Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19940608 - Número de Diario 18
(L55A3P1oN018F19940608.xml)Núm. Diario: 18ENCABEZADO
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
LV LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
DIRECTOR GENERAL DE CRÓNICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora
PRESIDENTE
Diputado Luis Alberto Beauregard Rivas
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Norberto Reyes Ayala
AÑO III México, D. F., miércoles 8 de junio de 1984 No. 18
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ESTADO DE JALISCO
Rinde protesta como diputado federal el ciudadano Felipe Hernández Castro, del XX distrito electoral de ese Estado
ESTADO DE OAXACA
Comunicación del Congreso, con el que se informa de actividades de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE TAMAULIPAS
Comunicación del Congreso, con el que se informa de actividades de su legislatura. De enterado.
GRAN COMISIÓN
Proposición respecto de la integración de las comisiones legislativas . De enterado
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
Oficio de la Secretaría de Gobernación con iniciativa del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto para la coordinación de dichos sistemas. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Trabajo y Previsión Social para que externen su opinión.
LEY GENERAL DE SALUD
Iniciativa de reformas y adiciones que presenta el diputado Guillermo Flores Velasco. Se turna a las comisiones de Salud y de Seguridad Social
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Iniciativa de reformas y adiciones al artículo 102 de la Carta Magna que presenta el diputado Carlos González Durán. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Seguridad Social.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Iniciativa de reformas y adiciones que presenta el diputado Juan Hernández Mercado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Iniciativa de reformas y adiciones que presenta el diputado Miguel Ángel León Corrales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
Iniciativa de reforma y adiciones que presenta el diputado Rafael Gilberto Morgan Alvarez. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
LEY FEDERAL DE TURISMO
Iniciativa de reformas y adiciones que presenta el diputado Marco Antonio García Toro. Se turna a la Comisión de Turismo.
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Informe correspondiente al período comprendido entre los meses de mayo de 1993 a mayo de 1994. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Punto de acuerdo que propone la diputada Evangelina Corona Cadena en relación con el Reglamento de Tránsito y los discapacitados.
Hace uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra.
Retira la proposición el diputado Juan Hernández Mercado.
DÍA DE LA LIBERTAD DE PRENSA
Para expresar sus opiniones al respecto pasan a la tribuna los diputados:
Javier Marcelino Colorado Pulido
Martín Tavira Urióstegui
Elpidio Tovar de la Cruz
Francisco Dorantes Gutiérrez
Florencio Salazar Adame
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Al respecto emite sus opinión el diputado Servando Antonio Hernández Camacho, quien hace una propuesta que se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Ecología y Medio Ambiente.
ESTADO DE TAMAULIPAS
La diputada María Cristina Hermosillo Ramírez presenta denuncia de hechos en relación con los procesos electorales. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
RÍO COLORADO
Sobre la problemática de sus aguas hacen uso de la palabra los diputados:
Martha Maldonado Zepeda
Francisco Dorantes Gutiérrez
Oscar Garzón Gárate
Francisco Dorantes Gutiérrez, para contestar alusiones personales.
Oscar Garzón Gárate, para rectificar hechos.
ESTADO DE GUERRERO
Denuncia hechos ocurridos en algunas localidades de la Costa Chica, el diputado Guillermo Sánchez Nava.
Sobre el mismo tema, los diputados:
Juan Enrique Caballero Peraza, para rectificar hechos
Gustavo Nabor Ojeda Delgado
Josafat Arquímides García Castro, para rectificar hechos.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Denuncia hechos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, el diputado Javier Centeno Ávila. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Justicia.
SEGURIDAD PÚBLICA
Solicita comparecencias de funcionarios el diputado Odilón Cantú Domínguez.
Rectifican hechos al respecto, los diputados:
Juan José Castillo Mota
Odilón Cantú Domínguez
Juan José Castillo Mota
Se turna a la Comisión de Justicia.
EFEMÉRIDES
Para recordar el aniversario de los hechos ocurridos, en la ciudad de México el 10 de junio de 1971 hace uso de la palabra el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Jorge Torres Castillo
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
La secretaria Victoria Reyes Reyes:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 305 diputados, por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 12:42 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Victoria Reyes Reyes:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Tercer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
8 de junio de 1994
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de ciudadanos.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Oaxaca y Tamaulipas.
Iniciativa del Ejecutivo
Decreto para la coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Iniciativas de diputados
De reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas a diversas leyes en materia de discapacitados, a cargo del diputado Guillermo Flores Velasco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Rafael Gilberto Morgan Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De reformas y adiciones a la Ley Federal de Turismo, a cargo del diputado Marco Antonio García Toro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Solicitud de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Social, para que dictaminen una iniciativa de ley, a cargo del diputado Marco Antonio García Toro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, remite el informe correspondiente al período mayo de 1993 a mayo de 1994, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Agenda política
Comentarios sobre el Día de la Libertad de Prensa, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Proposición sobre la protección al medio ambiente, a cargo del diputado Servando Hernández Camacho, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Denuncia de un delito electoral en el Estado de Tamaulipas, a cargo de la diputada María del Carmen Bolado del Real, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la problemática del Río Colorado, a cargo de la diputada Martha Maldonado Zepeda, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Situación política en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Nava, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre la situación del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del diputado Javier Centeno Ávila.
Comentarios sobre la situación política del país, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria Victoria Reyes Reyes.
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al segundo período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado
Luis Alberto Beauregard Rivas
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con veinte minutos del día siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de trescientos treinta y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que con diversas aclaraciones del diputado Emilio Becerra González, se aprueba en votación económica.
Se somete a consideración de la Asamblea la solicitud de licencia del diputado Jesús Enrique Ramos Flores, electo en el vigésimo distrito electoral del Estado de Jalisco y la Asamblea, en votación económica, aprueba los puntos de acuerdo correspondientes. Llámese al suplente.
El Presidente designa una comisión para que introduzca en el salón de sesiones a los ciudadanos Elizabeth Rodríguez y Muñoz de Cota y Armando Zamora Canizález, electos como suplentes en los distritos electorales séptimo del Estado de Puebla y cuarto del Estado de Sinaloa, respectivamente, a fin de que rindan su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, ambos diputados toman posesión de sus encargos de inmediato.
La Secretaría da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes y Puebla, con los que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Para presentar iniciativas que reforman, adicionan y derogan, diversos ordenamientos de la Ley del Instituto Nacional para la Integración y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad; Ley Federal de Protección al Consumidor; Ley Federal de Fomento al Deporte; Ley General de Asentamientos Humanos; Código Federal de Procedimientos Penales; Ley Aduanera; Ley Federal del Trabajo: Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y Ley General de Educación, pasan a la tribuna los diputados Francisco Arroyo Vieyra, quien además solicita se excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales , en relación con una iniciativa presentada por el diputado Miguel Osorio Marbán; Fernando Navarrete Magdaleno, Mauricio Clark y Ovadia, Víctor Díaz Palacios, José Azanza Jiménez, Rubén Pabello Rojas, Gabriela Avelar Villegas, Silvia Pinal Hidalgo Y José Manuel Correa Ceseña, todos del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente turna las iniciativas a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Comercio, del Deporte, de Asentamientos Humanos, de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, respectivamente.
Para rectificar hechos hace uso de la palabra el diputado Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática.
Se concede el uso de la palabra al diputado Everardo Gámiz Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa para que se inscriba con letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, el nombre del diputado constituyente Jesús Romero Flores. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Práctica Parlamentaria.
La Secretaría pone a consideración de la Asamblea una proposición de la Gran Comisión, respecto de la integración de las comisiones legislativas. En votación económica se aprueba.
Se da segunda lectura, se someten a discusión y sin ella se aprueban en sendas votaciones económicas, cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se
conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Beatriz Elena Paredes Rangel, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba; Octavio Ireneo Paz y Lozano, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa; Judith Junco Nava, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República de Hungría en México; Mónica Hernández Rueda y Rubén Vilchis Sosa, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se turnan al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Para expresar sus comentarios respecto del Día Mundial del Medio Ambiente, hacen uso de la palabra los diputados: René Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional; Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista, quien hace una proposición que se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática y Rafael Decelis y Contreras, del Partido Revolucionario Institucional.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, respecto de un acuerdo amistoso sobre límites territoriales entre el Distrito Federal y el Estado de México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la del Distrito Federal.
Para rectificar hechos al respecto, hace uso de la palabra el diputado René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia del diputado
Jorge Torres Castillo
Para comentar los procedimientos en torno a la solicitud de juicio político en contra del ciudadano Andrés Caso Lombardo, hacen uso de la palabra los diputados Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones y en la primera de ellas acepta una interpelación del diputado López Sánchez, Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
Presidencia del diputado
Luis Beauregard Rivas
Para referirse al bloqueo que los Estados Unidos de América ejercen sobre la República de Cuba, hacen uso de la palabra los diputados Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista y Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos sobre el material electoral localizado en el sexto distrito electoral de la capital del país y acepta una interpelación del diputado Salazar Adame.
Para contestar alusiones personales o rectificar hechos, hacen uso de la palabra los diputados Victoria Reyes Reyes, del Partido Revolucionario Institucional; René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Florencio Salazar Adame, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática.
Se refieren al aniversario luctuoso del licenciado Carlos Alberto Madrazo, los diputados Juan José Rodríguez Prats y María Esther Scherman Leaño, la segunda, del Partido Revolucionario Institucional y, para rectificar hechos sobre el mismo asunto, el diputado Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles ocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Felipe Hernández Castro, diputado suplente electo en el XX distrito del Estado de Jalisco.
Se designa en comisión, para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Fernando Charleston Salinas, Víctor Raúl Burton Trejo, José Mendoza Padilla, Alfredo Gómez Gómez y Javier Colorado Pulido.
El secretario Arturo Núñez Pardo:
Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadano Felipe Hernández Castro: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?
El ciudadano Felipe Hernández Castro:
¡Sí protesto!
El Presidente:
Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ESTADO DE OAXACA
El secretario Arturo Núñez Pardo:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo Nacional. - Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca. - Poder Legislativo.
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D. F.
Nos permitimos comunicar a usted que el día de hoy en sesión ordinaria, los diputados integrantes de la asamblea legislativa, acordaron llevar a cabo la reestructuración de la Gran Comisión de la LV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, quedando conformada de la siguiente manera:
Diputados: Héctor Anuar Mafud Mafud, presidente; Melitón García López, secretario, primer vocal; Gonzalo Ruiz Cerón, segundo vocal; Luis Méndez Vásquez y Jacobo Sánchez López, tercer vocal.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, a 25 de mayo de 1994. - Diputados: Luis Méndez Vásquez, presidente; Gonzalo Ruiz Cerón y Mauro Pedro Francisco Méndez, secretarios.»
De enterado.
«Escudo Nacional. - Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca. - Poder Legislativo.
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión - México, D. F..
En cumplimiento a los preceptos legales, comunicamos a usted(es), que la LV Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria efectuada hoy, procedió a la elección de presidente y vicepresidente para el mes de junio, habiendo resultado electos por mayoría de votos los diputados: Carlos Santiago Carrasco, presidente; Ezequiel Meixueiro Velázquez, vicepresidente.
Reiteramos a ustedes(es), las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, a25 de mayo de 1994. - Diputados: Gonzalo Ruiz Cerón y Mauro Pedro Francisco Méndez, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE TAMAULIPAS
El secretario Salvador Juárez García:
«Escudo Nacional. - Gobierno de Tamaulipas. - Poder Legislativo.
Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F.
Para efectos de dar cumplimiento al artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar que el día 1o. de mayo del actual, fue instalada legalmente la diputación permanente, que fungirá durante el receso de ley del primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio legal de la LV Legislatura, la que ejercerá las atribuciones que le confiere el artículo 62 de la Constitución Política local y las que le encomiende el Congreso del Estado.
Sin otro particular, nos es grato reiterar nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 2 de mayo de 1994. - Diputados Yehude López Reyna y Alfredo Bazán Serrata, secretarios.»
De enterado.
GRAN COMISIÓN
El secretario Salvador Juárez García:
«Gran Comisión.
Secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. - Presentes.
Los diputados de la LV Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a través de los coordinadores de las diputaciones federales de las entidades federativas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 72 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hacemos de su conocimiento, para los efectos a los que haya lugar, que en reunión celebrada el martes 8 de junio del presente, realizamos las siguientes elecciones:
Se designa secretario de la Gran Comisión, al diputado Manuel Díaz Infante, en sustitución del diputado Rodolfo Becerril Straffon, quien solicitó retirarse del cargo.
Se designan vocales a los diputados Sergio González Santacruz, Fernando Ordorica Pérez y David Palacios García.
Protestamos a ustedes las seguridades de nuestra alta y distinguida consideración.
Palacio Legislativo, a 8 de junio de 1994. - Diputados: María de lo Ángeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Gran Comisión, Miguel González Avelar, secretario; Armando Romero Rosales, Rogelio Appel Chacón, Yolanda Robinson Manríquez, Luis Alberto Fuentes Mena, Jesús María Ramón Valdéz, Rigoberto Salazar Velasco, Ricardo López Gómez, Fernando Rodríguez Cerna, José G. Enríquez Magaña, Gustavo N. Ojeda Delgado, José Ernesto Gil Elorduy, Enrique Chavero Ocampo, Jorge Mendoza Alvarez, Rodolfo Becerril Straffon, José R. Navarro Quintero, Rogelio Villarreal Garza, Alberto Jiménez Arroyo, José D. Olvera Cervantes, Joaquín E. Hendricks Díaz, Mario del Valle Fernández, Víctor Gandarilla Carrasco, Miguel A. Murillo Aispuro, Francisco Rabelo Cupido, Laura Alicia Garza Galindo, Héctor Israel Ortiz Ortiz, Gustavo Carvajal Moreno, José I. Mendicuti Pavón, José M. A. Olvera Acevedo, Pedro Ojeda Paullada, Carlos Antonio Romero Deschamps, José Antonio Valdivia, Abraham Talavera López, Miguel Osorio Marbán, Hugo Andrés Araujo de la Torre, Jorge Vinicio Mejía Tobías, Manuel Jiménez Guzmán y Efraín Zúñiga Galeana.»
De enterado.
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
El secretario Salvador Juárez García:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto para La Coordinación de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro, documento que el propio Primer Magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 6 de junio de 1994. - Por acuerdo del secretario, el director general de Gobierno, Luis Raúl González Pérez.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Uno de los objetivos fundamentales del Gobierno de la República, ha sido pugnar por el mejoramiento de las condiciones de bienestar social de los trabajadores.
En este contexto, ese honorable Congreso de la Unión, aprobó en 1992 diversas reformas a las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para la creación de los sistemas de ahorro para el retiro.
Los sistemas de ahorro para el retiro se crearon para que los trabajadores pudieran mejorar su situación económica al momento de su retiro, al quedar incapacitados temporal o permanentemente, o bien, para mejorar la situación económica de su familia en caso de su fallecimiento. Hoy en día los sistemas comprenden a muy amplios sectores de la población.
Dichos sistemas están encaminados a la protección y bienestar de los trabajadores sujetos al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el establecimiento de cuentas bancarias abiertas a su nombre, en las que los obligados deben acreditar las cuotas y aportaciones correspondientes.
En las leyes antes mencionadas, se prevé la participación de los institutos de seguridad social correspondientes, de dependencias e instituciones gubernamentales y de entidades financieras en los sistemas de ahorro para el retiro.
Dada la diversidad de participantes y la complejidad de las operaciones que se realizan en dichos sistemas, es preciso reconocer que se requiere de acciones más ágiles para poder satisfacer exitosamente los requerimientos que los propios sistemas exigen. Para estos efectos y a fin de inducir con mayor efectividad su desarrollo y buen funcionamiento, resulta conveniente coordinar las acciones gubernamentales con las actividades de las entidades financieras involucradas en los sistemas de ahorro para el retiro, exclusivamente en lo que respecta a la participación de éstas en los referidos sistemas.
Desde su origen en 1992, se planteó la necesidad de establecer las instancias gubernamentales que permitieran coordinar, regular y vigilar el correcto funcionamiento de las etapas generadas por el desarrollo natural de los sistemas de ahorro para el retiro. Este desarrollo prevé una primera etapa en la que los recursos captados se canalizan a través del Banco de México a créditos a cargo del Gobierno Federal y una segunda etapa en la que los trabajadores cuentahabientes pueden decidir la inversión de los recursos de sus subcuentas de retiro en productos de la industria aseguradora, o bien, en alternativas financieras ofrecidas a través de sociedades de inversión.
Esta segunda etapa representa mayores beneficios para los trabajadores, pero también requiere de la implementación de disposiciones y procedimientos operativos que deben ser cuidadosamente establecidos y supervisados. Para tal efecto es necesario contar con un órgano que concentre personal especializado en los sistemas de ahorro para el retiro y en materias relacionadas con la banca, los intermediarios bursátiles y las instituciones de seguros.
El esquema de coordinación que se plantea en esta iniciativa, propone la creación de un solo órgano especializado que concentre las facultades de regulación, control y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro. El mencionado órgano coordinaría las acciones de los institutos de seguridad social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Desarrollo Social y del Banco de México, en relación con las entidades financieras participantes en dichos sistemas.
Lo anterior con la participación de representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores, y de patrones, en las decisiones de coordinación.
Asimismo, el citado órgano contribuiría a la reducción y simplificación de los procesos de suministro e intercambio de información entre las entidades financieras y los demás participantes; así como a la reducción y simplificación de las cargas administrativas de los obligados a enterar las cuotas y aportaciones correspondientes. Dentro de estas acciones de simplificación ocuparían un lugar preponderante aquellas orientadas a apoyar, fundamentalmente, a las pequeñas y medianas empresas a través de un nuevo esquema operativo que dé sencillez y claridad a los procedimientos de entero de cuotas y aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro. Estos esfuerzos de simplificación, sin duda se traducirían en una mayor captación de recursos en beneficio de los trabajadores del país.
Por otra parte, a solicitud de los sectores que integran los institutos de seguridad social, se propone reforzar los esquemas operativos de los sistemas de ahorro para el retiro, a fin de asegurar una mayor eficiencia en los procesos de individualización de las cuotas y aportaciones en las cuentas de los trabajadores. Estos requerimientos y las experiencias y logros alcanzados durante los dos años de evaluación y desarrollo de los sistemas, nos permiten iniciar un proceso de consolidación de los mismos en el que se atiendan las recomendaciones de los participantes y se fomente la especialización de los servidores públicos encargados de supervisar y analizar su funcionamiento.
Por lo anterior, esta iniciativa propone la creación de un régimen jurídico que permita la participación de las organizaciones nacionales de trabajadores y patrones en las decisiones relacionadas con los sistemas de ahorro para el retiro y establezca un alto grado de coordinación de los institutos de seguridad social, las dependencias e instituciones gubernamentales entre si y de éstas con las instituciones de crédito y entidades financieras involucradas, todo ello a través de la creación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como órgano desconcentrado. de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La comisión, de merecer la aprobación de ese Congreso de la Unión, tendría por objeto:
1) Regular administrativamente todos los aspectos relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y en especial las formas, términos y demás características a las que deberán sujetarse los flujos de recursos e información entre los diversos participantes.
II) En su caso, proporcionar, directa o indirectamente, soporte y asesoría técnica en el manejo de la información y en los procedimientos necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro.
III) Operar los mecanismos de protección a los intereses de los trabajadores cuentahabientes, y
IV) Efectuar la inspección y vigilancia de las instituciones de crédito, de las sociedades de inversión que manejen recursos de las subcuentas de retiro de las cuentas individuales y de sus sociedades operadoras, así como de otras entidades financieras que participen o coadyuven en la operación de los sistemas de ahorro para el retiro, exclusivamente en lo que respecta a su participación en los mismos.
En ese ámbito, las facultades principales de la Comisión cuya creación se propone, serían las de regulación respecto de los sistemas de ahorro para el retiro, que hasta ahora están conferidas a diversas dependencias, entidades y órganos, en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; asimismo, realizaría funciones de inspección y vigilancia y coadyuvaría a la labor de fiscalización de las cuotas y aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro, informando a los institutos de seguridad social sobre la falta de cumplimiento de obligaciones relacionadas con el entero de dichas cuotas y aportaciones que detecte al efectuar sus funciones de inspección y vigilancia.
Además, la comisión establecería mediante disposiciones administrativas las formas, términos y demás características de los flujos de recursos e información que se presentan entre los diversos participantes en los sistemas y, en su caso, proporcionaría soporte y asesoría técnica a las instituciones e institutos participantes, en el procesamiento o transmisión de la información, a fin de garantizar la transparencia de las operaciones que se realicen en los sistemas de ahorro para el retiro.
Adicionalmente, conocería, y en su caso, resolvería las quejas e inconformidades en contra de las instituciones de crédito y entidades financieras respecto de operaciones y servicios relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro, e impondría sanciones administrativas a las citadas instituciones o entidades por violación a las leyes y disposiciones aplicables a los referidos sistemas; autorizaría la participación de entidades financieras en los sistemas de ahorro para el retiro, garantizando que la actividad de los participantes beneficie a los trabajadores cuentahabientes y contribuya al desarrollo de los sistemas, y actuaría como órgano de consulta y resolvería sobre circunstancias no previstas en relación a los sistemas de ahorro para el retiro.
Es importante destacar que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en la inspección y vigilancia de las personas a que se refiere el punto IV) anterior, en lo que respecta a su participación en los sistemas de ahorro para el retiro, tendría facultades y obligaciones similares a las que en la actualidad le son propias a las comisiones nacionales Bancaria, de Valores y de Seguros y Fianzas en las leyes respectivas.
Finalmente, comisión en el ejercicio de sus facultades, respecto a las operaciones que las instituciones de crédito u otras entidades financieras lleven a cabo dentro de los sistemas de ahorro para el retiro, establecería los mecanismos de coordinación necesarios con las comisiones antes mencionadas, para el eficaz cumplimiento de las disposiciones en la materia.
La presente iniciativa también propone adecuar el marco jurídico de los sistemas de ahorro para el retiro contenido en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que me permito someter a su alta consideración, reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de las leyes antes mencionadas, a fin de adecuarlas con las atribuciones del nuevo órgano desconcentrado que se propone.
Cabe señalar que esta iniciativa no pretende modificar los elementos de las contribuciones de seguridad social comprendidas en los sistemas de ahorro para el retiro; su objetivo principal, reitero, es lograr una adecuada coordinación dentro de dichos sistemas en beneficio de los trabajadores de México.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por el digno conducto de ustedes, a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO PARA
LA COORDINACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE AHORRO
PARA EL RETIRO
Artículo primero. Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
CAPÍTULO 1
De la naturaleza, objeto
y facultades
Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer la coordinación entre las dependencias, entidades, instituciones de crédito y entidades financieras que participan en los sistemas de ahorro para el retiro.
Para los efectos de esta ley, se entenderá por "comisión" a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y por "institutos de seguridad social" a los Institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá interpretar para efectos administrativos, los preceptos de esta ley.
Artículo 2o. Se crea la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La comisión tendrá por objeto establecer los mecanismos, criterios y procedimientos para el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro, previstos en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su caso, proporcionar el soporte técnico necesario para el correcto funcionamiento de los sistemas; operar los mecanismos de protección a los intereses de los
trabajadores cuentahabientes, y efectuar la inspección y vigilancia de las instituciones de crédito, de las sociedades de inversión que manejen recursos de las subcuentas de retiro y de sus sociedades operadoras, así como de cualesquier otra entidad financiera que de alguna manera participe en los referidos sistemas.
La inspección y vigilancia de la comisión sobre las instituciones de crédito y entidades financieras mencionadas en el párrafo anterior se limitará a la participación de las mismas en los sistemas de ahorro para el retiro.
Artículo 3o. La comisión tendrá las facultades siguientes:
I. Determinar las formas y procedimientos en que los obligados a cubrir las cuotas y aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro, habrán de proporcionar a las instituciones de crédito o a otras entidades financieras autorizadas para operar cuentas individuales de los mencionados sistemas, la información relativa a cada trabajador, a efecto de que puedan individualizarse para abono en las cuentas individuales respectivas;
II. Establecer los procedimientos a través de los cuales se transmitan los recursos o la información entre las personas, instituciones de crédito, entidades financieras e institutos de seguridad social que participen en los sistemas de ahorro para el retiro.
Al respecto, la comisión podrá auxiliar, directa o indirectamente, a las instituciones de crédito, entidades financieras, institutos de seguridad social y demás participantes, en el manejo de la información, así como en la realización de los procedimientos mencionados en el párrafo anterior. La información derivada de los sistemas de ahorro para el retiro será estrictamente confidencial y las personas que la divulguen en términos distintos a lo previsto en esta ley serán responsables civil y penalmente;
III. Autorizar mediante disposiciones de carácter general formas y demás características distintas a las establecidas para el entero y la comprobación de las cuotas y aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro;
IV. Establecer mediante disposiciones de carácter general la documentación, número o clave de identificación y demás características de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, así como las formas y demás características de los documentos que en relación con las citadas cuentas, deben expedir las instituciones de crédito u otras entidades financieras autorizadas que las operen, a los trabajadores, patrones o a ambos;
V. Establecer los montos máximos, periodos, forma de pago y demás características de las comisiones que las instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas podrán cobrar por los servicios que presten en relación con las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro.
Además, determinar con base en los costos operativos, las cuotas, comisiones, montos u otros cargos que las instituciones o entidades mencionadas deban pagar a la propia Comisión o a otro participante por concepto de procedimientos y operaciones realizadas dentro de los sistemas de ahorro para el retiro, así como proponer el monto de los derechos por concepto de autorizaciones u otros servicios que preste;
VI. Otorgar, modificar, suspender o revocar las autorizaciones a que se refiere esta ley, a las instituciones o entidades financieras distintas a las instituciones de banca múltiple, que deseen participar o participen en los sistemas de ahorro para el retiro. En el caso de autorizaciones para operar cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, las entidades financieras autorizadas tendrán las facultades y obligaciones que corresponden a las instituciones de crédito en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La autorización para participar en los sistemas de ahorro para el retiro se otorgará a aquellas instituciones o entidades financieras que a juicio de la junta de gobierno de la comisión cuenten con los recursos económicos y la experiencia financiera que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones.
VII. Autorizar la organización y funcionamiento de las sociedades de inversión que administren recursos provenientes de las subcuentas de retiro de las cuentas individuales;
VIII. Registrar a las sociedades operadoras, así como a las instituciones de crédito, casas de
bolsa o instituciones de seguros que presten los servicios referidos en el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Inversión a las sociedades de inversión citadas en la fracción anterior;
IX. Expedir las reglas de carácter general a las que habrán de sujetarse las sociedades de inversión a que se refiere la fracción VII anterior, en cuanto a su organización, recepción de recursos, tipo de instrumentos en los que puedan invertirlos, expedición de estados de cuentas y demás características de sus operaciones.
En lo no expresamente previsto en esta ley y en las reglas señaladas en el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Inversión, entendiéndose en lo conducente, las atribuciones de la Comisión Nacional de Valores, conferidas a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro;
X. Establecer los términos en que los titulares de cuentas individuales podrán contratar seguros de vida o de invalidez, con cargo a los recursos de las subcuentas de retiro, así como autorizar los requisitos mínimos que deberán cumplir las estrategias de comercialización de los mismos y a las personas que las lleven a cabo.
XI. Establecer en términos de ley las modalidades, condiciones y documentación necesarios para el retiro de fondos de las cuentas individuales, así como promover la adecuada inversión de los mismos con posterioridad al retiro total;
XII. Establecer los requisitos mínimos que deberán reunir los planes de pensiones establecidos por los obligados a cubrir las cuotas y aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro, o derivados de contratación colectiva, a que se refieren los artículos 183 - O de la Ley del Seguro Social, 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 90 Bis - O de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y llevar el registro de los mencionados planes que cumplan con los referidos requisitos, así como llevar los registros necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas;
XIII. Asesorar al Gobierno Federal en materia de sistemas y planes de pensiones derivados de los sistemas de ahorro para el retiro, actuar como órgano de consulta de las instituciones de crédito y entidades financieras respecto de asuntos relativos a los sistemas de ahorro para el retiro, y celebrar convenios en las materias de su competencia;
XIV. Identificar otros mecanismos de ahorro para el retiro en que los trabajadores que por razones de una nueva relación laboral, dejen de ser sujetos de aseguramiento obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puedan abonar el saldo de la subcuenta de retiro de su cuenta individual;
XV. Determinar los procedimientos para corregir errores en que incurran las instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas en los términos de esta ley al realizar depósitos o retiros de fondos derivados de los sistemas de ahorro para el retiro en las cuentas que lleva el Banco de México, así como el procedimiento para indemnizar a quien se vea afectado por dichos errores;
XVI. Realizar la inspección y vigilancia conforme a esta ley;
La Comisión, en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia establecerá mecanismos de coordinación con las comisiones nacionales Bancaria de Valores y de Seguros y Fianzas;
XVII. Imponer sanciones administrativas por infracciones a ésta u otras leyes relacionadas con los sistemas de ahorro para el retiro, así como a las disposiciones que emanen de ellas, cometidas por las instituciones de crédito o entidades financieras a que se refiere el artículo 2o. Cuando dichas infracciones causen daños o perjuicios patrimoniales a los institutos de seguridad social, la comisión informará a éstos para que procedan conforme a la ley;
XVIII. Conocer y resolver sobre el recurso de revocación que se interponga en contra de las sanciones que aplique, así como condonar total o parcialmente, previa aprobación de la junta de gobierno, las multas impuestas;
XIX. Autorizar en coordinación con los institutos de seguridad social, modalidades para el cumplimiento de obligaciones y ejercicio de derechos, así como resolver sobre las circunstancias específicas no previstas, en relación a los sistemas de ahorro para el retiro, cuando a
criterio de la comisión, el tratamiento concedido por virtud de tales autorizaciones y resoluciones sea conveniente hacerlo extensivo a todas las personas que se encuentren en el mismo supuesto;
XX. Establecer las características mínimas que deberán reunir la información y la publicidad que las instituciones de crédito o entidades financieras dirijan al público respecto de cualquier servicio relacionado con los sistemas de ahorro para el retiro;
XXI. Evitar el uso indebido de información privilegiada y los conflictos de intereses en el manejo de los recursos que se inviertan en sociedades de inversión autorizadas para manejar recursos de los sistemas de ahorro para el retiro;
XXII. Conocer y, en su caso, resolver las quejas e inconformidades en contra de las instituciones de crédito o entidades financieras que manejen recursos de los sistemas de ahorro para el retiro. Los institutos de seguridad social podrán recibir las quejas e inconformidades a efecto de turnarlas a la propia Comisión;
XXIII. Publicar en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos de amplia circulación en el país, la tasa de interés de los créditos a cargo del Gobierno Federal derivados de los sistemas de ahorro para el retiro, determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando menos trimestralmente;
XXIV. Recibir avisos de los trabajadores respecto de los incumplimientos de los obligados a realizar el entero de cuotas o aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro, a fin de hacerlo del conocimiento de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de los institutos de seguridad social, para los efectos previstos en los artículo 183 - G de la Ley del Seguro Social, 90 - bis - G de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, según corresponda;
XXV. Emitir las disposiciones de carácter general a las que deberá sujetarse la operación de los sistemas de ahorro para el retiro, mismas que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y
XXVI. Las demás que le otorguen ésta u otras leyes.
CAPÍTULO II
De la organización y funcionamiento
Artículo 4o. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para el ejercicio de sus funciones, contará con una junta de gobierno, presidencia, vicepresidencias, comité técnico, consultivo, comité de vigilancia, así como con el demás personal profesional, técnico y administrativo necesario.
Artículo 5o. La junta de gobierno se conformará por ocho miembros, y estará integrada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público quien la presidirá; el presidente de la comisión, el Secretario de Trabajo y Previsión Social, el Secretario de Desarrollo Social, el gobernador del Banco de México, el director general de Instituto Mexicano del Seguro Social, el director general de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, lo suplirá el presidente de la comisión.
Por cada miembro propietario se nombrará un suplente que en todo caso deberá ser un funcionario con el rango inmediato inferior al del miembro propietario. Los miembros suplentes podrán ser removidos libremente por las entidades o instituciones que los hayan designado.
La junta de gobierno contará con un secretario.
Artículo 6o. Corresponde a la junta de gobierno el ejercicio de las facultades de la comisión, sin perjuicio de las asignadas al presidente.
Artículo 7o. La junta de gobierno celebrará sesiones bimestrales, o en cualquier tiempo cuando sean convocadas por su presidente, o por el presidente de la comisión.
Habrá quórum con la presencia de cinco de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes. El presidente de la junta de gobierno dirigirá los debates, dará cuenta de los asuntos y tendrá voto de calidad en los casos de empate.
Los acuerdos de la junta de gobierno serán ejecutivos y corresponderá al presidente de la comisión, en ejercicio de sus atribuciones, darles oportuno cumplimiento.
Artículo 8o. El Secretario de Hacienda y Crédito Público nombrará al presidente de la comisión.
La designación de presidente deberá recaer en quien reúna los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano y no tener más de 65 años cumplidos en la fecha en que inicie el desempeño de su cargo;
II. Gozar de reconocida experiencia en materia económica, financiera o jurídica, así como haber ocupado cargos de alto nivel, ya sea en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los institutos de seguridad social, en el Banco de México o en instituciones pertenecientes al sistema financiero mexicano, y
III. No haber sido sentenciado por delitos intencionales, o inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano.
Artículo 9o. El presidente de la comisión es la máxima autoridad administrativa de ésta y ejercerá sus funciones directamente o por medio de los vicepresidentes y demás personal de la propia comisión.
En las ausencias temporales del presidente será sustituido por el vicepresidente que designe al efecto.
Serán facultades y obligaciones del presidente de la comisión:
I. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno;
II. Dirigir administrativamente la comisión;
III. Formular y presentar a la junta de gobierno un informe anual sobre las labores desarrolladas por la comisión, así como informes semestrales sobe la situación de los sistemas de ahorro para el retiro;
IV. Proponer a la junta de gobierno los proyectos de las disposiciones que le compete expedir a la comisión;
V. Proponer a la junta de gobierno la designación de su secretario y del suplente de éste;
VI. Nombrar y remover con la aprobación de la junta de gobierno a los vicepresidentes;
VII. Nombrar y remover al resto del personal de la comisión;
VIII. Proveer en los términos de esta ley y demás relativas, el eficaz cumplimiento de sus preceptos;
IX. Imponer, de acuerdo a las facultades que le delegue la junta de gobierno, las sanciones que correspondan, así como conocer y resolver sobre el recurso de revocación, en los términos de ésta, las demás leyes aplicables y las disposiciones que emanen de ellas, así como proponer a la junta de gobierno la condonación total o parcial de las multas;
X. Proponer a la junta de gobierno las medidas pertinentes cuando a su juicio se presenten hechos o situaciones que afecten el buen funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro;
XI. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anualmente o cuando ésta se lo solicite, sobre su actuación y sobre casos concretos que la misma requiera;
XII. Representar con las más amplias facultades a la comisión, cuando realice todas aquellas funciones que a dicho órgano encomienden las leyes, sus reglamentos y los acuerdos correspondientes de la junta de gobierno;
XIII. Formular anualmente el presupuesto de ingresos y egresos de la comisión, el cual una vez aprobado por la junta de gobierno, será sometido a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XIV. Informar a la junta de gobierno sobre el ejercicio del presupuesto, con la periodicidad que la misma determine;
XV. Desempeñar las funciones que le encomiende o delegue la junta de gobierno, y
XVI. Las demás que le sean atribuidas en los términos de ésta u otras leyes.
Artículo 10. El comité técnico consultivo estará integrado por 17 miembros, designados uno
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno por la Secretaría de Desarrollo Social, uno por el Instituto Mexicano del Seguro Social, uno por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, uno por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, uno por el Banco de México, uno por la Comisión Nacional Bancaria, uno por la Comisión Nacional de Valores, uno por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, cuatro por las organizaciones nacionales de trabajadores, uno por la Asociación Mexicana de Bancos, uno por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, uno por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y uno por las organizaciones nacionales de patrones.
El presidente de la comisión lo será del comité técnico consultivo. Este último se reunirá, a convocatoria del primero, en sesiones ordinarias por lo menos cada cuatro meses y en sesiones extraordinarias cuando sea conveniente.
El comité técnico consultivo conocerá de los asuntos que le someta el presidente de la comisión, relativos a la adopción de criterios y políticas de aplicación general en materia de los sistemas de ahorro para el retiro.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fijará las bases para determinar la forma de designar a los representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores, y de patrones, en el comité técnico consultivo y en el comité de vigilancia.
Artículo 11. La comisión contará con un comité de vigilancia que se encargará de vigilar el desempeño de las funciones operativas de la comisión. Para tal efecto podrá solicitar al presidente o vicepresidentes de la comisión los datos generales sobre las citadas funciones, siempre y cuando esto no lesione el secreto bancario u otras obligaciones a cargo de los referidos funcionarios.
El comité de vigilancia contará con seis miembros que serán designados dos por la organizaciones nacionales de trabajadores, uno por las organizaciones nacionales de patrones y tres por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ningún caso los miembros del comité de vigilancia lo serán de la junta de gobierno ni del comité técnico consultivo.
El comité de vigilancia presentará un informe semestral por escrito a la junta de gobierno sobre el desempeño de las funciones operativas de la comisión.
CAPÍTULO III
De la inspección y vigilancia
Artículo 12. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro tendrá las facultades que en materia de inspección y vigilancia corresponden a las comisiones nacionales Bancaria, de Valores y de Seguros y Fianzas, exclusivamente por lo que respecta a las operaciones que realicen las instituciones de crédito o entidades financieras con recursos de los sistemas de ahorro para el retiro. Para tales efectos, en lo no previsto por esta ley y sus reglamentos se estará a lo dispuesto en las leyes de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Federal de Instituciones de Fianzas, de Sociedades de Inversión y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como en los reglamentos derivados de las mismas aplicables a la materia.
Artículo 13. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículo 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito y 25 de la Ley del Mercado de Valores, las instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas, exclusivamente en relación con las cuentas y operaciones relativas a los sistemas de ahorro para el retiro, estarán obligadas a proporcionar a la comisión la información y documentación que ésta les solicite en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia.
La información y documentación que obtenga la comisión en el ejercicio de las citadas facultades, son estrictamente confidenciales. Los servidores públicos de la comisión serán responsables en caso de su divulgación.
Artículo 14. La inspección se sujetará al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal y se efectuará a través de visitas que tendrán por objeto revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y patrimonio, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control y en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y legal, conste o deba constar en registros, a fin de que se ajusten al cumplimiento de las disposiciones
aplicables a los sistemas de ahorro para el retiro.
Las visitas podrán ser ordinarias, especiales, o de investigación. Las primeras se llevarán a cabo de conformidad con el programa anual que apruebe el presidente de la comisión; las segundas se practicarán siempre que sea necesario, a juicio del presidente, examinar, y en su caso, corregir situaciones especiales operativas, y las de investigación que tendrán por objeto aclarar una situación específica.
Cuando en virtud de la inspección se presuma falta de cumplimiento por parte de los obligados a cubrir las cuotas y aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro, el presidente de la comisión comunicará tal situación, según corresponda, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 15. La vigilancia consistirá en cuidar que las personas a que se refiere el artículo 2o. en lo que respecta a su participación en los sistemas de ahorro para el retiro, cumplan con ésta y las demás leyes relativas, así como con las disposiciones que emanen de ellas, y atiendan las observaciones e indicaciones de la comisión, resultado de las visitas de inspección o de otras medidas de control practicadas.
Las medidas adoptadas en ejercicio de esta facultad serán preventivas para preservar la estabilidad y buen funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro, y normativas para definir criterios y establecer reglas y procedimientos a los que deben ajustarse las instituciones de crédito o entidades financieras participantes, conforme a lo previsto en esta ley.
Artículo 16. Las personas sujetas a la inspección y vigilancia de la comisión, estarán obligadas a prestar a los inspectores todo el apoyo que se les requiera, proporcionando los datos, informes, registros, documentos y en general la documentación, cintas, discos, o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tengan y que los inspectores estimen necesarios para el cumplimiento de su cometido, pudiendo tener acceso a sus sistemas automatizados, oficinas, locales y demás instalaciones.
Artículo 17. Los visitadores e inspectores, serán personas con conocimientos en materia financiera y de los sistemas de ahorro para el retiro, comprobados en los términos que determine el reglamento interior de la comisión, y ni ellos ni el resto del personal, podrán obtener de las personas sujetas a inspección, préstamos o ser sus deudores por cualquier título, bajo pena de destitución inmediata, cuando a criterio de la comisión las operaciones correspondientes puedan afectar la imparcialidad de su personal encargado de la inspección y vigilancia. Se exceptúan las operaciones que se realicen con la aprobación expresa de la junta de gobierno.
Artículo 18. Cuando en virtud de la inspección se encuentre que algunas operaciones de las personas sujetas a la inspección y vigilancia de la comisión, no estén realizadas en los términos de las disposiciones aplicables, el presidente, dictará las medidas necesarias para normalizarlas, señalando un plazo para tal efecto. Si transcurrido el plazo, la persona de que se trate no ha regularizado las operaciones en cuestión, el presidente de la comisión comunicará tal situación a la junta de gobierno y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con objeto de que se tomen las medidas pertinentes, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a esta ley.
Cuando se presuma la existencia de un delito, el presidente de la comisión podrá informar de inmediato a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Artículo 19. Las sociedades operadoras u otras personas que presten tales servicios a las sociedades de inversión de los sistemas de ahorro para el retiro, así como sus empleados y funcionarios encargados de la administración o de la toma de decisiones de inversión, deberán actuar siempre en beneficio de los inversionistas de la sociedad de inversión que operen.
Las mencionadas sociedades o personas, deberán establecer en sus estatutos las disposiciones internas que permitan determinar con precisión las obligaciones, la coordinación y la supervisión entre sus diversos órganos, a fin de que en ningún momento se dé preferencia, en perjuicio de los intereses de los inversionistas, a sus intereses, a los de las empresas con las cuales tengan nexos patrimoniales o a los de cualquier otra persona con la que tengan alguna relación de negocios.
La comisión podrá determinar modalidades especiales para lograr el objetivo a que se refiere este artículo.
CAPÍTULO IV
De las sanciones administrativas
Artículo 20. El incumplimiento a lo dispuesto en esta ley y en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a lo dispuesto en los reglamentos y disposiciones que emanen de ellas, en lo relacionado con los sistemas de ahorro para el retiro, por las instituciones de crédito o entidades financieras a que se refiere el artículo 2o., será sancionado con multas administrativas que impondrá la comisión tomando como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción, siempre que esta ley no disponga otra cosa.
La reincidencia se podrá sancionar con multa cuyo importe sea equivalente hasta el doble de la prevista originalmente.
Para la imposición de las multas correspondientes, la comisión deberá oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta las condiciones e intención de dicho infractor, la importancia de la infracción y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones respectivas.
Las multas podrán ascender hasta el 5% del capital pagado y reservas de capital de la institución, sociedad o persona de que se trate o hasta 100 mil veces el salario mínimo, debiendo notificarse al consejo de administración, consejo directivo o al infractor correspondiente.
Artículo 21. Las infracciones señaladas en el artículo en que incurran las personas a que se refiere el artículo anterior se sancionarán como sigue:
I. Multa de hasta dos días de salario, por cada estado de cuenta correspondiente a las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, que no se expida en forma y términos que indiquen las disposiciones, aplicables;
II. Multa de hasta cinco días de salario, por cada cuenta individual en la que no se utilice para su apertura, la documentación señalada en las disposiciones relativas;
III. Multa de hasta 10 días de salario, por cada comprobante de recepción de cuotas o aportaciones correspondientes a los sistemas de ahorro para el retiro, que no se expida y entregue de acuerdo con las disposiciones aplicables, y
IV. Multa de hasta 100 mil días de salario por cada día de retraso en la entrega a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la información y documentación relativa a los pagos de cuotas, aportaciones y descuentos recibidos durante un bimestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley del Seguro Social, 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 35 de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores.
Artículo 22. La sociedad operadora o la institución de crédito, casa da bolsa o institución de seguros que preste los servicios referidos en el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Inversión a las sociedades de inversión que manejen recursos de las subcuentas de retiro de las cuentas individuales, serán responsables de las operaciones de las sociedades de inversión que operen. En consecuencia, las multas respecto a las operaciones que realicen las mencionadas sociedades de inversión serán impuestas a la persona que le preste los servicios referidos en el citado artículo.
Artículo 23. Las sanciones serán impuestas por la junta de gobierno, quien podrá delegar esa facultad al Presidente o a otro servidor público de la Comisión, en razón de la naturaleza de la infracción o del monto de las multas y tendrá asimismo la facultad indelegable de condonar, en su caso, total o parcialmente las multas impuestas.
Las multas impuestas en términos de la presente ley a las personas sujetas a la inspección y vigilancia de la comisión, deberán ser pagadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación y cuando el infractor promueva cualquier medio de defensa legal en contra de la multa que se le hubiese aplicado, en caso de que ésta resulte confirmada total o parcialmente, su importe se actualizará en los términos del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, y deberá ser cubierto el día hábil inmediato siguiente a aquél en que se notifique al infractor la resolución correspondiente.
Cuando las personas a las que la Comisión haya impuesto multas, sean cuentahabientes
del Banco de México, se harán efectivas cargando su importe en la cuenta que les lleva dicho Banco. Los cargos correspondientes se realizarán en la fecha en que la comisión se lo solicite al Banco de México por tratarse de multas contra las cuales no proceda medio de defensa alguna. Para tales efectos, la afectada dará aviso por escrito a la comisión simultáneamente al ejercicio de cualquier medio de defensa ante la autoridad competente.
Tratándose de personas a las que el Banco de México no les lleve cuenta, las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 24. En contra de las sanciones que imponga la comisión, procederá el recurso de revocación, mismo que deberá interponerse por escrito dentro de los 15 días hábiles siguientes al de su notificación y deberá agotarse antes de proceder al ejercicio de cualquier otro medio de impugnación.
El recurso señalado deberá interponerse ante la junta de gobierno, cuando la sanción haya sido emitida por ese cuerpo colegiado o por el presidente de la comisión, o ante este último, cuando se trate de sanciones impuestas por otro personal de ese órgano desconcentrado.
En el escrito en que la parte afectada interponga el recurso, deberá expresarse el acto impugnado y los agravios que el mismo cause, y se acompañarán u ofrecerán, según corresponda, las pruebas que al efecto se juzgue convenientes.
Cuando no se señale el acto impugnado o no se expresen agravios, la autoridad competente, desechará por improcedente el recurso interpuesto. Si se omitieran las pruebas, se tendrán por no ofrecidas.
La resolución del recurso de revocación podrá ser desechando, confirmando, mandando reponer por uno nuevo que lo sustituya o revocando el acto impugnado y deberá ser emitida en un plazo no superior a los 45 días hábiles posteriores a aquél en que se interpuso el recurso, cuando deba ser resuelto por el presidente de la comisión, ni de 60 días hábiles cuando se trate de recursos de competencia de la junta de gobierno.
La interposición del recurso de revocación suspenderá la exigibilidad del pago de la multa.
CAPÍTULO V
De la protección de los intereses de los trabajadores cuentahabientes
Artículo 25. Los trabajadores titulares de cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro y, en su caso sus beneficiarios, podrán, a su elección, presentar directamente o a través de sus representantes sindicales, sus reclamaciones en contra de las instituciones de crédito o entidades financieras, ante la comisión o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes.
Las instituciones de crédito y las entidades financieras a que se refiere el artículo 2o., estarán obligadas a someterse al procedimiento de conciliación.
Los institutos de seguridad social podrán recibir las reclamaciones a que se refiere este artículo, con objeto de turnarlas a la comisión.
Artículo 26. El procedimiento conciliatorio y el arbitraje previstos en este artículo se sujetarán a las reglas que a continuación se señalan:
I. El procedimiento conciliatorio en la vía de reclamación se deberá agotar de conformidad con las reglas siguientes:
a) El reclamante presentará mediante escrito por duplicado ante la comisión, su reclamación, precisando los actos u operaciones que reclama y las razones que tiene para hacerlo. Con la copia del escrito de reclamación se correrá traslado a la otra parte.
La comisión podrá solicitar que la reclamación sea aclarada, cuando se presente de manera vaga, general o confusa.
La presentación de la reclamación interrumpirá la prescripción a que se encuentran sujetas las acciones de carácter mercantil o civil que sean procedentes;
b) La otra parte, dentro del término de nueve días hábiles, contado a partir de aquél en que sea notificada, rendirá un informe por escrito y en duplicado a la comisión, en el que contestará en forma detallada todos y cada uno de los hechos a que se refiere la reclamación y que deberá ser suscrito en lo personal o por conducto de un representante legítimo.
La comisión podrá solicitar que cuando el informe no satisfaga lo dispuesto en el párrafo anterior, cumpla con el requisito de que se contesten en forma detallada todos y cada uno de los hechos reclamados;
c) La comisión citará a las partes a una junta de avenencia, que se realizará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la reclamación; si por cualquier circunstancia la junta no puede celebrarse en la fecha indicada, se verificará dentro de los ocho días siguientes.
Si no comparece el reclamante, sin causa justificada, se entenderá que no desea la conciliación y que es su voluntad no someter sus diferencias a juicio arbitral, siendo improcedente presentar nueva reclamación sobre el mismo caso;
d) El procedimiento conciliatorio se tendrá por agotado si cualquiera de las partes no concurre a la junta de avenencia, si al concurrir a la junta relativa argumentan su voluntad de no conciliar, o bien, si concilian sus diferencias. La comisión levantará el acta en la que se hará constar cualquiera de estas circunstancias y la terminación del procedimiento de conciliación;
e) En la junta de avenencia se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, y si esto no fuera posible, la comisión las invitará a que voluntariamente y de común acuerdo designen para resolver su controversia a alguno de los árbitros que les proponga la comisión, quedando a elección de las mismas que el juicio arbitral sea en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho.
En compromiso arbitral se hará constar en el acta a que se refiere el inciso anterior;
II. En el juicio arbitral en amigable composición, de manera breve y concisa, se fijarán ante el árbitro las cuestiones que deberán ser objeto de arbitraje, las que deberán corresponder a los hechos controvertidos en la respectiva reclamación e informe presentados a la comisión.
El árbitro propondrá a las partes las reglas para la sustanciación del juicio, respecto de las cuales las partes deberán manifestar su conformidad. No habrá incidentes y la resolución sólo admitirá aclaraciones de la misma, a instancia de parte, presentada dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación.
El árbitro resolverá en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada, sin sujeción a formalidades especiales, pero observando las esenciales del procedimiento;
III. El juicio arbitral de estricto derecho, se apegará al procedimiento que convencionalmente determinen las partes mediante pacto celebrado ante el árbitro, fijando las reglas para tal efecto; aplicándose supletoriamente el Código de Comercio, a falta de disposición de dicho código, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Las notificaciones relativas al traslado de la reclamación, a la citación a la junta de avenencia, de la demanda y del laudo, deberán hacerse personalmente o por correo certificado con acuse de recibo y surtirán efectos al día siguiente de su notificación.
Con independencia de lo anterior, en el compromiso arbitral de estricto derecho, regirán los siguientes términos:
a) Nueve días tanto para la presentación de la demanda a partir del día siguiente de la celebración del compromiso, así como para producir la contestación a partir del día siguiente del emplazamiento a juicio;
b) El árbitro, dentro de los nueve días siguientes al vencimiento del último plazo señalado en el inciso anterior, dictará acuerdo fijando el término que crea suficiente para el ofrecimiento, admisión, recepción y desahogo de las pruebas, no pudiendo exceder de 40 días;
c) Diez días comunes a las partes para formular alegatos, y
d) Diez días para los demás casos.
Los términos serán improrrogables y se computarán en días hábiles y las notificaciones que no sean personales se harán a las partes en la forma convenida en el pacto arbitral, y empezarán a surtir efectos al día siguiente de que se realicen.
Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el procedimiento su curso y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse;
IV. El árbitro tendrá la facultad de allegarse de todos los elementos de juicio que estime necesarios
para resolver las cuestiones que se le hayan sometido al arbitraje. Para el ejercicio de esta facultad, podrá solicitar información documental sobre el caso concreto a la comisión;
V. En el juicio arbitral de estricto derecho, el laudo sólo admitirá aclaración a instancia de parte, presentada dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación.
Todas las demás resoluciones en el juicio arbitral de estricto derecho admitirán como único recurso el de revocación;
VI. El laudo que condene, otorgará para su cumplimiento un plazo de 15 días hábiles a partir de su notificación. Cuando no sea impugnado, o siendo impugnado conforme a la legislación aplicable y la resolución judicial que lo confirme haya causado estado, persistiéndose en su incumplimiento, la comisión impondrá una multa hasta por el importe de lo condenado; en caso de incumplimientos reiterados la propia comisión podrá suspender o revocar la autorización correspondiente y hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
VII. Cuando se faltare al cumplimiento voluntario de lo convenido en la conciliación, o al laudo en la amigable composición o en el juicio arbitral de estricto derecho, la parte afectada deberá acudir a los tribunales competentes, para efectos de la ejecución de una u otra resolución;
VIII. Si alguna de las partes no estuviere de acuerdo en designar árbitro conforme a este artículo, el reclamante podrá ocurrir desde luego a los tribunales competentes, y
IX: La comisión, en todo lo no previsto expresamente por la fracción I de este precepto proveerá las medidas necesarias para el mejor desarrollo del procedimiento conciliatorio.
El incumplimiento por parte de las personas a que se refiere el artículo 2o, a los acuerdos dictados por la comisión dentro del procedimiento conciliatorio, se sancionará por la propia comisión con multa administrativa de 100 a 3 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Artículo 27. Para se designado árbitro por la comisión se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. No tener menos de 30 años cumplidos el día de su designación;
III. Poseer título profesional de licenciado en derecho, registrado ante la autoridad competente;
IV. Tener cuando menos cinco años de práctica legal en materia financiera, y
V. Gozar de buena reputación y de honorabilidad comprobada.
Artículo 28. Las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, de sociedades de Inversión, General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y el Código Fiscal de la Federación para efectos de la notificación y los recursos a que se refieren los artículo 20, 23 y 24, de esta ley, se aplicarán supletoriamente, según corresponda.
Artículo segundo. Se reforman los artículos 183 - C, 183 - D, 183 - E párrafos primero y segundo; 183 - F, 183 - G, 183 - H, 183 - I primer párrafo; 183 - J, 183 - K, 182 - L, 183 - M, 183 - N, 183 - Ñ primer párrafo; 183 - O, 183 - P, 183 - Q, fracción I, fracción II segundo párrafo; 183 - R y 183 - S segundo y último párrafos de la Ley del Seguro Social y el artículo séptimo transitorio del "decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y se abroga la Ley del Impuesto sobre las Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1993. Se derogan los artículos 183 - E párrafos tercero y último; 246, fracción V y el Capítulo V - bis denominado "Del Comité Técnico del Sistema de Ahorro para el Retiro" con los artículos 258 - F a 258 - H del Título Quinto de la Ley del Seguro Social. Se adicionan los artículo 183 - I con un quinto párrafo; 240 fracción XIV con un segundo párrafo y 253 fracción X - bis con un segundo párrafo de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
Artículo 183 - C. Los patrones estarán obligados a cubrir las cuotas establecidas en este
capítulo, mediante la entrega de los recursos correspondientes en instituciones de crédito u otras entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para su abono en la subcuenta del seguro de retiro de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro abiertas a nombre de los trabajadores. A fin de que las instituciones o entidades mencionadas puedan individualizar dichas cuotas, los patrones deberán proporcionarles, directamente o a través de los institutos de seguridad social o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro según lo determine ésta, información relativa a cada trabajador, en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la propia comisión. El patrón deberá entregar a la representación sindical una relación de las aportaciones hechas en favor de sus agremiados.
Las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro deberán, cuando corresponda, tener dos subcuentas: la de seguro de retiro y la del Fondo Nacional de la Vivienda. La documentación y demás características de estas cuentas, no previstas en esta ley y en la Ley del Instituto del Fondo Nacional a la Vivienda para los Trabajadores, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro.
El patrón deberá llevar acabo la apertura de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro del trabajador en la o las instituciones de crédito o entidad autorizada que elija el primero, dentro de las que tengan oficina en la plaza o, de no haberla, en la población más cercana.
El trabajador que sea titular de una cuenta individual de ahorro para el retiro y tuviera una nueva relación de trabajo, habrá de proporcionar al patrón respectivo su número de cuenta, así como la denominación de la institución o entidad operadora de la misma.
El trabajador no deberá tener más de una cuenta de ahorro para el retiro, independientemente de que se encuentre sujeto al régimen previsto en esta ley o en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o a ambos.
Artículo 183 - D. En caso de terminación de la relación laboral, el patrón deberá entregar a la institución de crédito o entidad financiera respectiva, la cuota correspondiente al bimestre de que se trate o, en su caso, la parte proporcional de dicha cuota en la fecha en que se deba efectuar el pago de las cuotas correspondientes a dicho bimestre.
Artículo 183 - E. El entero de las cuotas se acreditará mediante la entrega que los patrones habrán de efectuar a cada uno de sus trabajadores, del comprobante expedido por la institución de crédito o entidad financiera en la que el patrón haya enterado las cuotas citadas, el que tendrá las características que señale la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante la expedición de disposiciones de carácter general.
Las instituciones de crédito o entidades financieras que reciban las cuotas de los patrones, deberán proporcionar a éstos, comprobantes individuales a nombre de cada trabajador dentro de una plazo de 30 días naturales, contado a partir de la fecha en que reciban las cuotas citadas. Los patrones estarán obligados a entregarles a sus trabajadores dichos comprobantes junto con el último pago de sueldo de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año.
Tercer párrafo. (Se deroga.)
Último párrafo. (Se deroga.)
Artículo 183 - F. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, atendiendo a consideraciones técnicas y asegurando los intereses de los trabajadores, mediante la expedición de disposiciones de carácter general podrá autorizar formas y términos distintos a los establecidos en los artículos 183 - C párrafos tercero y cuarto y 183 - E, relativos a la apertura de cuentas, los casos de una nueva relación laboral del trabajador y el entero y la comprobación de las cuotas del seguro de retiro.
Artículo 183 - G. El trabajador podrá notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público directamente o a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, o al Instituto Mexicano del Seguro Social, el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los patrones, establecidas en este capítulo y al respecto, ambas autoridades, indistintamente, tendrán la facultad de practicar inspecciones domiciliarias y, en su caso, la de determinar créditos y las bases de su liquidación, así como la actualización y recargos que se generen en los términos de los artículos 19 fracción V, 240
fracciones XIV y XVIII, y demás relativos de esta ley.
Los trabajadores titulares de las cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro, y en su caso sus beneficiarios, podrán a su elección, presentar directamente o a través de sus representantes sindicales sus reclamaciones contra las instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o hacer valer sus derechos en la forma que establecen las leyes. El procedimiento correspondiente ante la comisión se sujetará a lo dispuesto en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Artículo 183 - H. Las instituciones de banca múltiple y las entidades financieras autorizadas, estarán obligadas a llevar las cuentas individuales de ahorro para el retiro en los términos de esta ley, actuando por cuenta y orden del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dichas cuentas deberán contener para su identificación el número o clave que determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Las instituciones de crédito y las entidades financieras autorizadas informarán al público mediante publicaciones en periódicos de amplia circulación en la plaza de que se trate, la ubicación de aquéllas de sus sucursales en las que se proporcionarán a los trabajadores todos los servicios relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro, en la inteligencia de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro establecerá la proporción de las sucursales que las instituciones o entidades mencionadas deberán habilitar para este propósito de las que tengan establecidas en un mismo Estado de la República o en el Distrito Federal.
Artículo 183 - I. Las cuotas que reciban las instituciones de crédito u otras entidades financieras autorizadas operadoras de las cuentas individuales, deberán ser depositadas a más tardar el cuarto día hábil bancario inmediato siguiente al de su recepción, en la cuenta que el Banco de México le lleve al Instituto Mexicano del Seguro Social. El propio Banco de México, actuando por cuenta del mencionado instituto, deberá invertir dichos recursos en créditos a cargo del Gobierno Federal.
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Cuando la institución o entidad receptora de las cuotas no sea la que lleva la cuenta individual de que se trate, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante disposiciones de carácter general, podrá distribuir entre la institución o entidad receptora y la operadora los beneficios que se deriven de manejar dichas cuotas durante el período previsto en el primer párrafo en este artículo.
Artículo 183 - J. El saldo de las subcuentas del seguro de retiro se ajustará y devengará intereses en los mismos términos y condiciones previstos para los créditos a que se refiere el artículo anterior. Dichos intereses se causarán a más tardar a partir del cuarto día hábil bancario inmediato siguiente a aquél en que las instituciones de crédito u otras entidades que lleven las cuentas individuales reciban las cuotas, para abono de las cuentas respectivas, y serán pagaderos mediante su reinversión en las propias cuentas. Las instituciones o entidades que lleven las cuentas podrán cargar mensualmente a las subcuentas del seguro de retiro, la comisión máxima que por el manejo de cuenta determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La tasa de interés pagadera al trabajador, una vez descontada la mencionada Comisión no deberá ser inferior a la mínima señalada en el tercer párrafo del artículo 183 - I.
Artículo 183 - K. Las instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas, deberán informar al trabajador a quien le lleven su cuenta individual de ahorro para el retiro, el estado de la misma, con la periodicidad y en la forma que al efecto determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Artículo 183 - L. El trabajador podrá, en cualquier tiempo, solicitar directamente a la institución o entidad depositaria el traspaso a otra institución de crédito o entidad financiera autorizada, de los fondos de su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, a fin de invertirlos en los términos establecidos en el presente capítulo.
Ello, sin perjuicio de que el patrón pueda continuar enterando las cuotas en la institución o entidad de su elección, la cual extenderá los comprobantes respectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 183 - E, o bien, de conformidad con lo que establezcan las disposiciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Los trabajadores que decidan traspasar los fondos de su cuenta individual de ahorro para el retiro de una institución de crédito o entidad financiera autorizada a otra, pagarán la comisión que determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Dicha comisión será descontada a los trabajadores del importe de los fondos objeto del traspaso.
Artículo 183 - M. El trabajador tendrá derecho a solicitar a la institución de crédito o entidad autorizada la transferencia de parte o la totalidad de los fondos de la subcuenta del seguro de retiro de su cuenta individual, a sociedades de inversión administradas por instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros o sociedades operadoras.
Sin perjuicio de lo anterior, el patrón deberá continuar entregando las cuotas respectivas en la institución de crédito o entidad autorizada de su elección, para abono en la subcuenta del seguro de retiro del trabajador.
Para la organización y el funcionamiento de las sociedades de inversión que administren los recursos provenientes de las mencionadas subcuentas, se requiere previa autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, quien la otorgará o denegará discrecionalmente. Estas sociedades de inversión se sujetarán en cuanto a: su organización, la recepción de recursos, los tipos de instrumentos en los que puedan invertirlos, la expedición de estados de cuenta y demás características de sus operaciones, a las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
En lo no expresamente previsto en este artículo y en las reglas a que se refiere el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Inversión.
El trabajador tendrá derecho a solicitar a la sociedad de inversión, la transferencia de parte o la totalidad de los fondos que hubiere invertido en términos del presente artículo a otra de las sociedades de inversión referidas o a la institución de crédito o entidad autorizada que le lleve su cuenta individual de ahorro para el retiro. El trabajador que se encuentre en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 183 - O, deberá solicitar a la sociedad de inversión de que se trate, la transferencia de los fondos respectivos a la institución de crédito o entidad citada.
En caso de que el trabajador solicite la transferencia de fondos a sociedades de inversión, en los términos de este artículo, sólo responderán de los mismos y de sus rendimientos dichas sociedades de inversión.
Artículo 183 - N. El trabajador podrá retirar el saldo de la subcuenta del seguro de retiro de su cuenta individual, siempre y cuando por razones de una nueva relación laboral deje de ser sujeto de aseguramiento obligatorio del instituto y dicho saldo se abone en otra cuenta a su nombre en algún otro mecanismo de ahorro para el retiro de los que al efecto señale la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro apara el Retiro.
Artículo 183 - Ñ. El trabajador tendrá derecho a solicitar la contratación de un seguro de vida o invalidez, con cargo a los recursos de la subcuenta del seguro de retiro en los términos que al efecto determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
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Artículo 183 - O. El trabajador que cumpla 65 años de edad adquiera el derecho a disfrutar una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial del 50% o más en los términos de esta ley o de algún plan de pensiones establecido por su patrón o derivado de contratación colectiva, tendrá derecho a que la institución de crédito o entidad financiera autorizada que lleve a su cuenta individual de ahorro apara el retiro, le entregue por cuenta del instituto, los fondos de la subcuenta del seguro de retiro, situándoselos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión vitalicia, o bien entregándoselos al propio trabajador en una sola exhibición.
El trabajador deberá solicitar por escrito a la institución de crédito o a la entidad financiera autorizada la entrega de los fondos de la subcuenta del seguro de retiro de su cuenta individual, acompañando los documentos que al efecto señale la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Los planes de pensiones a que se refiere el primer párrafo, serán sólo los que cumplan los requisitos que establezca la citada comisión.
Artículo 183 - P. Tratándose de incapacidades temporales del trabajador, si éstas se prolongan
por más tiempo que los periodos de prestaciones fijados por esta ley, éste tendrá derecho a que la institución de crédito o entidad financiera, le entregue, por cuenta del instituto, una cantidad no mayor al 10% del saldo de la subcuenta del seguro de retiro de su cuenta individual. Para tal efecto, el trabajador deberá proceder en los términos a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 183 - O.
Artículo 183 - Q.....................................................................
I. Realizar aportaciones a la subcuenta del seguro de retiro de su cuenta individual , siempre y cuando las mismas sean, por un importe no inferior al equivalente a cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Lo anterior, sin perjuicio de que las instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas puedan recibir aportaciones por montos menores. Estas cuentas quedarán sujetas, en lo conducente, a las disposiciones establecidas en este capítulo, y
II................................................................................................
El derecho consignado en esta fracción, sólo podrán ejercerlo los trabajadores cuyo saldo de la subcuenta del seguro de retiro, registre a la fecha de la solicitud respectiva una cantidad no inferior equivalente al resultado de multiplicar por 18 el monto de la última cuota invertida en la subcuenta de que se trate, y siempre que acredite con los estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada. El trabajador deberá presentar la solicitud respectiva de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 183 - O.
Artículo 183 - R. Los trabajadores tendrán en todo tiempo el derecho a hacer aportaciones adicionales a su cuenta individual, ya sea por conducto de su patrón al efectuarse el entero de las cuotas o mediante la entrega de efectivo o documentos aceptables para la institución o entidad que los reciba.
Artículo 183 - S......................................................................
En caso de fallecimiento del trabajador, la institución de crédito o entidad financiera respectiva entregará el saldo de la cuenta individual a los beneficiarios que el titular haya señalado por escrito para tal efecto, en la forma elegida por el beneficiario de entre las señaladas en el artículo 183 - O. La designación de beneficiarios queda sin efecto si el o los designados mueren antes que el titular de la cuenta.
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Los beneficiarios deberán presentar solicitud por escrito a las instituciones de crédito o entidades financieras, en los términos señalados en el penúltimo párrafo del artículo 183 - O de esta ley.
Artículo 240...............................................................................
XIV...............................................................................................
Las liquidaciones de las cuotas del seguro de retiro podrán ser emitidas y notificadas conjuntamente con las liquidaciones de las aportaciones y descuentos correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda, por el personal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, previo convenio de coordinación con el citado instituto.
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Artículo 246...........................................................................
V. Se deroga.
Artículo 253..........................................................................
X bis......................................................................................
En el establecimiento o modificación de los avisos de afiliación - vigencia de derechos, se deberá tomar en cuenta la opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Artículo 258 - F. Se deroga.
Artículo 258 - G. Se deroga.
Artículo 258 - H. Se deroga.
Artículo séptimo. En apoyo a los patrones para que cumplan con la obligación de autodeterminarse para el pago de cuotas obrero - patronales, el instituto podrá continuar emitiendo las liquidaciones para los patrones que tengan a su servicio 50 o menos trabajadores.
Artículo tercero. Se reforman los artículos 16 fracción XI; 23 fracción I, tercer párrafo; 29 fracción II; 30 fracción I primer párrafo y fracción V segundo párrafo; 35 párrafo segundo;
38; 40 párrafos, primero, segundo, cuarto y sexto; 43 primer párrafo y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se adicionan los artículos 29 fracción III con un segundo párrafo pasando el acta a ser tercer párrafo; 30 fracción V con un tercer párrafo; 35 con un tercer y cuarto párrafo y 43 con un tercer párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue:
Artículo 16.............................................................................
XI. Resolver sobre las circunstancias especificas no previstas en la presente ley y en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en relación a las subcuentas del Fondo Nacional de la Vivienda de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro. Con fines de coordinación, en la elaboración de las resoluciones que se adopten conforme a esta fracción, el consejo escuchará previamente la opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Dichas resoluciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades que, en relación con dichas cuentas, correspondan a la citada comisión o a otras autoridades del sistema financiero de conformidad con lo previsto en otras disposiciones legales.
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Artículo 23..............................................................................
I................................................................................................
Las facultades que correspondan al instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con el artículo 30 de esta ley, se ejercerán por el director general, el subdirector general jurídico y de fiscalización, los delegados regionales y el demás personal que expresamente se indique en el Reglamento interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de facultades como organismo fiscal autónomo.
................................................................................................
Artículo 29..............................................................................
II. Efectuar las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda en instituciones de crédito o entidades financieras autorizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para su abono en la subcuenta del Fondo Nacional de la Vivienda de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro, abiertas a nombre de los trabajadores en los términos de la presente ley y sus reglamentos así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la ley Federal del Trabajo. Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas. A fin de que las instituciones de crédito o entidades financieras puedan individualizar dichas aportaciones, los patrones deberán proporcionarles, directamente o a través de los institutos de seguridad social o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según lo determine ésta, información, relativa a cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la citada comisión, y
III............................................................................................
A fin de que las instituciones de crédito y entidades financieras puedan individualizar dichos descuentos, los patrones deberán proporcionarles, directamente o a través de los institutos de seguridad social o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según lo determine ésta, información relativa a cada trabajador con la forma y periodicidad que al efecto establezca la citada comisión.
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Artículo 30..............................................................................
I. Determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos, así como calcular su actualización y recargos que se generen, señalar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y requerir su pago. para este fin podrá ordenar y practicar, con el personal que al efecto designe, visitas domiciliarias, auditorias e inspecciones a los patrones, requiriéndoles la exhibición de libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone esta ley.
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II a IV.......................................................................................
V...............................................................................................
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el instituto, indistintamente, sancionarán aquellos
casos en que el incumplimiento de las obligaciones que esta ley establece, origine la omisión total o parcial en el pago de las aportaciones y el entero de los descuentos en los términos del Código Fiscal de la Federación.
Previa solicitud del Instituto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades fiscales, en los términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, indistintamente y conforme a las disposiciones legales aplicables, están facultados para determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos. Para estos efectos, podrán ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones y requerir la exhibición de los libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone esta ley.
Artículo 35..............................................................................
Los patrones efectuarán las entregas de los descuentos a que se refiere el artículo 29, en la institución de crédito o entidad financiera autorizada de su elección.
El instituto podrá emitir y notificar liquidaciones para el cobro de las aportaciones y descuentos a que se refiere el artículo 29. Estas liquidaciones podrán ser emitidas conjuntamente con las liquidaciones del seguro de retiro y notificadas por el personal que realice la notificación de estas últimas, previo convenio de coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El instituto podrá recibir el pago de las aportaciones y descuentos a que se refiere el artículo 29, sujetándose a las disposiciones que al respecto emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Artículo 38. Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda señaladas en la fracción II del artículo 29, se efectuarán mediante el depósito de los recursos correspondientes en instituciones de crédito u otras entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para su abono en las subcuentas de vivienda de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro, abiertas a nombre de los trabajadores, previstas en la Ley del Seguro Social. Dichas cuentas deberán contener para su identificación el número o clave que determine la citada comisión.
Las aportaciones en favor de los trabajadores se acreditarán mediante la entrega que los patrones deberán efectuar a cada uno de sus trabajadores, del comprobante expedido por la institución de crédito o entidad financiera en la que el patrón haya enterado las aportaciones citadas.
Las instituciones de crédito o entidades financieras que reciban aportaciones de los patrones, deberán proporcionar a éstos, comprobantes individuales a nombre de cada trabajador dentro de un plazo de 30 días naturales, contado a partir de la fecha en que reciban la aportaciones citadas. Los patrones estarán obligados a entregar a sus trabajadores dichos comprobantes junto con el último pago de salario de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, atendiendo a consideraciones técnicas y asegurando los intereses de los trabajadores, mediante la expedición de disposiciones de carácter general fijará las características que deberán reunir los comprobantes pudiendo autorizar formas y términos distintos a los establecidos en este artículo para el entero y la comprobación de las aportaciones.
Artículo 40. El trabajador que cumpla 65 años de edad o adquiera el derecho a disfrutar una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial del 50% o más, en los términos de la Ley del Seguro Social o de algún plan de pensiones establecido por su patón o derivado de contratación colectiva, tendrá derecho a que la institución de crédito o entidad financiera autorizada que lleve su cuenta individual de ahorro para el retiro, le entregue por cuenta del instituto, los fondos de la subcuenta de vivienda, situándoselos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión vitalicia, o bien entregándoselos al propio trabajador en una sola exhibición.
Los planes de pensiones a que se refiere el primer párrafo, serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
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En caso de fallecimiento del trabajador, la institución de crédito o entidad financiera respectiva entregará el saldo de la cuenta individual de ahorro para el retiro, a los beneficiarios que el titular haya señalado por escrito para tal efecto, en la forma elegida por el beneficiario de entre las previstas en este artículo. La designación de beneficiarios quedará sin efecto si el o los designados mueran antes que el titular de la cuenta.
.................................................................................................
El trabajador o sus beneficiarios, según corresponda, deberán solicitar por escrito a la institución de crédito o a la entidad financiera autorizada, la entrega de los fondos correspondientes, acompañando los documentos que señale al efecto la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Artículo 43. Las aportaciones, así como los descuentos para cubrir los créditos que otorgue el instituto, que reciban las instituciones de crédito o las entidades financieras conforme a esta ley, deberán ser invertidos a más tardar el cuarto día hábil bancario inmediato siguiente al de su recepción, en la cuenta que el Banco de México le lleve al instituto. Dichos recursos deberán invertirse, en tanto se aplican a los fines señalados en el artículo anterior, en créditos a cargo del Gobierno Federal, a través del Banco de México.
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Cuando la institución o entidad receptora de las aportaciones y descuentos no sea la que lleva la cuenta individual de que se trate, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro mediante disposiciones de carácter general, podrá distribuir entre la institución o entidad receptora y la operadora los beneficios que se deriven de manejar dichas aportaciones y descuentos durante el período previsto en el primer párrafo de este artículo.
Artículo 55. Independientemente de las sanciones que establece esta ley, las infracciones a la misma que en perjuicio de sus trabajadores o del instituto cometan los patrones, se castigarán con multas por el equivalente de tres a 350 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el tiempo en el que se cometa la violación.
Cuando la infracción consista en la falta de información que impida la individualización de las aportaciones a la subcuenta de vivienda de las cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro, la sanción que se imponga al patrón infractor será la que resulte mayor de entre 50% de las aportaciones no individualizadas y la que corresponda al máximo en términos del párrafo anterior y del reglamento, independientemente de que se hayan enterado las aportaciones respectivas en los plazos establecidos en ley.
Las multas previstas en este artículo serán impuestas por el instituto de acuerdo con los reglamentos respectivos. Las multas referidas en el primer párrafo no se aplicarán a los patrones que enteren espontáneamente en los términos del Código Fiscal de la Federación, las aportaciones y descuentos correspondientes.
Artículo cuarto. Se reformaran los artículos 90 - bis - C, 90 - bis - D, 90 - bis - E - párrafos primero y segundo; 90 - bis - F, 90 - bis - G, 90 - bis - H, 90 - bis - I primer párrafo; 90 - bis - J primer párrafo; 90 - bis - K; 90 - bis - L, 90 - bis - M, 90 - bis - N, 90 - bis - Ñ primer párrafo; 90 - bis - O, 90 - bis - P, 90 - bis - Q fracción I, fracción II segundo párrafo; 90 - bis - R y 90 - bis - S segundo y último párrafos de la Ley del Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se derogan los artículos 90 - bis - E párrafos tercero y último; 90 - bis - U, 90 - bis - V y 90 - bis - W, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se adiciona el artículo 90 - bis - I con un quinto párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue:
Artículo 90. - bis - C. Las dependencias y entidades estarán obligadas a cubrir las aportaciones establecidas en este capítulo, así como las relativas al fondo de la vivienda, mediante la entrega simultánea de los recursos correspondientes en instituciones de crédito u otras entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para su abono en las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro abiertas a nombre de los trabajadores. A fin de que las instituciones o entidades mencionadas puedan individualizar dichas aportaciones las dependencias y entidades deberán proporcionarles, directamente o a través del Instituto de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según lo determine ésta , información relativa a cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la citada Comisión. Asimismo, las dependencias y
entidades deberán hacer del conocimiento de las representaciones sindicales la relación de las aportaciones hechas a favor de sus agremiados.
Las cuentas individuales del sistema de Ahorro para el Retiro tendrán dos subcuentas: la de ahorro para el retiro y la de fondo de la vivienda. La documentación y demás características de estas cuentas, no previstas en esta ley, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Las dependencias y entidades deberán llevar a cabo la apertura de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro del trabajador en la o las instituciones de crédito o en entidad financiera autorizada que ellas elijan, dentro de las que tengan oficina en la plaza o, de no haberla, en la población más cercana.
El trabajador que sea titular de una cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro y tuviera una nueva relación de trabajo, habrá de proporcionar a la dependencia o entidad respectiva su número de cuenta, así como la denominación de la institución o entidad financiera operadora de la misma.
El trabajador no deberá tener más de una cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro, independientemente de que se encuentre sujeto al régimen previsto en esta Ley del Seguro Social, o a ambos.
Artículo 90 - bis - D. En caso de terminación de la relación laboral, la dependencia o entidad deberá entregar a la institución de crédito o entidad financiera respectiva en favor del trabajador la aportación correspondiente al bimestre que se trate o, en su caso, la parte proporcional de dicha aportación en la fecha en que deba efectuar el pago de las aportaciones correspondientes a dicho bimestre.
Artículo 90 - bis - E. El entero de las aportaciones se acreditará mediante la entrega que las dependencias y entidades habrán de efectuar a cada uno de sus trabajadores, del comprobante expedido por la institución de crédito o entidad financiera en la que la dependencia o entidad haya enterado las aportaciones citadas, el que tendrá las características que señala la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante la expedición de disposiciones de carácter general.
Las instituciones de crédito o entidades financieras que reciban las aportaciones de las dependencias y entidades, deberán proporcionar a éstas, comprobantes individuales a nombre de cada trabajador dentro de un plazo de 30 días naturales, contando a partir de la fecha en que reciban las aportaciones citadas. Las dependencias y entidades estarán obligadas a entregarles a sus trabajadores dichos comprobantes junto con el último pago de sueldo de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año.
Tercer párrafo. (Se deroga.)
Último párrafo. (Se deroga.)
Artículo 90 - bis - F. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, atendiendo a consideraciones técnicas y asegurando los intereses de los trabajadores, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, podrá autorizar formas y términos distintos a los establecidos en los artículos 90 - bis - C párrafos tercero y cuarto y 90 - bis - E, relativos a la apertura de cuentas, los casos de una nueva relación laboral del trabajador y el entero y la comprobación de las aportaciones.
Artículo 90 - bis - G. El trabajador podrá notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, directamente o a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por sí mismo o por medio de sus representantes sindicales, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo a cargo de las dependencias y entidades.
Los trabajadores titulares de las cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro y, en su caso sus beneficiarios, podrán a su elección, presentar directamente o a través de sus representantes sindicales, sus reclamaciones contra las instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o hacer valer sus derechos en la forma que establezcan las leyes. El procedimiento correspondiente ante la Comisión se sujetará a lo dispuesto en la Ley para la Coordinación de los sistemas de Ahorro para el Retiro.
Artículo 90 - bis - H. Las instituciones de banca múltiple y las entidades financieras autorizadas, estarán obligadas a llevar las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro en los términos de esta ley, actuando por cuenta y orden del instituto. Dichas cuentas deberán contener para su identificación el número
o clave que determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Las instituciones de crédito y las entidades financieras autorizadas informarán al público mediante publicaciones en periódicos de amplia circulación en la plaza de que se trate, la ubicación de aquéllas de sus sucursales en las que se proporcionará a los trabajadores todos los servicios relacionados con los sistemas de Ahorro para el Retiro, en la inteligencia de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro establecerá la proporción de las sucursales que las instituciones o entidades mencionadas deberán habilitar para este propósito de las que tengan establecidas en un mismo Estado de la República o en el Distrito Federal.
Artículo 90 - bis - I. Las aportaciones que reciban las instituciones de crédito u otras entidades financieras autorizadas operadoras de las cuentas individuales, deberán ser depositadas a más tardar el cuarto día hábil bancario inmediato siguiente al de su recepción, en la cuenta que el Banco de México le lleve al instituto. El propio Banco de México, actuando por cuenta del mencionado instituto, deberá invertir dichos recursos en créditos a cargo del Gobierno Federal.
.................................................................................................
Cuando la institución de crédito o entidad financiera receptora de las aportaciones no sea la que lleve la cuenta individual de que se trate, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante disposiciones de carácter general, podrá distribuir entre la institución o entidad receptora y la operadora, los beneficios que se deriven de manejar dichas aportaciones durante el período previsto en el primer párrafo de este artículo.
Artículo 90 - bis - J. El estado de las subcuentas de ahorro para el retiro se ajustará y devengará intereses en los mismos términos y condiciones previstos para los créditos a que se refiere el artículo anterior. Dichos intereses se causarán a más tardar a partir del cuarto día hábil bancario inmediato siguiente a aquél en que las instituciones de crédito u otras entidades financieras que lleven las cuentas individuales reciban las aportaciones, para abono de las cuentas respectivas, y serán pagaderos mediante su reinversión en las propias cuentas. Las instituciones o entidades financieras que lleven las cuentas podrán cargar mensualmente a las subcuentas de ahorro para el retiro, la comisión máxima que por manejo de cuenta determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La tasa de interés pagadera al trabajador, una vez descontada la mencionada Comisión, no deberá ser inferior a la mínima señalada en el tercer párrafo del artículo 90 - bis - I.
.................................................................................................
Artículo 90 - bis - K. Las instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas, deberán informar al trabajador a quien le lleven su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, el estado de la misma, con la periodicidad y en la forma que al efecto determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Artículo 90 - bis - L el trabajador podrá, en cualquier tiempo, solicitar directamente a la institución o entidad financiera depositaria, el traspaso a otra institución de crédito o entidad financiera autorizada, de los fondos de su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, a fin de invertirlos en los términos establecidos en el presente capítulo. Ello, sin perjuicio de que la dependencia o entidad pueda continuar enterando las aportaciones en la institución o entidad financiera de su elección, la cual extenderá los comprobantes respectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 - bis - E, o bien de la conformidad con lo señalado en las disposiciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Los trabajadores que decidan traspasar los fondos de su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro de una institución de crédito o entidad financiera autorizada a otra, pagarán la Comisión que determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Dicha Comisión será descontada a los trabajadores del importe de los fondos objeto del traspaso.
Artículo 90 - bis - M. El trabajador tendrá derecho a solicitar a la institución de crédito o entidad financiera autorizada, la transferencia de parte o la totalidad de los fondos de la subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta individual, a sociedades de inversión administradas por instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros o sociedades operadoras.
Sin perjuicio de lo anterior, la dependencia o entidad deberá continuar entregando las aportaciones respectivas en la institución de crédito o entidad financiera autorizada de su elección, para abono en la subcuenta de ahorro para el retiro del trabajador.
Para la organización y el funcionamiento de las sociedades de inversión que administren los recursos provenientes de las mencionadas subcuentas, se requiere previa autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, quien la otorgará o denegará discrecionalmente. Estas sociedades de inversión se sujetarán en cuanto a: su organización, la recepción de recursos, los tipos de instrumentos en los que puedan invertirlos, la expedición de estados de cuenta y demás características de sus operaciones, a las reglas de carácter general que expida la Comisión de Ahorro para el Retiro.
En lo no expresamente previsto en este artículo en las reglas a que se refiere el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Inversión.
El trabajador tendrá derecho a solicitar a la sociedad de inversión, la transferencia de parte o la totalidad de los fondos que hubiere invertido en términos del presente artículo, a otra de las sociedades de inversión referidas o a la institución de crédito o entidad financiera autorizada que le lleve su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro. El trabajador que se encuentre en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 90 - bis - O, deberá solicitar a la sociedad de inversión de que se trate, la transferencia de los fondos respectivos a la institución de crédito o entidad financiera citada.
En caso de que el trabajador solicite la transferencia de fondos a sociedades de inversión, en los términos de este artículo, sólo responderán de los mismos y de sus rendimientos dichas sociedades de inversión.
Artículo 90 - bis - N. El trabajador podrá retirar el saldo de la subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta individual, siempre y cuando por razones de una nueva relación laboral, deje de ser sujeto de aseguramiento obligatorio del instituto y dicho saldo se abone en otra cuenta a su nombre en algún otro mecanismo de ahorro para el retiro de los que al efecto señale la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro."
Artículo 90 - bis - Ñ. El trabajador tendrá derecho a solicitar la contratación de un seguro de vida o invalidez, con cargo a los recursos de la subcuenta de ahorro para el retiro, en los términos que al efecto determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
.................................................................................................
Artículo 90 - bis - O. El trabajador que cumpla 65 años de edad, o adquiera el derecho a disfrutar una pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada, invalidez, incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial del 50% o más en los términos de esta ley o de algún plan de pensiones establecido por la dependencia o entidad de que se trate, tendrá derecho a que la institución de crédito o entidad financiera autorizada que lleve su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, le entregue por cuenta del instituto, los fondos de la misma, situándoselos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión vitalicia, o bien, entregándoselos al propio trabajador en una sola exhibición.
El trabajador deberá solicitar por escrito a la institución de crédito o a la entidad financiera autorizada la entrega de los fondos de su cuenta individual, acompañando los documentos que al efecto señale la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Los planes de pensiones a que se refiere el primer párrafo, serán sólo los que cumplan los requisitos que establezca la citada comisión.
Artículo 90 - bis - P. Tratándose de incapacidades temporales del trabajador, si éstas se prolongan por más tiempo que los periodos de prestaciones fijados por esta ley éste tendrá derecho a que la institución de crédito o entidad financiera le entregue, por cuenta del instituto, una cantidad no mayor al 10% del saldo de la subcuenta individual. Para tal efecto, el trabajador deberá proceder en los términos a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 90 - bis - O.
Artículo 90 - bis - Q..............................................................
I. Realizar aportaciones a su cuenta individual siempre y cuando las mismas sean por un importe no inferior al equivalente a cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Lo anterior, sin perjuicio de que las
instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas puedan recibir aportaciones por montos menores. Estas cuentas quedarán sujetas, en lo conducente, a las disposiciones establecidas en este capítulo, y
II...............................................................................................
El derecho consignado en esta fracción, sólo podrán ejercerlo los trabajadores cuyo saldo de la subcuenta de ahorro para el retiro, registre a la fecha de la solicitud respectiva, una cantidad no inferior equivalente al resultado de multiplicar por 18 el monto de la última subcuenta de que se trate, y siempre que acredite con los estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada. El trabajador deberá presentar la solicitud respectiva de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 90 - bis - O.
Artículo 90 - bis - R. Los trabajadores tendrán en todo tiempo el derecho de hacer aportaciones adicionales a su cuenta individual, ya sea por conducto de la dependencia o entidad al efectuarse el entero de las aportaciones, o mediante la entrega de efectivo o documentos aceptables para la institución o entidad financiera que los reciba.
Artículo 90 - bis - S..............................................................
En caso de fallecimiento del trabajador, la institución de crédito o entidad financiera respectiva entregará el saldo de la cuenta individual a los beneficiarios que el titular haya señalado por escrito para tal efecto, en la forma elegida por el beneficiario de entre las señaladas en el artículo 90 - bis - O. La designación de beneficiarios queda sin efecto si el o los designados mueren antes que el titular de la cuenta.
.................................................................................................
Los beneficiarios deberán presentar solicitud por escrito a las entidades de crédito o entidades financieras, en los términos señalados en el penúltimo párrafo del artículo 90 - bis - O de esta ley.
Artículo 90 - bis - U. Se deroga.
Artículo 90 - bis - V. Se deroga.
Artículo 90 - bis - W. Se deroga."
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se deroga el artículo 108 segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito y las demás disposiciones que se opongan a lo dispuesto en esta ley.
Tercero. Quedan en vigor las reglas, resoluciones y demás disposiciones emitidas con anterioridad en materia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, hasta en tanto no sean modificadas o abrogadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en ejercicio de las atribuciones que esta ley le confiere.
Cuarto. Las facultades y funciones a que se refiere la presente ley continuarán a cargo de las dependencias, entidades y órganos, en el ámbito de sus respectivas competencias, hasta en tanto entre en funciones la comisión, en términos del artículo octavo transitorio. Quinto. El secretario de Hacienda y Crédito Público nombrará al presidente de la comisión dentro de los 30 días siguientes a aquél en que esta ley entre en vigor.
Sexto. Dentro de los 20 días siguientes a su designación, el presidente de la comisión convocará a las dependencias del Ejecutivo Federal a los institutos de seguridad social y al Banco de México, a efecto de que sean designados los miembros de la junta de gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., a más tardar en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de recepción de la convocatoria citada.
Séptimo. Dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que la junta de gobierno quede integrada, el presidente de la comisión convocará a las personas, asociaciones, instituciones y dependencias a que se refieren los artículos 10 y 11 de esta ley a efecto de que dentro de un plazo de 10 días, designen a los miembros del comité técnico consultivo, así como a los del comité de vigilancia.
Octavo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispondrá del término de 180 días a partir de la vigencia de esta ley, para que en el orden administrativo establezca lo necesario
para el funcionamiento de la Comisión debiendo proveer los recursos humanos, materiales y presupuestales que se requieran.
Noveno. El Reglamento Interior de la comisión, deberá expedirse en un plazo no mayor de 180 días, contado a partir del día en que quede legalmente instalada la junta de gobierno y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes, señores secretarios, las seguridades de mi alta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a los 6 días del mes de junio de 1994. - El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativas de reformas a diversas leyes en materia de discapacitados.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Con su venia señor Presidente.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos, diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Salud, en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene por objeto optimizar y actualizar el marco jurídico que garantice el pleno y adecuado goce del derecho a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional, a la población de México en general. Y, en particular, mejorar y optimizar la actividad en materia de salud con respecto a la prevención de las discapacidades, así como la atención y rehabilitación a las personas con discapacidad que tiendan a proporcionarles una resal y objetiva integración en todas las actividades realizadas por el ser humano, en las que se requiere gozar plenamente de salud e igualmente, capacitarlos para superar las limitaciones que como secuela haya dejado la alteración de la salud en dichas personas.
Como sabemos, el derecho a la salud es un derecho universal reconocido en nuestros días por la comunidad internacional e igualmente, y más concreto aún, reconocido por nuestra Constitución Política, que lo consagra en su artículo 4o. como una de las garantías individuales de mayor importancia para todos los mexicanos, quienes en base a este derecho deben de tener la seguridad de alcanzar los beneficios otorgados por el sector salud en nuestro país.
El sector salud hasta nuestros días, ha sido el responsable de atender las necesidades de las personas con discapacidad, y es por ello que en la legislación de salud que nos ocupa en este momento, esta clase de personas sí han sido consideradas en su contenido. Sin embargo, de acuerdo a los razonamientos expresados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los dispositivos legales creados en materia de salud con referencia a este sector de la población son un punto clave en su calidad de vida, pues deben ser los primeros en proporcionarles los recursos y rehabilitación integral requeridos para realizar las diferentes actividades inherentes a todo ser humano, puesto que las necesidades de la población discapacitada no se encuentran reducidas única y exclusivamente al campo de la salud como erróneamente se ha concebido en las prácticas gubernamentales de la asistencia social hasta nuestros días.
Debido a lo anterior, y por ser precisamente una cuestión de salud la que da origen y determina la existencia de cualquier discapacidad, es necesario perfeccionar y actualizar la legislación existente en materia de salud a fin de poder brindar día a día mejores servicios en esta
área tan importante, pues debemos tomar en consideración que todos los mexicanos estamos expuestos en cualquier momento a ingresar a las filas de la población discapacitada. Por ello, se hace necesario dar la importancia y atención debida a la salud, ya que, como todos sabemos, la salud de un pueblo es el elemento esencial para que las demás actividades realizadas por el género humano puedan llevarse a cabo proporcionando así un mejor desarrollo y bienestar de la comunidad.
Sin embargo, y a pesar de que el mayor organismo a nivel mundial de la salud, ha hecho una estimación de que, entre el 7% y 10% de la población, padece algún tipo de discapacidad, es inconcebible que hasta nuestros días no podamos hablar de una cantidad exacta de personas con discapacidad en nuestro país, resultando inexplicables las bases tomadas por la Secretaría de Salud en la creación de los planes y programas de atención dirigidos a este grupo de la población, que debería ser beneficiado realmente conforme a sus necesidades específicas.
En consecuencia, es necesario que sean generadas estadísticas de mayor profundidad dentro del sector salud, como parte de un sistema nacional de información de la población discapacitada, que alimente el análisis del conocimiento, la planeación, la programación y la toma de decisiones respecto a las acciones que requieren ser emprendidas para apuntalar la integración plena como lo demandan las personas con discapacidad desde la perspectiva básica de la salud.
Sin duda alguna, el alto costo de la atención de la discapacidad es el resultado de una deficiente prevención y planeación de los servicios de salud, que de ser adecuados significarían un gran ahorro en el gasto público, ahorro que podría verse reflejado en una considerable cantidad de recursos económicos que bien pudieran ser destinados a otras áreas de vital importancia como: educación, trabajo, etcétera.
Igualmente el desarrollo tecnológico que vivimos en materia de salud también debe ser aprovechado para el mejoramiento de las condiciones físicas, sensoriales e intelectuales de la población discapacitada, a fin de brindarle un apoyo real y adecuado para lograr la equiparación de oportunidades con el resto de la población.
Es importante resaltar que hasta nuestros días las personas que padecen algún tipo de alteración o limitación en las funciones propias de todo ser humano, han sido llamadas de diferentes maneras, utilizándose términos que resultan peyorativos y que lejos de ubicarlos como personas con necesidades específicas, los califican con términos que denigran su imagen y que ponen en tela de juicio sus valores como seres humanos. Por ello, se hace necesario terminar de una vez por todas, con esta serie de calificativos que han sido usados hasta nuestros días y que erróneamente están plasmados en una ley de tan vital importancia como lo es la Ley General de Salud.
En tal sentido, la población a que nos referimos demanda un término que no menosprecie sus capacidades y que denigre su valor y calidad humana. Producto de una serie de cuestionamientos a nivel mundial, ha sido propuesto el vocablo de personas con discapacidad, lo que significa: personas que tienen alguna disfunción o alteración en sus habilidades, siendo importante resaltar y subrayar, que personas con discapacidad no significa "personas carentes de capacidad".
Por lo anteriormente expuesto y seguros de la necesidad de crear el marco jurídico que permita optimizar y actualizar la prevención de la discapacidad, además de la atención y rehabilitación a las personas que por cualquier motivo la padecen, esta fracción parlamentaria somete a consideración de esta honorable Cámara, el siguiente
«PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE SALUD
Artículo único. Se adicionan las fracciones IX y X al artículo 6o.; se recorre la fracción X para pasar a ser la fracción XI y se crea una nueva fracción X del apartado A del artículo 13; se recorre la fracción IV del artículo 73 para pasar a ser la VI y se adicionan las fracciones IV y V del citado artículo; se reforman las fracciones I y II del artículo 74; se reforma el artículo 76; se reforma la fracción I del artículo 112 y se adiciona la fracción IV al mismo artículo; se reforma la fracción II del artículo 262; se anexan dos párrafos al artículo 295; se anexa un párrafo al artículo 300; artículo 389 se recorre la fracción V para pasar a ser la VI y se adiciona una nueva fracción V, para quedar como siguen:
Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:
I a VIII.........................................................................................
IX. Proporcionar a las personas con discapacidad programas de rehabilitación integral, entendiéndose por ella: las medidas tendientes a prepararlos para que sean ellos mismos los que puedan elevar y mejorar su calidad de vida, así como desarrollar al máximo todas sus potencialidades, a fin de formar en ellos las habilidades necesarias para su plena integración a las actividades de la población que les permitan contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de la nación.
X. Otorgar apoyo a las personas con discapacidad de escasos recursos en la adquisición de equipo ortopédico y demás implementos que les garantice plenamente el goce de la salud y les permita lograr su rehabilitación integral.
Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:
A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud;
I a IX...........................................................................................
(X. Se recorre para pasar a ser la fracción XI.)
X. Crear albergues médico - asistenciales para personas con discapacidad que se encuentren desamparadas, donde se les brinde la rehabilitación integral y apoyo que necesitan. El número de albergues será determinado dependiendo de la demanda que exista de ellos por la población que los requiera.
(XI. Pasa íntegra la redacción anterior de la fracción X.)
Artículo 73. Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas en coordinación con las autoridades competentes en cada materia fomentarán y apoyarán.
I a III..........................................................................................
(IV. Se recorre para pasar a ser la fracción VI.)
IV. La supervisión y vigilancia que brinden un trato digno a las personas con deficiencia mental que se encuentren en calidad de pacientes siquiátricos en hospitales y centros de rehabilitación del sector salud, mediante las cuales se deberá exigir en todo momento el respeto a sus derechos humanos que garanticen el mejoramiento en su calidad de vida.
V. La selección adecuada de recursos humanos especializados para la atención de pacientes siquiátricos.
(VI. Pasa íntegra la redacción anterior de la fracción IV.)
Artículo 74. La atención de las enfermedades mentales comprende:
I. La atención de personas con padecimientos mentales, la rehabilitación siquiátrica de enfermos mentales crónicos deficientes mentales, síndrome de Dowm, autismo, alcohólicos, personas que usen habitualmente estupefacientes o sustancias sicotrópicas y demás que sean considerados como discapacidad intelectual, y
II. La organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al estudio, tratamiento y rehabilitación de enfermos mentales y demás personas que padezcan una discapacidad intelectual.
Artículo 76. La Secretaría de Salud establecerá normas técnicas para que se preste atención a los enfermos mentales que se encuentren en reclusorios o en instituciones no especializadas en salud mental, debiendo asegurar la atención especializada y de calidad, así como un trato respetuoso y digno a estas personas.
.................................................................................................
Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:
I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes que puedan causar una discapacidad, a fin de que se proteja de los riesgos que pongan en peligro su salud, debiendo hacer uso para ello de los medios masivos de comunicación.
II y III.........................................................................................
IV. Orientar y capacitar a las personas con discapacidad en las áreas de: educación sexual, sicología y además que sean consideradas como una modalidad especial de dichas áreas para satisfacer las necesidades específicas de las personas citadas.
Artículo 163. La acción en materia de prevención y control de accidentes comprende:
I a IV...........................................................................
V. La atención de los padecimientos que se produzcan como consecuencia de ellos, debiendo crear programas permanentes que brinden información oportuna y adecuada, garantizando una atención multidisciplinaria en la que participen profesionales de la salud, así como personas de la comunidad que hayan superado los efectos de los padecimientos
VI............................................................................
Artículo 262. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I............................................................................
II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales: todos aquellos implementos destinados a sustituir o complementar una función, un órgano o un tejido del cuerpo humano que tiendan a garantizar el máximo goce de la salud de toda persona, así como aquellos que le garanticen su total independencia.
Artículo 295. (se anexan dos párrafos.)
En los casos de importación de equipos médicos, prótesis, órtesis y ayudas funcionales no se requerirá de ningún permiso o autorización previa cuando éstos sean a simple vista evidentes.
Tratándose de vehículos para personas con discapacidad y equipos funcionales que garanticen su desplazamiento, la Secretaría de expedirá el certificado que acredite la necesidad de la persona discapacitada de hacer uso de él, este certificado hará al mismo tiempo la función de permiso de importación.
Artículo 300. (se anexa un párrafo.)
Igualmente, es deber de la Secretaría realizar campañas publicitarias a través de los medios masivos de comunicación a fin de revalorizar la imagen de las personas con discapacidad y demás personas que por motivos de salud sean vistas de manera errónea y despectiva, sin descuidar las campañas de prevención que tiendan a evitar las discapacidades y demás enfermedades adquiridas por la falta de orientación oportuna sobre las mismas, así como, difundir la información sobre los servicios y lugares de atención a tales personas.
Artículo 389. Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:
I a IV ...........................................................................
(V. Se recorre para pasar a ser la fracción VI.)
V. Los de discapacidad y el grado de la misma.
En el caso de estos certificados, la Secretaría por conducto de las autoridades estatales y del Distrito Federal deberán expedirlos y expresar en los mismos el grado de necesidad que tiene la persona con discapacidad de hacer uso de aparatos ortopédicos, órtesis, prótesis y demás implementos que le garanticen la salud y su plena independencia.
(VI. Pasa íntegra la redacción anterior de la fracción V.)
TRANSITORIOS
Primero. Las presentes reformas y adiciones entraran en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para efecto de unificar criterios, a partir de la vigencia de las presentes modificaciones y reformas, se cambian los términos: invalidez y minusvalidez por discapacidad; e inválidos, minusválidos e impedidos por personas con discapacidad, contemplados en los artículos ·o., fracción XVII, 6o. fracción III, 33 fracción III, 59, 104 fracción I, 112 fracción III, Título Noveno, 168 fracciones I, II, III, IV, V, VI; 175, 177, 178, 180, 300 y demás que estén contemplados en la presente ley.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Salud para su estudio y análisis respectivos.
México, Distrito Federal, a 24 de mayo de 1994. - Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: diputados Guillermo
Flores Velasco, Carlos González Durán, Juan Hernández Mercado y Jorge Torres Castillo.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a las comisiones de Salud y Seguridad Social.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa también en materia de discapacitados.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, compañero Presidente; honorable Asamblea:
Hoy se acepta como un requerimiento generalizado que no basta procurar una sociedad de bienestar, sino que el verdadero bienestar comienza con los respetos a la dignidad y a la libertad del hombre, con el reconocimiento a la nivelación de oportunidades y capacidades para el desarrollo de la persona humana. Es así que el ámbito de los derechos humanos fue iniciado con aquellos derechos que fueron reconocidos por el Estado para respetar el ámbito de autonomía y autodeterminación de las personas, en los individuos, integrándose un catálogo general y universal que se llama: de garantías individuales.
El tránsito de los gobiernos autoritarios y despóticos a los gobiernos republicanos y democráticos, hizo posible el arribo a los derechos políticos...
El Presidente:
Se ruega a todos los compañeros diputados y a los señores invitados, se sirvan guardar silencio para que podamos escuchar al orador.
El diputado Carlos González Durán:
Muchas gracias, señor Presidente:
Decía que además de los derechos individuales reconocidos para todos los seres humanos, se establecieron los derechos selectivos de la participación en el poder público o derechos ciudadanos, como: el sufragio, el derecho de asociarse en materia política, el derecho de opinión, de expresión, de asociación, de petición en materia política, que incumbe a los ciudadanos. Pero hemos arribado a un tercer campo de derechos, que son los derechos que fueron iniciados en la Constitución de Querétaro, o sea, los llamados derechos sociales.
Los derechos sociales fueron objeto de una reflexión antigua que hizo nada menos que Santo Tomás. Santo Tomás fue el primer filósofo - político que habló de una justicia social, entendiendo, esta justicia, además de la conmutativa y distributiva aristotélica, entendiéndola como el derecho a ser integrado, el derecho a no ser marginado del bienestar de una sociedad, a participar del bienestar de una sociedad. Quiere decir que la justicia social se presento a partir de las tesis de Santo Tomás, como el derecho a la integración de la persona humana en el seno de la colectividad, con un valor nuevo que se llamo: bien común. La persona humana tiene derecho a un bien común, en respeto de su dignidad, en respeto de su autodeterminación, en respeto de su bienestar.
Pues bien, ahora hemos observado cómo una diversidad de movimientos sociales, de reclamos sociales, de demandas, se vienen presentando en torno a sectores marginados de la sociedad, a sectores excluidos de la sociedad; es el caso de los movimientos urbanos en materia de vivienda; es el caso de los sectores que consideran padecen injusticia laboral; es el caso de los discapacitados.
Hemos visto cómo los diferentes partidos de seta Cámara de Diputados, cada uno concurriendo con criterios nobles y justos de estos reclamos, vienen presentando algunas propuestas que no son excluyentes en manera alguna, sino que como aquí expreso el día de ayer el compañero diputado Juan Hernández Mercado, lo consecuente es que las comisiones dictaminadoras vean todos estos proyectos, los complementen unos con otros, los integren, los perfeccionen. Es así, que estos reclamos, por ejemplo el que acaba de presentar el compañero Guillermo Flores, relativo ala salud, advierte una situación de desigualdad, de desprotección
de deterioro o menoscabo de los discapacitados en todos estos aspectos.
Su calidad de desamparados en la sociedad, en algunos casos lo que reclama otro sentido la justicia, es el llamado sentido de la justicia asistencial, los problemas de las rehabilitaciones, de capacitarlos para el trabajo, de brindarles trato digno, de impedir que se les menosprecie, se les ofenda y se les margine, con minoraciones o bien, en los aspectos educativos, cuando se requieran actividades educativas especiales, cuando se requieran atenciones de salud mental o cuando se requieran, por sus padecimientos, tratamientos médicos o cuando requieran para su rehabilitación integral el uso de aparatos ortopédicos; hay pues una serie de valores de justicia asistencial, de justicia social que son reclamos como fundamento y apoyo por estas demandas que vienen formulando los grupos de discapacitados, que nuestro país estima de una menor probable, sea una población importante que llegue a ser de 10 millones de mexicanos.
Quiere decir que frente a esta reivindicación, nosotros, en esta serie de propuestas, también queremos integrarnos a este anhelo o deseo de la Cámara de Diputados al aceptar y presentar en nuestro carácter de voceros, iniciativas tendientes a estas necesidades, reclamos o demandas que entendemos son correctas, son de nuestro tiempo y podríamos hasta pensar que la verdadera tarea integral de estos reclamos exigiría que en nuestra Constitución estableciéramos un capítulo de garantías sociales que integraran todos los aspectos del bien común que deben ser: respetos, derechos, poderes, libertades, atenciones, cuidados, miramientos que esta reclamando la reivindicación de esas dignidades humanas postergadas, marginadas, excluidas, menospreciadas; pero entre tanto nos abocamos a una solución integral que sería lo deseable, por lo que a mí toca, doy esto como establecido, como exposición de motivos para leerles a ustedes media página que contiene la propuesta que el PRD hace para que así como lo propuso ayer un estimable compañero del PRI, se pueda crear un organismo del Estado que atienda estos servicios, tensiones, cuidados y derechos que corresponden a los discapacitados.
El proyecto de decreto sería entonces una adición al artículo 102 constitucional con una única propuesta: se adiciona un apartado C, al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 102.A, B y C. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos autónomos de protección a los derechos de las personas con discapacidad, consagrados en la legislación mexicana y en los tratados internacionales ratificados por nuestro Gobierno.
Estos organismos tendrán como actividad primordial la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y estarán facultados para realizar todas las investigaciones.
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos diputados a la LV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara la presente iniciativa que adiciona el apartado C al artículo 102 constitucional, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa como finalidad crear el fundamento jurídico que permita la creación de un organismo público que se encargue de la defensa y vigilancia de los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la legislación mexicana y en los tratados internacionales suscritos y reconocidos por nuestro Gobierno, a fin de que la población discapacitada se integre plenamente a la vida social y productiva de nuestro país, haciendo realidad lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política Federal.
En la actualidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en México existen alrededor de 10 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad, cifra que no deja de ser solamente estimativa, pues en realidad, y debido a las deficiencias de nuestro Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, no podemos precisar con exactitud o hacer alguna aproximación
real de la verdadera cantidad de personas que padecen algún tipo de discapacidad en nuestro país.
Este hecho es quizá la principal falla de la atención a la población discapacitada, pues al desconocer el número real o aproximado de estas personas, todos los planes y programas hechos para su beneficio han sido y seguirán estando destinados al fracaso por ser producto de falsas concepciones y desconocimiento atroces, que solo han creado asistencialismo, paternalismo y por ende legislaciones estériles.
Las necesidades de la población discapacitada son tan variadas como las actividades propias de todo ser humano, y es por ello que el canalizar su atención exclusivamente a un organismo, instituto o secretaría, solo se destinaría a un fracaso rotundo, pues no existe en nuestros días ninguna secretaría o instituto que pueda resolver las necesidades integrales de un grupo social específico. Dado lo anterior, y como acertadamente lo ha manifestado nuestro grupo parlamentario, y que afortunadamente ya ha sido entendido por los demás grupos, la solución a los problemas de la citada población, solo puede ser atendida mediante una reforma integral a todas las leyes federales que inciden en la actividad humana.
El realizar una reforma integral de las leyes mencionadas, es sin duda el principio de un arduo trabajo que debemos realizar los diferentes servidores públicos y la sociedad misma, sin embargo, creemos necesario la existencia de un organismo público que pueda garantizar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad, creando así la instancia competente, que se responsabilice de la supervisión, vigilancia y en su caso , de coadyuvar con las autoridades competentes en el cumplimiento de sus funciones a fin de hacer real el pleno goce de los derechos de este grupo social que se encuentra discriminado y marginado hasta nuestros días, procurando que sus derechos no se conviertan en letra muerta.
No dudamos que habrá quien piense que la creación del organismo público con las atribuciones que proponemos sería tanto como crear un organismo con duplicidad de funciones con referencia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; sin embargo, para aquellos que puedan pensar esto, debemos recordarles que la Comisión tiene impedimentos para conocer en materia laboral, electoral y jurisdiccional, por lo que darle la responsabilidad, significaría dejar a la deriva el goce del derecho al trabajo de esta población, lo que les es sumamente a las diferentes actividades propias de todo individuo en nuestro país.
Igualmente creemos que es del todo erróneo pretender que la creación de un simple instituto pueda resolver la tan compleja problemática de las personas con discapacidad en México, pues, pretender que un instituto cubra las necesidades de educación que tiene alrededor de 10 millones de personas que sufren el rezago histórico por causa de su discapacidad, sería tanto como pretender crear una infraestructura educativa mucho mayor a la que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México, asimismo, estaríamos hablando de dar educación a una población equivalente a la población entera de algunos países de América latina o europeos inclusive, situación que su alto costo, tanto en recursos humanos como financieros, es del todo imposible en nuestro días.
Por otro lado, en materia de trabajo, de igual manera el instituto se veía en el grave problema de capacitar y dar empleo a alrededor de 10 millones de individuos, hecho que jamás podría llevarse a cabo por el alto costo que significa tal situación, incluso, en materia de salud es totalmente absurdo pretender dar asistencia médica y rehabilitación a tal cantidad de personas debido al elevado costo que significa hacer este tipo de asistencia social. Lo mismo ocurriría con las diferentes actividades que en su momento pretendan realizar este numeroso grupo de ciudadanos, que ha sido condenado a la marginación y discriminación, siendo un claro ejemplo de la tan comentada injusticia social.
Es obvio que las reformas a las diferentes leyes en nuestro país no podrán por sí solas resolver la problemática de la población discapacitada, por ello se hace necesario la creación de un organismo público que se encargue de la defensa y vigilancia de los derechos de estas personas, quien en su momento igualmente pueda coadyuvar con las diferentes autoridades en el ejercicio de sus funciones propias, respetando la autonomía de dichas autoridades y pudiendo iniciar denuncias ante las mismas para que en el ámbito de su competencia y en el ejercicio de sus funciones den respuesta a las denuncias y
quejas que les sean presentadas por el organismo público que nosotros sugerimos llamar " La Comisión Nacional de Justicia a la Población Discapacitada".
Dado lo anterior y seguros de la necesidad de crear un organismo público que pueda garantizar en pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta a consideración de esta Cámara el presente:
«PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Único. Se adiciona un apartado C, al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 102............................................................................
A y B...........................................................................
C. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos autónomos de protección de los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la legislación mexicana y en los tratados internacionales ratificados por nuestro Gobierno. Estos organismos tendrán como actividad primordial la defensa de los derechos de las personas con discapacidad; estarán facultados para realizar todas las investigaciones que requiere el ejercicio de sus funciones, a fin de poder coadyuvar con las autoridades en la comprobación de las violaciones a sus derechos, contando para ello, con amplia personalidad jurídica; promoverán medidas para la superación de la discriminación a dichas personas; conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa proveniente de cualquier autoridad o servidor público que violen tales derechos; formularán recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias; denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; podrán iniciar ante las autoridades competentes los procedimientos de responsabilidad política o administrativa por la violación de dichos derechos, y en el caso de violaciones u omisiones a los mismos por parte de particulares, podrán denunciarlas formalmente ante las autoridades correspondientes.
Estos organismos serán competentes para conocer de toda clase de asuntos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad que estén amparados en alguna ley.
El organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes de los estados.
La Cámara de Diputados nombrará al titular del órgano federal por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, de entre los candidatos propuestos por consenso de los grupos parlamentarios y representantes de las organizaciones de personas con discapacidad que se encuentren legalmente constituidos, procurando que la elección beneficie en todo momento los intereses de las personas con discapacidad.
El organismo público que cree el honorable Congreso de la Unión tendrá amplia personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente presupuestaria, para tal efecto, el consejo del organismo federal remitirá directamente su presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados para su aprobación.
TRANSITORIOS
Primero. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá crear, en un término no mayor de tres meses, la ley que regule el organismo público federal que deberá crearse para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado C, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. El organismo público que menciona el apartado C, del artículo 102 constitucional deberá crearse y empezar a funcionar en un término no mayor a un año, contado a partir de la iniciación de la vigencia de la presente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que la presente iniciativa sea turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Social, para su debido estudio y análisis.
México, Distrito Federal a 7 de junio de 1994. - Por el grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática: diputados Juan Hernández Mercado y Carlos González Durán.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Social.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Presidente:
Para presentar iniciativas de reformas a diversas leyes en materia de discapacitados, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan Hernández Mercado:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día de ayer, se presentaron seis iniciativas, una fue sobre la Ley Federal del Trabajo; hoy nosotros tenemos una en el mismo tenor, con la decisión que esta iniciativa se había estado procesando desde tiempo atrás.
La exposición de motivos trata de sustentar y ayer ya lo mencionaron, por qué el discapacitado tiene derecho a un trabajo digno, tiene derecho a participar dentro de la población económicamente activa. Ojalá y realmente, como lo mencionaba el diputado Carlos González Durán, haya la voluntad, haya el empeño de sacar lo mejor de todas ellas y dar esa respuesta concreta a la población de discapacitados, que no quedemos atrapados en los últimos tiempos de esta legislatura, que no sea por una voluntad política de extramuros la que pudiera limitar, evitar o bloquear estos proyectos, estas iniciativas que hoy estamos presentando.
La exposición de motivos de nuestra iniciativa sobre la Ley Federal del Trabajo, lleva el siguiente texto:
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos, diputados a la LV legislatura del Congreso de la Unión e Integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene como finalidad adecuar el marco jurídico en el área laboral que permita garantizar el acceso, permanencia y consumación del derecho al trabajo a las personas con discapacidad, quienes demandan igualdad de oportunidades con respecto al resto de la población. Garantía que les permitirá una integración plena a la vida social y productiva del país, terminando de una buena vez con la discriminación y el trato despótico del que han sido objeto hasta nuestros días, sobre todo, en esta área tan importante que se constituye hoy en día en el inicio de la independencia económica y sustento de todo ser humano.
El acceso y permanencia al trabajo es un derecho universal que acertadamente ha sido consagrado en el artículo 123 de nuestra Constitución Política Federal. El ejercicio de este derecho determina el desarrollo de una vida digna a través de un ingreso que permite satisfacer las necesidades individuales, familiares y colectivas de quienes lo ejercitan.
Es indudable que el Estado, como el rector principal de las políticas de empleo, se ha esforzado por promover la actividad laboral y productiva para lograr un crecimiento económico en beneficio de la nación. Sin embargo, la realidad económica que vive nuestro país nos hace ver que gran parte de la población carece de un empleo que le permite sufragar sus gastos más elementales, situación que es conocida por todos nosotros como desempleo, cuyos factores se caracterizan por una mala planeación en la producción y en las diferentes actividades laborales que se realizan en el país.
Podríamos decir que los altos índices de desempleo ha afectado a diversos sectores de la población sin discusión alguna. No obstante, existe un grupo de la sociedad que ha sido arrojado a las listas de desempleo, sin previa audiencia, no por su falta de capacidad, condición
social, sexo, edad, credo político o religioso, sino simple y sencillamente por padecer algún tipo de discapacidad, lo cual no significa que no sean capaces de realizar alguna actividad laboral, sino que la mayoría de ellos tienen una necesidad específica que requieren cubrir para poder realizar la actividad laboral que pretenden, igual o mejor que cualquier otro trabajador.
Es vergonzoso reconocer que a lo largo de la historia de nuestras legislaciones federales, las necesidades específicas de las personas con discapacidad no han sido tomadas en cuenta por nosotros, pero todavía sería más vergonzoso que, estando en este momento en la posibilidad de asumir nuestra responsabilidad como representantes sociales, hiciéramos caso omiso a estas necesidades tan evidentes. Ya que los factores que han propiciado las y algunas en la Ley Federal del Trabajo parten de una serie de barreras sociales y culturales que no han sido superadas hasta nuestros días y que seguirán siendo usuales en tanto lo sigamos consintiendo.
Igualmente, existe un mal diseño y planeación de las diferentes áreas de trabajo, así como del equipamiento básico de accesibilidad, seguridad y libre tránsito que deben ser contemplados en estas para garantizar el acceso y permanencia de los trabajadores que a pesar de su discapacidad pueden realizar las actividades propias de cada centro laboral.
Existe una falta total de información respecto al empleo y desempleo de las personas con discapacidad, hecho que se genera por el desconocimiento de la magnitud y el tipo de necesidades de la población discapacitada en materia laboral. Vicio que no es exclusivo de esta área, pues en todo el país no existen las estadísticas básicas que permitan realizar una planeación y programación eficaz para apuntalar las acciones que en este campo se requieren ejecutar como parte de un proyecto global de integración de dicha población a la vida productiva nacional. Por tal motivo es necesaria la generación de estadísticas de mayor profundidad dentro del sector laboral, como parte de un sistema nacional de información de la población discapacitada. Ya que según la estimación hecha por la Organización Mundial de la Salud, existen alrededor de 10 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad de México, sin embargo, esta vaga referencia resulta insuficiente para estructurar adecuadamente los planes y programas que permitan satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad y asimismo lograr la plena integración social y productiva que demanda este sector social.
Quizá la más frecuente negativa de empleo a las personas con discapacidad sea por el simple hecho de su aspecto físico, el cual es considerado por la mayoría de los empleadores como sinónimo de incompetencia, mala imagen o riesgo, situación que se constituye como una abierta y deliberada discriminación hacia estos ciudadanos mexicanos al momento de solicitar empleo. Todo esto sin duda el producto de una errónea concepción de que las personas con discapacidad son menos productivas que un trabajador llamado "normal".
Por otro lado, es evidente que el atraso en la aplicación de la justicia social a este sector de la población contraviene uno de los principales derechos de todo individuo consagrado en nuestra Carta Magna; puesto que negar el trabajo a una población de la magnitud ya señalada es, aparte de un acto de marginación y discriminación social, una total aberración de la justicia que no solo condiciona este derecho, sino que como consecuencia de ello debilita las bases de nuestro desarrollo económico y social. Pues esta población y toda su potencialidad esta siendo desperdiciada y condenada a sumarse a las listas del desempleo sin previa audiencia, circunstancia que en todo momento afecta nuestro crecimiento y fortalecimiento económicos.
Dado lo anterior, resulta inexplicable que en plena era de la modernización se practiquen estos actos de marginación social, siendo que el desarrollo tecnológico puede ser la plataforma de integración de las personas con discapacidad a las diversas áreas productivas, lo cual daría como resultado elevar la productividad y, a su vez, reducir los gastos erogados por el Gobierno y las familias al mantener una política paternal y asistencialista que los ha segregado de toda participación en la producción.
La lucha que ha emprendido la población con discapacidad por el reconocimiento de su dignidad como seres humanos y por su integración a la vida social y productiva de nuestra nación, exige todo nuestro respeto ante sus derechos, por ello es necesario eliminar la marginación y discriminación en el empleo por el simple hecho
de ser persona con discapacidad, pues la apariencia física no debe ser impedimento para alcanzar niveles de responsabilidad, destreza, conocimiento y productividad en los diferentes sectores productivos del país.
Compañeros diputados, no podemos seguir siendo cómplices de estos actos discriminatorios hacia la población discapacitada, pues nuestra indiferencia y pasividad sólo propiciaría, aún más, que las personas con discapacidad sean condenadas por siempre a la penosa actividad de la mendicidad o de la realización de actividades que denigran su calidad humana, hecho que día a día se hace más presente a lo largo y ancho de nuestro territorio.
Por lo anteriormente expuesto y seguros de la necesidad de adecuar el marco jurídico en materia laboral que garantice la accesibilidad, permanencia y consumación del empleo a las personas con discapacidad, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presenta a la consideración de esta Cámara el presente:
«PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 3o., se anexa un nuevo párrafo después del párrafo segundo del artículo 7o., se reforma el artículo 56, se adiciona la fracción XXIX al artículo 132, se reforma la fracción I del artículo 133, se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 159, se adiciona la fracción VII al artículo 487, se crea un nuevo párrafo y se inserta después del primer párrafo del artículo 512 - D, y se reforman las fracciones IV y VI del artículo 994, para quedar como siguen:
Artículo 3o............................................................................
No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, padecimiento de alguna discapacidad, credo religioso, doctrina política o condición social.
.......................................................................................
Artículo 7o. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos por lo menos.
...........................................................................
(Se anexa un párrafo después del segundo.)
En los porcentajes establecidos en los párrafos anteriores, los patrones están obligados a destinar el 5% de las plazas a personas con discapacidad que puedan realizar las labores propias de las empresas.
...........................................................................
Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las en esta ley y deberán ser propiciadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, padecimiento de alguna discapacidad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
I a XXVIII............................................................................
XXIX. Realizar las adecuaciones en las instalaciones de trabajo que sean necesarias para proporcionar a los trabajadores con discapacidad las medidas necesarias de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento que les permitan efectuar las actividades laborales propias de la empresa, siempre que esto sea posible.
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones:
I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo, o por padecimiento de alguna discapacidad, siempre que acrediten su capacidad para realizar el empleo que pretendan.
II a XI............................................................................
Artículo 159...................................................................
Si el patrón cumplió con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la categoría inmediata inferior aquélla en que ocurra la vacante, el ascenso corresponderá a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor antigüedad. En igualdad de condiciones, se preferirá al trabajador que tenga a su cargo una familia, al trabajador con discapacidad y, de subsistir la igualdad, al que previo examen, acredite mayor aptitud.
Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 132, fracción XV, la vacante se otorgara al trabajador de mayor antigüedad y, en igualdad de estas circunstancias, al que tenga a su cargo una familia, y de subsistir la igualdad, al trabajador con discapacidad.
...........................................................................
Artículo 487. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a:
I a VI............................................................................
VII. En los casos en que los riesgos de trabajo provoquen una discapacidad permanente, el trabajador tendrá derecho a solicitar una reinstalación o en su caso una reubicación de acuerdo a sus aptitudes conservadas, siempre y cuando la naturaleza del trabajo lo permita.
Artículo 512 - D..................................................
(Se inserta un párrafo después del primero.)
Igualmente, los patrones están obligados a realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias que garanticen la accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento que requieran los trabajadores con discapacidad en los establecimientos e instalaciones de trabajo, observando en todo momento las disposiciones comprendidas en la Ley General de Asentamientos Humanos y en el Reglamento de Construcción de la entidad federativa que corresponda.
...........................................................................
Artículo 994. Se impondrá multa, cuantificada en los términos del artículo 992, por el equivalente:
I a III............................................................................
IV. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla con lo dispuesto por las fracciones XV y XXIX del artículo 132. La multa se duplicara, si la irregularidad no se subsana dentro del plazo que se conceda para ello;
V............................................................................
VI. De 15 a 155 veces el salario mínimo general, al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones I, II, IV, VI y VII.
TRANSITORIOS
Primero. Los patrones tendrán un plazo que no excederá de dos años, a partir de la entrada en vigor de la presente iniciativa, para dar cumplimiento a lo establecido por la fracción XXIX del artículo 132 y párrafo segundo del artículo 512 - D.
Segundo. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Trabajo para el estudio y análisis respectivos.
México, Distrito Federal a 7 de junio de 1994. - Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los diputados: Juan Hernández Mercado, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Jorge Torres Castillo y Francisco Javier Saucedo Pérez.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente:
Sobre esta misma materia de discapacitados, se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Ángel León Corrales:
Gracias, señor Presidente.
«Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos diputados a la LV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General,
sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene como finalidad el crear las bases jurídicas que permitan garantizar la compensación y nivelación de las contribuciones hacendarías que realizan las personas con discapacidad o quienes de manera directa cubren los gastos específicos de atención a estas personas, y asimismo, crear el estímulo fiscal para que los inversionistas y propietarios de bienes inmuebles con acceso al público puedan realizar confiadamente las adecuaciones de accesibilidad, seguridad y libre tránsito que requieren dichas personas.
El contribuir hacendariamente es, en nuestros días, una obligación de todo ciudadano hacia el Estado, con el fin de que este último pueda obtener los ingresos que requiere para llevar a cabo programas presupuestales que le permiten realizar las diferentes actividades de interés común que demanda el país en su desarrollo social, cultural y productivo.
Uno de los principios que rigen la imposición de impuestos es la necesidad de quien los requiere y la capacidad de quien los aporta; sin embargo, el contribuyente no siempre puede sufragar ciertos pagos pecuniarios, debido al resultante negativo entre sus egresos e ingresos. Dado lo anterior, y como acto elemental justicia, las políticas fiscales pretenden nivelar esta situación, han creado lo que hoy conocemos como deducibilidad o deducción de impuestos, prerrogativa que consiste en deducir estos gravámenes dentro de los gastos extraordinarios que forman parte de una labor cotidiana; es decir, todos aquellos elementos necesarios que permitan realizar alguna actividad en óptimas condiciones.
La pérdida del poder adquisitivo ha repercutido en gran parte en la población mexicana a causa de la crisis económica que atraviesa el país; sin embargo, y no obstante lo anterior, existe un grupo social doblemente golpeado en su economía, por la sencilla razón de tener necesidades específicas que deben ser cubiertas antes de realizar cualquier actividad. Estas necesidades son las de las personas con discapacidad, quienes con sus limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales, deben adquirir mercancía e implementos que les puedan permitir la realización de actividades propias a todo ser humano. Aparte de que los gastos por estas adquisiciones merman aún más se estabilidad económica, la cual es triplemente afectada, pues aunado a lo anterior, debe incluirse el cobro de impuestos en sus declaraciones respectivas.
Por lo tanto, consideramos que los gastos que realicen las personas con discapacidad por motivo de sus necesidades específicas e, igualmente, los realizados directamente por las personas inversionistas, que en su oportunidad cubran dichos gastos, deben ser deducibles de impuestos.
Asimismo, para no crear un abuso en la deducción de impuestos que se propone, consideramos conveniente condicionar la reducción fiscal a artículos e implementos de primera necesidad, quedando únicamente comprendidos, en ellos los que sean indispensables para garantizar su salud y dejando fuera de éstos, los artículos de lujo.
Al apoyar de esta manera a las personas con discapacidad, aumentaríamos consecuentemente su productividad, hecho que podría compensar el pequeño sacrificio fiscal, por la capitación de recursos fiscales de estas mismas personas, en otras actividades igualmente gravadas por medio de impuestos.
La integración de este sector a la sociedad y a una vida productiva, requiere de las condiciones con las que cuentan las personas físicas en su desarrollo personal y profesional. Por ello, se requiere el apoyo fiscal, para que este grupo de contribuyentes, que este percibiendo ingresos por una actividad y que deberá realizar declaraciones por sus ingresos, se le permita realizar deducciones del impuesto sobre la renta por la adquisición de implementos personales que requieren específicamente.
Como hemos aludido, las personas con discapacidad no deben quedar al margen de los beneficios sociales, por lo que se hace necesario, igualmente, la creación de estímulos fiscales para los inversionistas y propietarios de bienes inmuebles que libremente eroguen gastos para educar sus propiedades, haciéndolas accesibles y seguras para estas personas. Es indudable que el costo de adecuar la infraestructura básica de nuestro país significa un enorme gasto;
no obstante, el poder beneficiar a una población tan significativa, justifica cualquier gasto y aún más si estos gastos son programados para ser realizados cronológicamente en coordinación y apoyo de las autoridades hacendarias. Por consiguiente, se hace necesaria la creación de estos estímulos para que los particulares e inversionistas puedan compensar los gastos que realicen, los cuales, es importante resaltar, serán realizados una sola vez, es decir, los estímulos fiscales serán a la inversión y no al mantenimiento de los inmuebles, por lo que en ningún momento se podrá volver deducible de impuestos cualquier otro gasto para la accesibilidad y seguridad en los lugares de acceso al público que se requiera dentro de la inversión primaria u original.
Por las razones anteriormente expuestas y seguros de la necesidad de crear la base jurídica que permita equilibrar el pago de impuestos con la capacidad del poder adquisitivo de las personas con discapacidad, y asimismo, crear el estímulo fiscal que permita compensar los gastos que se eroguen por los particulares e inversionistas en la educación de accesos y seguridad que requieren tales personas en todo inmueble abierto al público. Esta fracción parlamentaria somete a consideración de esta Cámara el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo único. Se reforma la fracción II y el párrafo segundo de esta fracción y se adiciona la fracción XII, del artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Artículo 22..........................................................
I............................................................................
II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos disminuidos con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas, efectuadas inclusive en ejercicios posteriores; igualmente serán deducibles los implementos personales que requieran las personas con discapacidad.
No serán deducibles conforme a esta fracción los activos, terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones, valores monetarios y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representan la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías; la moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera y las piezas denominadas onzas troy. Igualmente no serán deducibles las personas con discapacidad;
III. a XI............................................................................
XII. Los gastos ocasionados por la adecuación o instalación de los implementos, equipo básico y accesorios de accesibilidad y seguridad indispensables para las personas con discapacidad o los ocasionados por la remodelación y remoción de todos aquellos obstáculos que impidan se acceso y libre tránsito en los lugares abiertos al público.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente iniciativa de ley, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Segundo. Las deducciones contempladas en la fracción II del artículo 22 serán de carácter permanente.
Tercero. Las deducciones de impuestos a que se refiere la fracción XII del artículo 22 solo podrán concederse dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la presente iniciativa y solo una vez.
Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá crear programas en los que se otorgue cronológicamente, y por plazos, la cantidad de deducciones que se harán dentro de los cinco años a que se refiere al artículo anterior, donde la deducción deberá irse reduciendo conforme pase el tiempo, y anulando completamente el estímulo fiscal a los inversionistas y dueños de inmuebles al vencerse el plazo concedido de cinco años.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que la presente iniciativa de ley sea turnada a la Comisión de Hacienda para su estudio y análisis respectivos.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal, a 7 de junio de 1994. - Partido de la Revolución Democrática: diputados Miguel Ángel León Corrales,
Juan Hernández Mercado y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente:
En seguida, tiene la palabra el diputado Rafael Gilberto Morgan Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social.
El diputado Rafael Gilberto Morgan Alvarez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hace ya casi cuatro semanas, su servidor estuvo a punto de presentar esta iniciativa breve en materia de Seguro Social, y la dejó pendiente por algunas rozones que en ese tiempo se dieron aquí en tribuna.
Antes de entrar en materia, y relacionado con esto, quiero felicitarme por estar en esta LV Legislatura. He sido una persona preocupada por el tema de la seguridad social en México, he sido alguien al que le ha gustado ocuparse de esta materia y veo ahora con beneplácito que si el Ejecutivo o esta Cámara hubiera decretado el Año de la Seguridad Social, o al menos la inquietud por la seguridad social en México, quizá no hubiéramos logrado lo que estamos logrando hoy.
Varios partidos políticos y un cúmulo de iniciativas en materia de seguridad social; muchas de ellas convergiendo hacia la inquietud y hacia la necesidad de dar respuesta al gran clamor nacional de los discapacitados de México. ¡Bienvenidas todas esas iniciativas del PRI, del PAN, del PRD y otros partidos políticos aquí representados por sus grupos parlamentarios!
Más de una veintena o treintena de iniciativas han desfilado por esta tribuna en materia de discapacitados y una buena cantidad también están haciéndolo en materia de seguro social.
Ojalá que las comisiones, y en este caso mi Comisión de Seguridad Social, se aboque a lo que le toca, y tiene en su agenda si es que le correspondiera plenamente junto con otras comisiones, dictaminar en el breve plazo que nos queda del período ordinario, dictaminar la de discapacitados en materia de seguro social, para que el Seguro Social atienda debidamente a sus discapacitados, sean trabajadores o sean derechohabientes. Eso es algo que nos queda en la agenda y hago un exhorto en verdad de lo más amable posible y de lo más deseoso posible de que sea aceptado y nos pongamos a trabajar en la Comisión de Seguridad Social para ellos.
La iniciativa que hoy me ocupa es más simple. Su servidor hace tres o cuatro semanas comentó ante las comisiones unidas del Trabajo y de la Seguridad Social, que había algo raro en la Ley del Seguro Social y que no se como estaba procediendo la institución para pagar algunos beneficios. Uno de ellos a que yo hacía referencia, y que más o menos quedó contestado en esa reunión por el presidente de la Comisión de Seguridad Social, el diputado Miguel Ángel Sáenz Garza, es lo referente a las pensiones.
Ciertamente hay un apartado en los pensionados por el caso de accidentes de trabajo, enfermedad profesional, que también da a los pensionados en esa materia el derecho de que al menos el mínimo que reciban de pensión, sea igual que el que tienen cualquier momento determinado los pensionados o pensionadas derivadas de invalidez, vejez, cesantía y muerte. Pero hubo una afirmación también ahí, del propio Presidente de la Comisión. Cuanto yo le preguntaba: ¿que pasa con el aguinaldo ?¿por que los pensionados o los propios asegurados, pensionados por invalidez, vejez o cesantía, reciben un aguinaldo de 30 días de su pensión, y asimismo en caso de muerte, los beneficiarios de ellos, sean sus viudas o huérfanos, reciben un mes de aguinaldo, de acuerdo con la propia pensión? Me dijeron: No, esto no es posible; se da exactamente la misma cantidad, tanto a esos pensionados como a los pensionados que provengan del ramo de riesgos de trabajo y enfermedad profesional.
Yo lo había consultado en la ley, por más que le busque no encontré una respuesta a la afirmación que me hicieran en esa reunión, por lo cual tengo que mostrar su atención y presentar una muy breve iniciativa para que los
pensionados, primero, los asegurados mismos, en caso de riesgos de trabajo y enfermedad profesional, y en segundo término los pensionados a la muerte de ese asegurado, reciban los 30 días de aguinaldo, porque si los están recibiendo, como fue la afirmación, yo no sé cómo van a hacer las autoridades del seguro social si tuviera esta Cámara, o en este caso la Comisión de Seguridad Social, que verificar este hecho.
Están dando algo que no está en la ley; y no estoy en contra de que se haya dado en igualdad de condiciones, pero no está en la ley, señores. Y su servidor narró aquí un caso de una persona ciertamente discapacitada, y de una niña, a la cual mediante varias gestiones que su servidor hizo, no consiguió jamás que le dieran un aparato auditivo a una niña de una familia humilde, porque no estaba en la ley, y yo dije que tenían razón.
Pero ahora digo también, si el aguinaldo no está en la ley de 30 días y está de 15, ¿por qué se está otorgando de 30? ¡Qué bueno que lo estén recibiendo! Pero aquí hay una responsabilidad de las autoridades del Seguro Social que sin haber aprobado esta Cámara, y no digo porque no hubiera querido hacerlo, por descuido.
En el año 1984 se hicieron varias reformas en esta materia, y no tocamos, no tocó la Cámara en ese momento, por desgracia, no reformó lo que se refiere al artículo 71, que es el referente a las pensiones derivadas de riesgo de trabajo. No lo tocó, simplemente quedó una laguna ahí y si el seguro lo está haciendo, no sé que vaya a responder con eso. Pero no quiero que esa ilegalidad, que puede estar operando en el Seguro Social, continúe, por lo cual me adelanto a pensar que sea la única iniciativa presentada por oposición que sea determinada favorablemente porque no les queda otra realmente.
Paso a leer la iniciativa.
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 71 en su fracción II de la Ley del Seguro Social dice que el importe de la pensión de viudez no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del ramo de los seguros del IVCM, luego entonces ¿por qué en lo que se refiere a aguinaldo existe un trato desigual?, ya que los pensionados en IVCM tienen derecho a un aguinaldo de un mes como lo podrán revisar en el artículo 167, en su último párrafo, que a la letra dice: "El instituto otorgará a los pensionados comprendidos en este capítulo, un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad del importe de la pensión que perciban".
No encontrando razón alguna para este trato distinto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 constitucional, en su fracción II y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, presenta a su consideración la modificación a la fracción IV del artículo 65 y la modificación al último párrafo de la fracción VI del artículo 71 de la Ley del Seguro Social:
SECCIÓN TERCERA
De las prestaciones en especie
Artículo 65...................................................................................................
IV. El instituto pagará a los pensionados por incapacidad permanente total y parcial con un mínimo de 50% de incapacidad, un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad del importe de la pensión que perciban.
Artículo 71...................................................................................................
VI. .................................................................................................................
A las personas señaladas en las fracciones II a VI de este artículo, así como a los ascendientes pensionados en los términos del artículo 73, se les otorgará un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad del importe de la pensión que perciban.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a 8 de junio de 1994. - Diputado Rafael Morgan Alvarez. - Rúbricas.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
LEY FEDERAL DE TURISMO
El Presidente:
En seguida se concede el uso de la palabra al diputado Marco Antonio García Toro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Turismo; al terminar hará una excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Social.
El diputado Marco Antonio García Toro:
Gracias, señor Presidente:
«Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Recordando que la declaración de Manila sobre el turismo mundial (1980) afirmaba, que el derecho al turismo, debe concebirse en armonía con las prioridades, las instituciones y las tradiciones de cada país, supone para la sociedad el deber de crear para el conjunto de ciudadanos las mejores condiciones prácticas de acceso efectivo y sin discriminaciones a este tipo de actividad.
Habida cuenta de que en México existe una comunidad de más de 8 millones de personas directamente afectadas por discapacidades físicas, sensoriales o mentales, y que estas personas están en gran parte impedidas de disfrutar de las posibilidades que se ofrecen en materia de turismo y viajes, sobre todo cuando las instalaciones están generalmente concebidas para su utilización por personas en pleno uso de sus facultades físicas.
Conscientes de que gracias a la educación y a la tecnología, así como el aumento de los imperativos sociales y económicos, los discapacitados se están integrando cada vez más a las actividades sociales, económicas y culturales, en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad, asimismo es deseo de este gran núcleo de ciudadanos disfrutar individual o colectivamente, de las posibilidades que se ofrecen en materia de turismo y viajes, junto con todos los turistas con discapacidad o sin ella, incluidos los miembros de sus propias familias.
Haciendo eco de los objetivos del decenio de las personas con discapacidad declarado por la Organización de las Naciones Unidas (1983 - 1992), que adopta el programa de acción mundial para las personas con discapacidad, donde se propone la adopción de normas encaminadas a asegurar la igualdad de oportunidades de los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidades con el resto de la población.
Tomamos como propias también las recomendaciones que han adoptado otras organizaciones sobre el particular, como la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional, para que se mejore el acceso de los ancianos y de los pasajeros con discapacidad a los medios de transporte aéreo y marítimo, conocedores de que la consecución del pleno acceso de las personas con discapacidad a los viajes y al turismo será beneficioso a la larga para el sector operacional del turismo.
Proponemos la adopción de normas cuyo objeto particular será garantizar la igualdad de oportunidades en el goce de la prestación de servicios turísticos a esta comunidad de personas con discapacidad.
En tal virtud y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Turismo.
Artículo único. Se adiciona la fracción X al artículo 2o., se adiciona una cuarta definición al artículo 3o. y se agrega un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 28, para quedar como siguen:
Artículo 2o.............................................................................................................
X. Garantizar a las personas que padecen de una discapacidad física, sensorial o mental, la igualdad de oportunidades con los turistas en general, en el goce y la prestación de servicios turísticos.
XI. En general, la realización de todas la obras y la ejecución de todos los actos tendientes a que todo el sistema turístico nacional propicie su aprovechamiento, asegura todas las facilidades de acceso, permanencia, goce y seguridad de las personas con discapacidad.
Artículo 3o............................................................................................................
Persona con discapacidad. A quien debido a la pérdida o anormalidad de una estructura o función sicológica, fisiológica o anatómica, sufre
la restricción o ausencia de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.
Artículo 28............................................................................................................
I a la IV...................................................................................................................
Garantizar que estas obras y las existentes, aseguren las mejores facilidades de acceso, permanencia, goce y seguridad de las personas con discapacidad.
Señor Presidente: atentamente solicito a usted instruya a la Secretaría para que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Turismo de esta Cámara de Diputados.
Por su atención, muchas gracias.
Atentamente.
Salón de sesiones, a 8 de junio de 1994. - Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, LV Legislatura diputados Salvador Abascal Carranza, Marco Humberto Aguilar Coronado, Benigno Aladro Fernández, José Antonio Alba Galván, Gonzalo Altamirano Dimas, Ana Teresa Aranda Orozco, Joel Arce Pantoja, Daniel José Ávila Aranda, Emilio Badillo Valseca, Andrés Barba Barba, María del Carmen Bolado del Real, Luis Felipe Bravo Mena, Juan Enrique Caballero Peraza, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Juan Luis Calderón Hinojosa, Rafael Castilla Peniche, Alfredo Castillo Colmenares, Juan de Dios Castro Lozano, Daniel de la Garza Gutiérrez, Hiram Luis de León Rodríguez, Lucas Adrián del Arenal Pérez, José Luis del Valle Adame, José Luis Durán Reveles, Miguel Ernesto Enciso Clark, Jorge Tomás Esparza Carlos, Fernando Estrada Sámano, Luis Fernández Vega, Humberto Pedro Flores Cuéllar, Arturo Fuentes Benavídez, Napoleón Gallardo Ledezma, Francisco Gárate Chapa, Marco Antonio García Toro, Miguel Gómez Guerrero, Fernando Francisco Gómez Mont Urieta, Rubén Raymundo Gómez Ramírez, José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, Luis González Pintor, José de Jesús González Reyes, Alejandro Gutiérrez de Velasco Ortiz, Fauzi Hamdan Amad, María Cristina Hermosillo Ramírez, José Raúl Hernández Ávila, Juan Huesca Pérez, Sergio César Jáuregui Robles, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Ricardo Alfredo Ling Altamirano, Salvador López Sánchez, Julio Eustaquio López Valenzuela, Alberto Loyola y Pérez, Fernando Lugo Hernández, Alfredo Lujambio Rafols, Pedro Macías de Lara, Lydia Madero García, Víctor Manuel Martínez Fourcans, Joaquín Martínez Gallardo, Alberto Miguel Martínez Mireles, Quinardo Meléndrez Montijo, Salomón Miranda Jaimes, Rafael Gilberto Morgan Alvarez, Arturo Núñez Pardo, Víctor Martín Orduña Muñoz, Hugo Sergio Palacios Laguna, Francisco José Paoli Bolio, Héctor Pérez Plazola, Germán Alberto Petersen Biester, Francisco Portela Santana, José de Jesús Rafael Puga Tovar, Luis Alberto Rejón Peraza, Manuel Rivera del Campo, José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, Concepción Trinidad Rosas de la Luz, Francisco Javier Salazar Sáenz, María Guadalupe Salinas Aguila, Francisco Salinas Aguilar, Jorge Sánchez Muñoz, Luis Silverio Suárez Ancona, Roderico Tapia Ruiz, Patricia Terrazas Allen, Eduardo Constantino Torres Campos, Arturo Torres del Valle, Luisa Urrea Beltrán, Arnulfo Vázquez Ramírez, Raúl Velasco Gómez, Diego Velázquez Duarte, Esteban Zamora Camacho, Gilberto Zapata Frayre, Diego Heriberto Zavala Pérez y Jorge Zermeño Infante.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Turismo.
Tiene la palabra el diputado Marco Antonio García Toro, quien hará una excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Social.
El diputado Marco Antonio García Toro:
Señor Presidente de la Cámara de Diputados Presente:
Señor Presidente: el día 31 de mayo solicité a usted, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de esta LV Legislatura, que en los términos del artículo 21, fracción XVI, hiciera usted una excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Social, para que emitieran el dictamen correspondiente a la iniciativa de ley mediante la cual se propone la creación del instituto nacional de pro personas con discapacidad, presentada por el de la voz el día 20 de abril de 1994.
En los términos del artículo anteriormente citado, pedimos a usted emplace para día determinado a las comisiones para que dictaminen,
debido a que por segunda ocasión han hecho caso omiso a los dispuesto en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a la excitativa girada por esta Presidencia el día 31 de mayo.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Como lo solicita el diputado Marco Antonio García Toro, se emplaza a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Social, para que en el término de los próximos 10 días se cite a una reunión de estas comisiones y que dictaminen sobre la iniciativa presentada por el diputado Marco Antonio García Toro.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
El secretario Juan José Bañuelos Guardado:
«Ciudadanos miembros de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me es muy grato enviar a ustedes el informe de esta institución, correspondiente al período mayo de 1993 - mayo de 1994.
El informe consta de 5 mil 83 páginas impresas, incluyendo sus 20 anexos integrados en cinco tomos, y contiene los elementos y características que establece el artículo 53 de la citada ley.
Sin otro particular, reitero a ustedes las muestras de mi más atenta y distinguida consideración.
México, D. F., a 3 de junio de 1994.
El presidente de la Comisión Nacional, licenciado. Jorge Madrazo.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: Para formular una proposición, se concede el uso de la palabra a la diputada Evangelina Corona Cadena, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Evangelina Corona Cadena:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; honorable Asamblea:
Nuevamente pasamos a esta tribuna con la inquietud de poner ante la Asamblea un punto de acuerdo con relación a los discapacitados.
La semana pasada, en la sesión anterior también, compañeros diputados presentaron la iniciativa, y eso nos hace y nos inspira la confianza de que vamos a encontrar alguna respuesta positiva, ya que hay coincidencia en lo que proponemos unos y otros y creo que es un clamor conjunto de todos los diputados de esta LV Legislatura.
El proyecto de punto de acuerdo sobre modificaciones y adiciones al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, para garantizar los derechos de los discapacitados en dicha materia. La población discapacitada de México: los ciegos, los sordos, los deficientes mentales, paralíticos cerebrales, los poliomielíticos, amputados, entre otros, todos conocemos que esa serie de incapacidades no solamente son de niños, sino que son de adultos, por lo cual, consideramos que es necesario y ahí empieza nuestra preocupación y lo hacemos público. Estos hombres y mujeres viven hasta la fecha una marginación histórica, con fuertes rezagos en la aplicación de justicia social, a pesar de ser una parte amplia de ciudadanía mexicana, estimada por la Organización Mundial de la Salud en alrededor de 10 millones de personas con discapacidad, tienen la necesidad de luchar cotidianamente por su integración plena a la vida social y productiva de la nación.
En el Distrito Federal, en el área conurbada se da la mayor concentración de personas discapacitadas; sin embargo, este numeroso grupo no cuenta con las consideraciones específicas en materia de tránsito, que le permita un libre
desplazamiento por el territorio en condiciones de seguridad. Las condiciones de accesibilidad y seguridad que requieren las personas con discapacidad son relativamente sencillas; no obstante, el desconocimiento profundo de sus necesidades específicas ha hecho que éstas se encuentren omitidas en el Reglamento de Tránsito, el cual es el instrumento ideal para contemplar las atenciones y consideraciones que todo servidor y ciudadano deben observar para crear el medio ambiente adecuado que les garantice el libre tránsito, y por consecuencia, la integración plena en igualdad de oportunidades a este grupo social.
Como hemos dicho, las necesidades de las personas con discapacidad son específicas y la mayoría de ellas no requieren de un gasto significativo, sino de la simple disponibilidad y voluntad de nuestras autoridades en materia de tránsito.
Así es que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, como mencioné hace un momento, todos hemos de una u otra manera presentado iniciativas, por lo que elevamos el siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Único. Esta soberanía se pronuncia por invitar de manera respetuosa a la honorable Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para que se aboque al estudio y análisis del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, y de considerarlo oportuno, realice las modificaciones y adiciones a dicho reglamento que considere pertinentes y que pueda ofrecer una respuesta concreta a la problemática de las personas con discapacidad en materia de tránsito, ello en función del pleno ejercicio de sus facultades y en el ámbito de la competencia que le ha sido conferida a tan importante organismo de representación popular.
Dejamos a la Secretaría este punto de acuerdo, firmado por el diputado Juan Hernández Mercado y por la diputada Evangelina Corona. Muchas gracias.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto?
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul):
Para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, señor diputado, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Señor Presidente; honorable Asamblea:
No dudamos de la buena fe y de la bondad del contenido del punto de acuerdo que propone aquí la compañera diputada, muy querida por todos nosotros, doña Evangelina Corona. Sin embargo, me surge la duda de, aun cuando el contenido del punto de acuerdo está redactado en una forma muy comedida, entendería yo que hay un principio varios procesos parlamentarios tendientes a cumplir con el objetivo que aquí se pretende tutelar por un lado. Por otro, no creo que tengamos nosotros facultades para enviar una excitativa a otro órgano colegiado, otro órgano en el que por cierto el Partido de la Revolución Democrática tiene representación y podría derivar su inquietud o su iniciativa por medio de sus representantes legal y constitucionalmente acreditados.
Luego entonces, no creo que proceda el punto de acuerdo; creo que tenemos diversos procesos parlamentarios en camino; creo que hoy se sumen más procesos parlamentarios a los que la fracción parlamentaria de mi partido presentó el día de ayer en cantidad de nueve y otros más que el diputado García Toro había presentado con anterioridad, el mismo que presenta el día de hoy, los que presenta el Partido de la Revolución Democrática. No creo que el punto de acuerdo sea prudente, ni creo que pueda proceder, por lo que ya he dicho con anterioridad. Gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea...
El diputado Juan Hernández Mercado (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Hernández.
El diputado Juan Hernández Mercado:
Gracias, señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros diputados:
Es cierto lo que el compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional acaba de mencionar. Pero también en consecuencia de ello, creemos prudente retirar la propuesta a fin de que se canalice. Pero sí quisiera dejar constancia de que es realmente una preocupación de que la Asamblea de Representantes, se interiorice en esta problemática y que se avance en la solución. Entonces, en base a ello la retiramos, pero vamos buscando los buenos oficios que sí podemos desarrollar para que esto avance. Gracias.
DÍA DE LA LIBERTAD DE PRENSA
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra para formular una proposición, el diputado...
Continuando con el orden del día, para hacer comentarios sobre el Día de la Libertad de Prensa, se le concede el uso de la palabra al diputado Florencio Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Por no estar en la sala, continuamos concediéndole el uso de la palabra al diputado Elpidio Tovar, del Partido... Tampoco se encuentra. Entonces vamos a cederle ahora el uso de la palabra al diputado Javier Colorado Pulido, para hacer comentarios sobre el Día de la Libertad de Prensa.
El diputado Javier Marcelino Colorado Pulido:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Haciendo una retrospectiva histórica en tomo a la libertad de expresión, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos que a partir de 1975 se vislumbraba una apertura por parte del Gobierno hacia la participación social en el desarrollo de una expresión más libre, sin intimidación y sin voces perjudiciales.
No obstante el proceso ha sido lento y tuvieron que realizarse cierto tipo de acontecimientos que han conmovido no soló a la población nacional, sino a la del mundo entero.
Para que se permitiera una mayor apertura para la expresión de ideas, que día a día se transmiten a través de los medios de comunicación masiva, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quiere hacer un reconocimiento el Premio Nacional de Periodismo de 1994, la reportera del periódico La Jornada, Blanche Petrich, una mujer de gran profesionalismo, de inteligencia analítica y capaz de transformar en letras sutiles la experiencia de sus vivencias en cualquier momento de su vida como periodista, como mujer, ante todo como ser humano sensible ante nuestra realidad. Su experiencia nos transmite una forma de concebir la objetividad de los acontecimientos que al plasmarlos en letra, enriquece nuestro entendimiento.
Este premio es significativo por quien lo recibe porque abre una expectativa que muchos mexicanos estamos deseosos de recibir a través de los medios de comunicación.
La prensa, la prensa escrita, objetiva, coadyuva a la libertad de información; libertad significa debate abierto, pero no sólo debate en el ámbito político, sino en el ámbito social, en el cultural y en definitiva, en cualquier espacio de la convivencia.
De igual manera la información emitida radiofónicamente, ha permitido formar mentes y voces sin prejuicios, retando a la complejidad que en cierta forma presenta la información; cada vez más se aleja de la verdad oficial que en muchas ocasiones han manchado esta garantía constitucional.
No obstante, debemos de aceptar, que cuando se manipulan los medios públicos de comunicación, se está atentando contra la libertad de opinión de los ciudadanos, se restringe su capacidad de elegir, también se manipula su
mente y en consecuencia, daña su capacidad de discernimiento. No es posible la existencia de la libertad de opinión cuando se mediatizan las condiciones para elegir entre distintas informaciones. Y el ejemplo más claro lo vemos en aquella información emitida por la televisión privada que podríamos concebirla como una manipulación monopolizada. Si bien es cierto que han logrado una gran red de intercomunicación con el mundo, su veracidad oficial es de tira - línea y su amarillismo a ultranza, convoca a idiotizar a las mentes que buscan objetividad. En el medio televisivo donde se encuentra el atraso más palpable de la libertad de expresión, ya que se concentra, como lo mencionamos anteriormente, en el poder de unos cuantos, limitando así el desarrollo cultural, político y económico a la convivencia de los mismos.
Se observa la necesidad de implantar nuevos programas que sean veraces y fomentar nuevas ideas. La experiencia más reciente la vivimos con el debate de candidatos, promovido a través de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, meramente impuesto a la televisión privada como una forma de hacer entender que la televisión ahora es un instrumento de la vida cotidiana y que es necesaria la objetividad sin oficialismo, que el pueblo de México requiere hoy más que nunca.
Recordamos que los medios de comunicación, en su conjunto, representan un pilar de la libertad política. De ahí las descalificaciones que reciben quienes se sienten denunciados cuando desempeñan su responsabilidad de defender las libertades.
Sin embargo, a veces se produce un cierto desfase entre esa disposición a defender las libertades públicas y el cumplimiento de los deberes informativos, incluso, en algunos medios se observa la tendencia de opacar los argumentos parlamentarios que emiten los partidos minoritarios, resaltando en los medios lo que apunta la mayoría única en el Congreso.
Es menester señalar que los medios de comunicación juegan un rol primordial y representan el cuarto poder; por las tendencias que marca el rumbo de buscar la interactuante.
La realidad a la que pertenecemos todos en conjunto y ante la necesidad de alcanzar los grados más altos de civilización que confecciona el entendimiento de las distintas maneras de pensar de los mexicanos, debemos de reconocer que gracias al desafío de los medios de comunicación contra la imposición oficial, ha dado pauta a que la democracia y la realidad nacional aparecieran en la escena política. Cuestión que hasta hace poco, podríamos decir que desde julio de 1988 había permanecido intocable, pese a la importancia que revestía.
Para muestra basta un botón. La experiencia informativa como producto del levantamiento armado en Los Altos de Chiapas, permitió que muchos mexicanos abriéramos los ojos que habían sido ofuscados por el hipnotismo neoliberal al que habían sido sometidos, para enfrentar una realidad difícil de ocultar ante la arremetida de políticas de crecimiento económico sostenido, más no sustentable, que ha sumido en la miseria a millones de mexicanos.
Víctor Urquidi, economista e investigador del Colegio de México, menciona el día de anteayer, en una conferencia sobre el manejo sustentable y pobreza en la que la universidad, que según cifras para 1994, de 93 millones de habitantes que tiene nuestro país, 16 millones de personas, 3 millones de familias, se encuentran en la miseria, y 42 millones, 8 millones de familias se encuentran en la línea de la pobreza moderada, es decir, 58 millones de mexicanos no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas, sin excedentes que les permitan llevar una vida decorosa.
Pero éstos son los datos más conservadores que se cuenten en la investigación, ya que de acuerdo a otros variables que se consideran en los estudios reflejan que el 70% de los mexicanos se ubican en el índice de la marginidad.
Bajo este mismo contexto nos permitimos enfatizar que en el proceso electoral que vivimos en estos momentos, lo más importante es: ¡la igualdad de acceso a todos los partidos políticos en los medios de comunicación!
Las experiencias basadas en todos los comicios apuntan a un factor productor y publicitario en beneficio de un solo partido político, mientras que los demás partidos fueron desplazados. Ciertamente estamos obligados a responder a la sociedad democráticamente en estas elecciones federales, el espacio está abierto y el cambio mundial lo está exigiendo.
¡Los medios de comunicación por consecuencia deben abrir aún más sus espacios informativos para toda la población en el marco de la democracia!
Asimismo nos permitimos, bajo los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que esta Presidencia excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que dictamine las reformas que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana presentó en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y el día de ayer, ustedes lo saben, se habló de este artículo, precisamente.
Es inconcebible que esta iniciativa, que se torna más actual, más vigente, hoy más que nunca siga permaneciendo en "la congeladora" de dicha Comisión, porque es precisamente ahí donde expresamos nuestra voluntad para que los partidos políticos tengamos el apoyo de los medios de comunicación social para la difusión de nuestras ideas en todos los ámbitos, además de la protección que los informadores sociales deben tener respeto de las ideas políticas que propalen, pero aún más: porque garantizara el derecho a la información, que contribuye a demostrar la base firme de la vocación democrática de la nación y fomentar la transmisión en los medios visuales informativos de la labor que realiza el Poder Legislativo.
Compañeros legisladores: hoy más que nunca necesitamos reivindicar el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión, para que de manera integral contribuyamos al ejercicio más objetivo de todos los mexicanos. Debemos de contar la retroalimentación de ideas bajo el marco democrático.
En suma, los medios de comunicación deben permitir la oportunidad igualitaria para todos los partidos políticos, de corresponder a la sociedad no bajo falacias, tergiversando la información que sólo provoca denigrar la imagen no sólo de un candidato o de un partido político, sino del propio sistema político mexicano, ante nuestra sociedad y ante el mundo entero. La información no debe ser estatizada, porque rompe con el contexto histórico de la libre expresión.
Y aprovecho la ocasión para conminar desde esta tribuna a los medios de comunicación, que sean los que abran la filosofía democrática que hoy más que nunca requerimos como nación. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, del Día de la Libertad de Prensa, se concede el uso de la palabra al diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Celebramos todos los partidos políticos y el pueblo de México el Día de la Libertad de Prensa. Esta celebración tiene que recordar los grandes episodios de la humanidad para conquistar la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, porque la libertad de prensa es parte de la libertad de expresión.
Es verdad que los grandes periodistas han contribuido a esta conquista histórica. En México, Fernández de Lizardi, el Pensador Mexicano; Francisco Zarco, Filomeno Mata, dieron su inteligencia periodística a la nación y al pueblo de México y contribuyeron a abrir los espacios para que las ideas circularan con libertad. La libertad de pensamiento y de expresión es una de las conquistas revolucionarias.
Cuando la ilustración habló de los derechos del hombre, reflejaba una nueva etapa histórica, la etapa del ascenso de una nueva clase social en el escenario del mundo: la burguesía revolucionaria.
Fue un salto histórico la conquista de la libertad de pensamiento, la libertad de investigación o como se decía en aquel tiempo: el libre examen, contra las trabas del sistema feudal de todo carácter; trabas en la producción económica, trabas en el comercio, trabas en el trabajo y trabas en la circulación de las ideas.
Hubo que dar batallas cruentas para conquistar ese derecho. Diríamos que hay héroes en la historia de la humanidad, héroes del pensamiento, mártires de la ciencia.
Es útil recordar cómo la clase revolucionaria que irrumpió desde la época del renacimiento, tuvo que enfrentarse a poderes incontrastables en la vieja Europa del sistema feudal. Es muy emocionante, distinguidos legisladores, estar en la biblioteca de la Universidad de Salamanca
en España, tener el privilegio de ver los manuscritos de personalidades tan destacadas como Fray Luis de León, como el Arcipreste de Hita y volúmenes de Erasmo de Rotterdam.
En la biblioteca de Salamanca, hay un volumen que contiene los Adagios de Erasmo de Rotterdam; la Inquisición censuró diversos párrafos y hay enormes manchas de tinta en las páginas de ese libro extraordinario de Erasmo de Rotterdam, quizá los medios modernos puedan rescatar esos textos o quizá están perdidos para siempre por un instrumento al servicio de las clases privilegiadas de aquel tiempo, especialmente de un clero oscurantista que tenía miedo a las nuevas ideas. Da pena recordar como en 1559 el papa Pablo IV prohibió totalmente la difusión de la obra de Erasmo de Rotterdam y claro, el autor fue perseguido, pero su aportación a la historia de las ideas nuevas es extraordinaria y merece el reconocimiento eterno de todos los hombres.
Naturalmente que la burguesía revolucionaria que surgió proclamando los derechos del hombre, entusiasmada proclamó que las libertades de todo orden bastaban para que la riqueza se produjera a raudales, para que los hombres pudieran volar con su pensamiento, para que los escritores pudieran ser libres como las olas de un mar embravecido. La burguesía revolucionaria predico la libre competencia en todos los aspectos de la vida, sin embargo, esta libre competencia condujo a nuevas desigualdades, a la concentración de la riqueza, al monopolio de los bienes, y también, por qué no decirlo, al monopolio de las ideas.
Cuando las Cortes de Cádiz en 1913 abolieron la Inquisición, escribieron en su Resolución esta idea o estas ideas que resuenan todavía en nuestra conciencia y que adquieren actualidad: "La ignorancia de la religión, dijo la Resolución de las Cortes de Cádiz, el atraso de las ciencias, la decadencia de las artes, del comercio, de la agricultura, de la despoblación y la pobreza en España procedían en gran parte del sistema de la inquisición.
Esta burguesía revolucionaria creyó que bastaba con proclamar los derechos del hombre para que esos fueran una realidad; esta burguesía revolucionaria consideraba que inclusive el origen del Estado estaba en los derechos del hombre y la finalidad del Estado eran los derechos del hombre, así lo dijo la Constitución de 1857: igualdad ante la ley, supresión de los fueros, sufragio universal, reconocimiento a la soberanía del pueblo, eran las bases para construir una nueva sociedad y un nuevo Estado con base en lo que se conoce como la democracia.
La doctrina de los derechos pues fue un salto cualitativo frente a los dogmas y a la intolerancia.
Ahora bien, permítanme diputados que haga una pregunta tal vez extraña para muchos, ¿existe la libertad de expresión y la libertad de prensa, en realidad?
Tenemos un artículo 6o. reformado, inclusive para garantizar el derecho a la información, pero hay que preguntarnos si es una proclama vacía o es una realidad. Desde el Constituyente de Querétaro se reconoció que no bastaba con proclamar los derechos del hombre si no había mecanismos para que éstos se convirtieran en una realidad y no en un simple anhelo.
Hombres tan preparados y avanzados con José Natividad Macías en el Congreso de 1916 - 1917, llegó a declarar que las constituciones no necesitan precisamente proclamar derechos así, sino garantizar de manera completa y absoluta la manifestación de la libertad; es decir, por eso la Constitución de 1917 habla de las garantías individuales.
No proclama simplemente los derechos humanos como la Constitución de 1857, y no proclama las garantías individuales, derechos que deben ser garantizados por el Estado, entonces la libertad de expresión que debe garantizar el Estado.
Si no es así, la libertad de prensa, diputados queda en una simple declaración, pero no en una realidad elocuente que cobije la conciencia de todos los hombres y que contribuya a acelerar el advenimiento de nuevos sistemas para la felicidad del pueblo.
Quienes pueden pagar la publicidad y la difusión de las ideas tiene libertad de expresión, pero quienes no pueden hacerlo, carecen de esa prerrogativa en la práctica. Para que haya democracia es necesario que exista una competencia entre iguales, de nada sirve que el artículo 41 de la Constitución de la República diga que los partidos políticos son instituciones de interés público, si a la hora de la verdad es
el poder económico el factor que derriba valladares a fin de que las ideas de las fuerzas poderosas sean las que teja a sus anchas.
La reforma al artículo 6o. de la Carta de Querétaro en el sentido de que el derecho a la información será garantizado por el Estado, fue un avance, pero sólo en la letra, porque mientras no se reglamente ese mandato vacío; el derecho a la información es doble, el pueblo y sus organizaciones tienen el derecho de ser informados, pero también poseen el derecho de informar.
Alguna vez, y que me perdonen los periodistas si menciono este hecho, alguna vez discutí con colegas periodistas sobre el problema del derecho a la información. Algunos de ellos expresaban: ninguna empresa periodística está obligada a difundir ideas que no comparte, son empresas que tienen intereses concretos y tienen todo el derecho de difundir sólo las ideas que conviene a esos intereses.
Yo repliqué: es verdad, se mueven intereses en la prensa, se mueven intereses en el radio, en la televisión, pero precisamente ahí está la garantía que debe ser cumplida. Los señores dueños de las empresas periodísticas, los señores dueños de la radio y la televisión pueden difundir las ideas que compartan, pero tienen una obligación simple consagrada en la Constitución: informar. De esa obligación ningún empresario de estos medios de comunicación debía quedar exculpado o exento.
Hemos dicho, lo he reiterado el Partido Popular Socialista, lo dijo el día de ayer nuestra candidata a la presidencia de la República, la maestra Marcela Lombardo Otero: el derecho a la información, el derecho a expresar las ideas es un derecho social, no tan solo individual; corresponde a los partidos políticos, corresponde a las organizaciones sociales. Diría yo: tiene tanto rango como los artículos claves de la Constitución General de la República.
Señores diputados: si realmente nosotros queremos pelear porque la libertad de prensa sea una realidad y no un mito, tenemos que contribuir todos con nuestro valor y nuestro pensamiento para establecer normas que precisen los mecanismos para que ese derecho a la información, que es un derecho social, sea una realidad y los medios de comunicación cumplan con este mandato constitucional.
Señores diputados, amigos periodistas, la libertad de prensa es una fiesta nacional e internacional, pero no es la fiesta de todos los pueblos ni la fiesta de todos los pensadores, porque hay pueblos a los que se les cierra la puerta para decir su verdad y hay pensadores que encuentran mil valladares para difundir sus ideas, que la libertad de prensa sea una realidad y no un mito, y que el derecho a la información en un futuro próximo, sea garantizado totalmente por el Estado mexicano. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Elpidio Tovar, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
A principio de los años 50, con un banquete ofrecido por los directivos de los medios impresos al Presidente de la República, el 7 de junio, quedó instituido en nuestro país como El Día que la Libertad de Prensa.
Este peculiar acontecimiento, por llamarlo de algún modo, es apenas un reflejo de lo que han sido las relaciones entre el poder público y los medios de comunicación masiva, caracterizadas en tiempos remotos por la censura previa la persecución política y sólo de manera excepcional la acotación.
Estas relaciones pasaron a regirse contemporáneamente por mecanismos de control más depurados y sutiles.
Pese a ello, el ejercicio crítico del periodismo, por fortuna cada vez más extendido, no ha dejado de estar expuesto a los riesgos de la agresión cobarde. Elocuente ejemplo de ello es sin duda el artero asesinato del columnista Manuel Buendía.
Más aún, el día de ayer, 7 de junio, fue ensombrecido por el asesinato cometido a la víspera, en Cuernavaca, de Jorge Marín Dorantes, directos que se había venido significando por su orientación crítica. El PRD lamenta este
crimen y exige su pronto esclarecimiento y es castigo a los culpables materiales e intelectuales.
El Gobierno hasta ahora ha dado muestras palpables de su incapacidad para garantizar la seguridad del ejercicio para garantizar la seguridad del ejercicio de la libertad periodística.
Con motivo de conmemorarse, precisamente el día de ayer El Día de la Libertad de Prensa, ocupamos hoy esta tribuna para hacer algunas consideraciones al respecto, lo hacemos convencidos de que la existencia de mecanismos para una comunicación de masas imparcial, veraz, plural y oportuna, es requisito indispensable para el desarrollo de la real y profunda democracia que el país requiere y demanda.
Como se sabe, los conceptos a los que el Constituyente de 1917 consagró en los artículos 6o, y 7o. de nuestra Carta Magna, surgieron en las postrimerías del Siglo XVIII, fuertemente ligados a una lucha contra los estados absolutistas que abrió paso a nuevas formas de organización social y política; fueron entonces los órganos periodísticos verdaderas tribunas para el debate público, político y doctrinario.
En realidad, el concepto de libertad de expresión; es decir, la libertad esencial para que los seres humanos puedan transmitir sus propias ideas; es la base de la libertad de hacerlo a través de lo que fue en su tiempo el medio de comunicación más importante: la prensa, periódico.
En nuestro país el reconocimiento que la legislación decimonónica hace de las libertades de expresión y prensa, coincide con la existencia de un periodismo que a través de sus polémicas, criticas y posturas, refleja la búsqueda del modelo de organización política para el México independiente.
Sin embargo, pese a que con el correr el presente siglo, esta búsqueda termina y se consolida un nuevo modelo de comunicación de masas, en nuestra legislación las normas referidas a los conceptos antes citados continuaron siendo prácticamente las mismas. En este sentido mención especial merece la Ley de Imprenta, cuyo anacronismo se hace no sólo presente por su contenido mismo, sino por sus omisiones. En decir, no hay referencia alguna a cuestiones que definen al periodismo contemporáneo, como serían todos los elementos relacionados con su actividad comercial.
Desde luego, podría decirse que la libertad de expresión no se coarta si cada quien puede decir lo que guste con la sola limitación de los derechos de los demás. No obstante y en nuestro tiempo y desde años esta libertad se encuentra estrechamente ligada a los medios indispensables para ejercerla, no basta pues la mera garantía de poder expresar nuestras ideas a través de la manifestación oral o escrita si no se cuenta con la posibilidad jurídica y material de dar a tales ideas la trascendencia que sólo a través de la amplificación de los medios masivos puede alcanzar.
De ahí que el concepto de libertad de prensa deba ser actualizado y complementado por el de libertad de comunicación, de tal forma que además de los impresos abarque a los medios electrónicos y en general a cualquiera que en el futuro pudieran surgir.
Mas siendo las anteriores libertades esencialmente individuales, el de la información es en la medida que tienen que ver con la garantía del pueblo y de la sociedad a disponer de una información completa, plural, imparcial y oportuna.
Como sabemos, ese derecho quedó establecido por la reforma política de 1977 en el artículo 6o. de la Constitución. La indefinida postergación de su reglamentación constituye un claro ejemplo de la complicidad gubernamental con los intereses monopólicos de esta manera sobrepuestos a los intereses más generales de la nación.
Al efecto se buscó contraponer la nueva garantía con la libertad de expresión, contenida en el mismo artículo 6o., nada más falso. Una y otra se complementan y limitan mutuamente. Los ciudadanos tienen derecho a conocer sus expresiones. De la misma manera, los medios de comunicación tienen derecho a usar el espacio aéreo nacional y los recursos técnicos de que disponen, con una libertad que sin embargo tiene los límites del derecho social a la información.
Por otra parte, las posibilidades de acceso real a los medios de comunicación y el desempeño de éstos en un período tan importante de la vida del país como es el que se relaciona con los comicios, constituyen sin duda elementos esenciales para calificar la legitimidad democrática de los procesos electorales.
En efecto, en la medida en que en una contienda todos los participantes tengan las mismas posibilidades de acceso a los medios impresos y electrónicos y sean tratados equitativamente en sus espacios noticiosos, esta contienda puede o no tener un carácter democrático.
A la luz de lo hasta aquí expuesto, quisiéramos ahora referirnos a algunos puntos de una agenda legislativa que en materia de comunicación a nuestro juicio resulta relevante e inaplazable.
Uno de los aspectos más importantes de esta agenda es sin duda el que tiene qué ver con los anacronismo insuficientes, dispersión y contradicciones internas de las que adolece la legislación en la materia. Es necesario pues considerarla como un todo y armonizar sus trazos principales, de tal forma que no contradigan ni rebasen las disposiciones constitucionales.
En este sentido desde luego deben ser establecidos los mecanismos para que la sociedad pueda ejercer efectivamente su derecho a la información. Igualmente impostergable resulta el establecimiento del derecho a la rectificación como un aspecto esencial, para que las partes involucradas se puedan hacer oír en igualdad de circunstancias mediante normas precisas e ineludibles.
Por otra parte, y siendo el monopolio de los medios la principal amenaza moderna a la libertad de expresión y de comunicación, así como al derecho a la información, el marco jurídico debe desestimular la concentración de la propiedad o manejo de estos medios, en particular es necesario abrir la radio y la televisión a la participación de instituciones y agrupaciones de interés público, así como a cooperativas y asociaciones civiles.
Por lo demás, habría que terminar con la discrecionalidad y el trato preferencial que hasta ahora prevalecen en aspectos como el otorgamiento y refrendo de las concesiones y permisos y, en general, en la calificación de las infracciones. De ahí que el tiempo fiscal debe ser eliminado dada su incongruencia con el régimen jurídico, obligando a los industriales de la radio y la televisión a cubrir sus impuestos en la misma forma que el resto de los contribuyentes.
En lo que toca a los medios impresos, la legislación debe terminar mediante medidas efectivas con toda forma de soborno, presión o chantaje, garantizando también al gremio periodístico un salario remunerador y el pleno respeto a sus derechos laborales, en particular todas las dependencias gubernamentales deben quedar obligadas a anunciarse abierta y explícitamente sobre la base de una política sustentada en la cobertura real de cada órgano periodístico, terminando simultáneamente con los mecanismo que en la práctica controlan y limitan de manera selectiva su circulación.
Desde nuestro punto de vista y como lo expresamos en el programa de nuestro partido, se hace igualmente necesaria la creación de una Comisión de carácter nacional integrada por ciudadanos y especialistas de reconocida solvencia moral, con el fin de garantizar la justa y oportuna aplicación de las normas relativas a la libertad de expresión y comunicación, así como el derecho a la información.
Hoy mismo sabemos que un grupo significativo de profesionales de la comunidad coincide con nosotros en la necesidad de dar a estos problemas una solución de carácter colegiado.
Por último, en el plano electoral es urgente normar, sobre todo en tiempos de las campañas correspondientes, los contenidos y formatos técnicos de los programas noticiosos, tanto en la radio como en la televisión. Al efecto habría que establecer una serie de requisitos de observancia obligatoria, análogos a los lineamientos que a título de sugerencias el IFE envió el pasado 15 de febrero a los concesionarios de los medios de electrónicos; naturalmente nuestra propuesta evitaría las serias deficiencias de concepción y elaboración de las que adolecen dichos lineamientos.
En este mismo sentido, se hace indispensable que en tiempos electorales la publicidad gubernamental quede sujeta a límites muy precisos y a normas que atiendan al interés general y no a propósitos partidarios o de grupo. Saludamos los acuerdos a que en estas materias han llegado las fuerzas políticas en el IFE, si bien son limitados, responden parcialmente a una serie de planteamientos que nuestro partido hizo en esta misma tribuna en el otoño pasado. Mantenemos la exigencia de dar a este tipo de medidas el carácter obligatorio de ley.
Estas son, en síntesis, algunas de las propuestas que en una ocasión como esta hemos creído pertinente plantear, lo hemos hecho porque
para el PRD los derechos de la sociedad en materia de comunicación son fundamentales. Sabemos muy bien que estas posibilidades dependen de la disposición y responsabilidad de cada una de las fuerzas políticas para abrir camino a las transformaciones que nuestro país requiere y demanda; aunque como siempre, el papel principal corresponde a una sociedad civil cada vez más consciente de sus derechos, cada vez menos dispuesta a aceptar la alianza monopolios - Gobierno; en todo caso, hoy como ayer, el Partido de la Revolución Democrática quiere dejar constancia de que en este compromiso se asume como activo participante. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Dorantes, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En este día que celebramos o que conmemoramos el Día de la Libertad de Prensa, justo es recordar a los auténticos revolucionarios que lucharon por realizar este derecho constitucional que ya en la Constitución de 1857 estable escrito como una garantía social.
No podemos dejar pasar y recordar y traer a nuestra memoria a aquellos hombres precursores de la Revolución mexicana, como los Flores Magón, que lucharon en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, que había hecho escarnio de los derechos de los trabajadores.
Aquellos que lucharon con el periódico u órgano periodístico llamado Revolución Social, que sustentaba las ideas de los Flores Magón, como Ricardo, que luchó en contra de Porfirio Díaz, para darle a los trabajadores textiles un mejor salario y un trato justo.
El, Ricardo Flores Magón, que tuvo que salir, después de estar encarcelado en San Juan de Ulúa, diabético, sin poder obtener alguna medicina para su salud, tuvo que salir exiliado a Estados Unidos, en donde un esbirro del imperialismo norteamericano, lo ahorcó en la celda donde estaba recluido.
El periodismo, compañeras, compañeros diputados, no solamente ha luchado por la libertad de expresión; también ha luchado por el progreso de la humanidad en todos las épocas; ha luchado y ha sufrido persecuciones, tormentos y en la época medieval, la confiscación inclusive de sus bienes y la muerte de sus familias.
Por eso, creo que nos quedamos un poco cortos al mencionar de pasado solamente estas libertades, cuando en realidad esta gente, precursora de nuestra libertad, ha luchado y ha dado su sacrificio y su vida como los Flores Magón o como el cura Hidalgo, que luchó con El Despertar Americano, aquel periódico que hizo para hacer despertar precisamente al pueblo de México, que todavía no se liberaba del oscurantismo impuesto por el clero católico, explotador y medieval, que interpretaba y aplicaba los intereses españoles por 300 años en nuestra patria.
Por eso, quiero y vine, compañeros, para que recordemos que el sacrificio de esos hombres, como Ricardo Flores Magón, vivan en nuestra memoria y que recordemos que ese sacrificio no debe ser inútil y que debemos junto con los periodistas, luchar porque no sean conculcadas estas libertades y porque se respete la integridad física e intelectual de estos luchadores del pensamiento humano. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra, al diputado Florencio Salazar, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Florencio Salazar Adame:
Con su permiso, señor Presidente.
En el año de 1952 se estableció la celebración del Día de la Libertad de Prensa que hoy conmemoramos. La libertad de expresión en sustantiva de la democracia, de la democracia que es sustantiva de la libertad de expresión.
Podemos apreciar que en la historia de México, afortunadamente siempre hemos tenido medios de comunicación que ha desempeñado un papel francamente heroico cuando en México ha habido ausencia de libertades. Podríamos afirmar que la libertad de expresión ha ido
abriendo el camino de la democracia nacional, por eso hoy queremos rendir homenaje a quienes con su inteligencia, con su intelecto, con sus manos, hacen posible que no solamente perviva la libertad de expresión, sino que se engrandezca y cada vez sea un vínculo más sólido de unión entre los mexicanos y de comunicación, para conocer lo que hace la sociedad política y lo que hace la sociedad civil, como un puente indispensable para que sepamos hacia dónde vamos y cuál es el rumbo que tomamos para llegar a un destino en el que haya más justicia social.
Para nosotros, esta fecha es un signo de madurez política, porque es incuestionable que los medios han desarrollado aptitudes que mejoran las condiciones de la comunicación social. Ahora hay medios que tienen un carácter mucho más critico, que están más atentos al desenvolvimiento de la vida nacional y que sin sujeción de ninguna índole expresan de manera abierta lo que acontece en el país, lo que quieren los ciudadanos y que bien cuestionan también la obra gubernamental o a los propios hombres del poder público.
Creo que ésta es una muestra inobjetable de que no nos hemos estacionado en el camino de la democracia y que seguimos avanzando para que podamos nosotros ser la nación moderna a la que aspiramos y podamos tener los elementos de juicio indispensable, que al ciudadano le permitan contar con la información para determinar. Es evidente que sin información, los ciudadanos no pueden tomar decisiones trascendentes, es evidente que sin información estaríamos nosotros en una sociedad francamente atrasada.
El esfuerzo de la democracia nacional es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de todo el pueblo y es un esfuerzo también del Gobierno. Hay que abonarle a la conducta del Gobierno de la República, el que ha ido estableciendo condiciones indispensables y necesarias para que haya mejores medios de comunicación y para que los trabajadores de los medios se desempeñen no solamente con profesionalismo, sino también con veracidad.
Tenemos asuntos que resolver, por supuesto, que queremos que todos los medios sean plenamente independientes, que tengan actitudes críticas y serias, ése es un hecho; que queremos que la prensa no solamente se atenga a relatar anécdotas o a las notas de color que no solamente hable de hechos en función de las personas, sino que también haya una actitud más dispuesta a la investigación y al análisis para los lectores, en efecto, podamos tener orientaciones verdaderas.
Los medios de comunicación de masas, son sustanciales a la democracia y esto hay que repetirlo. Sería absurdo suponer siquiera, que estamos en una sociedad como la de hace 10, 20, 30 ó 50 años. Ahora la sociedad es más participativa y hemos de reconocer que hay un fenómeno de integración en órganos no gubernamentales, en órganos de la sociedad civil, en instrumentos que la propia sociedad se ha creado para que de esta manera el Gobierno, la sociedad política, esté atenta al reclamo de la población y con su acto de Gobierno, con su actividad cotidiana, se vaya obtenido el consenso indispensable para que haya solidez en las determinaciones públicas.
Yo quiero recordar aquí un testimonio que dio el periodista Antonio Hass, en uno de los actos conmemorativos al Día de la Libertad de Expresión, porque revelan la manera clara en que se vive en México esta libertad y la democracia que nosotros queremos mejorar.
Para ser justos con el gremio, no podemos dejar las estadísticas intactas: no todos los colegas que han sufrido atentados personales, asesinatos, murieron tan sólo por ser periodistas. Entre ellos debemos discernir con sumo cuidado entre los auténticos informadores y los que usaron su oficio como instrumento de chantaje.
Estas son también de las cuestiones que tenemos nosotros que corregir y que por supuesto quienes son los responsables de los medios deben de atender con prontitud, para que la libertad de expresión sea clara y para que la información también sea clara.
Dice Hass: que él, que inició sus labores en el periódico Excélsior, nunca ha recibido una instrucción para mutilar sus escritos, nunca una consigna, jamás ha sido objeto de presiones y que siempre ha actuado de acuerdo a sus conciencia y a sus convicciones personales.
Y cuando esto ocurre, porque hay trabajadores de los medios que desempeñan su función de manera responsable, se engrandece por supuesto la libertad de expresión. Porque, aquí
se ha dicho, que probablemente o que seguramente hay medios de comunicación que dependen del Gobierno, que están sujetos al subsidio y que los periodistas no actúan con la libertad que debieran hacerlo.
Nosotros decimos que cada quien es responsable de su libertad. Nosotros afirmamos que cada medio se desempeña de acuerdo a su convicción y que lo que no podemos exigir, es que donde no haya moral, haya ética periodística; que lo que no podemos decir, es que donde no haya una empresa dedicada a servir con puntualidad a la información que requiere la sociedad, no se desempeñe otro tipo de intereses. La libertad la ejercemos con responsabilidad y cada quien tiene el deber de asumir esa responsabilidad.
Nosotros queremos, compañeros diputados, dejar establecido que estamos receptivos a todas las propuestas que mejoren la libertad de expresión. Que ese derecho consagrado en el artículo 6o. constitucional se amplíe y le dé cobertura a todo el pueblo de México.
Queremos que en México haya más y mejor democracia; queremos que haya más y mejores libertades; queremos que haya más tolerancia, para que nos respetemos nuestros puntos de vista contrarios y podamos seguir avanzando en la consolidación de nuestro ser nacional.
Creemos nosotros sin embargo, y lo digo para concluir, que debemos de pensar, como lo hizo este extraordinario Presidente mexicano que fue don Adolfo Ruiz Cortines: ¡Que hace menor daño a la República el mayor de los excesos, que la más cuidadosa de las dictaduras! Muchas gracias.
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
El Presidente:
Para presentar una proposición sobre la Protección al Medio Ambiente, se le concede el uso de la palabra al diputado Servando Hernández Camacho, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día 5 de este mes se celebró el Día del Medio Ambiente. Hoy presentamos una proposición que esperamos sea aprobada por la Comisión y sea también, sobre todo, aprobada por los partidos.
El tema sobre la preservación de la biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos forestales, la protección de las cuencas hidrológicas y el medio marino, así como el derecho al desarrollo, toman gran relevancia en las postrimerías del presente siglo. A 22 años de la declaratoria del medio humano y a dos años de la cumbre de Río, singular importancia recobran aquellas regiones en donde la pobreza se arraiga, en donde los medios de subsistencia implican en ciertos casos el deterioro de los hábitats formados a través de millones de años y que a pesar de que sus condiciones edafológicas son precarias, han dado cabida a uno de los más grandes espectáculos que la naturaleza nos ha dado, como parte de un proceso en el cual el hombre puede llegar a visualizar el nivel de civilización al que hemos llegado.
Bajo este marco de ideas, es de todos conocida la importancia que tiene la preservación de la selvas tropicales del mundo, no sólo por el potencial que ofrece la oxigenación y rehidratación de las regiones mundiales, sino también por la vasta constelación de especies que albergan y el potencial del material biogenético, como consecuencia.
Se reconoce que las selvas representan el 7% de la superficie terrestre, pero dos terceras partes de las especies hasta ahora clasificadas, viven en los trópicos, además de que reciclan el 80% del agua dulce del mundo. Aunado a esto, también se reconoce que alrededor de 2 mil millones de personas viven en la zona tropical, en donde la tasa media de crecimiento anual es de 2.6%, lo que implica que este crecimiento está presionando el destino de las tierras forestales hacia tierras agrícolas insostenibles. Los recursos forestales, de por sí, influyen de manera determinante en la satisfacción de necesidades de la población, tales como empleo, ingresos y seguridad alimentaria, siempre y cuando se eliminen los métodos de explotación incontrolada empleada por la mayoría en la actualidad. Para ello debemos enfocarnos a la solución de tres problemas medulares: los técnicos y biológicos inherentes.
a la ordenación de los recursos forestales; los tecnológicos, económicos, administrativos y organizativos de la industria y comercio forestales, y los sociales, institucionales y políticos para insertar la silvicultura al desarrollo del país.
En nuestro territorio, se encuentra enclavada una de las selvas más importantes a nivel mundial, se trata de una región joven, cuya conformación se originó en el paleoceno, hace 65 millones de años, localizada en la región sureste, la cual cuenta en la actualidad con tres reservas de la biosfera (Montes Azules, Calakmul y Sian Kaan) y cinco parques nacionales (Montebello, Bonampak, Yaxchilán, Lacantún y Bacalar;) sin embargo, singular importancia recobra el área conocida como selva lacandona, la cual ha sido la que ha recibido el impacto más fuerte de la acción del hombre sobre los recursos forestales, a pesar de que es conocido que esta selva por sí exporta unos 1 mil millones de metros cúbicos de agua anualmente hacia otras latitudes.
En efecto, durante 1857 y 1988, a la selva le fue destruida más de la mitad de lo que antes fuera su extensión original, pero lo que suena inconcebible, es el hecho de que en los primeros 94 años se destruyeron 80 mil hectáreas, mientras que en los últimos 18 años se deforestaron 585 mil.
El bosque tropical representa el 18.8% del total del área deforestada de bosques cerrados en México y a la vez contribuye con 47.6% del total de las emisoras de carbono. La tasa de reforestación en México según datos de la SARH para 1990, era de 202 hectáreas por 10 a la menos tres, mientras que el investigador Masala la ubica en 559 hectáreas por 10 a la menos 3, mientras que la tasa de reforestación es de 6.8 hectáreas. Asimismo, las estadísticas demuestran que el pastores, y en menor grado la agricultura, representan las actividades de conversión por deforestación.
A la fecha existen en la región más de 3 mil 200 poblados bajo régimen de tenencia ejidal o comunal. El analfabetismo alcanza el 80% de la población de la región y presenta una situación agraria compleja.
A pesar de los esfuerzos que en retrospectiva histórica han hecho las autoridades, mucho resta por realizar si es que no queremos ver una mancha aislada de área tropical frente a una devoradora frontera agropecuaria, cuyas consecuencias han sido restarle dimensión a la biodiverisidad e implementar actividades insostenibles. De ahí la importancia de ampliar la reserva de los montes azules hasta la frontera con Guatemala (por el sur y el oeste), así como en la medida de lo posible, devolverle su frontera original hasta los poblados de Ocosingo, Palenque y Tenosique y el actual Parque Nacional de Lagunas de Montebello. Además, se hace necesaria una concurrencia de esfuerzos, de concepción y de propósitos enmarcados en un solo programa o plan regional a modo de ruta junto con la aplicación de un pacto intersectorial, tanto conceptual como filosófico, como marco de referencia en donde queden inmersas las acciones por realizar, no podemos sujetarnos a seguir ensayando con la selva. Ahora es de suma importancia enfrentar con hechos este grave problema.
En el mismo sentido, la experiencia guatemalteca en materia de preservación es realmente importante. Cuentan con una reserva de la biosfera lo suficientemente grande para poder valorar el potencial de biodiversidad y material genético, así como resistir el impacto que pudiese tener el cambio climático en la región; además cuentan con alrededor de 10 áreas protegidas, cuatro biotipos y cuatro parques nacionales.
En cuanto a Belice, éste cuenta con una reserva natural con una extensión de aproximadamente un tercio del total de su territorio, un área de conservación y un santuario de preservación de la vida silvestre.
Si pudiésemos unir las áreas que se correlaciona por su cercanía y similitud de biodiversidad entre los tres países, estaríamos logrando un paso muy importante no sólo en preservación de la diversidad biológica, los recursos forestales y también el desarrollo sostenible, sino que estaríamos reduciendo el impacto del cambio climático sobre la zona y como consecuencia de muchos patrones climatológicos a nivel mundial.
De esta forma, queda también abierta la posibilidad de unir las principales áreas de reserva de la biosfera a tres países a través de la implementación de corredores ecológicos que permitan dar sustentabilidad a las especies y al aprovechamiento científico para el beneficio de la humanidad. Estos corredores deberán no solamente incluir al ecosistema de la selva,
sino a diferentes ecosistemas que se yerguen desde el nivel cero del mar hasta llegar a la selva.
Otro aspecto que debemos tomar en cuenta son los modelos de desarrollo alternativo que en función de la declaratoria de reservas naturales se hacen necesarios para dar cabida a nuevas formas de ordenación, organización, coordinación e implementación de actividades comunales en dichas áreas; por lo que la opinión de los expertos por un lado, y de los involucrados, por el otro, es de suma importancia.
Si bien es prioridad el Programa Nacional para el Medio Ambiente 1990 - 1994, fortalecer la cooperación internacional en la solución de problemas ecológicos, nosotros los legisladores debemos enfrentar esta realidad con hechos y poder dar solución a uno de los problemas que enfrenta la zona enmarcada por la selva maya.
Efectivamente, existen capítulos completos dentro de la Agenda 21, que enfrenten esta problemática cuyas líneas de acción deben de inmediato ser implementadas, inclusive, puede ser el comienzo de un aprovechamiento integral de las conferencias y reuniones del Sistema de Naciones Unidas para poder establecer un vínculo más estrecho interlegislatura y legislatura con la organización de las Naciones Unidas; recibir y proporcionar información sobre las gestiones interparlamentarias a los organismos no gubernamentales y sociedad civil de cada una de las partes y finalmente optar por establecer un plan conjunto de protección ecológica transfronteriza.
Paralelamente y bajo el mismo tema se podría celebrar una reunión que juntase a expertos, científicos y técnicos y sociedad civil de las partes involucradas, que debate sobre la misma materia y diese sus puntos de vista al respecto y la viabilidad de la respuesta sugerida para que, de manera plural, se pudiese llegar a una acción integrar bajo un mismo fin: la protección de nuestros recursos naturales.
Compañeros legisladores: nos ha tocado una tarea por demás difícil en las postrimerías del Siglo XX. Es indiscutible que debemos afrontar el insoslayable compromiso de asumir nuestro responsabilidad con eficacia para conservar un patrimonio insustituible para nuestro país y para la región centroamericana, pero más aún para las futuras generaciones. Evidentemente las decisiones que tomemos forzosamente representan la evolución futura de la civilización. Recordemos que el estado en el que se encuentra nuestro medio ambiente es el estado de civilización al que hemos arribado. De nosotros depende contribuir al equilibrio perdido, pero por tratarse de un problema integral, no podemos implementar nuestras propias determinaciones si no consultamos a la propia sociedad para la solución de los problemas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito sea turnado a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores, la siguiente
«PROPOSICIÓN
Única. Que este cuerpo colegiado convoque a una Reunión Interparlamentaria de Medio Ambiente y Desarrollo Entre México, Guatemala y Belice, con la participación de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que se dé a la tarea de analizar la problemática ecológica de la región y considerar las diversas opiniones que de ahí se viertan para la posible creación de una reserva trinacional bajo el marco de respeto a la soberanía nacional, y además, se convoque a una reunión paralela que reúna a expertos, científicos, técnicos en materia ecológica, así como a la sociedad civil, de los tres países en la cual se expresen las viabilidades antes expuestas.
Por la fracción parlamentaria del PARM, diputado Servando Hernández Camacho.»
Dado en la sala de sesiones del Palacio Legislativo, a los 8 días del mes de junio de 1994.
El Presidente:
Túrnese la proposición del diputado Servando Hernández Camacho a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Ecología y Medio Ambiente.
ESTADO DE TAMAULIPAS
El Presidente:
Para presentar una denuncia sobre un delito electoral en el Estado de Tamaulipas, se le concede el uso de la palabra a la diputada
Cristina Hermosillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María Cristina Hermosillo Ramírez:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
Realmente este punto lo iba a tratar mi compañera diputada María del Carmen Bolado. La denuncia está firmada por ella. Yo solamente me voy a permitir dar lectura en su ausencia, quien por causa de fuerza mayor no pudo estar presente en este momento:
Presidente de la Cámara de Diputados. - Presente.
María del Carmen Bolado del Real, en mi carácter de diputada federal, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LV Legislatura del Congreso de la Unión, vengo a denunciar ante esta tribuna, la presión que ejerce la sección 40 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana hacia sus agremiados, con el fin de apoyar la campaña proselitista del candidato a la presidencia, del Partido Revolucionario Institucional.
Dicha sección sindical, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 19 de mayo pasado giró el oficio número DELEX - 2606994, firmado por el secretario general de la sección, licenciado Héctor Balboa R. y la secretaria de actas y acuerdos, licenciada E. Margarita Rocha L., en donde solicitan con carácter de muy urgente, los datos de la credencial de elector de los trabajadores y van más allá, pidiendo también los datos de las credenciales de los familiares de los mismos.
Acredito lo dicho con copia del oficio que fundamenta esta denuncia, y ruego al señor Presidente instruya a la Secretaría se dé lectura al mismo.
El Presidente:
Se solicita a la Secretaría que proceda como lo está pidiendo la diputada Hermosillo.
El secretario Juan José Bañuelos Guardado:
Una hoja con membrete que dice: Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Señala domicilios. Va dirigida a los, supongo, trabajadores de planta y transitorios de la sección 40 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, agencia de local de ventas. Nuestra sección 40 nos está instruyendo en el sentido de que participemos activamente en la campaña del candidato del PRI a la presidencia de la República.
Para tal fin, es necesario que nos proporcione con carácter de muy urgente, los datos de la credencial de elector, suya de sus familiares que cuenten con ella, a fin de enviar los mismos a nuestra sección 40 del STPRM.
Para cumplir con lo anterior, favor de pasar con el compañero Gustavo Valdez Aguilar, al local de la agencia de ventas.
Atentamente. Unidos Venceremos. Por el Comité Ejecutivo Local Ciudad Victoria, Tamaulipas, 19 de mayo de 1994. Firman licenciado Héctor Balboa R., como secretario general licenciada: E. Margarita Rocha L, secretaría de actas y acuerdos.
La diputada María Cristina Hermosillo Ramírez:
Gracias, señor Secretario.
Los hechos narrados pueden constituir un delito de acuerdo a las conductas ilícitas que tipifica el Título Vigesimocuarto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal...
El diputado Jorge Vindico Mejía Tobías (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente:
Señorita diputada...
El diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías (desde su curul):
Señor Presidente, ¿le podría preguntar a la señora diputada si me puede aceptar una interpelación?
El Presidente:
Diputada Cristina Hermosillo, ¿acepta una interpelación?
La diputada María Cristina Hermosillo Ramírez:
Con todo gusto, señor Presidente.
El diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías (desde su curul):
Gracias, señor Presidente gracias, señora diputada.
Me asalta la duda porque obviamente no he tenido la oportunidad de tener acceso a la información que usted tiene; me asalta la duda si su oficio es original, ¿tiene alguna certificación de algún notario, de alguna autoridad, de alguien que nos pueda dar la veracidad de que el documento que usted está leyendo es original? ¿No es un documento apócrifo?
La diputada María Cristina Hermosillo Ramírez:
Con todo gusto, señor diputado.
Quiero decirle que es una copia, puesto que el original consta en la denuncia penal que el día de mañana presentará nuestra diputada Carmen Bolado en el Estado de Tamaulipas.
Aquí voy a entregar copia de este escrito, el cual también tiene un sello del lado izquierdo con fecha y con el nombre del Comité Ejecutivo Local de la delegación 26 de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Por otra parte, quisiera que me permitieran dar término a este oficio para que ustedes se enteren de cuál es la petición que la diputada Bolado hace ante este pleno de la Cámara.
"En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito:
Primero. Se turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas esta denuncia, con el fin de que se investiguen estos hechos, y que la misma informe al pleno de esta Cámara, el resultado de la investigación correspondiente.
Segundo. En caso de comprobarse que las acciones citadas se tipifican en los supuestos de las normas penales, se turne a la representación social correspondiente para que se ejercite la acción penal, previa averiguación, en contra de quien o quienes resulten responsables de los hechos narrados anteriormente."
Repito, la diputada Carmen Bolado representará en Tamaulipas la denuncia penal correspondiente con las pruebas suficientes para constatarla.
Para finalizar, señoras y señores diputados: queremos dejar claro que en Acción Nacional no pretendemos deslegitimar los próximos comicios federales, únicamente queremos dejar claro que las presiones para los trabajadores de empresas paraestatales y diferentes organismos continúan a pesar del compromiso entre el Gobierno Federal, los partidos políticos y los candidatos a la presidencia de la República y la ciudadanía, de actuar con transparencia para tener elecciones claras y confiables.
Lamentablemente estos hechos demuestran que las viejas prácticas siguen vigentes y que ahora más que nunca la ciudadanía debe buscar y defender por medio del sufragio la libertad que los mexicanos demandamos. Atentamente. Firma la diputada María del Carmen Bolado del Real. - México, D. F., a 8 de junio de 1994.
Dejo copias de esta denuncia a la Secretaría para los efectos correspondientes, así como solicito se firme de recibida una copia de ella. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Como lo solicita la diputada Cristina Hermosillo, túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
RÍO COLORADO
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre la problemática del Río Colorado, se concede el uso de la
palabra a la diputada Martha Maldonado Zepeda, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Martha Maldonado Zepeda:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En esta ocasión vengo a esta tribuna para referirme a un tema que nos preocupa y nos inquieta profundamente a los ciudadanos de Baja California y de Sonora, pero especialmente a los hombres y las mujeres de los campos bajacalifornianos, es el tema que se refiere a las aguas del Río Colorado.
La humanidad se enfrenta en estos momentos a una tendiente reducción de este vital líquido, encontrado su origen en la deforestación indiscriminada, la desertificación del suelo y en gran parte por la contaminación de desechos tóxicos. Además el desarrollo industrial de las naciones del llamado primer mundo está cobrando los costos de este desarrollo a los países de la periferia, como es el nuestro, que comparativamente no hemos recibido o muy poco de los niveles de producción, comercio y calidad de vida comparativamente a los países industrializados, como es el caso de esta relación de México con los Estados Unidos. En este ámbito se inscribe la problemática que quiero a ustedes plantear en estos momentos y que se ha suscitado hace mucho tiempo en el Valle de Mexicali y parte de Sonora, esto debido a la afluencia hacia nuestro país de aguas altamente contaminadas por sustancias tóxicas, vertidas por industrias y campos agrícolas estadounidenses al Río Colorado.
Ese gran río que atraviesa varios estados de la Unión americana y que nace en las Rocallosas, con una longitud de 1 mil 400 kilómetros y cuyo último trayecto de 80 kilómetros pasa precisamente por el valle de Mexicali para desembocar finalmente en el Golfo de California, afecta también parte del Estado de Sonora.
Las tierras que sufren los efectos nocivos de la contaminación de estas aguas han visto modificada su composición, al aumentar la cantidad de sustancias tóxicas como manganeso, calcio y la sal.
Las primeras luchas de México contra la contaminación me parece que hay que recordarlas, se dieron precisamente en el valle de Mexicali hacia finales de los años 50 a raíz del incremento de la salinidad de las aguas, lo que significó la ruina de muchos hombres de campo dedicados a los cultivos tradicionales en esa zona, como eran el algodón, el trigo y la alfalfa.
Pero yo quisiera precisar en esto dos aspectos que me parecen muy importantes. Primeramente el que se refiere a la relación bilateral México - Estados Unidos, se trata de un problema de relación binacional, y esta relación referente al Río Colorado se regula por el Tratado Internacional de Límites y Aguas; este tratado que fue firmado en 1994, ésa es una parte del problema que creo que debemos ubicar, pero en segundo lugar está el referente a lo que significa el comportamiento de los gobiernos federales hacia esa zona. Sabemos perfectamente que se trata de recursos de la federación los que determinan la realización de obras hidráulicas en el valle de Mexicali y en toda la zona agrícola, y creo que por ser dos aspectos muy ligado íntimamente, que se relacionan uno al otro, que no podemos confundirlos.
Yo quiero expresarles aquí a ustedes inquietudes en estos temas que hemos tenido los diputados de la región, los diputados de Baja California, yo lo he percibido así, desde luego no estoy hablando en nombre de todos los diputados de Baja California, pero he percibido porque hemos estado visitando la zona constantemente y hemos escuchado las demandas de los afectados en toda esta zona.
Hemos vivido el problema además, porque somos de allá, los hemos escuchado de generación en generación, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y estamos sensibilizados en esta problemática, creo que es un punto que nos une bastante a los diputados, aun cuando aclaro, no estoy hablando a nombre de todos ellos.
Yo decía lo siguiente, una experiencia que hemos tenido o que he percibido, es el hecho de que no tenemos las respuestas cuando los hombres y mujeres del campo del valle de Mexicali, de parte de Sonora, demandan acciones ancestrales, de problemas ancestrales que tiene la zona, pero también son de carácter inmediato, y las respuestas han variado mucho, varían de acuerdo obviamente al concepto y a la percepción que tenemos de los problemas; pero sí quisiera sensibilizarlos un poco en cuanto a las respuestas que hemos recogido,
que escuchamos, que damos en muchos sentidos a los demandantes del problema de las aguas del Río Colorado.
Por una parte, especificamos, decimos que éste no es un problema de México, que es un problema de relación binacional, que es un problema de Estados Unidos hacia México, que es un problema de relación binacional, que es un problema de Estados Unidos hacia México, que nosotros no podemos resolverlo porque se trata de un problema de otro país; es una parte de las respuestas; las otras se dan en el sentido de que el Gobierno Federal no invierte en la zona en obras hidráulica, en obras de infraestructura para de alguna manera minimizar un poco los perjuicios que se dan por las inclemencias del tiempo y que no sabe administrar los recursos de la nación.
Yo pienso que se da en ambos lados la respuesta, desde el punto de vista de la relación con Estados Unidos, pero también desde el punto de vista de la actitud de los gobiernos federales hacia esa zona; yo creo que el Gobierno Federal en éste no ha sabido relacionarse equitativamente con Estados Unidos y no ha logrado equilibrar la balanza entre los dos extremos, que se entre la entrega y la confrontación.
Yo creo que los residentes, los habitantes de Baja California compartimos la idea de que en esta relación bilateral ni una cosa ni la otra, ni el enfrentamiento, pero tampoco la entrega. Yo creo que necesitamos crear una relación equitativa y por donde justa, madura y verdaderamente moderna. Creo que esto ha faltado en el caso de esta relación referente al Río Colorado.
Pienso también que dentro del mismo esquema que el Gobierno ha estado promoviendo en los últimos años en el esquema de desarrollo y de inversión también, en todas las actividades económicas, no ha sido consecuente, en el caso del valle de Mexicali. Para nada.
Miren ustedes, si realmente los recursos fueran aplicados equitativamente dentro del mismo esquema que el mismo Gobierno Federal ha estado promoviendo en los últimos años, yo creo que bien podrían aplicarse los recursos que derivan de la misma zona y que son cuantiosos; cuantiosos realmente. El valle de Mexicali es un valle riquísimo; tiene un valor de la producción altísimo; desarrolla en estos momentos una agricultura de exportación; hortaliza fundamentalmente, que se cotiza, sabemos, en mercados internacionales, muy alto; sin embargo, esos beneficios no los hemos visto los residentes de Baja California, en obra directamente, en obra productiva.
El otro aspecto y que se refiere a recursos también enormes, que pudiera percibir Baja California para solucionar este problema de inversión, es en referencia a los ingresos que percibe Baja California por concepto de maquiladoras. Todos sabemos lo que significa la industria maquiladora para México, los ingresos que percibe nuestro país y lo que significa Baja California en este ramo.
Sin embargo, ¿dónde están estos recursos?, ¿donde se invierten?, en los campos de Baja California no los vemos. Bien podrían estarse generando e invertirse, se generan, más no recibimos el beneficio directo.
Estos aspectos, compañeros diputados, yo quiero comentárselos porque nos han orillado de alguna manera a los residentes y a los compañeros diputados involucrados en esta problemática, a replantear los aspectos de lo que significa el valle de Mexicali y la cuestión del Río Colorado. Ver los diferentes aspectos y los matices que con esto tiene que ver.
Y me voy a referir a la relación binacional, que aunque sé perfectamente que no compete a la Cámara de Diputados, por desgracia, porque las condiciones de la frontera de Baja California y del valle de Mexicali, nos están exigiendo, así; es una realidad, que en verdad debatamos y decidamos en torno a los tratados internacionales.
Pero cuando tenemos que tocar el aspecto binacional y nuestros representados nos preguntan y nos demandan qué pasa con el valle de Mexicali, qué pasa con esas aguas, con esos volúmenes de agua y esa calidad de agua, nosotros tenemos que tocar necesariamente el punto del Tratado Internacional sobre Límites y Aguas, en donde repito, no tenemos injerencia: sabemos perfectamente que se trata de materia del Senado y del Ejecutivo.
Sabemos que el Tratado Internacional de Límites y Aguas, fue firmado en 1994, hace 50 años, con actas agregadas en 1961 y en 1972. Sin embargo, el tratado no previó el surgimiento de nuevas fuentes contaminantes y los volúmenes de agua que se contemplan es ese tratado, hasta la fecha siguen siendo muy deficientes,
cuando en la actualidad las condiciones, repito, que prevalecen en el valle, son totalmente diferentes a las de hace 50 y 20 años.
En primer lugar hay un desarrollo muchos más elevado; hay un incremento muy considerable de la masa humana, de esa gran cantidad de hombres de campo del país que han emigrado al valle de Mexicali en busca de elevar sus niveles de vida para ellos y para sus hijos. Eso demanda una mayor cantidad de agua, y no solamente cantidad, sino calidad. A esto no hace referencia ese tratado para nada; en lo que se refiere a la calidad de agua, habla de volúmenes exclusivamente, muy en abstracto.
Entonces nosotros estamos pidiendo que esto se replantee; repito, sabemos que no es obra de esta Cámara, pero creo que tendrá que haber modificaciones a futuro.
Yo en este contexto veo muy limitada la acción gubernamental; creo que ha sido rebasada por el problema, y también pienso que la solución debe verse desde una óptica muy diferente a la del Gobierno Federal en estos momentos, una óptica moderna, con participación y decisión directa de los involucrados, con un mejor manejo de recursos y de financiamiento sano.
Y en este sentido quiero centrar su atención también en lo que significa el Tratado de Libre Comercio; un Tratado de Libre Comercio que ya está aprobado, y bueno, creo que es en la frontera justamente donde este TLC tiene que empezar a ver cristalizar los frutos de este tratado, a la luz de una nueva relación con los vecinos.
Creo que de ser así, en Baja California y parte de Sonora, seríamos los pioneros de una nueva relación con los Estados Unidos, una relación de madurez, de equidad, de respeto y de profunda defensa de nuestra soberanía.
Yo siento que el Tratado de Límites y Aguas debe verse en el contexto de nuevas relaciones y en el marco del TLC, hecho que sin duda va a replantear situaciones nuevas en la frontera, con necesarios cambios internos en las administraciones de todo un país.
En el nuevo contexto internacional en el que se inscribe la relación México - Estados Unidos cobra una gran importancia la preservación de los recursos naturales en ambos lados de la frontera, en el entendido de que éstos son un patrimonio universal que cada país debe cuidar y respetar.
Los acuerdos paralelos al TLC sobre contaminación y aspectos laborales, reportan ya una gran necesidad de instrumentarios en Baja California.
La Cámara de Diputados debe de legislar sobre aspectos internacionales que afectan a nuestras fronteras; debe legislar para que se prohiba expresamente el envío de residuos tóxicos agroindustriales y por el uso intensivo de pesticidas, insecticidas, y fertilizantes que alteran la vida agrícola y doméstica.
El tratado internacional en cuestión debe proponer cláusulas referentes a la calidad de las aguas recibidas. En esto vemos que las iniciativas sobre modificación de tratados internacionales tendrán que salir de los archivos de esta legislatura y dar paso a que las mismas sean debatidas y decididas también en esta Cámara.
Lo anterior, de realizarse, será parte de la modernidad en las relaciones de nuestro país con Estados Unidos a la luz del TLC. Asimismo pensamos, deberá crearse la figura del ombudsman, para salvaguardar y proteger el entorno ecológico de la zona fronteriza.
Por otra parte y comentábamos que las inclemencias del tiempo, como las lluvias de enero del año pasado en Baja California, causaron estragos muy serios en toda la zona del valle, Fueron nombradas varias comisiones para evaluar los hechos de las inclemencias del tiempo en Baja California. No me toca a mí, desde luego, informar sobre esto, porque hubo los responsables y además ya les informaron. Lo que yo quiero destacar, y ya para terminar, es lo siguiente:
La experiencia que yo he percibido como miembro de esta Comisión, y además de una subcomisión que se formó exclusivamente para la cuestión del valle de Mexicali, que fue una subcomisión de Asuntos Fronterizos. Repito, no voy a informar, doy mi punto de vista y creo que no hemos obtenido los resultados que hemos querido o que yo he percibido que debiésemos de haber recibido.
Largas han sido las entrevistas; hemos tenido muchas entrevistas con funcionarios, con la Comisión Nacional del Agua, con CILA, Comisión
Internacional de Límites y Aguas, con la Secretaría de Relaciones, con la comunidad científica, con el Instituto Politécnico Nacional, con Chapingo, con universidades fronterizas; o sea, la subcomisión ha trabajado, se ha relacionado; sin embargo, vemos que la respuesta que hemos tenido, sobre todo de los funcionarios federales, no han sido ni modernas ni respuestas reales a los problemas del valle de Mexicali.
Hemos sentido, sí, y no queremos esto confundirlo...
El Presidente:
Compañera diputada, le ruego...
La diputada Martha Maldonado Zepeda:
Voy a terminar, ya voy a terminar.
Por último, quiero enfatizar, no estamos hablando y no estamos echando culpas a los funcionarios con los cuales hemos debatido y hemos planteado el problema. No decimos que falta visión, ni capacidad, ni ganas; lo que sí decimos, y con cierta pena, es que a los funcionarios aún se les nota angustia y además se les nota desesperación e impotencia por resolver los problemas.
Eso sí lo he percibido y quiero que quede muy claro, porque han estado en la mejor forma de colaboración en la ubicación del problema, pero no tienen las respuestas. Se debaten en un ambiente de burocracia y de estrecho horizontes, que nada tienen qué ver con la realidad del país y mucho menos de la frontera.
Entonces ésa es la percepción que tenemos, al margen definitivamente de posibles retrasos que pudieran tener en la documentación que nos entregan; no es el caso, no es lo importante el que se retrasen en avisos, en documentos; para nada es importante. Creemos que lo fundamental es que no pueden resolver el problema, y con eso yo termino, y reitero que la acción gubernamental en el caso del Río Colorado ha quedado totalmente rebasada y que esto implica necesariamente una política y una óptica diferente en el tratamiento de esta zona.
Por último, señores...
El Presidente:
Concluya, por favor.
La diputada Martha Maldonado Zepeda:
Me caracterizo cuando estoy sentada escuchándolos, por no interrumpir a nadie, aunque se les pase el tiempo. Yo pediría que compartan un poco conmigo esta posición para terminar con un punto, si ustedes me lo permiten.
Bien, comentaba yo con algunos diputados ahorita de mi Estado, de Baja California, que no hemos consensado, pero sí hemos procesado la propuesta de que la cuestión del Río Colorado sea tratada para empezar aquí, en la Cámara de Diputados, también en la Comisión de Ecología, es un asunto que no se ha tratado ahí.
Lo vamos a procesar y vamos a presentar, en el caso de consensarlo, un punto de acuerdo.
Por su paciencia, muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema...
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez (desde su curul):
¡Pido la palabra!
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez (desde su curul):
Para hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez.
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Creo que no es usual felicitar a quien lo antecede a uno en el uso de la palabra. Por esta vez quiero felicitar a la compañera que acaba de dejar la tribuna, por una razón: porque este asunto realmente ha revelado lo que ya todos sabemos, que es la debilidad del Gobierno de México frente al coloso del norte.
Este asunto me inquieta desde hace 40 años. Desde 1944, cuando... Ser diputado es muy honroso, pero yo creo que es más honroso si abordamos nuestro trabajo con seriedad. Respetemos la personalidad del representantes del pueblo de México. ¡Nadie les quita el derecho de venir a la tribuna, y si no están de acuerdo, pues díganlo, pero esto no es constructivo, compañeros! ¡Si gustan venir a la tribuna, vengan!
El Presidente:
Ruego a los señores diputados escuchen al orador con todo respeto.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Tengo aquí, conmigo, un legajo con los Tratados de Guadalupe - Hidalgo, donde se menciona por supuesto los artículos 6o. y 7o. de dicho tratado. También tengo los tratados de 1944 y tengo también una noticia en donde se habla de las intervenciones que tiene la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara, y habla, en lo último, de un acta 242.
El asunto es que el compañero Agustín Basave Benítez, que es presidente de esta comisión, ha intervenido en pláticas, en las cuestiones de reuniones interparlamentarias y nacionales, pero nunca nos ha informado nada acerca de lo que ellos tratan.
¡Claro!, yo sé que no es competencia de la Cámara, pero existe la comisión.
Entonces, solamente para decir que Estados Unidos se comprometió a darnos alrededor de 400 millones de litros de agua para el valle Mexicali, pero, ¿qué resultó?, que nos daban, sí, agua salada, con lo que nos quemaron toda la frontera y nos echaron a perder esa tierra que no sirve para la agricultura.
Yo a lo que vengo es a expresarle mi preocupación de que vengan legislaturas, salgan legislaturas y no se suceda, ni se herede o se transmita el problema a las nuevas comisiones integrantes de las legislaturas, sino que se van y hasta que buenamente saca la Cámara de Diputados las iniciativas para darlas de baja, entonces se dan cuenta, nos damos cuenta de lo que realmente son los problemas de México.
Yo les pido, yo ya quiero llamar la atención de esta Cámara, de que si es posible, la Comisión de Aguas le oriente, ilustre a la nueva comisión, que le haga notar y dé a conocer cuál es el problema fronterizo en relación a las cuestiones de aguas, porque cada vez que viene una legislatura, reitero, está aprendiendo cosas nuevas.
No todos tenemos la preocupación de conocer los problemas nacionales. Yo sé que el coloso del norte es muy poderoso y que difícilmente se le puede hacer entender las razones que tenemos como seres humanos de vivir en una relación fronteriza.
Yo quisiera, creo que no está el señor presidente de esta comisión, para que nos dijera qué es lo que ha hecho y, si es posible, que transmita esta inquietud y este problema a la nueva comisión que integre la próxima legislatura. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Oscar Garzón, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Oscar Garzón Gárate:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados:
El Río Colorado representa para el valle de Mexicali y para el valle de San Luis, Río Colorado, Sonora, la principal fuente de abastecimiento y la principal fuente de desarrollo de esa región. Los que vivimos en ese valle hemos visto su desenvolvimiento, hemos visto el trabajo constante de nuestros campesinos, de nuestros compañeros y hemos visto cómo se ha venido desarrollando ese valle de Mexicali.
Es cierto lo que señalaba aquí la compañera diputada Martha Maldonado, que faltan
muchas cosas por hacer, pro también es cierto, compañera Martha, que el Gobierno Federal si ha hecho mucho por Baja California, por su valle de Mexicali, y tenemos las obras que se han hecho: la presa Morelos, los canales revestidos que llevan el agua a las parcelas, los drenes, el sistema de drenaje parcelario, el sistema de drenes. Es cierto que falta mucho por hacer, quizá no se cuente con los recursos suficientes para que puedan desarrollarse las obras como nosotros quisiéramos. Y aquí sí, pues ojalá y con la intervención de esta soberanía, de la Cámara de Diputados, del presupuesto nacional que aprobamos, se puedan destinar más cosas para que puedan terminarse las obras necesarias para que ese valle siga siendo, el valle de Mexicali y el valle de San Luis, uno de los más productivos del país.
En este año, la cosecha de trigo que se esta levantando en los campos del valle de Mexicali, de San Luis, supera con mucho a la del año inmediato anterior. Quiero decir, pues, que hay la entereza y el trabajo de nuestros compañeros campesinos. ¿Qué requerimos? Yo estoy de acuerdo con usted, compañera Martha, que haya mayor esfuerzo del Gobierno, quiero también decirle al compañero que me antecedió en la palabra, que no son 400 millones lo que él menciona, hay un Tratado Internacional de Aguas en donde Estados Unidos se compromete a mandar a México 1 mil 850 millones de metros cúbicos de agua por el Río Colorado para el riego del valle de Mexicali y San Luis.
También quiero decirle que de esa agua dependen todas nuestras ciudades, que el acueducto Mexicali - Tijuana ya se prolongó hasta la ciudad de Ensenada, entonces, después las ciudades nuestras de Baja California, dependen también de las aguas del Río Colorado.
Hemos sido testigos por muchos años, nos ha tocado inclusive participar en las luchas que han emprendido los vecinos desde la década de los 60 para lograr una mejoría en las aguas del Río Colorado; un problema muy serio que tuvo repercusiones internacionales cuando un grupo de granjeros norteamericanos empezaron a hacer perforaciones en el valle de Hueltomohok, bombeando esas aguas hacia las aguas que venían del Río Colorado con lo que provocó el problema de la salinidad.
Con la intervención del Gobierno de la República, escuchando desde luego las quejas de los usuarios del Río Colorado, se logró con el Gobierno de Estados Unidos firmar el acta 242, de la que hacían mención ahorita, el acta que adicionó al Tratado Internacional de Aguas y que en el texto de la misma acta se habla de la calidad de aguas que deben de venir al valle. En materia de salinidad, no se previeron en esa acta algunos otros contaminantes; entonces nosotros le vemos al problema dos cosas o dos formas de resolverlo; uno inmediato para que a través de la Comisión Internacional de Limitantes y Aguas de México, con su similar de Estados Unidos, se pueda elaborar otra acta, adicionar otra acta a la 242 o al tratado de 1944 para que se vea la calidad de las aguas, no solamente en materia de salinidad, sino en otros sedimentos que trae el agua con algunos lodos como ''esos'', contaminantes químicos que se arrojan a las aguas y que no están previstos en el acta 242.
Nosotros consideramos que es fácil eso, por que eso se puede tratar en la Comisión de Limites y Aguas.
Donde nosotros vemos muy largo un proceso en la modificación al Tratado de 1994, ahí el tendría la Secretaría de Relaciones Exteriores que ver la posibilidad de llegar a negociar con Estados Unidos la elaboración de un nuevo Tratado Internacional de Aguas para hablar de las calidades, pero para hablar también de los volúmenes, los 1 mil 850 millones de metros cúbicos que señala el Tratado de 1994, utilizando la tala ''A'' que es la que estamos utilizando ahorita, no es suficiente para regar todo el valle de Mexicali y para darle agua a las ciudades que ahorita señalamos. Entonces ahí es donde se requiere la intervención inmediata, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro Gobierno, como del Senado de la República que participa en materia de tratados internacionales; pero esto quién sabe qué tanto tiempo nos irá a llevar, porque eso solamente los que conocen en materia de derecho internacional podrían orientarnos qué tanto tiempo nos puede llevar negociar un tratado con esas características. Luego entonces, pues nosotros le vemos dos cosas importantes a esto.
La primera, y esto sí puede ser inmediato porque ésos, les vuelvo a repetir, es... nada más con ese acuerdo las dos comisiones, y adicionar un acta a las 242 que puede hablar de la calidad en otras materias del agua, como son los lodos que trae y que están contaminando nuestros canales permanentemente; como son los productos químicos que arrastran las aguas.
Por otra parte, como dirigente agrario de ese lugar, hemos planteado al Gobierno mexicano la necesidad de que pueda indemnizarse a los campesinos que resultaron perjudicados con las fuertes avenidas que tuvo el Río Colorado el año pasado, a principios de 1993, y cuando tuvieron un problema con el canal de desvío de Hueltomohak, que estuvieron entrando aguas salinas ahora en diciembre de 1993 y que perjudicaron a un gran número de compañeros que tienen sus tierras pegadas al cauce del Río Colorado.
Ahí sí, requerimos el auxilio inmediato de las autoridades mexicanas, de las autoridades de la Secretaría de Agricultura, de la Comisión Nacional de Agua, de la Sedesol y de otras dependencias que puedan intervenir para que en forma inmediata se pueda resolver este problema.
Por lo demás, yo quiero pues agradecerle a la compañera Martha que haya planteado este problema y que nos haya dado oportunidad de hacerlo del, conocimiento de todos ustedes, compañeros , un servidor de ustedes, soy criado en el valle de Mexicali y desde muy temprana edad conozco el valle casi por todos sus caminos, y creo que este problema lo hemos vivido y lo hemos participado en muchas ocasiones. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes, para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente, respetuosamente quiero decir esto.
Tengo aquí parte del expediente, del legajo que tengo, que dice:
''Estados Unidos de América, acuerdo para proporcionar a México aguas adicionales del Río colorado, celebrado por canjes de notas fechadas en México, Distrito Federal, 24 de agosto de 1966..''
Quien me antecedió en el uso de la palabra vive allá, pero parece que tampoco le ha dado seguimiento a este problema. Ese tratado no se ratificó, no fue sujeto a ratificación, y dice:
''Señor Embajador, México, Distrito Federal, 24 de agosto de 1966.
Tengo el honor de acusar recibo a vuestra excelencia, de su atenta nota número 291 del esta fecha, cuyo texto vertido al español es el siguiente: Tengo el honor de referirme a la recién solicitud del comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para que se proporcionen aguas adicionales al Río Colorado, a fin de aliviar la escasez crítica de agua disponible para riego en las tierras del valle de Mexicali.
Tengo el honor de informar a vuestra excelencia que el Gobierno de los Estados Unidos de América está dispuesto a proporcionar a México las aguas que se necesitan y concluir con este propósito, un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en los términos siguientes:
Primero. Los Estados Unidos durante los meses de septiembre y diciembre de 1966, entregarán a México de acuerdo con una tabla que será fijada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, 50 millones de metros cúbicos, o sea 40 mil 535 acres pies, de aguas del Río Colorado a las aguas del Río Colorado asignadas anualmente a México conforme al artículo 10 del Tratado de Aguas firmado en Washington el 23 de febrero de 1944.
Segundo. Los Estados Unidos retendrán 50 millones de metros cúbicos, 40 mil 535 acres pies, de aguas de sus entregas anuales a México, tabuladas de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944, en el año de 1967...''
Para qué seguimos compañeros, una cosa es lo que dice textualmente el tratado, y otra cosa es lo que nos quiere decir. Por eso es mi insistencia en que la Comisión de límites y Aguas ilustre a la próxima, porque en cada legislatura se está aprendiendo y estamos descubriendo cada vez los problemas nacionales. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Oscar Garzón, hasta por cinco minutos.
El diputado Oscar Garzón Garante:
Con su permiso, señor Presidente.
Bueno, lo que aquí el compañero Dorantes leyó, es una nota diplomática, no es un tratado, los tratados tienen que ratificarlos los firman los presidentes de los gobiernos y los ratifican sus respectivos senados.
Esa nota que él trae, es una petición de agua que hace cada año a la Secretaría de Relaciones a través de la CILA, solicita el agua para los riegos, de acuerdo con el programa que hace el Comité Directivo del Distrito de Riego del Río Colorado. El Tratado de 1944 establece claramente que México tiene derecho a un volumen de 1 mil 850 millones de metros cúbicos. Es un tratado firmado por ambos gobiernos, con ratificación de sus senados y el acta 242, que se firmó en 1972 por el entonces Gobierno del presidente Luis Echeverría; también fue ratificado por el Senado de la República. Esos son tratados; lo que él ahorita leyó, con todo el respeto que me merece, es una nota diplomática.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente:
Se le concede el uso de la palabra al diputado Guillermo Sánchez Nava, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre la situación política en el Estado de Guerrero.
El diputado Guillermo Sánchez Nava:
Señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:
Desde esta tribuna de la nación vengo a denunciar que en el Estado de Guerrero se ha venido imponiendo una política de represión, de impunidad e inseguridad social.
El día miércoles 1o. de junio, aproximadamente a las 4:30 horas de la mañana, cuando unos 120 ciudadanos se encontraban en un plantón frente al ayuntamiento de Tecoanapa, Guerrero, llegaron por todas las entradas del pueblo más de 300 policías antimotines municipales y judiciales, que sin mediar ninguna exhortación o llamado, se lanzaron con piedras, toletes, culatazos y disparos de armas de fuero, contra los indefensos ciudadanos, dejando como saldo varios heridos de gravedad y unos 40 golpeados, principalmente mujeres y ancianos.
No fue un enfrentamiento entre plantonistas y la policía, como se manejó en los medios de información; fue una agresión policiaca vil, ventajosa, entera y cobarde.
Los ciudadanos de Tacoanapa se encontraban realizando su plantón para expresar su inconformidad y desacuerdo en que otra comunidad llamada Buenavista tome el agua del arroyo conocido como Las Cazuelas, que es de donde se surte Tecoanapa, en razón de que es insuficiente para el propio pueblo y ya existe un dictamen que en 1988 elaboró la Comisión de Agua Potable del Estado de Guerrero, CAPAEG, en términos de que el arroyo mencionado sólo tenía capacidad para alimentar del vital líquido a Tecoanapa.
Hace unos días los tecoanapenses vieron que los vecinos de Buenavista empezaron a trabajar para llevarse el agua a su comunidad, lo que motivó que el 31 de mayo una comisión de Ciudadanos de Tecoanapa, formada principalmente por mujeres, fueran a buscar al ciudadano Presidente municipal, Margarito Ávila Chopin, quien se negó a dialogar y a dar una explicación; por el contrario, el secretario del ayuntamiento, Eurípides Tamari Leyva, que representa a la Comisión de Derechos Humanos en el municipio, asestó un varillazo a la señora Alfonsa Cipriano en un ojo que está en peligro de perderlo.
Ese incidente del 31 de mayo fue el que motivó que la gente decidiera quedarse en plantón.
Debe quedar claro que existen otras alternativas para satisfacer la demanda del agua a Buenavista. El problema es que el Presidente municipal y el gobierno estatal están aferrados a imponer su principio de autoridad, sin importar el posible enfrentamiento entre vecinos y la represión, por lo que los ciudadanos de Tecoanapa demandan que se retiren las fuerzas públicas del pueblo, que se destituye al Presidente municipal por ser el responsable de la represión y por su incapacidad para conciliar y resolver el problema, y tres, que se detenga la obra y se busque una solución que satisfaga a todas las partes.
Este hecho de violencia oficial no es el único, es parte de una serie de hechos represivos que han estado sucediendo en los últimos 30 días y que nos preocupa sobre manera, de que esta tendencia siga prevaleciendo, poniendo en riesgo la paz en el Estado de Guerrero.
El día 1o. de mayo, en la capital del Estado, varías organizaciones sociales política se convocaron para conmemorar, después del desfile oficial, el Día del Trabajo, pero por el temor de que esos contingentes se incorporaran al acto oficial, acordonaron con policías y lazos toda la calle principal y el contingente independiente fue rodeado por cientos de policías antimotines, caballería y judiciales. Aproximadamente a las 11.00 horas, las policía antimotines se lanzó contra el contingente dejando dos lesionados que fueron hospitalizados, José Juventino Sánchez, José Nicolás Flores y unos 20 golpeados.
Otro hecho de represión policiaca sucedió el jueves 23 de mayo en el puerto de Acapulco cuando un contingente de ejidatarios de La Poza, La Zanja y Plan de los Amates, que demandaban la suspensión de la construcción de una barda que privatiza una playa pública, fueron interceptados por cientos de policías antimotines y judiciales en la glorieta de La Diana, quienes arremetieron con toletes y culatas contra los marchistas para dispersarlos y evitar que continuaran adelante.
En esta ocasión fueron golpeados varios regidores de Acapulco que acompañaban la marcha y al diputado local Bernardo Ranferi.
En el mismo puerto de Acapulco, el día viernes 27 de mayo, una marcha, ahora de los maestros jubilados que exigían solución a sus demandas históricas, fue atacada por las fuerzas policiacas y dispersada para obligarla a no llegar al zócalo.
Un plantón tres marchas políticas han sido reprimidas en tan sólo un mes en el Estado de Guerrero; violando libertades consagradas en la Constitución de la República, como son los derechos de reunión, manifestación y tránsito, poniendo en entredicho la capacidad de conciliar, dialogar y concertar, y por lo tanto de gobernar, de quienes se encuentran al frente del Poder Ejecutivo.
Quiero agregar que la represión no sólo ha sido colectiva o masiva, sino que también se ha venido dando desde siempre una agresión de manera selectiva a dirigentes políticos y luchadores sociales.
Cuando aún no se aclaran asesinatos que sucedieron en 1993 y varios desaparecidos, apenas pongo solamente como ejemplo el último hecho, el día 5 de junio, en la colonia Benito Juárez, municipio de Chichihualco, Guerrero, aproximadamente a las 7.30 u 8.00 horas de la noche fueron asesinados por desconocidos dos militantes perredistas, Antonio Juárez Ávila y Ricardo Patricio Casarrubias, hiriendo además a Francisco Juárez, papá de uno de los asesinados y a Cándido Juárez Ávila.
Toda represión policiaca es violenta y transgrede los derechos humanos y políticos de los individuos, y si éstos se dan de manera cotidiana como método para detener las protestas populares, lo único que se hace es sembrar odio, rencor y sed de venganza; eso es lo que está sembrando el gobierno de Guerrero. Actuar así en estos momentos en jugar con fuego.
Hoy más que nunca se requiere tolerancia política, diálogo maduro, respetuoso y respetar los derechos humanos y políticos.
Cuando hay voluntad, inteligencia y capacidad, siempre, absolutamente siempre, hay salidas y soluciones políticas.
Con este espíritu y por el bien de gobernados y gobernantes, solicito a esta soberanía popular, atención especial para el Estado de Guerrero, por el momento con dos propuestas muy concretas: que la Comisión de Gestoría y Quejas reciba una Comisión de Tecoanapa e interceda para encontrar una solución justa, y dos, que la Comisión de Derechos Humanos investigue estas denuncias presentadas. Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Nabor Ojeda Delgado.
El diputado Juan Enrique Caballero Peraza (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El diputado Gustavo Navor Ojeda Delgado (desde su curul):
Señor Presidente, yo preferiría que pasara el señor diputado primero.
El Presidente:
Perfecto. Que pase por favor el señor diputado Juan Enrique Caballero, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, de acuerdo con el 102.
El diputado Juan Enrique Caballero Peraza:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
En el Estado de Guerrero estamos enterados de algunos de los problemas que ha planteado, que ha manifestado el diputado Guillermo Sánchez Nava, pero consideramos que no es válido, no es ético ni es moral tratar de aprovechar un enfrentamiento que existe entre dos comunidades para tratar de sacar provecho político de éste.
La comunidad de Buenavista, que por cierto es también municipio de Tecoanapa, requiere la introducción de agua potable, y no es posible que un representante de la nación y un representante del Estado de Guerrero venga aquí a proponer que se detenga la introducción de los servicios públicos, so pretexto de que el arroyo de Las Cazuelas sería insuficiente. Si fuera insuficiente esto obviamente que la obra no se realizaría, pero lo que no es válido es tratar de sacar provecho político de esta situación y promover el enfrentamiento entre los pueblos. Debemos de ser cuidadosos.
La situación en Tecoanapa ha sido grave, es cierto, y el día de ayer fue presentada también ante la Comisión Permanente del Congreso local, aunque en forma menos afortunada, por un compañero de su partido, y definitivamente deben de tomarse medidas para resolver esta situación, pero si debemos ser cuidadosos.
Por otro lado, menciona también el diputado Guillermo Sánchez Nava un hecho lamentable y fue el enfrentamiento que se dio entre militantes de su partido y agentes de seguridad en el municipio de Acapulco, y yo quiero comentar que ese día hubo dos hechos.
Ese jueves, el 12 de mayo, 150 militantes del PRD trataron de marchar por la costera, bloqueando, justo en el momento en que se desarrollaba el festival Acapulco, desde Icacos hasta el ayuntamiento o hasta el zócalo, era la pretensión. Ese mismo día marcharon 3 mil militantes del Partido Acción Nacional para recibir a nuestro candidato a la Presidencia, Diego Fernández de Cevallos, y marcharon ordenadamente por un carril.
Yo creo que la libre manifestación debe existir, está consagrada en nuestra Constitución, pero no debemos de abusar tampoco, y los derechos nuestros terminan cuando se afectan los derechos de terceros , y esto es lo importante Acapulco es un lugar que vive exclusivamente del turismo, el Estado de Guerrero vive del turismo, y debemos tener mucho cuidado en la imagen que queremos dar hacia el exterior. Yo creo que toda manifestación se puede hacer.
Y aparte, señor diputado Sánchez Nava, poco favor se hace a la capacidad de gestión de sus regidores y de sus diputados locales, que tienen que llegar a estos extremos en momentos claves y precisos para el puerto de Acapulco, como era el festival, en que tienen que tomar la calle.
Cuando está es la medida que se tiene que tomar, adelante, Acción Nacional también lo ha hecho en su oportunidad y lo seguiremos haciendo para denunciar injusticias, pero debemos de ser cuidadosos. Gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Nabor Ojeda Delgado, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Gustavo Nabor Ojeda Delgado:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado con atención las intervenciones de los compañeros diputados que nos antecedieron en la palabra en lo relativo a hechos sucedidos en nuestra entidad, el Estado de Guerrero.
Los diputados priístas de esta entidad lamentamos profundamente los hechos de sangre que se han mencionado y nos sumamos a la inquietud de ellos, para manifestar que vamos a buscar juntos, encontrar que se clarifiquen los mismos y que castiguen a los responsables. Que nuestra entidad, y nosotros en lo particular, buscamos limpiar la imagen del Estado de
Guerrero, para que no se refleje como una entidad en donde la violencia es parte de la misma.
Por lo que comenta el diputado Sánchez Nava en lo que ha sucedido en el municipio de Chichihualco, le pedimos, pudiéramos actuar juntos para esclarecer los hechos y que se castigue a éstos que son desconocidos, según se señala, en el asesinato a las personas que comenta son militantes de su partido.
Por otro lado, en el Estado se vive un clima de apertura notable, de participación, y es el deseo de todos de escuchar la voz de las diferentes corrientes políticas que existen en la entidad, para que se refleje la pluralidad que el Estado vive y que se expresen con amplitud y claridad, cuidemos que nuestra expresión no afecte los intereses de terceros, que todos busquemos en el consenso y en el diálogo el encontrar la expresión de nuestras ideas y la reafirmación de los derechos individuales y sociales que los mexicanos tenemos.
Yo tengo la seguridad que de esto lo guerrerenses que en la Cámara participamos, los 29 guerrerenses que estamos presentes en todas las fracciones parlamentarias, vamos a encontrar juntos caminos que nos permitan expresarnos mejor y caminos que permitan a los guerrerenses encontrar que su representación en la Cámara refleja soluciones a los problemas que allá se viven, y también con claridad una posición que nos permita encontrar el camino para enfrentamientos que se dan como en el caso de dos pueblos en Tecoanapa.
Señalaba el diputado Caballero: tanto derecho tiene al agua el pueblo de Tecoanapa, que ya disfruta de ese líquido, como el poblado de Buenavista, que es más o menos de la misma dimensión en población de Tecoanapa, o el pueblo de Tecoantepec, que está intermedio entre los dos pueblos y que también tiene necesidad del vital líquido.
El abastecimiento de agua de la fuente correspondiente creo que permitirá resolver con tranquilidad este grave problema social. Yo tengo la seguridad y los diputados priístas tenemos la seguridad que entre todos los guerrerenses de la Cámara, con el apoyo de los demás legisladores, vamos a caminar adecuadamente para que las expresiones políticas se den en ese entorno; dentro del marco de la ley. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Arquímides García Castro, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo alabo con toda sinceridad que el diputado Nabor, al hacer uso de la palabra, se haya manifestado en esta forma, en una forma moderada, que nos permite realmente buscar una solución adecuada al problema que está viviendo nuestro Estado de Guerrero.
Yo soy de Guerrero, de la Costa chica, de Ayutla, muy cercano al municipio de Tecoanapa, aunque vivo en Teloloapan. Tecoanapa está situado en la región de la Costa Chica, a unos 60 kilómetros aproximadamente de Tierra Colorada y a ese municipio pertenece el pueblo de Buenavista.
El día 1o de junio, un grupo de ciudadanos que radican aquí, en el Distrito Federal, fue comunicado telefónicamente por sus paisanos de Tecoanapa, que en la madrugada de ese día había sido reprimido un plantón que estaba frente al palacio municipal para presionar y exigir al Presidente municipal que no se llevara el agua del venero de las Cazuelas a la comunidad de Buenavista.
Yo en lo personal estimo a mis paisanos, diputados del PRI, del PAN, al compañero Caballero, pero me extraña la actitud del compañero diputado Caballero, porque es verdad lo que el dice, no es válido, no es moral tratar que dos problemas de dos pueblos, que inició con un problema social, se convierta en un problema político, es cierto.
Pero quiero decirle, compañero Caballero, que es mentira que nuestro partido esté luchando porque se le niegue el agua a la población de Buenvista, como también es mentira que el enfrentamiento se haya dado entre militantes del PRD y de la policía motorizada del Estado.
Ahí fue la oblación agredida, fue agredida. Yo conozco la versión, porque una Comisión de
ciudadanos de Buenavista, encabezados por el comisario municipal y una comisión de ciudadanos de Tecoanapa, encabezados por una ex presidenta municipal del PRI, estuvimos reunidos el día 1o. de junio a las 8.00 horas de la noche con el señor licenciado Rubén Robles Catalán, secretario de gobierno; con el licenciado Antonio Alcocer Salazar, procurador general de justicia en el Estado; con el ingeniero Omar Pérez, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero; con el Secretario de Programación y Presupuesto; por un diputado local del PRI, por el señor Margarito Nabor Ávila Chopin, presidente municipal de Tecoanapa y su servidor. Y ahí conocimos la versión tanto del gobierno del Estado, la versión de los ciudadanos de Buenavista y la versión de los ciudadanos de Tecoanapa.
Y existe... no es que Tecoanapa se niegue, ¡nadie puede negarse a que se le dé un servicio que es una demanda vieja del pueblo de Buenavista!, lo que sucede es que los ciudadanos de Tecoanapa tiene la preocupación de que al tomarse el agua del venero de Las Cazuelas, que es donde surten a esa población de Tecoanapa, se queden ellos sin este precioso líquido.
Además, quiero que sepan ustedes, compañeros, que existe una contradicción, de ahí que en los ciudadanos de la Costa Chica existe esta incertidumbre, porque cuando estaba como presidenta precisamente la profesora Margarita, me parece que se llama, después les daré el nombre completo, la profesora Margarita Leyva Mendoza, que en esa época como Presidente municipal solicitó a CAPAEG el servicio del agua para llevarla a Buenvista, CAPAEG en el oficio número 1704/87, le decía entre otras cosas: ''No es posible proporcionar el servicio para las cuatro poblaciones'',. O sea, se solicitaba para Buenavista, para Meacatepec y Tecoanapa. Que no ea posible. Aquí está la copia de este oficio.
Y resulta que hoy, a mí en lo personal el director de CAPAEG, nos hizo favor de darnos a conocer su proyecto, dice que si hay agua suficiente para llevar a Buenavista. Porque actualmente Buenavista requiere dos litros por segundo; Tecoanapa está gastando nueve litros por segundo y que de acuerdo con los estudios, el venero a 55 litros por segundo y está garantizado hasta para 17 años.
Ante esta contradicción de la institución, ellos, los ciudadanos de Tecoanapa, piden que el estudio lo haga la Comisión Nacional de Aguas. El señor secretario de gobierno nos explicó que ya se hizo este estudio y que coinciden con el estudio de CAPAEG.
Nosotros le pedimos copia y nos dijo que teníamos que hacerlo por escrito al señor gobernador. Lamentablemente no traemos esas copias, si no, se las presentaríamos. Pero hay alternativas de solución a este problema, compañeros, y nosotros lo hicimos saber ahí en esta reunión.
A cuatro kilómetros de Buenavista, está el Río de Tlaltenango...
El Presidente:
Diputado Arquímides: le recuerdo que ya se le terminó su tiempo.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
Le pido a usted, señor Presidente, me permita concluir, por la importancia que tiene este problema.
El Presidente:
Continúe...
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
Decía yo que si hay alternativas de solución. Los de Tecoanapa, donde toman su agua, se llama: Las Cazuelas, está a seis kilómetros de Buenavista, y el Río de Tlaltenango, donde también se surte agua para otra comunidad que se llama Cruz Quemada, está a cuatro kilómetros y medio, aproximadamente. Yo decía: Bueno, está más cerca Cruz Quemada que Las Cazuelas. El ingeniero nos explicaba que resultaba más caro, porque allá, en Las Cazuelas, es por gravedad y en Tlaltenango tenía que hacerse por bombeo. Bueno, pero es que es importante mil veces que se haga una inversión y que venga a solucionar un problema, porque los señores de Tecoanapa están presentando documentos y es el único que existe oficial, donde se les dice que no es suficiente, y mientras no se les compruebe a ellos el estudio
que hizo la Comisión Nacional de Aguas, yo creo que deben de escucharse los planteamientos de la Comisión, de los ciudadanos de Tecoanapa.
Por esa razón nosotros en la reunión que les platicaba del día primero, planteaba que se hiciese una comisión de investigación formada por diputados locales o federales en forma plural, porque es todo un pueblo, no es cuestión de partidos, es todo un pueblo, el pueblo de Tecoanapa y el pueblo de Buenavista e incluso dentro de los dirigentes en defensa del agua potable de Tecoanapa, la mayoría de los dirigentes son priístas. El día de ayer trajeron un documento donde están haciendo su petición, y todos los que vienen como comisionados de este pueblo, son del Partido Institucional, y están mandándole un documento al Presidente de la República, con copia a este Congreso, con copia al gobernador del Estado, con copia al Congreso local, y ellos están pidiendo que se haga una investigación exhaustiva.
Y si después de que esta Comisión acompañada por técnicos vaya y les demuestre que efectivamente el agua no es suficiente, ellos estarían en la mejor disposición de aceptar la propuesta que le haga esta Comisión, pero de técnicos; pero que vaya y se le demuestre y que a sus peticiones no se les conteste con la represión, porque en Tecoanapa lo que nos llama la atención es que en forma selectiva, policía que viene de Chilpancingo que supuestamente no conoce los nombres de los dirigentes, se fue directamente contra sus dirigentes y los fueron a reprimir, y lo que es más, haciendo hechos ilícitos, anticonstitucionales, poniendo vigilantes en las puertas de los principales dirigentes de esta población de Tecoanapa.
Así es que yo apelo a la buena voluntad, apelo a que todos ustedes, señores diputados, hagamos un esfuerzo para buscar una solución, y que lejos de buscar problemas en dos pueblos hermanos, les demos la oportunidad de que satisfactoriamente resuelvan este problema que es de vital importancia. Muchas gracias.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra, al diputado Javier Centeno Ávila, para hacer comentarios sobre la situación del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El diputado Javier Centeno Ávila:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Hoy hago uso de esta tribuna para realizar una exposición en dos partes: la primera es una denuncia, y la segunda es una propuesta.
Hoy, el día de hoy, varios de los colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM se encuentran en paro por tres demandas fundamentalmente:
Cien por ciento de aumento al salario de manera inmediata y directa.
Continua modificación a los planes de estudio que las autoridades pretenden imponer en el Colegio de Ciencias y Humanidades, y que llevarían al Colegio de Ciencias y Humanidades, siendo que es una institución crítica y de avanzada, a ser un bachillerato de carácter tradicional.
Y el tercer punto es contra un acuerdo firmado por las AAPAUNAM y autoridades, respecto a los estímulos, celebrado a espaldas de los profesores.
Por esas razones hoy más de 80 mil estudiantes no recibieron clases y los maestros se vieron presionados a tomar esta medida, que para nadie es una medida adecuada, pero que a veces no hay otra forma de avanzar más que realizando acciones, como este paro de labores en varios de los colegios de Ciencias y Humanidades.
El Colegio de Ciencias y Humanidades es una institución que atiende a casi 100 mil estudiantes de bachillerato. A lo largo de su existencia, más de 20 años, se ha caracterizado por sus planes y programas de estudios progresistas, por sus métodos de enseñanza y, sobre todo, por la gran actividad académica y entusiasmo de los profesores.
Recuerden ustedes que esta institución fue fundada hace ya más de 20 años por don Pablo González Casanova, y que se inspiró precisamente
en una educación de tipo moderno, tratando de introducir a México nuevas pedagogías y tratando de realizar un nuevo tipo de enfoque didáctico, en el sentido que el alumno no simplemente fuera un receptáculo de conocimientos, sino que fuera un ente activo, un ente creador, conjuntamente con el profesor, del conocimiento.
Desde sus orígenes, al ser una institución crítica, fue objeto de agresiones y de medias represivas por parte de las autoridades estatales y universitarias, lo cual ha sido un obstáculo para el desarrollo académico de esta vigorosa institución.
Durante toda su historia, el Colegio de Ciencias y Humanidades se ha distinguido por su amplia participación democrática tanto de profesores como de estudiantes, por formar estudiantes críticos que seguramente contribuirán a la transformación de la sociedad mexicana.
Por estas razones siempre mereció un tratamiento de excepción por parte de las autoridades universitarias, lo cual se reflejó en la legislación universitaria.
No hubo apertura ni para tener consejeros universitarios ni para tener consejo técnico; todo el poder se lo otorgó a una institución llamada Consejo del Colegio, que era específicamente el colegio de directores y encabezados por un coordinador. O sea, siempre se le dio un trato excepcional, dándole todo el poder a la burocracia universitaria y nulificando o anulando la participación de la comunidad en la toma de decisiones.
Ha sido la última institución universitaria en tener consejo técnico, que en el caso del Colegio fue diseñado con una estructura antidemocrática, donde se le da mayor injerencia a las autoridades que a los demás consejos técnicos de la UNAM, estableciéndose de nueva cuenta una situación excepcional.
En todos los consejos técnicos de la UNAM únicamente se encuentran representadas las autoridades por el director y en ocasiones por el secretario general, que hace las veces de secretario del consejo técnico.
En el consejo técnico del CCH está el coordinador general de la institución, más los cinco directores de cada plantel etcétera. O sea, hay un desequilibrio muy grande y una injerencia importante de las autoridades universitarias.
Las condiciones de trabajo de los profesores han sido múltiples ocasiones denunciadas. Los magros salarios, causa fundamental del paro del día de hoy, el alto número de estudiantes que cada profesor atiende. Yo he hecho la denuncia de que para tener un salario de alrededor i mil 800 pesos al mes, un profesor de tiempo completo tiene que atender alrededor de 300 estudiantes. Con esa carga brutal ¿qué posibilidades tiene el profesor de actualizarse, de preparar sus clases, de calificar los trabajo de los estudiantes? en fin, es muy difícil lograr una auténtica profesionalización de la enseñanza con estas brutales cargas de trabajo, a las que son sujetos los profesores de la Universidad Nacional, en este caso concreto en el nivel de bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades.
La burocracia universitaria más añeja, menos dinámica y más viciada, se encuentra en el CCH, ya que un grupo de burócratas se han intercambiado los puestos durante más de 20 años, sin que jamás hayan tenido un proyecto académico que supere a la institución.
En nuevo coordinador ya fue coordinador hace varios años, pero anteriormente ya había sido Secretario General y anteriormente ya había sido jefe de la unidad académica, o sea, es una burocracia muy cerrada que durante 20 años ha estado enquistada en esta institución.
Las autoridades universitarias, ante la inconformidad salarial de los profesores, han respondido con un programa de estímulos que no ha dejado satisfechos a los docentes, ya que es diferenciado y no constituyente un aumento general al salario.
A todo esto, a todos estos elementos que ya padece la comunidad del CCH: falta de material didáctico, falta de laboratorios adecuados; a todo esto que ya sufre la comunidad del CCH, últimamente se ha añadido la realización de ataques y agresiones constantes.
A partir del mes de noviembre de 1993 y hasta la fecha la comunidad del plantel Azcapotzalco del CCH ha sufrido ataques periódicos por individuos al parecer de origen politécnico, ya que invariablemente gritan consignadas propias de esa institución.
Es de destacar que al arribar a las instalaciones del CCH, lo hacen en camiones de Ruta - 100 en número que casi siempre se repite y en
algunas ocasiones asisten precedidos o escoltados por patrullas de la policía preventiva. Estos actos se realizaban al menos dos veces por semana, aunque recientemente, de dos meses para acá, son perpetrados diariamente.
Las características de dichos actos son: asaltos con lujo de violencia a los estudiantes que se encuentran saliendo o entrando de las instalaciones, lanzamiento de petardos y otros proyectiles sobre miembros de la comunidad, violencia verbal, amedrentamiento con armas de fuego, invasión masiva en las instalaciones del plantel con actitud francamente provocadora; han producido múltiples lesionados y daños materiales a los automóviles de los profesores y a las instalaciones de los planteles.
La directiva del plantel Azcapotzalco y la Comisión de Seguridad del mismo, integrada por profesores y alumnos, han acudido a la Delegación Política de Azcapotzalco, con el fin de solicitar protección ante los hechos narrados, sin que hasta la fecha hayan sido recibidos por el delegado ni haber montado operativos tendientes a disminuir estas acciones.
El anterior Procurador de Justicia del Distrito Federal, doctor Humberto Benítez Treviño, se comprometió a tomar medidas, sin embargo hasta ahora no se han cumplido.
En el plantel Vallejo la situación es similar, los ataques de los grupos porriles se han intensificado, siendo las autoridades incapaces de frenar la violencia y de proteger a los estudiantes por medio de las autoridades competentes. Los trabajadores del plantel Vallejo han tenido que acudir al paro en defensa de sus derechos laborales ante las actitudes prepotentes de las autoridades y la violación de su contrato colectivo.
Por otra parte, las autoridades del CCH pretenden modificar los planes y programas de estudio sin el consenso de los profesores; es otra de las razones del paro del día de hoy. Los docentes buscan que cualquier modificación a la currícula se realice por métodos democráticos y están luchando por construir un mecanismo que permita la discusión democrática y el análisis de la reforma.
Los profesores universitarios han visto deteriorarse su salario en más del 70% y proponen hoy, legítimamente, un aumento del 100% directo al salario. Ante esta delicada situación exhortamos a las autoridades delegacionales y de la Procuraduría del Distrito Federal, que se detengan los ataques porriles contra la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades, demandamos de las autoridades universitarias la solución a las demandas de profesores, trabajadores y estudiantes de colegio de Ciencias y Humanidades; a petición de un grupo de profesores y estudiantes solicitamos a esta soberanía se turne este asunto a las comisiones de Gestoría y Quejas y a las de Justicia de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Gestoría y Quejas y de la Justicia.
SEGURIDAD PÚBLICA
El Presidente:
En seguida se concede el uso de la palabra al diputado Odilón Cantú Domínguez, del grupo parlamentario del PFCRN para hacer comentario sobre la situación política del país.
El diputado Odilón Cantú Domínguez:
En nuestro país existen históricamente una serie de problemas relacionados con la inseguridad pública y el control gubernamental, que pueden destacarse de manera concreta.
Los hechos violentos han surgido con una fuerza desmedida que no han podido ser frenados; han proliferado los homicidios y los asaltos a bancos, a empresas, los secuestros, los asaltos a camiones, minibuses e incluso en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), asaltos a casas - habitación, asaltos a automovilistas etcétera y además los ciudadanos son víctimas de a corrupción policiaca y de las acciones delictivas realizadas por elementos de las propias corporaciones, que son responsables de cuidar la seguridad pública.
Entre varios elementos que han provocado la inseguridad pública del país podemos mencionar algunos muy ilustrativos:
1) En el mes de marzo, en plena campaña política es asesinado el entonces candidato del PRI, licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.
2) La no aclaración del asesinato del cardenal Posadas Ocampo suscitada en mayo de 1993, que ha llevado a la iglesia a denunciar la infiltración en la PGR del narcotráfico y que le ha servido de chantaje para salvaguardar sus privilegios.
3) El hampa inicia un suculento negocio representado por secuestros a hombres prominentes de negocios, por los cuales se solicitan rescates millonarios.
4) Crece constantemente el rapto y venta de menores de edad, de órganos humanos, los cuales al igual que en los secuestros, son realizados en gran parte por bandas organizadas que son difíciles de conocer y de desmantelar, sobre todo.
5) Los asaltos en autobuses, microbuses, el metro, en la ciudad de México, a empresas, a comercios, a bancos, casa - habitación aumentan considerablemente día con día.
6) El asalto a los automovilistas ya no es exclusivo a los taxistas, sino que tiende a generalizarse a ser despojados los ciudadanos de sus automóviles y/o sus pertenencias.
7) Los asaltos a mano armada en las calles, en cajeros automáticos, en restaurantes, y hasta en iglesias también constituyen un problema serio de inseguridad.
8) Las guerras entre bandas de narcotraficantes que afectan también a la población civil.
9) Las policías en el país, así lo constatan los hechos, se encuentran infiltradas por delincuentes que aprovechan sus cargos para actuar con impunidad.
10) La corrupción policiaca también hace su víctima a los ciudadanos.
11) La inseguridad se manifiesta aún más con la introducción ilegal de armamento a nuestro país.
Los hechos ahí están ¿qué solución se ha dado? Nosotros diríamos que se han adoptado medidas parciales ¿Qué se ha hecho? Perder el tiempo formando comisiones de investigación y aparatos burocráticos que no han dado el resultado esperado y que implican un alto costo.
Las respuestas gubernamentales han sido, en el caso del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio creemos que la subprocuraduría creada para el caso no ha dado ningún resultado, es más, está hecha bolas; primero sostiene que fue una acción preparada; es decir, que hubo un complot en contra del entonces candidato del PRI, y para demostrarlo encerraron a personas que creían por los videos que pudieran haber intervenido, después dice que el asesino actuó por sí solo, con lo cual la hipótesis del complot cae por si sola.
Pero nos volvemos a hacer la pregunta: ¿qué pasa con la investigación? Creemos que el licenciado Montes difícilmente podrá decirnos quién fue el autor intelectual; es más, a este paso ya nos podemos imaginar la conclusión de las investigaciones, sin presumir, porque no somos investigadores, hay lógicas encontradas en el presente asunto.
La lógica sería atar cabos, por ejemplo; ¿quién mató a Colosio? Bueno, partimos que fue Aburto; ¿qué motivos tuvo? Aún no lo sabemos, y lo que se ha dado a conocer es poco convincente, ¿existe o no existe un complot? El licenciado Montes inicialmente nos dijo que si, si hubo complot; si hubo complot hubo un autor intelectual, ¿quién fue?, y hasta ahí llegó el asunto, se trabó.
¿Por qué?, pues simplemente si es cierta la hipótesis que las policías están infiltradas por el hampa organizada, también el autor intelectual tuvo que haber comprado servicios que permitieran poner cortinas de humo en torno al caso Colosio y evitar que se siguieran los caminos correctos.
Un autor intelectual del crimen llena características lógicas; primero, tener la suficiente capacidad económica para comprar los servicios del ejecutor y del muro de procesión del asesino para que pudiera ejecutar el asesinato; segundo, tener a personas a su servicio que establecieran contacto con los actores en el asesinato; tercero, tener el objetivo de eliminar a una persona porque le estorba, lo perjudica, porque probablemente le obstaculiza en su participación política o bien porqué las últimas propuestas hechas por el propio Luis Donaldo Colosio podrían afectar el poder político tradicional, y por último, escoger un lugar en donde las vías para despistar eran varias: lugar de residencia de narcotraficantes, gobierno panista, cercanía con los Estados Unidos, un lugar perfecto para cometer un crimen aparentemente perfecto.
¿Qué necesita el autor intelectual? Bueno, poder económico y probablemente poder político, tener intereses en Tijuana, que por medio de terceras personas pudieran cooptar a los actores del asesinato.
¿Qué ganaba? Bueno, primeramente evitar que Colosio llegara a la presidencia y cumpliera con su compromiso de reformar el poder político y quizá poder influir políticamente en la designación del nuevo candidato y por ende, ganar posiciones dentro del nuevo grupo gobernante.
Estas son suposiciones, pero que no creemos que el licenciado Montes haya hecho estas reflexiones, o si lo hizo, encontró algunas situaciones que lo hicieron recular y sugerir que siempre no hubo complot.
Para frenar el índice delictivo en el país, el presidente de la República creó el 26 de abril de este año, la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, la cual según el Diario Oficial de la federación, busca definir los lineamientos y acciones que deben seguir las dependencias que tengan a su cargo directa o indirectamente asuntos relacionados con las seguridad pública, como son las procuradurías General de la República, General de Justicia del Distrito Federal, así como las procuradurías de justicia de los estados, mediante los mecanismos y acuerdos de coordinación a que se refieren las leyes.
Esa unidad se encargaría de construir puentes de comunicación entre las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, de Marina, así como del Departamento del Distrito Federal.
El Poder Ejecutivo nombró como titular de esa coordinación al ex secretario de Trabajo y Previsión Social, licenciado Arsenio Farell Cubillas, quien por sí mismo y en vista de sus anteriores cargos públicos puede considerarse duro y frío, empero también es una persona que desconoce de las técnicas policiales y que estuvo atendiendo asuntos laborales por 12 años.
Nosotros dijimos en esta tribuna, Arsenio Farell no garantiza que pueda coordinar a las corporaciones policiacas en este país y para hacerlo se necesita un perfil totalmente diferente; debe ser una persona con conocimientos amplios, debe conocer el ámbito policiaco y debe tener una formación en la materia. Ninguna de estas características tiene el licenciado Farell, y esto se ha visto en el tiempo que lleva al frente de la mencionada comisión.
Nos preguntamos: ¿qué resultados ha alcanzado? ¿Cómo ha coordinado a los cuerpos policiacos? ¿Ha frenado el avance de índices delictivos? ¿Qué acciones ha hecho?
El licenciado Farell y su coordinación son una caja de misterios.
Así, no creemos que la delincuencia disminuya; al contrario, al ver tanta incapacidad policiaca, aumenta.
En razón de estas preocupaciones y con base en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos - mexicanos, que establece la posibilidad de la comparecencia de funcionarios públicos cuando el Congreso de la Unión así lo crea conveniente, la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, solicita las comparecencias ante la Comisión de Justicia, del licenciado Arsenio Farell Cubillas, titular de la Coordinación de Seguridad pública de la Nación y del licenciado Miguel Montes García, para que expliquen o aclaren las dudas pertinentes sobre sus responsabilidades.
Para culminar, insistimos; de no aclararse los asesinatos que siguen impunes, en particular el del licenciado Colosio antes del 21 de agosto, ninguno, absolutamente nadie puede garantizar la tranquilidad del proceso electoral, y aún más, de las amenazas de muerte que han recibido en su mayoría los candidatos a la presidencia de la República.
Señor Presidente, dejo en manos de las Secretaría mi exposición, para que sea turnada a la Comisión correspondiente. Muchas gracias, señores.
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul)
Señor Presidente, pido la palabra en contra de la proposición.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Castillo Mota.
El diputado Juan José Castillo Mota:
Con su permiso, señor Presidente:
Hemos escuchado con gran detenimiento la intervención del señor diputado del Frente Cardenista del Reconstrucción Nacional. En parte estamos conformes en cuanto a la preocupación que tenemos todos los legisladores por que se aclaren a la brevedad posible los asesinatos del cardenal Posadas y de nuestro candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, así como que e combata de manera radical ese alto índice de criminalidad que viene acentuándose de unos meses a la fecha.
Sin embargo no podemos darle al licenciado Arsenio Farell el carácter de secretario de Estado, es un simple coordinación que por acuerdo del Presidente se encarga de una Comisión para coordinar la Comisión de Seguridad Nacional, por ello manifestamos nuestra inconformidad en cuanto a que citemos al señor.
Ya estuvimos con él varios diputados, platicamos ampliamente en relación con el contenido de su coordinación, con sus objetivos, porque aquí se llego a firmar que se estaba violentando la Constitución al darle un carácter superior al Ministerio Público, al Procurador General de la República, a las procuradurías, a los secretarios de la Defensa y de Marina, y pudimos aclarar que no era un decreto lo que había dado lugar al nacimiento de esta coordinación, sino un simple acuerdo, y por ello consideramos no es factible al citar al licenciado Arsenio Farell, para que comparezca en está Cámara de Diputados. no es secretario de Estado.
Y en relación con el 93 constitucional, no tenemos la facultad de llamarlo, no es necesario.
Pero no tenemos las puertas cerradas para verlo las veces que sean necesarias para saber que está haciendo esa coordinación, como tampoco debemos tener las puertas cerradas para realizar in sinnúmero de gestiones que nos permitan conocer, lo que sea factible conocer que no evite que pueda dar al traste con investigaciones que no pueden ser del dominio público, para evitar la sustracción de la acción de la justicia de diferentes delincuentes cuyas órdenes de aprehensión pueden estar giradas y no complementadas.
En el momento en que nosotros supiéramos o se nos informará el estado o cómo se están manejando averiguaciones previas, estaría dejando de cumplir con sus objetivos el Procurador General de la República y cualquier agente del ministerio Público que estuviera encargado de una averiguación previa, sobre todo, porque daría lugar a la sustracción de la acción de la justicia de algunos elementos sobre los cuales hay que estar muy cuidadosamente vigilando para que se cumplan todas las acciones que debemos realizar.
Nosotros no rehuimos, y eso es lo que quiero que entienda nuestro compañero del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Estamos conformes con que las investigaciones se lleven a fondo; lo que no podemos hacer es violentar la Constitución.
En lo demás sí estamos molestos, lo hemos externado, no nos cansaremos de manifestarlo, cuando entendemos que el caminar de las investigaciones no es, lo rápido que nosotros quisiéramos. No se camina en tal o cual sentido como nosotros quisiéramos, para satisfacción del pueblo de México, pero ése es el cuidado que debemos tener los diputados para vigilar sin invadir el área, la jurisdicción de esas entidades, y así como hemos recibido, y ahí tenemos en la Comisión de Justicia copias de todo lo actuado, que ya es público y por eso lo tenemos, y por eso lo estamos solicitando, no podemos pedirle que nos den de lo que todavía no es público, porque nosotros estaríamos llevando al Procurador a que violentara su función. Nosotros estamos de acuerdo en estar muy pendientes.
Qué bueno que en el homicidio de Luis Donaldo ya haya un representante legal designado por la esposa, que sí sabe de derecho penal, que sí entiende cuales son las acciones que deben realizarse, los que ya han hecho los conocerá porque va a tener el expediente, no le va a ser negado el expediente por la personalidad que le acaba de dar la esposa de Luis Donaldo Colosio.
En lo del cardenal Posadas acaba de llegar uno de los que fueron extraditados de Estados Unidos y acaba de declarar, el "zig zag". y vienen otros dos, pero ahí está el trámite que está realizando la Secretaría de Relaciones Exteriores a petición de la Procuraduría General de la República, ¿por qué? Porque la inasistencia
nuestra es que se aclaren esa clase de ilícitos que afectan mucho al pueblo de México y no lo podemos permitir. Y también tenemos que luchar porque se combatan las bandas de secuestradores, los que asaltan, así como aquí en esta calle de Congreso de la Unión, donde constantemente se asalta.
Bueno, eso no lo vamos a permitir. Y vamos a exigir a Protección y Vialidad y a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que ponga vigilancia. Todo eso tenemos que hacerlo.
Y por lo otro, yo sí les manifiesto que en virtud de que el señor licenciado Arsenio Farell no es secretario de Estado, no podemos citarlo a que comparezca en este lugar, sin embargo, creo que podemos ir a verlo, como ya nos recibió en días pasados y como ya nos explicó, y quedó de explicarnos cuantas veces quisiéramos, sobre los términos de su coordinación y qué va realizando. muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Odilón Cantú Domínguez.
El diputado Odilón Cantú Domínguez:
Qué bueno que comparte el Presidente de la Comisión de Justicia la preocupación y, desde luego, coincidimos en algunos aspectos. Solicito no que se someta a consideración del pleno de esta Asamblea, sino que se turne a la comisión para que revise de manera conveniente el planteamiento hecho y aún más, me permitiría solicitarle a la Comisión de Justicia nos hiciera llegar a todos los diputados la información correspondiente.
Quiero agregar que con mucho gusto acepto la invitación y la puerta abierta que tiene el Licenciado Montes para quienes deseamos indagar respecto a este caso. Muchas gracias.
El Presidente:
El diputado Castillo Mota tiene la palabra para contestar alusiones personales, y hasta por cinco minutos.
El diputado Juan José Castillo Mota:
Yo le ruego a mis compañeros diputados que no se cansen tan pronto. Espérense, estamos de acuerdo en que se turne a la Comisión de Justicia. Muchas Gracias.
El Presidente:
Como lo solicitó el diputado Odilón Cantú Domínguez, túrnese a la Comisión de Justicia su solicitud.
EFEMÉRIDES
El Presidente:
A continuación se concede el uso de la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre el aniversario de los acontecimientos del 10 de Junio de 1971.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Gracias, señor Presidente:
Democracia o violencia, la disyuntiva nacional.
Compañeras y compañeros diputados:
Ciertamente la historia de una nación es resultado de un infinito de hechos cotidianos que aparecen imperceptibles a nuestros ojos, pero que en un momento dado se sintetizan en acontecimientos trascendentes que delinean espacios de época. Así, en el caso de nuestra historia contemporánea, señalada desde el punto de vista político por una constante y ascendente lucha por la democracia, existen hechos, incluso gestas heroicas que han marcado la memoria colectiva de nuestro pueblo, imprimiéndose orientación, sentido y razón de ser.
Así la lucha campesina jaramillista y los movimientos laborables del magisterio, de los ferrocarrileros y de los médicos, entre otros acontecimientos registrados entre fines de la década de los 50 y principios de los 60, fueron sin duda, parte de la acumulación de condiciones para que floreciera el movimiento estudiantil popular de 1968 y su secuela del 10 de junio de 1971. Todos estos hechos son eslabones de una cadena cuyo punto de fusión ha sido la
larga, difícil y trágica, pero al mismo tiempo fructífera lucha en contra de un sistema económicamente centralizador y políticamente autoritario y represivo, cuyo fin es ahora inminente y necesario.
De ahí que los sacrificios de los héroes anónimos de esas jornadas de luchas no hayan sido en vano y que el país tenga con ellos una deuda moral y política que debemos saldar, no sólo rindiendo homenaje a su memoria cada que haya ocasión para ello, sino principalmente siguiendo su generoso ejemplo de ofrecer todo el esfuerzo y sacrificios posibles para alcanzar el objetivo de construir un México libre, soberano, democrático y justo.
A nuestro juicio, los integrantes del movimiento estudiantil de 1968 que en esencia son los mismos de junio de 1971, cumplieron con creces en aquel entonces y ahora con su cometido histórico de defender la autonomía de una comunidad responsable y lúcida que supo comprender que no sólo se jugaba el destino de la educación pública emanada de la Revolución mexicana, sino las causas más esenciales de la nación, como es la democracia.
De ellos y ante ellos puede hablarse de honor y de patria, de auténtico compromiso con México, de historia verdadera, porque nos enseñaron a valorar entre otras cosas, el contraste entre un hombre cabal, sabio y prudente, universitario magnifico, como don Javier Barros Sierra, quien se llevó a su última morada el reconocimiento sincero de los intelectuales y demócratas y entre un gobernante autoritario, como lo fue Gustavo Díaz Ordaz, que se llevó a la parca el repudio de muchos mexicanos.
También entre un escritor insuperable, como José Revueltas, que penetró con sus ojos de fuego la realidad mexicana, casi como ninguno y que en el último suspiro estuvo invadido por el amargo sabor de una misión considerada incompleta y al mismo tiempo por la convocatoria de una pléyade de rebeldes frente a su féretro, reconociendo que su obra literaria era armónica con la apuesta de su vida.
Y entre Alfonso Martínez Domínguez que tuvo responsabilidad en los acontecimientos del 10 de junio, que con cinismo y autoritarismo gobernó el Estado de Nuevo León y que nuevamente conspira con una mentalidad retardataria, desde el Senado de la nación.
Las elecciones del movimiento estudiantil fueron mucho más que éstas. Pero si sólo hubieran sido éstas, hubieran sido más que suficientes. Desde esta óptica global todos estos hechos históricos tienen el mismo valor general, pero al mismo tiempo cada uno tiene su valor particular.
En el caso del movimiento estudiantil popular, que se generó en 1968, la especificidad reside que entre los centros de educación superior del país, cuya tarea esencial es la creación y recreación del conocimiento, sustentado en los instrumentos de la ciencia, la razón analítica y el intercambio libre de ideas, reivindicaron su derecho inalienable a ejercer libremente la crítica y de decidir autónomamente el contenido y la orientación de la enseñanza, así como su compromiso de ponerla al servicio del pueblo de México.
Es decir, la inteligencia nacional desafió abiertamente el autoritarismo del sistema político y en particular del presidencialismo, evidenciado que nuestro país necesitaba dar un grito histórico en el sentido de regresar a la nación y al pueblo de México, su capacidad de decisión.
Todos sabemos cuál fue la respuesta del sistema político y de los gobiernos en turno: la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco ny la masacre del jueves de Corpus en Santo Tomás. Desde entonces la nación quedó profundamente lacerada y dividida. Ni la política aperturista del "Arriba y Adelante", ni la abundancia petrolera de la "Alianza para la Producción", ni el golpe de mano de hacia la modernización y la democracia integral, ni el populismo tecnocrático de la falsa solidaridad, fueron suficientes para evitar que los mexicanos continuaran luchando por un país democrático y justo, guiado por un compromiso humanista donde por la razón se llegue al consenso y por la libertad y la sabiduría, se construya un gobierno para todos.
Esos fueron los ideales de los estudiantes que murieron y fueron encarcelados en aquellos fructíferos y lacerantes momentos de nuestra historia y que aún vigentes, coadyuvan a frenar los embates de quienes no han aprendido la lección de que los mexicanos se niegan a ser gobernados por el engaño y por la fuerza. Desde entonces a la fecha, si bien otros motivos y luchas han retomado y ampliados los espacios libertarios y conquistados y heredados por el movimiento estudiantil, el camino no ha sido difícil; porque el país se
deslizó aceleradamente hacia la descomposición del sistema político, guiado por grupos de poder cuyos gobernantes fueron cada vez más cínicos y opresivos, porque de ninguna manera están dispuestos ha abrir los causes de la libertad y la democracia sin defender palmo a palmo todos y cada uno de sus privilegios, sin importar que México se hunda en el caos de la violencia.
En 1971 el 10 de junio, fueron ultimadas 125 personas, la mayoría estudiantes, por el grupo denominado "halcones", entrenado y financiado por autoridades del Departamento del Distrito Federal. Uno de los que falleció se llamaba Edmundo, de 20 años ; era mi hermano. Le entró una bala expansiva que le provocó la muerte casi instantáneamente. La investigación sobre los responsables de la agresión, pese a los esfuerzos de los familiares de los desaparecidos, quedó sin resolverse. Fue un crimen de Estado.
¿Quiénes fueron los responsables y causantes del surgimiento de la guerrilla de los 70, antes, y del Ejército Zapatista de Liberación., ahora? ¡ Los mismos! Los que defienden a este sistema autoritario.
El sistema político mexicanos con los presidentes de la República y el PRI a la cabeza, fueron forjando paso a paso la incertidumbre y la necesidad del cambio, cuando redujeron a la nada el federalismo y la división de poderes, cuando secuestraron en su exclusivo beneficio los procesos electorales, cuando excluyeron a 40 millones de mexicanos de los beneficios del desarrollo, cuando derrocharon sin medida los recursos naturales, cuando abandonaron los más elementales principios de nuestra política exterior, cuando fueron cediendo espacios de nuestra soberanía nacional, cuando pretendieron gobernar sin el aval ni el consenso de la sociedad civil, cuando asociados permitieron que el país fuera inundado por el narcotráfico y la delincuencia organizada, cuando sucumbieron ante el imperativo de garantizar la seguridad pública, cuando renunciaron a esclarecer el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo, cuando desde las entrañas de esta descomposición del régimen una mano criminal segó la vida de Luis Donaldo Colosio, cuando un nuevo candidato impuesto ingresa clandestinamente arropado por un grupo de guardias armados en el campo universitario, ese recinto histórico que en 1968 constituyó el punto de ruptura precisamente con este sistema político cuyo único signo de respuesta sobrevivencia sigue siendo el enfrentamiento y la violencia. Digámoslo claramente, ahora que es el momento más oportuno la mayoría de los mexicanos, independientemente de sus preferencias electorales o partidarias, demandan el cambio en un marco de paz.
El sistema político tal como está, es la opción de la violencia y representa exactamente la cara adversa al cambio, por eso promueve la demagógica y perversa idea de que el cambio es lo contrario a la paz. Mal hacen quienes apoyan desde distintos ámbitos de la política y que se prestan a este juego, ya que piensan que todos los ciudadanos sin más, el 21 de agosto aprueban la opción de la inconformidad social que entraña el que no haya unas elecciones transparentes en un marco de una verdadera competencia política.
En otras palabras, la paz podrá ser posible, sí, y soló si unimos fuerzas para ayudar a morir el régimen político de Estado, coadyuvar a la vigencia del régimen que propicia la violencia, que es hoy un retroceso e incluso una abierta traición a México.
Hubo ya signos de cambio que han sido, instinto, segados por una mano criminal en el propio partido del Gobierno.
La pregunta clave que debemos contestarnos hoy, como lo hicieran los estudiantes hace más de 25 años, es si el actual grupo en el poder tiene la verdadera convicción y las condiciones necesarias para erradicar y reorientar las prácticas políticas premodernas y antidemocráticas que lo han caracterizado.
Nosotros en realidad tenemos elementos de duda, toda vez que día a día saltan a la vista ejemplos de que tienen una idea en sentido contrario.
En otras palabras, el cambio para la solución de la crisis política nacional no pasa por oxigenar el cadáver del partido de Estado, sino por la de construir en un acuerdo nacional en donde reconozcamos que el espacio de la política y de la democracia son también los espacios de la sociedad, como única garantía para transitar hacia la civilidad y evitar un conflicto incalculables consecuencias.
¡Demos una oportunidad a la paz!
¡Abramos los espacios para la construcción de un pacto nacional democrático!
¡No juguemos irresponsablemente con la falsa y peligrosa posibilidad de que el sistema político mexicano es redimible tal como está!
¡Demos a las generaciones futuras la certeza de que vivirán en un país distinto, en donde no haya un partido y un Presidente que les secuestre su irrenunciable posibilidad de ser!
¡El 10 de junio no se olvida!
El Presidente:
Sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al diputado Juan José Castillo Mota.
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul):
Declino.
El Presidente:
Declina.
Se solicita a la Secretaría que dé cuenta del siguiente punto del orden del día.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Victoria Reyes Reyes:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
14 de junio de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1993 y Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1993.
Elección de la mesa directiva.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 18.10 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 14 de junio, a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
AAPAUNAM Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
CAPAEG Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero.
CCH Colegio de Ciencias y Humanidades.
CILA Comisión Internacional de Limites y Aguas.
IFE Instituto Federal Electoral.
IVCM Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte.
PAN Partido Acción Nacional.
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
PGR Procuraduría General de la República.
PRD Partido de la Revolución Democrática.
PRI Partido Revolucionario Institucional.
SARH Secretaría de Agricultura Y Recursos Hidráulicos.
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social.
STPRM Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
TLC Tratado de Libre Comercio.
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.