nuestro actual Presidente de partido, de haber desafiado abierta mente al poder presidencial y haber exigido una elección democrática del candidato de hace seis años, crece más al ver el silencio de hoy en las filas de ese partido! ¡Crece mucho ese mérito e históricamente les va a reconocer! ¡Independientemente de que ellos ya han contestado las alusiones sobre su comportamiento en el pasado!
Pero, concediendo que todo lo que dice el compañero del comportamiento de algunos de estos personajes perredistas en el pasado, suponiendo que eso fuera cierto, la lucha más consecuente por la democracia en este país ha sido encarada por dichos compañeros y por muchos otros, de otros partidos también; no lo quiero negar.
Creo incluso que los demócratas del PRI, que hoy se pasaron al campo democrático de distintas maneras para contribuir a ponerle fin a este sistema político presidencialista, centralista, que hace posible lo que está pasando en Mérida, aun ellos, habiendo militado en el PRI hasta hoy o hasta mañana, si contribuyen decisivamente a que dé un vuelco cualitativo este sistema, tendrán compañeros, un reconocimiento a este mérito.
Creo por ello que ése no es el tema, compañeros. No hay que desviar...
El Presidente:
Diputado: concluya por favor.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Voy a terminar, señor Presidente:
No hay que desviar el tema. No hay que desviar la atención tendiendo "cortinas de humo". El problema central es hoy que en el Estado de México los diputados del PAN, igual que los del PRI, votan que en Aculco ganó el PAN y votan porque el PRD no ganó en ningún otro; incluyendo Texcoco,! en donde la diferencia entre el PRD y el PRI es menor en votos que lo que tienen de diferencia en Mérida!
Bueno, compañeros, creo que está claro que el Gobierno Federal, desde la lógica del Gobierno concede cosas en una hacia un lado y no concede nada sobre otro; antes al contrario, agrede, canaliza multitud de recursos para que una fuerza, que es el PRD, no avance. ¡Nos preocupa mucho lo que va a pasar el año que entra! ¡y por eso, a eso venía el llamado que hicimos!
¡Vamos a que el Gobierno no se encuentre en la posición, en agosto de 1994, de decidir que él ganó la Presidencia! ¡De decidir cuantos senadores y cuantos diputados le da a cada partido, sino que tengamos unas condiciones en las que sea el pueblo el que decida...
El Presidente:
Diputado Cárdenas; le ruego nuevamente que concluya.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
¡Y a eso convocamos a la consecuencia democrática a todas las fuerzas presentes en esta Cámara! Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Carrillo.
El diputado Alberto M. Carrillo Armenta:
Quiero fijar la posición de mi partido brevemente, con respecto a este tema.
Creo que de nuevo se presenta en la situación electoral del país una elección caracterizada por las siguientes dos cuestiones: Primero, órganos electorales que califican un largo proceso de elección y declaran electos un número de candidatos; segundo, la elección es, a fin de cuentas, irrelevante para la conformación del poder público, es decir, éste, el poder público, se conforma no por un procedimiento que permita apreciar la orientación del voto popular, sino mediante presiones extralegales en instancias también extraelectorales.
Desde nuestro punto de vista están en crisis dos cuestiones: Primero, la norma electoral, que no puede o no está adecuada para garantizar la conducción de los procesos electorales: la transparencia, la legalidad, la certeza de éstos. Y, segundo, está en crisis también la imparcialidad de los órganos electorales en dos aspectos principales: Primero, su independencia de los partidos políticos está en duda y por lo tanto sus resoluciones carecen de credibilidad; éste, desde nuestro punto de vista, es el problema de fondo y este problema de fondo no se ha enfrentado
provocando crisis electoral y desconcierto cada que hay elecciones.
El Gobierno no lo ha hecho, el Gobierno no ha hecho una reforma política o ésta ha sido totalmente insuficiente a nivel federal y estatal, y ha privilegiado el acuerdo y las soluciones de coyuntura mediante negociaciones parciales con los involucrados en cada uno de los procesos; en unos serán un partido, en otros otro, en otros otro; es decir, ha iniciado durante este sexenio un ciclo de negociaciones y de deslegitimación de los mecanismos electorales que provocan abstención, que provocan antipartidismo y que están provocando el intervencionismo de potencias externas ajenas a la nación, que pretenden calificar nuestros procesos electorales internos.
Nosotros creíamos concluido este ciclo de negociaciones, puesto que se hizo recientemente una reforma política federal, una reforma que buscó dar marco legal a una alianza PRI - PAN de reparto de la representación, con mecanismos de sobrerrepresentación y exclusión. Pero no, tenemos un nuevo ciclo que se inicia en Yucatán, con nuevos precedentes, como el que se dé el triunfo bajo el supuesto de la renuncia del ganador para la segunda fuerza, ¿por qué no para el tercero en discordia?, ¿por qué no para otra opción?, es decir, se inicia un nuevo ciclo de negociación todavía más pervertido que antes. Y evidentemente este ciclo que ahora amenaza iniciar, impactará desfavorablemente las elecciones de 1994.
¿Cuántas renuncias de diputados o senadores tendrá que haber en las elecciones federales para garantizar credibilidad al proceso electoral?. ¡No será necesario, incluso también, que renuncie el propio candidato a la Presidencia, que posiblemente sea electo, para garantizar credibilidad?
Y si ahora se pide la intervención de órganos del poder central para calificar los procesos electorales locales, en una elección federal a la Presidencia de la República ¿quién calificaría los procesos y quién determinaría quiénes o cuántos serían los candidatos ganadores?
Nosotros en torno a este debate fijamos nuestra posición, exigiendo el cumplimiento estricto de la legalidad de la norma vigente; segundo, reclamando voluntad política, principalmente del Gobierno; tercero, la separación escrupulosa de los organismos electorales del partido mayoritario y finalmente, que en un nuevo marco de debate político nosotros podamos lograr, en una próxima etapa, un acuerdo para la creación de una verdadera normatividad electoral que garantice la democracia en México. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para hablar sobre el mismo tema, el diputado Juan José Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señor Presidente:
Confieso que no es fácil definir el terreno en el que los diputados nos invitan a debatir el asunto de Mérida. Si como mexicanos de veras preocupados por el avance democrático del país, como gestores oficiosos de discordias entre miembros de mi partido, entre mi partido y Acción Nacional o de plano de todos contra todos, voy a suponer, para efectos de este debate, que están en el primer caso.
De entrada manifiesto que no aceptamos provocaciones y rechazamos agresiones, que debemos superar en ánimo de impulsar el desarrollo de la política de México. Hace unos días el diputado Diego Zavala hacía mención de superar la cultura maniquea, o esa actitud perversa y sádica de hurgar heridas tratando desde siempre, enconar el debate, utilizar la palabra aparentemente de concordia pero llevando en el fondo el aguijón para herir.
Les indico a mis compañeros priístas aquí mencionados, porque en nuestro partido conocemos algo que todo partido en cualquier parte del mundo requiere: respeto, lealtad, disciplina, militancia permanente, honor priísta vinculado a la tolerancia entendida ésta última como algo que está vinculado al bien público, el bien público constituye precisamente el umbral de la intolerancia; cuando el bien público está en juego, no se puede ser tolerante.
Yo entiendo también que todos los que han venido a esta tribuna y todos los partidos políticos deben ser apasionados, no concibo la política sin pasión, pero rechazo, como lo hice también cuando se discutía la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos, que la historia y la política tenga que dividirse en una lucha entre ángeles y demonios, entre puros e impuros, creo que es una profesión de hombres y los hombres estamos llenos de luces y sombras. Reivindico el sistema presidencialista, nadie puede negar en este sexenio las grandes decisiones que han emanado del Ejecutivo Federal y que han modificado radicalmente la economía, la sociedad y la política en México. Creo que es el principal factor de cambio y creo también que es más difícil
hacer una reforma que una revolución; hacer una reforma implica poner en juego habilidades, llegar a consensos, conservar y cambiar muchas veces modificar cimientos sin que se caigan las paredes y en esas transiciones siempre se da un reajuste de valores.
Algún ciudadano del mundo manifestaba en una de estas naciones que estaban cambiando y decía: cómo estarán las cosas que ya no sé si soy de los nuestros, o sea, se dan momentos de incertidumbre y por eso en México se da un liderazgo desde la Presidencia de la República que nos ha señalado los senderos en un mundo de globalización y en este cambio democrático a la que todas las naciones están arribando.
No, diputado, yo no dije que la legalidad estaba ajena a la política, desde 1986 y perdón que hable en primera persona, escribí un libro que se llama "La política del derecho en la crisis del sistema mexicano" editado por la UNAM con mucho gusto se lo haré llegar y darle después las explicaciones consecuentes para que lo entienda. Ahí manifiesto que la política debe dejar de ser cosa de grupos o esa frase tan manida de que "en política, dos y dos no son cuatro", no, la política y el derecho tienen los mismos valores; e insistido aquí en todas mis intervenciones; la política es la conciencia moral del derecho, la política y el derecho es lo que orienta al hombre que está en el poder para tomar las decisiones y política y derecho están atados por la ética. Desgraciadamente hace muchos siglos alguien pretendió, creyendo encontrar y hacer una ciencia política que podía haber una escisión entre política y derecho, entre política y moral.
Yo creo que si algún ejemplo nos están dando los líderes del mundo es de que no hay tal escisión, corresponden a los mismos valores y buscan las mismas finalidades, tienen que ser disciplinas de sentido común.
Sostengo que mi partido, como lo dijo también el diputado Rodolfo Echeverría, es el partido de la legalidad, acata la legalidad y lo dice precisamente en el boletín que hoy sale publicado, en el caso de Mérida la decisión se inscribe en la soberanía que corresponde a la entidad yucateca, por lo que a juicio del Revolucionario Institucional no ha lugar a cuestionamiento alguno por la determinación tomada en ejercicio de las atribuciones que la Constitución le confiere a dicho Estado.
Yo rechazo aquí también las especulaciones exageradas, ése utilizar un lenguaje que de alguna manera corresponde ya a alguna añeja decadencia moral, demagógico que nos llama a la concordia, que nos invita a los acuerdos y nos insulta y nos agrede y nos ofende queriendo de nuevo resucitar viejas querellas que debemos tratar de superar. Las utopías no funcionan hacia el pasado, los mitos de carne y hueso no pueden significar un factor de cambio; las utopías funcionan hacia el futuro, no se aferren a utopías difuntas de lo que ya sucedió, vamos a ver hacia el futuro y a construir esos acuerdos de armonía y de avance en el desarrollo y en la paz social.
Claro que hay una política social que ha sido efectiva y ha sido eficaz. Hay un consejo...
El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul):
Señor Presidente; le quiere preguntar al orador si me permite una interpelación, por favor.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Como siempre mi querido arquitecto, con mucho gusto al final acepto la interpelación.
El Presidente:
Hasta el final, diputado Eloy Vásquez.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Como siempre, se refuta una política social pero no ofrece ninguna alternativa a cambio, nadie aquí, en su sano juicio, podrá negar la necesidad que el Estado mexicano tiene de hacer una política social que es obvio; tenemos una inequitativa distribución del ingreso, hay pobreza, pobreza extrema y requiere el Estado, desde el proyecto de la Revolución mexicana, de una política social. Hay algún consejo de mexicanos distinguidos y de una gran calidad, como es Rolando Cordera, que están señalando que es una política eficaz. Se critica la política social, pero no se ofrece ninguna opción a cambio.
Desde luego que el Gobierno va a ser sancionado en la urna con el voto a favor o el voto en contra de acuerdo a su trabajo que haya hecho; se critica a Procampo, cuando Procampo lo que hace es recoger una vieja propuesta de que el subsidio sea directo al productor y que no distorsiona, empobrezca y que simplemente se quede muchas veces en los intermediarios.
A todo esto nos lleva de lo que aquí hablamos hace unos días, del nuevo discurso político, de palabras que sí impidan que nos estemos agrediendo, de palabras que sí provoquen y ocasionen que haya dispensiones, no que pretendan recordar y sembrar rencores.
Nos imputan un fraude y nos exhortan a defenderlo. Esa es la congruencia. Yo creo que hay una cierta mentalidad por la que debemos de luchar y que de lo que aquí se ha dado muestra, interpretar que la democracia es un servicio público que debe otorgar el Gobierno, son imputaciones, son señalamientos a las distintas instituciones gubernamentales. Yo sostengo, creo, lo he dicho ya en ocasiones aquí, de que es la necesidad de que todos construyamos y vigoricemos ese estado de derecho, que es el valor fundamental de la democracia; ese buscar desde luego los convenios, los pactos fundamentales, el respeto mutuo, el recoger de nuestro pasado las voces liberales que siempre sostuvieron que se podía cambiar conservando la estabilidad y la paz social, que siempre concibieron al derecho no como una obra terminada o como un ejemplo de perfección, sino como un instrumento que encarnara permanentemente, y por eso en el diseño del artículo 135 de nuestra Constitución, la posibilidad de modificar nuestra Carta Magna y actualizarla y hacerla siempre asequible a las aspiraciones de los mexicanos.
Se ha dicho que nuestra Constitución más que norma jurídica es proyecto. Yo siempre he estado un tanto en desacuerdo con esta expresión, debemos buscar más que sea vida cotidiana y no proyecto acariciado hacia el futuro, y en esa tarea como legisladores, como partidos, como políticos, como candidatos, tenemos que ir a sembrar una semilla de concordia, de luz, de esperanza, porque la política también es esperanza, a todos los mexicanos, no un discurso que simplemente trasmita rencor, frustración, ver viejas rencillas y que le esté diciendo al mexicano que se margine de la política, que no participe en la política porque ésta es cosa de gente perversa o de gente sucia, ese discurso no ayuda al avance de la democracia ni tampoco el discurso de que aquí están los santos frente a aquellos que son los perversos.
Repito, si queremos superar esta cultura maniquea, si queremos construir ese México en el que todos nos hemos comprometido, ojalá y las viejas rencillas puedan ser superadas, ojalá y las querellas, si no las olvidamos, cuando menos tengamos la voluntad de ventilarlas con sabiduría y con cordura, y ojalá y lleguemos a los acuerdos a los que aquí se nos convoca y los que nosotros desde luego aceptamos, pero acuerdos que tengan la firmeza y la autoridad moral para que sean respetados cabalmente.
Con mucho gusto, con mucho gusto, señor diputado.
El Presidente:
Diputado Eloy Vásquez, ha concluido su intervención el diputado Rodríguez Prats y está dispuesto a aceptar su interpelación.
El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul):
Señor diputado, yo lo único que le quería preguntar es, está bien todo lo que usted dice, aun que algunas cosas no sean muy intelegibles y sobre todo no se compadezcan con la práctica que ustedes tienen, pero lo que quería preguntarle es, ¿qué opina del tema que estamos discutiendo porque en toda su intervención no hemos escuchado absolutamente nada sobre el caso que está a debate?
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
La primera calificación del discurso no entendible, supongo que responde a las viejas querellas que nos empeñamos aquí en resucitar a cada rato. La hago a un lado, posiblemente yo agredí en alguna ocasión a algún compañero de su partido, lo retiro, declaro que es muy de mente, que es muy inteligente, que su discurso es muy congruente y de eso espero haber satisfecho esa vieja querella.
En lo que se refiere a lo segundo, está usted incurriendo exactamente en lo que estoy condenando; traté de hacer un discurso respondiendo a las palabras del diputado Raymundo Cárdenas, de que se suscriban los acuerdos para el avance democrático, y quieren de nuevo precisamente hurgar ese posible mal entendido o esa situación específica para efecto de provocar discordias.
Rechazo la provocación, diputado, e insisto en que si queremos avanzar, es con la concordia, es con la autoridad moral que hay detrás de las palabras. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eloy Vásquez, para rectificar hechos, en términos del 102.
El diputado Eloy Vásquez López:
Compañeras y compañeros diputados:
Precisamente de lo que se trata aquí es de esclarecer con hechos y no con retórica. El diputado Rodríguez Prats ha sido retórico, pero de ninguna manera entró satisfactoriamente a los hechos.
Los hechos son que hoy existe una gran inconformidad en los priístas yucatecos por la decisión que el Presidente tomó, y también queda por lo menos una nube en torno a la autoridad moral justamente de todos los actores que decidieron esta calificación en Yucatán, en Mérida. Ese es el punto.
El punto es que a medida que ha avanzado el modelo que pactaron una de las oposiciones con el salinismo, la autoridad moral de los que toman las decisiones en el país se ha deteriorado, porque no basta únicamente con ponerse de acuerdo entre un sector importante de las partes, tiene que existir el consenso político, el consenso social, y si no se logró a través de una legalidad, porque el argumento aquél que se nos dio aquí en la tribuna y en muchas partes era que si no hay voluntad política no hay Ley que pueda servir para dar claridad a las elecciones, fue después correspondiente con otra lógica, la lógica de que hay que permitir que el Gobierno tenga el control de las elecciones, para que sea el Gobierno al fin de cuentas, a través de presiones o del simple diálogo y acuerdo, quien decida quién gobierna en cada ámbito, y eso, dejarle al Gobierno que controle las elecciones es la perversión del sistema y de las leyes electorales que aquí hemos votado, y eso es lo que está en el fondo del problema de Mérida.
Ha sido el que la voluntad presidencial se imponga para cualquier lado y diga y desdiga lo que hoy hace que estemos debatiendo este punto. Y eso señores, no es algo que haya sido distinto en el pasado. El presidencialismo mexicano y la actitud de quienes ostentan el poder de decidir en forma absoluta hacia dónde ceden y hacia dónde golpean, ha existido en el sistema político mexicano a pesar de la revolución que invoca aquí el diputado que me antecedió, y justamente se funda en el acuerdo fundador del Partido Nacional Revolucionario, que fue precisamente el acuerdo de los caciques centrales para golpear y desaparecer a los caciques regionales.
Ese modelo ha sido avalado por una de las oposiciones durante 50 años también, y eso es lo que queremos cambiar y no estamos planteando utopías irrealizables.
Hemos hecho propuestas, propuestas concretas, basadas en la vocación democrática del pueblo mexicano para que esta situación cambie, cambie de fondo. Y concluyo, señor Presidente.
Y hemos planteado que incluso en el marco de esta legalidad que aprobaron de común acuerdo quienes después vinieron aquí a debatir el asunto de Yucatán, hemos planteado que en el marco de ella se establezcan las bases para que haya claridad democrática de los resultados de agosto de 1994.
A ello se ha respondido que sí, pero no se establecen en concreto las propuestas ni se arriba y la práctica, la práctica es la misma, la práctica es Mérida, primero sí después no, y en ese juego, en el rejuego libre de las fuerzas se vuelve a dejar todo.
Entonces pues la voluntad política del Gobierno de llegar a establecer acuerdos concretos de su partido y de algunas de las oposiciones, está justamente cuestionada en este caso de Mérida.
El Presidente:
Esta Presidencia informa que con el diputado Francisco José Paoli Bolio, concluye la lista de oradores inscritos sobre el tema, y se han apuntado para intervenir sobre hechos, el diputado Alejandro Encinas y el diputado Odilón Cantú Domínguez.
Le ruego al diputado Paoli Bolio, adelante, señor diputado.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; diputados de la nación:
El proceso electoral de Yucatán y su debate, nos pone frente a las circunstancias de la transición democrática en el conjunto del país.
No les cansaré con la teoría de la transición democrática, pero quiero señalar que hay razones fundamentales en este evento que hoy todavía debatimos, y que marcan con claridad las resistencias fundamentales para la transición democrática. Esas resistencias se encuentran dentro del partido oficial y fuera de él; señalarlas solamente en un sitio sería un grave error de análisis.
Desde luego, la mayor resistencia al tránsito democrático, fuera del partido oficial y dentro de él, es la falta de una cultura política en donde por convicción los ciudadanos puedan aceptar las reglas y desarrollen en condiciones de equidad los procesos electorales.
Pero también hay que señalar, como lo hacen los teóricos de la transición, que cuando empieza a darse ésta y tenemos señas de que en México hay pasos en este sentido, hay resistencias fundamentales, difíciles, dentro de la fuerza dominante que controla el poder, y esto es algo que ha ocurrido en el proceso yucateco.
Quisiera decir, en segundo lugar, que la lucha de Yucatán, como otras, es una lucha que se da tanto por la legalidad como por la legitimidad. Y la legalidad, señores diputados, es el conjunto de hechos que se ajusta a las hipótesis legales y se desarrolla conforme a ellas. Pero la legitimidad es un resultado que se da y que tiene u obtiene el consenso de los gobernados o no lo tiene. Y yo diría que en este caso de Yucatán se dio una lucha por la legalidad y se está dando todavía una lucha por la legitimidad, que no es un valor, que no es un bien que debe ser visto como de escasa potencia para generar la convivencia adecuada entre los ciudadanos.
Nos hubiera gustado por supuesto, respondiendo a algunos de los señores diputados que me antecedieron, que hubieran sido no sólo los órganos competentes, sino con los fundamentos debidos los que tomaran las decisiones, esas dos cuestiones, que fueran los órganos competentes como fueron y que fundaran debidamente la conclusión.
Pero no es nuestra responsabilidad la debilidad que puede existir en el fundamento a una conclusión, nosotros estamos condenando, como se hizo en el Colegio Electoral, los fundamentos pero aceptamos la resolución; porque creemos que la resolución sí coincide y coincide plenamente con los recursos legales que hemos interpuesto y que si ellos se hubieran atendido desde el Tribunal Electoral, como nos hubiera gustado, por supuesto, se tenían que haber eliminado las casillas que tenían irregularidades y dar el triunfo a quien lo tenía con claridad.
Pero quiero decir todavía algo más en este sentido. Para tener una lucha civilizada que a todos nos interesa, una que se diferencia claramente de la guerra y que se realiza a través de la política, hay que ajustarse al marco legal. Es en ese marco en el que se juega la correlación de fuerzas políticas para tener una lucha civilizada.
Y nosotros tratamos de ajustarnos al marco legal, por más que no todas las resoluciones nos parezcan igualmente fundadas, pero no prescindimos, lo advertimos desde nuestras primeras intervenciones en función de este debate, no prescindimos de ninguna acción que legal y legítimamente podemos emprender de resistencia, de presión, de protesta ante la flagrancia que evidenciamos, aun cuando en las proporciones del 20% de las casillas del Estado para poder anular las elecciones.
Y por eso concentramos nuestros recursos legales en la ciudad de Mérida, en donde sí teníamos un gran fundamento de tipo legal y fue probado a la saciedad que esas irregularidades daban el triunfo al candidato panista. Me pedían la fundamentación legal, ésta es la fundamentación legal.
Pero también por lo que se refiere a la legitimidad, insisto, en que éste no es un valor menor, y que debe defenderse porque de él depende en gran medida la convivencia. Y el triunfo presunto del PRI en Yucatán no garantizaba que el gobernante podía ser un gobernante legítimo, iba a estar constantemente acosado por la inconformidad, por la no aceptación de los gobernados y se requiere que los gobernados acepten a sus autoridades para que lo sean realmente.
Se nos acusó o se nos señaló, para no tomar las cosas a la tremenda, de falta de firmeza y yo creo que hemos mostrado una enorme firmeza en toda nuestra argumentación, en nuestras movilizaciones y en nuestra acción de protesta.
Es esta descalificación de la falta de firmeza la que me lleva a señalar solamente un elemento en el proceso de Yucatán, en donde no vimos como vimos hoy, la actividad y la acción del PRD en función de la firmeza. Porque quiero decirles, señores diputados de la nación, que en el Estado de Yucatán el PRD apoyó un candidato a gobernador en coalición con el Partido del Trabajo, que es un partido que se ha dedicado, y que fue un candidato de ustedes que se dedicó durante toda la campaña a golpear a nuestros candidatos, a señalar que eran iguales de corruptos los panistas que los priístas, que eran exactamente la misma fórmula de Gobierno y que estaban confundidos en un idilio completo.
Cuando ellos sabían, este candidato que fue de ustedes, sabía que había una gran diferencia, que había una polaridad incluso de candidatura, y que jugaron un papel que algunos pensamos se acerca al esquirolaje político. Esa no es una razón que les permita invocar firmeza, porque en Yucatán ustedes apoyaron el esquirolaje político.
Ahora yo coincido con lo que ha planteado aquí el diputado Raymundo Cárdenas y otros, el problema fundamental es el de impulsar las condiciones de equidad para que nuestras elecciones en el país se desarrollen con apego a la legalidad y arrojen resultados legítimos que apoyen la autoridad. Esto no sé si se logrará con un acuerdo más, pero estoy seguro que debemos hacer, todos los protagonistas de este trabajo de transición, el esfuerzo para que los acuerdos se puedan dar, logrando igualdad de condiciones y equidad en ellas. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Encinas Rodríguez, para rectificar hechos.
El diputado Alejandro Encinas Rodríguez:
Con su permiso, señor Presidente:
He seguido con mucho detalle todas las reflexiones y las intervenciones de mis compañeros de distintos partidos sobre el caso de Mérida y su solución, y en lo personal creo que no hemos abordado con claridad y con objetividad este asunto. Y creo que esta Cámara se merece no solamente discusiones más claras, sino merece también la posibilidad de encontrar caminos que nos conduzcan a asumir compromisos de índole político. Y hay que hablar con claridad.
Porque en Mérida lo que se dio fue una solución política, que difícilmente encuentra soporte jurídico y encuentra difícilmente soporte legal. Y es una solución política a la cual los partidos en ocasiones nos vemos obligados a recurrir porque lamentablemente en este país sigue prevaleciendo el problema de fondo que es la falta de imparcialidad, de transparencia y de respeto a la voluntad popular en cualquier proceso electoral. Ese es el problema de fondo.
Y esas soluciones política no a todos dejan satisfechos. A nadie convencen. Y no solamente eso, sino con estas soluciones políticas perdemos todos. ¿Por qué?, porque los partidos perdemos credibilidad, porque cada partido merma sus posibilidades de desarrollo. El PRI, deteriora su base social, humilla a sus candidatos; al PAN, no se le reconoce el triunfo y hoy llega como segunda fuerza en una situación jurídicamente cuestionable a pesar de que legítimamente ganó la elección.
Y creo que este tipo de problemas a nadie ayuda. ¿Quién va recibir a Colosio de los priístas en Mérida ahora en la campaña?, sino ese resentimiento después de deteriorar a esa base social.
Yo por eso creo que tenemos que ir abordando la discusión de manera distinta, porque todos perdemos, y no ganamos nada con venir aquí a desgarrarnos la vestidura, a defender lo que es indefendible: la crisis de un sistema electoral que requiere de cambios profundos.
Y por eso aquí hemos planteado a los partidos políticos asumir un compromiso político para 1994. Nadie quiere lucha poselectoral, nadie quiere soluciones políticas que a nadie satisfacen, y que a todos engañan, lo que queremos es un compromiso que nos garantice 1994 sobre la base y la confianza de que los votos van a ser respetados, de que los votos cuenten y se cuenten. Ese es el reto, de nada sirven los dimes y diretes entre nosotros si no resolvemos lo que es esencial para los mexicanos: el que su voluntad se vea reflejada en las urnas. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado.
Esta Presidencia recuerda a la Asamblea que entre los asuntos que tenemos pendientes para desahogar hoy, se encuentra una sesión solemne, la evaluación del período por parte de los grupos parlamentarios y la sesión de Congreso General, misma que implica la presencia de los señores senadores, por lo que esta Presidencia ruega la comprensión de los diputados que aún están inscritos en este tema o que desean referirse a él.
Tiene la palabra el diputado Odilón Cantú Domínguez, para rectificar hechos.
El diputado Odilón Cantú Domínguez (desde su curul):
Declino, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Daniel Ávila Aranda, del Partido Acción Nacional.
El diputado Daniel Ávila Aranda:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados; ciudadanos todos:
Como mexicanos preocupados por la democracia, Yucatán está en la tormenta. Y esta
tormenta afectará la campaña electoral que fractura tras fractura, configura ya en el terreno electoral para el año 1994.
Se habla, se ha hablado mucho aquí de las leyes. Y vamos a hablar ahorita de hechos acontecidos en Yucatán desde 1969, cuando el Presidente de la República, les dijo a los yucatecos: "que se fajaran los pantalones".
Yucatán dio la lucha. Se ganó las elecciones al tres por uno. Pero las leyes constitucionales en ese entonces, no respetaron el triunfo de Acción Nacional, porque el Colegio Electoral, los comités electorales no le dieron el fallo al pueblo.
Entonces, aquí se nos viene a decir que por derecho; que la Ley; que la política. Ya nada más es señores, que la política, la palabra política, es el arte de servir a un pueblo, el arte de servir a México. Y esta crisis se torna a la desobediencia ciega llamada lealtad institucional. Pero veamos la aritmética del voto: por cada 100 votos del PAN, al PRI se le ponían 300 votos.
De esta manera quiero preguntar cuándo el pueblo podría ganarle al Gobierno y al PRI. Pero si el pueblo respondiera a la reclamación de su derecho, quiero decir que en Yucatán se hicieron dos fraudes: un fraude en la capital del Estado y otro fraude al Estado de Yucatán con sus municipios, para que así cuando reprochara el pueblo, le dieran la capital y no diera el Gobierno, la gubernatura del Estado.
Y esta lucha compañeros, no es concertaciones con el Gobierno. Es lucha que el pueblo de Yucatán ha emprendido y no se va a cansar ahora en la lucha. ¿Por qué?, porque aquí tenemos actas de municipios donde se robaron dos casillas de siete casillas y se impugnaron y ¿qué dijo la Comisión? ¿qué dijo el Tribunal Electoral? dijo: en la impugnación de Buxotz, el tribunal hizo notar que la promoción panista se refiere al acta del lo. de diciembre, que posteriormente fue anulada por dicho Congreso Electoral al realizar un contacto supletorio el día 7 de diciembre.
¿Cómo es posible que tengamos las actas y que ellos hagan en el Colegio Electoral, en el Tribunal Electoral, porque se les antoje les den el fallo? y el pueblo ¿que? no, mis amigos, esto es la realidad que se vive en Yucatán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? le dan Mérida y ya estuvo, se cayó. No, compañeros, ahora la dignidad del pueblo yucateco estará emprendiendo una lucha porque se le reconozcan los triunfos del Partido Acción Nacional. Triunfos del pueblo con su voto y dándole así "atole con el dedo", porque así lo podemos decir. Pero nunca la gubernatura que realmente ganó el pueblo. Si esta situación la analizamos con sincero criterio, lo cristalizaríamos de la siguiente manera: ¿qué es lo que buscamos?, ¿qué es lo que queremos para México? ¿qué es nosotros lo que representamos a la Nación en este alto, más grande Poder Legislativo? Nuestro compañero Rodríguez Prats, lo dijera aquí con sus palabras: "Nuestro servicio es para darle al pueblo lo que al pueblo le corresponde con su voto".
El Presidente:
Señor diputado, ha concluido su tiempo.
El diputado Daniel Ávila Aranda:
Sí, señor Presidente; termino.
Quiero agradecerles que nos pongamos la mano en el corazón, que sintamos fervientemente que nosotros nos debemos a México y México espera de nosotros. Muchas gracias.
El Presidente (a las 14.40):
Se pasa a sesión solemne.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
COP Confederación Nacional de Organizaciones Populares
Cresem Comisión para la Regulación de Suelo en el Estado de México
D. F. Distrito Federal
FILAIE Federación Latinoamericana de Intérpretes o Ejecutantes
IFE Instituto Federal Electoral
Impi (Sin aclaración)
Inmecafé Instituto Mexicano del Café
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PAN Partido Acción Nacional
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Procampo Programa de Apoyos Directos al Producto
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad
TLC Tratado de Libre Comercio