Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19940524 - Número de Diario 14

(L55A3P1oN014F19940524.xml)Núm. Diario: 14

ENCABEZADO

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

LV LEGISLATURA

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE CRÓNICA PARLAMENTARIA

Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Luis Alberto Beauregard Rivas

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala

AÑO III México, D.F., martes 24 de mayo de 1994 No. 14

SUMARIO

SUMARIO

ASISTENCIA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Con una aclaración del diputado José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra. Se aprueba.

ESTADO DE OAXACA

Rinde protesta como diputado federal el ciudadano Rosalio Mendoza Cisneros.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS., LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Iniciativas con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dichos ordenamientos, presentadas por la diputada Liliana Flores Benavides. Se turnan a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

PROMOTORA DE SOLIDARIDAD: ¨ VA POR CUBA - MÉXICO. ¨

Documento al que da lectura la Secretaría.

REPÚBLICA DE ITALIA

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Esnal Dubernard, pueda aceptar la condecoración que le confiere esa nación. Se dispensa la segunda lectura, se aprueba y se turna al Senado de la República.

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CHILE EN MÉXICO

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Ana María Flores Ceceña y Blanca Estela Marure Morales, pueda prestar sus servicios en dicha legación. Se aprueba y se turna al Senado de la República.

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para elección de ciudadanos a consejeros. Se turna a la Cámara de Senadores, al Secretario de Gobernación, al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Federal Electoral, para los efectos correspondientes.

Hace uso de la palabra el diputado Juan Gualberto Campos Vega.

DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Expresan sus puntos de vista los diputados:

Rafael Docelis y Contreras

Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna

Rafael Doncelis y Contreras, para rectificar hechos.

Gonzalo Cedillo Valdez, para rectificar hechos.

Adolfo Alonso Kunz Bolalos, para rectificar hechos.

1 ANIVERSARIO LUCTUOSO

Comentan del Cardenal Posadas, los diputados:

J. Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez

Miguel Ángel León Corrales

Juan José Castillo Mota

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:

Miguel Ángel León Corrales

Juan José Castillo Mota

Víctor Martín Orduña Muñoz, quien presenta punto de acuerdo que se turna a la Comisión de Justicia.

Miguel Ángel León Corrales

José de Jesús Berrospe Díaz

Víctor Martín Orduña Muñoz

Juan de Dios Castro Lozano, quien presenta una proposición.

Miguel González Avelar

Juan de Dios Castro Lozano

Miguel Ángel León Corrales

Miguel González Avelar

Juan de Dios Castro Lozano

Cuauhtémoc López Sánchez Coello

Víctor Martín Orduña Muñoz

Juan José Castillo Mota

Víctor Martín Orduña Muñoz

Francisco Dorantes Gutiérrez

Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas

Se desecha la proposición del diputado Castro Lozano.

ESTADO DE VERACRUZ

Comenta la situación política y hace una denuncia, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.

SANTUARIO BALLENERO

Presenta una declaración política el diputado Israel González Arreguín. De enterado.

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

Presidencia del diputado Jesús Ramírez Guerrero

ASISTENCIA

El Presidente:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.

La secretaria Victoria Reyes Retes:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 309 diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente (a las 13.06 horas)

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La secretaria Victoria Reyes Reyes:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo período de Sesiones Ordinarias Tercer Año.- LV Legislatura.

Orden del día

24 de mayo de 1994.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Protesta de diputados.

Iniciativa de diputados

Con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Enrique Esnal Dubernard, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República llenada, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Italia.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Ana María Flores Ceceña y Blanca Estela Marure Morales, para prestar servicios en la Embajada de Chile, en México.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la elección de consejeros ciudadanos ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Comentarios sobre descontaminación del medio ambiente, a a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios en relación del aniversario luctuoso del cardenal Posadas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre la situación política en el Estado de Veracruz a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La secretaria Victoria Reyes Reyes:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la unión, celebrada el día veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Torres Castillo

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del día veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de trescientos siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.

Se da lectura con una proposición de la Gran Comisión en relación con la composición de las comisiones legislativas y la Asamblea la aprueba en votación económica.

Para continuar con el orden del día, la Secretaría da lectura a un ocurso del ciudadano Enrique Esnal Dubernard, quien solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Italia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Primera lectura de un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Ana María Flores Ceceña y Blanca Estela Marure Morales, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Chile en México.

En virtud del que el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento sesenta y ocho de la Ley del Seguro Social, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.

Para fundamentar el dictamen a nombre de las comisiones, hace uso de la palabra el diputado Trinidad Reyes Alcaraz y, para discutirlo en lo general y en lo particular, pasan a la tribuna los diputados: Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular socialista, Israel González Arreguin, del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Evangelina Corona Cadena, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita una excitativa a comisiones y propone una modificación al dictamen; José Antonio Gómez Urquiza, del partido Acción Nacional y Miguel Ángel Sáenz Garza, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente hace la excitativa solicitada y la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen, por lo que se pone a su consideración la proposición de la diputada Corona Cadena, y se desecha en votación económica.

La Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y seis votos. Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Felipe Muñoz Kapamas, del Partido Revolucionario Institucional quien presenta una declaración política respecto de la no intervención de extranjeros en el proceso electoral mexicano.

Para expresar sus puntos de vista al respecto, pasan a la tribuna el diputado Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular socialista.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, entregado por la Presidencia de la Comisión de la Defensa Nacional.

El Presidente informa que se han recibido las proposiciones de los grupos parlamentarios, de candidatos a consejeros ciudadanos ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Secretaría da lectura al acuerdo parlamentario que regirá la elección de los mismos mensajeros ciudadanos.

Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con veintiséis minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, martes veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.»

Está a discusión el acta.....

el diputado José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra (desde su curul):

Señor Presidente: hay un error en el acta al referirse al artículo que fue modificado, de la Ley del Seguro Social, se leyó artículo 178, cuando debe de ser artículo 168.

El Presidente:

Verifique la Secretaría para hacer la corrección.

La secretaria Victoria Reyes Reyes:

Así es, señor Presidente; la Secretaría toma nota.

Está a discusión el acta...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo....Aprobada el acta, señor presidente.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente:

Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano Rosalío Mendoza Cisneros, diputado suplente electo en el VII del Estado de Oaxaca.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Armando David Palacios García, Vitalicio Cándido Coheto Martínez, José Ramos González, Francisco Dorantes Gutiérrez y Francisco Hernández Juárez.

La secretaria Victoria Reyes Reyes:

Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente:

Ciudadano Rosalío Mendoza Cisneros: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Rosalío Mendoza Cisneros:

Sí, protesto.

El Presidente:

Si así no lo hiciéreis, la nación os lo demande.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA; LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Liliana Flores Benavides, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.

La diputada Liliana Flores Benavides:

Con su permiso señor presidente; compañeras diputadas y diputados:

«Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Los suscritos diputados a la LV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa de reformas a la ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la presente iniciativa se intenta restituir a la Cámara de Diputados las facultades inherentes a su naturaleza fiscalizadora de la gestión gubernamental hasta ahora severamente limitada.

Desde la perspectiva económica, el Poder legislativo sólo valora parcialmente la actividad económica nacional a través de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero desconoce casi completamente las orientaciones y directrices particulares con que el

Poder Ejecutivo opera el gasto aprobado, Así, sólo se aprueba una parte de la actividad gubernamental en materia económica, pero no se vigila ni conoce el resto de las operaciones del Gobierno.

La revisión del gasto público se realiza totalmente a través del análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la cual se estudia varios meses después de ejercicio el gasto, con posibilidades casi nulas para sancionar y mucho menos detener el inadecuado uso de recursos públicos, en caso de detectarse irregularidades.

La revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal debería ser no sólo el ejercicio de discutir un documento, para checar que los saldos sean correctos. Esta revisión debería significar calificar los criterios que rigen la política económica y sus consecuencias para los ciudadanos, obligando al Ejecutivo a dar cuentas del manejo de los recursos que los contribuyentes le depositaron.

Por medio de sus representantes, los ciudadanos deberían sancionar que este manejo se ejecute estrictamente apegado a los lineamientos de gasto que éstos aprobaron.

En la mayoría de los países democráticos el Legislativo conoce en cualquier momento del desarrollo de la ejecución del gasto público, así como de la recaudación de los ingresos en que éste se sustenta. Es decir, que desde el momento en que se comienza a aplicar el gasto, comienza su vigilancia, ya que resulta paradójico que mientras un poder de la Federación, en este caso el Ejecutivo, efectúa su tarea presupuestal, el poder encargado de regularlo encuentre su tarea suspendida. Tanto la ejecución del gasto como su supervisión deben ser acciones simultáneas, porque de lo contrario se inhabilita de hecho al Legislativa cumplir su tarea constitucional de fiscalización.

Actualmente, por este proceso el Ejecutivo no cuenta en los hechos con ningún obstáculo político para la aplicación de los recursos que le han sido encomendados, de tal forma que el acrecentado presidencialismo cuenta en materia presupuestal con el más absoluto poder. En la práctica se ha demostrado que esta libertad sin vigilancia de otro poder, más que ayudar a realizar una conducción oportuna y eficiente del gasto público, ha sido el origen de múltiples desviaciones e ineficiencias en el manejo de gasto público. Asimismo, se ha propiciado un manejo patrimonialista de los recursos públicos, lo cual debe evitarse, porque lo que se esta manejando son recursos de la población mexicana y no recursos propiedad del Ejecutivo.

Por otra parte, es una incongruencia el que el Legislativo no vigile cómo se lleva a cabo el gasto del presupuesto aprobado por él, sino que el Ejecutivo se vigile así mismo en cuanto a la ejecución del gasto público a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y esto por supuesto le permite manejar los recursos públicos sin restricciones. el Ejecutivo Federal funciona como juez y parte en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, lo cual evita que haya una verdadera fiscalización del gasto público.

Más allá de la ideología política o económica lo cierto es que esta deficiencia no beneficia a nadie, ya que esta situación podría ser válida si el dinero que se está manejando fuera propiedad de los funcionarios públicos, pero es dinero de terceros, de los contribuyentes, el cual está al arbitrio de los funcionarios sin que los representantes de los ciudadanos puedan hacer nada. Se requiere entonces, que el Legislativo realice las auditorias, visitas e inspecciones pertinentes cuando el gasto se está aplicando y no hasta que se reciba el documento de cuenta pública, cuando los actos ya pasaron y no se les puede dar marcha atrás.

La Cámara de Diputados cuenta con el órgano y la comisión para esta tarea, de tal forma que sólo es necesario actuar consecuentemente con sus funciones. Lo anterior no es una pretensión del Legislativo para inmiscuirse en asuntos fuera de su competencia o de darle atribuciones que no le corresponden. Se trata de devolverle su atribución original.

Con esta propuesta se busca que las funciones de la Contraloría General de la Federación pasen a la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de la Cámara de Diputados, la cual fiscalizará el ejercicio del gasto y la recaudación de los ingresos a partir del primero de enero correspondiente al año fiscal en que se ejerce el gasto, y no meses después de que éste concluyó.

En la propuesta se acorta el plazo con el que cuentan la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados para entregar tanto el informe previo como el informe de resultados de

la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, habida cuenta de que su función de vigilancia la realizará de manera permanente, por lo que los informes generales sólo serán analizados y discutidos por la Cámara de Diputados. Asimismo, se pretende hacer más eficiente el uso de los recursos humanos y materiales con que dispondrá la contaduría Mayor de Hacienda, así como evitar dar demasiado tiempo para hacer ajustes que encubran manejos turbios en el uso de los recursos públicos.

Se pretende que cuando se esté revisando la cuenta pública del año anterior en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, también realice esta tarea la Contaduría Mayor de Hacienda, así el informe previo lo entregará a la Comisión de Vigilancia dentro de los diez primeros días del mes de julio, y el informe de resultados dentro de los diez primeros días del mes de septiembre. Con estos elementos proporcionados por la Contaduría Mayor de Hacienda y revisión propia realizada por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta pública, la Cámara de Diputados contará con los instrumentos necesarios para emitir un juicio más certero de lo que fue el año presupuestal analizado. De esta forma se salva la incongruencia de que el informe de resultados se conozca cuando ya pasaron meses de haberse aprobado la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Asimismo, como órgano técnico de la Cámara de Diputados, la Contaduría Mayor de Hacienda tendrá la facultad de revisar, analizar y proponer modificaciones a los anteproyectos de presupuesto de las entidades que recibirán recursos federales. Estos anteproyectos, según el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público Federal (art. 26), son enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el 20 de julio de cada año, y con base en ellos dicha Secretaría elaborará el presupuesto federal del siguiente año, el cual es sometido a consideración de la Cámara de Diputados para su revisión y en su caso aprobación.

En el mes de julio al ser enviados estos anteproyectos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también serán enviados a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la cual contará con el auxilio de la Contaduría Mayor de Hacienda para la revisión y análisis de dichos documentos. La Contaduría Mayor de Hacienda a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y cuenta Pública enviará a la Cámara de Diputados un informe sobre su examen de estos documentos a más tardar el 10 de octubre. De esta manera la Cámara de Diputados tendrá elementos de análisis suficientes para revisar y en su caso, aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal emanado del Poder Ejecutivo que será recibido en el mes de noviembre de cada año para ser ejercido desde enero del siguiente año.

Otro de los elementos de esta propuesta es que la fiscalización se extiende a todos los organismos e instituciones a través de los cuales el Estado promueve su acción pública en materia económica, quedando comprendidos los beneficiarios de los subsidios y transferencias establecidas en el Presupuesto de Egresos Federal.

Asimismo proponemos que la supervisión del gasto público sea una actividad permanente de la Cámara de Diputados. Así, la Contaduría Mayor de Hacienda emitirá un informe trimestral que presentará a la Cámara de Diputados a través de la Comisión y Vigilancia sobre el resultado de la vigilancia y fiscalización realizada al inspeccionar la actividad económica de los organismos públicos que reciben fondos federales.

Por otra parte, es de resaltarse que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda contará con la facultad de formular y dar seguimiento al fincamiento de responsabilidades que se descubran durante la vigilancia del ejercicio. Esta instancia tendrá la facultad (autónoma del Ejecutivo) para proceder a la promoción de la acción penal correspondiente en los casos que lo ameriten. Dicha facultad no será exclusiva de la Comisión de Vigilancia, sino que tendrá que ponerse a consideración del pleno de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, y para fincar responsabilidades se requerirá de la aprobación del 25% de los diputados que así lo acuerden.

La Comisión de Vigilancia también tendrá la facultad de requerir directamente a todos los órganos sujetos a control presupuestal la información y documentos relacionados con el ejercicio del gasto público, sin que exista causa para negar dicha información a cualquiera de los miembros de esta Comisión. De esta manera se evitará el ocultamiento de información.

Asimismo, en la iniciativa se propone que el contador Mayor de Hacienda deberá ser elegido de entre los miembros integrantes de una terna propuesta por el grupo parlamentario que represente la primera minoría en la Cámara de Diputados. Esta terna será puesta a votación en el pleno de la Cámara de Diputados y el que obtenga la mayoría de votos ocupará el cargo de contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de diputados. El cargo del Contador Mayor de Hacienda será de tres años y podrá prorrogarse su nombramiento por otros tres años a propuesta motivada y fundada por el grupo parlamentario que represente la primera minoría en la Cámara de Diputados, puesto que este grupo parlamentario es el que tendrá legalmente la capacidad de proponer al Contador Mayor de Hacienda.

El Partido de la Revolución Democrática considera que es necesaria la pluralidad, por ello, se requiere la existencia de contrapesos políticos que posibiliten una real división de poderes. Así, con esta iniciativa pretendemos que en la vigilancia del uso de los recursos públicos, el Poder Legislativo desempeñe una función de verdadera vigilancia, y no sólo sea un órgano que avale incondicionalmente todas las acciones del Poder Ejecutivo.

Finalmente sólo cabe aclarar que será necesario para este órgano legislativo, la asignación de recursos suficientes para el desempeño eficaz de sus funciones.

Por otra parte, puesto que en breve la Asamblea de Representantes tendrá la facultad de aprobar su propio Presupuesto de Egresos y revisar su cuenta pública, hemos eliminado las referencias al Distrito Federal y proponemos un artículo transitorio que establece que la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda será aplicable a la revisión de la cuenta pública del Distrito Federal, en tanto la Asamblea de Representantes no emita su propia Ley.

Por las razones anteriormente expuestas se presenta, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se deroga el artículo 32 - bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo segundo. Se reforman los artículos 1o., 2o. los incisos a y b de la fracción II del artículo 3o., la fracción VII del artículo 3o., el primer párrafo del artículo 5o., los incisos b y c de la fracción X del artículo 7o., las fracciones IV y V del artículo 10, el inciso c, de la fracción IX del artículo 10, los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 18, 20, fracciones II y III del artículo 21, 23, segundo párrafo del artículo 24, 26, 27, fracción I y II del artículo 28, primer párrafo del artículo 29, primer párrafo del artículo 31 32, primer párrafo del artículo 33, inciso a, de la fracción I y fracción II del artículo 34, y la fracción I del artículo 36.

Se adicionan un tercer párrafo al artículo 1o., el artículo 3o.- Bis, los incisos c y d de la fracción II del artículo 3o., y las fracciones XIV, XV, XVI y XVII del artículo 10.

Se deroga el inciso a, de la fracción IX del artículo 10.

LEY ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

CAPÍTULO I

De la Contaduría Mayor de Hacienda

Artículo 1o. La Contaduría Mayor de Hacienda es el órgano técnico auxiliar de la Cámara de Diputados en la supervisión del ejercicio del gasto público y la revisión de la cuenta pública del Gobierno Federal.

En el desempeño de sus funciones estará bajo control de la Comisión de Vigilancia nombrada por la Cámara de Diputados.

En el proceso de aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación la Contaduría Mayor de Hacienda auxiliará técnicamente a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para el efecto de realizar un análisis y revisión de los anteproyectos de presupuesto de las entidades que recibirán recursos federales.

Artículo 2o. Al frente de la Contaduría Mayor de Hacienda, como autoridad ejecutiva estará un contador Mayor elegido de entre los miembros integrantes de una terna propuesta por el grupo parlamentario que representa la primera minoría en la Cámara de Diputados. Esta terna será puesta a votación en el pleno de la Cámara de Diputados y el que obtenga la mayoría de votos ocupará el cargo de Contador Mayor de Hacienda de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. El Contador Mayor

de Hacienda será auxiliado en sus funciones por un subcontador mayor; los directores; subdirectores; jefes de departamento, auditores, asesores; jefes de oficina, de sección, y trabajadores de confianza y de base que se requieran en el número y con las categorías que autorice anualmente el Presupuesto de Egresos de la Cámara de Diputados.

Artículo 3o. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .

II. Elaborar y rendir:

a) A la Comisión de Programación, Presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia el informe previo, dentro de los diez primeros días del mes de julio siguiente a la presentación de la cuenta pública del Gobierno Federal.

Este informe contendrá enunciativamente comentarios generales sobre:

1 a 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) A la Cámara de Diputados el informe sobre el resultado de la revisión de la cuenta pública del Gobierno Federal, el cual remitirá por conducto de la Comisión de Vigilancia en los diez primeros días del mes de septiembre del año en su recepción. Este informe contendrá, además, el señalamiento de las irregularidades que haya advertido en la realización de las actividades mencionadas en este artículo.

c) A la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia un informe trimestral del resultado de la vigilancia y fiscalización realizada al inspeccionar la actividad económica de los organismos mencionados en la fracción XVII de este artículo en el tiempo mismo en que estas tareas se realicen.

d) A la Cámara de Diputados el informe sobre el resultado de la revisión y análisis de los anteproyectos de presupuesto de las entidades que recibirán recursos federales, el cual remitirá por conducto de la Comisión de Programación, Presupuesto y cuenta pública en los diez primeros días del mes de octubre , con el fin de que los diputados tengan elementos de juicio para la aprobación del Presupuesto de Egresos Federal, que será enviado por el Ejecutivo.

III al X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 3o.- Bis. A la Contaduría Mayor de Hacienda corresponde al despacho de los siguientes asuntos:

I. Plantear, organizar coordinar el sistema de control de evaluación gubernamental. Inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuesto de egresos.

II. Expedir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal. La Contaduría Mayor de Hacienda, discrecionalmente podrá requerir de las dependencias competentes, la instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de facultades que aseguren el control.

III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar autorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control.

V. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal.

VI. Seguir normas a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en relación con el control y fiscalización de las entidades bancarias y de otro tipo que formen parte de la Administración Pública Federal.

VII. Realizar por sí o por solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auditorias y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.

VIII. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos de control que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones

en materia de: sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal.

IX. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros que elabore la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que permite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.,

X. Designar a los auditores externos de las entidades y normas y controlar su actividad.

XI. Proponer la designación de comisarios o sus equivalentes en los órganos de vigilancia en los consejos y juntas de gobierno y administración de las entidades de la Administración Pública centralizada y paraestatal.

XII. Opinar sobre el nombramiento, y en su caso, remoción de los titulares de las áreas de control de las dependencias y entidades. Tanto en este caso, como en las dos fracciones anteriores, las personas propuestas o designadas deberán reunir los requisitos que establezca la Contaduría Mayor de Hacienda.

XIII. Informar trimestralmente a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal sobre el resultado de la evaluación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que hayan sido objeto de fiscalización. En caso de irregularidades detectadas en la aplicación del gasto aprobado, para fincar responsabilidades se requerirá aprobación de 25% de los diputados que así lo acuerden, ya sea en período ordinario de sesiones o en la Comisión Permanente.

XIV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores de la administración pública federal y verificar y practicar las investigaciones que consideren pertinentes de acuerdo con las leyes y reglamentos.

XV. Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo con las normas que se emitan.

XVI. Vigilar el cumplimiento de las normas internas de la Contaduría Mayor de Hacienda, constituir las responsabilidades administrativas de su personal aplicándole las sanciones que correspondan y hacer al efecto las denuncias a que hubiere lugar, y

XVII: Los demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 5o. El Contador Mayor de Hacienda sea inamovible durante el término de tres años. La Cámara de Diputados, a propuesta motivada y fundada por el grupo parlamentario que represente la primera minoría en la Cámara de Diputados, podrá prorrogar su nombramiento hasta por tres años más.

Artículo 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 7o. El Contador Mayor de Hacienda tendrá las siguientes atribuciones:

I al IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X Promover ante las autoridades competentes:

a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) El cobro de las cantidades no percibidas por la Hacienda Pública Federal.

c) El pago de los recargos, daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Federal y

d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

XI al XII . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Artículos 8o. y 9o. . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPÍTULO II

De la Comisión de vigilancia de la contaduría Mayor de Hacienda

Artículo 10. Son atribuciones de la Comisión de Vigilancia

I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

IV. Presentar a la Comisión de Programación,

Presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados dentro de los primeros 10 días del mes de julio del mismo año de recepción de la cuenta pública, el informe previo que le remita la Contaduría Mayor de Hacienda.

V. Presentar a la Cámara de Diputados, dentro de los 10 primeros días del mes de septiembre de cada año, el informe que le rinda la Contaduría Mayor de Hacienda sobre el resultado de la revisión de la cuenta pública. Informe que será discutido por la propia Cámara, la cual resolverá lo conducente en cuanto a irregularidades detectadas.

VI a VII...................................................................................................................

IX. Proponer a la Cámara de Diputados, en los términos de esta Ley:

a) Se deroga

b)...........................................................................................................................

c) La remoción del Contador Mayor de Hacienda y del personal de confianza.

XI al XIII..................................................................................................................

XIV. Presentar a la Cámara de Diputados el informe trimestral del resultado de la vigilancia y fiscalización que le presente la Contaduría Mayor de Hacienda al inspeccionar la actividad económica de los organismos que recibe fondos federales.

XV. Requerir directamente a todos los órganos sujetos a control presupuestal la información y documentos relacionados con el ejercicio del gasto público y la cuenta pública federa. Si en un plazo de ocho días naturales no se tuviese respuesta podrá directamente acceder a los archivos públicos. Cualquier miembro de la Comisión de Vigilancia podrá solicitar tener acceso a esta información y documentos, sin que exista causa para la negativa.

XVI. Conocer o investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos para constituir responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalen, en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante el ministerio público prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere requerida. Para la realización de esta facultad requerirá la autorización del 25% de los diputados que así lo acuerden, ya sea en período ordinario de sesiones o en la Comisión Permanente.

VXII. Vincularse con la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública a través del auxilio que a ésta le preste la Contaduría Mayor de Hacienda para la revisión y análisis de los anteproyectos de presupuesto de las entidades que recibirán recursos públicos.

CAPÍTULO III

De la contabilidad y auditoría gubernamentales y archivo contable

Artículo 11. Con objeto de uniformar los criterios en materia de contabilidad gubernamental y archivo contable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer con oportunidad a la Contaduría Mayor de Hacienda, las normas, procedimientos, métodos y sistemas que emita e implante, de acuerdo con las facultades que le confieren las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, debiendo tomar en cuenta las recomendaciones que sobre el particular le formule la Contaduría Mayor de Hacienda.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer con oportunidad a la Contaduría Mayor de Hacienda, los programas mínimos de auditoría interna que fije para las entidades.

Artículo 12. La Contaduría Mayor de Hacienda, para revisar la cuenta pública del Gobierno Federal, establecerá las normas, procedimientos, métodos y sistemas de auditoría, y promoverá la elaboración de los manuales correspondientes para su aplicación interna.

Artículo 13. La Contaduría Mayor de Hacienda al revisar la cuenta pública del Gobierno Federal, vigilará la aplicación de las normas, procedimientos, métodos y sistemas a que se refiere el artículo 11 de esta ley, y dará cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las irregularidades que encuentre, para que dicte las medidas correctivas procedentes.

CAPÍTULO IV

De la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno Federal.

Artículo 14. Para los efectos de esta ley, la cuenta pública del Gobierno Federal está constituida por los estados contables y financieros y demás información que muestran el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del Ejercicio del

Presupuesto de Egresos de la Federación, la incidencia de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la Hacienda Pública Federal, y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos, así como el resultado de las operaciones del Gobierno Federal y los estados detallados de la deuda Pública Federal.

Asimismo forma parte de la cuenta pública los estados presupuestales y financieros, comprendiendo el de origen y aplicación de los recursos y el de resultados obtenidos en el ejercicio por las operaciones de los organismos de la administración pública paraestatal, sujetos a control presupuestal, de acuerdo con las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y General de Deuda Pública.

Artículo 15. La cuenta pública del Gobierno Federal que el Presidente de la República presente a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, será turnada, por conducto de la Comisión de Vigilancia, a la Contaduría Mayor de Hacienda, para su revisión.

Artículo 16..........................................................................................................................

Artículo 17. Las entidades conservarán indefinidamente en su poder libros y registros de contabilidad, así como la información financiera correspondiente; y la Contaduría Mayor de Hacienda, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación y los informes previo y sobre el resultado de la revisión de la cuenta pública.

Artículo 18. La Contaduría Mayor de Hacienda y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la aprobación del 25% de los miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y cuenta pública y del 25% de los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, determinarán de común acuerdo, los documentos justificativos y comprobatorios de la cuenta pública y los títulos y cupones amortizados o cancelados de la deuda pública federal, que deban conservarse, microfilmarse o destruirse.

CAPÍTULO V

De la revisión de la cuenta pública del Gobierno Federal y de la del Departamento del Distrito Federal

Artículo 19..........................................................................................................................

Artículo 20. La revisión de la cuenta pública del gobierno Federal precisará el ingreso y el gasto públicos, determinará el resultado de la gestión financiera, verificará el resultado de la gestión financiera, verificará si el ingreso derivada de la aplicación de las leyes de ingresos y de las leyes fiscales, especiales y reglamentos que rigen en la materia, comprobará si el gasto público se ajustó al Presupuesto de Egresos de la Federación y si se han cumplido los programas y subprogramas aprobados.

Artículo 21.............................................................................................................

I.............................................................................................................................

II. Determinar si las entidades auditadas cumplieron en la recaudación de los ingresos y en la aplicación de sus presupuestos con la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos de la Federación, y demás leyes fiscales, especiales y reglamentos que rigen en la materia; y

III. Revisar si las entidades alcanzaron con eficiencia los objetivos y metas fijados en los programas y subprogramas, en relación a los recursos humanos, materiales y financieros aplicados conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación ejercido.

Artículo 22..............................................................................................................

Artículo 23. A solicitud de la Contaduría Mayor de Hacienda, las entidades le informarán de los actos, convenios o contratos de los que les resulten derechos u obligaciones, que pudieran derivarse en daños en contra de la Hacienda Pública Federal, que afecten a la cuenta pública o impliquen incumplimiento de alguna ley relacionada con la materia.

Artículo 24..............................................................................................................

Igual obligación tienen los funcionarios de los gobiernos de los estados, de los organismos de la administración pública paraestatal y de los municipios, así como las instituciones privadas, o los particulares, a los que el Gobierno Federal les hubiere concedido subsidios.

Artículo 25.............................................................................................................

Artículo 26. La Contaduría Mayor de Hacienda goza de un plazo que vence el 10 de septiembre del año de la recepción de la cuenta pública, para practicar su revisión y rendir el informe de resultados, a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia.

Si por cualquier causa el plazo no le fuere suficiente, la Contaduría Mayor de Hacienda lo hará del conocimiento de la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, y solicitará una prórroga para concluir la revisión expresando las razones que funden y motiven su petición. En ningún caso la prórroga excederá de un mes, en virtud de que el informe de resultados debe ser conocido por la Cámara de Diputados antes de ser aprobada la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en diciembre.

CAPÍTULO VI

De las responsabilidades

Artículo 27. Para los efectos de esta ley, incurre en responsabilidad toda persona física o moral imputable, que intencionalmente o por imprudencia, cause daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.

Artículo 28. Las responsabilidades serán imputables:

I. A los causantes del fisco federal, por incumplimiento de las leyes fiscales; a los empleados o funcionarios de las entidades por la inexacta aplicación de aquéllas, y a los empleados o funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda, cuando al revisar la cuenta pública no formulen las observaciones sobre las irregularidades que detecten.

II. A los funcionarios o empleados de las entidades, por la aplicación indebida de las partidas presupuestales, falta de documentos justificativos o comprobatorios del gasto; a las empresas privadas o a los particulares, que en relación con el gasto del Gobierno Federal, hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones o contratos celebrados con las entidades, y a los empleados o funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda, cuando al revisar la cuenta pública no formulen las observaciones sobre las irregularidades que detecten; y

III...........................................................................................................................

Artículo 29. Las responsabilidades que conforme a esta ley se finque, tienen por objeto cubrir a la Hacienda pública Federal el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero.

..............................................................................................................................

Artículo 30..............................................................................................................

Artículo 31. Si de la revisión de la cuenta pública del Gobierno Federal, así como de la vigilancia y fiscalización permanente, se determinaren responsabilidades, el Contador Mayor de Hacienda promoverá el ejercicio de las acciones que correspondan.

..............................................................................................................................

Artículo 32. El Contador Mayor de Hacienda a tenor de los dispuesto en el artículo 7o. fracción VII, de esta ley, formulará trimestralmente a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia los pliegos de observaciones derivados de la vigilancia y fiscalización permanente y de la revisión de la cuenta pública del Gobierno Federal, así como de los relacionados con las empresas privadas o con los particulares que hayan coparticipado en el ingreso o en el gasto público.

De estos hechos, el Contador Mayor de Hacienda informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en caso de hallar irregularidades administrativas, para los efectos señalados en los artículos 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Asimismo informará a la Cámara de Diputados, ya sea en período ordinario de sesiones o a la Comisión Permanente para que se discuta si se fincarán responsabilidades en caso de hallar irregularidades en el manejo de fondos federales, para lo cual se requerirá la aprobación del 25% de los diputados que así lo acuerden.

Artículo 33. Las entidades, dentro de un plazo improrrogable de cuarenta y cinco días hábiles contado a partir de la fecha de recibo y de los pliegos de observaciones, informarán a la Contaduría Mayor de Hacienda y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre su trámite y medidas dictadas para hacer efectivo el cobro de las cantidades no percibidas por la Hacienda Pública Federal, el resarcimiento de los daños y perjuicios causados y el fincamiento de las responsabilidades en que hayan incurrido sus empleados o funcionarios, así como los organismos de la administración pública paraestatal y sus funcionarios o empleados, las empresas privadas o los particulares, que hubieren intervenido en el ingreso o en el gasto públicos, dando noticia, en su caso, de las penas impuestas, de su monto cuando sean de carácter económico y el nombre de los sancionados.

..............................................................................................................................

Artículo 34..............................................................................................................

I. En relación con la aplicación de las leyes de Ingresos de la Federación y demás leyes fiscales, especiales y reglamentos aplicables en la materia:

a) Al deudor directo del fisco federal, y

b)...........................................................................................................................

II. En relación con el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, a los funcionarios o empleados de las entidades que intervengan en su manejo.

Artículo 35.............................................................................................................

Articulo 36. El Contador Mayor de Hacienda podrá imponer a los empleados o funcionarios de la dependencia a su cargo, que en el desempeño de sus funciones hayan incurrido en responsabilidad administrativa, las siguientes correcciones:

I. Multa de 1 a 20 veces el salario mínimo mensual, y

II...........................................................................................................................

CAPÍTULO VII

De la prescripción

Artículo 37 al 39.....................................................................................................

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a parir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los recursos humanos con que cuenta la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y la Contaduría Mayor de Hacienda conformarán en lo sucesivo, el personal de la Contaduría Mayor de Hacienda cuyas atribuciones se modifican por el presente decreto, sin que en ninguna forma resulten afectados en los derechos que hayan adquirido en virtud de su relación laboral.

Tercero. Los recursos materiales, financieros, mobiliarios, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos, y en general, el equipo que la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y la Contaduría Mayor de Hacienda hayan utilizado para la atención de los asuntos de sus respectivas competencias, se destinarán a las funciones que a ésta última señala el presente decreto.

Cuarto. Los asuntos a cargo de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y la Contaduría Mayor de Hacienda que se encontraren pendientes de resolución al momento de entrar en vigor este decreto, serán despachados por esta última dependencia, conforme a las atribuciones que este mismo ordenamiento le señala.

Quinto. Las atribuciones que en otras leyes y reglamentos se otorgan a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y a la Contaduría Mayor de Hacienda se tendrán por conferidas a ésta última, las que ejercerá con base en lo que dispone el presente ordenamiento.

Sexto. Esta ley será aplicable a la revisión de la cuenta pública del Distrito Federal en tanto la Asamblea de Representantes del Distrito Federal no emita su propia ley.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.- Partido de la Revolución Democrática, diputada Liliana Flores Benavides.»

«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable congreso de la Unión.

Los suscritos diputados a la LV Legislatura del Congreso de la Unión, e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Partido de la Revolución Democrática propone la presente modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de hacer más eficiente y transparente la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la cual contienen informes detallados de todas las dependencias públicas de cómo se ejercieron los recursos públicos federales.

Proponemos que la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal no sea sólo después de terminado el ejercicio del gasto público, sino que la facultad que tiene la Cámara de Diputados de vigilar y fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos se lleve a cabo de manera constante. Esto es, que haya una supervisión permanente de cómo se ejerce el presupuesto federal, aún cuando no haya concluido el año fiscal.

Se propone además, que en vez de que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal que revisará la Cámara de Diputados sea entregada un semestre después, de terminado el año fiscal que se examinará, esto es dentro de los 10 primeros días del mes de junio, sea un trimestre después de terminado el año fiscal que se examinará, esto es dentro de los 10 primeros días del mes de abril.

Por las razones anteriormente expuestas se presenta el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se modifican los párrafos primero, quinto y sexto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I al III ....................................................................................................................

IV. Examinar discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlos, así como supervisar el ejercicio del gasto público federal y revisar la cuenta pública del año anterior, para lo cual contará con el auxilio técnico de la Contaduría Mayor de Hacienda.

...........................................................................................................................

Si de la supervisión y examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.

La cuenta pública del año anterior deberá ser presentada a la cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de abril.

..............................................................................................................................

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.- Partido de la Revolución Democrática, diputada Liliana Flores Benavides.»

«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Los suscritos diputados a la LV Legislatura del Congreso de la Unión, e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta honorable Cámara, la presente iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Partido de la Revolución Democrática estima conveniente la modificación a la forma de integración de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a la que se refiere el artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideramos que en la actualidad no existen reglas claras para la integración de esta Comisión que por la importancia que representa para la función fiscalizadora del Poder Legislativo, requiere de una composición plural y con igualdad de representación de los diferentes grupos parlamentarios, para evitar que las decisiones al interior de esta Comisión sean producto de los intereses de un grupo mayoritario. Por ello, proponemos que esta Comisión esté integrada por tres miembros de cada grupo parlamentario representado en esta Cámara de Diputados. Estos miembros serán elegidos al interior de cada grupo parlamentario.

Por otra parte, planteamos que el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda deberá ser elegido de entre los miembros integrantes de la terna propuesta por el grupo parlamentario que represente la segunda minoría en la Cámara de Diputados para formar parte de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Esta terna será puesta a votación en el pleno de la Cámara de Diputados, y el que obtenga la mayoría de votos ocupará el cargo de Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Por las razones anteriormente expuestas se presenta el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se modifica el artículo 47 fracción IV y se añaden dos párrafos al artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, para quedar como sigue:

Artículo 47. La Gran Comisión tendrá a su cargo las siguientes funciones:

I a III......................................................................................................................

IV. Proponer a los integrantes de las comisiones y de los comités, excepto de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Artículo 51. Las comisiones de dictamen legislativo y la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, se constituyen con carácter definitivo y funcionan para toda una legislatura; sus integrantes durarán en el cargo tres años.

La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda estará integrada por tres miembros de cada grupo parlamentario representado en esta Cámara de Diputados. Estos miembros serán elegidos al interior de cada grupo parlamentario.

El presidente de la Comisión de Vigilancia será elegido de entre los miembros integrantes de la terna propuesta por el grupo parlamentario que represente la segunda minoría en la Cámara de Diputados para formar parte de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Esta terna será puesta a votación en el pleno de la Cámara de Diputados y el que obtenga la mayoría de votos ocupará el cargo de Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.- Partido de la Revolución Democrática, diputada Liliana Flores Benavides.»

Compañeras y compañeros diputados: Hemos venido a hacer una propuesta integral muy extensa, tal vez por muchos de nosotros no manejado, pero ésta es una propuesta importante porque esencialmente, esencialmente es una propuesta que fortalece la división de poderes. Reivindica, por un lado, la facultad fiscalizadora del Poder Legislativo; hace un contrapeso al presidencialismo lacerante que vivimos en este país; evita, al proponer que desaparezca la Contraloría de la Federación, que el Ejecutivo sea juez y parte en relación a fiscalizar el uso de los recursos públicos.

Esta es una propuesta profundamente democrática, pues en ella se reconoce la pluralidad de la sociedad y su expresión en la Cámara de Diputados, y cómo esa pluralidad pude hacer contrapeso al partido mayoritario en la Cámara y garantizar así el trabajo de fiscalización al Ejecutivo.

Con esta iniciativa también se pretende eficientizar los recursos humanos y materiales de la administración pública federal y evitar actos de manejo corrupto del presupuesto, al acortar los pasos para entregar la información.

Esta es una iniciativa muy importante para el pueblo de México. En el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 87, dice textualmente:

"Toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los hayan recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación."

Leo este artículo del reglamento interno, porque normalmente todas las iniciativas de este tipo son archivadas, tenemos, aquí, una reglamentación que nos dice como resolver esto.

El pueblo de México en algunos días tendrá la oportunidad de comprobar si el discurso político, la propuesta política del candidato de la mayoría, que ha reconocido que hay corrupción y que ha hecho declaraciones en relación a fortalecer la división de poderes, es solamente un discurso, si esto va a acompañado solamente de palabras o hechos de parte de la mayoría de esta Cámara.

Tienen un plazo para comprobar si es un discurso hueco o si son hechos. Gracias.

Dejo una copia aquí en la Secretaría y solicito que se me firme de recibido. Gracias.

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

PROMOTORA DE SOLIDARIDAD:

"VA POR CUBA - MÉXICO"

El Presidente:

Ruego a la Secretaría dar lectura al oficio dirigido por la promotora de solidaridad ¡Va por Cuba - México!

El secretario Arturo Núñez Pardo:

«Promotora de Solidaridad ¡Va por Cuba - México!

Honorable Cámara de Diputados. México, D. F.

Por tercera ocasión se hace patente la solidaridad mexicana, en torno a los problemas con el abastecimiento de energéticos que sigue padeciendo el pueblo cubano, como consecuencia del ilegal e inhumano bloqueo económico, político e informativo, que mantiene el Gobierno de los Estados Unidos.

Entre el mes de septiembre del año pasado y el actual mes de mayo, varias organizaciones de solidaridad con Cuba, con el apoyo de diferentes grupos políticos y sociales, logramos reunir más de 9 mil firmas de mexicanos, que incluyen: 123 organizaciones sociales y más de 380 personalidades de la ciencia, la economía, la cultura, las artes y la política; así como trabajadores del campo y la ciudad con distintas ocupaciones y militancias.

Gracias a la participación desde el inicio de la campaña en las entidades federativas, de: Guanajuato, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Chihuahua, Hidalgo, Tabasco, Guerrero, México, Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Puebla y Nayarit, hemos logrado una amplia y plural adhesión a la siguiente declaración y petición:

"Nosotros, ciudadanos mexicanos nos hermanamos solidariamente para expresar nuestra enérgica condena al ilegal bloqueo económico y la política de agresión mantenida por el gobierno norteamericano desde hace más de 30 años en contra del pueblo de Cuba, ya que ello constituye una de los actos más injustos e inhumanos a que se ha sometido a pueblo alguno en la historia de la humanidad. Conscientes del enorme costo social y humano que ha significado para Cuba padecer el cerco impuesto por los Estados Unidos, alzamos nuestra voz para exigir el cese de las agresiones en contra de este pueblo hermano, a la vez nos pronunciamos porque nuestro país contribuya a la ruptura del bloqueo, abasteciendo con petróleo mexicano a la isla de Cuba en condiciones que resulten favorables para ambos países, tomando en cuenta las apremiantes necesidades del pueblo cubano y las dificultades económicas que se derivan del bloqueo.

¡Por la dignidad, el derecho a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos de México y Cuba! ¡Petróleo mexicano en solidaridad con el pueblo cubano!"

Hacemos entrega de las firmas en esta Cámara, por ser el foro que concentra al mayor número de representantes de elección popular, a nivel federal. Les informamos que en breve haremos llegar al Ejecutivo de la nación, la solicitud de los firmantes, esperando poder contar con su respuesta antes de la salida del tercer barco mexicano, en la segunda quincena de junio próximo. Cabe destacar que este barco, además, será portador de la solidaridad política y material del "Comité Estatal de Solidaridad con Cuba", de España y de los delegados a la "Reunión Tri - nacional de Organizaciones de Solidaridad con Cuba, de Canadá, México y Estados Unidos" celebrada el pasado mes de abril, quienes con el mismo espíritu solidario se pronuncian contra el bloqueo y se suman a nuestra campaña de hidrocarburos.

Señores diputados, ojalá coincidan ustedes con los mexicanos que hemos participado en

esta campaña, en que actuar en pro de la soberanía y autodeterminación de Cuba es un precedente histórico importantes para la "nuestra", y la de otros países hermanos del continente. La política exterior de México sigue siendo un punto de referencia en ese sentido y se debe ejercer en todos los niveles: de pueblo, de gobernantes y también de legisladores. ¡No podemos negar este ineludible compromiso histórico!

Atentamente.

México, D. F. a 24 de mayo de 1994.- Promotora de Solidaridad "Va por Cuba".»>

De enterado.

El Presidente:

Le ruego continuar con los asuntos en cartera, señor Secretario.

REPÚBLICA ITALIANA

El secretario Arturo Núñez Pardo:

«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

Honorable Asamblea: en escrito de fecha 20 de mayo del año en curso, el ciudadano Enrique Esnal Dubernard, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Italia.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Enrique Esnal Dubernard, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en Grado Comendador, que le confiere el Gobierno de Italia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 25 de mayo de 1994.- Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Benjamín Avila Guzmán, Rogelio Audiffred Narváez, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benitez, Luis A. Beauregard Rivas, * Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, José Miguel Castro Carrillo, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Miguel Angel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Florencio Salazar Adame, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zarmeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas, Efraín Zúñiga Galeana, y Rafael Alberto Castilla Peniche.»

Es de primera Lectura.

* Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente:

Esta Presidencia instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

El secretario Arturo Núñez Pardo:

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura al dictamen.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CHILE EN MÉXICO

El secretario Salvador Juárez García:

Dictámenes a discusión.

«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de mayo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Ana María Flores Ceceña y Blanca Estela Marure Morales, puedan prestar servicios como secretarias, en la Embajada de la República de Chile, en México, respectivamente.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 18 de mayo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento,

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán serán como secretarias, en la Embajada de la República de Chile,

c) Que las solicitudes se ajustan a los establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Ana María Flores Ceceña, para que pueda prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República de Chile, en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Blanca Estela Maure Morales, para que pueda prestar servicio como secretaria. en la Embajada de la República de Chile, en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F., a 20 de mayo de 1994.- Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Benjamín Avila Guzmán, Rogelio Audiffred Narváez, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benitez, Luis A. Beauregard Rivas, * Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, José Miguel Castro Carrillo, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Ramón

* Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elias, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez, Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Alberto Schettino Piña, Florencio Salazar Adame, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Ricardo Valero, Mario Vargas Aguiar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zarmeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas, Efraín Zúñiga Galena, y Rafael Alberto Castilla Peniche.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... Aprobado el proyecto de decreto.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

El Presidente:

Ruego a la Secretaría continuar con los asuntos en cartera.

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El secretario Juan José Bañuelos Guardado:

«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue turnada para los efectos del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las propuestas de los grupos parlamentarios de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y del Auténtico de la Revolución Mexicana, respecto a candidatos a consejeros ciudadanos.

Esta Comisión, con las facultades que le otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio de las presentes propuestas bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de mayo del año en curso, se publicó el decreto a través del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el artículo 74 del código citado, se manifiesta el procedimiento por medio del cual la Cámara de Diputados deberá designar a aquellas personas que se desempeñarán para el proceso electoral de 1994 como consejeros ciudadanos, así como los requisitos que deberán satisfacer.

En el artículo segundo transitorio, se manifiesta que la elección de consejeros ciudadanos que deberá realizar la Cámara de Diputados será a más tardar tres días después de la fecha en que surta efectos el presente decreto.

En sesión ordinaria celebrada por este cuerpo colegiado, se dio cuenta de cinco oficios presentados por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y del Auténtico de la Revolución Mexicana, en la cual proponen a

ciudadanos para efecto de ocupar los cargos de consejeros ciudadanos.

El Partido Acción Nacional, presentó como propuestas a las siguientes personas: en carácter de propietarios a los ciudadanos Santiago Creel Miranda, José Woldenberg Karakowsky, Fernando Zertuche Muñoz y José Agustín Ortíz Pinchetti y como sus suplentes a los ciudadanos Jorge Adame Goddard, Rafael Estrada Sámano, Luis Ponce de León Armenta y Jaime González Graf, respectivamente.

El Partido Revolucionario Institucional propuso a los siguientes ciudadanos: Fernando Zertuche Muñoz, Ricardo Pozas Horcasitas, José Agustín Ortiz Pinchetti y Miguel Ángel Granados Chapa, como propietarios y como suplentes a los ciudadanos Luis Ponce de León Armenta, José Luis Soberanes Fernández, Jaime González Graf y Rodolfo Fernando Peña Villanueva.

El Partido de la Revolución Democrática, presentó como candidatos a consejeros ciudadanos propietarios a los siguientes ciudadanos: Miguel Angel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas y Fernando Zertuche Muñoz y como suplentes a los ciudadanos Rodolfo Fernando Peña Villanueva, Jaime González Graf, José Luis Soberanes Fernández y Luis Ponce de León Armenta, respectivamente.

El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional presentó a los siguientes candidatos a consejeros ciudadanos: Horacio Labastida Muñoz, Teodoro Cesarman Vites, Teresa Vale Castillo y Víctor Flores Olea, en carácter de propietarios, y como suplentes a Javier Sánchez Campuzano, José E. Iturriaga Sauco, Ricardo Cortés Tamayo e Ismael Rodríguez Aragón, respectivamente.

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana presentó como propuestas a consejeros ciudadanos a las siguientes personas: Fernando Zertuche Muñoz, propietario; Luis Ponce de León, suplente; Ricardo Pozas Horcasitas, propietario; José Luis Soberanes Fernández, suplente; José Agustín Ortiz Pinchetti, propietario; Jaime González Graf, suplente; Miguel Angel Granados Chapa, propietario y Rodolfo F. Peña Villanueva, suplente.

La Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguientes trámite:

"Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que de conformidad con el artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, formule las listas de candidatos a consejeros ciudadanos ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral."

Esta comisión, con las facultades arriba señaladas, se permite presentar los siguientes puntos resolutivos bajo estas:

CONSIDERACIONES

Conforme a los fundamentos arriba citados, corresponde a los partidos políticos presentar sus candidatos a ocupar los puestos de consejeros ciudadanos, propietarios y suplentes; en consecuencia, en la sesión ordinaria del 23 de mayo, por escrito signado por sus respectivos coordinadores, dirigieron a la Presidencia de la mesa directiva la lista de sus candidatos; asimismo, compete a esta comisión efectuar la revisión de los currícula, que se adjuntaron para el efecto y formular la propuesta correspondiente.

La comisión que suscribe se permite transcribir los requisitos de elegibilidad que la ley electoral exige para poder ocupar el cargo de consejero ciudadano:

Artículo 74.

5. Los consejeros ciudadanos serán electos conforme a las bases siguientes:

a) Cada grupo parlamentario tendrá derecho a presentar hasta cuatro candidatos. La comisión correspondiente de la Cámara de Diputados integrará una lista de candidatos hasta por el doble del número a elegir, de entre las propuestas de los grupos parlamentarios;

b) De la lista presentada por la comisión correspondiente, la Cámara de Diputados elegirá a los consejeros ciudadanos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Las propuestas de consejeros serán votadas de manera individual y sucesiva;

c) Si realizadas al menos tres rondas de votación no se cubriera la totalidad de consejeros a elegir, la comisión correspondiente deberá presentar una nueva lista hasta por el doble de los

consejeros faltantes. En este último caso se seguirá el procedimiento señalado en los incisos anteriores;

d) Para cubrir las ausencias temporales o definitivas de los consejeros ciudadanos, serán electos seis consejeros de la lista adicional que para ese efecto integren los grupos parlamentarios. En este caso se aplicará lo dispuesto en los incisos a al c anteriores. Las ausencias serán cubiertas por los suplentes en el orden que determine la Cámara al elegirlos;

e) Los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes durarán en su cargo ocho años, y

f) Las reglas y procedimientos para verificar el cumplimiento de los requisitos serán los que establezca la propia Cámara en sus ordenamientos internos.

Artículo 76.

1. Los consejeros ciudadanos deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;

c) Tener mas de 30 años de edad, el día de la designación;

d) Poseer el día de la designación título profesional o formación equivalente, y tener conocimientos en la materia político - electoral;

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

f) Haber recidido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses;

g)No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente de Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;

h) No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la designación, e

i) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

2. La retribución que reciban los consejeros ciudadanos será la prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 77.

1. Durante el tiempo de su ejercicio los consejeros ciudadanos no podrá en ningún caso aceptar o desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados o municipios, de los partidos políticos o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.

Artículo segundo. La elección de los consejeros ciudadanos del Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá ser realizada por la Cámara de Diputados a más tardar tres días después del día de entrada en vigor del presente decreto.

Artículo tercero. Los consejeros ciudadanos que actuarán en el Consejo General del Instituto Federal Electoral para el proceso electoral federal de 1994, durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 1994, y podrán ser ratificados. La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión procederá a ratificar, o en su caso nombrar, a los consejeros ciudadanos para el período 1994 - 2002 en su primer período de sesiones ordinarias del primer año de su ejercicio.

Una vez analizadas las propuestas presentadas por los partidos políticos arriba señalados, y verificado que los propuestos, reúnen satisfactoriamente los requisitos de elegibilidad exigidos por la ley, para lo cual se adjuntan los currícula correspondientes, compete a esta Cámara de Diputados elegir a los consejeros ciudadanos que actuarán para el proceso electoral de 1994.

De las propias propuestas presentadas ante el pleno, se desprende el interés legítimo de la mayoría de los grupos parlamentarios para que, en la integración de los órganos electorales, éstos cuenten con independencia, imparcialidad, autonomía y eficacia en su toma de decisiones. La experiencia de los trabajos profesionales desarrollados por los candidatos a ocupar los puestos de consejeros ciudadanos,

es sin duda un reflejo del como se desarrollarán, en caso de ser aprobados por el pleno de esta Cámara de Diputados, en el plano del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En tal sentido y, en razón de no haber sido presentadas más propuestas por parte de algún otro grupo parlamentario, la comisión que suscribe se permite proponer a la consideración de este pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Se proponen como consejeros ciudadanos propietarios para integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por haber cubierto los requisitos de elegibilidad que les señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a los siguientes ciudadanos: Fernando Zertuche Muñoz, Ricardo Pozas Horcasitas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Miguel Angel Granados Chapa, Santiago Creel Miranda, José Woldenberg Karakowsky, Horacio Labastida Muñoz, Teodoro Cesarman Vites, Teresa Vale Castillo y Víctor Flores Olea.

Se proponen como consejeros ciudadanos suplentes para integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por haber cubierto los requisitos de elegibilidad que les señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a los siguientes ciudadanos: Luis Ponce de León Armenta, José Luis Soberanes Fernández, Jaime González Graf, Rodolfo Fernando Peña Villanueva, Jorge Adame Goddard, Rafael Estrada Sámorano, Javier Sánchez Campusano, Ricardo Cortés Tamayo, José E. Iturriaga Sauco e Ismael Rodríguez Aragón.

Previo los trámites de su aprobación, la Cámara de Diputados deberá notificar a la Cámara de Senadores, a la Secretaría de Gobernación, al Consejo General del Instituto Federal Electoral y al Tribunal Federal Electoral para los efectos correspondientes.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados. - México D. F. a 24 de mayo de 1994.»

El Presidente:

Se va a proceder a la elección de consejeros ciudadanos propietarios ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Ruego a la Secretaría informar sobre el procedimiento de la elección.

La secretaria Victoria Reyes Reyes:

Esta Secretaría se permite informar a los diputados cuál será el procedimiento para esta votación.

"La votación en el pleno para elegir a los consejeros ciudadanos propietarios se realizará conforme a las siguientes:

BASES

La votación se hará por cédula. La cédula tendrá impresa la siguiente leyenda: votación para elegir consejeros ciudadanos propietarios del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la afirmativa.

A cada diputado presente al momento de realizar la votación le serán entregadas seis cédulas de votación.

En la mesa de votación habrá una urna por cada candidato que contenga la lista presentada al pleno por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Cada urna tendrá visible el nombre del candidato respectivo.

Cada diputado acudirá a la mesa de votación cuando la Secretaría mencionen su nombre y depositará una cédula en cada una de las urnas de los candidatos por los que desee votar.

Concluida la votación, la Secretaría realizará, urna por urna, el escrutinio de los votos, conforme lo establece el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Al dar a conocer la Presidencia al pleno la lista de consejeros ciudadanos propietarios electos, se procederá a realizar la votación para elegir a los consejeros ciudadanos suplentes, para lo cual se procederá conforme a las bases señaladas en el punto segundo de este acuerdo.

La Presidencia, declarará quiénes han sido electos consejeros propietarios y sus respectivos suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y lo comunicará a este organismo.

Se informa también a los diputados que las cédulas para esta votación se entregarán en el momento que aborden esta tribuna."

Servido, señor Presidente.

El Presidente:

Se ruega a los diputados pasen a depositar sus seis cédulas al escuchar su nombre. (Votación.)

La secretaria Victoria Reyes Reyes:

Señor Presidente, se va a dar a conocer el cómputo para elegir a los consejeros ciudadanos propietarios: Fernando Zertuche Muñoz, con 318 votos; Ricardo Pozas Horcasitas, 346 votos; José Agustín Ortiz Pinchetti, 292 votos; Miguel Angel Granados Chapa, 309 votos, Santiago Creel Miranda, 303 votos; José Woldenberg, 300 votos; Horacio Labastida Muñoz, siete votos; Teresa Vale Castillo, 10 votos; Teodoro Cesarman ocho votos y Víctor Flores Olea, siete votos.

Servido, señor Presidente.

El Presidente:

Se va a proceder a la elección de consejeros ciudadanos y suplentes, ante e Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Se ruega a los diputados pasen a depositar sus seis cédulas, al escuchar su nombre.

El secretario Juan José Bañuelos Guardado:

Es toda la lista, señor Presidente. (Votación.)

El secretario Salvador Juárez García:

Se va a dar a conocer el resultado de la votación en la elección de consejeros ciudadanos suplentes: Luis Ponce de León Armenta, 297 votos; José Luis Soberanes Fernández, 258 votos; Jaime González Graf, 256 votos; Rodolfo Fernando Peña Villanueva, 264 votos; Jorge Adame Goddard, 261 votos Rafael Estrada Sámano, 254 votos; Javier Sánchez Campuzano, nueve votos; Ricardo Cortés Tamayo, ocho votos; José E. Iturriaga Sauco, 12 votos e Ismael Rodríguez Aragón, nueve votos.

El Presidente:

La Cámara de Diputados, declara electos ciudadanos consejeros, propietarios y sus respectivos suplentes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a los siguientes:

Propietario: Fernando Zertuche Muñoz; suplente: Luis Ponce de León Armenta; propietario: Ricardo Pozas Horcasitas; suplente: José Luis Soberanes Fernández; propietario José Agustín Ortíz Pinchetti; suplente: Jaime González Graf; propietario: Miguel Angel Granados Chapa; suplente: Rodolfo Fernando Peña Villanueva; propietarios: Santiago Creel Miranda; suplente: Jorge Adame Goddard; propietario: José Woldenberg; suplente Rafael Estrada Sámano.

Comuníquese a la Cámara de Senadores, al Secretario de Gobernación, al Instituto Federal Electoral y al Tribuna Federal Electoral, para los efectos correspondientes.

Tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega.

El diputado Juan Gualberto Campos Vega:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Solicité el uso de la palabra para expresar la posición política de mi partido y hacer comentarios en torno al proceso que acaba de concluir.

Es fácil advertir que el Partido Popular Socialista, no presentó propuesta para integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral por lo que se refiere a la figura de los consejeros ciudadanos, y esta decisión nuestra, la hicimos para ser congruentes con nuestra posición de rechazo a las modificaciones constitucionales y legales que sustituyen la presencia de algunos partidos políticos en el seno de este alto cuerpo encargado del proceso electoral.

La lista que hoy ha sido aprobada, simplemente ratifica lo que nosotros hemos venido advirtiendo desde el momento mismo en que se iniciaron estos procesos, que es falso que estos consejeros ciudadanos sean elementos que vayan a garantizar imparcialidad, ya que no son ajenos ni desde el punto de vista ideológico, ni desde el punto de vista político a quienes los propusieron.

Esto reafirma nuestro planteamiento en el sentido de que los partidos políticos no dejan de ser

juez y parte en el proceso, sino que simplemente en este momento sólo tres partidos políticos tendrán la posibilidad y los demás quedan marginados de participar con derecho a voto.

Decidimos inclusive, no participar en el proceso de votación, no acudimos a depositar nuestro voto en las urnas, porque nos parece que el procedimiento fue totalmente innecesario; fue en verdad una pérdida de tiempo, fue una afrenta contra la autonomía del Poder Legislativo, porque desde hace varios días y hoy con mayor profusión, los medios de comunicación ya habían dado a conocer los nombres de las personas que iban a obtener la mayoría en la votación de esta Cámara, y ellos debido, fundamentalmente, a que hubo un acuerdo previo, un acuerdo entre tres partidos políticos y la Secretaría de Gobernación, una Secretaría del Poder Ejecutivo, para determinar quienes habrían de ser los consejeros ciudadanos del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Las más de dos horas que se ocuparon hoy para emitir los votos y contarlos, eran totalmente innecesarias.

Se trata de aparentar un proceso democrático; se modifica el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer un mecanismo que comentamos en alguna sesión anterior, donde todos los partidos hacen propuestas, la comisión recoge éstas, elabora una lista del doble de lo que van a ser elegidos y se vota aquí, en la Cámara, por los diputados y quienes obtengan mayoría pasarán a formar parte del órgano colegiado.

Sin embargo, por los mecanismos utilizados, por el conocimiento previo de toda la sociedad de quienes habían de resultar los ganadores de esta votación, en realidad se trata del procedimiento más antidemocrático que hayamos tenido en la Cámara de Diputados.

Nosotros estamos seguros de que este proceso, esta designación no tiene como finalidad que la sociedad mexicana tenga credibilidad en los órganos electorales porque éstos vayan a ser imparciales; ha servido únicamente para satisfacer los intereses de tres partidos políticos que de un tiempo a la fecha, han venido actuando mancomunadamente para imponer sus puntos de vista a los demás partidos.

Si hiciéramos un ejercicio elemental de ver las propuestas que ahí se realizaron, veríamos que cuatro de los aquí aprobados, son propuestas comunes del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. En dos de ellos también coincide la propuesta del Partido Acción Nacional y hay dos propuestas más que son exclusivas del Partido Acción Nacional, que dan hechos curiosos como que un candidato propuesto por cuatro partidos saque menos votos que un candidato propuesto por un solo partido.

Para algunos se dirá que esto es democracia. Nosotros pensamos, inclusive por las abstenciones que aquí se manifestaron, que los órganos dirigentes de los partidos políticos que suscribieron el acuerdo en la Secretaría de Gobernación y que vinieron a imponer a esta Cámara de Diputados, ni siquiera consultaron a sus propios militantes para hacer esas propuestas.

Es un camino peligroso, a juicio nuestro, el que se está siguiendo en torno a los procesos electorales en nuestro país. Se está dando marcha atrás a algunas conquistas que establecieron derechos fundamentales para los partidos políticos; se está echando por la borda en la práctica, de facto, el carácter de entidades de interés público de los partidos políticos, el carácter constitucional de ser los partidos políticos las organizaciones a través de las cuales los ciudadanos contribuyen a conformar los poderes de la nación; se está dando marcha atrás en el proceso de verdadera pluralidad política e ideológica en la vida política del país y se está caminando hacia un marcado bipartidismo, momentáneamente disfrazado de tripartidismo. Esa es la vieja tesis de la derecha, ésa es la tesis que durante muchos años solamente sostuvo el Partido Acción Nacional y que ahora comparten los tres partidos de la burguesía que se encuentran representados aquí en la Cámara de Diputados.

El Partido Popular Socialista, rechaza como en anteriores ocasiones este proceso, considera que los resultados van a ser profundamente negativos para la vida democrática de nuestro país, para el florecimiento de un pluripartidismo que a la vez represente los intereses de los diversos sectores de la sociedad, y por ello una vez más expresa su más enérgico rechazo a este tipo de actos profundamente antidemocráticos, que no solamente lesionan los intereses de este poder, sino también los intereses del pueblo de México. Muchas gracias.

DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL

El Presidente:

Para hacer comentarios sobre descontaminación del medio ambiente, tiene la palabra el diputado Rafael Decelis y Contreras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Rafael Decelis y Contreras:

Señor Presidente:

Tengo el gran honor de tomar la palabra por primera vez en esta tribuna. Cumpliré con honradez ciudadana, con seriedad intelectual y emoción nacionalista. Ruégole a ustedes su benevolencia.

Compañeras y compañeros diputados. Hago uso de esta tribuna con objeto de hacer algunas precisiones sobre el problema de la contaminación generada, entre otras cosas por los automotores.

Quisiera referirme al documento presentado en días pasados por el compañero diputado Gonzalo Cedillo Valdez.

Entiendo bien la triple intención de la propuesta presentada por el compañero Cedillo. Propone el alcohol - etanol para los vehículos automotores, utilizando en consecuencia un recurso renovable, como es la caña de azúcar y una amplía utilización de la mano de obra; es decir, tres cosas conjugadas. Sin embargo, el problema es de fondo y no de forma.

Esta solución generaría más bióxido de carbono que las gasolinas, por lo tanto, resulta improcedente, además posee un valor energético menor que la gasolina, requiriéndose 37% más de combustible para generar el mismo trabajo; desde luego no contiene azufre ni plomo, pero sí produce aldehídos y otros productos dañinos para la salud.

Deseo tomar el problema de la contaminación desde un punto de vista mundial; el problema ecológico no tiene fronteras políticas: lo que hagan en China nos afecta a nosotros y lo que nosotros hagamos les afecta a ellos y todos los demás.

Para estos efectos debemos de considerar a la Tierra como un recipiente cerrado.

En consecuencia, la suposición de resolver un problema ecológico en un lugar y trasladar la basura a otro sitio, no resuelve el problema de fondo.

En nuestro caso, hablando exclusivamente del Valle de México, el problema es lacerante, permanente y creciente.

Algunas medida tomadas por la Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación, entre ellas el "Hoy no circula", no son adecuadas; algunas positivas son la verificación vehícular.

Muchos grupos e instituciones participan en esta comisión, pero quisiera decirles que se trata de un problema técnico que tiene solución técnica, y requiere por tanto de un grupo multidisciplinario, serio y comprometido, y de ninguna manera un grupo plural y democrático en el sentido textual de las palabras.

Para resolver el problema de la contaminación del Valle de México, se ha pretendido alcanzarlo cambiando las gasolinas con plomo por gasolinas sin plomo; es una medida correcta desde el punto de vista del plomo, se ha disminuido el azufre tanto en las gasolinas como en el disel y el combustóleo.

Esto también es correcto, pero no soluciona el problema de la inversión térmica.

Cabe aclarar que las gasolinas "magna" son más reactivas que las gasolinas "nova", en consecuencia no resuelven el problema de la contaminación originada por los hidrocarburos, por los óxidos de nitrógeno y por el monóxido de carbono generados en la combustión. Estas gasolinas tampoco eliminan el bióxido de carbono, que es el contaminante más peligroso en términos relativos, porque es el único generador de inversión térmica. El bióxido de carbono está cambiando la temperatura de la Tierra; esto se sabe con precisión.

Cuando Estados Unidos suspendió su programa nuclear, la Asociación de Astrónomos le envió una carta al presidente, preguntándole por qué había preferido eliminar un riesgo controlable, como son las plantas atómicas y aceptar una catástrofe , como son el uso de los hidrocarburos.

Por lo anterior, en un plazo entre 20 y 30 años, las gasolinas deberán ser sustituidas por otros energéticos y habrá que iniciar hoy los pasos a seguir para evitar el uso de los hidrocarburos.

De los hidrocarburos el que menos contamina, y también el más barato, es el gas natural, gas metano.

La contaminación es inferior porque su relación de hidrógeno a carbono es la más alta; el hidrógeno es un energético no contaminante al oxidarse, ya que su reacción produce agua y ninguno de los otros elementos contamina la atmósfera. Desde luego, producir hidrógeno para usarlo como energético requiere de plantas atómicas o de altas temperaturas, significa por tanto generar la contaminación de otra manera y en otro lado.

Nada se crea, nada se destruye; todo se transforma, lo dijo Lavoisier hace 200 años, y este precepto hay que tomarlo en cuenta al hacer un programa energético. Esto requiere, como afirmo, de un grupo multidisciplinario y no burocrático; también requiere, entre otras cosas, que los responsables de la Comisión Metropolitana de Control sean técnicos; es decir, especialistas en estas cosas y no recomendados por alguien. Precisa desde luego de voluntad política, así como de la elaboración de un programa indicando los pasos, las modificaciones, la infraestructura, su costo, su tiempo y los resultados esperados en cada una de las etapas que se planteen.

En mi opinión habrá que empezar por inyectar gas natural comprimido en un porcentaje bajo, 5%, a los motores de gasolina y diesel; eso baja la contaminación de los hidrocarburos no quemados, de los monóxidos de hidrógeno y monóxidos de carbono, incluyendo humos negros, que salen de los camiones diesel hasta en un 80%. Este gas, a diferencia del gas LP, es mucho menos reactivo, y con catalizadores casi no es reactivo. Como el gas natural trabaja a 150 kilos de presión necesita sistemas de llenado y de recipientes completamente distintos a los que estamos acostumbrados a emplear.

En un segundo paso habrá que sustituir las gasolinas por el gas natural, en donde fuera posible y conveniente. Todos estos pasos, como lo he indicado, es un trabajo serio y no de programas como el "Hoy no circula", que únicamente sacrifica a la población de menos recursos sin ningún resultado tangible.

Sobre el hidrógeno, la fábrica japonesa de automóviles Mazda ya tiene un vehículo diseñado para consumir dicho energético. Quiero decirles que Julio Verne hace 120 años dijo que la energía en el futuro sería el hidrógeno; tenía y tiene razón.

Me permito, señor Presidente, adjuntar a este escrito una carta que he dirigido como académico, al químico Luis Manuel Guerra, comentarista ecológico, donde incluye algunos comentarios emitidos por los presidentes de la General Morse, la Ford Motor y Chrysler, sobre el gas natural comprimido, y también el programa con que el Estado de Texas piensa pasar de la gasolina y diesel al gas natural comprimido, en un lapso de ocho años.

Se incluye además unas tablas técnicas donde se muestran claramente los diferentes grados de contaminación generados por distintos hidrocarburos y las ventajas y desventajas de los automóviles con esos combustibles y una comparación de costo por kilómetro recorrido.

Si queremos resolver estos problemas, sugeriría a esta soberanía, es una sugerencia, que conozcamos el programa de la comisión metropolitana a corto, mediano y largo plazo, para resolver estas circunstancias. Y que las personas que la conforman, no solamente aporten buenas intenciones y mejores sentimientos, sino también tengan conocimientos y seriedad científica y académica.

Anexo la carta y las tablas a esta Secretaría. Muchas gracias por su atención.

El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna (desde su curul):

Pido la palabra para rectificar hechos.

El Presidente:

Se le concede el uso de la palabra, compañero diputado.

El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:

Señor Presidente, con su permiso; compañeros legisladores:

Quisiera hacer algunos comentarios a la intervención hecha por el diputado Decelis, respecto al funcionamiento de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Contaminación. En primer lugar, éste es un órgano integrado por representantes de las universidades más prestigiadas de nuestro país, por ecologistas, por especialistas en la materia y, desde luego, por representantes populares. Y si bien es cierto, como él dice que la contaminación no es un problema plural y democrático, también es cierto que la comisión ha tratado de integrar al grupo más amplio de conocedores en el tema, a efecto de que las soluciones sean integrales y no únicas o unilaterales, porque es evidente, como nos queda a todos claro después de tanto tiempo de estar luchando contra la contaminación, de que no hay una forma única y exclusiva de disminuir y aminorar este fenómeno, sino que tenemos que emplear todas las que están a nuestro alcance.

De tal manera que tan importante es el mejoramiento que las gasolinas, como se ha venido realizando, como es el sembrar un cinturón verde alrededor de nuestra ciudades, como resulta ser también la verificación obligatoria o el "Hoy no circula".

Yo creo que precisamente el gran beneficio y reconocimiento que ha tenido el programa de lucha contra la contaminación en la zona metropolitana de la ciudad de México es ese carácter integral, es esa situación de que trata de abarcar los diferentes fenómenos que causan este complejo problema. Porque si algo es claro, y le agradecemos, por supuesto, al diputado Decelis su aportación, es que a través de todos estos años hemos podido lograr un diagnóstico muy preciso de cuáles son las causas que están provocando los diferentes agentes contaminantes dentro de la atmósfera de la zona metropolitana. Y precisamente atendiendo a ese diagnóstico es que se han tratado concretamente algunos de los principales elementos, como es clarísimo en el caso del plomo y de los azufres, en donde estamos realmente a los niveles internacionales por lo que se refiere a estos dos contaminantes.

Nos dice el señor diputado Decelis, que sería conveniente que esta soberanía conociera el programa de la comisión metropolitana. Yo quisiera señalar que esta soberanía conoce el Programa de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Contaminación, en virtud de que dos de sus comisiones participan directamente en ella; en primer lugar, la Comisión de Ecología, en donde precisamente el diputado Decelis, tuvo la posibilidad de asistir a la última reunión de esta comisión, como miembro representante de la Comisión de Ecología de la Cámara, y la Comisión del Distrito Federal, que también forma parte de dicha comisión.

De tal manera, señores diputados, que este tema complejo y difícil que hemos venido discutiendo a lo largo de los tres años de esta LV Legislatura, yo creo que hay evidentes avances, así como también situaciones que es necesario fortalecer. Queremos por supuesto aquí señalar, que la lucha contra la contaminación ambiental en la ciudad de México no ha terminado, que esta lucha requiere necesariamente de fortalecer elementos importantes y políticas específicas. Pero también es justo reconocer que hemos logrado importantes avances y que definitivamente éstos se reflejan en resultados objetivos que nos dan los estudios científicos realizados por este grupo de expertos que es un grupo representativo de la sociedad mexicana. Muchas gracias, señores diputados.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputados Rafael Decelis.

El diputado Rafael Decelis y Contreras:

Con su venia, señor Presidente.

Quisiera aclarar, seré breve, no es un problema complejo, no es un problema complicado; requiere de seriedad, de interés político, desde luego, para poderlo estructurar y resolver.

Los datos técnicos se conocen, sabemos el número de vehículos que existen, los combustibles que se consumen y las soluciones que deberán de darse.

Quisiera explicar un detalle simple: se dice, por ejemplo, que los vehículos eléctricos no contaminan, ¿Falso! No contaminan desde el punto de vista eléctrico; pero para cargarlos se requiere una termoeléctrica; entonces la contaminación entra en la termoeléctrica.

Las eficiencias de los diferentes sistemas energéticos van variando. Hay que tomar en cuenta todo esto. Es un trabajo académico y técnico; no político. Requiere implementación política.

La comisión ha tenido desviaciones. Todos están ahí, como dice precisamente el señor diputado, pero no tienen autoridad, y la autoridad que maneja eses cosas, no conoce del problema, siempre está preguntando. La solución no es compleja, requiere de un programa integral. ¿De dónde viene? ¿A dónde va la energía?, ¿dónde contamina menos?, ¿dónde es más eficiente?. Una política general que tendrá que arreglarse aquí, porque la Ley se arregla aquí.

Por ejemplo, vehículos de más de cuatro cilindros, no tenemos por qué permitirlos o debería de cobrárseles algo extra, lo que nos importa son los kilómetros recorridos por energético consumido. Ese tendrá que ser objetivo y se puede, se puede. Es un problema técnico no desconocido, no estamos inventando nada. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Cedillo.

El diputado Gonzalo Cedillo Valdez:

Con su permiso, señor Presidente:

Quiero hacer algunas aclaraciones y felicitar de antemano al señor diputado Decelis, y agradecerle que el comunicado que se leyó en días anteriores tuvo cierta repercusión, tal es el efecto que tuvo aquí en la tribuna ahorita el diputado, y lo felicito porque se preocupó por un tema que a todos nos... es un tema lacerante que a todos nos afecta.

Quisiera señalarle también, al señor diputado, que ese programa, producto de una organización de ciudadanos, se presento aquí en la Cámara de Diputados sin ningún interés políticos ni ideológico y así lo señalé en mi intervención. Quiero señalarle que además ese programa no es improvisado, ha tenido algunos estudios por gente técnica del Politécnico y algunos compañeros universitarios, que se ha analizado, se sustenta y se avala por las experiencias que se han tenido en Brasil y en los Estados Unidos y creo que el único afán de haber dado a conocer ese comunicado fue buscar una situación alterna a la contaminación tan grave que tenemos en México.

Quiero referir también, señor diputado, que la preocupación que usted externo aquí es una preocupación que a veces cuidamos por tratar asuntos de índole política, pero la situación que se manejó en días pasados fue 100% de una preocupación de la sociedad civil y no es un programa ligero, sino que está sustentado por estudios previos.

Y quiero agradecerle, señor diputado, porque esta preocupación ya tuvo cierta repercusión en este seno y en esta soberanía. Muchas gracias.

El Presidente:

Muy bien, diputado.

El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: (desde su curul):

¡Para el mismo asunto!

El Presidente:

Pásele, compañero diputado.

El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:

Con su venia, señor Presidente:

Quiero hacer un comentario, porque aparentemente la lógica para plantear este problema la resumía el diputado Decelis, como ver el tipo de vehículo que se utiliza y la cantidad de energía que se consume y la contaminación que genera. Dentro de esta lógica siempre llegaremos a un callejón sin salida; habrá cada vez más eficientes en el uso de energía, combustibles más eficaces, vías más rápidas etcétera, pero el problema creo que tiene una lógica diferente y hay que entenderlo así.

Nada más quiero señalar este punto con precisión. Sí, todo lo que se planteó aquí es parte de la solución, pero no es la única solución. Puede ser sencillo el planteamiento y sencilla la solución como él dice, si hay voluntad política; sí, en parte, pero no necesariamente el argumento lógico es correcto.

Yo creo que lo más lógico del planteamiento sería abatir, no hacer más eficiente transportes, vías y combustibles, sino abatir las necesidades de transporte. Tenemos una ciudad que

crece en forma horizontal y bien su promedio de altura es de dos pisos. Si hubiera una mayor densidad de población habría mucho menos necesidad de transporte y consecuentemente mucho menos contaminación.

Y quiero con claridad política, señalar, sin que venga por eso a defender al Departamento del Distrito Federal, que hubo muchas medidas en ese sentido en años recientes.

Que muchas cosas de lo que se habló en materia de contaminación no se hicieron o no se terminaron, como el caso de la refinería de Azcapotzalco, es cierto. Pero es cierto que se tomaron muchas medidas para buscar una mayor densidad de la ciudad y consecuentemente abatir las necesidades de transporte.

Y yo sí, invitaría a los señores diputados a que cuando se busque una solución a problemas de esta naturaleza no hagamos planteamientos lineales, sino hablemos un poco, digamos, de pensamiento lateral y veamos que el punto no es la eficiencia del transporte y la utilización del combustible, sino la necesidad o no necesidad de ese transporte, que iría más a fondo del problema. Muchas gracias.

I ANIVERSARIO LUCTUOSO.

El Presidente:

Para hacer comentarios en relación al aniversario luctuoso del cardenal Posadas, tiene la palabra el diputado José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez:

Con su permiso, señor Presidente.

Lunes 24 de mayo de 1993, siete personas eran acribilladas en el aeropuerto internacional de Guadalajara, entre ellas el cardenal Jesús Posadas Ocampo; minutos después autoridades estatales y federales en forma precipitada daban versiones inconsistentes y hacían declaraciones irresponsables. De la balacera entre bandas pasamos al fuego cruzado, para finalmente decir: el cardenal fue confundido.

Hoy, 12 meses después, no hay respuesta a grandes incógnitas. Existe el testimonio valiente del forense, que echa por tierra la versión oficial, no hay explicación para las facilidades de la huida en un vuelo a Tijuana, se ha dado una persecución selectiva a los integrantes de una sola banda.

Se da en ese tiempo la sospechosa muerte de tres de los implicados, un año en que dos factores fundamentales: la incompetencia y el encubrimiento, han arrojado como resultado que se abone en este país un clima de impunidad.

No se tiene una explicación y hoy la comunidad nacional exige veracidad en la información. La mentira como práctica del poderoso corrompe al sistema, crea desconfianza y envenena la vida nacional.

El día de hoy en el diario local de la ciudad de Guadalajara, el periódico Siglo XXI, aparecen los resultados de una encuesta realizada el día de ayer.

El 86% de los entrevistados considera que la muerte del señor cardenal y de las otras seis personas no fue accidental, fue resultado de un complot, fue una muerte intencional y premeditada. Y la evaluación que hace la sociedad tapatía en esta encuesta respecto a las investigaciones, arroja que el 80% no confía en ella y que el 60% manifiesta: existe encubrimiento y ésa es la razón por la que no hay resultados.

La investigación realizada por la Procuraduría General de la República ha estado llena, plagada de vicios y de omisiones. El silencio, el encubrimiento, ha puesto de manifiesto una red de complicidad y todo esto ha obstaculizado el trabajo. 22 de abril, 23 de marzo, 24 de mayo, tragedias en las que se ha callado.

Hoy, Acción Nacional se une al clamor social y pedimos el enclarecimiento de los hechos y la estricta aplicación de la justicia. Necesitamos que se respete el derecho a la información, que se aplique justicia, sólo así puede recuperarse la confianza en las instituciones, estas instituciones encargadas de aplicar la justicia, que ha estado en crisis, que han callado y que forman parte de esta complicidad de silencio. Gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales, del PRD, para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Miguel Angel León Corrales:

Con el permiso de la Presidencia:

Se cumple un año del asesinato del cardenal Posadas y de seis personas más en el Aeropuerto Miguel Hidalgo, de la ciudad de Guadalajara y se cumple un año de un reclamo generalizado de la sociedad mexicana.

Exigimos satisfactorio esclarecimiento de los hechos, hay muchas dudas pendientes, ¿cuál es la actitud del Gobierno frente a los sucesos del aeropuerto de Guadalajara? Como en otros casos, lo primero que hace la PGR es dar explicaciones apresuradas y sostener hipótesis que no son creíbles, para luego a toda costa, pretender justificarlas. En esto de justificar hipótesis a toda costa los ex procuradores Morales Lechuga y Jorge Carpizo le llevan la delantera a cualquiera; el primero en 72 horas presentó su teoría del agujerito sobre el caso 22 de abril y esa teoría sigue siendo la oficial; el segundo ha logrado sostener, durante un año, su hipótesis de que la muerte del cardenal Posadas fue accidental.

La primera versión que la PGR dio sobre el caso, es que el cardenal Posadas y las otras personas asesinadas habían sido abatidas producto de un fuego cruzado entre dos bandas de narcotraficantes la de los hermanos Arellano Félix y la del "Chapo" Guzmán; sin embargo, el forense fue muy categórico al afirmar que las balas que terminaron con la vida del Cardenal fueron balas directas disparadas a quemarropa, se trata por tanto de una versión muy difícil de ser admitida con facilidad.

Vendría la segunda versión oficial, que el cardenal se encontraba en la peor ubicación en el peor momento; según Carpizo la muerte del cardenal fue accidental al ser confundido con el narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán.

El 30 de junio de 1993 el entonces Procurador General de la República, Jorge Carpizo, presentó su informe sobre los homicidios acontecidos en el aeropuerto de Guadalajara. El folleto fue redactado especialmente para tratar de probar la hipótesis sostenida por Carpizo; en una operación perfectamente montada, los miembros de la banda de los hermanos Arellano Félix intentaron asesinar a Joaquín Guzmán y en esa operación el cardenal fue asesinado accidentalmente.

Recordamos que como elemento central de esta explicación, es el hecho, según Carpizo, de que el "Chapo" Guzmán poseía un automóvil Gran Marquis blanco, igual al carro en el que llegó el cardenal Posadas al aeropuerto de Guadalajara el 24 de mayo de 1993.

Un análisis que aparece en la revista Proceso el 5 de julio de 1993, hace un análisis que se hace de este informe que demuestra que dicho informe del ex procurador se cae por su propio peso. En siete ocasiones se reproducen declaraciones tendientes a confirmar que el "Chapo" Guzmán poseía un automóvil similar al del cardenal. El informe usa los testimonios de Bartolo Pineda, chofer del "Chapo" Guzmán, en el sentido de que éste manifestó que la esposa del narcotraficante solía usar un Gran Marquis blanco; sin embargo, en ese mismo informe en las consideraciones finales, se establece, que en forma simultánea al arribo de los vehículos del "Chapo" Guzmán al estacionamiento del Aeropuerto, esto es textual, se daba el arribo del carro del cardenal y que entre los vehículos propiedad del narcotraficante había un Gran Marquis blanco y ahí se dice, "el cual ya se había vendido un año antes".

Así pues, según Carpizo, ni el chofer del "Chapo" Guzmán, ni quienes lo buscaban para asesinarlo, estaban enterados de que Guzmán ya no poseía el famoso Marquis blanco. El informe afirma que el enfrentamiento de los Arellano Félix con el "Chapo" Guzmán, fue un operativo de máxima seguridad, esto también es textual, repito, fue un operativo de máxima seguridad debidamente organizado y que los agresores estaban preparados para enfrentarlo.

El informe reproduce declaraciones de cuatro integrantes de la banda de los Arellano, en el sentido de que habían sido contratados en Tijuana para realizar un operativo en Guadalajara, pero estos mismos cuatro integrantes en su confesiones ministeriales afirman que como no habían podido localizar a sus víctimas, el 24 de mayo de 1993 se encontraban en el aeropuerto de Guadalajara porque ya se regresaban a Tijuana. ¿Dónde queda entonces la hipótesis de que los sucesos de Guadalajara eran producto de un operativo de máxima seguridad debidamente organizados?

Con este informe la PGR y Jorge Carpizo demostraron toda su incompetencia por establecer una verdad única y cancelar otras hipótesis que explicaran los sucesos del 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara.

Hasta hoy, sigue en pie la misma pregunta que hace un año el organismo de la sociedad civil tapatía Una Sola Voz: ¿no existe acaso materia suficiente para pensar que la cosa es un poco más complicada?

Ahora bien, el informe del 30 de junio reconocía que aún había lagunas; recalcaba sobre todo la salida de los hermanos Arellano Félix y acompañantes en el vuelo 110 de Aeroméxico y cómo lograron abordarlo en el aeropuerto de Guadalajara.

Los hermanos Arellano volaron el 24 de mayo de 1993 de Guadalajara a Tijuana con seis de sus pistoleros, en un vuelo regular de Aeroméxico, que los esperó más de 20 minutos en plataforma, subiendo al aparato algunos de ellos sin su pase de abordar e identificándose como agentes de la policía judicial federal.

Es decir, los presuntos asesinos del cardenal Posadas y de otras seis personas, pudieron abordar después de los sucesos del aeropuerto de Guadalajara, un vuelo regular, llegar a Tijuana y luego irse tranquilamente a sus casas y según las conclusiones de la PGR, las irregularidades en el abordaje del vuelo 110 se debieron, esta es la última conclusión que la PGR ha dado sobre el problema de este vuelo de Aeroméxico Guadalajara, Tijuana, repito, su conclusión final es que las irregularidades en el abordaje del vuelo 110 se debieron a la gran confusión que existía en el aeropuerto de Guadalajara a consecuencia de la balacera.

Hasta ahorita no hay ningún inculpado de este hecho y la PGR termina diciendo que todo lo que ahí sucedió con respecto a este vuelo se debió a la gran confusión que existía en el Aeropuerto.

Esta explicación francamente raya en el insulto y como ésta, quedan otras dudas, por ejemplo y ésta es una cuestión fundamental, ¿hasta dónde llega la relación entre el narcotráfico y las diferentes corporaciones policiacas?

En las investigaciones en torno a los suceso del 24 de mayo, han sido detenidas algunas decenas de policías, entre ellos gente de cierto nivel. Como el Director de la Policía Judicial de Jalisco y dos ex delegados de la PGR en Jalisco, La mayoría de los agentes policiacos acusados de cohecho y de asociación con narcotraficantes han sido absueltos o gozan de libertad bajo fianza, pero además es causa de profunda desconfianza en las policías el hecho de que tres de los presuntos implicados más importantes en la investigación y que dos de ellos fueron hechos presos por la PGR, hayan muerto de manera violenta: dos de ellos dentro del Reclusorio Preventivo de Guadalajara, que serían Ramón Torres Méndez, alias "El Espunki", un pistolero de los Arellano y Raymundo Limón, pistolero de "El Chapo" Guzmán, y el otro, Juan Murillo, en un enfrentamiento con la policía judicial en la ciudad de Los Mochis.

Haría bien la PGR en contestar a la acusación que el día de ayer le hizo el nuevo arzobispo de Guadalajara, que afirmó: "No se le puede tener confianza a la PGR, 40% del personal está comprometido, tiene relaciones o debe favores a los narcotraficantes mexicanos".

Hoy da la impresión que la PGR tiene abandonada la investigación del caso. Todo parece indicar que esta investigación lleva detenida algunos meses. El Gobierno confía en que el tiempo es su principal aliado y que al final de cuentas el pueblo pierde la memoria, de tal modo que el asunto se encuentra destinado a terminar en el olvido, pero el Gobierno no debería de olvidar que el 6 de junio de 1993, más de 50 mil personas se manifestaron en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, citados por el movimiento Una Sola Voz, para exigir justicia. Este movimiento exige que la PGR investigue otras hipótesis, que no se quede sólo en la versión de Carpizo.

Y aquí yo quisiera mencionar un hecho que considero muy importante: la tercera semana de octubre de 1993, los tres coordinadores del movimiento Una Sola Voz, se reunieron con el coordinador de delegados de la Procuraduría de Justicia de la República, señor José Luis Stein, y ahí le presentaron un documento en el que se analizan las investigaciones de la PGR y en el que hacen impugnaciones muy precisas. El señor Stein se comprometió a responder por escrito; hasta hoy, han pasado ya más de ocho meses, y la PGR no ha entregado ninguna respuesta al movimiento Una Sola Voz.

A un año del suceso no ha sido dictada la sentencia alguna en contra de los implicados en el caso. El Gobierno debería tomar en cuenta, en efecto, los resultados de una encuesta, resultados que ya presentó aquí un compañero diputado de Acción Nacional, que son muy precisos, en el sentido de que más del 80% de la población tapatía no confía en las investigaciones

de la PGR. El 60% dice que la PGR esconde la verdad, porque al Gobierno no le conviene dar a conocer los verdaderos motivos de los sucesos de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara.

En cuanto a la posición de la iglesia, en los últimos días se han hecho declaraciones que indican con toda claridad que existe inconformidad con respecto a la investigación. El nuevo arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval, exige el esclarecimiento de la muerte del cardenal Posadas y desconfía de la hipótesis de la PGR. El obispo de Monterrey, Adolfo Suárez, declara que a nadie puede dejar satisfecho el expediente del caso Posadas, y que es un expediente todavía abierto. El obispo de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Aguirre, afirmó que la Iglesia católica no está satisfecha con las investigaciones del caso del cardenal porque hay muchos espacios oscuros que se deben considerar para encontrar la verdad.

El obispo Martín Rábago, de Guadalajara, plantea que no se ha llegado al fondo de las investigaciones porque no han sido detenidos los autores materiales del crimen y no se ha informado quienes permitieron la huida a Tijuana de los asesinos. El asunto llega al grado de la desconfianza de la Iglesia hacia la PGR llega al grado que el nuevo arzobispo de Guadalajara ha invitado de manera muy precisa a los ciudadanos, para que informen a los sacerdotes de cuanto sepan alrededor del caso Posadas, con la seguridad de que su identidad quedaría en el anonimato.

El problema de fondo es la lógica con la que el Gobierno salinista ha abordado este tipo de casos. Primero se aparece el Presidente de la República en el lugar de los hechos y a través del clásico compromiso de empeñar la palabra "caiga quien caiga y hasta sus últimas consecuencias", se convierte el suceso incluso en un acto propagandístico.

Después, la PGR se encarga de armar una hipótesis en torno a la cual girará toda la investigación, hipótesis por cierto ésta que sí llegará y será sostenida hasta sus últimas consecuencias. Luego entra en juego el factor tiempo que todo lo cura; el mejor remedio es el olvido, piensan en la PGR.

Y aquí habría que recalcar, por ejemplo, que este pasado 22 de abril, a esa prensa nacional que se presentó de manera masiva el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, a dos años del suceso el asunto pasó prácticamente desapercibido.

Al final se llega al carpetazo, cuando ya no hay nadie que reclame.

Así pues, se pretende relegar al olvido el incidente del aeropuerto de Guadalajara; ya no hay información nueva; ya no hay noticias acerca de los adelantos de la investigación; no han sido detenidos los autores materiales del crimen.

Nosotros sostenemos la misma idea que la sociedad tapatía, en el sentido de que la investigación debe seguir adelante, de que la PGR informe qué está haciendo en torno al caso, y desde este momento elevamos nuestra más enérgica protesta frente a la posibilidad de que el caso Posadas sufra el mismo destino que el caso del 22 de abril: el carpetazo. Es todo. Gracias, señor Presidente.

El Presidente:

El diputado Juan José Castillo Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra, para hablar también sobre el mismo tema.

EL diputado Juan José Castillo Mota:

Con su permiso, señor Presidente.

Hemos escuchado con gran detenimiento las intervenciones del diputado de Jalisco, de los dos diputados de Jalisco, y nos preocupa la del último diputado, que tal parece que se convierte en un Sherlock Holmes. Tal parece que con una lupa ha estado investigando él y no la Policía Judicial Federal ni el Ministerio Público, los hechos en los que lamentablemente perdió la vida el señor cardenal Posadas.

A nosotros nos ha molestado ese asesinato, no sólo del Cardenal, sino también de las otras personas que perdieron la vida en el aeropuerto de Guadalajara. Y tan nos ha molestado, que tuvimos entrevistas con Carpizo para recabar de él información directa de lo que realizaba la Procuraduría General de la República.

Y cuando nos pidió un tiempo para rendirnos un informe, y ese informe no se nos dio a nosotros,

sino a la sociedad civil, nosotros nos retiramos del auditorio de la Procuraduría General de la República, porque estimamos que el respeto a la investidura de los diputados era necesario defenderla. Pero eso no quiere decir que no se haya hecho nada, que no se siga haciendo.

Ese asesinato ha motivado más de 37 detenciones; ha motivado que existan más de 10 órdenes de aprensión sin cumplir, porque están sustraídos a la acción de la justicia ese grupo de delincuentes y existen en trámite tres juicios de extradición para traer de los Estados Unidos a tres delincuentes que se encuentran involucrados en esos hechos. ¿Esto qué quiere decir?

Que se está trabajando sobre esa investigación. Que los hechos ocurridos en Guadalajara dieron lugar a encontrar policías corruptos, que no solamente fueron dados de baja, sino consignados, ahí está su detención. Que se dio de baja a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, ahí están las probanzas de las bajas de esos funcionarios. Que se encontraron casas de seguridad en Zapopan, hasta un parque zoológico del capo.

Lo que nos extraña es que aparezca la ciudad de Tijuana adonde se fueron los que participaron en ese homicidio que a todos nosotros nos lastima, y que en Tijuana hayan bajado en el aeropuerto y se hayan desaparecido, y que hace unos días, la policía judicial logró detener al hermano menor de los Arellano, de los Arellano Félix, y un funcionario que hoy se encuentra libre bajo fianza en Tijuana fue liberado por los judiciales estatales de Baja California.

A nosotros nos preocupa que así como en alguna época Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, se convirtieron en centros para el narcotráfico, ahora una ciudad como Tijuana, esté siendo el centro de operaciones de estos señores.

Eso sí debe preocuparnos y por eso yo les pido a mis compañeros de Acción Nacional, que sumen esfuerzos con nosotros, para que ahondemos en la localización de esa famosa familia de los Arellano Félix y podamos tenerlos dentro de la cárcel donde deben estar. No solamente debe de estar el "Chapo", como ya se encuentra. No solamente deben estar otros narcotraficantes que ya se encuentran detenidos.

No, es urgente que esté esa gente, que fue la que sacrificó al señor Cardenal Posadas y a seis personas que no tenían por qué también ser sacrificadas. Ahí es donde hay que estar, pero no le hagamos al Sherlock Holmes y nos pongamos a querer ser agentes del Ministerio Público o policía judicial, eso no está en manos del legislador. En manos del legislador está exigir, vigilar, presionar, para que esto se aclare, se lleve la investigación hasta donde deba llegar, caiga quien caiga; nosotros no escatimamos esfuerzos ni tememos que en la investigación o investigaciones que se hagan; pudiera caer un "pollo grande" relacionado con el narcotráfico. Eso es lo que queremos. Hay que sanear la vida pública de este país, pero no vengamos a tratar de desvirtuar lo que se está haciendo, lo que se ha venido haciendo. Eso no lo podemos negar. Se ha hecho, se sigue haciendo y de nosotros depende que no se detenga.

Acaba de llegar un nuevo Procurador General de la República que ya era, con Carpizo, subprocurador de Averiguaciones Previas. Hagámosle al señor el requerimiento necesario para que veamos en qué términos se encuentran las averiguaciones o los procesos relacionados con esos crímenes. Eso es fundamental. Y por eso yo les pido a mis compañeros, a todos los diputados, que tomemos el acuerdo de pedirle al procurador Humberto Benítez que reciba a una comisión, puede ser de justicia o puede ser de las seis fracciones, para ver qué hay, cómo está, en qué estado se encuentra, ya no la averiguación, el proceso que se instruye a quienes están detenidos y si está abierta o están abiertas las averiguaciones, y qué se hace en Baja California para lograr la detención de la familia Arellano Félix, que es una de las familias más temibles del narcotráfico. Muchas gracias.

El Presidente:

Para el mismo tema, tiene la palabra el señor Miguel Angel León Corrales.

El diputado Miguel Angel León Corrales:

Me parece, que el problema de fondo con respecto al caso de 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, fue planteado con toda claridad de mi parte y también del compañero de Acción Nacional que me antecedió en la palabra y es en un sentido muy claro: hay una profunda desconfianza en la sociedad tapatía en torno a las investigaciones de la Procuraduría

General de la República. Existente el temor claro de que el caso Posadas tenga el mismo fin que el caso "22 de abril", es decir, el carpetazo.

Y en torno al caso Posadas hay gente de la sociedad civil, existen periodistas que han hecho sus investigaciones en torno a la manera en como la PGR ha llevado a cabo la investigación, y el compañero Castillo Mota lo único que necesita pues es leer algunos periódicos, algunas revistas, para darse cuenta, con toda claridad, que la investigación está plagada de errores, que la investigación está plagada de vacíos y que la investigación deja mucho qué desear.

Los comentarios que hice yo aquí en torno a la investigación son acerca de un informe que presentó Carpizo a la sociedad civil y que a todos los diputados de esta soberanía nos fue entregado en forma de un pequeño folleto, y diputado Castillo Mota, el folleto era para leerlo y para leerlo críticamente, no para ir a guardarlo en algún librero. Y esto es lo que algunos periodistas o algunos diputados o gente de la sociedad civil hemos hecho con respecto a este informe y se lo sostengo aquí de nuevo.

Ese informe se cae por su propio peso, se contradice a sí mismo y deja mucho qué desear en torno al cuál es el papel de la Procuraduría General de la República. Y usted haría bien en leerlo a fondo, porque no son 37 los que han sido detenidos, como usted afirmaba. Hasta ahorita son 53. Y de esos 53 ya solamente quedan 31 en diferentes reclusorios del país. Los demás, algunos narcotraficantes, otros policías judiciales o funcionarios de la PGR, por supuesto, bien relacionados con los narcotraficantes, ya han sido liberados por diferentes causas.

Y además, está la cuestión del asesinato de dos de las principales personas que fueron arrestadas en torno a este caso y que fueron asesinadas a unos cuantos días de que fueron hechas presas, precisamente porque probablemente ellos iban a decir cosas que ni a la PGR ni al Gobierno ni a los narcotraficantes les convenía.

No se necesita ser investigador de la PGR o Sherlock Holmes, para dar con estas cosas, diputado. Se necesita leer los informes que nos entregan, se necesita leer algunas revistas, leer los periódicos. Agarre usted el siglo XXI del día de hoy, para que vea todo lo que hay en torno al asesinato de una de esas personas hechas presas, un pistolero de los Arellano Félix.

Ahora bien, el diputado Castillo Mota afirmó aquí que hay que llegar hasta sus últimas consecuencias. Le tomo la palabra, diputado. Hay que llegar hasta sus últimas consecuencias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Castillo Mota.

El diputado Juan José Castillo Mota:

Con su permiso, señor Presidente.

En primer lugar, además de ser diputado, soy abogado. Y yo no me guío por las notas de prensa. Me guío por los hechos que motivan las averiguaciones o los procesos que se originan con ilícitos que comete equis persona. entonces yo le ruego que no me invite a que lea yo revistas, porque no lo voy a hacer.

Invíteme a leer las averiguaciones y el expediente o expedientes integrados con motivo de las averiguaciones que se levantaron, relacionadas con esos ilícitos y yo con mucho gusto lo hago, lo acompaño para que nos pongamos a leerlos los dos y veamos hasta dónde se ha llegado en esta averiguación.

Usted mismo me da la razón. Se han detenido más de 53 personas y se encuentran actualmente detenidas 31, sujetas a proceso. Entonces se han hecho investigaciones que han permitido la detención de un sinnúmero de gente relacionada con esos hechos y con el narcotráfico o con los narcotraficantes.

Lo que a mí me preocupa es que la familia a la que se le achaca el haber realizado ese homicidio de varias personas, entre las que sacrificaron al señor cardenal Posadas, radique en Tijuana. A mi si me preocupa. Tenemos que ver cómo podemos lograr, a la brevedad posible, detenerlos, no solaparlos. Porque usted recuerde que el "El Chapo", pues era pistolero del "Güero" Palma, el otro líder fuerte del narcotráfico.

Bueno. Aquí no vamos a permitir que las pugnas entre dos bandas de narcotraficantes sacrifiquen a gente de la estatura del cardenal Posadas

y de gente que accidentalmente estaba en el aeropuerto de Guadalajara.

Lo que yo subí a aclararle es que se han hecho investigaciones, que hay detenidos y que debemos solicitarle al Procurador actual una información detallada del estado que guarda la averiguación o averiguaciones y el proceso o procesos que se iniciaron son motivo de los hechos en que se privó de la vida al cardenal Posadas y a otras personas.

Y que nosotros no solaparemos ¡nunca!, óigalo bien: ¡nunca!, crímenes de esa naturaleza ni de otra; nosotros no nos podemos coludir en esa clase de crímenes ni de otra, y por eso estamos luchando y por eso logramos algunas modificaciones en materia penal y en materia constitucional, para poder cerrarle los caminos al crimen organizado.

Y no cejaremos en hacer frente común contra esos que están creándole problemas a la sociedad, al pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente:

El diputado Víctor Orduña, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos tiene la palabra.

El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Hoy se cumple un año del comienzo de una oleada criminal en este país, de una oleada criminal del crimen organizado. Empieza con la muerte del cardenal Juan José Posadas. A escasos 10 meses hay otro homicidio de gran magnitud, que vuelve a conmover a la sociedad mexicana y no sólo eso, esa escalada criminal se traduce también en un incremento en los secuestros del país; se ha convertido en un modus vivendi el secuestrar a personas en este país y en los últimos días, en las últimas semanas hemos sabido de dos secuestros de gente de la iniciativa privada.

En el caso que nos ocupa, sin lugar a duda que los legisladores tenemos muchas dudas, muchas dudas que tienen que ser aclaradas con precisión y con certeza por parte de la Procuraduría. La Procuraduría no se ha vuelto a reunir con la comisión plural de esta Cámara, para informar de los avances en la investigación. Y si no se ha llamado a la comisión plural es porque no tiene información nueva que dar.

Dice el diputado Juan José Castillo Mota que se sigue investigando. Necesitamos saber los legisladores qué es lo que se ha investigado, qué es lo nuevo que tiene la Procuraduría en este caso.

No podemos pasar por alto una afirmación del diputado Castillo Mota y en sus dos intervenciones manifiesta que le preocupa la criminalidad que se da en el municipio de Tijuana. Le preocupa esta criminalidad y de algún modo hace referencia a la Policía Judicial Estatal. Diputado Juan José Castillo Mota, le diré como dijo el diputado Juan de Dios Castro en esta tribuna: "no escupa usted al cielo".

La investigación del narcotráfico es un asunto de carácter federal, por lo que compete a la Procuraduría General de la República y el Procurador General de la República y la Policía Judicial han incumplido en su obligación, no han mostrado cabalidad en la investigación. Por ello, los legisladores federales necesitamos información cierta, oportuna, de qué es lo que se está haciendo.

Por otro lado, dice usted que los Arellano Félix viven en Tijuana. Hay que dar los domicilios de los Arellano Félix, hay que pedirle a la Procuraduría General de la República que los detenga, ¿por qué no los detiene?; eso es los que tiene que decir, eso es lo que nos tiene que informar el señor Procurador, Y créame que me da muchísimo gusto que usted haya hecho un requerimiento al Procurador General de la República para que nos informe sobre este caso.

Acción Nacional y el PRD le tomamos la palabra. Pero que no vaya una comisión nuevamente a ver al Procurador, citemos al Procurador General de la República para que comparezca a esta soberanía e informe cuáles son los resultados en las investigaciones criminales que a todos nos preocupan.

Por ello, señores diputados, nos permitimos proponer a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Que comparezca el Procurador General de la República, a efecto de que informe el estado

que guarda la averiguación previa concerniente al artero homicidio perpetrado hace un año en la persona del cardenal Juan José Posadas Ocampo.

Firman los diputados Gabriel Jiménez Remus, Héctor Pérez Plazola, Miguel Ángel León Corrales, Germán Petersen Biester, Guadalupe Salinas, Tarcisio Rodríguez y el de la voz.

Dejamos a la consideración de esta Asamblea la propuesta, para que se le dé el trámite correspondiente. Gracias por su atención.

El Presidente:

La propuesta del compañero Víctor Orduña, se turna a la Comisión de Justicia.

El diputado Miguel Ángel León corrales (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El Presidente:

Tiene la palabra el compañero León Corrales, para rectificar hechos.

El diputado Miguel Ángel León Corrales:

Diputado Castillo Mota, usted hace unos momentos dijo que eran defensores de la justicia y que en la investigación del caso Posadas había que llegar hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga, lo dijo. Yo, por la experiencia de estos dos años y medio en torno a sucesos como el del 22 de abril y en torno a sucesos como este que hoy estamos comentando, sostengo la idea de que en un sinnúmero de ocasiones ustedes, los diputados de la mayoría, se han dedicado a proteger a funcionarios de alto nivel del Gobierno de la República y que una y otra vez se han opuesto con su mayoría de votos a que estos funcionarios comparezcan ante esta soberanía, a dar cuenta de los hechos, a dar cuenta de investigaciones, a dar cuenta de cifras; nosotros somos uno de los tres poderes de la Unión y tenemos derecho, en un momento determinado, a exigir esas comparecencias.

Bien, hace un rato yo le dije: le tomamos la palabra, que esta investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, demuestren pues que son defensores de la justicia, aquí hay una propuesta muy clara que hacemos Acción Nacional y el PRD en el sentido de que el Procurador comparezca ante esta soberanía, que no nos vaya a pasar lo de la otra vez, diputado, que nos invitan a recibir un informe del Procurador, pero que somos invitados de piedra en un teatro montado con toda la prensa nacional para que el procurador Carpizo saliera adelante en toda esa problemática que tenía con la sociedad tapatía en torno a este suceso, que no nos suceda lo mismo, no necesitamos ir allá, el Poder Legislativo los puede citar aquí, aquí hay una propuesta muy clara en este sentido y yo le hago un llamado a usted a que convenza a sus compañeros para que eso que dijo aquí en la tribuna lo sostenga en esa propuesta tan clara que nosotros estamos haciendo.

El Presidente:

La propuesta reiterada del diputado de la Revolución Democrática, que coincide con la del diputado Víctor Orduña, se turna a la Comisión de Justicia.

En uso de la palabra el compañero diputado José de Jesús Berrospe Díaz.

El diputado José de Jesús Berrospe Díaz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

El tema que se esta desarrollando en estos momentos es de interés general y yo, a nombre de mi partido, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y también como jalisciense, quiero fijar una posición al respecto.

A un año de haberse llevado a cabo este hecho sangriento en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara y con ese motivo, algunos compañeros diputados han pasado a exponer sus puntos de vista. Nosotros queremos hacer algunas reflexiones.

En primer lugar, que las hipótesis que se han dado por la Procuraduría General de la República de ninguna manera son creíbles, que hay algunas tesis también de la misma PGR en el sentido que las siete personas muertas, entre las que está el cardenal Posadas, fue por fuegos cruzados o que también por una confusión

con el "Chapo" Guzmán; sin embargo, hay una tesis del forense que dice que el asesinato del cardenal Posadas fue a quemarropa. Lo que nos llama a nosotros la atención, es que a esta tesis del forense no se le ha dado la debida atención, ni tampoco se le ha tomado en consideración; se hace a un lado, no se ha vuelto ha saber nada del forense, solamente su declaración.

Algunos hechos también creemos que es necesario que se reflexionen. Aquí se menciona que se le confundió al cardenal porque viajaba en un Grand Marquis como el del narcotraficante, pero también se menciona que hacía un año que este vehículo se había vendido por el "Chapo" Guzmán; lo que nosotros estamos viendo es que ¿cómo es que los narcotraficantes estaban tan bien informados de la presencia del Cardenal en el día y la hora y no estaban informados de la venta del vehículo? Esto es algo que nosotros queremos poner en reflexión de todos los compañeros diputados.

Hay otra reflexión, que ninguna de las versiones dadas hasta ahora tienen lógica. Si nosotros analizamos cada uno de los hechos, nos damos cuenta que carecen completamente de lógica y que las tesis y las hipótesis que da la Procuraduría General de la República también son ilógicas.

Por lo tanto pues, haríamos nosotros propuestas concretas: en primer lugar, apoyar el reclamo de todo el pueblo de México y en especial del pueblo de Jalisco que en todos los hechos delictuosos que se han venido dando después y desde el día de la muerte del cardenal Posadas, se esclarezcan y que se haga justicia.

Que se está investigando y que se sigue adelante, ¡qué bueno!, pero creemos que el tiempo que se está dando a estos hechos llevan dos objetivos muy claros; primero: hacer que el pueblo olvide, pero el pueblo no olvida, y, en segundo lugar, pues que la intención muy clara de las autoridades es que el caso quede cerrado sin haberse aclarado, o sea el tradicional "carpetazo".

En eso, nuestro partido está en contra. Que se hagan las investigaciones pero que se les de la importancia que tienen, por tratarse de un reclamo general del pueblo de México.

Y también queremos en esta tribuna, apoyar el punto de acuerdo de que comparezca el Procurador General de la República en comisiones, para dar un informe verídico sobre el caso del cardenal Posadas y de otros casos que están en el olvido. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Como coincide su propuesta, compañero, con las de las otras dos fracciones parlamentarias, se turna a la Comisión de Justicia la propuesta.

Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Orduña.

El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

De lo expresado en esta tribuna, es obvio que existe un consenso de los legisladores nacionales por saber y conocer qué medidas tomará la Procuraduría General de la República en el combate a la criminalidad.

Sin duda alguna, como aquí se mencionaba, el caso del cardenal Posadas deja una serie de interrogantes que tienen que ser aclaradas; una serie de interrogantes y de cochupos que seguramente se dieron para que estos delincuentes involucrados en el hecho criminal pudieran haber escapado, y que desafortunadamente ha habido una información periodística que pudiera avanzar más en las investigaciones que las propias investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República.

Las hipótesis que se dan sobre este caso son más abundantes que las que da la propia autoridad; las investigaciones periodísticas que se han hecho también señalan día con día nombres, posibles móviles, sin que la Procuraduría General de la República diga si se han investigado, si se ha conocido con precisión quiénes fueron las personas que intervinieron en ese evento, sin que se diga también si existió el famoso portafolios negro, que sin duda alguna es clave, y es fundamental para esta investigación.

Se ha especulado por todos lados sobre este portafolios, sobre el contenido, sobre si lo llevaba o no el Cardenal, sobre si sería clave o no en el resultado de la investigación. Desafortunadamente ni la opinión pública ni los legisladores sabemos qué está sucediendo.

Necesitamos por otro lado señores diputados, saber a ciencia cierta cuál es el estado que guarda este país en materia de seguridad. Hay una inseguridad creciente, una inseguridad que día a día empieza a cobrar víctimas y que empieza a trastocar nuestro sistema de derecho.

Por las consideraciones de la Procuraduría, por las consideraciones también de jueces, pudiera parecer que en esta República mexicana se castiga más a quién comete un crimen pequeño que a quien comete un magnicidio de la naturaleza del que estamos hablando. Por ello, señores diputados, es necesario que el Procurador General de la República comparezca a esta soberanía y explique lo antes dicho. Gracias.

El diputado Juan de dios Castro Lozano: (desde su curul):

Para rectificar hechos, señor Presidente y para hacer una proposición.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Decía el señor diputado Juan José Castillo Mota que es abogado, que él no leía las notas informativas de la prensa. Quiso decir, yo considero que nuestro compañero diputado quiso decir que a veces hay que basarse en las actuaciones judiciales, los hechos que se encuentran acreditados o no, y bueno, de ahí a veces es válido deducir presunciones.

Sin embargo, diputado Castillo Mota, a veces sí es útil leer las notas informativas, cuando éstas tienen alguna vinculación con las actuaciones judiciales, y sobre todo para encontrar respuestas.

Por ahí en una nota informativa de la prensa, que usted no leyó, porque usted nada más acostumbra leer los miles de fojas que integran el proceso penal que se instruye contra los 53 o más detenidos que usted citó, aparece una declaración perdida, la declaración de un joven de 15 años, tomada según cita el reportero, precisamente de las actuaciones de que consta la averiguación previa.

Habla, diputado Castillo Mota, de la llegada de cuatro pistoleros precisamente al lugar donde se encontraba el vehículo del cardenal Posadas; habla cómo pausadamente, detenidamente, observaron quiénes ocupaban el vehículo de color blanco y los disparos que hicieron sobre los ocupantes. No hablaba la declaración de ese testigo de fuego cruzado, de heridas accidentales. Cita una declaración, una testimonial que obra precisamente en la averiguación previa.

Ahora bien, diputado Castillo Mota y compañeros legisladores, ha habido ya tantos sucesos donde la opinión pública no se siente convencida de la información que le dan, y bueno, es necesario que el Procurador General de la República abunde en esa información veraz.

Yo voy a plantear un punto de acuerdo, y créame que lo voy a plantear apelando a dos cuestiones fundamentales: una, el clamor que ante la sociedad de Guadalajara ha despertado el homicidio del Cardenal, y no sólo de la población de Guadalajara por ser su pastor, sino de una Iglesia que tiene un número de miembros que constituyen mayoría de país, pero no solamente de los miembros de la Iglesia, de todo un país que se siente violentado por ese homicidio.

Podría en esta exposición hablar de otro más que usted en lo personal siente y que guarda exactamente la misma situación: falta de información, falta de avance. Usted dijo "se está trabajando", pero da la impresión que esa frase "se está trabajando", implica: guarden tranquilidad, no hagan olas que se está trabajando.

Y bueno, yo quiero fundar este pedimento para que la Cámara tome, apruebe un punto de acuerdo, con fundamento en el 58 del Reglamento, pero además pido que se trate y se le el tratamiento y el procedimiento reglamentario de un asunto de urgente y obvia resolución.

El escrito que planteo, y dejo en manos de la Secretaría, y si usted me dice que no se encuentra en la hipótesis del 93 se lo reconozco, pero como no es materia penal, diputados,

donde se debe aplicar la letra fría, dura, estricta, de la ley, por el clamor que ha despertado en la conciencia nacional, por la exigencia que ha despertado en los medios masivos de comunicación social, por la opinión pública de todo el país y por la conciencia de los señores diputados, lo fundo por mayoría de razón, por analogía y mayoría de razón en los términos del artículo 93 de la Constitución y además en el 58 del Reglamento, que se solicite del Ejecutivo Federal la autorización para que comparezca ante esta asamblea el Procurador General de la República.

¿Para qué efecto? Para que informe del avance de la investigación relacionada con el homicidio del cardenal Juan José Posadas Ocampo, y así también como para dar respuesta a las interrogantes que planteen los señores diputados, y no sólo los diputados de la oposición, diputado Castillo Mota, sino de usted mismo, que tiene tantas interrogantes como las que se derivan de su intervención.

Y bueno, esas interrogantes que son de todos, que las tenemos muchos mexicanos del país, creo que el Procurador puede dar este paso, naturalmente si el Ejecutivo Federal lo autoriza, porque todavía en estos momentos, aunque no es secretario de Estado y no está en la hipótesis del 93, por eso dije por analogía y mayoría de razón.

El Presidente:

Tiene la palabra del diputado Miguel González Avelar, para rectificar hechos.

El diputado Miguel González Avelar:

Señor Presidente; señoras y señores diputados.

Ha sido hoy sin duda un día fructífero para la Cámara de Diputados, puesto que hemos, entre otros asuntos que han acaparado la atención de este pleno, elegido a los miembros consejeros ciudadanos del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y hemos conocido ahora, una vez concluido ese lapso de nuestra sesión, la petición que ha hecho aquí algún diputado y en este momento el señor diputado Juan de Dios Castro, para que comparezca el señor Procurador General de la República en los términos del artículo 93 de la Constitución a través de una propuesta que funda en nuestro Reglamento Interior de acuerdo con el artículo 58 que las regula, proposiciones que no sean iniciativas de ley.

Aquí ha quedado perfectamente claro en la voz de Juan José Castillo Mota, compañero de nuestra fracción, el interés indudable que este asunto, cuya efeméride trágica hoy conmemoramos, ha enlutado la conciencia del país y a todos los mexicanos sin distinción alguna de posición ideológica o política.

Pero un asunto de la magnitud de éste, un asunto que se trae de una manera inconsulta, intempestiva a la atención de esta Cámara, en un momento en el que de una manera evidente no tenemos la alegría, la satisfacción de contar con todos nuestros compañeros diputados aquí entre nosotros, me parece que se les priva a todos esos diputados que no están aquí presentes, y entre ellos a los coordinadores de fracciones parlamentarias, por quienes han hablado algunos de los miembros de esas fracciones y que suelen ser los vehículos adecuados y eficaces por cierto para concertar asuntos de esta importancia en la Cámara.

Todo esto digo, no debe ser razón para que privemos a esos compañeros diputados y a los señores coordinadores de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del Partido Popular Socialista y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, coordinadores todos que no se encuentran presentes, para no privarlos, digo, a ellos ni a los numerosísimos compañeros que no tienen la dicha de acompañarnos esta tarde y que pudiera darse el caso de que comenzaran a escasear incluso más.

Quisiera yo hacer una respetuosa proposición al diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra y que ha hecho esta proposición, el señor Presidente de la Cámara dictó un turno para la propuesta que fue: "Túrnese a la Comisión de Justicia". Y yo sugiero, respetemos el trámite de la Presidencia, ventilemos en esa comisión el asunto, hay una disposición que se ha manifestado aquí muy claramente de todos, de atender en tiempo y forma por los canales usuales de la Cámara, por los mecanismos de concertación que tenemos establecidos y los que tenemos que profundizar para hacer eficiente el trabajo de la Cámara, por esos caminos; repito, hagamos esa moción, démosle el

respaldo de todos los diputados que no están aquí ahora, su número es considerable, y que tenga pues nuestra propuesta la fuerza y el vigor de una cuantiosa mayoría, de una caudalosa mayoría que apoye esta proposición.

Es la sugerencia que hago respetuosamente al señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano: (desde su curul):

Señor Presidente; pido la palabra.

El Presidente:

¿Con qué objeto, diputado Juan de Dios Castro?

El diputado Juan de Dios Castro Lozano: (desde su curul):

Para hechos, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene usted la palabra, para rectificar hechos, señor diputado.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

El señor Presidente, antes de que terminaran las intervenciones de los oradores, efectivamente como don Miguel González Avelar lo ha dicho, dio turno a la proposición presentada por el diputado Víctor Orduña y otros diputados. No objetamos ese turno: "Túrnese a la Comisión". Muy bien, ya está turnado. Pero yo presenté otra propuesta y si se advierte, distinta, con dos objetivos diferentes y más amplia.

Señoras y señores diputados: no puede aceptarse el argumento de don Miguel González Avelar. ¿Cuál es el argumento que nos ha dado?: la ausencia de algunos compañeros diputados, incluso de entre los ausentes, algunos de los coordinadores de los grupos parlamentarios. Si ese es el criterio, no solamente este tema sino otros temas no deberían haberse tratado en la sesión de hoy. Además, señoras y señores diputados, en el orden del día que se nos presentó la mañana de hoy se encontraba listado, listada la intervención por parte del Partido Acción Nacional en relación con este tema.

Y hemos sido muy cuidadosos en los términos y en la expresión del punto de acuerdo. Fui tan claro, estoy tan consciente de las limitaciones del artículo 93; el artículo 93, don Miguel... me dice don Miguel con esa expresión... ¡Claro, don Miguel!, se lo acepto, ¿qué dice el 93?: secretarios de Estado, ¿verdad que sí?, secretarios de Estado, y no nada más secretarios, aludía además otro tipo de organismos; pero don Miguel González Avelar estará feliz que yo desde la tribuna le confirme que el 93 no menciona al Procurador General de la República. Pero, señoras y señores legisladores, entremos al tema concreto.

El texto de la redacción de la propuesta que plantee a consideración de ustedes no obliga, don Miguel y diputados del Partido Revolucionario Institucional. ¿Saben ustedes que no estamos obligando ni siquiera si aprobamos el acuerdo, la comparecencia del Procurador? Estamos haciendo un pedimento nada más. ¿A quién le pedimos? ¡Al Ejecutivo Federal!, y ¿qué le pedimos! ¡Que autorice! Nada más.

Yo podría no darle ni siquiera el argumento ni el fundamento del 93. Vaya, puedo no citar ni siquiera un precepto de la Constitución, puedo ni siquiera citar el 8o., porque ése compete solamente a los ciudadanos con el derecho de petición y no vamos a pensar que esta Asamblea reúne la calidad de ciudadanos para hacer un pedimento.

¡No!, señoras y señores diputados. ¡No se asusten! El acuerdo, si lo votan a favor, no está forzando la Cámara de Diputados a la voluntad de otro poder, que es el Ejecutivo. Podría hacerlo en otras hipótesis como lo marca el 93, si reuniéramos el 25% de las firmas de los diputados federales, pero seguiríamos teniendo el problema: ¿quedará el Procurador dentro de la hipótesis?. ¡No! Un simple pedimento: señoras y señores legisladores, les estamos pidiendo que ustedes, preocupados por el clamor nacional de este tema que ha conmovido la opinión pública nacional, solamente que la Cámara le pida al Presidente, al Ejecutivo, que autorice al

Procurador. Y si el Ejecutivo no autoriza, pues el Procurador no viene, señoras y señores legisladores. ¡Tan fácil como eso! Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel León.

El diputado Miguel Ángel León Corrales:

El problema aquí es si hay o no voluntad política para que todas las fracciones parlamentarias de esta soberanía pudiésemos salir de esta sesión unidas en torno a una idea fundamental, que frente a las dudas que manifiesta con toda claridad la población tapatía y la población mexicana, que frente a las dudas que se manifiestan desde diferentes sectores en torno a los sucesos del aeropuerto de Guadalajara, del 24 de mayo del año pasado, todas las fracciones parlamentarias estamos unidas en la idea de que hacemos un llamado de atención al Ejecutivo para que en lo que se refiere a la investigación del caso Posadas, haya realmente un avance y se informe no sólo a nosotros, sino a toda la sociedad, de cuál es el grado de ese avance.

Eso es lo que se está pretendiendo, y para lograr esto, lo único que se necesita es voluntad política, porque no se puede decir que no podemos lograr aquí un punto de acuerdo como el que presenta el diputado Juan de Dios Castro, porque algunos diputados no se encuentran presentes.

El diputado González Avelar no dijo que aquí no había quórum; porque si aquí no hay quórum, entonces esta sesión tendríamos que levantarla. El dijo que algunos diputados no se encuentran presentes. Pero si hay quórum, el asunto se puede votar. Y si hay voluntad política de la mayoría, un acuerdo como el que planteó, repito, el diputado Juan de Dios Castro, puede salir de aquí.

Entonces el problema no es si faltan o no algunos diputados o coordinadores o si no se siguieron los mecanismos adecuados para concertar. Yo en lo particular creo que no solamente se tiene que dar la concertación entre los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias.

El problema de fondo es si hay voluntad política o no para aceptar un acuerdo, con todas las características que ya fueron aquí planteadas. Y si hay quórum y hay voluntad política ese acuerdo puede salir y, repito, sería de fundamental importancia para la sociedad tapatía, para la sociedad mexicana, para organismos no gubernamentales, para organismos de derechos humanos, para la credibilidad de la impartición de la justicia en este país, que hoy aquí todas las fracciones parlamentarias pudiéramos salir unidos con este acuerdo. Este es el problema de fondo.

El diputado Miguel González Avelar: (desde su curul):

¡Pido la palabra!

El Presidente:

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Miguel González Avelar: (desde su curul):

Para rectificar hechos, señor Presidente.

El Presidente:

Pase usted, señor. Tiene el uso de la palabra.

El diputado Miguel González Avelar:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Quiero sencillamente exponer y explicar aquí por qué razón, cuando la proposición que ha sido presentada hace unos minutos sea ordenada de votar por la Presidencia, nosotros votaremos en contra.

No es porque no queramos que venga el Procurador a explicar y a mantener un diálogo vivo, de hondura y de profundidad, con los diputados. No es porque nos estemos negando a que esa circunstancia se de. Son varias las razones que nos mueven, por razones de orden parlamentario y constitucional, a votar en contra de esa propuesta.

Y la primera de todas ha sido expuesta ya aquí anteriormente. El artículo 93, que ha sido invocado aquí, es un precepto que no contiene, como se reconoció en la tribuna, que no contiene entre los funcionarios que pueden ser citados, que deben de comparecer ante esta Cámara, no porque lo deseen o no, sino porque tienen el compromiso ineludible de hacerlo de acuerdo con la Constitución. Pues bien, entre ellos no está el Procurador General de la República.

De tal manera, que la Cámara en este caso no ordenaría con imperio, como deben ser todos sus actos para que mantenga el decoro y la verticalidad republicana que le pertenece, sino que tendría que impetrar, que rogar, que pedir en los términos de un particular, como también aquí se dijo, al Presidente de la República, que comparezca una persona. Esta es la primera razón.

La segunda, que si al artículo 93 de la Constitución vamos, se requiere, para que surta sus efectos ese artículo, para que se ponga en movimiento la dinámica interna de ese precepto, se requiere que la cuarta parte de todos los individuos que componen la Cámara, esto es, 125 diputados, lo soliciten así por escrito. Y tengo la ligera sospecha de que ese documento no contiene la firma de 125 diputados aquí presentes.

De modo pues, que no habiendo estas consideraciones, hemos ofrecido que en la comisión, a donde ha sido turnado el asunto, se puede plantear esta cuestión y replantearse en una sesión próxima, con el apoyo y con el conocimiento de la mayoría inmensa de los diputados que deben saber de este asunto. Que venga a esa comisión, a esa Comisión de Justicia, el Procurador, a ilustrarla, para que los diputados de ella también conozcan a fondo el resultado de que hemos tratado durante esta parte.

Esas son las razones por las que votaremos en contra. Y ruego, pues, al señor Presidente de esta Cámara, que en los términos del artículo 58 ponga a votación la propuesta de mérito. Gracias.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano: (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, para rectificar hechos.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor Presidente, señoras y señores diputados:

No puedo dejar de contestar los argumentos dados por don Miguel González Avelar, compañero diputado, en esta última intervención.

Creo que, con todo respeto, don Miguel no está en lo correcto al medir el alcance del artículo 93. El dio la impresión, o al menos así lo entendí yo, de que se requería 125 o la cuarta parte de las firmas de los diputados. No, don Miguel, mire usted, hay que leer el último párrafo del 93, esto se refiere para integrar comisiones, para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados. No es el tema, yo no he pedido que se integre una comisión, ni el señor Procurador es un organismo descentralizado. No estamos pidiendo que se integre una comisión para investigar al organismo descentralizado denominado "Procurador General de la República". Luego, el tema de las 125 firmas creo que es un tema totalmente ajeno a la cuestión que estamos debatiendo.

Por otra parte, para citar a los secretarios de Estado, permítame decirle que no necesitamos ni siquiera pedir la autorización del Presidente de la República; el segundo párrafo del 93 claramente lo establece en qué casos: "Cuando se esté debatiendo un asunto, un negocio, una iniciativa de ley". No, don Miguel, por eso señalé que no necesitaba ni siquiera el 93 de la Constitución.

Vuelvo a repetir la parte central de la argumentación, que parece ser que no he sido lo bastante claro para exponerla. ¿Puede o no puede la Cámara ordenar al Ejecutivo?, yo digo que no, ¿por qué?, porque hay división de poderes. El Ejecutivo no está subordinado al Legislativo. No estamos en una situación de subordinación; de acuerdo con nuestro régimen constitucional existe una cooperación de poderes.

Hay ciertos rasgos del régimen y del sistema parlamentario, que no existe en nuestro país, cuando autoriza que la Cámara llame a los

secretarios de Estado, que no es el tema. Señores diputados, es algo tan sencillo. ¿Puede o no puede ejercitar derecho de petición la Cámara en los términos del 8o?, lo dijo don Miguel citándome, yo lo dije claramente: ¡No!, no reunimos la calidad de ciudadanos.

¡Ah!, pero yo me aprovecho de algo, la sensibilidad del presidente Carlos Salinas de Gortari, depositario del Ejecutivo Federal. Un pedimento de la Cámara de Diputados que está en libertad de no autorizar, que puede rechazar. Pero de los diputados de la nación que hagan un pedimento ¿habría sensibilidad del Presidente de la República rechazarlo? Yo me aprovecho de eso y me aprovecho por el clamor nacional. Por eso fui cuidadoso en la redacción, fuimos cuidadosos en la redacción del punto de acuerdo: "Que el Presidente de la República autorice...". Y si no autoriza pues no viene el Procurador. Nada más sencillo ni más fácil que ello. Dice don Miguel que votará en contra y dio las razones del 93 que acabo de señalar que son totalmente ajenas al tema del debate.

Ahora bien, si lo que en realidad desean es que el nuevo Procurador, ha habido ya tantos, a la mejor de aquí a la fecha en que se ordene la comparecencia tenemos otro Procurador y otro Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; decimos que el Procurador comparezca ante la Asamblea, si el Presidente lo autoriza ¿y qué va a contestar el Procurador? Bueno, la información que él tiene y nosotros no tenemos, vaya, yo creo que ni hasta el diputado Castillo Mota la tiene, aunque él dice que se basa en las fojas, las actuaciones de los expedientes; pero bueno, hay cosas que no están en los expedientes, que todavía no quedan plasmadas en las fojas de una averiguación previa, pero que el Procurador puede tener información privilegiada y bueno, dar a conocer esa información privilegiada a los diputados, pero no nada más a los diputados, ¿saben qué se lograría?, se lograría dar esa información a la opinión pública nacional, porque indudablemente la comparecencia del Procurador en la Cámara sería además una información de este Gobierno de la República, a una necesidad de información de todo el pueblo de México y las interrogantes que planteen los señores diputados, las contestaría el señor Procurador con la información de que dispone. Gracias, señores.

El Presidente:

En uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez.

El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:

Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores.

No podemos soslayar que vivimos en un régimen de derecho, no podemos hacer a un lado las facultades expresas que la propia Constitución confiere a los Poderes, no podemos hacer a un lado la reglamentación que la propia Constitución establece. No quiero con esto decir que en el ánimo de los diputados de mi partido, como en la mayoría de todos los demás, señores diputados, prevalece...

El Presidente:

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

Desearía que preguntara al señor diputado si acepta una interpelación y también preguntaría a usted si la admite y la aprueba usted en su calidad de Presidente.

El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:

Con mucho gusto, señor diputado.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

Señor diputado, una pregunta muy sencilla, si la Cámara de Diputados, esta Asamblea, aprueba hacer un pedimento al Presidente de la República para que autorice al Procurador que comparezca ante el pleno y naturalmente ese pedimento no es de carácter vinculatorio para el Presidente y él, pongámonos en la hipótesis de que acceda a ese pedimento, ¿qué obstáculo legal hay para ello?

El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:

Sin duda, señor diputado Juan de Dios Castro, no habría ningún obstáculo; el único problema estriba en que si se niega esa petición, se nos exhibirá por no haberla fundado en derecho. Vivimos en un régimen de derecho, de facultades expresas, no tenemos por qué exponernos a ello, más en el caso cuando se ha dado ya una solución a inquietud, al planteamiento de todos los señores diputados, y que la compartimos, cuando hay un procedimiento establecido en nuestro régimen interno, en nuestra reglamentación, que nos permite allegarnos la información que requerimos de acuerdo con el trámite que el señor Presidente de la mesa directiva ha dado, es decir, por vía de la Comisión de Justicia y ésta será la responsable de determinar...

El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: (desde su curul):

Una interpelación

El Presidente:

¿Acepta la interpelación, diputado?

El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:

Con mucho gusto, diputado.

El Presidente:

Aceptado.

El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: (desde su curul)

Diputado Cuauhtémoc López Sánchez, ha manifestado usted que en su partido hay la intención de que se esclarezcan las cosas y de que compareciera el Procurador y que solamente por no evidenciarnos no hiciéramos esta propuesta. ¿Habría la posibilidad de que un diputado de su partido se comprometiera, o usted mismo, por una propuesta para que el Procurador comparezca a comisiones a explicar el asunto que nos motiva en este momento?

El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:

Señor diputado, su ingenio y su pregunta van acompañados al mismo nivel. Definitivamente no me puedo comprometer ni yo ni nadie con cargo a terceros, violentando el régimen de derecho.

Insisto, simplemente reitero, ya hay un acuerdo del señor Presidente, no hay oposición por parte de los miembros de mi partido de que se amplie y se obtenga toda la información necesaria que arroje luces para el esclarecimiento, para el seguimiento, para la verificación de lo que se ha hecho en cuanto a la investigación, la averiguación y los procesos que se siguen relacionados con el lamentable fallecimiento del cardenal Posadas.

Estamos todos de acuerdo en que se obtenga esa información, pero en lo que no podemos estar de acuerdo es que para obtenerla se violenten las normas de derecho que regulan a esta Cámara. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Orduña.

El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Parece ser que cuando hay un asunto de esta naturaleza, con la trascendencia que el caso amerita, siempre existe la renuencia del partido mayoritario con el propósito de negar la mayor información a esta Cámara y para ello se aduce incluso las razones de la sin razón, como lo hizo don Miguel González Avelar, que tratando de dar una justificación legal, no hizo más que confundir a esta Asamblea.

Segundo, ya basta señores diputados de que esta Cámara sea convidada de piedra. Ha habido cuatro procuradores generales de la República en lo que va de esta legislatura; cuatro procuradores que no han comparecido a esta Cámara, ni a las comisiones a dar información sobre los casos que nos ocupan, sobre, casos que son de vital importancia para la nación, sobre casos que incluso a ustedes mismos señores de la mayoría, deben de estarles pidiendo información sus electores...

El Presidente:

Un momento, diputado Víctor Orduña; sí, compañero diputado Cuauhtémoc.

El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello (desde su curul):

Ruego pregunte al orador si acepta una interpelación.

El Presidente:

¿Acepta usted?

El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:

Por supuesto, señor Presidente.

El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello (desde su curul):

Señor diputado, además de una serie de enjuiciamientos subjetivos que usted formula, libre de toda culpa, porque usted nunca ha cometido un error en invocar una norma constitucional, yo recuerdo la del 102 por ahí en el tiempo pasado, pero ¿me podría usted citar algún precedente de un procurador que haya asistido a una reunión de la Cámara de Diputados?

El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:

Mire, primero no hay ningún juicio subjetivo, son juicios totalmente objetivos, porque lo que se ha dicho aquí no pudiera considerarse subjetivo cuando hace una interpretación de la ley totalmente errónea.

Lo del 102, pues sólo usted lo recuerda, no sé a qué se refiere, no fue preciso en su afirmación. Bueno, aunque les cause la "¡ah!", pues sí; vengan y díganlo pues.

Segundo, les decía a ustedes, que ni ustedes mismos tienen la información necesaria; les preguntan sus electores y no pueden contestar sobre un caso concreto y ¿por qué?, porque no tenemos la atingencia de pedirla a quien tiene la obligación de darla. Todos los días surgen dudas en torno a estos casos que no llevan este día a estar denunciando y a estar pidiendo la comparecencia del Procurador.

Ha sido demasiado claro señores diputados, y diputado Cuauhtémoc López Sánchez, no se vulnera la soberanía de esta Asamblea, ni se violenta el régimen de derecho si se pide al Presidente de la República que autorice al Procurador venga a esta Cámara. Si dice que no señores, no habrá nada que nos ponga en evidencia, lo que habrá será la falta de voluntad del Presidente de la República, para que conozca la opinión pública los hechos que nos...

El Presidente:

Señor Orduña. ¿acepta usted una interpelación?

El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:

Con mucho gusto señor Presidente.

El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello (desde su curul):

¿Debo entender por el silencio que hizo usted ante mi interpelación, que no tiene usted ningún antecedente de un procurador general que haya asistido al pleno de la Cámara, verdad?

El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:

Lo que usted hace sí son interpretaciones subjetivas, lo que cree que yo digo, pero debo decirle ése es el problema, que no tengan antecedentes señores, que no tengan antecedentes y que no quieran ustedes que esos antecedentes se formen, que tengan miedo a este Poder Legislativo. No, no, no se trata de "bájenle señores", bájenle ustedes al miedo que tienen para que se sepa la verdad sobre los homicidios que han causado conmoción. Eso es todo.

El Presidente:

Se pide orden a la sala por favor.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Castillo.

El diputado Juan José Castillo Mota:

Con su permiso señor Presidente:

Nosotros no estamos rehuyendo que a través de la Comisión de Justicia pueda citarse al Procurador General de la República para que comparezca a Comisión, y lo venimos a decir aquí. Lo que no podemos aceptar es que so pretexto de esta situación se nos enjuicie. Eso no se lo admitimos a nadie, y yo no escupo hacia arriba, ciudadano de que no me caiga a mí. Perdóneme compañero Víctor Orduña, yo soy muy cuidadoso y hace rato usted dijo: "cuídese de no escupir hacia arriba para que no le caiga". Yo soy muy cuidadoso para no escupir hacia arriba, escupo muy directamente y no escupo, hablo, digo y concreto las cosas.

Yo no ando con medias tintas y cuando he venido aquí, viene y hablan: diputado Castillo Mota esto, diputado........No, no, el diputado Castillo Mota ha sido muy concreto.

El Presidente:

Diputado Castillo Mota, un momento por favor.

Diputado Juan de Dios Castro ¿con qué objeto?

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

Ruego pregunte al compañero diputado Castillo Mota si acepta una interpelación.

El diputado Juan José Castillo Mota:

Todas las que usted guste.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

Dos interpelaciones. ¿La autoriza señor Presidente?

El Presidente:

Con mucho gusto.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

La primera diputado Castillo Mota, porque está usted tan enojado y tan exaltado que a la mejor no dijo lo que creí entender que dijo. ¿Estaría usted de acuerdo en la Comisión de justicia que compareciera, no al pleno, a la comisión el Procurador General de la República si se hiciera el pedimento por supuesto?

El diputado Juan José Castillo Mota:

Le he dicho que sí, que en la Comisión de Justicia.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

Bien, con base en eso entonces planteo la segunda interrogante: si el Procurador puede comparecer a la Comisión de Justicia, ¿por qué no puede comparecer al pleno? Gracias.

El diputado Juan José Castillo Mota:

Compañero, nosotros hemos aceptado el turno que ha dado el Presidente de una petición que hizo el señor diputado Víctor Orduña, de que se turnara a la Comisión de Justicia, y yo en mi calidad de Secretario, porque desgarciadamente al Presidente nunca lo encontramos, nunca está, en mi calidad de secretario de la Comisión he asumido la responsabilidad de cumplir con el encargo en esa comisión, y que yo y usted me va a dar la razón, de que una vez que llegue el turno a la Comisión de Justicia, yo convoque a los integrantes de la Comisión de Justicia para que ahí se tome el acuerdo de invitar al señor Procurador a que concurra al seno de la propia Comisión de Justicia para que platique sobre el tema que hoy nos tiene a todos comprendidos en esta tribuna, a usted, a mí , a Víctor Orduña, a Miguel Ángel.

Nosotros no queremos cubrir nada, no tenemos temor a eso, se lo hemos dicho, no un a vez, muchas.

Usted decía que teníamos interrogantes, yo no las tengo interrogantes en lo que voy realizando para tratar de llevar a feliz término el cometido que tengo a mi cargo.

El Presidente:

Diputado Castillo Mota, le quieren hacer una pregunta:

El diputado Juan José Castillo Mota:

Todas las que quiera señor diputado.

El diputado Miguel Ángel León Corrales (desde su curul):

Señor Presidente, le puede preguntar al diputado si acepta una interpelación.

El Presidente:

¿La acepta?

El diputado Juan José Castillo Mota:

Todas las que quieran, señor, diputado, ya dije.

El diputado Miguel Ángel León Corrales (desde su curul):

Señor diputado Castillo Mota si usted tan reinteradamente a ha firmado que no tiene absolutamente ningún temor de que esta soberanía obtenga toda la información que se requiere sobre el caso Posadas, lo ha dicho una y otra vez, no tiene ningún temor, ¿cuales son sus razones, insisto, aquí es algo que ya se le preguntó y no contestó, por lo que no quiere usted que el señor Procurador comparezca ante este pleno para informarnos al respecto, si no hay ningún temor?

El diputado Juan José Castillo Mota:

Compañero, ya le ha explicado el diputado Cuauhtémoc López Sánchez el porqué no podemos invadir la esfera del Poder Ejecutivo, sin embargo, realmente nosotros queremos decirle a usted que no en esto, en todo lo que hemos asumido y en todo lo que hemos intervenido no le hemos dado vuelta a la charola ni nada, hemos enfrentado todos los problemas, y a usted se lo hemos probado en muchas cosas que aquí viene usted y trata de decir lo contrario. Nosotros estamos, hemos aceptado desde que se turnó a la Comisión de Justicia este asunto, y hoy lo venimos aquí, en estos momentos, a decir que nosotros convocaremos en cuanto tengamos el turno, porque no lo tenemos, estamos sabiendo aquí que se está turnando a la Comisión de Justicia pero no lo tenemos, sin embargo, a pesar de que no lo tenemos lo estamos aceptando. En cuanto esté el turno convocaré a la Comisión de Justicia, que somos varios diputados de varios partidos. para que tomemos la decisión, y una vez tomada la decisión, conforme a la opinión de mis compañeros diputados, a quienes respeto, daremos el siguiente paso, porque no levamos a dar vuelta a nada, ni le tenemos temor a nada. Hace mucho tiempo que no lo henos tenido ni lo tendremos y enfrentamos todos los problemas.

Y cuando señalamos lugares, lo señalamos de frente, sin darle vuelta.

Aquí hemos venido a adquirir ese compromiso, en cuanto llegue el turno convocaré a la Comisión de Justicia y de inmediato tomaremos el acuerdo que los miembros de la Comisión de Justicia dicten, y de inmediato cumpliremos con ese acuerdo que dicte la Comisión de Justicia y tenga usted la plena seguridad que lo cumpliré al pie de la letra. Muchas gracias.

El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz (desde su curul):

Pido la palabra para rectificar hechos.

El Presidente:

El diputado Víctor Orduña, tiene la palabra para rectificar hechos.

El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Con voz tenue y clara para que no se enojen. En la misma hipótesis del diputado Juan José Castillo Mota, argumentan por un lado que de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, el Procurador General de la República no puede comparecer a esta soberanía porque violentaríamos

el régimen del derecho, no me digan que no.

Pero también con el mismo artículo 93 dije que pediremos al señor Procurador que comparezca a comisión, pues tampoco puede venir a comisiones, eso lo dijo Juan José Mota; eso lo dijo Juan José Castillo Mota.

Entonces, señores Diputados, por otro lado, con la petición que se ha echo aquí, créanme que no se vulnera ningún régimen de derecho; nada nos impide un régimen de derecho, nada nos impide que pidamos al Presidente de la República autorice al Procurador General de la República para que comparezca a esta Cámara e informe.

Lo que necesitamos, señores, no es tanto que exista el fundamento; necesitamos que exista la voluntad política para que comparezca el señor procurador. Muchas Gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez.

El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Esta discusión me recuerda otra que hubo en Bizancio allá por el año 400 de nuestra era y se discutía si los ángeles tenían alas; tenemos para llegar a algo, compañeros diputados, no podemos estar así indefinidamente.

Y si en el supuesto de que el señor Procurador viniera al pleno, ¿qué le preguntariamos? ¿Lo dicen los periódicos? Seguramente que no. Lo que se necesita es que la Comisión correspondiente se apersone y se responsabilice realmente de su cometido y examine el expediente para que sea la comisión quien pregunte y después, de acuerdo con los coordinadores se propondrá si es que viene el Procurador o no. Pero necesitamos partir de un hecho de realidades, no estar divagando sobre la cuestión de los periódicos porque eso no nos lleva a nada.

Por eso yo les propongo para terminar esta discusión, yo les propongo a todos ustedes y al señor Presidente de la mesa directiva, que le dé curso a la propuesta de que se vaya a la comisión y además que pregunte a la Asamblea si se considera el asunto suficientemente discutido muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra diputado Zorrilla.

El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas:

Con su permiso señor Presidente, compañeros diputadas y diputados.

Pues ésta fue una práctica para el debate, desgraciadamente no había materia para tal, no había materia para este debate, el acuerdo que se proponía que se citara al señor Productor, pues ya aquí se ha mencionado mucho el artículo 93 de la Constitución y la Constitución es de facultades expresas y por expresas limitadas. Si no hay materia para el debate y si se quiere debatir, esta comparecencia tendrá que ser otro acuerdo distinto, recordemos que el Ministerio Público, que el Procurador, además de ser el titular de la acción penal, además de ser..........

El diputado Juan de dios Castro Lozano (desde su curul):

Señor Presidente; pregunte al orador di acepta una interpelación, si tiene la bondad, señor Presidente.

El Presidente:

¿Acepta señor diputado?

El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas:

Si, señor Presidente.

El Presidente:

Si acepta, señor diputado.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

Señor diputado usted ha tomado un argumento que ya planteó el diputado Cuauhtémoc, está hablando usted de facultades expresas. Bueno, si habláramos del tema yo diría que la Constitución tiene facultades expresas y además implícitas, pero no es ese el punto central de mi cuestionamiento.

Usted ha sido diputado, ya lleva dos años y meses en esta legislatura y además es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, si no estoy equivocado, y esta Asamblea de diputados ha votado muchísimos pronunciamientos en el ámbito internacional. ¿Me puede usted citar la fracción o artículo de la Constitución que den esas facultades expresas para esos pronunciamientos, señor diputado?

El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas:

Mire, señor licenciado, yo no quiero que esta tribuna........ yo recuerdo que la vez pasada me negué precisamente a una interpelación, no precisamente por rehuirla, sino que a veces me da la impresión de que el que interpela tiene algo de francotirador y a veces se quiere convertir esta tribuna en un examen de derecho, en este caso de derecho constitucional.

Yo me refiero exclusivamente al artículo 93 y me refiero a la Constitución que sí es de facultades expresas, es de facultades expresas porque es de facultades limitadas. El Ministerio Público, el Procurador es el abogado de la nación, es el abogado del Presidente de la República, la única facultad que tiene el Presidente sobre el Procurador es su nombramiento y su remoción. Voy a citar una autoridad en la materia, al doctor Juventino Castro; dice que no es el Ministerio Público, el Procurador, el que consulta al Presidente, sino el Presidente; el que consulta al Procurador. Esta obligado el Presidente a consultar al Procurador, independientemente de que acepte o no acepte la opinión del Procurador........

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

Señor Presidente: pregunte al orador si admite otra interpelación.

El Presidente:

¿La admite, señor diputado?

El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas:

Sí, señor Presidente.

El Presidente:

Adelante, señor diputado.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

Señor diputado: usted ha hecho dos afirmaciones que serían materia de un debate por horas, pero, bueno, voy a concretar a una pregunta. Con su afirmación anterior, ¿ quiere decir, señor diputado, que el Ministerio Público y el Procurador General de la República son instituciones irresponsables?

El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas:

No.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

No responden a nadie.

El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas:

No, yo he dicho......Le cité el argumento de autoridad en la materia, le cité al doctor Juventino Castro, usted sabe que en los debates también se vale el argumento de autoridad y a ése acudí, a ése acudí. Yo lo que dije es que la única facultad que tiene el Presidente sobre el Procurador es su nombramiento y su remoción, porque en eso se basa Juventino para decir que hay independencia del Procurador, respecto del Presidente de la República. Y que

el señor Presidente de la República, está obligado a consultar al Procurador, independientemente de que acate la opinión o no. Yo no hablé nada de irresponsabilidad.

Pero volviendo al tema, el señor Procurador, además de ser una institución de buena fe, es el abogado de la nación. Y subí con el firme propósito de dejar claro, y creo que esto es irrebatible, no hay materia para el debate.

Aquí se referían. al citar al Procurador, según el artículo 93, no podemos citar al Procurador. Entonces ¿cuál es la materia para este debate de tres horas? Si se quiere intentar esto, bueno, presenten un acuerdo de otra naturaleza; pero no donde este pidiendo la comparecencia del Procurador, que no tiene lugar, constitucionalmente.

Por lo que hace a lo que mencionaba el diputado Dorantes, a mi respetado amigo le quiero decir, que yo creo que aquí lo que él propone, podría haber una confusión de poderes, lo cual también sería violatorio de la división de poderes. Muchas gracias.

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no la proposición.

La secretaria Victoria Reyes Reyes:

En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo......

Los diputados que estén porque se deseche la proposición, sírvanse manifestarlo....Desechada, señor Presidente.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para hacer comentarios sobre la situación política en el estado de Veracruz.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Que bueno que nos antecedió, nos precedió este debate que acabamos de vivir, porque de alguna manera tiene relación con los hechos que vamos a plantear en esta tribuna.

Sin duda el país vive los momentos más importantes de su historia política en las últimas siete décadas, toda vez que toca a su fin el régimen del partido de Estado y de presidencialismo autoritario. Asimismo llega a su límite de retorno, el inhumano y antisocial modelo neoliberal de desarrollo que ha sido impuesto en los últimos 12 años sin mayor consideración a la contraria opinión de millones de mexicanos.

Ninguna fuerza social o política ha podido resistir, aun contra su voluntad, los vientos de cambio. Y las que han invertido explícitamente sus mejores esfuerzos para hacerlo posible, han nutrido su capacidad de forjar en radiante crisol, un promisorio futuro para la nación en su lucha por la democracia. Es decir, las diversas expresiones del conservadurismo no han podido evitar que las condiciones estén dadas para imprimir coherencia a través de una profunda reforma social al conjunto de las variables que determinan el acontecer y el futuro nacional.

Se entiende que lo que acontece y lo que falta por venir, es difícil y complejo, pero la clave está en reconocer y resolver la necesidad de construir una amplia fuerza social y política coligada, capaz de diseñar e impulsar un programa alternativo en donde todos los intereses legítimos encuentren su adecuado lugar y su exacta dimensión. Ello equivale a decir que ninguna de las propuestas globales ofrecidas hasta ahora a la ciudadanía para resolver los enormes problemas y retos nacionales, puede ni debe pretender ser la única posible o viable. Es tarea de todos, trabajadores de la ciudad, del campo, empresarios, Gobierno, organizaciones sociales y políticas, y el conjunto de la sociedad civil, realizar un esfuerzo histórico, de imaginación, para reconstruir el tejido social de la nación y diseñar un pacto nacional de largo alcance sobre bases renovadas.

Es ésta la condición indispensable para asumir, coherentemente, el reto de transitar hacia una auténtica modernidad económica y política que aporte, efectivamente, a enriquecer el rumbo y cancele las tensiones y posibilidades.

de rezagarnos en lacerantes y, quizá, interminables disputas intestinas.

Sin duda alguna para los mexicanos lo importante ahora es el cambio que permita vivir sin desasosiego de la desintegración social, de la impunidad, la corrupción y y la violencia generalizada de un gobierno momificado y enredado en oscuros acuerdos con quienes se empeñan desesperadamente en preservar la vigencia autoritaria y conservadora, así sea con una máscara de nuevo tipo, que no puede tener sino un rictus aún más desagradable. En otras palabras, el sistema político de partido de Estado y de presidencialismo autoritario representan ahora el pasado y la sinrazón para el futuro.

Hoy la nación requiere para reconstruirse de adecuar el marco jurídico a su realidad. Es ésta pues la esencia del debate nacional y es esto justamente lo que nosotros en el Estado de Veracruz. En el Estado de Veracruz lo que encontramos es querer adecuar la realidad a un marco jurídico existente y a veces inclusive inventándolo, como vamos a narrar.

Nos vamos pues entonces aquí a hablar de la situación económica en el Estado de Veracruz y particularmente en la zona de Coatzacoalcos, donde se ha producido arriba de 40 mil despidos, provocando afectar a la población en cerca del 25% de manera directa. Lo que ha imposibilitado en el conjunto de la zona petrolera de Coatzacoalcos que no llegue la inversión extranjera que pueda activar la planta productiva del sector petrolero.

No vamos a hablar de un sindicalismo corporativo en el sector de Petróleos Mexicanos, que actúa bajo consignas del Ejecutivo Federal, instrumentando esta política neoliberal que ha dejado en la calle a todos sus representados.

No vamos a hablar de la enorme corrupción que se maneja en el interior del sindicato de Pemex y que ha provocado una crisis social en la región, una crisis económica.

No vamos a hablar de la situación económica y social, sino haremos referencia exclusivamente a la situación política en esta zona, que al igual que en el Estado de Veracruz y en otros lugares del país se ha venido dando desde 1988, cuando el Frente Democrático Nacional, en el distrito XV de Coatzacoalcos obtuvo el triunfo en la elección federal. Como ocurrió en otros lugares del Estado de Veracruz y del país.

Triunfo que en el año de 1991 se repite, como les contesta a ustedes, que fueron parte de un Colegio Electoral, y donde demostramos por primera vez como se instrumentaba el fraude cibernético, uno de los pocos casos que se regresaron a comisiones. ¿Por qué? Porque en ese momento demostramos que había más votantes que empadronados. Y ustedes recordarán bien ese caso, en el distrito XV de Coatzacoalcos.

No hablaríamos de eso, sino lo que está ocurriendo hoy, donde evidentemente las fuerzas democráticas encabezadas por el Partido de la Revolución Democrática se mantienen en pie de lucha y con la seguridad de que este año, en las elecciones federales, refrendaremos este triunfo que se ha venido sosteniendo.

Esta situación política que se produce en otros distritos del Estado de Veracruz, nosotros sostenemos que en su mayoría, en la perspectiva de la lucha que tendremos el 21 de agosto, hace que los que hoy gobiernan en Veracruz nos contesten sistemáticamente con represión, una represión que se ha echo permanente contra las fuerzas democráticas e inclusive a veces escuchamos entre corrillos y en el conjunto de la sociedad veracruzana como se ha extendido esta situación de represión sistemática y permanente, inclusive a las propias bases del partido oficial.

Nosotros aquí daríamos pie, paso, a la historia que se inicia el 19 de enero, cuando un conjunto de trabajadores de Pemex, ex trabajadores ellos, encabezados por Nicandro Cruz y Heriberto Toledo, junto con otras 14 personas, se tienen que lanzar a una huelga de hambre, exigiendo la intervención de las autoridades, de los propios representantes sindicales que ellos tienen, para asumir la defensa de sus intereses laborales.

En pocos días después cuando en ese momento, y recuerden el contexto político que vivíamos, un personaje que en esta tribuna lo hemos denunciado permanentemente por mantener este esquema de represión sistemática y permanente en Veracruz, aucude, y nótese, el 23 de enero, y recuerden el contexto nacional que vivíamos, ante todo el llamado de la sociedad civil exigiendo la paz y la tranquilidad en el país, que acude a hacer un ofrecimiento el secretario de gobierno del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y ofrece resolver el conflicto.

Evidentemente que al estar levantando el movimiento, los trabajadores con la confianza que le da una representación social de estas características, levantan la huelga de hambre y evidentemente el conflicto no se resuelve. Esto provoca que se genere otra movilización de presión hacia el sindicato, a través de la toma de camiones, propiedad del sindicato, y de esta manera y ante una situación bastante agitada en la zona por una intervención que tenemos, a través del Partido de la Revolución Democrática se logra sentar a las partes: empresa, sindicato, gobierno del Estado y los propios trabajadores inconformes, y se logra tener un acuerdo a través de una minuta, que le empieza a dar salida a la serie de conflictos laborales que se tenían en la zona. Inclusive a través de esta minuta se pasa a la acción, se empiezan a tratar los asuntos y se empiezan a encontrar soluciones.

Hemos dicho que más de 1 mil 500 trabajadores pasaron por los módulos que se instalaron y empezaron a resolver sus conflictos, haciéndose una derrama económica en la región muy fuerte por el número de trabajadores, por las liquidaciones injustas y todas las arbitrariedades laborales que la empresa y el sindicato habían cometido en contra de estos trabajadores.

Dejaremos en la Secretaría, copia de estos documentos que prueban nuestro dicho.

Sin embargo, ocurre que a partir de esos días y al volverse a generar una movilización más amplia por el conjunto del grueso de los trabajadores de la zona, se detiene la gestión que se había logrado a través de esta movilización, y desde ese momento se inicia una serie de represiones contra el movimiento petrolero que se estaba desatando, que hace que se reinicie la presión social, es decir, se instaura una provocación por parte del gobierno, del sindicato, y nosotros entendemos que actuaron de manera conjunta, para detener compañeros dirigentes y de esta manera provocar una reacción, y obviamente los compañeros acudieron de nuevo a la presión bajo la toma de camiones.

Es por eso que nosotros vemos que en Veracruz la realidad se ha querido encauzar a un marco jurídico existente, inclusive envileciando la ley al intentar hacer y lograr hacer lo que en seguridad narraremos.

Es en este momento, cuando se envilece la ley y cuando se empiezan a prefabricar delitos para acusar a los trabajadores. Concretamente ¿a través de qué?, de la quema de un camión que provoca que dos de estos 13 trabajadores que estuvieron en el momento de las detenciones, fueran detenidos por supuestos delitos de robo, de estragos y de motines. El 26 de marzo son detenidos 13 trabajadores, 11 quedan libres bajo el argumento de que firmaran su declaración, que nunca les permitieron ver de qué constaba y que hacían señalamientos hacia los otros dirigentes que continúan detenidos al día de hoy.

No hubo flagrancia para los detenidos, los que siguen detenidos, para Nicandro Cruz y Heriberto Toledo, ellos no estuvieron en los hechos, como se reconoce por todas las partes y en todas declaraciones; no había orden de aprehensión al momento de su detención, sin embargo son detenidos y a pesar de que los hechos suceden en la ciudad de Coatzacoalcos, a través de distintos recorridos por las cárceles que comunican desde Coatzacoalcos al puesto de Veracruz, se mantienen hasta la fecha detenidos en el puerto de Veracruz. Insistimos, no hubo flagrancia a la hora de la detención, ni mucho menos orden judicial de aprehensión que fuera un motivo para la detención de estos compañeros.

Entonces por eso nosotros sostenemos que en este asunto no ha habido una consigna dada por las autoridades estatales federales a las autoridades judiciales federales y estatales. ¿Por qué decimos esto? Porque una vez que están detenidos en el puerto de Veracruz, el juez de distrito se declara incompetente, lo regresa a Coatzacoalcos y en ese momento bajo la intervención del Procurador de Justicia del Estado y en ese momento Eduardo Andrade, entre paréntesis nativo de Coatzacoalcos y actual. según la fórmula del partido oficial en las candidaturas a la senaduría, intervienen una petición al Tribunal de Justicia y se declara una prórroga de jurisdicción para seguir sosteniendo a los detenidos en la ciudad de Veracruz y no trasladarlos, como debería ser, a la ciudad de Coatzacoalcos para que ahí se realizara el juicio que nosotros decimos fue prefabricado, los delitos fueron instaurados y por tal motivo nosotros sostenemos que son de los primeros presos políticos que se encuentran en el Estado de Veracruz.

Finalmente, ¿por qué hacer la intervención el día de hoy? Bueno, por que el día de ayer justamente vencieron los términos para la celebración de la audiencia constitucional para el

amparo que se ha solicitado con estos argumentos más o menos centralmente y nosotros por la situación insisto, de represión sistemática, permanente que se vive en Veracruz, pues hemos venido aquí para solicitar que con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se solicita se turne a las siguientes comisiones, el asunto planteado; a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Derechos Humanos, y a la Comisión de Gestoría y Quejas para el efecto que se le preste la atención, el debido seguimiento y no se sigan cometiendo injusticias en nuestro país.

No es atacando los efectos de la problemática económica y social como vamos a resolver los problemas del país, hay que ir a las causas, en Coatzacoalcos hay causas profundas que han generado todas estas situaciones y no estamos dispuestos a permitir que la justicia siga siendo juez y parte, que no exista división de poderes, que actúen bajo consignas y por eso estamos solicitados, a través de este escrito, que es la Comisión de Justicia, de Derechos Humanos, Gestoría y Quejas, estén al pendiente en estos días de la solución que va a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al amparo pretendido por los detenidos por los detenidos en el puerto de Veracruz, Nicandro Cruz y Heriberto Toledo.

Esta petición la estamos firmando el diputado Alejandro Luévano, la diputada Rosa Albina Garavito, el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, el diputado Rufino Rodríguez y un servidor. Insistimos, ojalá pase a comisiones, se le preste la debida atención y no se sigan cometiendo las injusticias que se cometen en este país. Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gestoría y Quejas.

SANTUARIO BALLENERO

El Presidente:

Para hacer una declaración política, tiene el uso de la palabra el diputado Israel González Arreguín, del PFCRN.

El diputado Israel González Arreguín:

Con el permiso de la Presidencia:

Declaración política en torno a la creación de un santuario de ballenas del mar de Australia. El destino de las ballenas ha cambio en las últimos 25 años; para fortuna de esta especie en peligro de exterminio, la mayoría de los países conciben ahora a las ballenas como seres vivientes, con relaciones y estructuras sociales complejas e historias de vidas fascinantes. Nuestro país, históricamente ha estado en favor de la preservación de esta especie, las ballenas han sido un ejemplo de la depredación humana, donde los fines comerciales y la concepción de la riqueza marina siguen siendo vistos equivocadamente por algunos países.

México, con el establecimiento del santuario de la ballena gris, dio una muestra importante de su interés por mantener el equilibrio ecológico marino. De igual forma, nuestro país ha cooperando internacionalmente en una serie de mecanismos multilaterales y abiertos, de concertación, que le ha dado experiencia en la conservación de especies marinas, tales como el Acuerdo de la Joya, en donde la prioridad fue la preservación de delfines y del atún.

La extinción de las ballenas ha sido gradual, de las 11 especies existentes, la ballena de mayor tamaño ha sido la más afectada, mientras que las ballenas nunca han tenido la suerte de ser consideradas como demasiado pequeñas para ser capturadas, sin embargo la caza indiscriminada para fines comerciales ahora ve en la ballena ninque un campo propicio...... deslindar responsabilidades para la explotación al sostener algunos países, sobre todo Japón y Noruega, que se debería permitir la caza de estas ballenas con el objeto de parar la caza de las ballenas más grandes y con ello ayudar a su recuperación.

Sin embargo, ¿quién nos asegura que se respete de manera integral este tipo de decisiones, cuando la historia comercial de la actividad de la caza de la ballena ha estado plagada por reglas violadas?, y para muestra, el conocimiento que tenemos de que en octubre de 1933 se descubrieron 3.5 toneladas de carne de ballena ninque en el aeropuerto de Oslo, Noruega, etiquetadas como camarón. Esta carne iba con destino a Corea vía Franckfurt.

Consecuentes con las políticas internacionales en materia de conservación ecológica marina, pretendemos sumarnos a la propuesta realizada

por Francia e Irlanda en el sentido de que todo el océano austral, al sur de los 40 grados latitud sur, sea declarado un santuario para las ballenas.

Hay que recordar que la disminución de las ballenas en el mundo ha sido de casi un 95% y se necesita de una protección mínima por 50 años para permitir una recuperación del ecosistema saqueado.

De no aprobarse el santuario y de suspenderse las formas moratorias de cazaballeneras, en el mundo entero se enfrentaría en unos cuantos años a un desequilibrio ecológico con grandes consecuencias no sólo para la economía internacional, sino para la preservación del mundo marino.

No es posible seguir manteniendo fines generacionales comerciales y en última instancia lucrativos, en un asunto que merece ser valorado desde una perspectiva científica, clara e incluso desde una perspectiva científica que no esté al alcance de los intereses económicos de unos cuantos hombres.

Nuestro país considera que la ciencia no puede ser utilizada como instrumento con fines lucrativos. Hacemos un llamado a las distintas nacionalidades para forjar un debate serio, en donde la ciencia no sea colocada como el instrumento y los votos no sean negociados por intereses comerciales; además, nuestro país tiene conocimiento de las tendencias políticas que se han definido en diversas reuniones y el sentido de cada una de estas corrientes.

Sabemos que la caza o no de la ballena obedece a dos tipos de intereses; el intento de conservar el equilibrio marítimo, y segundo, a la conservación y mantenimiento de fines comerciales y lucrativos no científicos.

Tenemos conocimiento de que los votos para aprobar al propuesta del santuario ballenero, se han estado negociando en todo el mundo entero y está por definirse precisamente en nuestro país en Puerto Vallarta, en una reunión que terminará el próximo viernes y ante esto hacemos un llamado para que las distintas naciones fijen sus posiciones desde una perspectiva autónoma y conscientes de que el problema que se trata hoy en día, tendrá consecuencias en periodos temporales amplios y traspasará gobiernos y políticas públicas.

Por las razones antes expuestas, las fracciones firmantes proponemos la siguiente declaración política:

"La LV Legislatura de la Cámara de Diputados se declara por la creación de un santuario de ballenas en el mar austral, la Antártida, y por la continuación de la moratoria a la caza comercial, y hace un llamado a todas las naciones del mundo para evitar la depredación de las ballenas".

Firman los diputados: Hugo Sergio Palacios Laguna, del Partido Acción Nacional; su servidor, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Luis Alberto Fuentes Mena, del Partido Revolucionario Institucional; Servando Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Felix Bautista Matías, del PFCRN; Gabriel Jiménez Remus, del PAN, Luis Moreno Bustamante, Rafael Sánchez Leyva, José González Curi, del PRI; Manuel Huerta, del PRD, y Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Muchas gracias.

El Presidente:

Que la Secretaría se dé por enterada.

Seguimos con los puntos en cartera.

ORDEN DEL DÍA

La secretaria Victoria Reyes Reyes:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Tercer año. - LV Legislatura.

Orden del día

31 de mayo de 1994.

Lectura al acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXXIII aniversario

luctuoso del licenciado Melchor Ocampo, tendrá lugar el 3 de junio a las 11.00 horas.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico con motivo del CXVI aniversario del natalicio del general Francisco Villa, tendrá lugar el 5 de junio a las 10:30 horas.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato y Querétaro.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

El Presidente (a las 20:25 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo martes 31 de mayo a las 10:00 horas.

NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

LP Licuado de petróleo

PAN Partido Acción Nacional

Pemex Petróleos Mexicanos

PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional

PGR Procuraduría General de la República

PRD Partido de la Revolución Democrática

PRI Partido Revolucionario Institucional