Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19940427 - Número de Diario 6
(L55A3P1oN006F19940427.xml)Núm. Diario: 6ENCABEZADO
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
LV LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
DIRECTOR GENERAL DE CRÓNICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora
PRESIDENTE
Diputado Pedro Ojeda Paullada
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Norberto Reyes Ayala
AÑO III México, D.F., miércoles 27 de abril de 1994 No. 6
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL
Se concede el uso de la palabra a la asambleísta Juana García Palomares, quien informa de la apertura del segundo período de sesiones del tercer año de ejercicio de ese cuerpo colegiado.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Invitación a la ceremonia cívica conmemorativa del CXXXII aniversario de la Batalla de Puebla. Se designa comisión.
Invitación a la ceremonia cívica conmemorativa del CXXXII aniversario luctuoso del general Miguel Negrete. Se designa comisión.
ESTADO DE CHIAPAS
Comunicación del Congreso estatal del que se informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
DISCAPACITADOS
Hace uso de la palabra el diputado Juan Hernández Mercado, quien presenta iniciativas que reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de las leyes Aduanera, General de Asentamientos Humanos, General de Educación, Federal de Protección al Consumidor y Federal de Turismo, que se turnan a las comisiones correspondientes con opinión de la Comisión de Seguridad Social., y dos proposiciones para crear el Sistema Nacional de Información de la Población Discapacitada, que se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, creación e inserción de materias, sobre la problemática de la población discapacitada en los planes de estudio de las universidades y tecnológicos del país, que se turnan a la Comisión de Educación.
REPÚBLICA DE COSTA RICA
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Carmen Soledad Moreno Toscano, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de esa nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPÚBLICA DE NICARAGUA
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
REPÚBLICA DOMINICANA
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Néstor de Buen Lozano, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
INICIATIVAS DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Presentadas por el Partido Popular Socialista. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense.
DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Expresan sus opiniones los diputados:
José María Téllez Rincón
Francisco Hernández Juárez
Alfredo Castañeda Andrade
Tomás Correa Ayala
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Hiram Luis de León Rodríguez
Gil Mendoza Pichardo
Francisco Dorantes Gutiérrez, para rectificar hechos.
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)
Para denunciar problemas sindicales, habla la diputada Luisa Alvarez Cervantes.
Sobre el mismo tema, sube a la tribuna el diputado Fernando Espino Arévalo
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, suben a la tribuna los diputados:
Luisa Alvarez Cervantes
Evangelina Corona Cadena
Manuel Monarres Valenzuela
Josafat Arquímides García Castro
Julio César García Hernández
Luisa Alvarez Cervantes
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA NACIÓN
Para expresar sus opiniones acerca de la creación de este organismo, hacen uso de la palabra los diputados:
Rosa Albina Garavito Elías, quien hace una proposición.
Juan José Rodríguez Prats, para rectificar hechos.
Rosa Albina Garavito Elías, para contestar alusiones personales.
Guillermo Flores Velasco, para rectificar hechos.
Carlos González Durán, para rectificar hechos.
Juan José Castillo Mota
Francisco Dorantes Gutiérrez, para rectificar hechos.
Odilón Cantú Segovia, para rectificar hechos.
Juan Jacinto Cárdenas García
Luz María Lucero González, para rectificar hechos.
Francisco José Paoli Bolio
Martín Tavira Urióstegui, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc López Sánchez Coello
Francisco José Paoli Bolio, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc López Sánchez, para contestar alusiones personales.
Francisco José Paoli Bolio, para rectificar hechos.
Carlos González Durán, para rectificar hechos.
Francisco José Paoli Bolio, para rectificar hechos
Se desecha la propuesta de la diputada Garavito Elías.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Abundio Ramírez Vázquez
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quórum reglamentario.
La secretaria Ignacia García López:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 363 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente (a las 12.40 horas):
Se abre la sesión, compañeros diputados.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Ignacia García López:
Se va a dar lectura a la orden del día.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
27 de abril de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXXII aniversario de la Batalla de Puebla, tendrá lugar el 5 de mayo en la estatua ecuestre del General Ignacio Zaragoza, a las 10.30 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXXII aniversario de la Batalla de Puebla, tendrá lugar el 5 de mayo en la tumba del General Miguel Negrete, en la Rotonda de los Hombres Ilustres, a las 12.00 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Chiapas.
Iniciativas de legisladores
Cinco iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones relacionadas con la población discapacitada. (Leyes: General de Educación; General de Asentamientos Humanos; Federal de Protección al Consumidor y Federal de Turismo).
Minuta
Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden "José Dolores Estrada", que le confiere el Gobierno de la República Nicaragua.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al doctor Néstor de Buen Lozano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Dominicana.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo al rezago legislativo.
Comentarios sobre la conmemoración del Día del Trabajo.
Denuncia sobre irregularidades en el Estado de Chihuahua.
Denuncia sobre el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), a cargo de la diputada Luisa Alvarez Cervantes, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Proposición para la creación e inserción de materias sobre la problemática y atención de la población discapacitada en los planes de estudio de las universidades y tecnológicos del país.
Proposición para la creación del sistema nacional de información de la población discapacitada.
Denuncia de la desaparición de un militante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el 23 de marzo en la ciudad de Tijuana, Baja California.
Intervención sobre la problemática del combate al lirio acuático en el lago de Chapala.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria Ignacia García López:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Manuel Laborde Cruz
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con cuatro minutos del día veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de trescientos cincuenta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato y Quintana Roo, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Dos oficios de la Cámara de Senadores, con los que informa de la creación de las comisiones especiales transitorias, para dar seguimiento a los acontecimientos del 23 de marzo en el Estado de Baja California y los del Estados de Chiapas. De enterado.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos María del Rosario Gloria Green Macías y Néstor de Buen Lozano, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de Nicaragua y Dominicana, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se someten a discusión y sin ella se aprueban y se turnan al Senado de la República, dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Juan Carlos Rodríguez Botello y Martínez Gallardo y Héctor Manuel Valles, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de Costa Rica y Guatemala, respectivamente.
Para referirse al aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la entrada en vigor del Tratado de Tlaltelolco, se concede el uso de la palabra a los diputados: Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista; Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús González Gortázar, del Partido Revolucionario Institucional y Alfredo Castañeda Andrade, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Sobre la convocatoria al debate público entre candidatos a la Presidencia de la República, expresan sus opiniones los diputados: Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Carlos González Durán
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Manuel Laborde Cruz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Félix Bautista Macías, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos en tres ocasiones;
Presidencia del diputado Manuel Laborde Cruz
Diego Zavala Pérez, del Partido Acción Nacional; José Antonio González Fernández, del
Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos, y en el mismo sentido Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional.
Presidencia del diputado Tarcisio Rodríguez Martínez
Para comentar la situación económica de la región carbonífera del Estado de Coahuila, se concede el uso de la palabra a los diputados: Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista; Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional y Humberto Flores Cuéllar, del Partido Acción Nacional.
Las proposiciones de la diputada Elizondo Maltos, se turnan a las comisiones de Energéticos y de Patrimonio y Fomento Industrial.
Para comentar lo que calificó como situación política en el Estado de Veracruz, solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática y para rectificar hechos sobre el mismo tema, a los diputados: Manuel Ortiz Denetro, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones y Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente le solicita al diputado Huerta que presente su solicitud por escrito y, desde su curul, se inconforma por el trámite el diputado Nemi Dib.
Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, quien denuncia lo que calificó como secuestro de infantes en el internado "La Gran Familia", en Zamora, Michoacán. Se turna a la comisión de Derechos Humanos.
El Presidente turna la solicitud presentada por el diputado Huerta Ladrón de Guevara, a la misma comisión.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con siete minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
Se encuentra a las puertas de este salón de sesiones, una comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se designa para introducirlos a este recinto, a los siguientes diputados:
Manuel Díaz Infante, Marco Antonio García Toro, Guillermo Flores Velasco, Luisa Alvarez Cervantes, Francisco Dorantes Gutiérrez y Héctor Morquecho Rivera.
Favor de atenderlos, señores diputados.
Tiene la palabra la asambleísta Juana García Palomares.
La asambleísta Juana García Palomares:
Muchas gracias, señor Presidente; Compañeras y compañeros diputados:
Venimos aquí en una comisión de cortesía de la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a comunicar a esta representación federal, la apertura del último período de sesiones de nuestro órgano. Esta es una visita protocolaria, sin embargo este período de sesiones ocurre en momentos en que se define la historia de nuestro país, fin de un siglo y fin de una época de nuestra patria.
Vivimos una transformación acelerada de la correlación de fuerzas de la sociedad mexicana. Durante largos años, las fuerzas políticas hemos ido construyendo la transformación social. A pesar de los peligros de las altas cuotas de sangre, nuestro país sorteaba la crisis
hasta perfilarse como una nación de prestigio en la sociedad internacional.
Si bien el cambio nos parecía a algunas fuerzas, lento zigzagueante al interior, las instituciones se iban reformando y avanzando hacia una nueva democracia; los peligros que se vivían entonces, fueron confirmados de manera abrupta estos últimos meses de manera asombrosa.
A pesar de no contar con los análisis finales que nos explicarán los fenómenos en sus últimas implicaciones y orígenes, los hechos vistos en perspectiva nos hacen creer en un complot contra nuestra nación. De unos años a la fecha, se concreta un esfuerzo por destruir y desprestigiar nuestras instituciones y las conquistas ciudadanas.
Los órganos de gobierno, los legislativos, las organizaciones políticas, además de la crisis estructural de por sí grave, nos vemos sometidos a agresiones continuadas por deteriorar nuestra imagen y sobre todo nuestra representatividad y eficiencia social.
Actualmente vemos cómo se ha llegado a pretender sustituir a los mecanismos socialmente forjados, a los partidos y los órganos de representación popular, con categorías difusas y tramposas, como son las organizaciones llamadas no gubernamentales, sin estructura ni definición clara, sin ninguna normatividad que los regule; se configura una especie de chantaje permanente para desprestigiar nuestra representatividad.
Por largos años solos unos cuantos estaban representados en las Cámaras. Poco a poco se han venido abriendo las instituciones a golpe de movilizaciones y votos; poco a poco los diputados, los asambleístas, hemos reformado nuestro papel de servidores de la nación, aunque aún nos falte un largo trecho por recorrer.
Ahora, fuerzas incontrolables e irracionales hacen un uso escandaloso de las libertades que entre todos hemos construido y nos someten a chantajes de todo tipo; en ocasiones, hasta con la representación de representantes populares, que buscan su promoción personal antes que la verdadera representación social y la búsqueda de alternativas sensatas y aplicables a las necesidades que obedezcan a un programa político.
Por ello y a pesar de tener fuertes diferencias con otras fuerzas, creemos que es necesario llamar al fortalecimiento de los órganos e instituciones nacionales, a su sustitución por otros menos representativos, que además sólo someterían al país a un desgarramiento permanente, sin sentido y sin futuro.
Los cardenistas creemos que es el momento en que los partidos políticos nos portemos a la altura de las circunstancias y en este último ejercicio legislativo hagamos un esfuerzo. No hagamos un corte de caja, sino una propuesta seria y razonada del mundo que queremos. Dejemos las bases para el fortalecimiento nacional y no para la confrontación.
Muchos cambios han de darse, la democratización del Distrito Federal es uno de ellos. El mayor conglomerado social de la nación debe continuar su tránsito hacia una reforma integral, no a soluciones que pospongan una vez más los necesarios cambios, sino alternativas de fondo. La única manera de enfrentar la escalada golpista o el complot, es el fortalecimiento del poder popular, de manera consecuente, de manera plural.
La opinión pública o lo que se hace aparecer como tal merece, sin lugar a dudas, nuestro respeto; sin embargo, no es el fiel de la balanza social, sino sólo un lejano reflejo, los dueños, de tal manera que sólo le dan voz a sus semejantes. En muchas ocasiones el pueblo mexicano, los trabajadores y campesinos, quedamos muy lejos de ese micrófono social, pero existimos, producimos la riqueza y somos una fuerza organizada.
Doble es nuestra responsabilidad como oposición y como mexicanos. De ambas maneras llamamos a la conciencia ciudadana. Como oposición de izquierda, sabemos lo que significa la transformación social; la izquierda mexicana, los cardenistas de hoy y socialistas de ayer, así como otras fuerzas sociales, pagamos un alto costo de vida par allegar a este estadio de la democracia. Por ello sabemos que el tránsito pacífico, cívico, es menos doloroso que las vías violentas.
Como mexicanos entendemos lo que significa buscar la unidad nacional, para enfrentarnos a los poderosos enemigos del mercado mundial y sus socios nacionales; sabemos lo que cuesta la soberanía nacional.
Estamos en la recta final, ambos periodos de sesiones pueden ser trascendentales o bien demostrar que las cámaras y los partidos somos prescindibles.
Este es el momento, compañeros diputados, de demostrar y ejercer nuestra representación ciudadana. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Asambleísta Juana García Palomares, la Cámara de Diputados se ha enterado de la apertura del segundo período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio. Agradecemos la visita de los señores asambleístas, y deseamos para todos ellos éxito en sus labores.
Se ruega a la comisión designada acompañar a la Comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, cuando ellos deseen retirarse.
Ruego a la Secretaría continúe con los asuntos en cartera.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario Juan Huesca Pérez:
«Diputado Pedro Ojeda Paullada, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXXXII (132) Aniversario de la Batalla de Puebla, que tendrá lugar en la estatua ecuestre del General Ignacio Zaragoza, ubicada en la Calzada que lleva su nombre, Delegación Venustiano Carranza, el día 5 de mayo a las 10:30 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un Representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva dar al presente y le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dirección de Acción Cívica.
Licenciado Gerardo González Camarena.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Alberto Jiménez Arroyo, Jorge Oceguera Galván, y Alfredo Castañeda Andrade.
El secretario Juan Huesca Pérez:
«Diputado Pedro Ojeda Paullada Presidente de la Honorable Cámara de Diputado.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXXXII (132) Aniversario de la Batalla de Puebla, que tendrá lugar en la Tumba del General Miguel Negrete, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, Delegación Miguel Hidalgo, el día 5 de mayo a las 12:00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un Representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva dar al presente y le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dirección de Acción Cívica.
Licenciado Gerardo González Camarena.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Rafael Farrera Peña, Tomás Correa Ayala y Francisco Dorantes Gutiérrez.
ESTADO DE CHIAPAS El secretario Juan Huesca Pérez:
«Escudo Nacional.- Estado Libre y Soberano de Chiapas.- Honorable Congreso.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México D.F.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que con fecha 24 del mes de marzo del presente, la fracción parlamentaria priísta en la quincuagésima octava Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, se ha servido designarme líder de este grupo mayoritario, por lo que en términos del artículo 44 de la propia Ley Orgánica he asumido la Presidencia de la Gran Comisión del Congreso del Estado.
Sin otro particular reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Abril 5 de 1994.- Diputado Milton Morales Domínguez, Presidente de la Gran Comisión.»
De enterado.
DISCAPACITADOS
El Presidente:
Iniciativas de legisladores. Para ello tiene la palabra el diputado Juan Hernández Mercado, para presentar un paquete de iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones relacionadas con la población discapacitada, leyes: General de Educación, General de Asentamientos Humanos, Federal de Protección al Consumidor y Federal de Turismo.
El diputado Juan Hernández Mercado:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La semana pasada el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa sobre la creación de un instituto. Desde el Partido de la Revolución Democrática vemos con agrado que se presenten iniciativas, sobre todo hacia este sector de la población, que ha sido marginado y descuidado por el Gobierno.
Vamos a estar muy atentos en el trabajo que se desarrolle en la comisión o en las comisiones y apoyaremos, dentro de los márgenes, la creación de un organismo. Creo que es importante la creación de un órgano. Hay una presentación de un instituto, analicémoslo, pero sí avancemos para que haya una respuesta a los discapacitados.
Nosotros, desde el Partido de la Revolución Democrática, hemos trabajado de manera conjunta con un grupo de compañeros de la población discapacitada. Hoy somos portadores de esas inquietudes que se han convertido en iniciativas. En estos momentos vamos a dar lectura a ellas, pero queremos dejar claro a esta soberanía, que son iniciativas no únicamente de gabinete; son iniciativas sobre las personas que padecen cotidianamente este problema, que lo sufren, que están planteando sus puntos de vista. Las hemos retomado, las hemos rescatado y están aquí para que ustedes las escuchen, las valoren y se dictaminen en las comisiones. Que el esfuerzo dado el 14 de febrero frente a este recinto, no quede en el aire.
Yo creo que lo mejor sería que esta legislatura realmente diera los dictámenes correspondientes a todas las iniciativas presentadas, que no quedaran para una siguiente legislatura, que realmente sobre todas se dictamine, incluyendo la que existe del artículo cuarto constitucional.
Son propuestas de reformas y adiciones a diversas leyes de carácter federal para la integración social y productiva de las personas con discapacidad en México.
«Propuesta de Reformas y Adiciones a Diversas Leyes de Carácter Federal para la Integración Social y Productiva de las personas con Discapacidad en México.
El día de hoy el Partido de la Revolución Democrática presenta a consideración a esta Honorable Cámara de Diputados una serie de iniciativas de ley, que contienen reformas y adiciones a diferentes leyes federales que abarcan en su conjunto las inquietudes de la población discapacitada, como una respuesta seria y responsable a la problemática de esta población.
De acuerdo con datos probabilísticos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 10 millones de mexicanos padecen algún tipo de discapacidad. Este numeroso grupo social, que bien podría significar la población entera de algunos países latinoamericanos o europeos, vive una indignante realidad de injusticia social al igual que diversos sectores de
la población, debido a la inconsciencia histórica mostrada por la sociedad y los gobernantes de nuestro país, quiénes con su indiferencia y pasividad mantienen a la población discapacitada, hasta nuestros días, en condiciones de marginación, segregación y discriminación.
Lo cual ha dado como resultado la generación de las peores condiciones de vida que nos pudiéramos imaginar a un gran número de ciudadanos mexicanos.
La problemática de las personas con discapacidad no es un tema nuevo, es un tema que ha sido tratado por otros países de la comunidad internacional. Sin embargo, pese a que nuestro país pertenece a la Organización de las Naciones Unidas y de que ha suscrito una diversidad de declaraciones referentes a los derechos del hombre, entre las que sobresale la "Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas Integrantes para las Personas con Discapacidad", en octubre de 1992 así como otros tratados internacionales ampliamente conocidos, los beneficios y la atención necesaria que requieren las personas con discapacidad hasta nuestros días son, y seguirán siendo, nulos; si esta Cámara no tiene a bien abocarse al estudio y análisis profundo de dicha problemática y realizar de manera serie e informada las actividades tendientes a crear el marco jurídico que permita garantizar a la población discapacitada el pleno goce de los derechos inherentes a todo ser humano, que acertadamente se encuentran consagrados en nuestra Carta Magna, pero que inexplicablemente han sido omitidos de la diversidad de leyes que deberían garantizar el pleno goce de estos derechos a todo ciudadano, sin importar el hecho de que padezca algún tipo de discapacidad.
Ignorar las necesidades de la población discapacitada y rehuir la responsabilidad que tenemos de atender su problemática sería tanto como desconocer el contenido del artículo 1o. constitucional que garantiza a todo individuo el goce de los derechos consagrados en nuestra Constitución Política, pues debemos reconocer que en las diferentes legislaciones que han surgido de este recinto por vía de los legisladores de esta población, limitándose a crear leyes que sólo benefician a la población que tradicionalmente hemos llamado "normal", olvidándonos en todo momento de que un ser discapacitado es también un individuo, es también un ciudadano, es también un mexicano, y más importante aún, es un ser humano.
Podríamos justificar nuestra pasividad ante los hechos evidentes manifestando desconocimiento del problema, sin embargo, este desconocimiento es igualmente productos de nuestra pasividad, pues en ningún momento nos hemos preocupado por conocer la magnitud de esta población y sus necesidades. Esto es evidente, ante la carencia de un Sistema Nacional de Información de la Población Discapacitada que proporciones las estadísticas básicas, secundarias y especiales, requeridas para la realización de estudios a profundidad sobre la problemática de dicha población, acordes al nivel que existen las necesidades de su integración plena a la vida social y productiva de la sociedad mexicana. Pues, conocer el número de personas con discapacidad, su ubicación, las necesidades que tienen y sus condiciones de vida es una información fundamental que constituye la base de los planes y programas que deben realizarse para dar una respuesta concreta y expedita a sus requerimientos.
Como hemos dicho, una diversidad de países ha decidido enfrentar la problemática de la población discapacitada e inclusive han creado normas tendientes a garantizar los derechos de esta población. Sin embargo, la mayoría de ellos han tenido malas experiencias de sus legislaciones, resaltando entre otras: la obsesión del asistencialismo, la falsa idea de que una sola Ley (especial) puede resolver los problemas de este grupo social, e igualmente, la falta de coordinación entre los legisladores y este grupo social marginado.
Es evidente que la respuesta que espera la población discapacitada, de parte de esa legislatura, corresponde a una legislación funcional acorde con las necesidades de las personas con discapacidad. Por ello, y no queriendo cometer los mismos errores, ya cometidos por otros países y legislaturas, el Partido de la Revolución Democrática está segura de que la vía más idónea y favorable para atender la problemática de los ciudadanos mexicanos con discapacidad es mediante una reforma integral de todas las leyes federales y estatales que inciden en las actividades propias de toda la población, por lo que nuestra fracción parlamentaria presentará a este pleno una serie de iniciativas de reformas y adiciones a diferentes leyes federales que consideramos serán la base para la creación del ordenamiento jurídico que permita garantizar el pleno goce de los derechos consagrados en nuestra Constitución Política a este grupo de la población que reclama una respuesta justa a todas sus demandas.
Visto lo anterior y no queriendo ser copartícipes de la continuidad de esta discriminación, segregación, marginación e injusticia social, presentamos a esta Cámara las primeras propuestas de Reformas y Adiciones a las siguientes Leyes Federales, así como dos puntos de acuerdo:
1. Ley Aduanera 2. Ley General de Asentamientos Humanos ·. Ley General de Educación 4. Ley Federal de Protección al Consumidor 5. Ley Federal de Turismo 6. Punto de acuerdo sobre la Creación del Sistema Nacional de Información de la Población Discapacitada 7. Punto de acuerdo sobre la Creación e Inserción de Materias Sobre la Problemática y Atención de la Población Discapacitada en los planes de estudios superiores de las Universidades y Tecnológicos del País.
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos diputados a la LV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la asamblea de esta honorable Cámara, la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Aduanera, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La integración de los discapacitados a la sociedad y a una vida productiva, requiere de las condiciones necesarias para su completa rehabilitación y desarrollo personal. De esta manera, se hace necesario que las autoridades aduaneras den todo tipo de facilidades a las personas con discapacidades, para que importen lo que requieran. Asimismo, se requiere el apoyo para las instituciones públicas y privadas que tramiten la importación de implementos para los discapacitados.
Con la presente iniciativa se pretende la exención total de impuestos de importación de las mercancías que realicen las personas físicas o morales, de implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, deportivos y autobuses de pasajeros como de uso particular. Quedando incluidas todas las mercancías y partes de importación que requieran las personas con discapacidades, para su completa integración física, educativa, deportiva, profesional y social.
En la actualidad las personas con discapacidades en nuestro país se ven necesitadas de adquirir una gran diversidad de implementos, como : prótesis, materiales educativos, herramientas de trabajo, partes para la reparación y mantenimiento de las mismas, en fin, una serie de mercancías, y productos elaborados y semi-elaborados, que desafortunadamente la mayoría de estos no se producen en nuestro país, lo que hace que la adquisición de los mismos se vea frenada o frustrada, ya que los mercados que ofrecen estos productos se encuentran fuera de nuestro territorio. Lo que ocasiona que la compra o adquisición de las mercancías se vean gravadas por los impuestos de importación que hacen cada vez menos posible su adquisición por parte de las personas con discapacidades, las que requieren como una necesidad apremiante para una integración en sus diferentes ámbitos de la vida social, de los cuales se encuentra marginados y segregados, al no poder alcanzar el máximo de sus discapacidades que les permitan colocarse en un plano de igualdad con referencia al resto de la población.
Dado que existe un universo considerable de personas con discapacidades de toda índole, se hace necesario el apoyo del Gobierno Federal. Actualmente se considera que existen de 8 a 10 millones de mexicanos con distintas discapacidades.
En virtud que en el país no existen los implementos para la integración total a la vida productiva del discapacitado, se hace necesario la importación de los mismos, inclusive de los países que no están en el Tratado de Libre Comercio, los cuales cuentan con el desarrollo tecnológico necesario para producirlos y cubrir las necesidades de cada discapacitado.
Cada vez existen mayores adelantos tecnológicos de implementos para discapacitados en diferentes países, por lo que, la importación se haría de acuerdo a las diferentes ventajas que se pudieran presentar en los países productores de artículos para discapacitados.
Las personas con discapacidad no deben quedar fuera de la modernización del país, por tal razón, se hace necesario la importación de todos los implementos para discapacitados, que no se produzcan en el país con esos adelantos tecnológicos.
Es de aclararse que la importación quedaría libre de impuestos, la cual estaría sujeta al uso personal de los implementos para discapacitados, quedando prohibido el lucro con la reventa de dichos artículos. En el caso particular de los vehículos para discapacitados y los autobuses para los mismos, la venta a otro discapacitado se podrá hacer dentro de los cinco años siguientes a la importación del automóvil, a ningún particular y sólo podrá realizarlo dicha venta a otro discapacitado dentro del término establecido.
Lo anterior es con el objeto de que las personas con discapacidades tengan la oportunidad de adquirir a un menor precio sus implementos, asimismo logren un mejor desarrollo personal, que de lugar a una mayor igualdad de oportunidades, en su vida productiva
Por las razones anteriormente expuestas, se presenta el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el artículo 46 de la Ley Aduanera en su fracción IX y se adiciona un inciso e; la fracción XV y se adicionan los incisos d, y el párrafo siguiente y el inciso e.
Artículo 46. No se pagarán
I al VIII
IX. Las mercancías donadas con fines culturales, de enseñanza, de investigación pública o de servicio social que importen organismos públicos, instituciones no lucrativas mexicanas, así como las instituciones y organizaciones de personas con discapacidades, con autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, quedarán exentos del pago de impuestos de importación, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:
a), b), c) y d)
e) Se exentan del cumplimiento de los requisitos establecidos por los incisos b y d, que anteceden las instituciones y organizaciones de personas con discapacidades que se encuentren legalmente constituidas.
X a la XIV
XV. Los implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos y deportivos que importen los discapacitados para su uso personal. Quedando incluidas todas las mercancías, y partes de importación que requieran las personas con discapacidades, para su completa integración física, educativa, deportiva, profesional y social, así como los que les puedan garantizar el goce de su salud, quedarán, exentos del pago de impuestos de importación, conforme a la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Tratándose de vehículos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
A)
a), b) y c)
También podrá
d) Personas con discapacidad exclusivamente.
El discapacitado que obtenga el permiso de importación del vehículo, no lo podrá enajenar en un lapso de cinco años a partir de la fecha de importación a ningún particular y sólo lo puede hacer a otro discapacitado dentro del término anterior. La solicitud de importación deberá estar certificada por la Secretaría de Salud, la cual evaluará la discapacidad de la persona.
e) Las instituciones y organizaciones públicas y privadas de personas con discapacidades o de atención a las mismas que estén legalmente constituidas, podrán solicitar la exención del pago de impuestos de importación para el caso de un solo autobús adoptado por cada 30 discapacitados, el cual deberá destinarse para el transporte de los mismos. Debiendo contar con el visto bueno de la Secretaría de Salud.
B)
a) y b)
En los casos
ARTICULO TRANSITORIO
Artículo 1o. La presente iniciativa de Ley, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
Partido de la Revolución Democrática.- Rúbrica.»
«Presidente de la Honorable Cámara diputados del Congreso de la Unión.
Los suscritos diputados a la LV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción ll del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa de reformas a Ley General de Asentamientos Humanos, con base a la siguiente:
Exposición de Motivos
La presente iniciativa contiene reformas y adiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, las cuales tienen la finalidad de establecer las bases de planeación y programación, para la creación de la infraestructura y equipamiento básico que requieren las personas con discapacidad, en todo asentamiento humano con acceso al público tanto del Sector Público como privado.
El acelerado y desproporcionado crecimiento de las áreas urbanas en todo el país, especialmente el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, se han acompañado de asentamientos humanos cuyo impacto sobre los grupos sociales que habitan en ellas, ha sido considerable en los diversos ámbitos de la vida urbana, afectando gravemente a los grupos sociales que no han sido considerados en la planeación, creación y construcción de tales asentamientos.
El grupo social de personas con discapacidad, sin duda alguna ha sido de los más afectados, ante la falta de una planeación adecuada de los asentamientos humanos, pues en la cotidianidad, éstas personas se enfrentan del reto de tratar de convivir y desarrollar sus actividades en los centros de población de todo el territorio nacional, pero que dada la inobservancia de sus necesidades de desplazamiento y libre tránsito, se encuentran con barreras arquitectónicas, sociales y culturales, que les obstaculizan y en ocasiones les hace imposible su integración a las comunidades. Esta situación se torna inaceptable, especialmente si tomamos en cuenta que en el país existe conforme datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, una población discapacitada de alrededor de 10 millones de personas, cantidad que por efecto de nuestro estilo de vida y los avances de la medicina, que prolonga la longevidad de los mexicanos, se ve incrementada día con día.
Es importante destacar la carencia de un Sistema Nacional de información de la población discapacitada, que proporciones la estadísticas básicas, secundarias y especiales, que sirvan de soporte estadístico para la planeación seria y profesional de los asentamientos humanos, acorde a las necesidades de integración social y productiva que requiere dicha población.
Esta dimensión de la población discapacitada, pese a ser una cantidad de personas que bien podrían significar la población entera tanto de países latinoamericanos como europeos, ha sido soslayada de la planeación y creación de los asentamientos humanos y de los servicios utilizados por el público en general. Esta forma de segregación histórica, ha ido constituyendo un serio y perverso problema social, que se manifiesta de manera alarmante en áreas tan críticas como el empleo, vivienda, educación, transporte, comunicación, deporte, recreación, prestación de servicios de salud y en general en el acceso y seguridad de las instalaciones, y los servicios públicos de toda índole.
Como resultado de lo anterior, las personas con discapacidad sufren los efectos de la discriminación y marginación que les origina la inconsciencia de las diversas autoridades y de la sociedad, las cuales no contemplan las necesidades de la población discapacitada al planear, crear y desarrollar los asentamientos humanos que, por los principios de igualdad y justicia social que emanan de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, deberían de ser acordes y congruentes a todo el público que requiere hacer uso de ellos, sin diferencia alguna por razones de discapacidad.
Este tipo de discriminación basada en la inconsciencia y prejuicios sociales, generan una negativa casi rotunda a la población discapacitada, de tener la oportunidad de competir en condiciones de igualdad con el resto de la información, lo cual afecta a sus niveles de calidad de vida y de superación social y personal.
Las limitaciones e impedimentos que generan la falta de una adecuada planeación y modificación de los asentamientos humanos que permitan el libre tránsito, la accesibilidad y las medidas de seguridad que requieren la personas con discapacidad, representan en nuestros días al gobierno y a las familias un alto
costo que se refleja en los presupuestos destinados a la dependencia u atención de este elevado número de la población discapacitada, que a falta de productividad e integración, requiere de estos recursos para sobrevivir y satisfacer sus necesidades más elementales, que bien podrían ser resueltas por cada discapacitado, si contara con la infraestructura y equipamientos básicos, que le permitieran trasladarse y acceder a todas las actividades y servicios como el resto de la población. Sin contar que la integración de dichos sujetos igualmente representa, dada su magnitud, un alto índice de productividad que indiscutiblemente se vería reflejado en el progreso y fortalecimiento de nuestra economía.
Dicho lo anterior, y de acuerdo con el principio de igualdad que debe regir a todos los ciudadanos mexicanos, debemos de entender que las necesidades de los individuos son de la misma importancia, por lo que las necesidades que se han planteado, determinan la urgencia de constituir la base de la planificación de los asentamientos humanos y dados que los recursos de país deben ser empleados para satisfacerlas, es apremiante dirigir la atención a la problemática de las personas con discapacidad y crear, mediante una conciencia real, basada en los principios de igualdad y justicia social, los ordenamientos jurídicos que garanticen la planeación y modificación de todo asentamiento humano, en los que se deberá de prever y modificar la infraestructura y el equipamiento básico que permitan a este grupo de la población, la integración plena y segura a todas las actividades de la nación.
A manera de conclusión, y toda vez que la existencia de asentamientos humanos que cuentan con la infraestructura y equipamiento básico para el libre comercio, tránsito y seguridad de las personas con discapacidad es casi nula, se hace necesaria la creación de un marco normativo que establezca con carácter de obligatoriedad, a los propietarios, constructores y planificadores de todo asentamiento humano, que esté en vías de construir las nuevas infraestructuras y equipamientos, los dispositivos en materia de accesibilidad, tránsito y seguridad que deberán observar al realizar las construcciones que implican los asentamientos humanos.
Dado que las necesidades de la población con discapacidad son tan diversas como las del resto de la población, se necesita que las disposiciones legales que sean creadas en materia de asentamientos humanos y construcción, se encuentren establecidas y obtengan su fuerza jurídica de la Ley General de Asentamientos Humanos y del reglamento de construcción que se trate, evitando en todo momento la creación de un dispositivo jurídico especial que se tomaría del todo estéril.
Por lo que, a fin de crear la infraestructura y equipamientos básicos que requieren las personas con discapacidad, y así mismo adecuar la existente, proponemos la presente iniciativa, convencidos que de la vía más idónea es la que a continuación cometeremos a esta Cámara de Diputados.
Por las razones anteriormente expuestas, se presenta el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se adicionan las fracciones XXII y XXIII del artículo 2o., de la Ley General de Asentamientos Humanos; se adiciona la fracción XIX del artículo 2o.; se adiciona la fracción IX del artículo 5o.; se adiciona el penúltimo párrafo del artículo 12; se reforma la fracción X del artículo 13; se reforma la fracción V del artículo 32, se reforma la fracción VII del artículo 35 y se reforman las fracciones III y IV del artículo 51 de esta Ley.
Artículo 2o. Para los efectos
I a la XXI
XXII. Las zonas con acceso para personas con discapacidad; las áreas y construcciones de uso público adecuadas para que toda la población con discapacidad pueda tener un adecuado acceso y tránsito en ellos, haciendo uso integral de los mismos. Quedando comprendidos entre otros: los cajones de estacionamiento, elevadores, rampas, barandales, semáforos, señalamientos visuales y táctiles.
XXIII. Vivienda para personas con discapacidad: Aquella que permita su uso integral por personas con discapacidad con un óptimo aprovechamiento en condiciones de bienestar.
Artículo 3o. El ordenamiento territorial de
I a la XVIII
XIX. La prevención y el desarrollo en todo asentamiento humano, de la accesibilidad y seguridad que requieren las personas con discapacidad.
Artículo 5o. Se considera de
I a la VIII
IX. La habilitación y provisión de los accesos y medidas de seguridad que requieren las personas con discapacidad, a fin de garantizar su libre tránsito en todo asentamiento humano.
Artículo 12. La planeación y regulación
I a la VI
Los planes o programas a que se refiere a este artículo, se refieren por las disposiciones de esta ley, y en su caso por la legislación estatal de desarrollo urbano y por los reglamentos y normas administrativas estatales y municipales aplicables. Contemplarán la infraestructura y equipamiento básicos que requieren las personas con discapacidad en el país, que determine esta ley y la legislación estatal de desarrollo urbano.
Artículo 13. El programa nacional
I a la IX
X. Las metas generales en cuanto a la calidad de vida en los centros de población urbanos y rurales del país, así como en las comunidades indígenas, considerando en todo momento los requerimientos de accesibilidad y seguridad, que necesita la población con discapacidad.
XI y XII
Artículo 32. La legislación estatal
I a la IV
V. La construcción de vivienda, infraestructura y equipamiento de los centros de población, considerando en todo momento los requerimientos de accesibilidad y seguridad que necesita la población con discapacidad.
VI y VII
Artículo 35. A los municipios
I a la VI
VII. Las medidas para la protección de los derechos de vía, el tránsito en las zonas con acceso para personas con discapacidad y zonas de restricción de inmuebles de propiedad pública.
VIII a la XI
Artículo 51. La federación
I y II
III. El otorgamiento de incentivos fiscales, tarifarios y crediticios para inducir el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano de centros de población, la infraestructura y equipamiento básicos para el acceso y seguridad de personas con discapacidad.
IV. La canalización de inversiones en reservas territoriales, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, que en todo momento deberán contemplar la accesibilidad y medidas de seguridad que requieren las personas con discapacidad.
V a la XII
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente iniciativa de Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Artículo segundo. Las construcciones nuevas que se realicen tendrán que contemplar las adecuaciones y equipamiento que requieren las personas con discapacidad a partir del día 10 de noviembre de 1994.
Artículo tercero. Las construcciones existentes, tendrán un plazo de 2 años contados a partir de la aprobación de la presente iniciativa, para realizar las adecuaciones y equipamiento que requieren las personas con discapacidad.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Partido de la Revolución Democrática.- Rúbrica.»
«Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos diputados a la LV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta honorable Cámara, la presente iniciativa de reformas a la Ley General de Educación, con base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto tiene como finalidad crear en marco jurídico que garantice el pleno goce del derecho a la educación a las personas con discapacidad, quienes amparados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al igual que todo ciudadano, les corresponde el mismo derecho en nuestro país adecuando para ello el sistema normativo en materia de educación, que contempla las bases que deberán observarse en la integración plena de esta población al sistema educativo vigente.
En la actualidad, según datos probabilísticos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en México existen alrededor de 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad, esta población al igual que el resto de los mexicanos demandan una educación que les permita desarrollarse como entes sociales y reflejar su nivel de educación en las actividades productivas, sin embargo, y a pesar de ser un grupo bastante numeroso actualmente se encuentra segregado y marginado del goce de este derecho constitucional.
Si bien es cierto, que el problema educativo tiene una dimensión nacional y que el estudio de posibles soluciones ha sido un ejercicio constante, por inexplicables razones las personas las personas con discapacidad no han sido tomadas en cuenta al planear y actualizar los programas de educación que han ido surgiendo con el transcurso del tiempo, a pesar de que se encuentran diseminadas por toda la nación.
Esta situación es realmente indignante si consideramos que la magnitud de esta población bien podría significar la población entera de países latinoamericanos europeos inclusive, pues la negación del derecho a la educación o la deficiente aplicación de la actividad educativa, con referencia a la población citada, tendría el efecto de países enteros sin sistema educativo.
Las personas con discapacidad han sido vergonzosamente ignoradas por la sociedad y el Gobierno, siendo sus necesidades educativas englobadas bajo la visión estrecha y estéril, que condena a la población discapacitada a la llamada educación especial, que lejos de desarrollar sus potenciales humanos margina y castra todo deseo de superación, que en su carácter de ser humano tiene esta población.
Como hemos dicho, la educación especial no puede abarcar a toda diversidad de discapacidades, pues muchas de ellas no tienen que ver nada con las lesiones en la capacidad intelectual y de aprendizaje de los individuos, dado esto, no es posible hablar de educación plena cuando alguna persona tiene que repetir por espacio de años el mismo plan de estudios, por el simple hecho de que no hay más niveles de enseñanza en las escuelas especiales o porque es imposible acceder a una escuela del sistema educativo regular a causa de barreras arquitectónicas, sociales o administrativas. Lo cual da como resultado, que el poco conocimiento adquirido en las escuelas especiales esté muy lejos de proporcionarle las herramientas necesarias para integrarse al sistema productivo de nuestro país, del cual todos deberíamos de ser protagonistas.
El origen de un sistema educativo deficiente y obscuro en relación a las personas con discapacidad, es sin duda el desconocimiento de los requerimientos de esta población en materia educativa y de la magnitud de ellos, por lo que es necesario generar un sistema de información acerca de la educación y la integración plena de la población discapacitada al sistema nacional de información respecto a dicha población, para que sirva de soporte estadístico en la profundización de estudios sobre la materia.
La aberración de nuestro sistema educativo que no contempla la integración de las personas con discapacidad, que indudablemente pueden cursar los diferentes niveles de estudios que se imparten en nuestro país, ha traído como consecuencia que los familiares de estas personas insistan junto con ellos en su integración a los planteles regulares y a los programas oficiales, para lo cual han librado un sinnúmero de batallas con maestros y directivos de estas personas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional con el fin de lograr que a las personas con discapacidad se les dé la oportunidad de desempeñarse como otro educando.
Hasta el momento, la Ley General de Educación no ha contemplado las medidas adecuadas que garanticen el acceso y permanencia de las personas con discapacidad que pueden ser integrados a las escuelas públicas y privadas de enseñanza regular. Debido a que todo servicio que se relaciona con la educación a estas personas ha sido visto como un acto de "caridad" o "beneficencia", cuando en realidad es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna y reconocido por la comunidad internacional.
Los legisladores promotores de la presente iniciativa estamos convencidos de las necesidades de crear una serie de condiciones jurídicas y sociales que permitan que los requerimientos de los grupos más desprotegidos sean atendidos para no acentuar aun más sus condiciones de vida y trato desigual.
Las personas con discapacidad es uno de los grupos por los cuales consideramos es urgente y necesario crear el cuerpo jurídico que les permita hacer realidad la aplicación de los principios de equidad educativa e igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia al sistema escolar. Para ello, debemos realizar un ordenamiento acorde evitando en todo momento la existencia de prejuicios sociales que condenan a esta población a la desigualdad e injusticia social.
Dado lo anterior, consideramos que la educación que imparte el Estado y los particulares debe tomar en consideración los requerimientos especiales de la población estudiantil discapacitada a fin de lograr su total integración al medio social, cultural, laboral y deportivo en el que se desarrolla.
La igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el ámbito educativo, permitirá elevar los niveles de calidad de vida de esta parte de la población e igualmente se verá reflejado en el crecimiento de la producción y en el fortalecimiento de nuestra economía, pues es indudable que el nivel de educación de un grupo social se ve reflejado en su calidad de vida.
Un ejemplo de que la educación puede ser aprovechada por las personas con discapacidad, son las iniciativas de reforma que se están proponiendo y que emanaron del trabajo coordinado de ellas mismas y algunos legisladores. Estos ciudadanos con discapacidad lograron sortear la falta de accesos, tanto físicos, sociales y administrativos que existen en los centros de enseñanza, sin embargo aún faltan alrededor de 10 millones de personas, quienes esperan y anhelan la aprobación de esta iniciativa para poder estudiar, aprender e integrarse posteriormente a la vida social y productiva de la nación.
Por lo anteriormente expuesto y seguros de la necesidad de la creación del marco jurídico que permita garantizar el acceso y permanencia de las personas con discapacidad en el sistema nacional regular y especial, presentamos a su consideración el siguiente
PROYECTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Artículo único. Se reforma la fracción X del artículo 7o., se adicionan las fracciones XIV, XV, XVI, XVII; y XVIII del artículo 33, se adiciona un párrafo posterior al primer párrafo del artículo 48 y se modifican los párrafos primero y tercero del artículo 41 para quedar como sigue:
Artículo 7o. La educación que imparta el Estado...
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la problemática de las personas con discapacidad, la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y el respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios.
CAPITULO III
De la seguridad de la educación.
Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior...
XIV. Los planteles educativos deben contar con la accesibilidad física que requiere la población discapacitada y realizar las educaciones arquitectónicas en los planteles existentes.
XV. Se crearán escuelas para los estudiantes con discapacidad que les sea imposible integrarse a las escuelas regulares y que requieran de una educación especial.
XVI. Con la finalidad de revalorar la imagen de las personas con discapacidad se deberán incluir en los planes y programas temas referentes a la problemática de este sector de la población.
XVII. Los libros de texto para educación básica, deberán promover una revalorización y condiciones de igualdad a los grupos marginados, entre otros: indígenas, mujeres y personas con discapacidad, a través de su contenido y sus imágenes.
XVIII. Otorgar apoyos pedagógicos en cuanto a educación especial dentro de los servicios
educativos regulares que apoyen en forma continua y estable el aprovechamiento de los alumnos, que así lo requieran.
Artículo 48. La Secretaría...
(Se anexa un párrafo después del párrafo primero).
Los programas de estudio que deberán cubrir los normalistas incluirán materias referentes a la programática de la población discapacitada, con el fin de brindar el trato adecuado que requieren los estudiantes con discapacidad.
Artículo 41. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada sus propias condiciones con equidad social.
Tratándose de menores...
Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas que integren alumnos con necesidades especiales de educación.
TRANSITORIOS
Primero. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los planteles educativos que se construyan a partir del 1o. de enero de 1995 deberán contemplar en sus planos y proyectos los accesos e instalaciones que requieran los estudiantes con discapacidad. Debiendo observarse, en todo momento los tipos de accesos y dimensiones que establece el reglamento General de Construcción al respecto.
Las adecuaciones arquitectónicas en los planteles existentes, que garanticen la accesibilidad a los estudiantes con discapacidad, no excederán un plazo mayor de un año a partir de la publicación del Diario Oficial de la presente modificación.
Tercero. La Secretaría, en coordinación con los órganos respectivos deberá crear los planes y programas que deberán cubrir los profesores normalistas e igualmente los programas que se impartirán a los estudiantes del sistema educativo regular a fin de ponerlos en práctica a más tardar el año educativo de 1995.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Educación, para su estudio y análisis respectivos.»
Los suscritos diputados a la LV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta honorable Cámara, la presente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con base en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene por objeto crear el marco jurídico que garantice el consumo y la prestación de servicios que requiere la población con discapacidad en nuestro país, procurando en todo momento que sus derechos sean respetados y que las adecuaciones de los servicios que se ofrecen al público les sean proporcionados sin ninguna reserva, ni condicionamiento especial por motivos de su discapacidad.
Todo individuo requiere constantemente del uso y consumo de bienes y servicios, para satisfacer sus múltiples necesidades, para ello en el sistema económico en que vivimos se ofrece una amplia gama de opciones a través de los productores, proveedores, distribuidores, comerciantes, prestadores de servicios, etcétera, los cuales en virtud de la competencia buscan mejorar sus mercancías y servicios mediante una mejor calidad, oportunidad y accesibilidad que constituye la dinámica de la economía del país.
En el territorio nacional las empresas e instituciones que se dedican a brindar servicios y/o comercializar bienes deben, permanentemente identificar y actualizar los bienes y servicios que satisfagan la demanda de los consumidores, ya que los requerimientos del consumidor mexicano, debido a la modernización y
apertura comercial de la economía nacional, son cada día más variados y específicos.
En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor es la herramienta jurídica que controla, vigila, norma y regula las relaciones comerciales entre los proveedores de bienes y servicios y los consumidores, tratando en todo momento de mantener un equilibrio entre ambas partes. Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe o es alterado en la mayoría de los casos es en detrimento del consumidor.
Dado a los avances de la tecnología en la actualidad las necesidades que demanda la población pueden ser satisfechas tratándose de mercancías, sin embargo, en cuanto al sector servicios, a pesar de jugar un papel preponderante en la economía, existen problemas en cuanto a la calidad de prestación de los mismos, debido a que la disposición, actualización y preparación de los prestadores de servicios no alcanzan el nivel adecuado para brindarlos con la calidad requerida por la gran variedad de consumidores. igualmente es importante resaltar que algunas políticas de empresas y particulares que prestan servicios al público, afectan doblemente a cierto grupo de la población, como es el caso de los usuarios con discapacidad.
Un ejemplo de lo anterior, son los casos de discriminación, negación, condicionamiento y, en muchas ocasiones, hasta el abuso del que son objeto los usuarios que por alguna causa padecen algún tipo de discapacidad, en el momento de requerir la prestación de un servicio, situación que lesiona y restringe el derecho que todo ciudadano tiene de utilizar los servicios brindados al público.
En nuestro país se estima que existen alrededor de 10 millones de consumidores potenciales que presentan alguna discapacidad, los cuales, en la realidad, son tratados de forma indigna, inconsciente y abusiva, teniendo como ejemplos de éste: la negativa de proporcionar el servicio de transporte a los usuarios discapacitados por el simple hecho de su discapacidad, justificándose negligentemente en la seguridad del usuario discapacitado o el de aquella persona que requiere el servicio de un restaurante, que no ofrece accesibilidad adecuada, en donde el prestador del servicio ante tal situación lo hace ingresar por la puerta posterior, el patio, la cocina, la bodega, el estacionamiento, la salida de desechos y otros lugares denigrantes a su calidad humana, también esto sucede en los servicios turísticos, educativos, de salud, deportivos, de transporte de todo tipo y demás.
Asimismo, resulta inconcebible que a pesar de la creciente demanda de bienes y servicios por parte de este sector de la población es común encontrar que los principios de igualdad son desplazados por interese, inconsciencia, apatía, desconocimiento e incluso mala voluntad de algunos prestadores de servicios, que en muchas ocasiones se aprovechan de la necesidad del discapacitado de hacer uso de los servicios que requiere, alterando las tarifas en detrimento de la economía de dichos usuarios, negando el servicio o condicionándolo de tal forma que no haga uso de él.
La situación que vive este grupo de la población, requiere medidas concretas y expeditas, a fin de adecuar en todo el territorio nacional los servicios que demandan tan importante número de ciudadanos, por ello es necesario pronunciarnos a favor de:
a) Poner un alto total a estas práctica viciosas y abusivas de que es objeto la población discapacitada, por parte de algunos prestadores de servicios.
b) Exigir la accesibilidad, seguridad física, un trato digno sin ninguna discriminación y mucho menos la negación de servicios a esta población por su condición especial.
Por lo anteriormente expuesto y seguros de la necesidad de crear el marco jurídico que garantice la prestación de servicios adecuados y accesibles que requiere la población con discapacidad sin ninguna limitación, proponemos el presente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforman los artículos 44, 52 y 53 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:
Artículo 44. Los proveedores de servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicios, tales como selección de clientela, reserva al derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad, y otras prácticas similares, salvo causas plenamente justificadas en cada caso que afecten la seguridad y tranquilidad del establecimiento o que se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos.
Tampoco deberán aplicar tarifas superiores a las autorizadas o registradas, exigir cuotas extraordinarias o compensatorias a los discapacitados por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal.
Artículo 52. Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los precios, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, reservaciones y demás circunstancias conforme a las cuales se hubiere ofrecido, obligado o convencido originalmente con el consumidor, la entrega del bien o la prestación del servicio; bajo ninguna circunstancia serán negados éstas a personas con discapacidad y estarán obligados a contar con los dispositivos de accesibilidad y seguridad indispensables para ellos.
Artículo 53. La violación reiterada o contumaz a lo dispuesto en el artículo anterior, tratándose de servicios públicos de concesión federal, turísticos o de transporte, o de viajes, hoteles, restaurantes u otros servicios análogos, deberá sancionarse por la autoridad competente, independientemente de la multa que corresponda, con la cancelación de la concesión, licencia, permiso o autorización respectivo y, en su caso, con la clausura temporal o definitiva del establecimiento.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Todo proveedor de bienes o servicios, contará con un plazo de tres años a partir de la publicación de esta ley, para establecer, adecuar o modificar los dispositivos a que se refiere el artículo 52 del presente ordenamiento.
Artículo segundo. Todo proveedor de bienes o servicios, que a la fecha no cuente con los dispositivos a que se refiere el artículo anterior, deberá otorgar un descuento del 50% en sus tarifas a la población discapacitada sin importar; clase de servicio, temporada, número de usuarios, horario en tanto no cumplan con lo dispuesto en el citado artículo.
Artículo tercero. Todos los nuevos proveedores de bienes o servicios están obligados a cumplir con lo señalado en el artículo 52 de la presente ley.
Artículo cuarto. En tanto no se establezcan, adecúen o modifiquen los dispositivos enunciados en el artículo 52 del presente ordenamiento, los usuarios discapacitados de empresas de servicios públicos de transporte de permiso federal, podrán si así lo requieren, acompañarse por un asistente personal que gozará de un descuento del 50% en las tarifas establecidas por dichas compañías, el cual será el responsable de la seguridad e integridad del discapacitado.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Comercio para su estudio y análisis respectivos.- Rúbrica.»
«Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos diputados a la LV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta honorable Cámara, la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Turismo, con base en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Turismo tiene por objeto crear el marco jurídico que garantice el pleno goce y disfrute de las actividades turísticas para las personas con discapacidad, sin restricción alguna.
En la actualidad, las actividades turísticas representan para nuestro país una de las mayores fuentes de captación de ingresos económicos, que en gran parte se conforman de divisas extranjeras. El éxito de la actividad turística en México se debe en buena medida a la variedad de servicios que se ofrecen a lo largo y ancho de nuestro territorio, pues dicha variedad permite que los diferentes sectores de la población puedan tener acceso a estos, dependiendo de sus posibilidades.
Sin embargo, existe un grupo de la población nacional de alrededor de 10 millones de personas, con discapacidad que no han logrado gozar de los beneficios que ofrece el sector
turismo; debido a una serie de situaciones que obstaculiza, limitan e impiden el uso de estos servicios, dentro de las que sobresalen, por citar algunas: la discriminación, la ausencia de programas apropiados a las necesidades específicas de esta población, las barreras arquitectónicas en las instalaciones turísticas en general, falta de transporte adecuado; además de la inexistencia de caminos y senderos adecuados para el libre y seguro desplazamiento de personas con discapacidad a lugares como playas, bosques, zonas arqueológicas y de más zonas de interés turístico; todo lo anterior aunado a la falta de preparación y capacitación al respecto del personal que atiende al turismo.
Por lo anterior y dad la importancia de tener acceso a las actividades turísticas del país, las cuales representan para el turista una gran diversidad de beneficios que van desde enriquecer su nivel cultural hasta el propiciar óptimos estados de salud, necesarios a la población en general, consideramos pertinente la creación del marco jurídico que garantice el uso de los servicios turísticos con la accesibilidad y seguridad necesarias para la gente con discapacidad; la cual al igual que el resto de los turistas, generará recursos económicos a este sector de nuestro país.
Ante lo señalado y seguro de que la vía más idónea para garantizar el uso de los servicios turísticos a favor de las personas con discapacidad es mediante una legislación justa y acorde con sus requerimientos específicos, esta fracción parlamentaria propone el siguiente
PROYECTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY GENERAL DE TURISMO
Artículo único. Se adiciona la fracción X del artículo 2o. y se reforman los artículo 11, 28, en sus fracciones II y IV, y el párrafo segundo del artículo 32, para quedar como sigue:
Artículo 2o. Esta ley...
X. En el cumplimiento de las fracciones que anteceden deberán contemplarse las necesidades especiales de las personas con discapacidad, a fin de que esta parte de la población en ningún momento sea excluida de los beneficios de los servicios turísticos.
Artículo 28. El Fondo...
1............................................................................................................................
II. Crear y consolidar centros turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, en los que habrán de identificarse los diseños, urbano y arquitectónicos de la zona, preservando el equilibrio ecológico y la comercialización de los servicios turísticos en congruencia con el desarrollo económico y social de la región y debiendo garantizar la accesibilidad y seguridad que requieren las personas con discapacidad;
III...........................................................................................................................
IV. Ejecutar obras de infraestructura, urbanización y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan una oferta masiva de servicios turísticos, los cuales, igualmente, deberán garantizar la accesibilidad y seguridad que requieran las personas con discapacidad;
V a la XVI...............................................................................................................
Artículo 32. Las relaciones.......................................................................................
En la prestación de los servicios turísticos no habrá discriminación por razones de raza, sexo, discapacidad, credo político o religioso, nacionalidad o condición social.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Turismo para su estudio y análisis respectivos. Rúbrica.»
Proyecto de punto de acuerdo sobre la creación e inserción en materias sobre la problemática y su atención de la población discapacitada en los planes de estudios superiores de las universidades y tecnológicos del país.
Dada la marginación histórica en que hasta la fecha se encuentra la población discapacitada de México, la carencia de estudios a profundidad sobre la misma, en un hecho irrefutable por lo siguiente:
1. No existe la integración de un sistema nacional de información de la población discapacitada, que proporcione la plataforma estadística de la investigación científica para desarrollar estudios de profundidad sobre la materia.
2. La estructura de los planes y programa de estudio de las universidades y tecnológicos del país no contemplan sistemáticamente materias básicas para el estudio y conocimiento de los diversos ángulos de la problemática en que
se encuentran inmersos alrededor de 10 millones de mexicanos que conforman la población discapacitada, según la Organización Mundial de la Salud, siendo que hay carreras profesionales como: arquitectura, derecho, diseño industrial, ingeniería biomédica, pedagogía, psicología, sociología, urbanismo, entre otras, que conforma la estructura básica para el desarrollo profundo del conocimiento de tal problemática, las cuales deben de aportar soluciones profesionales y científicas que ayuden a la integración plena social y productiva de la población discapacitada a la sociedad mexicana.
3. Dentro de las universidad y tecnológicos de estudios superiores, regularmente las personas con discapacidad se encuentran con las barreras arquitectónicas que les impiden la libre movilidad y acceso a las aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres, etcétera, situación que coarta las aspiraciones profesionales y científicas del desarrollo personal de estas personas.
4. Las necesidades básicas que enfrenta la población discapacitada son:
Eliminar barreras sociales, culturales y arquitectónicas
Salud
Rehabilitación integral
Educación
Empleo
Vivienda
Acceso a los medios de comunicación
Transporte público
Seguridad vial
Seguridad social
Creación del sistema nacional de información
Investigación científica
Recreación y esparcimiento
Cultura
Integración familiar, y
Actividades deportivas, entre otras.
Estas necesidades requieren de su estudio profesional y científico para dar las respuestas adecuadas de solución, en los diversos ámbitos de la ciencia.
Por lo anterior expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, elevamos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Esta soberanía se pronuncia por la integración a los planes y programas de estudios de las universidades y tecnológicos superiores, materias que planteen la problemática de la población discapacitada y las formas de atención adecuadas a la misma.
Para ello solicitamos sean integradas las materias respectivas a las carreras y licenciaturas de las siguientes profesiones:
Arquitectura
Derecho
Diseño Industrial
Ingeniería Biomédica
Maestros normalistas
Pedagogía
Psicología
Sociología
Urbanismo
Turismo.
Y demás que de alguna manera tengan relación con la problemática de la población discapacitada y/o puedan, dada su naturaleza, desarrollar la investigación científica a fin de aportar soluciones o atenciones a las necesidades de la misma población. Además, de que se adecúen las instalaciones de las universidades y tecnológicos superiores a fin de eliminar las barreras arquitectónicas que impiden el acceso al conocimiento científico a las personas con discapacidad.
Rúbrica.»
«Proyecto de punto de acuerdo sobre la creación del Sistema Nacional de Información de la Población Discapacitada.
La población discapacitada de México (ciegos, sordos, deficientes mentales, paralíticos cerebrales, parapléjicos, poliomielíticos, amputados, entre otros), vive hasta la fecha una marginación histórica con fuerte rezagos en la aplicación de justicia social, a pesar de ser una parte amplia de la ciudadanía mexicana estimada por la Organización Mundial de la Salud en alrededor de 10 millones de personas con discapacidad. Las cuales lucha cotidianamente por su integración plena a la vida social y productiva de la Nación.
Las necesidades básicas que enfrenta la población discapacitada son:
Eliminar barreras sociales, culturales y arquitectónicas
Salud
Rehabilitación integral
Educación
Empleo
Vivienda Acceso a los medios de comunicación
Transporte Público
Seguridad vial, Seguridad social
Investigación científica
Recreación y esparcimiento
Cultura
Integración familiar
Actividades deportivas, entre otras.
Mención aparte merece la necesidad sustancial de que se dimensione la magnitud de la problemática que vive la población discapacitada. Esto es, se requiere de información estadística que permita realizar estudios a fondo sobre la misma y den soporte estadístico a los fundamentos de la planeación y programación que debe desarrollarse para la integración plena señalada.
Por lo anterior expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, elevamos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Esta soberanía se pronuncia por la integración y desarrollo permanente del Sistema Nacional de Información de la Población Discapacitada que genere el soporte estadístico necesario para la planeación, programación y toma de decisiones de las diversas instituciones públicas, privadas y sociales que intervendrán en el proceso de incorporación plena de la población discapacitada a la vida social y productiva del país. Ello mediante un esfuerzo interinstitucional que vaya desde el levantamiento y actualización anual de un directorio nacional de la población discapacitada, con objeto de generar e integrar diversos subsistemas básicos, hasta la incorporación de un apartado permanente sobre personas con discapacidad en los censos de población y vivienda.
Rúbrica.»
El Presidente:
Túrnese a las comisiones correspondientes en lo que toca a las iniciativas con opinión de la Comisión de Seguridad Social.
Asimismo en los puntos de acuerdo túrnese a la comisión correspondiente.
Adelante con los asuntos señor Secretario.
REPÚBLICA DE COSTA RICA
El secretario José Ignacio Mendicuti Pavón:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos Secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contienen minuta proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano, para aceptar y usar
la condecoración de la Orden de Juan Mora Fernández, en grupo de Gran Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F., a 26 de abril de 1994. - Senador Israel Soberanis Nogueda, secretario, y senador Jorge Rodríguez León, secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, D. F., a 26 de abril de 1994. - Senadores: Oscar Ramírez Mijares, Presidente, Israel Soberanis Nogueda, secretario, Jorge León, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales. - México, D. F., a 26 de abril de 1994. - El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez. »
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPÚBLICA DE NICARAGUA
El Secretario José Ignacio Mendicuti Pavón:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se le solicita el permiso constitucional necesario para que la embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, pueden aceptar y usar la condecoración de la Orden José Dolores Estrada, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José Dolores Estrada, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F., a 27 de abril de 1994, - Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Cuauhtémoc López Sánchez, Juan de Dios Castro Lozano, Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Benjamín Ávila Guzmán, Rogelio Audiffred Narváez, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, José Miguel Castro Carrillo, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Angeles Moreno Uriegas, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada*, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera
(*) Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Florencio Salazar Adame, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Zorrilla Cuevas Nahum Ildefonso, Efraín Zúñiga Galeana, Rafael Alberto Castilla Peniche.»
Es de primera lectura.
REPÚBLICA DOMINICANA
El secretario José Ignacio Mendicuti Pavón:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Néstor de Buen Lozano, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Dominicana.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al doctor Néstor de Buen Lozano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Caballero que le confiere el Gobierno de la República Dominicana.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F, a 28 de abril de 1994. - Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario, Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Benjamín Ávila Guzmán, Rogelio Audiffred Narváez, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, José Miguel Castro Carrillo, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Días, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Ocampo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Angeles Moreno Uriegas, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada*, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats,
(*) Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Florencio Salazar Adame, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Zorrilla Cuevas Nahum Ildefonso, Efraín Zúñiga Galeana y Rafael Alberto Castilla Peniche.»
Es de primera lectura.
INICIATIVAS DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
El secretario José Ignacio Mendicuti Pavón:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. - Presentes.
La Comisión que suscribe se permite presentar a consideración de esta soberanía el informe a consideración de esta soberanía el informe respecto al rezago de iniciativas de reformas a la Constitución y a diversas leyes y materias, presentadas por el Partido Popular Socialista, que obra en esta comisión, en los siguientes términos:
De 64 iniciativas presentadas por el Partido Popular Socialista, 39 han sido dictaminadas, para lo cual se acompaña dictamen por cada una de las mismas y la relación correspondiente.
Lo anterior lo manifestamos para que esta Presidencia se sirva ordenar el trámite definitivo, y en su momento ordenar su registro y archivo respectivo.
Atentamente.
México, D. F. a 26 de abril de 1994. - Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, Secretario; Juan de Dios Castro Lozano, Secretario Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Firmas correspondientes a la relación de dictámenes que se adjuntan del Partido Popular Socialista. - Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente;, Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario, José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Benjamín Ávila Guzmán, Rogelio Audiffred Narváez, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, José Miguel Castro Carrillo, Estela Cázares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Angeles Moreno Uriegas, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Cecilia Soto González, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Relación de iniciativas del Partido Popular Socialista dictaminadas
Iniciativas de reformas al artículo 41 del Código Federal Electoral, presentada el 17-10-89.
Iniciativa con proyecto de Ley para crear el Estado de Anáhuac, presentada por el diputado Julio Jácome López, 29-12-88.
Iniciativa con proyecto de Ley para Crear el Estado de Anáhuac, 23-09-86.
Iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos presentada el 28-12-88.
Iniciativa de reformas para aumentar el número de integrantes de la Comisión Permanente, presentada el 27-12-86.
Iniciativa de reformas al artículo 27, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Víctor Manuel Jiménez Osuna, 06-12-85.
Iniciativa de decreto para que se prohiba al Ejecutivo, contrate volúmenes excesivos de deuda externa, presentada el 22-10-85.
Iniciativa para que se castigue a la Conducta delictiva del clero político, 11-09-84.
Iniciativa de reformas a los artículos 65, 66 y 69, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Adner Pérez de la Cruz, 26-08-85.
Iniciativa de reformas al artículo 28, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Sergio Quiroz Miranda, 13-09-82.
Iniciativa de reformas y adiciones a la LFOPPE, presentada por el diputado Alfredo Reyes Contreras, 1-12-83.
Iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 52 al 55, 60 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Juan Campos Vega, 27-09-83.
Proyecto de decreto de prórroga en la vigencia de los contratos de arrendamiento, presentado por el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, 27-04-83.
Iniciativa de decreto para que se establezca el principio de reelección ininterrumpida de los integrantes del Poder Legislativo, presentada el 16-11-82.
Iniciativa de reformas a los artículos a los artículos 65,66 y 69, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Sergio Ruiz Pérez, 21-09-82.
Iniciativa de decreto para que el servicio de la banca y crédito no se concesione a particulares, presentada el 13-09-82.
Iniciativa que reforma el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Martín Tavira Urióstegui, 1-10-81.
Iniciativa que reforma los artículos 73, fracción VI; 74, fracción IV; 89, fracciones II y XVIII; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, 4-12-80.
Iniciativa de reformas a los artículos 65, 66 y 67, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Martín Tavira Urióstegui, 23-09-80.
Iniciativa de nacionalización de la programación de la radio y la televisión, presentada el 6-12-77.
Iniciativa para que se establezcan dos periodos de sesiones ordinarios al año en el Poder Legislativo, presentada el 21-11-77.
Iniciativa de decreto para que se democratice el Senado de la República, presentada el 21-11-77.
Iniciativa de decreto para que las sesiones de interés nacional de la Cámara de Diputados se transmitan por radio y televisión, presentada el 18-10-77.
Iniciativa de reformas a los artículos 55 y 59, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, 18-10-77.
Iniciativa de decreto para crear el Estado de Benito Juárez, en el Territorio de Baja California Sur, presentada el 12-09-74.
Iniciativa para reformar la fracción XIV, del artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Jorge Cruickshank García, 29-12-72.
Iniciativa de Ley de Planeación Económica Nacional, presentada el 14-12-65.
Iniciativa de reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para nacionalizar las comunicaciones eléctricas y los servicios telefónicos presentada el 10-12-65.
Iniciativa para adicionar un nuevo capítulo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Vicente Lombardo Toledano, 5-10-65.
Propuesta para que se transmitan por radio y televisión las sesiones de la Cámara de Diputados, presentada el 16-10-65.
Iniciativa de reformas al artículo 59, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Vicente Lombardo Toledano, 13-10-64.
Iniciativa de reformas al artículo 66, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Vicente Lombardo Toledano, 13-10-64.
Iniciativa de reformas al artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Vicente Lombardo Toledano, 27-11-64.
Iniciativa de reformas a la Ley Electoral, presentada el 11-12-62.
Iniciativa de reformas a los artículos 34, 60, 62 y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 1-11-62.
Iniciativa de reformas al Código Agrario, presentada el 1-11-62.
Iniciativa de reformas al artículo 27, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, presentada el 1-11-62.
Iniciativa de reformas a la Ley Electoral, presentada el 21-11-51.
Iniciativa de Ley Federal Electoral, presentada el 25-09-51.»
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que los dictámenes enumerados sean votados en un solo acto.
El secretario José Ignacio Mendicuti Pavón:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se autoriza que los dictámenes sean votados en un solo acto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados los puntos de acuerdo.
Archívense los expedientes.
DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José María Téllez Rincón, para hacer comentarios en torno a la conmemoración del Día del Trabajo.
El diputado José María Téllez Rincón:
Con su permiso, compañeros Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La historia del 1o. de mayo en nuestro país es una fecha gloriosa para todos los obreros de todo el mundo. Hemos tenido que ver, a través del tiempo, cómo esto ha venido degenerando hasta nuestros tiempos en que nos encontramos en estos momentos muy difíciles para todos los obreros del país.
Hemos tenido que ver que nuestros dirigentes, aquellos que representan los intereses de todos nosotros, han hecho pactos que dañan la integridad de las organizaciones, y por ende, la integridad de todos los obreros a quienes representan. Los pactos que se han hecho a últimas fechas por parte de todos nuestros representantes han sido pactos que en nada benefician a la clase trabajadora. Nosotros hemos visto cómo se ha puesto un salario tope a todos nosotros y no podemos pasar del 7% por
ningún motivo, ni aun firmando esos convenios leoninos en que nos quieren meter la productividad, no sé si sea a expensas de la sangre de todos los obreros.
Tenemos nosotros que reconocer que estos pactos que se han firmado a últimas fechas, han recaído en los hombros de los obreros y somos nosotros los que hemos tenido que llevar a efecto estos pactos, porque mientras los salarios suben en un dígito, todos los demás productos se van a los precios que quieren cuando no hay ningún control por parte de la autoridad.
De tal manera que nosotros tenemos que hacer demandas muy claras desde esta tribuna, demandas al Congreso del Trabajo muy serias para que la segunda asamblea de los obreros, de los trabajadores de este país, se lleve a efecto y sirva para defender los intereses de todos nosotros. Ya basta que los líderes estén peleando exclusivamente contratos para poder ellos tener fuerzas políticas en este país.
Nosotros estamos pidiendo que esa segunda asamblea sea de todos los trabajadores, no de los que están alienados, no de los que votan en favor de estos aumentos y después plantean las protestas para justificarse con todos nosotros. No podemos aceptar ese tipo de participación por los dirigentes de nuestro país.
Cuando nosotros tenemos que festejar el 1o. de mayo, poco nos dejan ya qué festejar en ello, porque no hemos visto nosotros, los obreros, logros que beneficien el status de todos y cada uno de nosotros.
¿Qué ha pasado con el Congreso del Trabajo? El Congreso del Trabajo es un elefante muy fuerte, con una fuerza inmensa que representa a la mayoría de los trabajadores organizados. ¿Pero qué le ha pasado a ese elefante? Está reumático, porque no hace nada en beneficio de todos nosotros.
Las diferencias que se tienen por las grandes organizaciones de nuestro país, no son por posiciones ideológicas de los trabajadores, son por posiciones para ver quién puede obtener mayores puestos en el Gobierno, que van desde senadores, diputados y que éstos, al llegar a los puestos, jamás representan los intereses por aquello que los llevaron a esos honrosos cargos.
Tenemos nosotros que ver si el anhelo de todos los obreros se hace realidad; si aquellos principios del Congreso del Trabajo se hacen realidad; porque nosotros hicimos el Congreso del Trabajo, con el afán de unirnos todos los obreros del país en una sola organización; sin banderas que nos dividan, sin siglas que nos causen problemas para poder nosotros obtener lo que merecemos en justo pago y retribución de nuestro esfuerzo.
La jornada del 1o. de mayo, es una jornada histórica; una jornada llena de combatividad; de un espíritu clasista de los trabajadores de todo el mundo y sus luchas son por las demandas reales y reivindicaciones para todos los obreros.
Ahora se manifiesta una subordinación que no nos agrada del movimiento obrero. Las afiliaciones colectivas a los partidos, esto no nos beneficia. La libertad y la democracia de una organización debe ser de tal magnitud que tengan libertad sus miembros de actuar en política como ellos deseen.
Una gran debilidad en las luchas de la clase obrera la hemos visto permanentemente, dado que no hemos podido alcanzar, a últimas fechas, satisfactores para poder nosotros cubrir las cuotas de la universidad para que nuestros hijos puedan superarse.
Tenemos que hacer esfuerzos por tener dos trabajos, con objeto de poder ver si podemos superar a nuestra familia.
El poder adquisitivo de los salarios, de los que va del sexenio, se ha depreciado en un 38%. Esos son los términos reales aun en el salario mínimo. ¿Cómo es posible que un obrero con 14.25 pesos tenga que comprar un kilo de carne que sigamos sosteniendo este tipo de topes, y desde aquí nos oponemos como obreros que somos, a estos topes salariales que no debemos aceptarlos ya por ningún motivo y que han hecho que la distribución de la riqueza del país, se les dé a los que más tienen y se les quite a los que menos tienen.
En lo que va en la política del combate a la pobreza aplicada a través del Pronasol, tan sólo son paliativos. Créannoslo; lo hemos vivido con todos nuestros compañeros y vemos que ese paliativo en nada beneficia a la clase obrera de nuestro país. Se requiere una reestructuración completa, y permítanme ser repetitivo, al Congreso del Trabajo, para definir el
papel de las organizaciones de los trabajadores frente a los patrones, ante las exigencias de la modernización y de la productividad, y preserva la independencia frente al Estado o el Gobierno y convocar, vuelvo a repetir a ustedes, a la segunda asamblea del proletariado, en que participen todas las organizaciones sindicales sin discriminar a ninguna de ellas y crear la central única de los trabajadores. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado.
Esta Presidencia informa que se encuentran inscritos dentro del tema, para hablar sobre el mismo, los diputados: Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista; Alfredo Castañeda Andrade, del PARM; Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; José de Jesús Martín del Campo, del PRD; Hiram Luis de León Rodríguez, del Pan y Gil Mendoza Pichardo, del PRI.
Tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez.
El diputado Francisco Hernández Juárez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Desde esta tribuna de la nación, el Partido Popular Socialista por mi conducto, rinde homenaje a todos los trabajadores del mundo, y en particular, a la clase trabajadora de México, con motivo del próximo 1o. de mayo.
Rendimos homenaje a los Mártires de Chicago, de Río Blanco y a todos aquellos trabajadores que han sido sacrificados en defensa de los intereses de su clase.
En el mundo, y en México, la clase obrera ha sido factor importantísimo de progreso social y de liberación nacional. Ello ha ocurrido cuando esta clase ha unido sus luchas por la independencia económica y política del país.
El ejemplo más elocuente de esta afirmación, está en la expropiación petrolera, en la nacionalización de los ferrocarriles, de la energía eléctrica, de todas las vías de comunicación, en la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE. Estos, para no citar tantos y tantos ejemplos que hay en donde la clase obrera, en forma victoriosa ha actuado.
Los trabajadores organizados en sindicatos, han sido también una garantía real para el crecimiento económico de la nación y la estabilidad política y social de este país.
Hoy por hoy, compañeros diputados, la clase obrera y los campesinos de México, si se les dirige patriótica y revolucionariamente, pueden ser un factor para mantener la estabilidad política y social de toda la patria mexicana. Ellos contribuirán, sin duda alguna, en gran medida a rechazar todo intento de la derecha, todo intento de la reacción, todo intento del clero político y toda intromisión del extranjero, particularmente del imperialismo norteamericano.
Los mexicanos sabemos muy bien, que la clase obrera, por su propio origen, tiene conciencia nacionalista, revolucionaria y patriótica.
Esta participación de la clase obrera en nuestro país ha irritado a los enemigos históricos de esta clase y por eso realizan una serie de maniobras para dividirlos, para enfrentarlos entre sí.
Los empresarios crean sindicatos blancos, crean la corrupción entre ellos y en algunas veces hasta los hacen, supuestamente, empresarios, para quitarles el filo clasista revolucionario que siempre han tenido.
Los empresarios y los capitalistas, los grandes inversionistas saben y la derecha saben que sólo la unidad de los trabajadores los hace llevar a grandes avances por las conquistas, por las conquistas colectivas que merecen.
Por eso siempre actúan de esa manera; por eso siempre los combaten; por eso siempre dicen que ya el socialismo terminó, que ya no hay lucha de clases, que ahora tratan de que haya unidad; pero no dicen unidad para qué.
Hoy sabemos, compañeros, que en México el neoliberalismo ha sido enemigo de la clase obrera. Hoy sabemos que en este país, desde 1982, la clase obrera ha perdido en gran medida sus conquistas, ha perdido la capacidad de su salario, ha perdido empleo; muchos no tienen vivienda; muchos no están sindicalizados, porque se ha constituido este derecho un delito para los empresarios.
Sabemos también que el propio Gobierno ha hecho prácticamente a un lado la aplicación del artículo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos. Prácticamente ya no hay huelgas, ya no hay luchas importantes; hay amenazas. En gran medida los sindicatos solamente han sido apoyadores de la política neoliberal. Se han visto obligados, porque muchos de ellos correrías el riesgo de perder su plaza, de perder su trabajo; por eso se ven, entiendo, obligados a quitar el filo de su lucha.
Hoy sabemos que tampoco se aplica la Ley Federal del Trabajo; tampoco se cumplen los contratos colectivos de trabajo. En sustitución de estas conquistas de la clase trabajadora de México, hoy se aplican los famosos pactos de solidaridad, de productividad, de competitividad, de crecimiento, y no sé cuántos términos más, que inventan para engañar a los trabajadores.
Pactos que nunca son sancionados por los agremiados, pactos que siempre son rechazados. Nunca se dijo esto en las campañas políticas de hace 12 años, de hace cinco años, no, prácticamente se ocultó todo este hecho. Pero nosotros sabemos que éste es consecuencia de nuestra dependencia al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a otros centros financieros del imperialismo; sabemos que ésta es parte de la ofensiva del imperialismo internacional, sabemos que esto va encaminado a que los trabajadores pierdan todos sus derechos.
Por eso, compañeros trabajadores de México, compañeros sindicalistas, es necesario una vez más levantar las gloriosas banderas de la CTM, las gloriosas banderas de la CROM, de la CROC, de otros sindicatos, vamos a ubicarlos en el terreno revolucionario que le corresponde a esta clase, porque ellos en este momento constituyen un factor importantísimo para la estabilidad nacional, para que nos enfrentemos a los que quieren agredir desde afuera a nuestro país y someternos al imperialismo norteamericano. Creo que están muy claras las cosas.
Creo que todos conocemos lo que es el sindicalismo revolucionario, que no es otra cosa más que buscar la unidad de acción de todos los trabajadores. La unidad es factor fundamental para que avancemos, para realizar y obtener conquistas, compañeros trabajadores; creo que nadie, ningún proyecto capitalista nos puede convencer de lo contrario.
Debemos estar alertas que todas las secciones de la derecha de este país y del imperialismo, estarán encaminadas para dividirnos y no nos vamos a dejar. Nuestra lucha es seguir dando la pelea de las ideas; si ganamos la lucha, los trabajadores ganarán el porvenir. Por eso es tan importante esta unidad que nosotros queremos; vamos a defender, compañeros, y ése es el mensaje de mi partido, vamos a detener y derrotar la política neoliberal, a impedir la modificación al artículo 123 y a la Ley Federal del Trabajo; vamos a hacer que se respete irrestrictamente el derecho de huelga; vamos a luchar para que no haya requisas; vamos a luchar también porque haya más empleos y mejores salarios y acabar con los pactos que limitan los derechos de los trabajadores, congelan los salarios y liberan precios de los artículos básicos; vamos a luchar por mejor vivienda, barata, para los trabajadores del campo, pero particularmente los peones agrícolas, sean sindicalizados, para que todos disfruten de los beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Hay mucho qué hacer, compañeros, pero necesitamos la unidad y éste es el mensaje de unidad que mi partido hoy lanza a ustedes y esperamos su respuesta. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra para hablar sobre el mismo tema, el diputado Alfredo Castañeda Andrade del PARM.
El diputado Alfredo Castañeda Andrade:
Con permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El próximo domingo 1o. de mayo en muchas naciones del mundo se conmemora el aniversario de los Mártires de Chicago, cuya inmolación serviría también para despertar la conciencia adormecida de los trabajadores mexicanos cruelmente explotados por el patrón con jornadas extenuantes, a cambio de un mísero salario.
En efecto, el levantamiento obrero en Chicago el 1o. de mayo de 1886, sirvió de inspiración a los trabajadores mexicanos de Cananea y Río Blanco, para exigir un mejor trato y condiciones de trabajo más humanos y aceptables, pero especialmente al menos un trato igual al que recibían los trabajadores extranjeros.
Los obreros mineros de Cananea expresaron su inconformidad ante la injusticia, concretamente respecto a los privilegios que recibían los no nacionales, pues mientras éstos que eran unos 3 mil, disfrutaban de un salario mínimo de siete pesos diarios; los trabajadores mexicanos que eran cerca de 5 mil 300 recibían sólo tres pesos por jornada de 10 a 12 horas.
En éstas y otras razones parecidas fundaron el pliego petitorio mediante el cual mandaron notificar al coronel William Green, presidente de la Cananea Consolidator Company, que el pueblo obrero se había declarado en huelga exponiendo a continuación sus demandas que eran las siguientes, entre otras: salario mínimo de cinco pesos por una jornada de ocho horas; prioridad en el trabajo en proporción de tres a uno respecto de los extranjeros; derecho a los mexicanos para ascender; reposición de algunos mayordomos por otros que tuvieran nobles sentimientos.
La respuesta fue tajante, negativa y después muchos de esos trabajadores que sólo pedían equidad y justicia fueron agredidos y muertos por los rangers.
La otra huelga, la de Río Blanco, en el ramo textil, fue tal vez más cruenta. A principios de diciembre de 1906, los empresarios de la industria textil del área Puebla - Tlaxcala, implantaron un nuevo reglamento que establecía la jornada de 14 horas, de 6.00 de la mañana a 8.00 de la noche, con 45 minutos para comer; la prohibición de visitas y de leer periódicos; el pago por los obreros de los útiles que rompieran, entre otras restricciones semejantes.
Descontentos con esto los obreros, para el 6 de diciembre de 1906 habían ya suspendido sus labores, el número ascendía a 6 mil 800 trabajadores de 34 fábricas, 3 mil de ellos se reunieron en el Teatro Guerrero de la ciudad de Puebla y formularon una contraposición de reglamento. Igual horario aunque deduciéndole otros 45 minutos para almorzar, aumento de cinco centavos por pieza de manta gruesa y de tres por la fina; terminación de las labores a las 5.30 de la tarde de los sábados y descanso de medio día del 15 de septiembre y el 24 de diciembre; prohibición a los empleados de maltrato a los obreros y a los maestros de cobrar éstos por darles ocupación; los operarios no serían responsables por averías en las máquinas ni se les descontaría el salario por ningún motivo; no se aceptarían aprendices menores de 14 años; se suprimirían las tiendas de raya; se pagaría la mitad del salario en caso de accidentes y se aumentaría un 25% el pago del trabajador nocturno.
La respuesta de los patrones fue cerrar las fuentes de trabajo y dejar desocupados a quienes sólo pedían justicia; luego se desencadenaría la violencia, 200 detenidos en la fábrica de Río Blanco, a muchos de los cuales se les fusiló ahí mismo. Se trata de hechos históricos y sobre los cuales no voy a abundar.
En reciprocidad a la valiosa atención de ustedes, compañeros diputados, sí en cambio deseo hacer propicia esta ocasión para expresar a nombre del PARM, nuestra solidaridad con el obrerismo de nuestra patria que, a pesar de sus grandes luchas reivindicadoras, no ha logrado remontar la injusta situación de marginación de hambre que les impide gozar de los beneficios mínimos de bienestar social.
Es propicio este tiempo para hacer un llamado a la conciencia del empresario, de los sectores y dependencias gubernamentales que se han subrogado la facultad y acordar y firmar pactos a espaldas del conglomerado nacional liberando precios, tarifas y sujetando al salario para que éste, al no recibir los incrementos requeridos, sea cada vez más raquítico por la pérdida del poder adquisitivo, trayendo por resultado a un pueblo trabajador cada día más empobrecido y sumido en la miseria.
Para nuestro partido, es oportuno ahora, en vísperas de una nueva celebración del llamado "Día del Trabajo", renovar su compromiso con el esforzado sector productivo del país y en tales términos consideramos violatorio al espíritu de la Constitución, la existencia de diversos apartados en el artículo 123, porque se opone a los principios de igualdad y restringe, para los servidores, el ejercicio del derecho a huelga.
Creemos que es urgente una revisión de los aspectos procesales de la Ley del Trabajo, a fin de eliminar las etapas en que naufragan las justas demandas de los trabajadores; manifestamos la necesidad de federalizar los tribunales del ramo y por eso es preciso adicionar el Título Cuarto de la Constitución para incluir en él las sanciones que ameriten los funcionarios laborales cuando incurran en conductas violatorias a los derechos de los trabajadores.
Nos oponemos a la manipulación de los trabajadores por parte de los líderes corruptos que
buscan posiciones políticas a través del voto presionado y de la forzada participación en marchas y manifestaciones con las que pretenden adular e impresionar al Gobierno en turno y agradecer beneficios que los trabajadores no reciben.
Es urgente revisar las disposiciones sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y no profesionales que significan, por la avaricia de dichos líderes, un atentado en contra de los trabajadores.
La creación de empleos a todo lo largo y ancho de la nación es un asunto de alta prioridad, porque constituye la única manera de asegurar el sustento y una vida digna para los mexicanos y en este sentido se requiere el apoyo absoluto del Gobierno a la pequeña y mediana industria, tradicional fuente de empleo para la ciudadanía.
Los trabajadores deben ser consultados en el manejo de los precios y tarifas del sector público y en el de los bienes de consumo básico, pues es con arbitrariedad como se determinan y se esfuman las conquistas obtenidas en la revisión de los contratos colectivos de trabajo.
Reprochamos la práctica antidemocrática mediante la cual algunas organizaciones afilian masivamente, contra de su voluntad, a los trabajadores de la ciudad y el campo en partidos ajenos a su preferencia; demandamos que las viviendas construidas por los sindicatos se entreguen a los auténticos trabajadores a través de sorteos imparciales, siguiendo igual procedimiento para el otorgamiento de los créditos.
Los parmistas estamos decididos a impulsar reformas al artículo 123 de la Constitución a fin de que su contenido no resulte contrario al objetivo social por el que fue creado por el Constituyente de 1917.
Pugnamos por los derechos a la capacitación y a la seguridad de los trabajadores.
Estos derechos son defendidos por nuestro partido por ser conquistas que les representan oportunidad, superación, progreso y el mantenimiento de la integridad física.
Demandamos en nombre del obrerismo nacional, el incremento de las indemnizaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social por accidentes de trabajo o muerte, dado que actualmente de ninguna manera garantiza a los beneficiarios una vida digna.
Reiniciaremos con mayor vigor la lucha que hemos sostenido desde hace ya varios años, hasta lograr que a los pensionados y jubilados se les entregue al menos el salario mínimo, a cambio o como pequeño reconocimiento al esfuerzo que desplegaron en la producción tácticamente durante toda su vida.
Vamos a pugnar mediante la coordinación de esfuerzos con los trabajadores y los campesinos, para que no sean más víctimas de los caprichos de quienes están empeñados en no permitirles mejorar su existencia y la de sus familiares.
Y en fin, cumpliremos cabalmente y a satisfacción por el delicado encargo que del pueblo de México recibimos en las urnas electorales, no sólo de pugnar por leyes justas, sino de exigir, por todos los medios a nuestro alcance, que efectivamente la justicia social llegue convertida en mayor bienestar y no sólo sean propósitos perdidos en la inmensidad del articulado de una ley máxima que, sostenemos, es una de las mejores del mundo, pero que por desgracia aún muchos de sus preceptos son letra muerta. Por su atención, gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Tomás Correa Ayala:
Con su permiso, señor Presidente:
La fracción del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, por mi conducto, quiere hacer algunos comentarios en torno a la celebración del próximo 1o. de mayo.
El próximo 1o. de mayo se cumple el 81 aniversario de la primera conmemoración en México del Día Internacional del Trabajo. Este día evoca las luchas, sacrificios y esfuerzos de los Mártires de Chicago y sirvió como ejemplo de lucha social. Es un día que simboliza la solidaridad entre los trabajadores de todo el mundo, sin embargo, en nuestro país la idea original se ha visto desvirtuada. Hoy, como en otros años, nuestra fracción parlamentaria vuelve a insistir en que es urgente que se
revalorice el papel simbólico del Día del Trabajo.
Actualmente nuestro país vive una crisis que tiende a ser mayor, en la medida en que el Gobierno continúa rezagando sus políticas en materia de salarios y empleos. El cinturón de miseria se ensancha cada vez más y el objetivo de combatir la pobreza extrema se hace cada vez más distante.
Este año, al igual que el año pasado, las demandas de los obreros estarán muy por encima de las centrales sindicales que los aglutinan, cuyos líderes con silencio aprueban la política de contención salarial dictada por el Gobierno Federal.
En el actual escenario económico, observamos el mínimo crecimiento del producto interno bruto durante el año de 1993, resultado de un proceso desacelerador que en algunos sectores presentó síntomas de recesión.
Esta situación se tradujo en disminución de ventas, acumulación de inventarios, descapitalización, cierre de empresas con la consecuente liberación de mano de obra, es decir, el incremento del desempleo.
Hasta octubre de 1993, la tasa de desempleo abierto registró los niveles más altos de la presente administración. Por su parte, el deterioro salarial de los últimos años se ha distribuido equitativamente en las clases más desprotegidas, un indicador de ello es el incremento en los emplazamientos a huelga durante los primeros meses del año.
La búsqueda de una mejor remuneración y la lucha contra los topes salariales que en realidad lo es en contra de la política de concentración; los aspectos fundamentales de estas huelgas se centran en la diversidad de los grupos en los que se han desarrollado, así como por el alto consenso que ha existido en las bases para su estallamiento. Tales han sido los casos de las compañías Nestlé, Ford, Hérdez y de las universidades Metropolitana, Chapingo y Guerrero entre otras.
La reciente liberación de los precios dentro de los que se incluyen algunos productos considerados básicos, tales como frijol, maíz y pan blanco, presionarán la postura guardada por el sector obrero.
La demanda de incremento salarial ha sido unánime: 15% de incremento o huelga. Esta vez la solicitud salió de la Confederación de Trabajadores de México.
En la situación actual es imperante proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Ante la desestabilización que se está viviendo, las agrupaciones obreras han presentado un frente común: protegerse ante cualquier embestida que pudiera presentarse.
Es necesario precisar que el inicio de la recesión provocó una drástica caída de la ocupación. El índice del personal ocupado en la industria manufacturera muestra una disminución del 18.8% en la ocupación; el sector más afectado hasta ahora ha sido la industria metálica básica, registrando una caída en la ocupación del 26.1%.
El INEGI, hasta mediados de abril, no ha publicado información de los índices de desempleo abierto. La última información referida es de octubre de 1993, en donde se daba cuenta de las tasas más altas de desempleo abierto registradas a la presente administración, equiparable al 3.7%.
El Gobierno no puede y no debe, por bien propio, seguir con esta política de contención salarial que ha llegado a su fin y al límite de la paciencia de los trabajadores, y precisamente por esto, pese a la construcción de escenarios gubernamentales que tienen como fin encubrir la verdadera expresión de los trabajadores, consideramos que en 1994, al igual que en los años anteriores, el desfile del 1o. de mayo será propicio para la expresión de justos reclamos sociales.
Es necesario que se opte por una política salarial que busque mejorar realmente el nivel de vida de los trabajadores y reactive las percepciones de los mismos.
Nosotros apoyamos el hecho de que los trabajadores consideren el 1o. de mayo como una vía de expresión en donde manifiesten su pesar y su verdadera situación, porque esto concientizará a la sociedad del real estado de los trabajadores y se estará alertando sobre un problema, cuyas magnitudes sobrepasan los problemas de desorden y violencia que se han generado en nuestro país desde el principio de año.
El 1o. de mayo tiene que ser combativo; el 1o. de mayo debe destruir escenarios gubernamentales; el 1o. de mayo debe servir como espacio de negociación política de los trabajadores.
De nada sirven los avances económicos; de nada sirve la modernización política si ella se utiliza para polarizar la riqueza y el poder.
Los asalariados no pueden quedarse fuera del proyecto no pueden quedarse fuera del proyecto de modernización mundial, porque estaríamos condenando a nuestro país a quedar rezagado de la nueva dinámica internacional.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, se solidariza con toda las luchas de los obreros de este país, con sus demandas de trabajo y de mejora salarial.
Y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, los exhorta a que estas próximas elecciones de agosto manifiesten su inconformidad en las urnas para que la situación, tan deplorable para todos los obreros del país, pueda cambiar en beneficio de los mismos. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra para el mismo tema, el diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Quiero comenzar, al hablar de la conmemoración próxima del Día Internacional de los Trabajadores, con la mención a dos aspectos que guían mi intervención y que son el contexto en el que se da esta conmemoración en 1994.
El primero es que nos hallamos ante la evidente crisis de un modelo político y económico en que parecía terminar tranquilamente el sexenio y que no ha sido así, crisis que se hace evidente con asuntos que han cimbrado a la sociedad mexicana este año, el asesinato no aclarado del licenciado Luis Donaldo Colosio y también la inconformidad de amplios sectores de este país por la política económica seguida, y más a la mano, otro elemento del contexto muy evidente y que pesará sobre esta conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, es una pequeña crisis de gabinete que se puede convertir en una gran crisis de gabinete, que tiene en el centro el que haya sido removido del cargo el verdugo de los trabajadores durante casi 12 años, Arsenio Farell Cubillas, y ha sido removido para colocarlo en un cargo que hace temblar a la ciudadanía de este país como superpolicía, asunto del que hablaremos en otro tema de esta sesión.
En este contexto se da la conmemoración próxima del Día Internacional de los Trabajadores: desempleo, deterioro del salario, retroceso en materia contractual, antidemocracia, violación sistemática a la legislación, falta de autonomía e independencia sindicales y una nueva amenaza de modificar, en forma regresiva, la Ley Federal del Trabajo, éstos serán motivos suficientes para convertir la próxima celebración del 1o. de mayo en una jornada de protesta.
No obstante la difícil situación de los obreros mexicanos de nueva cuenta como hace seis años, se aceita la maquinaria corporativa para ofrecer cinco millones de votos al candidato oficial sin mayor rubor y sin memoria alguna.
A pesar de los signos de agotamiento en las fallas sindicales por el sacrificio a que se les ha sometido para sacar adelante un modelo de desarrollo económico en crisis, otra vez como en 1988 se reparten promesas de respetar la autonomía sindical, de propiciar la recuperación del salario, de generar más empleos y de revisar el sistema de impartición de justicia con el solo propósito pragmático de captar votos.
Un año político que anuncia la elección más competida de la historia contemporánea de nuestro país se explica, pero no justifica la amenaza de usar antidemocrática y corporativamente a las organizaciones sindicales.
Sin embargo, promesas y discursos no sirven para ocultar la realidad de los trabajadores mexicanos del campo y de la ciudad ni el fracaso de la política obrera del Gobierno en turno.
Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el mejor homenaje que podemos hacer a los obreros, empleados y jornaleros agrícolas, es modificar de raíz la política que los ha llevado prácticamente a la postración, los datos son más que elocuentes.
De acuerdo a la información oficial, el desempleo abierto y el subempleo en 1993 registraron su tasa promedio más alta desde 1988 al acumular en conjunto un 23% de la
económicamente activa. De esta manera, al cierre del año pasado, el número de desmovilizados fue del orden de 1 millón 150 mil trabajadores y el de los desempleados y subempleados de 7 millones 800 personas, de conformidad con estimaciones basadas en datos de la Secretaría del Trabajo y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Según analistas privados, entre 1991 y 1993 lapso en que se debieron crear alrededor de 4.2 millones de nuevas plazas, el empleo no sólo dejó de crecer, sino que se cancelaron cerca de 450 mil fuentes de trabajo, esto es, 150 mil por año tomando como referencia a los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Entre 1988 y 1993, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Quinto Informe de Gobierno, se redujeron entre 35 mil 500, las plazas registradas en el ISSSTE.
No obstante y como resultado del previsible incumplimiento de las metas de crecimiento económico para 1994, las expectativas de una mejoría en el empleo son muy reducidas, prácticamente nulas.
En el renglón salarial el panorama no es mejor. Como lo hemos señalado en numerosas ocasiones, el propósito de controlar la inflación a través de los sucesivos pactos populares, ha llevado a deprimir ininterrumpidamente el salario mínimo. Diversos análisis coinciden en señalar que la pérdida de su poder adquisitivo ha sido del orden del 75% tomando como referencia el año de 1976, tendencia que no se ha revertido en lo que del sexenio. El 5% de incremento más dos puntos porcentuales por productividad acordados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para 1994 serán inferiores a la inflación acumulada que, con los desajustes económicos seguramente se registrará en diciembre.
El salario contractual no ha tenido mejor suerte al poder, según el Instituto de Proposiciones Estratégicas, hasta el 21% en 1992, tomando como referencia el año de 1978. Tan sólo en el primer trimestre de 1994, los trabajadores recibieron en promedio aumentos salariales inferiores en 4% al año anterior, mientras que las prestaciones pactadas estuvieron por abajo de dos puntos promedio en relación a 1993, si hacemos caso de las cifras publicadas recientemente por la Asociación Metropolitana de Ejecutivos de Relaciones Industriales.
En síntesis, no sólo no se ha iniciado la recuperación salarial, sino que los últimos incrementos mantienen a la baja las percepciones de los trabajadores. Por lo que hace a los convenios de productividad, en efecto, éstos han continuado firmándose en las distintas empresas, ramas y sectores, pero siguen siendo fuente de conflictos sindicales esencialmente por la manera en que son concebidos: hacer más con menos, sin retribución justa, sin criterios homogéneos, sin la participación de los trabajadores involucrados o de plano a sus espaldas.
Por otra parte, aunque los obreros mexicanos cuentan con una de las mejores legislaciones laborales del mundo, el principal problema sigue siendo su falta de cumplimiento. Por ello, resulta alarmante que ante la necesidad imperiosa de hacerla respetar, existe el riesgo de que sufra una modificación regresiva. La base de tal forma sería, según lo difundido por las cámaras patronales, un conjunto de medidas orientadas a eliminar derechos fundamentales plasmados en el artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias; cuestión absolutamente inadmisible, con mayor razón cuando se pretende trasladar los cambios operados en los contratos colectivos de trabajo y las disposiciones acordadas tanto el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, como en el acuerdo nacional para elevar la calidad al nuevo marco laboral.
En el primer caso porque a través de las modificaciones contractuales se ha dado marcha atrás a conquistas históricas de la clase trabajadora. En el segundo, porque han partido, no de un consenso nacional, sino de un acuerdo de cúpulas que sujeta al movimiento obrero a la política económica del Gobierno en turno.
Un asunto crucial para la clase trabajadora en este año será la libertad con que ejerza sus derechos políticos. Por tal motivo, resulta contrario a una práctica sindical democrática y moderna, que los líderes comprometan los votos de sus representados con el solo afán de mantener sus privilegios y garantizar su cuota de poder. Tampoco es democrático ni moral que algún candidato acepte participar en el secuestro de la voluntad de los trabajadores del campo y de la ciudad en aras de sostener una alianza ficticia con la clase trabajadora, cuando en realidad lo que se construye es un acuerdo corporativo dañino a sus intereses.
Autonomía e independencia sindicales significan, entre otras cosas, un distanciamiento del poder frente a los órganos de decisión de los sindicatos, un ejercicio democrático en la toma
de decisiones; el diseño de estrategias al margen de intereses ajenos a los sindicales, y permitir a los trabajadores elegir en libertad, repito, elegir en libertad la mejor opción política.
Señores legisladores: la clase trabajadora mexicana requiere de organizaciones fuertes, sin el concurso estatal, sin la intervención nociva de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo a cuyo cargo estuvo por largos 12 años Arsenio Farell Cubillas, permitiendo que fuera pisoteada la ley y golpeadas las agrupaciones sindicales.
Necesita ejercer sin cortapisas los derechos de organización, contratación colectiva y huelga, requiere hacer realidad la libertad sindical que nuestro país se ha comprometido a respetar firmando importantes acuerdos internacionales. El mejor homenaje que podemos rendirle a la clase trabajadora antes que convertirla en carne electoral, es tomar medidas necesarias para crear empleos suficientes, productivos de calidad y bien remunerados; iniciar cuanto antes la recuperación del salario y colocarlo en niveles que alejen la idea de que frente a la competencia internacional México sólo ofrece mano de obra barata. Aumentar significativamente el monto de las pensiones y jubilaciones; propiciar la calificación y recalificación de los obreros frente a un mercado de trabajo dinámico; alentar su participación en el cambio tecnológico y en la modernización de sus procesos de trabajo; retribuir con equidad los incrementos registrados en la productividad de las empresas; respetar sus derechos laborales; hacer que la legislación en la materia se cumpla; impedir cualquier cambio regresivo en la Ley Federal del Trabajo y demás leyes secundarias; fortalecer el sistema de seguridad de carácter público y ampliar su cobertura; fomentar con hechos la libertad sindical y respetar con tolerancia sus preferencias políticas.
Por ello lucharon los Mártires de Chicago; por estas convicciones cayeron los obreros de Cananea y Río Blanco. Por tales motivos seguirá expresándose la clase trabajadora mexicana a través de todas sus formas de lucha y contra cualquier tipo de control corporativo que nuevamente se quiere llevar a la práctica por el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones de 1994. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Hiram Luis de León Rodríguez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Hiram Luis de León Rodríguez:
Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros diputados:
Existen ciertos temas que para ser abordados requieren no tan sólo de la bondad del intelecto, sino que exigen el calor del sentimiento y la fuerza del corazón. El tema del trabajo es uno de ellos.
La problemática del trabajo es una de las fundamentales de la llamada cuestión social; a grado tal que distinguidos autores la han llegado a considerar como la más importante de ellas.
Indiscutiblemente que nuestro país ocupa un lugar de privilegio en la preocupación de todos y cada uno de aquellos que en alguna forma se involucran en el mundo del trabajo.
El trabajo, lo entendemos en Acción Nacional, como una de más excelsas formas de expresión de la persona. Como medio idóneo para su perfeccionamiento y como instrumento adecuado para una convivencia social que le ayude a poner en ejercicio lo mejor de sus cualidades y lo más excelso de su espíritu.
De forma consistente en estas plataformas, en estas convenciones, en estos discursos, hemos venido afirmando que la consideración del trabajo humano como mercancía, como simple elemento material de la producción, es atentatoria contra la dignidad de la persona y contra el interés de la nación. Y que todo trabajo socialmente útil debe tener la retribución justa que permita al trabajador vivir y formar decorosamente una familia y obtener el más amplio mejoramiento real posible.
Es un tema en el que nos encontramos imbuidos todos: pueblo, Gobierno y organizaciones intermedias. A cada uno de estos sectores corresponde implementar un Gobierno auténticamente democrático, promotor de la actividad económica que genere empleos productivos, merced a los cuales la mayoría pueda contribuir al desarrollo, participando en sus frutos e igualdad de oportunidades; desarrollando por métodos concretos, una nueva mística de trabajo y de la participación por la que se le reconozca al trabajador, el papel
relevante dentro del modelo económico y que la empresa sea espacio de cooperación entre todos los que la constituyen.
Nuestra legislación laboral, ciertamente de la mejores del mundo, reconoce no tan sólo el derecho del trabajo, sino que ha puesto especial hincapié y énfasis, en el derecho al trabajo.
Desgraciadamente este limpio y generoso anhelo no ha logrado obtenerse, necesitamos de más y mejores puestos de trabajo. Requerimos de una mayor especialización de nuestra mano de obra, de tecnología a nivel de excelencia, de una más clara conciencia empresarial, de un auténtico respeto al derecho de asociación de los trabajadores, de protección para aquellos jubilados cuyas demandas hemos escuchado y presentado en esta Cámara, y sobre todo, de oportunidades de acceso a la cultura a fin de que el trabajador logre alcanzar el destino y las metas que legítimamente le corresponden, a las que está orientado por vocación y destino. Mucho se ha hecho; mucho falta por hacer.
A nosotros, legisladores, corresponde dentro del ámbito de nuestra competencia, no tan sólo establecer instrumentos legales idóneos, prácticos realizables sino vigilar porque los mismos se concreticen y no queden en mera poética legislativa.
El pueblo trabajador nos requiere cada día más y con mayor rigor, el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Sepamos responder con generosidad y honestidad, a sus reclamos.
Acción Nacional, a través de su grupo parlamentario en esta honorable legislatura, reitera su auténtica preocupación por el bienestar del trabajador, demanda el respeto irrestricto a sus legítimos derechos y convoca a trabajadores y patrones, para que en una nueva perspectiva de las relaciones sociales, con fundamento en los principios humanistas que alientan y fortalecen a nuestra sociedad, iniciemos la construcción de una patria sana, vigorosa, a la que se arraiguen sus hijos y la eleven a ser en el concierto universal de las naciones, ejemplo a seguir, haciendo que la unidad, la paz y la concordia, se plasmen en una sola palabra, que expresemos con orgullo y se escuche con respeto: "México".
En el aniversario del Día del Trabajo reciban, pues, nuestra congratulación todos aquellos que en forma responsable contribuyen y seguirán contribuyendo a forjar una patria en la que el ser humano pueda alcanzar su destino, sin obstáculos ni cortapisas, en un régimen de libertad y de progreso para todos. Por su amable atención, muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado Hiram de León. Tiene la palabra el compañero diputado Gil Mendoza Pichardo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Gil Mendoza Pichardo:
Con su permiso, señor Presidente:
Antes de comentar lo que significa la manifestación del día 1o. de mayo, quiero comentar lo siguiente: el mundo vive hoy circunstancias político - económicas muy dinámicas y complejas. Hemos visto modelos sociales que durante décadas se mantuvieron en el centro de la conducción de las sociedades de casi medio mundo, todos hemos testimoniado la sustitución de ideologías por otras, más grave aún, observamos que los paradigmas que subsisten aun no resuelven las crisis institucionales que se inscriben en las sociedades nacionales.
Dentro de lo que fueron los estados socialistas y los que se identifican con el capitalismo existieron y existen problemas de empleo, subempleo y la erosión de las garantías para los obreros.
Con partidos comunistas, con partidos socialistas, con partidos conservadores, con partidos liberales, estas naciones no pudieron y no pueden aún darle el lugar al trabajador en la dignidad y en la justicia.
¿Qué significa el día 1o. de mayo? ¿Qué significa la manifestación de los trabajadores? En nuestro país desde el 1o. de mayo de 1913, se ha llevado a efecto esta expresión, una expresión de la clase trabajadora, para rendir homenaje a los obreros de Chicago, que en noviembre de 1887 fueron asesinados, acusados del delito de huelga, de reclamar una jornada de trabajo justa y humana que pusiera fin a la explotación del hombre.
Se rinde homenaje también a los trabajadores de Río Blanco y Cananea que fueron sacrificados,
y a todos aquellos compañeros que han luchado por dar mejores condiciones de vida y garantías sociales, que el día de hoy disfrutamos todos los mexicanos.
Esa fecha del día 1o. de mayo es para el movimiento obrero el foro para manifestar sus inquietudes, sus problemas, su rechazo a modificaciones que los afecten; hace también sus propuestas, pero siempre estas propuestas están encaminadas a procurar el desarrollo de nuestra nación.
¿Qué se ha derivado de la lucha de los trabajadores? Decíamos que en México hubo movimientos que significaron el sacrificio de los obreros, pero a cambio de ello logramos que esos movimientos sociales fueran elemento que diera inicio a la Revolución de 1910.
De ahí, con el triunfo de las fuerzas armadas revolucionarias, se deriva posteriormente un estado de derecho que se refleja en la Constitución de 1917 y cambia sustancialmente un estado de cosas, una situación jurídica que se inserta en nuestra Constitución, unas garantías adicionales a las garantías individuales, que son ahora las garantías sociales, que ven principalmente por las clases sociales más marginadas, más afectadas, y una de esas clases es la clase obrera. Y surge el artículo 123, que establece ahí, en este artículo, todos aquellos principios que fueron motivo de lucha por parte de los trabajadores: jornada máxima, un día de descanso, seguridad, trabajo de los menores, las mujeres y principalmente una de las grandes conquistas del movimiento obrero, el derecho de huelga.
De ahí se deriva también su ley reglamentaria el artículo 123, en el año de 1931, y esto es motivada también por los propios trabajadores y apoyada por los gobiernos surgidos de la Revolución.
Surge también la Ley del Seguro Social, además tenemos una de las instituciones que con todos los defectos que se le quieran poner, ha servido a los mexicanos, una institución noble que ha permitido que muchos trabajadores que no tenían ninguna posibilidad económica de obtener vivienda, hayan podido tener un patrimonio que les da seguridad a ellos y a todas sus familias.
Apoyados por la clase obrera en México, los gobiernos de la Revolución promovieron la industrialización del país, la captación de inversiones, la creación de empresas, la formación de un país industrializado que en pocos años logró transformar la sociedad. El universo laboral de México fue producto de las generaciones que del campo a la ciudad fueron en busca de empleo, de vivienda, de mejores servicios públicos y de seguridad social, que no tenían.
Por todo esto, las organizaciones sindicales que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional han participado de manera consciente y de manera decidida.
¿Por qué participamos en los pactos económicos que aquí se han comentado? Porque hemos observado que ha sido la forma de contener un proceso inflacionario que afectaba principalmente a los más desprotegidos, pero reconocemos también, y lo hemos hecho en diversas oportunidades los miembros del Partido Revolucionario Institucional, que los más sacrificados en estos pactos que se han firmado, han sido los trabajadores, pero nadie nos ha ocultado nada, lo hemos celebrado convencidos que a través de estos mecanismos puede irse mejorando la situación económica de nuestro país y, en consecuencia, la situación económica de los trabajadores.
Se siguen realizando porque los pactos, si ustedes revisan bien el clausulado de los mismos, no limitan jurídicamente a las organizaciones de los trabajadores a revisar sus salarios y sus contratos colectivos de trabajo. Se les hace una recomendación, pero también si vemos el cuerpo de la Ley Federal del Trabajo y los derechos que subsisten para las organizaciones sindicales, está latente la posibilidad de que los trabajadores, en el caso de que no sean satisfechas sus justas demandas, puedan promover ante las autoridades del trabajo el movimiento de huelga y se ha logrado en muchos estados que no se ha dado el equilibrio que se busca en las revisiones contractuales que estallen los movimientos de huelga; pero no es el movimiento obrero, no son los trabajadores los que buscan el enfrentamiento como meta principal, buscan el equilibrio entre los factores de la producción, un equilibrio que es difícil conseguir, un equilibrio que solamente cuando se participa de manera directa como trabajador o como representante sindical puede vivirse, un equilibrio que se dé buscando dos aspectos; primero, procurar mantener la fuente del empleo, cuestión importante para nuestro país en estos tiempos cuando se habla de una cifra alarmante de desempleados.
Tenemos que buscar que permanezcan las fuentes de empleo, pero a la vez que estas fuentes de empleo produzcan, generen bienes, servicios de alta calidad, que sean competitivos, que permitan que el producto sea adquirido pero, además, que las utilidades que se generan a base de trabajo, a base del esfuerzo sean distribuidas equitativamente.
Ahora yo creo que no es conveniente descalificar a las organizaciones sindicales, no es conveniente descalificar a la representación sindical; en nuestro país existe un gran número de organizaciones sindicales, un gran número de comités ejecutivos que es la representación legal de las organizaciones obreras; pero además, no solamente intervienen en las negociaciones de revisión los comités ejecutivos, cada uno de los departamento que e encuentran dentro de la planta nombran democráticamente a sus representantes, para que acudan durante todo el proceso de negociación, para participar durante toda la revisión en las discusiones y principalmente en la toma de decisiones, no es una medida ni un acuerdo unilateral por parte, ya no digamos de uno de los miembros del comité ejecutivo ni de todo el comité ejecutivo, sino que es una participación colegiada que está viendo y está luchando por mejorar los derechos de sus compañeros y los de ellos en particular y ¿por qué participamos también en los convenios de productividad?
Ciertamente, como aquí se ha dicho, el salario de los trabajadores ha tenido un grave deterioro, un grave retroceso y lo decimos también que es insuficiente para satisfacer sus más elementales necesidades; pero tenemos que buscar nuevos mecanismos que nos permitan alcanzar mejores condiciones, obtener mejores logros si ustedes ven, durante los procesos económicos que está viviendo nuestro país se dan también los mismos efectos en las situaciones económicas de las empresas y en consecuencia en los resultados de las revisiones y tenemos que, hubo años, en que teníamos que revisar durante el proceso inflacionario hasta cuatro veces en un año y aún así, era insuficiente, y aún así, el salario no alcanzaba su poder para satisfacer las necesidades de los trabajadores.
Posteriormente, con el ataque a la inflación, se fue reduciendo este porcentaje inflacionario y en consecuencia se fue reduciendo los porcentajes que se generaban en los acuerdos contractuales y fueron del 20%, del 30%, el 20%, 15%, 10%, luego se mencionan del 12%, 7%, 5%, actualmente; pero si ustedes ven y observan va en relación con el proceso económico de toda la nación y son los mismos porcentajes que obtienen las organizaciones sindicales que están afiliadas y adheridas al Congreso del Trabajo, las organizaciones sindicales independientes y otras organizaciones sindicales.
Y no quiere decir que no luche cada una de ellas, lucha dentro de sus posibilidades, lucha con su esfuerzo, pero también consciente de que debe preservarse la fuente de empleo y además buscar ese equilibrio que se debe de dar que es que los trabajadores tengan para satisfacer sus necesidades.
Y decíamos que este convenio de productividad puede ir sustituyendo lo que lográbamos en cada revisión, que luchábamos inclusive hasta llegar al momento de huelga por obtener dos o tres puntos más de los que los parámetros nacionales y estatales se estaban logrando y a veces por dos puntos íbamos a un movimiento de huelga que posteriormente se resolvía y que hacíamos cuentas y a veces salíamos con la peor parte.
Y a través de este convenio de productividad se busca una mayor participación de los trabajadores, que haya una comunicación directa entre la empresa y sus trabajadores que se pueda incorporar en estos convenios de productividad metas reales, metas posibles, metas alcanzables, que no impliquen principalmente una explotación del trabajador, pero que demuestren a los trabajadores no solamente los resultados de cada uno de los meses, sino que les enseñen a los trabajadores, los capaciten para que puedan conocer todo el procedimiento que se lleva a cabo en la empresa para conocerlos.
Señor Presidente, si me permite usted, si me autoriza para extenderme en mi intervención...
El Presidente:
Ya se extendió bastante, compañero diputado. Adelante.
El diputado Gil Mendoza Pichardo:
Nada más para concluir.
Creo ésos son unos de los porqués participamos y a través de estos convenios de productividad mejorar con resultados los incrementos que se van generando.
Nosotros continuamos participando en política porque consideramos que la representación de los trabajadores debe de estar presente siempre en el Congreso de la Unión para hacer propuestas, para defender los derechos de lo que representa y exponer sus puntos de vista y en el Partido Revolucionario Institucional y en esta fecha tan significativa del Día del Trabajo que celebraremos el próximo domingo, nosotros continuaremos luchando por un sindicalismo fuerte, sólido, unido, participativo y abierto a intentar los nuevos retos que se nos vayan presentando. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, en términos del 102.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En este día que conmemoramos en este recinto parlamentario el Día Internacional del Trabajo, no puedo dejar de pasar la oportunidad de expresar mi pensamiento como hijo de obrero, como hijo de un auténtico revolucionario que sirvió a las órdenes de Villa; tampoco puedo olvidar que la cuna que me meció fue hecha con las manos de obrero.
Es muy difícil venir a la tribuna con algo escrito que no siente uno, pero es más fácil hablar de las cosas que nos son inherentes y que conocemos y que conocimos durante 18 años como trabajadores, atrás de las maquinas.
Hace años se escuchaban muchos discursos de los candidatos del partido oficial, en donde los trabajadores del campo y la ciudad eran objeto de múltiples discursos, adornados con las mejores retóricas y donde se mencionaba como habían sido beneficiados con la Revolución, con el artículo 27 y 123 constitucionales, y se les hacía creer a las clases trabajadoras y a todo el proletariado que estaban muy bien y que habían logrado grandes cosas, y en los desfiles podíamos ver cómo los trabajadores presentaban cartelones que decían: loor a los Mártires de Chicago, loor a los mártires de Nueva Rosita, Nueva Coahuila y Río Blanco. Todo eso se fue acabando, y todos esos cartelones fueron siendo sustituidos por cartelones que decían: Gracias, señor Presidente, por los beneficios recibidos, cuando los burócratas nos estábamos muriendo de hambre en 1989.
Todavía existen sindicatos blancos con líderes charros que se ponen de acuerdo con los patrones para despedir a los trabajadores; todavía existen patrones...
Gracias, todavía existen patrones dueños de fábricas de costura que presionan a las trabajadoras para que tengan relaciones con ellos, insanas y si no, las corren los líderes corruptos, charros y vendidos.
Existen no solamente en el trabajo, que debiera ser protegido por el apartado A del artículo 123, también están desprotegidos los empleados que deben ser protegidos por el apartado B.
Ahí también hay directores de dependencias que no hace mucho, una trabajadora empleada de la Secretaría de Hacienda me dijo: tiene uno que ser condescendiente con el jefe, no lo digo de otra manera por respeto, por una salida, por un día económico.
Todavía existen los líderes, pseudolíderes burocráticos que se ponen de acuerdo con el dirigente, con el secretario o director de la dependencia, para frenar los anhelos de progreso de los trabajadores, quienes reciben instrucciones del director, en vez de ponerse a defender a los trabajadores, empleados públicos. Esto, compañeros diputados, que nos dicen, que nos hablen de todo esto, del PECE, de que fue con la concertación y la anuencia de los trabajadores, sí es cierto. La inflación se detuvo con el hambre de los trabajadores, porque ellos por su falta de poder, de capacidad de compra, no compraban, con qué compraban si no tenían?, y frenaron la inflación.
Claro, es muy fácil chiflar. Lo difícil es venir aquí a decir la verdad. La verdad los hará libres. Si queremos un México progresista tenemos que enfrentarnos a la realidad, no engañamos con discursos de oropel y palabras vacuas.
Así, señor Presidente, como le concedió más tiempo al señor representante del Partido Revolucionario Institucional, en tribuna, también le pido, con ese mismo derecho, que me conceda usted continuar.
Existe, compañeros, la falla en el Tratado de Libre Comercio, de que no se llamó a la Organización Internacional del Trabajo para la concertación internacional en el tratado.
En esta época de liberalismo económico, en que en todas las latitudes está siendo conocido por los estragos que está haciendo en las clases trabajadoras, es necesario en México, que se ponga en vigor nuevamente la intención de un Presidente de la República, que quiso poner en vigor el servicio civil de carrera para combatir el compadrazgo y el freno que se le pone a las instituciones con el compadrazgo, poniendo en las dependencias a los amigos de los directores o de los influyentes, porque se relega a los verdaderos trabajadores burócratas de muchos años, se les pone en un rincón y se pone a los amigos y se frena el progreso de las instituciones.
Es necesario, como desapareció la Secretaría de Programación y Presupuesto, se reavive esta intención.
Luis Echeverría dijo: "Los líderes charros, palabras más, palabras menos, estarán ahí hasta que los trabajadores quieran".
Alguien ha dicho que el socialismo ya acabó. No. Mientras exista desigualdad, mientras exista el abuso de las clases patronales contra los trabajadores, existirá la lucha de clases. Mientras los patrones, los capitalistas, se bañen con este liberalismo y sigan sustentando la teoría del bien común de Santo Tomás de Aquino, seguiremos luchando por el progreso de quienes producen la riqueza de los países, por eso los trabajadores seguirán luchando porque se les escuche y porque sean respetados sus sindicatos.
Un día dijo el máximo representante de los capitalistas en México en la televisión, Jacobo Zabludovsky, en más grande defensor de ellos: "No hemos llegado a estados excepción". ¿Pues qué quería?, después de que nos estábamos muriendo de hambre ¿todavía quería que llegáramos a estados de excepción, como mocharles la cabeza, como en una república hermana en donde amanecían cinco o seis líderes sin cabeza?
Señor Presidente, ya voy a terminar. Les pido, compañeros diputados...
El Presidente:
Señor diputado, usted está interviniendo en términos del 102; su partido ya tuvo una participación dentro del tema por el tiempo que está acordado.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Le pido permiso nada más para terminar, señor Presidente.
El Presidente:
Permítame, compañero diputado.
El diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías (desde su curul):
Señor Presidente, no escuchamos si usted le concedió más tiempo al diputado Dorantes y además quisiéramos saber cuánto tiempo más le concedió para poder normar las actuaciones que se están teniendo, las intervenciones de los compañeros diputados.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Permítame usted un minuto nada más, señor Presidente.
El Presidente:
Compañero diputado...
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Les pido a todos que pensemos en el servicio civil de carrera, que se reavive y que seamos más sinceros con nosotros mismos y no escuchemos tanto estos discursos prefabricados que no tienen sentimiento ni realidad en su contenido. Muchas gracias, compañeros.
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)
El Presidente:
Tiene la palabra la compañera diputada Luisa Alvarez Cervantes, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional para presentar una denuncia sobre el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y a continuación el diputado Fernando Espino Arévalo, del PRI.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:
El marco de la denuncia que se presenta en este momento está después de intervenciones de los partidos en relación al 1o. de mayo, Día del Trabajo, día de los trabajadores, y veremos a partir de esta denuncia si cada uno de nosotros tienen consecuencia política para que en los hechos, en lo concreto, con los problemas ahí donde se presentan, también tengan consecuencia con el planteamiento aquí dado para acercarse en la realidad a los problemas de los trabajadores.
Vamos a presentar, como ya está establecido en el orden del día, denuncia acerca de la situación de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (Metro).
Vamos a dar antes de la denuncia algunos antecedentes que nosotros consideramos importantes y serios.
En 1969 el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), empezó a funcionar primeramente con dos líneas y a la fecha opera con nueve; es un sistema que ha venido a resolver en parte el problema de transporte colectivo. Cobra gran importancia porque diariamente transporta 5 millones de personas, la mayoría de ellos trabajadores.
Es un sistema que se ha ampliado ante la demanda de transporte y ante el problema que representa éste.
La planta de personal, en 25 años de servicio, se ha incrementado considerablemente, hasta llegar a aproximadamente 18 mil trabajadores, de los cuales 12 mil 800 son sindicalizados.
El Metro se ha venido modernizando cada vez más y es uno de los más eficientes del mundo, pese a las eventuales fallas.
En 1982 se presenta en el sistema una lucha sindical por mejores condiciones laborales y económicas, conquistando aumentos de salarios a raíz de las movilizaciones realizadas. La empresa, desde nuestro punto de vista, cargó contra el sindicato, imponiendo en el sindicato dirigentes que obedecían y obedecen a los intereses de la empresa paraestatal.
Desde ese momento se terminaron las movilizaciones bajo represión para los trabajadores, con amenazas de cambio de turno, rolamiento, descanso, cambio de tramos y de líneas.
Tengo en este legajo documentos que afirman fehacientemente lo que nosotros estamos diciendo y solamente me permitiré leer uno de ellos, para que vean a veces las condiciones de trabajo tan difíciles. Es un oficio dirigido a Emilio Mújica Montoya, dice: "Por medio de la presente quisiera comunicarle que yo, Lucila Ramírez Hernández, con expediente 2810 que el día 5 de mayo de 1994 me informó mi jefa de turno, la ciudadana Diana López, que a partir del día 7 de marzo del presente se me había asignado un cambio tanto de línea como de turno por medio de una adecuación de rolamiento, ya que mi lugar es de reservar en la estación Copilco en la Línea Tres, en el primer turno, de 5.30 a 12.30 horas, y el cambio fue a la Línea Cuatro con el turno de la tarde, de 12.00 a 19.30 horas.
Le pido a usted una justificación del cambio, ya que he laborado dentro del Sistema de Transporte Colectivo durante 23 años y nunca había tenido un cambio injustificado.
Espero su pronta respuesta.
Como éste hay muchos que vamos a anexar en el expediente.
Un sinnúmero de amenazas se llevaron a cabo y se mantienen actualmente, lo que intimida a los trabajadores para poder reclamar sus derechos. Quienes se atreven a reclamar o a firmar pliegos petitorios de demandas de mejores condiciones salariales y laborales, son sujetos a esa restricción e inclusive se llega al c ese de sus labores, no importando su alta capacitación o su preparación profesional.
Estos últimos han sido reemplazados y ahí queremos poner especial atención, por gente incondicional de la dirección del sindicato y de la misma empresa, que no reúnen los requisitos en cuanto a capacitación, lo que provoca un grave problema en la seguridad de los usuarios e incluso dentro de esta gente improvisadas se dan casos de personas que han sido sorprendidas laborando en estado de embriaguez y toxicidad, pese a que se han levantando actas administrativas y que las condiciones generales de trabajo del Metro establecen en su artículo 22. Los efectos del nombramiento cesarán sin responsabilidad para el sistema en los siguientes casos: h) Por concurrir habitualmente al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante.
Lo más curioso es que éstas personas no son sancionadas, por el contrario inmediatamente
son reincorporadas a sus labores por la dirigencia sindical, ésta es desde nuestro punto de vista una responsabilidad en la que ha caído la dirigencia sindical, la empresa, porque ha generado un elevado riesgo de probables accidentes.
Para confirmar lo que estoy señalando, tenemos aquí en nuestro poder acta administrativa del trabajador sancionado y luego un acuerdo entre el sindicato y la empresa donde dice que no importa el cese, que hay relaciones buenas y que se levanta la sanción y se reincorpora sin más a su fuente de trabajo.
Podría decir que es un acuerdo de avance, podrá estar de acuerdo; sin embargo, en un sistema como éste, donde transitan 5 millones de mexicanos, la empresa y el sindicato deberían de cuidar la eficiencia, porque se trasladan trabajadores.
Desde ahora y a raíz de la llegada como secretario general del sindicato, Fernando Espino Arévalo y que actualmente funge como líder moral de dicho sindicato, es diputado en esta legislatura, un grupo mayoritario de trabajadores decidieron dar la lucha por mejoras salariales y laborales, los cuales han sido permanentemente reprimidos. Se han efectuado movilizaciones importantes en contra del mal manejo de la dirección del sindicato y la forma en que han pactado con la empresa la situación laboral de los trabajadores, así como en contra del turbio manejo de recursos del mismo, y del que los trabajadores aportan en el fondo de ahorro y demás prestaciones por más de 12 años, nosotros presuponemos hay un millonario fraude.
La única respuesta que han dado los dirigentes sindicales a la problemática reclamada por los trabajadores ha sido la represión y caso omiso de sus demandas. Fernando Espino Arévalo, actual diputado de esta legislatura, ha sido el que ha fomentado esa represión y la corrupción y ha creado una antidemocracia. al no consultar a los trabajadores sobre el manejo de los recursos y las negociaciones con la empresa. Esta antidemocracia se ha institucionalizado en el Metro, al reformar arbitrariamente varios artículos de los estatutos, asegurando con esas modificaciones su permanencia y la de sus incondicionales en el sindicato, y la no participación de los trabajadores en actividades sindicales.
Incluso él es factor directo de la represión a los trabajadores mediante la publicación de panfletos como "La Pulla" y el "Frente de los Frentes", en los cuales con lenguaje soez atenta contra la integridad física de los trabajadores llamando a golpear a todos aquellos que se inconforman. Así también ha hecho mal uso del órgano informativo oficial "Trinchera" poniendo en contra a los mismos trabajadores. De lo que aquí decimos queremos solamente señalar un artículo del estatuto que fue reformado, donde prácticamente los trabajadores fueron obligados a llegar a ésta, la más alta tribuna de la nación.
En este estatuto, en su artículo relativo a quienes pueden ser parte de la dirección del sindicato, establece tres condiciones: la primera, es haber tenido una antigüedad de 5 años; la segunda, tener experiencia en la lucha sindical, y la tercera, haber participado en una sección. Lo curioso de esto es que las convocatorias se hacen 15 minutos antes de la asamblea y por supuesto no participan los trabajadores, no dándoles oportunidad a la lucha sindical y cerrando un círculo vicioso.
No quiero en la más alta tribuna de la nación, porque sería ofenderá a la misma, leer, pensaba leer tres párrafos del famoso panfleto de "La Pulla", no lo voy a hacer porque es denigrar la representación popular, pero de ese tamaño son los panfletos.
En la "Trinchera", que es el órgano oficial, después de una manifestación, fue comunicado a través del medio oficial del sindicato, que los compañeros que se atrevieron a hacer uso de un derecho constitucional, que es de petición, que está consagrado en la Constitución General de la República, por ese sólo hecho, en el órgano oficial, y está aquí y nos consta, fueron excluidos de la sección, sacados de la caja de ahorros, más aparte se reservan la denuncia ante la Procuraduría General del Distrito Federal.
La empresa, al tener una dirigencia impuesta cierra las puertas a los trabajadores que han buscado dialogar. Ha reconocido a la dirigencia que ha sido electa mediante mecanismos amañados y que convoca, como lo vuelvo a señalar, 15 minutos antes de realizar la elección, con un escenario preparado para garantizar la permanencia de los líderes desde hace 12 años.
Ante la cerrazón de la empresa y la intransigencia de la dirigencia sindical, las autoridades del Departamento del Distrito Federal únicamente reciben y dan respuesta a los
comunicados de los trabajadores. La respuesta se suscribe a mandar a los trabajadores inconformes con la empresa, la cual niega cualquier tipo de diálogo con ellos y se origina un círculo vicioso. Los trabajadores van, hablan con el Departamento, a través de escritos manifiestan sus inconformidades; el Departamento gira oficio para que lo reciba el director y el director les da otro oficio de que no los puede recibir porque con ellos no puede dialogar. Y esto es desde hace muchísimo tiempo.
Los trabajadores del Metro, a través de mi conducto, además me siento obligada a hacerlo, por principios, denuncian la situación represiva y antidemocrática que en contra de los trabajadores prevalece en el Sistema de Transporte Colectivo y que tiene su punto crítico el pasado 25 de febrero en donde reunidos en asamblea general convocada por los trabajadores inconformes agrupados en el Frente de Trabajadores Unidos del Metro, en el zócalo del ciudad de México, al del asta bandera, esperando una respuesta de pliego petitorio entregado el día 4 de febrero al Regente de la ciudad, fueron brutalmente agredidos física y verbalmente por un contingente encabezado por el diputado Fernando Espino Arévalo. Lamentamos los hechos...
Dígame, señor Presidente.
El Presidente:
Ha concluido su tiempo; se le sugiere termine a la brevedad.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Le voy a pedir, señor Presidente, que me otorgue el tiempo necesario para concluir, en virtud de ser una denuncia.
Fueron; no los mandó; no mandó a otros a que les pegaran a los trabajadores; los encabezó él personalmente. Y de eso de obra constancia en la prensa y en fotografías. Golpearon a los compañeros con bats. Tengan o no tengan razón, no son las formas de resolver los problemas. Nunca han sido las formas y menos ahorita, que planteamos el diálogo en los partidos, que en los sindicatos también se abra, y sean tolerantes con los que no están de acuerdo. Y en ese sentido, independientemente de las razones que tengan la dirigencia sindical actual, lo que no es permitible y debe ser sancionado, es que un diputado federal de esta legislatura, encabece una agresión
Creo que es sumamente grave esta situación. Llevaron gente del XXXVII distrito electoral, de donde él es diputado, además de trabajadores e incluso trabajadores que exigen mejores condiciones engañados, fueron, llegaron al zócalo y en forma por demás alevosa, porque hay fuero de por medio. Entonces como hay fuero de por medio, yo puedo pegarle a cualquiera y golpearon a los compañeros. El contingente que se llevó, algunos de ellos iban en estado de ebriedad. Resultaron con lesiones 20 trabajadores; tres heridos de gravedad, incluida una compañera embarazada y un trabajador discapacitado; además lesionaron a reportes del uno más uno y del el Nacional. También fueron agredidos elementos de seguridad del propio Departamento del Distrito Federal.
Como respuesta a los hechos violentos, y de todos creo que deben de ser condenados, independientemente del curso del problema, se levantó un acta que quedó registrada en la averiguación previa 03299402, en la Delegación Cuauhtémoc, quedando en la mesa de trámite dos, turno vespertino.
Nosotros, por las razones expuestas, por las agresiones dadas, quisiéramos el diálogo, pero también queremos, de no abrirse, responsabilizar al diputado, de cualquier agresión física que tengan los compañeros. Por lo que solicito a esta Legislatura, al señor Presidente, que esta denuncia sea turnada a las comisiones del Departamento del Distrito Federal, por ser el Metro un transporte sumamente importante y un capital social del pueblo; a Previsión Social y Justicia, por los despidos, desde nuestro punto de vista injustificados, aunque después en los canales legales de conciliación y arbitraje se tendrá que demostrar, para su análisis, y a la Comisión de Justicia, para su análisis, y a la Comisión de Justicia, para su análisis, investigación y opinión, y darles a los trabajadores del Metro las posibilidades de luchar democráticamente por mejores condiciones laborales y económicas, así como evitar que se sigan instrumentando medidas represivas. Recordemos que 5 millones de personas son transportadas diariamente por el Sistema y que su seguridad depende de la elevada capacitación y profesionalización de los mismos trabajadores.
Dejamos para ello a la Secretaría la denuncia, la documentación suficiente que prueba los hechos que aquí estamos denunciando. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones, como lo pide la diputada.
Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Fernando Espino Arévalo:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
De antemano aceptamos la invitación de la diputada que me antecedió en la palabra, de que en el momento en que ella lo indique, nos sentemos en una mesa y analicemos, a través del diálogo, todo lo que ella ha expresado, y que sin duda ha sido un documento que también le ha encomendado un grupo de compañeros trabajadores, y otros que no lo son.
Los trabajadores del Metro, que somos un total de 1 mil 500 sindicalizados y 1 mil 500 de confianza, estamos bien conscientes de la gran responsabilidad que tenemos para la transportación diaria de más de 5 millones de usuarios.
También creo que la mayoría aquí presentes saben perfectamente bien lo que representa nuestro transporte. Asimismo están también conscientes que es uno de los mejores transportes de la República mexicana y no solamente de la República mexicana, sino que es uno de los mejores del mundo, ésto para orgullo de todos los que laboramos en el Metro y también para orgullo de todos los mexicanos.
De las luchas que se dice se presentan año con año, esto es muy cierto. Nuestra organización sindical es un sindicato formado en su mayoría por compañeros técnicos especializados, compañeros que vienen de escuelas prestigiadas como es el Instituto Politécnico Nacional en su mayoría y de otras instituciones de alto prestigio en nuestro México.
Nuestro sindicato es uno de los sindicatos que también orgullosamente son de los más democráticos. Es un sindicato que cada tres años elige a su representación sindical a través del voto secreto, directo y universal de todos sus miembros.
Las modificaciones que dice la diputada que se hacen de una manera mañosa, son decisiones tomadas en nuestro máximo órgano de Gobierno: el Congreso General de Delegados, y éstas se hacen o se pueden hacer máximo o mínimo en este caso cada tres años; no es al arbitrio o capricho de alguien; es por decisión y mandato de todos los trabajadores.
¿Con qué objeto? Con el único objeto de no presentar o que no se presente mucha de la gente que desafortunadamente se dedica a agitar de una manera profesional. Hemos tenido muchos problemas, por gente que viene de otras instituciones a tratar de participar dentro de nuestras filas. El rechazo de la mayoría ha sido contundente y seguirá siendo, porque así lo quieren los trabajadores.
Precisamente ahorita nos encontramos en la revisión anual de nuestro pliego de peticiones, que está enmarcado en nuestro reglamento de condiciones de trabajo. Y cada año desafortunadamente saltan grupúsculos de gente manejada por personas ajenas a los trabajadores, para que nuestras luchas no prosperen en beneficio de las mayorías.
Afortunadamente tenemos conciencia y bastante madurez todos los trabajadores y hacemos caso omiso a todo este tipo de vituperios.
Los documentos con que cuenta la señora diputada, repito, estamos en la mejor disposición de revisarlos en el momento que ella nos indique.
El Presidente:
Permítame, señor diputado.
Compañera diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Luisa Alvarez Cervantes (desde su curul):
Señor Presidente; con objeto de hacerle una interpelación al diputado, si la acepta.
El Presidente:
Diputado ¿acepta una interpelación?.
El diputado Fernando Espino Arévalo:
Una vez que termine mi intervención.
El Presidente:
Cuando termine el señor diputado.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes (desde su curul):
Gracias, señor diputado.
El diputado Fernando Espino Arévalo:
Para el conocimiento también de la señora diputada, queremos decirle que los roles que se hacen en el centro de trabajo, los llevamos a cabo a través también de acuerdos entre trabajadores, su representación y la representación de la empresa cada cuatro meses o cada seis, en su caso, tomando en consideración una serie de factores, como es la asistencia y la puntualidad, como es también el tiempo que tiene laborando en una determinada área, así también tomando en consideración el factor de participación sindical; esto ya establecido desde hace muchos años.
Nos habla también, seguramente hubo por ahí algún error de lectura, nos dice que a una compañera se la cambió el 5 de mayo de 1994, todavía creo que no llegamos a esa fecha y difícilmente se dio este suceso. Pero, repetimos, si se refiere a alguna compañera de taquilla, son 1 mil 700 compañeras que laboran en la taquilla y de las cuales si a alguna se le cambia por necesidades del servicio, porque faltan compañeras en otra área, tenemos que suplirla; es nuestra obligación principal como trabajadores.
Nos dice también que se presentan entre nuestras áreas y entre nuestras filas compañeros que no reúnen los requisitos de capacitación. Yo ahí le quiero decir a la señora diputada, con mucho respeto, que se equivoca. Tenemos precisamente un convenio con el Instituto Politécnico Nacional, en el cual se capacitan y tenemos una capacitación continua en la instalaciones de dicho instituto. Tenemos un centro de capacitación interno y tenemos también la precaución de que todo aquel que ingrese al sistema, dependiendo el área para donde vaya, mínimo se le exige secundaria y preparatoria, y en su caso técnico especializado.
Nos habla también que muchos compañeros se presentan es estado de embriaguez. Lo negamos tajantemente, los compañeros del Metro somos responsables del manejo que le damos a nuestra institución y si existe algún caso sería importante que nos lo diera para analizarlo, a petición precisamente de esta gente que le pasó el documento a la señora diputada.
Considero que es una ofensa para mis compañeros trabajadores que digan que existe un líder moral; son compañeros pensantes, son compañeros participantes, son compañeros combativos y lo hemos demostrado a través de la historia; no tengo ningún cargo dentro de la representación sindical, soy un miembro más de las filas que orgullosamente me honro en pertenecer; tengo 24 años de servicio, empezando a laborar como técnico y actualmente como analista de ingeniería; por lo que consideramos que esto no se puede permitir que se diga en esta alta tribuna, que existen representantes legítimamente elegidos por la base trabajadora, por la inmensa mayoría; en esta ocasión se ganó con un 94% del total de los trabajadores, yo creo que es más que suficiente; que existe un turbio manejo entre empresa y sindicato es falso también, por primera ocasión queremos decir que el que funge como representante de la empresa es gente honorable, que es don Emilio Mújica Montoya, que es gente que todos ustedes conocen a través de los múltiples cargos que ha tenido en la historia es gente muy respetuosa de la autonomía sindical y por lo tanto también aquí exigimos respeto a la autonomía sindical.
Fondo de ahorro, el fondo de ahorro es una de las prestaciones más queridas de nuestros compañeros trabajadores, un fondo de ahorro que anualmente nos entrega un monto total por cinco meses, 20 días de sueldo, cinco meses 20 días de sueldo, fondo que hemos ganado con base en la lucha de todos los trabajadores que conformamos nuestro sindicato: fondo también que es manejado escrupulosamente por una institución bancaria; fondo también que es manejado por una comisión mixta entre empresa y sindicato y nunca he pertenecido a ninguna, integrando esa comisión; a este fondo de ahorro se le hace una auditoría al término del período, auditoría que también se boletina y es del conocimiento de los trabajadores; fondo de ahorro que se entrega con base en cheques personales donde se les da una explicación a trabajador por trabajador del manejo de este dinero por una institución bancaria, mas no por la organización sindical y tampoco por la empresa; y si existe algún manejo inconveniente.
pues sería cuestión de aclararlo con la institución bancaria, nosotros estamos para eso lo haríamos con mucho gusto, porque los primeros beneficiados serían los trabajadores.
Para las elecciones, señores diputados, nuestra organización sindical de acuerdo a lo que marcan nuestros estatus, se saca la convocatoria con 15 días de anticipación y hemos tenido el cuidado de que exista un notario público para que lo verifique y también tenemos la constancia.
Se dice también que a las autoridades no se les recibe; tengo que a las autoridades no se les recibe; tengo entendido que si han sido recibidas cuantas veces le ha echo esta petición y también tenemos las peticiones que han echo lasa autoridades por compañeros que muchas veces firman, pero que no sabemos sus nombres y le soliciten a la autoridad que las instrucciones precisas para que sean detenidas las cuotas sindicales y sean entregadas estas a la comisión. Eso es lo que le piden a la autoridad y que de inmediato también desconozcan a la representación legítimamente electa por todos los trabajadores. Esa es la petición de los compañeros que se dicen dirigentes de una comisión.
Nosotros hemos exigido siempre que por ningún motivo autoridades se inmiscuyan en asuntos sindicales y no lo permitiremos nunca y eso lo hemos demostrado.
El Presidente:
Compañero diputado, le recuerdo que su tiempo ha concluido, termine a la brevedad posible.
El diputado Fernando Espino Arévalo:
La participación de un servidor, señores diputados, es única y exclusiva como un miembro más de nuestra organización. Si a mi se me invita a participar en una marcha, en un mitin, lo haré porque tengo una obligación con mi organización sindical y con mis compañeros trabajadores.
Decía precisamente que estamos en revisión de pliego petitorio y también queremos manifestar que estamos muy orgullosos de contar con prestaciones pues de las mejores que existen en cualquier organización de nuestro país. Esto gracias a la lucha , la madurez y a la unidad que existe entre todos nuestros trabajadores.
Sin tratar de presumir, por cada peso que ganamos, tenemos 97 centavos en prestaciones. Tenemos prestaciones muy valiosas, como es un servicio médico particular, entre otras, que eso habla de la buena elección de nuestros compañeros que están al frente actualmente y habla también bien de la madurez y de la lucha combativa que se ha dado a través de los años.
Nosotros consideramos que una intervención de esa naturaleza no es más que un acto de esquirolaje por parte de aquellos que no pertenecen a nuestra organización sindical. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado.
Tiene la palabra la diputada Luisa Alvarez, en términos del 102.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso señor Presidente:
Trabajaré de resumir en este espacio enmarcado por el Reglamento. Todos tenemos derecho a manifestarnos, lo que tenemos derecho es a golpear.
Y en esta fotografía que salió en La Prensa, el Secretario y el Presidente le dice que vea al diputado y al lado, trae un garrote, el que esta ahí al lado del diputado y al lado del diputado, y véanla; pues si hay que manifestarse de esta manera, creo que es condenable; es condenable azuzar a los trabajadores a golpear a otros trabajadores azuzar a los trabajadores a golpear a otros trabajadores; totalmente condenable.
¿A qué le estamos tirando?, al hecho de que puedan ser minoría, que está por demostrarse; ¿entonces por sólo ese echo, hay que golpearlos?, ¿desde cuando vamos a resolver los problemas del país a través de los golpes y de los conflictos?, ¿a dónde estamos orientando el problema?
Segundo, recogemos el diálogo también nosotros, pero no en estos términos, con este lenguaje. Para comenzar, los trabajadores no son agitadores profesionales; desde hace mucho tiempo y es un lenguaje que han
manejado precisamente los que no quieren aceptar que las cosas están cambiando. Que si antes a los obreros los tenían dominados y dormidos, ¡ahora se acabó el tiempo!, estamos en albores del próximo siglo. ¿Vamos a pensar que el pueblo no despierta?
Si realmente hay democracia, por qué se modificaron los estatus, si queremos apertura también al interior de las fuerzas sindicales, y vuelvo a referirme donde dice: Para ser miembro del Comité Ejecutivo se requiere..."Por eso estamos aquí, y , y los compañeros que no estén de acuerdo, en lugar de gritar súbanse a la tribuna, no sean cobardes, no se escondan allá atrás. Les pido que vengan a la tribuna.
En el artículo 31 dice: "Ser miembros activos de la organización sindical con antigüedad de cinco años; tener antecedentes de lucha sindical; haber desempeñado satisfactoriamente algún cargo dentro de los comités generales secciónales, de Comisión de Honor y Justicia". De acuerdo, pero se convoco 15 minutos antes de la elección.
Y no aceptemos ser agiotadores profesionales por parte de los trabajadores, atengamos a las investigaciones y vamos a ver quién no, pero aquí los compañeros tenemos sus constancia de que son trabajadores, y lo que pedimos en está, la más alta tribuna de la nación, es que no los sancionen, no los separen de su trabajo por atreverse a opinar en contra.
¿En qué país vivimos, compañeros?. Si eso se veía antes ahora estamos en otros tiempos, y no aceptemos que haya represión por manifestar sus ideas consagradas en la Constitución, de los trabajadores, en el lugar donde estén; el sindicato no está fuera del país, está dentro de la nación y ahí pueden manifestarse los trabajadores, siempre y cuando ,lo hagan pacíficamente, como lo han hecho los que aquí están.
Y en ese sentido no hablamos mal de los trabajadores del Metro, ni del sindicato; estamos cuestionando ¿por qué se cerraron las formas, los cauces, los diálogos, a la dirección del sindicato?, y si recogemos la necesidad del diálogo, aun en estas condiciones, aunque reclamemos cambien las condiciones.
Hagamos de este país, un país diferente en beneficio de la nación. Resolvamos las confrontaciones de las ideas, en el marco de la concordia y no en el marco de los garrotes, por que si a ésas vamos, los dos tenemos fuero, ¿cuál es el problema?, si los agreden, es como si nos agredieran también a nosotros. Muchas gracias.
El Presidente:
La diputada Corona, adelante, en términos del 102 hasta por cinco minutos.
La diputada Evangelina Corona Cárdenas:
Compañeras y compañeros diputados:
Es lamentable, y grandemente lamentable, que se escuchen estas cosas de unos compañeros diputados, en este caso del compañero Espino Arévalo Espino.
Nosotros preocupa y en gran manera, porque hemos considerado que los que estamos aquí pensamos un expediente al ser clasificados como diputados.
Es preocupante que hasta ahora veamos realidad que se cuestiono en el Colegio Electoral.
En el sindicato de costureras que me tocó presidir por seis años, estuvieron compañeros del Metro denunciando hechos semejantes a los que hemos escuchado ahora, y es bien preocupante, compañeros, que ellos presentaron actas, denuncias que habían en la Procuraduría en contra del compañero Arévalo y que no se hizo caso en el Colegio Electoral. Ahora nos preocupa que el compañero haya salido en la prensa como agresor de sus propios representados.
Si bien es cierto, él ha dicho en esta tribuna que el no es representante legal, nosotros lo creemos, pero si tiene voz y voto y bastante presión en los trabajadores. También sabemos que goza de los privilegios que nos gozan de los privilegios que no gozan los trabajadores.
Tiene estudios, que bueno, lo felicitamos; tiene capacidad, también se la reconocemos, pero nos parece mal el echo de que él haya encabezado u atentado u contra los compañeros que están en contra de su postura.
Insisto, cuando yo estaba en el sindicato, como representante legal del Sindicato de
Costureras, muchos de sus compañeros reclamaban y exigían una democracia sindical en el Metro, entonces yo no pongo en duda la queja que hoy ha venido a poner ante esta tribuna, ante esta Asamblea, la diputada Alvarez.
Me parece preocupante que cuando estamos próximos a un 1o. de mayo, en donde se manifestarán todos los obreros, todos los trabajadores por causa de los dirigentes, de los representantes. Nos es preocupante porque ya no se está convirtiendo en un Día del Trabajo, sino en "un día de conflictos", en un día en donde se teme hablar, en un día en donde no se escucha, en un día no de celebración del Día del Trabajo, sino es problema que de "Día de la Agresión.
No es la primera vez, quizá no sea el primer 1o. de mayo en donde haya agresiones y agresividad a los trabajadores. Ya hemos vivido experiencias. El primer 1o. de mayo que me tocó desfilar con las costureras, nos fue negado entrar al Zocalo, se nos bloqueó; los segundos y los terceros han sido lo mismo y para los trabajadores que no coincidimos con la representación y con el cooperativismo , no se nos abren las puertas de la manifestación libre a que tenemos derecho, y esto, compañeros, es bien preocupante, preocupante también para la Cámara, para cada uno de nosotros, que tenemos un fuero y que algunos de nosotros nos echamos tierra encima.
Dice un dicho por ahí; "no escupamos al cielo por que te cae en la cara". Compañeros, compañero diputado, lo lamentamos porque mañana el calificativo va a ser para todos los diputados, no para uno solo. Creo que tenemos obligación de probar que somos ciudadanos y que no somos agresores; que tenemos un fuero, si, pero que no lo usamos para mal, sino que debemos usarlo para bien . Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañera diputada.
Tiene la palabra el compañero diputado Monarres, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Monarres Valenzuela:
Con su permiso, señor Presidente; compañera y compañero diputado:
Creo que algunos de los comentarios que han venido a hacer a esta tribuna la compañera diputada Luisa Alvarez y la compañera Evangelina, es necesario que los analicemos con el cuidado que corresponde al tema que han venido a tratar.
Primeramente, yo desearía coincidir con la compañera diputada Evangelina Corona, en el sentido de que definitivamente todos los diputados federales deberíamos de pronunciarnos siempre porque el fuero constitucional, el fuero que nos ha dado el pueblo con su voto, no se utilice a veces para mal y a veces para bien, sino invariablemente se debe se utilizar para bien.
Yo muchas veces me pregunto por qué ese fuero en ocasiones es limitado y debería de tener un límite, porque en ocasiones lo utilizan algunos compañeros diputados hasta para sentir el orgullo de que alguien le diga que puede llegar hasta a cometer un delito y no se le puede detener.
Creo que tordos debemos respetar ese fuero constitucional, hay coincidencia definitivamente en eso.
Quiero finalmente comentar o señalar de que invariablemente, diputada Luisa Alvarez, en casi todas las intervenciones que ha tenido ustedes en esta tribuna, he sido gente que he coincidido en muchas de las manifestaciones que usted ha echo y es una de las diputadas que me merece el mayor de los respetos por su valor, por su capacidad y por su forma en ocasiones de presentar los problemas en esta tribuna. Por todo lo anterior mi respeto amplio para usted.
Pero si deseo señalar de que cuando venimos a la tribuna y hablamos de democracia, de respeto a la organización y a la institución sindical, debería ser una cosa, un objeto, una meta, en lo que todos pudiéramos coincidir. Pero no podemos coincidir cuando yo vengo y hablo de democracia sindical y vengo y le pido a los compañeros del Sindicato del Metro de que respeten determinadas reglas y cuando nosotros mismos no nos podemos ver en un espejo, pues también hemos cometido errores de la forma en que hemos manejado nuestra organización.
No vamos a sacar aquí cuestiones del pasado ni de lo que se dio en el Colegio Electoral; el Colegio Electoral ya juzgó, y vamos a respetar
porque gracias a ese Colegio Electoral se aceptó de que todos y cada uno de los que estamos aquí seamos diputados federales, y tan diputado federal es Fernando Espino Arévalo, como cualquiera de ustedes que han venido a hacer uso de la palabra en esta tribuna.
Y también quiero señalar que cuando hablemos de democracia sindical, no se nos olvide qué ha pasado en nuestras organizaciones sindicales. ¿Qué paso después de seis años en el sindicato de Costureras? Cuando concluyo su período gano un plantilla contraria a la de usted, compañera Evangelina, y aquí vinieron a pedir que ya quería el sindicato que dejara en paz usted a las costureras. Entonces si hay también errores por ahí ¿para qué metros en otros lados si no tenemos nuestra conciencia totalmente tranquila?
Quiero finalmente señalar, y esto lo hago a modo estrictamente personal; yo no vengo a hacer ninguna defensa de otra manera, sino a hacer un comentario muy personal como diputado federal.
Tuve la suerte de conocer a Emilio Mújica Montoya, Secretario de Comunicaciones y Transportes, hoy, Director del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), y estoy seguro que es un hombre que no se presta a ninguna componenda absolutamente con nadie, es un hombre con una rectitud y una rectitud y una verticalidad intachable.
Pero yo quisiera pedirle a los compañeros diputados federales, a todos en su conjunto, que me dijeran a quién le corresponde, a quien le ha correspondido hacer las leyes, quien le correspondió darle a los trabajadores al servicio del Estado el aparato B, del artículo 123 constitucional, fue precisamente a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, y dentro de esa facultad que le dimos a los trabajadores en el apartado B del 123 constitucional, fundamentalmente se estableció para ellos la autonomía sindical. Y los sindicatos, señores diputados federales, no se van a manejar desde la Cámara de Diputados. Dejemos que cada una de las organizaciones sindicales maneje a sus sindicatos, si les dimos autonomía, vamos a respetar su autonomía, a la que constitucionalmente tiene derecho.
Y las asambleas, los congresos y cada tres años, un sindicato, el del Metro o cualquier otro, tiene facultades de manejar los cambios que correspondan a los estatus sindicales y los estatus sindicales se registran en el tribunal federal. Y yo creo que las denuncias que se quieren traer a la Cámara de Diputados, están equivocado el lugar, hay que llevarlas al tribunal federal y ahí está la autoridad, y la facultad y el lugar donde se deben de analizar.
Les dimos autonomía, vamos a respetarles la autonomía a los sindicatos federales de toda naturaleza. Muchas gracias.
El Presidente:
Compañero diputado, ¿con qué objeto? Gracias, compañero diputado. Para rectificar hecho en términos del 102 y hasta por cinco minutos, el compañero del PRD, Arquimedes García Castro.
El diputado Josafat Arquímedes García Castro:
Como militante del Partido de la Revolución Democrática no podemos aceptar de ninguna manera que a una gran compañera nuestra, a una diputada que no solamente en nuestro partido tiene una solvencia moral, una luchadora social, posiblemente una de las diputadas más sencillas y más humildes de este Congreso, pero una diputada que puede ver de frente a medio mundo, no se le puede comparar a Evangelina Corona con un diputado, como es el señor Espino, con todo el respeto que me merece.
Porque no puede compararse a un sindicato como el sindicato de las costureras, con un sindicato como los muchos que existen en este país, que han tenido siempre una guía moral. Una guía moral como lo tiene o lo tuvo, Vanguardia Revolucionaria del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que también tuvieron su líder moral y que también decía que no tenia ningún cargo y que íntimamente era defensor de los derechos de los maestros, cuando toda la historia en ese sindicato lo ha tildado como uno de los líderes más corruptos que han existido en este sistema.
Evangelina Corona nunca ha tenido que golpear a ningún compañero; Evangelina Corona nunca tuvo necesidad de que la protegieran sus guarras, como protegen al diputado Espino y aquí está elocuentemente una fotografía. Ella, como militante de un partido
democrático supo escuchar a sus representantes y supo representarlas dignamente, y supo en el momento adecuado reiterarse, con la dignidad que solamente una mujer como ella pudo haberlo hecho. Nunca ha vivido de la política, hoy es diputada porque realmente reprenda a su pueblo y el pueblo se siente orgulloso de tener una diputada como Evangelina Corona, al igual que todos nosotros, los miembros del PRD.
El Presidente:
Bien, gracias, compañero diputado. Y en términos del 102, diputado del PRD, julio César García Hernández.
El diputado Julio Cesar García Hernández:
Estuve atento a lo que el diputado Espino Atrevamos expuso aquí en la tribuna, en ningún momento negó su participación en los hechos de aquí se han denunciado. Las fotografías que aquí se muestran de La Prensa del día siguiente, muestran claramente que él estaba al frente de estos golpeadores.
Para mi, este diputado es un delincuente. Este diputado, sin embargo, conforme a las Leyes de este país tiene que ser juzgado, y está máxima soberanía del país no puede quedarse a un lado ni hacer que nada pasó, sino dejar y permitir que la justicia investigue estos hechos.
Por lo cual, en términos del artículo 111 constitucional, demando que esta Cámara proceda al desafuero del diputado para que sea investigado por estos delitos que constan en la averiguación previa 1o. A - 329/994 - 02 del Ministerio Público. Muchas gracias.
El Presidente:
Presenten el escrito correspondiente, compañeros diputados, si así lo estiman conveniente.
Tiene la palabra la diputada Luis Alvarez Cervantes, para rectificar hecho.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente.
Nuevamente ocupo esta tribuna para hacer algunos señalamientos que se han hecho. La denuncia que aquí se presentó se dio porque hubo agredidos y porque hubo agredidos y por que la agresión fue encabezada por un diputado federal. No con ello, nosotros pretendemos intervenir en la vida sindical, si un principio básico de nuestro partido es precisamente el respeto a la autonomía sindical a la que los trabajadores decidan, a que ahí encuentren cauces; el problema es que se cerró a tal grado el cauce al interior por un integrante de esta legislatura, compañeros.
Efectivamente el sindicato está allá, pero el que encabezó la agresión es un diputado de esta legislatura. ¿Y qué?, ¿ello significa que al denunciarlo pretendemos intervenir en la vida sindical o no respetar la autonomía sindical? No es cierto. Lo que queremos y nos preocupa profundamente es el hecho de que no deba haber sucesos violentos en el Metro, como ya los ha habido y que son de lamentarse, porque en él se transportan 5 millones de trabajadores que quieren este servicio público, porque ha resuelto un problema de transporte en la ciudad de México.
¿Cuáles nuestro interés?, es que se abran los cauces, y si hay que venir a esta tribuna para que allá se garanticen los cauces, se reivindique a los trabajadores, se les escuche, no se les cierren las puertas, compañeros, no podemos renunciar a una obligación que tenemos como representante popular. Y la tendremos que hacer ahora, y si no encontramos eco para que se dialogue, y si no encontramos los canales, que espero que los encontremos, coincido en parte todos nosotros, para todos. Y en ese sentido, eso es lo que estamos cuestionando, que nunca más en ningún momento, ningún integrante de est legislatura, sea el que encabece una agresión. Es preferible ser agredido; que violentar una lucha que puede generar más violencia. Y en el Metro, compañeros, violencia en un transporte tan importante de la ciudad, es jugar con fuego.
Por eso estamos aquí, porque no queremos violencia; por eso lo denunciamos y por eso estamos reclamando que se les escuche a ellos, a los trabajadores, a los que trabajan ahí nuestro conducto la tienen. Ahora y siempre. Muchas gracias.
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA NACIÓN
El Presidente:
Tiene la palabra la compañera diputada Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre la creación de la Coordinación Nacional de Seguridad.
La diputada Rosa Albina Garavito Elias:
Diputadas y diputados:
Solicité hacer uso de la palabra para fijar la posición de mi parlamentario, el del Partido de la Revolución Democrática, en torno al decreto publicado del día 25 de los corrientes, en donde se crea la coordinación de Seguridad Pública de la Nación.
Durante los últimos años y particularmente a partir del 1o. de enero de 1994, hemos sido testigos de la aceleración descomposición de las instituciones de la República; hemos sido testigos de la manera en que la descomposición política de un régimen, el régimen de partido de Estado, pretende en ésta descomposición arrastrar al país en su conjunto.
Los diputados de mi partido, pensamos y queremos compartir con ustedes esa reflexión, de que solamente por las vías del estado de derecho, puede restablecerse la confianza entre gobernantes y gobernados; que solamente a través de la restitución de ese estado de derecho, podemos los mexicanos salir airosos de la profunda crisis en que hoy estamos sumidos. Esa crisis, repito, que se ha venido agudizando a partir del 1o. de enero de 1994.
Yo quisiera que junto conmigo, ustedes analizaran de manera fría, de manera objetiva, de manera responsable, cuál ha sido la respuesta que el Gobierno ha venido dando a la profundización de esta crisis. Ha sido con parches, ha sido desconociendo la institucionalizada que existe para anteponer a esas instituciones legalmente constituidas, otra cuyo fundamento no se encuentra en la legalidad. Es el caso de esta Coordinación de Seguridad Pública de la Nación.
Pero yo quisiera además, para que también lo pensaran de manera objetiva, a qué se puede deber esta actitud del Gobierno. A escasos meses de que el sexenio concluya, se percibe en el ambiente político, nerviosismo de parte de aquellos que nos gobiernan. Para nadie es conveniente para ninguna de las fuerzas políticas, para el Gobierno, que sea el nerviosismo y la prisa, la que conduzcan a medidas que al final no resuelven nada en absoluto, sino que por el contrario complican la situación.
A partir del 1o. del primero de enero fuimos testigos de que se había venido gestando un movimiento armado, según declara sus protagonistas a lo largo de 10 años.
Todos recordamos la denuncia, el reportaje que una revista de circulación nacional hizo sobre el descubrimiento de campamentos de entrenamiento de este Ejército Zapatista.
Fuimos entonces también testigo de que esas evidencia, y las denuncias que diputados de mi partido aquí hicieron al respecto, se soslayaron por la conveniencia política que el Gobierno consideró, de no abrir ese expediente para que no se vieran afectadas las necesidades en curso sobre el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica.
Ahí tenemos un antecedente de grave irresponsabilidad en la política de seguridad nacional.
Pero a partir de ese 1o. de enero.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):
¿Me permite una interpelación?
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Con mucho gusto, pregúntele al Presidente. De mi parte no hay problema.
El Presidente:
Adelante, diputado Rodríguez Prats.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
¡No! Soy yo la que tengo que decir...
El Presidente:
¡Si! Usted había manifestado que aceptaba la interpelación. ¡Adelante!
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Bueno, me doy por preguntada y acepto.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):
Muchas gracias, diputada.
Según su versión de que el Gobierno lo ignoró, ¿entonces usted hubiera preferido que hubiera habido una acción represora del Estado desde hace muchos años en torno a este movimiento?
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Mire, diputado: Es clarísimo que quienes queremos y nos hemos estado esforzando porque sea a través de la vía legal, constitucional y pacifica, como se den las transformaciones democrática y de fondo que nuestro país y el sistema político necesitan, no podemos avalar ninguna vía violenta. Es responsabilidad del Gobierno velar porque la seguridad nacional y la seguridad pública sean una realidad en el país. Y por supuesto que es responsabilidad del Gobierno haber puesto un interés particular del grupo gobernante desde su punto de vista en torno a una negociación, frente al entrenamiento, frente a la apertura política para enfrentar el problema de profundas raíces sociales que vimos estallar el 1o. de enero.
Lo que mis compañeros diputados del PRD denunciaron aquí y lo que aquí pidieron, fue que este Poder Legislativo, que esta Cámara tomara curso, tomara cartas en el asunto para investigar hasta que punto efectivamente se estaba gestando ese movimiento armado.
Los recursos, diputado, para poder resolver una inconformidad ciudadana por la vía de las armas, son muchos, y no necesariamente el de la represión.
Para poder sacar adelante en tiempo y forma un problema de tal envergadura, por supuesto que tendríamos que haber hecho acoplo de todos los recursos que la República tiene. Lo que yo estoy denunciando aquí, es que el Gobierno se vio omiso, fue pasivo y prefirió continuar adelante, como si nada estuviera pasando.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):
Señor Presidente, ¿quisiera consultar a la diputada si me permite interpelación?
El Presidente:
Diputada, ¿acepta una interpelación del diputado Prats?
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Con mucho gusto, pero con la aclaración de que no siga corriendo el tiempo de mi intervención; está corriendo.
El Presidente: Adelante, diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):
¿No le parece que hay una contradicción en sus palabras con la misma política gubernamental a la que usted critica, cuando precisamente lo que el Gobierno está haciendo es mediante la concertación, mediante el diálogo, tratar de superar el conflicto en Chiapas? ¿No hay una contradicción cuando usted dice: de una solución legal y de una aplicación de la Ley, cuando se conocía desde hace muchos años el surgimiento del movimiento? Si analiza usted sus palabras, hay una contradicción evidente.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
En absoluto...
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):
¡Muchas gracias por su respuesta, diputada!
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
En absoluto, diputado. Si usted quiere escuchar otra cosa, esta usted en la libertad, pero yo he sido muy clara en torno a la responsabilidad que el Gobierno tiene para hacer efectivas la seguridad pública y la seguridad nacional.
Lo que tuvimos que lamentar con el estallamiento de ese levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, fueron muertes. ¡Eso tuvimos que lamentar!.
Tendríamos que recordar, además, que de no haber sido por la responsable, oportuna y madura movilización de la sociedad civil y de diversas políticas, el Gobierno tuvo que desechar la salida militar en la cual ya se había aventurado para no resolver el problema, sino seguir adelante en esa profundización del problema.
No fue mérito del Gobierno como incitativa al principio, fue mérito de esa sociedad de esa movilización. Y justamente a ese tipo de recurso, a esas instituciones que se nos están desbaratando entre las manos es a lo que yo me quiero referir para confrontar la vía que el Gobierno está llevada adelante para tratar de resolver esa profunda crisis política, que tiene su origen en también una profunda descomposición social.
¿Producto de qué cosa, señoras y señores diputados? Producto de una política, de una política económica, social, y política a secas, por muy poco, nada, se ha preocupado por que la crisis que estallo en 1982 salgamos como una nación integrada.
Al 12 años de está crisis, aquí están los resultados; una estructura social desintegrada, unas instituciones corruptas por la actitud, por la conducta de este Gobierno. Lo que tenemos es el florecimiento de la industria del secuestro, la industria del secuestro que en 1994 ha cobrado dos víctimas que hasta la fecha el Gobierno no ha podido resolver.
Lo que está sucediendo, además por supuesto de los más de 270 asesinatos políticos sufridos por militantes de mi partido, sobre todo por causas electorales.
Esos crímenes impugne y el que acaba de suceder y que aprovecho la ocasión para denunciar la intimidación que se quiere hacer sobre la persona del respetables licenciado Emilio Krieger, quien sufrió un asalto a mano armada en su casa, con el aparente móvil de un robo. Cuando en realidad analizando el echo que no nos podemos convencer que haya sido solo ese le motivo, en tanto los asaltantes se dirigieron a su archivo personal para llevarse de ahí una serie de documentos.
Pero además agrego a esta información, el que el licenciado Krieger haya publicado el lunes inmediato anterior, unas cuantas horas antes, en el período Excélsior un editorial, un artículo de opinión, en donde él expresa y solicita a Carlos Salinas de Gortari su renuncia para efectivamente poder salir adelante. No vamos a entrar en esa discusión, lo que si vamos a reiterar es el derecho que el licenciado Krieger tiene como ciudadano de este país a externan libremente su opinión por los cauces adecuados, tal como lo hizo, no para que sea sometido a la intimidación de la que ha sido objeto.
Señoras y señores diputados, con toda esta serie de elementos es con la que se está construyendo en clima de incertidumbre, de enrarecimiento político. El acuerdo por la democracia, la justicia y la paz que con buena fe todos los partidos, sobre todos los de la posición firmaron el pasado 27 de enero, no está siendo honrado por el partido oficial y tampoco por el gobierno. Y para muestra, me parece a mi que es suficiente el echo de que a estas alturas, a que a escasos meces de que se realicen los comicios electorales del próximo 21 de agosto, aún la ciudadanía tenga que estar viviendo, sentirse víctima de este clima de incertidumbre. Me parece, y no creo que ninguno de ustedes me pueda refutar, de que si ese acuerdo se estuviera honrando con los compromisos que se establecieron en el mismo, justamente para restaurar el clima que hagan posible que florezca la paz, la democracia y la justicia, no tendríamos por qué estar viviendo en la zozobra que hoy vivimos.
Es esta situación, escamoteando y regateando el Gobierno y el partido oficial una conducta que honra un compromiso político y legal que pueda lograr esa tranquilidad de aquí al 21 de agosto, por lo que el gobierno opta es por soluciones de parche. Y lo que yo quiero que aquí ustedes retengan es que no solamente son "soluciones y de parche", además, sino que son también anticonstitucionales.
Quiero sostener esta opinión. ¿Cuáles serían las facultades, según nos decide el decreto que se publica el 25 de los corrientes, en torno a la unidad que depende de la Presidencia de la República y que se denomina Coordinación de Seguridad Pública de la Nación?
En primer término, nos dice el decreto, enlazará las acción en la materia que determine el Ejecutivo Federal. En segundo término establecía mecanismos de coordinación con las Procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, para el adecuado y eficaz desarrollo de sus funciones. En tercer lugar propondría el establecimiento de canales de comunicación eficaces y oportuno entre la Secretaría de Gobernación, de Defensa Nacional y Marina, así como con el Departamento del Distrito Federal. Además esta Coordinación podrá celebrar convenios de coordinación con las Procuradurías de Justicia de los Estados y en términos generales su tarea consistirá en establecer mecanismos adecuados para lograr una mayor eficacia en las acciones de las dependencias relacionadas con la seguridad pública en el orden nacional, tanto en acciones preventivas como en la persecución de actos delictivos.
Esta decisión presidencial es contraria a las normas constitucionales.
Por disposición del artículo 21 de la Ley fundamental, la persecución de los delitos sólo cimbre al ministerio público y ala política judicial. La institución del ministerio público, tal como se encuentra concedida en nuestro orden jurídico, es una representación social no sujeta a más jerarquías que a la del nombramiento de sus funciones por parte del Presidente de la República o para el caso de los estados por parte de los gobernadores.
Todos ustedes estarán de acuerdo con migo, que esto es lo que dice la ley y ese señor que ahora va a coordinar todas las acciones en torno a la seguridad pública, está por encima de este precepto legal.
Además, la función estatal de seguridad pública está encomendada a los municipios de acuerdo con lo que dispone la fracción lll, párrafo primero, inciso h del artículo 115 constitucional, y a las procuradurías de los estados en lo referente a los delitos del orden común. Este artículo posibilita ciertamente la coordinación para seguridad pública pero entre municipios de un mismo estado previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, esto es al artículo 115 constitucional en el párrafo segundo de su fracción lll.
Por otra parte el recientemente reformado artículo 119 dispone en su párrafo segundo, que para la entrega sin demora de iniciados, procesados o sentenciados así como para practicar el aseguramiento y entrega de objetos del delito, podrán celebrarse convenios de colaboración entre las procuradurías locales y la General de la República, eso es posible de acuerdo a las reformas a este artículo aclarándose sin embargo que no se respeta en este decreto que en ese tipo de relaciones el Gobierno Federal actuará a través de la Procuraduría General de la República.
Estos convenios además no implican intromisión en la averiguación previa, no implican esa información y mucho menos acciones que tiendan a articular bajo un mismo mando a los cuerpos de seguridad pública local es facultad exclusiva de los estados y municipios según lo dispone el artículo 124 constitucional, que señala que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservas a los estados. Estamos frente a la presencia de un atentado contra la soberanía de los estados y de los municipios.
Dentro de las materias en las que la Constitución posibilitada una coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, no se encuentra la de la seguridad pública, así se desprende de lo dispuesto también por la fracción VI del artículo 116 constitucional, que posibilita la celebración de convenio para que los estados se hagan cargo de funciones o servicios públicos de ejecución y operación de obras a cargo de la federación; es decir, que la Federación si puede convenir en transferir funciones paro no así los estados y los municipios puesto que desaparecería su régimen interior.
¿Por qué es también anticonstitucional este decreto? El artículo 89 constitucional le otorga una facultad al Presidente de la República para que dicte o lleve a cabo dos tipos de actos de ejecución de la Ley, estos son: 1) La producción de decretos, acuerdos o resoluciones administrativas y la producción de reglamentos de las leyes emitidas por el Congreso de la Unión. Ambos actos del Ejecutivo están limitando en sus alcances o ámbitos de validez por la norma constitucional y por la Ley que se aplica o reglamenta.
En el caso concreto que nos ocupa, el decreto que crea la coordinación se fundamenta en el artículo 89 constitucional fracción l y en el 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este último artículo es el que se aplica pues, se le refiere a las coordinaciones que puede tener el Presidente de la República, pero estas unidades administrativas se inscriben en el marco de la Administración Pública Federal y no pueden contravenir la jerarquía y facultades indelegables que esta Ley establece y tampoco pueden exceder el ámbito de la jurisdicción federal.
Estamos pues y diputados de esta legislatura, frente a una franca violación de nuestra norma jurídica fundamental, es responsable de acuerdo a sus facultades, de dar una salida por los cauces de la legalidad a la crisis que el país enfrenta; es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros que esa crisis que está efectuando profundamente a un régimen obsoleto y caduco no crezca por todos los ámbitos de la Nación, que se contenga y se acote a los que corresponde, que el ajuste de cuentas internas que pudieran tener que estar haciendo los miembros del Gobierno y del partido oficial no salpique a la sociedad.
La única manera, señoras y señores diputados, es velar porque el estado de derecho en nuestro país no se violente ni mucho menos; ni mucho menos, por nuestros gobernantes por los mismos con los fundamentos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia lo siguiente:
Unico. Turne a la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara, el decreto que crea la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación con el objeto de que la comisión en cita examine el fundamento constitucional por la que está fue creada e informe a la brevedad al pleno de esta soberanía sus apreciaciones al respecto.
En espera de que este turno sea eficazmente atendido y al brevedad este pleno conozca de la opinión de la Comisión de Justicia en torno al asunto que nos ocupa, concluyo aquí mi intervención.
Muchas gracias y dejo a la Secretaría el turno en referencia.
El Presidente:
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señor Presidente.
Dentro de la lógica que siempre ha caracterizado a los discursos y a las intervenciones de la diputación un elogio del Gobierno actual. ¡Qué bueno diputada!, que tengamos un Gobierno que responda a la presión popular, imagínese usted un Gobierno que responda a la presión popular, imagínese usted un Gobierno que no esté pendiente, que no perciba qué es lo que la ciudadanía desea.
Usted sería, con toda certeza, de las primeras en encabezar las manifestaciones de protesta contra ese Gobierno. ¿Que es lo que inspira el móvil?, ¿qué es lo que inspira el móvil?, ¿que es de la decisión pública?, desde luego los reclamos de la realidad.
Y qué bueno que hace ese reconocimiento del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el conflicto de Chiapas porque desde fuego se estaba analizando el problema y se respondió en forma adecuada en donde desde luego también estaba la presencia de la opinión pública. Eso es lo que caracteriza un gobierno democrático, eso es lo que caracteriza un gobernante preocupado en relación a lo que el gobernado manifiesta.
Señala usted las contradicciones de la política económica y de que son la raíz o la causa de los problemas de Chiapas. Sobre esto podríamos discutir mucho, yo considero que las causas de las crisis de Chiapas vienen de lejos, diría yo que es el haber creído que hay soluciones fáciles al desarrollo como es por ejemplo el reparto de la tierra, y que las 4 millones, 200 mil hectáreas en Chiapas están en su bajísima productividad, es una de las razones de la miseria de Chiapas.
Pero hablando de contradicciones, yo me pongo a hacer un poco de memoria ahora que vamos a entrar a los debates, de cuál es la política de su partido en materia económica y cuáles son las contradicciones que inclusive van a emerger en el mismo proyecto de Cuauhtemoc Cárdenas; recordemos un poco los discursos de ustedes y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1989, que no se hizo la moratoria, se renegoció la deuda pública.
Ahora el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas está de acuerdo en la renegociación de la deuda pública; acordemos como protestaron ustedes y todo lo que hicieron en la nacionalización de la banca, ahora ya el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en distintas intervenciones, el ofrece que la Banca debe seguir en manos de particulares.
Esas son las contradicciones evidentísimas, la intervención de ingeniero Heberto Castillo, de la Pablo Gómez, condenando la inversión extranjera; las mismas intervenciones de usted, diputada en materia de inversión extranjera, ahora el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas habla de inversión extranjera hasta en materia de energéticos.
La reforma del Estado, como la atacaron, ahora hay que ver la declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática, como reconocer que el Estado debe ser reconsiderado, debe ser disminuido, debe ser revaluado en todas sus tareas, las políticas del proteccionismo. ¿Recientemente no acaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a hablar de la política social y del programa de Solidaridad que debe incrementarse e ir más allá para tratar de beneficiar a los sectores depauperados?
Si vemos inclusive en el Tratado de Libre Comercio, ahí están los discursos del licenciado Porfirio Muñoz Ledo en el Senado, ¿no habló de que la única posible apertura de México debe ser hacia el sur?, y ahora el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas reconoce y suscribe ese tratado, ya no habla del capítulo migratorio, está de acuerdo en que las fuentes de trabajo se generen en nuestro territorio, y ... Con mucho gusto, diputada. Señor Presidente.
El Presidente:
¿Con qué objeto, señora diputada?
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul):
Para hacer la petición, señor Presidente, de que le haga usted una moción de orden al diputado que está en uso de la palabra, en tanto no se está centrando es el tribuna. Una moción de orden, por favor, y con mucho gusto escuchamos los argumentos que él tenga en relaciona la constitucionalidad o inconstitucionalidad, como nosotros sostenemos, del decreto que aprueba la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Le recuerdo, señor presidente, que yo solicité la palabra para rectificar hechos, y si nos vamos a la versión estenografía de la diputada Garavito, habló de las contradicciones del gobierno actual que es lo que habla originado el problema. Es para hechos y estoy respondiendo a esa imputación especifica.
El Presidente:
Continúe, señor diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Muchas gracias.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul):
Señor Presidente, pregunte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
Señor diputado, ¿la acepta?
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con mucho gusto, señor Presidente.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul):
La pregunta al señor diputado Rodríguez Prats, es si considera que a vilano el marco constitucional de sus atribuciones el Presidente de la República al crear la Coordinación para la Justicia y eslabonadamente si está desplazando o no en su autoridad a los otros funcionarios que están encargados del asunto de justicia en este país.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con mucho gusto en unos momentos más abordaré el tema jurídico, estaba yo respondiendo a las imputaciones de la diputada Garavito, en relación a lo que ella analizaba del problema de Chiapas. Ella inclusive dijo que hay un ambiente de enrarecimiento, que hay un ambiente de inquietud en el país. Es cierto, pero también creo que todos debemos contribuir para que ese ambiente que está lesionando al país, que está lesionando a la ciudadanía, a su credibilidad, debemos contribuir todos los partidos, no es una tarea simple del Gobierno.
A mí me agrado mucho de la diputada Garavito que termine haciendo una mención de la vigorización del estado de derecho, porque yo ahí veo implícita una rectificación para que se dejen de tomar oficinas públicas, para que se dejen de bloquear carreteras, para que se deje de aplicar la ampliación directa y para que todo se sujeta a las acciones jurídicas y de esta manera propicien que ese ambiente de enrarecimiento disminuya. Yo eso lo suscribo totalmente.
Inclusive yo me atrevería a decir que se deseche dentro del seno de su partido, el contribuir a ese enrarecimiento político porque hay muchos que creen que en esa medida se propiciará un voto de castigo hacia la elección del 21 de agosto.
Yo creo que ustedes deben esmerarse más en buscar un voto más en pro PRD que no en cintura de mi partido o del partido que está en el poder.
Y por último, en relación a la cuestión jurídica, hay una fundamentación clara en el artículo 8o. de la Ley Orgánica para crear ese tipo de coordinaciones, pero si estuviéramos juzgando sobre la ilegalidad o legalidad del decreto correspondiente, creo que ustedes están utilizando, porque no conocen la Constitución o deberían conocer mejor a sus asesores jurídicos deberían de orientarles, porque eso porque eso debería de corresponder al Poder Judicial y no al Poder Legislativo, el Poder Judicial es el que se encarga del control de la constitucionalidad y a lo que mis compañeros abogados abundarán sobre este tema. Muchas graciosa.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado.
Para contestar alusiones personales la compañera Rosa Albina Garavito y en seguida el compañero del PRD y don Carlos.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Le había pedido al diputado cuando nos encontramos en el pasillo, que hiciera su intervención con la Constitución en la mano, no lo hozo. Estamos en espera de sus argumentos con esa norma fundamental, argumentando en base a ello.
Le podríamos agradecer al diputado Rodríguez Prats sus consejos de cómo llevar adelante la exitosa campaña que nuestro candidato presidencial está llevando adelante para contender por la presidencial está llevado adelante para contender por la presidencia de la República. Se los podríamos agradecer, pero en todo caso él podría inscribir el punto, que se podría denominar "Consejos y sugerencias a todos los partidos de cómo llevar adelante sus campañas" y ahí veremos si estamos a ese punto.
Por desgracia la intervención del diputado Rodríguez Prats es una intervención pobre y elusiva; pobre porque hace afiliaciones al menos de un punto que no está inscrito y yo no voy a caer en la provocación para en ese momento desviar la atención sobre el punto que estamos discutiendo. Por eso su intervención es pobre, y por las mismas razones exclusivas, en tanto no enfrenta, no enfrente el argumento principal.
Queremos como partido de oposición, ser responsable de cómo sacar adelante al país de esta crisis. No sentimos capaces para hacerlo, nos sentimos capaces para hacerlo por supuesto, se va a resolver además de un espíritu de concentración y de diálogo entre las fuerzas políticas, ellas mismas no acatan el marco jurídico que existe en el país.
Lo que corresponde y quiero reiterar para concluir con mi intervención, lo que corresponde a este Poder Legislativo, es hacer un pronunciamiento, es que la Comisión de Justicia presente ha este pleno una opinión fundada en las leyes, en torno a la legalidad o no del decreto que hemos estado discutiendo.
Si encontramos, de manera responsable y objetiva, por encima de intereses de partido y de intereses particulares, por encima de visiones apasionadas, que ese es un decreto ilegal, lo que tenemos que promover en todo caso, es una iniciativa en torno a una política efectiva de seguridad, no solamente pública, de seguridad nacional.
Existe en este decreto además, implícita, una confusión terrible sobre cuál es el ámbito de la seguridad pública, cuál es el ámbito de la seguridad nacional. Tendríamos que ponernos de acuerdo sobre ello, tendríamos que aprobar una política que se reflejara en un nuevo marco jurídico. Sólo de esa manera señoras y señores diputados, podemos honrar la representación popular que nos tiene sentados en estas curules. No es con discursos pobres, elusivos y ahora agrego: irresponsables, como los del diputado Rodríguez Prats, como vamos a resolver la crisis que el país está enfrentando. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el compañero diputado Guillermo Flores Velasco, del PRD, para rectificar hechos hasta por cinco minutos.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Si hay algo de positivo en este decreto, es el reconocimiento de que la seguridad nacional, la seguridad pública, anda por los suelos.
Esta legislatura ha sido una legislatura particularmente preocupada por el tema de la seguridad pública.
Debatimos en la Comisión del Distrito Federal una iniciativa de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; se dio un debate amplio que nos llevó a un conjunto de consideraciones sobre el papel de la defensa, sobre el papel que tenían las procuradurías de los estados, la secretaría de Gobernación, las autoridades, o sea, todo lo dimos en ese ambiente.
Yo estoy convencido de que la luz de todo ese debate, este decreto es totalmente anticonstitucional.
Y creo que la mejor manera de no resolver los problemas, es crear comisiones que atentan contra instituciones que están normadas, tanto por nuestro marco constitucional como por el marco de un conjunto de leyes reglamentarias de esta Constitución.
Yo me pregunto, este coordinado que va a estar entre el Presidente y un conjunto de secretarías, por ejemplo, la de Marina, la de la Defensa Nacional, ¿a quién le va a hacer caso?, ¿a quién le va a informar el secretario de la Defensa Nacional? ¿A ese coordinador o al propio Presidente? Y éste no es un fenómeno viejo, es un fenómeno que incluso se planteó como una crisis cuando Salinas creó esta figura de coordinación de Asesores de la Presidencia de la República, donde puso a José Córdoba, y que esta comisión de alguna manera diluyó las responsabilidades de los graves problemas que tenemos ahora en cuanto a seguridad nacional, y estamos repitiendo ahora ese problema porque no le correspondían ni a esa comisión ni ahora a la comisión, que preside Oñate, sino que creo que le corresponde a cada institución en el ámbito de sus competencias resolver adecuadamente.
Y el Ejecutivo además sí tiene un instrumento para normar la política general que es el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se fijan las metas que se proponen para cada una de las dependencias en programas y metas mucho muy precisas y claras, política general.
Pero cada institución tiene un papel, la defensa su papel, Gobernación su papel, las procuradurías su papel, la institución del Poder Judicial también tiene un papel.
Aquí hemos hecho reformas constitucionales y al Código Penal para con un nuevo marco combatir eficazmente el crimen organizado.
Esa comisión lo único que va a crear es confusión, es diluir las responsabilidades y no va a resolver absolutamente nada, y mediante una violación constitucional se quiere tender una cortina de humo de que se están avanzando en garantizar a la sociedad mayor seguridad pública, pero en realidad esto no lo vamos a hacer porque hay un problema de fondo, un problema político, es un problema donde está en el centro el sistema de las complicidades, el sistema de la institución de la impunidad, la institución en donde no se aplica el marco de derecho porque son principalmente los principales funcionarios los que trasgreden constantemente la ley de manera impune.
De otra manera no nos explicamos cómo directores de la policía, de aquí mismo en el Distrito Federal y en otros lugares, son los principales transgresores de la ley, y cuando caen al bote, primero la fiscalía los acusa por delitos que no son los adecuados y posteriormente con triquiñuelas judiciales sale libre. Y hay tenemos a Durazo libre hace pocos meses, cuando todo mundo sabía que deberían haberlo acusado por delitos incluso de homicidio, pero no, ahora está libre el señor.
Vemos que ahora en Guadalajara hubo responsables y están libres todos los de Pemex, el presidente municipal, el gobernador, un sistema de total impunidad.
De esta manera no se va a garantizar la seguridad si no hay justicia social, si no hay un verdadero apego a la ley y sobre todo de los funcionarios, no vamos a garantizar la ley.
Yo me sumo a la propuesta que ha hecho la señorita diputada Rosa Albina Garavito para que sea canalizado a esa Comisión y se estudie la constitucionalidad de eses decreto, porque realmente no tiene ni pies ni cabeza. Gracias.
El Presidente:
Compañero diputado González Durán, tiene la palabra para hechos hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, señor Presidente, honorable Asamblea:
El artículo 40 de la Constitución, establece la estructura de estado que se llama federalismo, que parte de la base de que las entidades que integran la República son entidades libres y soberanas en todo lo que concierne a su régimen interior.
La soberanía popular se ejerce a través de los órganos del estado, pero en la competencia de cada uno de ellos. Hay órganos federales que representan los poderes de la unión, órganos de las entidades federativas, órganos de los municipios. Cada una de estas autoridades tiene a su cuidado un territorio para la vigencia del orden jurídico.
El artículo 42 dispone la división de poderes. El artículo 115 indica que los municipios libres no pueden tener encima de ellos ninguna mediación de autoridades intermedias; efectivamente, como lo expresó la compañera Rosa Albino Garavito, la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial, y al Poder Judicial la aplicación de las penas.
Por otra parte, como lo indicó la compañera también en su argumentación, el artículo 124 de la Constitución dispone que todas aquellas facultades, no expresamente señaladas a los poderes federales, se entienden reservadas a las entidades federativas. También como viene razonado en el planteamiento que hizo la compañera diputada, el artículo 116 fracción VI de la Constitución permite que se celebren convenios entre las entidades públicas, pero para el efecto de realizar obras o de realizar servicios que requiere el desarrollo económico y social.
Quiere decir que la creación de esta Secretaría de alineamiento, se desdibuja de la estructura republicana y democrática de la Constitución, y que nuestro primordial deber de diputados es guardar y hacer guardar la Constitución, crear entidades centralizadas de represión corre el peligro de empezar a abrirle paso a la estructura totalitaria.
La estructura democrática es una estructura que se finca en el respeto de la autonomía, de la diversidad, de la peculiaridad de cada persona humana, sujeta de un conjunto de derechos, los cuales no se pueden atropellar, porque sólo y exclusivamente cuando el país tuviera una crisis de seguridad nacional se podría suspender el ejercicio de las funciones y de las garantías que las autoridades deben respetar; pero eso requeriría un acuerdo del Poder Legislativo y mediante medidas generales y mediante una restricción temporaria, no de manera indefinida crear un organismo de regimentación que tiene tintes totalitarios y que niega el respeto y el decoro que merecen los derechos de la libertad, los derechos políticos.
El verdadero asunto es, que se agita en el país la necesidad y el reclamo de elecciones libres, verdaderas, auténticas que sean transparentes y que sean correctas y regulares para que sean confiables. Entonces no es consecuente que un organismo supercentralizado, que como aquí expresaron los compañeros, deforma la estructura de la administración pública, pueda servir para que en lugar de la persecución de los delitos, se instaure un proyecto de estado policiaco de persecución política.
Por lo tanto, la preocupación del Partido de la Revolución Democrática es consecuente, correcta y la he venido a respaldar para que se turne a la Comisión de Justicia este decreto y se analice y cumplamos nuestro deber, primero y principal de todo diputado que es guardar y hacer guardar la Constitución. Es todo.
El Presidente:
A continuación vamos a darle la palabra al diputado Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el mismo tema.
El diputado Juan José Castillo Mota:
Con su permiso, señor Presidente. Hemos escuchado con gran detenimiento la intervención de nuestros compañeros diputados y la propuesta de la compañera diputada Rosa Albina Garavito. Eso nos ha obligado a estudiar el acuerdo por el que se crea la Coordinación de Seguridad Pública de la nación. Coordinación a la que tiene derecho el Ejecutivo a constituir, a crear en los términos del artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Federal, que dice a la letra: "El titular del Poder Ejecutivo Federal contará con las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación que el propio Ejecutivo determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Presidencia de la República".
Y por lo precisado en la fracción I del artículo 89 de la Constitución dice: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes :promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa, a su exacta observación".
Nosotros no podemos desvirtuar lo que se pretende con esta coordinación. En primer lugar, no se pretende sustituir las funciones que realizan la Procuraduría General de la República, las procuradurías del Distrito Federal y de las entidades federativas, ni invadir la soberanía de los estados, a pesar de que tenemos reformado el artículo 119 constitucional, pero que lo tenemos reformado solamente para hacer más fluida la entrega de los indiciados, procesados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa que lo requiera. Estas diligencias se practicarán con intervención de las respectivas procuradurías generales de justicia en los términos convenidos de colaboración que al efecto celebren las entidades federativas.
Para los mismos fines los estados y el Distrito Federal, podrán celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal, quien actuará a través de la Procuraduría General de la República.
Todo esto que hemos venido realizando de reformas a la Constitución en materia penal, de reformas penales a los códigos penal, de procedimientos penales, federal de procedimientos penales y otros más, nos ha permitido integrar un sinnúmero de elementos para poder enfrentar a la delincuencia organizada. Sin embargo vemos que los esfuerzos que hace cada entidad federativa a través de sus procuradurías o policías judiciales, no tienen esa coordinación que es fundamental para evitar que quienes cometen un crimen en Quintana Roo, lo puedan cometer también en Baja California; o quienes sean policías judiciales o agentes del ministerio público en esas entidades, causan baja y sin darse cuenta aparecen y causan alta en otra entidad federativa.
Todo esto lo único que se pretende es realizar una coordinación sin invadir las funciones de cada entidad federativa, de cada procuraduría, sin invadir las funciones de los municipios y del Distrito Federal, que de acuerdo con el 115 tienen bajo su cargo la seguridad pública. Pero hay necesidad de coordinar esos esfuerzos y lo único que se pretende es coordinar esos esfuerzos.
Para lograr mejores objetivos el pueblo mexicano está reclamando mayor seguridad. Y así como dice nuestra amiga, la diputada Rosa Albina, no es posible que permitamos secuestros en un lugar, en otro y que de repente, o asaltos en carreteras o secuestros en otras entidades y no se haga nada, o lo que hace esa entidad es tan modesto porque sus recursos son tan mínimos para poder enfrentar eso.
Bueno, pues yo estimo que la respuesta del Ejecutivo es una respuesta a un reclamo popular, y que todos nosotros estamos obligados a ver esa coordinación no como un abuso como una invasión de funciones, de soberanías de las entidades federativas o de las funciones que realizan en cada entidad federativa las procuradurías y el ministerio público, sino como una acción para coordinar ese trabajo de la mejor manera, a sabiendas de que
nosotros, como Poder Legislativo, no nos corresponde discutir sobre la constitucionalidad de un acuerdo o decreto. También debemos ser muy respetuosos, así como no nos gustará que se metan dentro de nuestra área, de nuestro ramo, tampoco el Poder Judicial querrá que invadamos su rama, su acción, su medio. Y por eso debemos de ser muy cuidadosos y no ver en esta coordinación, sino la suma de esfuerzos para combatir lo que todos queremos combatir ya, al crimen organizado.
Yo siento que es tiempo de combatir a ese crimen organizado, que en el 16 constitucional, en forma más elegante le llamamos: "Delincuencia organizada". ¿Por qué? Porque así se llama en la ONU. Pero hay que hablarle a las cosas por su nombre, y ya es tiempo de ponerle un hasta aquí a eso, y que no nos enfrasquemos con el temor de que se pueda invadir la soberanía ni de los estados ni de las procuradurías, ni de las secretarías de estado, que les estemos restando a ellas sus atribuciones. ¡No! lo único que queremos es que todos, toda esa suma de esfuerzos, se canalicen y se multipliquen sumándose.
Tampoco queremos crear un régimen represor, no nos podemos ir con facilidad diciendo: "Como estamos a tantos meses de la elección, lo que estamos pretendiendo es preparar el camino para reprimir".
¡No! en eso hemos sido muy cuidadosos y no lo hemos permitido y lo hemos combatido aquí, todos. Y no nos hemos medido en la denuncia de quienes han violado la ley, porque no aceptamos violaciones a la ley. Y cuando consideramos que un funcionario no cumple o no atiende los reclamos del Poder Legislativo, también lo exigimos con mucha claridad. Pero en ese caso creo que la coordinación es una coordinación y para eso está facultado el Presidente en el 8o. de la Ley General de Administración y en el 89, fracción I, de la Constitución.
Estimo y creo que todos tenemos el deseo de que las cosas se hagan bien, que todos tenemos no solamente el deseo sino la obligación de que este México camine mejor, de que este México vaya hacia mejores objetivos, mejores destinos.
Y con esta Coordinación no se pretende combatir lo que todos deseamos: encontrar la forma de satisfacer la forma de satisfacer un reclamo popular para combatir al crimen organizado. Muchas gracias.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez (desde su curul):
Señor Presidente; para hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, compañero diputado, por cinco minutos.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En relación a la coordinación que representa el licenciado Arsenio Farell Cubillas, quien en su primera declaración como titular de esa coordinación, el ex Secretario del Trabajo y Previsión Social reiteró que ... Estoy transcribiendo o leyendo, mejor dicho, una noticia del periódico. Dice: "Reiteró que ante las actuales circunstancias del país se hace patente la necesidad de que los cuerpos de seguridad pública nacionales estén debidamente relacionados, a efecto de lograr mayor eficacia en sus acciones tanto en materia preventiva como en la persecución de los delitos". Yo quiero llegar únicamente al aspecto de la materia preventiva.
La Comisión de Población y Desarrollo, comisión a la que me honro en pertenecer también, hace un tiempo propuso a ustedes la creación de la credencial de identidad nacional, que estaría funcionando en la Secretaría de Gobernación.
Nosotros la propusimos con mucho entusiasmo porque esto sería una gran coadyuvante para la persecución de los delitos, pues imagínense ustedes si un delincuente delinque en un estado, cualquiera que sea, y viene al Distrito Federal, toman sus huellas y las transmiten al Centro de Identidad Nacional, que debe haber o va a haber en Gobernación, rápidamente estaría en posibilidades la justicia de enfrentar al delito, que es de lo que se trata.
Así que yo, como representante popular y como ciudadano apoyo esta creación de esta Coordinación, en el ámbito que se refiere a la cuestión de la prevención.
Es muy difícil, es un arte, el trabajo policiaco. Si algún día en México logramos combatir el delito de una manera científica, sin el empirismo con que lo hacemos, lograremos realmente una mejor sociedad.
Yo más bien pienso, que nosotros deberíamos ver la forma de que la Comisión de Justicia se abocara a la cuestión de pedir a Gobernación qué se ha hecho respecto de esta buena intención, que no se ha logrado nada.
Ojalá que este centro de identidad nacional, que como lo dijimos en aquélla ocasión, pueda servir para muchas cosas. Para controlar a todo el sujeto desde su nacimiento; se evitarían pues los robos de infante, a la recuperación, el juez tendría la facilidad de entregar al niño a su verdadera autora o madre, y tendríamos muchas ventajas hasta para un choque, una persona que chocara al llegar antes a la Cruz Roja ya tendrían ahí pues el tipo de sangre y se salvarían vidas.
Entonces no hay que ver las cosas con cierto negativismo, hay que buscarle a esta nueva institución el lado bueno. Claro, para eso estamos los representantes populares, para ver que no se conculquen los derechos ni las garantías individuales.
Por eso, esa es mi insistencia, que este organismo de Gobernación funcione lo más pronto posible.
He insistido mucho ante ustedes que para la persecución del delito, como actualmente está, con el incremento que ha tomado el secuestro, el robo y asalto a las casas - habitación y todos estos delitos que antes no se veían, para combatirlos es necesario tener, no como algunos señores han afirmado, inclusive señores diputados, que todo lo que se les ocurre, perdonen, es decir, ¡no, pues mayor capacitación y mayor capacitación!; con esto que dicen: mayor capacitación, revelan la falta de conocimiento de este asunto, de esta materia, por una razón, porque si ellos se dan cuenta que no existe capacitación para patriotismo, no existe capacitación para honradez, no existe educación para la lealtad; ya los buenos policías vienen desde abajo.
Lo que hay que buscar es que no lleguen a la dirección de estos cuerpos de seguridad los amigos de los influyentes otra vez, porque son los que echan a perder el trabajo de los verdaderos policías; que a los policías honrados, a los capaces, se les vaya dando el lugar que les corresponde para que vayan dirigiendo estas instituciones y un mejor sueldo, para que no tengan que morder o robar.
También les pido, ya voy a terminar señor Presidente, que se les de la seguridad social del ISSSTE a los ascendientes cuando fallezcan los policías, porque resulta que cuando muere un policía el padre o la madre pierde la seguridad social y esto es una injusticia social. Muchas gracias, compañeros.
El diputado Odilón Cantú Domínguez (desde su curul):
Señor Presidente pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Odilón Cantú, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Odilón Cantú Domínguez:
Con su anuencia, señor Presidente: Compañeros diputados:
El día lunes fue creada la llamada Comisión de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo central la coordinación de todas las policías de México, para otorgar seguridad a los ciudadanos mexicanos en su patrimonio y en sus vidas.
La idea, desde luego, para la fracción del Partido del Frente Cardenista, la saludamos como una idea correcta, aun cuando el problema de la delincuencia en México no es un problema de coordinación de policías. El problema de inseguridad pública está estrechamente ligada con la situación socioeconómica del país y por los sistemas de corrupción que envuelven a todas las policías, sin excepción alguna y a muchos niveles.
La creación de este nuevo órgano, en ningún momento va a impedir que se sigan dando los fenómenos de corrupción que son muy propios en gran cantidad de cuerpos policiacos. Hay una delincuencia en el país y en las grandes ciudades, debidamente institucionalizada, multifacética, que lo mismo efectúa acciones delictivas que entra en convenios o en acuerdos con altas autoridades, altos dirigentes o directivos de policías.
Si bien es cierto que no es raro que las bandas de asaltantes y secuestradores estén comandados por policías en retiro o en activo, no es extraño que cuando se ha capturado a famosos narcotraficantes o delincuentes, detrás de ellos estén muchos jefes policiacos.
El problema no precisamente parte de policías y judiciales como individuos, sino que inicia su cadena desde muy altos mandos , ¿cuántos mandos se encuentran actuando impunemente?
Consideramos que se tienen que realizar acciones mucho muy concretas para impedir la corrupción en el seno de los cuerpos policiacos. La solución, y se ha planteado aquí, radica en una limpia de estos órganos de seguridad, el hacerlos profesionales, en otorgarles el salario suficiente a los elementos activos, sin poner en duda la honorabilidad y la honestidad del licenciado Farell Cubillas, creemos que la tarea que se le ha encomendado es una tarea ardua en la que tendrá que echar mano de la voluntad de muchos expertos en la materia.
No apenas hoy por la mañana fuimos testigos a las 0.45 horas, de la eficiencia de cómo se mueve el policía en le D. F.; a las 0.45 horas un grupo de policías, de seis patrullas encabezadas por el primer oficial, Vicente Córdova Sánchez, tripulando la patrulla 05 - 113, quisieron catear el auto que el suscrito llevaba conduciendo por la avenida Revolución. Saludo la disposición policiaca y la acción policiaca lo que me pareció muy correcto es que el señor aún cuando uno se identifica como diputado federal, no quiso dejarnos libres hasta después de 20 minutos aclarando nuestra personalidad de funcionarios.
Sería interesante para esta legislatura que el recién nombrado coordinador acudiera ante comisiones de esta Cámara para explicar sus planes, sus programas que pretende instrumentar para lograr coordinar los diferentes cuerpos policiacos y con ello reducir la delincuencia, cuáles serán las facultades que se le ha encomendado. Por lo tanto y para culminar, nuestra fracción parlamentaria solicita a esta Presidencia ponga a consideración del pleno la comparecencia del licenciado Arsenio Farell Cubillas ante las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Justicia para que informe con detalle cuáles son sus funciones y sus facultades que le a conferido el Ejecutivo Federal. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, tiene la palabra el diputado Juan Jacinto Cárdenas García del Partido Popular Socialista, para hablar sobre el tema.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Es evidente que estamos debatiendo sobre un hecho de enorme trascendencia para la vida democrática del país.
Este órgano, esta institución que se crea, la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, no tiene límites estrechos, es enorme el alcance de esta Coordinación. Por eso, no puede ser materia de un simple acuerdo del Presidente de la República, no se trata de lo que el espíritu de la Constitución consagra en el artículo 89 dentro de las facultades del Presidente de la República, de proveer en la esfera administrativa, la ejecución de las leyes.
No, este nuevo órgano, la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación tiene enormes alcances que han tratado los diputados del Partido Revolucionario Institucional que ya han hablado, de envolver, de disminuir o de ocultar su verdadero alcance.
Es una unidad dependiente de la presidencia de la República, encargada de definir los lineamientos y acciones que deben seguir las dependencias que tengan a su cargo, directa o indirectamente, asuntos relacionados con la seguridad pública como son las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, así como las procuradurías de justicia de los estados mediante los mecanismos y acuerdos de coordinación a que se refieren las leyes.
No es para coordinar acciones pequeñas, es un órgano que se crea para dirigir a todas estas instituciones, instituciones creadas por nuestras leyes, que pasaron por el tamiz del Congreso de la Unión para su vigencia; han sido instituciones aprobadas por las anteriores legislaturas del Congreso de la Unión.
Sin embargo, por un simple decreto del Presidente de la República, se supedita a todas estas instituciones legales por lo tanto, a juicio del Partido Popular Socialista, se transgrede
nuestras normas sobre todo la Constitución. Es una extralimitación en el ejercicio de las facultades del Presidente de la República, es ignorar o seguir dejando en un segundo plano la acción del Congreso de la Unión para problemas que son fundamentales.
Es cierto, es un reclamo de todo el pueblo el restablecer un clima de seguridad, a la persona y al patrimonio; eso es cierto, y el Gobierno de la República debe asumir la responsabilidad de responder a estos reclamos, pero lo señalamos categóricamente, no se puede responder a los reclamos populares atropellando las normas que nos rigen en todos los aspectos de la vida nacional, y menos la Constitución.
No se puede aceptar la argumentación de que esta disposición se apoya en la norma constitucional, esto es continuo con una política de hechos que ha caracterizado a este Gobierno, la de torcer la interpretación de las normas para crear instituciones de hecho que transgreden nuestros ordenamientos jurídicos y este es el caso, señoras y señores diputados.
Se supedita al ejército, se tiene a su encargo, la seguridad de la Nación, se supedita a la marina, en fin, instituciones creadas por nuestras leyes, se supeditan a una coordinación creada por un decreto, un acuerdo del Presidente de la República.
Si, como aquí se ha recordado, para la materia de la seguridad pública en el Distrito Federal, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, discutió largamente una nueva Ley de seguridad para el Distrito Federal. Si en el ámbito de una entidad se discute esta cuestión, ¿por qué siendo la materia de la seguridad pública nacional de mayor dimensión de manera lógica, no interviene la Cámara de Diputados para crear una institución?
Nosotros estamos de acuerdo en que para resolver problemas haya que crear instituciones; en lo que no podemos estar de acuerdo, por eso rechazamos esta manera de haber creado la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, es que se haga atropellando las normas.
¿Qué significa la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación? ¿Volver al pasado? ¿A esa tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, que todos sabemos su nefasta acción? ¿Volver más allá en el pasado a actos de autoritarismo? ¿Centralizar, como aquí se ha dicho, a seis meses del término de un sexenio, enormes poderes para gobernar por decreto? ¿Se ha pasado ya a esa frase en que la Constitución deja de estar vigente en los hechos para dar paso a acciones de esta naturaleza? ¿De qué se trata?
Ahora bien, se viene a decir que no hay ningún indicio de que se está creando un órgano represor. Yo nada más diría: quién es el titular que se ha nombrado, en qué se ha caracterizado Arsenio Farell al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, un individuo represor de los derechos de la clase trabajadora, para eso lo han mantenido, ahora se le trae para dirigir esta Coordinación.
¿Habrá cambiado su mentalidad represora? ¿La mentalidad de atropellar las normas que rigen las relaciones laborales para favorecer a la iniciativa privada? ¿Ha cambiado este señor de conducta? ¿Puede garantizar realmente un trabajo que devuelva a la nación su seguridad? ¿Que le garantice su patrimonio y su persona? Eso es lo preocupante, señoras y señores diputados.
En los argumentos que se han venido a dar aquí para sostener, según se dice, de que esta Coordinación está perfectamente vinculada a las facultades constitucionales de la República, se han dicho muchas cosas falsas, con el simple deseo de tratar de sacar adelante y de evitar que la Cámara de Diputados discuta un órgano de esta naturaleza.
A todas luces, señoras y señores diputados, se convierte de hecho en una supersecretaría que va a tener la facultad, según el artículo 3o., de pedir que todas las demás instituciones, la Procuraduría General de la República y las demás instituciones, a que le proporcionen oportunamente la información y apoyo que ésta les requiere.
Aquí está, por eso sostenemos que todas las demás instituciones quedan supeditadas a esta Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, y eso es lo que no podemos aceptar, en que se cree realmente una supersecretaría, y esto, por la trascendencia de su materia, necesariamente tiene que ser una cuestión que se debía haber discutido el Congreso de la Unión, eso es lo correcto, pero así lo mandaron una iniciativa de ley para crearla, y así aquí tendríamos que analizar cuidadosamente sus alcances, delimitar sus funciones, pero señoras y señores diputados, el que va a coordinar de acuerdo con los considerandos y los
propios articulados, insisto, es un individuo con toda una estructura administrativa que va a dirigir, va a dirigir a todas las demás dependencias, va a señalar los lineamientos en materia de seguridad pública de la nación, por lo tanto se lesionan las funciones de todas las instituciones, desde el Ejército hasta las procuradurías de los estados.
¿Y dónde quedó, señoras y señores diputados, la soberanía de los estados? Se argumenta que los reglamentos crean la posibilidad de convenio entre instituciones federales y locales, etcétera. Tienen sus ámbitos muy limitados.
No se trata en este caso de ello. Es una transgresión cuando empiece a operar y haya un problema local, una transgresión a la soberanía de los estados, por eso no es posible admitir este tipo de acciones del Ejecutivo.
Y aquí aprovecho para insistir en la enorme contradicción en que cae sistemáticamente el Gobierno de la República desde hace 12 años, pero acentuado en este sexenio, el de esgrimir los reclamos populares para atentar contra la nación, contra los intereses del propio pueblo, los intereses de la nación. Así ha sido y esto se inscribe en esta política, en virtud según se dice de reclamos populares, se contrarreforma al artículo 27, el artículo 130, el artículo 3o. etcétera, y eso crea un ambiente de inconformidad que deriva en inseguridad pública.
La política de concertación con el derecho, ha sido otra de las bases para que crezca la inseguridad pública en la nación. En fin, esta política de en nombre de la Constitución transgredir a la propia Constitución, no es aceptable por el Partido Popular Socialista, por eso rechazamos de manera categórica, de manera enfática la creación de esta Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, porque indudablemente se inscribe en orden del autoritarismo y en orden con todos los indicios que hemos dado, de constituirse en un órgano represor en función del marco electoral que está próximo. Muchas Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, la diputada Luz María Lucero González, por cinco minutos.
La diputada Luz María Lucero González:
Con su venia, señor Presidente:
¿Por qué van a decir que hasta ahorita quiero hablar?; no es precisamente que hasta ahorita, sino que no me habían dado oportunidad. Han estado tan largos los discursos que he querido escucharlos a todos y ponerles mucha atención, y decirles que yo sí estoy de acuerdo con la coordinación que se formó, que manda el Ejecutivo, porque están acusando al señor Farell Cubillas de haber hecho una mala labor en la Secretaría de Trabajo.
De donde yo vengo hay mucho autoritarismo, creo que aveces no es por culpa de los que manden, de los que organizan, sino que de los que están bajo el mando no del que mande, porque la policía corrupta no creo que se haga en las filas del orden constitucional, sino que es en el seno del hogar donde vienen ya mal educados, donde no se les impartió una educación en donde se les enseñaran a vigilar el orden, a donde se les enseñara a impartir justicia, a donde van nada más porque tienen necesidad de trabajar.
Lo que deberían nada más hoy tomar muy en cuenta que se debe de educar a la policía para que ésta preste buen servicio y no estar echando siempre la culpa a los que están arriba.
Yo creo que los trabajadores a veces dependemos mucho de nuestras propias acciones; la corrupción será en todas partes, en los altos y bajos niveles. Y yo creo que la coordinación que hoy se va a tomar en cuenta sí es un plan muy rápido, que no se nos tomó en cuenta a tiempo, pero yo creo que todavía si la aprobamos, deberíamos de exigir, no pedir, que se formen mejores elementos; que lo corrupto se elimine para que así tengamos una policía limpia y de la cual nos sintamos orgullosos. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañera diputada.
Tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el tema.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
El decreto que crea la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, presenta en este momento que vivimos una preocupación en dos sentidos, uno que podríamos caracterizar como jurídico y otro como político. Y por supuesto como muchos de estos temas, ambos, están imbricados, tienen conexión y se relacionan.
La creación de esta coordinación desde una perspectiva política a la que alude por cierto el propio decreto de creación en las circunstancias difíciles de inseguridad, de incredulidad, de desconfianza, en estos días aciagos tras muertes y secuestros, a lo que alude el propio decreto, insisto, tiene un sentido que ya se ha planteado en esta tribuna y en el que no insistiré demasiado, pero es el de señalar que las cosas no se estaban haciendo bien o no estaban funcionando adecuadamente.
Se trata en realidad, y habría que reconocerlo, de una autocrítica por connotación, porque cuando se dice que las circunstancias por las que atraviesa nuestro país hacen patente la necesidad de que los cuerpos de seguridad pública en el orden nacional se encuentran debidamente coordinados, lo que se dice a contrario censo es que no estaban debidamente coordinados.
Y también cuando se dice a efecto de lograr una mayor eficacia en sus acciones, tanto en materia preventiva como en materia de persecución de delitos, quiere decir que no tenían eficacia.
Pero hay otro factor dentro de este contexto político que caracteriza el decreto y su significación en este ámbito, y es la idea de que se trata de algo improvisado, de que se trata de una respuesta que no está teniendo un referente general, orgánico, un plan al que responda , un conjunto de políticas articuladas, sino que está siendo una respuesta inmediata y hecha un tanto al vapor.
Coincidimos, y ésta es la posición del grupo parlamentario de Acción Nacional, con una idea expresada precisamente por el Presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Fernando Gómez Mont, en el sentido de que se requeriría algo orgánico, de que se requeriría un sistema nacional de seguridad, que se estableciera de acuerdo con las prioridades de la planeación nacional, tal y como lo prescribe la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y no el nombramiento burocrático de una nueva persona o de una nueva unidad.
Es preocupante que ante actos de inseguridad, a los que no se sabe como responder, se dé una salida burocrática y se haga un nombramiento; esto es la inercia improductiva de la burocratización no la función de la responsabilidad a fondo para crear un sistema de seguridad nacional, sistema que requeriría la modificación de la Constitución y desde luego de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esto desde la perspectiva política.
No ayuda a crear más confianza, a fortalecer la fe en las instituciones, sino que viene a ser un golpe de mano más al vapor, con el cual se quiere responder a esta intratable, a esta escapadiza realidad política que crea inseguridad en el país.
El decreto, desde el punto de vista jurídico, está lleno de inconsistencias y contradicciones. En primer lugar, se establece en los considerandos, no en las atribuciones, pero sí en los considerandos, que son muy importantes, porque precisan el alcance que tienen las disposiciones, que esta entidad será encargada de definir lineamientos, dice "lineamientos y acciones que deben seguir las dependencias". Es un mandato imperativo, es una norma.
¿Cuál es la naturaleza de un lineamiento? Por cierto, no es la primera vez que nos interrogamos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sobre esta cuestión, porque los lineamientos han sido introducidos en la Ley General de Educación, si ustedes lo recuerdan, como una actitud que tienen las autoridades administrativas. Aquí entraría una duda: ¿la naturaleza de estos lineamientos es la misma que la de los reglamentos?, ¿materialmente leyes, pero formalmente facultades del Ejecutivo Federal?
Si esto fuera así y los lineamientos fueran una suerte de reglamento, entonces estaríamos en presencia de una inconsistencia. La fracción I del artículo 89 constitucional otorga la facultad reglamentaria al Presidente de la República y ésta es una facultad intransferible, no puede ser delegada, no puede ser entregada. Es el Presidente, el titular del Ejecutivo, el único que puede proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la Ley, según reza esta fracción constitucional; por tanto, si se le transfiere a una nueva entidad, se está delegando algo que es indelegable.
En segundo lugar, quisiera señalar que al crearse esta Coordinación no se le ubica
adecuadamente, se fundamenta en el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero este artículo se refiere a instancias de apoyo y asesoría, a coordinaciones que tienen esa función de información y de apoyo menor y ésta es una entidad que no se crea como una comisión intersecretarial, porque ésas están previstas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y porque además existiría la contradicción de que ya hay un Gabinete de Seguridad Nacional, el cual está mencionado en el propio decreto. Si el Gabinete de Seguridad Nacional ya existe, entonces ¿qué va a hacer esta Coordinación ? uno u otro son inútiles.
Y además se le plantea al coordinador como una especie de secretario técnico del Gabinete; para eso, no hacía falta un decreto. Pero hay elementos muy graves de inconsistencia jurídica en este decreto, porque no es sólo la medida política la que está tomada al vapor, es la construcción jurídica la que está hecha sin consistencia, la que está hecha con improvisación.
Cómo se puede dar a esta coordinación, que no es una comisión, está nombrada en el artículo primero, que dice: "Se crea la Coordinación de Seguridad Pública". No dice, se crea una Comisión Intersecretarial. Pero se crea una coordinación que por el contexto del conjunto de los artículos, de los pocos artículos de este decreto, se puede ver como una entidad supraordenada a un conjunto de otras dependencias de la administración pública federal. Supraordenada a la Secretaría de Gobernación, a las procuradurías General de la República y del Distrito Federal, a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina, que expresamente se menciona en el decreto.
Porque todas ellas tienen la obligación, según el artículo tercero del decreto, todas estas dependencias de la administración pública centralizada y las entidades de la administración pública descentralizada, según el artículo tercero de este decreto, deberán proporcionar, lo leeré textualmente: "Las dependencias y entidades de la administración pública federal, proporcionarán oportunamente, no dice, podrán proporcionar, no dice, les podrá solicitar, dice, proporcionarán. Se usa el verbo en términos imperativos, se marca una norma que no puede dejarse de cumplir, a la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación información y apoyo que ésta les requiera para el cumplimiento de sus funciones".
Información y apoyo, y no dice: podrán darle, dice: le proporcionarán. Hay otras inconsistencias. El artículo segundo le da la facultad a esta coordinación, su fracción II, para establecer los mecanismos de coordinación, no ya para proponer como en otro artículo, sino para establecer, y establecer es un acto de autoridad, y en este caso es un acto también materialmente normativo, porque establece mecanismos, no establece solamente una coordinación entre las procuradurías de la República y del Distrito Federal.
Y también la convierte en juez, porque dice: "...para el desarrollo adecuado de sus funciones". Tiene que valorar en el establecimiento de estos mecanismos, que ellos sean capaces de conducir al adecuado cumplimiento de las funciones de la Procuraduría, que tiene facultades exclusivas. Vivimos en un régimen de facultades exclusivas y es la Procuraduría la única que tiene la acción penal. Es la que detenta el monopolio de la acción penal. No le pueden decir cómo realiza adecuadamente sus funciones a través de mecanismos que establece otra entidad que queda en este esquema, supraordenada.
Pero por si no fuera suficiente, la fracción III del artículo 2o., dice que esta Coordinación de Seguridad Pública no sólo podrá proponer medidas conducentes, lo cual podría ser aceptable, sino dice: "...y celebrar convenios de coordinación". ¿Quién puede celebrar un convenio?, sólo el que tiene capacidad jurídica para hacerlo. ¿Dónde está la capacidad jurídica de una entidad como esta coordinación?, en ningún lado en nuestro régimen jurídico. No está establecida esta capacidad.
Por tanto, si lo que se quería hacer era una superorganización del aparato estatal mexicano, que va a subordinar a las dependencias ya establecidas por la propia Constitución y cuyas facultades se desarrollan y se desglosan en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en otras disposiciones, habría que haber introducido, como se hizo en el caso de los derechos humanos, su constitucionalización o por lo menos habría que haber establecido una seria reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Pero este conjunto de inconsistencias en lo jurídico hacen que el Ejecutivo delegue una facultad reglamentaria, lo cual no puede hacer. Está impedido de hacer, porque en el régimen de facultades expresas, las autoridades sólo
pueden hacer aquello que como se dice claramente, está expresamente facultado. Por tanto, aquel que tiene estas facultades para establecer procedimientos y mecanismos, lineamientos, normas, para exigir información y apoyo a otras dependencias, las subordina; subordina a estas otras dependencias y entidades.
Es pues infortunada, desaseada, esta presentación de un decreto que por un lado acepta virtualmente que se ha manejado mal; que se ha manejado inadecuadamente la seguridad nacional y que las entidades expresamente facultadas para hacerlo, no lo han hecho en forma eficaz y es jurídicamente improcedente.
Esta es la posición del grupo parlamentario de Acción Nacional, en relación con el decreto que crea la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado.
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui, hasta por cinco minutos, en términos del 102.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
No podemos dejar pasar sin crítica, sin un breve examen, por lo menos, el decreto que hoy estamos comentando, porque indudablemente que este decreto atropella tanto el orden jurídico nacional sustentado en la Carta Magna, atropella, eso sí, la seguridad del pueblo de México, y ¿por qué no decirlo?, atropella también la lógica más elemental.
En primer lugar es incorrecto que algunos compañeros diputados pongan en duda la facultad de la Cámara y del Congreso de la Unión, para criticar los actos de la administración pública federal. Precisamente, si alguna importancia tiene el Poder Legislativo aquí y en todas partes, es su facultad de ser vigilante de la administración pública; porque se ha dicho que nosotros no tenemos por qué calificar, si este decreto responde a los lineamientos constitucionales o no, porque ésa es facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No estamos dictando una sentencia, no nos estamos constituyendo en un tribunal constitucional; pero los representantes de la nación tenemos el derecho de juzgar si un decreto del Presidente de la República responde a los mandatos de la Carta Magna o no.
En primer lugar quien lea con cierto cuidado el decreto, encontrará que viola las normas más elementales de la lógica formal. Tiene en casi todos los artículos tautologías.
¿Qué es la Coordinación de la Seguridad Pública? ¿Cuáles son las funciones de la Coordinación de Seguridad Pública?
"Coordinar en los términos del presente decreto los acuerdos..." etcétera. "Establecer los mecanismos de coordinación"... etcétera. "Proponer las medidas conducentes y celebrar convenios de coordinación...".
Yo entiendo, compañeros diputados, que la Presidencia de la República tiene personas lúcidas, conocedoras, de la lógica elemental y del español. ¿Para qué?, ¿con qué objetivo se funda esta coordinación?
Respuesta: para coordinar.
Esa no es ninguna definición correcta, compañeros diputados. ¿Esta coordinación va a tener autoridad?, sí o no, sobre el Ministerio Público Federal, sobre los ministerios públicos de los estados, sobre el Ministerio Público del Distrito Federal. Pero si lo dice en los considerandos: "Encargada de definir los lineamientos y acciones que deben seguir las dependencias que tengan a su cargo, directa o indirectamente, asuntos relacionados con la seguridad pública".
Va a definir nada menos que los lineamientos. Va a decir, va a decirle a las procuradurías qué funciones deben desempeñar en tales y cuales casos concretos y en general para salvaguardar la seguridad pública, cuál debe ser la política de las diversas dependencias encargadas de perseguir los delitos.
Entonces esta coordinación es una autoridad que va a estar por encima del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías tanto del Distrito Federal como de las entidades federativas.
Finalmente, compañeros diputados, existen disposiciones constitucionales perfectamente claras, que tienen la responsabilidad de salvaguardar el orden jurídico de la nación. El
artículo 21 y el artículo 102 de la Constitución, vistos, eso sí de manera coordinada, establecen los lineamientos y las facultades de las autoridades encargadas de perseguir los delitos.
El artículo 21 establece los principios generales, los lineamientos generales: a cargo de quien está la persecución de los delitos. Y el artículo 102 concretamente se refiere al Ministerio Público Federal. Y naturalmente a las constituciones de los estados, se refiere a los ministerios públicos de las entidades federativas.
Si el Ejecutivo de la Unión quería crear un organismo que en efecto coordinara todas esas autoridades, hubiera sido necesario proponer una reforma o constitucional o una reforma a la Ley de Administración Pública o a ambos ordenamientos.
Pero no, como se ha dicho aquí, por hacer las cosas de prisa, por dar la imagen de que el Gobierno tiene una gran preocupación por la seguridad interna del país, se creó, así, "al vapor", una autoridad, sin bases en el orden jurídico constitucional.
Señores diputados, tenemos el derecho de hacer las críticas a la administración pública, a las medidas erróneas que se toman, a los atropellos a la Carta Magna de la nación y a los atropellos a la más elemental conciencia del pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el compañero diputado Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el tema.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
He seguido todas las intervenciones que ha motivado el acuerdo, acuerdo, no decreto, por el que se crea la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación.
Ya mi compañero diputado, Castillo Mota, se refirió ampliamente a la fundamentación constitucional de dicho acuerdo. Ya señaló que se fundamenta en la fracción I del 89 de nuestra Constitución.
Por lo tanto es un acuerdo administrativo y también se fundamenta en el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece claramente la facultad del Presidente de la República, el Ejecutivo, para crear diversas dependencias de asesoría, de apoyo y coordinación.
Voy a dar lectura al artículo 8o., porque veo que algún compañero legislador, que me merece respeto, tiene duda.
Dice el artículo.: "El titular del Poder Ejecutivo Federal contará con las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación que el propio Ejecutivo determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Presidencia de la República".
El diputado Francisco José Paoli Bolio (desde su curul):
Señor Presidente, ¿quisiera ser tan gentil de preguntar al orador si acepta una interpelación?
El Presidente:
¿Acepta una interpelación, señor diputado?
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con mucho gusto.
El diputado Francisco José Paoli Bolio (desde su curul):
Muchas gracias.
¿Quisiera, señor diputado don Cuauhtémoc López Sánchez, decirme la diferencia entre dependencias y unidades?
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Realmente no tiene caso establecer una diferencia, vamos a volver a ver el artículo, para
que ve usted que se maneja en forma indistinta. Son unidades de apoyo aun de coordinación o de asesoría. En el caso la Ley habla de unidades de apoyo, asesoría o coordinación.
El diputado Francisco José Paoli Bolio (desde su curul):
Quisiera repetir la pregunta al señor orador, si me permite otra pregunta.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con mucho gusto, señor diputado Paoli.
El diputado Francisco José Paoli Bolio (desde su curul):
Quisiera aclararle esto con este mismo respeto con el que usted se conduce, porque esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal habla expresamente de dependencias de la administración centralizada. Como usted sabrá la administración pública federal se divide en dos grandes capítulos: la centralizada y la desentralizada. Las dependencias solamente se refieren en la parte centralizada.
El artículo 8o. dice: "Unidades", no dependencias, y yo le hacía la pregunta, porque usted en su alocución dijo: "Para crear dependencias con fundamentos en el artículo 8", puede usted ver su versión estenográfica. Entonces, sí hay una diferencia entre unidades y dependencias, no es un cambio ocioso.
Aprovecho la ocasión también para señalarle que hubo una confusión de mi parte y en efecto, se trataba de un acuerdo y no de un decreto. Pero materialmente se trata del establecimiento de un acto normativo fundamentado en la fracción LXXXIX del artículo 1o. No sé si quisiera usted comentar estos puntos.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con mucho gusto, diputado Paoli.
En primer lugar, efectivamente, la Ley Orgánica de la Administración Pública habla de organismos, dependencias y el artículo 8o., al que yo me referí, habla de unidades. Entonces, para el caso yo no creo que tenga trascendencia en cuanto al tema que estamos tocando.
Por lo que se refiere a la cuestión que usted apunta, yo diría que hay una gran diferencia entre acuerdo y decreto. Los acuerdos administrativos, si mal no recuerdo, son instrumentos jurídicos que regulan las relaciones internas del Poder Ejecutivo, que establecen diversos mecanismos de coordinación, de relación, de subordinación inclusive en algunos casos, y no tienen un efecto hacia afuera de la administración. Por eso estamos hablando... no se usa la palabra subordinación en todo el decreto, diputado.
Entonces, creo que es importante considerar eso. El decreto, por medio de un decreto se promulga una ley, un reglamento etcétera. Mediante un acuerdo se establecen lineamientos que regulan el orden interno de la propia administración pública, y ésa es una diferencia muy importante. Pero continuemos, si me lo permiten.
También se manifestó en esta tribuna que se solicita se turne a la Comisión de Justicia este asunto, para que ésta emita una especie de dictamen, una opinión, declarando la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acuerdo. Lamentablemente, diputada Garavito, no tenemos facultades para calificar la constitucionalidad de actos o de leyes.
Por otra parte, se ha señalado que violenta la soberanía de los estados, de los municipios etcétera. Yo insisto que si revisamos detenidamente y estando de acuerdo en parte que algunas de las expresiones que contiene el área considerativa del acuerdo son ambiguas, no lo son los cuatro artículos que contiene el propio acuerdo.
En el primero, ya se señala, se crea la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, cuyo titular será designado por el Presidente de la República. Creo que ahí no hay ninguna duda.
Segundo. La Coordinación, y es la coordinación, no es un organismo como alguien habló, no es una dependencia como ya me rectificó el diputado Paoli, es una Coordinación de
Seguridad Pública de la Nación, que tendrá las siguientes funciones: coordinar, establecer mecanismos de coordinación, proponer las medidas y celebrar convenios de coordinación con las procuradurías de los estados.
Ya tenemos en el texto constitucional en las reformas al 119 un antecedente de esto para celebración de convenios entre procuradurías, y lo apuntó el diputado Castillo Mota, proponer y establecer canales de comunicación con diversas dependencias de la propia administración pública federal, llámese Departamento del D. F.:, Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional y la Marina; no se está rebasando el ámbito, del que es titular es el propio Presidente de la República, él es el titular del Poder Ejecutivo y por lo tanto les puede imponer diversas obligaciones a los funcionarios que de él dependen, como es el de proporcionar información que le sea solicitada.
Las demás fracciones, la V; coordinar y llevar el seguimiento de los acuerdos que se tomen y a las demás que les encomiende expresamente el titular del Ejecutivo y la del artículo 3o., que habla de la obligación de informar, ¿a quiénes? A las propias dependencias que se mencionan con anterioridad; es decir, yo reitero, este acuerdo no está creando ninguna autoridad sobre las dependencias del Ejecutivo encargadas de la procuración de justicia, está creando una instancia de coordinación, una unidad de coordinación en los términos del artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública, no es el caso del 21 de la Ley Orgánica. Es muy clara la fundamentación en el 8o. y con el primer supuesto que manejó la diputada Rosa Albina Garavito contemplada en la fracción I del 89.
Entonces estamos frente a un acuerdo administrativo, un acuerdo que no constituye la creación de una autoridad, no violenta la soberanía de los estados ni menos la autonomía municipal. Es un órgano de coordinación hacia el interior propio del Ejecutivo.
Creo que por lo tanto y por las razones expuestas por algunos de los compañeros diputados que me precedieron, no cabe el cuestionamiento de inconstitucionalidad que se ha venido manejando; es un acto, repito, plenamente fundado en derecho y sobre todo no olvidemos que no afecta derechos de particulares. No es en ninguna forma una supersecretaría ni una superprocuraduría, ni una superpolicía, no se menciona en ninguna forma la obligación de las dependencias que se van a coordinar, de subordinarse al coordinador; no se crea ni se menciona en forma alguna la obligación de someter a la coordinación el ejercicio o no de la acción penal; eso no se toca, se respetan las disposiciones que regulan a las diversas procuradurías.
Y en cuanto a las procuradurías de los estados, creo que es sumamente importante la labor de coordinación y apoyo que se les pueda brindar. Eso en razón, como ya se ha apuntado aquí, de la magnitud, de la trascendencia de los problemas que afronta la seguridad pública y que es evidente que en muchas procuradurías de los estados no tienen capacidad ni medios, ni económicos, ni materiales, ni técnicos, para afrontar esas situaciones de inseguridad.
Por todas las razones, ratifico que consideramos que este acuerdo se apega estrictamente a derecho. Gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado.
Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el compañero Francisco José Paoli, por cinco minutos.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente:
Quisiera ir muy puntualmente a algunas de las referencias que hacía el diputado Cuauhtémoc Amezcua, porque convierten en algo todavía más preocupante este acuerdo y aprovecho para rectificar, que crea la coordinación.
Si ya está prevista como él mismo argumentaba, la realización o la posibilidad de realizar convenios entre procuradurías, no es acaso ocioso, por decir lo menos, establecer una entidad burocrática que ante el fracaso del entendimiento directo entre procuradurías o de la celebración de este convenio ya autorizado, como decía doc. Cuauhtémoc, se esta haciendo. Ese es un primer punto.
Un segundo punto es que sí haya una diferencia muy grande entre unidades a las que se refiere el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que se está creando realmente, con lo que se está creando no sólo materialmente, sino por virtud
de este acuerdo, que es sin duda un acto normativo, un acto normativo que se acoge a la fracción I del artículo 89 constitucional que da la facultad reglamentaria al Presidente.
El acuerdo no se hace como un acuerdo para un solo caso, que sería un acto administrativo típico; se hace como un acuerdo que tiene efectos de norma permanente, en tanto exista esta coordinación que puede establecer lineamientos, que puede exigir, demandar, oportuna información y apoyo para sus acciones; esto es lo que dice este acuerdo, que por eso consideramos desaseado, desproporcionado y fuera de la legalidad constitucional.
¿Qué pasaría, don Cuauhtémoc López Sánchez, si el coordinador solicita que el procurador le envíe copia de una averiguación previa?, ¿tendría que hacerlo en virtud de este acuerdo?, ¿qué pasaría, para ir un poco más a fondo, si le dijera que informara sobre las motivaciones que tuvo el Ministerio Público para ejercitar o para no ejercitar la acción penal?, que tendría que informarle, porque tiene obligación por este acuerdo, de informarle?
Bueno, yo diría que aquí se está violentando el monopolio de la acción penal que tiene el Ministerio Público. ¿Por qué va a tenerle que dar cuenta?, a menos de que sea , cosa que usted no ha aceptado, una unidad, dependencia, o como quiera llamarla, supraordenada. Y aquí estaría una pregunta fundamental: ¿es esta coordinación una unidad supraordenada puesta al mismo nivel, o infraordenada? Si es infraordenada va a ser mucho más que inútil.
Si está al mismo nivel y hasta ahora no han podido caminar adecuadamente las cosas, con agregar una, lo que se va a aumentar es la posibilidad de tropezarse con más entidades burocráticas y, si está supraordenada es anticonstitucional y yo le diría, las unidades a que se refiere el artículo 8o de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son unidades administrativas de apoyo informativo, como la unidad de la crónica presidencial, por mencionarle alguna, pero no ésta, este aparato en el que hay un artículo donde se dice que tendrá todas las unidades administrativas que el Presidente señale o establezca.
Por tanto, sostenemos nuestra preocupación, señalamos las fuentes de violación o por lo menos de extralegalidad de esta comisión, que se da en virtud de este acuerdo para crear la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado Paoli. Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Cuauhtémoc López Sánchez, porque tenemos en seguida al diputado Tomás y al diputado González Durán.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con su venia, señor Presidente:
En primer lugar, le recuerdo al diputado Paoli que mi nombre es Cuauhtémoc López Sánchez; respeto mucho y creo que el diputado Amezcua también me respeta a mí.
En segundo lugar, yo quisiera recordarle al diputado Paoli que el artículo 89 fracción I de nuestra Constitución, ha sido motivo de una gran polémica que inclusive reseña el maestro Tena Ramírez en su Derecho Constitucional, explicando qué facultades contempla el 89 en su fracción I, y él aterriza señalando que en la fracción I hay dos facultades del Ejecutivo: promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, que no tiene ninguna duda, y la segunda, usándose el proveyendo que se considera desafortunado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, no sobre la facultad reglamentaria, es también la facultad para generar diversas disposiciones de orden interno en la propia administración, que no surten efecto hacia los particulares, como es el caso de los reglamentos y en la Ley, y que se agotan en su existencia en el ámbito interno en la propia administración.
Entonces no es clara la argumentación de que éste sea un acuerdo de carácter normativo, y haciendo una interpretación amplia, de acuerdo con la hermenéutica jurídica, no podemos nada más tomar en cuenta alguna parte del acuerdo, de su articulado o de sus considerandos, para con la base en eso considerarlo como inconstitucional; es en su concepción, en su contenido, un instrumento de orden interno.
Me decía el diputado Paoli que si ya existe un convenio de coordinación seguramente éste no ha fracasado. Lo que pasa es que el diputado Paoli no recordó los términos de la modificación que se introdujo al 119 constitucional, mediante la cual se facultó a las procuradurías de los estados para celebrar, inclusive con la
Procuraduría General de la República, convenios para la entrega de procesados, sentenciados e iniciados y objetos de delito. Yo lo cité y ya existe un antecedente y es un antecedente.
Ahora , a nivel constitucional esto no impide que dentro de las diversas dependencias del Ejecutivo, se lleven a cabo este tipo de convenios y que los coordine la propia coordinación de Seguridad Pública de la Nación, y tampoco impide que en un momento dado se invite a una procuraduría de un Estado a que participe en algún convenio que en alguna forma coadyuva o apoya la seguridad pública de ese Estado.
Luego entonces considero que las dos argumentaciones fundamentales del diputado Paoli no están debidamente sustentadas y por lo tanto no son atendibles. Gracias.
El Presidente:
Nuevamente tiene la palabra el diputado Paoli Bolio, para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; señores diputados:
Lamento en primer lugar el lapsus y lo lamento por ambos señores diputados; don Cuauhtémoc Amezcua, creo que la mayor parte de mis referencias y alusiones fueron a don Cuauhtémoc López Sánchez; será que algún debate enconado en la Permanente me dejó muy internacionalizado el nombre de don Cuauhtémoc Amezcua. Lo lamento.
Quisiera sin embargo decir que ahora sí se complica mucho más el debate, porque primero, y no argumentaré largamente porque no puedo en términos del tiempo, si tienen efecto en los particulares o pueden tenerlo, las decisiones; segundo, porque usted decía, y podemos revisar su versión estenográfica, para que los coordine. ¿Los convenios? ¿Para que coordine los convenios? Eso es su versión estenográfica. Lo que el acuerdo dice es para celebrar, vea usted la fracción III del acuerdo, dice, proponer las medidas conducentes y celebrar.
¿Quien puede celebrar un convenio, señor diputado y abogado? sólo quien tiene capacidad para comprometerse, quien puede poner su voluntad para contraer una obligación, adquirir un derecho, esto tanto en derecho público como derecho privado. ¿Cómo va a coordinar un convenio?
Aquí dice no coordinar; yo ya no discutiría lo que usted señala que es contradictorio con lo que dice el acuerdo, aquí dice celebrar. ¿Con qué capacidad va a celebrar un convenio una coordinación? Esta es una contradicción que introduce todavía un problema más serio al debate, porque tenemos que ser congruentes. Si algo coordina no puede celebrar; celebra quien tiene voluntad propia, quien tiene capacidad para obligarse y esto no puede celebrar, y si puede celebrar, entonces estamos en presencia de un organismo que está supraordenado a los otros de la administración pública, que les puede dar órdenes y que puede comprometerse con ellos.
Pero hay un peligro mayor que asoma en todo esto, diputado don Cuauhtémoc López Sánchez.
El Presidente:
Un momento, diputado. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello (desde su curul):
Por favor, pregunte al orador si me permite una interpelación.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Si me permite concluir, al terminar con mucho gusto, para que no tome mis pocos minutos.
Hay una preocupación, don Cuauhtémoc López Sánchez, que es de mayor envergadura, y ésta sí queremos dejarla como constancia, en este momento del debate, porque con las facultades que se han atribuido a esta Coordinación, existe la posibilidad, y esto lo manifestamos en tono de alta preocupación, de que se cree una policía inconstitucional más, por la vía del hecho, por la vía del otorgamiento de apoyos e informaciones a una nueva entidad, llámesele como se llame, pero
materialmente se puede configurar como una nueva policía, y esto nos parece sumamente grave y no ayuda a dirimir, a esclarecer, a ventilar este clima de suspicacias, de desconfianza, de incredibilidad, en el que estamos inmersos, sino que puede contribuir a hacerlo todavía más difícil, más tenso y más preocupante.
Yo quisiera simplemente decir que al celebrar convenios, por ejemplo para trasladar reos, como usted ya decía, se están creando efectos que repercuten en los particulares. Los reos no son entidades públicas. Y habría muchas otras.
Estoy a su disposición para la interpelación.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello (desde su curul)
Quisiera simplemente dos preguntitas, señor diputado Paoli. La primera ya trató usted de adelantarse a contestarla. La primera ya quiso usted contestarla en alguna forma, pero no me satisface la respuesta, porque el 119 constitucional es un mandato constitucional y aquí estamos hablando de efectos que se produzcan por este acuerdo.
Yo quisiera rogarle que usted me ilustrara en algunos casos que usted estime que se puedan afectar los derechos de particulares por un acuerdo interno de la administración pública. Esa es la primera.
La segunda: en materia de derecho público esta disposición donde se faculta al coordinador para celebrar convenios, constituye un mandato para ese efecto, entonces no hay violación. En derecho privado es otro régimen, es otra forma, pero aquí, a través de este se le esta facultando para ese efecto, acto jurídico administrativo, se faculta al coordinador para hacerlo. Gracias.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
No sabe como lo aprecio, estimado diputado Cuauhtémoc López Sánchez, su última intervención, porque lamento en primer término que mi primera respuesta no le sea plenamente satisfactoria; celebro que le sea por lo menos parcialmente satisfactoria, pero lo que sí es un núcleo central de este debate, es que el titular del Poder Ejecutivo no puede transferir una facultad para celebrar un convenio a una entidad coordinadora. Esto es un contrasentido y un desaseo en el orden constitucional y legal de nuestro país.
No es una trivial falla. Precisamente lo que estamos interrogando es ¿cómo puede ser que se faculte a una unidad que sólo puede coordinar para que celebre convenios en donde tiene que obligarse?
Entonces el convenio lo celebraría el Presidente de la República, pero no está diciendo esto el acuerdo, está diciendo que la Coordinación, dice: "... La Coordinación de Seguridad Pública de la Nación tendrá las siguientes funciones: celebrar, celebrar convenios..." y celebrar convenios es algo que no puede hacer una unidad de coordinación. Por tanto, si lo puede hacer no es una entidad que subordina a las otras, que es capaz de comprometerse con las otras, por lo que dice, no sólo este artículo segundo, sino por lo que dice el artículo tercero, que dice... "Las dependencias y entidades de la administración pública federal, proporcionarán oportunamente a la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, la información y el apoyo que ésta les requiera". Bueno, esto es subordinar a los demás. Gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero Paoli Bolio.
Tiene la palabra para rectificar hechos sobre el mismo tema, el compañero Carlos González Durán, del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos González Durán:
Bueno, dada la importancia del debate y por estar inscrito en la lista y ser el Partido de la Revolución Democrática quien planteó la impugnación, solicitaría a la Presidencia, en iguales términos que los anteriores participantes, me conceda 15 minutos. ¿De acuerdo?
El Presidente:
Está en la lista para rectificar hechos, compañero diputado González Durán, entonces cinco minutos, por favor. No lo tenemos reportado aquí, compañero diputado.
El diputado Carlos González Durán:
Defender a la sociedad es una responsabilidad de las autoridades, pero para cumplir esta obligación deben hacerlo las autoridades competentes y siguiendo los procedimientos previstos, esto es lo que constituye el orden republicano, y la forma de Gobierno, que se llama Gobierno moderado, que con pretexto de defender las autoridades a la sociedad se quebranten las competencias y los procedimientos y la estructura normativa y la estructura de los órganos de gobierno del apartado de estado, esto es un acto de despotismo, es el gobierno al margen de las leyes y al margen de las instituciones.
Ciertamente las funciones que aquí se han estado reclamando son las de que cada autoridad esté a cargo de su responsabilidad.
Por una parte hemos visto con todo acierto las intervenciones del compañero Juan Jacinto Cárdenas García, del compañero Francisco José Paoli Bolio, del compañero Martín Tavira Urióstegui, todos ellos coincidimos en la preocupación de los respetos democráticos y republicanos en nuestro país.
Sí tenemos obligación y tenemos deber de defender la Constitución, porque la Constitución, la supremacía de la Constitución, es el primordial deber de todo funcionario público.
Por otra parte, nosotros también tenemos la obligación y el deber de rescatar el ejercicio de nuestras funciones, de nuestras funciones legislativas y no al margen del cumplimiento del procedimiento legislativo se quiera crear un organismo tan anómalo e irregular.
Hemos visto que el respeto de la iniciativa individual es básico en la convivencia democrática y turbar la tranquilidad de la convivencia es precisamente lo que viene sucediendo cuando hablamos de seguridad nacional o de seguridad de la sociedad civil.
Es bueno que nos percatemos que el verdadero riesgo y el verdadero peligro que estamos afrontando hoy, es no el peligro solamente de los particulares miembros de la sociedad civil, sino que estamos viendo el riesgo y el peligro de las autoridades públicas cuando quebrantan las instituciones, quebrantan las leyes, quebrantan el orden establecido. O sea, si hablamos de seguridad nacional, eso tiene dos capítulos: es el capítulo de la sociedad frente al Gobierno y es el capítulo del Gobierno frente a la sociedad.
Y hay una serie de gravísimos delitos, como serían el genocidio, la administración ruinosa, el abuso de la autoridad, el enriquecimiento inexplicable y la delincuencia electoral, los delitos que actualmente están atentando contra la seguridad nacional. Así que si vamos a hacer el inventario de la delincuencia organizada, pues hagamos el inventario completo, porque también en el aparato de Estado se dan arbitrariedades e irregularidades.
Es indispensable el orden como plan para distribuir lo que se ha de hacer antes, lo que se ha de hacer después, para que cada autoridad tenga su competencia propia, para que se dé la confianza y la aceptación.
Pues bien, este organismo se aparta de las bases que señala la Ley de la administración pública, tendientes a lo que se llama la planificación. La planificación tiene que hacerse respetándose las garantías individuales, las competencias de las autoridades de las entidades federativas y de los ayuntamientos...
El Presidente:
Diputado, ha concluido su tiempo. Le rogamos a la brevedad posible concluir.
El diputado Carlos González Durán:
El compañero Paoli señaló que las funciones el Presidente de la República de reglamentar no son delegables. El compañero Cárdenas señaló que se trata de subordinar las funciones de importantes entidades del Estado mexicano, como son el Ejército nacional, la Marina, las procuradurías de justicia, el Departamento del Distrito Federal, y es que este Reglamento, compañeros, está quebrantando un principio elemental de lógica, de vida, de orden y de convivencia, que significa "cada chango en su mecate"; ése es el problema.
Para que haya orden en el derecho se necesita que cada autoridad cumpla sus responsabilidades; si no las está cumpliendo, hay que modificar el sistema, corregir las fallas, pero no borrar y hacer a un lado las instituciones y las competencias y crear un organismo complejo, híbrido y precipitado, como aquí se dijo, que está creando la arbitrariedad y el riesgo de atropello a derechos humanos. Es todo.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, en términos del 102, el diputado Francisco Paoli Bolio.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente, y lamentando señores diputados, volver a hacer muy brevemente una nueva intervención. Porque no está en juego solamente la fracción I del artículo 89 constitucional, ésa incluso podría argumentarse que permitiría alguna coordinación entre procuradurías; pero les está pasando una fracción fundamental del propio artículo 89 constitucional, la fracción III.
La fracción III da al titular del Poder Ejecutivo la siguiente facultad, dice así: "Facultades en materia de seguridad interior o exterior de la nación, sólo el Presidente de la República puede ejercerlas". Esto es absolutamente indelegable, y lo aclara el propio artículo, dice: "La seguridad de México requiere que existan fuerzas armadas bajo un solo mando, y éste la Constitución lo otorga al Jefe de Estado mexicano". El mando es único, es intransferible, es indivisible, no puede ser coordinado por una entidad inferior.
Lo que me extrañó es que se les pasara la Fuerza Aérea, que sí menciona este artículo, porque está la Secretaría de la Defensa, está la Secretaría de Marina, pero no está la Fuerza Aérea. Sería una pregunta. ¿Por qué se les pasaron la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional? Pero, lo que está en pie es el señalamiento de que la facultad de mando que tiene el titular del Poder Ejecutivo no puede ser una unidad rota o algo que se coordina por una entidad inferior. Es una unidad que debe ejercer en forma intransferible e indivisible el Jefe del Estado mexicano, no una coordinación. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado. En virtud de que ha habido diversas posiciones tanto en pro y en contra del tema que estamos discutiendo, se pide a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se admite o no a discusión la propuesta de la diputada Rosa Albina Garavito.
La secretaria Ignacia García López:
En votación económica, se pregunta si se admite o no a discusión la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín, para hablar sobre la problemática del combate al lirio acuático en el Lago de Chapala, en Jalisco.
El diputado Israel González Arreguín (desde su curul):
Pasamos este asunto para la siguiente sesión.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Juan Huesca Pérez:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera y se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Tercer Año. - LV Legislatura.
Orden del Día
3 de mayo de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CCXLI aniversario del natalicio del Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, tendrá lugar el 8 de mayo a las 10.30 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Tamaulipas.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que
concede permiso a la ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la orden "José Dolores Estrada", que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al doctor Néstor de Buen Lozano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Caballero que le confiere el Gobierno de la República Dominicana.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 19:50 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 3 de mayo a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.
CROM Confederación Revolucionaria de Obreros de México.
CTM Confederación de Trabajadores de México.
D.F. Distrito Federal
INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
LFOPPE (Sin aclaración).
ONU Organización de las Naciones Unidas.
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
PECE Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo.
Pemex Petróleos Mexicanos.
PRD Partido de la Revolución Democrática.
PRI Partido Revolucionario Institucional.
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad.