Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19940420 - Número de Diario 4
(L55A3P1oN004F19940420.xml)Núm. Diario: 4ENCABEZADO
.
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
LV LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
DIRECTOR GENERAL DE
CRÓNICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora
PRESIDENTE
Diputado Pedro Ojeda Paullada
DIRECTOR DEL DIARIO
DE LOS DEBATES
Norberto Reyes Ayala
AÑO III México, D.F., miércoles 20 de abril de 1994. No. 4
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comunicación de Congreso estatal, con la que se informa de actividades legislativas. De enterado.
ESTADO DE PUEBLA
Comunicación del Congreso estatal, con la que se informa de actividades legislativas. De enterado.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Comunicación del Congreso del Estado, con la que se informa de actividades legislativas. De enterado.
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PRO PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Iniciativa que presenta el diputado Marco Antonio García Toro. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Seguridad Social.
Para rectificar hechos o constatar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados:
Francisco Agustín Arroyo Vieyra
Fernando Estrada Sámano
Francisco Agustín Arroyo Vieyra
Rafael Fernández Tomás
GRAN COMISIÓN
Proposición para la integración de una comisión especial que dé seguimiento e informe sobre las investigaciones realizadas respecto del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Se aprueba en votación económica.
Proposición para la integración de una comisión especial que dé seguimiento e informe sobre las gestiones que realizan en relación con las llamadas conversaciones de paz en el Estado de Chiapas. Se aprueba en votación económica.
REPÚBLICA DE COSTA RICA
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Carlos Rodríguez Botella y Martínez Gallardo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
REPÚBLICA DE GUATEMALA
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Héctor Manuel Valles, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
ESTADO DE JALISCO
Comentan los acontecimientos del 22 de abril 1992 en la ciudad de Guadalajara, los diputados:
Miguel Angel León Corrales
Héctor Pérez Plazola
Carlos González Durán
Gabriela Guerrero Oliveros
José de Jesús Berrospe Díaz
Juan José Bañuelos Guardado
Enrique Rico Arzate, para rectificar hechos.
Guillermo Flores Velasco, quien hace una propuesta.
Juan José Castillo Mota, para rectificar hechos.
Miguel Angel León Corrales, para rectificar hechos.
Carlos González Durán, para rectificar hechos.
Juan José Castillo Mota, para rectificar hechos.
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, para rectificar hechos.
La proposición del diputado León Corrales, se turna a la Comisión de Justicia y la del diputado Flores Velasco, a las comisiones correspondientes.
DISTRITO FEDERAL
Comentan los pactos de civilidad, los diputados:
Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna
Francisco Javier Saucedo Pérez, para rectificar hechos.
Martha Patricia Ruiz Anchondo, para rectificar hechos.
Juan Ramiro Robledo Ruiz, para rectificar hechos.
Francisco Javier Saucedo Pérez, para rectificar hechos.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Francisco Hernández Juárez
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esa Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Guillermo Sánchez Nava:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 356 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente (a las 12:18 hora):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Guillermo Sánchez Nava:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Tercer Año. - LV Legislatura.
Orden del día.
20 de abril de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Puebla y San Luis Potosí.
Iniciativa de diputado
De Ley del Instituto Nacional Pro Personas con Discapacidades, que presenta el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictámenes de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Carlos Rodríguez Botella y Martínez Gallardo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Juan Mora Fernández, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al capitán primero de infantería diplomado de Estado Mayor, Héctor Manuel Valles, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Mérito Académico, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre los acontecimientos del 22 de abril de 1992, en Guadalajara, Jalisco.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario Guillermo Sánchez Nava:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Pedro Ojeda Paullada
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con cuatro minutos del día diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de trescientos veintiún diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión de instalación, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico conmemorativo del centésimo cuadragésimo aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Se da lectura a diversas comunicaciones y oficios de los congresos de los estados de Hidalgo y Guerrero, con los que informan de
actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Un oficio de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al que se adjunta el informe de labores de ese cuerpo colegiado. De enterado.
Oficio de la Comisión Permanente, al que se adjuntan las intervenciones de legisladores respecto de la iniciativa de reformas al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de discapacitados. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Social.
Un informe del Grupo Plural de la Comisión Permanente, respecto a los asuntos del Estado de Chiapas y solicitud para seguir funcionando como hasta ahora. Se turna a la Gran Comisión, a fin de que presente propuestas para la designación de una comisión especial.
Otro informe del Grupo Plural de la Comisión Permanente, designado para hacer el seguimiento de las investigaciones respecto del asesinato cometido en contra del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. Se da el mismo trámite que al anterior.
Una proposición de la Gran Comisión, que modifica la integración de diversas comisiones legislativas. En votación económica se aprueba.
Se da lectura al acuerdo parlamentario que regula el calendario y horarios de este período de sesiones ordinarias. En votación económica se aprueba.
Un oficio de la Cámara de Senadores, con el que comunica la integración de su mesa directiva para el primer mes del actual período de sesiones ordinarias.
La Secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Carlos Rodríguez Botella y Martínez Gallardo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Otro de la misma Secretaría, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Héctor Manuel Valles, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala. Se turna a la misma comisión que le anterior.
Comunicación del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, informando de la designación de nuevo subcoordinador. De enterado.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las doce horas con cuarenta minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.»
Está discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El secretario Juan Huesca Pérez:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo Nacional. - Poder Legislativo del Estado de Baja California. - XIV Legislatura Constitucional.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
De conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Baja California, nos permitimos comunicar a ustedes que la Comisión Permanente de la honorable XIV Legislatura del Estado, clausuró el día 31 de marzo último, su primer período de receso correspondiente al segundo año de ejercicio
legal; asimismo abrió el día de hoy, su segundo período de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional y el cual termina el día 30 de junio de 1994, habiendo quedado integrada la Mesa Directiva en la forma siguiente:
Presidente diputado Francisco Javier Reynoso Nuño; vicepresidente diputado César Alejandro Monraz Sustaita, secretario diputado Luis Mercado Solís y prosecretario diputado Armando Ayón Carrillo.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterar a ustedes, la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, abril 1o de 1994 Año Internacional de la Familia. - Presidente diputado Francisco Javier Reynoso Nuño y secretario diputado Luis Mercado Solis.»
De enterado
ESTADO DE PUEBLA
El secretario Juan Huesca Pérez:
«Escudo Nacional. - Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Honorable Cámara de Diputados, avenida Congreso de la Unión, colonia el Parque, México, Distrito Federal.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 y 52 de la Ley Orgánica y Reglamentaria del Poder Legislativo, nos permitimos comunicarle, que el Quincuagésimo Segundo Congreso Constitucional del Estado, reunido en Junta Preparatoria, se declaró legítimamente constituido para funcionar durante el Primer Período de Sesiones Extraordinarias correspondiente al Segundo año de Ejercicio Legal, para conocer de la Minuta Proyecto de Decreto enviada por la Cámara de Senadores que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, comunicamos que la Mesa Directiva que actuará, quedo integrada de la siguiente manera:
Presidente diputado Jorge Enrique Barrón Levet; vicepresidente diputado Jorge Méndez Spíndola, secretario diputado Edilberto Castillo Castillo, secretario diputado Daniel Limón Vázquez, prosecretario diputado Felipe Flores Mena y prosecretario diputado Miguel Guerra Castillo.
Lo que hacemos del conocimiento por disposición de esta Legislatura para los efectos correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza. - Abril 5 de 1994. - Secretarios diputados Edilberto Castillo Castillo y Daniel Limón Vázquez.»
De enterado.
«Escudo Nacional. - Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Honorable Cámara de Diputados, avenida Congreso de la Unión, colonia El Parque, México, Distrito Federal.
El Quincuagésimo Segundo Congreso Constitucional del Estado, en sesión celebrada el día de hoy, clausuró su primer período extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal a que fue convocado por su Comisión Permanente en la que aprobó la Minuta de Decreto, enviada por la Cámara de Senadores, que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta Legislatura para los efectos procedentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza. - Abril 7 de 1994. - Diputado secretario Felipe Flores Mena y diputado secretario Daniel Limón Vázquez.»
De enterado.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
El secretario Juan Huesca Pérez:
«Escudo del Estado. - Congreso del Estado Libre y Soberano. - San Luis Potosí.
Diputados secretarios de la Cámara de Diputados. - del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
Nos permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, inició su segundo período de sesiones ordinarias correspondiente al Primer Año de su Ejercicio, el que concluirá el 31 de mayo próximamente, habiéndose elegido la Mesa Directiva que fungirá del 1o. de abril al 31 de mayo de este año, a excepción de su presidente y vicepresidente, que lo serán hasta el 30 de abril, quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente diputado Alejandro Díaz Infante Ibarra; primer vicepresidente diputado Juan Raúl Acosta Rodríguez; segundo vicepresidente diputado Gustavo Enríquez Guerrero; primer secretario diputado Rafael Turrubiartes Macías; segundo secretario diputado Gerardo Limón Montelongo primer prosecretario diputado Rubén Martínez Gaytán y segundo prosecretario diputado Eduardo Saucedo Sías.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Primero de abril de 1994. - Diputados secretarios Rafael Turrubiartes Macías y Gerardo Limón Montelongo.»
De enterado.
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL
PRO PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Marco Antonio García Toro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para dar lectura a la iniciativa de Ley del Instituto Nacional Pro Personas con Discapacidades.
El diputado Marco Antonio García Toro:
«Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Los diputados a la LV Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 55 y demás relativos, del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando:
Primero. Que existen en el país grupos sociales que suman más de 8 millones de personas, que padecen de discapacidades mental, física o sensorial.
Segundo. Que estos grupos se vinculan en la vida familiar con otros 24 millones de personas, lo que idea del problema de carácter nacional que viven día a día.
Tercero. Más de 8 millones de mexicanos, niños y adultos, ubicados en zonas urbanas, suburbanas y rurales arrastran ya por largo tiempo una existencia marcadas por la discriminación, la segregación y la degradación.
Cuarto. Ante las demandas planteadas por grupos de las personas con discapacidad, quienes aún se enfrentan a barreras físicas y sociales, es urgente que se den las acciones que permitan su integración.
Quinto. Las graves crisis por las que atraviesa el país, hacen que la gran mayoría de personas con discapacidad se encuentren lejos de toda posibilidad, de aspirar a una nueva vida digna y llegar a ser autosuficientes.
Sexto. Que no podemos soslayar los esfuerzos que el Gobierno ha realizado en materia de: educación, salud, prevención y rehabilitación, esfuerzos que hasta ahora han sido insuficientes, dando como resultado la desigualdad de derechos y oportunidades, ocasionando la discriminación y marginación de las personas con alguna discapacidad y sus familias.
Séptimo. Siguen siendo sólo una aspiración la igualdad de oportunidades, de empleo, educación, accesibilidad, deporte, cultura, recreación, transporte, comunicación y derechos humanos de las personas con discapacidad.
Octavo. Que teniendo como marco la "Década de los Impedidos" (1983 - 1992) declarada por la Organización de las Naciones Unidas; toda vez que México es miembro activo, de esta organización, debe poner en práctica los programas aprobados por su Asamblea.
Noveno. Por resolución 35/72, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida el 3 de diciembre de 1982, aprobó el "Programa de
Acción Nacional para las Personas con Discapacidad", cuyo propósito fundamental consiste en promover medidas eficaces para la prevención de la deficiencia, la rehabilitación, así como para la realización de objetivos de igualdad y plena participación de las personas con discapacidad en la vida social y desarrollo del país.
Décimo. Es necesario que haya una decidida voluntad política del Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo, a fin de dar respuesta a los reclamos de justicia social, de las diversas asociaciones de personas con discapacidad cuya creciente movilización exige su participación en la toma de decisiones.
Decimoprimero. Es necesario sumar los esfuerzos de todos los sectores de la población, a fin de encontrar una sociedad justa, democrática y pacífica, donde se viva un verdadero Estado de Derecho.
Decimosegundo. El Gobierno y la sociedad, en general, deben convencerse de que será un acto de justicia atender esta causa, que traerá consigo grandes beneficios al país.
Por los anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente.
PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DEL
INSTITUTO NACIONAL PRO PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
Artículo 1o. El Instituto Nacional Pro Personas con Discapacidad es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 2o. Debe entenderse por persona con discapacidad, la que debido a la pérdida o anormalidad de una estructura o función sicológica, fisiológica o anatómica, sufre la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.
Artículo 3o. En el cumplimiento de sus funciones el Instituto tendrá, en todo momento, la facultad de dictaminar la discapacidad de las personas.
Artículo 4o. El Instituto tendrá por objeto:
1. Participar en la política general de desarrollo social mediante la coordinación, estudio, promoción, asesoría y planificación de acciones que permitan el desarrollo integral, así como la preeminencia de la dignidad de las persona con discapacidad y de su familia.
II. Elaborar el Plan Nacional para el Desarrollo de Personas con Discapacidad, inspirado en los criterios del Programa de Acción Mundial para personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.
III. Promover las adecuaciones de las bases legales y competencias necesarias, para la adopción de medidas orientadas a las prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades, para las personas con discapacidad.
IV. Impulsar el estudio e investigación de los avances científicos y tecnológicos, que puedan se aplicados en la prevención y rehabilitación de las diversas discapacidades físicas, sensoriales y mentales.
V. Promover la prestación eficaz y oportuna de los servicios de prevención, rehabilitación y asistencia social, a quienes son objeto de alguna discapacidad, así como a sus familiares.
VI. Colaborar con instituciones nacionales e internacionales para la aplicación coordinada de políticas y medidas, encaminadas a garantizar igualdad de derechos y de oportunidades a las personas con discapacidad.
VII. Implementar campañas de concientización dirigidas a las autoridades y a la sociedad en general, a fin de integrar a las personas con discapacidad, a la vida social y productiva del país.
VIII. Fomentar la creación y capacitación de organismos no gubernamentales, a fin de coordinar las acciones para su participación organizada, tanto en los programas del instituto como en otros similares.
IX. Establecer vínculos de intercambio de información técnica y científica, a niveles nacional e internacional, sobre los avances que en materia de discapacidades se registren, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice el instituto.
X. Informar a la población en general, la existencia, adecuación actualización de las leyes y reglamentos, que involucren a la comunidad de personas con discapacidad.
XI. Proporcionar la asesoría técnica, sicológica y de orientación, que soliciten las personas
con discapacidad, sus familiares o los interesados en la materia.
XII. Analizar la problemática general a la que se enfrentan las personas con discapacidad en su entorno familiar, para definir y proponer ante las autoridades e instancias correspondientes, las acciones por realizar.
XIII. Formular y ejecutar programas de enseñanza y especialización a nivel profesional, así como cursos de capacitación para técnicos y auxiliares en el campo de las discapacidades.
XIV. Establecer convenios de colaboración con los tres niveles de Gobierno, así como organismos públicos y privados, para el desarrollo de los planes y programas del Instituto.
XV. Participar en la estructuración y manejo del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, a fin de incluir en los censos generales de población y vivienda, criterios metodológicos que tengan utilidad para la planeación y establecimiento de políticas, encaminadas a identificar y atender las discapacidades.
XVI. Estudiar y proponer las adecuaciones, tanto de orden práctico como de factibilidad técnica y económica, que garanticen los medios para que las personas con discapacidad logren una vida autosuficiente.
XVII. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la administración pública, así como de las organizaciones sociales e instituciones de asistencia privada, en los planes y programas que cada una lleve a cabo, en el ámbito de su competencia, a fin de incorporar proposiciones relacionadas con los derechos, tanto humanos, sociales y económicos como políticos, de las personas con discapacidad.
XVIII. Fomentar la creación de fuentes de empleo que garanticen el sustento de las personas objeto de esta Ley.
XIX. Prestar otros servicios y realizar las actividades necesarias par el cumplimiento de su objeto, conforme a esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 5o. El patrimonio del Instituto se integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos que por cualquier título legal haya adquirido, además de los recursos que le transfiera el Gobierno Federal.
II. Los recursos que le sean asignados, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación.
III. Los subsidios, participaciones, donaciones, herencias y legados que reciban de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, las que de ninguna manera podrán condicionar el objetivo del Instituto establecido en esta Ley.
Artículo 6o. El Instituto se integrará con los siguientes órganos:
I. Asamblea General.
II. Consejo Técnico.
III. Dirección General.
El instituto contará también con un patronato y un Comité de Vigilancia y Seguimiento, como órganos de apoyo, asesoría y control.
Artículo 7o. La Asamblea General del instituto se integrará por 31 miembros de las siguiente manera: El Secretario de Desarrollo Social, quien la presidirá; un representante de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y de Gobernación; representantes de asociaciones nacionales; de personas con discapacidad y de padres de familia; representantes de Instituciones de asistencia privada; representantes de las instituciones académicas; representantes de los colegios de profesionistas involucrados con las discapacidades, así como representantes del patronato del instituto, y el director general.
Estas asociaciones y sus representantes debidamente autorizados no deben están vinculados a partidos políticos; además, contarán con reconocido prestigio de representación nacional.
La Asamblea General contará con un secretario y las vocalías necesarias, de acuerdo con el Reglamento objeto de esta Ley.
La Asamblea se renovará cada tres años, y pueden ser reelectos por una ocasión todos sus integrantes.
Artículo 8o. La Asamblea General tendrá las siguientes facultades indelegables:
I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales, así
como definir las prioridades a las que deberá sujetarse el instituto.
II. Aprobar los programas y presupuestos del instituto, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable.
III. Aprobar la concertación de préstamos para financiamiento del instituto, con créditos internos y externos, conforme a los lineamientos relativos al manejo de disponibilidad financiera, que dicten las autoridades competentes. Asimismo, remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo relativo a los créditos externos para su autorización y registro.
IV. Expedir las normas y bases generales, conforme a las que el director general podrá disponer, cuando sea necesario, de los activos fijos del instituto que no correspondan a las operaciones propias del mismo.
V. Aprobar, anualmente, previo informe del Comité de Vigilancia, los estados financieros del instituto, así como autorizar su publicación.
VI. Aprobar, de acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia, los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el instituto para obras públicas.
VII. Aprobar, tanto la estructura básica de administración del instituto, como sus modificaciones.
VIII. Autorizar la creación de comités de apoyo que considere necesarios, para el logro de sus objetivos.
IX. Nombrar o relevar, a propuesta del consejo técnico, al director general y a los servidores de los dos niveles administrativos inferiores al de él.
X. A propuesta del Presidente, designar o relevar al secretario, quien no deberá ocupar cargo alguno en el instituto.
XI. En el caso de que hubieran excedentes económicos en el instituto, proponer al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la constitución de reservas y su aplicación.
XII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales correspondientes, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el instituto requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de los inmuebles del instituto que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la Federación.
XIII. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el director general, con la intervención que corresponda al Consejo Técnico y el Comité de Vigilancia.
XIV. Previo estudio de necesidades y factibilidad, aprobar la creación de nuevas unidades de investigación y servicios.
XVI. Designar al Consejo Técnico en los términos que fijen el Reglamento respectivo.
XVII. Revocar el nombramiento de los consejeros en los términos que fije el Reglamento.
Artículo 9o. La Asamblea General del instituto celebrará sesiones ordinarias, por lo menos dos veces al año, y las extraordinarias que proponga su Presidente o, cuando menos 10 de sus miembros.
La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia de la mitad, más uno, de los miembros, Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría de los miembros presentes.
El Secretario General asistirá con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea General.
Artículo 10. El consejo técnico se conformará de 11 miembros y estará integrado por el director general, quien lo presidirá; un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, y el resto será propuesto por la Asamblea. Tratará de dar la mayor representatividad posible e incluirá dos representantes más de la Administración Pública, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente.
Para renovar el consejo técnico, los consejeros serán propuestos por la Asamblea.
Los consejeros durarán su cargo tres años y podrán ser reelectos. La designación será revocable por causa justificada; la Asamblea dará el fallo definitivo.
Artículo 11. El consejo técnico tendrá las atribuciones siguientes:
I. Decidir sobre las inversiones de los fondos del instituto, sujeto a lo previsto en el presupuesto aprobado por la Asamblea.
II. Dictar las normas técnicas y de operación, en congruencia con las políticas generales y prioridades establecidas por la Asamblea General.
III. Establecer y suprimir: delegaciones, subdelegaciones y oficinas del instituto, así como señalar su circunscripción territorial.
IV. Convocar a las asambleas: general, ordinaria y extraordinaria.
V. Revisar y, en su caso proponer, las modificaciones al anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, como también al programa de actividades de la dirección general, a fin de someterlos a la Asamblea General para su aprobación.
VI. Proponer, a la Asamblea General, la terna de candidatos al puesto de director general del instituto.
Artículo 12. El director general del instituto será designado y ratificado por la Asamblea General; él será electo de la terna propuesta por el consejo técnico.
El nombramiento recaerá en la persona que reúna los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano, de reconocida probidad, en pleno ejercicio de sus derechos.
II. Tener reconocidos méritos y experiencia en la problemática de las personas con discapacidad.
III. No pertenecer a partido político alguno.
Artículo 13. El director general del instituto tendrá las siguientes facultades:
I. Representar legalmente al instituto.
II. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del instituto.
III. Ejercer amplias facultades de dominio y administración; para pleitos y cobranzas, aún las que requieran cláusula especial.
Al tratarse de actos de dominio se requerirá la autorización previa de la Asamblea General.
IV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los acuerdos, tanto de la Asamblea General como del consejo técnico.
V. Extender los nombramientos del personal del instituto, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
VI. Dirigir el funcionamiento del instituto en todos sus aspectos y ejecutar los programas que sus objetivos requieran.
VII. Proponer, tanto a la Asamblea General como al consejo técnico, las medidas que considere indicadas para la ejecución de los planes y programas del instituto.
VIII. Rendir anualmente, en la fecha y con las formalidades que la Asamblea General y el consejo técnico determinen, el informe general de actividades del instituto, así como las cuentas de su administración.
IX. Presentar a la Asamblea General y al consejo técnico, los informes específicos que le soliciten.
X. Formular, ejecutar y controlar el presupuesto del instituto, en los términos de este ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables.
XI. Suscribir los convenios de coordinación o de otra naturaleza, a fin de cumplir los objetivos del instituto.
XII. Desempeñar las demás funciones que el reglamento interior le asigne o las que le competan, por disposiciones de acuerdos generales o concretos de la Asamblea General o del consejo técnico.
Artículo 14. El Director General del Instituto durará en su cargo seis años; podrá ser reelecto y ratificado por otro período igual en una sola ocasión.
El Reglamento interno del instituto dispondrá la manera en que el director general deba ser suplido en sus ausencias.
Artículo 15. El patronato auxiliará a la Asamblea General y al consejo técnico; además, tendrá las siguientes funciones:
I. Apoyar actividades del instituto y formular sugerencias tendientes a mejorar su funcionamiento.
II. Promover a la obtención de recursos financieros que garanticen el desarrollo de los planes y programas de Instituto.
III. Las demás que le señale la Asamblea General.
Artículo 16. El patronato estará integrado por un Presidente, un secretario, un tesorero y por cuatro Vocales.
Serán designados por la Asamblea General, entre personas de reconocida probidad y vocación de servicio, pertenecientes a los sectores social y privado. Estas podrán ser propuestas por el Consejo Técnico o por el director general del instituto.
Artículo 17. Los cargos de los miembros del patronato serán honoríficos, en consecuencia, no recibirán retribución alguna.
Artículo 18. El instituto tendrá un Comité de Vigilancia y Seguimiento, designado por la asamblea general, integrado hasta por cinco miembros.
Artículo 19. El Comité de Vigilancia y Seguimiento tendrá las atribuciones siguientes:
I. Vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
II. Practicar la auditoria de los balances contables y comprobar los avalúos de los bienes, materia de operaciones del instituto.
III. Sugerir a la Asamblea General y al consejo técnico las medidas que juzgue convenientes, para mejorar el funcionamiento del instituto.
VI. Examinar y evaluar los sistemas y procedimientos de control.
V. Presentar, ante la Asamblea General, un dictamen sobre el informe de actividades y los estados financieros, proporcionados por el director general, para cuyo efecto estos le serán dados a conocer con la debida oportunidad.
VI. Convocar a Asamblea general extraordinaria, en casos graves, bajo su responsabilidad.
VII. Vigilar la correcta aplicación, cumplimiento y sanción de las disposiciones legales, relacionadas con esta Ley.
VIII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos celebrados entre el Instituto y las autoridades locales y federales.
Artículo 20. Las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Artículo 21. Serán trabajadores de confianza: el director general, los directores y subdirectores, los jefes del departamento, y los demás que desempeñen las funciones a las que se refiere el artículo anterior.
TRANSITORIOS
Primero. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Durante el presente año el Ejecutivo asignará al instituto los recursos que considere pertinentes, a reserva de que, para el ejercicio siguiente, tal erogación sea considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Tercero. El Presidente de la Asamblea convocará públicamente, a los sectores que señala el artículo 7o., en un plazo no mayor de 60 días, para integrar la Asamblea General del Instituto.
Cuarto. Una vez instalada la Asamblea, en un plazo no mayor de 30 días, deberán hacerse los demás nombramientos que se derivan de la presente Ley.
Señor Presidente:
Por lo anteriormente expuesto los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional atentamente le solicitamos turne la presente a las Comisiones Unidas de Salud, Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social.
Por su atención le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Recinto Parlamentario, a 20 de abril de mil novecientos noventa y cuatro.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional: Abascal Carranza Salvador, Aguilar Coronado Marco Humberto, Aladro Fernández Benigno, Alba Galván José Antonio, Altamirano Dimas Gonzalo, Aranda Orozco Ana Teresa, Arce Pantoja Joel, Ávila Aranda Daniel José, Badillo Valseca Emilio, Barba Barba Andrés, Bolado del Real María del Carmen, Bravo Mena Luis Felipe, Caballero Peraza Juan Enrique, Calderón Hinojosa Felipe de Jesús,
Calderón Hinojosa Juan Luis, Castilla Peniche Rafael, Castillo Colmenares Alfredo, Castro Lozano Juan de Dios, De la Garza Gutiérrez Daniel, De León Rodríguez Hiram Luis, del Arenal Pérez Lucas Adrián, Del Valle Adame José Luis, Durán Reveles José Luis, Enciso Clark Miguel Ernesto, Esparza Carlos Jorge Tomás, Estrado Sámano Fernando, Fernández Vega Luis, Flores Cuéllar Humberto Pedro, Fuentes Benavídez Arturo, Gallardo Ledezma Napoleón, Gárate Chapa Francisco, García Toro Marco Antonio, Gómez Guerrero Miguel, Gómez Mont Urieta Fernando Francisco, Gómez Ramírez Rubén Raymundo, Gómez Urquiza de la Macorra José A., González Pintor Luis, González Reyes José de Jesús, Gutiérrez de Velasco Ortiz Alejandro, Hamdan Amad Fauzi, Hermosillo Ramírez María Cristina, Hernández Ávila José Raúl, Huesca Pérez Juan, Jáuregui Robles Sergio César A., Jiménez Remus Enrique Gabriel, Ling Altamirano Ricardo Alfredo, López Sánchez Salvador, López Valenzuela Julio Eustaquio, Loyola Pérez Alberto A., Lugo Hernández Fernando Lujambio Rafols Alfredo, Macías de Lara Pedro, Madero García Lydia, Martínez Fourcans Víctor Manuel, Martínez Gallardo Joaquín, Martínez Mireles Alberto Miguel, Meléndrez Montijo Quinardo, Miranda Jaimes Salomón. Morgan Alvarez Rafael Gilberto, Núñez Pardo Arturo, Orduña Muñoz Víctor Martín, Palacios Laguna Hugo Sergio, Paoli Bolio Francisco José, Pérez Plazola Héctor, Petersen Biester Germán Alberto, Portela Santana Francisco José, Puga Tovar José de Jesús Rafael, Rejón Peraza Luis Alberto, Rivera del Campo Manuel, Rodríguez Martínez José Guadalupe Tarcisio, Rosas de la Luz Concepción Trinidad, Salazar Sáenz Francisco Javier, Salinas Águila María Guadalupe, Salinas Aguilar Francisco, Sánchez Muñoz Jorge, Suárez Ancona Luis Silverio, Tapia Ruiz Roderico, Terrazas Allen Patricia, Torres Campos Eduardo Constantino, Torres del Valle Arturo, Urrecha Beltrán Luisa, Vázquez Ramírez Arnulfo, Velasco Gómez Raúl, Velázquez Duarte Diego Zamora Camacho Esteban, Zapata Frayre Gilberto, Zavala Pérez Diego Heriberto y Zermeño Infante Jorge.
El Presidente:
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Social.
Tiene la palabra el diputado Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado con atención el planteamiento del compañero diputado García Toro, respecto a una iniciativa de Ley ahora turnada a las comisiones correspondientes y que tiene que ver con la problemática de las personas con limitación física, psicológica o sensorial.
El diputado García Toro, que está emotiva y sentidamente ligado a este asunto, cuenta con nuestro afecto y con nuestra solidaridad en este tema.
Este tema no es nuevo para nosotros. Mi partido, y perdón por la individualización del término, es el único instituto político que felizmente tiene en sus documentos básicos la causa ciudadana como propia. Esto de ninguna manera limita la acción de las diversas fracciones parlamentarias que tienen como buen fin una Ley de integración social de discapacitados o una reforma constitucional o la opción de alguno de los caminos jurídicos que nos permitan enhebrar jurídicamente una acción más eficaz para favorecer a aquellas personas de mérito excepcional.
Les repito, no hemos sido ajenos a la voluntad ciudadana de legislar en esta materia. Desde el 14 de febrero en la explanada de este recinto parlamentario tuvimos un feliz encuentro con muchas organizaciones representativas y numerosas que vinieron a plantear una exigencia sentida en este respecto.
Mi partido también desde 1990 ha iniciado una serie de acciones tendientes a logra este buen fin.
Las cifras de la Organización Mundial de la Salud son altamente significativas. Esta organización nos dice que en el país puede haber entre 7 y 10 millones de personas con estas características, esto nos obliga moralmente a tener una actitud mucho más especifica en este sentido.
En la primera sesión de esta Legislatura, el diputado Miguel Osorio Marbán planteó a esta soberanía la necesidad de reformar el artículo 4o. constitucional. Posteriormente la diputada Gabriela Guerrero Oliveros también fincó una
iniciativa que tuvo feliz término, de tal suerte de reformar el artículo 450 del Código Civil y expresar las expresiones despectivas que en esta materia se daban para las personas objeto de nuestra atención esta mañana.
Asimismo, el propio diputado García Toro promovió, y mi partido apoyó, una modificación a la Ley Federal de Educación, de tal suerte de lograr un punto más en este sector.
La enhebración jurídica de una Ley de esta naturaleza es compleja. Podríamos optar, como repito, por varios caminos. Uno de ellos sería reformar varias leyes, esto es, las leyes que tienen que ver con seguridad social, las leyes que tienen que ver con el trabajo, las que tienen que ver con educación, con salud, con fomento y recreación, las leyes fiscales. Podríamos tomar como ejemplo varios modelos, el de la legislación de Nuevo León, la de Zacatecas, la de Aguascalientes so la de países como España o como Inglaterra, países a los que han acudido comisiones parlamentarias con objeto de empaparse de lo que puede ser una especie de ejercicio de derecho comparado en este respecto.
La fracción parlamentaria de la que soy miembro, por mi conducto propone a la Asamblea la realización de un foro que tenga un objetivo fundamental, esto es, un objetivo debidamente acotado y que tiene que ver con la recepción de propuestas específicas en materia jurídica, de tal suerte que todas las fracciones parlamentarias, juntas, podamos encontrar el mejor camino jurídico que pueda impactar favorablemente a este tan importante sector de la sociedad, que aparte de su número, impacta casi al 50% de la sociedad mexicana, si tomamos en cuenta que la problemática de una persona con algún tipo de discapacidad, no sólo afecta a su persona, sino a los miembros de su familia.
Señoras y señores: dejo la inquietud de llamara a un foro a la brevedad posible, de tal suerte de no proceder a la creación de una instancia burocrática más sino de contar con un instrumento jurídico, eficaz, con una normatividad más cuidada, de tal suerte de impactar favorablemente a este sector de la sociedad. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra PAN, Fernando Estrada Sámano, para rectificar hechos.
El diputado Fernando Estrada Sámano:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Me he permitido pedir el uso de la palabra para de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, rectificar algunos hechos.
No, señor diputado, no es su partido como usted afirmó, el único partido político que ha hecho propuestas o legislado en la materia que nos ocupa por la iniciativa presentada por el señor diputado García Toro, del PAN.
De hecho, la plataforma de mi partido propuesta a la consideración crítica y a la opción de los ciudadanos mexicanos para el período de Gobierno 1994-2000, incluye disposiciones expresas que están a disposición de su análisis, señor diputado, por ejemplo en el número 698 de este texto de plan de Gobierno; pero no sólo de ahora sino hay antecedentes podría citar sólo ejemplificando dos anteriores de grupos parlamentarios Acción Nacional.
Sin embargo, señoras y señores diputados, no parece del todo apropiado adelantar a destiempo el debate sino esperar y seguir con fidelidad, con cuidado y con acuciosidad el trámite y el procedimiento parlamentario para que se emita dictamen con respecto a la iniciativa que acabamos de escuchar y mucho menos se trataría, señor diputado, de partidizar un asunto que a todos nos atañe y que tiene qué ver con dolor de seres humanos y con un problema nacional, y en ese sentido, permítaseme agregar señor Presidente, que esta iniciativa está inspirada por un profundo sentido de humanidad, de acuerdo con la posición de filosofía política y social del PAN y que hay antecedentes anteriores a Acción Nacional en los escritos y en la visión del México moderno, de su fundador, ya en los finales de los años 20, cuando Gómez Morfín escribía que habla un dato fundamental, un dato central de la vida social que es el dolor humano,
no el dolor que viene de Dios o que permite la divinidad, no el dolor que viene de una catástrofe natural, no el dolor que viene de hechos inevitables por la voluntad humana, sino el dolor que unos hombres causamos a otros por nuestra falta de organización y por nuestra falta de interés en los demás, y que este dato central del dolor humano, era algo que podía unirnos a los mexicanos más allá de partidarismos y más allá de banderillas, y podía el dolor humano en la sociedad unirnos de tal manera, que los mexicanos, señor diputado, pudiéramos llegar a darnos unos a otros la mano, sin reservas, y éste es el caso de la iniciativa que se ha presentado.
En ese sentido, mucho más allá de partidarismos o de paternidades intelectuales, históricas o biográficas, me parece que sería de esperar que, señoras y señores diputados, señor Presidente, la posibilidad de un consenso en torno a este problema de dolor humano y a este problema de naturaleza y de envergadura nacional.
Llamo la atención al hecho que en lo personal fue causa de satisfacción de que el candidato presidencial del PAN acaba de estar precisamente con organizaciones de personas mexicanas discapacitadas, y que al fin y al cabo, señor Presidente, la capacidad de un partido de cumplir los compromisos que adquiere ante la ciudadanía en sus plataformas, la capacidad propositiva de convertir, traducir y concretizar estos compromisos públicos en instrumentos concretos de Ley, serviciales, fructíferos y viables para los mexicanos en necesidad, la capacidad de imaginación política y de adelanto de temas centrales en el debate nacional como otros que se incluyen en este documento, tales como el muy espinoso asunto de la ingeniería genética, esto señala, señor diputado, señoras y señores, la necesidad y la esperanza de que por el dolor humano que esto significa y la necesidad nacional de mexicanos, las comisiones a que ha sido turnada la iniciativa y los diputados de todos los partidos podamos trabajar de consumo para que se emita un dictamen que sea un instrumento más de servicio a los mexicanos, particularísimamente los que sufren discapacidades y desventajas, al fin y al cabo, señor diputado, señoras y señores diputados, señor Presidente, la discapacidad, el dolor y el sufrimiento mucho más allá de partidos nos atañe y nos afecta a todos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado Fernando Estrada Sámano.
Tiene la palabra el diputado Francisco Arroyo.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea:
Yo creo que éste es un feliz encuentro en un tema que a todos nos atañe. Más allá de las disquisiciones filosóficas, jurídicas o morales que podamos hacer respecto a este asunto, yo creo que la verdad es una y es que nos tenemos que poner con toda atención a ver este asunto y a sacar un resultado lo más provechoso posible para este sector de la sociedad, que merece de nosotros una atención que pudiésemos derivar de la concepción de la justicia visita, como tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.
Yo creo que no se trata de que tengamos que regatear la paternidad o la autoría intelectual de un tema tan noble como éste. Yo desprendo de la palabras del señor diputado Estrada Sámano, atendiendo también y viendo con simpatía todo lo que dijo respecto al dolor humano, al que de repente nos enfrentamos con cierta incapacidad para responder de la manera más eficaz posible, la intención del Partido Acción Nacional, de sumarse, de tal suerte de que la realización de este por, más allá de partidizar las posiciones o más allá de servirnos como un foro que inmoralmente no se podría justificar para llevar agua al molino de algún a de las fracciones partidistas, podamos nosotros sacar la enhebración jurídica más oportuna y más prudente, que nos permita contar con una iniciativa que no sólo visualice una institución de carácter burocrático, sino que impacte mucho más allá en temas tan espinosos como lo puede ser la lista de los derechos humanos y otras que yo he mencionado en esta tribuna y que tenemos que visualizar en la iniciativa compleja y consensada que las fracciones parlamentarias vengamos a proponer aquí a la brevedad posible. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero Francisco Arroyo.
Tiene la palabra el diputado Fernández Tomás, también del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rafael Fernández Tomás:
Muchas gracias, señor Presidente:
Quisiera, para el Diario de los Debates, señalarle que mi intervención es a título personal, no como miembro de la fracción de mi partido.
Quiero, compañeros, en primer lugar felicitar a los compañeros de Acción Nacional. Quiero felicitarlos, porque hace dos años que aquí en la Cámara, aquí, Miguel Osorio Marbán y otros compañeros hemos planteado el problema de discapacitados y han pasado dos años y no se ha resuelto nada, y aquí en la Cámara nos llegan o las iniciativas del Ejecutivo o recogemos nosotros como parte de la sociedad las iniciativas de la sociedad civil, y hace unos meses estuvieron aquí en la puerta los discapacitados, y me parecía lo menos que en este instante, aunque tuviese algunas consideraciones que hacer en relación con la iniciativa que ustedes plantean, creo que deberíamos darle otro tono.
Yo soy el secretario de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara y creo que hay dos temas que han venido de la sociedad y que la Cámara de Diputados no hemos enfrentado honestamente.
Y yo me pregunto: ¿hasta cuándo vamos a llamar a foros y a reuniones y vamos a dejar las demandas de la sociedad civil a la cual nosotros representamos,. así?
Hay dos problemas, el de discapacitados y el de los pensionados. El de los pensionados lleva dos años y pico; los compañeros pensionados han venido aquí a acuerdo con la Cámara, acuerdo de todas las fracciones, y los compañeros siguen a sus 70 ó 70 y tantos años caminando bajo la lluvia en las calles de la ciudad o en Yucatán, como ha tocado, o en todo el país, pidiendo algo que es de justicia.
Y ahora se presenta el problema de los discapacitados. Podemos analizar cómo, si es instituto, si es subsecretaría lo que sea, lo que yo quiero decir es que ¿hasta cuándo los diputados de este país y los diputados de nuestra Cámara, hasta cuando vamos a recoger las demandas de la sociedad y convertirlas y a hacer uso del papel de lo que nosotros somos, la soberanía nacional, para resolver los graves problemas de este país?
Si no hubiese a veces, y yo me incluyo, pero creo que debemos incluimos todos, si nosotros jugásemos el papel que el pueblo está esperando que juegue el Poder Legislativo, muchos problemas de los que hay en este país no existirían.
Por eso sin entrar en debate con mi compañero del Partido Revolucionario Institucional, simplemente lo que digo es: ya basta, recojamos esas demandas. Hoy es cierto que va a haber una reunión con los compañeros es cierto que va haber una reunión con los compañeros jubilados y pensionados: yo llamo a la Cámara a que el compromiso que tenemos con los jubilados y pensionados de este país lo ejecutemos antes de salir, de terminar la LV Legislatura, y que recojamos ahora la demanda del PAN y las demandas que presentamos nosotros, que presentó Miguel Osorio Marbán, que nos olvidemos de los partidos, ¡carajo!, que éste no es un problema de partido, es problema de la soberanía nacional.
¿Quién presentó antes o quién presentó después? Es secundario. El pueblo está exigiendo que juguemos un papel, o lo jugamos o el pueblo nos lo va a exigir y nos va a poner en nuestro lugar.
Por eso, compañeros, yo creo que aquí lo que procede es que la iniciativa que presentó Acción Nacional pase a comisiones, y las iniciativas que ya se hablan presentado por parte de Miguel Osorio Marbán, por el compañero Arroyo y por todos, pasen a comisiones, instruméntense en comisiones. Lo que no quisiera, compañeros, con toda honestidad, es que pasen cuatro meses y tengamos aquí en la puerta a los compañeros discapacitados, como estuvimos la vez pasada que a todos nos conmovió muchos verlos.
Yo dije en la tribuna hace dos años que tengo un hermano discapacitado, por eso soy muy sensible a este problema.
Y los vimos aquí en la puerta, y lo que no quisiera, creo que nadie de nosotros, es que pasen cuatro meses y resulta que la Cámara de Diputados no resolvió nada, mandó otra vez más a discusiones y a foros. ¡Ya!, compañeros.
El Presidente:
Gracias, diputados Fernández Tomás. Continúe la Secretaría.
GRAN COMISIÓN
La secretaria Ignacia García López:
Se va a dar lectura a un acuerdo de la Gran Comisión.
«Gran Comisión.
Acuerdo para la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a los acontecimientos ocurridos, el 23 de marzo de 1994, en la ciudad de Tijuana B. C.
Honorable Asamblea: la Gran Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, fracción IV; 50, 52 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 71, 78, 79 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, y
CONSIDERANDO
1. Que el 24 de marzo la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, emitió una declaración política por la que condenaba enérgicamente los actos de violencia ocurridos el día 23 de marzo en la ciudad de Tijuana, B. C., en los que perdió la vida el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta:
2. Que con la misma fecha la Comisión Permanente acordó la integración de una Comisión Especial, con la participación de todos los partidos políticos ahí representados, para dar seguimiento a las investigaciones que las autoridades competentes realizan, a fin de informar de sus resultados en su oportunidad a ese Cuerpo Colegiado y a las cámaras de honorable Congreso de la Unión.
3. Que la Gran Comisión considera necesario crear una Comisión Especial de diputados para que, vinculada con la respectiva del Senado de la República, continúe informando de la evolución y resultados de las investigaciones al pleno de la Cámara de Diputados;
4. Que es facultad del pleno de la Cámara de Diputados sancionar las propuestas de la Gran Comisión en lo que se refiere a la creación de comisiones especiales; somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
ACUERDO
Primero. Se crea una Comisión Especial para dar seguimiento a los acontecimientos ocurridos el 23 de marzo en la ciudad de Tijuana, B. C., que funcionará de manera coordinada con la del Senado de la República e informar al pleno de la Cámara de Diputados de las actividades que realice.
Segundo. La Comisión Especial tendrá como límite de sus atribuciones el ámbito de seguimiento e información, en respeto a las facultades que le competen a las autoridades judiciales.
Tercero. Esta Comisión Especial estará integrada por los siguientes diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Víctor Orduña Muñoz, Alejandro Encinas Rodríguez, Alberto Carrillo Armenta, Alfredo Castañeda Andrade y Juan Cárdenas García.
Cuarto. Corresponde al pleno de la Cámara de Diputados, en función del curso de los acontecimientos y a propuesta de la Gran Comisión, determinar el plazo del funcionamiento de la Comisión Especial.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los veinte días del mes de abril de 1994.- Diputados: María de los Ángeles Moreno Uriegas, presidenta de la Gran Comisión, Miguel González Avelar, secretario y Rodolfo Becerril Straffon, secretario.»
En votación económica se pregunta, si se aprueba la proposición de la Gran Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la proposición, señor Presidente.
Lectura a la proposición de la Gran Comisión.
«Gran Comisión.
Acuerdo para la creación de la Comisión Especial de seguimiento a los acontecimientos del Estado de Chiapas.
Honorable Asamblea: la Gran Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 47, fracción IV; 50, 52 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 71, 78, 79 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
CONSIDERANDO
1. Que con fecha 5 de enero de 1994, los legisladores de la Comisión Permanente aprobaron la creación de un Grupo Plural para recabar información necesaria para sugerir, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, cursos de solución política a la situación prevaleciente en el Estado de Chiapas;
2. Que el 10 de enero del presente año, por mandato de la Comisión Permanente fue integrado el Grupo Plural para dar seguimiento a los acontecimientos en esta entidad;
3. Que este Grupo Plural, en cumplimiento con sus objetivos, cometidos y lineamientos, presentó sucesivos informes al pleno de la Comisión Permanente y sometió a aprobación recomendaciones para los gobiernos federal, estatal y municipal;
4. Que en la sesión de clausura de la Comisión Permanente, el 15 de abril, el pleno aprobado que dicho Grupo Plural siguiera funcionando e informando a las comisiones respectivas de las cámaras de Diputados y Senadores de las actividades que realice;
5. Que la Gran Comisión considera necesario crear una Comisión Especial de diputados para que, vinculada con la respectiva del Senado de la República, continúe cumpliendo con los objetivos y cometidos del Grupo Plural;
6. Que es facultad del pleno de la Cámara de Diputados sancionar las propuestas de la Gran Comisión, en lo que se refiere a la integración de comisiones especiales; somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
ACUERDO
Primero. Se crea una Comisión Especial para dar seguimiento a los acontecimientos en el Estado de Chiapas, con los siguientes objetivos contribuir a encontrar la pronta solución al conflicto mediante la moderación, el diálogo y la negociación; procurar invariablemente el respeto a los derechos humanos de todos los involucrados en los hechos; y propiciar el retorno al orden constitucional, la vigencia de la legalidad y el cese de hostilidades.
Segundo. Esta Comisión Especial actuará conforme a los cometidos y lineamientos del Grupo Plural creado por mandato de la Comisión Permanente el pasado 10 de enero de 1994, actuará de manera coordinada con la respectiva del Senado de la República e informará al pleno de la Cámara de Diputados de las actividades que realice.
Tercero. Esta Comisión Especial estará integrada por los siguientes diputados: Juan Ramiro Robledo Ruiz, Alvaro Salazar Lozano, Felipe Calderón Hinojosa, Alejandro Encinas Rodríguez, Jesús Martín del Campo, Alberto Carrillo Armenta, Israel González Arreguín, Servando Hernández Camacho, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y Jorge Tovar Montañez.
Cuarto. Corresponde al pleno de la Cámara de Diputados, en función del curso de los acontecimientos y a propuestas de la Gran Comisión, determinar el plazo del funcionamiento de la Comisión Especial.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de abril de 1994.- Diputado María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Gran Comisión; Miguel González Avelar, secretario y Rodolfo Becerril Straffon, secretario.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición de la Gran Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la proposición, señor Presidente.
REPÚBLICA DE COSTA RICA
El secretario Guillermo Sánchez Nava:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Juan Carlos Rodríguez Botella y Martínez Gallardo, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Juan Mora Fernández, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso
solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Rodríguez Botella y Martínez Gallardo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Juan Mora Fernández, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D. F., a 21 de abril de 1994.- Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alanis Alanis, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Benjamín Ávila Guzmán, Rogelio Audiffred Narváez, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, José Miguel Castro Carrillo, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Días, Marlene Catalina Herrera Día, Manuel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Miguel Angel Murrillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Florencio Salazar Adame, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zemeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y Rafael Alberto Castilla Peniche.»
Es de primera lectura.
REPÚBLICA DE GUATEMALA
El secretario Guillermo Sánchez Nava:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano capitán primero de infantería diplomado de Estado Mayor, Héctor Manuel Valles, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Mérito Académico, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano capitán primero de infantería diplomado de Estado Mayor, Héctor Manuel Valles, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Mérito Académico, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D. F., a 21 de abril de 1994.- Diputados:
Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Cuauhtémoc López Sánchez; Juan de Dios Castro Lozano, secretario, José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Benjamín Avila Guzmán, Rogelio Audiffred Narváez, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, José Miguel Castro Carrillo, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristema González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Ramón Ferrari Pardiño Luis Alberto Fuentes Mena Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Marlene Catalina Herrera Día, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Angeles Moreno Uriegas, Miguel Angel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Shettino Piña, Florencio Salazar Adame, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zúñiga Galeana».
Es de primera lectura.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre el aniversario de los sucesos del 22 de abril de 1992 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Se han inscrito para hablar sobre este tema los siguientes diputados: Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Pérez Plazola, del Partido Acción Nacional; Carlos González Durán, también del Partido de la Revolución Democrática; Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista; Juan José Bañuelos Guardado, del Partido Revolucionario Institucional; así como Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Angel León Corrales:
Gracias, compañero Presidente; señoras y señores diputados:
Este próximo viernes 22 de abril de 1994, se van a cumplir dos años de la terrible tragedia que sacudí a la capital de Jalisco y que preocupó profundamente no sólo a los jaliscienses, sino a todos los mexicanos, incluso fue una preocupación que rebasó las fronteras de nuestro país.
Todos conocemos lo que ese día sucedió: miles de litros de gasolina Nova derramados en el colector oriente del sistema de drenaje de la ciudad de Guadalajara, destruyeron 12 kilómetros de calles y con ello según las cifras oficiales, 209 muertos, 1 mil 400 lesionados, daños a 3 mil 700 fincas, un sin número de carros etcétera.
Setenta y dos horas después de esta catástrofe por orden presidencial el entonces Procurador General de la República, Morales Lechuga, rindió un primer informe con respecto a estos sucesos. Ahí en ese informe el entonces procurados sostuvo la teoría de que el accidente se debió a gasolina Nova derramada al colector a través de un pequeño agujerito de un centímetro de diámetro que se generó en el poliducto de Pemex que va de Salamanca a la ciudad de Guadalajara y que, repito, generó que el drenaje se llenase de gasolina y a su vez esta gasolina generarse esta explosión.
En este primer dictamen de la Procuraduría General de la República hubo nueve inculpados, a estos nueve inculpados se les encarceló, y la Procuraduría General de la República se comprometió a continuar con la investigación hasta sus últimas consecuencias.
Ocho meses y 11 días después de este primer informe el procurado Morales Lechuga entregó un segundo informe, un segundo dictamen, en el cual sostuvo la teoría que había sostenido en abril; es decir, la teoría del agujerito, planteó que había otros elementos concordantes que, a su vez, todos funcionarios para que el accidente ocurriese, pero desde ese momento, ocho meses y 11 días después del primer informe, yo sostengo la idea de que la Procuraduría General de la República comenzó a delinear cuál era su estrategia con respecto a las investigaciones. En una reunión con una comisión de diputados de esta soberanía, Morales Lechuga nos entregó un resumen del informe y en él se decía que la Procuraduría a partir de ese momento ya no iba a impugnar, ya no iba a generar causa alguna penal ni contra instituciones no contra personas. E incluso en esa reunió, de palabra, el procurador nos planteó que, desde su punto de vista muy personal, los nueve inculpados podrían salir libres bajo fianza.
Unos días después de ese segundo informe, en efecto, los nueve inculpados salieron libres bajo fianza y a nosotros no se nos olvida que los dineros que sirvieron para garantizar esa fianza fueron precisamente los dineros de los propios damnificados.
A principios de este año, el Ministerio Público Federal del juzgado sexto, emitió un dictamen de más de 1 mil hojas en las cuales con carácter de inacusatorio deja completamente libres a los nueve inculpados, es decir, a dos años de la catástrofe no existen culpables.
Estos sucesos tienen qué ver con agravios de tipo político, tienen que ver con agravios de tipo económico y tienen qué ver con agravios en torno a la justicia y cómo se genera la justicia en esta país.
Todos recordamos que unos días después de la catástrofe, Guillermo Cosío Vidaurri solicitó licencia y esa licencia permitió la llegada al gobierno del Estado de un gobernador interino. ¿Por qué hablo de un agravio político?, porque me queda claro que se le escamoteó al pueblo de Jalisco la posibilidad de generar un proceso electoral, democrático para poner un nuevo gobernador, porque me queda claro que un gobernador como Cosío Vidaurri, al que se le da licencia, jamás iba a regresar al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
Muchos agravios económicos, ahí están las interminables colas de los damnificados para recibir migajas, ahí están sus plantones, ahí está el maltrato de burócratas, ahí está el dinero insuficiente, pero sobre todo, la represión que el 1º de junio de 1992, se cernió sobre ellos en la madrugada, por 50 policías vestidos de civil que con todo lujo violencia los quitaron de la Plaza de Armas.
Yo recuerdo que entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe, de Derechos Humanos presentó un informe, y en este informe declaró, a diferencia de lo que decía el gobernador del Estado, que en esa represión había participado policías de seguridad pública y que sin duda alguna un funcionario de algo nivel necesariamente había dado la orden para llevar a cabo esta represión.
A dos años de los sucesos, quedan muchas dudas. A dos años de los sucesos no sabemos cuánta gasolina entró realmente al colector. A dos años de los sucesos la represión a los damnificados es una represión que continúa impune, y a dos años de los sucesos, no hay culpables.
¿Qué pasa con la justicia en ese país? Yo me di a la tarea de releer algunas de las versiones estenográficas, de algunas de las múltiples discusiones que en esta tribuna dimos las diferentes fracciones parlamentarias en torno a la cuestión de la justicia y considero que a dos años de los sucesos, éste es un momento en el que resulta correcto recordar cuáles fueron esas posiciones.
Por ejemplo, el 28 de abril de 1992, un compañero diputado del Partido del Frente Cardenista decía lo siguiente: "Nosotros como comisionados de esta Cámara creemos y enfatizamos, que los culpables, número uno, por negligencia y omisión, fueron los funcionarios de primer nivel, en este caso el director de Pemex y el segundo, el señor gobernador del Estado de Jalisco".
Decía el Frente Cardenista en aquella ocasión: "Queremos que estos hechos de ninguna forma queden impunes; queremos que se defienda todo tipo de responsabilidades y que se apliquen con todo rigor, conforme a derecho, nuestras leyes. Que no busquemos chivos expiatorios
o conejillos, sino que ya se dé una información clara y verídica acerca de los hechos".
El Partido Popular Socialista en esa misma ocasión decía: "Señoras y señores diputados: como otras fuerzas y sectores sociales, nuestro partido exige que en las investigaciones en curso se profundice hasta lograr que se esclarezcan totalmente sus causas en la responsabilidad de los involucrados en las explosiones en Guadalajara y que se aplique todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables de la tragedia, para tranquilidad de la conciencia de los mexicanos y para bien de las instituciones de la nación".
El Partido Acción Nacional en esa ocasión manifestó: "Acción Nacional exige que se vaya a fondo; que se investigue la conducta activa y homicida del gobernador del Estado de Jalisco. Tiene que incorporarse al escenario de la investigación la posible responsabilidad del ejecutivo de la entidad y de altos mandos de la esfera estatal.
Creemos que por la confianza que hoy exige el pueblo de México en las instituciones por razón de justicia, por las víctimas de la tragedia y por las víctimas potenciales que pueden darse entre todos aquellos que hoy habitan las grandes concentraciones urbanas, es totalmente inadmisible que por compromiso y por asuntos de orden político, quede trunca esta investigación".
¿Y qué decía el Partido Revolucionario Institucional en aquella discusión? ¿Cuál era su punto de vista en torno al problema de la justicia? Ellos afirmaron: "Pero aquí y ahora, sobre todo queremos concluir los diputados de Jalisco, una declaración en el sentido de que para nosotros es confiable la autoridad competente a cuyo cargo está este primer informe, estas primera conclusiones. Y está claro, se va a continuar con un seguimiento que podrá llegar a todos los niveles y hasta sus últimas consecuencias".
Y afirmaban: "que impere y campee sobre todo, la observancia al derecho y a la justicia".
La realidad es que la PGR y el juez encargado del caso, no encontraron culpables, porque nunca los buscaron; se dedicaron a la simulación. A 72 horas de la catástrofe tomaron nueve presos para justificar de manera provisional las acciones del Gobierno, frente a la indignación y el coraje de la sociedad, para dar, según yo, un primer golpe a deseo de justicia. Luego se dejó pasar el tiempo, el tiempo necesario para que estos inculpados salieran libres bajo fianza, para al final dar carpetazo al caso 22 de abril, dejando libres de toda culpa a los nueve encarcelados sin fincar ninguna responsabilidad.
Para el sistema judicial mexicano ha sido más importante cuidar a la clase política en el poder, que procurar justicia, aun y cuando esté de por medio la palabra del Presidente de la República, quien el mismo 22 de abril de 1992 afirmo: "Que llegaría hasta sus últimas consecuencias las investigaciones sobre los factores que ocasionaron el desastre, con el fin de deslindar responsabilidades y castigar a quien o quienes resulten responsables".
La conducta pública del Estado con respecto a la impartición de justicia se repite una y otra vez. Tras las muertes se organizan comisiones y se toman medidas espectaculares por el Presidente de la República en turno. Luego se deja pasar el tiempo para que llegue el olvido, hasta que sobreviene otra tragedia. Ahí está el caso del 22 de abril que siguió esa lógica; ahí está el caso del cardenal Posadas, que está a punto de terminar como el caso del 22 de abril, en un carpetazo y por lo tanto seguir esa lógica; y ahí está el caso de Luis Donaldo Colosio, que muy probablemente también siga esta lógica de dar carpetazos a los grandes casos de injusticia que el sistema judicial mexicano ha venido promoviendo con está lógica una vez tras otra.
Lo que sucedió el 22 de abril no fue ni un temblor ni un accidente de la naturaleza. Lo que sucedió el 22 de abril, fue producto de gasolina Nova que fue a dar al sistema de drenaje, al colector oriente de Guadalajara, por cuestiones de negligencia, por cuestiones de corrupción y por lo tanto, estamos ante un caso en el cual no se puede dar la situación de que no existan culpables.
El mismo 22 de abril Salinas de Gortari dijo: "72 horas para aclarar".
Comprometió su palabra. Dijo que: "Caiga quien caiga".
Y ahora sucede que la catástrofe del 22 de abril no tiene culpables.
Yo entiendo y estoy seguro de que esos agravios políticos y económicos que sufrieron los damnificados, la población de Guadalajara y
en general los mexicanos, de alguna manera le van a pasar la factura al sistema.
Pero ¿y el problema de la justicia, señoras y señores diputados? Pero ¿y las posiciones que en torno a este problema de la justicia todas y cada una de las fracciones parlamentarias en esta legislatura asumieron un día después de los sucesos del 22 de abril en una sesión de esta Cámara? Pero ¿acaso es posible que el 22 de abril pase a la historia como uno de los principales ejemplos de sexenio salinista? El 22 de abril le decía a Salinas entre los escombros, "por qué no se nos avisó". El 22 de abril aquí, las diferentes fracciones a través de algunos de ustedes expresaron que se tenía que hacer justicia. Lo discutimos muchas veces a lo largo de estos dos años en esta Cámara, y a la postre, dos años después, no hay culpable.
Yo les pregunto a todos y cada uno, de las diputadas y de los diputados que se encuentran en este recinto: ¿si vamos a permitir que el caso 22 de abril, con sus más de 200 muertos, con un sin número de desaparecidos, con toda la problemática material que generó, va a quedar impune?
¡Que la palabra del Presidente quede en entredicho no es mi problema! ¡Que después del 22 de abril se hubieran venido otras tragedias y la última de ellas tenga a la Procuraduría General de la República en un brete, en todo caso es un problema de todos nosotros. Pero, sostengo la idea de que si esta legislatura no actúa para exigir al sistema judicial mexicanos que con respecto a la tragedia de Guadalajara se haga justicia y que este hecho no quede impune, todos y cada uno de los que estamos aquí pasaremos a la historia como los diputados que no tuvimos el valor civil necesario para enfrentar con toda claridad al Poder Ejecutivo y para lograr que por sobre cualquier tipo de interés, en este caso se hiciera justicia.
En este sentido, diferentes diputados queremos presentar a ustedes un punto de acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que dice lo siguiente:
A efecto de concluir con el seguimiento y evaluación sobre la investigación y el procedimiento para determinar responsabilidades civiles, penales y administrativas en relación con los sucesos acaecidos en la ciudad de Guadalajara el 22 de abril de 1992, la Comisión de Justicia deberá realizar todas las gestiones que estime pertinentes para allegarse información sobre este asunto y una vez evaluada la información presentar al pleno de esta Cámara el informe sobre el asunto.
Lo firma el diputado Héctor Pérez Plazola, el diputado Guadalupe Salinas Aguila, el diputado Gabriel Jiménez Remus, el diputado Carlos González Durán y un servido, Miguel Angel León Corrales. Lo entrego a la Secretaría.
Compañeras y compañeros diputados: este viernes se van a cumplir dos años de la tragedia y un año de que en esta legislatura guardamos un minuto de silencio por los muertos del 22 de abril de 1992.
Y en esta ocasión un servido de ustedes, más que pedir un minuto de silencio por los muertos, precisamente a nombre de ellos y a nombre de que no vuelva a suceder una catástrofe como ésa, lo único que pido es justicia. Ustedes tienen la palabra. Gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado.
Pido a la Secretaría que reserve esta propuesta, para que al final de la discusión se dé el trámite correspondiente.
Ahora tiene la palabra el diputado Héctor Pérez Plazola, del Partido Acción Nacional.
El diputado Héctor Pérez Plazola:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Estamos recordando hoy que hace 728 días nos estremecimos aquí también con las explosiones del 22 de abril, que se presentaron en el sector reforma de la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, para no ser reiterativos, comentaremos lo siguiente:
Hay un expediente originado por tal hecho, que reporta como última evolución, llega a conclusiones no acusatorias. Sin embargo, 72 horas fueron suficientes para inculpar a nueve personas; 20 meses después de estar
celebrados se les declaró no responsables, o sea, 14 mil 400 horas, y hoy hace 17 mil 472 horas que sucedió la explosión del 22 de abril y no hay resultados.
Sin embargo, un hecho es indiscutible: gasolina es lo que había en el drenaje. Pemex es el único que distribuye la gasolina del país. Existen constancia., actas y un sinnúmero de documentos que confirman tal hecho.
Pero desde luego que no se pretende encontrar un enfoque político ni una capitalización, pero somos miembros de esa comunidad tapatía que sufrió tal hecho. Somos solidarios, por tanto, en forma muy especial, con los afectados en una palabra son justos y razonables. Somos voz de los que no la tienen, seamos todos solidarios con los damnificados tapatíos. Contribuyamos a rescatar la credibilidad de las instituciones. Exijamos, en un apalabra, que la Procuraduría General de la República cumpla con su responsabilidad, que presente conclusiones relativas a este lamentable y doloroso hecho. Seguramente la Procuraduría tiene elementos suficientes para presentar conclusiones, ¿por qué el silencio?
Miles, miles de hojas constan en ese expediente y sin embargo no hay resultado fehaciente. Si la Procuraduría General de la República tuvo injerencia en un asunto que pudo ser atendido por la Procuraduría del Estado de Jalisco, porque era algo relativo al orden común, sin embargo en aquella ocasión todos supusimos que esa injerencia obedecía, por una parte, a que estaba Pemex implicado y por otra, que la mayor capacidad de investigación podría contribuir a obtener el esclarecimiento a la mayor brevedad posible, y eso no ha sido así.
¡Por lo tanto, que concluya esa responsabilidad de la Procuraduría o si no hay resultados, que saque las manos de este asunto! Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Hay un derecho colectivo que es el derecho a la ciudad y este derecho colectivo es el primer agravio que causa la tragedia de Guadalajara de hace dos años.
Este atropello a la ciudad mexicana, porque no sólo es en Guadalajara, es un atropello a las condiciones de vida urbana, debido en alguna forma a los vicios del régimen: al centralismo, a la sobrepoblación, al desempleo, al desabasto, a la falta de equipamientos y servicios urbanos, como del agua potable, el drenaje y al conjunto de condiciones que establecen el bienestar ambiental y el bienestar de la convivencia urbana. Este derecho a la ciudad es un derecho al suelo, al asentamiento, a la subsistencia, a la vivienda, a la salud, a los servicios, a la recreación, a la información, a la participación en la toma de decisiones, a la conservación de los patrimonios históricos, a las condiciones correctas y confiables del ambiente.
Todos estos intereses y valores colectivos son valores atropellados, porque si en una ciudad no se puede vivir, si en una ciudad en lugar de que dé vida da muerte en forma masiva a la población, eso revela graves niveles en la administración pública, graves niveles de irresponsabilidad técnica, graves niveles de responsabilidad política, administrativa, penal, civil y moral; a ésos me voy a referir.
La ciudad moderna es una ciudad que ha transformado los hábitos de las personas; se dice que las ciudades son como la segunda matriz de los individuos y que las ciudades conforman el pensamiento, el sentimiento, la manera de ser, el temperamento, la personalidad. Guadalajara estaba caracterizada como una ciudad vivible, de valores morales en su convivencia, ahí en Analco, llamado sector reforma, que ahora se llama "sector rebombas", porque es un sector que ha perdido la confianza, ha perdido la tranquilidad y sucede que ese antiguo lugar que era sede de las serenatas del barrio y si una ciudad debe de dar trabajo, transporte, debe dar tránsito y debe dar convivencia, el encuentro de todos los encuentro, se da en las serenatas donde unos ojos ven otros ojos y se retroalimenta el impulso que trasciende la pareja humana.
Pues todo esto fue dañado, la tranquilidad física, la salud, porque la salud no es solamente un bienestar biológico, es también
síquico, es también espiritual, y la salud es una situación de bienestar que a todos nos envuelve; si no hay salud en la hornilla de una ciudad, tampoco la hay en el centro de la ciudad, y si no hay salud en el centro de la ciudad, tampoco la hay en las periferias de la ciudad.
Estos problemas de la tragedia urbana de Guadalajara, son problemas que reclaman una serie de medidas, de justicia, de buen gobierno, de eficacia, de oportunidad, de destreza de las autoridades.
Por los tiempos que corre el país, ya no estamos de acuerdo en que las autoridades se limiten a cumplir simplemente sus obligaciones. O se rinden cuentas o se ajustan cuentas; ya no hay todo el tiempo para entretener la justicia.
Quiero decir, que este daño se produjo por un proceso de descomposición urbana, por las contradicciones de la ciudad industrial, del maquinismo, del capitalismo bárbaro que transformaron los hábitos, la conducta y por la corrupción política del régimen. Todo eso hizo posible esta enorme tragedia.
La ciudad de Guadalajara siempre se caracterizó por ser una ciudad articulada; cada barrio, cada lugar, tenía origen y era originario; cada cosa estaba en su sitio y había un sitio para cada cosa, y el sitio de los sitios era Analco, porque ahí la bondad de los curas franciscanos formaron la sensibilidad, el temperamento y la personalidad del tapatío
Pues bien, hay una descomposición política urbana y social en esta tragedia, porque vemos lugares degradantes, no basta que las cosas vuelvan a aparecer como habitables; lo que hace habitable a las cosas es su carácter atractivo, es la presencia que las cosas tienen por ser valores de uso y no simplemente mercancías.
Pues bien, hay una cadena de delitos, y como dijo el compañero del Partido de la Revolución Mexicana, hay una cadena de impunidades, y es el caso que esas impunidades son todas éstas: los peculados , la corrupción administrativa en Pemex, porque a pesar de sus aparatos tan sofisticados que precisaban las faltas, las fugas de las sustancias conducidas en el poliducto, guardaron silencio, y ocultaban esas pérdidas en cantidades enormes de gasolina porque ellos estaban en la rapiña. Así que ahí hay un primer delito que se llama peculado.
Cuando vino la explosión, la explosión vino por la torpeza, la inexperiencia y la falta de capacidad de las autoridades gubernamentales municipales y del organismo llamado SIAPA, por que cuando la población reclamó protección y apoyo frente a los riesgos, fueron los técnicos y demostraron que no eran técnicos; tomaron unas medidas ineficaces, torpes, inefectivas y a sabiendas abandonaron a la población a su suerte, y quien realizó el abandono de la población a su suerte, fue el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, principal personaje de la impunidad de la tragedia de Guadalajara.
También Pemex disfruta de impunidad, los altos mandos de Pemex, por no mantener sus instalaciones en buen estado, no darles debido mantenimiento.
Los homicidios y las lesiones trataron de ocultarse, y aquí mismo denunciamos los delitos de profanación de cadáveres y de inhumación clandestina, cuando apresuradamente las autoridades locales sacaban los cuerpos de las víctimas para incinerarlos en forma oculta y para en forma oculta darles sepultura.
Los daños son reparados, ha habido una administración que no se puede uno negar a aceptar su buena fe y su eficacia en el trabajo, pero es que los daños fueron enormes, fueron los daños al sector público y empezando por la institución de Pemex tuvo que hacer un enorme gasto para conservar el abasto a Guadalajara, tuvo que movilizar muchas unidades de transporte de sus productos para conservar el consumo que requería la zona.
El abuso de autoridad en dos direcciones: por no haber dado protección a la población frente a un riesgo de muerte y por haber abandonado los servicios. ¿Qué SIAPA no tenía la responsabilidad de conservar el buen estado y funcionamiento de los drenajes? ¿No tenía la obligación SIAPA de tener técnicos eficientes que dieran protección a la sociedad frente a un riesgo de tanta gravedad? Hubo pues por lo tanto un conjunto de delitos en el abandono de servicios públicos y la falta de protección, pero también hubo trastornos graves ala economía.
¿Como se puede afectar al economía de un estado que aporta de manera importante al producto nacional y se le trastornó en su actividad industrial y en su actividad turística, en la confiabilidad de su presencia de turistas y de visitantes? Hay pues un daño histórico, hay un daño a la imagen moral.
Vemos entonces quiénes son los responsables, los técnicos por no haber tomado medidas eficientes para no causar los riegos. Si el problema surgió de los productos de Pemex, independientemente de las responsabilidades objetivas por riesgo creada, responsabilidades civiles; las autoridades tienen responsabilidades frente a sus empleados. ¿Por qué nombraron a eso empleados torpes e inconscientes y corruptos?, pues tienen responsabilidad por la responsabilidad de terceros, porque eran sus subordinados. Los altos mandos de las instituciones públicas involucradas, tienen también responsabilidad civil, independientemente de las responsabilidades penales.
Hay aquí por lo tanto un conjunto de impunidades, una cadena de impunidades. Y dijimos, la cadena de impunidades producen turbulencia y la turbulencia produce inseguridad política.
Hacer justicia a la tragedia de Guadalajara es poner en claro, en transparencia, en confiabilidad, a las instituciones del país. Si los ministerios públicos van a seguir oyendo consignas, no pueden ser llamados representantes de la sociedad. Para que sean representantes de la sociedad se requiere que cumplan sus obligaciones y que cumplan sus deberes, pues en esta tragedia el Poder Público no ha cumplido ni sus obligaciones ni sus deberes y no hay más que una solución: o corrige su conducta de impunidades, o la sociedad nacional, si no se le rinden cuentas, ajustará las cuentas.
El Presidente:
Muchas agracias, diputado Carlos González Durán.
Tiene la palabra la diputada Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista.
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros:
Señor Presidente: señoras y señores diputados.
Una vez más abordamos en esta tribuna lo referente a los trágicos hechos ocurridos hace hoy dos años en el sector reforma de la ciudad de Guadalajara.
Hemos dicho ya que el Partido Popular Socialista estima que poco hemos avanzado en el análisis de las causas esenciales que permitieron la creación de las condiciones para que se produjera semejante desastre, mismo que conmoviera al pueblo de México y enlutara a cientos e familias tapatías.
El Partido Popular Socialista, señoras y señores diputados, está consciente de que en cuanto se refiere a la precisión de los responsables circunstanciales de estos lamentables sucesos y en la atención a las personas afectadas, se ha avanzado sustancialmente, tanto en el juicio respectivo como en la reconstrucción y reparación de los daños materiales causados por los tristes acontecimientos, y por ello desde los primeros momentos de la tragedia el Partido Popular Socialista demandó y ha seguido demandando de manera enérgica y permanente, que se castigue a los responsables, sean quienes sean, y que no se deje en el abandono a los damnificados, sino que se les atienda debidamente hasta que no exista ninguno de ellos y que se les garantice tanto la seguridad como la buena calidad de sus casa - habitación, poniendo énfasis en la atención a los damnificados de condición económica más humilde.
La preocupación del Partido Popular Socialista, señoras y señores legisladores, se centra en las causas fundamentales de la tragedia y por tanto seguimos afirmando lo que afirmamos en el momento en que en esta cámara se conocieron los sucesos y cito: Seguimos afirmando que somos un país tecnológicamente atrasado, no sólo en el sentido de la investigación científica o de la creación tecnológica en los laboratorios, sino en el sentido amplio de hacer que la ciencia y la técnica formen parte integral de nuestra forma de trabajar y de organizarnos para la producción económica: es decir, en la administración y dirección de la producción, en la seguridad industrial, en el control, la supervisión y manejo de sustancias peligrosas, en el tratamiento, transporte y confinamiento de desechos peligrosos, en la selección del personal técnico, sobre todo de que se ha de encargar del manejo de sustancias peligrosa, en los organismos técnicos del estado vinculados con la seguridad industrial y la protección del medio ambiente, en la aplicación obligatoria de normas industriales analizadas ya probadas por comités especializados.
Decíamos también que nuestro atraso se observa en la falta de planificación del crecimiento de nuestras áreas urbanas y por lo tanto de la autorización de las industrias que se han de instalar en ellas, así como de la infraestructura
que se requiere para evitar que la industrialización conlleve peligros para la existencia misma de los habitantes de las ciudades.
A juicio del PPS, señoras y señores legisladores, estas opiniones que aquí emitimos hace dos años son perfectamente válidas en día de hoy, ya que según informes que se nos han proporcionado oportunamente, estamos enterados de que Pemex, ahora como corporación, se ha dado a la tarea que ya era inaplazable de hacer estudios exhaustivos de sus instalaciones, con objeto de conocer el estado que éstas guarda, de encontrar posibles fallas, de caracterizar el grado de deterioro natural de la mismas, con el fin adoptar las medidas y realizar las reparaciones pertinentes que impida otro accidente de tal dimensión.
Estas medidas preventivas, técnicamente rigurosas, todo el mundo las conoce y se han extendido a las instalaciones de la mayoría de las empresas expendedoras de los diferentes tipos de gasolinas y de combustibles en general, todo lo cual, como conocemos, ha traído consigo más seguridad a los habitantes de las principales zonas urbanas de nuestro país.
Sin embargo, queremos dejar asentado aquí que estamos lejos de asegurar que hemos avanzado de la misma manera en forma general respecto del control de las sustancias peligrosas que generan las diferentes instalaciones industriales, particularmente las ubicadas en las grandes zonas urbanas, debido fundamentalmente a la falta de sensibilidad, al bajo nivel de conciencia de la industria privada, que poco ha cooperado para enfrentar el problema, poniendo siempre por encima de la seguridad colectiva y de la preservación del equilibrio del medio ambiente, sus utilidades y su progreso personal o familiar.
Ha sido preocupación permanente del PPS, como bien se conoce, el manejo adecuado de los desechos de hospitales e industriales, incluidos los más peligrosos, y por ello, hoy exactamente hace un año , propusimos que esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, recomendara a la Secretaría de Desarrollo Social elaborar un plan integral y especifico relativo a los desechos industriales que tocara todos los aspectos del problema y que contemplara estrategias, medidas y acciones prácticas, a ser llevadas a cabo en el menor plazo posible.
Esta propuesta, señoras y señores diputados, es absolutamente actual y debiera ser puesta en práctica, si es que de verdad estamos dispuestos a obtener lecciones positivas de esta dolorosa tragedia de Guadalajara, teniendo en cuenta que las empresas e industrias siguen arrojando a la red del alcantarillado los desechos industriales que generan, incluidos aquellos clasificados como altamente peligrosos y que esto crea condiciones sumamente preocupantes respecto de la seguridad de los mexicanos, ya que como se conocen estos desechos son la mayoría de las veces altamente reactivos y al mezclarse con los desechos normales de las demás industrias de las empresas de servicios o de las casa - habitación, pudieran crear condiciones similares a las que provocaron la tragedia en Guadalajara.
Para impedirlo, el Partido Popular Socialista considera que debe tomarse en cuenta porque ya lo propusimos en la anterior, hace exactamente un año, propusimos que la Sedesol se abocara a estas investigaciones de hacerlo así podremos evitar una nueva tragedia. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada Guerrero. Tiene la palabra el diputado José de Jesús Berrospe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz:
Con su permiso señor Presidente:
Subo a esta tribuna impulsado por el tema que se está tratando en estos momentos y además también como un habitante más de la ciudad de Guadalajara y del Estado de Jalisco, que considero es necesario que a este punto tan importante le demos todos los diputados, le demos todos los legisladores, la importancia que tiene y no se tome como un hecho aislado sino como algo en lo que todos debemos poner lo que está de nuestra parte y cumplir con nuestro cometido en éste y en los demás asuntos que nos competen.
Estamos a dos años de los trágicos acontecimientos del 22 de abril en la ciudad de Guadalajara y los resultados que nos ha proporcionado tanto la Procuraduría General de la República como el Gobierno estatal, no han sido satisfactorios para nadie, principalmente para el pueblo de Jalisco. Es más, no ha habido un esclarecimiento de los hechos y de las
investigaciones, tal parece que fueron detenidos los supuestos culpables; finalmente constituyeron, como en muchos e los casos, chivos expiatorios, que posteriormente tuvieron que ser liberados por no encontrarlos culpables.
Como producto del accidente, incluso aún existen damnificados, a los cuales no se les ha hecho justicia, por el contrario, se les dan largas y la solución y esclarecimiento de los hechos no han llegado.
Nosotros, en su momento, señalamos que lo apresurado de las investigaciones realizadas en el mes de abril de 1992, lo único que traerían consigo, serían injusticias y un posible aplazamiento de las investigaciones a fondo, y esto es lo que realmente ha pasado.
Al paso de los años, que son ya dos, hemos comprobado que esas investigaciones fueron al vapor y que los resultados que se dieron fueron solamente para salir del paso y que se detuvieron a varias personas que finalmente declararon inocentes.
Nos preguntamos, y hemos hecho en forma permanente, aquí en esta tribuna, muchas preguntas que han quedado sin respuesta. ¿Qué fue lo que propició el suceso trágico de Guadalajara? También preguntamos: ¿Qué existe detrás de las investigaciones realizadas? ¿Por qué no se ha hecho plena justicia a los damnificado? Son preguntas que hasta ahora no han tenido respuesta, ni por la PGR, ni por el Gobierno del Estado, tal parece que hacen a un lado las preguntas y esquivan las respuestas.
Consideramos en el Partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional que la muerte de tantos y tantos tapatíos no debe quedar en el olvido y mucho menos debe quedar impune, que se castigue a los culpable. Creemos que el plazo que se ha llevado al esclarecimiento, es demasiado largo y que esconde situaciones que no han querido dar a conocer. Este tiempo también ha permitido la pretensión de las autoridades para que las demandas de los afectados, poco a poco se vayan desvaneciendo, y que ese mismo tiempo, el que venza la resistencia que poco a poco ha aflorado, pero sin embargo, no es un problema fácil para darle un borrón y cuenta nueva, porque la resistencia no sólo permanecen en la ciudad de Guadalajara, sino que también se fortalece cada día más.
Nuestra fracción parlamentaria, considera que es necesario que el Poder Legislativo manifieste la necesidad ante el Ejecutivo Federal. y así como también ante el Ejecutivo estatal, para que las investigaciones de aceleren y se den a conocer los resultados concretos que se han obtenido hasta la fecha.
Si estas investigaciones se han detenido, como creemos que ha sido, entonces que se proceda a reinstalarlas y por qué no exigir la creación de una fiscalía especial para que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias. Creemos que lo grave del asunto es que la falta de esclarecimiento de estos hechos se suma a otros que han acontecido antes y después del 22 de abril de 1992, y que dejan lugar a graves dudas, en el sentido que no existe capacidad para esclarecerlos, o que se hace con premeditación el no querer hacer la aclaración correspondiente.
Nuestra fracción parlamentaria exige que se den a conocer los resultados de las investigaciones y que éstas se aclaren y que se dé una solución a las demandas de todos los damnificados, y en especial, queremos que después de las aclaraciones, lo exigimos así, se encuentre a los verdaderos culpables por las autoridades competentes para ello y se castiguen como debe ser. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan José Bañuelos Guardado, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Bañuelos Guardado:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
La terrible explosión que afectó la vida de Guadalajara hace dos años, deja flotando en el ambiente dos imperativas exigencias: primero, que haya justicia respeto al caso, y segundo, que nunca más en nuestro país una tragedia como ésta, se vuelva a repetir.
Mi fracción parlamentaria ha venido sosteniendo respecto a estos trágicos acontecimientos, la necesidad de que se conozca la verdad; que se profundice en las causas que hicieron posible este trágico accidente y que se dé a conocer a la población; que se tomen las medidas necesarias para que eventos de
esta naturaleza nunca más vuelva a repetirse y que en el caso de que haya culpables, se persiga con toda claridad y se diga quiénes son.
No podemos ser indiferentes a la exigencia de la sociedad tapatía, no podemos decir que estamos satisfechos con los resultados.
Quisiera comentar en esta Asamblea, que uno de los inculpados en este asunto, el ingeniero Enrique Dau, que venía siendo presidente de la ciudad de Guadalajara cuando acontecieron estos hechos, al conocer las conclusiones inacusatorias, ha manifestado también su expresión, en el sentido de que en este asunto no pueden haber culpables.
Creemos que amerita una profunda investigación, un análisis, causas y efectos; un volver a rebuscar para que surja la verdad, porque sino hay un dictamen verdadero, la justicia no podrá ser posible. En esta posición está mi fracción parlamentaria y habremos de sostenerla.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado del PRD, Enrique Rico.
El diputado Enrique Rico Arzate.
Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A dos años de la catástrofe del sector reforma de Guadalajara, Jalisco, una vez más se comprueba que en el sistema político mexicano no hay impartición de justicia y se violan los derechos humanos. Sólo se aplica de manera parcial y sobre todo ciertos casos, en beneficio del Gobierno.
Hoy, a escasos días de que se cumplan dos años de la lamentable tragedia del sector Reforma de Guadalajara, Jalisco, en donde debido a una fuerte explosión aún sin aclarar, se perdieron muchas vidas humanas, así como recursos materiales, Las cifras de ello aún no se sabe con precisión, use como en otros casos, fueron manipuladas por las autoridades correspondientes.
Al igual que los últimos acontecimientos trágicos en la vida política nacional, las autoridades correspondientes, desesperadas por encontrar culpables y deslindarse del suceso, crean chivos expiatorios.
Recordemos que inicialmente se quiso culpar a la empresa fabricante de aceites que utiliza hexano en su proceso de producción, pero no encontrando sustento esta acusación, se llegó a otra conclusión que hasta el momento no se ha dado a conocer ni se han presentado a las autoridades o funcionarios responsables.
Esto es la responsabilidad de Pemex y la corrupción existente en ella. El clásico carpetazo de las autoridades pone de manifiesto la negligencia, la ineficacia y el grado de corrupción que existe al interior del Gobierno de Salinas de Gortari.
En el caso de Guadalajara, el Gobierno refleja su proteccionismo y la indisponibilidad de su Gobierno para llegar al fondo y encontrar los verdaderos culpables del suceso.
Una vez más el Gobierno de Salinas se ha burlado de la sociedad de Guadalajara y de todo México; en su afán de proteger a sus incondicionales funcionarios y a una empresa, que si bien es una de las principales fuentes generadoras de divisas, productos y fuentes de trabajo, debe de enfrentar y responder responsablemente por la falta de claridad de su mantenimiento y su funcionamiento; se debe de terminar con estas prácticas en donde finalmente los únicos afectados resulta ser la sociedad.
El manejo viciado, manipulado y corrupto de las investigaciones, deja muchos cabos sueltos, muchas hipótesis y preguntas que quedan sin comprobarse y sin responderse. Todo esto queda bajo la responsabilidad del Gobierno de Salinas.
Hoy la sociedad, a opinión pública, los familiares de los afectados y el Partido de la Revolución Democrática, exigimos al Gobierno y a la Procuraduría General de la República, que se reabra el expediente de la investigación y se den a conocer de manera oficial y pública, las verdaderas causas de la explosión, así como los nombres de los responsables, ya que los presuntos culpables, funcionarios menores de Pemex, han sido liberados, dejando con esto un vació en la responsabilidad, en un acto netamente de negligencia, ineficacia y corrupción gubernamental.
Demandamos se aclaren los lentos y tortuosos procedimientos de indemnización que
tiene el Gobierno con los familiares afectados; exigimos juicio político al gobernador con licencia, Guillermo Cosío Vidaurri.
Los últimos acontecimientos en el país; la muerte del cardenal Posadas, así como el asesinato impune del licenciado Colosio, vinieron a sumarse a la lista de hechos que aún no tienen respuestas claras.
¿Qué es lo que pretenden cubrir y a quiénes? ¿En dónde está la paz social y la democracia que tanto se habla en este régimen salinista ¿En dónde se encuentra la impartición de justicia rápida y eficaz? ?En dónde están las garantías sociales que la Constitución señala?
Respuestas claras a hechos lamentables e irracionales, deben existir; no se debe esperar que otros acontecimientos acrecienten y generen mayor inestabilidad en el país. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputadas y diputados:
Recordar los lamentables hechos del 22 de abril de 1992, en Guadalajara, y demandar hoy a dos años la vigencia del estado de derecho, reclamar una vez más justicia pareciera inútil.
Esta honorable Asamblea debe persistir en demandar el esclarecimiento de los hechos y coadyuvar a que las instituciones judiciales determinen los verdaderos culpables e impongan las sanciones que la Ley determina. Eso es, sin duda, una deuda que tenemos con la sociedad entera.
Sin embargo, los peligros siguen presentes en muchos lugares del país, en lo que va del año se han presentado graves accidentes; solo hace nueve días en la refinería de Tula se presentó una explosión; y la semana pasada explotó un ducto en al ciudad de Nuevo León.
La indignación popular crece día a día, pues a pesar de que el titular del Poder Ejecutivo afirmaba en la reunión del día 29 de abril de 1992 sobre prevención de desastres, dice:
"Las elecciones de Guadalajara tienen que convertirse en acciones para reducir las posibilidades de desastre en el país y en un cambio de actitud de los servidores públicos, d las empresas y en general de toda la sociedad".
Sin embargo, como hemos insistido, continuamente los accidentes y se observa que poco se hace, a pesar de las crecientes voces de alerta de especialistas, trabajadores y comunidades que se encuentran en zonas riesgosa y que solicitan su reubicación.
En la misma reunión, de hace dos años, el licenciado Salinas decía: "He instruido al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología para que a partir del próximo lunes inicie las auditorias a las empresas potencialmente más riesgosas, con la participación de empresas privadas especializadas y el apoyo de las instituciones y centros de educación superior. Durante la primera quincena del mes de mayo inicie los trabajos de precisión y cuantificación del riesgo ambiental de los 50 centros urbanos y zonas industriales de mayo concentración demográfica y productiva, y se precisen las responsabilidades den materia de medio ambiente vienen reclamando las autoridades".
También el licenciado Salinas decía en este mismo mensaje: "Instruyo al Director General de Petróleos Mexicanos para que en coordinación con la Sedue en los próximos tres meses concluya los estudios de situación de su sistema de gasoductos y poliductos, particularmente en los tramos ubicados en las zonas urbanas".
Salinas continúa y dice: "Le pido al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología que en cuatro semanas realice un balance detallado de lo que aquí he instruido. Seré enérgico en la aplicación de las medidas que se han anunciado. Personalmente me mantendré informado de los avances en su cumplimiento.
"Lo anterior habrá de permitirnos..." Y establece varios puntos, varios compromisos, seis compromisos y entre ellos le pide otra vez al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: "Proceder de inmediato a la revisión de las condiciones de las redes y centros de distribución en energético con la participación de las áreas especializadas del Gobierno y los centros de investigación superior. Evaluar, también le demanda los actuales sistemas de emergencia en las ciudades principales del país y la toma de decisiones para contar con
laboratorios móviles y personal especializado en prevención y control".
En el punto quinto, señalaba la creación de un sistema de verificación y control e los procesos industriales que presentan alto riesgo; mencionaba: "Este es el momento de integrar un verdadero sistema de prevención de riesgos y control de emergencias industriales, con todos los recursos al alcance de la nación, en el Gobierno, en los centros de investigación, en las industrias, con la plena participación de la sociedad civil, no podemos perder ni tiempo ni desaprovechar los cuadros calificados".
El Secretario de Desarrollo Urbano en esa reunión asumía compromisos también. El mencionaba en su punto primero, dice. "Procederemos a apreciar y cuantificar el riesgo ambiental en los 50 principales centros urbanos y zonas industriales del país con la participación d empresas de consultoría privada", y ya tiene el programa mencionado.
En el punto tercero, mencionaba el licenciado Colosio: "Procederé a realizar los análisis de riesgos en redes de gasoductos y oleoductos de Pemex, prioritariamente en centros urbanos. Los análisis serán elaborados por organizaciones de consultoría y serán supervisados por peritos, institutos y centros de investigación de reconocido prestigio. Los trabajos cubrirán de inmediato los estados de Baja California, Tabasco, Veracruz, el Distrito Federal y el valle de México, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Oaxaca, Campeche, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes e Hidalgo".
En el punto quinto, mencionaba el licenciado Colosio: "De acuerdo a la clasificación de las zonas de riesgo ambiental se hará obligatorio el programa concertado con las industrias privadas y paraestatales, para que cuenten con programas de prevención de accidentes y con la instalación de equipos de máxima seguridad, en todos aquellos sitios de rápida expansión industrial que no estén localizados en áreas de alta concentración d población, etcétera".
En esta reunión se convocó a diversas dependencias del Gobierno Federal para aprovechar las lecciones de Guadalajara.
Esta honorable Asamblea tiene el derecho constitucional y el deber moral de valorar las acciones que en materia de prevención de desastres y protección realiza el Gobierno Federal.
De nada sirve tener planes en el escritorio si no se traducen en hechos; de nada sirve hacer compromisos con la sociedad si no se cumple. Por ejemplo, en la explosión de la Refinería de Tula de hace nueve días, el 11 de abril, se impidió el auxilio de las ambulancias d la Cruz Roja y del cuerpo de bomberos del municipio para auxiliar a los heridos de la explosión, heridos y muertos que hubo, e se permitió en cambio, o sea, no estaban las ambulancias de Pemex, tuvieron que esperar a que llegaran las ambulancias de Pemex, impidiendo el uso de estas otras ambulancias; se ocupan las ambulancias de Pemex para transportar los heridos y en el camino las dos ambulancias, dos de las ambulancias que se ocuparon se descomponen, o sea, llegan tarde y se descomponen.
Yo me pregunto: ¿con esto funcionan correctamente los planes de emergencia que se tienen, o ni siquiera existen estos planes?
Otro ejemplo más, en la explosión de Clorados III. el 11 de marzo de 1991, en la planta petroquímica de Pajaritos, después del accidente, la empresa asume compromisos mediante convenios con la comunidad de Mundo Nuevo del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Sin embargo, este convenio queda en promesas y se niegan a cumplir. Han pasado tres años de este accidente, tres años de este compromiso gubernamental, por lo tanto, ¿cuántos años más tendremos que esperar? ¿Tendremos que esperar otro desastre para poder cumplir los compromisos gubernamentales?.
La reestructuración de Pemex que ha llevado al ajuste a más de 120 mil trabajadores en los últimos cinco años, ha acrecentado los riesgos: contratismos, rezagos en los programas de mantenimiento, caducidad de las plantas y de los poliductos por deterioro natural de los materiales y equipos; el incremento en la intensidad de las jornadas de los trabajadores petroleros y la reducción de personal son denuncias que recibimos a diario de negligencia oficial y que contrasta enormemente con los informes oficiales que nos marcan que todo está tranquilo, que todo se lleva con normalidad. Con la vida de los mexicanos, no se juega.
Por todo lo anterior y en atribuciones que tiene esta honorable Asamblea, pongo a consideración de ustedes, en base a las disposiciones legales vigentes para esta honorable soberana, el siguiente
PUNTOS DE ACUERDO
Solicitar al titular del Ejecutivo una reunión con los secretarios de despacho d la Sedesol y de la Semip para informar de las medidas y resultados que se han tomado con respecto a las instrucciones del licenciado Salinas de Gortari en la reunión sobre prevención de desastres del 29 de abril de 1992, en las instalaciones y ductos de Pemex y en los centros urbanos que se encuentran juntos o sobre las instalaciones petroleras. Atentamente. Diputado Carlos González Durán, Alejandro Encinas, Enrique Rico, Miguel Ángel León Corrales y el de la voz, diputado Guillermo Flores Velasco".
Por su atención, muchas agracias.
Tiene la palabra el diputado José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Castillo Mota:
Con su permiso, señor Presidente.
Me he permitido solicitar el uso de la palabra porque, con motivo del siniestro del 22 de abril se creó una subcomisión plural de la Comisión de Justicia que intervino en la ciudad de Guadalajara ante Infonavit y ante Sedesol para vigilar que se cubrieran todas las indemnizaciones de quienes resultaron afectados con motivo de esa explosión que enlutó, no solamente al pueblo de Jalisco, sino a todo el pueblo Mexicano.
También participamos en las investigaciones que realizó la Procuraduría General de la República que tuvieron que ver con estas indagaciones, con Ignacio Morales Lechuga y con el doctor Jorge Carpizo Mcgregor.
Se iniciaron, con motivo de ese siniestro, dos averiguaciones previa: la 1170 y la 1236/92, cuyas copias se encuentran en las oficinas de la Secretaría de la Comisión de justicia y que revió con acuciodad, miembros del Partido de la Revolución Democrática y que nosotros se las pusimos a su disposición para que vieran si de esas 70 mil u 80 mil actuaciones, había o se podía derivar alguna otra acción y todavía estamos esperando alguna información del Partido de la Revolución Democrática, de esa revisión exhaustiva que realizaron de esas dos averiguaciones previas, porque están ahí todavía a su disposición, por si les hace falta ver algo más de esas averiguaciones previas.
Recordamos que no nos satisfizo, de las visitas que hicimos a los dos procuradores generales de la República, el informe que rindió el doctor Carpizo a la sociedad civil y no a los diputados federales, como había sido su compromiso, y varios diputados nos reiteramos de la Procuraduría General de la República el día que en un folleto impreso daba ese informe no a la Cámara de Diputados, sino a la sociedad civil y nosotros creímos que el compromiso era con la Cámara de Diputados y no con la sociedad civil.
Ala sociedad civil debía citarla para otra fecha y a nosotros par ese momento rendirnos un informe detallado del resultado de esas averiguaciones.
Y quiero que se haga esa aclaración para que se vea que nosotros no andamos ni anduvimos con medias tintas.
En la ciudad de Guadalajara transitamos y tuvimos reuniones con el gobernador del Estado y con el patronato par el Auxilio e Indemnización de los Afectados, reconstrucción y adecuación de la zona siniestrada del sector Reforma, de Guadalajara, y vimos y verificamos cómo se iba cubriendo por ese patronato, a todas y cada una de las personas que habían resultado afectadas, aun a los deudos de la personas que habían fallecido.
Se pagaron automóviles, se pagaron indemnizaciones de los deudos, se pagaron rentas de alquileres alas gentes que mientras se les indemnizaba llegaba el dinero para pagarles los daños de sus casas destruidas, se les pago una cantidad mensual que duro casi un año de pago de esa renta entre 800 y 1 millón de pesos, en ese tiempo viejos pesos.
Tenemos todo el informe, pero además no lo tengo yo solo, cada información que me iba proporcionando la Secretaría de Desarrollo Social, yo le iba dando copia a cada integrante de la Comisión Plural que se había integrado por acuerdo de esta Cámara, para participar en la investigación de este siniestro. No sólo yo lo recibí, lo recibieron todos.
Y claro, insistimos y visitamos en una ocasión al juez sexto de lo Penal y fue muy triste la postura que adoptó ese funcionario, que no supo informarnos, que parecía que le habían comido la lengua, para podernos informar en qué grado se encontraba el proceso producto de las dos averiguaciones que la Procuraduría General de la República le había turnado.
Pero declararon bastante gente; solamente en la averiguación previa 1238, hubo 2 mil 156 querellas, 331 declaraciones, Entonces en la General de la República se recabaron, el ministerio público llegó a designar 20 agentes del Ministerio Público Federal para recabara la declaración de toda la gente que quisieran presentarse a formular, o una querella para turnarla en la vía civil o una denuncia. Es decir, hubo atención, por eso no podemos aceptar que se diga que no se atendió.
Que los resultados posteriores, con la intervención de los abogados de Jalisco que defendieron a los presuntos inculpados, y los dictámenes periciales que se presentaron, que fueron diversos, hayan dado lugar a lo que se dice el desistimiento de la denuncia en contra de esta gente, bueno, si aquí acuerda la Cámara de Diputados que volvamos a insistir, para que el actual procurador general de la República, Diego Valdés, nos informe del estado que guarda el proceso, ya no la averiguación previa, el proceso, y las causas que dieron motivo al desistimiento de esas denuncias, adelante, para eso hay una subcomisión que la integran su servidor como presidente de la subcomisión, el diputado Gómez Mont Urueta Fernando; Jaime Muñoz ya no es diputado, pidió licencia, pero está José Octaviano Alaniz Alaniz, Juan Jacinto Cárdenas García, del PPS; José Manuel Correa Ceseña, José Alberto Cortés García, el doctor Carlos González Durán, Juan Hernández Mercado, el doctor Francisco Laris Iturbide, Víctor Martín Orduña Muñoz, Cuauhtémoc López Sánchez, Jorge Zermeño Infante y Ricardo López Gómez. Esos son los compañeros que integran esa subcomisión
Y recuerdo que cuando visitamos Guadalajara quiso sumarse Emilio Becerra y lo invitamos a que nos acompañara. Lo que pasa es que se cansó al primer día de andar de un lado para otro y al siguiente día no se volvió a presentar, pero estuvimos trabajando todos.
Nosotros creemos que es fundamental el trabajo realizado por esta subcomisión, porque logró totalmente la reparación total de las familias que resultaron afectadas. Infonavit otorgó, y para que no nos equivoquemos, aquí tengo el informe de Infonavit, otorgó un sinnúmero de créditos, 133 de los llamados créditos de primera, a quienes eran créditos con cargo a Infonavit, y trescientos y tantos más; 133 créditos de linea uno y de línea dos 284; los primeros para adquisición de viviendas financiada por Infonavit, y los 284 para que los derechohabientes pudieran adquirir donde quisieran sus casas, y fuimos a algunas de las viviendas de Infonavit y preguntamos a los vecinos que ya vivían en esos lugares si habían tenido que dar alguna mordida para poderles haber sido asignada esa vivienda, y nadie manifestó eso, y el patronato trabajó con mucha honestidad.
Entonces, creo yo que solamente nos resta hablar, si así lo autoriza el pleno de esta Asamblea, nuevamente con el Procurador General de la República para ver por qué hubo el desistimiento en la época del doctor Carpizo ante el juez sexto y qué se puede hacer en caso necesario si así lo consideran mis compañeros, hacer realizar para poder dejar satisfechos a todos ustedes, porque lo que nos interesa a nosotros es dejar satisfechos, en primer lugar a ustedes y en segundo lugar a quienes habitan en Jalisco, porque es un grave compromiso el que debemos y hemos adquirido los diputados que formamos la subcomisión: servir a quienes habitan en el área del sector Reforma.
Es más, nos fuimos a otra área de otros sector, que no resultó siniestrado con motivo de la explosión, sino que había resultado afectada con otras acciones; también nos metimos en él, y tuvimos dos reuniones con el entonces Secretario de Sedesol y con el subsecretario de Sedesol y aquí está toda la información, pero está información que yo tengo, la tienen todos mis compañeros porque yo se la entregué a todos y cada uno de los integrantes de esa Comisión. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias compañero Castillo Mota.
Tiene la palabra para rectificar hechos el compañero del Partido de la Revolución Democrática, León Corrales.
El diputado Miguel Ángel León Corrales:
Con su permiso, compañero Presidente. El diputado Castillo Mota, nos quiere dar aquí la impresión de que el Gobierno mexicano nos ha entregado absolutamente todos los documentos que tienen que ver con el caso 22 de abril, y que en el caso del PRD, el lo dijo, nosotros nunca hemos estudiado esos papeles y que él todavía está esperando que el Partido de la Revolución Democrática le presente cuáles son los resultados de una investigación en torno de esos papeles.
¿De qué papeles estamos hablando? De la averiguación previa que hizo la PGR. Es cierto, la entregó a la Comisión del Justicia completa, 70 mil páginas en ocho cajas.
El Partido de la Revolución Democrática, a través de sus asesores y de sus abogados, estudió y analizó esas 70 mil páginas, el diputado Castillo Mota es testigo de cómo le entramos a ese análisis.
Dice que nunca lo presentamos. Yo le quiero refrescar la memoria, diputado. En la sesión del 22 de abril de 1993, a un año del la tragedia, en una amplia discusión que tuvimos aquí sobre el punto, yo presenté nuestras conclusiones de esos estudios, y dije ahí cosas que son importantes, que se desprenden de los mismos documentos de la averiguación previa, y que desafortunadamente, o usted no me escuchó, o me escuchó y no le dio importancia.
Yo ese día planteé cosas como las siguientes: "Nos queda claro, después de estudiar la averiguación previa que cuatro años antes de la catástrofe, lo estoy leyendo de la versión estenográfica de ese día, el 28 de abril de 1988, altas autoridades de Pemex ya conocían que el poliducto que va de Salamanca a Guadalajara tenía graves problemas de corrosión y que rebasan con mucho las normas".
Y cuatro años antes, estas altas autoridades de Pemex no sólo supieron de que había esos problemas de corrosión, sino que se les planteaba que era urgente corregir esos problemas de corrosión.
Planteamos también que en la averiguación previa se admite que en Pemex no existieron controles adecuados sobre la gasolina enviada de Salamanca y recibida en La Nogalera, y de documentos de la averiguación, queda claro que entre las averiguación, queda claro que ente las recepciones registradas por Pemex y lo determinado por los peritos contables de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, hay diferencias en la cantidad de gasolina nova que van de 1 millón 52 mil 738 litros a poco más de 2 millones 500 mil litros, es decir, diferencias que rebasan cuando menos mas de 1 millón y medio de litros de gasolina.
También nosotros desprendimos de ese estudio que queda en evidencia que no existió en los ductos de Pemex, ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, un sistema adecuado de protección catódica que impidiera la corrosión de esos ductos. Incluso, en estos documentos se precisa que el sistema de protección catódica, que ahorita tiene el ducto, fue puesto después del 22 de abril de 1992, y además se precisa que fuera de las normas adecuadas para garantizar la seguridad.
Y así planteamos toda una serie de evidencias que se desprenden de la propia averiguación previa y que según nosotros, lo planteamos hace un año, existe responsabilidad por omisión de altas autoridades de Pemex.
Entonces le refresco la memoria, esos resultados sí los presentamos aquí hace un año.
Ahora bien, diferenciemos ente lo que es la averiguación previa, que nosotros ya estudiamos y que encontramos estas cosas, y lo que es el dictamen inacusatorio del Ministerio Público Federal.
Este dictamen inacusatorio no lo tiene la Comisión de Justicia, y lo que estamos planteando en el punto de acuerdo que presentamos algunos diputados de Acción Nacional y algunos diputados de mi partido, es muy claro. El 28 de abril de 1992 esta soberanía mandó a una comisión, parte de la Comisión de Justicia, para que llevara hasta sus últimas consecuencias el análisis de todo el proceso que tiene que ver con el caso 22 de abril y al final de este proceso entregase un informe a esta soberanía.
Bien, hasta ahorita la Comisión de Justicia, se ha quedado en el análisis de la averiguación previa. Nosotros estamos planteando que se haga el análisis del dictamen inacusatorio, para que esta Comisión de Justicia cumpla con el mandato. Yo creo que si el diputado Castillo Mota entiende esta diferencia, le va a quedar claro por qué hoy estamos plantando este punto de acuerdo.
Y para finalizar, la verdad es que la principales acusaciones que yo hice aquí en esta tribuna hace unos momentos, en cuanto a que
el sistema judicial mexicano y la impartición de justicia está en entredicho, no sólo con el caso 22 de abril sino con muchos casos en los que se sigue una lógica clara de encubrimiento, una lógica clara de simulación, una lógica que va de respuestas espectaculares, como la que dio Salinas el 22 de abril cuando dice: "72 horas para que quede claro el asunto", y ya pasaron dos años y no está claro.
Después todo va quedando en el olvido, para que al final se le dé carpetazo, el caso 22 de abril ya se le dio carpetazo, el caso Posadas se encuentra en esa etapa del olvido, a punto de sufrir carpetazo; y el caso Colosio, pues está ahí en esa primera etapa de las medidas espectaculares que dicta el Presidente de la República.
Me gustaría que a este debate que tiene que ver con la seguridad de esta nación, que tiene que ver con la confianza del pueblo mexicano en el sistema judicial, que tiene que ver con una cuestión tan elemental como la de la justicia, puede ser el debate importante y espero haber aclarado estas preguntas que me hizo diputado. Gracias.
El Presidente:
Gracias diputado.
Tiene la palabra el compañero diputado González Durán.
El diputado Carlos González Durán:
Honorable Asamblea: como todos ustedes saben, el ministerio público es el único competente para decidir si se ejercita o no se ejercita la acción penal.
Aquí se ha indicado en esta tribuna que este debate tiene dos cuestiones: que haga justicia, aplicándose las leyes, por lo que ve a las responsabilidades penales, civiles, políticas, administrativas; y el planteamiento que hizo el compañero Guillermo Flores es de que se informe a esta soberanía, a las comisiones competentes, cuáles son las medidas que se han implementado para evitar esa cadena de tragedias, de explosiones, derivadas de la industria sucia o peligrosa de Pemex. Son pues esas dos las cuestiones.
Por lo que se refiere a la información del compañero diputado José Castillo Mota, efectivamente en honor a la verdad debemos reconocer que lo que él está diciendo es correcto, pero se refiere a otro asunto, se refiere a la etapa que tuvimos cuando la subcomisión de Justicia fue a investigar la gravedad de los hechos y a conocer el curso del proceso en su etapa de averiguación previa, de acusación, y en la suerte que tuvo, lo que él ha indicado es correcto y en honor a la cordialidad y al respeto y a la cortesía, lo reconocemos, pero lo que está solicitando, los puntos de acuerdo se refieren a otra cuestión.
El ministerio público no nos ha enviado sus conclusiones no acusatorias, eso es lo que estamos pidiendo, que se remitan un ejemplar, una copia de las conclusiones inacusatorias que en este proceso formuló el representante de la sociedad, para que la Comisión de Justicia las analice, las estudie, vea si están apegadas a derecho, o hay aquí una decisión incorrecta, injusta, falta de fundamento jurídico. Eso es lo que estamos pidiendo.
Sí se nos ha dado toda esa documentación que aquí se indicó y efectivamente el Partido de la Revolución Democrática estuvo dando opiniones, pero nosotros ni vamos a se asesores de los funcionarios, sino que cada funcionario tiene su competencia y tiene su responsabilidad, y eso es lo que queremos saber. Queremos conocer en qué se fundamentó el ministerio público para decir que respecto de los que estaban siendo procesados no se les iba a acusar y, por lo tanto, respecto de quienes fueron incriminados el proceso ya terminó; no pretendemos el absurdo de que se pueda abrir en relación a los acusados a quienes favorecen conclusiones inacusatorias, lo que nos interesa saber es si los funcionarios públicos cumplieron con su deber, si el ministerio público, al concluir de esa manera, cumplió con su deber, o si existen distintas personas de las que no han sido enunciadas que sí deberían ser enjuiciadas, eso es lo que nosotros tenemos que seguir investigando. Claro está que las indemnizaciones que aquí se mencionaron, se hicieron, pero los hechos han tenido así como un castillo que se reviste y se vuelve a revestir, no solamente resultados, sino una serie de consecuencias.
Las consecuencias han sido: la zona aledaña, la continuidad de otras fugas, porque la gasolina sigue ahí y necesitamos un informe que rinda Pemex para que nos diga en definitiva cuáles son las reservas probadas de la gasolina que está todavía fugada en los mantos acuíferos de la ciudad, porque por todos lados aparecen problemas.
Las indemnizaciones hay que ver si están apegadas a derechos, porque hubo fuertes cantidades que se entregaron de caridad. Con ese dinero no se puede indemnizar, la indemnización debe hacerla el responsable del daño. El dinero que se recibió de caridades eran para repartirse entre los damnificados, no es legal que "se salude con sombrero ajeno". Y tampoco resulta legal que se haya otorgado fianza a los procesados con dinero del patrimonio para la indemnización de las víctimas. tampoco resulta legal que a los que van a protestar y a reclamar su derecho los desalojen con violencia; se atropellan derechos humanos, se atropella la justicia; entonces esos atropellos que todavía están pendientes es lo que queremos que se aclare.
Por lo tanto, lo que aquí expresó el estimado compañero José Castillo Mota, está apegado a la verdad, pero es "harina de otro costal", eso no se refiere a lo que estamos pidiendo; lo que estamos pidiendo es, puesto que no hemos sido informados del tenor de las conclusiones inacusatorias, que se nos den a conocer para poderlas estudiar en la Comisión de Justicia. Si estiman correcto que la misma Comisión, que ya tiene antecedentes sea la que se aboque a este estudio, como ustedes gusten decidirlo, nosotros no tenemos ese inconveniente. Es todo, compañeros.
El Presidente:
Gracias, diputado don Carlos González Durán.
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto compañero Mota?
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul):
Para contestar alusiones personales.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Castillo Mota.
El diputado Juan José Castillo Mota:
Con su permiso, señor Presidente:
Yo siento que la postura del doctor Carlos González Durán, es muy amable. Lo que no me parece es la postura de mi compañero Miguel Angel León Corrales, que nos quiere endilgar un problema que nos está detallando el doctor González Duran, con otras cosas en las que hay un fiscal que se está encargando de hacer la investigación que a todos los priístas les interesa aclarar, porque nosotros no estamos conformes con tener a los autores materiales del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y lo hemos exigido desde ese momento, que no pararemos hasta encontrar a los autores intelectuales. Y no andamos con medias tintas.
No necesitamos que usted traiga con este pretexto alguna cosa que a nosotros nos atañe, nos molesta y nos ha afectado a todos, porque consideramos que no lo podemos permitir, y eso por salud pública no lo vamos a permitir y estamos luchando para lograr que la investigación vaya a fondo.
También hemos pedido, porque y formo parte de una subcomisión también del cardenal Posadas. y también estamos exigiendo que se haga la investigación a fondo y que nos informen. Sabemos que se ha generado la detención de un sinnúmero de narcotraficantes relacionados con ese asesinato y seis más. Pero aquí venimos solamente a lo que el propio doctor González Durán decía. Ya sabemos que se cerró el proceso que se inició en contra de quienes habían sido consignados por el siniestro del 22 de abril. Y solamente queremos las conclusiones inacusatorias para saber en qué se fundaron esas conclusiones inacusatorias. ¿Es así o no?
Bueno, yo le pido al señor Presidente de la Cámara, que lo turne a la subcomisión que fue designada por este pleno, para que le solicitemos de inmediato al licenciado Diego Valadés, una reunión a fin de comentar eso y de exigir esas conclusiones inacusatorias y ver hasta dónde podemos llegar.
Y en lo otro, desgraciadamente yo formo parte también de esas otras subcomisiones; no de la última, en la que yo quisiera formar parte, pero no soy miembro de la Comisión Permanente, aun sin serlo, como mexicano y miembro de un partido desde hace 44 años, estoy
yo personalmente, exigiendo que se ahonde en las investigaciones, porque no acepto solamente tener autores materiales, quiero a los autores intelectuales. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el compañero Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia:
El debate para el Partido de la Revolución Democrática, al momento del accidente hace dos años, en esta tribuna se hablaba de negligencia. Se hablaba de negligencia porque, y como se comprobó en el estudio del expediente que aquí se dice, como dijo el compañero León Corrales, desde el 28 de abril de 1988 ya había comunicados de funcionarios donde alertaban sobre los problemas en las instalaciones. y aquí mismo en los debates, supimos que el mismo día del accidente, ante denuncias de la población, no acudieron los responsables.
A dos años estamos discutiendo un problema que se llama "impunidad. A dos años donde no encontramos responsables sobre este problema, y no tan solo eso, sino que los problemas sobre la seguridad pública se mantienen, se acrecentan y habría que recordar en la última semana como aquí ya se ha hecho, los accidentes en el Estado de Hidalgo, de Monterrey. Pero habría que tener permanentemente lo que ocurre en el Estado de Tabasco, en Coatzacoalcos; más recientemente sobre la ineficacia de los programas de emergencia para la protección civil, como ocurre en el Estado de Veracruz con el problema de Laguna Verde y demás.
Pero el otro gran problema que aquí discutimos es sobre una falta de credibilidad en la justicia en este país, por un problema que aquí también hemos denunciado permanentemente sobre una falta de separación real de poderes, y como aquí los poderes, y lo hemos dicho aquí inclusive sobre el propio Poder Legislativo, actúan bajo consigna del Poder Ejecutivo.
Y en efecto, esta falta de credibilidad en la justicia ha llegado a tanto que del propio partido oficial y así lo entendemos, en las propias estructuras de Gobierno, encuentran esta debilidad. De tal manera que han tenido que nombrar una subprocuraduría especial para atender el conflicto que se ha suscitado en el asesinato del señor Colosio.
Sin embargo, este problema de falta de credibilidad al propio PRD y no precisamente nada más al diputado Corrales, nos ha puesto a discutir y nos ha puesto a llevar a proponer que en el caso de este último asesinato inclusive, se tenga que hacer una comisión de ciudadanos que ya no pertenezcan a ninguna de las estructuras de los poderes, por esa falta de credibilidad que se tiene en este país sobre la justicia. Evidentemente que a nadie convencen complots creados con flechitas y rueditas, cuando hay tantas preguntas en la opinión pública con el asunto de Guadalajara, como en los más recientes que aquí se tienen. Y ahí están pendientes todos esos casos para que sean aclarados al conjunto de los ciudadanos de este país.
Sobre los demás, que ya se resolvió el problema material de los afectados, pues nada más habría que recordarle al diputado que nos antecedió en la palabra, que desde el día de hoy hay ciudadanos que están exigiendo que sus daños sean reparados. Al día de hoy, a dos años, no han sido resueltas todas estas demandas, y bueno, seguramente va a continuar hasta el día del 22 de abril, pasado mañana en la conmemoración que van a hacer los ciudadanos de Guadalajara, de este trágico accidente, donde se va a seguir reclamando justicia, donde se va a seguir reclamando que cese la impunidad de los responsables y donde también se va a seguir reclamando que sean reparados todos los daños ocasionados y que al día de hoy no están resueltos.
Ojalá el que me antecedió en el uso de la palabra, tenga tiempo de ir a la Plaza de Armas a constatar estos dichos, y ojalá de verdad se hiciera justicia en estos asuntos. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
como se solicita, túrnese la propuesta del diputado León Corrales a la Comisión de Justicia. Asimismo como lo solicita el diputado Flores Velasco, túrnese a las comisiones correspondientes sus propuestas.
DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Fernando Lerdo de Tejada, para referirse a un problema de civilidad en el Distrito Federal.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Vengo a esta tribuna a tratar un asunto que consideramos de la mayor relevancia, que si bien no ocupara mucho de su tiempo, creemos que no lo debemos de pasar por alto.
El día de ayer un grupo del Partido de la Revolución Democrática, comandado por el diputado federal René Bejarano, tomó las oficinas de la Junta Local Ejecutiva de IFE en el Distrito Federal.
Con la excusa de exigir claridad en el padrón electoral ante lo que ellos llaman irregularidades, un grupo de personas, algunos medios señalan que no pasaban de las 30, otros medios hablan de 100; ocupó las instalaciones, se posesionó de ellas e impidió el desarrollo normal de las actividades de esta dependencia, importantes a estas alturas de la contienda electoral.
Y digo que con la excusa o con el pretexto, porque no obstante la respuesta del vocal ejecutivo de que daría satisfacción a sus demandas en las siguientes 24 horas, de todos modos este grupo tomó por la fuerza las oficinas.
Independientemente de los daños al inmueble o de la agresión a las personas o de la alteración a las actividades, independientemente de los hechos constitutivos de delito que este acto tipifique y que corresponderá a la autoridad investigar, nuestro partido quiere dejar claro que considera que éste es un acto de provocación, cuyo propósito no puede ser otro que el de crear un clima de incertidumbre ante el próximo proceso electoral.
Resulta inadmisible que un grupo de militantes partidistas pretenda presionar a la autoridad electoral para tomar acuerdos al margen de la Ley. Sobre todo cuando ya hay acuerdos de todos los partidos políticos para trabajar en las diferencias que puedan suscitarse. Cuando existe participación de todos los partidos políticos en el seno de las comisiones locales de Vigilancia, las cuales además tienen una representación paritaria igual de todos los partidos.
El pasado mes de octubre se realizó una verificación específica del padrón en el Distrito Federal por la Comisión Local de Vigilancia, viendo que existía en el padrón de la ciudad capital una confiabilidad del 97%. Situación que además fue aprobada por ocho partidos políticos; el único que no lo hizo así fue el Partido de la Revolución Democrática.
Pero no sólo importa lo que ya sucedió, las verificaciones ya realizadas. Quisiéramos señalar que se ha expedido ya la convocatoria para realizar, probablemente el próximo mes, una auditoría externa por empresas independiente y especializadas, con relación al padrón electoral del Distrito Federal.
Y en último caso, compañeros legisladores, existen medios de impugnación específicos en el Cofipe, que permiten cuestionar, desde luego, las actividades el instituto y sus decisiones, así como atacar las determinaciones de la vocalía en materia del registro.
Tal parece que el PRD en el Distrito Federal quiere crear un ambiente de tensión, propicio para el enfrentamiento electoral. Tal parece que el propósito sería iniciar una estrategia de descalificación que desemboque en conflictos poselectorales.
No consideramos que el camino seguido por el diputado Bejarano y por el grupo de ayer tomó las oficinas, sea el indicado para lograr la conducta de civilidad política que la ciudadanía nos está reclamando hoy a todos los partidos políticos. Y rechazamos, desde luego, la táctica del conflicto que se quiere imponer hoy.
Responsabilizamos a la dirigencia del partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal por los hechos sucedidos y por la escalada de enfrentamientos que pretende crear. Denunciamos el clima de intolerancia, de presión y de conflicto al que se quiere llegar en nuestra ciudad capital. Y señalamos que acciones como ésta en nada ayudan a la transparencia electoral y que se dice defender. Muchas gracias.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Saucedo.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado la denuncia que hace aquí Fernando Lerdo de Tejada a nombre del partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, sobre los hechos de ayer en las oficinas del IFE local.
Independientemente de la forma en que el diputado Lerdo de Tejada Valora y califica estos acontecimientos, yo quisiera decir qué es lo que realmente sucedió y cuáles son los acuerdos que se tomaron en esta acción en la que nos hemos visto obligados a acceder, y voy a decir por qué.
Gil Padilla, el vocal ejecutivo local del Distrito Federal del IFE, es una autoridad perteneciente al partido oficial. Desde hace más de seis meses ha estado cuestionada su labor al frente de este órgano y se ha denunciado personalmente a él y ha habido promesas de parte de la autoridad capitalina de algunas modificaciones y cambio en las autoridades electorales del Distrito Federal y los diferentes distritos en el territorio del D. F. Ello no se ha cumplido, han sido conversaciones de carácter político ante denuncias claras en muchos procesos de reuniones, aún en las reuniones propias del consejo local del IFE, y a esto no ha habido respuesta.
Pero hay un asunto de particular importancia a estas alturas. Se habla del problema de la civilidad en abstracto. Si, porque vamos diciendo que la civilidad también compete al cumplimiento de la legalidad, al cumplimiento de los acuerdos a los que han venido arribando políticamente las diversas fuerzas del país para llevar a cabo algunas cuestiones.
Quiero decir que los acuerdos de ayer fueron comentados directamente por la vía telefónica con el licenciado Carpizo, secretario de Gobernación, y hoy, producto de esa acción y de esa necesidad de un diálogo político que se había venido negando al partido en el Distrito Federal; el Secretario de Gobernación está tomando en cuenta para las negociaciones que hay a nivel político, a propósito de los cambios en el Cofipe.
Entonces, ésos son los resultados de una acción de las que se rasgan las vestiduras los compañeros del partido oficial, diciendo que no hay civilidad y que estamos tratando de preparar una estrategia de clima de intolerancia, un clima de inestabilidad par la cuestión electoral, precisamente porque nos interesa arribar a un proceso que la Ley señala con certeza y con credibilidad en el proceso electoral, estamos tratando de hacer las cosas previamente a lo que sería el día de la jornada electoral.
Para nadie es extraño que el PRD y otros partidos y otras fuerzas sociales y políticas de la sociedad, desde hace buen rato hemos venido insistiendo en la necesidad de la confiabilidad del padrón electoral y todo lo que esto implica. Y esto significa también que legalmente estén establecidos los compromisos que respecto al padrón y las listas nominales definitivas, deben de estar proporcionadas a la ciudadanía y a los partidos para su verificación y de esto nos hemos cansado hasta con propuestas, con procesos de técnica censal en algunas secciones de algunos distritos del país, y aquí mismo en tribuna lo hemos comentado, porque estamos sospechando, y lo hemos dicho, sin decir que es una cuestión de generalidad, pero que hay datos precisos en algunos distritos en donde el padrón no es confiable.
Resulta que el Secretario de Gobernación hoy, con la campaña de irnos a revisar en las listas nominales, que no son las definitivas, los ciudadanos, si están bien nuestros datos nos quieren hacer corresponsables, a la ciudadanía y de ahí a todos los partidos en la elaboración del padrón, cuando han estado claramente señaladas todas las cuestiones de la falta de credibilidad o de confiabilidad del padrón y de la manipulación que a nivel de las autoridades electorales y de los miembros del partido oficial, han hecho de este instrumentos jurídico fundamental para la jornada electoral.
El Presidente:
¿Señor diputado, acepta usted una interpelación del diputado?
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Con todo gusto, señor Presidente.
El Presidente:
¿Su nombre por favor?
El diputado Guillermo Jorge González Díaz (desde su curul):
Soy el diputado Jorge González Díaz. Muchas gracias.
Yo quisiera preguntarle al orador si él considera que la conducta que el día de ayer asumió el compañero diputado, fue la correcta.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Cómo no, con todo gusto señor diputado.
Si quiere usted que le conteste con un sí o un no, yo le podría decir, creo que es la correcta su intervención pero lo está haciendo a nombre de una fuerza política con contenidos muy precisos ante la autoridad electoral, en este caso el licenciado Gil Padilla que se había rehusado a dar respuesta a una serie de solicitudes muy concretas a propósito del padrón que nos tuvimos que ver obligados a hacer una toma de esta naturaleza y además no fue una toma real, fue la necesidad de juntarnos y que no se fuera la autoridad sin antes ver estos puntos; y les digo que intervino el Secretario de Gobernación, porque es importante el tema; yo no estoy inventando la coyuntura política que hay en este país, la falta de civilidad la estamos viviendo todos y los últimos acontecimientos son parte de la falta de credibilidad que tienen muchas instituciones en nuestro país y tenemos que llegar a fondo del asunto; yo creo que tenemos el derecho de desconfiar, porque ha habido acciones de esta naturaleza, de manipulación del padrón o de las listas y de precisar jurídicamente estos compromisos y creo que eso sí nos puede llevar a un marco de civilidad, para que la competencia electoral de agosto de 1994 se dé realmente en un marco jurídico, en un marco legal y entonces sí valga la firma de todos porque todos estamos de acuerdo con ello.
Y a eso tenemos que ir, y yo creo que estamos buscando que antes que se dé la jornada electoral, podamos arribar a un proceso electoral creíble, confiable y con certeza para todos los ciudadanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Saucedo.
Tiene la palabra la compañera Ruiz, para rectificar hechos.
La diputado Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con su venia, señor Presidente:
Independientemente de la forma en que se suscitaron los hechos del día de ayer, que yo considero que no son más que una respuesta ante la cerrazón tanto de las autoridades del Instituto Federal Electoral a nivel nacional, la propia Secretaría de Gobernación y las autoridades en el propio Distrito Federal a tomar en cuenta como una de las partes esenciales para la claridad y la confiabilidad en el proceso electoral que se avecina en agosto, como lo es la revisión del padrón electoral y su total limpieza.
Esta negativa por parte de las autoridades, ha sido reiterada todas y cada una de las veces que nuestro partido se ha acercado a la mesa de negociaciones. Todos los puntos se pueden abordar, a excepción de unos cuantos y entre ellos se encuentra incluido el padrón electoral.
Ya lo hemos señalado aquí, no va a haber reforma política confiable, no va a haber credibilidad en el proceso electoral si no vamos a fondo en la revisión del padrón.
El día de ayer su suscitaron unos acontecimientos, pero no son más que una respuesta y una manera de llamar la atención de la opinión pública de esta cerrazón de las autoridades del IFE.
¿Por qué se quiere mantener la situación del padrón en este secreto y en éste, incluso, doble discurso? Por un lado, el secretario de Gobernación, el doctor Carpizo, señala que hay la posibilidad de que todos los ciudadanos y todos juntos, todos los mexicanos, revisemos el padrón, por ejemplo; pero por otro lado, se llevan a cabo acciones como la siguiente; yo estoy de acuerdo con el diputado Lerdo de Tejada, que tenemos que actuar en un contexto de civilidad y de diálogo para avanzar hacia la democracia, pero ¿cómo califica él esta situación?
El sábado pasado, dos militantes de mi partido en el distrito XX, del Distrito Federal, fueron arrestados por una patrulla en la cual estaba señalado su arresto personalmente por el vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral del XX Distrito, el acusaba a miembros de mi partido por estar revisando el padrón electoral en ese distrito.
Cómo cataloga mi compañero diputado esta acción cuando las mismas autoridades del IFE obstaculizan la revisión del padrón electoral por los militantes de los partidos políticos. Dos miembros de mi partido fueron detenidos; fueron puestos en libertad, pero el mismo vocal ejecutivo encabezó la operación de esta detención, que es a todas luces pues la violación a un pacto de civilidad y la violación a todas las normas incluso establecidas en el propio discurso del Instituto Federal Electoral.
Hay, compañeros diputados, un continuo señalamiento por parte nuestra sobre la falta de confiabilidad del padrón. Hemos realizado varios muestreos sobre el padrón electoral, tenemos presunciones fundamentadas de que existe un alto porcentaje de falsedad. Hoy incluso se ha reconocido que varios millones de mexicanos e van a quedar sin la credencial de elector. Y los muestreos que nuestro partido ha realizado tanto a nivel del Distrito Federal como a nivel nacional, señalan que existen por lo menos 4 millones de votos fantasmas, 4 millones de personas que están inscritos en el padrón electoral, que no corresponden a una persona existente; 4 millones de votos pueden alterar cualquier resultado el 21 de agosto.
Y ante esta situación que de manera reiterada hemos señalado, las autoridades del Instituto Federal Electoral, incluso la Secretaría de gobernación en la mesa de negociaciones y en la propia Cámara de Diputados, hemos encontrado una negativa por parte de la mayoría y del propio Gobierno, a actuar con seriedad en torno a la cuestión que a nosotros nos parece fundamental para el proceso electoral que se avecina, si queremos que haya credibilidad en su revisión.
Independientemente de cómo se suscitaron los hechos de ayer, el problema del padrón electoral está vigente y es un asunto que tenemos que abordar más allá de las acusaciones mutuas que podamos hacernos aquí, en bien de la nación,, porque los mexicanos están esperando un proceso electoral confiable. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada Patricia Ruiz Anchondo.
Tiene la palabra el diputado Ramiro Robledo Ruiz.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:
Cómo puede decirse que sí es debida la intervención de un señor diputado, el compañero Bejarano, con los hechos que él encabezó el día de ayer, en una oficina del Instituto Federal Electoral de esta ciudad de México; porque a juicio de la fracción del PRD en el Distrito Federal, el vocal ejecutivo de esa junta no es una autoridad confiable porque pertenece, dice él, al partido oficial.
Entendemos, desde luego, que para su referencia es la pertenencia al Partido Revolucionario Institucional, no aceptamos el calificativo, pero lo entendemos y de eso nos ocupamos.
Esa es la razón principal que se aduce par justificar la incursión violenta, a fuerza, encabezando mujeres y niños, para forzar acuerdos de los que se dice fue enterado la autoridad del presidente del consejo general del IFE.
De tal manera entonces que tenemos que estar en la lógica que sí nos parece a nosotros; el diputado Bejarano, por ejemplo, no actuó correctamente, podríamos hacernos justicia por nuestra mano y estaría perfectamente justificado porque desde hace tiempo persistentemente pensamos que el diputado Bejarano y otro grupo de perredistas del Distrito Federal, se conducen de esa manera y ejercen la violencia para intentar hacerse justicia de algo que consideran que para ellos debe conseguirse de esa manera.
Esta es una lógica que quiebra cualquier principio de civilidad y que rompe con cualquier premisa de acuerdo para la paz, la justicia y la democracia.
Ahí ustedes lo firmaron a través de sus representantes, candidatos y presidente de su partido nacional; ahí se dice que uno de los puntos sobre los cuales había ya consenso y con base en un método de buena fe y de voluntades en
consuno, para los cuales se firmaba ese acuerdo, era precisamente para revisar el expediente personal de imparcialidad, de probidad y de aptitud de todos los funcionarios del IFE, ahí se dice, en ese acuerdo, eso. No creo que se haya desobedecido aún ese acuerdo, al contrario, pero sí, porque les parece a ustedes que el vocal ejecutivo de esa junta en el Distrito Federal no reúne los requisitos, a ustedes les es suficiente para entrar de esa manera y forzar acuerdos que jurídicamente no tienen valor, falta ver qué opinan los demás partidos políticos.
Bueno, entonces estamos hablando de un idioma diferente y estamos compitiendo en elecciones diferentes y estamos viviendo en un país diferente.
Civilidad es sinónimo de legalidad; estamos de acuerdo en parte en eso; sí estamos de acuerdo en parte de eso, pero hoy por hoy el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no se ha modificado, todavía no se ha modificado. Hoy por hoy ningún funcionario que reúna los requisitos que actualmente tiene ese código, cae en la ilegalidad. Si aparte, como un ejercicio muy importante de razón política y concordia, vamos todos los partidos, no nada más a juicio de una parte del PRD, vamos todos los partidos, a través de quienes nos representen en los órganos en donde deban tomarse estas decisiones, a revisar la personalidad, el historial y por tanto la confiabilidad de todos los partidos, de los funcionarios del instituto, bien, lo podemos hacer, pero no hay ningún derecho, ninguna razón ni moral, ni mucho menos legal y jurídica para adelantar, imponer su razón y presentar por la vía de la fuerza a forzar acuerdos en un determinado sentido. Eso no es legalidad.
Si hubiéramos ya modificado el Código Electoral y hubiéramos establecido que uno de los requisitos que deben tener los funcionarios del IFE, es nunca haber pertenecido a algún partido político y todavía permaneciera algún funcionario con la falta de ese requisito en alguno de los encargos del IFE, tendría razón para reclamarlo por la vía legal, por la vía de la protesta si ustedes gustan, pero no por la vía de la propia autoridad, furtivamente, sorpresivamente, entrando a la fuerza, secuestrando prácticamente al personal del IFE, a otros mexicanos con los mismos derechos que ustedes y que todos los que estamos aquí, hasta que no firmaran en el sentido que ustedes desean un acuerdo modificatorio o promisorio de lo que ustedes quieren.
Ustedes tienen mucho tiempo insistiendo en que un funcionario no les parece imparcial. No es razón la persistencia de ustedes. El hecho de que ustedes todos coincidieran en que ese funcionario del Distrito Federal no les merece, a su juicio por la falta de imparcialidad, la confianza, no les da el derecho ni la razón. si lo demostraran, no creo que uno de los puntos de ese acuerdo es precisamente recibir los argumentos, las pruebas y las razones de ustedes, y tengan la seguridad de que si así fuera, ese funcionario tendría que ser sustituido, no por haber cometido ninguna falta ni por tener ningún requisito contra la Ley, sino por razón de concordia y civilidad política.
Creo que de los últimos pretextos que les queda es el del padrón, y me parece que uno de los puntos, no me parece, estoy perfectamente seguro que uno de los puntos de ese acuerdo para la paz, la democracia y la justicia, es precisamente la revisión del padrón en toda su estructura; el cumplimiento exacto de cada uno de los preceptos que tiene el código actualmente, abrir la base de datos y la fuente de datos y todos los antecedentes de cada uno de los registros del padrón, y que hay que hacer todas las auditorías y consultas y sondeos necesarios, tendrán que hacerse.
No me parece que contribuyan en nada al cumplimiento de ese acuerdo de paz y democracia, ni a la buena suerte de este proceso electoral, afirmar desde ahora que hay un determinado número de millones de ciudadanos que indebidamente, que falsamente están anotados, o de nombres que indebida y falsamente están anotados en ese padrón sin que existan en la realidad.
No hay razón para presumir un número de esos, ni creo que puedan tener prueba, a menos que conocieran a ese número de millones de ciudadanos o de nombres que sin existir están en ese listado.
Antes la queja y el pretexto del sesgo en el padrón era porque se había omitido el empadronamiento de muchos ciudadanos. Cambiando el procedimiento para integrar el padrón o la lista nominal, del censo domiciliario que quedaba a cargo de la autoridad, a precisamente la inscripción voluntaria en los módulos por cada uno de los ciudadanos, ese pretexto o esa razón o esa causa verdadera dejó de existir. Ya ninguna autoridad fue a la casa de nadie a preguntarle si quería quedarse empadronado. Ahora en la calle, los que quisieron y cumplieron con su obligación constitucional y
cívica de ir a cambiar su vieja credencial por la que tiene fotografía lo hicieron y lo pudieron hacer.
Ahora la nueva razón es que, bien, ya no podrá haber argumentos que hay un sesgo que omitió a un determinado número de ciudadanos. Ahora es que hay nombres inventados, y son millones de nombres. ¿Cómo puede llegar a afirmarse eso, compañeros diputado? ¿Cómo? ¿Con un sondeo? ¿Con una encuesta en una determinada región del país? ¿En una zona del Distrito Federal, en cinco secciones o en todas las secciones del Distrito Federal y con los resultados de un pequeño lugar o de un amplio lugar proyectarlos a todo el padrón y dar esa cifra? Es temerario y tampoco nada aporta para la buena marcha y la buena suerte de este proceso electoral.
Las irregularidades no se pueden proyectar estadísticamente, y ustedes lo sabrán mejor que yo, las regularidades a lo mejor sí se pueden proyectar estadísticamente.
La otra razón de que ustedes puedan afirmar que hay un determinado millón de nombres faltos es porque los conozcan, y si los conocen está en las manos de ustedes la solución de esa irregularidad, tan fácil como eso, si hay cuatro millones, bueno, por alguna razón los tendrán, creo que ése no es el punto a discusión.
Lo importante sería que ustedes reconocieran, y nosotros ratificáramos, nosotros la voluntad, y ustedes reconocieran que el único camino que hay en materia de padrón es ocultar todo lo que se puede por las vías que se pacten a través de una nueva forma legal o con ese acuerdo para la paz, la democracia y la justicia.
Ahora si lo que quieren, con esa aseveración de que hay un determinado número de miles o millones de nombres inventados, y lo que quieren es un handicap para elegir un presidencial, pues a lo mejor estamos de acuerdo a jugar la elección aun con ese handicap.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Señor Presidente, pregunte al orador si acepta una interpelación.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Sí, claro.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Compañero diputado, usted está hablando de que el único camino que tenemos es que entre todos hagamos esta revisión y garanticemos que el padrón efectivamente sea confiable.
¿Cómo cataloga usted la acción del vocal ejecutivo del IFE en el XX distrito, encabezando una operación para detener a dos militantes de mi partido que pacíficamente andaban tratando de verificar y checar el padrón en su sección?
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Con gusto le contesto, diputada. No sólo en materia de padrón debe privar el acuerdo y el consenso político para revisar y para reconstituir todo el cuadro de normas que nos hagan llegar a un proceso tranquilo con resultados confiables. Todas las demás instituciones y procedimientos del código y del proceso electoral deberían seguir este curso.
A mí no me consta lo que usted dice, pero suponiendo que fuera cierto y no quiero poner en duda lo que usted dice, catalogo que ese vocal, si mando detener a dos ciudadanos perredistas o no perredistas por el solo hecho de estar revisando el padrón electoral, cometió una falta y debiera ser sancionado por ello, suponiéndolo como cierto, en ese caso y en todos los demás casos. Pero en sus manos estaba el cumplimiento de la ley denunciando la irregularidad y pidiendo la sanción. Sí así lo hicieron lo felicito, pero no puede felicitarse ni justificarse la actitud irregular y delictiva del diputado René Bejarano.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado Juan Ramiro Robledo.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto?
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (desde su curul):
Para rectificar hechos.
El Presidente:
Adelante.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
De ninguna manera podemos aceptar las palabras del diputado Juan Ramiro Robledo, diciendo que el diputado Bejarano tuvo una conducta delictiva el día de ayer. No lo podemos aceptar, y en todo caso que se investiguen los hechos, como ya bien lo decía el diputado Lerdo de Tejada, que se investiguen los hechos y entonces que sea la autoridad responsable la que califique la acción o la conducta delictiva del diputado Bejarano o de cualquier ciudadano de este país y de esta ciudad.
En segundo lugar, quiero decir que estamos de acuerdo con muchas de las cosas que dijo el diputado, pero no es ése el centro del asunto, porque cada quien quiere ver las cosas desde donde está ubicado.
A propósito de que el licenciado Gil Padilla sea militante del PRI y haya o no algún tipo de deslinde sobre esta situación, no es el problema solamente de él, es el problema de todos los funcionarios del órgano electoral en todas sus instancias y eso se está discutiendo hoy, bueno, no hoy en este momento, pero en este tiempo con el Secretario de Gobernación, que ha manifestado con el acuerdo precisamente del 27 de enero a que se ha hecho referencia, la necesidad de arribar a un proceso electoral con certeza, con confiabilidad y con credibilidad en este país y en eso estamos todos.
Por eso no podemos reconocer que cualquier tipo de manifestación o de protesta y que aquí se diga de manera abstracta con el diputado Robledo, porque en concreto se ejerce la violencia. Hace poco cuando estuvimos discutiendo el artículo 41 constitucional, aquí vino una manifestación a entregar un documento sobre ese hecho, sobre esa discusión y se convirtió en tratar un problema de represión. Entonces, ¿quién usa la violencia?
Y aquí hay dos visiones diferentes: que se investiguen los hechos y estamos de acuerdo; pero no podemos aceptar aquí en esta tribuna que ya hay a priori, porque lo dicen algunos compañeros, una actitud o una conducta delictiva, de ninguna manera, lo rechazamos completamente.
Ahora bien, tampoco somos ingenuos políticamente sobre lo que ha sido la manipulación del padrón. Hoy el padrón, compañeras y compañeros diputados, me atrevo a decir que es una cuestión central para la credibilidad electoral de las elecciones del 21 de agosto de 1994, y no solamente lo dice el Partido de la Revolución Democrática.
Por eso se están abriendo negociaciones sobre este asunto en la Secretaría de Gobernación, ahí se está discutiendo esto. En la necesidad de arribar a una serie de compromisos que le den pauta para la credibilidad a la cuestión del padrón y los listados nominales. Entonces es un problema central.
Yo me atrevería a decir que es uno de los únicos instrumentos que hoy le quedan al partido de estado, evidentemente. Por eso, ¿por qué es que desde el año pasado y principios de este año salió la resolución de que no se podrá utilizar la técnica censal para verificar el padrón, porque ya no había tiempo? ¿Por qué salió eso? Si de acuerdo con todo mundo, independientemente de visiones políticas e ideológicas, la técnica de verificación es precisamente ésa y hoy quieren espantarnos diciendo que eso va en buen asunto y que los ciudadanos están haciendo rectificaciones, etcétera. Es hoy la verificación del padrón y esa técnica es una de las posibilidades para llegar a la confiabilidad de los listados nominales...
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul):
Señor Presidente, compañero Saucedo, ¿me permite una interpelación?
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Con todo gusto, sí, diputado.
El Presidente:
Adelante.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul):
Diputado Saucedo, si es tanta la preocupación y la certidumbre que tiene sobre las cosas que se ven respecto al padrón, quisiera que nos contestara por favor: ¿por qué su partido no está participando actualmente? ¿Por qué se ha negado a participar en programas de verificación del padrón precisamente?
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
No es que nos estemos separando en esa verificación, estamos haciendo una misma verificación, con más credibilidad nosotros, sección por sección en algunos distritos. Bueno, es parte de lo que se vio ayer con Gil Padilla y se está arribando a acuerdos, señores. Parte de la negociación y de la que estuvo atento el Secretario de Gobernación es precisamente eso.
Ahora, la verificación que se está llevando hoy no está cumpliendo con los requisitos de una verificación completa del padrón y eso se estuvo manifestando en las diferentes instancias del IFE. Así lo hemos hecho y lo hemos manifestado. De eso tenemos mucho tiempo definiéndolo.
El Secretario de Gobernación el día 22 de marzo, un día antes de que discutiéramos aquí la modificación al artículo 41 constitucional, en una reunión con el presidente de nuestro partido y el secretario general manifestó que una de las condiciones, en una confesión personal..., déjeme termina esto, diputado Robledo, quiero que escuche, estoy respondiendo a su pregunta. El Secretario de Gobernación manifestó ahí que una de las condiciones por las cuales había aceptado la Secretaría de Gobernación era precisamente sobre la información de la credibilidad y confiabilidad del padrón electoral.
Nosotros, con los datos que hemos presentado, manifestamos que parece ser que él mismo ha sido engañado, y esto lo hemos dicho también públicamente y en esta tribuna, por lo tanto...
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul):
Señor Presidente, preguntaría al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
Señor diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Sí, señor Presidente.
El Presidente:
Adelante, señor diputado.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul):
Muchas gracias, señor Presidente, gracias señor diputado Saucedo:
De lo que dice usted me surge una duda, con sus palabras iniciales a mi anterior pregunta, nos dicen que no se están precisamente separando del programa de verificación, sino que están haciendo la propia. ¿Debemos entender entonces que ustedes, como juez y parte en ese proceso, no admitirán como válida más la que resulte exclusivamente de su propia práctica de auditoría?
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Quiero responderle así. La propia verificación que estamos llevando a cabo nosotros está también de acuerdo con las autoridades electorales y parte de los acuerdos es la necesidad de arribar desde la técnica que se está utilizando a que sea verificada también por las
autoridades; si esto se empata, me parece que no iríamos a ningún problema. Lo que cuestionamos nosotros fue la técnica de verificación que se está haciendo. Hay un acuerdo con la autoridad electoral, ya se está haciendo, ellos han venido aceptando una serie de irregularidades que se están presentando en el padrón y se han venido corrigiendo, ¿por que?, porque han actuado de la misma manera como le presentamos la técnica que se utilizó par ala revisión o la verificación. Esto empata y nosotros lo que cuestionamos fue la técnica que se está queriendo utilizar para esa verificación que no nos daría la certeza y la credibilidad necesaria en la que hemos estado insistiendo.
Bien, no es entonces el único pretexto que nos queda para hacernos coherentes y llevar adelante el compromiso o el acuerdo por la paz, la justicia y la democracia. Es nuestra opinión, lo hemos planteado así, en eso estamos y pensamos que el padrón no es una cuestión mínima para la credibilidad electoral. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Ignacia García López:
Señor Presidente, se han agotados los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
26 de abril de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Guanajuato.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Carlos Rodríguez Botella y Martínez Gallardo, par aceptar y usar la condecoración de la Orden de Juan Mora Fernández, en grado de Comendador que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capital primero de infantería diplomado de Estado Mayor Héctor Manuel Valles, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Mérito Académico, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 16.24 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 26 de abril a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición
BC Baja California
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
D.F. Distrito Federal
IFE Instituto Federal Electoral
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores
PAN Partido Acción Nacional
Pemex Petróleos Mexicanos
PGR Procuraduría General de la República
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Sedesol Secretaría de Desarrollo Social
Sedue Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
SIAPA Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado