Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19940622 - Número de Diario 22
(L55A3P1oN022F19940622.xml)Núm. Diario: 22ENCABEZADO
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
LV LEGISLATURA
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
DIRECTOR GENERAL DE CRÓNICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora
PRESIDENTE
Diputado Miguel González Avelar
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Norberto Reyes Ayala
AÑO III México, D.F., miércoles 22 de junio de 1994 No. 22
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ESTADO DE TABASCO
Rinde protesta como diputada federal la ciudadana María de Lourdes Bolívar Gorra, electa como suplente en II distrito electoral federal de ese estado.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Invitación al acto cívico conmemorativo del CLXXX aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana. Se designa comisión.
ESTADO DE CHIAPAS
Comunicación del Congreso estatal, con el que informa de actividades legislativas. De enterado.
ESTADO DE JALISCO
Comunicación del Congreso estatal, con el que informa de actividades legislativas. De enterado.
GRAN COMISIÓN
Proposición respecto de la integración de comisiones. Se aprueba.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que envía iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de esos ordenamientos. Se turna a la Comisión de Justicia.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que envía iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de ese ordenamiento. Se turna a la Comisión de Justicia.
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Iniciativa del diputado Manuel Terrazas Guerrero. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social.
SOLICITUD DE EXCITATIVAS
Del diputado Alfredo Lujambio Rafols, a varias comisiones. Se exhorta a que dictaminen en cinco días.
Del diputado Marco Antonio García Toro, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Seguridad Social, respecto de la creación del Instituto Nacional pro Personas con Discapacidad. Se exhorta a que dictaminen en 10 días.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, para rectificar hechos.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO
Primera lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Rodolfo Barragán, Marco Antonio Arceo Castillo, Martha Adriana Hernández Abraham y Martha Verónica Sánchez Mejía, pueda prestar sus servicios en esa legación.
DELITOS ELECTORALES
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, denuncia lo que calificó de hostigamiento a investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, por presuntos delitos de ese orden.
Expresa sus opiniones al respecto, el diputado Florencio Salazar Adame.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Rosa Albino Garavito Elías
Florencio Salazar Adame
Cristóbal Arias Solís
Florencio Salazar Adame
Raymundo Cárdenas Hernández
Juan Antonio Nemi Dib
Raymundo Cárdenas Hernández
Israel González Arreguín
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
José Antonio González Fernández
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
José Octaviano Alaniz Alaniz
Julio César García Hernández
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Se desecha la proposición del diputado Calderón.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar hechos.
José Octaviano Alaniz Alaniz, para rectificar hechos.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar hechos.
CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
Minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto aprobando dicho documento. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
Minuta del Senado de la República con las características de la Segunda Moneda Conmemorativa del D aniversario de ese acontecimiento. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ESTADO DE GUERRERO
Comenta las declaraciones de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, en esa entidad, el diputado Juan Enrique Caballero Peraza.
Expresa su opinión sobre el asunto, el diputado Arquímides García Castro.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Juan Enrique Caballero Peraza
Josafat Arquímides García Castro
Juan Enrique Caballero Peraza
Josafat Arquímides García Castro
Juan Enrique Caballero Peraza
Juan Antonio Nemi Dib
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Guillermo Jorge González Díaz:
Se informa a la Presidencia que existe registrados previamente 296 diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 12.35 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Guillermo Jorge González Díaz:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
22 de junio de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior
Protesta de ciudadano
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXX aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana, tendrá lugar el 27 de junio a las 11.00 horas.
Comunicaciones de los Congresos de los estados de Chiapas y Jalisco.
Proposición de la Gran Comisión.
Iniciativas del Ejecutivo
De decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Iniciativa de diputados
De reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Manuel Terrazas Guerrero, del grupo parlamentario del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. (Sobre incorporación de legisladores a dicho instituto).
Solicitud para que se excite a diversas comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Alfredo Lujambio Rafols, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rodolfo Barragán, Marco Antonio Arceo Castillo, Martha Adriana Hernández Abraham y Martha Verónica Sánchez Mejía, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Agenda política
Comentarios en torno a iniciativas ciudadanas para asegurar la realización de un proceso electoral confiable, a cargo del diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre declaraciones de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Juan Enrique Caballero Peraza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario Guillermo Jorge González Díaz:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con diez minutos del día veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de doscientos sesenta y siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo trigésimo tercer aniversario luctuoso del general Leandro Valle Martínez. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Una comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Se da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, al que se adjunta iniciativa del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que abroga la Ley que Establece los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Patrimonio y Fomento Industrial, para que externen sus opiniones.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de régimen municipal. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y se ordena la publicación íntegra en el Diario de los Debates.
Pasa a la tribuna el diputado Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta, a título personal, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que informa que la ciudadana Ana María Mónica Pérez de García, ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales del Senado de la República.
Otro oficio de la misma Secretaría, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rodolfo Barragán, Marco Antonio Arceo Castillo, Martha Adriana Hernández Abraham y Martha Verónica Sánchez Mejía, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Oscar Garzón Gárate, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una declaración política respecto de basureros tóxicos en territorio de los Estados Unidos de América, cercanos a la frontera con el Estado de Baja California y hace una proposición.
Comenta el mismo asunto, el diputado José de Jesús González Reyes, del Partido Acción Nacional y el Presidente somete a consideración de la Asamblea la proposición, misma que es aceptada por el pleno y se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Ecología y Medio Ambiente.
Hace uso de la palabra el diputado Alfredo Castañeda Andrade, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien presenta denuncia por el desalojo de una organización llamada Promotora Nacional de Fomento a la Vivienda y el Comercio, de un predio en la delegación política de Tlalpan, Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Desde su curul, se inconforman con el trámite los diputados Alfredo Villegas Arreola y Manuel Díaz Infante y el Presidente, conforme a los mandamientos reglamentarios, concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Villegas Arreola, del Partido Revolucionario Institucional, para
fundamentar su inconformidad, misma que la Asamblea apoya en votación económica, por lo que se abre el debate conforme al artículo cincuenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica la Asamblea desecha la proposición del diputado Alfredo Castañeda Andrade.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace comentarios respecto al sistema penitenciario.
Pasa a la tribuna el diputado Jorge Torres Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia la detención de un candidato a diputado en el Estado de Durango.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas, citando para la que tendrá lugar mañana, veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE TABASCO
El Presidente:
Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María de Lourdes Bolívar Gorra diputada suplente electa en el II distrito del Estado de Tabasco.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Francisco Rabelo Cupido, Jesús Madrazo Martínez de Escobar, Mario Ross García, Alfredo Castañeda Andrade y Martín Tavira Urióstegui.
El secretario Armando Romero Rosales:
Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadana María de Lourdes Bolívar Gorra: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana María de Lourdes Bolívar Gorra:
¡Sí, protesto!
El Presidente:
Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario Armando Romero Rosales:
Se va a dar lectura a una invitación.
«Diputado Miguel González Avelar. - Presidente de la Cámara de Diputados. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXX aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana ("Tata Gildo"), que tendrá lugar en su estatua, ubicada en Paseo de la Reforma entre Río Amazonas y Río Guadiana, delegación Cuauhtémoc, el día 27 a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de esa Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva dar al presente y le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dirección de Acción Cívica, licenciado Gerardo González Camarena.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Florencio Salazar Adame, Fernando Navarrete Magdaleno y José Octaviano Alaniz Alaniz.
ESTADO DE CHIAPAS
El secretario Armando Romero Rosales:
«Escudo Nacional. - Estado Libre y Soberano de Chiapas. - Honorable Congreso.
Presidente de la Cámara de Diputados. - México, D. F.
La honorable LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, párrafo II y XXX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, así como el numeral 8o. del Reglamento Interior de esta propia soberanía, eligió a los diputados que funcionarán como presidente y vicepresidente de la mesa directiva durante el mes de junio, quedando de la siguiente forma:
Diputado Gonzalo López Camacho, presidente; diputado Rafael Arzat Herrera y diputada Norma Rebeca Alvarez Rincón; vicepresidentes.
Lo cual comunicamos a usted(es) para los efectos procedentes, reiterándole(s) la seguridad de nuestra muy atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas; 31 de mayo de 1994. - Licenciado Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez; diputado presidente profesora Laura Farrera Gutiérrez, diputada secretaria.»
De enterado
ESTADO DE JALISCO
El secretario Armando Romero Rosales:
«Escudo Nacional. - Gobierno de Jalisco. - Poder Legislativo. - Secretaría del Congreso.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:
Para los efectos del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, les comunicamos que la diputación permanente del Congreso del Estado, que fungirá del 1o. de junio al 31 de agosto de 1994, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio legal de la LII Legislatura del Estado de Jalisco, quedó integrada por los diputados:
David Pérez Rulfo Brizuela, presidente; Tomás Rubio Gutiérrez, secretario; Ángel Guadalupe Franco Camberos, secretario; Joel González Ibarra, prosecretario; Esther Solano Zamora, prosecretario; Juan Delgado Navarro, primer vocal; Gildardo Gómez Verónica, segundo vocal.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco; 1o. de junio de 1994. - Rúbricas de diputados secretarios.»
De enterado.
GRAN COMISIÓN.
El secretario José Raúl Hernández Ávila:
«Gran Comisión.
Acuerdo de incorporación de diputado a comisiones.
Honorable Asamblea: la Gran Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, fracción IV; 50, 51 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
CONSIDERANDO
1. Que es necesario ajustar la integración de comisiones y comités, en virtud de que algunos diputados han solicitado licencia para separarse de sus funciones, misma que les fue concedida en términos del artículo 62 constitucional, incorporándose los respectivos suplentes al trabajo legislativo;
2. Que es facultad del pleno de la Cámara de Diputados sancionar las propuestas de la Gran Comisión, en lo que se refiere a la integración de comisiones y comités; somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:
ACUERDO
Único. Se incorpora el diputado Mario Cardona Mendoza, a las comisiones de Cultura, Ecología y Medio Ambiente; Educación y Salud.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de junio de 1994. - Diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Gran Comisión; diputado Manuel Díaz Infante, secretario.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición de la Gran Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la proposición.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.
El secretario José Raúl Hernández Ávila:
«Escudo Nacional. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Anexa al presente envío a ustedes, por instrucciones del Presidente de la República y para los efectos constitucionales, iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 17 de junio de 1994. - Por acuerdo del secretario. - El director general de gobierno, licenciado Luis Raúl González Pérez.»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La sociedad mexicana está confrontando graves amenazas que deben ser inmediatamente advertidas, prevenidas o conjuradas y severamente combatidas, particularmente aquellas que atentan contra la seguridad y la paz pública. Tanto en el orden nacional como a nivel mundial, en las últimas décadas se ha observado el notable incremento y peligroso resurgimiento del crimen organizado y de la delincuencia internacional, que han concentrado progresivamente sus recursos y potencialidad en el narcotráfico, en el tráfico y acopio de armas, el lavado de dinero, así como en el inherente fomento de su consiguiente cadena delictiva en la que necesariamente concurren la impunidad, la corrupción y el ataque a las instituciones públicas.
Me ha referido en varias ocasiones a la lucha decidida que hemos emprendido para evitar que el fenómeno de las drogas afecte la salud y la seguridad de los mexicanos. A lo largo de la presente administración se ha combatido y capturado a grupos organizados de narcotraficantes y han sido procesados más de una docena de sus jefes. La sociedad ha cobrado plena conciencia de la importancia de combatir el narcotráfico y la respuesta del Gobierno de la República contra dicho mal ha de ser ahora para acabar con él.
El Ejecutivo a mi cargo, con la plena convicción de que la función de los ordenamientos penales debe enfocarse especialmente a las conductas que revelan mayor peligrosidad y representan ataques al orden público y a las estructuras sociales, en diciembre de 1988 sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de reformas al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con objeto de elevar las penas aplicables a los delitos contra la vida y la salud pública, la seguridad y libertad de las personas, así como a los delitos de introducción, posesión y acopio de armas de fuego y explosivos.
En dicha iniciativa, se señaló que el derecho penal tiene una función correctiva, al castigar las conductas delictivas cometidas, pero a la vez una función preventiva, al inhibir la comisión de futuros delitos. Asimismo, en función del daño social que provocan ciertos delitos y
del bien jurídico que debe tutelar el derecho punitivo, en la mencionada propuesta se puntualizó que la eficacia preventiva del derecho penal no puede obtenerse sin que exista una nueva conciencia ciudadana, que advierta con claridad que al cometerse determinados delitos de especial gravedad, el Estado debe reaccionar aplicando penas más elevadas, de tal manera que los delincuentes queden excluidos de la vida social por lapsos prolongados. La conciencia ciudadana en este sentido debe tener la capacidad de configurar nuevas costumbres sociales que alejen a la juventud de la actividad delictiva e inhiba a los adultos que pretenden delinquir.
Como reforzamiento de lo anterior y a efecto de dar un balance más justo y equitativo a la Ley penal, en los años recientes se promovieron reformas que tuvieron por objeto reducir las penalidades para aquellas conductas que revisten menor gravedad y suprimir las que por su propia naturaleza no pueden ser tenidas como delito, lo cual ha permitido al Estado concentrar sus esfuerzos en la prevención y el combate de los delitos más graves. En la persecución y sanción de los delitos contra la salud pública, las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia han fortalecido significativamente sus acciones a través de la ejecución de programas de combate al narcotráfico y de la aplicación eficaz de los ordenamientos procesales y sustantivos para la imposición de penas a los responsables de tales conductas. El costo social que representa la convergencia del narcotráfico a nivel mundial y la acumulación de cuantiosas fortunas habidas ilícitamente por ese medio, se vuelve prácticamente imponderable, no lo podría pagar la sociedad ni tendrían capacidad de respuesta las futuras generaciones que atenazadas prácticamente por este flagelo, se volverían impotentes para contrarrestar la desigualdad económica y el daño sufrido por el tejido social.
La armonía social y el respeto al derecho del individuo se corresponden mutuamente y por ello las alternativas de las libertades individuales no deben entenderse al grado extremo de que puedan llegar a producir efectos que se reviertan en contra de la natural esencia de las conductas libres de los demás, ya que en el momento de que se rebase el punto de equilibrio entre el ejercicio de una persona en contra de las posibilidades que recíprocamente le corresponden a otra persona o al interés social, se cae en la anarquía, en el libertinaje fatalista o el estoicismo. Las libertades humanas no deben traducirse en imposiciones de la voluntad que sacrifiquen la autonomía de sus semejantes ni en riesgos potenciales que a la vez dañen otros bienes de igual o superior jerarquía, como la vida y la salud humanas, la integridad y el bienestar de la familia o de la colectividad, se ataque el interés general y como en el caso que nos ocupa, produzcan o permitan que se produzca un daño sustancial a la salud general de la República o atenten contra la seguridad pública.
De otra manera entrarían en colisión todos los valores fundamentales, imperando la anarquía, la razón del más fuerte, la lucha violenta y el retroceso social. Por ello, la cabal y legítima libertad, considerada un derecho fundamental en la declaración universal de los derechos del hombre, debe entenderse como la facultad de hacer todo aquello que no perjudique a otro, debiendo el orden jurídico y el estado de derecho salvaguardar este equilibrio sin desconocer que es siempre dinámico y mutable en función de la evolución del comportamiento social y su constante devenir.
El 10 de enero del año en curso se público en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica diversas leyes de carácter penal, en el que se adicionó un artículo 195 - bis al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, que establece la atenuación de las penas en el sentido de que, tratándose de delitos contra la salud, cuando la posesión o transporte, por la cantidad como por las demás circunstancias del hecho, no puedan considerarse destinados a realizar conductas directamente relacionadas con el narcotráfico y no se trate de un miembro de alguna asociación delictuosa, se aplicarán las penas previstas en el apéndice 1 de dicho ordenamiento.
La adición descrita fue propuesta por las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados de ese honorable Congreso de la Unión, teniendo como finalidad, señala el dictamen respectivo, normar los criterios de las autoridades al individualizar la pena, tratándose de posesión o transporte de cantidades de narcóticos que no repercutan de manera considerable en el bien jurídico tutelado en materia de delitos contra la salud.
El Ejecutivo a mi cargo, atendiendo a la inquietud que ha producido dicha atenuación, efectuó un cuidadoso análisis de la reforma y al efecto ha considerado pertinente proponer se
reflexione sobre la conveniencia de modificar los parámetros de la penalidad que deberá aplicar el juzgador, con base en las cantidades que contemplan las tablas del mencionado apéndice 1. En este orden de ideas, se estima conveniente proponer a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la eliminación de los cuatro renglones finales de las referidas tablas; este ajuste se plantea tomando en consideración que las cantidades previstas en dichos renglones representan por su magnitud un volumen considerable de narcóticos que podría generar indeseables resultados en contra de la sociedad mexicana, al auspiciar que la posesión y el consumo de drogas se incrementen, a la vez que podría propiciar un entorno más favorable al narcotráfico y a sus deletéreas consecuencias.
Del análisis de los últimos renglones de las tablas contempladas en el apéndice citado, se han ponderado diversos cuestionamientos que permiten advertir el surgimiento de mayores problemas, en comparación con las soluciones que se podrían generar. Por ejemplo, dentro de los beneficios que ampara, se encuentra la reducción de penas para el transporte o posesión de hasta 1 kilogramo de clorhidrato de cocaína, lo cual hace cuestionable si el transporte o posesión de dicha cantidad pueda tener como finalidad el simple consumo personal y no su utilización para otros propósitos.
En función de lo anterior y sin dejar de reconocer que el espíritu que animó a la aprobación de dicha reforma persigue una finalidad que en principio resulta positiva, toda vez que reduce las penas aplicables a los consumidores, quienes son víctimas de las organizaciones criminales, llevando a cabo la ponderación de sus pros y contras, se ha llegado a la conclusión de que en realidad con los últimos renglones de las tablas ya no se alcanzan tales propósitos porque, dada su amplitud en la tolerancia de grandes cantidades de narcóticos, la aplicación de penas reducidas o atenuadas en estos extremos viene a ser contradictoria en sí misma. No se debe perder de vista que el eslabón que completa la cadena de este tipo de delitos es precisamente el grupo consumidor, elemento terminal de la misma y que reactiva nuevamente el ciclo delictivo.
Cabe señalar la necesidad de retomar el espíritu de las reformas en cuanto a los delitos contra la salud, que ha sido el de atacar con mayor rigor las conductas directamente relacionadas con el narcotráfico y ser equitativo en los criterios de punibilidad, para no dar el mismo trato a narcotraficantes y a aquellos que son únicamente consumidores.
El Ejecutivo Federal no es ajeno al problema social de la producción y consumo de narcóticos, que ha venido cobrando cada vez mayores dimensiones en todos los estratos de la población mundial y está plenamente cierto de que el Estado debe hacer uso de todos los medios a su alcance para evitar que se incremente el narcotráfico y el consiguiente daño a la salud pública que acarrea.
Asimismo, reconoce que se trata de una labor conjunta en la que sociedad y Gobierno deben adoptar las fórmulas más adecuadas para inhibir y reprimir los nefastos resultados que produce la drogadicción en el individuo y su familia, degenerando al ser humano, quien ve paulatinamente aniquilada su voluntad y que conlleva un lastre generacional que afecta a toda la organización social y atenta gravemente contra la niñez y la juventud.
La presente iniciativa, que someto a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, hace hincapié en los múltiples peligros que presentan las organizaciones criminales, al atentar contra la seguridad pública y el orden social.
Además debe ponderarse que la atenuación que se cuestiona encierra otro antagonismo claramente palpable, pues por ser tolerante con la posesión de grandes cantidades de estupefacientes y sicotrópicos, resulta incongruente con el postulado de que éstos no sean destinados al tráfico y al comercio. Es irreconciliable que un solo individuo pueda poseer hasta 80 kilogramos de mariguana y que a la vez lo haga sin ninguna otra finalidad delictiva; en efecto, varias de las cantidades toleradas exceden cualquier parámetro, dada su progresividad y permiten advertir que la sociedad se enfrentaría al desastre si llegara a convertirse en receptáculo potencial de cientos de toneladas de drogas. Por ejemplo, 100 individuos con 40 kilogramos cada uno, reúnen un total de cuatro toneladas del estupefaciente y alcanzarían una penalidad de cuatro años tres meses a cinco años tres meses.
Como puede advertirse, los efectos que estos extremos podrían llegar a representar son de alto riesgo, además de que se podría incrementar el universo potencial de individuos que, sin pertenecer a una asociación delictuosa ni ser narcotraficantes, pueden quedar dentro de
la cadena delictiva; de donde resulta que el noble propósito de la ley no debe dar lugar a que los narcotraficantes puedan contar con mercados más amplios.
Por otra parte, pero en el mismo orden de ideas, el Ejecutivo a mi cargo ve con preocupación que la portación de armas de fuego representan un manifiesto peligro, tanto real como potencial, que atenta contra la seguridad pública, el cual se actualiza y redimensiona al hacerse uso de las mismas en delitos que revisten especial gravedad por lesionar bienes jurídicos fundamentales, causando alarma e inquietud en la sociedad. Por ello, considera inminente y necesario reformar y adicionar las disposiciones relacionadas con esta materia, a fin de adecuarlas a las circunstancias sociales de hoy día, colmando rezagos y previendo consecuencias futuras indeseables para la comunidad.
Así, se proponen adicionar los artículos 194 y 194 - bis del Código Federal de Procedimientos Penales para incluir en el catálogo de delitos graves que afectan valores fundamentales de la sociedad, tanto el ilícito de portación, como el de acopio de amas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, con las excepciones que en el mismo se prevén, como otros ilícitos que por su especial gravedad o por encontrarse frecuentemente vinculados al narcotráfico y a su cadena o secuela delictiva, es necesario incluir para dar mayor homogeneidad y congruencia a la lucha contra las organizaciones criminales, la cual debe ser integrada en forma que abarque cualquier rescoldo y estreche en la mayor medida el círculo del accionar criminal.
En congruencia, se propone la creación de una nueva figura típica para sancionar la posesión de armas de fuego reservadas para las fuerzas armadas nacionales, conducta que únicamente constituía una infracción de carácter administrativo, dado el indudable peligro social que ello también representa, sin que ello contravenga la garantía individual prevista en el artículo 10 de la Constitución Política de nuestro país, toda vez que el mismo, si bien establece el derecho de los ciudadanos para poseer armas en su domicilio, expresamente prohibe la posesión de ese tipo de armas. La presente iniciativa propone modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para, en función de la seguridad pública, ajustar con precisión sus disposiciones a lo preceptuado por el artículo 10 de la Constitución General de la República.
En tal sentido, en la presente iniciativa se propone castigar con energía las conductas que violenten el ejercicio de dicha garantía individual, para que quienes al amparo de actos clandestinos y sin tener derecho a ello, lleguen a poseer armas prohibidas o reservadas; el Ejecutivo a mi cargo con objeto de fortalecer la seguridad pública y dar mayor certeza jurídica al derecho de poseer armas considera inminente y necesario promover esta reforma definiendo con claridad las conductas ilícitas consistentes en la posesión de pistolas calibre 9 mm, las .38" súper y comando, y las de calibres superiores, los revólveres calibre .357" Magnum y las superiores a .38" especial; los fusiles, mosquetones y tercerolas de calibres .223", 7 mm, 7.62 mm y carabinas calibre .30"; pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, así como las subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres; las escopetas recortadas o con calibre superior al 12, y las lanza gases, y en general todas aquellas armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra.
Esta medida, de merecer su aprobación, precisará cuáles son los casos en que la posesión de rifles y fusiles, cuernos de chivo, metralletas, subametralladoras y otras armas destinadas exclusivamente para la guerra no alcanzarán el derecho a la libertad provisional bajo caución por el alto riesgo y grave peligro que esto representa para la seguridad pública y el interés general.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, secretarios, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de
DECRETO POR EL QUE SER REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
Artículo primero. Se reforma el apéndice 1 a que se refiere el artículo 195 - bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Artículo segundo. Se reforman y adicionan el último párrafo del artículo 194 y el primer párrafo del artículo 194 - bis del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
"Artículo 194...........................................................................................................
...evasión de presos previsto en los artículos 150 y 152; ... contra la salud previstos en los artículos 194, 195 párrafo primero, 195 - bis, excepto cuando se trate de los casos previstos en las dos primeras líneas horizontales de las tablas contenidas en el apéndice 1, 196 - bis, 197 párrafo primero y 198 parte primera del párrafo tercero; corrupción de menores previsto en el artículo 201; trata de personas previsto en el artículo 205 segundo párrafo; explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal previsto en el artículo 208; falsificación y alteración de moneda previsto en los artículos 234, 236 y 237... extorsión previsto en el artículo 390; y encubrimiento previsto en el artículo 400, en relación con el 440 - bis, cuando se trate de cualquiera de los delitos calificados como graves por este artículo; así como los previstos en los artículos 83, fracción III, 83 - bis, exceptuando sables, bayonetas y lanzas y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; tortura, previsto en el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura;...
Artículo 194 - bis... evasión de presos previsto en los artículo 150 y 152;... contra la salud previstos en los artículo 194, 195 párrafo primero, 196 - bis, 198 parte primera de su párrafo tercero; trata de personas previstas en el artículo 205 segundo párrafo; explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal previsto en el artículo 208; falsificación o alteración de moneda previsto en los artículos 234, 236 y 237 ... extorsión previsto en el artículo 390, y encubrimiento previsto en el artículo 400, en relación con el 400 - bis cuando se trate de cualquiera de los delitos contenidos en este artículo; así como los previstos en los artículos 83 fracción III, 83 - bis, exceptuando sables, bayonetas y lanzas y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; tortura, previsto en el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura;...
............................................................................................................................."
Artículo tercero. Se reforman los artículos 77 fracciones I y III, 81 y 83 primer párrafo y se adiciona el propio artículo 77 con un párrafo final, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
"Artículo 77........................................................................................................................
I. Quienes posean armas en lugar no autorizado o que no sea su domicilio, salvo las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea;
II...........................................................................................................................;
III. Quienes posean armas prohibidas, salvo las excepciones señaladas en esta ley, y
IV.........................................................................................................................."
En el caso de posesión de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se estará a lo dispuesto en el artículo 83 de la presente ley.
"Artículo 81. Se sancionará con pena de seis meses a tres años de prisión y de dos a 15 días multa, a quien porte armas sin tener expedida la licencia correspondiente."
"Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte o posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:
I a III....................................................................................................................."
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A las persona que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente ordenamiento, incluidas las procesadas o sentenciadas, con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, les serán aplicables las disposiciones del Código Penal vigentes en el momento en que se haya cometido, sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el artículo 56 del citado código.
Reitero a ustedes, secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
Palacio Nacional, a 17 de junio de 1994.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
El secretario José Raúl Hernández Ávila:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes,
Por instrucciones del Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente adjunto a ustedes, Iniciativa de Decreto por el que se Reforman, y Adicionan Diversas Disposiciones del código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, documento que el propio primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F; 17 de junio de 1994.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Luis Raúl González Pérez.»
«Escudo Nacional .- Estados unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
El respeto irrestricto por los derechos humanos y las garantías procesales han sido unas de las prioridades más evidentes de la administración a mi cargo. Muestra de ello son las diversas reformas constitucionales y legales que se han promovido ante ese honorable Congreso de la Unión, tanto para la creación de organismos encargados de la vigilancia de dichos derechos, como las diversas reformas a la legislación penal que garantizan su respeto. La necesidad de proteger mejor las garantías individuales estimuló la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su elevación a rango constitucional como organismo con recomendaciones autónomas, así como el establecimiento de 32 comisiones en las entidades federativas.
Las reformas constitucionales en materia penal recientemente aprobadas, toman en cuenta las condiciones socioeconómicas del procesado para garantizar la reparación del daño, permitiéndole obtener su libertad provisional de acuerdo con la ley, cuando no se trate de delitos graves o de delincuencia organizada.
En el ámbito de las garantías procesales, el 10 de enero del año en curso, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la legislación penal, con el propósito de actualizar las leyes penales a los artículos 16, 19, 20 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificados en septiembre de 1993, entre las cuales destacan las previsiones del párrafo quinto del artículo 16 y del párrafo primero de la fracción I del artículo 20, en el sentido de que la ley prevea cuáles conductas se consideran delitos graves.
Para ello, el legislador se dio a la tarea de precisar los delitos que, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, se deberán calificar como delitos graves, tanto a nivel federal como del fuero común y que por ende no les es aplicable el beneficio de la libertad caucional. Esta clasificación quedó plasmada en los artículos 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y 268 del código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Sin embargo, debido a la complejidad de la reforma de la legislación penal publicada en enero del año en curso, se omitió incluir a la tortura, como delito grave, en el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
En este contexto la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha planteado la conveniencia de incluir dicho delito, con objeto de que quienes lo cometan no puedan gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución. Al efecto, el Ejecutivo a mi cargo ha estimado conducente recoger el planteamiento del organismo protector de los derechos humanos, toda vez que la tortura es uno de los delitos más condenables, porque lesiona la dignidad y la integridad física y moral de las personas, así como los valores fundamentales de justicia y libertad que deben respetarse en todo estado de derecho.
Adicionalmente, y a partir de un análisis complementario se ha ponderado la necesidad de proponer que sean incorporados a dicho precepto varios delitos que deben ser considerados como delitos graves, tanto por sus características en relación al sujeto activo o pasivo, como en función del bien jurídico tutelado. Estos son:
evasión de presos, corrupción de menores, trata de personas cuando se haga uso de la violencia o intervenga un servidor público, explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal, despojo reiterado de inmuebles urbanos en el Distrito Federal, y encubrimiento cuando se trate de cualesquiera de los delitos calificados como graves por el propio código.
En ese mismo sentido, se propone ajustar el artículo 268 - bis del citado ordenamiento procesal para el Distrito Federal, que contempla los casos de delito flagrante o de urgencia en que podrá duplicarse el plazo de 48 horas durante el cual el Ministerio Público podrá retener a los indicados tratándose de delincuencia organizada.
Asimismo, la presente iniciativa propone reformar los párrafos cuarto y quinto del artículo 286 - bis del propio Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, con el propósito de agilizar los procedimientos de averiguación previa y los procesos, a fin de llegar lo más pronto posible a la solución que convenga a los fines de seguridad y de justicia en cada caso, en beneficio, tanto de quienes sean sujetos procesales, como de la sociedad. En dicho artículo se regulan los plazos que tiene el juzgador para radicar un asunto que le fue turnado y para ordenar o negar la aprehensión, reaprehensión o comparecencia solicitada por el Ministerio Público.
Los plazos antes mencionados consisten, en caso de consignación sin detenido por delito no grave o de delincuencia organizada, en que el juez tiene tres días hábiles para dictar auto de radicación, contados a partir del momento en que se hubiere hecho la consignación y cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya acordado la radicación, para ordenar o negar la aprehensión.
La opinión general sobre los plazos referidos, ha sido en el sentido de que son excesivos y propician impunidad, considerando que abren la posibilidad de que se evada la acción de la justicia, aunado a que tomando en consideración que el hecho de radicar un asunto es sólo un tramite procedimental para dar entrada a un caso turnado al juzgado, y que el juzgador no tiene que hacer valoración jurídica alguna, y asimismo que la resolución sobre la solicitud de una orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, aun cuando el juez debe valorar los elementos de prueba que aporta el Ministerio Público para apoyar su pedimento, no es entendible en un tiempo mayor que el necesario para dictar auto de formal prisión o de libertad por falta de elementos. Por ello se propone que la resolución del auto de radicación tenga un plazo de un día, y la orden o denegación de la aprehensión, reaprehensión o comparecencia se resuelva dentro de tres días.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, secretarios, la presente iniciativa de
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman y adicionan el párrafo cuarto del artículo 268, el párrafo primero del artículo 268 - bis, y los párrafos cuarto y quinto del artículo 286 - bis, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 268.....evasión de presos previsto en los artículos 150 y 152; ....corrupción de menores previsto en el artículo 201,; trata de personas previsto en el artículo 205 segundo párrafo; explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal previsto en el artículo 208;... extorsión previsto en el artículo 390; despojo previsto en el artículo 395 último párrafo, y encubrimiento previsto en el artículo 400 en relación con el 400 - bis, cuando se trate de cualquiera de los delitos calificados como graves por este artículo; así como el de tortura previsto en el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura."
"Artículo 268 - bis... evasión de presos previsto en los artículo 150 y 152;... trata de personas prevista en el artículo 205 segundo párrafo; explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal previsto en el artículo 208;... extorsión previsto en el artículo 390; despojo previsto en el artículo 395 último párrafo, y encubrimiento previsto en el artículo 400 en relación con el artículo 400 - bis, cuando se trate de cualquiera de los delitos contenidos en este artículo; así como el de tortura previsto en el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
............................................................................................................................."
"Artículo 286 - bis. ... Si durante el plazo de un día, contado a partir del en que se haya hecho la consignación sin detenido, el juez no dicta auto de radicación en el asunto, el ministerio Público podrá recurrir en queja ante la Sala Penal de Tribuna Superior que corresponda.
El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión o comparecencia solicitada por el Ministerio público dentro de los tres días contados a partir del momento en que se haya acordado la radicación.
............................................................................................................................."
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes, secretarios, las seguridades de mi alta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a los 17 días de junio de 1994.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Gracias, compañero diputado Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Esta Cámara creo que se puede decir con precisión y certeza, ha resuelto muchos problemas de manera adecuada, en función de las necesidades que contempla y ha contemplado cada uno de ellos, y de la maduración de la solución que han implicado.
Lo ha hecho también con voluntad política en muchas de esas cuestiones, con sensibilidad. Vamos a presentar en esta iniciativa un problema que no ha sido, ni atado, ni resuelto, sin embargo ha estado presente como una necesidad y creemos que se han dado las condiciones para que madure su solución. Se requiere, claro, mucha comprensión, estudio, sensibilidad, para que independientemente de la iniciativa que encierra este problema que queremos presentar a ustedes, pudiera ser resuelto de la manera más adecuada y más justa, de acuerdo con posibilidades, de acuerdo con viabilidad, de acuerdo con lo que tenemos que hacer para legislar en forma independiente del Ejecutivo, para legislar para la Cámara misma. Se trata de un problema que atañe al Congreso de la Unión.
Estamos ciertos compañeras y compañeros diputados, que el inicio de la solución de un problema es su localización, su ubicación, su planteamiento, su reconocimiento y luego, a partir de eso, lo que corresponda y sea correcto para resolverlo. Proponemos una solución, estamos seguros que podría ser viable esa solución, pero lo presentados también para que haya un proceso de discusión en la comisión respectiva a la que se digne el Presidente de nuestra Cámara turnar esta iniciativa.
Creemos que hay problemas efectivamente, uno es el problema social, otro es el problema político, otro es el problema económico que implica la iniciativa en cuanto a su aprobación, a sus derivaciones económicas de su aprobación, pero nosotros queremos decir y queremos aclararlo; aquí se trata de una necesidad de los miembros del Congreso de la Unión, de los legisladores que son servidores del Estado, trabajadores del Estado, unos para defender las actuales estructuras, otros para modificarlas, otros para sustituirlas, pero al fin y al cabo trabajadores al servicio del Estado mexicano.
Por otra parte, en cuanto al problema económico queremos decir, y entremos directamente a señalar parte de la esencia del problema.
Se trata de las prestaciones que debemos reivindicar respecto a los diputados y senadores como trabajadores del Estado mexicano, en cuanto a uno de los tres grandes poderes del Estado mexicano.
Son trabajadores que pueden tener ya muchas de las reivindicaciones, pero considerando que lo más importantes es el reconocimiento, la reivindicación de las prestaciones como
diputados, como senadores, y que en un momento dado puedan optar por cualquiera de los sistemas de seguridad social a los que legítimamente, de manera expresa, directa, como miembros de un poder, deben estar adscritos los diputados y los senadores.
Por otra lado, quiero también señalar que no se tata en cuanto a ciertas reivindicaciones, cotización y otras prestaciones, a que se tome en cuenta la dieta que recibe actualmente el diputado, sino la dieta nominal, sobre las cuales se descuenta el impuesto sobre la renta, y sobre las cuales se descontaría la cuota al ISSSTE o al Seguro Social.
Y que de acuerdo con esto, cuando aparentemente se presenta un monstruo de 500 diputados y 124 senadores que van a estar adscritos al instituto de trabajadores al servicio del Estado, al sistema de seguridad social del ISSSTE.
Pero, si tomamos en cuenta que el sueldo de un diputado es de 8 ó 9 mil pesos, y que apenas corresponde a un jefe de área o al de un director general de una dependencia, y hay varios cientos de funcionarios de esta categoría, se verá que sería posible atender esta propuesta y resolverla justamente.
Quiero pues, distraer su atención para leer en seguida la iniciativa correspondiente:
«Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la actualidad, es fundamental la importancia que los legisladores tienen en el ejercicio de la democracia política y en la construcción de normatividades tendientes al buen desarrollo de las sociedades modernas, y son sobre todo valiosas y significativas sus aportaciones en favor de los intereses populares y nacionales.
Son los legisladores los que proponen, crean, debaten y analizan diversas iniciativas de ley. Son los legisladores los que construyen realidades y edifican imágenes de orden jurídico y prudencia política.
Es en los legisladores en quienes recae la representatividad popular y constitucional como integrantes de uno de los tres poderes de la nación. Su cercanía con distintos grupos políticos, es lo que fomenta la pluralidad política y doctrinaria. Su cercanía y representatividad con diversos grupos políticos es, en última instancia, lo que determina la formación de legitimidades. Es en esta concertación social, en donde se fundan los consensos, el orden interno y el respeto por las instituciones normativas o su cambio legítimo.
En nuestro país al igual que en otras naciones, es en el legislador en quien recae la responsabilidad de presentar iniciativas que garanticen la justicia social. Sin embargo, en nuestro país el representante popular al terminar su período no tiene ninguna garantía de seguridad social. Su puesto es político y transitorio. El legislador no es vitalicio. El papel del hombre y del político cuando terminan su mandato es separado por completo y se tiende a abandonar al hombre y a desplazar al político. Las instancias partidistas recorren los puestos y muchos ex legisladores, quedan completamente olvidados y sin ninguna garantía de seguridad social, a pesar de la gran importancia que tuvieron en su momento y de los servicios que prestaron al país.*
Los legisladores, hoy no tienen como tales, aunque, muchos otros, ciertamente, están inscritos y por tanto gozan de sistemas de seguros sociales y de pensiones en lo particular, la oportunidad de contar con las prestaciones de bienestar social; diríamos, que un importante sector de diputados y senadores de las diversas fracciones se encuentran en este caso y es aquí, en donde localizamos un punto que es necesario afrontar, cuando precisamente, hoy, estamos seguros, contamos con antecedentes y la sensibilidad en nuestra Cámara de Diputados.**
`[*Sin reserva ninguna. Todos han venido a la Cámara de Diputados precisamente para ejercer una función política en beneficio de la nación y del sector social, en última instancia, ubican su actividad.]
[** Yo quiero decir que no se puede desconocer que los diputados tengan determinadas prestaciones, que si requieren de servicios médicos, la Cámara de Diputados sufraga los gastos de los servicios médicos, y sus familias, sus hijos, hoy, por ejemplo gozamos de la opción de inscribirlos en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. Tenemos un seguro de 200 mil pesos, que es nuevo, 400 mil en el caso de accidentes, sólo casos de deceso y accidentes. Mientras tanto el futuro y la seguridad, ¿qué podemos esperar? ¿No es acaso una falla? Reconociendo la bondad, lo que significa la atención de la Cámara de Diputados en cuanto a los legisladores en este renglón de atención médica y de seguro de vida y de accidente. Es un problema que debe plantearse.]
Esta situación se hace más compleja cuando los legisladores en edad avanzada terminan su período y no tienen respaldo en ninguna institución de seguridad social. Y no por que los legisladores no hayan querido hacer antigüedad en algún trabajo; sino porque los ritmos de vida y las metas que persigue un político, un militante social, un cuadro político y en todo caso, un ciudadano destacado en alguna de las actividades de interés nacional, siempre se encuentra limitada a la variabilidad en la estancia en puestos de manera permanente. Obviamente, esto no significa que las funciones de los políticos sean mínimas, por el contrario, en el caso de los legisladores, la funciones que llevan en su vida parlamentaria son intensas, complicadas y difíciles.
Por estas razones, nuestra fracción parlamentaria recoge una vieja inquietud, una aspiración largamente acogida por legisladores de anteriores y de esta misma legislatura y de diferentes fracciones parlamentarias en materia de prestaciones para los miembros del Poder Legislativo de la República, una iniciativa que corresponderá a todos ellos.***
Consideramos que los legisladores deben estar bajo el régimen de seguridad social del ISSSTE, después de transcurrido su mandato y en su propio mandato.
Con esto, el político parlamentario tendría la oportunidad, sin presiones, de ofrecer en otros espacios de concertación pública su creatividad, su profesionalismo, su experiencia, su dedicación y su independencia económica. De esta forma atenderíamos el cumplimiento en este sector, con los principios constitucionales del artículo 123, apartado B, inciso XI en materia de trabajadores al servicio del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la fracción parlamentaria del PFCRN tenemos a bien someter a la consideración de este pleno la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULO 61, 77 Y 79 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República; y se aplicará, tal cual dice el texto del artículo 1o. de la ley respectiva.
I a III......................................................................................................................
IV. A los diputados y senadores que durante su mandato constitucional y después de éste se incorporen individual y voluntariamente al régimen de esta ley, y
V............................................................................................................................
Artículo 61. Tiene derecho a pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, los trabajadores que habiendo cumplido 55 años, tuviesen 15 años de servicios como mínimo e igual tiempo de cotización al instituto.
Los diputados y senadores del honorable Congreso de la Unión, que tuviesen tres años de cotización al instituto como legisladores y habiendo cumplido 55 años de edad, tendrán derecho a pensión vitalicia de retiro por edad.
Artículo 77. El monto de la pensión por vejez se fijará como sigue: cuando el trabajador haya cumplido 55 años de edad, hubiese prestado servicios durante quince años por lo menos y contribuido al instituto por el mismo período, la pensión se calculará aplicando al sueldo regulador a que se refiere el artículo 79 los porcentajes que específica la tabla siguiente.
Creo que de incluir esta tabla va a ayudar a que nosotros encontremos la solución justa a este problema. Dice la ley actual:
15 años de servicio 40%
16 años de servicio 42.5%
17 45%
18 45.5%
19 50%
20 52.5%
21 55%
22 60%
23 65%
[***A quienes han tenido esta inquietud, a quienes han acogido esa preocupación, no es a nosotros a quien nos corresponde, nos corresponde a todos que pensamos en este problema. Y que ahora simplemente la canalizamos y le damos cuerpo y concreción. Esta es una iniciativa, quizá no nos equivocamos, de todos los diputados.]
24 70%
25 75%
26 80%
27 85%
28 90%
29 95%
Y después el 100%
En el caso de los diputados y senadores, la pensión se calculará aplicando al sueldo regulador a que se refiere el artículo 79 los porcentajes que especifica la tabla siguiente:
3 años 45%
4 años 60% (Porque hay legisladores que entran como suplentes de la diputación plena al ser llamados por la Cámara, por eso consideramos este porcentaje de cuatros años, es el límite cuatro años)
5 años 75%
6 años 85%
9 años 95%****
Artículo 79. Para calcular el monto de la pensión a que tengan derecho los trabajadores, se tomarán en cuenta exclusivamente el sueldo o sueldos percibidos y, a partir el 1o. de octubre de 1925, sólo se considerarán aquéllos sobre los cuales hubiesen cubierto las aportaciones correspondientes.
Proponemos:
En el caso de los diputados y senadores, se tomarán en cuenta exclusivamente el sueldo o sueldos percibidos en el Congreso de la Unión y a partir del 1o. de octubre de 1988, sólo se considerarán aquéllos sobre los cuales hubiesen cubierto las aportaciones correspondientes, aun en los casos en que se hayan cubierto cotizaciones desde años y legislaturas anteriores. A los legisladores interesados se les darían las facilidades para cubrir las cotizaciones pendientes.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D. F., a 21 de junio de 1994.- Sala de sesiones de la Cámara de Diputados.- Diputados; José Octaviano Alaniz, Luisa Alvarez Cervantes, Rodolfo Barbosa Rodríguez, Félix Baustista Matías, José de Jesús Berrospe Díaz, Odilón Cantú Domínguez, Alberto Carrillo Armenta, Tomás Correa Ayala, Eberto Croda Rodríguez, Israel González Arreguín, Demetrio Hernández Pérez, Juan Manuel Huezo Pelayo, Teódulo Martínez Vergara, Jorge Oceguera Galván, Abundio Ramírez Vázquez, José Ramos González, Demetrio Santiago Torres y Manuel Terrazas Guerrero.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
SOLICITUD DE EXCITATIVAS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfredo Lujambio Rafols, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para solicitar se excite a diversas comisiones de la Cámara de Diputados.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
[**** Naturalmente la justificación cubierta, hay muchos, y sobre todo quiero hacer una aclaración aquí, el sistema de partidos va a implicar, aun manteniendo la no reelección de diputados y senadores que debe modificarse, es preciso que se restablezca el acuerdo unánime de la Cámara de Diputados para que haya reelección de diputados y senadores pero en cualquiera de los casos cotizados, el sistema de partidos va a implicar de cierta forma la carrera de legisladores, los cuadros fundamentales de los partidos, los militantes de los partidos que no tienen ninguna prestación que vendrían a la Cámara de Diputados en mayor número de los que están ahora lo vamos a ver, y la perspectiva de la democracia política en nuestro país va a implicar eso por supuesto.]
Vengo a la tribuna porque me obliga el hecho de que no obstante que el pasado mes de noviembre pedimos a la Presidencia de esta Cámara que hiciese una excitativa para pedirles a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Hacienda que dictaminaran la iniciativa que presentó por conducto del de la voz, el pasado 7 de julio de 1992, hasta la fecha no ha habido, ningún resultado positivo: Y lo hago también, señores diputados, porque en este momento de la legislatura en que nos encontramos; a muy pocos días, a pocas semanas de que termine el actual período ordinario, considero que todavía, si hay voluntad, podría ser dictaminada la iniciativa de mi partido cuyo propósito me permito recordarlo ahora, es mejorar, hacer más racional, actualizar el marco de leyes, el marco jurídico que regula la presentación de la Cuenta Pública por parte del Ejecutivo, así como el procedimiento para la debida fiscalización de la misma que es responsabilidad de esta Cámara de Diputados.
Creo que en las tres semanas escasas que nos quedan del actual período ordinario habría, si hay voluntad, oportunidad para recoger la iniciativa del Partido Acción Nacional. Y yo hago ahora un muy atento y cordial llamado a mis compañeros miembros de las comisiones que trabajan en esta materia para que atiendan la iniciativa de Acción Nacional.
Creo que es oportuno también mencionar brevemente, que durante el pasado mes de enero o principios de febrero de este año, una comisión de esta Cámara visitó dos países de Europa con el objeto de conocer los órganos fiscalizadores, la forma y legislación vigente en aquellos países que son el Reino Unido y España, países que fueron visitados por diputados de esta Cámara y de cuyo viaje obtuvimos una serie de documentos y de legislación que estoy seguro, señores diputados, que pueden enriquecer el criterio, la información que podría respaldar importantes iniciativas para mejorar este procedimiento, esta responsabilidad o mejor dicho, el cumplimiento de esta delicada e importante responsabilidad de la Cámara de Diputados en materia de fiscalización al Ejecutivo.
Por último, y antes de dar lectura al documento que dirijo al Presidente de la Cámara en esta ocasión, me gustaría recordar también muy brevemente que la iniciativa que presentó Acción Nacional, como decía, el 7 de julio de 1992, es una iniciativa, señores diputados que lleva el más genuino y sincero espíritu de servicio a este país. Es una iniciativa que estoy seguro que reconocida por ustedes, que estudiada, y que puede ser desde luego sujeta a mejorías y a correcciones, no pretendemos que la iniciativa nuestra sea perfecta; pero que sí atiende a algunas lagunas muy graves que existen en la legislación actual; que busca hacer más democrático, más consensado, con una mayor racionalidad la designación del importante puesto del Contador Mayor de Hacienda. Un funcionario que creo que hasta este momento, señores diputados, en México todavía no le hemos reconocido la importante, elevadísima y delicada responsabilidad que tiene.
Un funcionario, éste, el Contador Mayor de Hacienda que debe de responder en forma muy cabal, muy puntual, al principio elemental de autonomía que debe de darse entre el órgano auditor y el órgano auditado. Este es uno de los propósitos de nuestra iniciativa: mejorar este punto, para hacer inclusive al Ejecutivo que potencialmente, técnicamente, señores diputados, puede ser de cualquier partido y de cualquier grupo político para que el procedimiento de fiscalización al ejercicio del gasto y a la captación del ingreso público sean perfeccionados y atiendan mejor al interés público de los mexicanos.
Tiene también la iniciativa, por último, recordarán ustedes, señores diputados, el propósito de que el trabajo que realiza la Contaduría Mayor de Hacienda y que se traduce fundamentalmente en la elaboración de dos documentos importantísimos para la vida de este país, como son el informe previo y el informe de resultados, sean presentados con mayor oportunidad y previo al debate de la cuenta pública que cada año realiza la Cámara de Diputados.
Ya hemos hecho notar, lo recordamos simplemente, que es verdaderamente aberrante que la Cámara de Diputados debata una cuenta pública, cuando nuestro órgano técnico ni siquiera ha terminado de realizar su revisión.
Con ese espíritu, con ese propósito de servicio a este país, fue presentada nuestra iniciativa, y por eso vengo a la tribuna para pedirle de la manera más atenta y respetuosa al Presidente de la Cámara, lo siguiente:
Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicitamos se sirva emplazar, para día determinado, a las comisiones de Hacienda y Gobernación, a fin de que se presente el dictamen correspondiente a las iniciativas presentadas por nuestro grupo parlamentario, Acción Nacional, ambas de fecha 7 de julio de 1992 y relativas, una, a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, y otra a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que a la fecha y a pesar de haberse dirigido excitativa desde el mes de noviembre pasado a dichas comisiones para que dictaminaran, éstas no lo han hecho.
Firma el de la voz. Salón de sesiones, a los 22 días del mes de junio de 1994.
Muchas gracias, señores diputados por su atención. Dejo en poder de la Secretaría, y espero el acuerdo correspondiente del Presidente, a esta solicitud.
El Presidente:
Muchas gracias.
Como lo solicita el diputado Lujambio, se excita a las comisiones de Hacienda y Gobernación a que presente dictamen de las iniciativas que se les han turnado, en un plazo de cinco días.
Tiene la palabra el diputado Marco Antonio García Toro, para solicitar se excite a diversas comisiones de la Cámara de Diputados.
El diputado Marco Antonio García Toro:
Gracias, señor Presidente; señores diputados:
Como es de su conocimiento, el día 20 de abril de los corrientes, presenté a este pleno, una iniciativa de ley mediante la cual se propone la creación del Instituto Nacional pro Personas con Discapacidad. Esta es la tercera ocasión que acudo a la tribuna para solicitar al Presidente, que excite a las comisiones a las que fue turnada esta iniciativa, en virtud de que no han emitido dictamen respecto de la misma.
Tampoco han hecho caso de las excitativas realizadas por esta Presidencia, motivo por el cual acudo nuevamente, y solicito a la Presidencia turne una excitativa más a las comisiones, para que en un plazo no mayor de cinco días emitan su dictamen a favor o en contra de la iniciativa presentada a este pleno.
Por tal motivo, señor Presidente, voy a dejar en la Secretaría el documento mediante el cual hago esta petición concreta a usted, y voy a dar lectura al mismo:
Presidente de la Cámara de Diputados.- Presente.
En vista de que ha concluido el plazo que esta Presidencia dio a las comisiones de Gobernación y puntos Constitucionales y de Seguridad Social, para que en término de 10 días presentaran dictamen con respecto a la iniciativa de ley mediante la cual se propone la creación del Instituto Nacional pro Personas con Discapacidad, presentada a este pleno por el de la voz el día 20 de abril del presente año, por el desacato y las omisiones reiteradas por parte de quienes presiden las comisiones aludidas, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional solicitamos, una vez más a esta Presidencia, excite a las comisiones para que presenten dictamen de la iniciativa in comento, en un plazo no mayor de cinco días. Tal como lo dispone la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 21 días del mes de junio de 1994.
Por su atención, muchas gracias señor Presidente; gracias señores diputados.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul):
¡Para rectificar hechos!
El Presidente:
Tiene la palabra.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Señor Presidente; compañeros diputados.
Nos sumamos al espíritu que anima al compañero diputado García Toro, de tal suerte que las comisiones correspondientes empiecen a presentar al pleno de esta Cámara de Diputados los dictámenes que merezcan las diversas
iniciativas que tienen que ver con personas con discapacidad.
Asimismo, quiero de cualquier manera abonar en favor del trabajo de las comisiones, que no ha sido única la iniciativa del diputado García Toro, respecto a la institución que pudiese promover y regular la integración social de las personas con discapacidad; son varias las iniciativas y puede que los cronogramas y los tiempos pudieran haberse violentado. Nosotros esperamos que a la brevedad posible tengamos una respuesta en este tenor.
También quiero abonar en favor de otras comisiones que ya han dictaminado en este sentido. Por ejemplo, la Comisión del Deporte está presentando un dictamen que hoy le hemos dispensado la primera lectura, respecto a la iniciativa que tiene que ver con las modificaciones a la ley federal de la materia y que incluyen ya los planteamientos que hemos hecho en favor de personas con discapacidad. Muchas gracias.
El Presidente:
Señor diputado; antes de bajarse, una pregunta de la Presidencia: ¿entendemos que el planteamiento que usted está haciendo sobre excitar, es en función a excitar a las comisiones respectivas para que dictaminen sobre todas las iniciativas que han presentado los grupos parlamentarios en la materia que se tata o solamente por la de Acción Nacional?
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Yo estoy explicando, señor Presidente, que las comisiones deben de tener un cronograma de trabajo, y que no es únicamente la iniciativa de Acción Nacional la que está pendiente de dictaminarse, en este caso en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Asimismo, estoy informando a la Asamblea que ya tenemos a la consideración de este pleno otras iniciativas que ya han sido dictaminadas, en este caso la iniciativa que tiene que ver con la Comisión del Deporte, cuya primera lectura fue dispensada el día de hoy cuya discusión se va a llevar a cabo en la próxima sesión.
Luego entonces, el planteamiento y la información al pleno de esta Cámara de Diputados, es en el sentido de permitir que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no sólo dictamine una de las iniciativas, sino todas aquellas que están presentadas.
La experiencia nos dice, y nos informan inclusive los compañeros que estuvieron en el viaje a Argentina con este objetivo, que quizá la naturaleza jurídica del órgano que se pretende, no sea la más adecuada. Nosotros hemos dicho en diversas ocasiones que lo que pretendemos, es que se dictamine un organismo que auténtica y verdaderamente integre a estas personas con discapacidad, que como ya hemos comentado en muy diversas ocasiones, es un sector amplio, fuerte, respetable de la sociedad mexicana. Muchas gracias.
El Presidente:
Como lo solicita el diputado Marco Antonio García Toro, se excita a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Social, para que en el término de los próximos 10 días presenten su dictamen al pleno de la sala sobre la iniciativa presentada por el diputado mencionado.
Asimismo, para la petición que hace el diputado que hizo uso de la palabra anteriormente, esperaríamos a que hiciera su solicitud por escrito.
El diputado Marco Antonio García Toro (desde su curul):
Señor Presidente, quiero hacer una observación al turno que acaba usted de ordenar.
Yo solicité en la excitativa que se diera un plazo de cinco días, en virtud de que el plazo anterior que se dio, a que se emplazó a las comisiones, fue de diez. Yo solicité en la excitativa que se les dé un plazo de cinco días para que rindan su dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:
El Reglamento, en su fracción XVI del artículo 21, nos da la facultad para darle el turno que le dimos, por lo tanto reiteramos lo dicho.
Seguimos con los asuntos del orden del día.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO
El secretario Guillermo Jorge González Díaz:
Dictámenes de primera lectura.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 3 de junio del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rodolfo Barragán, pueda prestar servicios en el departamento de agricultura, como inspector en los programas de la mosca mexicana de la fruta, Marco Antonio Arceo Castillo, como chofer, Martha Adriana Hernández Abraham y Martha Verónica Sánchez Mejía, como operadores de procesador de palabras/recepcionistas, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 21 de junio, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Rodolfo Barragán, para prestar servicios en el Departamento de agricultura como inspector en los programas de la mosca mexicana de la fruta, adscrito a la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Marco Antonio Arceo Castillo, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Martha Adriana Hernández Abraham, para prestar servicios como operadora de procesador de palabras/recepcionista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Martha Verónica Sánchez Mejía, para prestar servicios como operadora de procesador de palabras/recepcionista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D. F. a 22 de junio de 1994.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D. F., a 22 de junio de 1994.- Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Benjamín Ávila Guzmán, Rogelio Audiffred Narváez, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Rafael Alberto Castilla Peniche, Juan José Castillo Mota, José Miguel Castro Carrillo, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Mario del Valle Fernández, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Álvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido,
Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Elizabeth Rodríguez de Casas, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Sherman Leaño, Schettino Piña, Florencio Salazar Adame, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
DELITOS ELECTORALES
El Presidente:
Iniciamos la agenda política de la sesión del día de hoy y tiene la palabra el diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios en torno a iniciativas ciudadanas para asegurar la realización de un proceso electoral confiable.
Adelante, señor diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente:
Antes de iniciar la presentación del tema que abordaré, quiero declarar a usted que si lo estimo necesario, en el desarrollo de esta presentación haré uso del tiempo reglamentario que establece nuestra legislación para intervenciones en el pleno de esta Cámara de Diputados. Por lo tanto, en caso preciso, haré uso del tiempo de 30 minutos, señor Presidente.
El Presidente:
Adelante, señor diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Estimados legisladores; señoras y señores:
El pasado sábado 18 del mes de junio, del presente año, el periódico La Jornada publicó los resultados de una investigación del Centro de Estudios sobre Problemas Públicos y del área de Gestión y Política Pública de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, que fue coordinada por el maestro universitario Fernando Bazúa.
El problema del que parte la investigación, es la existencia de registros múltiples con nombres falsos en el Registro Federal de Electores. Tal posibilidad venía siendo negada por los propios encargados del proceso de fotocredencialización, sobre todo porque alternativamente al problema planteado, este grupo de investigadores coordinados por el maestro Bazúa, había propuesto una solución, un sistema de detección de registros múltiples en el padrón electoral.
Los resultados que arroja la investigación, son de suma importancia política y la solución propuesta debe ser examinada cuidadosamente para llevar a cabo una auditoría confiable en el padrón electoral.
Si la falsificación de credenciales con fotografía para votar es posible, se debe, como lo señala Bazúa y coinvestigadores, a la inexistencia de un sistema nacional de identificación de personas, de aquí que la fotocredencialización no podía impedir la obtención de varias credenciales de la misma persona con nombres falsos.
En el proyecto y estudio que llegó a manos del doctor Carpizo y que suponemos leyó cuidadosamente el presidente del Consejo General del IFE, el investigador Bazúa alude a elementos como la tinta que debe utilizarse en el proceso de votación y el propio proceso de fotocredencialización.
Entre otros aspectos, algunos elementos que destaca Fernando Bazúa en comunicación dirigida a Jorge Carpizo en su carácter de Secretario de Gobernación y de presidente del Consejo General del IFE, expresa lo siguiente, dicen así algunos de los puntos de sus comunicados al doctor Carpizo: "La presente tiene por objeto hacerle llegar la información que hemos recabado acerca de la tinta sudafricana que junto con José Barberán y José Luis Luege, el nuevo IFE, le propusimos públicamente a ese nuevo consejo general que estudiara la posibilidad de usar en lugar de la tinta indeleble ya decidida; la tinta sudafricana deja una marca sólo visible bajo luz ultravioleta, los detectores que había que colocar en cada casilla o centros de votación, son lámparas de rayos ultravioleta que pueden operar con baterías o con electricidad
normal. El miembro de la Comisión Electoral Independiente de Sudáfrica, nos informa que dos empresas internacionales pueden fabricar dicha tinta; asimismo nos informa que disponen de más de 20 mil de tales lámparas y que están dispuestos a prestárnoslas.
Habría que asumir - añade posteriormente -, que el que se pretenda seguir usando tinta indeleble después del proceso de fotocredencialización, es sin duda, una confesión de parte de que tal proceso no tuvo el grado de éxito esperado, pues si aún debemos prevenir que alguien vote más de una vez, es porque ello es posible, a pesar de que ahora la credencial para votar tiene la fotografía de su titular y se pregunta: ¿cómo podría alguien más de una vez, si su credencial lleva su foto?" Añade: "¿Cómo sólo puede votar en una casilla determinada, y no puede en ningún caso usar otra credencial con foto distinta a la suya?" Y él directamente responde: "La respuesta es sencilla, porque dada la inexistencia de un sistema nacional de identificación de personas, la fotocredencialización no podía impedir la obtención de varias credenciales de la misma persona con nombres falsos en diversas casillas, que es el peligroso caso fraudulento que debe prevenirse, aunque sí debió impedir la obtención de duplicados, tarea que al parecer fracasó.
En consecuencia - concluye -, el hecho mismo que sigamos discutiendo el problema de la tinta, es otra prueba irrefutable de que el padrón y la lista nominal no fueron convertidos en confiable por la fotocredencialización, pues si estuviese bien hecho, no habría ni siquiera necesidad de tinta, porque sería imposible que alguien votara fuera de su casilla y más de una vez."
Y en un segundo comunicado, cuyo texto dispongo en forma íntegra que fue entregado al doctor Carpizo, dice en cuatro párrafos relevantes lo siguiente: "La inexistencia en nuestro país de un sistema nacional de identificación de personas, implica que el sistema electoral en su conjunto, especialmente el reciente proceso de fotocredencialización, es susceptible de un sinnúmero de abusos fraudulentos, intencionados o no; el caso más peligroso en nuestra opinión, es aquel que las autoridades del Registro Federal de Electores no pueden detectar con los métodos de validación de registros que han usado hasta el momento; los nombres falsos, es el más peligroso por varias razones, especialmente porque no será detectable por ninguna observación el 21 de agosto".
Diversos analistas, periodistas, han insistido ante la opinión pública en diversas formas y tonos, que es imprescindible que el IFE adopte alguna técnica específica para tan peligroso caso de fraude electoral; sin embargo, hasta el momento no ha habido evidencia pública de que tal caso es efectivamente posible; se han presentado muchos casos de personas con credenciales duplicadas; esto es, diversas credenciales de una misma persona con el mismo nombre, pero no diversas credenciales de una misma persona con diferentes nombres.
Dada la sistemática renuencia de las autoridades del IFE a reconocer este problema y sobre todo a tomar las decisiones indispensables para prevenirlo, que personalmente les hemos propuesto, el equipo encargado de la investigación citada coordinado por el suscrito, dice Fernando Bazúa, decidió diseñar e implementar un operativo para obtener la prueba irrefutable de que no solo es posible con el sistema actual obtener varias credenciales con nombres falsos, sino que además es sumamente fácil.
Esa prueba la obtuvimos el 12 de junio de 1994, y la presentamos gráficamente en la primera parte de este documento. Las credenciales para votar de Mónica Fernández Duarte y de Martha Patricia González Garza, corresponden a la misma persona; esta persona es miembro de tal equipo de investigación y por el momento nos reservamos su verdadera identidad.
Y aquí viene un elemento clave en la discusión sobre el punto: nuestro propósito aquí, es convencer al Consejo General del IFE, especialmente a su presidente, el Secretario de Gobernación, de que es urgente que el Consejo General en su próxima sesión del 18 de junio, recordemos que esta comunicación se entregó al doctor Carpizo desde el 14 de junio, de que es urgente que el consejo general decida adoptar la técnica con que públicamente hemos de prevenir este peligroso caso de fraude electoral y que él le da una denominación específica, después de tal fecha, muy probablemente, resultaría, por razones de tiempo, extremadamente difícil.
Concluye: "Esta técnica consiste en aplicar el software disponible internacionalmente para encontrar huellas digitales iguales en la base
de datos del Registro Federal de Electores y detectar así todos los casos de multiregistro, ya sea de los mencionados o de simples duplicados. De esta manera, se podrá garantizar públicamente un padrón y una lista nominal razonablemente confiable, pues todos esos casos se cancelarán".
Por último, presenta en su estudio un conjunto de propuestas: seis inmediatas, seis posteriormente podrían adoptarse, que son las siguientes: centros de votación, sistema público de conteo rápido, tinta sudafricana; sobres, que él denomina "sobres argentinos antitacos"; un sistema de detección de registros múltiples y un mecanismo transparente de notificación a insaculados.
Y añade y concluye como otros operativos que podrían instrumentarse: "Boletas firmadas por un funcionario de casilla sorteado en público; firmas de los votantes en las listas nominales, listas nominales públicas y capacitación ciudadana".
Como se verá, este conjunto de propuestas, son razonables, merecen un estudio detallado y cuidadoso por el Instituto Federal Electoral, por el doctor Carpizo, en su condición de presidente del IFE y en general por consejero y por partidos políticos.
Desafortunadamente, la reacción que generó esta investigación en el doctor Carpizo fue altamente irracional y con un claro sesgo represivo, hecho que el grupo parlamentario del PRD lamenta profundamente.
El señor Carpizo calificó este estudio, hecho por un grupo de investigadores universitarios y con propósito de democratización de la vida nacional, la calificó de intento doloso, afirma él, para tratar de ensuciar el proceso electoral que actualmente se prepara y dijo además, que quien comete un delito haciendo ya una imputación directa a esta investigación, sea quien sea, será castigado y la amenaza se cumplió.
La dirección del IFE, representada por su director jurídico, Valentín Martínez Garza y el director de Comunicación del mismo Instituto, Alfredo Cortina, denunció ante la Procuraduría General de la República a Fernando Bazúa y a Martha Patricia González Garza o Mónica Fernández Duarte, por la presumible comisión de los delitos de provocación de un delito, apología de éste, falsedad en declaraciones ante autoridad distinta a la judicial, falsificación de documentos y fraude y extendió estas acusaciones a quienes participaron en la investigación bajo la acusación de complicidad.
El señor Carpizo, lejos de estimar el valor científico de la investigación y sus propuestas democratizadoras, mismas que no le pueden pasar desapercibidas por haber sido el mismo investigador universitario y rector de la UNAM, se atrevió a calificarlas en forma inusual en nuestro sistema de instituciones; repito, las calificó de basura.
Extraña reacción de tan importante funcionario público, en cuyos hombros pesa en buena medida la organización y conducción del proceso electoral y extraña también que esta reacción no sea comparable, ni de lejos con la conducta que asumió cuando se denunció a Carlos Hank González por la comisión de un delito tipificado claramente en el artículo 407 del Código Penal.
En este caso, ante una acusación, repito, presentada en contra de Carlos Hank González, de delitos electorales, el Secretario de Gobernación, no obstante que es al mismo tiempo, presidente del Consejo General del IFE, mantuvo una prudente omisión.
Las imputaciones delictuosas que se hacen a Fernando Bazúa y coinvestigadores son, a juicio del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, imputaciones infundadas y pensamos, creemos, tenemos la convicción de que esto lo sabe muy bien el doctor Carpizo; pero la dimensión exagerada de su reacción, revela que quizá lo que más molesta es que la investigación de Fernando Bazúa y otros asociados, toca un aspecto esencial del proceso electoral y presenta una vía para la instrumentación del fraude.
Desmantelar este operativo en el marco de las instituciones del Instituto Federal Electoral, consideramos que es una tarea prioritaria para arribar a un proceso de elección limpio, confiable y dotado de plena legitimidad.
Esperamos que los nuevos consejeros ciudadanos intervendrán en forma inmediata para evitar la defraudación y las formas de defraudación de la voluntad popular puestas al descubierto por Fernando Bazúa.
Al mismo tiempo, cuestionamos la invención de delitos para perjudicar a investigadores
universitarios que con intenciones democratizadoras, sin dolo y sin ningún ánimo de delinquir, mostraron a las autoridades del IFE tendencias, fenómenos y hechos para plantearles oportunamente la necesidad de montar un sistema de detección de registros múltiples en el padrón electoral.
Estimamos que no es en modo alguno aplicable lo dispuesto en el artículo 209 del Código Penal, pues de ninguna manera la investigación en cuestión constituye una provocación pública a cometer un delito, ni es una apología de éste o de algún vicio; por el contrario, es un llamado explícito a evitar la delincuencia electoral tomando las medidas preventivas del caso.
Tampoco se ha cometido falsificación alguna de documentos, pues para que ésta se tipifique es preciso que el falseario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a algún tercero.
Indudablemente lo que busca Bazúa y coinvestigadores con su propuesta de sistema de detección de registros múltiples, es tener elecciones limpias el 21 de agosto y así imprimirle un cambio sustancial positivo al peligroso clima político nacional configurado.
La actitud más racional que pudo asumir el doctor Jorge Carpizo, era la de dialogar con los investigadores, abrir un espacio en la sesión del consejo general para discutir el proyecto presentado por el maestro Bazúa y buscar la elaboración de una técnica para prevenir la votación múltiple con credenciales falsas.
El día de hoy el periódico La Jornada publica una carta firmada por Fernando Bazúa, donde en dos párrafos claves presenta su crítica y cuestionamiento a esta inusitadamente rápida acción de instaurar una averiguación en su contra y en carta dirigida al licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, afirma, repito, en dos párrafos, lo siguiente:
"En mi calidad de investigador de la UAM Xochimilco y de presidente de este centro, le solicito intervenga en la situación que se ha generado respecto de mi persona, de mis colegas del centro y de nuestras investigaciones científicas en el campo de la política pública, a partir de la sesión del Consejo General del IFE celebrada el 18 de junio del presente año, en la que el señor Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, se refirió a uno de los productos de tales investigaciones en términos infamantes y ordenó que se nos demandara penalmente con las consecuencias jurídicas que hoy son del dominio público". Y añade: "la desmedida reacción del señor Secretario no sólo ha coadyuvado a enrarecer aún más el ya de por sí peligroso clima político nacional, sino que esta conduciendo a perder un tiempo precioso para llevar a cabo las urgentes medidas orientadas a garantizar la limpieza de las elecciones del 21 de agosto".
El mencionado sistema al que alude en su carta, sin duda constituye la medida más urgente, porque debido a razones técnicas se requieren por lo menos cinco semanas para que ofrezca resultados y concluye con la siguiente idea: "Consideramos de la mayor gravedad, que el Secretario de Gobernación intente amedrentar con disposiciones como la demanda penal en nuestra contra, a las investigaciones científico - sociales, sobre todo como es precisamente el caso y ella responde a los insistentes llamados de esta administración, para que con evidente sentido público se ponga al servicio del bienestar de la nación.
Solicito de usted - se refiere al señor licenciado Carlos Salinas de Gortari -, atentamente que el doctor Carpizo se retracte de sus juicios e imputaciones. Sin la atmósfera general de libertades tuteladas por nuestra Carta Magna, se inhiben las aportaciones que ciudadanos desinteresados desean hacer al país, especialmente cuando tal aportación no se apoya en otra cosa que en la búsqueda científica de la verdad, en la pretensión de encontrar formas en que ella pueda ser útil para resolver problemas públicos y en la defensa inclaudicable de la madre de todas las libertades: la libertad de elegir a nuestros gobernantes."
Quiero añadir a estas consideraciones de Bazúa, el hecho de que quienes hemos dedicado gran parte de nuestra vida a la investigación universitaria, sabremos que una investigación participativa requiere muy diversas formas de inserción en procesos sociales; particularmente en el campo de la economía, la sociología y la ciencia política; a veces es preciso que un investigador universitario se incorpore a los movimientos sociales participe de diversas formas como observador en luchas sociales, hecho que desde hace años ha originado que
autoridades diversas hayan hecho acusaciones contra investigadores de la UNAM, de Chapingo, de la UAM y de otras universidades, porque las acciones de observación de procesos sociales han sido elemento para acusaciones verdaderamente infundadas.
Reivindico, como miembro del Partido de la Revolución Democrática, como ciudadano y como investigador universitario, el derecho de quienes realizan estas labores desde la universidad pública y también, claro está, en las universidades privadas y centros de educación superior, a participar en procesos de investigación participativa, a contribuir a todos aquellos mecanismos que mejoren el clima político del país y el bienestar de la nación y considero que la intención fundada, como hemos dicho de Fernando Bazúa y otros investigadores, es precisamente contribuir a la democratización de las instituciones políticas de la República y de la nación.
Señores diputados, estoy seguro de que ustedes coincidirán conmigo en que lo que todos buscamos es la realización de comicios limpios y que en este propósito debe ser bienvenida toda contribución que nos permita perfeccionar el proceso electoral. También confío en que ustedes son la opinión que para despejar toda duda sobre la validez del padrón electoral, es indispensable y necesaria la aplicación de una técnica, sea cual sea, que garantice la objetividad de los resultados, para detectar registros múltiples con nombres falsos en dicho padrón.
Por la importancia y gravedad del asunto expuesto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hace un pronunciamiento solidario a la labor de los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco, y en particular de Fernando Bazúa y hace una exhortación al Consejo General del IFE para que cesen las medidas represivas contra estos académicos.
Señor Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados: en consideración a lo expuesto sobre la situación que enfrenta el investigador Fernando Bazúa, le solicito turne a la Comisión de Justicia de esta Cámara, el asunto expuesto, con finalidad de que tome conocimiento del caso e ilustre con mayor información el criterio de esta Asamblea, escrito que entrego en este momento a la Secretaría.
Exhortamos pues en conclusión a esta Cámara de Diputados, a que mantenga una actitud vigilante ante estas acciones que buscan limitar la libertad de expresión, la libertad de investigación. Pensamos que no puede erigirse el Presidente del Consejo Federal del IFE, menos aún quien tiene la trayectoria académica de Jorge Carpizo, en un nuevo "torquemada" que busque bloquear la libertad de crítica y la libertad de investigación.
Los derechos en materia de libertad intelectual, libertad de crítica y libertad de investigación son derechos irrenunciables y pensamos que además cuando se está contribuyendo a la estabilidad de la República, a la democratización del proceso electoral y al mejoramiento de las instituciones políticas, estos actos en vez de ser perseguidos con esta saña como la que estamos observando, deben ser apoyados y deben ser estimulados por el bien de la República. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Florencio Salazar Adame, de la Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Florencio Salazar Adame:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Todos nos hemos enterado del proyecto del investigador Fernando Bazúa, para detectar las posibilidades de que un solo ciudadano pueda obtener varias credenciales de elector.
De este proyecto se han derivado una serie de hechos políticos que son importantes para el proceso comicial y que por lo tanto, conviene precisar.
No se trata en la reacción del presidente del Consejo General del IFE de perseguir a la inteligencia, que ayude a esclarecer hechos para darle una mayor confiabilidad a los comicios de agosto próximo; se trata de evitar metodologías que propicien la comisión de delitos; se trata de evitar justamente que se siga agrediendo la confianza ciudadana para que el esfuerzo que han realizado todos los partidos políticos y todos los ciudadanos de México se vea cabalmente coronado y podamos tener comicios limpios y transparentes.
Aquí el diputado Calderón Salazar, ha dicho que se persigue con saña a los investigadores y que hay una actitud de cerrazón frente a quienes solamente tratan de proponer mecanismos para que los comicios sean limpios y transparentes.
Curiosamente ha sido el propio Partido de la Revolución Democrática, el único que repetidamente ha cometido actos violatorios a la ley, con el argumento de defender la pureza y la legalidad de los comicios.
Ya en diversas ocasiones en esta misma tribuna se han dado fechas y hechos concretos que señalan y responsabilizan a este partido de actos que van en contra de la ley.
Pero nuevamente caemos en el doble discurso. Por un lado, han presentado denuncias contra el Director del Registro Federal de Electores y contra el Director General del IFE por supuestas documentaciones electorales que fueros encontradas en un bote de basura.
Por otra parte, cuando aquí se comete un delito al propiciarse la obtención de diversas credenciales, se viene a decir que aquí no debe de haber una decisión que haga acatar la ley por quienes puedan ser responsables de este hecho tan lamentable.
Nosotros pensamos que el esfuerzo de todos debe encaminarse a que en efecto hagamos los comicios limpios, transparentes e inobjetables y que no perdamos de vista que ha habido una reforma electoral profunda, verdaderamente profunda, que nos coloca en una situación totalmente distinta a elecciones habidas con anterioridad.
Esta reforma electoral nos ha llevado a una competitividad que hace posible que ahora el pueblo de México esté atento a diversos candidatos, a diferentes propuestas y que puede decidir en su momento cómo va a sufragar para decidir el gobierno que quiere para los próximos seis años.
Y éste no es un hecho casual y tampoco es un hecho intrascendente; por el contrario, reviste de una gran importancia porque estamos ya configurando plenamente un verdadero sistema de partidos, de opciones con capacidad de recoger la voluntad mayoritaria y de establecer criterios de gobierno para el próximo sexenio y esto, compañeros diputados, no debemos desvirtuarlo ; debemos de poner nuestra mayor voluntad para que estos comicios sean creíbles, para que estos comicios sean limpios, que estos comicios sean totalmente transparentes y que sus resultados sean acatados tanto por el Gobierno como por la sociedad mexicana.
El hecho es que el investigador Bazúa ha incurrido probablemente en actos delictivos. A mí me parece que incluso en este afán de demostrar que se pueden obtener varias credenciales de elector, y lo cual es un hecho que erosiona la confianza ciudadana, hay una concatenación con los planteamientos que de manera repetida ha formulado aquí el Partido de la Revolución Democrática: decir que los comicios no serán legales, decir que en efecto se está preparando un enorme fraude electoral y decir, en consecuencia, que los resultados del 21 de agosto no van a ser aceptados por este partido.
Hemos visto en las encuestas que han hecho diversos organismos, diferentes instituciones académicas, partidos políticos y hasta medios de comunicación, que el Partido de la Revolución Democrática está en un tercer lugar en las posibles preferencias electorales de los ciudadanos. Esto parece justificar o justifica para ellos mismos el que las elecciones del 21 de agosto no sean reconocidas, puesto que no están dispuestos a aceptar que no van a obtener el triunfo electoral y como no van a obtener el triunfo electoral, su empeño constante, frecuente, cotidiano, es decir que estas elecciones no son limpias y que no serán legales.
Esta es la democracia que propone este partido y nosotros queremos preguntar si es aceptable que por un lado presenten denuncias, acusaciones, señalamientos severos de que no es confiable el padrón electoral, de que hay autoridades electorales que no son también imparciales, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en esta legislatura y que, repito, constituyen una reforma electoral de fondo, una importante reforma electoral que pone a los partidos políticos en igualdad de condiciones para competir por el sufragio.
Yo creo que no es un asunto menor y debemos de decidirlo en esta tribuna, que el Partido de la Revolución Democrática no esta comprometido con la democracia porque no finca sus posibles resultados en la voluntad de los mexicanos; la finca en actos de violencia, en actos de
acusación constante contra los órganos electorales, en negar lo que un día antes aprueban y que se lleva adelante en la legislación para que los órganos electorales ahora estén integrados por ciudadanos, el despegar los propios órganos electorales de la autoridad del Poder Ejecutivo Federal y venir a decir aquí que un hombre de una conducta intachable, un profesional serio y responsable, un hombre honesto como Jorge Carpizo, es un persecutor de las ideas y de la libertad de expresión, cuando que Jorge Carpizo ni siquiera es militante de ningún partido político y ha demostrado una y otra vez su voluntad por la democracia y por la concordia nacional.
Yo quisiera que vinieran aquí los diputados del PRD y dijeran si es verdad o no es verdad que existe un plan para implementarlo el 21 de agosto para tomar mil ayuntamientos del país, cerrar 26 aeropuertos con destino internacional y provocar un enorme caos poselectoral, que no haga posible la gobernabilidad en México. Esto nos parece sumamente grave y delicado; si no es cierto, que vengan a la tribuna...
El diputado Cristóbal Arias Solís (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente:
Permítame, señor diputado.
El diputado Cristóbal Arias Solís (desde su curul):
Señor Presidente: ¿podría preguntar al señor orador si acepta una interpelación?
El Presidente:
Señor diputado: ¿acepta una interpelación de parte del diputado Cristóbal Arias?
El diputado Florencio Salazar Adame:
Sí la acepto.
El Presidente:
Adelante.
El diputado Cristóbal Arias Solís (desde su curul):
Ya que se ha serenado momentáneamente en su enérgica intervención y denuncia el señor diputado, sobre esa última parte, ¿podría mostrarnos las pruebas de su afirmación, que a mí me parece tan temeraria y descabellada y de que usted tiene elementos que le serían de mucha utilidad al Procurador General de la República, para prevenir esa situación catastrófica?, y si no, retráctese, señor diputado o demuéstrenos que tiene aquí las pruebas.
El diputado Florencio Salazar Adame:
En primero, aprecio este llamado a la serenidad, porque no deja de ser interesante que venga del PRD, quien generalmente asume actitudes enérgicas aquí y hasta francamente agresivas.
Pero señores diputados, ésta es una información que se maneja de manera seria entre las corrientes políticas y les doy esta respuesta, recordando una respuesta por cierto, de un distinguido mexicano que viene muy al caso.
Yo aquí los estoy señalando a ustedes de violentos; no de tontos. No tengo pruebas. Los estoy acusando de violentos, porque la violencia la han demostrado constantemente , han tomado oficinas, juntas distritales, han tomado la junta local del Distrito Federal, han cerrado palacios municipales, han cerrado carreteras, han tomado por asalto edificios públicos, han secuestrado a funcionarios y eso está registrado en los periódicos y si éstos no son hechos, díganme entonces qué clase de hechos quieren que se les demuestre.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul):
Señor Presidente: pregunte al diputado que está en el uso de la palabra si una vez que ha reconocido públicamente que carece de pruebas para la afirmación temeraria y absurda que hizo, se retracta de la misma o si no, tendremos que buscar el mecanismo de que así suceda.
El Presidente:
Señor diputado.
El diputado Florencio Salazar Adame:
Por supuesto que no me retracto. Repito: los acusamos de violentos, no de tontos, para que den ustedes las pruebas de lo que están organizando en cualquier lugar y en cualquier parte. Pero lo que están haciendo evidencia, cuál es su actitud y cuál es su conducta y lo que se espera del PRD, para el día de las elecciones.
Me parece finalmente que lo que es fundamental aclarar, es que los priístas no estamos en contra de que se pueda ejercer la ley , las recientes reformas penales a quienes incurran en delitos, sean quienes sean; así lo dijo el doctor Jorge Carpizo, sean quienes sean.
El investigador que presentó este proyecto incurrió en estos actos punibles; sus intenciones pueden ser de la mejor buena fe, el hecho es que se violó la ley. Claro que esto habrá de determinarlo las autoridades competentes. Pero es presunto responsable de haber violado la ley al propiciar que colaboradores de él hayan obtenido dos o tres credenciales. Esto está tipificado y esto fue lo que acordó esta Cámara cuando hicieron las reformas penales.
Los señores del PRD cuando violentan la ley, hacen gala de impunidad, cuando se detiene a un candidato en Durango porque toma por asalto las oficinas del INCO, porque cierra las oficinas de telégrafos, y se actúa de acuerdo con la ley, vienen a pedirle al doctor Carpizo que intervenga para que haya desistimiento y ahora cuando viene una acción penal en contra de quien viola la ley de manera tan clara, entonces dicen que Carpizo es un persecutor y que está acabando con la libertad de expresión. Los señores del PRD se manejan con su doble discurso, se manejan con sus argumentos contradictorios para nosotros que los estamos viendo, que los analizamos. Para ellos es muy claro, tratan de confundirnos con el discurso de la democracia y con los hechos de la violencia.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Rosa Albina Garavito, para hablar sobre el tema en base al 102 y por un máximo de cinco minutos.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Señor Presidente:
Nuestro compañero diputado Cristóbal Arias hace un momento pidió serenidad en la intervención del diputado priísta que me antecedió en el uso de la palabra.
Efectivamente, serenidad es lo que se necesita en esta Cámara de Diputados, para procesar el difícil momento político que el país está viviendo.
Lo que vino a hacer aquí el diputado que me antecedió en el uso de la palabra fue una serie de ataques virulentos, sin fundamento alguno, en contra de mi partido. Como dijo también mi compañero diputado Martín del Campo, si no se retractó en la tribuna encontraremos las vías legales para que así sea.
Eso por un lado, y por otro lado, cabe preguntarnos ¿de dónde viene la virulencia en la intervención que hizo este diputado? Quien quiera que se parara en este recinto sin conocer el tema que se esta debatiendo, bastaba verle la cara a este diputado para hacer una afirmación objetiva: ¡el diputado de la mayoría priísta que hizo aquí uso de la palabra estaba dominado por el miedo!, ¡estaba dominado por el miedo!
Así, como él se basa en una serie de elementos huecos, en una serie de elementos débiles, para hacer acusaciones a nuestro partido. Así también podemos nosotros, con argumentos sólidos, estar aquí afirmando que lo que el país está encarando no es una simple elección, no es un simple proceso electoral; lo que el país está encarando y los priístas por desgracia, desde los más altos funcionarios de Gobierno hasta sus representantes de más bajo nivel, lo que están encarando es: ¡miedo al cambio de régimen político que nuestro país ya está viviendo!
Señoras y señores diputados: ¡nuestro país ya inició el tránsito hacia la democracia!, ¡ya estamos en el parto de esa democracia! Lo que se necesita entonces es serenidad para que el proceso electoral efectivamente se organice en términos de veracidad.
Si el diputado que me antecedió en la palabra estuviera tan seguro de que ese proceso
electoral que se está organizando garantiza la credibilidad y la transparencia de los resultados electorales, no tendría por qué usar la virulencia que usó; ¡porque en realidad contra quien se está peleando es contra el país, que ya cambió; contra el país que ya cambió y que estos priístas se resisten a aceptar!
Se sabe que esta elección es una elección competida. Se sabe incluso por compañeros nuestros que votaron a favor de esa reforma electoral, que esta reforma electoral es insuficiente para garantizar la credibilidad y la transparencia en los resultados electorales.
El caso que vino a traer aquí mi compañero Jorge Calderón, es un caso de una investigación genuina, universitaria, que trata de encontrar la verdad en torno a la vulnerabilidad de ese padrón electoral junto con el dictamen en base a una investigación de campo. Lo que hace ese investigador es proponer la manera en que ese padrón se pueda depurar.
¿Cómo reaccionan los diputados de la mayoría, representados por ese diputado que me antecedió en el uso de la palabra? Reaccionan como reacciona el avestruz: ¡metiendo la cabeza debajo del suelo! Por qué negar la realidad, esa que les asusta, es lo único que quizá, los pueda tranquilizar.
Esos son los argumentos que nosotros escuchamos desde esta tribuna. Por eso pensamos que es totalmente legítimo exigir, como exigió el diputado Calderón, que se turne a la Comisión de Justicia la investigación y se emita un dictamen sobre el estado de esa investigación en contra del investigador universitario Fernando Bazúa.
Y termino mi intervención diciendo: diputadas y diputados de la mayoría priísta, serenidad. El país ya empezó a cambiar. Es responsabilidad de todos pero fundamentalmente de ustedes y del Gobierno, que esta transición sea efectivamente una transición pacífica a la democracia. ¡Que se haga justicia a un investigador que de buena fe utiliza estos métodos para demostrar esa vulnerabilidad en el padrón, que no se ha querido demostrar, nos parece que será un buen elemento para abonar en un proceso electoral justo! Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Florencio Salazar Adame, para contestar alusiones personales.
El diputado Florencio Salazar Adame:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Se ha insistido en que me retracte de la afirmación hecha hace un momento y estoy dispuesto a hacerlo si vienen aquí los diputados del PRD a negar esta afirmación, a decir que es falso que convoquen a la violencia y que se comprometen formalmente a acatar las decisiones del 21 de agosto, sean cuales sean.
Si la diputada del PRD convoca a la serenidad, me doy por satisfecho con mi intervención anterior, porque es lo que hemos estado reclamando de este partido constantemente, serenidad, respeto a la ley, prudencia, respeto a sus acuerdos, honor a su palabra empeñada y evitar las contradicciones a que están acostumbrando al pueblo de México, de decir una cosa y negarla después.
Voy a recordar, porque viene al caso, lo que aquí dijo el diputado Rodríguez Prats, que dejen de ser los diputados del sí, pero no.
No vine aquí, por supuesto, con una imagen de miedo, pero en todo caso ésta es preferible a venir con un rostro de frustración por saber que mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, no tiene futuro el 21 de agosto.
Y quiero decirle a la diputada Garavito, que ella sabe muy bien, que es investigadora académica, mujer inteligente, que no estamos transitando a la democracia. La democracia con todas las imperfecciones que tenga y que haya tenido, se ha ido construyendo a lo largo de muchos años y la estamos ampliando y mejorando. No estamos abandonando un régimen autoritario, una dictadura, para arribar a la democracia. La democracia la hemos vivido desde hace muchos años, democracia insuficiente, de acuerdo; democracia con vicios, es cierto; democracia que hemos y nos empeñamos en perfeccionar, también es verdad. Pero que no se nos mienta y que no se diga que venimos aquí a hacer un tránsito a la democracia. Estamos en la ampliación a la democracia, abrir una democracia más plena, más viva, con partidos más responsables, que tengan propuestas concretas para el pueblo, para que los mexicanos deveras puedan optar y darse el gobierno que quieran.
Nosotros, los del PRI, venimos con énfasis a defender nuestras ideas, porque tenemos convicciones, porque creemos y porque estamos de acuerdo en que antes que los partidos está la nación.
Si el 21 de agosto el pueblo de México elige una opción distinta al PRI, bienvenida esa opción, porque nada puede estar por encima de la voluntad nacional, ni siquiera los intereses de este partido mayoritario, que es el Revolucionario Institucional. ¡Antes que el PRI y antes que cualquier partido está el interés de México y nosotros los priístas luchamos fundamentalmente por la democracia, por el desarrollo nacional, por la independencia, por la soberanía, por el bienestar de los mexicanos, ése es nuestro compromiso y ésa es nuestra lucha!
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul):
Señor Presidente, quisiera preguntar al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
Señor diputado, ¿acepta una interpelación de la diputada Rosa Albina Garavito?
El diputado Florencio Salazar Adame:
Por supuesto.
El Presidente:
Adelante diputada.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul)
Quisiera hacerle una pregunta, señor diputado.
Yo voy a conceder que el compromiso de usted y de su partido es el de ampliar, como dice la democracia, para todos los mexicanos, democracia inexistente. Si así fuera ¿estaría usted dispuesto desde esta tribuna hacer un compromiso por una reforma mínima; solamente le voy a poner un caso, en tanto hay consenso y no solamente en el PRD, sino en la sociedad, porque ahí está el clima político que se respira a partir de la falta de credibilidad en este proceso electoral, ahí están las encuestas que independientemente de la opinión electoral que tenga el entrevistado dicen que no confían en el resultado electoral, pero la responsabilidad que tenemos como legisladores es crear las condiciones para que esa credibilidad se cree.
Entonces, le quiero hacer a usted una pregunta a título personal. ¿Estaría usted dispuesto a comprometerse a demandar una reforma mínima en esta Cámara, que las listas nominales se exhiban en los lugares donde serán instaladas las casillas con un mes de anticipación a fin de que los ciudadanos puedan revisar con suficiente antelación si están o no en la lista nominal? ¿Sería usted capaz de hacer ese compromiso público desde esta tribuna?
El diputado Florencio Salazar Adame:
Yo he tratado de ser congruente a lo largo de mi actividad política y he tratado de dar muestras de mi consecuencia con el compromiso por la democracia.
No sé si técnicamente sea posible que estas listas se exhiban un mes antes en donde van a estar ubicadas las casillas, pero desde luego, personalmente creo que deben instalarse las listas; todo lo que ayude a mejorar y a darle mayor confiabilidad al proceso es bueno, y debe ser bienvenido.
Concluyo mencionando que lo que para la diputada Garavito es una democracia inexistente para todos los mexicanos, yo diría, para todos los mexicanos que son amigos y compañeros de ella, hay que hacer esa particularidad, porque todos los mexicanos, los millones de mexicanos que militan en el PRI y en otros partidos, sí creemos que hay vida democrática y sí estamos totalmente conscientes de que no podemos pasar por alto el que haya elecciones periódicas, cambio de hombres en el poder, reformas políticas y electorales que van desde los diputados de partido hasta la pluralidad que actualmente vivimos y que se va a vivir próximamente en el Senado de la República, una mayor libertad de expresión y un mayor protagonismo de los medios de comunicación para dar a conocer las ideas y las propuestas de los partidos y sus candidatos para que los ciudadanos puedan escoger y determinar el 21 de agosto.
Esto no lo podemos olvidar ni podemos declararlo inexistente a menos que seamos víctimas del dogma y de la frustración.
El Presidente:
Muchas Gracias.
Tiene la palabra el diputado Cristóbal Arias, en razón del artículo 102 y con un máximo de cinco minutos.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Muchas Gracias señor Presidente; honorable Asamblea:
Nos encontramos aquí ante un caso muy curioso y hasta patológico del diputado que acaba de hacer uso de la palabra.
Cada vez que sube a esta tribuna un representante del PRD para hacer un señalamiento crítico, una denuncia de las diversas irregularidades que se han detectado en distintas etapas del actual proceso electoral, nos envían para que escuchemos la voz menor de alguien que su especialidad no es entrar a la discusión, al debate sobre la denuncia, sustentar una defensa u oponerse en su caso, con argumentos convincentes que pudieran poner en entredicho la posición del PRD, sino es tratar de revertir contradenunciando algo que no tiene que ver con el motivo de la denuncia del PRD sobre cuestiones concretas relacionadas con el proceso.
Así ocurrió en sesiones anteriores cuando se denunció de las irregularidades que se señalaron en el debate que se sostuvo entre el doctor Samuel del Villar y el doctor Almada, uno representante del PRD ante el IFE y otro director del Registro Federal de Electores.
Se vino primero a hacer una defensa oficiosa como miembro, como si fuera un miembro prominente de su partido, y no un funcionario electoral, de la honorabilidad de dicha persona. Hoy aquí también de manera enérgica se hace una apasionada defensa y una airada condena hacia el PRD por atreverse a hacer un señalamiento al doctor Jorge Carpizo, secretario de Gobernación y presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, al poner mucho énfasis en que el señor Carpizo no tiene militancia partidaria, porque así lo ha declarado en anteriores ocasiones pero se olvida que es una pieza fundamental importante de la estructura del sistema gubernamental y que de él depende toda una maquinaria en este proceso electoral federal, en el que destacan por su larga trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional y no precisamente algunos de ellos con antecedentes de honorabilidad, de buena reputación, de imparcialidad en el desempeño de sus funciones, en los que no han tenido ninguna injerencia para nombramientos desde esa estructura imaginaria electoral los partidos porque no es de su competencia.
Pero ya no es el caso en entrar al fondo de la denuncia que sustentó debidamente el diputado Jorge Calderón y que puede volver a ampliar, en su derecho está de hacerlo, y precisar algunos detalles, sino en la perversa intención de esta voz menor que ha hecho aquí una denuncia en contra del Partido de la Revolución Democrática hablando de un plan con acciones tendientes a desestabilizar al país a partir del próximo 21 de agosto.
Y cuando me permití formularle la pregunta que si traía aquí ante esta honorable Asamblea los elementos, las pruebas para acreditar fehacientemente ante la nación entera, ante esta Asamblea, ante las autoridades legalmente competentes para que se sustentara, desahogara y se empezara a iniciar acción penal y consignar a los responsables del Partido de la Revolución Democrática que estén instrumentando este grave plan para desestabilizar al país, que nos lo mostrará o en su defecto tuviera un mínimo de honorabilidad y de dignidad y de vergüenza o se retractara, si nos contesta afirmando que no tiene las pruebas y nos acusa de violentos, pero no de tontos...
El Presidente:
Señor diputado, un momento por favor. Diputado Arias, si acepta usted una interpelación al diputado Salazar.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Con mucho gusto, hasta dos o tres.
El diputado Florencio Salazar Adame (desde su curul):
Me dio la impresión de que escuchaba al diputado Juan de Dios Castro ahí en la tribuna.
He dicho que estoy dispuesto a retirar mi afirmación si ustedes ahí señalan que ese plan no existe, y usted no ha hecho referencia a ello. Le solicito su respuesta.
El Presidente:
Y si logra concluir, por favor, diputado Arias. Adelante.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Gracias, señor diputado.
No existe ningún plan, no existe nadie, ni usted, ni nadie que pueda probar la existencia de un plan que sólo en su imaginación existe, no existe ningún plan, sino una estrategia de su partido y del gobierno que no es nuevo, por lo que vivimos cerca de las elecciones cualquier que sea la categoría del proceso electoral que se acostumbra, ante el temor que tienen de la derrota de anunciar por parte del Gobierno y fotocopiar documentos apócrifos que nadie asume la paternidad y los reparten en las curules de esta Asamblea y en distintas partes del país, acusando a nuestro partido de acciones desestabilizadoras.
Esto no es nada nuevo, esto lo conocemos y usted seguramente es un aprendiz de los que sí tienen escuela, que lo hacen cada vez que hay un proceso electoral, una elección reñida y temen su desenlace y lo hacen para desacreditar al Partido de la Revolución Democrática y lo hacen para infundirle temor al ciudadano, para inhibirlo en el ejercicio de sus derechos políticos electorales y lo hacen también porque tienen miedo, porque tienen ustedes temor y nerviosismo, porque no saben de la reacción que puede haber en el ciudadano, no en los militantes del Partido de la Revolución Democrática, sino en el pueblo en general que quiere un cambio democrático, que quiere la transformación en este país y no es únicamente en nuestra organización donde existen ciudadanos que se inconforman y protestan, se da en todos los partidos políticos y ello no puede negarlo ninguna organización política aquí representada, donde los conflictos que en anteriores ocasiones se han sustentado, no han sido exclusivamente entre el PRD, PRI y Gobierno, sino han sido también entre el Gobierno, su partido, Acción Nacional o cualquier otro partido, y si no, recordemos recientemente los procesos electorales pasados, recordemos Yucatán, recordemos Guanajuato, donde salieron involucrados Acción Nacional o cualquier otro partido...
El Presidente:
Señor diputado, ¿sí podemos concluir, por favor?
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Concluimos negando enfáticamente que exista un plan para desestabilizar al país, que si existe un plan, ese plan lo está fraguando el Gobierno y su partido, que quisiera un cheque en blanco del pueblo de México para manejar a su arbitrio estas elecciones y sus resultados. Muchas gracias, señor Presidente, gracias honorable Asamblea.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Florencio Salazar Adame, para contestar alusiones personales.
El diputado Florencio Salazar Adame:
Después de haber escuchado la voz de la serenidad, me parece importante nuevamente usar esta tribuna para precisar lo que en mi opinión hay que aclarar en esta discusión.
No me he prolongado en la argumentación sobre las posibles responsabilidades penales del investigador que propició la obtención de dos o tres credenciales, porque ése es un hecho evidente. Las razones que pueda haber y que hayan causado ese hecho, los fines que se persiguen es cuestión totalmente distinta al hecho en sí. Es como si para demostrar que hay inseguridad pública, se propiciara un asalto o un asesinato. Me parece que ésta es una cuestión que no tiene mayores discusiones.
Por el otro lado, el señor diputado me ha calificado aquí la voz menor y de aprendiz de político. No será a él a quien yo relate lo que ha sido mi actividad de 30 años en el PRI, desde las tareas más modestas, y de mis compromisos y mis convicciones.
Tal vez si hubiese salido del PRI, me hubiera pasado al PRD, ya hubiera sido candidato a gobernador en Guerrero, frustrado aspirante y ya fuera voz mayor y fuera un político terminado y con una gran experiencia.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas, para el mismo tema.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Siempre que en esta Cámara discutimos el asunto electoral, nos encontramos con una actitud de la mayoría de insistir en que en México ya vivimos en la democracia y que sólo se trata de perfeccionarla.
Esa actitud la vino a asumir el estimado compañero diputado priísta que ha ocupado esta tribuna en este debate y esa actitud, esa posición política de la mayoría priísta, es a mi juicio, la que está resultando ser el mayor obstáculo a la transición democrática y es la que produce la mayor parte de los conflictos político - electorales que se dan en el país.
Desde que se instaló la Comisión de Concertación para la Reforma Política aquí en la Cámara, insistíamos nosotros en lo incorrecto de su denominación, porque se hablaba de que era para perfeccionar la democracia. Incluso hemos señalado que eso ya estaba aún en contra de afirmaciones que hizo el licenciado Carlos Salinas de Gortari en una de las tantas reuniones en Los Pinos, del PRI - Gobierno, en donde hablaba de que era necesario que el PRI dejara de ser un partido del Gobierno.
También esa conducta y esa posición política de la mayoría de diputados en esta Cámara, no se conduele de la posición última que tuvo el anterior candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, cuando desde el Monumento a la Revolución señaló que era ya necesario el alejamiento, la separación del PRI del Gobierno. Podríamos leer lo que dijo textualmente.
Pero no hay pocos ciudadanos mexicanos que señalan que tal vez esa conducta y esos pronunciamientos que hizo el anterior candidato del PRI fueron algún motivo o causa de lo que finalmente le ocurrió.
Es lamentable que los compañeros del PRI supongan que el país entero y el mundo crea, que existiendo un partido de Estado, un Gobierno que se convierte en partido en tiempo de elecciones, haya un régimen democrático. No es así, y por esas razones surgen en este país movimientos distintos, plurales que están planteando el tránsito a un régimen democrático.
Cierto que no vivimos una dictadura como la de Pinochet, tampoco un régimen de partidos de Estado como el que existía en muchos países de la Europa Socialista, pero eso no significa que lo que aquí vivimos sea un régimen democrático, de partidos independientes que compiten en igualdad de condiciones y que el voto ciudadano es el que determine quien gobierna. Eso no existe en este país.
Hay miles tal vez de ensayos, cientos de libros que quieren o que intentan caracterizar al régimen político que vive nuestro país. Digamos que es un régimen autoritario simplemente, presidencialista de partido de Estado. Eso es lo que tratamos de desmantelar, por eso hemos señalado desde 1989, que todas las reformas políticas que se han aprobado durante este sexenio han sido insuficientes porque no resuelven el tema principal, que es la separación del PRI del Gobierno, la independencia de los órganos electorales, no resuelven las cuestiones básicas que deben...
El Presidente:
Señor diputado, hay una corrección. Estamos en base al 102 y tiene un límite de cinco minutos. Se le suplica concluir por favor.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Vamos a concluir. Decía que las características básicas de un sistema democrático compañeros, no se dan en México, y por eso en lugar de venir a acusar al PRD una vez más de violento cuando sufre la muerte de más de 200 de sus militantes, en lugar de venir a acusar al PRD de que no respeta las normas básicas de la convivencia democrática, cuando los actos principales de su candidato no aparecen en la
televisión y el más nimio del candidato del Gobierno se ve exaltado en los principales noticieros, en lugar de venir a esta tribuna una vez más a tratar de general miedo entre los electores de supuesto planes desestabilizadores, los compañeros del PRI debían de venir a comprometerse aquí a darle fin al régimen de partido de Estado y a ser un factor fundamental para este tránsito a la democracia que vivimos tantos mexicanos.
Debíamos estarnos preocupando de las características básicas del régimen de partidos que queremos. ¿En qué se va a convertir el PRI? ¿En qué nos vamos a convertir los otros partidos políticos en el nuevo régimen?
Tendríamos que estar pensando ya cuánto tiempo va a durar este tránsito a la democracia.
Son asuntos que están en la agenda nacional y que aunque los neguemos en esta tribuna, estarán ocupando mucho tiempo de la clase política mexicana y de una gran parte de la ciudadanía.
Yo por eso los convocaría, compañeras y compañeros diputados, a que dejemos en el cesto de la basura los viejos recurso retóricos para descalificar al PRD, y juntos busquemos las mejores condiciones para que se dé el tránsito a un verdadero régimen de partidos políticos en México. Gracias.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Adelante diputado Nemi, para rectificar hechos, en base al 102.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con su permiso, señor Presidente:
Empiezo por rogarle en forma respetuosa, pero sí muy enérgica que procure, y le digo "procure" porque sé que quizá le resulte difícil apegarse al Reglamento para conducir la sesión y evitar el trabajo político partidista desde la Presidencia de la Asamblea.
Quiero puntualizar una serie de hechos que no dejan de ser de interés en el transcurso de esta discusión. Y el primero es un asunto de estricta lógica: ¿Por qué señor diputado Arias, si las expresadas aquí por mi partido son verdades menores, por qué, yo le pregunto, les molestan tanto? ¿Por qué los agrede? ¿Por qué hace usted gala de su serenidad, de su reposo y de su decencia, siempre muy particulares, para venir a refutarlas aquí en tribuna?
Yo tengo la certeza de que Florencio Salazar, quien por cierto no requiere defensa alguna, ha puesto el dedo en la llaga, y el problema de fondo es ése, que las heridas duelen.
Yo celebro y lo reconozco aquí como un gesto viril y de honestidad política que usted haya desmentido categóricamente la existencia de una conspiración que pudiera poner en peligro la estabilidad nacional a partir de las elecciones; simplemente como mexicano, señor diputado, se lo agradezco.
Pero en cambio utilizo la figura de mi muy estimada y respetable compañera diputada Rosa Albina Garavito, para preguntarle a usted señor diputado y a sus compañeros de partido: ¿Asumen ustedes el compromiso que les corresponde? Porque no escuchamos ninguna expresión al respecto.
¿Rechazan enérgica y enfáticamente la violencia y reconocen la vigencia del estado de derecho como único vehículo para el desarrollo y la concordia nacionales? Hace falta ese compromiso; en el mismo tenor que el que expresó el compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional.
La siguiente argumentación es de otro orden, quizá más político. Nos llaman a la serenidad, a la tranquilidad, a la estabilidad emocional, aquellos que por sus hechos los conoceréis, son capaces de multitud de edificios públicos, son capaces de secuestrar a servidores públicos, son capaces de interrumpir asambleas parlamentarias de la representación nacional, son capaces de cerrar carreteras, tomar alcaldías, sitiar poblaciones y además plantarse exigiendo lo que no ganan con votos.
Ustedes, compañeros diputados, ¿no van a decir que seamos reposados? Ustedes nos van a enseñar a ser tranquilos, ciertamente no. Yo celebraría y lo digo muy sinceramente el triunfo electoral del PRD, de Acción Nacional, del
Frente Cardenista, del PARM, del Partido Ecologista, de cualquiera que no fuera el mío siempre que se apegara a una decisión mayoritaria expresada en las urnas.
Pero, me pregunto, y es una respuesta que les transmito a ustedes: ¿serán capaces de admitir y de reconocer su derrota? Esa es la cuestión que está en el fondo de las discusiones. Y le llaman autoritario al PRI, pero a diferencia del diputado Cárdenas, yo sí puedo citar a su candidato, cuando el viernes 6 de mayo les dijo, a los miembros del consejo nacional: "Señores, por favor, es urgente e importante dirimir conflictos, estrechar la unidad y poner la mirada y el esfuerzo en el trabajo electoral que deberán realizar de aquí al 21 de agosto. Nada ganamos con estas disputas internas".
Y también puedo citar lo que dijo por ejemplo Jesús Zambrano, destacado miembro de su partido: "Si no se camina juntos hacia el 21 de agosto, el mensaje a la gente será desalentador y quedará la duda sobre la capacidad de nuestro partido para hacer gobierno".
Y puedo también expresar a usted, de una forma contundente y con las pruebas en la mano, lo que hace un largo historial de violencia política por parte de su partido. Sí es el momento, diputada Garavito, de hacer compromisos, que sean ahora, para que gane quien gane, sepamos conservar la concordia, la estabilidad y la paz nacionales, que finalmente es lo que al PRI y a todos los mexicanos más nos interesa. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias diputado. Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente:
Creo que la cita que vino aquí a leer el compañero Nemi Dib no viene en ningún modo al caso, yo hablé de que estábamos en un régimen autoritario, él en lugar de demostrar que no es así, de que hay un régimen democrático, viene y lee una cita para supuestamente demostrar que Cuauhtémoc Cárdenas es autoritario porque convocó al PRD a la unidad. No sé con que lógica trabajó el cerebro de nuestro estimado amigo Nemi Dib.
Creo que también lo que dijo el compañero Zambrano de que con unidad nos verían mejor porque divididos podría dudarse de nuestra capacidad de ser Gobierno, pues también él mismo lo debía de admitir. Está claro que las divisiones entre Camacho y muchos de ustedes...
El Presidente:
Señor diputado, un momento por favor.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Querría preguntar, señor Presidente, al señor orador de conformidad con el Reglamento si acepta una interpelación.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Sí acepto la interpelación.
El Presidente:
Está aceptada diputado Nemi Dib.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Señor diputado Cárdenas; usted desestima mis citas, yo le voy a pedir que desestime ésta que voy a leer: "Se está de un lado o del otro. Se acabaron ya las posiciones intermedias. La definición no puede quedarse esperando haber si las aguas del río se revuelven y en esas condiciones algo se pesca". Y yo le pido que me diga usted si esta expresión es tolerante, si es democrática y, sobre todo, si está precedida del interés nacional. Dependiendo de lo que usted me responda, le digo quién expresó estas palabras.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Yo creo que otra vez estamos evadiendo el tema, el tema es, mi frase original es: si había un régimen democrático y un régimen autoritario, y usted lo que pretende es que yo juzgue cada cita, cada discurso de mi candidato a Presidente de la República. Yo creo que es justo que un candidato convoque a que la gente se defina, creo que eso es justo, y creo que ningún candidato, y menos el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, tiene ninguna fuerza coercitiva para forzar a la gente a que vote por un lado o por otro; mientras que el régimen al que usted sí pertenece, sí tiene muchos elementos de coerción para la gente, y por eso yo les pregunto a los señores del PRI, si el tema que suscitó este debate es el asunto del investigador Bazúa, yo les diría, ¿por qué negarse a usar la tinta sudafricana?, ¿o van a usar la misma tinta de siempre que nunca ha sido indeleble, para que funcionen los carrouseles?
Yo diría, termino, acéptese que haya una verdadera tinta que descubra a cualquier ciudadano del partido que sea que intente votar más de una vez. ¿Por qué negarse?, yo los conminaría a que respondieran, a usar un mecanismo de computadora que identifique las huellas digitales duplicadas o triplicadas. Está allí el banco de datos, existen los programas de computadora para ello. Y yo me pregunto: ¿por qué negarse, por qué responder con evasivas, como aquí lo han hecho los oradores del PRI o con estridencias como lo hizo nuestro respetado y admirado amigo el licenciado Carpizo? Que no nos confundan, nosotros distinguimos entre Carpizo y Patrocinio.
Seguramente que tal vez a muchos del PRI si les ordenaran vendrían a defender, como defendieron hoy a Carpizo, hubieran defendido a Patrocinio. Pero nosotros no, nosotros sí distinguimos, pero eso no significa que por ser quien es el doctor Carpizo no critiquemos en concreto esta respuesta desmesurada a una propuesta que no tiene más objeto que dar mayor credibilidad al proceso electoral. Yo no creo que tenga nada de punible que proponga este señor las medidas que propuso; y sí veo muy reprochable, y espero que la opinión pública lo recoja, que el PRI se niegue a que haya esa tinta indeleble sudafricana en las urnas y que el PRI se niegue a que se utilice ese programa de computadora para identificar las huellas digitales duplicadas o triplicadas. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín por cinco minutos.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Siempre que se trata este tipo de temas, invariablemente se busca encajonar la discusión a un campo cuya perspectiva está exclusivamente encuadrada, o desde el punto de vista de quien considera irrebatible el gobierno, o bien, desde el punto de vista de quienes se consideran los únicos con capacidad o aspiración a ocupar el gobierno de México. Tal parece que se ha caído en un vicio reconfortado por los últimos acontecimientos nacionales, y por ahí quieren hacer creer que la nación de México camine, o pretenden llevar como único camino a los mexicanos.
Estamos a menos de dos meses de las elecciones federales y creo que es de responsabilidad de todo el Congreso el que entendamos de una vez por todas que la situación nacional no toma, efectivamente, los senderos de la estabilidad y confianza.
La economía de nuestro país no se recupera; no se realizan los acuerdos de pacificación en Chiapas; no se resuelven los secuestros de personajes importantes; no se aclara el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Persiste, en fin, la violencia y la incertidumbre en la ciudadanía. Las reglas electorales que se emplearán para 1994 y que se hicieron bajo el contubernio de tres fuerzas políticas para favorecer a esos tres partidos, no importando que con ello se generaran polarizaciones y riesgos de inestabilidad. Esto se corrobora en los criterios que estaban manejándose hace un momento en la tribuna.
Nosotros denunciamos desde esta tribuna y a tiempo, lo peligros de que se aprobara una norma jurídica que beneficiara en forma exclusivista el tripartidismo; y las reformas del 93 y 94 que manejan la integración de una Cámara, de una conformación de órganos electorales, que le cierran el paso al pluripartidismo. Esta estrategia tripartidista pareciera llevarse hasta lo que pudiera ser una elección pactada y que todo el rejuego que en este momento se manipula a través de quienes vienen a la tribuna en
representación de esas fuerzas, lo único que buscan es sacar el mayor porcentaje en la transacción que ya han realizado, independientemente de que con su irresponsabilidad sí conduzcan a que la ciudadanía esté en la incertidumbre.
Compañeros legisladores: la legitimidad de los poderes públicos representativos no debe ponerse en tela de juicio, ni en agosto ni nunca jamás.
Del carácter efectivo del voto depende nuestro destino soberano y democrático como país. Y esto es un propósito que trasciende a los partidos. Las elecciones son una oportunidad para mirar los sesgos excluyentes de la modernización.
Pocos, muy pocos, se han beneficiado con la política excluyente de los últimos gobiernos. En la economía se han creado enormes fortunas...
El Presidente:
Diputado González Arreguín...
El diputado Israel González Arreguín:
... que han parado a manos de un reducido grupo de poderosos consorcios y familias.
En seguida termino, compañero.
El Presidente:
Sí.
El diputado Israel González Arreguín:
Y cuando esto provoca la incertidumbre entre la ciudadanía, de repente lo único que se busca es tratar de confundir aún más a esos ciudadanos, con alegatos que la verdad de las cosas lo único que buscan no es establecer una alternativa de solución para que los mexicanos podamos marchar en serio y seguros en esta nuestra nación, sino que en la rebatinga de posiciones unos y otros realizan acusaciones, hasta temerarias, sin importarles al último que lo que está en juego en este momento no es un partido u otro, sino lo que está en juego en serio es la seguridad de nuestra nación.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, por cinco minutos, en base al 102.
El diputado José de Jesús Martín del Castañeda:
Simplemente paso para recordar cuál es el tema que trajo a la tribuna el compañero diputado de mi fracción parlamentaria Jorge Calderón Salazar. El vino a hacer una denuncia y a evidenciar el clima de autoritarismo representado en la reacción que ha tenido el señor Jorge Carpizo McGregor, máxima autoridad electoral de acuerdo al sistema político mexicano vigente y que es desproporcionada, es desmesurada y políticamente peligrosa, según nuestro punto de vista.
Este es el tema que trajo a colación y eso produjo una desviación del tema por parte de compañeros del Partido Revolucionario Institucional, especialmente el primer diputado del PRI que habló, Salazar, y que pues vino con una intervención calumniosamente fantasiosa o fantasiosamente calumniosa respecto a un supuesto plan que el PRD tiene para después del 21 de agosto.
Simplemente quiero recordar que para nosotros es extraño el aparente rigorismo, aparente rigorismo jurídico que Jorge Carpizo respecto a la investigación del señor Bazúa y por contrapartida la ligereza con que han actuado las autoridades, ante quienes se interpuso una demanda del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática para juzgar lo que consideramos delitos electorales cometidos por Hank González, por ejemplo.
Ahí estamos estableciendo un contrapunto, ahí no se habló, aquí cuando se tocó el tema en tribuna, de conspiración alguna contra el proceso democrático y hubo una extrema ligereza de los miembros del Partido Revolucionario Institucional para abordar este asunto, que nos interesa a todos.
Creo, además, que el riesgo que corren ahora todos los investigadores y analistas políticos de los diversos medios de comunicación y los investigadores de universidades, es que aquí, cuando se toque el asunto, los diputados del PRI vengan a inventar que tienen una conspiración para tomar por asalto computadoras, a la mejor le llaman a esa conspiración "La
conspiración del virus antifraude", a la mejor le llaman "la conspiración de los investigadores", que sobre la base de datos y de un trabajo de campo quieren demostrar, como lo intenta hacer Bazúa, la vulnerabilidad del proceso y del sistema electoral tal como se encuentra ahora, que es lo que explícitamente se sabe.
Entonces el riesgo radica en ellos. Hay que inhibir toda investigación. Hay que inhibir todo trabajo de encuesta. Hay que inhibir toda consideración analítica que contradiga la afirmación infundada de las autoridades electorales y también del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que es perfecto el sistema electoral y que no tiene vulnerabilidad, y que quien se atreva a decirlo hace un atentado de lesa patria y de lesa democracia según lo que aquí hemos escuchado temerariamente de los diputados del PRI.
Quisieron desviar el asunto y parcialmente lo lograron. Pero aquí, categóricamente decimos que es irresponsable y calumniosa la afirmación de que tenemos un plan. Nunca el diputado Salazar, que tenía sólo la encomienda de "golpeador" en esta tribuna en este tema, de pasar a desviarlo, dijo ningún dato claro que tuviera para hablar de tal conspiración, de los supuestos 26 aeropuertos que vamos a tomar de tal elemento.
Yo creo que eso es bastante irresponsable. Reiteramos que éste no es el tema. No tenemos ninguna conspiración, ningún plan para el 21 de agosto. Tenemos un plan desde que nacimos como partido, de luchar contra el fraude electoral, de evidenciar que el padrón no es confiable, lo hemos hecho en los debates tanto fuera de la Cámara como aquí, y queremos decirle que si está participando en el guión de un capítulo el diputado Salazar de la nueva serie del 007, donde se inventaban conspiraciones para entretener al público, éste no es el caso, no es un estudio cinematográfico ni un concurso de guión malo para hablar de ninguna conspiración; aquí estamos hablando de una denuncia, queremos retomar el asunto de que se trata de una denuncia del clima autoritario; por más que se ponga histérico el señor Carpizo, que se dice no pertenece al Revolucionario Institucional y parece estrechamente vinculado a este partido, no conviene que se persiga a los investigadores que tratan de demostrar vulnerabilidad en el proceso electoral y en el sistema, tal como funciona ahora.
Los del PRD no vamos a estar participando en estas ficciones ni en estas calumnias fantasiosas. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado José Antonio González Fernández:
El diputado José Antonio González Fernández:
Con su permiso, señor Presidente;
Compañeras y compañeros diputados: hemos escuchado muchas afirmaciones y la verdad se pueden hacer muchas otras más que no resistan un análisis.
Lo que nos ha traído aquí hoy, en efecto, ha sido un tema muy específico que ha planteado el PRD, pero lo que ha planteado de una manera en donde también, con afirmaciones desde nuestro punto de vista sin sustento, se subraya con calificativos la actitud no solamente del titular del Consejo General del IFE, sino que ahí nos incluye a quienes hemos estado participando en representación de la Cámara también, como primera minoría y de la mayoría en las sesiones del Consejo.
El asunto que se planteó aquí, en efecto, fue tratado como otros más que no solamente han presentado a la consideración del Consejo del PRD, el PAN, el PRI o cualquier otro partido político, sino que fue analizado, fue tratado y este tema fue debidamente presentado a los miembros del Consejo, a los partidos políticos y de lo que se trataba era de demostrar, por un lado, que en efecto, a través de una investigación que respetamos mucho, era muy fácilmente violar el padrón electoral. Y para eso, desgraciadamente desde la óptica de algunos, se incurre en actitudes delictivas.
Pero se presentó este estudio de una manera en donde no solamente el interés académico o el interés político por sacar adelante el padrón, que nunca hemos afirmado que es perfecto, que sí es perfectible y que se ha tratado a través de las distintas reformas legales de tener el padrón más adecuado para las próximas elecciones, se presentó en esa denuncia
un compromiso o una petición o una solicitud, llamémosle así, de alguna compañía para hacer un estudio y cobrar algunos dólares.
Nos parece que en el fondo para tratar de tener algún contrato se incurrió en un acto delictivo. Respetamos la investigación, respetamos a los estudiosos del derecho electoral, pero no lo podemos encubrir en prácticas que desde nuestro punto de vista no son lícitas. Pero no está resolviendo el Consejo General del IFE ni está resolviendo el Presidente del Consejo del IFE ni va a resolver la Cámara de Diputados sobre ese asunto. Se ha hecho una denuncia penal y nos parece que debemos de darle la oportunidad a la autoridad para que responda sobre ese asunto, como también se ha presentado, y aquí se dijo también, por otros partidos políticos denuncias a la PGR, que están en espera de resultados finales.
A lo que voy es, que si hace varios años asumimos un compromiso de reformar la ley, si esa ley no fue suficiente y fue necesario que se hicieran cuatro ó cinco modificaciones para tener elecciones lo más confiables en nuestro país, y si nosotros hemos invocado a la legalidad y ustedes a la no descalificación, nosotros no descalificaremos por descalificar pero sí solicitamos que haya un compromiso por la legalidad, por el respeto a la ley y porque tengamos elecciones libres y pacíficas el 21 de agosto.
El interés de México está por encima del interés de un partido político y nosotros quisiéramos asumir el compromiso con ustedes de que vayamos juntos en torno a la ley el 21 de agosto. Aceptamos el compromiso de no descalificar, acepten el compromiso de no tener actitudes violentas. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo en base al 102 y hasta por cinco minutos.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis:
Señor Presidente, señoras y señores diputado:
Es cierto que el tono que aquí usó el diputado José Antonio González cambió radicalmente el tono usado por el anterior diputado del PRI del Estado de Guerrero. Creo que en el tono último es donde nos conviene hablar y discutir aunque no estemos de acuerdo. Pero de todas maneras yo pedí la palabra desde hace mucho rato para referirme a lo que había dicho el diputado por el Estado de Guerrero.
Y no quiero dejarlo guardado, si yo subiera aquí y les dijera que el PRI tiene un plan de incendiar el Palacio Nacional si pierde su candidato; y que les pidiera que si no es así vengan aquí a desmentirlo, seguramente se subirían y me tacharían de calumniador, de invenciones y se sentaría y no pasaría gran cosa; pero si además yo dijera eso, perteneciendo al partido en el poder y desde las posiciones del poder, entonces sí ya habría que preocuparse y es lo que nos preocupa, y nos preocupa porque tenemos memoria, tenemos memoria de cuando el poder inventa planes de guerra para subvertir el orden.
Yo fui aprehendido en el movimiento del 1968, cuando hacía una gestión por la libertad de los presos políticos y al día siguiente apareció en la prensa que se había descubierto que yo tenía el plan de incendiar 100 trolebuses y de subvertir el orden en este país; y porque tenemos memoria nos preocupa por qué se inventan estando desde posiciones del poder, mentiras de ese tamaño y calumnias que no se sabe a dónde van y entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que está planeando el poder y su partido para después del 21 de agosto? Y entonces es donde deberíamos retomar el tono que aquí ha impreso el diputado José Antonio González, para sentarnos a discutir las cosas reales y ver que por el camino donde nos quiere llevar el diputado Salazar, es el camino que más rechaza este país, el de la invención de planes para solapar la represión, ese plan es una absoluta y total calumnia y mentira, ¿por qué se esgrime en esta tribuna?, hay que preocuparse y entonces, ojalá que en las fuerzas políticas del país, exista la capacidad de utilizar el otro tono y de sentarnos juntos a reflexionar porque juntos tenemos la obligación todavía de hacer los mayores esfuerzos para lograr la confiabilidad de las elecciones del 21 de agosto, y hay pasos que todavía se pueden dar, porque lo único que se hace por parte de intervenciones como la del diputado Salazar es calentar las baterías para incendiar este país.
Y es muy fácil que se acuse de adversario de lo que se está promoviendo y provocando.
Tenemos juntos que lograr elecciones libres, limpias, transparentes y confiables; hay que hacer nuevos esfuerzos, hemos dado algunos pasos pero sin duda tenemos un padrón que no tiene el consenso y hay otros puntos oscuros que todavía no dan la confiabilidad.
El PRD ha dicho una y mil veces, y lo repetirá cuantas veces sea necesario, que es un partido que actúa y actuará permanentemente con respeto y dentro de los marcos de la ley; y nuestra lucha por el restablecimiento pleno de un estado de derecho es una de nuestras banderas más firmes, sólidas y decididas que tiene el Partido de la Revolución Democrática.
Con la ley, cambiar la ley, pero son muchos los ciudadanos, millones de ellos, que saben como nosotros el sistema político manifiesta claros síntomas de agotamiento y que son necesarias reformas, y que son necesarios cambios y por eso, señores del PRI, la gran mayoría de los ciudadanos de este país hoy habla de transitar a la democracia, porque la gran mayoría espera cambios y lo mejor es que sea cual sea el resultado, planeemos los cambios a la democracia que requiere este país todos juntos. Eso es lo recomendable.
Lo recomendable es ir a buscar legalidad, transparencia, comprometerse con la ley, buscar un resultado confiable...
El Presidente:
Diputado Rincón, si gusta concluir, por favor.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis:
Y lo recomendable es que juntos asumamos que este país está sometido a una gran y profunda crisis y de la crisis surgen los cambios. Hoy es lo que se espera y es nuestra gran responsabilidad.
El Presidente:
Diputado Alaniz, adelante y hasta por cinco minutos.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Gracias, señor Presidente:
No es reproche, señor Presidente, pero tenía mucho rato esperando que me concediera la palabra, sin embargo, en el trayecto he escuchado los conceptos que en alguna forma me interesaron abordar, pero aun cuando fuese repetición tengo interés en hacerlo.
Fundamentalmente por una circunstancia o causa fundamental para todo el país, se ha estado hablando de que es necesaria la legitimidad, la confianza, certidumbre para el país a través y en el proceso electoral que estamos viviendo. Bien, este asunto se vino a la tribuna hoy a raíz de que el doctor Carpizo hace suya la ley, además es su obligación, y pretende cumplirla formulando, encomendando que se formule denuncia ante las autoridades correspondientes, por lo que se cree en el IFE que se ha cometido un delito.
Corresponde a la autoridad competente investigar, y al denunciante la obligación de coadyuvar para que se establezca claridad en esto y si hay responsabilidad, primero si hay delito y si hay responsabilidad que se proceda.
Con esto estamos claros y muy ciertos en el sentido de que lo que dice el doctor Carpizo, de que se ha hecho una apología, pretendiendo usar la investigación para encargarse de ella y propiciar la comisión de delitos, precisamente por esa gran figura.
Si se pretende confianza, legitimidad y certidumbre, el PRD debe consentir de que si el Consejo General del IFE está considerando un delito, en que se investigue y se lleve hasta las últimas consecuencias y si hay responsabilidad que se aplique la ley. Esto es muy sencillo y muy fácil. Sin embargo, llega a la tribuna hoy a denunciar al denunciante y esto me parece que es definitivo, que no permite que se vaya a aplicar la ley.
Bien, sin entrar al análisis de esa postura que nos llevaría exactamente a una actitud como la de ellos de ser básicamente electoreros, deseo y pido a los dos partidos que hoy han usado la tribuna, en el sentido de que hoy, como unos y otros están haciendo el reclamo de la violencia verbal, el reclamo de varios asuntos, que hoy los dos partidos en esta ocasión y en esta tribuna, vengan y le digan a la nación mexicana que se comprometerán a que se respete irrestrictamente la ley, a que nos se haga uso de la violencia en el desarrollo del proceso electoral
y que entre los dos, naturalmente que no estamos exentos otros partidos, se adquiera el compromiso de acrecentar la confianza del pueblo mexicano, de que se finque en la certidumbre de que se tenga un resultado legítimo y que con esa legitimidad habrá de arribar quien gane, el ejercicio del poder.
¿Por qué no hacer esa promesa? ¿Por qué no adquirir ese compromiso? ¿Por qué no decirle con toda la autoridad moral que los dos tienen, a la nación mexicana, de que ésa es la aspiración y que es el compromiso y que se va a trabajar en torno de ello? ¿Se tiene miedo a adquirir ese compromiso? Si no se dice, si no se aborda para ese fin, y los invito a que lo hagan, tendría entonces que tratar, sí, de deslegitimar o de desautorizar las facultades que tiene el doctor Carpizo... termino, señor Presidente y le recuerdo que cuando los oradores del PRD se exceden, nunca les ha hecho ese llamado tan oportuno... Que el doctor Jorge Carpizo no tiene razón y no tiene por qué perseguir la aplicación de la ley y en esa virtud estaríamos entonces en condiciones de analizar los motivos reales de la denuncia que hoy el PRD presenta aquí y que podríamos llegar en todo caso a considerar infundados e insanos.
Pienso que si se da en el tono al que está conminando la diputación del PRD a través del último orador, estaremos sí en condiciones de arribar a un consenso, a un asunto importante, que es la expresión del compromiso en esta tribuna.
Es cierto, regresando a lo que también inicialmente me interesaba, de afirmar que las normas jurídicas nunca son perfectas, aun cuando siempre se tenga la tendencia de serlo, nunca lograrán la perfección, como tampoco los procesos electorales que se desarrollan en este país y los que se han desarrollado en el mundo y en este mismo país con anterioridad, han sido perfectos. Sí se desea satisfacer las aspiraciones múltiples de todos los partidos y en esta Cámara, en este recinto, se llegó a trabajar para reformar la Ley Electoral, satisfaciendo los planteamientos, las peticiones de todos los partidos. Yo no sé por qué ahora se pretende descalificar al propio proceso electoral.
En suma, concluyo: ojalá que no se vea descabellada nuestra solicitud de que los dos partidos, el PRD y el PRI, hoy en esta tribuna, le hagan esa oferta reiterada de ser posible, a la nación mexicana, de un comportamiento apegado estrictamente a la ley y que no se va a hacer la apología de ningún delito y que se renuncia a la violencia por todos los conceptos, para no violentar la vida y sí es de tranquilidad, aun cuando haya inquietudes en este país. Muchas gracias.
El Presidente:
Diputado Julio César García, para rectificar hechos con base en el 102 y hasta por cinco minutos.
El diputado Julio César García Hernández:
He pedido el uso de la palabra para señalar dos cosas: primero, se ha planteado que aquí existe un delito, se sacó de manera falsa otra credencial y que por lo tanto la autoridad no podía quedarse de lado; hay un delito se dice, se comparó con un crimen o con un robo y se olvida que precisamente el debate es que ese sistema, esa estructura electoral, permite precisamente lo que aquí se cuestiona.
Lo que les preocupa es que dos credenciales se obtuvieron ilícitamente, pero no les preocupa que hay una estructura electoral que garantiza que precisamente no se comentan esos crímenes, que se comparan aquí con robos y con asesinatos.
Creo que se ha eludido el fondo del debate. Aquí se plantea también, por el diputado Fernández, que hubo, parece ser, un chantaje de esta empresa. Creo que esto no justifica de ninguna manera cómo se han precedido las cosas. Si esta empresa, para obtener un contrato hizo esto, aquí han salido a la luz pública asuntos mucho más importantes y que si en dado caso esta presión que ejerció esta empresa presupone un delito, de ninguna manera se justifica ese tipo de respuestas que se han venido dando aquí.
Creo que es más sano que este país y que esta Cámara de Diputados discuta precisamente qué elementos no son fundamentales, para garantizar esa paz pública que aquí se reclama.
No es con pronunciamientos de que se va a respetar la paz y la legalidad, como se resuelve un problema; es dando garantías para que las próximas elecciones todo mundo esté confiado que el resultado fue legal, fue legítimo y fue transparente. Muchas gracias.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar.
Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores, sobrevivientes con su presencia heroica de este debate rico, profundo, amplio, cuya participación agradezco y reconozco.
Pedí la palabra para rectificar hechos complementando diversas intervenciones que han realizado ya diputados del Partido de la Revolución Democrática, para reiterar nuestra profunda solidaridad y compromiso en la defensa de los derechos ciudadanos, en la defensa de la libertad intelectual y en la defensa del derecho a la investigación de Fernando Bazúa y de otros investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, par reiterar también principios y normas que en muchas universidades del mundo existen, en torno a la investigación participativa y a la participación en procesos y movimientos sociales como medio para hacer del conocimiento de la sociedad situaciones fundamentales de trascendencia para la ciencia, para la cultura y para el conocimiento de procesos políticos.
Y quisiera nuevamente expresar aquí que resulta absolutamente contrario al fortalecimiento de procesos democráticos y de las instituciones republicanas, el descargar todo el peso de la ley, con saña, con un rigorismo jurídico inusitado, mientras que, como hemos dicho reiteradamente en varias intervenciones la mañana del día de hoy y en la tarde, en el caso de Carlos Hank González ha habido una gran omisión en el ejercicio de la acción penal y de investigaciones precisas y rigurosas por la comisión de delitos electorales.
Pero más de ello, durante meses y durante años el Partido de la Revolución Democrática ha presentado en el Instituto Federal Electoral, numerosas evidencias, pruebas y denuncias de la comisión de delitos sistemáticos y reiterados, primero en el proceso de emisión de las credenciales usadas en las elecciones de 1991 y después en la fotocredencialización.
Y hemos dado testimonio público de que existe operativo sistemático de algunas fuerzas en ciertas regiones del país vinculadas al aparato de Estado, para expedir en forma dolosa estas credenciales, no una o dos, sino en número que pueda influir en una modificación sustantiva de los resultados de la elección de 1994. Hay testimonio de numerosísimas ocasiones en que hemos afirmado esto, ya sombra, y lo digo como investigador universitario, como ciudadano y como diputado del PRD, que ante un hecho en el cual un investigador universitario que hace uso de una forma específica de probar un hecho, pone por delante su buena fe ante las autoridades y le dice: "Señor Carpizo, hicimos esta investigación y tenemos las pruebas de que debe de haber una corrección profunda , se descargue todo el proceso de la ley y se castigue lo que ha sido una contribución para un testimonio ciudadano de un proceso de este tipo".
Pensamos que la manera como se trató el tema en la reunión del pasado sábado, a la que aludía el diputado José Antonio González Fernández, fue una manera ligera; que la descalificación que hizo el doctor Carpizo en su carácter de presidente del IFE, bloqueó un análisis sereno y que está todavía abierta en la agenda y será propuesto por el PRD la necesidad de un análisis sereno, tranquilo, alejado de descalificaciones como la que se ha hecho, que permita examinar estas posibilidades en materia de uso de software para evitar duplicaciones en materia de la tinta indeleble y en muchos aspectos más.
Y ya hizo aquí una intervención clara, puntual, precisa, el diputado Gilberto Rincón Gallardo, sobre nuestro compromiso con la legalidad, nuestro compromiso con la democracia y nuestro compromiso con el respeto a las leyes y seremos los primeros en buscar que se apliquen las leyes, pero no con estas interpretaciones dolosas.
En ningún momento Fernando Bazúa intenta usar estas credenciales que una estudiante circunstancialmente obtuvo para alterar procesos electorales. Obtiene un testimonio científico y lo entrega a la autoridad para que proceda
en consecuencia con las normas y reformas legales que se deben hacer y esto es válido, es correcto y debe ser entonces evaluado en sus justos términos.
Y termino diciendo que seguiremos exigiendo los diputados de la Revolución Democrática, un proceso electoral limpio y confiable. Si las elecciones son legítimas, limpias y transparentes, respetaremos sus resultados, pero si se realizan no sólo con base en criterios nuestros, sino en criterios de la sociedad mexicana, un operativo de fraude en que se violenta la voluntad popular, protestaremos dentro de la ley y de la Constitución con aquellas formas que se crean pertinentes hasta llegar a un sistema democrático con elecciones limpias y confiables. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado. No habiendo quien solicite la palabra, pido a la Secretaría conforme al artículo 58 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se presentada a la discusión la proposición presentada por el diputado Jorge Calderón Salazar.
El secretario Armando Romero Rosales:
Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación económica la propuesta del diputado Calderón, en los términos dichos por el señor Presidente.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo...
Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Pido la palabra, para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente.
A lo largo de más de dos años y medio de ejercicio legislativo, en numerosos casos que se ha planteado trámite legislativo específico para numerosos casos, esto procede conforme a derecho de manera directa e inmediata. No estamos pidiendo aquí que se emita juicio alguno, sino que se haga un seguimiento a este hecho que aquí hemos denunciado. En numerosísimos casos ha sido la Comisión de Gestoría y Quejas quien ha tomado conocimiento de diversas situaciones, y en este caso estamos pidiendo un trámite en la Comisión de Justicia.
Desconozco en consecuencia las razones por las que se somete a votación, lo que en realidad significa un simple trámite que habitualmente se da a este tipo de propuestas.
Por tanto, dejo testimonio aquí de que a nuestro juicio lo correcto es que simplemente se entreguen a la Comisión de Justicia los elementos que aquí se han expuesto y en su caso esta Comisión determine o no si ha lugar a investigaciones, análisis, reflexiones o testimonios que se presenten ante el pleno de la Cámara de Diputados, pero que se deje a la soberanía, a la Comisión de Justicia, lo que ha sido, repito, práctica legislativa común en nuestra Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado Díaz Infante?
El diputado Manuel Díaz Infante (desde su curul):
Señor Presidente, que se lea el artículo 58.
El Presidente:
Solicito a la Secretaría lea el artículo 58.
El secretario Armando Romero Rosales:
De las iniciativas de las leyes. Artículo 58. "Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara sin formar los que la suscriben mayoría de la diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si
fueran varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, refiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada."
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado Calderón?
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Para rectificar hecho, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, de acuerdo al artículo 102.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor presidente; estimados legisladores:
Me apena robar su tiempo sobre este punto y quizá distraer intenciones de ingerir los sagrados alimentos que algunos tenían, pero créanme que esta cuestión me preocupa.
Formal, efectivamente, podría interpretarse este artículo con ese rigorismo que hoy se pretende aplicar, como que todas aquellas propuestas para que se transfieran asuntos, análisis, a comisiones tendrían que ser en su caso votados. Pero con ese mismo rigorismo yo podría decirles las decenas, quizá centenas de iniciativas que muchos partidos políticos hemos presentado a lo largo de esta legislatura, que en cinco días tenían que haber sido dictaminadas por la comisiones y que están durmiendo el sueño de los justos por una falta de voluntad política, como aquí se mostró en la primera fase de esta sesión de la Cámara de Diputados, ante iniciativas de los diputados del PAN para que se hiciera una excitativa específica ante otras propuestas que ellos han hecho.
Y quiero recordarles, no siendo yo abogado y pueden todos los diputados abogados venir aquí a refutarme, pero quiero recordarles que independientemente de este rigorismo del artículo ya leído, ha habido casos, numerosos, casi diría yo 90%, 95% por no situarme casi en el 99% de temas, asuntos, propuestos o diversas cuestiones relacionadas con problemas nacionales o incluso internacionales, en donde el trámite, pese al rigorismo que aquí se esgrime como espada de Damocles sobre una humilde proposición que hice para que el tema fuera examinado por la Comisión de Justicia, han sido sin votación y pro turno que le da el Presidente en cuestión de la Asamblea, transferidos al análisis de comisiones.
Si quieren pueden pasar a la tribuna y decir: aplicamos todo el peso de la ley; el diputado Calderón está equivocado y punto, golpéese toda posibilidad de que la Comisión de Justicia lo examine. Quizá tengan razón, podríamos entrar con nuestros diputados abogados a una interpretación jurídica de otros capítulos de la legislación vigente que abren la posibilidad de este análisis. Pero el hecho es que aquí se está de nuevo bloqueando la posibilidad y facultad de una discusión a la Comisión de Justicia y un problema que es relevante para la situación nacional: los derechos de una investigador universitario que están siendo atropellados y que ni siquiera se está aceptando que la Comisión de Justicia pueda tener la facultad de una discusión particular sobre un problema que atañe a la vida nacional.
Quédense con su votación, quédense con su votación si así lo creen pertinente, pero como ciudadano indignado en este caso por un atropello a derechos básicos de un investigador universitario, me parece contrario a un espíritu crítico, analítico, el que ni siquiera se intente que la Comisión de Justicia haga un análisis específico de esta cuestión. Es como aquellos que en la época en que Galileo estaba sosteniendo que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino lo era el Sol, pretendían anular toda posibilidad de crítica y disciplinar a través
de una imposición autoritaria, del tipo de la que intentó en otros tiempos Torquemada, una discusión profunda de aspectos científicos o en este caso de aspectos que atañen a la vida nacional.
Quede pues constancia de la protesta que aquí expongo sobre un punto que me parece contrario a una sana práctica democrática que en muchos casos hemos aplicado, para que asuntos de importancia y de relevancia sean discutidos por las comisiones específicas. Muchas gracias.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz (desde su curul):
Señor Presidente: pido la palabra, para rectificar hechos.
El Presidente:
En base al 102 y hasta por cinco minutos.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Gracias, señor Presidente.
Comprendiendo la molestia que provoca en ustedes el desarrollo del asunto, volvía a la tribuna sólo para rechazar que en esta Cámara se esté golpeando el derecho de investigación, que se estén conculcando los derechos de maestro alguno, sino que definitivamente quienes lo afirman así, deben de recomponer su pensamiento y su dicho, en atención a que apenas se inicia una indagatoria en la que se deben aportar las pruebas, que se debe dar una coadyuvancia por el ofendido, por el denunciante y consignar todas las actuaciones del Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional competente. Y éste, resolver si hay delito o no hay delito. Resolverá si se tiene acreditado el delito con las pruebas conducentes y acreditada la presunta responsabilidad del denunciado. Hasta entonces, y es más, todavía apenas estará iniciándose un proceso penal y se resolverá en sentencia y hasta que esta cause estado de definitiva, tendría entonces que sí considerarse algún asunto similar, parecido o no al que está haciendo alusión el diputado del PRD.
No estoy de acuerdo y rechazo categóricamente que en esta Cámara entonces se esté conculcando el derecho a la investigación, la libertad de hacerlo ni mucho menos. Si con ésta y usándola se está haciendo uso de la apología como una forma de decir cómo se pueda cometer el delito, bueno, ése es otro asunto. Eso es lo que tendrá que investigarse. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Calderón, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente.
Será quizá la intervención más breve que haré en esta legislatura; sólo para reafirmar en todos sus términos lo que expuse previamente, de que debe respetarse una práctica democrática, sana, justa y correcta, que a lo largo de más de dos años y medio hemos realizado, en el sentido de que temas o asuntos de relevancia en los cuales puede haber posiciones diversas, pero que son de relevancia para análisis en comisiones, sena transferidos sin este mecanismo de votación que considero lesivo para una sana discusión abierta, profunda, de los temas que aquí se han expuesto. Muchas gracias.
El Presidente:
No habiendo quien haga uso de a palabra, esta Presidencia reitera el turno que ya había dado, el cual fue discutido y votado.
CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
El Presidente:
Esta Presidencia acaba de recibir oficios de la honorable Cámara de Senadores. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con ellos.
El secretario Armando Romero Rosales:
«Escudo Nacional.- Secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que
contiene minuta proyecto de decreto, que reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 22 de junio de 1994.- Senadores: Israel Soberanis Nogueda presidente y Antonio Melgar Aranda secretarios.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL DIVERSO QUE APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
Artículo primero. Se reforma el artículo 2o. del Decreto que Aprueba del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1955, reformado según decretos publicados en el citado Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1980, 13 enero de 1986 y 11 de diciembre de 1992 , para quedar como sigue:
"Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto del Banco de México, haga la suscripción de acciones o partes sociales de la Corporación Financiera Internacional, hasta por la cantidad adicional de 4 millones 279 mil dólares de los Estados Unidos de América, para hacer un total de 27 mil 589 acciones por la suma de 27 millones 589 dólares."
Artículo segundo. Se autoriza al Ejecutivo Federal para efectuar la suscripción adicional de acciones de la Corporación Financiera Internacional que a México corresponda hasta por los montos máximos autorizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero anterior.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 22 de junio de 1994.- Senadores: Ricardo Monreal Ávila, presidente; Israel Soberanis Nogueda y Antonio Melgar Aranda, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D. F. a 22 de junio de 1994.- Licenciado Morelos Canseco Gómez, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
El secretario Armando Romero Rosales:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto. que establece las características de la segunda moneda de plata, conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 22 de junio de 1994.- Senadores: Israel Soberanis Nogueda; y Antonio Melgar Aranda, secretarios.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA MONEDA DE PLATA CONMEMORATIVA DEL QUITO CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
Artículo único. Se autoriza la emisión de una segunda moneda de plata conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Valor nominal: cinco pesos.
b) Diámetro: 40.0 mm. (cuarenta milímetros).
c) Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de plata.
d) Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre.
e) Peso: 27.0 g. (veintisiete gramos).
f) Contenido: 24.975 g. (veinticuatro gramos novecientos setenta y cinco miligramos) de plata pura.
g) Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos), en más.
h) Tolerancia en peso: Por unidad: 0.216 g. (doscientos dieciséis miligramos); por conjunto de 1 mil piezas: 6.831 g. (seis gramos ochocientos treinta y un miligramos), ambas en más o en menos.
i) Canto: Estriado.
Cuños:
Anverso: Al centro, el escudo nacional un relieve escultórico con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, los escudos nacionales de los otros países participantes en la segunda emisión de monedas conmemorativas del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos. El marco liso.
Reverso: Una escena que muestra una tortuga marina desplazándose en el mar. Siguiendo el contorno del marco superior la leyenda "Encuentro de Dos Mundos". En el cuadrante inferior derecho el signo de pesos "$" y a continuación el número "5" y por debajo de este conjunto el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La moneda de cinco pesos a que se refiere este decreto, deberá contener en el reverso el símbolo "N$" hasta que el Banco de México, en términos de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de junio de 1992, haya desmonetizado los billetes del Banco de México y las monedas metálicas representativos de la unidad monetaria que ha sido sustituida.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 22 de junio de 1994.- Senadores: Ricardo Monreal Ávila, Presidente; Israel Soberanis Nogueda y Antonio Melgar Aranda, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D. F. a 22 de junio de 1994.- Licenciado Morelos Canseco Gómez, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente:
Muchas gracias. Continuamos con la agenda política, y para esto tiene la palabra el diputado Juan Enrique Caballero Peraza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre declaraciones de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, en el Estado de Guerrero.
El diputado Juan Enrique Caballero Peraza:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados, un poco más sobre el proceso electoral:
Estamos viviendo actualmente la paradoja del absurdo, el día sábado 18 de junio fue publicado en uno de los diarios de circulación estatal del Estado de Guerrero, el Sur, la declaración pública de un diputado, presidente de su partido, que no deja de llamarnos la atención. El diario y su corresponsal en Chilpancingo se caracterizan por su seriedad y responsabilidad profesional en el manejo de la información. Están vinculados con un diario de circulación nacional de prestigio e incluso cuenta con un espacio para el lector que acuciosamente leí el día lunes, martes y el día de hoy, ya que ante lo absurdo de la declaración esperaba la rectificación o el desmentido, pero éste no se dio.
Voy a permitirme dar lectura de la declaración:
"Ranferi Hernández, al PRD, 300 mil pesos para gastos de campaña. Uri Barrera, corresponsal Chilpancingo. La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática recibió hoy del gobierno del Estado 300 mil nuevos pesos para gastos de campaña, informó el
copresidente estatal de este instituto político Bernardo Ranferi Hernández Acevedo.
"El dirigente perredista indicó que hace tres semanas hicieron la petición al gobernador Rubén Figueroa Alcocer de que les proporcionara recursos adicionales a las prerrogativas y que hasta hoy le otorgaron recursos solicitados.
Aunque, oficialmente corresponde al Instituto Federal Electoral proporcionar los recursos a los partidos políticos para campaña, Hernández Acevedo dijo que ellos lo solicitaron y que el gobernador accedió sin condicionamiento. Y aseguró que los 300 mil nuevos pesos entregados no corresponden al acuerdo por prerrogativas que, dijo, aun está pendiente."
Señores diputados: A confesión de parte, relevo de prueba. El copresidente estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guerrero declara públicamente, sin empacho alguno, que fueron entregados 300 mil nuevos pesos como "apoyo de campaña", y vuelvo a resaltar que esto es entrecomillado, a su instituto político.
Seguramente el diputado local al que hago referencia desconoce que de acuerdo al Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales, en su Capítulo II, del Financiamiento de los Partido Políticos, fracción VII, señala claramente los derechos de prerrogativas de los partidos, solamente por los siguientes conceptos:
Por actividad electoral, por actividades generales como entidades de interés público, por subrogación del estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos, por actividades específicas, como entidades de interés público y para el desarrollo de los partidos políticos.
Específicamente el código prohibe recibir aportaciones de los poderes de los estados, en la fracción II inciso a, del código mencionado, salvo los establecidos en ley.
Sería conveniente que la dirigencia nacional de este partido instruyera al diputado o sus compañeros diputados, le hicieran llegar copias de las reformas, ya que obviamente las desconoce.
La Constitución del Estado y la Ley Electoral del mismo, sí contempla el financiamiento de los partidos políticos, aunque, no con la amplitud y claridad que debiera. Sin embargo, no contempla en ningún momento apoyos discrecionales.
¿Qué es, compañeros diputados, lo que está pasando en el PRD, en Guerrero? ¿O al menos en esta porción de la dirigencia que públicamente acepta recibir recursos? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Recibió o no recibió un apoyo discrecional por parte del Ejecutivo el diputado Ranferi Hernández?
¿Sí lo recibió y no considera que está cometiendo un ilícito? ¿O no lo recibió y está tratando de desprestigiar el proceso electoral e incluso al Gobierno del Estado, aún a costa de su propia imagen? ¿O habrá caído en esa crisis perredista posdebate o es inocente? ¿? O pertenece a la corriente ex priísta del PRD o se contagió de ésta y considera que recibir apoyos discrecionales por parte del Ejecutivo, es lo más normal del mundo, tan normal que incluso, lo declara la prensa. A final de cuentas recordemos que el ex gobernador de Michoacán, hoy candidato, apoyaba a su partido político con recursos discrecionales, incluso lo acepta públicamente.
¿Qué es lo que habrá pasado? ¿Habrá traicionado la confianza de quien le entregó estos recursos? ¿O estamos ahorita viviendo una nueva concertación financiera? ¿O será tan sólo una fantasía del señor diputado? ¿O es tan sólo una invitación al Ejecutivo a que le aporte una cantidad como la señalada en la declaración? ¿O bueno, finalmente, pues está molesto por la falta de elecciones democráticas en el interior de su partido y al no estar conforme con sus candidatos está tratando de desprestigiar a su partido y al Gobierno, para que nosotros seamos favorecidos?
Es extraño, es para mi sumamente extraño. Nuestro partido denunció este hecho el día de ayer ante la Comisión Permanente del congreso local, donde por cierto el señor copresidente del PRD en Guerrero forma parte. Y pedirá ante el IFE local el día de hoy, que se realice una investigación a este respecto.
La ciudadanía, señores diputados, está solicitando un manejo claro del proceso y no es con acciones o aseveraciones como las que realizó el señor diputado local Ranferi Hernández, del PRD, como lo vamos a tener.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para el mismo tema, el diputado Arquímides García, del PRD.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
Yo lamento sinceramente que cada vez que se refieran al Estado de Guerrero, lo haga el compañero Juan Enrique Caballero Peraza y tenga que subir yo, porque podía pensarse que sea una cuestión personal. Tengo que hacerlo porque nunca rehuyo a mis responsabilidades, porque es un deber como militante defender a un partido del cual yo me siento orgulloso. Hay compañeros, que incluso han sido dirigentes del PRD y que podían contestar fácilmente estos cuestionamientos que hace el compañero Juan Enrique. Lamentablemente por estar llevando actividades de la campaña, hoy o se encuentran aquí.
En Guerrero, como en cualquier punto de nuestra República, el PRD no tiene absolutamente nada de que avergonzares. Todo lo que hacemos en nuestra vida política está apegado a la ley, a nuestros estatutos y a la capacidad que tiene nuestro partido de movilizar a sus bases y a un sector importante en Guerrero.
Nuestro partido en todos sus órganos regulares, en su vida institucional, en su proyección política, en sus formulaciones programáticas, en sus concepciones tácticas, actúa con estricto apego a la razón, a la verdad y al compromiso que tenemos de hablar de frente y con veracidad a nuestro pueblo mexicano.
Yo quiero decirle al compañero Caballero Peraza, no sé si realmente se trata de cuestiones personales entre él y el diputado local Ranferi, porque en lo personal pienso que en ningún momento pone en entredicho ni en Guerrero ni en cualquier lugar de la República Mexicana.
No es cierto esas declaraciones que el periódico o el reportero Eri Barrera le atribuye a nuestro compañero Ranferi, Bernardo Ranferi Hernández. Bueno, es una apreciación que hace él, pero debe presentar pruebas conducentes el compañero de que efectivamente Ranferi manifestó que se está recibiendo dinero para gastos de campaña. Quiero decirles que desde el mes de abril, a finales de abril y todavía recientemente el 16 de junio, el Comité Estatal del PRD en Guerrero se ha dirigido...
El Presidente:
Un momento, señor diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Quisiera preguntarle al señor diputado si acepta una interpelación.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
Con mucho gusto, señor diputado.
El presidente:
Adelante diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor diputado nada más una pregunta; sinceramente ésta es una elección federal y aquí se atribuye la conducta al Gobierno del Estado de Guerrero y como órgano receptor del PRD. Lo que quisiera que nos aclarara es si las cantidades a que se refiere la nota se refieren a financiamiento estatal, porque la nota es clara y cita de fuente directa o definitivamente ni siquiera haya un solo centavo de financiamiento estatal. ¿Podría contestarnos usted que tiene toda la información?
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
Con mucho gusto. Decía yo, el día 2 de mayo de 1994, por medio de un escrito que lo tenemos aquí que está de recibido del Gobierno del Estado de Guerrero, "El Comité Ejecutivo Estatal del PRD entre otras cosas plantea, antes que nada, dice, planteamos que la relación entre el PRD y el Gobierno tenga como premisas fundamentales.
1. La tolerancia entre las partes; el sabernos escuchar mutuamente y el irrestricto respeto a estas diferencias. Y entre uno de los puntos que está solicitando el PRD, el punto número 5 solicitamos a su Gobierno, se nos actualicen las prerrogativas que por ley nos corresponden según listado anexo".
Quiero decirle a usted que actualmente el PRD recibe 19.9 mil nuevos pesos y que de acuerdo con la ley de nuestro Estado, al incrementarse el número de votos, 148 mil en esas últimas elecciones, nuestro partido calcula que mínimamente le pertenecen 100 mil nuevos pesos de prerrogativa y el Gobierno considera que lo que le corresponde al PRD son 31, pero esto es lo que estrictamente la ley de Guerrero establece como compromiso del Gobierno hacia nuestros partidos y no solamente al PRD, al PAN también y a todos los demás partidos que actúan y que tiene registro en nuestro Estado.
Entonces, no se trata aquí de venir a sorprender, ni se trata de venir a poner en entredicho al PRD; decimos claramente, lo sostenemos, lo reafirmamos, en Guerrero como en cualquier parte de nuestro Estado no tenemos absolutamente nada, absolutamente nada de que avergonzarnos y que estamos actuando estrictamente conforme a la ley y de acuerdo a los derechos y obligaciones que tiene el Gobierno del Estado de Guerrero con nuestro partido.
El Presidente:
¿Con qué objeto diputado?
Adelante diputado Caballero.
El diputado Juan Enrique Caballero Peraza:
Compañeros diputados:
El meollo del asunto es saber si recibió o no recibió por parte del Ejecutivo Estatal esa cantidad el diputado Ranferi Hernández. Si la recibió, pues si es facultad o por su dirigencia nacional para recibir estos apoyos que definitivamente señor diputado, son discrecionales.
El día de ayer, en la Comisión Permanente del Congreso local se dio este debate y sí tenemos las pruebas, las pruebas es la versión estenográfica de la respuesta del diputado Ranferi Hernández y la versión en audiocassette, que así es como se archivan las intervenciones de los señores diputados en el Congreso local.
Ranferi Hernández explicó que el dinero que recibió forma parte de las prerrogativas que dijo el Gobierno del estado adeuda al PRD y aseguró que en su partido nada tenemos que ocultar y por eso lo manifestamos públicamente, y que continuarán exigiendo lo que por ley les corresponde. Entonces, acepta haber recibido.
Y el diputado menciona que es un adeudo que se tenía con la dirigencia estatal, simple y sencillamente que las cifras no nos checan, señor diputado, porque su partido recibe en el Estado de Guerrero, 19 mil pesos por concepto de prerrogativas, no ha habido una sesión del consejo estatal electoral que incremente estas prerrogativas, para empezar.
En el supuesto de que lo hubiera, ciertamente recibiría más prerrogativas como también las recibiría acción nacional y otros partidos que hayan incrementado su votación, pero, ésta no sería, no iría más allá de 12 mil pesos mensuales más para sumar un total de 31 mil pesos, y eso tan sólo sería de noviembre, la decisión fue el 3 de octubre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo y vamos a conceder hasta junio y serían ocho meses exclusivamente, para dar un apoyo retroactivo, una vez que sea esto autorizado, y 12 por ocho de ninguna manera nos dan 300.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Arquímides García.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
Señor diputado:
Efectivamente, actualmente el PRD recibe 19.9 mil nuevos pesos, pero aquí el problema supuestamente que usted ha planteado y la pregunta que nos hacía es, recibió o no recibió el PRD los 300 mil pesos. En el supuesto que sí los haya recibido, quiero decirle que en ningún momento el PRD está recibiendo dinero en forma ilícita o por una decisión unilateral o porque se están negociando a espaldas de
nuestro partido, son adeudos que el Gobierno del Estado tiene con el PRD, y de hace años; y si el Gobierno o usted dice que en lugar de recibir 19.9, al PRD le corresponde 31 mil nuevos pesos, nosotros decimos y lo hemos dicho públicamente y por escrito al Gobierno que tenemos derecho no a 31, tenemos derecho a 100 mil nuevos pesos y eso es lo que está reclamando el PRD y por escrito lo hemos hecho.
No tenemos nada que ocultar, de nada que avergonzarnos, señor diputado.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Caballero.
El diputado Juan Enrique Caballero Peraza:
Compañeros diputados:
Repito, el meollo del asunto es recibió o no recibió; si lo recibió como los diputados del PRD dicen desde su tribuna, entonces él está cometiendo un ilícito.
No es legítimo y no es leal recibir apoyos discrecionales.
No hubo ninguna sesión del consejo estatal electoral. El hecho de que el PRD en Guerrero se le ocurra que a él le deberían de corresponder 100 , pues porqué no mejor 200 mensuales ó 300 ó 400. No, señor diputado, esto se calcula de acuerdo a los votos obtenidos, hay una fórmula matemática, señores, ustedes son los primeros que hablan de esto y yo creo que es grave y yo los conmino a ustedes a que hagan una investigación de su dirigencia en el Estado de Guerrero.
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado? Hasta por cinco minutos en base al 102.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
No, el meollo no es si recibió o no recibió el dinero el PRD, es si lo recibió ilícita o lícitamente. Nosotros tenemos derecho a más de lo que ha recibido el PRD, lo estamos presentando con documento, con pruebas.
Ilícito es que se concedan regidurías como en Copala, señor diputado, allá en Acapulco, a su partido, que ni siquiera alcanzó el 5% de las votaciones y que sin embargo le están otorgando esas regidurías.
En cambio a nuestro partido, el PRD, en algunos municipios el Gobierno del Estado ha creado virtuales ayuntamiento paralelos. Por decir algo, en los municipios Cuahuayutla de Izazaga, en el municipio de Alcozauca de Guerrero, en Milinaltepec, en Atoyac de Alvarez y en Cirándaro de los Chávez, donde está gobernando el PRD...
No sé a qué se deben esas exclamaciones, señor Presidente, si hay alguien que quiera interpelar, bueno, nosotros no nos negamos a escucharlos.
El Presidente:
Adelante.
El diputado Josafat Arquímides García Casto:
En estos municipios donde está gobernando el PRD, se han nombrado a los ex candidatos priístas a presidente municipales, se les ha nombrado como delegados del gobierno municipal, asignándoles presupuesto, equipo, mobiliario personal, y esto realmente nosotros tenemos que protestar y es por esa razón que aunque nos dicen que realizamos movilizaciones, actividades violentas, etcétera, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando estamos viendo que se nos está obstruyendo y cuando realmente no hay respeto al diálogo que nosotros estamos planteando en los escritos que estamos enviando al Gobierno del Estado.
El presidente:
El diputado para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Enrique Caballero Peraza:
Señor Presidente:
Qué pronto cambió el tema el señor diputado, se ve que le causó escozor lo que nosotros mencionamos aquí en la tribuna. No ha quedado claro si recibió o no recibió, pero lo que sí está claro es que si recibió esa cantidad que él declara, la recibió en forma ilegal, y aquí el señor diputado viene a evadir el tema y nos pone en bandeja de plata un tema que yo sí me voy a permitir tocar y con pruebas.
Menciona que hay regidurías que fueron otorgadas fuera de la ley. Sí señor diputado, las hay en Acapulco: una, compañero suyo que había sido candidato a diputado local y que o sé cómo, por obra y gracia de alguna concesión, brinca a regidor, a una octava regiduría. Sí, sí la tuvo.
No solamente esto, existe ahorita en el municipio de Acapulco una inconstitucionalidad de la Constitución local. La Constitución marca que no puede haber más de 20 regidores, y bueno, por así convenir a los intereses tanto del PRI, que a fin la de cuentas resultó beneficiado el PRD, se incrementaron a 29. Pero no solamente eso, va más allá, los 28 no fueron atribuidos distribuidos de acuerdo al porcentaje de la votación; de las 20 regidurías que cuenta el municipio de Acapulco, nosotros deberíamos de contar con dos de acuerdo al porcentaje de la votación que tuvimos, y el PRD debería de contar con cinco. De los 28 regidores que actualmente existen formalmente en el municipio de Acapulco, contamos nosotros con dos, que son los que legítima y constitucionalmente nos corresponde; el PRD cuenta con ocho, tres más, tres pasaditos.
Voy más allá. En el Congreso local ellos deberían de tener, por la votación que tuvieron, siete diputados locales. El Frente Cardenista debería tener dos, porque superó el 2% de la votación, y los compañeros que están aquí presentes del Frente no me dejarán mentir. Nosotros contamos con tres legisladores solamente, pero los tres legisladores con los que contamos son, de acuerdo al porcentaje de votación, no despojamos a ningún partido como en el caso del PRD, con algún arreglo, que hizo, de alguna forma despojó al Frente Cardenista de sus diputados para tener uno de más.
Sí señor diputado , ha habido cosas a trasmano, sí, definitivas y su partido y sus presidentes y sus dirigentes estatales han sido responsables.
El Presidente:
El diputado Nemi Dib tiene la palabra para rectificar hechos, con base al 102 y hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con el permiso de la Presidencia:
Acudo a esta tribuna nuevamente en la jornada de hoy, por instrucciones de mi fracción parlamentaria, verdaderamente interesados en la discusión que aquí hemos presenciado y sin ninguna mala fe, sin ningún deseo de hacer patrimonio de un conflicto que ciertamente aparece con interés a los guerrerenses y que deseamos se dirima de la mejor manera.
No vengo a poner en duda la honorabilidad de las partes y creo sinceramente que lo que han expresado los compañeros diputados de ambos partidos, responde en todo caso a la buena fe y quizá, a una diferencia de interpretación de la ley local de Guerrero, incluso a una desafortunada declaración de algún representante popular.
Sin embargo, en el marco de las discusiones políticas que en nuestro país se viene dando, de cara a los comicios federales de agosto, nosotros no dudamos que sí es muy importante clarificar no solamente esta cuestión, que legítimamente tiene derecho a argumentar todos los partidos y todos los ciudadanos. Pensamos que es de interés para todos los de Guerrero y para los partidos, por supuesto para esta representación de la soberanía nacional dilucidar este tipo de incidentes, porque como es obvio y conocido, con frecuencia, con mucha frecuencia estas discusiones se plantea aquí en la Cámara de Diputados.
Convidamos muy sinceramente a ambos partidos y por supuesto a los señores diputados que aquí han hecho uso de la palabra, a que en los mejores términos, sin pensar en patrimonios políticos para nadie, este asunto pudiera quedar debidamente resuelto y clarificado. No queremos ser un tribunal ni actuar como tal, para juzgar un asunto que no solamente es de interés para los guerrerenses, pero sí nos gustaría, y esto es importante, conocer exactamente lo que ocurrió.
De manera particular yo me pregunto acerca de un adeudo que aquí se ha mencionado que el Gobierno soberano de Guerrero tenía para con un partido político. ¿Qué significa un adeudo? Yo francamente no lo entiendo, y valdría la
pena que si la discusión continúa, esto se pudiera clarificar.
Por supuesto insisto en que reconocemos finalmente la buena fe de la partes y que quizá en esta ocasión se trate simplemente de una diferencia de criterios o en todo caso de interpretación de la ley local electoral de Guerrero. Muchas gracias.
El Presidente:
En base al artículo 28 del Reglamento Interno, pedimos a la Secretaría le dé lectura y consulte a la Asamblea sobre si se continúa o no se continúa la reunión.
El secretario José Raúl Hernández Ávila:
Artículo 28. Son ordinarias las que se celebren durante los días hábiles de los periodos constitucionales, serán públicas, comenzarán por regla general, a las 12 horas, y durarán hasta cuatro horas; pero por disposición del Presidente de la Cámara o por iniciativa de alguno de los individuos de ella, aprobada en los términos de este Reglamento podrán ser prorrogadas.
Serán extraordinarios las que se celebren fuera de los periodos constitucionales o en los días feriados dentro de ellos.
Serán permanentes las que se celebren con este carácter; por acuerdo expreso de los miembros de cada Cámara y a efecto de tratar un asunto previamente determinado.
El Presidente:
Consulte a la Asamblea la Secretaría se prorroga la sesión.
El secretario José Raúl Hernández Ávila:
Se consulta a la Asamblea en votación económica, se desea que esta sesión se prorrogue por el tiempo necesario.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Rechazado, señor Presidente.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El secretario Guillermo Jorge González Díaz:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Tercer año.- LV Legislatura.
Orden del día
28 de junio de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes y San Luis Potosí.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Estímulo Fomento del Deporte.
De la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial con proyecto de decreto que adiciona con una fracción XIII al artículo 2o. de la Ley General de Bienes Nacionales.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rodolfo Barragán, Marco Antonio Arceo Castillo, Martha Adriana Hernández Abraham y Martha Verónica Sánchez Mejía, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 16:30 horas):
Esta Presidencia quiere manifestar que el día de hoy se fue en extremo tolerable con los tiempos que utilizaron los diputados de todos los partidos, incluidos los que hicieron los extrañamientos a esta Presidencia, por lo que reiteramos un llamado a la tolerancia en esta Cámara, y por lo tanto se levanta la sesión y se cita a la próxima que tendrá lugar el martes 28 de junio a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en eta edición:
D.F. Distrito Federal
IFE Instituto Federal Electoral
Inco Instituto Nacional del Consumidor
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PRD Partido de la Revolución Democrático
PRI Partido Revolucionario Institucional
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México