Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19940523 - Número de Diario 13
(L55A3P1oN013F19940523.xml)Núm. Diario: 13ENCABEZADO
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
LV LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
DIRECTOR GENERAL DE CRÓNICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora
PRESIDENTE
Diputado Luis Alberto Beauregard Rivas
DIRECTOR DEL DIARIO DE DEBATES
Norberto Reyes Ayala
AÑO III México, D.F., 23 de mayo de 1994 No. 13
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SECCIÓN ANTERIOR
GRAN COMISIÓN
Proposición respecto a la integración de comisiones. Se aprueba.
REPÚBLICA ITALIANA
Solicitud del ciudadano Enrique Esnal Dubernard, para que se le otorgue el permiso constitucional necesario, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CHILE EN MÉXICO
Primera lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que otorga el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Ana María Flores Ceceña y Blanca Estela Marure Morales, puedan prestar sus servicios en esta legación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
Se dispensa la segunda lectura al dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 168 de este ordenamiento.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Trinidad Reyes Alcaraz.
Lo discuten en lo general y en lo particular, los diputados:
Hildebrando Gaytán Marquéz
Israel González Arreguín
Evangelina Corona Cadena
José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra
Miguel Ángel Saénz Garza.
Se aprueba y se turna al Senado de la República.
PROCESO ELECTORAL
Declaración política que presenta el diputado Felipe Muñoz Kapamas.
Comentarios del diputado Hildebrando Gaytán Márquez
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
Informe que a nombre de esta Secretaría, entrega la Presidencia de la Comisión de Defensa Nacional.
CONSEJO GENERAL DE INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Se reciben las proposiciones de los grupos parlamentarios y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Acuerdo parlamentario que regirá la elección de dichos ciudadanos.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Jorge Torres Castillo
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia del resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Arturo Núñez Pardo:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 307 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente (a las 12.42 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Arturo Núñez Pardo:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Tercer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
23 de mayo de 1994.
Lectura al acta de la sesión anterior.
Proposición de la Gran Comisión.
Proposiciones de los grupos parlamentarios de candidatos a consejeros ciudadanos ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Solicitud de particular
Del ciudadano Enrique Esnal Dubernard, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Italia.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso a las ciudadanas Ana María Flores Ceceña y Blanca Estela Marure Morales, para prestar servicios en la Embajada de Chile, en México.
Dictamen a discusión
De las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social.
Declaración política sobre no intervención de extranjeros en el proceso electoral mexicano.
Comentarios sobre descontaminación ecológica, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la Ley Electoral del Estado de Guanajuato, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre un asunto en el Estado de Hidalgo, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Comentarios sobre la situación política en el Estado de Veracruz, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario Arturo Núñez Pardo:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Fernando Estrada Sámano
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con treinta y cuatro minutos
del día dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de treinta y dos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con las solicitudes de licencia de las diputadas Irma Piñeiro Arias y Blanca Ruth Esponda Espinosa, quienes solicitan licencia para separare de sus cargos como diputadas federales y la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo respectivos, en sendas votaciones económicas.
El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentran los diputados suplentes José Concepción Salinas Vásquez y José Concepción Solano González, por lo que designa una comisión que los induzca y acompañe en el acto de rendir sus protestas d ley como diputados federales. Terminado el acto protocolario, los diputados toman posesión de sus cargos de inmediato.
Dos invitaciones del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos conmemorativos del nonagésimo nono aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río y del septuagésimo cuarto aniversario luctuoso del presidente Venustiano Carranza Garza. Se designaban como comisiones para representar a la Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la palabra al diputado Rafael Morgan Alvarez, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Ana María Flores Ceceña y Blanca Estela Marure Morales, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Chile en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se da primera lectura y con dispensa de la segunda, la Asamblea aprueba un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ricardo Franco Guzmán pueda aceptar y usar la condecoración que el confiere el Gobierno de la República Italiana. Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Se somete a discusión siete dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se conceden permisos constitucionales necesarios para que la ciudadana Cristina Flores de Cuevas pueda aceptar y desempeñar el puesto de cónsul honorario de la República del Ecuador en Jalapa, Veracruz, con circunscripción en diversas entidades federativas y los ciudadanos Adriana González Correa, Herminia Estrada de Rodríguez, Yara Trevethan Gaxiola, Lidia Izaguirre Quezada, Francisco Javier Lugo Mejía y Mario Humberto García Tovar, puedan prestar sus servicios en la embajada de Sudáfrica, en México. Se aprueban y se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita excitativa a fin de que se dictamine una iniciativa respecto de la Ley de Cámaras de Comercio y de las Industrias. El Presidente hace la excitativa y, para rectificar hechos, hacen uso de la palabra los diputados Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Demócrata.
La Secretaría da cuenta con un dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo que desecha la solicitud de un grupo de diputados independientes.
Para expresar sus opiniones en contra, hacen uso de la palabra los diputados Héctor Ramírez Cuéllar, Javier Centeno Ávila, Roberto García Acevedo y José María Téllez Rincón.
Desde su curul, el diputado Centeno Ávila solicita que la votación sea nominal y apoya la solicitud, también desde su curul, el diputado Miguel González Avelar, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal, misma que resulta aprobatoria por doscientos treinta y siete votos.
Por instrucciones de la Presidencia, se da primera lectura a un dictamen de las comisiones
de Trabajo y Previsión Social de la Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo ciento sesenta y ocho de la Ley del Seguro Social.
Se concede el uso de la palabra al diputado Julio César García Hernández, del Partido de la Revolución Demócrata, quien solicita la iniciación de procedimiento de juicio político contra un miembro de la Cámara de Diputados.
Desde su curul, el diputado Manuel Díaz Infante propone moción de orden que hace suya el Presidente y ordena que se reserve para la próxima sesión secreta.
También desde su curul, la diputada Garavito Elías solicita que se cite de inmediato a sesión secreta, pero el Presidente, conforme al artículo treinta y uno del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sostiene su trámite.
La diputada Garavito Elías, desde su curul, solicita que, conforme a la misma ordenanza, se cite para el lunes próximo, a lo que el Presidente accede.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con veintiséis minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo lunes veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, a las once horas.»
Está a discusión el acta...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada, señor Presidente.
GRAN COMISIÓN
El secretario Arturo Núñez Prado:
«Gran Comisión.
Acuerdo de incorporación de diputados a diversas comisiones.
Honorable Asamblea: la Gran Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, fracción IV; 50; 51; y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
CONSIDERANDO
1. Que es necesario ajustar la integraciones de comisiones y comités, en virtud de que algunos diputados han solicitado licencia para separarse de sus funciones, misma que les fue concedida en términos del artículo 62 constitucional, incorporándose los respectivos suplentes al trabajo legislativo, y
2. Que es facultad del pleno de la Cámara de Diputados sancionar las Propuestas de la Gran Comisión, en lo que se refiere a la integración de comisiones y comités; se somete a la consideración de ésta Asamblea el siguiente
ACUERDO
Único. Se incorporan los siguientes diputados a las comisiones que se indican: diputados Concepción Salinas Vásquez: Distrito Federal, Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social; diputado José Concepción Solano González: Asuntos Hidráulicos, Distrito Federal y Educación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los veintitrés días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. Diputados María de los Ángeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Gran Comisión, Miguel González Avelar y Rodolfo Becerril Straffon, secretarios.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición de la Gran Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la proposición.
REPÚBLICA ITALIANA
El secretario Arturo Núñez Pardo:
«Honorable Congreso de la Unión. Presente.
Enrique Esnal Dubernard mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos por nacimiento, con domicilio oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en Lamartine 617, colonia Bosque de Chapultepec, código
postal 11580, México, D. F., con todo respeto digo:
El Gobierno de Italia a tenido a bien otorgarme la condecoración de la "Orden al Mérito de la República Italiana en el Grado de Commendatoren". Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 B fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso del Congreso Federal para aceptar y usar la mencionada condecoración, sin perder mi ciudadanía mexicana.
Al respecto acompaño copia certificada de mi acta de nacimiento, por la que se comprueba que soy ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos por nacimiento.
Protesto mi respeto.
México, D. F., a 20 de mayo de 1994. - Enrique Esnal Dubernard.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CHILE EN MÉXICO.
El secretarios Juan José Bañuelos Guardado:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de mayo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Ana María Flores Ceceña y Blanca Estela Marure Morales, puedan prestar servicios como secretarias, en la Embajada de la República de Chile, en México, respectivamente.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 18 de mayo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán serán como secretarias, en la Embajada de la República de Chile, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Ana María Flores Ceceña, para que pueda prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República de Chile, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Blanca Estela Marure Morales, para que puede prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República de Chile, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F. , a 20 de mayo de 1994. - Diputados Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Cuauhtémoc López Sánchez y Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Benjamín Ávila Guzmán, Rogelio Audiffred Narváez, José Azanza Jiménez, Juan José Bolaños Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas*, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, José Miguel Castro Carrillo, Estela Casáres Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos,
Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez, Garduño, Irma A. Piñeiro Arias, Floylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Florencio Salazar Adame, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguilar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas, Efraín Zúñiga Galeana y Rafael Alberto Castilla Peniche.
Es de primera lectura.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente:
El siguiente del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Juan José Bañuelos Guardado:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.
Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 168 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue presentada por los diputados Rodolfo Becerril Straffon, Miguel Ángel Sáenz Garza, Trinidad Reyes Alcaraz, Gil Mendoza Pichardo, Juan Moisés Calleja García, Rafael Gilberto Bernal Chávez y Rafael Fernández Tomás, del Partido Revolucionario Institucional.
Estas comisiones con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87; 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, efectuó el estudio de la iniciativa conforme a los siguientes
ANTECEDENTES
Las comisiones unidas de Seguridad y de Trabajo y Previsión Social, en reunión celebrada el mismo día 4 de mayo del presente, fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de esta Cámara, se reunieron para dar entrada a la misma y se determinó que se evocarían a la elaboración del dictamen respectivo.
La iniciativa en estudio propone reformar el artículo 168 con el objeto de que a más tardar el 1o. de enero de 1995, la pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada no pueda ser inferior al 100% del salario mínimo general que rige para el Distrito Federal. Para llegar a este objetivo, la iniciativa propone un aumento porcentual en dos etapas; una que entraría en vigor a partir del 1o. de junio del presente y que prevé el aumento del 5%, y otra a partir del 1o. de enero de 1995 en la que se aumenta el 5% más.
La iniciativa prevé además en sus artículos transitorios, que el Instituto Mexicano del Seguro Social puede utilizar los activos financieros que se señala en el artículo 264 de la Ley del Seguro Social, con el objeto de financiar los incrementos que se proponen sin afectar otros servicios y pensiones a los que está obligado el propio instituto.
CONSIDERACIONES
Ha sido preocupación de todos los grupos parlamentarios representados en esta LV Legislatura
atender la problemática de los jubilados y pensionados y se ha buscado vías de solución para la misma. Esta preocupación se ha manifestado en diversas ocasiones en el pleno de esta Cámara por medio de diferentes iniciativas que con diversos matices han propuesto, entre otras cosas llevar la cuantía de la pensión mínima al equivalente del 100% del salario mínimo en el Distrito Federal y se ha atendido a través de tres diversas formas que, en un lapso de menos de cinco años, ha permitido que a la fecha la cuantía mínima de las pensiones se incremente del 35.2% del salario mínimo general del Distrito Federal en 1988, a un 90% del salario mínimo que es la cuantía que actualmente se establece en la ley.
La primera de estas formas fue aprobada el 5 de enero de 1989 y las aumentó del 35.2% del salario mínimo general del Distrito Federal al 70% del mismo salario. La segunda de estas reformas entró en vigor el 1o. de enero de 1991 y las aumento del 70% al 80% del salario mínimo general indicado. Por último, el 29 de junio de 1992, esta soberanía reformó y adicionó el artículo 168 del la Ley del Seguro Social, a fin de incrementar la cuantía mínima de las pensiones del 80% al 90% del salario mínimo general, aumento que se daría en forma escalonada, con el fin de que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social conservara el equilibrio financiero a que está obligado.
De aprobarse la iniciativa en estudio, y tal como lo establece en su exposición de motivos, se lograría que a partir del 1o. de enero del próximo año ningún pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada perciba menos del equivalente al 100% del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que representaría a que los pensionados en el área geográfica salarial "C", obtengan el 123.39% del salario mínimo del área geográfica que les corresponda; que los pensionados del área geográfica "B", alcancen el 112.09% del salario mínimo de su área y que los residentes en el área geográfica "A" perciban a partir de esta fecha el 104.16% del salario correspondiente, porcentajes calculados incluyendo el excedente de 15 días por concepto de pago de aguinaldo.
Estas comisiones consideran que los medios propuestos por la iniciativa en sus artículos transitorios, a fin de lograr el aumento propuesto, son los más adecuados tomando en consideración las demás obligaciones a las que está obligado el Instituto Mexicano del Seguro Social. En primer lugar, el aumento escalonado en dos partes del 55% cada una, permite que el instituto conserve su equilibrio financiero e incremente sus reservas durante los siete meses en que se dé el segundo aumento y pueda continuar prestando de manera normal todos sus servicios otorgando las pensiones que le corresponden.
En segundo lugar, el autorizar al Instituto a hacer uso parcial de las reservas a que se refiere el artículo 264 de la Ley del Seguro Social con el fin de lograr el financiamiento que se propone, se permite que en el caso de los recursos financieros que se generan con motivo de las reformas realizadas en junio de 1993 sean insuficientes, el Instituto pueda hacer frente adecuadamente al aumento que se está autorizando.
Los integrantes de estas comisiones unidas, consideran que si bien de aprovecharse la reforma que se propone, se lograría un aumento sustancial que beneficiaría a los pensionados, éste no es suficiente y que deben buscarse en lo sucesivo nuevas reformas legales que logren que estas personas que han dedicado su vida al trabajo y al engrandecimiento de nuestro país, tengan una pensión que les permita vivir de una manera digna y decorosa, pero que las mismas logren de manera responsable, prevalezca el equilibrio financiero del propio Instituto.
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87,88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, las comisiones unidas de Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social se permiten someter a la consideración de este pleno el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 168 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 168. La pensión de invalidez, de vejez o cesantía de edad avanzada incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1995.
Segundo. Durante el período comprendido entre el 1o. de junio de 1994 al 31 de diciembre de 1994, la pensión de invalidez, vejez o cesantía de edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrán ser inferior al 95% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.
Tercero. El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá utilizar los activos financieros señalados en el artículo 264 de la Ley del Seguro Social que sean indispensables para financiar los incrementos a que se refiere el transitorio anterior.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados a los dieciocho días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.»
El Presidente:
Para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra el diputado Trinidad Reyes Alcaraz.
El diputado Trinidad Reyes Alcaraz:
Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, analizando y revisando la iniciativa que fue turnada a estas comisiones, se determinó llevar a cabo un dictamen que ustedes ya conocen y que para todos los diputados no es desconocido, porque es un compromiso contraído desde el año antepasado, al buscar la forma de resolver los problemas hasta donde es posible, de nuestros compañeros jubilados.
En este aspecto todas las fracciones parlamentarias, no quiero ser presuntuoso como representante o como integrante de mi partido el Revolucionario Institucional, no quiero ser presuntuoso para decir que nos adjudicamos la razón. Todas las fracciones parlamentarias estuvieron conscientes de que los jubilados requieren incrementar sus pensiones, requieren incrementar su jubilación para estar acorde con el compromiso que se había contraído, de elevar sus pensiones al 100% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Ese era el compromiso que nosotros habíamos contraído.
En esta ocasión las fracciones parlamentarias de las dos comisiones reunidas, acordamos llevar a cabo elaborar un dictamen y ponérselo a la consideración de esta Asamblea, para poder llevar a nuestros compañeros jubilados a partir del 1o. de junio, a un 95% de sus pensiones, del salario mínimo en el Distrito Federal. Y a partir del 1o. de enero llegar con el compromiso contraído, al 100% del salario mínimo en el Distrito Federal.
Sabemos de antemano que esto quizá no deje satisfechos ni a nuestros compañeros jubilados, ni a muchos de nuestros compañeros diputados, aun el de la voz, considera que es poco. Pero el compromiso que se había contraído era ése. Y dejamos la puerta abierta de todos modos, porque en el dictamen así se marca, luchar, buscar los medios como lo hicimos en el compromiso pasado, buscar los medios para lograr llegar a un beneficio mayor, no solamente en relación a las jubilaciones, sino buscar otros mecanismos para hacerles llegar a nuestros compañeros jubilados un mejor bienestar.
Será en algunos otros rubros en el que se les busque ofrecerles algo a los compañeros, pero será motivo de estudio.
Quizá no le corresponda a esta legislatura llevar a cabo un beneficio mayor, pero quedarán los estudios hechos para que se lleve a cabo con mayor fundamentos, un mejor beneficio para nuestros compañeros jubilados.
Yo considero que lo que se ha logrado es, indiscutiblemente, poso, pero era el compromiso contraído, y nosotros asumimos ese compromiso.
Si bien es cierto que la iniciativa fue presentada por mi partido, el Revolucionario Institucional, también es cierto que los demás partidos estaban de acuerdo en cumplir con este compromiso. Quizá no podamos llegar a más, quizá no podamos ofrecerles más a nuestros compañeros, pero también debemos estar conscientes en nuestra realidad nacional.
Hemos recibido informaciones, hemos recibido datos, hemos recibido la información por parte de la institución, y estamos conscientes de que ése es el esfuerzo que está realizando tanto el Gobierno Federal como el Seguro Social y los jubilados, porque también es cierto que algunos compañeros jubilados se han acercado a esta Comisión de Seguridad Social para determinar el agradecimiento por haber cumplido con el compromiso que se había contraído.
Reconocemos que nos desfasamos en ocho meses, reconocemos que estábamos atrasados, pero antes de que terminará nuestra legislación, nos comprometimos a resolverlo. Y con este dictamen les puedo asegurar que se llega a que las pensiones lleguen al 100% del salario mínimo en el Distrito Federal.
Por esta razón, compañeros, yo les solicito a ustedes su respaldo al dictamen, yo les solicito a ustedes, compañeras y compañeros diputados, su respaldo, su apoyo para aprobar este dictamen y poderles ya resolver, aunque sea en mínima parte su problema, a nuestros compañeros. Muchas gracias.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular al artículo único del proyecto de decreto. En tal virtud tiene la palabra para fijar posición, por el Partido Popular Socialista, el diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Con su permiso señor Presidente; señoras y señores diputados:
Ver el tema de las pensiones en México, y sobre toso ubicándolas en el sistema establecido de seguridad social y tomando en consideración también el poder adquisitivo del salario, no deja de llevarnos a una profunda preocupación con la situación de los trabajadores, es decir, de los jubilados, de los pensionados.
Cuando el Constituyente estableció que el salario debería de ser aquel que satisficiera las necesidades económicas del trabajador y su familia, seguro de que estaba pensando en ese salario que pudiera permitir a todo trabajador vivir más o menos. Y cuando se fijó la existencia del salario mínimo, seguramente que se estaba correlacionando con el salario mínimo debería reunir el contenido del salario constitucional, el salario que marca la Constitución de la República.
Pero hoy tenemos un salario mínimo raquítico y lamentablemente fijados en ese salario mínimo llegamos a una situación verdaderamente dramática en el caso de las pensiones.
¿Cómo hacer para que las pensiones de los trabajadores puedan satisfacer en algo sus demandas? ¿Hasta qué punto debemos de establecer una base que realmente les permita sobrevivir en términos de cierta dignidad y decoro?
Es el problema de fondo que preocupa a nuestro partido, porque con la depreciación del poder adquisitivo del salario, orillado por la política de contención salarial impuesta por el Fondo Monetario Internacional desde hace ya más de 10 años, empezó a perder su poder adquisitivo el salario y se frenó el incremento que debería tener el salario mínimo. De suerte que hoy por hoy, de acuerdo con los estudios de las propias instituciones gubernamentales, una familia podría sobrevivir considerándose como salario mínimo el que se recibe actualmente, pero en cuatro veces.
Realmente, si hubiese ese rigor de cumplir con la Constitución y darle al salario mínimo el contenido constitucional, en lugar del monto que tiene hoy, debería de ser de 50 ó 60 pesos.
En la sesión de hoy, seguramente se aprobará este dictamen. Si esta iniciativa hubiese contemplado que el salario, el que la pensión, de acuerdo con el artículo 168, que se eleva lo mínimo al salario mínimo, entrase en vigor a partir del 1o. de junio, pues seguramente que se cumpliría con una demanda de llevar el mínimo de las pensiones, al salario mínimo.
¿Desde cuándo es esta demanda? Que yo recuerde, en la LI Legislatura se hizo un planteamiento muy enérgico para que el artículo 168 fuese por lo menos el salario mínimo, y en aquella época se contemplaba que la cuantía mínima fuese del salario mínimo, sin tomar en cuenta, sin adicionarle la asignación familiar, ni la ayuda asistencial.
Si en 1979 ó 1980, que todavía el poder adquisitivo era mejor, que el salario mínimo podía
adquirir más que el que tiene fijado el día de hoy, ya se hacía el reclamo de que con aquella cantidad no se podía tener una subsistencia decorosa ni...; bueno, eso ya es pedir mucho, una subsistencia decorosa; de más de 10 años ala fecha, 14 años o 15, en que el salario ha perdido su poder adquisitivo, apenas hoy llegamos a satisfacer que sea la cuantía mínima del salario mínimo, pero en una situación en que ha cambiado todo y ese todo, es que sencillamente el salario perdió su poder en que se trazan otras medidas de tipo neoliberal en que se frena la lucha d los trabajadores por elevar sus salarios, sobre todo el salario mínimo, y que, en general, el Estado tiene otra actitud que la que se tenía de los 80 para atrás.
Anteriormente, aún con dificultades y con zigzagueos, pero se le podrá exigir, porque en el mismo discurso el propio Gobierno acepta la política establecida por la Revolución mexicana, de tutelar los interés de los trabajadores, y se le demandaba una política social que viera el interés de la mayoría del pueblo. Pero al darse un viraje, ahora tenemos una política que no podemos decir que sea una política social, sino una política empresarial, en donde se privilegia el interés del gran capital, para poder darle por parte del Estado los medios y los recursos para que ese capital se concentre y crezca sin limites, porque no hay límites aquí en nuestro país para el enriquecimiento y la concentración de la riqueza. Y esta política empresarial de hoy, ha echado abajo una política social que todavía tiene fundamento constitucional, pero carece ya de la voluntad política - ideológica para tomarla en cuanta y llevarla a la práctica.
Compañeros legisladores: entendiendo todas estas limitaciones del carácter del sistema de la seguridad social, claro que la lucha de todas las fracciones fue porque se llegase ya a fijar la cuantía mínima, equivalente al salario mínimo, y hoy así se establece, a partir de enero próximo.
Y en las sesiones de la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social, planteamos nosotros esta preocupación siquiera, en lo que diríamos y decimos aquí con toda franqueza, que haberse otorgado la pensión en el 168 al salario mínimo y a partir ya del 1o. de junio y pese a su reducido poder adquisitivo, pero tomando en cuanta este marco de la seguridad social, nosotros hubiésemos dado nuestro voto a favor; desde el primer momento ésa fue la preocupación que fijó el PPS, que fuese en una sola emisión cuando estuvieron funcionarios del Seguro Social, ésa fue también nuestra pregunta, que por qué no darse en una sola emisión a partir de junio; porqué regatearles 70 centavos a cada uno de los pensionados, 70 centavos diarios que es el aumento de la pensión por seis meses, siete meses y hasta enero será de un peso 40 centavos.
A pesar de que otros compañeros legisladores hicieron cálculos para demostrar que podría, de acuerdo con la existencia financiera del seguro, satisfacer estos siete meses y que nosotros llegamos a proponer que hubiera voluntad política de que si en el Seguro Social no existían recursos para darle 70 centavos diarios a cada pensionado a partir del 1o. de junio al 31 de diciembre de este año, entonces ver los recursos que tiene el Ejecutivo, que existen en esta rama de solidaridad para poder canalizar la cantidad, para que el pensionado pudiera ya a partir del 1o. de junio disfrutar de la cuenta mínima del salario mínimo, que como hemos dicho, a estas alturas ya no es aquella bandera de hace 15 años en la que se luchaba porque el poder adquisitivo era otro y seguramente tendría otro significado.
Quiero decir pues, que hoy llegamos muy tarde a satisfacer esta lucha de los trabajadores jubilados y pensionados, llegamos muy tarde, porque cuando le otorgamos que la cuantía mínima sea del salario mínimo, este salario mínimo prácticamente sea un salario, no voy a decir inexistente, pero para satisfacer las necesidades de las 24 horas del día está muy distante, será para satisfacer las ocho primeras horas del día.
Pero el problema sigue y seguirá siendo muy grave, quiero en esta parte final dejarles a ustedes estas reflexiones: ¿hasta qué punto es posible que la cuantía mínima de las pensiones pueda ser superior al salario mínimo? o ¿para que la pensión pueda satisfacer en algo a los pensionados jubilados, deberá llevarse a cabo una intensa lucha por elevar el salario mínimo?
Seguramente que esta segunda parte está a la orden del día, lo que frena al salario es una política neoliberal.
Pero, por otro lado, yo argumentaría esto también : si los trabajadores cotizaron y entregaron su esfuerzo en una etapa determinada en que no fue por su culpa por la que se haya despreciado
do el poder adquisitivo de la moneda, es justo que llegar al límite de su vida laboral no se les constriña como máximo, como mínimo y a la vez máximo en muchos casos, el salario mínimo en sus pensiones.
Queremos dejar en claro que para el Partido Popular Socialista, en este sistema de seguridad social que a todas luces se nos muestra ya prácticamente agotado, ¿por qué, por qué podemos decir que este sistema se agota?, porque con el paso del tiempo no es posible que puedan sobrevivir con salario mínimo quienes se jubilen o se pensionen, porque al preguntarle al funcionario del Seguro Social cuántos trabajadores están por encima de dos salarios mínimos, no me contestó, solamente me contestaron que por encima del salario mínimo los que existen como pensionados son el 17%, quiere decir que el 83% están limitados al ...
El Presidente:
Diputado Gaytán Márquez, ha concluido su tiempo.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Muy bien. Voy a abandonar la tribuna y solamente informo que por estas razones, el Partido Popular Socialista se abstendrá de votar a favor o en contra, simplemente será de abstención el voto y la posición de la fracción parlamentaria del PPS en este asunto.
El Presidente:
Gracias, diputado Gaytán Márquez. A continuación y también para fijar posición, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, se le concede el uso de la palabra al diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Uno de los momentos más difíciles de la vida de un trabajador en México, es cuando lo llaman para comunicarle que ha dejado de estar en ejercicio productivo, cuando al trabajador le informan a través de su organización o a través de la empresa, que ha dejado de ser útil en la productividad y pasa a ser un pensionado, un jubilado, es uno de los momentos más tristes en la vida del trabajador en México, cuando debería de ser al contrario, cuando después de entregar todo una vida al trabajo, el hombre o la mujer debería tener la seguridad de que iban a gozar del esfuerzo de su trabajo que habían conquistado a pulso.
Por ello, nosotros creemos que ya es tiempo de que se entienda que los jubilados no son un desecho, los jubilados y los pensionados son la culminación de toda una vida de trabajo.
Ayer los pensionados y jubilados podían vivir dignamente; hoy apenas sobreviven. El retiro se vive como una expulsión de la vida productiva y no como descanso merecido; los pensionados codificaron políticamente su experiencia con la idea de alcanzar una vida digna, que incluye los montos de pensiones, así como los servicios públicos y asistenciales, y sobre todo el cuestionamiento a la exclusión social, pero al enfrentarse al Gobierno, la vida digna que resumió en un problema de servicios y cuantía, que alude dificultades, tanto financieras como administrativas.
Para el Gobierno, es un problema de exceso de demandas con recursos sociales e institucionales limitados; para los pensionados se trata de una crisis de vida, de pobreza y desamparo.
El problema del empobrecimiento de los pensionados y de la reducción de su nivel de vida en la definición de un problema de gobierno, aparece como un problema de cuantía, de monto, de recursos jurídicas. Las pensiones son objetivos a optimizar, sujetas a restricciones de financiamientos y normatividad jurídica.
Las modificaciones a las leyes vigentes del Seguro Social, han implicado mayores egresos que reducen los requisitos para la pensión, cambian las cuantías en su composición y en sus límites inferiores, introducen nuevos seguros, amplían tiempos de cobertura y derechos de pensionados e incorporan nuevas prestaciones económicas.
El límite inferior de las pensiones básicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, se ha fijado en tres ocasiones, pero el problema no es sólo la cuantía de las pensiones, sino su financiamiento, cobertura y administración.
Las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social se ha modificado también. Las cuotas básicas se cambiaron dos veces, y en 1989 se reestructuró el financiamiento de la invalidez, viudez, cesantía y muerte. Así, uno de los grandes problemas que se presenta a la vejez mexicana, es miserable ingreso que obtiene por el monto de sus pensiones, las cuales a través de los años se han vuelto cada vez más raquíticas; los ingresos que se obtienen por el monto de las pensiones no sirven para desarrollar durante la vejez una vida digna y decorosa.
En la década de los 80 y en los dos primeros años de los 90, la tendencia real de las cuantías fue hacia la baja. Es en 1899 cuando el deterioro de las mismas llega a su nivel más bajo al registrar sólo un 31. 8% con respecto a lo que representaba en 1980, aunque a partir de 1989 se presenta una recuperación en los niveles reales de las cuantías, éstas sólo representan un poco más del 50% de las cuantías de 1980.
En 1992 se registra el 58.3%, lo que implica que se hayan deteriorado en poco más del 40%. El monto de las pensiones aún no llega a recuperar los niveles de 1980.
En los años 80, la inflación prácticamente acabó con las pensiones; el índice de la pensión promedio real disminuyó de un 100% en 1980 a 32% en 1988, y sólo se ha recuperado hasta 58. 3% en 1992, así la penuria hizo presa de los pensionados, y entre ellos aparecieron diversas formas para lograr sobrellevar una vida dignamente.
Una de las formas que ha resultado ser más cómoda para las instituciones de bienestar social, pero que ha sido errónea, es la que marca la igualación de las pensiones con el salario mínimo.
En 1982 se indexan las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social con el salario mínimo del Distrito Federal, pero es hasta 1988 cuando la tendencia se consolida al fijar el límite inferior de las pensiones básicas en un porcentaje mínimo del salario de 70%, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales.
En 1990 y 1992, los porcentajes aumentaron a 80% y 90%; el salario mínimo ha pedido un poco más del 40% de su poder adquisitivo, situación reflejada en la proporción perdida por la cuantía de pensiones.
El salario mínimo ha dejado de ser una referencia importante para seguir la evolución de los salarios en el país; su utilidad es muy relativa, pues el número de trabajadores que lo reciben va disminuyendo progresivamente, es más, prácticamente los trabajadores que la seguirán recibiendo son los pensionados.
Por otra parte, la reestructuración financiera de las instituciones de seguridad social se ha hecho con base en dos ejes: el crecimiento de los ingresos del instituto , a través de modificaciones en las cuotas, y las modificaciones de los regímenes financieros y las condiciones para inversión de las reservas.
En la última reforma legislativa, el 30 de junio de 1993, los empresarios iniciaron una campaña en contra de las nuevas cuotas, a pesar de que el incremento marginal era pequeñísimo; sin embargo, la oportunidad fue aprovechada por esos fariseos para demandar la reestructuración del IMSS; es más, algunos pidieron su privatización.
El movimiento fue aprovechado por las autoridades para intentar desmantelar el contrato colectivo de trabajo de la institución.
En las reformas propuestas en julio de 1993, se proponen modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para incrementar las cuotas.
En la exposición de motivos de dicha iniciativa se señalaba que con la actualización, entre otras situaciones, se obtendría la posibilidad de más recursos para apoyar a los pensionados. Una vez aprobadas esas modificaciones y haber promovido la capitalización del instituto por medio de incremento y actualización de cuotas, consideramos que ha llegado el momento para que se apoye a los pensionados del IMSS, en serio, con la decisión de esta legislatura para que sus pensiones sean incrementadas.
La iniciativa que hoy discutimos tiene pequeños avances en cuanto al monto de las pensiones, pero consideramos que no refleja el resultado suficiente en cuanto a las necesidades de los pensionados por el Seguro Social.
La iniciativa propone adicionar el artículo 168 de la Ley del Seguro Social para que a más tardar el 1o. de enero de 1995, las pensiones de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada
no pueden ser inferior al 100% del salario mínimo general que rige en el Distrito Federal.
Para ello propone un aumento porcentual en dos etapas: una, a partir del 1o. de junio de este año y que prevé un aumento del 5%, y la otra, del 1o. de enero de 1995, en la que se aumentaría otro 5%. Además, se dispone dentro de los transitorios que el Instituto Mexicano del Seguro Social, puede utilizar los activos financieros que señala el artículo 264 de la Ley del Seguro Social, para financiar los cambios propuestos.
La iniciativa presentada no considera a las asignaciones familiares y ayudas asistenciales como elementos que se pagan de forma separada y que no son parte integrante en el pago de pensiones, por lo que es necesario hacer esa diferencia dentro del artículo 168 de la Ley del Seguro Social. Asimismo, es necesario que se incremente el monto de las pensiones señaladas en el artículo en comento, y la del 153 de la misma ley.
Insistimos en que los cambios propuestos dentro de esta iniciativa, no son suficientes para mejorar las condiciones de vida de los pensionados, por lo que nuestra fracción parlamentaria, presentó una iniciativa de modificación a los artículos 153 y 168 de la Ley del Seguro Social:
"La iniciativa que proponemos considera en la modificación del artículo 153 de la Ley del Seguro Social, la necesidad de que la pensión por viudez pase del 90% al 100% de la pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada, con esto se pretende que las viudas de los trabajadores puedan disfrutar de un aporte que les permita por lo menos cubrir las necesidades más elementales, Los montos de las pensiones son demasiado bajas y los de estas personas lo son aún más.
Asimismo, se propone, con el fin de que las pensiones sean incrementadas sustancialmente y darle oportunidad a los pensionados de tener una vida digna, aunque el monto no sería aún suficiente, una modificación al artículo 168 de la misma ley, con la finalidad de que la cuantía de las pensiones no sean menores a dos salarios mínimos. También se propone que dentro del artículo 168 no se incluyan las asignaciones familiares y ayudas asistenciales dentro del pago de pensiones."
Es necesario responder de una manera justa a aquellos mexicanos que durante un período de su vida prestaron sus servicios de trabajo para la construcción de un México mejor. Sólo haciendo justicia a los trabajadores jubilados, a los hombres que entregaron su vida por el desarrollo de este país, podremos decir plenamente que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como legisladores. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado González Arreguín.
En seguida y también para fijar posición, por el Partido de la Revolución Democrática, se le concede el uso de la palabra a la diputada Evangelina Corona Cadena.
La diputada Evangelina Corona Cadena:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nuevamente, como en otras ocasiones, subimos a esta tribuna para fijar nuestro punto de vista, nuestro punto de acuerdo, nuestro voto razonado, pero antes de ello quisiera leer una excitativa a esta Asamblea.
"Con fecha 10 de diciembre de 1991, diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Popular Socialista, de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional, presentamos ante esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley del Seguro Social, con objeto de establecer que las pensiones por incapacidad permanente no podrán ser inferiores al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Así como planteamos el incremento de la cuantía de otro tipo de pensiones, pues nos negamos a continuar avalando un genocidio gradual en contra de los jubilados y viudas que hoy no perciban una pensión digna.
No obstante que la iniciativa fue turnada a las comisiones de Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento, hasta la fecha la misma no ha sido dictaminada, lo
que revela una doble actitud de los compañeros del PRI, pues por un lado sigan esa iniciativa que mejoraría sensiblemente la penuria de los muchos mexicanos que han dejado su vida y su salud en el trabajo y, por la otra, no dictamina la misma dentro del término reglamentario.
Es preciso por esa situación, que pido a la Presidencia de esta Cámara que en términos de lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento Interior, haga una excitativa a las citadas comisiones para que se reúnan hoy mismo a dictaminar la iniciativa en cuestión y entreguen su dictamen al pleno a más tardar el próximo 30 de mayo del año en curso.
Asimismo, pido que se formule también un apercibimiento para que en caso de no cumplir con dicha obligación se regrese la iniciativa al pleno para el efecto de fijarle nueva comisión."
Dejo a la Secretaría esta excitativa que representamos.
Con relación al dictamen que hoy está a discusión, es una gran preocupación que pues se haya adelantado y se haya determinado con tanta premura. Definitivamente consideramos que pues ¡no se vale! Nuestro punto de acuerdo, nuestro voto razonado es el siguiente:
El proyecto de decreto que reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social presentado por las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social a este pleno, puede ser visto desde dos ópticas: aquellas que suponen que aumentando un poco la cuantía de las pensiones se va a atemperar el malestar social ocasionado las precarias condiciones de vida de 1 millón 352 mil jubilados y pensionados del IMSS, neutralizando temporalmente el voto adverso al partido en el Gobierno, de éstos y sus familiares, o aquellas que sostienen que existe una deuda social enorme con quienes contribuyeron a lo largo de su vida productiva al desarrollo de nuestro país y al fortalecimiento de sus instituciones sociales, deuda que no se paga con un exiguo aumento de 70 centavos en promedio.
Si nos colocamos en la segunda opción, es obvio que no podemos compartir las medidas coyunturales de corte clientelista, ni el uso político que durante las contiendas electorales se les ha dado a las instituciones de seguridad social.
El Partido de la Revolución Democrática ha sostenido a lo largo de ésta y la anterior legislatura, que es necesario desplegar el máximo esfuerzo para garantizar el bienestar de los jubilados y pensionados hasta los últimos días de su vida, como parte de una verdadera política social diseñada para erradicar las desigualdades.
Por tal motivo, el crecimiento a las cuantías de pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada que hoy discutimos, se inscribe en el marco de una política electoral y no en el contexto de una auténtica política social.
Desenmascarar la verdadera faz de la política social del actual Gobierno, es una tarea no muy complicada, aunque sus efectos en renglón de la seguridad social pueden a la larga ser devastadores y complejos.
Como lo hemos hecho notar, la política social actual encuentra su razón de ser en la reforma neoliberal de la esfera estatal, frente a una crisis feroz de los rasgos específicos del estado social mexicano. Se afianzó a lo largo de los últimos seis años en un nuevo modelo que continuó cediendo espacios a las fuerzas del mercado: el tránsito del Estado propietario al Estado solidario, como lo han definido desde los círculos del poder, no ha sido otra cosa que la pérdida de terreno en la acción pública en favor de lo privado. Esta concepción, no hay que olvidarlo, ya tuvo sus consecuencias legislativas al ser modificados ordenamientos que afectan a millones de ciudadanos del campo y la ciudad.
En el rubro de la seguridad social, las modificaciones de 1992 a las leyes del IMSS, del Infonavit, del ISSSTE, no fueron otra cosa que profundas contrareformas cuyo objeto fue continuar con la apertura de la seguridad social como ámbito de la acumulación del capital, privatizando los renglones de financiamiento, administración y de la prestación de los satisfactores básicos. Apertura que dio comienzo con la proliferación de los seguros privados de gastos médicos, con el Sistema de Ahorro para el Retiro, que inaugura un sistema doble de aseguramiento en relación a las pensiones, los fondos comunes de la seguridad social administrados por organismos públicos que se convirtieron en fondos privados de capitalización individual, administrados por la banca.
Ese doble aseguramiento puede resolver el futuro a favor del capital privado. Para decirlo
con otras palabras: de una investigadora universitaria, en un modelo neoliberal alternativo de seguridad social, el bienestar pertenece esencialmente al ámbito de lo privado, a la familia, a la comunidad y a la iniciativa privada. A ellos está empujando el sistema de seguridad social mexicano.
Advertimos en su momento que esta contrareforma, entre otras cosas, tenía el enorme defecto de satisfacer a las generaciones cuya vida productiva les impediría aportar lo suficiente a su cuenta individual, para garantizar una pensión digna. Eso lo sostuvimos en todas las reuniones que tuvimos en la comisión. Bueno, entre paréntesis todas, porque fueron muy contadas.
Sostuvimos en su oportunidad que con los recursos acumulados en el SAR, podrían haberse incrementado sustancialmente las pensiones de los más de 1 millón y cuarto de jubilados y pensionados.
Si como lo informaron los funcionarios del IMSS, que comparecieron ante las comisiones unidas el 11 de mayo de 1994, en el SAR se habían acumulado 6 mil 410 millones de nuevos pesos, esto quiere decir que una cantidad equivalente al 0.57% del PIB de 1993 se ha trasladado a los bancos privados para su administración.
En aquel momento, todas las fracciones parlamentarias firmamos un punto de acuerdo para elevar los ingresos de los trabajadores y propiciar la elevación de su nivel de vida. A cinco meses de concluir la LV Legislatura, debemos aceptar que no se ha cumplido la palabra empeñada.
Se dirá, como otras veces, que si se propone un incremento superior a la cuantía de las pensiones del IMSS, se debe acompañar la propuesta con datos precisos del origen de los recursos.
En intervenciones previas, en comisiones, el PRD ha insistido en una distribución racional de los recursos que capta el instituto y de los montos destinados a cada uno de los seguros de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, para conseguir el máximo beneficio y de aplicación inmediata. Sin embargo, es conveniente reiterar que el Estado requiere aumentar su participación en el sostenimiento de los seguros y de todo el renglón de seguridad social.
Lo anterior sólo se conseguirá aumentando el gasto social en forma tal que pueda conseguirse primero, su recuperación y luego un incremento programado y sostenido.
El gasto social, de acuerdo a diversas investigaciones, se colocó, en 1981, su punto más alto con respecto al PIB, en 9.2%. Cae durante toda la década de los 80 para ubicarse en 6.5% con relación a partir del siguiente año.
Si nos atenemos a los datos proporcionados por los criterios generales de la política económica 1994, el gasto social estimado para 1993, como porcentaje del PIB, apenas sobrepasó tres décimas de punto al porcentaje de 1981.
Por su parte, de acuerdo a nuestras estimaciones, el presupuesto total de seguridad social representó el 3.17% con respecto al PIB en 1982, para caer drásticamente en 1983, año en que se ubicó en 2. 64% con respecto al PIB, para llegar a su punto más bajo en 1988, año en que se presentó el 2,26% del PIB.
A partir de 1989 empieza a dar una lenta recuperación, pero sin alcanzar el nivel de 1982. En 1992 consiguió colocarse en 3.07% del PIB y todavía no conseguía alcanzar la proporción de 1982.
Evidentemente este fenómeno obedeció a la reducción salarial debido a que las cuotas obrero - patronales se calculan sobre un porcentaje del salario y a la reducción de las aportaciones del Estado y la seguridad social.
Modificar esa situación implica reorientar la política social en el contexto de una reforma democrática del Estado y su relación con la sociedad, bajo la premisa de una urgente recuperación social y no sobre presupuestos electorales. Es indispensable traducir los avances económicos de una política de desarrollo que combata los problemas estructurales de la pobreza y no simplemente se dedique a atenuar sus efectos más dramáticos.
Que fomente la inversión productiva y la creación de empleos de calidad y bien remunerados. Que haga realidad el salario constitucional y eleve a nivel promedio del ingreso nacional. Que proporcione la retribución justa del obrero, del empleado y del profesionista en función de su mejor rendimiento.
Que fomente un adecuado ambiente de trabajo. Que respete y haga respetar la legislación
laboral vigente. Una política con sentido social que eleve la calidad de vida de la población y termine con el rezago de vivienda y servicios. Que promueva la universalización de la seguridad social y mantenga su carácter público solidario.
Que mejore ciertamente la atención y la salud, y eleve de manera sustancial los ingresos de jubilados y pensionados. Una política que acabe con el uso clientelar, electoral, personalista y discrecional de los fondos públicos. Que respete la competencia del Poder Legislativo en el uso y destino de los recursos de la nación. Seguir viendo como hasta ahora las necesidades sociales con la lógica del costo - beneficio, se traduce el apreciar las pensiones como limosnas y no como una verdadera retribución al esfuerzo laboral de miles de mexicanos.
Sólo así, entendiendo el incremento de 70 centavos diarios en promedio a la cuantía de las pensiones, que en el mejor de los casos alcanza para que sus beneficiarios agreguen a su de por sí reducida dieta, un kilo de carne al mes o cuatro bolillos diarios.
El aumento, estamos seguros, antes de representar una medida que calme los ánimos de jubilados y pensionados, será un acicate para continuar demandando que los montos de las pensiones básicas sea de cuando menos dos salarios mínimos mensuales. Sin tiempo de espera, sin que la muerte les llegue esperando el aumento.
Termino mi tiempo, señores diputados, señalando dos cosas: una, creo que darles incremento de 70 centavos a los jubilados, pues va a tener un costo muy fuerte en estas elecciones del 21 de agosto. Lo han dicho, lo han manifestado.
Por lo tanto, sería bueno que reconsideráramos estas propuestas. Por ello, el grupo parlamentario del PRD hace unas propuestas, que dejaremos aquí en la Secretaría.
"Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97 y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados abajo firmantes ponemos a su consideración la modificación al proyecto de decreto que reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, Presentado por las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para quedar de la siguiente forma:
Decreto que reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social.
Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 168 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
Artículo 168. La pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo vigente que rija en el Distrito Federal."
Y proponemos también en los transitorios:
"Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de junio de 1994.
Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá utilizar los activos financieros señalados en el artículo 264 de la Ley del Seguro Social, que sean indispensables para financiar los incrementos a que se refiere el transitorio anterior."
Hemos entregado a la Secretaría la propuesta que hacemos como PRD. Esperamos tener la aprobación de todos ustedes, considerando que los jubilados y pensionados no merecen recibir 70 centavos diarios; consideramos que eso no les va a ayudar para mejorar su situación económica. Muchas gracias.
El Presidente:
Como lo solicita la diputada Evangelina Corona, esta Presidencia hace la excitativa a las comisiones de Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social, para que formulen dictamen sobre la iniciativa mencionada por la propia diputada Evangelina Corona.
Al mismo tiempo, se instruye a la Secretaría para que conserve la propuesta presentada por la diputada Evangelina Corona.
Para fijar posición, a continuación viene por el Partido Acción Nacional, el diputado José Antonio Gómez Urquiza.
El diputado José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ha sido tema frecuente en esta LV Legislatura, el asunto de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos ahora por aprobar un pírrico aumento a las percepciones de quienes con sus aportaciones y las de sus patrones construyeron lo que hoy, a 50 años de fundado, es esta institución.
Hemos estudiado y debatido el tema del instituto y en forma reiterada lo hemos hecho careciendo de la información necesaria y suficiente para analizar el futuro económico del Seguro Social. Por fin, después de más de dos años de solicitarla, hace menos de una semana nos fue entregada alguna información que corresponde a la evaluación actuarial al 31 de diciembre de 1992 y sus proyecciones a 40 años.
Debemos dejar constancia en esta tribuna que el balance actuarial, documento importantísimo, que de acuerdo al artículo 250 de la Ley del Seguro Social debe presentarse a la asamblea general del instituto por lo menos cada tres años, no nos han sido proporcionado.
Sin embargo, del análisis de la información recibida, es necesario hacer algunos señalamientos en esta tribuna, ya que es evidente que la situación de la economía del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra al borde de una crisis muy seria. Analicemos la evaluación de la población asegurada y pensionada.
En el año de 1980 el Instituto Mexicano del Seguro Social contaba con 5 millones 900 mil asegurados y 468 mil pensionados. Para 1992 en número de asegurados se incrementó a 10 millones y el de jubilados a 1 millón 50 mil. Mientras que la población asegurada creció 68%, la de jubilados lo hizo 124%. El número de pensionados por cada 100 asegurados creció de 7.9 en 1980 a 10.5 en 1992.
El importante cambio en la relación pensionados - asegurados obedece principalmente a las siguientes causas: primero, envejecimiento de la población; segundo, incremento en la esperanza de vida y, tercero, contracción de la economía.
Si se diera una reactivación económica podría mejorar esta relación por el efecto que tendrá la recuperación sobre el empleo. Sin embargo, los efectos del envejecimiento de la población y del incremento en la esperanza de vida, tendrán mayor peso. Y la relación de pensionados por cada 100 asegurados seguirá creciendo; para el año 2000 habrá alcanzado la cifra de 13.5; es decir, tres pensionados más por cada 100 activos, que en 1992.
En 1980 los salarios de cotización representaban el 13.4% del PIB. Para el año de 1987 habían bajado al 9.8 del PIB, a pesar de que el número de asegurados había crecido un 37%.
A partir del año 1989 se aprecia una ligera recuperación del total de los salarios de cotización y en el año 1992 alcanzaron el 12% del PIB. Por su parte la relación que guarda el gasto anual por pensiones respecto al PIB se mantuvo en un rango del .19% al .23% en el período 1980 - 1988.
Con las reformas a la Ley del Seguro Social, a partir de 1989 se incrementó sustancialmente el gasto anual por pensiones hasta llegar al .41% del PIB en 1992. Debido a las reformas introducidas a la Ley del Seguro Social desde el año 1989, la relación del gasto por pensiones respecto al ingreso por cuotas, pasó del 19% en 1988 al 26% en 1992. El incremento del 68% en el número de asegurados observado en el período 1980 - 1992 no se vio compensado con un incremento proporcional en los ingresos por cuotas del instituto; el proceso inflacionario prevaleciente desde el inicio de la década de los 80 incidió desfavorablemente en sus ingresos por cuotas; los salarios promedio de cotización sufrieron una erosión del 33% en dicho período.
Así, mientras el número de asegurados pasó de 5 millones 900 mil en 1980 a 10 millones en 1992, los ingresos reales del instituto, tomando como base el año de 1980, se incrementaron tan sólo un 29%; con un ingreso de 29% mayor se requiere dar servicio a una población que creció 68%.
La evolución desfavorable observada por los ingresos por cuotas del Seguro Social, prácticamente hicieron desaparecer en 1988 el diferencial entre ingresos y gastos; en el año de 1989 gracias a un incremento de las cuotas del 3% de los salarios de cotización, se recuperó el diferencial entre ingresos y gastos, para alcanzar un monto equivalente al 7.1% de los ingresos por cuotas; sin embargo, para el año de 1992 este diferencial se redujo a la mitad y para el año de 1993 prácticamente desapareció.
Este comportamiento prueba que las reformas que se han hecho a la Ley del Seguro Social en
los últimos años han buscado resolver problemas a muy corto plazo, que por lo mismo han requerido de nuevas reformas, sin lograr una solución definitiva.
En el año de 1983 el Seguro Social contaba con un total de 205 mil 380 trabajadores; para el año 1992 el número de trabajadores aumentó a 338 mil 680, lo que representó un incremento del 65%. Durante este mismo período el número de asegurados creció 53%; es decir, 12 puntos porcentuales menos que el incremento observado por el número de trabajadores del Seguro Social.
En el año de 1985 la planta laboral del Seguro Social aumentó en 59 mil 982 trabajadores, este incremento se dio principalmente en las oficinas regionales y estatales, cuya planta pasó de 120 mil 855 trabajadores en 1984, a 176 mil 828 en 1985. A partir del año 1985 se presenta un importante cambio en la estructura del personal del Seguro Social: mientras en los años 1983 y 1984 los recursos humanos del área médica representaron el 74% del total de trabajadores, en 1986 representaron un 62% y para 1992 llegaron a ser tan sólo el 58% de la planta total.
Con este cambio observado en la estructura del personal del Seguro Social el número de trabajadores del área médica por cada 100 asegurados, se redujo de 2.3 a 1.95.
Resulta además interesante señalar que el ingreso promedio de los trabajadores del Seguro Social al 31 de diciembre de 1992, incluyendo todas sus prestaciones directas e indirectas, fue de 8.7 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, mientras que los salarios de cotización promedio alcanzaron solamente la cifra de 2,5 veces dicho salario mínimo.
Es decir, los trabajadores del Seguro Social perciben un ingreso más de tres veces superior al promedio de los asegurados afiliados al instituto.
Proyecciones 1992 - 2030. Conforme a la proyección de asegurados y jubilados que forma parte de la valuación actuarial del ramo de invalidez, vejez, cesantía y muerte que nos fue proporcionada por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha al 31 de diciembre de 1992, los pensionados alcanzarán la cifra de 7 millones 200 mil personas para el año 2030.
La relación de pensionados por cada 100 asegurados, pasará de 10.5 pensionados en 1992, a 34.2 en 2030. Es decir, habrá un pensionado por cada 2.9 asegurados.
El gasto anual por pensiones que en 1992 representó el 3.41% de los salarios de cotización, en el año 2030 alcanzará un monto equivalente al 22.6% de dicho salario; pasará de 3.4% a 22.6% en menos de 40 años.
Si se compara la cifra del 22.6% de los salarios de cotización con la cuota total del ramo de invalidez, vejez, cesantía y muerte que en 1993 es de 7.03% de dichos salarios y que en 1996 alcanzará apenas el 8.07%, se puede anticipar los incrementos que deberá sufrir en el futuro la cuota de la rama de invalidez, vejez, cesantía y muerte, para generar los recursos necesarios para cubrir las pensiones en este ramo.
El nivel de pensión a los 65 años de edad, referida al promedio de los salarios de las últimas 250 semanas de cotización, oscila entre el 62% y el 87% con 30 años de cotización, y entre el 87% y el 96%, con 40 años de cotización.
Ahora bien, el porcentaje de ahorro necesario para financiar una pensión dinámica, equivalente al 70% del último salario, considerando que el salario se triplicará en términos reales en el transcurso del período de ahorro de 40 años, sería de 17.4 de los salarios.
Con estos datos se confirman los resultados de la proyección de asegurados y jubilados en cuanto a la gran insuficiencia de la cuota en el ramo de invalidez, vejez, cesantía y muerte, para financiar los beneficios previstos por la Ley del Seguro Social.
No es posible resolver indefinidamente la insuficiencia de las contribuciones a la seguridad social, comprometiendo a las generaciones futuras de trabajadores y empresas.
Para que un sistema de seguridad social pueda ser variable, es necesario que cada generación sea responsable de ahorrar lo necesario para su jubilación; que dicho ahorro sea administrado en forma eficiente y a que su inversión genere rendimientos reales, que permitan abatir los efectos de la inflación tanto durante el período de ahorro como durante el período de pago de las pensiones.
Forzar a las generaciones futuras a soportar una mayor creciente carga económica, llevará
frustración a los jóvenes, quienes injustamente tendrán que soportar la falta de previsión de las generaciones anteriores de gobiernos, empresas y trabajadores, arriesgando la viabilidad de la creación de nuevos empleos.
Si aprovechamos la experiencia de la quiebra de otros sistemas de seguridad social de sociedades más desarrolladas, no necesitaremos experimentar por nosotros mismos esta situación.
Italia y Suecia nos enseñan a dónde se puede llegar cuando se exige demasiado a la seguridad social. En Italia, donde ya prácticamente no se ven nuevos causantes, en pocos años su sistema de pensiones ya no se podrá financiar.
En Suecia, país que creó un estado providencia hasta el exceso, se rebasaron ya sus posibilidades. Mientras más pronto se tomen las acciones correctivas en nuestro país. menor será el costo de reconocer la inminente quiebra a la que llegará nuestro sistema de seguridad social.
El aumento a las cuotas no servirá por sí solo para resolver este rezago, es necesario redimensionar las áreas administrativas del Seguro Social, las cuales ocupan en 1992 el 42.3% del total de trabajadores del instituto, mientras que en 1984 ocupaban el 25.7%.
Es necesario que el instituto realice un esfuerzo por reducir los costos administrativos para que se pueda ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y conseguir la reposición y modernización de equipo.
La seguridad social en nuestro país ha ampliado en forma importante su cobertura y sus beneficios a lo largo de sus 50 primeros años de historia. Es sin lugar a duda un importante patrimonio para los mexicanos, Sin embargo, el desarrollo futuro del Seguro Social enfrenta grandes retos. La solidez financiera de la institución se ha visto minada en el tiempo, debido a que los criterios políticos han prevalecido sobre criterios económicos:
Se han confundido las reservas con excedentes, se han otorgado un sinnúmero de beneficios sin el correspondiente incremento en cuotas.
La fuerza política alcanzada por la dirigencia de su sindicato ha convertido a los trabajadores del instituto en un grupo privilegiado que grava sobre la economía de trabajadores y patrones y ni la representación sindical ni los directivos del instituto parecen tener la voluntad para adecuar su estructura administrativa y operativa, en beneficio de una necesaria productividad.
La calidad de los servicios médicos, tanto por la falta de inversiones durante la década de los 80 como por la falta de motivación de sus trabajadores, deja mucho qué desear.
El severo y largo período inflacionario, el deterioro de los salarios, el envejecimiento de la población y un menor crecimiento del número de asegurados, han dificultado aún más el manejo de la institución. La decisión de utilizar las cuotas del ramo de invalidez, vejez, cesantía y muerte para la construcción de la red de servicios hospitalarios, aun cuando en su momento pudo considerarse como una medida necesaria, impidió que se otorgaran los ajustes necesarios a las pensiones durante el período inflacionario, y las demandas justas de incremento a las mismas no han podido ser satisfechas.
A fin de garantizar la viabilidad de los objetivos a futuro del instituto, se requiere de una reforma estructural de carácter integral. Esta reforma no necesariamente debe ser la de adoptar un sistema de pensiones, como el chileno. Consideramos que en el sistema de pensiones suizo y en el sistema de pensiones alemán, tenemos otros ejemplos que vale la pena analizar, porque han demostrado su capacidad de permanencia y son además verdaderos sistemas de seguridad social que logran el objetivo de redistribución de la riqueza.
Dado que las áreas de la seguridad social son de una gran sensibilidad política, se debe buscar que los compromisos que se asuman correspondan a la capacidad económica para hacerles frente, sin comprometer a las generaciones futuras y sin arriesgar la viabilidad de la creación de nuevos empleos.
La reforma deberá redimensionar el esquema de pensiones del Seguro Social, buscando que el nivel de cuotas sea consistente con los beneficios que se establezcan, y que el nivel de los beneficios corresponda al verdadero concepto de seguridad social, dejando espacio para el desarrollo de planes complementarios, acordes a la capacidad económica de las empresas.
Asimismo, es necesario que se estudie una forma de organización del servicio médico, que resuelva el problema de la falta de motivación de los médicos, que tienen un mismo ingreso sin importar el esfuerzo, la capacitación obtenida y la cantidad y la calidad del servicio que prestan.
Finalmente, ante la demanda de un mayor ingreso de parte de los jubilados, es necesario que se busquen alternativas adicionales y distintas a un incremento a la pensión mínima. Esta medida deja insatisfechos a los pensionados, porque no toma en cuenta ni el tiempo que tienen como jubilados, ni la relación que guardaba su pensión con respecto al salario mínimo.
Tomando en cuenta que las pensiones se hicieron dinámicas a partir del año 1989 y que el proceso inflacionario se presentó con mayor severidad durante la década de los 80, conviene evaluar la alternativa de ajustar las pensiones en curso de pago otorgadas antes de 1989, con base en la relación que guardaba la pensión en el año 1980 o en la fecha de su otorgamiento si fuese posterior, ésta con el salario mínimo de ese año.
Un ajuste a las pensiones, basado en un procedimiento como antes descrito, daría como resultado un incremento proporcional a la pérdida de poder adquisitivo que sufrió la pensión de cada jubilado a partir de 1980, por lo que sería mucho más justo que un incremento a la pensión mínima.
Nuestro grupo parlamentario apoya el aumento a los pensionados, dejando claro que es suficiente e injusto, sobre todo para quienes se pensionaron antes de 1989, para quienes, quienes como anotamos, se requieren además otras acciones. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Gómez Urquiza.
En seguida y para hablar en pro del dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Sáenz Garza.
El diputado Miguel Ángel Sáenz Garza.
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
La iniciativa cuyo dictamen estamos comentando, obedece fundamentalmente al propósito de cumplir el compromiso que esta legislatura asumió, que durante el transcurso de su ejercicio habrían de hacerse los esfuerzos necesarios para que las pensiones mínimas llegaran a cuando menos el equivalentes al salario mínimo.
Este propósito que hemos compartido todas las fracciones parlamentarias representadas en este Congreso, se cumple con la iniciativa que ha sido presentada, al señalar que a partir del 1o. de enero de 1995 no habrá ninguna pensión mínima que esté por debajo del equivalente al salario mínimo en el Distrito Federal.
En el texto del dictamen que las comisiones unidas de trabajo y Previsión Social aprobamos la semana pasada, se señala muy claramente que estamos conscientes de lo insuficiente que representa, tanto el incremento en sí de llevarlos al 100%, como el hecho de que este incremento se otorgue en dos pasos sucesivos, el primero a partir del 1o. de junio de este año con un 5%, y el segundo a partir del 1o. de enero de 1995, con otro 5%, para llevarlo al equivalente del salario mínimo.
Indiscutiblemente que siendo esto insuficiente, tenemos que reconocer que es el esfuerzo máximo que puede realizarse para no alterar en forma importante las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
De alguna manera tiene que partirse de la base de que para otorgar un incremento en las pensiones, este incremento tiene que tener una sustentación muy clara en lo que se refiere a los ingresos del instituto.
No se podría realizar simplemente para llevar esto, como todos quisiéramos, al 100% a partir de 1o. de junio, a un gasto que representaría, indiscutiblemente, poner en riesgo este equilibrio financiero del instituto y utilizar recursos que de alguna manera lo único que estamos haciendo es simplemente disminuir las posibilidades de ir creando un fondo que permita el financiamiento adecuado de las pensiones.
Llevar las pensiones más allá del salario mínimo, que es efectivamente una de las peticiones que ha sido presentada, y que ha sido una de las demandas de los jubilados, es algo que en este momento causaría efectivamente un trastorno muy importante desde el punto de
vista financiero, además de que nos colocaría efectivamente en el fondo del problema real en cuanto a la suficiencia o insuficiencia del salario mínimo determinado en este momento, de conformidad con los parámetros que señala la Ley Federal del Trabajo.
Vale la pena señalar, dentro de los comentarios que aquí se han estado haciendo, que efectivamente los jubilados y pensionados han estado cotizando durante tiempo determinado y lo han cotizado como lo marca la ley, para poder obtener como consecuencia de esta cotización, una pensión determinada al fin de su vida laboral, al cumplir una edad determinada o al entrar en un estado de invalidez.
Y lo que se ha estado haciendo a través de las modificaciones a la Ley del Seguro Social a partir de 1989, ha sido precisamente llevarlo más allá de lo que en realidad se estuvo cotizando en su oportunidad, más allá de aquello para lo que se estuvo cotizando en realidad.
Y ésta es la razón fundamental por la que desde estas modificaciones de 1989, se señaló que para establecer la cuantía mínima de la pensión, habría de incluirse en ella lo correspondiente a las asignaciones familiares y a las ayudas asistenciales que equivale, hay que recordarlo, al 15% por la esposa y al 10% por cada uno de los hijos o al 15% de ayuda asistencial, en el caso de que no se tenga esposa que lo atienda.
De alguna manera esto presenta ir muchísimo más allá de lo que sería el salario mínimo, si lo colocáramos como cuantía mínima de la pensión, sin tomar en cuenta las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales y en consecuencia repercutiría en una forma muchísimo más importante en lo que se refiere a las finanzas de la institución.
Estamos de acuerdo todos, y esto queda también señalado en el texto del dictamen que presentan las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, que en el futuro hay que seguir haciendo adecuaciones que nos permitan efectivamente mejorar aún más las cuantías de las pensiones, y que esto tendrá que ser necesariamente a través de adecuaciones a la Ley del Seguro Social, que tendrán que redundar necesariamente en un incremento en las cuotas para poder establecer claramente las bases de financiamiento.
Porque aquí habría que señalar, que efectivamente sí se han estado buscando algunos otros mecanismos diferentes, como lo puede ser el Sistema de Ahorro para el Retiro.
Quedó claro, como aquí se acaba de señalar por conducto del último de los oradores que hizo uso de la palabra, queda claro que éste es un mecanismo alternativo, que permite efectivamente al trabajador tener algo complementario a lo que representa realmente el derecho que establece la Ley del Seguro Social, en cuanto a la obtención de una pensión; esto es algo que lo complementa.
Pero de alguna manera, repito, la intención de todos los legisladores que participamos en la elaboración de este dictamen, es precisamente en el sentido de que efectivamente hacia el futuro puedan seguirse mejorando las condiciones de las pensiones, para poder tener cada vez unas pensiones más dignas, más útiles.
Sí quisiera hacer algunos comentarios en relación también a esta última intervención, en cuanto a lo que se refiere a al persecución que pudieran tener los trabajadores dentro de las finanzas institucionales, porque aquí se ha dicho que los trabajadores del Seguro Social somos trabajadores privilegiados y que el promedio de ingreso es de 8.7 veces el salario mínimo del Distrito Federal.
Yo quisiera precisar que una de las partes importantes de la organización sindical a la que tenemos honor de pertenecer, ha sido precisamente el tratar de buscar la mejoría de los salarios de los trabajadores sindicalizados ya quisiéramos efectivamente tener promedio de 8.7 veces el salario mínimo en el Distrito Federal.
Y valga el comentario: el médico, que es el trabajador que tiene el mayor salario en el nivel del tabulador de sueldos, recibe un sueldo tabular de 1 mil 800 y fracción de nuevos pesos al mes y tiene en prestaciones, éstas que ahí se señalaron, no más allá en el caso de los médicos más antiguos, del 50%, lo cual no es ni remotamente esta cantidad que se señaló aquí. Y repito, ésta es la categoría más alta del tabulador.
De alguna manera hemos estado insistiendo en que incremente el compromiso de los trabajadores de la seguridad social para el servicio que se presta; una de las mejores formas indiscutiblemente tendrá que ser el mejorar sus
prestaciones de carácter económico, porque no es posible exigir con los salarios que en estos momentos devengan los trabajadores del Seguro Social, exigir un compromiso extraordinario sobre la seguridad social o querer recargar sobre ellos la culpa de lo que pueda estar sucediendo a la institución. Aquí ha sido señalado muy claramente cuál es el origen de estos problemas de carácter económico: son los problemas generales de salario que afectan a todos los trabajadores del país, no nada más a los trabajadores del país, no nada más a los trabajadores sindicalizados del Seguro Social, que de alguna manera dentro de nuestras actuaciones, tienen que buscar precisamente la mejoría de ellas, para poder resolver también sus situaciones de carácter personal.
Yo creo que en términos muy generales lo que aquí hemos estado señalando es precisamente lo importante que representa en este momento, aunque sea insuficiente, llevar las pensiones de los jubilados y pensionados, la pensión mínima, a cuando menos el 100% de lo que equivale al Distrito Federal, y establecer, como ya lo dice el dictamen que ha sido presentado a la consideración de este pleno, establecer en el futuro los mecanismos que nos permitan efectivamente ir mejorando cada vez más estas pensiones para que los jubilados tengan una vida digna.
Por lo anterior y considerando que este asunto ha sido discutido plenamente, solicito a usted, señor Presidente, pregunte a los compañeros diputados si es así, para que se pase a votación. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Agotada la relación de oradores que se registraron para discutir en lo general y en lo particular este dictamen, consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.
El secretario Juan José Bañuelos Guardado:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
Gracias, señor Secretario. Proceda la Secretaría a someter a la consideración de la Asamblea las propuestas presentadas por los diputados.
El secretario Juan José Bañuelos Guardado:
Propuesta presentada por el diputado René Bejarano Martínez y la diputada Evangelina Corona Cadena.
"Artículo 168. La pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.
Transitorios.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de junio de 1994.
Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá utilizar los activos financieros señalados en el artículo 264 de la Ley del Seguro Social que sean indispensables para financiar los incrementos a que se refiere el transitorio anterior."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único de este proyecto de decreto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161.
(Votación)
Se emitieron 296 votos en pro y tres en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro social.
El secretario Juan José Bañuelos Guardado:
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
PROCESO ELECTORAL
El Presidente:
Para formular una declaración política sobre no intervención de extranjeros en el proceso electoral mexicano, se concede el uso de la palabra al diputado Felipe Muñoz Kapamas.
El diputado Felipe Muñoz Kapamas:
Con su permiso, señor Presidente:
A nombre de varios diputados me permito hacer la siguiente declaración política sobre declaraciones de legisladores de los Estados Unidos de América, sobre el proceso electoral en nuestro país:
«Declaración política.
CONSIDERANDO
Uno. Que los principios de soberanía, libre determinación de los pueblos y no intervención, son y seguirán siendo para México principios fundamentales para una adecuada convivencia internacional;
Dos. que el proyecto de resolución propuesto por los legisladores norteamericanos David Bonir y Robert Torricelli en relación con el proceso electoral mexicano, son preocupantes diversas afirmaciones y conminaciones a que el Gobierno y los mexicanos cumplamos con la ley. Tales afirmaciones son inadmisibles y contrarias a principios fundamentales de la política exterior, reconocidos por el derecho internacional;
Tres. Que en virtud de lo anterior, los miembros de la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, pertenecientes a todas las fracciones parlamentarias, hacemos la siguiente
DECLARACIÓN POLÍTICA
Con motivo de las recientes declaraciones de los legisladores norteamericanos David Bonir y Robert Torricelli, rechazamos cualquier intento de que instancias extranjeras intervengan en la realización de los procesos electorales de nuestro país.
Ratificamos nuestra convicción de que ningún gobierno o instancia extranjera, debe de participar en la organización y calificación de las elecciones, ya que éstas son competencia exclusiva de los mexicanos.
La ley electoral mexicana prevé regulación específica sobre el particular.
Reiteramos que los procesos electorales en México deben llevarse a cabo bajo nuestras propias normas y leyes y que no permitiremos que con ningún concepto se pretenda vulnerar la soberanía de la nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de mayo de 1994.- diputados: por el Partido Acción Nacional, Francisco José Paoli y Gabriel Jiménez Remus; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Manuel Terrazas; por el Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Valero; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Servando Hernández; por el Partido Popular Socialista, Hildebrando Gaytán Márquez y por el Partido Revolucionario Institucional, María de los Ángeles Moreno, Rodolfo Becerril Straffon y el de la voz, Felipe Muñoz Kapamas.»
Dejo la declaración política para los conceptos que llevan a cabo. Gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Felipe Muñoz.
Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado José María Tellez Rincón (desde su curul):
Es lo mismo que nosotros íbamos a presentar. Nos adherimos a ello.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Realmente es inusitado el tono a que han llegado estas declaraciones intervencionistas, este tono de prepotencia de parte de estos legisladores norteamericanos, en detrimento de la soberanía de nuestro país.
Qué bueno que se dé una declaración por parte de esta Cámara de Diputados que rechaza esta pretensión, que rechaza esto que desde el solo momento que fue expuesto, ha significado un menosprecio de parte de estos señores hacia la nación y el pueblo mexicanos. Creo que desde ahí es desde donde empezamos por rechazar estas expresiones que van en menosprecio de nuestra nación.
Tenemos que seguir muy alertas los mexicanos, tenemos que profundizar en nuestra historia y en la situación del mundo, pero tenemos que hacerlo tomando muy en cuenta siempre, cuáles son las aspiraciones y los problemas de nuestro pueblo.
Si la nación mexicana se constituyó, si declaró su independencia respecto de España y en estos ya casi 200 años, desde que Miguel Hidalgo dio el grito de independencia ha sido de una lucha intensa por mantenerse independiente y soberana, tenemos que reconocer hoy en día que esta lucha no puede hoy debilitarse, porque todos los intereses extranjeros que provienen principalmente de la potencia del norte, van en el sentido de supeditarnos, de doblegarnos y de imponernos su dominio económico pleno.
El Partido Popular Socialista rechaza la tesis que subyace en el pensamiento neoliberal, de que han desaparecido los intereses nacionales, de que hoy las fronteras deben desaparecer y de que el interés nacional es un asunto obsoleto. No podemos aceptar, porque tenemos intereses propios que no van en contra de los intereses de otros pueblos, pero son intereses propios, como el de la justicia social, como ese de la identidad nacional, la defensa de un perfil de nación, de un perfil de pueblo estructurado a través de la lucha histórica, que es lo que nos puede permitir ver un horizonte que resuelva los problemas de nuestra nación y del pueblo. Por eso reivindicamos que los intereses nacionales no son cosa del pasado para una nación como la nuestra; reiteramos nosotros, reivindicamos que no podemos aceptar la tesis neoliberal de que el mundo debe ser homogéneo y de que debe existir un solo concepto de democracia y de Estado.
Para el pensamiento neoliberal, que es el que está en el fondo de estas tesis intervencionistas, de estos legisladores norteamericanos, su concepto de democracia es el que y expusieron en el documento Santa Fe, de que la democracia, a la que ellos llaman permanente, es aquella en la que el Estado no debe intervenir para nada en la vida económica ni social del país.
Y luego dicen que democracia temporal, es la que tiene relación únicamente con el proceso electoral. Este Concepto es inaceptable para el Partido Popular Socialista, que es un concepto contrario a lo que la propia Constitución de nuestro país establece como democracia, y porque sencillamente este concepto de los norteamericanos sobre democracia es el concepto que sí sirve a los intereses del gran capital y a los intereses de la potencia imperial para sobreponerse sobre los demás pueblos del mundo.
No aceptamos, asimismo, la tesis que subyace en estas pretensiones de intervencionismo, de que no debe existir una política social por parte del Estado, sino que el Estado debe ser un simple vigilante de las leyes del mercado, a las que debe procurar que se impongan.
Rechazamos estas tesis, que son las que están no solamente impulsando a este intervencionismo, sino que buscan que se modifiquen nuestras leyes, buscan los norteamericanos Torricelli y los demás de este tipo de pensamiento intervencionista, que deroguemos esta tesis constitucional de democracia y de estado que nos dio el pueblo por sus luchas del siglo pasado y de éste.
Si nosotros, compañeros legisladores, hemos rechazado de manera permanente la tesis neoliberal, que como se ha visto no se restringe al
aspecto económico, sino que toman en consideración la vida social, hasta la misma forma de ver la historia y de tener las relaciones el día de hoy, lo rechazamos porque el neoliberalismo aplicado desde fuera a nuestro país no tiene en el fondo otra cosa que extinguir los principios de justicia social, soberanía e independencia, que son constitucionales en la nación mexicana.
Por rechazar este intervencionismo, sin duda que tiene qué ver, tiene qué tocar lo que ha sido la lucha esencial de los mexicanos: un patria independiente y soberana. Sí para poder así resolver los problemas económicos y sociales que tenemos, para poder así darnos un mayor horizonte, para poder así tener mayor porvenir para las nuevas generaciones.
Pero hoy estamos en un proceso electoral en la nación, la potencia del norte, que se ha distinguido por su intervencionismo, por una política que ha buscado sojuzguemos permanentemente, tenemos nosotros que estar hoy más alertas que nunca para cerrar el pasado a todos estos visos de intervencionismo.
Es indudable que ha existido debilidad en algunas de las reformas legales que hemos hecho en lo que se refiere al aspecto político - electoral. Ha habido concesiones a lo que es esa política intervencionista. Por eso, nosotros permanentemente nos hemos opuesto a este tipo de concesiones que den visos a individuos de fuera, sean en lo individual o a instancias sociales de gobierno o no gubernamentales, a que quieran venir a conocer de cerca, a que les informemos o a opinar sobre cómo debe hacerse o no hacerse la vida electoral y llevarse a cabo la democracia de nuestro país.
Llamamos a que seamos más celosos en la defensa de nuestra soberanía. Nunca debemos esperar que sea de fuera quienes vengan a decirnos cómo debe ser la vida democrática o cómo vamos a resolver los problemas internos que tenemos y que nos oponen uno a otro sector aquí a los mexicanos. Tenemos que ser nosotros, porque solamente así podemos ser responsables ante la historia, ante esta historia que nos dio un artículo 39 constitucional, que pone al pueblo de México por encima de cualquier instancia en el mundo, en lo que se refiere a la defensa y a la decisión de sus problemas en lo que es la nación mexicana con el propio pueblo mexicano.
¡Por eso, el Partido Popular Socialista rechaza, condena este tono prepotente, intervencionista, de los legisladores norteamericanos y llama a todas las fuerzas democráticas a estar alertas y a seguir defendiendo con pasión, con fuerza, la soberanía de nuestro país! Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado.
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
El Presidente:
Ha llegado a esta Presidencia un oficio del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, donde anexa un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional. Me permito pasarlo a la Secretaría para que dé lectura a la Asamblea.
El secretario Arturo Núñez Pardo:
«Diputado Luis Alberto Beauregard Rivas.- Presidente de la mesa directiva de la Cámara de diputados.- Presente.
En función del acuerdo tomado por esa Presidencia en sesión del día 3 de mayo próximo pasado, tengo el agrado de remitir a usted, el informe que se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, para los fines correspondientes.
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Mayo 17 de 1994.
Rúbrica.
«Por oficio de fecha 13 de mayo de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional, dio contestación en los términos siguientes
Como ya fue señalado en el boletín de prensa de fecha 29 de abril de 1994, la adquisición de los vehículos forma parte de un programa de modernización integral del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, derivado del plan nacional de desarrollo vigente, que involucra aspectos diversos como el educativo, la actualización del marco jurídico, el mejoramiento de la
capacidad de alojamiento, el adiestramiento y la optimización del equipo de las unidades de tropa.
La intención de implementar planes y programas de modernización, tiene sustento en el marco jurídico que determina y delimita nuestro cometido, como son los artículos 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 17 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en los que se estatuye que el secretario de la Defensa Nacional es el responsable de organizar, equipar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las fuerzas armadas de tierra y aire, conforme a las instrucciones que reciba del mando supremo de las fuerzas armadas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89, faculta al Presidente de la República para disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, para la seguridad interior y de la defensa exterior de la nación, así mismo, el Congreso de la Unión a través de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, establece como misiones generales para dichas fuerzas armadas, las de garantizar la seguridad interior del país, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas y mantener el orden, entre otras.
A mayor abundamiento, la propia Constitución en cumplimiento al pacto federal, en el artículo 119 impone la obligación a los padres de la Unión, de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior y para todo caso de sublevación o trastorno interior, por lo cual, las fuerzas armadas mexicanas deberán contar con armamento y equipo especializado para enfrentar, entre otros, a grupos violentos que rebasen las capacidades de los cuerpos de seguridad pública de las propias entidades federativas del país.
Es por ello, que las instituciones que constituyen la fuerza pública de la nación y que son garantes del mantenimiento de la seguridad interior, deben contar con medios que aseguren el cumplimiento de sus misiones, procurando siempre que operen disuadiendo a aquéllas personas que, en grupos violentos atenten contra el orden público.
En esta misma perspectiva, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal consigna como facultad de la Secretaría de Gobernación el vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de la autoridades del país, por lo cual, será por conducto de esa dependencia que los gobiernos locales soliciten la intervención del Ejército y Fuerza Aérea, en la eventualidad de que los cuerpos de seguridad pública de las localidades llegarán a ser insuficientes ante la acción de grupos violentos, y así lo autoriza el Presidente de la República, dichas fuerzas armadas podrán intervenir en su auxilio.
En la estructura orgánico - funcional del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, entre los cuerpos especiales figura el de policía militar, que entre otra, tiene la misión de proteger a las personas y a la propiedad pública, así como prevenir el pillaje y el saqueo en los casos de emergencia; por ello los 26 vehículos tipo antimotín, serán parte del equipamiento de las unidades de policía militar. Las referidas unidades fueron adquiridas con recursos que la nación puso a disposición de esta Secretaría para desarrollar las funciones previstas en los ordenamientos legales mencionados. (El costo unitario ascendió a $116,175.00 dólares americanos, correspondientes al ejercicio presupuestal del año próximo pasado).
La manera más eficaz de proteger la integridad de las personas así como los bienes públicos y de los particulares ante la acción de grupos violentos es por medio del empleo de vehículos como los adquiridos, que ya han probado su eficacia en los estados democráticos más avanzados.
En este orden de ideas, el nuevo equipo sólo esta dotado con dispositivos para dispersar grupos violentos sin lastimar a sus integrantes.
Asimismo, cabe destacar que estos vehículos, debido a sus características, permiten el cumplimiento de las misiones del Ejército y Fuerza Aérea, sin poner en riesgo a la población, y ofrecen protección para sus operadores, quienes están perfectamente preparados para cumplir sus misiones dentro de los límites de la ley y el respeto a los derechos humanos.»
El Presidente:
Gracias, señor Secretario.
Para hacer comentarios sobre descontaminación ecológica, tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Decelis Contreras... ¿No se encuentra en el salón?
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL
El Presidente:
Como no se encuentra en la sala, continuamos con el orden del día. tiene la palabra enseguida el diputado Enrique Rico Arzate, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre la Ley Electoral del Estado de Guanajuato... ¿No se encuentra en el salón? No se encuentra el diputado Enrique Rico.
Continuamos ahora concediéndole el uso de la palabra al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre la situación política en el Estado de Veracruz... ¿No se encuentra en el salón? Tampoco se encuentra.
Se han recibido en esta Presidencia las propuestas de los grupos parlamentarios de candidatos a consejeros ciudadanos ante el consejo General del Instituto Federal Electoral.
«Ciudadano diputado Luis Alberto Beauregard Rivas.- Presidente de la Cámara de Diputados.- Presente.
Con base en lo dispuesto por el artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presenta la siguiente propuesta para elegir consejeros ciudadanos propietarios y la correspondiente de consejeros ciudadanos suplentes.
Consejeros ciudadanos propietarios: Fernando Zertuche Muñoz, Ricardo Pozas Horcasitas, José Agustín Ortiz Pinchetti y Miguel Ángel Granados Chapa; consejeros ciudadanos suplentes: Luis Ponce de León Armenta, José Luis Soberanes Fernández, Jaime González Graft y Rodolfo Fernando Peña Villanueva.
Le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
Palacio Legislativo, a 23 de mayo de 1994.- Diputada licenciada María de los Ángeles Moreno Uriegas, coordinadora de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional.»
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión.- Presente.
Gabriel Jiménez Remus, diputado de la nación y en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de Diputados, a usted respetuosamente manifiesto:
Que en el ejercicio del derecho que le confiere al grupo parlamentario que represento el inciso a. del quinto párrafo del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), presento los candidatos a consejeros ciudadanos integrantes del Consejo General del IFE, evidentemente ellos se encuentran dentro de los requisitos de elegibilidad a que se refiere el artículo 76 del mismo ordenamiento.
Propietarios: Santiago Creel Miranda, José Woldemberg Karakowsky, Fernando Zertuche Muñoz y José Agustín Ortiz Pncheti; suplentes: Jorge Adame Goddard, Rafael Estrada Sámano, Luis Ponce de León Armenta y Jaime González Graft.
Por lo expuesto , a usted Presidente de la Cámara de Diputados, atentamente pido se sirva tenerme haciendo las propuestas de consejeros ciudadanos a que se refiere el presente escrito.
México, D. F., a 23 de mayo de 1994.- Diputado Gabriel Jiménez Remus.»
«Diputado Luis Beauregard Rivas, Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Por medio de la presente y con base a lo dispuesto en la fracción V del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, me permito proponer a los siguientes consejeros ciudadanos y a sus correspondientes suplentes, con el propósito de que sean considerados para formar parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral:
Propietarios: Miguel Ángel Granados Chapa, Jorge Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas y Fernando Zertuche Muñoz; suplentes: Rodolfo Fernando Peña Villanueva, Jaime González Graft, José Luis Soberanes Fernández y Luis Ponce de León Armenta.
Atentamente.
México, D. F., mayo 23 de 1994.- Diputado Ricardo Valero, coordinador del grupo parlamentario del PRD.»
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión.- Presente.
Alberto Carrillo Armenta, diputado federal y en representación del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en esta Cámara de Diputados, a usted respetuosamente manifiesto:
Que en el ejercicio del derecho que le confiere al grupo parlamentario que represento el inciso a, del quinto párrafo del artículo 74 del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), presento los candidatos a consejeros ciudadanos integrantes del Consejo General del IFE, evidentemente ellos se encuentran dentro de los requisitos de elegibilidad a que se refiere el artículo 76 del mismo ordenamiento.
Propietarios: Horacio Labastida Muñoz, Teodoro Césarman Vites, Teresa Vale Castillo y Víctor Flores Olea; suplentes: Javier Sánchez Campuzano, Ricardo Cortés Tamayo, José E. Iturriaga Sauco e Ismael Rodríguez Aragón.
Por lo expuesto, a usted Presidente de la Cámara de Diputados, atentamente pido se sirva tenerme haciendo las propuestas de consejeros ciudadanos a que se refiere el presente escrito.
México, D. F., a 23 de mayo de 1994.- Diputado Alberto Carrillo Armenta, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.»
«Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Propuesta del grupo del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ante este honorable Congreso de la Unión:
De candidatos a consejeros ciudadanos ante el consejo del Instituto Federal Electoral, en cumplimiento del artículo 74 del Cofipe.
Propietarios Horcasitas, José Agustín Ortiz Pinchetti y Miguel A. Granados Chapa; suplentes: Luis Ponce de León Armenta, José Luis Soberanes Fernández, Jaime González Graft y Rodolfo F. Peña Villanueva.
Cordialmente, diputado Servando A. Hernández Camacho, coordinador de la fracción parlamentaria del PARM.»
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que, de conformidad con el artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, formulen las listas de candidatos a consejeros ciudadanos ante el Consejo General del IFE.
Se ruega a la Secretaría dé lectura a un acuerdo parlamentario que rige el proceso de la elección de los consejeros al Instituto Federal Electoral.
La secretaria Victoria Reyes Reyes:
«Acuerdo de Práctica Parlamentaria para la elección de Consejeros Ciudadanos del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Honorable Asamblea: los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la LV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 146, 153, 154, 157, 158. 160, 161, y 162 del Reglamento para el Gobierno interior de los Estados Unidos Mexicanos; y demás relativos a estos ordenamientos, a fin de ordenar la elección de consejeros ciudadanos del Consejo del Instituto Federal Electoral, y
CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, es menester designar una comisión que integre la lista de candidatos a ocupar el cargo de consejeros ciudadanos del Consejo General del Instituto Federal Electoral;
2. Que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política fue creada por acuerdo del pleno de esta Cámara en su sesión del 7 de noviembre de 1991 para, entre otras atribuciones, fungir como órgano del gobierno plural que procure la comunicación y coordinación entre los grupos parlamentarios;
3. Que la LV Legislatura, tanto como se ha querido, ha suscrito los acuerdos tendientes a normar y facilitar las tareas camarales, caracterizándose como una práctica parlamentaria de consenso entre las diversas fuerzas políticas que la conforman, han tenido a bien suscribir el siguiente:
ACUERDO
Primero. Cada grupo parlamentario presentará a la Presidencia de la Mesa Directiva, hasta cuatro propuestas de candidato, propietarios y suplentes a ocupar el cargo de consejeros ciudadanos del Consejo del Instituto Federal Electoral.
Segundo. La votación en el pleno, para elegir a los consejeros ciudadanos propietarios, se realizará conforme a las siguientes bases:
I) La votación se hará por cédula.
II) La cédula tendrá impresa la siguiente leyenda: "Votación para elegir consejeros ciudadanos propietarios del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Por la afirmativa."
III) A cada diputado presente al momento de realizar la votación, le serán entregadas seis cédulas de votación.
IV) En la mesa de votación, habrá una urna por cada candidato que contenga la lista presentada al pleno por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
V) Cada urna tendrá visible el nombre del candidato respectivo.
VI) Cada diputado acudirá a la mesa de votación cuando la Secretaría mencione su nombre y depositará una cédula en cada una de las urnas de los candidatos por los que desee votar.
VII) Concluida la votación, la Secretaría realizará urna por urna el escrutinio de los votos conforme lo establece el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Dada a conocer por la Presidencia al pleno, la lista de consejeros ciudadanos propietarios electos, se procederá a realizar la votación para elegir a los consejeros ciudadanos suplentes, para lo cual se procederá conforme a las bases señaladas en el punto segundo de este acuerdo.
Cuarto. La Presidencia declarará quiénes han sido electos consejeros propietarios y sus respectivos suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y lo comunicará a este organismo.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de mayo de 1994.- Diputados: grupo parlamentario del PRI María de los Ángeles Moreno Uriegas, grupo parlamentario del PAN Gabriel Jiménez Remus, grupo parlamentario del PFCRN Alberto Carrillo Armenta, grupo parlamentario del PARM Servando Hernández Camacho y grupo parlamentario del PPS Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
Servido, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, compañera Secretaria.
ORDEN DEL DÍA
El Presidente:
Se ruega a la Secretaría que dé cuenta del siguiente punto del orden del día.
El secretario Arturo Núñez Pardo:
Señor Presidente, se han otorgado los asuntos en cartera de la sesión pública.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
24 de mayo de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Enrique Esnal Duberand, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Comendador, que confiere el Gobierno de Italia.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la elección de candidatos a consejeros ciudadanos ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
De la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Ana María Flores Ceceña y Blanca estela Marure Morales, para prestar servicios en la embajada de Chile, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 15.25 horas):
Gracias, señor secretario.
Y se cita para la sesión pública que tendrá lugar mañana martes 24 de mayo a las 10.00 horas.
Se pasa a sesión secreta.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
IFE Instituto Federal Electoral
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
PIB Producto Interno Bruto
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
SAR Sistema de Ahorro para el Retiro