Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19940714 - Número de Diario 30
(L55A3P1oN030F19940714.xml)Núm. Diario: 30ENCABEZADO
PODER JUDICIAL FEDERAL
LV LEGISLATURA
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
DIRECTOR GENERAL
DE CRÓNICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora
PRESIDENTE
Diputado Miguel González Avelar
DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES
Norberto Reyes Ayala
AÑO III México. D.F., jueves 14 de julio de 1994 No. 30
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Hace uso de la palabra el diputado Emilio Becerra González para impugnar algunos de sus párrafos. El Presidente instruye a la Secretaría y la Asamblea la prueba en votación económica.
ESTADO DE JALISCO
Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades legislativas. De enterado
CONSTlTUClÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Iniciativa de adición de una fracción IV al artículo 71, presentada por el diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
LETRAS DE ORO
Iniciativa para que se inscriba el nombre de Ignacio Ramírez "El Nigromante", presentada por el diputado Emilio Becerra González. Se turna ala comisión de régimen , Reglamento y prácticas Parlamentarias.
LEY DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE
Iniciativa que presenta el diputado José de Jesús González Reyes. Se turna a la Comisión del Deporte
LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN
Iniciativa con proyecto de decreto que la reforma, presenta por la diputada Gabriela Guerrero Oliveros. Se turna a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
Memorial de particular que presenta el diputado Carlos González Duran.
Se turna a la Comisión de Justicia.
Para ratificar hechos el diputado Ramón Mota Sánchez.
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
Elección de los diputados que la integran en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LV. Legislatura
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Dictamen de la comisión de régimen, reglamento y Prácticas parlamentarias, con opinión de la de gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que modifica y adiciona ese ordenamiento. Se dispensa la lectura y se somete a la discusión en lo general y lo particular.
Expresan sus opiniones los diputados:
Juan Gualberto Campos Vega, en pro
Alfredo Castañeda Andrade, en pro
Manuel Terrazas Guerrero, en pro
Carlos González Durán, en contra
Héctor Pérez Plazola, presenta proposición de reforma.
Tomás Osorio Avilés, en pro.
Jorge Alfonso Calderón, para fundamentar su voto
Elpidio Tovar de la Cruz, presenta proposición de reforma.
Enrique Rico Arzate, presenta proposiciones.
José Socorro Velázquez Hernández, por la comisión.
Enrique Rico Arzate, para contestar alusiones personales.
Evangelina Corona Cadena, para hacer proposiciones de reforma.
Luis Alberto Beauregerd Rivas, por la comisión.
Para ratificar hechos los diputados:
Evangelina Corona Cadena
Rosa Albina Garavito Elías
Carlos González Durán
Jorge Alfonso Calderón Salazar
René Juvenal Bejarano Martínez, presenta proposición de reforma
Se desechan las proposiciones.
Aprobados. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DEL FUERO FEDERAL
Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo relativo a la iniciativa que adiciona una fracción VII al artículo 24 y reforma el artículo 320.
Expresan sus opiniones al respecto, los diputados:
Emilio Becerra González, en contra.
Francisco José Paoli Bolio. en oro.
Francisco Javier Saucedo Pérez, para presentar una declaración política.
Jorge Vinicio Mejía Tobías, en pro.
En votación económica se aprueba el punto de acuerdo contenido en el dictamen.
COMISIÓN INSTALADORA
Se aprueba una proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
ESTADO DE CHIAPAS
La comisión plural presenta el informe de la situación en esa entidad y hacen uso de la palabra los diputados
Antonio García Sánchez
Alfredo Castañeda Andrade
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Hugo Sergio Palacios Laguna
Octavio Elías Albores Cruz
Hugo Sergio Palacios Laguna
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Israel González Arreguín
Martha Patricia Ruiz Anchondo, quien hace una proposición que se turna a la comisión plural.
Jesús Mario del Valle Fernández
Martha Patricia Ruiz Anchondo
Cuauhtémoc López Sánchez Coello
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
José Octaviano Alaniz Alaniz
Autorización de la Asamblea
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Informe sobre los acontecimientos del 23 de marzo de 1994, en Tijuana, Baja California, en los que perdió la vida el Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, presentado por el diputado Jesús Mario del Valle Fernández.
Expresan sus opiniones al respecto, los diputados:
Manuel Laborde Cruz
Israel González Arreguín
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Víctor Martín Orduña Muñoz
Juan Jacinto Cárdenas García
Emilio Becerra González
Rogelio Javier Audiffred Narváez
Autorización de la Asamblea
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
El diputado Hildebrando Gaytán, le rinde Homenaje en el centenario de su nacimiento
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Denuncia que presenta el diputado Guillermo Flores Velasco.
SECRETARÍA DE SALUD
El diputado Salmón Miranda Jaimes, presenta punto de acuerdo con solicitud, que se turna a la Comisión de Salud.
ARCHIPIÉLAGO DEL NORTE
Hace uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, para documentar la nacionalidad mexicana de las islas que lo integran. Se turna a la comisión de Relaciones Exteriores.
ESTADO DE VERACRUZ
Respecto a la situación de la empresa Anaversa, Hace uso de la palabra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.
Para ratificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Juan Antonio Nemi Dib
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Rafael Sánchez Leyva
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Juan Antonio Nemi Dib
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Juan Antonio Nemi Dib
Enrique Rico Arzate
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Denuncia sobre asuntos de pesca que presenta el diputado Francisco Portela Santana. Se turna a la Comisión de Pesca.
Ratifica hechos la diputada Yolanda Robinson Manríquez.
Insiste el diputado Francisco Ortela Santana.
Se turna la Comisión de información, Gestoría y Quejas.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
APÉNDICE
DEBATE
Presidencia del diputado Enrique Chavero Ocampo
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quórum reglamentario.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 313 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente (a las 13.25 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Martha Maldonado Zepeda
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Tercer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
14 de julio de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco.
Iniciativa de diputados
Para adicionar una fracción IV al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para que se inscriba con letras de oro, en los muros del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre y sobrenombre de Ignacio Ramírez "El Nigromante", a cargo del diputado Emilio Becerra González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De Ley de Cultura Física y el Deporte, a cargo del diputado José de Jesús González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Elección de miembros de la Comisión Permanente.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que modifica y adiciona la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo relativo a la iniciativa que adiciona una fracción VII al artículo 24 y reforma el artículo 320, del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, presentada por el diputado Emilio Becerra González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Informe sobre la situación en Chiapas.
Informe sobre los acontecimientos del 23 de marzo en la ciudad de Tijuana, Baja California.
Efemérides
Centenario del nacimiento de Vicente Lombardo Toledano.
Agenda política
Intervención sobre rayo láser, a cargo del diputado Guillermo Flores Velasco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre una cuestión de islas en el Pacífico mexicano a cargo del diputado Manuel Terrazas Guerrero del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Denuncia sobre arbitrariedades de la Secretaría de Pesca, en Baja California Sur, a cargo
del diputado Francisco Portela Santana, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Punto de acuerdo con solicitud a las autoridades de salud, a cargo del diputado Salomón Miranda Jaimes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la situación actual de la empresa Anaversa, a cargo del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos del día trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de trescientos veintisiete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, posteriormente, al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Rafael Fernández Tomás, quien se refiere a diversos aspectos de la organización y desempeño de una empresa emisora de televisión.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del decimoquinto aniversario luctuoso del ex Presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Se designa comisión.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Presidencia del diputado Demetrio Santiago Torres
Para rectificar hechos respecto a la iniciativa presentada, hacen uso de la palabra los diputados Jorge Alfonso Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Domingo Alberto Martínez Reséndiz, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría da lectura al acuerdo parlamentario firmado por miembros de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto a los diversos dictámenes que se refieren a leyes que inciden en el desenvolvimiento de las personas con discapacidad. Se aprueba en votación económica.
Se produce desorden en la sala y pasa a la tribuna el diputado Julio César García Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea dispensa la primera y la segunda lecturas y se somete a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez
Coello, del Partido Revolucionario Institucional e inmediatamente después el diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos diecisiete votos. Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
Conforme al acuerdo de práctica parlamentaria aprobado, se da primera lectura a los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Comercio, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que adiciona con un segundo párrafo la fracción primera de la literal B (be) del artículo treinta y tres de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas;
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo cuarenta y seis de la Ley Aduanera y de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con opinión de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley General de Asentamientos Humanos.
Son de primera lectura y la Asamblea les dispensa la segunda para ponerse a discusión, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Para expresar sus opiniones en pro de los dictámenes, hacen uso de la palabra los diputados: Oscar René Nieto Burciaga, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista; Gonzalo Cedillo Valdez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática; José de Jesús González Reyes, del Partido Acción Nacional; Eduardo Francisco Trejo González, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Silvestre Hernández Barajas, del Partido Revolucionario Institucional; Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional, quien propone una modificación; José de Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Domingo Alberto Martínez Reséndiz, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Portela Santana, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Marlene Catalina Herrera Díaz, del Partido Revolucionario Institucional; Marco Antonio García Toro, del Partido Acción Nacional; José Azanza Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional y Miguel Osorio Marbán, del mismo grupo parlamentario.
La Asamblea considera suficientemente discutidos los dictámenes y en votación económica acepta la propuesta del diputado Del Arenal Pérez, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por unanimidad de doscientos noventa votos. Se turnan al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Se da primera lectura y se dispensa la segunda, a un dictamen de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento cincuenta y tres de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Pasa a la tribuna para fundamentar el dictamen, el diputado Luis Alberto Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, quien es interrumpido por el diputado Emilio Becerra González, quien desde su curul propone una moción suspensiva que el Presidente desecha por improcedente. También desde su curul, el diputado Calderón Salazar solicita que se le incluya en la lista de oradores para razonar su voto y lo mismo hace el diputado Becerra González, quien se inscribe en contra.
Se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que se coteje el documento original del dictamen y contesta a dos interpelaciones del diputado Nemi Dib.
El Presidente hace diversas aclaraciones respecto a los tiempos que conceden los acuerdos parlamentarios para cada uno de los oradores y los que marca el Reglamento.
Pasa a la tribuna el diputado René Silvestre Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen y para hacer diversas propuestas de modificación.
El Presidente solicita el uso de la palabra para rectificar hechos.
Presidencia del diputado Demetrio Santiago Torres
Hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a las diversas impugnaciones que a su conducta como Presidente, hizo el diputado Becerra González durante su intervención.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
Continúa el debate del dictamen a discusión y, para expresar sus opiniones se concede el uso de la palabra a los diputados; Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista, en pro; Alfredo Castañeda Andrade, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro;
Presidencia del diputado Demetrio Santiago Torres
Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Jorge Alfonso Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para razonar su voto y Rafael Decelis y Contreras, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y en votación económica aprueba las modificaciones propuestas por el diputado Benítez Treviño, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y siete votos.
Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Para hacer reflexiones sobre la democracia y la paz social en México, hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista y, para rectificar hechos, los diputados Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Agustín Basave Benítez, del Partido Revolucionario Institucional.
Pasa a la tribuna el diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia amenazas a militantes de su Partido.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintiún horas con veintisiete minutos, citando para la que tendrá lugar el día de mañana, jueves catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.»
Está a discusión el acta...
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Emilio Becerra González(desde su curul):
Para hacer algunas observaciones al acta.
El Presidente:
En uso de la palabra, el señor diputado Emilio Becerra González.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Las actas deben ser fiel reflejo de lo que ocurre en la sesión y desafortunadamente cada vez que yo participo por algún motivo no reflejan fielmente lo acontecido en la sesión y quiero referirme a lo siguiente.
Aquí en la página cuatro del acta dice: "El diputado Emilio Becerra, quien desde su curul propone una moción suspensiva...", lo cual es absolutamente falso, porque si ustedes leen la versión estenográfica, en el turno 43 hoja tres dice así: "El diputado Emilio Becerra González desde su curul... una moción de orden, señor Presidente... etcétera" y se relata ahí mi participación. Entonces es claro que hice una moción de orden y no una moción suspensiva. Si el Presidente consideró que era una moción suspensiva eso es motivo de algo ajeno al acta, yo pedí una moción de orden y aquí se pone que una moción suspensiva, entonces ése es un error grave.
Más adelante se dice: "Se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Becerra González, del PRD quien solicita que se coteje el documento original del dictamen, pero no dice qué pasó con esa solicitud y eso es lo grave, porque si vemos la versión estenográfica resulta que el documento original no era el mismo que el documento que se había distribuido al resto de los participantes en la sesión y al respecto en la versión estenográfica dice así: "El Presidente: Proceda la Secretaría a certificar si tiene considerandos el documento que acaba de ser entregado al orador", y luego dice: "El secretario: Es un documento que dice: iniciativa de decreto que reforma los artículos tal y tal" y da cuenta solamente de los artículos que son objeto de discusión. "Pregunta el diputado Becerra: ¿tiene alguna firma esa iniciativa?" Y dice el secretario: "No, no tiene firma".
Entonces es evidente si en la versión estenográfica se dice que ni hay considerandos ni firmas, aquí hace falta decir "que una vez hecho el cotejo, resulta que el documento a discusión no coincide con el documento repartido entre los diputados", hace falta hacer esa aclaración, porque así nada más "solicita el cotejo", pues no se sabe si se autorizó, si no se autorizó, qué resultó.
Y también dice: "contesta dos interpelaciones del diputado Nemi Dib...", lo cual es cierto, pero también omite decir que "rechazó una interpelación del diputado Beauregard...", como se hace constar en el turno 50, donde dice así: "El diputado Beauregard: señor Presidente, un momento, señor diputado... con que objeto..." etcétera y "se rechaza".
Entonces, hago estas observaciones para que se haga la aclaración correspondiente, el acta coincida con la verdad y con lo que aparece en la versión estenográfica y es todo. Muchas gracias.
El Presidente:
Se instruye a la Secretaría para que tome nota de las observaciones que ha presentado el señor diputado Becerra...
¿Con qué objeto, señor diputado?.
El diputado Rafael Fernández Tomás (desde su curul):
Una observación en el acta, si usted me permite.
El Presidente:
Adelante, señor diputado.
El diputado Rafael Fernández Tomás (desde su curul):
Simplemente que rogaría, señor Presidente, en una modesta intervención que yo tuve, quedó reflejado obviamente solamente una parte que no reflejó lo que yo dije, ¿si? Tampoco quiero que refleje todo, porque no puede reflejar todo, pero sí quisiera que se recoja una frase que dije y que no quedó en el acta y que sí me interesa, por favor.
Tengo la versión estenográfica, que es la siguiente: dije "para terminar, señor Presidente, como ya... quiero señalar lo siguiente: todo el pueblo mexicano está indignado por la resolución de ayer de la subcomisión sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio; no la creemos, yo como legislador lo vengo a decir aquí porque la sentimos todo el pueblo mexicano".
Quisiera que lo que aparece como intervención del diputado Rafael Fernández Tomás, no sea lo... que me refiera a una televisora, sino quisiera por favor que Tomás esto... Es versión estenográfica.
El Presidente:
Se instruye a la Secretaría tome nota de la observación del señor diputado.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
La Secretaría toma nota de las observaciones del diputado Becerra y del diputado Fernández Tomás.
En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada, señor Presidente.
El Presidente:
En virtud de que se omitió en el orden del día la lectura de un memorial de particulares, éste se incluirá y en forma oportuna se dará dicha lectura.
ESTADO DE JALISCO
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
«Escudo Nacional. - Gobierno de Jalisco. - Poder Legislativo. - Secretaría del Congreso.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Para los efectos del artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, comunicamos a ustedes que con esta fecha, se declaró la apertura del primer período de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura del Estado de Jalisco, a que convocó la diputación permanente y la forma de como quedó integrada su mesa directiva:
Diputados: presidente, Arnoldo Rubio Contreras; vicepresidente, Francisco Javier Gómez Díaz; secretario, Francisco Javier González García; secretario, Rafael Vázquez de la Torre; prosecretario, Ramiro Plascencia Loza y prosecretario José Miguel Pelayo Lepe.
Atentamente
Sufragio Efectivo No reelección.
Guadalajara, Jalisco, 28 de junio de 1994.
Diputados secretarios: Francisco Javier González García y Rafael Vázquez de la Torre.»
De enterado.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez, para presentar una iniciativa que adiciona una fracción IV al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con su venia, señor Presidente:
«Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Problema grave y sentido por el pueblo de México es el relativo a la administración de justicia, tanto en el ámbito federal como en el de los estados que forman parte de la República.
La búsqueda de soluciones apuntan a una reforma judicial federal a la que nos referiremos por ser esta materia de la competencia del Congreso de la Unión.
La reforma judicial es impostergable y sin duda compleja por las funciones que al poder judicial confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la diversidad de leyes que regulan sus funciones y procedimientos en diferentes materias.
No debemos perder de vista que la norma jurídica tiene por finalidad el regular las relaciones que se producen en el seno de la sociedad con el fin de asegurar la justicia y la paz social. Por lo anterior, deben ser permanentemente revisadas a fin de adecuarlas a la dinámica social, de tal manera que mantenga su eficacia satisfaciendo los propósitos para los que fueron creadas.
Es función permanente no sólo del Poder Legislativo a través del ejercicio de la facultad que la propia Constitución le confiere, de iniciar y de aprobar normas jurídicas, sino también del Poder Ejecutivo con la facultad de iniciativa y de promulgación que conforme al procedimiento la misma Constitución establece.
De contar con la facultad de iniciar leyes, se fortalecería la autonomía del Poder Judicial en relación con el Legislativo y el Ejecutivo o de ambos.
En la historia legislativa, como más adelante se detalla, observamos que en algunas leyes supremas, constituciones del siglo pasado, el Poder Judicial sí tuvo la facultad de iniciativa de ley en materia de su competencia, sin que se expliquen las razones por las cuales le fue conferida o suprimida dicha facultad.
La Constitución vigente señala en el artículo 71 lo siguiente:
"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I. Al Presidente de la República,
II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión, y
III. A las legislaturas de los estados.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Antecedentes históricos y doctrinales relacionados con el otorgamiento de la facultad de presentar iniciativas de ley a la Suprema Corte de Justicia de la nación.
I. Constitución de Apatzingán
Sin que el Supremo Tribunal de Justicia gozara del derecho de presentar iniciativas de ley, se le otorgaba la facultad de "representar" en contra de la ley, lo que debería hacer dentro del término perentorio de 20 días (artículo 128), siendo necesario que tal "representación" fuere calificada de fundada por la pluralidad absoluta de votos del Congrego, para que la ley fuera suprimida y no pudiera volver a proponerse nuevamente, sino hasta transcurridos seis meses (artículo 129).
II. Constitución de Cádiz
Los tribunales no tenían intervención alguna en el proceso de formación de las leyes.
III. Constitución de 1824
La Corte Suprema de Justicia carecía de facultades para intervenir en el proceso de formación de las leyes.
IV. Leyes Constitucionales de 1836
En la Tercera Ley Constitucional, por primera vez se otorgó a la Suprema Corte de Justicia la facultad de presentar iniciativa de ley, en los siguientes términos:
Artículo 26. Corresponde la iniciativa de las leyes:
I. Al supremo Poder Ejecutivo y a los diputados en todas materias.
II. A la Suprema Corte de Justicia, en lo relativo a la administración de su ramo.
III. A las juntas departamentales en las relativas a impuestos, educación pública, industria, comercio, administración municipal y variaciones constitucionales.
Artículo 27. El supremo Poder Ejecutivo y la alta Corte de Justicia podrán, cada uno en su línea, iniciar leyes declaratorias de otra leyes, y los diputados podrán hacer la misma iniciativa, si se reúnen 15 para proponerla.
Artículo 28. Cuando el supremo Poder Ejecutivo o los diputados iniciaren leyes sobre materias en que concede la iniciativa el artículo 26 a la Suprema Corte de Justicia y juntas departamentales, se oirá el dictamen respectivo de aquélla y de la mayoría de éstas, antes de tomar en consideración la iniciativa.
Artículo 29. No podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas de los poderes Ejecutivo y Judicial, ni aquéllas en que convenga la mayor parte de las juntas departamentales. Las demás se tomarán o no en consideración, según lo calificare la cámara, oído el dictamen de una comisión de nueve diputados, que se elegirá en su totalidad cada año y se denominará de peticiones."
V. Proyecto de Constitución de 1840
Sin que estuviere reconocida intervención alguna de la Corte Suprema de Justicia en el proyecto de Constitución de 1840, en el voto particular de José Fernando Ramírez se proponía
el otorgamiento del derecho de iniciativa a la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos:
Derecho de petición e iniciativa
Todo ciudadano mexicano, en mi dictamen, puede dirigir sus proyectos y peticiones en derechura a la Secretaría de la Cámara de Diputados, para que ésta los pase a la comisión que establece la segunda parte del artículo 29 de la tercera ley constitucional, que deberá quedar para sólo este fin. Las iniciativas hechas por los diputados, Gobierno, Corte de Justicia en su caso y juntas departamentales, deberán quedar expeditas y libres de aquel tramite, y sólo estarán sujetas al de que se oiga a la mencionada Corte de Justicia, cuando se hagan por los otros poderes en asuntos pertenecientes a este ramo, y a las juntas departamentales sobre contribuciones e impuestos. "Esto último deberá entenderse, sin perjuicio de que aquéllas se decreten provisionalmente cuando lo exija así el interés común."
VI. Proyectos de Constitución de 1842
En el primer proyecto de Constitución (proyecto de la mayoría), se contemplaba la intervención de la Suprema Corte de Justicia en el proceso de formación de las leyes, en los siguientes términos:
Artículo 63. Corresponde la iniciativa de las leyes:
I. Al Presidente de la República, asambleas departamentales y diputados, en todas materias.
II. A la Suprema Corte de Justicia en lo relativo a la administración de su ramo.
Artículo 64. No podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas de los poderes Ejecutivo y Judicial, las que se presenten firmadas por cinco diputados, las que dirigiere una Asamblea departamental sobre asuntos privativos a su departamento y aquéllas en que estuviere de acuerdo la mayoría de las asambleas.
Asimismo, se otorgaba expresamente el derecho de iniciativa para proponer reformas constitucionales a la Corte Suprema de Justicia, en los términos siguientes:
Artículo 179. Solamente las asambleas departamentales tienen la prerrogativa de iniciar reformas constitucionales y la Corte Suprema de Justicia la tendrá en lo relativo al orden judicial. Nunca se podrá proponer la reforma total de la Constitución.
En el proyecto de Constitución elaborado por la minoría de la comisión, no se daba intervención alguna a la Suprema Corte en el proceso de formación de las leyes.
IX. Constitución de 1857
En el Proyecto de Constitución se regulaba la iniciativa de las leyes en el artículo 65, que establecía:
Artículo 65. El derecho de iniciar leyes compete: al Presidente de la Unión, a los diputados al Congreso federal, y a las legislaturas de los estados.
En la sesión del 14 de octubre de 1856 se sometió a votación el texto del artículo 65 del proyecto de Constitución, habiendo propuesto Joaquín Ruiz que el derecho de iniciativa se hiciera extensivo al Poder Judicial, a lo que se opusieron Arriaga y Moreno (no se especifican en la crónica del Congreso Constituyente de Zarco, los argumentos empleados tanto a favor como en contra). El artículo fue aprobado por unanimidad de los 80 constituyentes presentes, habiendo formulado Ruiz una adición, en el sentido de otorgar al Poder Judicial el derecho de iniciativa, siendo admitida por 42 votos contra 38, por lo que pasó a comisión.
En la sesión del 22 de noviembre de 1856, al estarse discutiendo el artículo 69, que regulaba el trámite dado a las iniciativas de reforma, Ruiz preguntó qué suerte había tenido su propuesta de adición para que se otorgara el derecho de iniciativa al Poder Judicial, habiendo respondido Mata que si bien la comisión no se había ocupado hasta esa fecha de las propuestas de adiciones, anunciaba que el dictamen sería contrario a la propuesta de Ruiz.
En la sesión de 21 de enero de 1857 se presentó el dictamen de la Comisión de Constitución, relativo a la adición propuesta por Ruiz, en el cual la comisión se pronunció en contra de dicha propuesta, siendo aprobado el dictamen.
Con motivo de la reforma de 13 de noviembre de 1874 (relativa al restablecimiento del Senado), se modificó el artículo 65, con objeto de otorgar el derecho de iniciativa tanto a los diputados como a los senadores
X. Constitución de 1917
En el proyecto de Constitución presentado por Carranza al Congreso Constituyente, se regulaba la iniciativa de las leyes en el artículo 71, que disponía:
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I. Al Presidente de la Unión;
II. A los diputados y senadores al Congreso general y
III. A las legislaturas de los estados. Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates".
En la sesión matutina del 5 de enero de 1917, se dio lectura al dictamen de la comisión, en donde se proponía se aprobara el artículo del proyecto de Carranza en los términos propuestos.
En la sesión matutina del 6 de enero de 1917, se volvió a dar lectura al dictamen de la comisión, el cual fue sometido a discusión, sin que hubiere habido quien se pronunciara en contra. Se aprobó el artículo 71 por unanimidad.
En la sesión vespertina del 25 de enero de 1917, se presentaron por la Comisión de Estilo las minutas correspondientes a diversos artículos, entre los que se encontraba el artículo 71, quedando dichas minutas a disposición de los constituyentes en la Secretaría. No obstante que se señala que el artículo 71 se encuentra en la sección de preceptos a los que se les hicieron pequeñísimos cambios, tales como el agregar o suprimir una coma, se infiere que en la fracción I fue sustituida la denominación de "Presidente de la Unión", por la de "Presidente de la República", siendo aprobadas en conjunto las modificaciones realizadas por la Comisión de Estilo.
XI. Regulación de la facultad de presentar iniciativas de reformas constitucionales y de ley, en las constituciones estatales
A) Iniciativa de reformas constitucionales. Principalmente existen tres tipos de constituciones en lo relativo a la iniciativa de reformas constitucionales, a saber:
1) Constituciones que expresamente otorgan la iniciativa de reformas constitucionales.
a) Un subgrupo otorga tal iniciativa al gobernador, a los diputados locales, al Tribunal Superior de Justicia y a los ayuntamientos. Tal es el caso de las constituciones de Baja California Sur (artículo 166), estableciéndose un mínimo de cuatro diputados y de Hidalgo (artículo 150), requiriéndose un mínimo de tres diputados.
b) Otro subgrupo otorga la iniciativa de reformas constitucionales a los diputados locales y al gobernador. Se trata de las constituciones de Coahuila (artículo 196), en donde son necesarios por lo menos tres diputados; Guerrero (artículo 125); Nayarit (artículo 131), requiriéndose la mayoría del número total de diputados; Querétaro (artículo 161), que señala un mínimo de cinco diputados y Veracruz (artículo 130), necesitándose más de la mitad de los diputados.
2) Constituciones que indirectamente otorgan la iniciativa de reformas constitucionales.
a) Encontramos un subgrupo de constituciones que sin otorgar expresamente la iniciativa de reformas, remiten a las reglas prescritas para la formación de las leyes, en donde se detalla a quien corresponde presentar las iniciativas correspondientes. Así, tenemos que la Constitución de Chiapas (artículo 83 en relación con el artículo 27), otorga el derecho de iniciar leyes al gobernador, a los diputados, al Tribunal Superior de Justicia (en materia de su ramo) y a los ayuntamientos (en asuntos municipales); que la Constitución del Estado de México (artículo 234 en relación con el artículo 59), otorga la iniciativa de ley a los diputados, al gobernador, al Tribunal Superior de Justicia (en lo relativo a su ramo) a los ayuntamientos (en lo referente a su materia) y a los ciudadanos del Estado y que la Constitución de Nuevo León (artículo 151 en relación con el artículo 68), otorga la iniciativa de ley a los diputados, a toda autoridad pública en el Estado (entiéndase autoridad estatal) y a cualquier ciudadano nuevoleonés.
b) Otro subgrupo otorga la iniciativa de reformas constitucionales a quienes tienen derecho de iniciar leyes. Es el caso de la Constitución de Michoacán (artículo 164, fracción I, en relación con el artículo 36), que otorga el derecho de iniciar leyes (y por ende, reformas constitucionales), al gobernador, a los diputados, al Supremo
Tribunal de Justicia y a los ayuntamiento y de la Constitución de San Luis Potosí (artículo 119 en relación con el artículo 37), que limita el derecho de presentar iniciativas de reformas constitucionales y los funcionarios que tienen la iniciativa de leyes, siendo tales los diputados, el gobernador, el Supremo Tribunal de Justicia (en asuntos de su ramo) y los ayuntamientos (en lo relativo a su competencia), por lo que quedan excluidos los ciudadanos del Estado, que en los términos del artículo 37 tienen el derecho de presentar iniciativa de ley.
3) Constituciones que omiten señalar a quién corresponde la iniciativa de reformas constitucionales. Siendo éste el mismo caso que el de la Constitución Federal, que también es omisa en la cuestión que nos ocupa, estimamos que tal circunstancia debe ser interpretada como ocurre en el caso de la Constitución Federal, en el sentido de que la iniciativa de reformas constitucionales corresponde a quienes tienen el derecho de iniciar leyes.
a) El subgrupo más numeroso es el de las constituciones que otorgan la iniciativa de leyes a los diputados locales, al gobernador, al Tribunal Superior de Justicia (en asuntos de su ramo) y a los ayuntamientos (en asuntos de su competencia). Aquí encontramos a las constituciones de Aguascalientes (artículo 30), Baja California (artículo 28), Colima (artículo 37), Chihuahua (artículo 68), Durango (artículo 50), que sólo limita la iniciativa de los ayuntamientos y del Supremo Tribunal de Justicia y también otorga la iniciativa a los consejos municipales; Guanajuato (artículo 56), que no limita la iniciativa de los ayuntamientos y también otorga tal derecho a los consejos municipales; Jalisco (artículo 16), Morelos (artículo 42), que no limita la iniciativa de los ayuntamientos; Puebla (artículo 63), Sonora (artículos 53 y 54), que sólo limitan las iniciativas del Supremo Tribunal de Justicia; Tabasco (artículo 33), Tamaulipas (artículo 64), que únicamente limita la iniciativa de los ayuntamientos (y simbólicamente otorga la iniciativa "a los ciudadanos por conducto de los diputados"); Tlaxcala (artículo 46) y Yucatán (artículo 35), que también otorga el derecho de iniciar leyes a los consejos municipales.
b) Existen cuatro constituciones que otorgan la iniciativa de ley a diversos sujetos, por lo que deben ser consideradas como casos únicos.
Así encontramos que la Constitución de Oaxaca (artículo 50), otorga el derecho de iniciar leyes a los diputados, al gobernador, al Tribunal Superior de Justicia "en todo lo administrativo y orgánico judicial", a los ayuntamientos (en asuntos municipales), y a los ciudadanos del Estado en todos los ramos de la administración. La Constitución de Quintana Roo (artículo 68), otorga la iniciativa de ley al gobernador, a los diputados y a los ayuntamientos (simbólicamente otorga el mismo derecho a los ciudadanos "por conducto de los diputados de su distrito").
La Constitución de Sinaloa (artículo 45), otorga la iniciativa de ley a los diputados, al gobernador, al Supremo Tribunal de Justicia, a los ayuntamientos, a los ciudadanos y a los grupos legalmente organizados en el Estado. Por último, la Constitución de Zacatecas (artículo 43), otorga el derecho de iniciar leyes a los diputados, al gobernador, al Supremo Tribunal de Justicia, a los ayuntamientos y a los representantes del Estado ante el Congreso de la Unión.
Por cuanto hace al otorgamiento de la facultad de presentar iniciativas de reformas constitucionales al Poder Judicial local, Hernández Viveros sostiene que se ha considerado que éste "representa el cuerpo más especializado en el aspecto jurídico, con respecto a los otros dos poderes, factor suficiente para considerarle como elemento determinante para su inclusión en el órgano reformador, pues su intervención posibilita la consideración de jurisconsultos a proposiciones de reformas cuya técnica resulte precaria; de este modo se logra la depuración de la terminología, se permite la sistematización de los ordenamientos locales, evitando contradicciones tanto internas, como con el Pacto Federal y, se logra la adecuación de los instrumentos jurídicos necesarios para objetivar el derecho.
Del análisis de los antecedentes anteriormente expuestos se desprende, que diversas constituciones han otorgado la facultad de iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay constitucionalistas que apoyan el otorgamiento de esa facultad y otros que la rechazan, es el caso del maestro Ignacio Burgoa Orihuela y del maestro Felipe Tena Ramírez, respectivamente.
Sin duda, los puntos de vista del maestro Burgoa y del también jurista Hernández Viveros nos arrojan mayor claridad y justificación sobre la conveniencia de dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la facultad de iniciativa,
considerando que el órgano de gobierno responsable de la aplicación de la ley es quien puede tener el mejor conocimiento de ella, de su aplicación, de sus deficiencias y de la necesidad en su caso de su modificación.
El punto del maestro Tena no nos parece atendible, porque de serlo tampoco el Poder Ejecutivo debería iniciar leyes en la materia de su competencia. Todo lo anterior implicaría considerar que solo el Poder Legislativo Federal y las legislaturas de los estados deberían tener la facultad de realizarlo.
También es importante considerar que en el ámbito estatal diversas constituciones ya le confieren a sus tribunales superiores de justicia la facultad de iniciar leyes en su materia, lo que ha resultado beneficioso para la impartición de justicia, es el caso entre otros del Estado de Chiapas.
Por lo anterior y reiterando lo inicialmente expuesto en el sentido de que es justificado y urgente realizar la reforma judicial federal, proponemos dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la facultad de iniciativa de ley en su materia, adicionando dicha facultad con una fracción IV del artículo 71 constitucional.
Lo anterior permitirá recoger la experiencia de quienes integran la judicatura federal, sin menoscabo de la intervención de los otros poderes que la propia Constitución señala, lo que coadyuvará al cabal cumplimiento del mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita impuesto al Poder Judicial Federal.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales de la LV Legislatura nos permitimos someter a la consideración del honorable poder constituyente permanente, para los efectos del artículo 135 del propio ordenamiento y a través del digno conducto de ustedes, secretarios de la Cámara de Diputados, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 71, CON UNA FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se adiciona la fracción IV al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las materias de su competencia."
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, México, Distrito Federal a 14 de julio de 1994.- Rúbricas.»
Señor Presidente, para obviar tiempo, ruego a usted autorice que se incluya en el Diario de los Debates toda la parte de antecedentes históricos y poder consultarlo a quien les interese posteriormente.
Señor Presidente, ruego a usted me permita expresar a todos mis compañeros diputados, a todos mis compañeros abogados diputados, mi más profundo reconocimiento en lo personal, por el apoyo, el estímulo que nos han brindado en el cumplimiento en esta LV Legislatura, que sin duda será histórica, de la labor, de la responsabilidad que como legisladores nos ha correspondido.
Lo hago, porque seguramente será el último tema jurídico en el cual a mí me toque participar, y quiero dejar constancia muy clara de ese gran esfuerzo que han hecho los diputados abogados de todas las fracciones parlamentarias, aportando sus ideas, sus puntos de vista, que se han finalmente materializado en la labor legislativa que a todos nos ha correspondido.
También, quiero dejar mi reconocimiento más profundo a todas las áreas de apoyo de la Cámara, particularmente a doña María Elena Sánchez Algarín, a Héctor de Antuñano, a los señores Azcoytia, a la señora Neuman y también con mucho respeto y mucho reconocimiento a los representantes de los medios de comunicación. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
En relación a la iniciativa presentada por el diputado López Sánchez. Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LETRAS DE ORO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Emilio Becerra González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa para que se inscriba con letras de oro, en los muros del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de Ignacio Ramírez "El Nigromante".
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Presidente de la Cámara de Diputados:
«Hoy, como reconocimiento al valor intelectual y civil de Ignacio Ramírez, "El Nigromante", en homenaje a los servicios que prestó a las causas más nobles de México, los diputados federales que suscribimos la presente iniciativa, algunos por coterraneidad y todos por admiración y convencimiento pleno venimos a proponer formalmente se inscriban en el muro de honor del salón de sesiones de esta Cámara de Diputados, el nombre y seudónimo de mi paisano, el ilustre Ignacio Ramírez, "El Nigromante".
Ignacio Ramírez, "El Nigromante" Semblanza biográfica.
Ignacio Ramírez, precursor y patriarca de la generación mexicana de la reforma, según dice Ignacio Manuel Altamirano, su biógrafo más distinguido y su más dilecto discípulo, "era nativo del pueblo de San Miguel el Grande, en el Estado de Guanajuato (hoy San Miguel de Allende), en donde vio la luz el 22 de junio de 1818". Fueron sus progenitores don Lino Ramírez y doña Sinforosa Calzada, ambos queretanos. Según apunta Ignacio M. Altamirano: "Don Lino Ramírez era un patriota muy ameritado y liberal firmísimo y valeroso, afiliado al partido federalista desde que éste se formó para sostener la Constitución de 1824 y las ideas más avanzadas de la República" y, a la caída de Anastasio Bustamante, había llegado a ocupar el cargo de vicegobernador de Querétaro, colaborando con la administración de don Valentín Gómez Farías. Guanajuatense de cepa, a Ignacio Ramírez Calzada de casta le vino herencia.
Porque siguiendo a Altamirano, diremos que "Ignacio Ramírez fue educado desde su infancia en las ideas patrióticas y liberales más puras, al lado de su padre, uno de los patriarcas de la democracia y de la reforma en nuestro país, pudiendo asegurarse que desde entonces se templó su espíritu para la lucha que debería sostener durante su vida entera, contra aquella facción de la que su padre había sido enemigo constante y resuelto".
Realizó Ignacio Ramírez sus primeros estudios en Querétaro y en 1835, se trasladó a la ciudad de México para continuarlos en el colegio de San Gregorio, el más prestigiado establecimiento educativo de entonces, que dirigía el pedagogo liberal don Juan Rodríguez Puebla, amigo y correligionario del padre de Ignacio Ramírez. En la ciudad de México continuó Ignacio Ramírez su educación formal hasta concluir la carrera de abogado, "distinguiéndose siempre entre sus compañeros por sus extraordinarios talentos".
La Piedra de Escándalo
Las inclinaciones intelectuales y el radicalismo de su pensamiento político y filosófico condujeron a Ignacio Ramírez, desde fechas tempranas de su existencia a servir de piedra de escándalo para la sociedad de su época dominada por la intolerancia, el fanatismo y los prejuicios. Así sucedió con su famosísima, cuanto poco conocida, tesis de introducción a la academia del colegio de San Juan de Letrán, fundado en 1836. Es memorable su intrusión, escurriéndose a hurtadillas, cuando apenas contaba con 18 años, para introducirse en la Academia de Letrán. Cuando el presidente de este cuerpo de sabios le pregunta que qué desea, la respuesta es parpadeante y nerviosa: "Deseo leer una composición para que ustedes decidan si puedo pertenecer a esta academia". Y se le concede el beneplácito.
En esta primera intervención de Ramírez dominan notas que caracterizaron su vida; descuido y total abandono, salpicado de algún parche y de una que otra rasgadura, procedió a sacar del bolsillo de un costado, un puño de papeles de todos tamaños y colores; a veces avisos de toros o programas de teatro y, después de acomodarlos, comienza su intervención al leer el título, pleno de agnosticismo: "No hay Dios", lo que dio lugar a que se produjera un clamor rabioso que degeneró en enloquecidos altercados y enfrentamientos; el ponente,
en actitud inalterable. Después, un sinnúmero de disputas, interviene el padre Guevara para decir: "Que triste reunión de literatos la que se convierte en reunión de aduaneros que declara contrabando el pensamiento y triste Dios y triste religión, los que tiemblan delante de ese montón de papeles, bien o mal escritos. "¡Qué hable Ramírez! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que hable! y "El Nigromante" habló.
Dice Guillermo Prieto que, "se hizo el silencio" y después de una introducción arrebatadora y calculada divagación, pasó revista de los conocimientos humanos, pero revestidos de tal seducción, pero radiantes de tal novedad, pero engalanados en lenguaje tan lógico, tan levantado, tan realzado con vivo colorido, que marchábamos de sorpresa en sorpresa, como si estuviéramos haciendo una excursión al infinito por senderos sembrados de soles.
Astronomía, matemáticas, zoología, el jeroglífico y la letra y el Dios... aún escocían los rescoldos que habían dejado su posición agnóstica; sin embargo, su sabiduría le había ganado el aplauso aún de los discordantes.
A partir de esta intervención, Ignacio Ramírez, se ganó el odio de los intolerantes y desató un escándalo que más de 100 años después se mantenía intacto y que se expresó cuando una turba de jóvenes de la derecha ultramontana se manifestó colérica contra "El Nigromante" y contra el muralista Diego Rivera, que tuvo el atrevimiento de reproducir en su mural del Hotel del Prado, la efigie de Ramírez y el texto central de su tesis de admisión al Ateneo. En esta ocasión, la intolerancia fanática se impuso y el mural permaneció oculto durante décadas.
Los méritos del "Nigromante"
Mucho debe esta nación a don Ignacio Ramírez, él contribuyo con constancia y patriotismo a la edificación de nuestro México y por ello elevo la solicitud de inscribir su nombre y sobrenombre en este muro de honor.
Diversas contribuciones debemos a Ignacio Ramírez: las que hizo en el campo del periodismo revolucionario, en el campo filosófico y científico, en el campo político y parlamentario, en el de la jurisprudencia y en el campo de la literatura nacional. Permítaseme desglosar sumariamente sus méritos.
Como periodista, Ignacio Ramírez destacó desde 1845 con la fundación del periódico Don Simplicio, una de las publicaciones satírico políticas más importante del Siglo XIX y en la que asumió por primera vez y para siempre su seudónimo de "El Nigromante" y en que abogó desde entonces por una nueva Constitución para México, aspiración a la que él contribuiría decisivamente en 1856 - 1857.
Pero no solamente en la prensa expuso Ignacio Ramírez su credo liberal, para llevarlo a la práctica se sumergió también en las aguas turbulentas de la acción política, que inició en 1846 con la fundación del "Club Popular", desde el cual y, así lo señala su también biógrafo, Francisco Sosa, "expuso las ideas que años después quedaron consignadas como principios de la Constitución y en las leyes de Reforma". Al entronizarse la dictadura clerical militar del general Paredes Arrillaga, el 14 de diciembre de 1845, el periódico Don Simplicio y el Club Popular fueron objeto de la persecución y así, recuerda Ignacio Altamirano: "El periódico liberal fue suprimido, el último número de Don Simplicio se publicó en blanco el 23 de abril de 1846, su editor, don Vicente García Torres salió desterrado y El Nigromante, Guillermo Prieto, Manuel Payno y los demás redactores fueron encarcelados".
El general Salas derroca a Paredes y restablece la Constitución Federal de 1824, el 22 de agosto de 1846; Antonio López de Santa Anna retorna al poder, mientras los invasores norteamericanos, una vez ocupada nuestra frontera en disputa, avanzan sobre México. Como parte del esfuerzo nacional por organizar la resistencia y la defensa de México, el liberal don, Francisco Modesto de Olaguíbel es nombrado gobernador del extenso Estado de México; reconociendo sus méritos, Olaguíbel nombra al recién liberado Ignacio Ramírez como secretario de Guerra y de Hacienda del Estado; desde este puesto Ramírez contribuyó a la defensa de la patria y cuando se solicitó su concurso personal lo aportó, combatiendo junto con el gobernador Olaguíbel en la batalla de Padierna, en contra de los americanos.
Los esfuerzos militares no impidieron que Ignacio Ramírez impulsara obras civiles en beneficio del Estado de México y entre ellas, la más notable, la reapertura del instituto literario de Toluca, cuya dirección se confió al señor Sánchez Solís; gracias a la iniciativa de estos dos ilustres liberales y como una medida para promover el desarrollo de los pueblos indios se aprobó una disposición legal según la cual
a cada municipio del extenso Estado de México, se concedería una beca para un estudiante indígena sobresaliente, demostrado en el concurso respectivo y previa acreditación de su insuficiencia de recursos económicos; gracias a este beneficio fue que pudo estudiar y sobresalir Ignacio M. Altamirano. discípulo dilecto de "El Nigromante".
Cuando los americanos ocupan la capital de la República e inician su marcha sobre Toluca, el 7 de enero de 1848, el gobierno liberal tiene que emigrar y a Ignacio Ramírez se le comisiona de emergencia como jefe superior político del territorio de Tlaxcala, cargo que se ve obligado a abandonar ante la oposición beligerante de la reacción tlaxcalteca que colaboró con el invasor.
Ignacio Ramírez, se vio obligado al retraimiento político durante estos dolorosos meses, refugiándose en las actividades docentes que desempeñó en el instituto literario de Toluca. La administración estatal de Mariano Riva Palacio, liberal moderado, obligó a Ramírez a volver a la lucha política, esta vez desde la oposición a través de un nuevo periódico: Themis y Deucalion, en donde publicó un ensayo muy importante a los indios, considerado como texto precursor del indigenismo moderno y por el que tuvo que sufrir persecución judicial de la censura y administrativa en el instituto de Toluca.
En 1852, el gobernador de Sinaloa nombra a Ignacio Ramírez como secretario de su gobierno, cargo que dejó para ocupar una diputación en el Congreso Federal; un nuevo golpe reaccionario obliga a Ignacio Ramírez a emigrar a Baja California en donde ocupa su tiempo realizando estudios geológicos. La atracción de la lucha lo hace retornar a México, a donde junto con su compañero Sánchez Solís, se incorpora a la oposición contra la última farsa del gobierno de Santa Anna, lo que le vale padecer nuevas prisiones. Al triunfo de la revolución de Ayutla, Ignacio Ramírez, Manuel Alas y Francisco Cendejas, presos en Tlatelolco son liberados y aclamados por el pueblo.
Al recobrar su libertad, Ignacio Ramírez marcha hacia Sinaloa en donde se encuentra con el general Ignacio Comonfort, quien lo nombra su secretario particular; por divergencia de principios con Comonfort, Ramírez renuncia al cargo y se afilia al ala de los puros del partido liberal que jefaturaba Benito Juárez. A partir de esta afiliación, se inicia la gran trayectoria de Ignacio Ramírez como político, estadista, parlamentario y jurisconsulto, que tiene su más grande momento en su actuación como diputado al Congreso Constituyente de 1856 - 1857.
La actuación de Ignacio Ramírez como constituyente.
La actuación de Ignacio Ramírez en el Congreso Constituyente de 18561857 incluye brillantes intervenciones que ayudan a la redacción definitiva de los siguientes artículos:
1o. Acerca de los derechos fundamentales del hombre y en defensa de los derechos de la mujer, los huérfanos y los hijos naturales.
3o. En defensa de la libertad de cátedra y de enseñanza.
5o. En contra del acasillamiento de los peones y las tiendas de raya y defendiendo el carácter contractual civil del matrimonio.
6o. En favor de la libre manifestación de las ideas.
7o. En defensa de libertad de prensa con carácter irrestricto.
8o. Abogando en favor de que el derecho de petición en materias políticas, se haga extensivo a todos los ciudadanos de las repúblicas hispanoamericanas.
10. En favor del derecho de los ciudadanos a tener armas para el servicio público.
12. En contra de los títulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios.
17. En contra de la violencia para la reclamación de un derecho y sosteniendo la tesis de que los gobiernos son un mal necesario.
20. En contra de la aplicación de la pena de muerte por delitos políticos, pero aplicable a los traidores a la patria.
24. Sobre la administración de justicia.
30. Sobre la definición legal de la nacionalidad.
32. Acerca de la libertad laboral.
33. Acerca de los derechos y obligaciones de los extranjeros, sosteniendo la tesis de que en
los tratados con países extranjeros, los ciudadanos de estos países no deben quedar en mejores condiciones que los mexicanos.
46. Acerca de la erección del Distrito Federal con plena autonomía y en defensa de sus derechos políticos plenos.
48. Acerca de la división territorial de la República.
51. En favor del sistema unicamaral y en contra de la creación del Senado, al que considera "un abuso del sistema representativo".
53. En el debate sobre la fijación del número de representantes populares por habitantes.
55. En favor de la elección directa de los representantes populares.
56. Sobre los requisitos de elegibilidad de los diputados federales.
70. Acerca del proceso de la formación de las leyes, sostiene el principio de que "las leyes no pueden ser eternas, sino acomodadas a las circunstancias y necesidades de la generación para la que se expidan".
72. Acerca de las facultades del Congreso en materia de fijación del valor de la moneda y en defensa de los derechos políticos del Distrito Federal a cuyos ciudadanos se pretende privar de su derecho a elegir gobernador y asamblea para su régimen interior.
76. En defensa de la elección directa del Presidente de la República y sosteniendo el principio de que: "Mientras menos sean los electores más fácil es corromperlos y cohechar a todo el pueblo es imposible".
97. Sobre las controversias en la aplicación de las leyes federales.
101. En defensa del jurado popular.
111. Sobre las atribuciones de los poderes de los estados, abogando por su ampliación.
113. En contra de la extradición de reos por motivos políticos.
114. En contra de que los gobernadores de los estados tengan mando sobre tropas de la unión.
125. En favor de que los estados y municipios tengan cuarteles para sus milicias y fuerzas de policía.
Para orgullo de la actividad parlamentaria de los legisladores mexicanos, queda esta notable relación de intervenciones en tribuna en favor de la democracia, la libertad y de la justicia.
Promulgada la Constitución de 1857, en la que Ignacio Ramírez tuvo tan importante participación, y convocadas las elecciones para designar poderes federales y locales, Ignacio Ramírez, en oposición a la candidatura presidencial de Ignacio Comonfort apoya la de Miguel Lerdo de Tejada a través de una nueva publicación periodística: El Clamor Progresista. El general Ignacio Comonfort triunfa en las elecciones y cuando da golpe de Estado contra la Constitución de 1857 y disuelve el Congreso, ordena la detención de "El Nigromante"; de esta nueva prisión logra evadirse con la ayuda de Ignacio Escudero y de sus cuñados Manuel y Juan A. Mateos.
Cuando Ignacio Ramírez intentaba reunirse con Benito Juárez, que en defensa de la constitucionalidad había asumido la jefatura del Gobierno Federal, Ignacio Ramírez, es recapturado en Querétaro por fuerzas del general reaccionario Tomás Mejía, quien después de amenazar con fusilarlo y de humillarlo, lo remite a la ciudad de México en donde permanece en la prisión militar de Santiago Tlatelolco hasta diciembre de 1858, fecha en que es liberado gracias al movimiento que encabezó el general Robles Pezuela, quien personalmente encarcela a los presos de Tlatelolco; de manera inmediata, Ignacio Ramírez marcha a Veracruz a reunirse al Gobierno liberal que encabezaba Benito Juárez, con quien colabora activamente elaborando y aplicando las famosas leyes de Reforma.
Al triunfo definitivo del partido liberal, obtenido por la victoria militar de Calpulalpan y después de la ocupación de la capital de la República, Benito Juárez nombra a Ignacio Ramírez como su Ministro de Justicia, Instrucción Pública y Fomento. Recordemos en honor de Ramírez, la observación de Ignacio M. Altamirano: "Millones de pesos, dice, manejó Ramírez en los meses que tuvo aquellas carteras, y nadie, ni sus más encarnizados enemigos, podrán decir que se hubiese manchado apropiándose la parte más insignificante de los tesoros que por sus manos pasaron... Y cuando, elevado por sus méritos, le vimos desempeñando en varios periodos el puesto de magistrado de la Suprema Corte de Justicia, probó como el que más, integérrimo, conservó limpio y puro su nombre
de la vergonzosa nota del peculado." Pobremente vivió y en la pobreza murió Ignacio Ramírez, ejemplo que pocos altos funcionarios públicos de hoy, podrían acreditar.
En 1862, con ánimo de exaltar el espíritu de resistencia en contra de la inminente invasión imperialista de la Triple Alianza, Ignacio Ramírez toma nuevamente el arma de la pluma y funda junto con Guillermo Prieto, José María Iglesias, Alfredo Chavero, Ignacio M. Altamirano, Schiafino y Santacilia el periódico La Chinaca, que alcanzó en su tiempo enorme influencia y popularidad. En 1863, Ignacio Ramírez, es electo nuevamente como diputado federal para la III Legislatura Constituyente. Cuando el invasor napoleónico ocupa la ciudad de México, Ramírez emigra siguiendo a las tropas republicanas a Sinaloa, de ahí pasa a la Alta California y retorna a Mazatlán, de ahí a Sonora donde organiza el periódico patriótico La Insurrección. En octubre de 1864 regresa a Sinaloa para asumir la defensa legal de los republicanos enjuiciados por el bárbaro decreto antiguerrillero del 2 de octubre y las autoridades de ocupación le deportan a San Francisco, California. Poco antes de la caída de Maximiliano, regresa a México, pero las autoridades imperialistas lo confinan en San Juan de Ulúa y posteriormente lo deportan a Yucatán.
Al triunfo definitivo de la República, Ignacio Ramírez funda junto con su discípulo Ignacio M. Altamirano, el diario político independiente El Correo de México, en el que también participaron como redactores Guillermo Prieto, Antonio García Pérez, Alfredo Chavero, José T. Cuéllar y Manuel Peredo; este periódico participó activamente apoyando la candidatura presidencial de Porfirio Díaz y en la oposición contra el gobierno de Benito Juárez.
La obra de Ignacio Ramírez como legislador y como miembro distinguido del Congreso Constituyente de 18561857 queda registrada en los textos clásicos del parlamentarismo mexicano: la Historia del Congreso Constituyente de 1857 y la Crónica del Congreso Constituyente (1856857) de Francisco Zarco, y en la Historia Parlamentaria de los Congresos Mexicanos de 1821 a 1857 de Juan A. Mateos, hemos procurado exponerla resumidamente.
Ignacio Ramírez como Ministro de la Suprema Corte
Ignacio Ramírez, abogado de profesión, catedrático universitario, juez de lo civil en la ciudad de México, tenía una bien ganada fama de jurista brillante y honrado, por estas consideraciones a la caída del llamado Segundo Imperio, su nombre fue propuesto como candidato para Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso Mexicano de aquel entonces, contra la oposición del Benemérito, al sazón Presidente de la República, determinó, por mayoría de votos, elevarlo a la investidura de Ministro de la Suprema Corte de Justicia en el año de 1868, función que desempeñó hasta su muerte, acaecida el 15 de julio de 1879, con una breve interrupción en el año de 1876, a consecuencia de su encarcelamiento por órdenes del presidente Lerdo de Tejada, y a su liberación, por haber servido en el gabinete del primer período presidencial del general Porfirio Díaz, como Ministro de Justicia e Instrucción Pública.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contribuyó de manera destacada a la creación de la jurisprudencia mexicana, al lado de juristas tan notables como los ministros Cardoso, Iglesias, León Guzmán, Altamirano y Vallarta; y en relación con su participación, el propio Ignacio Altamirano relata: "Recuerdo a ese propósito, que un día, discutiendo Ramírez con Vallarta, ilustradísimo presidente de la Corte, sobre un negocio de los más difíciles y en el que diferían de ideas, Ramírez tomó la palabra y su discurso fue tan profundo, tan razonado, tan convincente, que Vallarta, a cuyo lado estaba yo, con singular sinceridad me dijo admirado: "Es lástima que este hombre no quiera escribir sobre derecho constitucional; sería el Kant de México".
Tribuno
La oratoria de "El Nigromante", construida sobre las bases de un nacionalismo profundo, el conocimiento enciclopédico, la solidez de razones, la altura de propósitos y las más firmes convicciones cautivó a propios y extraños" e inclusive traspasó las fronteras nacionales, a grado tal que en un célebre debate con el tribuno español don Emilio Castelar sobre colonialismo e hispanoamericanismo, este último le envió un retrato con la siguiente dedicatoria: "A don Ignacio Ramírez, recuerdo de una polémica en que la elocuencia y el talento estuvieron siempre de su parte. Emilio Castelar...".
Sus numerosas participaciones en los debates del Constituyente de 1857, así como sus intervenciones en los aniversarios más importantes
del calendario patrio, forman parte de la antología republicana, por lo que me permito transcribir algunos fragmentos de su celebérrimo discurso pronunciado en la Alameda Central de esta ciudad de México, el día 16 de septiembre de 1861, en el que a propósito de nuestro ser nacional dijo: "¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Este es el doble problema cuya resolución buscan sin descanso los individuos y las sociedades; descubierto un extremo se fija el otro, el germen de ayer encierra las flores de mañana; si nos encaprichamos en ser aztecas puros, terminaremos por el triunfo de una sola raza, para adornar con los cráneos de las otras el templo del Marte americano; si nos empeñamos en ser españoles, nos precipitaremos en el abismo de la reconquista. Pero ¡No! ¡Jamás!, nosotros venimos del pueblo de Dolores, descendemos de Hidalgo y nacimos luchando, como nuestro padre, por los símbolos de la emancipación y como él, luchando por la santa causa desapareceremos de sobre la Tierra".
Respecto al sufrimiento del cura Hidalgo y de sus seguidores en el movimiento libertario, expresó: "Felices los que sufren, si se sienten con una voluntad superior a los caprichos del destino; la humillación despierta su orgullo, el dolor alumbra su inteligencia, y en sus órganos encallecidos encuentran fuerzas suficientes para imponer la ley a sus contrarios, para levantarse sobre las generaciones humanas y para revelarse, como una nueva divinidad, ante los pueblos asombrados".
Y concluyó su alocución con estas palabras: "El trueno resuene por todas las playas, incendie el rayo todas las alturas y respondan con su explosión los apagados volcanes de la América; el suelo que pisemos será nuestra patria y dominando el fragor universal con nuestro acento, escúchense claras, solemnes, estas palabras: ¡Libertad! ¡Reforma! Hidalgo las repetirá desde el cielo".
El 5 de febrero de 1863, con motivo del aniversario de la Constitución de 1857, expresó entre otros conceptos, el siguiente: "Los legisladores de 1857, no quisieron hacer una obra eterna; no se envolvieron entre las tempestades del Sinaí, ni pidieron a un arcángel la buena nueva, ni siquiera como Sócrates invocaron un genio misterioso; fijaron sus miradas en la majestad del pueblo, y el pueblo les contestó con sus inspiraciones: ¡Mexicanos! La Constitución de 1857 es vuestra obra".
Las transcripciones expuestas son solamente una pequeñísima parte del torrente oratorio de don Ignacio Ramírez, y resulta ocioso abundar al respecto...
El diputado Manuel Díaz Infante (desde su curul):
Señor Presidente, con todo respeto solicito ordene usted a la Secretaría dé lectura al artículo 103 de nuestro Reglamento.
El Presidente:
De acuerdo a como lo pide el señor diputado, rogamos a la Secretaría dé lectura al artículo 103 del Reglamento.
El secretario José Raúl Hernández Ávila:
"Artículo 103. Los discursos de los individuos de las cámaras sobre cualquier negocio, no podrán durar más de media hora sin permiso de la Cámara."
Servido, señor Presidente.
El diputado Manuel Díaz Infante (desde su curul):
Señor Presidente, lleva una hora y siete minutos el orador. Suplico consulte a la Asamblea y en su caso que deje la iniciativa.
El diputado Emilio Becerra González:
Señor Presidente, éste no es discurso, es la presentación de una iniciativa, además estoy en la última cuartilla, estoy por concluir.
El Presidente:
Señor diputado, conforme lo pide el señor diputado y basándonos en el artículo 103 del Reglamento, le vamos a rogar de la manera más atenta, si no hay el permiso de la Cámara para que usted prosiga, trate de hacer lo más rápido posible su intervención.
Entendemos el valor de su intervención, dado que se trata de un prócer de la República.
El diputado Emilio Becerra González:
Estoy por concluir, señor Presidente.
Epílogo
El 15 de julio de 1879, siendo Ministro de la Suprema Corte, Ignacio Ramírez muere en esta ciudad de México, en la más absoluta pobreza, a grado tal, que su familia carecía de lo necesario para los gastos más indispensables, pues el erario nacional tenía meses de no pagar su salario a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, la muerte de un patriota tan grande no podía pasar desapercibida y una comisión conjunta de los tres poderes de la Unión, en todos los cuales había servido y brillado con singular talento y dedicación, organizó sus funerales públicos, mismos que se celebraron en la sede de la Cámara de Diputados, en donde el cadáver del patricio estuvo expuesto durante dos días para recibir el tributo del pueblo por el que tanto hizo. El segundo día de exposición pública, acudieron a rendirle tributo los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y al concluir la ceremonia luctuosa, autoridades y pueblo acompañaron el féretro al cementerio del Tepeyac, y ahí permanecieron hasta que se le dio sepultura. La ceremonia fúnebre fue de tal naturaleza, que don Ignacio Manuel Altamirano escribió: "Realmente estos funerales han sido los más solemnes que ha presenciado México, sin exceptuar los que se hicieron al presidente Juárez".
Ignacio Ramírez, "El Nigromante", escaló las cumbres más altas del pensamiento, del sentimiento y del deber; destacó en filosofía, las ciencias y las artes, en la cátedra, el periodismo y la función pública; fue precursor de ideas y programas que hoy forman parte de nuestros compromisos, tales como la patria común latinoamericana, el indigenismo, la autonomía del Distrito Federal, el referendum o apelación al pueblo, la descentralización etcétera. Su vida de prisiones y privaciones, no sólo no lo doblegó, sino que hizo de él un mexicano de temple superior; fue hombre de lealtad diáfana e inquebrantable a los principios; la probidad fue elemento inseparable de su vida y de su que hacer público, sirvió a la patria en la paz y en la guerra, fue un santo laico, fue, en fin, profeta, apóstol, tribuno y legislador.
Por todo lo anterior, proponemos a la representación nacional el siguiente
DECRETO
Único. Inscríbase en el muro de honor del salón de sesiones de esta Cámara de Diputados, el nombre de Ignacio Ramírez y agréguese también con letras doradas su seudónimo: "El Nigromante".
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de julio de 1994.— Diputados: Emilio Becerra González, Leodegario López Ramírez, Carlos González Durán, Jesús Ramírez Guerrero, Jaime Olivares Pedro, Hugo Arce Norato, Rafael Sánchez Leyva, Enrique Rico Arzate, Manuel Garza González, Eduardo Cué Morán, José Guadalupe González Magaña y Josafat A. García Castro.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
LEY DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José de Jesús González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de Ley de Cultura Física y el Deporte.
El diputado José de Jesús González Reyes:
Señor Presidente, antes de empezar mi exposición y en virtud de que por consideración del tiempo y la agenda de hoy, haré sólo una síntesis de la iniciativa que presentamos. Quiero respetuosamente solicitarle que al finalizar, se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.
«Presidente de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
los suscritos diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LV Legislatura, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, el presente proyecto de Ley General de la Cultura Física y el Deporte de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Primero. La actividad deportiva ha tenido connotada trascendencia en la sociedad del mundo moderno, a pesar de encontrarse presente en varias formas y manifestaciones en las culturas de todas las épocas. Es en la actual etapa de la historia donde muestra mayor complejidad.
Desde el siglo pasado se inició en el mundo entero una revolución en materia de reglamento, creación y organización de diversos deportes que tienen su cimiento en 1894, con la creación del Comité Olímpico Internacional. Posteriormente se consolidó en 1896, con la organización de los primeros juegos olímpicos de la era moderna.
En nuestro país no tardó en iniciarse tal organización, pues a principios de siglo ya había competencias atléticas, de diferente índole. La primera federación mexicana de un deporte que se fundó fue la de remo, en 1889; le siguieron la de lucha, atletismo, automovilismo, gimnasia, patinaje sobre ruedas etcétera, de esta suerte, en 1923, con el objeto de poder participar México en sus primeros juegos, se crea el Comité Olímpico Mexicano. Tal era la efervescencia en el ámbito deportivo y el crecimiento acelerado de nuevas federaciones de deportes, que el Gobierno Federal decide apoyar esta inquietud ciudadana y crea, en 1933, la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) con el objeto de agrupar, apoyar, representar e impulsar a las federaciones de deportes.
Durante más de 40 años, la Codeme cumplió cabalmente con los objetivos que, dieron a su creación, y se constituyó en Asociación Civil en 1956. No fue, sino hasta 1976 cuando el Gobierno Federal decide intervenir más directamente en el fomento del deporte, al crear el Instituto Nacional del Deporte y da inicio con ello al caos del deporte en el país. Durante el tiempo en que tuvo vigencia dicho instituto hubo conflictos entre los organizadores del deporte, dirigentes, atletas. Luego de un gran despilfarro de su último director, en 1982, se crea la subsecretaría del deporte, que le dio un lugar preponderante en la estructura administrativa del Ejecutivo Federal, pero con un equivocado enfoque del ámbito en que debía centrar sus esfuerzos. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en caer en el error de sus antecesores, al incidir en el deporte de alto rendimiento y crear serios conflictos con la Codeme y el Comité Olímpico Mexicano, organismos a los que pretendió suplantar buscando el control de federaciones y atletas.
Ante el caos y el exagerado gasto en burocracia y reuniones infructuosas desaparece en 1985 dejando, para cumplir sus funciones, un organismo creado en su seno; el Consejo Nacional del Deporte, que se pasó los últimos tres años de esa administración efectuando reuniones y congresos sin resultado alguno. Llega 1988 y se crea la Comisión Nacional del Deporte (Conade) con un presupuesto sin precedentes en administración alguna, mayor aún que el ejercido por todos los organismos anteriores juntos. Entre 1991 y 1992 se gastaron 71 mil 498 millones de pesos, tan sólo en la delegación mexicana que asistió a los juegos olímpicos de Barcelona. El presupuesto de la Conade, de diciembre de 1989 a julio de 1992 fue de 376 mil 735 millones de pesos. En total, la Conade destinó la cantidad de 166 mil 019 millones de pesos, desde su creación hasta el mes de julio de 1992, tan solo al programa de alto rendimiento.
Segundo. Con la publicación de Ley de Fomento y Estímulo al Deporte, en 1991, se inicia lo que a la postre sería el primer intento por plasmar, en términos de una sustentación jurídica, las inquietudes que desde hace tiempo viene manifestando el pueblo de México, en torno a dicha actividad en la que se encuentra involucrada gran parte de la sociedad.
La legislación de 1991, establece en su exposición de motivos una serie de conceptos que bien vale la pena revisar, dado que la mayoría de ellos no tiene sustento firme y se vuelven simplemente menciones destacadas sobre el valor de la actividad deportiva.
Ciertamente la regulación jurídica del deporte dejó de lado aspectos fundamentales para lograr una estructura firme y continuada, con la idea de satisfacer las necesidades existentes. Por esta razón, ante una serie de situaciones que se conjugaron en los últimos años, estos vacíos quedaron evidenciados. Por tal motivo, en la Comisión del Deporte surgió la inquietud de hacer una revisión profunda y detallada de
la ley, con el objeto, de incluir, fundamentos para el logro de los objetivos prioritarios para el país. Una vez tomado el acuerdo de revisión de la ley por la comisión legislativa del deporte, se iniciaron una serie de foros en las diferentes regiones del país para conocer el punto de vista de la sociedad. El resultado fue: después de cinco foros regionales y 97 reuniones de trabajo, así como nueve foros estatales, la compilación de diversas ponencias presentadas por la ciudadanía, que demostraron de modo claro, que la voluntad legislativa de principios de 1991 no había traducido cabalmente en la sustentación jurídica, las necesidades expresas de la población.
Ante esta situación los diputados panistas, miembros de la Comisión del Deporte trabajaron en la integración de una propuesta que puntualizará, desde el marco conceptual de la ley y durante todo su desarrollo, los aspectos fundamentales que debían ser incluidos en ella para el mejor cumplimiento de su función.
Tercero. El problema del deporte estriba, no sólo en crear planes que tengan vigencia sexenal, ni tampoco que las motivaciones del marco legal y los reglamentos estén totalmente equivocados. Es más bien el pobre concepto que se tiene de lo que la actividad físico deportiva puede aportar a una nación que verdaderamente procure el desarrollo integral de los seres humanos, además de lo que la cultura física y deportiva puedan hacer para el mejoramiento individual y colectivo.
Partiendo de la perspectiva del ser humano integral, la prioridad nacional debe darse indiscutiblemente en la atención completa y eficaz de la educación física, a través de la cual el individuo toma conciencia de su naturaleza, desarrolla en torno a ella una estructura sana y vigorosa y estimula de manera decisiva el aprendizaje. El complemento del desarrollo humano se da en el terreno familiar y comunitario, en el que el deporte popular se convierte en importante herramienta para estimular los valores de justicia, solidaridad, disciplina, participación e integración familiar y comunitaria. Además, se convierte en una importante alternativa de recreación y correcto aprovechamiento del tiempo libre, así como un vehículo para alcanzar plena salud física y mental.
El gran problema del deporte y la cultura física en nuestro país, es que el primero no se entiende y la segunda no existe. Con un marcado afán protagónico, político y manipulador, los organismos deportivos de orden público, se han dedicado a buscar el control del deporte que luce, el que llama la atención, el de la foto y los periódicos, el de los viajes y las regalías: es decir; el deporte de alto nivel de rendimiento. Mientras las escuelas de nivel básico carecen de instalaciones, materiales deportivos y de maestros. Al igual que en las comunidades que conforman los municipios crece la delincuencia, la drogadicción, la desatención a la salud, la desintegración por falta de una inversión social capaz de neutralizar estas desviaciones que corrompen nuestra sociedad. Además se da la incapacidad o desinterés gubernamental por propiciar un desarrollo integral comunitario. Los programas de deporte popular han demostrado ser la punta de lanza que propicia el desarrollo integral comunitario y se convierte en una inversión de bajo costo, cuyos frutos se reflejan en la reducción de patrullas y policías, de camas de hospital, de centros de rehabilitación de drogadictos etcétera.
Cuarto. El presente enfoque no tiene como función descalificar el valor que pueda tener la representación de México en el ámbito deportivo internacional, sino la de puntualizar que la prioridad de gobierno debe estar claramente definida y atendida en términos de costo beneficio, que la sociedad ha reclamado siempre como el derecho de auto organización en términos deportivos que han sido frenados por el paternalismo y el mencionado afán protagónico. En esta materia, como en muchas otras debemos pugnar por que el trabajo que realice el gobierno, brinde a todos los mexicanos las bases para su desarrollo personal y social, al propiciar su organización en grupos y asociaciones que vayan tomando, poco a poco, la responsabilidad de sus actos. En la medida en que se vaya dando este esquema, el gobierno atenderá de manera subsidiaria otros aspectos, sin descuidar por ello su permanente programa de fomento a la participación, la educación, la salud y la organización social.
No deben destinarse estratosféricas sumas de dinero a un reducido grupo de ciudadanos que cuatrianualmente asisten a las olimpiadas, mientras la niñez y la juventud enfrentan grandes carencias para su desarrollo físico y mental. Aún en el deporte se sabe que sólo una estructura piramidal, con una base amplia, va permitiendo cada vez un mejor nivel de rendimiento. Construirla es el objeto; atender a esos millones de jóvenes es la meta. Al hacerlo, se
dará el sustento para lograr que exista en México una sociedad más sana, más participativa, más organizada. Este es el verdadero valor que la cultura física y el deporte pueden ofrecer para una nación que busque el desarrollo integral de los seres humanos.
El día de hoy presentamos ante ustedes la ley de la Cultura Física y el Deporte, que recoge fielmente las inquietudes manifestadas por la ciudadanía en los foros regionales, es el resultado de análisis serios y profundos de la problemática deportiva nacional y las necesidades de estados y municipios. Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la siguiente
«INICIATIVA DE PROYECTO DE LEY GENERAL DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. Las disposiciones de ésta ley son de observancia general en todo el país, así como de orden público e interés social y tienen por objeto:
I. Fomentar la cultura física y el deporte como elementos fundamentales en el desarrollo integral del ser humano.
II. Regular la actividad físico deportiva en el país, mediante el establecimiento de las bases para la concurrencia de la Federación, los estados y los municipios, así como para lograr la participación social en la misma.
III. Determinar criterios para asegurar: la uniformidad y congruencia entre los programas del deporte en general, la enseñanza de la educación física, así como la asignación de los recursos para dichos fines.
IV. Definir los principios que garanticen a la población el acceso a la enseñanza de la educación física y la práctica del deporte.
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. Educación física. Actividad programada en el sistema educativo cuyo fin es lograr el desarrollo de una estructura corporal sana, que contribuya al mejoramiento de la salud y de los procesos formativos del ser humano.
II. Cultura física. Conjunto de costumbres y conocimientos sobre educación física y deportes, encaminados al pleno desarrollo de las facultades corporales.
III. Deporte asociado. Actividad competitiva que realiza un sector de la comunidad debidamente organizado, cuya estructura puede ser de dos maneras:
a) Organizaciones deportivas afiliadas a una federación deportiva y
b) Grupo de ciudadanos que se reúnen con un fin de competencia sin encontrarse afiliados a una federación.
IV. Deporte escolar básico. Actividad competitiva que se organiza en el sector educativo como complemento a la enseñanza de la educación física.
V. Deporte popular. Actividad competitiva de aprendizaje, mantenimiento de la salud y de esparcimiento, cuyo objeto es el de favorecer el desarrollo integral de la comunidad.
VI. Deporte estudiantil. Actividad competitiva que se organiza en el nivel educativo medio superior y superior, como parte del desarrollo integral del alumnado.
VII. Deporte de rendimiento. Actividad competitiva cuyo objetivo es obtener un buen desempeño físico.
VIII. Deporte de alto nivel de rendimiento. Actividad competitiva en la que se busca la excelencia del desempeño físico, que requiere un alto nivel técnico de todos los que intervienen en el proceso de entrenamiento: médicos, fisiólogos, entrenadores, especialistas en biomecánica y demás.
IX. Desarrollo integral del individuo. Conjunto de acciones encaminadas a incrementar todas las facultades del ser humano.
X. Discapacidad. Pérdida o anormalidad de una estructura o función sicológica, fisiológica o anatómica, de la persona, que le restringe realizar una actividad que se considera normal para el ser humano.
XI. Tercera edad. Ultima etapa de la vida del ser humano.
XII. Confederación Deportiva Mexicana. Asociación civil que reúne, agrupa, representa a las federaciones de deportes a nivel nacional.
XIII. Comité Olímpico Mexicano. Asociación civil que representa en México al Comité Olímpico Internacional, que agrupa, avala y apoya a las federaciones mexicanas de deportes que, por su naturaleza, participan en el extranjero.
Artículo 3o. Todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. En el marco del proceso educativo nacional deberá asegurarse la enseñanza de la educación física y la práctica del deporte.
La educación física es la base, tanto de la cultura física como del deporte.
Artículo 4o. Es obligación del Estado prestar servicios de educación física a efecto de favorecer el desarrollo integral del educando. Estos deberán prestarse según los principios del federalismo previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la distribución social educativa establecida en la Ley General de Educación.
Artículo 5o. La responsabilidad del Estado en materia del deporte federado y de alto nivel de rendimiento, se regirá por lo dispuesto en los capítulos concernientes de este ordenamiento.
Artículo 6o. La actividad deportiva de orden profesional no queda comprendida en la presente ley, por lo que se sujetará a lo dispuesto en los ordenamientos que le sean aplicables.
Artículo 7o. Los estados de la República, de acuerdo a la competencia expresada en sus constituciones políticas, así como a los convenios y ordenamientos en materia de educación y bienestar social, deberán expedir las leyes que regulen su actividad físico deportiva, observando los principios rectores que señala la presente ley.
Artículo 8o. La Federación, los estados y los municipios promoverán acciones acordadas entre los sectores público, social y privado, que propicien el logro de los objetivos de esta ley.
CAPÍTULO II
La concurrencia y coordinación de autoridades
Artículo 9o. La Federación, los estados y los municipios en el ámbito de sus competencias, de acuerdo a la distribución de la función social educativa prevista en la Ley General de educación promoverán:
I. La enseñanza de la educación, tanto física como deportiva, mediante un programa escolar de educación física y del deporte;
II. La actividad física en general, por medio del establecimiento de un programa específico del deporte popular que promueva el desarrollo integral comunitario;
III. La atención y el fomento de actividades físico deportivas, propias de la región, para las personas con discapacidad física y de la tercera edad;
IV. La construcción y mantenimiento en buen estado de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades físico deportivas y de recreación, así como los materiales adecuados;
V. La participación ciudadana y de los organismos deportivos en la determinación, ejecución y evaluación de las políticas, que orienten el fomento a la cultura física y del deporte, mediante el establecimiento de los procedimientos para ello;
VI. Las acciones para satisfacer las necesidades de la educación física y del deporte con base en las prioridades expresadas en esta ley;
VII. El establecimiento de programas de capacitación en materia de educación física y deporte;
VIII. La determinación de criterios de coordinación con las universidades e instituciones que contemplen dentro de sus programas de actividades, el fomento a la cultura física y el deporte y
IX. El otorgamiento de estímulos y apoyos de diversa índole para el desarrollo de las actividades físico deportivas.
CAPÍTULO III
Criterios generales para el fomento de la actividad fisicodeportiva en el país
Artículo 10. Para el cumplimiento de los objetivos de esta ley se elaborará un programa nacional que asegure la uniformidad y congruencia
de las acciones e instituciones que participan en el fomento de la actividad físico deportiva.
Este programa deberá considerar la participación de las entidades federativas y los municipios, así como la participación social, además de formularse con apego a las siguientes prioridades:
I. La educación física;
II. EL deporte popular;
III. Recursos humanos;
IV. De los discapacitados y de la tercera edad;
V. El deporte federado, y
VI. El deporte de alto nivel de rendimiento.
Artículo 11. El programa nacional estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Será el instrumento rector de la actividad físico deportiva en el país y deberá contener:
I. Un programa general de educación física;
II. Un programa general del deporte popular;
III. Un programa general para discapacitados y de la tercera edad;
IV. La integración de una comisión del deporte de rendimiento;
V. La creación de centros regionales de rendimiento deportivo;
VI. Un programa de atención a prospectos con talento deportivo y
VII. Las bases para la coordinación con los organismos civiles encargados del deporte asociado.
CAPÍTULO IV
La educación física y el deporte popular
Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública tendrá a su cargo los programas: general de educación física, de deporte popular, y para discapacitados, con objeto de articular sus acciones a fin de que incidan en la educación, formación, salud, integración y desarrollo de la sociedad.
La secretaría, en el ámbito de sus facultades, designará los órganos respectivos, encargados de dichos programas, y destinará los recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 13. Para cumplir con lo dispuesto en este ordenamiento, los organismos designados por la secretaría elaborarán y propondrán al secretario, los programas y el presupuesto respectivo.
Artículo 14. Para la elaboración y seguimiento del programa general de educación física, la secretaría a través de su órgano respectivo deberá:
I. Establecer mediante un estudio científico de la materia, el número de horas de clase y contenidos suficientes, para cubrir los requerimientos de los educandos en sus diferentes etapas de crecimiento;
II. Otorgar el mismo valor curricular que al resto de las asignaturas. Asimismo, especificará objetivos claros y vigilará su cumplimiento;
III. Determinar el material deportivo e infraestructura necesarios para cumplir los objetivos;
IV. Precisar el personal docente necesario para atender el sistema educativo, propondrá y apoyará, en su caso, la creación de más escuelas de educación física en los estados;
V. Establecer un programa general del deporte escolar que complemente la formación alcanzada en la clase de educación física, que deberá realizarse fuera de los horarios de clase;
VI. Apoyar, en lo posible, a las instituciones de niveles medio superior y superior para la elaboración y seguimiento del programa del deporte estudiantil que ellas manejan y
VII. Proveer los medios para satisfacer las necesidades de infraestructura deportiva en los planteles educativos.
Artículo 15. Para la elaboración y seguimiento del programa nacional del deporte popular, la secretaría a través de su órgano respectivo deberá:
I. Considerar los valores de formación social del deporte popular como, disciplina, identidad, participación social, autoestima etcétera;
II. Prever actividades tendientes al desarrollo y preservación de la salud para los diferentes sectores de la población;
III. Establecer actividades de recreación; esparcimiento y buen aprovechamiento del tiempo libre;
IV. Desarrollar programas de competencia deportiva en la comunidad;
V. Establecer centros para enseñar los fundamentos técnicos de las diferentes disciplinas deportivas, designando para ello los recursos humanos y económicos suficientes;
VI. Considerar a los municipios como la célula básica, de tal modo que los esfuerzos de la Federación y de los estados se dirijan a proporcionarles los recursos técnicos, económicos y humanos para el cumplimiento de su función y
VII. Considerar la creación de infraestructura deportiva en el seno de las comunidades.
CAPÍTULO V
Programa general para discapacitados y de la tercera edad.
Artículo 16. Para la elaboración y seguimiento del programa general para personas discapacitadas y de la tercera edad, la secretaría a través de su órgano respectivo deberá:
I. Establecer mediante un estudio científico los requerimientos de los educandos en sus diferentes etapas de desarrollo;
II. Promover la integración social de las personas con discapacidad y de la tercera edad. Para tal fin, vinculará las acciones de los diferentes programas mencionados en esta ley;
III. Determinar el material deportivo e infraestructura necesarios para cumplir los objetivos, así como prever los medios para satisfacerlos;
IV. Precisar el personal docente necesario para atender el programa;
V. Prever medidas para adecuar la infraestructura existente;
VI. Establecer actividades de recreación, esparcimiento y buen aprovechamiento del tiempo libre;
VII. Desarrollar programas de competencia deportiva en la comunidad;
VIII. Implementar actividades físico deportivas en la comunidad que promuevan el mejoramiento de la salud y la integración a la misma, de personas en la tercera edad y
IX. Establecer las bases para la coordinación de acciones con el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.
CAPÍTULO VI
Los programas del deporte federado y de alto nivel de rendimiento.
Artículo 17. La Secretaría de Educación Pública apoyará de manera subsidiaria estos programas, conforme las prioridades establecidas en lo dispuesto en el artículo 10 de esta ley.
Artículo 18. El deporte federado y de alto nivel de rendimiento deportivo se atenderá en el ámbito nacional a través de la Confederación Deportiva Mexicana, la cual mantendrá un registro de ciudadanos que decidan agruparse en organismos deportivos.
Artículo 19. Para el cumplimiento de sus funciones la Confederación Deportiva Mexicana tendrá a su cargo el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, cuyo objeto será brindar apoyo a las federaciones, tendiente a elevar el nivel deportivo de éstas.
Artículo 20. Todos los programas que la Confederación Deportiva Mexicana aplique en el cumplimiento de sus objetivos recibirán el apoyo de la secretaría. Asimismo coadyuvará en la promoción de acciones que tengan como objetivo el financiamiento de dichos programas.
Para el otorgamiento de los subsidios, la Secretaría de Educación Pública expedirá las normas a las que deberá sujetarse la confederación.
Artículo 21. El deporte de alto nivel de rendimiento y de representación internacional, es facultad exclusiva del Comité Olímpico Mexicano, el cual recibirá un subsidio para su operación básica. El Estado colaborará en el esfuerzo para lograr la participación de la iniciativa privada en la promoción y apoyo al deporte de alto nivel de rendimiento.
Artículo 22. Los procedimientos de selección de las representaciones nacionales serán definidos por el Comité Olímpico Mexicano, la Confederación Deportiva Mexicana y las federaciones mexicanas de deportes. Dichos organismos informarán al Ejecutivo respecto de los actos protocolarios requeridos. Además, será responsabilidad de ellos el desempeño de los deportistas mexicanos en el extranjero.
CAPÍTULO VII
Comisión del deporte de rendimiento
Artículo 23. La Comisión del Deporte de Rendimiento, estará integrada por representantes de la Confederación Deportiva Mexicana, del organismo que la Secretaría de Educación Pública designe y los representantes de los estados.
Artículo 24. Tendrá como objetivo principal elaborar un programa de atención a prospectos con talento deportivo; para tal fin, establecerá centros regionales de rendimiento en los estados cuyas características climatológicas, sociales y económicas, lo permitan.
Artículo 25. Los centros regionales de rendimiento darán continuidad a los programas de educación física y deporte popular. Serán operados por los estados, que cuenten con recursos para ello, además de promover la participación de la iniciativa privada en el financiamiento de los mismos. De igual forma, podrán recibir, en el marco de la Comisión del Deporte de Rendimiento, apoyo de la Confederación Deportiva Mexicana, así como económico de la Secretaría de Educación Pública.
Artículo 26. El funcionamiento interno de la comisión se regirá por lo dispuesto en el reglamento respectivo.
Artículo 27. El programa general de atención a prospectos con talento deportivo incluirá el suministro de becas y otras necesidades que tengan los deportistas y serán cubiertas por los gobiernos de los estados y la iniciativa privada.
CAPÍTULO VIII
La participación social
Artículo 28. La participación de la sociedad, en el impulso y fomento de la educación física, como base de la cultura física y el deporte, se hará a través de los consejos de participación social en la educación, en todos sus niveles, conforme a lo previsto en la Ley General de Educación.
Artículo 29. La participación social en el programa de deporte popular se dará de manera individual o colectiva. Asimismo, el Estado procurará permanentemente, el fomento de la organización social en torno al deporte, así como a otros programas que propicien el desarrollo integral comunitario. La coordinación de estos grupos recaerá en los propios municipios.
Artículo 30. La Federación, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la constitución de organizaciones sociales que participen en el fomento de la cultura física y del deporte.
CAPÍTULO IX
Infracciones y sanciones
Artículo 31. La Secretaría sancionará las infracciones que se cometan a ésta ley, a sus reglamentos y a las disposiciones que correspondan.
Artículo 32. Las sanciones se aplicarán a:
I. Autoridades encargadas de los programas referidos en esta ley y
II. A los organismos deportivos, Confederación Deportiva Mexicana, federaciones, asociaciones en el ámbito que le corresponda.
Artículo 33. Las sanciones consistirán en:
a) Para las autoridades:
I. Separación del cargo, Sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte.
b) Para los organismos deportivos:
I. Amonestación pública o privada;
II. Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos y
III. Suspensión temporal o definitiva en el uso de instalaciones deportivas oficiales.
Artículo 34. En el caso de los organismos deportivos, las disposiciones establecidas en el
segundo párrafo del artículo 19 de la presente ley, contendrán las normas para la aplicación y procedimientos de las sanciones y recursos.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las entidades federativas procurarán adecuar la legislación local en materia de cultura física y deporte a lo dispuesto en esta ley.
Tercero. Las disposiciones que se opongan a la presente ley quedan abrogadas.
Rúbricas.»
Proyecto que dejo en la Secretaría, solicitando una vez más amablemente a la Presidencia se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención muchas gracias.
El Presidente:
Conforme lo solicitó el señor diputado González Reyes, recibo y túrnese a la Comisión del Deporte.
LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Gabriela Guerrero Oliveros, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Metrología y Normalización.
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Los diputados que suscribimos la iniciativa de decreto para modificar los artículos 25 y 26 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, representantes de todos los partidos políticos que integran esta LV Legislatura, hemos decidido, en obvio de nuestro tiempo de trabajo, no dar lectura a la exposición de motivos para realizar esta modificación a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, uno de los instrumentos mejores para dotar a la economía de nuestra patria de una infraestructura tecnocientífica que es sustento sólido de un proyecto de modernización de la actividad industrial de nuestro país, pero solicitamos que esta exposición de motivos sea incluida totalmente en el Diario de los Debates y que se copie y sea distribuida a todos los señores legisladores para su cabal conocimiento.
Por lo tanto, daremos lectura sólo a la propuesta de los diputados, que como ya dije y lo cual nos enorgullece, representan a los seis partidos políticos de esta LV Legislatura.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados firmantes ponemos a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de decreto para modificar los artículos 25 y 26 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para quedar como sigue:
INICIATIVA DE DECRETO PARA MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 25 y 26, DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Antecedentes
En diciembre de 1987 el Ejecutivo de la Unión envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la cual fue aprobada por el Poder Legislativo y Publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 26 de enero de 1988. Esta ley constituyó el primer esfuerzo de los poderes de la Unión orientado a modernizar las estructuras y las normas en el sistema científico y tecnológico del país. Al aprobarse, se abrogó la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas que estuvo vigente desde el 7 de abril de 1961 y cuyos ordenamientos, así como las instituciones que creó, habían sido superados por el desarrollo de la técnica y por las nuevas tendencias internacionales tanto en el sistema de medidas como en los medios e instrumentos para garantizar la calidad de la producción y regular el comercio entre las naciones, que ya había adquirido un ritmo de desarrollo sin precedente.
La nueva Ley Federal sobre Metrología y Normalización no sólo actualizó a nuestro país en
relación a los cambios introducidos en el sistema internacional de medidas sino que creó tres instituciones novedosas, asimilando la experiencia internacional en la materia y apoyándose en la propia.
Estas instituciones, fueron el Centro Nacional de Metrología, el Sistema Nacional de Calibración y la Comisión Nacional de Normalización.
Con estas tres instituciones se dotaba a la economía de nuestro país de una infraestructura tecnocientífica que se constituyera en el sustento sólido de un proceso de modernización de la actividad industrial y de los servicios que les permitiera participar en el comercio internacional.
Mediante esta ley, el Centro Nacional de Metrología, que desde 1981 se había creado en la práctica, en un esfuerzo conjunto de la Secofi y del Instituto Politécnico Nacional, se convierte en un organismo de alto nivel técnico en la materia y se constituye en el núcleo del Sistema Nacional de Calibración.
Como resultado de la experiencia lograda con la aplicación de esta ley, así como de una valoración adecuada a las crecientes necesidades de apoyo tecnológico de la industria nacional, se percibe la conveniencia de reformar la ley de 1987 con la finalidad de dar una mejor estructura a las instituciones por ella creadas para lograr una incidencia más fructífera en el menor tiempo posible respecto a la resolución de los problemas de la industria nacional.
De esta manera, el Ejecutivo envía a la Cámara de Senadores, como cámara de origen, una Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Las reformas y adiciones perseguían el propósito de estructurar todo un sistema nacional de Normalización, de consolidar el Sistema Nacional de Calibración, así como de elevar el rango del Centro Nacional de Metrología, al convertirlo en un organismo descentralizado, con una personalidad jurídica y patrimonio propio, con nuevas atribuciones que amplían sus funciones en materia de metrología.
Aprobada la ley, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dio un gran impulso al Centro Nacional de Metrología, al que dota de terrenos en el municipio de los Cues, a 15 kilómetros de la ciudad de Querétaro; le asigna un presupuesto importante que le permite al centro adaptar y construir sus primeros laboratorios, adquirir equipos y aparatos de investigación, implementar los primeros patrones de referencia, contratar personal de alto nivel científico y técnico y enviar a la mayoría de ellos a especializarse y prepararse mejor en las diferentes áreas de la metrología, a las instituciones de los países desarrollados cuya naturaleza y actividades son equivalentes a las del Cenam, como actualmente se conoce al Centro Nacional de Metrología.
A poco más de dos años de su establecimiento en Querétaro, el Cenam ha puesto ya alguno de sus laboratorios en condiciones de prestar los servicios que le fija la ley y su personal técnico y científico comienza a interaccionar fuertemente con la industria mediante actividades diversas, que indican que los industriales mexicanos están tomando conciencia de lo fructífero que puede resultar el apoyarse en el Cenam para elevar la productividad de sus empresas y mejorar la calidad de sus productos.
Paralelamente al desarrollo del Cenam, ha crecido el número de laboratorios de calibración que junto con el primero conforman el Sistema Nacional de Calibración y cuya acreditación como tales, según lo ordena la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la otorga la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial mediante la valoración de comités de evaluación integrados por técnicos calificados en la materia.
A convocatoria del Cenam, recientemente se llevó a cabo una reunión del Centro Nacional de Metrología con todos los laboratorios de calibración acreditados del país, reunión que arrojó valiosas experiencias en cuanto a la forma de integrar el Sistema Nacional de Calibración.
II. La importancia de la metrología y las mediciones
Con el proceso de globalización de la economía, el acceso a los mercados internacionales exige de la industria de todos los países el cumplimiento de normas y requisitos de calidad y de precios que sólo pueden cumplir mediante un sistema científico y tecnológico altamente organizado, eficiente y creativo, con una íntima vinculación con las necesidades, problemas y metas de la industria nacional.
Para que un país pueda acceder a los mercados, incrementar su presencia o retener ámbitos de influencia a fin de obtener los recursos que requiere para alcanzar sus metas sociales, su economía debe ser altamente competitiva.
La competitividad de la economía de un país, de esta manera, se refiere a la productividad de las empresas, a la calidad de los productos de la industria, a la capacidad de esta economía de dar pleno empleo a la población económicamente activa, al nivel de vida de la población y a la balanza comercial en el intercambio de bienes y servicios con el resto de los países del mundo.
Visto así el problema de la competitividad, cuando se habla de tecnología en los países desarrollados, en realidad se está pensando en tres aspectos fundamentales: en la tecnología llamada emergente, es decir, aquella que en un lapso no mayor de 10 años puede dar origen a un nuevo proceso de producción o llevar al mercado un nuevo producto; la integración de todo el proceso de elaboración de un producto, que en esencia se refiere a la generación del mismo, desde su concepción como idea hasta su comercialización en el mercado; a la calidad de los productos, que en última instancia tiene qué ver con la satisfacción de las expectativas, necesidades o exigencias de los consumidores.
Lo que en nuestro caso es importante advertir, es que estos tres núcleos de preocupación de la política tecnológica, tienen una vinculación estrecha con el proceso de medición, es decir, con la metrología, o en términos de instituciones, con el Sistema Nacional de Calibración. Esta vinculación se da porque, de un lado, esos tres elementos se constituyen en un desafío al que necesariamente deben hacer frente tanto el Centro Nacional de Metrología como los laboratorios de calibración que integran el Sistema Nacional de Calibración y, por otro, porque la medición está pasando a ocupar un papel especial y de creciente importancia tanto para el desarrollo de la tecnología emergente como para la elaboración de los productos y el aseguramiento de su calidad.
Tomemos como ejemplo, para hacer ver la importancia de la medición, el caso de cómo ha cambiado el enfoque de la industria moderna en cuanto a la forma de asegurar la calidad de sus productos.
Hasta hace unos pocos años, la atención de los técnicos de la industria se orientaba al producto, de tal manera que la calidad se trataba de alcanzar mediante la inspección sistemática de los productos ya elaborados, mediante análisis estadísticos, mediciones o pruebas fuera ya del proceso de producción. Es decir, el aseguramiento de la calidad era un proceso separado de la producción misma.
Ahora, sobre todo tratándose de la producción en masa mediante el empleo de tecnología avanzada, la atención ha pasado del producto al diseño de los procesos de producción y al control de los mismos; la calidad se asegura como parte integral de hacerlo todo bien desde el principio hasta el final de la elaboración del producto; las mediciones o exámenes no se hacen fuera de la producción, sino en el proceso de producción mismo, en el lugar necesario, cuando es necesario, es decir in situ y en tiempo real, lo cual evidentemente implica el empleo de tecnología avanzada.
Este cambio radical que se está produciendo en el proceso de la producción industrial ha hecho de la medición la parte integral de un sistema cerrado que controla el proceso y asegura de manera constante la alta calidad del producto.
De esta manera, la metrología se ha convertido en un componente fundamental de la infraestructura tecnológica sobre la que se apoyan y hace posible todos los procesos de innovación industrial, de producción de calidad y de penetración en los mercados nacionales o internacionales.
Este nuevo papel de la metrología, así como su vinculación estrecha con las tecnologías emergentes, nos permite entender con claridad el porqué en los países desarrollados los laboratorios equivalentes al Cenam no sólo constituyen una pieza clave en la política tecnológica, sino que les amplían y elevan sus funciones de tal manera que a la función de desarrollar investigación en materia de estándares y sistemas de referencia, ahora se les están incrementando sus recursos económicos y sus atribuciones a fin de que puedan desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de nuevas tecnologías que la industria requiere para conservar o alcanzar competitividad en los mercados globales.
La lección para nosotros respecto a tendencias, ahora que estamos trabajando intensamente para estructurar un sistema nacional de calibración que nos permita alcanzar nuestros objetivos nacionales de desarrollo económico, es que debemos analizar atenta y consistentemente estos cambios y a la luz de la experiencia que arroja la obra realizada, hacer las correcciones o suplir las omisiones de tal manera que vayamos perfeccionando nuestro Sistema
Nacional de Calibración, a fin de que pueda contribuir de una manera más acelerada y efectiva a la modernización de la industria nacional.
III. Necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Calibración
Al crearse el Sistema Nacional de Calibración, integrado fundamentalmente por el Centro Nacional de Metrología, como laboratorio primario y los laboratorios de calibración acreditados por la Secofi y que son los que de manera directa prestan los servicios correspondientes a la industria, no se formularon las normas necesarias para asegurar que el Cenam y los laboratorios nacionales de calibración funcionaran realmente como un sistema; es decir, que interaccionen y estén vinculados de tal manera que cumpliendo funciones complementarias y apoyándose mutuamente para garantizar plena solvencia técnica, trabajen para alcanzar el objetivo común de proporcionar a la industria mexicana la infraestructura de servicios tecnológicos fundamentales para lograr competitividad internacional.
El perfeccionamiento del sistema se hace necesario tomando en cuenta que una condición para el acceso a los mercados internacionales es que los productos de un país determinado se sujeten a mediciones o pruebas con instrumentos aprobados por los laboratorios nacionales equivalentes al Centro Nacional de Metrología. Es decir, en los mercados internacionales se exige lo que se llama la trazabilidad de un producto, que no es otra cosa que el hecho de que en su elaboración, se aplique un procedimiento para asegurar la calidad del mismo mediante el cual la incertidumbre del instrumento de medición o patrón de referencia empleado para ello, es referido a la incertidumbre de otro instrumento o patrón de mayor exactitud, que en el caso de México se refieren a los del Centro Nacional de Metrología.
Este perfeccionamiento del Sistema Nacional de Calibración se puede lograr si se le otorga al Cenam la responsabilidad de la coordinación del mismo. Con ello, se garantizaría la compatibilidad, uniformidad y trazabilidad de las mediciones industriales y científicas, toda vez que los laboratorios de calibración tienen que recurrir necesariamente al Cenam para obtener trazabilidad a los patrones nacionales; además, se simplificaría el proceso administrativo para lograr en la práctica que el sistema funcione como tal. Por otra parte, esto permitiría que nuestros laboratorios de calibración y el Centro Nacional de Metrología cooperen de una manera constante y sistematizada en la solución de los complejos problemas técnicos que están surgiendo en las nuevas tendencias para asegurar la calidad de un producto, tal como lo hemos señalado ya.
Desde otro punto de vista, también se perfeccionará el funcionamiento del Sistema Nacional de Calibración si se establece en la ley que el Cenam debe regular técnicamente el proceso de acreditamiento de los laboratorios de calibración por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Esta atribución nueva del Cenam daría como resultado el que los laboratorios de calibración fueran avalados desde el momento de su acreditación, por la opinión y los servicios del Cenam, que ya están reconocidos internacionalmente; simplificaría el proceso técnico administrativo para la acreditación de aquellos laboratorios, y se adaptaría nuestro país a las tendencias internacionales, que se orientan a la armonización de los procesos de medición que se garantizan mediante el acreditamiento técnico de los laboratorios de calibración por los organismos equivalentes al Cenam.
Mediante estas precisiones y otras que les son complementarias, los diputados que suscriben esta iniciativa, están convencidos de que el Sistema Nacional de Calibración de México se fortalecerá y estará en condiciones de cumplir de un modo más fructífero con la necesidad de modernizar a la industria nacional y proporcionarle los instrumentos y medios necesarios para que su productividad y la calidad de sus productos puedan conquistar sectores importantes del mercado internacional en beneficio de la generación de empleos en nuestro país y de la obtención de recursos para seguir financiando nuestros proyectos de carácter económico y social.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados firmantes ponemos a la alta consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto para modificar los artículos 25 y 26 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para quedar como sigue:
Artículo 25. El Sistema Nacional de Calibración se integra con el Centro Nacional de Metrología y los laboratorios de calibración acreditados. En apoyo a dicho sistema la secretaría realizará las siguientes acciones:
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Establecer un banco de información para difundir métodos y procedimientos de calibración en los medios oficiales, científicos, técnicos e industriales.
El artículo 26 debe decir:
Artículo 26. La secretaría acreditará los laboratorios que integran el Sistema Nacional de Calibración mediante comités de evaluación en los términos del artículo 69, siempre que previamente cuenten con la certificación de reconocimiento de capacidad técnica expedida por el Centro Nacional de Metrología y demuestren contar con el personal técnico, organización, métodos y procedimientos operativos adecuados para asegurar la confiabilidad de los servicios que presten.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 14 de julio de 1994.— Diputados: José Treviño Salinas, Gabriela Guerrero Oliveros, Adolfo Kunz Bolaños, Enrique Rico Arzate, Gilberto Zapata Frayre y Alberto Carrillo Armenta.»
El Presidente:
Conforme a lo solicitado al inicio de la exposición de la diputada Guerrero Oliveros, recibo y túrnese a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán, para dar lectura a un memorial de particulares.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, compañero Presidente; honorable Asamblea:
Ciertamente el patriotismo es un compromiso que a todos nos envuelve, como un sentimiento de fidelidad y de identidad a la historia que nos pertenece y a la que pertenecemos.
En este ámbito de deberes históricos, de patriotismo y fidelidad, se inscribe el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez y es el caso de que en atención al reglamento en cuanto se autoriza la lectura de memoriales o peticiones de particulares, voy a solicitar atentamente a la Presidencia, autorice a la Secretaría para que sea leído un documento formulado como petición a esta Cámara por el general José Francisco Gallardo Rodríguez, a efecto de que su petición a la que tiene derecho de acuerdo con nuestras leyes, sea turnada a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Justicia para la atención consecuente.
Destaco sólo que el pensamiento del general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez es ciertamente patriótico en la medida en que le preocupa y le interesa la posibilidad de que el Ejército mexicano al que pertenece con fidelidad y honor, tenga una función en nuestra vida social que sea más acorde con los ideales democráticos.
El señor general considera que dado que esta Cámara de Diputados, dado que el Poder Legislativo es quien puede acordar la guerra, autorizar la presencia de ejércitos extranjeros, autorizar la salida de fuerzas nacionales al exterior y es quien conduce y decide a nombre del pueblo y de la soberanía de la sociedad, la suerte del Estado y del Gobierno, a través de la vigencia ciudadana, se interesa el general porque este control ciudadano y civil sobre las instituciones castrenses, sea el principal y preponderante y que las funciones ejecutivas de éxito y comando que corresponden al Presidente, se ajusten a un equilibrio republicano. De aquí su preocupación por establecer en el ámbito militar la presencia de un ombudsman.
Pero este funcionario, recordemos todos nosotros, tiene funciones representativas de opinión pública para el efecto de reclamar la vigencia de derechos humanos.
El general se preocupa por las relaciones de subordinados con sus altos mandos, para que exista el respeto a esa integridad de derechos humanos, que ciertamente debe de privar en un estado democrático.
Entonces con la opinión favorable de parte del Partido de la Revolución Democrática, es que nos permitimos poner a su muy estimable consideración la petición de un particular, a la que el tiene derecho y sólo para el efecto de que sea turnada en los términos previstos en nuestro Reglamento a las mencionadas comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.
Solicito pues atentamente a la Presidencia de esta Cámara...
El Presidente:
Señor diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Ramón Mota Sánchez (desde su curul):
Quiero subir a la tribuna para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Mota Sánchez, para rectificar hechos.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez (desde su curul):
Señor Presidente, debe primero dictarse la instrucción por su parte, y que se lea el memorial de particulares, y toda vez que el diputado Mota va a hacer uso de la palabra sobre ese asunto, es conveniente que primero se lea el memorial y después se le conceda el uso de la palabra.
Le solicito entonces, que autorice a la Secretaría, como lo hizo el diputado González Durán también, que lea el memorial de particulares e inmediatamente después que le conceda el uso de la palabra al diputado Mota Sánchez.
El Presidente:
El diputado pidió la palabra para rectificar hechos, pero ha cedido su turno para que se lea el oficio que se ha presentado. Rogamos a la Secretaría le dé lectura.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
Presidente de la Cámara de Diputados. San Lázaro, D.F. - Presente.
José Francisco Gallardo Rodríguez, general brigadier del Ejército mexicano, con 31 años ininterrumpidos de servicio, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública con estudios de maestría y doctorado en la misma especialidad por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, graduado en dos diplomados con mención honorífica en el Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados; en la actualidad privado de mi libertad en la prisión militar del Campo Militar número uno desde el día 9 de noviembre de 1993, por hechos prefabricados por orden del alto mando militar, por haber manifestado públicamente la necesidad de un ombudsman militar en México y por defender mis derechos sin declinar y dejarme humillar; ante usted con el debido respeto comparezco y le expongo lo siguiente:
1) Con fecha 16 de noviembre de 1988, fui promovido al grado de general brigadier y ratificado por el Senado de la República, ese mismo año se me concedieron las condecoraciones: Mérito Docente y Servicios Distinguidos en el Ejército, por servir sobradamente a la institución.
2) Con fecha 1o. de diciembre de 1988, es decir al inicio del actual sexenio me visitó el general Antonio Riviello Bazán secretario de la Defensa Nacional en la villa ecuestre la cual fue manejada directamente por el general Juan Arévalo Gardóqui; ahí me dijo que me iba a procesar porque era un ratero. Sin más me relevó del mando y ordenó una inspección y auditoría por parte de la Contraloría del Ejército y de la Policía Judicial Militar; después de seis meses, es decir, en junio de 1989, se dio por cerrado el caso en virtud de que no se encontró ningún faltante ni novedad alguna.
3) Después ordenó que fuera director de la Escuela Militar de Equitación, la cual desapareció, en donde también fui inspeccionado y amenazado por el mismo alto funcionario.
4) Posterior a la amenaza e inspección fui relevado, como no se encontró faltante o irregularidad alguna en julio de 1989 ordenó que recibiera el criadero militar de ganado en Santa Gertrudis, Chihuahua.
5) Cuando salí a incorporarme a Chihuahua persistía la amenaza de ser procesado, así en los primeros días de octubre de ese año recibí en las instalaciones bajo mi cargo al señor Fernando Riviello Elizondo, capitán primero pasante de médico veterinario desertor del Ejército y sobrino del secretario de la Defensa Nacional. Arribó al criadero militar con el cargo de supervisor de las tiendas y granjas Sedena; este señor pretendía que le diera 1 mil millones de viejos pesos del presupuesto para adquirir ganado vacuno para la instalación, no obstante, que el criadero es caballar, por supuesto no accedí y por ello comenzó a amenazarme y
mal informar a su tío (el general Riviello) de mi trabajo y capacidad.
6) El 7 de noviembre de 1989 llegó al campo militar el general Riviello y me dijo frente a mi tropa que estaba formada que era un ratero y que me iba a procesar. El 16 del mismo mes arribó una inspección y realizaron una auditoria secreta. Un mes después, el 16 de diciembre fui relevado del cargo.
7) Quedé a disposición del alto mando militar y en calidad de detenido en el cuartel general de la quinta zona militar hasta mayo de 1990.
8) Como no accedí a firmar la baja del Ejército el 11 de mayo de 1990 se me ordenó que me presentara en el juzgado militar adscrito a la séptima zona militar con sede en Monterrey, N. L. Se me procesó y encarceló por el término de un año como presunto responsable de malversación, fraude, daño en propiedad de la nación y abuso de autoridad. En noviembre de 1992 (después de más de dos años de lucha), se me concedió el amparo y protección de la justicia federal, o sea que resulté inocente, o lo que es lo mismo fui procesado y encarcelado sin razón y justificación legal.
9) En marzo de 1991 presenté denuncia en contra del juez militar por extorsión, por lo que fui trasladado a la 1a. zona militar en México D.F. Al presentarme fui llamado por el general brigadier Mario Guillermo Fromow García, procurador general de Justicia Militar y me amenazó de que si no retiraba la demanda en contra del juez militar me atuviera a las consecuencias. Estando así las cosas se me abrieron varias averiguaciones previas, una por la pérdida de una pila y perilla de un radio, otra sobre los mismos hechos por cuales ya había sido absuelto, otra por supuestos faltantes del 26 regimiento de caballería, unidad a la cual nunca pertenecí; así en abril de 1992, se me acusó por deserción, fui procesado y encarcelado sin razón y justificación legal, ya que el 21 de enero de 1993 se me concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, resultando inocente.
10) En consecuencia me entreviste con el general Ochoa Toledo subsecretario de la Defensa Nacional; me comentó que el secretario estaba muy molesto porque me había amparado, que no tenía derecho a nada y que, aunque había salido absuelto para el secretario seguía siendo culpable, muy su opinión, la cual no comparto.
11) Por ello recurrí de nueva cuenta a la justicia federal, pero ahora en materia administrativa para reclamar mis derechos y prestaciones de las cuales fui privado arbitrariamente. Esto provocó gran molestia y enojo al alto mando, por lo cual y para que no siguiera litigando mis asuntos, ya que todos los he ganado por mi propio derecho, con fecha 16 de septiembre de 1993, fui trasladado a la plaza de Hermosillo, Sonora.
12) Estando en Hermosillo me enteré que se me seguía investigando, pero no me preocupaba ya que sabía que había sido absuelto en todas las instancias.
13) El día 13 de septiembre envié un escrito al secretario de la Defensa Nacional, donde le solicité respeto y reconocimiento de mi inocencia, haciéndolo responsable de lo que le pudiera pasar a mi vida y seguridad física, así como a la de mi familia, esto por las amenazas de muerte que había recibido por parte de la Policía Judicial Militar.
14) En agosto de 1993 expuse en la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el tema de mi tesis de maestría: Las necesidades de un ombudsman militar en México, donde una de mis hipótesis fue "la prepotencia, la impunidad y el ejercicio irracional del poder en el Ejército ponen en riesgo la seguridad nacional".
15) En octubre de 1993, se publicó en la revista Forum parte de la exposición en torno a las necesidades del ombudsman militar. Así las cosas, por la carta que dirigí al Secretario de la Defensa, el 13 de septiembre y por la publicación se me dictaron dos autos de formal prisión por difamación.
16) El 9 de noviembre de 1993 en Hermosillo Sonora, fui detenido arbitrariamente y conducido a la prisión militar del Campo Militar No. 1 situado en esta ciudad. Ahí (en donde aún sigo preso) se me dictó auto de formal prisión por el delito de malversación que la soportan en la averiguación que quedó cerrada en 1989 con motivo de mi gestión en la Villa Ecuestre en 1988. A la fecha tengo dictados en mi contra tres autos de formal prisión y dos averiguaciones previas más, por hechos de los cuales ya había sido investigado y resultado absuelto.
17) Todo este asunto se ha ventilado en la prensa nacional e internacional; el alto mando realizó una campaña de descrédito hacia mi persona en la prensa y dentro del Ejército, violando las leyes militares y los ordenamientos disciplinarios, obligando al personal de tropa a enviar quejas conjuntas en mi contra, además
los instigaron junto a los oficiales para que me faltaran el respeto como general, en un acto de provocación, pues con ello le demostraban "lealtad al secretario".
18) Todavía, no conforme con el hostigamiento durante todo lo que va del sexenio y de que se me ha encarcelado ya en cuatro ocasiones sin razón y justificación legal y por la prepotencia del alto mando, ya estando privado de mi libertad, se ha interferido mi defensa, mis pruebas dicen que no tienen validez, el juez es parcial, induce a los testigos y ayuda a la acusación, se me ha incomunicado, se me ponen trabas para todo, se me tiene vigilado permanentemente, no se da trámite a mis documentos, se me prohibe recibir documentación y se viola mi correspondencia, se hostiga y amenaza a mi familia y amistades, se instiga a los internos para que me agredan, me amenazaron de muerte y agredieron físicamente dentro de la prisión, a mi familia le quitan en la entrada de la prisión cualquier revista, libro, periódico o texto que me pueda servir de distracción, cultura, o para mis estudios académicos, me robaron de mi locker 2 mil nuevos pesos, me pagan la raquítica cantidad de 350 pesos a la quincena, constantemente se me humilla, cambiaron a dos de mis amigos a una prisión de alta seguridad civil en el Estado de Jalisco como represalia de mantener amistad conmigo, a otros dos cercanos amigos los aislaron y prohibieron rotundamente dirigirme la palabra y en fin, tratan de acabar con mi persona y dignidad, dejando ver que la impunidad existe, así como la prepotencia y el autoritarismo.
19) El Ejército necesita de una reestructuración que le permita estar al nivel de los cambios que están sucediendo en nuestro país. Por manifestar lo anterior se me ha respondido con agresiones y con calificativos de desprecio.
20) Quedan en la impunidad hechos graves y degradantes que han puesto en tela de juicio la reputación de México en el ámbito internacional, como son los hechos graves que sucedieron en Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán; la actuación cuestionable en Chiapas; las omisiones del servicio de seguridad en el magnicidio de marzo; colusión de altos mandos en el narcotráfico; malversaciones de grandes cantidades de dinero; nepotismo; ineptitudes en general que sólo demuestran el culto a la impunidad y el rompimiento de las estructuras del instituto armado que ponen en riesgo la seguridad nacional.
21) He sido víctima de la violación a mis derechos, durante cinco años, he sostenido defensas en los tribunales y les he demostrado mi inocencia con las resoluciones a mi favor en nueve amparos en materia penal y siete en materia administrativa.
No soy narcotraficante, ni homicida, ni ladrón, ni delincuente; mi propuesta es modernizar al Ejército mediante la instauración de un ombudsman militar, que vigile la actuación de los mandos en todos los niveles y la aplicación de los recursos, que el alto mando militar comparezca y explique como se ejerció el presupuesto y las actividades generales que se realizaron durante el año (esto pasa en las naciones más desarrolladas). El pueblo de México debe saber con que Ejército cuenta, debe sentirse seguro y orgulloso de él, pero para eso es indispensable que se tomen ciertas medidas que conduzcan a su modernización. Todos estos cuestionamientos me preocupan, porque tengo un compromiso con mi patria, con mi nación y con mi pueblo.
En mis 31 años de servicio he sentido con lealtad a las instituciones, soy partidario de la democracia, del respeto al federalismo, de la división de poderes, de la independencia del poder judicial, de la subordinación total del Ejército al poder soberano del Estado, del respeto irrestricto a los derechos humanos y de la participación pluripartidista.
¡En este Ejército y en ese México sueño!
Soy patriota y respetuoso de la Constitución, por ello lo entero de este mi problema, por lo que solicito su valiosa intervención para mi inmediata liberación. Considero que si queremos llegar al siglo XXI como Estado moderno, se necesita que el desarrollo del Estado y la actuación de la autoridad, se sustente en el respeto al individuo, a la dignidad humana y a los derechos ciudadanos, pues ahí radica el poder nacional.
Por lo antes expuesto, muy respetuosamente solicito: se turne a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, para que investigue la denuncia aquí presentada, e informe a la brevedad posible a esta soberanía de los resultados.
Atentamente.
General brigadier y licenciado, José Francisco Gallardo Rodríguez.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Ramón Mota.
El diputado Ramón Mota Sánchez:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
En virtud de que únicamente tengo cinco minutos para hablar sobre este asunto, quiero alertar a todos los señores diputados, acerca de este asunto en particular, y lo haré en forma muy breve, reservándome para cuando esto se pueda discutir en forma más amplia, ya que tengo un expediente bastante extenso de la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre el particular.
Únicamente quiero decir a ustedes, que el general Gallardo, que ascendió al grado de general por sus habilidades ecuestres, carece de la autoridad profesional, de la autoridad moral, debido a los delitos que ha cometido, para pretender modernizar al Ejército mexicano. Afortunadamente hay muchos militares profesionales que lo están y lo seguirán haciendo.
Quiero señalar que el general Gallardo, a través de esa larguísima novela que se acaba de leer y de la que ustedes se enteraron, señala una enorme serie de inexactitudes respecto a su actuación militar y particularmente a los problemas que ha enfrentado últimamente por los delitos del orden militar que ha cometido. Así, que insisto en alertar a todos ustedes que este asunto es un asunto estrictamente de la justicia militar, y que siendo muy hábil el general Gallardo, lo ha contaminado con asuntos de carácter político, y no es una casualidad que la revista Proceso y el Partido de la Revolución Democrática, se hayan erigido en defensores de este general que ha cometido delitos del orden militar perfectamente definidos y por los cuales está sometido a proceso.
Espero que no haya más engaños ni mayor contaminación política electorera en este caso que corresponde estrictamente a la justicia militar. Muchas gracias.
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
El Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de los diputados que formarán parte en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente.
El secretario José Raúl Hernández Ávila:
Se va proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 300 votos por la planilla propuesta y cinco votos por diversas planillas.
El Presidente:
En consecuencia, se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LV Legislatura, los siguientes diputados:
Propietarios: Miguel González Avelar, Manuel Díaz Infante, Pedro Ojeda Paullada, Manuel Garza González, Juan Antonio Nemi Dib, María Esther Scherman Leaño, Héctor Ortiz Ortiz, Laura Alicia Garza Galindo, Jorge Vinicio Mejía Tobías, Efraín Zúñiga Galeana, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan de Dios Castro Lozano, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Gonzalo Altamirano Dimas, Ricardo Valero, Rosa Albina Garavito Elías, Alberto Carrillo Armenta, Servando Hernández Camacho y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Sustitutos: Joaquín Hendricks Díaz, José Rodolfo Treviño Salinas, Jorge Flores Solano, Florencio Salazar Adame, Ricardo López Gómez Alvaro Salazar Lozano, Mario del Valle Fernández, Victoria Reyes Reyes, Jesús Sarabia Ordóñez, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Fernando Gómez Mont Urueta, José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, Fernando Estrada Sámano, Esteban Zamora Camacho, Enrique Rico Arzate, Francisco Saucedo Pérez, Israel González Arreguín, Alfredo Castañeda Andrade y Juan Campos Vega.
Todos ellos con 300 votos.
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente:
El siguiente punto del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que modifica y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Guillermo Jorge González Díaz:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto de la honorable Cámara de Senadores, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue radicada ante el pleno de esta Cámara de Diputados en su sesión pública ordinaria del 6 de los corrientes.
Esta comisión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 último párrafo y 72 primer párrafo e incisos a y e, en lo conducente, del propio numeral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 base 1, 54, 56, 58 fracción I y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en vigor; 65, 87, 88, 90 parte final, 92, 135, 136, 137, 141 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y habiendo recibido la opinión favorable que sobre el particular se solicitó a la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales de esta Cámara, se abocó al estudio de la minuta proyecto de decreto, de que se trata, por lo que nos permitimos presentar a la digna consideración de ustedes el siguiente
DICTAMEN
La minuta proyecto de decreto en cuestión, reviste, por su propia naturaleza, importancia y trascendencia singulares, toda vez que se trata de la actualización al ordenamiento fundamental que rige la organización y funcionamiento del Congreso de la Unión, institución republicana que, integrada desde luego por la Cámara de Diputados y la de Senadores, da cuerpo, conjuntamente con el Poder ejecutivo Federal y el Poder Judicial de la Federación, al mandato histórico y jurídico - político de la coexistencia de los tres poderes federales, como forma fundamental de gobierno en el marco de nuestro régimen de derecho.
Para quienes integramos esta comisión resulta sumamente importante elaborar hoy este dictamen, habida cuenta de que el primer impulso para la revisión de la mencionada ley orgánica surgió precisamente de esta comisión que suscribe, como resultado del consenso que en tal sentido se logró ente los diputados integrantes de la misma.
En esa virtud, mucho satisface a esta instancia colegiada de dictamen, encontrarse en la condición de presentar, a la aprobación plenaria, la síntesis del esfuerzo de las dos cámaras legislativas federales de la nación, por actualizar y perfeccionar la ley orgánica de nuestro Congreso general. En este contexto, resulta grato dejar constancia de reconocimiento a los diversos esfuerzos que para la consecución del mismo objetivo realizaron diferentes legisladores federales a lo largo de las últimas legislaturas, tanto bajo la forma de proyectos de ley o de decretos de reformas, como a través de pronunciamientos y propuestas específicas planteadas en multitud de ocasiones desde las propias tribunas de ambas cámaras.
Hechas las anteriores consideraciones, estimamos pertinente dar cuenta de los siguientes
ANTECEDENTES
Como lo recuerda en su dictamen la Comisión de Reglamentos de la honorable colegisladora, fue un grupo de integrantes de la Comisión de
Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias de esta Cámara de Diputados, quien elaboró y sometió a la consideración del pleno de este órgano legislativo federal, la iniciativa de modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que es materia del presente proceso legislativo.
En efecto, dicha iniciativa se presentó el 1o. de diciembre de 1992 sobre la base de alcanzar tres objetivos en ese momento impostergables, mismos que se sintetizaron en adecuar tal ley a las sucesivas y muy diversas producidas a la Carta Magna y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como incorporar al cuerpo del ordenamiento, la suma de los acuerdos parlamentarios aprobados también hasta ese momento por nuestra legislatura, relativos a normar aspectos diversos del funcionamiento y organización de esta Cámara de Diputados y la proposición de nuevos mecanismos de trabajo y prácticas legislativas para esta Cámara en lo particular y para el Congreso general.
El dictamen correspondiente fue presentado a la Asamblea el 9 de diciembre de 1992, mereciendo la aprobación correspondiente. Producido lo anterior, fue enviado de inmediato a la honorable colegisladora y dicha minuta es materia de su última fase en los términos del procedimiento constitucional y legal correspondiente.
Ciertamente, como lo alude la colegisladora, la minuta en cuestión se ocupó en forma exclusiva del articulado de los títulos Primero, Segundo y Cuarto, toda vez que en atención a la irrestricta independencia y mutuo respeto que inverteradamente se otorgan entre sí ambas cámaras, hubiera sido por demás inconsistente intentar modificar la regulación específica del Senado de la República, de tal suerte que se vislumbró, tal y como afortunadamente ha sucedido, la incorporación y coincidencia plena en el mismo esfuerzo por parte de la honorable Cámara de Senadores, hecho por demás manifiesto con el avance del presente proceso legislativo.
Por otra parte, de diciembre de 1992 a la fecha, se han producido reformas constitucionales y legales que inciden en el ámbito de la integración, atribuciones y reformas de organización de ambas cámaras legislativas, como son las modificaciones a los artículo 41, 54, 56, 60, 63, 65, 66, 74, y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De entre esas reformas, la colegisladora destaca como de particular relevancia para el ordenamiento que rige la vida interna del Poder Legislativo federal, las relativas a:
1) La ampliación de la Cámara de Senadores a un total de 128 integrantes, a razón de cuatro representantes por cada entidad federativa y el establecimiento de un mecanismo para que la segunda fuerza electoral en cada entidad tenga representación en el Senado.
2) El establecimiento del proceso de declaración de validez de las elecciones de diputados y senadores como responsabilidad del organismo público encargado de la función estatal electoral, con la posibilidad de impugnación ante el Tribunal Federal electoral y la elevación de sus fallos a la categoría de definitivos e inatacables y
3) La revisión del calendario de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, para retornar a la tradición del inicio del primer período de sesiones ordinarias el 1o. de septiembre de cada año con una duración hasta el 15 de diciembre del mismo año, salvo que se trate del año en que se inicia el período presidencial, cuando podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre y recorrer el inicio del segundo período de sesiones ordinarias al 15 de marzo de cada año, con una duración hasta el 30 de abril del mismo año.
Con base a la aprobación por parte del Poder Constituyente Permanente de las anteriores a la Ley Fundamental, la Comisión de Reglamentos del Senado de la República intercambió puntos de vista con la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarais de esta Cámara de Diputados, a fin de establecer los mecanismos de trabajo que resultaran de idóneos para revisar la minuta procedente de nuestra Cámara. Al respecto, se estableció la conveniencia de preparar conjuntamente distintos textos para que en su oportunidad fueran considerados por las comisiones señaladas en sesiones de conferencia. Sobre esa base, se celebraron distintas reuniones de trabajo entre los grupos de redacción de textos y dos sesiones formales de conferencia, para buscar puntos de acuerdo sobre la redacción de las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General.
Mediante la metodología expuesta hubo oportunidad de considerar textos para la modificación de los artículos relativos a la Cámara de Senadores, como de reflejar en el articulado referente al Congreso general, a la Cámara de Diputados y a la Comisión Permanente, las adecuaciones que fueran menester como resultado de las reformas constitucionales esquematizadas anteriormente.
A este respecto, en su dictamen, la Comisión de Reglamentos de la honorable Cámara de Senadores ha querido dejar constancia de la práctica del diálogo y el ánimo de entendimiento y colaboración que privó en los trabajos de conferencia con la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Si bien es cierto que los representantes de los distintos grupos parlamentarios que participaron en esas tareas tenían algunos puntos de vista diferentes y hasta discrepantes, se pudo lograra el acuerdo fundamental de proponer en el dictamen que se presentó a la consideración de la Cámara de Senadores, aquellos planteamientos en que se alcanzó el consenso para cumplir objetivos de adecuar nuestra Ley Orgánica a los textos de la Ley Suprema y de algunas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; de incorporar a dicho ordenamiento los acuerdos y las prácticas parlamentarias que han sido útiles para dar cauce a los trabajos de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados y de establecer en la propia ley aquellas disposiciones novedosas que contaron con el respaldo de los grupos parlamentarios representados en los referidos trabajos de conferencia.
CONTENIDO DE LAS REFORMAS QUE SE PROPONEN
Como se ha apuntado, la minuta aprobada en diciembre de 1992, por esta Cámara de Diputados, contempló únicamente la modificación de diversas disposiciones correspondientes al Congreso general, a la Cámara de Diputados y a la Comisión Permanente. En la minuta que se propone ahora por parte de la colegisladora, se contemplan también naturalmente modificaciones a la disposiciones referentes a la Cámara de Senadores.
En términos del artículo 72 constitucional, la minuta proyecto de decreto para reformar y adicionar la ley que nos ocupa, fue aprobada en la Cámara de Diputados, desde luego como cámara de origen y se remitió para su discusión a la Cámara de Senadores tal y como lo dispone el inciso del artículo señalado. Como se sabe, la ley que nos ocupa no puede ser objeto de veto por parte del Presidente de la República, según lo consagra el último párrafo del artículo 70 constitucional y por tal motivo no ha operado, dentro del proceso legislativo que nos ocupa, ningún término perentorio.
En tales condiciones, el dictamen y aprobación provenientes de la Cámara de Senadores nos coloca en las bases que establece el inciso e del referido artículo 72 constitucional, mismo que textualmente señala que: "si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la cámara revisora, la nueva discusión de la cámara de su origen versará únicamente sobre las reformas o adiciones, sin poder alternarse en manera alguna los artículos aprobados".
Con base en lo anterior, el proceso legislativo de nuestra original minuta proyecto de decreto deviene ahora en facultad de la Cámara de Diputados, como cámara de origen, de discutir únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones hechas por la colegisladora, sin que proceda la alteración en manera alguna a los artículos aprobados por ambas cámaras. En tal inteligencia, mucho satisface a esta comisión dictaminadora, el hecho de que la colegisladora haya coincidido a plenitud con el espíritu de la reforma y casi en su totalidad con las modificaciones propuestas originalmente en la minuta enviada por esta Cámara en diciembre de 1992.
Para efectos de claridad expositiva, en cuanto al contenido de la minuta que se pone a consideración de esta honorable Asamblea, procedemos a exponer la recapitulación de las modificaciones que se plantean en cada título de nuestra Ley Orgánica.
1. Título Primero. Del Congreso general
Actualmente, este título consta de 13 artículos. En la minuta se propone su integración con 14 artículos para ordenar mejor sus disposiciones. Además se plantean las siguientes adecuaciones:
La modificación del párrafo primero del artículo 2o. para hacer una precisión de estilo en cuanto a la integración de la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por el artículo 52
constitucional, y la modificación del segundo párrafo del propio artículo 2o., para reflejar la integración de la Cámara de Senadores en los términos que ahora dispone el artículo 56 constitucional.
La corrección del primer párrafo del artículo 4o. para adecuarlo a lo dispuesto por el artículo 65 constitucional en materia de apertura de periodos de sesiones ordinarias; la introducción de senados párrafos segundo y tercero, para reflejar lo previsto por el artículo 66 constitucional en materia de terminación de los periodos de sesiones ordinarias y la ubicación como párrafo cuarto del actual párrafo segundo de esta disposición. La modificación al primer párrafo del artículo 7o., para precisar la celebración de sesión conjunta del Congreso de la Unión, en las nuevas fechas de apertura de los periodos de sesiones ordinarias y la corrección de estilo del párrafo segundo en materia de declaratoria de apertura de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso.
La modificación al primer párrafo del artículo 8o., para adecuar su redacción a lo dispuesto por el artículo 69 constitucional, sobre el informé que presenta el Ejecutivo de la Unión en la apertura del primer período de sesiones ordinarias de cada año legislativo.
La modificación al artículo 9o., para señalar con claridad el quórum constitucional requerido para sesión de Congreso general.
La modificación al artículo 10, para retomar con la debida precisión, parte de la disposición actualmente contenida en el artículo 9o., para la hipótesis del artículo 84 constitucional. De esta forma, en el artículo 10 se precisaría que, en tratándose de eses supuesto, se requiere un quórum calificado de dos terceras partes del total de los miembros del Congreso general; y que el Congreso convocará a elecciones en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir del siguiente a aquél en que hizo el nombramiento.
La introducción del nuevo texto para el artículo 11, con objeto de establecer en este ordenamiento las disposiciones consecuentes de las hipótesis a que se refiere el artículo 85 constitucional, para el caso de que al inicio de un período constitucional no se presente el Presidente electo o la elección no estuviere hecha y declarada el 1o. de diciembre, y para el supuesto de falta temporal del Presidente de la República.
Por otra parte, en este título se plantea la remuneración de los actuales artículos 11, 12 y 13 como artículos 12, 13 y 14 , sin que sus textos sufran modificación alguna.
2. Título Segundo. De la Cámara de Diputados
La modificación de la denominación del Capítulo I, titulado actualmente "Del Colegio electoral" para titularse "De la instalación de la Cámara ", así como la modificación de sus anteriores secciones primera, segunda y tercera, para compactarse en senadas secciones primera y segunda, denominadas "De la comisión instaladora" y "De la calificación de la elección presidencial".
La modificación del anterior artículo 14, que pasa a ser artículo 15, para adecuar el objeto de la Comisión Instaladora, a fin de que lo sea de la nueva legislatura y no del colegio electoral de la misma y la especificación de los organismos electorales a los que la Cámara comunicará la designación de su comisión instaladora.
La modificación del anterior artículo 15, que pasa a ser artículo 16, toda vez que su contenido ha quedado insubsistente con la modificación constitucional que suprimió los colegios electorales. Ahora se establecerían como funciones de la comisión instaladora, las relativas a la recepción de expedientes de los consejos distritales sobre la elección del Presidente de la República, de diputados de mayoría relativa y de recursos interpuestos en esas elecciones; a la recepción de constancias de asignación de diputados de representación proporcional; a entregar credenciales de identificación y acceso a los diputados electos a la nueva legislatura; a la cita de los diputados electos a la junta previa del primer período de sesiones de la nueva legislatura y a la entrega inventariada de la documentación electoral recibida, a la primera mesa directiva de la nueva legislatura.
Los anteriores cambios obligan a la derogación de los textos de los actuales artículos 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, relacionados con tareas de la comisión instaladora y del colegio electoral de la Cámara.
La fusión de los actuales artículos 17 y 215, en lo que sería el nuevo artículo 17 para adecuar sus textos a la desaparición del Colegio Electoral y dar cabida a los procedimientos que deberá seguir la comisión Instaladora en la junta previa que celebrará la nueva legislatura, así como para establecer las normas relativas a la protesta constitucional del Presidente de la primera mesa directiva de la nueva legislatura, la toma de dicha protesta a los integrantes de la misma, la declaratoria de legal conciliación de dicha legislatura y la designación de comisiones de cortesía para comunicar la instalación de a nueva legislatura.
La remuneración del actual artículo 27, que pasa a ser artículo 18, manteniendo íntegro su texto sobre la validez de los acuerdos de la Cámara en los que participen diputados cuya elección se anule con posterioridad.
La modificación del actual artículo 24, que pasa a ser artículo 19, relativo a la función constitucional de la Cámara de Diputados como órgano de calificación de los comicios para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En esencia, la redacción se mantiene, salvo en el párrafo segundo sobre el plazo para llevar a cabo esta tarea, proponiéndose ahora que "la declaración relativa a la calificación de la elección presidencial deberá emitirse antes del 30 de septiembre del año de la elección".
La introducción de un nuevo artículo 20, que establecería normas de procedimientos para la calificación de la elección presidencial, señalándose que el dictamen relativo compete a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara, la cual deberá quedar integrada en la primera sesión ordinaria que celebre la propia Cámara, que dicha comisión se basará en los resultados consignados en los expedientes de cómputo distrital y, en su caso, en las resoluciones de las salas del Tribunal Federal Electoral que resulten pertinentes. También se precisa que las salas del Tribunal remitirán a la Cámara los fallos que dicten sobre recursos de inconformidad contra los resultados del cómputo distrital de la elección presidencial, a más tardar con tres días de anticipación al inicio del primer período de sesiones ordinarias de la nueva legislatura. Además, se señala que la Cámara verificará los requisitos de la elegibilidad de los candidatos y declarará la validez de la elección y se reitera que declarará electo al candidato que hubiere obtenido el mayor número de votos en la elección correspondiente.
La adición en el actual artículo 29, que pasa a ser artículo 22, de un segundo párrafo para señalar que la mesa contará con la asistencia de un cuerpo técnico profesional de apoyo, cuyas funciones determinará el Reglamento.
La modificación del actual artículo 30, que pasa a ser artículo 23, para adecuar las fechas de elección de la mesa directiva al nuevo calendario constitucional.
La remuneración de los actuales artículos 31, 31 y 33 que pasan a ser los artículos 24, 25 y 26 respectivamente.
La modificación del actual artículo 34, que pasa a ser artículo 27, que le adicionan un párrafo segundo a su inciso d, para precisar el requerimiento de que el orden del día señale con claridad aquellos asuntos que requieren votación y los que tengan carácter puramente deliberativo o de trámite, y que en caso de falta de secretarios o prosecretarios el Presidente de la mesa directiva podrá habilitar de entre los diputados presentes en la sesión de que se trate a los que hagan esas funciones. También se plantean modificaciones al inciso g, para adecuar la correlación numérica a la disposición que se cita y de estilo al inciso j.
La modificación al inciso m, del actual artículo 36, que pasa a ser artículo 29, con relación a las atribuciones de la Secretaría, para referir la creación y existencia del cuerpo técnico profesional de apoyo.
La remuneración del actual artículo 37, que pasa a ser artículo 30, sin modificar su texto.
La supresión en el Capítulo III, denominado "De los grupos parlamentarios" de la división de sendas secciones relativas a la integración de dichos grupos, a las diputaciones y la Gran Comisión. De esta forma, el Capítulo III conserva su denominación y el capítulo asume el contenido de la anterior sección segunda.
El nuevo artículo 31 subsume el texto de los artículos 38 y 39 de la ley vigente, incorporando además, el señalamiento de que dichos grupos parlamentarios estarán integrados por cuando menos cinco diputados, tal y como ya lo dice el artículo 40 vigente. Se añade además un párrafo que recoge el reciente acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política respecto a los diputados que dejan de
pertenecer a un grupo parlamentario, sin integrarse a otro existente, los cuales serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que merecen todos los legisladores y recibir en lo individual apoyo, conforme a las posibilidades de la Cámara.
En el artículo 32, equivalente al artículo 40 vigente se inicia la modalidad de llamar "coordinador" a quien encabeza o dirige cada grupo parlamentario.
La modificación de estilo del actual artículo 40, al remitirse al nuevo artículo 31 del requisito del número mínimo de cinco diputados para integrar un grupo parlamentario. El resto del artículo corresponde íntegramente a los actuales párrafos segundo e inicios a y b, del actual artículo 40.
La remuneración de los actuales artículos 41, 42 y 44, cuyos textos pasan sin modificación alguna a ser artículos 33, 34 y 36.
La adscripción del Capítulo IV para agrupar las disposiciones relativas a la diputaciones y la Gran Comisión.
La modificación del actual artículo 46, que pasa a ser artículo 38 para adecuar la remisión que se hace al actual artículo 42 y que corresponde al artículo 34 de las reformas que se proponen, así como para señalar que serán miembros de la Gran Comisión, los diputados de la mayoría que hayan figurado en los dos primeros lugares de la lista de cada una de las circunscripciones plurinominales y aquellos otros diputados que considere el coordinador del propio grupo parlamentario mayoritario. Con base en esta reforma, las actuales fracciones III y IV de este artículo pasan a ser fracciones IV y V, respectivamente. Por lo que hace a la nueva fracción IV, se aumenta el número de integrantes de la mesa directiva de la Gran Comisión, para pasar de dos a tres vocales, suprimiendo la figura de un vicepresidente que se contemplaba en nuestra minuta.
La modificación del actual artículo 47, que pasa a ser artículo 39, relativo a las funciones de la Gran Comisión, particularmente para precisar sus atribuciones en materia de designación de los consejeros propietario mayoritario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
La creación de un Capítulo V, que abarcaría el título y la materia del anterior capítulo IV, bajo la denominación "De las comisiones y comités".
En el artículo 42, equivalente al artículo 50 vigente, donde decía: "Las comisiones podrán ser:", se cambia por "Las comisiones serán:" y en la base 3 que decía "de Vigilancia" se añade "De vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda" para ser más específicos y en correspondencia a la numeración que aparece en el artículo siguiente, donde también se modifica el nombre de nuestra comisión todavía llamada Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, dejándola sólo como de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, a fin de que no se suscite confusión con la nueva y muy importante Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
La modificación de los textos de los actuales artículos 51 y 53, que pasarían a formar el artículo 44, y se actualiza en el sentido de que las comisiones ordinarias se integrarán durante el mes de septiembre del año en que inicie la legislatura correspondiente, en vez de, durante los 15 primeros días de ese mes; salvo en el caso de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que por su naturaleza y funciones deberá integrarse en la primera sesión ordinaria de la Cámara en la legislatura que corresponda. Al igual que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, cuando el inicio de la legislatura de que se trate coincida con elecciones presidenciales.
En el texto que se propone para el artículo 45, se precisa que a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, le corresponde presentar al pleno los nombramientos de consejeros propietarios y suplentes al consejo general del Instituto Federal Electoral que propongan el grupo parlamentario mayoritario y el grupo parlamentario de la primera minoría.
La modificación de l actual artículo 52, que pasa a ser artículo 46, para introducir un segundo párrafo en que se establece la posibilidad de que se constituyan comisiones o comité con miembros de ambas cámaras del Congreso de la Unión, para que con carácter conjunto atiendan asuntos de interés común.
La modificación del artículo 56, que pasa a ser artículo 48 para agregar un párrafo tercero que establece el principio de que las iniciativas que por cualquier motivo no se lleguen a dictaminar
en la legislatura en que se presentaron o los dictámenes que elaboren las comisiones que no llegue a conocer la legislatura que los recibió, quedarán a disposición de la siguiente legislatura con carácter de proyectos; es decir, establecer el principio de la revisión por parte de los grupos parlamentarios de la Cámara, de aquellas iniciativas o dictámenes que se presentaron con anterioridad al mandato de la nueva legislatura para, en todo caso, renovar el planteamiento con la nueva legislatura.
La remuneración del actual artículo 57, relativo a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que pasa a ser artículo 49.
La remuneración del actual artículo 58, que pasa a ser artículo 50, exclusivamente por lo que hace a la actualmente denominada Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, cuya nueva denominación sería, la de Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, pero sin modificar el contenido de esta disposición en cuanto a número de integrantes, características de los mismos, representación de todos los grupos parlamentarios en la comisión y sus atribuciones.
La modificación de estilo del actual artículo 59, que pasa a ser artículo 51, relativo a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
La remuneración de los actuales artículos 60, 61, 62, 63 y primer párrafo del artículo 64, cuyos textos pasan a conformar íntegramente las disposiciones de los artículos 52, 53, 54, 55 y primer párrafo del artículo 56.
En el artículo 57, equivalente al 65 de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, al enumerar los comités con que la Cámara, se añadió que el de biblioteca será también de informática, a efecto de modernizar su concepción y adecuando a la nueva realidad de su operación, gracias a los avances logrados precisamente en esta LV Legislatura.
Finalmente, es de destacarse la modificación del actual artículo 66, que pasa a ser artículo 58, par a precisar que la comprobación del quórum es necesaria para instalar la sesión o cuando haya de efectuarse una votación y que podrá llevarse a cabo mediante el pase de lista, el previo registro de firmas o por medios electrónicos, autorizándose este último procedimiento para recoger las votaciones.
3. Título Tercero. De la Cámara de Senadores
Como lo señala la minuta que nos envió el Senado, la comisión que suscribe dejó en libertad a la Comisión de Reglamentos de la Colegisladora, para que propusiera a su pleno las modificaciones y adiciones que consideran necesarias con el fin de actualizar la integración y el funcionamiento del Senado de la República. Por tal razón, consideramos que el contenido de las reformas a este título, que ha aprobado nuestra colegisladora, debe ser respetado y aprobado por esta soberanía, ya que constituye la expresión de su voluntad soberana respecto a su gobierno interior y a sus prácticas además, que se encuentran apegadas plenamente a los nuevos términos constitucionales y son acordes con el espíritu general de la reforma que hoy analizamos. Por tanto, nos limitaremos a reseñar brevemente las reformas principales relativas al Senado y que hoy se someten a la consideración de esta Cámara.
La modificación del actual artículo 67, que pasa a ser artículo 59, en virtud de la supresión de los colegios electorales de las cámaras como los órganos encargados de declarar la validez de las elecciones de sus miembros. Al efecto, se adecúa la redacción del párrafo primero de esta disposición para contemplar el nombramiento de una comisión encargada de instalar el cuerpo de senadores de la próxima legislatura; se ratifica el contenido del actual párrafo segundo en cuanto a su integración y la actuación de los suplentes designados y se prevé que la Cámara comunique al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Federal Electoral la designación de la comisión referida.
La modificación del actual artículo 68, que pasa a ser artículo 60, para precisar las atribuciones y deberes de la Comisión Instaladora, que se resumen en: recibir las constancias e informes a que se refiere el inciso c, del párrafo primero del artículo 257 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entregar a la primera mesa directiva de la nueva legislatura dichos documentos electorales y expedir a los senadores electos a la nueva legislatura sus credenciales identificatorias.
La modificación del actual artículo 69, que pasa a ser 61, para adecuar sus cinco párrafos a las funciones de la Comisión Instaladora, ante la desaparición de los colegios electorales. Así, se ratifica que los senadores electos se reunirán en el salón de sesiones del Senado en
el año que corresponda a la revolución del poder legislativo, dentro de los 10 días anteriores al inicio del primer período de sesiones ordinarias de la nueva legislatura; la Comisión Instaladora comprobará que estén presentes, la mitad más uno de los senadores electos, como corresponde al quórum del Senado que establece el artículo 63 constitucional; que existiendo quórum se eligirá en escrutinio secreto y por mayoría de votos la mesa directiva para los trabajos del primer mes de ejercicio de la nueva legislatura; que a falta de quórum la Comisión Instaladora convocará a nueva junta para la elección de la mesa directiva y que los miembros de la misma recibirán de la Comisión Instaladora los expedientes, documentos e informes relativos a los senadores electos.
La derogación de los actuales artículos 70, 71, 72 y 73, referentes a la integración del Colegio Electoral, y a procedimientos para llevar a cabo sus trabajos.
La modificación del actual artículo 74, que pasa a ser artículo 62, con la incorporación en su texto del primer párrafo del actual artículo 75 relativo a la declaratoria de legítima constitución del Senado. En efecto, en esta disposición se prevé el otorgamiento de la protesta constitucional por parte del Presidente de la mesa directiva del primer mes de ejercicio de la nueva legislatura, así como la toma de protesta que hará a los demás senadores electos, la mencionada declaratoria de legal constitución del senado y el señalamiento de que los senadores que por cualquier circunstancia se presenten en el pleno con posterioridad a la sesión previa, deberán rendir su protesta constitucional ante el Presidente de la mesa directiva.
La modificación de estilo del actual artículo 76, que pasa a ser artículo 63, relativo a la celebración de la primera junta de los periodos de sesiones ordinarias siguientes al de la instalación del Senado de la República. En esta norma se reitera que dicha sesión previa se efectuará 10 días antes de la apertura del período ordinario y en la misma se elegirá al Presidente y a los vicepresidentes del primer mes, así como a los secretarios y prosecretarios.
La modificación del actual segundo párrafo del artículo 75, que pasa a ser artículo 64, para contemplar la designación de comisiones especiales con el fin de comunicar la constitución de la cámara y la apertura y clausura de sus periodos de sesiones a la Cámara de Diputados, al Presidente de la República, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
La modificación del párrafo cuarto del actual artículo 77, que pasa a ser artículo 65, para incluir a las legislaturas de los estados y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal entre las instituciones a las que se comunicarán los nombramientos del Presidente y vicepresidente de la mesa directiva.
La modificación de reformas del actual artículo 78, que pasa a ser artículo 66, con objeto de no establecer una denominación para el Reglamento que se encargue de prever lo relativo a debates y trámite de los asuntos por parte de la mesa directiva.
La adición de un párrafo segundo al actual artículo 80, que pasa a ser 68, para señalar que "la mesa directiva contará con la asistencia de un Cuerpo Técnico Profesional de Apoyo, cuyas funciones determinará el Reglamento". Esta disposición, que también se introduce en el artículo correlativo de la Cámara de Diputados, entraña el reconocimiento de que las labores de orden jurídico - legislativas que corresponden al Senado y a la Cámara de Diputados, requieren de personal calificado que brinde asesoría e información a la mesa directiva. Con la denominación que se propone, se establecen como principios de su funcionamiento la capacidad técnica y el desarrollo profesional de carrera al servicio del Congreso de la Unión.
La modificación del actual artículo 82, que pasa a ser artículo 70, relativo a la remoción de los integrantes de la mesa directiva, a fin de precisar en la ley las causas de tal procedimiento y no remitirlas a disposiciones reglamentarias como hasta la fecha. Al respecto, se propone que la remoción de los integrantes de la mesa directiva sólo procederá por inobservancia de las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General o del Reglamento del Senado. Para llevar a cabo el procedimiento del caso, se requiere que alguno de los senadores presente la moción respectiva y se adhieran a ella por lo menos dos de los miembros presentes y que se apruebe en votación nominal, después de la discusión correspondiente, en la cual podrán hacer uso de la palabra hasta dos senadores en pro y dos en contra.
La modificación de los incisos e, g, h y k del actual artículo 83, que pasa a ser artículo 71,
relativo a las atribuciones del Presidente de la mesa directiva para precisar la referencia a los artículo 63 y 64 constitucionales en materia de medidas para requerir a las sesiones a los senadores que falten reiteradamente; para adecuar la referencia numérica al artículo que se refiere a la solicitud de auxilio de la fuerza pública; para precisar la suscripción de documentos no sólo el Presidente de la colegisladora, sino también con los secretarios de la misma, y para hacer una modificación de estilo en cuanto a las normas reglamentarias que emanan de la Ley Orgánica del Congreso.
La modificación del actual artículo 85, que pasa a ser artículo 73, para incluir entre las dependencias de la Cámara de Senadores al Cuerpo Técnico Profesional de Apoyo que se comentó al hacer referencia del texto propuesto para el segundo párrafo del artículo 68.
La modificación del actual artículo 86, que pasa a ser artículo 74, para hacer adecuaciones de forma en su párrafo segundo y suprimir el actual párrafo tercero sobre la duración anual de las comisiones especiales. Se adelanta que conforme a la propuesta de reforma a las disposiciones del capítulo relativo, se plantea que las comisiones que actualmente tienen el carácter de especial, pero que funcionan con regularidad en el Senado, se transformen en comisiones ordinarias para dejar la connotación de comisiones especiales a aquellas que se constituyen para efectos jurisdiccionales o para atender necesidades transitorias.
La adición de una nueva disposición, que será el artículo 77, para establecer la atribución homóloga de la que se planteó para la Cámara de Diputados en el párrafo segundo del nuevo artículo 46, en materia de constitución de comisiones o comités conjuntos por parte de las dos cámaras del Congreso para atender asuntos de interés común. Esta propuesta se relaciona con la atención de algunas funciones por parte de las cámaras del Congreso general que requieren una acción coordinada por parte de los cuerpos federales de representación popular.
La modificación del actual artículo 89, que pasa a ser artículo 78, y que comprende la enunciación de las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores. Conforme a la asignación que se propone, estas comisiones sumarían un total de 26, que podrían agruparse conforme a los siguientes criterios:
a) Aquéllas cuya materia se vincula con distintos aspectos de la responsabilidad pública federal, entre las cuales se comprenden las de Agricultura, Ganadería, Silvicultura, y Recursos Hidráulicos; Comercio y Fomento Industrial; Comunicaciones y Transportes; Defensa Nacional; Derechos Humanos; Desarrollo Social y Tecnología; Energía, Minas e Industria Paraestatal; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Justicia Marina; Pesca; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Trabajo y Previsión Social y Turismo.
b) Aquéllas cuya materia se relaciona con aspectos propios de la actividad legislativa a cargo del Senado, como son las de estudios legislativos; puntos constitucionales, reglamentos y prácticas parlamentarias.
c) Aquéllas cuya materia se refiere a actividades propias para el funcionamiento interno del Senado, como son las de administración y de biblioteca, informática y asuntos editoriales.
d) Aquéllas cuya materia se debe al ejercicio de atribuciones propias del Senado que son irrepetibles por cualquier otra institución, la de la Medalla Belisario Domínguez y la jurisdiccional.
La modificación del actual artículo 90, que pasa a ser artículo 79, para precisar que las únicas comisiones especiales serán, la jurisdiccional y las que se constituyan con carácter transitorio para conocer de la materia para las que fueron designadas o desempeñar un encargo específico. Los integrantes de estas comisiones formarán parte de las mismas durante el lapso de su ejercicio.
La modificación del actual artículo 91, que pasa a ser artículo 80, para especificar que la Comisión de Estudios Legislativos no tiene a su cargo la formulación de los dictámenes que se le turnen de consuno con las demás comisiones ordinarias, sino que concurrirá a la elaboración del documento correspondiente.
La modificación de estilo del inciso d, del actual artículo 92, que pasa a ser artículo 81, a fin de precisar el carácter con el que la Comisión de Administración presenta los presupuestos de egresos de la Cámara de Senadores ante la Comisión Permanente, durante los recesos legislativos.
La derogación del actual artículo 93, relativo a las atribuciones de la Comisión de Biblioteca por estimarse que su contenido redunda en la naturaleza del contenido de las atribuciones que se desprenden de su denominación y al valorar que en la propuesta de conformación de las comisiones de trabajo se fusionan las que actualmente tiene a su cargo la biblioteca, los servicios informáticos y las labores editoriales del Senado.
La modificación del actual artículo 94, que pasa a ser artículo 82, relativo a la celebración de la sesión solemne para entregar la medalla de Honor "Belisario Domínguez" a quien hubiere sido seleccionado como merecedor de esta presea anual.
La modificación del actual artículo 96, que pasa a ser artículo 84, para incluir a los prosecretarios de la Cámara en la limitación para actuar en comisiones ordinarias o especiales durante el desempeño de ese encargo.
La modificación del segundo párrafo del actual artículo 98, que para a ser segundo párrafo del artículo 86, para precisar que en caso de voto particular suscrito por alguno de los miembros de la comisión dictaminadora que disienta de la resolución adoptada, bastaría que dicho miembro se dirija al Presidente de dicha comisión para que éste dé cuenta a la mesa directiva del dictamen de la mayoría y del referido voto particular, mismos que serán sometidos a la consideración de la Asamblea.
La modificación del segundo párrafo del actual artículo 102, que pasa a ser segundo párrafo del artículo 90, a fin de precisar que el objeto de las reuniones en conferencia de comisiones de senadores con las comisiones correspondientes de la cámara de Diputados, no se limita al propósito de expeditar el despacho de los asuntos, sino que considera también la ampliación de información mutua para la emisión de dictámenes a su cargo.
La modificación del actual artículo 103, que pasa a ser artículo 91, relativo a la integración de la Gran Comisión del Senado. Al respecto, se tomó en consideración la nueva conformación de la Cámara de Senadores, así como la participación que en la misma tendrá distintos partidos políticos nacionales; de esta forma se propone integrar la Gran comisión con un senador por cada entidad federativa y con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios que se formen al interior del Senado. Se prevé que la designación de los senadores de cada entidad federativa se haga por medio del voto mayoritario de los senadores de dichas entidades, siempre que en el momento de la elección, por lo menos tres de ellos estén presentes. También se plantea que si en la primera reunión para integrar la Gran Comisión no concurre la mayoría de los senadores de las entidades federativas, la Oficialía Mayor citará a una segunda junta, en la cual decidirán quienes asistan. A su vez, se plantea que en caso de empate la designación se hará por sorteo entre quienes hubieren recibido votación.
La modificación del actual artículo 104, que pasa a ser artículo 92, para proponer una integración distinta a la directiva de la Gran comisión, que se integraría por un Presidente, dos vicepresidentes y un secretario. Al respecto, dada la importancia que se atribuye a la integración plural del Senado y de la propia Gran Comisión, se plantea que el Presidente, el primer vicepresidente y el secretario sean designados por mayoría de votos de la Gran Comisión, correspondiéndole al coordinador del grupo parlamentario de la primera minoría el cargo de segundo vicepresidente.
La modificación del numeral dos, del actual artículo 105, que pasa a ser artículo 93, para precisar la facultad de la Gran Comisión, en materia de proponer a los comisionados del grupo parlamentario mayoritario y de la primera minoría al pleno de la Cámara y, que en su caso representarán al Senado.
La introducción de un nuevo Capítulo VI para el título correspondiente a la Cámara de Senadores, con objeto de regular la conformación, prerrogativas y funcionamiento de los grupos parlamentarios en el Senado. Este Capítulo abarcaría nuevas disposiciones que irían del artículo 94 al artículo 99 del ordenamiento que nos ocupa.
En el texto que se propone para el artículo 94, se expresa que los grupos parlamentarios son la misma afiliación de partido, con objeto de realizar tareas específicas, coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo y orientar y estimular la formación de criterios comunes en las deliberaciones en que participen sus integrantes.
En el texto que se plantea para el artículo 95, se precisa que sólo los senadores de la misma
afiliación partidista podrán integrar un grupo parlamentario, requiriéndose un mínimo de tres senadores para ese objeto. Se considerará constituido el grupo parlamentario que presente a la mesa directiva de la Cámara, el acta en que conste la decisión de sus miembros de constituirse como tal, el nombre del grupo parlamentario, la relación de sus integrantes y el nombre del senador que haya sido designado como coordinador.
En el texto que se propone para el artículo 96, se prevé que la documentación señalada en la disposición anterior deberá entregarse en la sesión inicial del primer período de sesiones ordinarias de cada legislatura, a fin de que mediante su examen previo, el Presidente de la mesa directiva haga la declaratoria de constitución del grupo parlamentario en sesión ordinaria del pleno.
En la redacción planteada para el artículo 97, se precisa que en relación al funcionamiento y a las actividades de los grupos parlamentarios, así como para la designación de sus coordinadores, se observarán las disposiciones conducentes de la propia Ley Orgánica del Congreso.
En el texto propuesto para el artículo 98, se plantea la función de los coordinadores de los grupos parlamentarios como sus portavoces ante la mesa directiva, la Gran comisión y las comisiones de la Cámara. A su vez, se propone establecer la posibilidad de que el líder del grupo parlamentario mayoritario, se reúna con los coordinadores de los demás grupos parlamentarios para considerar las acciones que propicien el mejor desarrollo de las labores de la Cámara.
En la redacción del artículo 99, se previene que los grupos parlamentarios dispondrán de locales, recursos humanos y recursos materiales para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a las posibilidades presupuestales del Senado y en relación a la importancia cuantitativa de cada uno de ellos.
4. Título Cuarto. De la Comisión Permanente
En este Título Cuarto, la colegisladora propone un solo cambio al texto vigente y a la minuta que nuestra Cámara aprobó en diciembre de 1992. Consiste en señalar que los miembros de la Comisión Permanente "serán designados mediante voto secreto por las respectivas cámaras durante la última sesión de cada período ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos" (nuevo artículo 101 correspondiente al 108 vigente).
Por lo que hace al resto de las disposiciones de este título, se remuneran los actuales artículos 107 y 109 al 120, como artículos 100 y 102 al 113, respectivamente.
5. Disposiciones transitorias
El proyecto de decreto que hoy sometemos a su consideración consta de 10 artículos de naturaleza transitoria, que se refieren al principio genérico de la entrada en vigor de las reformas que se proponen; a distintas normas especiales para la entrada en vigor de algunas de sus disposiciones, así como a la continuidad de la vigencia de las disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos que no se opongan a las reformas que se proponen.
En efecto, en el artículo primero transitorio, se señala que el decreto que nos ocupa entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En los artículos segundo y tercero transitorio, se previenen reglas especiales para que las reformas planteadas a los artículos cuarto y séptimo de la Ley Orgánica del Congreso entren en vigor a partir del 15 de marzo de 1995 y las propuestas al artículo octavo del referido ordenamiento cobren vigencia a partir del 1o. de septiembre de 1995.
En los artículos cuarto, quinto, sexto y octavo transitorios se proponen reglas particulares para que la entrega de las credenciales de identificación a los diputados electos a la LVI Legislatura se efectúe a partir del 15 de octubre de este año y el plazo relativo a la declaración de calificación de la elección presidencial sea el 15 de noviembre de 1994; ello con el propósito de que las sesiones previas de los senadores electos a la LVI Legislatura, en que se elegirá la primera mesa directiva de esa legislatura y se haga la declaratoria de legal constitución del Senado, se celebren los días 15 y 31 de octubre, respectivamente, la constitución de la Gran Comisión y la integración de las comisiones ordinarias de diputados de la LVI Legislatura se lleven a cabo durante los primeros
15 días de noviembre y durante el mes de noviembre de 1994, respectivamente.
En el artículo séptimo transitorio se prevé que durante el resto de la LV Legislatura se mantendrán en sus términos las comisiones y comités aprobados por los plenos de cada una de las cámaras. Es decir, que las modificaciones propuestas a los artículos 54, 55 y 89 del texto, entrarían en vigor hasta el 1o. noviembre del presente año.
En el artículo noveno transitorio se plantea la derogación de las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de 25 de mayo de 1979, así como de sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1981, que se opongan al presente decreto.
En el artículo décimo transitorio, se establece que las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga a las normas contenidas en la ley orgánica del propio Congreso, hasta en tanto cada una de las cámaras expida las normas reglamentarias correspondientes.
Honorable Asamblea; la comisión que suscribe considera que de aprobarse la minuta que os turnó la colegisladora, en relación a nuestra Cámara se lograrían cuatro propósitos fundamentales: 1. Actualizaríamos nuestra ley orgánica en correspondencia a los señalado en la Constitución de la República y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2. Incorporaríamos a la ley los acuerdos parlamentarios que hemos aprobado en esta legislatura, para mejorar nuestro funcionamiento y organización interna. 3. Serían incorporadas prácticas parlamentarias que han fortalecido el ambiente plural de la cámara y han agilizado el desarrollo de los trabajos, y 4. Se redefiniría y fortalecería el trabajo en comisiones y se ampliaría la participación de los grupos parlamentarios en el gobierno interior, así como en los mecanismos de gestión administrativa de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Finalmente, la comisión desea expresar de manera pública su reconocimiento a todos los partidos políticos por el trabajo realizado. solo dicha labor ha hecho posible que se llegue hasta este punto en el proceso legislativo. Esperamos que a través de su voto razonado cuente con la aprobación de todos ustedes.
Con nuestros mejores deseos porque este esfuerzo plural sea sólo el punto de partida de una tarea permanente y se redoblen esfuerzos para continuar mejorando nuestra normatividad interna, así como por todas las consideraciones anteriores, tanto de orden general como particular y en cumplimiento de lo establecido en el inciso e, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
TÍTULO PRIMERO
Del Congreso General
Artículo 1o. El Poder Legislativo de los Estados unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores.
Artículo 2o. La Cámara de Diputados se integrarán con 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputados electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.
Integrarán la Cámara de Senadores cuatro miembros por cada Estado de la Federación y por el Distrito Federal, de los cuales tres serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría, en los términos dispuestos por el artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores durante tres años constituye una legislatura.
Artículo 3o. El congreso y las cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento
que establecen la Constitución General de la República, esta ley y los reglamentos que cada una de ellas expida para su gobierno interior.
Esta ley, sus reformas y adiciones no necesitarán de promulgación del Presidente de la República, ni podrán ser objeto de veto.
Artículo 4o. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer período de sesiones ordinarias y a partir del 15 de marzo de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias.
Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.
Las dos cámaras acordarán, en su caso, el término de las sesiones antes de las fechas indicadas. Si no estuvieren de acuerdo, resolverá el Presidente de la República.
El Congreso, o una de sus cámaras, podrán ser convocados a periodos extraordinarios de sesiones en los términos que establece el artículo 67 de la Constitución.
Artículo 5o. El Congreso se reunirá en sesión conjunta de las cámaras para tratar los asuntos que previenen los artículo 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución, así como para el acto de clausura de los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias y para celebrar sesiones solemnes.
Artículo 6o. Cuando el Congreso sesione conjuntamente, lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados, o en el que se habilite para tal efecto y el Presidente de ésta lo será de aquél.
Artículo 7o. El 1o. de septiembre y 15 de marzo de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias.
Al iniciarse el período de sesiones ordinarias, el Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados declarará en voz alta: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy (fecha) el primer (o segundo) período de sesiones ordinarias del (primer, segundo o tercer) año de ejercicio de la (número) Legislatura."
Igual declaración se hará al iniciarse los demás periodos de sesiones.
Artículo 8o. El 1o. de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer período del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.
Antes del arribo del Presidente de la República, hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de 15 minutos.
El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del período de sesiones y que el Presidente de la República presente su informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores.
Las cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.
Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al Presidente de la República para su conocimiento.
Artículo 9o. Para la realización de la sesión conjunta de las cámaras, se requiere el quórum que para cada una de ellas se dispone en el primer párrafo del artículo 63 constitucional.
Artículo 10. En los términos del primer párrafo del Artículo 84 de la Constitución, el Congreso General, constituido en colegio electoral, con la concurrencia de por lo menos las dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará
Presidente interino de la República. En nombramiento se otorgará en escrutinio secreto y por mayoría de votos de los miembros presentes.
El congreso emitirá la convocatoria a elecciones en un plazo no mayor de 10 días naturales, contados a partir del siguiente al del nombramiento del Presidente interino.
Esta convocatoria no podrá ser vetada por el Presidente interino.
Artículo 11. En el caso de que llegada la fecha de comienzo del período presidencial no se presentase el Presidente electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el 1o de diciembre, cesará en su ejercicio el Presidente cuyo período haya concluido y ocupará el cargo con carácter de interino el ciudadano que para tal fin designe el Congreso de la Unió, o en su falta, con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, observándose lo dispuesto en el artículo anterior.
En los casos de falta temporal del Presidente de la República, el Congreso de la Unión, en sesión conjunta, o la Comisión Permanente en su caso, designará un Presidente interino por el tiempo que dure la falta.
Cuando dicha falta sea por más de 30 días y el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias para que éste resuelva sobre la licencia y nombre, conforme lo dispuesto por el artículo anterior y los dos primeros párrafos de este artículo, al Presidente interino. De igual forma se procederá en el caso de que la falta temporal se convierta en absoluta.
Artículo 12. Los diputados y senadores gozan del fuero que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.
Los diputados y senadores son responsables por los delitos que comenta durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes.
Artículo 13. Los recintos del Congreso y de sus cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.
El Presidente del Congreso, de cada una de las cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y los senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto.
Artículo 14. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandamientos judiciales o administrativos sobre los bienes nacionales destinados al servicio del congreso o de sus cámaras, ni sobre las personas o bienes de los diputados o senadores en el interior de los recintos parlamentarios.
TÍTULO SEGUNDO
De la Cámara de Diputados
CAPÍTULO I
De la instalación de la Cámara
SECCIÓN PRIMERA
De la comisión instaladora
Artículo 15. La Cámara de Diputados, antes de clausurar el último período de sesiones de cada legislatura, nombrará, de entre sus miembros, una comisión instaladora de la legislatura que deba sucederla.
Los miembros de la comisión serán cinco y fungirán el primero, como presidente, el segundo y el tercero como secretarios los dos últimos como suplentes primero y segundo, quienes entrarán en funciones sólo cuando falta cualquiera de los tres propietarios.
La Cámara de Diputados comunicará al Instituto Federal Electoral y al tribunal Federal Electoral la designación de la comisión a que se refiere este artículo.
Artículo 16. La comisión instaladora de la Cámara de Diputados tendrá a su cargo:
I. Recibir, de la Oficialía Mayor de la propia Cámara, los expedientes provenientes de los consejos distritales relativos a cada cómputo distrital y en los que se contengan las actas originales y cualquier otra documentación de la lección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y además la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa que la hubiese obtenido, así como un informe de los recursos que se hubieren interpuesto para cada una de las elecciones, de conformidad con lo prescrito en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
II. Recibir, de la Oficialía Mayor de la Cámara el informe y las constancias de asignación proporcional que el consejo General del Instituto Federal Electoral hubiese entregado a cada partido político, de acuerdo con lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales.
III. Recibir, de la Oficialía Mayor de la Cámara, la notificación de las resoluciones de las salas del Tribunal Federal Electoral recaídas a los recursos de que haya conocido, conforme lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
IV. Entregar, a partir del 15 de agosto, credenciales de identificación y acceso a los diputados electos que integrarán la nueva legislatura, cuya constancia de mayoría y validez, de asignación proporcional o por resolución firme del Tribunal Federal electoral, haya recibido la Cámara.
V. Citar a los diputados electos a junta previa dentro de los 10 días anteriores al inicio del primer período de sesiones ordinarias de la legislatura entrante.
VI. Entregar por inventario a la primera mesa directiva de la legislatura entrante, la totalidad de los documentos electorales a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo.
VII. Dar cumplimiento, en lo que le corresponde, al procedimiento establecido en el artículo siguiente.
Artículo 17. En la fecha y hora en que hubieren sido convocados conforme lo previsto en la fracción V del artículo anterior, presentes en el salón de sesiones, la comisión instaladora y los diputados electos procederán a la instalación de la nueva legislatura. Al efecto:
a) La comisión instaladora, por conducto de uno de sus secretario, dará cuenta del ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo anterior, reservando la entrega de los documentos electorales a que se refiere la fracción VI de dicho artículo, a la mesa directiva que habrá de elegirse.
b) En seguida se pasará lista de presentes de los diputados miembros de la nueva legislatura para, en su caso, declarar debidamente instalada la Cámara. Los diputados electos ausentes serán llamados en los términos del artículo 63 constitucional.
c) Acto continuo el presidente de la comisión instaladora exhortará a los diputados electos a que en escrutinio secreta y por mayoría de votos, elijan la primera mesa directiva de la nueva legislatura, misma que se integrará conforme a lo dispuesto en esta ley.
d) Realizada la elección de la primera mesa directiva de la legislatura entrante conforme a los correspondientes resultados que serán anunciados por los secretarios de la comisión instaladora, el presidente de ésta invitará a los recién nombrados a tomar su lugar en el presidium. Antes de retirarse, hará la entrega por inventario de la totalidad de los documentos y constancias electorales que obren en su poder y declarará concluidas sus funciones.
e) El Presidente de la primera mesa directiva de la legislatura entrante protestará su cargo, pidiendo a los diputados asistentes que se pongan de pie y dirá. "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la (número) Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y, si así no lo hiciere, que la nación me lo demande".
f) El Presidente tomará la protesta a los demás miembros integrantes de la Cámara en los siguientes términos: "¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la (número) Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad
de la Unión?". Los diputados electos responderán: "Sí, protesto". El Presidente proseguirá: "Si así no lo hiciereis, que la nación os lo demande".
g) En seguida, el Presidente de la mesa directiva dirá en voz alta: "La (número) Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legalmente constituida".
h) Por último, la mesa directiva de la Cámara nombrará siete comisiones de cortesía, cuya integración y procedimientos se regirán por las disposiciones reglamentarias y citará a sesión de Congreso General para la apertura de los trabajos de la nueva legislatura.
Artículo 18. Conservarán su validez los acuerdos y resoluciones de la Cámara, o de los órganos que forman parte de la misma, en que hubiesen participado diputados cuya elección se anulase con posterioridad.
SECCIÓN SEGUNDA
De la calificación de la elección presidencial
Artículo 19. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión calificará y hará el cómputo total de los votos emitidos en todo el país en as elecciones para Presidente de la República, para lo cual se erigirá en colegio electoral a fin de declarar electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano que hubiese obtenido mayoría de votos en las elecciones que al efecto se hubiesen celebrado.
La declaración relativa a la calificación de la elección presidencial deberá emitirse antes del 30 de septiembre del año de la elección.
La resolución de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión erigida en colegio electoral es definitiva e inatacable.
Artículo 20. En la legislatura que se instale coincidiendo con el año de la renovación del Poder Ejecutivo Federal, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales deberá quedar integrada en la primera sesión ordinaria de la Cámara, a efecto de preparar en término reglamentarios el dictamen relativo a la calificación de la elección presidencial.
Para producir su dictamen la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se basará en los resultados consignados en las actas oficiales de cómputo distrital y, en su caso, en las resoluciones de las salas central y regionales del Tribunal Federal Electoral, recaídas sobre los recursos de inconformidad previstos en la ley de la materia.
Las salas deberán resolver y notificar a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, los fallos recaídos a los recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar tres días antes al en que deba iniciar el primer período de sesiones ordinarias de la legislatura que corresponda.
Verificando los requisitos de elegibilidad de los candidatos y hecho el cómputo a que se refiere el artículo anterior, la Cámara de Diputados declarará la validez de la elección y que es Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos en los comicios que se califican.
CAPÍTULO II
De la mesa directiva
SECCIÓN PRIMERA
De la integración
Artículo 21. La mesa directiva de la Cámara de Diputados se integrará con un presidente, tantos vicepresidentes como grupos parlamentarios de los partidos políticos haya en la Cámara, cuatro secretarios y cuatro prosecretarios y será electa por mayoría y en votación por cédula.
El nombramiento de los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se comunicará de inmediato a la colegisladora, al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Artículo 22. La conducción de las sesiones será rotativa entre el presidente y los vicepresidentes. La secretaría y la prosecretaría se integrarán de manera plural, limitándose su gestión a un mes, al igual que la del presidente y los vicepresidentes. El presidente conducirá al menos, la primera y última de las sesiones correspondientes al mes de su ejercicio.
La mesa directiva contará con la asistencia de un cuerpo técnico profesional de apoyo, cuyas funciones determinará el Reglamento.
Artículo 23. En la última sesión de cada mes de ejercicio, la cámara elegirá, para el siguiente mes, a la mesa directiva, cuyos miembros asumirán sus cargos en la sesión siguiente a aquélla en que hubieren sido designados.
El día anterior al de la apertura de los periodos de sesiones ordinarias de cada legislatura, con excepción del primero, que se regirá por lo que disponen los artículo 16 y 17 de esta ley, los diputados elegirán en sesión previa a la mesa directiva, para los meses de septiembre y marzo correspondientes. Esta sesión previa no tendrá más objeto que la elección que en ella se verifique y la designación de las comisiones de cortesía.
En la sesión de apertura correspondiente al segundo período ordinario de cada año de ejercicio constitucional, podrá intervenir un legislador federal por cada uno de los partido políticos representador en el Congreso, con el fin de fijar su posición respecto al período de sesiones que se inicia. Estas intervenciones se verificarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y su duración no excederá de 15 minutos. La sesión no tendrá más objeto que el indicado y, por consiguiente, las intervenciones no serán objeto de debate.
Artículo 24. Cuando se hubiere convocado a período extraordinario la Cámara elegirá, en la primera sesión, a la mesa directiva que fungirá por dicho período.
Artículo 25. Los integrantes de la mesa directiva sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas y en la forma prevista en las disposiciones reglamentarias.
Artículo 26. Corresponde a la mesa directiva, bajo la autoridad de su Presidente, preservar la libertad de las deliberaciones en los recintos de la Cámara, cuidar de la efectividad del trabajo legislativo y aplicar con imparcialidad las disposiciones de esta ley, de sus reglamentos y los acuerdos que apruebe la Cámara.
SECCIÓN SEGUNDA
De la Presidencia
Artículo 27. El Presidente de la mesa directiva hará respetar el fuero constitucional de los miembros de la Cámara y velará por la inviolabilidad del recinto parlamentario.
Son atribuciones del Presidente:
a) Abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del pleno;
b) Dar curso reglamentario a los negocios y determinar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta a la Cámara;
c) Conducir los debates y las deliberaciones del pleno;
d) Cumplimentar el orden del día para las sesiones, tomando en consideración las proposiciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política;
El orden del día distinguirá claramente los asuntos que requieren votación, de aquellos otros puramente deliberativos o de trámite;
e) Requerir a los diputados faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y disponer, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan con fundamento en los artículos 63 y 64 constitucionales;
f) Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello;
g) Solicitar el auxilio de la fuerza pública en los términos que establece el artículo 13 de esta ley;
h) Firmar con los secretarios y, en su caso, con el Presidente y secretarios de la colegisladora, las leyes, decretos y reglamentos que expidan la Cámara o el Congreso;
i) Firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara;
j) Presidir las sesiones del Congreso General;
k) Representar a la Cámara ante la colegisladora y en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros poderes de la Federación;
l) Habilitar en el curso de laguna sesión plenaria, de entre los diputados presentes, a quienes por esa ocasión sustituirán a los secretarios o prosecretarios que por cualquier circunstancia se ausentaran de la sesión, y
m) Las demás que se deriven de esta ley, de sus reglamentos y de las disposiciones o acuerdos que emita la Cámara.
Artículo 28. Los vicepresidente presidirán, en su turno, las sesiones y en todas ellas auxiliarán al Presidente para el desempeño de sus funciones. El Presidente será suplido en los términos del artículo 22 de esta ley, así como en sus ausencias e impedimentos temporales por el vicepresidente que corresponda de acuerdo con el orden en que hayan sido nombrados.
SECCIÓN TERCERA
De la Secretaría
Artículo 29. Son obligaciones de los secretarios y de los prosecretarios cuando suplan a aquéllos:
a) Auxiliar al Presidente en el desempeño de sus funciones;
b) Comprobar al inicio de las sesiones la existencia del quórum requerido;
c) Extender las actas de las sesiones, firmarlas después de ser aprobadas por la Cámara y asentarlas bajo su firma en el libro respectivo. Las actas cumplirán las formalidades que precise el Reglamento;
d) Rubricar las leyes, acuerdos y demás disposiciones o documentos que expida la Cámara o el Congreso;
e) Leer los documentos listados en el orden del día;
f) Cuidar que las iniciativas y los dictámenes que vayan a ser objeto de debate, se impriman y circulen con toda oportunidad entre los diputados;
g) Recoger y computar las votaciones, y proclamar sus resultados cuando así lo disponga el Presidente de la mesa directiva;
h) Abrir, integrar y actualizar los expedientes para los asuntos recibidos por la Cámara, y firmar las resoluciones que sobre los mismos asuntos se dicten;
i) Cuidar de que las actas de las sesiones queden escritas y firmadas en el libro correspondiente;
j) Dar cuenta, previo acuerdo del Presidente de la Cámara, con los asuntos en cartera, en el orden que prescriban las disposiciones reglamentarias;
k) Asentar y firmar en todos los expedientes los trámites que se dieren a las resoluciones que sobre ellos se tomen;
l )Llevar un libro en que se asienten, por orden cronológico y textualmente, las leyes y decretos que expida el Congreso de la Unión o cualquiera de sus cámaras;
m) Coordinar sus labores con las que realice la Oficialía Mayor de la Cámara y el Cuerpo Técnico Profesional de Apoyo;
n) Vigilar la impresión y distribución del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados;
ñ) Expedir, previa autorización del Presidente, las certificaciones que soliciten los diputados, y
o) Las demás que les confiere esta ley, o se deriven de sus reglamentos o de otras disposiciones emanadas de la Cámara.
Artículo 30. Las disposiciones reglamentarias señalarán la distribución del trabajo entre los secretarios y prosecretarios.
CAPÍTULO III
De los grupos parlamentarios
Artículo 31. Los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar diputados con igual afiliación de partido en los términos del artículo 70 constitucional. Estarán integrados por cuando menos cinco diputados y deberán coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo.
Los diputados que dejen de pertenecer a un grupo parlamentario, sin integrarse a otros existente, serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles guardar las consideraciones que a todos los legisladores, y apoyándolos en lo individual, conforme a las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus funciones de representación popular.
Artículo 32. Los diputados de la misma afiliación de partido podrán constituir un solo grupo parlamentario. Los grupos parlamentarios se tendrán por constituidos cuando presenten los siguientes documentos a la mesa directiva de la Cámara.
d) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo, con especificación
del nombre del mismo y lista de los integrantes, y
b) Nombre del diputado que haya sido electo coordinador del grupo parlamentario.
Artículo 33. Los grupos parlamentarios deberán entregar la documentación requerida en el artículo precedente, en la sesión inicial del primer período de sesiones ordinarias de cada legislatura.
Examinada por el Presidente la documentación referida, en sesión ordinaria de Cámara hará, en su caso, la declaratoria de constitución de los grupos parlamentarios; a partir de ese momento ejercerán las atribuciones previstas por esta ley.
Artículo 34. El funcionamiento, las actividades y los procedimientos para la designación de los coordinadores de los grupos parlamentarios, serán regulador por las normas estatutarias y los lineamientos de los respectivos partidos políticos, en le marco de las disposiciones de esta ley.
Artículo 35. Corresponde a los coordinadores de los grupos parlamentarios, realizar las tareas de coordinación con la mesa directiva, las comisiones y los comités de la Cámara de Diputados.
El líder del grupo parlamentario mayoritario, podrá reunirse con los demás coordinadores para considerar, conjuntamente, las acciones específicas que propicien el mejor desarrollo de las labores camerales.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios, con la finalidad de dar cumplimiento a esta disposición, formarán parte de una comisión denominada de Régimen Interno y Concertación Política.
Artículo 36. Los diputados tomarán asiento en las curules que correspondan al grupo parlamentario del que formen parte.
Artículo 37. Los grupos parlamentarios dispondrán de locales adecuados en las instalaciones de la Cámara, así como de los asesores, personal y los elementos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, atendiendo a la importancia cuantitativa de cada uno de ellos, de acuerdo con las posibilidades y el presupuesto de la propia Cámara.
CAPÍTULO IV
De las diputaciones y la Gran Comisión
Artículo 38. Cuando al inicio de una legislatura se hubiese conformado una mayoría absoluta de diputados pertenecientes a un mismo partido político, cuya elección se originase en la generalidad de las entidades, el grupo parlamentario que ostente esa mayoría deberá, además de cumplir con lo que dispongan sus normas estatutarias conforme lo prevé el artículo 34 de esta ley, organizarse de acuerdo con las siguientes normas:
I. Los diputados de una entidad federativa integran la diputación estatal y del Distrito Federal;
II. Los coordinadores de cada una de esas diputaciones pasan a formar parte de la Gran Comisión de la Cámara; L
III. Asimismo formarán parte de la Gran Comisión los diputados de la mayoría que haya figurado en los dos primeros lugares de la lista de cada una de las circunscripciones electorales plurinominales y aquellos otros diputados que, en su caso, considere el líder de la fracción mayoritaria;
IV. Constituida la Gran Comisión, sus integrantes designarán una mesa directiva que estará compuesta por un presidente, tres secretarios y tres vocales, y
V. El líder del grupo parlamentario mayoritario será el Presidente de la Gran Comisión.
Artículo 39. La Gran Comisión tendrá a su cargo las siguientes funciones:
I. Dictaminar, formular opiniones y presentar iniciativas sobre los asuntos concernientes a las entidades federativas y a las regiones del país, tomando en consideración las propuestas de las diputaciones;
II. Tramitar y presentar proyecto de resolución, en los casos relativos a la facultad que otorga el Congreso el artículo 46 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos;
III. Coadyuvar en la realización de las funciones de las comisiones y de los comités;
IV. Nombrar a los diputados de la mayoría que formarán parte de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política;
V. Designar al consejero propietario y a los consejeros suplentes de la fracción mayoritaria ante el Consejo General del Instituto Federal Electora, y
VI. Las demás que le confiere esta ley y las disposiciones reglamentarias.
Artículo 40. La Gran Comisión deberá quedar instalada al iniciarse cada legislatura, dentro de los primeros 15 días del mes de septiembre en términos del artículo 38 de esta ley.
Artículo 41. La Gran Comisión dispondrá de un local adecuado en las instalaciones de la Cámara de Diputados y contará con el personal y los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones, con arreglo a lo que determine el presupuesto.
CAPÍTULO V
De las comisiones y comités
Artículo 42. La Cámara de Diputados contará con el número y tipo de comisiones que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones.
Las comisiones serán:
1. Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
2. De Dictamen Legislativo.
3. De Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
4. De investigación.
5. Jurisdiccionales, y
6. Especiales.
Las comisiones de la Cámara estarán facultadas para solicitar, por conducto de su Presidente, la información y las copias de documentos que obren en poder de las dependencias públicas, así como para celebrar entrevistas con los servidores públicos para ilustrar su juicio.
Artículo 43. Las comisiones ordinarias serán las siguientes:
I. Régimen Interno y Concertación Política;
II. Agricultura; Artesanía; Asentamientos Humanos y Obra Públicas; Asuntos Fronterizos; Asuntos Hidráulicos; Asuntos Indígenas; Bosques y Selvas; Ciencia y Tecnología; Comercio; Comunicaciones y Transportes; Corrección de Estilo; Cultura; Defensa Nacional; Deporte; Derechos Humanos; Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios; Distrito Federal; Ecología y Medio Ambiente; Educación; Energéticos; Fomento Cooperativo; Ganadería, Gobernación y Puntos Constitucionales; Hacienda y Crédito Público; Información; Gestoría y Quejas; Justicia; Marina; Patrimonio y Fomento Industrial; Pesca, Población y Desarrollo, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; Radio, Televisión y Cinematografía, Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Seguridad Social; Trabajo y Previsión Social; Turismo y Vivienda;
III. Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, y
IV. Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Artículo 44. Las comisiones de Régimen Interno y Concertación Política, de Dictamen Legislativo, de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, se constituyen con carácter definitivo y funcionan para toda una legislatura; sus integrantes durarán en el cargo tres años. Para los efectos de esta ley se denominarán "ordinarias".
Las comisiones ordinarias se integrarán durante el mes de septiembre del año en que se inicie la legislatura.
Al iniciarse cada legislatura, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política deberá quedar integrada en la primera sesión ordinaria de la Cámara.
Artículo 45. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la integrarán los diputados coordinadores de cada uno de los diversos grupos partidistas, más otros tantos diputados del grupo mayoritario en la Cámara. La comisión fungirá como órgano de gobierno a fin de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y administrativas que tiene la propia Cámara. A este efecto se reunirá cuando menos una vez al mes.
Corresponde a esta comisión:
I. Suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahogan en el pleno de la Cámara;
II. Proponer a los integrantes de las comisiones y comités;
III. Proponer el proyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados;
IV. Proponer a la Cámara la designación del Oficial Mayor y del tesorero;
V. Presentar al pleno de la Cámara los nombramientos de consejeros propietarios y suplentes, que formarán parte del consejo general del Instituto Federal Electoral, propuestos por la fracción mayoritaria y la primera minoría de la Cámara;
VI. Contribuir con la mesa directiva a organizar y conducir los trabajos camerales, y
VII. Las demás que le confieran esta ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos de la Cámara.
Artículo 46. Las comisiones de investigación, las jurisdiccionales y las especiales se constituyen con carácter transitorio; funcionan en los términos constitucionales y legales y, cuando así lo acuerde la Cámara, conocerán específicamente de los hechos que hayan motivado su integración.
Se podrán crear también comisiones o comités conjuntos con participación de las dos cámaras del Congreso de la Unión para atender asuntos de interés común.
Artículo 47. Las comisiones se integran por no más de 30 diputados electos por el pleno de la Cámara a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, cuidando que en ellas se encuentren representados los diferentes grupos parlamentarios, tanto en las presidencias como en las secretarías correspondientes. A este efecto se tomará en cuenta la importancia cuantitativa de cada grupo parlamentario.
Los diputados podrán formar parte de un máximo de tres comisiones ordinarias.
Artículo 48. La competencia de las comisiones ordinarias es la que se deriva de su denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la Administración Pública Federal, así como de las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara.
Las comisiones ordinarias de dictamen legislativo ejercerán, en el área de su competencia, las funciones de estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley y de decreto y de participar en las deliberaciones y discusiones de la Asamblea de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior.
Los dictámenes que las comisiones produzcan sobre asuntos que no llegue a conocer la legislatura que los recibió, quedarán a disposición de la siguiente legislatura con el carácter de proyectos. Con igual carácter quedarán las iniciativas que por cualquier motivo no se llegase a dictaminar durante la legislatura en que se presentaron.
Artículo 49. La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública actuará de acuerdo con lo dispuesto por las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en lo conducente.
Artículo 50. La Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias se integra con 20 miembros de entre los diputados de mayor experiencia parlamentaria.
Todos los grupos parlamentarios estarán representados en dicha comisión, a la que corresponde:
I. Preparar los proyectos de ley o de decreto, para adecuar y perfeccionar las normas de las actividades camerales.
II. Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, regímenes y prácticas parlamentarias.
III. Desahogar las consultas respecto de la aplicación e interpretación de esta ley, reglamentos y prácticas y usos parlamentarios.
Artículo 51. La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda ejercerá sus funciones conforme a la Ley Orgánica de la propia Contaduría, en lo que corresponda.
Artículo 52. Son comisiones de investigación, las que se integran para tratar los asuntos a que
se refiere el párrafo final del artículo 93 constitucional.
Artículo 53. Son comisiones jurisdiccionales las que se integran en los términos de la ley para los efectos de la responsabilidades de los funcionarios públicos.
Artículo 54. Las reuniones de las comisiones ordinarias de dictamen legislativo no serán públicas; sin embargo, cuando así lo acuerden, podrán celebrar reuniones de información y audiencia a las que podrán asistir, a invitación expresa, representantes de grupos de interés, peritos u otras personas que puedan informar sobre determinado asunto.
Artículo 55. Las reuniones de las comisiones investigadoras se atendrán a las disposiciones reglamentarias relativas y las de las comisiones jurisdiccionales se llevarán a cabo en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 56. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. Sus presidentes tendrán voto de calidad en caso de empate.
Cuando alguno de los miembros de una comisión disienta de la resolución adoptada, podrá expresar su parecer por escrito firmado como voto particular y dirigirlo al coordinador de su grupo parlamentario con copia para el Presidente de la comisión, para que aquél, si lo estima conveniente, lo remita al Presidente de la mesa directiva de la Cámara a fin de que éste lo ponga a consideración de la Asamblea.
Artículo 57. La Cámara de Diputados contará para su funcionamiento administrativo con los siguientes comités:
a) De Administración;
b) De Biblioteca e Informática;
c) De Asuntos Editoriales, y
d) Instituto de Investigaciones Legislativas
Los miembros de estos comités serán designados por el pleno a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Su integración, actividad y funcionamiento se regirá por lo establecido en las disposiciones reglamentarias.
El Comité de Administración elaborará el proyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados y se reunirá cada mes para recibir del tesorero un informe sobre el estado que guardan las finanzas de la Cámara. El comité dará cuenta trimestralmente a la Cámara del ejercicio del presupuesto, durante los periodos ordinarios, durante los recesos, a la Comisión Permanente.
Artículo 58. El Reglamento Interior de la Cámara de Diputados regulará, con fundamento en los artículo 71 y 72 de la Constitución, todo lo relativo a sesiones, debates y votaciones.
La comprobación del quórum para instalar la sesión o cuando haya de efectuarse una votación, podrá llevarse a cabo, en su caso, a través de pasar lista de presentes, mediante el previo registro de firmas, o por medios electrónicos. Este último procedimiento podrá utilizarse también para las votaciones.
TÍTULO TERCERO
De la Cámara de Senadores
CAPÍTULO I
De la instalación de la legislatura
Artículo 59. La Cámara de Senadores, antes de clausurar su último período de sesiones, nombrará de entre sus miembros una comisión para instalar el cuerpo de senadores electos de la legislatura que deba sucederla.
La comisión se integrará a cinco personas que fungirán, el primero como Presidente, el segundo y tercero como secretarios y los dos últimos como suplentes primero y segundo, quienes entraran en funciones únicamente cuando falte cualquiera de los miembros propietarios.
La Cámara de Senadores comunicará al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Federal Electoral la designación de la comisión a que se refiere este artículo.
Artículo 60. La Comisión Instaladora tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
a) Recibir las constancias e informes a que se refiere el inciso c, del párrafo primero del artículo 257 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;
b) Entregar por inventario a la primera mesa directiva de la legislatura entrante, la totalidad de los instrumentos electorales a que se refiere el inciso anterior, y
c) Entregar credenciales identificatorias a los senadores electos que integrarán la nueva legislatura.
Artículo 61. En el año de la renovación del Poder Legislativo, la comisión instaladora citará a los senadores electos a junta previa dentro de los diez días anteriores al inciso del primer período de sesiones ordinarias de la legislatura entrante.
La comisión instaladora comprobará que estén presentes cuando menos la mitad más uno de los senadores electos.
Si existe quórum, se elegirá en escrutinio secreto y por mayoría de votos la mesa directiva de la nueva legislatura, misma que se compondrá de un Presidente, dos vicepresidentes, cuatro secretarios y cuatro prosecretarios.
Si no existe quórum, la Comisión Instaladora convocará a una nueva junta, señalando día y hora, en la que se deberá dar cumplimiento a lo ordenado por este precepto.
Los miembros de la mesa directiva ocuparán sus lugares en el presidium y recibirán de la Comisión Instaladora los expedientes, documentos e informes referentes a los senadores electos.
CAPÍTULO II
De la constitución de la Cámara de Senadores
Artículo 62. En la junta previa que se realice en los términos del artículo anterior, ante los senadores electos puestos de pie, el Presidente de la mesa directiva dirá: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, la nación me lo demande".
En seguida, el Presidente preguntará a los demás miembros de la Cámara, que permanecerán de pie: "¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?". Los interrogados contestarán: "Sí, protesto". El Presidente dirá entonces: "Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande".
Acto continuo, el Presidente expresará en voz alta: "La Cámara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos se declara legalmente constituida".
Igual protesta rendirán los senadores que por cualquier circunstancia, se presentaren después de dicha ocasión.
Artículo 63. En los periodos de sesiones ordinarias siguientes al de la instalación de la Cámara de Senadores, la primera junta se efectuará 10 días antes de la apertura de las sesiones, para elegir al Presidente, a los vicepresidentes, a los secretarios y a los prosecretarios.
Artículo 64. La constitución de la Cámara, las aperturas y clausuras de sus periodos de sesiones, serán comunicadas a la Cámara de Diputados, al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal por medio de comisiones especiales que designará el Presidente.
CAPÍTULO III
De la mesa directiva
Artículo 65. La mesa directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente y dos vicepresidentes, cuatro secretarios y cuatro prosecretarios electos por mayoría y en votación por cédula.
El Presidente y los vicepresidentes durarán en su ejercicio un mes y no podrán ser reelectos para esos cargos en el mismo período de sesiones ordinarias.
Los secretarios y prosecretarios durarán un año en ejercicio.
Los nombramientos del Presidente y vicepresidente se comunicarán a la otra Cámara, al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente
de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las legislatura de los estados y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Artículo 66. La mesa directiva del Senado presidirá los debates y determinará el trámite de los asuntos, conforme a esta ley y al Reglamento correspondiente.
Artículo 67. El Presidente será suplido en sus ausencias y faltas temporales por el vicepresidente que corresponda, de acuerdo con el orden en que hayan sido electos.
En caso de falta absoluta del Presidente o vicepresidente, la Cámara elegirá sustituto en la misma sesión en que ocurra la falta, para que ocupe inmediatamente su cargo.
Artículo 68. Cuando el Presidente hubiere de tomar la palabra en ejercicio de sus funciones permanecerá sentado, pero si deseara intervenir en la discusión de algún asunto, lo manifestará así ante la Asamblea y hará uso de la palabra conforme a las reglas prescritas para los demás miembros de la Cámara. Entre tanto, los sustituirá el vicepresidente que corresponda.
La mesa directiva contará con la asistencia de un cuerpo técnico profesional de apoyo, cuyas funciones determinará el Reglamento.
Artículo 69. Cuando se hubiere convocado a período de sesiones extraordinarias, la Cámara designará en la primera sesión, al Presidente y a los vicepresidente de la mesa directiva, quienes fungirán hasta la terminación de este período.
Artículo 70. Los integrantes de la mesa directiva sólo podrán ser removidos de sus cargos porque hayan inobservado reiteradamente las disposiciones de esta ley o del Reglamento. Para ello se requiere que alguno de los miembros de la Cámara presente moción, que se adhieran a ella por lo menos dos de los miembros presentes y que sea aprobada en votación nominal después de que se someta a discusión, en la cual podrán hacer uso de la palabra hasta dos senadores en pro y dos en contra.
Artículo 71. El Presidente de la mesa directiva hará respetar el fuero constitucional de los miembros de la Cámara y velará por la inviolabilidad del recinto parlamentario.
Son atribuciones del Presidente de la mesa directiva:
a) Abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del pleno;
b) Dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deban recaer en aquéllos con que se dé cuenta a la Cámara;
c) Conducir los debates y las deliberaciones de la Cámara;
d) Cumplimentar el orden del día para las sesiones, tomando en consideración las proposiciones de la Gran Comisión;
e) Requerir a los senadores faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y proponer, en su caso, las medidas y sanciones conforme a lo dispuesto por los artículo 63 y 64 constitucionales;
f) Exigir e imponer orden al público asistente a las sesiones, cuando hubiere motivo para ello;
g) Solicitar el auxilio de la fuerza pública en los términos que establece el artículo 13 de esta ley;
h) Firmar con los secretarios y, en su caso, con el Presidente y los secretarios de la colegisladora, las leyes, decretos y reglamentos que expidan la Cámara o el Congreso;
i) Firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara;
j) Representar a la Cámara ante la colegisladora y en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros poderes de la Federación, y
k) Las demás que se deriven de esta ley, de los reglamentos respectivos y de las disposiciones o acuerdos que emita la Cámara.
Artículo 72. Son obligaciones de los secretarios y de los prosecretarios cuando suplan a aquéllos:
a) Auxiliar al Presidente en el desempeño de sus funciones;
b) Pasar lista de los senadores al inicio de las sesiones para comprobar el quórum;
c) Extender las actas de las sesiones, firmarlas después de ser aprobadas por el pleno y asentarlas bajo su firma en el libro respectivo. Las actas cumplirán las formalidades que precise el Reglamento;
d) Rubricar las leyes, acuerdos y demás disposiciones o documentos que expidan la Cámara o el Congreso;
e) Leer los documentos listados en el orden del día;
f) Cuidar que las iniciativas y los dictámenes que vayan a ser objeto de debate se impriman y circulen con toda oportunidad entre los senadores;
g) Recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados cuando así lo disponga el Presidente de la mesa directiva;
h) Abrir, integrar y actualizar los expedientes para los asuntos recibidos por la Cámara y firmar las resoluciones que sobre los mismos se dicten;
i) Cuidar que las actas de las sesiones queden escritas y firmadas en el libro correspondiente;
j) Dar cuenta al pleno, previo acuerdo del Presidente de la Cámara, con los asuntos en cartera, en el orden que prescriban las disposiciones reglamentarias;
k) Asentar en todos los expedientes los trámites que les dieron a las resoluciones que sobre ellos se tomaron;
l) Llevar un libro en que se registren por orden cronológico y textualmente, los decretos y acuerdos que expidan el Congreso o la Cámara;
m) Coordinar sus labores con las que realice la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores;
n) Vigilar la impresión y distribución del Diario de los Debates de la Cámara de Senadores;
ñ) Expedir, previa autorización del Presidente, las certificaciones que soliciten los senadores, y
o) Las demás que les confieren esta ley y los reglamentos o deriven de otras disposiciones o acuerdos emanados de la Cámara.
Artículo 73. La Oficialía Mayor, la tesorería, el cuerpo técnico profesional de apoyo y demás dependencias de la Cámara de Senadores tendrán las facultades y obligaciones que señalen las normas reglamentarias o que les asigne la Gran Comisión.
CAPÍTULO IV
De las Comisiones
Artículo 74. La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
Los integrantes de las comisiones, se elegirán en la primera sesión que efectúe la Cámara en el primer período de sesiones ordinarias. Los integrantes de las comisiones ordinarias serán electos para toda una legislatura.
Artículo 75. Las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y, conjuntamente con la de estudios legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia.
Artículo 76. Cuando lo determine la Cámara de Senadores, se nombrarán comisiones con carácter transitorio para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas, o desempeñar un encargo específico.
Artículo 77. Se podrán crear también comisiones o comités conjuntos con participación de las dos cámaras del Congreso de la Unión, para atender asuntos de interés común.
Artículo 78. Las comisiones ordinarias de la Cámara e Senadores serán las siguientes:
1. De Administración.
2. De Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Recursos Hidráulicos.
3. De Biblioteca, Informática y Asuntos Editoriales.
4. De Comercio y Fomento Industrial.
5. De Comunicaciones y Transportes.
6. De Defensa Nacional.
7. De Derechos Humanos.
8. De Desarrollo Social y Ecología.
9. Del Distrito Federal.
10. De Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
11. De Energía, Minas e Industria Paraestatal.
12. De Estudios Legislativos.
13. De Gobernación.
14. De Hacienda y Crédito Público.
15. De Justicia.
16. De Marina.
17. De la Medalla Belisario Domínguez.
18. De Pesca.
19. De Puntos Constitucionales.
20. De Reforma Agraria.
21. De Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
22. De Relaciones Exteriores.
23. De Salud.
24. De Trabajo y Previsión Social.
25. De Turismo, y
26. Jurisdiccional.
Artículo 79. Serán comisiones especiales la Jurisdiccional y las que se constituyan en los términos del artículo 76. Sus integrantes serán electos por el lapso de su ejercicio.
Artículo 80. La Comisión de Estudios Legislativos, conjuntamente con las restantes comisiones ordinarias que correspondan, hará el análisis de las iniciativas de leyes o decretos y concurrirá a la formulación de los dictámenes respectivos. Se podrá dividir en las secciones o ramas que se estimen convenientes.
Artículo 81. La Comisión de Administración tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
a) Presentar a la Cámara para su aprobación el presupuesto para cubrir las dietas de los senadores;
b) Presentar de igual manera el presupuesto de sueldos de los empleados de la Cámara;
c) Dar cuenta mensualmente del ejercicio del presupuesto, y
d) Presentar a la Comisión Permanente, durante los recesos del Congreso, los presupuestos a que se refieren los incisos a y b anteriores, para su examen y, en su caso, aprobación.
Artículo 82. De acuerdo con el decreto que crea la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República y su Reglamento, la Cámara de Senadores celebrará sesión solemne en el mes de octubre de cada año, para imponerla al ciudadano que haya sido seleccionado.
A la sesión solemne se invitará al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y a los demás funcionarios y personalidades que la mesa directiva determine.
Artículo 83. Las comisiones contarán con un Presidente, un Secretario y los vocales que autorice la Cámara.
Artículo 84. Durante su encargo, el Presidente, los vicepresidentes, los secretarios y los prosecretarios de la Cámara no actuarán en ninguna comisión ordinaria o especial.
Artículo 85. Las reuniones de las comisiones ordinarias no serán públicas. Cuando así lo acuerden sus miembros, podrán celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos o a las personas que las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto de que se trate.
Artículo 86. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. Su Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Cuando alguno de los miembros de una comisión disienta de la resolución adoptada, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un
voto particular dirigido al presidente de la comisión, a fin de que se someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 87. La Cámara podrá aumentar o disminuir el número de las comisiones o subdividirlas en los ramos necesarios, según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios.
Artículo 88. Las comisiones seguirán funcionando durante los recesos del Congreso y los de la propia Cámara, en el despacho de los asuntos a su cargo.
Coordinará el trabajo de los miembros de cada comisión su presidente; cuando sea necesario para el despacho de los asuntos pendientes, los citará en los recesos.
Artículo 89. Las comisiones podrán pedir, por conducto de su presidente, a los archivos y oficinas de la nación, las informaciones y copias de documentos que requieran para el despacho de sus negocios, los que deberán ser proporcionados en términos de ley. La negativa a entregarlos en términos de ley. La negativa a entregarlos en los plazos pertinentes, autorizará a la comisión para dirigirse en queja al titular de la dependencia o al Presidente de la República.
Artículo 90. Pueden las comisiones, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, entrevistarse con los funcionarios públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas.
Las comisiones pueden reunirse en conferencia con las correspondientes de la Cámara de Diputados para expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su información para la emisión de los dictámenes.
CAPÍTULO V
De la Gran Comisión
Artículo 91. La Gran Comisión del Senado se integrará con un senador de cada Estado y del Distrito Federal y los coordinadores de los grupos parlamentarios. La designación e los senadores representantes de cada entidad federativa se hará por mayoría de votos de los senadores de dichas entidades. Es necesario que en el momento de la elección estén presentes cuando menos tres de ellos. Si en una primera reunión no hay el quórum fijado en este artículo, por conducto de la Oficialía Mayor se citará a una segunda junta, en la cual decidirán los que asistan. En caso de empate la designación se hará por sorteo entre quienes hubieren recibido votación.
Artículo 92. La directiva de la Gran Comisión estará integrada por un Presidente, dos vicepresidentes y un secretario. El Presidente, el primer vicepresidente y el secretario serán designados por mayoría de votos de los miembros de la comisión. El segundo vicepresidente será el coordinador del grupo parlamentario de la primera minoría.
Artículo 93. Son facultades de la Gran Comisión.
1. Proponer a la Cámara el personal de las comisiones ordinarias y especiales.
2. Proponer a la Cámara la designación de los comisionados ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
3. Proponer el nombramiento del Oficial Mayor y del tesorero de la Cámara.
4. Someter los nombramientos y remociones de los empleados de la Cámara a la consideración de la misma.
5. Prestar cooperación a la mesa directiva y a su Presidente en la conducción de los asuntos y para el mejor desahogo de las atribuciones administrativas.
6. Proponer a la Cámara el programa legislativo. A este efecto jerarquizará las iniciativas de ley o decreto observando las disposiciones del artículo 71 constitucional y tomará las providencias necesarias para asegurar el estudio, análisis y debate de las iniciativas.
7. Vigilar las labores de la Oficialía Mayor.
8. Proveer a través de la Oficialía Mayor lo necesario para el trabajo de las comisiones.
9. Dirigir y vigilar los servicios internos necesarios para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Cámara.
10. Las demás que se deriven de esta ley y de las disposiciones reglamentarias.
CAPÍTULO VI
De los grupos parlamentarios
Artículo 94. Los grupos parlamentarios son las formas de organización que, en los términos del artículo 70 constitucional, podrán adoptar los senadores con igual afiliación de partido, para realizar tareas específicas en el Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. Además, deberán contribuir para orientar y estimular la formación de criterios comunes de las deliberaciones en que participen sus integrantes.
Artículo 95. Sólo los senadores de la misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario, que estará constituido por un mínimo de tres senadores.
Los grupos parlamentarios se tendrán por constituidos mediante la presentación a la mesa directiva de la Cámara de los siguientes documentos:
a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo, con especificación de nombre del mismo y relación de sus integrantes.
b) Nombre del senador que hay sido designado coordinador del grupo parlamentario.
Artículo 96. Los grupos parlamentarios deberán entregar la documentación requerida en el artículo precedente den la sesión inicial del primer período de sesiones ordinarias de cada legislatura.
Examinados los documentos, el Presidente formulará, en su caso, la declaratoria de constitución del grupo parlamentario en sesión ordinaria del pleno. El grupo parlamentario ejercerá desde ese momento las funciones previstas por esta ley.
Artículo 97. En el funcionamiento, las actividades y la designación de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se observarán las disposiciones conducentes de esta ley.
Artículo 98. Los coordinadores serán los portavoces de los grupos parlamentarios ante la misma directiva y las comisiones de la Cámara de Senadores, incluida la Gran Comisión.
El líder del grupo parlamentario mayoritario podrá reunirse con los demás coordinadores para considerar, conjuntamente, las acciones que propicien el mejor desarrollo de las labores de la Cámara.
Artículo 99. Los grupos parlamentarios dispondrían de locales adecuados en las instalaciones de la Cámara, así como del personal y los elementos n materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, atendiendo a la importancia cuantitativa de cada uno de ellos y de acuerdo con las posibilidades y el presupuesto de la propia Cámara.
TÍTULO CUARTO
De la Comisión Permanente
Artículo 100. La Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de éste, desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 101. La Comisión Permanente se compone de 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas cámaras, durante la ultima sesión, de cada período ordinario. Par suplir con sus ausencias a los titulares, las cámaras nombrarán de entres sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos.
Artículo 102. En el mismo día de la clausura de las sesiones ordinarias del Congreso general e inmediatamente después de esta ceremonia, los diputados y senadores que hubieren sido nombrados como miembros de la Comisión Permanente, se reunirán en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de la persona a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellidos, o de éstos y de nombres si hubiere dos o más apellidos iguales, con auxilio de dos secretarios de su elección, a fin de integrar la mesa directiva de la Comisión Permanente, para la cual se nombrará por mayoría e votos un Presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios; de estos últimos, dos deberán ser diputados y dos senadores.
Artículo 103. El Presidente y el vicepresidente serán elegidos para un período de receso, entre los diputados y para le período siguiente, entre los senadores.
Artículo 104. Llevada a cabo la elección de la mesa directiva, los electos tomarán desde luego posesión de sus cargos y el Presidente declarará instalada la Comisión Permanente, comunicándolo así a quien corresponda.
Artículo 105. Las sesiones de la Comisión Permanente tendrán lugar una vez por semana en los días y a las horas que el Presidente de la misma indique formalmente. Si hubiere necesidad de celebrar algunas otras sesiones fuera de los días estipulados, se llevarán a cabo previa convocatoria por parte del Presidente.
Artículo 106. Los asuntos cuya resolución corresponda al Congreso o a una de las Cámaras y que durante el receso se presenten a la Comisión Permanente se turnarán a las comisiones relativas de la Cámara que corresponda.
Cuando se trate de iniciativas de ley o de decretos, se imprimirán y se ordenará su inserción en el Diario de los Debates; se remitirán para su conocimiento a los diputados o senadores, según el caso y se turnarán a las comisiones de la Cámara a que vayan dirigidas.
Artículo 107. La Comisión Permanente adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de sus miembros presentes.
Artículo 108. La Comisión Permanente no suspenderá sus trabajos durante los periodos extraordinarios de sesiones que se convoquen, salvo en aquello que se refiera al asunto para el que se hay convocado el período extraordinario respectivo.
Artículo 109. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión designará al Presidente provisional en los caos de falta absoluta o temporal del Presidente de la República, durante el reces de las cámaras. En la misma sesión resolverá convocar al Congreso general a un período extraordinario de sesiones, para el efecto de que se designe Presidente interino o sustituto. La convocatoria no podrá ser vetada por el Presidente provisional.
Artículo 110. Si el Congreso de la Unión se halla reunido en un período extraordinario de sesiones y ocurre la falta absoluta o temporal del Presidente de la República, la Comisión Permanente, de inmediato, ampliará el objeto de la convocatoria a fin de que el Congreso esté en aptitud de nombrar al Presidente interino o sustituto, según proceda.
Artículo 111. La Comisión Permanente podrá tener hasta tres comisiones para el despacho de los negocios de su competencia.
El número de integrantes, la forma de su designación y los procedimientos de trabajo de las comisiones mencionadas en el párrafo anterior, serán fijados por las disposiciones reglamentarias.
Artículo 112. Durante los recesos del Congreso, el comité y la Comisión de Administración presentarán a la Comisión Permanente, para su examen y su aprobación, los presupuestos de dietas, sueldos y gastos de sus respectivas cámaras.
Artículo 113. La Comisión Permanente, el último día de su ejercicio en cada período, deberá tener formados dos inventarios, uno para la Cámara de Diputados y oro para la de Senadores. Dichos inventarios se turnarán a las secretarías de las respectivas cámaras y contendrán las memorias, oficios, comunicaciones y otros documentos que hubiere recibido durante el receso del Congreso.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Las reformas contenidas en los artículos 4o. y 7o. del presente decreto, entrarán en vigor a partir del segundo período de sesiones ordinarias correspondiente al primer año del ejercicio constitucional de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Artículo tercero. La fecha a que se refiere el primer párrafo del artículo 8o. se aplicará a partir del primer período ordinario del segundo año de ejercicio de la LVI Legislatura.
Artículo cuarto. La fecha a la que se refiere la fracción IV del artículo 16, para el año de 1994 será el 15 de octubre.
Artículo quinto. El plazo señalado en el segundo párrafo del artículo 19, en el caso de la elección de 1994, será el 15 de noviembre.
Artículo sexto. En el año de 1994 la reunión de senadores electos, a que se refiere el artículo
61, se celebrará el día 15 de octubre. Habrá quórum con la asistencia de cuando menos la mitad más uno de los integrantes de la LVI Legislatura, entre los senadores electos y los que continúan en ejercicio. El Presidente citará ala sesión que deberá celebrarse el día 31 de octubre, a las 10.00 horas, en la cual los senadores electos otorgarán la protesta a que se refiere el artículo 62. Si el Presidente de la mesa directiva fuere uno de los senadores en ejercicio, se omitirá la protesta prevista en el primer párrafo de esta última disposición.
En el año de 1997 la reunión deberá celebrarse con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los senadores en ejercicio y los electos para la LVII Legislatura.
Artículo séptimo. Las comisiones y comités de la LV Legislatura. aprobados ya por el pleno de las cámaras, se mantendrán en sus términos.
Artículo octavo. Para la integración de las comisiones ordinarias y la instalación de la Gran Comisión correspondiente a la LVI Legislatura, el plazo a que se refieren los artículo 40 y 44 segundo párrafo de este decreto, será el mes de noviembre de 1994.
Artículo noveno. Se derogan las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de mayo de 1979 y reformada mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de diciembre de 1981, que se opongan al presente decreto.
Artículo décimo. En tanto cada una de las cámaras del Congreso expide las normas reglamentarias correspondientes, seguirán siendo aplicables, en lo que no se oponga a esta ley, las disposiciones del Reglamento en vigor para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F., a 12 de julio de 1994. - Diputados Miguel González Avelar, presidente; Tomás Osorio Avilés, Raymundo Cárdenas Hernández, Sergio César A. Jáuregui Robles, Juan Gualberto Campos Vega, secretarios.»
Es de segunda lectura.
Servido, señor Presidente.
El presidente:
En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular.
Esta Presidencia informa que se han registrado, para fijar posiciones, los siguientes oradores:
Diputados: Juan Campos Vega, del PPS; Alfredo Castañeda Andrade, del PARM; Manuel Terrazas Guerrero, del PFCRN; Carlos González Durán, del PRD; Héctor Pérez Plazola, del PAN y Tomás Osorio Avilés, del PRI.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo de nueva cuenta a nombre del grupo parlamentario al cual pertenezco, al del Partido Popular Socialista, a expresar nuestros puntos de vista y nuestras opiniones respecto a las modificaciones a la Ley Orgánica, que rige los trabajos del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
Quisiera recordar que desde que la comisión encargada de dictaminar inició sus trabajos a la par con el inicio de los trabajos de esta legislatura, nos propusimos lograr la actualización y la adecuación de las normas que rigen nuestros trabajo interno, de nuestra Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
Hoy, casi al concluir los trabajos de las sesiones ordinarias de este último período, del último año de nuestra legislatura, estamos a punto de lograr una parte de ese objetivo que nos propusimos, a que tiene la virtud, entre otras cosas, de abrir la posibilidad, que de seguro pronto será una realidad, de que cada una de as cámaras que conforman el Congreso de la Unión puedan contar con su propio Reglamento, que corresponda al número de sus integrantes, a su composición, a su funcionamiento, para que cada una de ellas en completa libertad puedan determinar cómo ha de conducir sus trabajos.
Este elemento es uno de los que nos llevó en diciembre de 1992 a emitir nuestro voto en favor en lo general de esta Ley Orgánica, el hecho de actualizarla y adecuarlas a las diversas normas a la Constitución, a las leyes electorales y otras más.
Pero también dijimos y como se mantiene en el dictamen que hoy se nos presenta, que otro acierto era el haber elevado a rango de ley lo que la práctica parlamentaria había establecido como válido, necesario y positivo para el trabajo de esta representación plural.
Durante estos años hemos integrado la Presidencia de la Cámara en forma plural, con la representación de todos los partidos políticos y nosotros consideramos que esa práctica no solamente sirve para reconocer el carácter igualitario que la Constitución otorga a los partidos como entidades de interés público, sino que en gran medida ha contribuido a que nosotros realicemos nuestro trabajo parlamentario en una forma mucho más adecuada, que en el pasado reciente.
La integración de las comisiones de nuestra Cámara, también en forma plural, con representación de los partidos, no sólo en cuanto a su integración, sino en cuanto ala conformación de sus directivas, es otro hecho que la práctica ha señalado como sumamente positivo para el trabajo parlamentario y que se recoge en esta nueva ley, por lo cual nosotros también expresamos en aquella ocasión y reiteramos ahora nuestro voto en favor.
Y una cuestión más que ha sido de enorme importancia para lograr un trabajo mucho más racional de esta Cámara de Diputados, la constitución y funcionamiento de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en donde están también representantes de todos los grupos parlamentarios y que contribuye en gran medida a desahogar en forma eficiente y eficaz nuestros trabajos. Esos argumentos esgrimimos en diciembre de 1992 y hoy los reiteramos.
Sin embargo, en aquella fecha expresamos algunas opiniones en contra de algunos aspectos particulares de la ley, algunos se subsanaron en el propio debate, pero hay otro que permanece, no sólo permanece en los aspectos negativos que nosotros señalamos en aquella ocasión, sino que algunos pequeños avances que pudieran haber contribuido a mejorar un aspecto que creo a todos nos preocupa, que es el intercambio permanente de información entre el Ejecutivo y el Legislativo, desapareció en este proceso en el cual tuvo participación nuestra colegisladora, me refiero al artículo 8o. de la ley, del cual emitimos en aquella ocasión nuestro voto en contra, aunque reconocimos que si la comparecencia de algunos funcionarios públicos vinculados a los ramos de Economía, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Política Interior, entre otros, se daba en ciertas condiciones, esto contribuiría a que nosotros los diputados como representantes de la nación, pudiéramos realizar de mejor manera tener mayores elementos de juicio, de nuestra responsabilidad legislativa, lamentablemente esto desapareció.
Pero hay una cuestión más que vale la pena mencionar, nuestra colegisladora, el Senado de la República, como acostumbra, se ha quedado a la zaga de estas modificaciones, no ha valorado en lo que realmente importa la experiencia de la Cámara de Diputados y a pesar de que ahora tendrá una conformación distinta a la del pasado inmediato, mantiene ciertos esquemas rígidos que no corresponden a la nueva composición del Senado, ello mantienen el mismo esquema, el menos en la ley, de la integración de la mesa directiva, sin adquirir explícitamente el mismo esquema en la integración de las comisiones y de sus mesas directivas sin comprometerse a incluir a representantes de otras fuerzas políticas.
Es más, ni siquiera crean un órgano colegiado o a la dirección política de la Cámara, como es la de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados, sino que mantienen la figura de la Gran Comisión a la que solamente adicionan, incorporan a los coordinadores de los grupos parlamentarios que se creen en el Senado para lo cual se necesita que haya tres senadores por partido.
Hasta ahí podríamos señalar que el Senado no retorna estas cuestiones sumamente positivas que pudieran ser útiles para su trabajo cotidiano; sin embargo, a tono con la reforma constitucional y las reformas legales, particularmente el Cofipe, que le dieron o le darán al Senado un marcado carácter bipartidista, si en forma desde nuestro punto de vista negativo, incorpora, propone se incorpore como segundo vicepresidente de la Gran Comisión
integrada de la manera que acabo de mencionar, al coordinador del grupo parlamentario de la primera minoría.
Creemos que esta figura refuerza esa concepción bipartidista que desde el inicio de las modificaciones constitucionales y legales se vio al propósito de la reforma electoral.
Estas cuestiones, consideramos que no corresponden al espíritu general de la Ley Orgánica que hoy se pone a nuestra consideración; sin embargo nuestro grupo parlamentario consideró que el hecho de mantenerse las cuestiones positivas que aquí habíamos acordado los distintos grupos parlamentarios, el hecho de que esta nueva ley nos da un marco para poder aprobar un Reglamento que sea lo más adecuado, lo más útil para realizar nuestro trabajo en forma adecuada y con respeto a la pluralidad de la composición de esta Cámara, nos permite ratificar en esta ocasión nuestro voto en favor en lo general, de este dictamen y nuestro voto en contra en lo particular, de los artículo 8o., 65, 74 y 91. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfredo Castañeda Andrade.
El diputado Alfredo Castañeda Andrade:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
En turno acudimos a esta tribuna a manera de razonar nuestro voto en relación al dictamen que contiene modificaciones y adiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Evidentemente, en diciembre de 1992 concurrimos a esta soberanía a aprobar una ley que de nueva cuenta discutimos, tuvieron que pasar un año siete meses, para conocer una vez más una nueva óptica de nuestro gobierno interior como consecuencia de los cambios constitucionales acontecidos en fechas anteriores como producto de la presión de un pueblo que quiere democracia.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, considera que es necesario cambiar o arribar más bien a los cambios fundamentales que requerimos para nuestra práctica parlamentaria, porque de ahí derivarán una gran gama de cuestiones que forzosamente están vinculadas al desarrollo propio de las naciones en todos los ámbitos.
De los cambios surgidos del seno de nuestra colegisladora, cabe destacar las siguientes consideraciones: en torno a la modificación de los artículos 10 y 11, se llena la laguna jurídica que prevalecía en la ley sobre las hipótesis de los artículos 84 y 85 de nuestra Carta Magna, que coincidentemente se realiza a solo 41 días de las elecciones federales, por lo cual esperamos no poder utilizar este precepto legal cuyas consecuencias en todos los ámbitos serían insospechables.
Reformas meramente formativas son las que se realizan en torno al artículo 2o., como lo son aquellas relativas a la asistencia de la mesa directiva por parte de un cuerpo técnico profesional de apoyo, la precisión del orden del día.
Nos parece importante también en torno al Capítulo III, relativo a los grupos parlamentarios, la consideración de aquellos diputados que dejen de pertenecer a un grupo parlamentario, se les apoye en lo individual para desempeñar sus funciones y evitar formar fracciones independientes, porque finalmente no cabe en el espíritu del deseo del electorado.
El sistema de partidos debe prevalecer por encima de cualquier consideración, por ello, suscribimos recientemente en esta soberanía un punto de acuerdo en ese sentido. No obstante lo anterior, quisiéramos reflexionar en torno al artículo 8o., particularmente al párrafo que se refiere a la prohibición de intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores.
Aparentemente, en el marco democrático quedó estancado este precepto, nuestra colegisladora no contribuyó a modificar en esencia lo que los partidos de oposición; en diciembre del año de 1992 nuestro partido votó en contra en lo particular en este artículo, en virtud e que esta prohibición a los representantes populares de intervenir con oportunidad, en el momento y ante las circunstancias de lo que el Ejecutivo mencione, a lo largo de su informe.
Esta es una prohibición antidemocrática. En otros parlamentos del mundo vemos cómo incluso el Presidente es citado para informar sobre temas de gran preocupación en torno
nacional, tales como el narcotráfico, los levantamientos armados o la situación económica que impera en el país, entre otros, con plena intervención de los diferentes partidos políticos para interpelar sobre situaciones relevantes.
Precisamente las experiencias que los legisladores hemos tenido durante las visitas a otros congresos del mundo, deben servir como ejemplo para nuestra práctica parlamentaria.
Asimismo, consideramos pertinente que el Presidente escuche los diferentes puntos de vista que vierten los partidos políticos en torno al informe presidencial y que éstos se realicen después de la lectura correspondiente y no antes, como propone el articulado.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que estas reformas mantienen el espíritu de la transición hacia la democracia que imprime las modificaciones constitucionales que recientemente aprobamos y que es un paso importante para la nueva regulación que nos regirá, por lo que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana votará a favor de la iniciativa en lo general, pero en contra del articulado 8o. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Gracias, compañero diputado Presidente Chavero Enrique; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Indudablemente que culminamos, quiero decirlo desde un principio, con avances importantes de carácter democrático en lo que se refiere a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, podemos decir con éxito.
Después de un largo proceso de trabajo, de discusión y de búsqueda de consensos, terminamos una primera etapa del objetivo de darle al Congreso de la Unión una verdadera Ley Orgánica que eleve su papel y que efectivamente lo coloque a la altura de uno de los tres poderes iguales de la nación, de la Federación.
Queremos decir que si se trata de una primera etapa, una primera fase, quiere decir que hay por delante otras.
Esto es lo que hemos podido lograr con consenso, a esto hemos llegado, pero dejando pendientes importantísimas reformas que quizá pudiéramos resumir en una cuestión fundamental, aquellas reformas que realmente revaloren el papel del Poder Legislativo, aquellas reformas que realmente contribuyan de manera esencial, integral, a la independencia del Poder Legislativo frente a los demás poderes, en particular el Ejecutivo.
No toca el proyecto aprobado por nosotros inicialmente, enviado a la Cámara de Senadores y ahora con el carácter de minuta del Senado, muchas cuestiones esenciales. Expuestas estas propuestas de distintas fracciones, entre ellas, la nuestra en la comisión respectiva y en la reuniones de conferencia con el Senado, mantenemos nuestra opinión de que se necesita avanzar más, repito, en esa dirección, en la dirección de revalorar democráticamente el Poder Legislativo, de ponerlo en igualdad de condiciones con los dos poderes y de afirmar su independencia, para que no dependa más en muchísimos aspectos de la voluntad del Ejecutivo, el trabajo de la Cámara de Diputados.
Yo no quiero mencionar muchos juicios y pronunciamientos hechos en esta campaña electoral, pero recogen una gran necesidad, de realmente avanzar a fondo integralmente en lo que deben ser las reformas constitucionales a la Ley Orgánica.
No llegamos compañeras compañeros, a la reforma constitucional; actualizamos, modernizamos, avanzamos en muchos aspectos, incorporamos, regularizamos lo que antes era práctica parlamentaria y ahora se convierte en una norma obligatoria y eso es muy importante. Nosotros pues queremos situar el problema en estos términos, con nuestras reservas, con la reafirmación de nuestros planteamientos en la dirección anotada.
Queremos decir que consideramos este proyecto un gran avance en esa dirección y por tanto nuestra fracción parlamentaria va a votar en favor.
No va a hacer propuestas en lo particular, porque propuestas en lo particular, por más justas que pudieran ser, significarían el de que se regrese al Senado y no pueda el Congreso contar con este nuevo instrumento de superación, de avance, de democratización. Por
esa razón fijamos en este primer término nuestra posición.
Consideramos pues que siendo uno de los instrumentos jurídicos de mayor importancia en cuanto a la regulación del Poder Legislativo la aprobación de la Ley Orgánica en 1979, ahora vamos a culminar lo que era una parte de las tareas de esta Cámara, la otra no la cumplimos desgraciada y desafortunadamente, no obstante que era un compromiso, un consenso, un pacto de honor entre todas las fracciones. No dependió de nosotros, pero está planteada la tarea.
Antes de esta ley, la de 1979, el Congreso de la Unión basaba sus prácticas parlamentarias sólo a través del Reglamento Interior del Congreso. La creación de la Ley Orgánica obedeció a las reformas constitucionales y en materia político - electoral que anteriormente se habían realizado, con el objetivo de establecer tiempos y modalidades definidas para el quehacer parlamentario. Cuando se promulga esta ley, el contexto nacional que se vive está determinado por una crisis económica y política. El gobierno de López Portillo, en su afán de incentivar a la participación de los partidos políticos, promueve una iniciativa para reformar el marco político - electoral. En este sentido la Ley Orgánica responde a los cambios constitucionales, a los cambios en materia electoral y a un contexto nacional de crisis económica y social.
De 1979 a la fecha, las modalidades en cuanto a la participación y representatividad política han cambiado.
La Ley Orgánica ha tenido que ajustarse a los nuevos ritmos de la sociedad y a los cambios jurídicos que se han producido en distintos gobiernos; el cambio se ha dado en relación con las nuevas formas de representatividad política al interior del Congreso de la Unión y en la manera en que el Poder Legislativo procesa ciertas demandas socialmente debatidas.
Sin embargo, las reformas a la Ley Orgánica han estado centradas principalmente en la adecuación de los tiempos; es decir, responden a los señalamientos de índole electoral en donde se cambian los periodos para la elección de candidatos populares, entre otras cosas.
En este contexto nos parece que la propuesta de la Ley Orgánica que se presenta en este pleno es viable, en tanto que no sólo específica tiempos, sino nuevas modalidades y prácticas dentro del quehacer parlamentario.
Es necesario destacar que la contribución más importante de esta iniciativa incide en el hecho de que la práctica parlamentaria no coincidía con lo establecido en la legislación, de tal forma que ahora es viable la vinculación entre la ley y el quehacer parlamentario.
En sí había una serie de prácticas legislativas que se llevaban a cabo, pero que no se encontraban reguladas ni en la Ley Orgánica, ni en el Reglamento Interior del Congreso.
Esta iniciativa pretende agilizar, dinamizar y hacer eficiente más el funcionamiento del poder parlamentario.
Estas premisas se sustentan en el hecho de que la iniciativa tiene una serie de contribuciones particulares que se van sumando a lo largo del articulado. Dentro de estas contribuciones destaca: la modificación que fortalece el principio para atender el supuesto de falta absoluta del Presidente de la República; ahora se especifica el nombramiento al presidente interino y la forma y el tiempo en que deba ser realizada la convocatoria para elecciones presidenciales. También se precisan las determinaciones que deberá adoptar la Cámara de Diputados, en caso de que las elecciones presidenciales no se hubieran hecho y el presidente electo no haya tomado posesión el 1o. de diciembre. De igual forma señala la conducción de las sesiones para que éstas sean rotativas entre el Presidente y los vicepresidentes.
Se establece la oportunidad de que cada partido político, por medio de un representante fije su postura sobre el período ordinario que inicie; se pretende hacer valer el principio de que todas las iniciativas que por cualquier motivo no se lleguen a dictaminar, a determinar o a dictaminar en la legislatura en que se presentaron o que los dictámenes que elaboran las comisiones sobre distintos tópicos no lleguen a discutirse en la legislatura que los recibió, quedarán a disposición en consecuencia de la siguiente legislatura con carácter de proyectos.
Esto es fundamental, pues las iniciativas que se han presentado en las legislaturas anteriores, quedan como preceptos históricos y no como proyectos que tienen grandes posibilidades de discutirse y en su caso de aprobarse e implementarse en el marco normativo de la sociedad mexicana.
La continuidad legislativa, en este caso es una de las necesidades prácticas más importantes.
Nosotros creemos que si presentamos proyectos de ley, algunos de interés general para la Cámara de Diputados y Senadores, y ahora no pudieron aprobarse, que se discutan en las comisiones, se aprueben dictámenes en las comisiones y la próxima legislatura sienta una obligación de tomar en cuenta y de discutir esos dictámenes.
Se pretende hacer valer otros principios a los cuales no nos vamos a referir, pero es necesario precisar que una iniciativa que se somete al respecto a consideración plenaria, responda a las necesidades sociales que demandan ciertos grupos políticos y que tienen impactos en la manera en que la sociedad se organiza y respeta las decisiones jurídicas.
Esta iniciativa también propone utilizar medios electrónicos para recoger las votaciones y bajo los cuales agilizarían el trabajo parlamentario.
Otra contribución importante se ubica en que ahora la mesa directiva contará con un cuerpo técnico profesional de apoyo que le brinde asesoría e información y además el Poder Legislativo, ahora contará con la capacidad técnica y el desarrollo profesional de carrera en el servicio de la Cámara.
Estas son algunas de las contribuciones que nos proporciona esta iniciativa, la cual en esencia busca reformar y actualizar el funcionamiento y el desarrollo de las actividades parlamentarias acorde con las demandas y necesidades que exige la sociedad actual de un Poder Legislativo más dinámico y eficiente.
Además de retomar los avances que se presentan en esta iniciativa, los miembros del grupo parlamentario del Partido Frente Cardenista, consideramos que se deben señalar las fallas del mismo. En esto hay que destacar que los errores son mínimos en el contexto, en el carácter que habíamos señalado.
En primer lugar, en el caso de la Gran Comisión, se establece primero el dictamen, las funciones de este organismo y posteriormente su integración. Esta es una cuestión de forma y presentación, porque se podría entender si primero se presentará su integración y posteriormente sus atribuciones. En segundo lugar, consideramos que la facultad del Congreso de la Unión de nombrar un Presidente de la República interino nos está adelantando a las posibilidades de incertidumbre política en los próximos comicios electorales del 21 de agosto de 1994.
Eso es fundamental, pues en el contexto de violencia y de crisis política y económica que vive nuestro país, el nombramiento de un presidente interino, es una figura que no se ha dado desde la década de los 40. Esta cuestión es de fondo, es de concepto y es de contexto, sin embargo, las críticas que se pueden hacer en este punto, lleven al margen de la iniciativa de la Ley Orgánica y se ubican en el proyecto de nación que tienen distintos grupos y corrientes políticas en nuestro país.
Esto quiere decir, que la iniciativa lo prevé, aunque no puede incidir en ello, ni hay razón para poner el acento por cuestiones de coyuntura que no compartimos.
Por lo anteriormente expuesto, nuestra fracción considera que la iniciativa que traspasa las fronteras temporales de este sexenio y se incorpora en los nuevos mecanismos de modernización legislativa. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, compañero Presidente; honorable Asamblea:
Tengo la distinción de presentar ante ustedes el voto particular del Partido de la Revolución Democrática, para la discusión de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En primer término y dada la continuidad y peso de nuestra agenda, voy a permitirme solicitar muy atentamente a la Presidencia y directiva de esta Cámara, tenga a bien acordar que este voto que entrego suscrito por el señor diputado Ricardo Valero, señor diputado Raymundo Cárdenas Hernández y el de la voz, sea publicado en el Diario de los Debates, como el voto oficial e íntegro que presenta el Partido de la Revolución
Democrática en torno a este debate y lo pongo en disposición de la Secretaría.
También tengo el respeto de solicitar a la Presidencia que se reserven para la discusión en lo particular al artículo 8o., que se refiere al Colegio Electoral; los artículos 38 y 39, que se refieren a la Gran Comisión y por último, el artículo 78, que enumera las condiciones del Senado y que correspondientes compañeros del Partido de la Revolución Democrática pondrán a la consideración de este pleno las propuestas precisas sobre modificaciones a esos preceptos.
Dicho lo anterior, voy a expresar a ustedes lo que como ciudadano y como vocero de la nación debo hacer para cumplir con la reflexión consecuente a los ideales democráticos que corresponde a este asunto de tanta importancia.
Hay ciertamente dos direcciones en la política parlamentaria: la dirección democrática y la dirección autoritaria. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Y para qué parlamentamos? Debemos entender lo que no parlamentamos con el soberano, como en la edad media, sino que parlamentamos como soberanos. Ciertamente en el proyecto se cumplió la actualización de nuestra ley orgánica en dos direcciones: respecto a las reformas electorales, respecto a las reformas constitucionales.
Pero originariamente habíamos entendido que esta primera etapa iba a ser continuada de una segunda etapa en donde profundizaríamos en la actualización de los anhelos populares, nacionales y sociales, sobre la ampliación y la vigencia de las actividades parlamentarias.
Es el caso de que el proyecto que inicialmente aprobamos y fue al Senado, parece que duró un año y seis meses y eso ya nos impidió el tiempo de entrar en esa segunda etapa que habíamos concertado. Entiendo que las autoridades de un parlamento son como todas las autoridades del Estado: autoridades que se despojan de su carácter partidista y que tienen que asumir funciones públicas, por lo que habrá que pensar de qué manera fortaleceremos que la directiva de la Cámara de Diputados sea una directiva como autoridad del parlamento, como Gobierno y Estado y no simplemente una continuación de los particularismos partidistas.
Parlamentar apareciera ser una forma o espacio para razonar conjuntamente sobre las mejores posibilidades de regulación normativa. Pero es el caso que nuestro parlamento nacional viene padeciendo un conjunto de obstáculos que impiden su libre ejercicio, tanto en sus funciones, porque nuestro parlamento padece de estos problemas: dependencia, subordinación, interferencia, intromisión, aislamiento, manipulación.
Si nos preguntamos simplemente quién inicia la mayoría de las leyes y proyectos de reforma legislativa, veríamos que aquí está ausente la iniciativa popular. La iniciativa de la Cámara en su conjunto, de los partidos y de los diputados, viene abriéndose espacios; pero pareciera que hay un privilegio presidencialista, un cierto monopolio para darle un mayor número de iniciativas del Poder Ejecutivo.
Es necesario quitar otros obstáculos de nuestra vida parlamentaria como las cortinas, hay que quitar las cortinas y son muchas. Hay una cortina en relación a la opinión pública, hay otra cortina en relación a escuchar a los movimientos sociales; hay una cortina interna en el aparato de Estado como aparece evidentemente de la posición de no permitir la vida republicana y normal que en todos los países existe con estructura republicana, de las ampliaciones, aclaraciones, impugnaciones o interpelaciones a cualquier nivel de funcionarios.
La necesidad de la información es otra cortina.
Necesitamos que el Gobierno informe del curso de la actividad gubernamental a los partidos, a la Cámara y que nosotros podamos convocar, incitar, a los funcionarios de la administración pública, porque de no ser así, no podremos cumplir las tareas de control y las tareas de vigilancia de un buen gobierno.
El ámbito del derecho parlamentario abarca muchas cosas: la organización del parlamento, su funcionamiento, los procedimientos y las relaciones interparlamentarias, interestatales y con la sociedad, con los partidos políticos. Todo esto necesita ser ampliado y modernizado. Creemos que el horizonte está todavía distante.
El que disfrutemos de plena libertad parlamentaria, es importante para que tuviéramos la posibilidad de un examen ponderado, reflexivo y
una votación por convicción razonada, individual y libre.
Si acaso padecemos otra cortina que se llama "obstáculo a la emisión libre del voto", pues no sé si fuera necesario que pensáramos en el voto secreto para que no se diera esa disciplina y ese control de un voto que resulta a la postre, ciego y servil. Nos divorcia de la sociedad.
Por otra parte, el Senado, y aquí ya se dijo por algún compañero hace unos momentos, necesita tener mayor peso en la elección proporcional y la presencia del federalismo. Los cambios legislativos: parece que el régimen que padecemos se come los cambios que la sociedad reclama, la democracia electoral y también se come los cambios en el presente campeonato mundial de fútbol, como que se comen los cambios en un lado y en otro lado.
El parlamento democrático nace de la elecciones libres. De aquí que primeramente reiteremos, como lo hacen otros partidos, la necesidad del respeto a las elecciones libres, justas, verdaderas, transparentes, auténticas, regulares, correctas. Todo lo cual haría a las elecciones confiables.
La transición a la democracia requiere también una transición a la democracia parlamentaria, además de la democracia en cada partido, entre los partidos, el Gobierno con los partidos y en la convivencia internacional: que interfieran poderes externos sobre el señorío de nuestra soberanía interior.
Sobre el informe presidencial reiteradamente se ha presentado esta disputa. El partido oficial sostiene que estamos en un régimen monárquico; que el Presidente de la República está muy por encima de la Cámara de Diputados y que no le podemos dirigir la palabra, porque no somos iguales.
Ese informe que se viene practicando resulta un monólogo y no un diálogo republicano; resulta también con intromisiones militaristas y eclesiásticas, porque el estiramiento y la rigidez de este informe lo hacen puramente objeto de contemplación para la televisión, para la promoción de Televisa. O bien, se nos impide y se nos considera faltantes al respeto y al decoro. Creo que nosotros no tenemos ninguna intención de faltar a la cortesía, a las buenas maneras y al recíproco respeto que se debe guardar entre los poderes. Pero necesitamos encontrar un procedimiento que siendo respetuoso, permita el intercambio de pronunciamientos, como existe en todos los parlamentos.
Yo tuve el honor de estar en el parlamento canadiense y pude ver cómo sin formulismos ni entorpecimientos de ninguna índole, los integrantes del Gobierno en sus más elevadas jerarquías, cara a cara frente a todas las corrientes de la sociedad, entran todos los días que tienen parlamento, en hora y media de debate, de preguntas, de ampliación, de aclaraciones o de críticas y esto es ante el público, esto es ante la sociedad, ante la prensa. Eso creo que señala un adelanto en el parlamento canadiense, que aunque gobierna en nombre de la reina , practica y respeta la voluntad democrática.
Por otra parte, hemos visto la necesidad de dejar atrás estos defectos del informe, carácter rígido, sacramental, ritual y narcotizante televisivo y dar un paso al intercambio, a la libertad de la información; la democracia significa en cierta forma, que las personas, cualquier individuo tenga una iniciativa creadora y participativa en la convivencia, en el Gobierno y en el futuro de la sociedad en que vive.
Por otra parte entendemos el tiempo parlamentario. Debatir no es simplemente escuchar una serie de oradores. Debatir es dialogar y dialogar es hablar de lo mismo, no de lo que a cada quien se le ocurra. Profundizar el debate, avanzar en el debate, esclarecer el debate, porque lo que conviene a la nación y al país, solamente entre todos, complementándonos todos, podemos realmente encontrar la respuesta.
Por otra parte, esa flexibilización está presentada como una conveniencia para que impere la racionalidad política, social, pragmática, en el lenguaje, en las leyes y las funciones que nos incumben, y no con esto voy a terminar, presentan la conveniencia de libertad parlamentaria en los cambios legislativos, en el foro de opinión nacional, en la legitimación y deslegitimación del Gobierno, de acuerdo con la sensibilidad nacional, el riguroso control de la presupuestación, la posibilidad del control de un buen gobierno, el transitar esas funciones que la Constitución nos señala, como tribunales de responsabilidades políticas, el asegurar las condiciones de la gobernabilidad y el contribuir a los ideales democráticos. Se trata entonces, de este conjunto de exigencias, de ser custodios y guardianes de la Constitución.
Una fue la Constitución que recibimos, inspirada en el principio de hacer valer el interés social y público; otra es la Constitución que vamos a entregar, no por que la hayamos cambiado explícitamente; pero sí por lo que notificamos puesto que todo lenguaje tiene dos dimensiones: lo que significa y lo que notifica y lo que notifica es importante esclarecerlo en la palabra, en el debate, en el discurso, en el diálogo que crearon los griegos y perfeccionaron los romanos y los revolucionarios republicanos como Rousseau, creando la necesidad de que la ley se inspire en principios de ética y de logro social.
Nosotros creemos que el proyecto ciertamente moderniza y actualiza algunas cosas; pero quisiéramos que se actualizaran estos ideales democráticos por los que aún tenemos que luchar.
Es por estas circunstancias que nuestro voto en lo general, es en contra, pero en lo particular haremos propuestas que ya anuncié y por haberme concedido el honor de expresar a nombre del Partido de la Revolución Democrática, su criterio, doy las gracias al partido y a todos ustedes.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Héctor Pérez Plazola.
El diputado Héctor Pérez Plazola:
Señor Presidente diputado don Enrique Chavero Ocampo; señoras y señores diputados:
Al iniciar los trabajos de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias en la presente legislatura, quedó claro desde un principio la magnitud de las reformas que habríamos de realizar: Se plantearon diversos objetivos y metodologías con el único fin de contar, los legisladores, con los instrumentos normativos adecuados para el mejor desarrollo del trabajo parlamentario.
Así las cosas, todos los grupos parlamentarios integrados en la comisión nos abocamos a participar en la adecuación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas modificaciones se caracterizaron en principio para hacer ajustes de las normas a la realidad, o bien la incorporación de los acuerdos parlamentarios que han venido siendo práctica cotidiana en esta legislatura.
Nuestra fracción parlamentaria consideró conveniente, en ese momento, presentar al pleno de la comisión las propuestas de fondo que ambicionábamos y algunas las seguimos ambicionando para una mejor ley orgánica. Entre éstas, me referiré solamente a algunas.
La importancia del Poder Legislativo, dándole su justo lugar dentro de la división de poderes de nuestro sistema federal.
Coincidimos con la necesidad planteada también por otras fracciones, en el sentido de contar con una Ley Orgánica para el Congreso General y establecer un reglamento interno para cada una de las cámaras, cosa que afortunadamente viene establecido en estas modificaciones, ya que así evitarían duplicidad de disposiciones.
Creímos que los acuerdos parlamentarios celebrados entre las distintas fracciones y que constituyen práctica y costumbre cotidiana en los trabajos legislativoso, debían de quedar plasmados en la redacción de esa reglamentación.
Que al inicio de sesiones de la Cámara durante el primer período ordinario de cada año de ejercicio, es un acto congresional por excelencia que se ha desvirtuado por el excesivo presidencialismo y que afecta notablemente a la imagen del poder autónomo que debe guardar el legislativo: Debemos otorgarle a este acto un cariz sobrio y republicano, que permita que a la vez que los legisladores reciben el informe que el Ejecutivo rinde a la nación, éste a su vez escuche también los planteamientos que expresan las distintas fracciones parlamentarias sobre el vasto quehacer gubernamental.
El orden en las sesiones del Congreso es un valor que debe ser cuidado y respetado por todos y no tan sólo por la mesa directiva. En esa virtud, deben evitarse durante el transcurso de las sesiones todos aquellos actos que tiendan a distraer la atención de los asuntos tratados en tribuna, como pueden ser: concesión de entrevistas a medios de difusión desde los curules,
atención de asuntos personales a través del teléfono celular, pláticas en los pasillos, circulación de asesores y agentes extraños entre las curules de los diputados.
En igual orden de ideas, es bien sabido que los señores legisladores no enfrentan responsabilidad por los actos que realizan con motivo del ejercicio de sus funciones. Sin embargo, se ha abusado de esto, desprestigiando aun órgano que debería y puede ser orgullo de la nación.
Por ello, propondremos que se establezcan normas que los diputados y senadores, por sus intervenciones y actos en el salón de sesiones, deberán guardar el respeto que a la Cámara corresponde, atendiéndose en todo caso al honor que debe caracterizar al legislador.
Existen muchas disposiciones dispersas que establecen las facultades de los legisladores como son: las de iniciar leyes, forma de intervenir en las discusiones, manera de participar en las comisiones y algunas otras, obligaciones varias que a nuestro parecer deberán concentrarse en un apartado especial de derechos y obligaciones.
Las comparecencias de los secretarios de Estado no deben limitarse a la simple presencia protocolaria, sino que pueden y deben ser complementadas con reuniones posteriores de informe, análisis y trabajo que se desarrollan en las comisiones.
La actitud de un legislador ante la votación de un asunto determinado, no puede ceñirse a votar con un sí o un no definitivo, sino que la abstención debe tener cabida como medio de afrontar un acto legislativo.
Las comisiones deben funcionar con el número de miembros suficientes para atender los asuntos que le son propios, cuidando que estén representadas todas las fracciones parlamentarias, esto evitará que se sobresaturen y que en un momento dado no puedan sesionar por falta de quórum.
Queremos que en la Cámara los Diputados cuenten, además del derecho a la información, del derecho de comunicación, esto queremos decir, en vez de la entrega de información ya elaborada, se dé la oportunidad a los legisladores de generarla, pues actualmente en muchos aspectos de la práctica parlamentaria los diputados son simples espectadores de las decisiones cupulares o de los presidentes de las comisiones, sin intervenir los diputados en el funcionamiento de ellas, lo que provoca frustración y malestar.
Conocemos la importancia que tienen las iniciativas que a consideración del Congreso somete el Ejecutivo, pero sabemos de la importancia que tienen también las que presentan las legislaturas de los estados y los representantes de la nación, que se supone debemos ser nosotros, por lo que proponemos que a dichas iniciativas de ley se les dé trámite correspondiente por orden cronológico, según se presenten, evitando las preferencias que denigran este poder.
Existen comisiones que desafortunadamente no sesionan periódicamente por capricho en algunos casos de sus presidentes, que tienen poco o nulo interés en los asuntos de su competencia y a efecto de evitar esta inactividad legislativa, pedimos que los presidentes de las mismas rindan un informe trimestral de las actividades desarrolladas por ellos.
A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, que establece que los órganos competentes de la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso, formularen sus respectivos proyectos de presupuesto y los enviaran oportunamente al Presidente de la República, propondremos la creación de un comité de presupuesto especialmente designado para este caso en cada una de las cámaras.
Creemos que se debe evitar la excesiva atención del pleno que se da a la tramitación de permisos para aceptar condecoraciones y preseas y prestar servicios a gobiernos extranjeros, por ello proponemos una simplificación, evitando las distintas lecturas de los dictámenes individualmente, para que pase a ser facultad de la Comisión de Relaciones Exteriores la aprobación de dichos actos y en un sólo dictamen se someta al pleno.
Coincidimos con otros grupos parlamentarios en el respeto que debe guardarse al orden del día que previamente se ha acordado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, por lo que no podrán tratarse más que
los asuntos para los que la Cámara fue convocada.
Con objeto de hacer efectivas las sanciones a los diputados faltistas, además de fincarse las responsabilidades que señala el artículo 63 constitucional, proponemos que se publiquen mensualmente los nombres de los diputados que sin causa justificada se han abstenido de acudir durante 10 sesiones consecutivas.
Estimamos prudente que los reglamentos de las distintas comisiones establezcan que los asesores y personal de apoyo de dichos organismos, servirán a los miembros de las comisiones sin distinción de la fracción partidista a la que pertenezcan.
Siendo congruentes con nuestra proposición, solicitamos que se transforme también la forma de gobierno de la Cámara de Senadores, sustituyéndose por órganos similares a los que se proponen para la Cámara de Diputados.
Las sesiones ordinarias deberán respetar el horario establecido, pudiendo prorrogarse por iniciativa de los miembros de la Cámara, pero sin que su duración exceda de 10 horas de trabajo continuo, atendiendo a un criterio de racionalidad que no vaya en detrimento de la labor parlamentaria. El carácter público de las sesiones debe acatarse haciendo funcionar la sección de galerías; de igual forma se deberá disponer el establecimiento de un espacio reservado para que asesores realicen su trabajo cómoda y eficazmente. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley pasen independientemente de quien o quienes las suscriban, a la comisión que corresponda atenderlas para su posterior dictamen, evitándose el trámite a que hace mención al artículo 58 del Reglamento para todos aquellos que no forman parte del grupo mayoritario.
Debe adecuarse al artículo 87 del Reglamento para modificar los tiempos en que las comisiones tengan que presentar los dictámenes correspondientes, a efecto de hacer posible el cumplimiento de esta responsabilidad.
Para evitar el uso excesivo de la tribuna con objeto de rectificar hechos, se faculta al Presidente de la Cámara para que pueda hacer moción al orador que haya solicitado la palabra con tal fin y en su exposición no se refiera a los hechos del orador que lo precedió o al tema sujeto del debate.
Por último, estamos complacidos con el trabajo que ha desarrollado esta comisión, que evitando el lucimiento o presentación de un proyecto personal o partidario, se ha abocado a recoger las inquietudes y propuestas de todos los grupos representados en la Cámara y en vista de que esta comisión ya trabajó también en la preparación del proyecto de nuevo Reglamento Interno para esta Cámara, nos hemos comprometido a reactualizar dicho documento y presentarlo a través de la Comisión Permanente para que sea tomado en consideración y nuestro trabajo no resulte infructuoso.
Señoras y señores diputados, una legislación obsoleta en el seno de la Asamblea encargada de hacer leyes es insostenible y propicia confusión en el quehacer legislativo; aspiramos a tener reglas claras y acordes a la realidad plural que vive el país.
Quedan en el archivo de la comisión las propuestas de nuestra fracción, como las de todas las demás sobre estos y otros temas y está pendiente aún la reforma integral que nos propusimos al iniciar nuestro ejercicio y que por diversos motivos, entre los 18 meses de congelación en el Senado, concluyen hoy con la consecución de un objetivo modesto, pero no por ello deja de ser importante y trascendente para esta legislatura y el aprovechamiento de la subsecuente.
Con la salvedad del artículo 8o. de este dictamen relativo a la apertura del primer período de sesiones ordinarias de cada año, por los motivos que expusimos en esta Cámara, al discutirse por primera vez las modificaciones a esta ley, el 9 de diciembre de 1992, argumentación presentada ampliamente por nuestro compañero diputado Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, por cierto secretario de la comisión y para no ser reiterativo, lo doy por reproducido.
En consecuencia, nuestra fracción parlamentaria votará a favor en lo general por considerar que nunca habrá justificación bastante para continuar utilizando, quienes tenemos la función de realizar los cambios legislativos, regirnos por una ley totalmente anacrónica. Gracias por su atención, señoras y señores diputados.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Tomás Osorio Avilés, del PRI.
El diputado Tomás Osorio Avilés:
Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros legisladores.
Paso a esta tribuna en representación de la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, para manifestar nuestro apoyo a la minuta que nos remitió el Senado de la República y que hoy se somete a la consideración de todos ustedes.
Vale la pena recordar que nuestra Ley Orgánica vigente fue aprobada en 1979 y que a pesar de muchos esfuerzos no ha sido actualizada a lo preceptuado en la Constitución y en la legislación electoral federal.
Por tal razón, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política encomendó a la de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, actualizar nuestra normatividad interna, incorporar a la misma los acuerdos parlamentarios que se han adoptado en esta legislatura y redefinir y fortalecer el trabajo en comisiones.
Es facultad de la comisión que suscribe el dictamen, preparar los proyectos de ley o decretos para adecuar y perfeccionar las normas de las actividades camarales.
En este orden de ideas, con la participación de legisladores de todos los partidos con representación en esta Cámara, diciembre de 1992 esta soberanía conoció una iniciativa que después de razonado y prolongado debate fue aprobada y turnada como minuta al Senado de la República.
En esta parte inicial del proceso legislativo fueron modificados 42 artículos de la Ley Orgánica, sin embargo reformas constitucionales posteriores a diciembre de 1992, obligaron a modificar normas del Cofipe que rebasaron a la minuta que turnamos al Senado y por otra parte, como ya lo consigna el dictamen, el proyecto que aprobamos en 1992 sólo se ocupó de artículos relacionados con el Congreso general y con la Cámara de Diputados, dejando intocable la parte que regula al Senado de la República y de esta forma se dejó abierta la hipótesis que plantea al artículo 72 constitucional en su inciso e, en el sentido de que como Cámara revisora la colegisladora reformara o adicionara los artículos que se refieren a su funcionamiento.
Consideramos que cada Cámara es el mejor juez para conocer y decidir el modo de ordenar su organización y su modo de actuar; la ampliación de la Cámara de Senadores de 64 a 128 integrantes, la supresión de los colegios electorales en las dos cámaras y las nuevas fechas y periodos de duración de las sesiones ordinarias del Congreso, obligaron a la colegisladora a modificar nuestra minuta para hacerla congruente con la Constitución y con el Cofipe.
Por otra parte, estamos convencidos de que el contenido de las reformas hechas por el Senado a los artículos que se refieren a su funcionamiento están apegadas a los nuevos términos constitucionales y no quebrantan el espíritu general de la reforma que aquí iniciamos y que hoy discutimos.
De los cambios hechos en el Senado pueden destacarse: la supresión de su colegio electoral; la creación de una comisión instaladora de la nueva de la nueva legislatura; la creación de un cuerpo técnico profesional de apoyo para asesoran a la mesa directiva y proporcionarle la información que requiera; de esta forma se pretende establecer el desarrollo profesional de carrera en el servicio de las cámaras del Congreso.
La transformación de las comisiones especiales a ordinarias, la reagrupación de las comisiones que se reducen a 26, la nueva forma de integrar su Gran Comisión, con la novedad de integrar a la misma a los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios que se formen al interior del Senado; la nueva integración de la directiva de la Gran Comisión, con un Presidente, dos vicepresidentes y un secretario, consignándose que un vicepresidente corresponderá a la primera minoría; la introducción de un nuevo capítulo con el fin de regular la conformación, prerrogativas y funcionamiento de los grupos parlamentarios en el Senado y el derecho de los grupos parlamentarios a contar con locales, recursos humanos y materiales para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias del Senado y en Relación a la importancia cuantitativa de cada uno de ellos.
Ahora bien, el artículo 72 constitucional en su inciso e, señala que si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, modificado o
adicionado por la revisora, la nueva discusión, es decir, la que hoy realizamos, debe versar únicamente sobre las reformas o adiciones hechas en el Senado, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados, los que aquí aprobamos en 1992 y que no fueron tocados por la colegisladora.
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional consideramos que el Senado ha coincidido con el espíritu de la reforma que iniciamos y casi con la totalidad de las modificaciones propuestas y aprobadas en 1992.
Por otra parte, como ya lo señalamos, lo aprobado en el Senado el pasado día 6 del presente, se apega a la Constitución General de la República y al Cofipe; por todo lo antes expuesto, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del dictamen, ya que de aprobarse se lograrían varios propósitos fundamentales: se actualizaría nuestra Ley Orgánica; incorporaríamos a la misma acuerdos parlamentarios que hemos aprobado y se incorporarían prácticas parlamentarias que han fortalecido el ambiente plural de la Cámara y agilizado el desarrollo de nuestros trabajos.
Compañeros diputados, por mi conducto el Partido Revolucionario Institucional hace un público reconocimiento a los partidos políticos con presencia en esta Cámara por el trabajo que han realizado para llegar a este momento del proceso legislativo.
Todos de alguna manera han contribuido para que de ser aprobado el dictamen, tengamos una nueva Ley Orgánica que no nos apene, como lo señaló en una reunión de conferencia con el Senado un compañero legislador del Partido de la Revolución Democrática.
Porque el documento que hoy analizamos es producto del trabajo de las seis fracciones parlamentarias; porque en él está el esfuerzo de los legisladores miembros de la comisión que dictamina, solicito respetuosamente el voto aprobatorio de todos ustedes.
Estoy seguro que esta tarea realizada pluralmente, solo será el punto de partida de un esfuerzo permanente para continuar mejorando nuestra normatividad interna. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente
Esta Presidencia informa que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha reservado para su discusión los artículos 8o., 19, 20, 43, 49 y adiciones al Título Primero. Para tal fin, se han inscrito los siguientes oradores: el diputado Jorge Calderón Salazar, diputada Evangelina Corona Cadena, el diputado Elpidio Tovar de la Cruz, y el diputado Enrique Rico Arzate. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente; estimados legisladores:
Tal como se podrá observar en la lista de oradores que el grupo parlamentario del PRD ha formulado, distintos artículos sobre diversos puntos con propuestas particulares serán presentados en esta tribuna de la Cámara de Diputados: Solicité sin embargo al grupo parlamentario del PRD la autorización para venir a esta tribuna a referirme a esta ley, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer consideraciones específicas sobre dos artículos y en uno de ellos habrá propuestas y comentarios adicionales que formularán mis compañeros de grupo parlamentario.
Me quiero referir específicamente al siguiente punto: durante casi tres años hemos discutido como facultad propia de la Cámara de Diputados, de Presupuesto de Egresos de la Federación y hemos también analizado los criterios generales de política económica que fundamentan el Presupuesto de Egresos de la Federación y de manera particular un servidor de ustedes ha colaborado con las funciones de esta Cámara como secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y hemos encontrado que de manera absolutamente contradictoria, las facultades que la Constitución establece en forma exclusiva a la Cámara de Diputados en materia de la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación, no van acompañadas de una reglamentación precisa y puntual en nuestra normatividad relativa a presupuesto y en nuestra normatividad relativa a contabilidad y a gasto público.
Y asimismo, cuando se presenta el informe presidencial, no solamente tal como lo expuso
ya el diputado Carlos González Durán, no solamente no tenemos la posibilidad de un debate y un diálogo directo con el titular del Poder Ejecutivo, sino también se inhibe la capacidad de la Cámara de Diputados para debatir con el gabinete económico o con el titular de la Secretaría de Hacienda, lo relativo al capítulo económico del informe presidencial.
El objetivo en consecuencia de esta intervención, es señalar a ustedes que en esta Ley Orgánica del Congreso que está siendo discutida se mantiene una laguna en lo que se refiere a la posibilidad de que con posterioridad a la presentación del informe presidencial, esta Cámara tenga diálogos sustantivos con los integrantes, repito, del gabinete económico y particularmente con el Secretario de Hacienda, en materia de este capítulo económico.
En numerosos parlamentos, cuando se presenta un informe de las características de lo que es el informe presidencial, importa no sólo el diálogo directo y la discusión directa con el titular del Poder Ejecutivo, llámese presidente o primer ministro, sino también la discusión específica de temas particulares con los titulares de los ministerios o secretarías de Estado respectivas.
En esta formulación del artículo 8o., en que solamente se establece la obligación genérica de enviar versiones estenográficas de las sesiones para ser remitidas al Presidente de la República para su conocimiento, no se da una norma, compromiso o vínculo institucional de diálogo directo y de cara a la nación, sobre puntos que son sustantivos.
Efectivamente hemos intervenido aquí numerosos diputados de diferentes grupos parlamentarios analizando capítulos social, económico, política exterior o aspectos de política interna; eso es cierto, pero no ha habido la posibilidad de un diálogo directo con los titulares de las secretarías de Estado respectivas y mucho menos de un diálogo directo con el titular del Poder Ejecutivo.
Entiéndase que cuando hablamos los diputados del PRD de diálogo, lo entendemos como que con una normatividad precisa se puede dar con respeto a la independencia de cada uno de los poderes, en este caso del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y con una forma que permita que la nación pueda conocer de manera clara los argumentos de los distintos grupos parlamentarios.
Existe pues, en consecuencia aquí, la necesidad de continuar esfuerzos en ésta y en la próxima legislatura, que mejoren la posibilidad de un discusión específica con el titular del Ejecutivo y con los secretarios de Estado respectivos, el análisis de capítulos y en este caso por un interés específico del área que ha sido mi competencia durante varios años, el área de formulación presupuestaria, que exista posibilidad en próximos informes presidenciales, de tener discusiones y diálogos particulares con el gabinete económico y particularmente con el Secretario de Hacienda, después de la presentación del informe presidencial.
Otro punto al que me quiero referir de manera puntual, es el artículo 49. En él se establece de manera precisa que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública actuará de acuerdo con lo dispuesto por las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda en lo conducente.
El hecho es que desde 1991, en ocasión de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, y esto lo reiteramos a finales del año 1992 y 1993, hemos considerado conveniente una práctica parlamentaria que se establece en otras naciones y es que el que antes del envío formal de la iniciativa de presupuesto de egresos por el Poder Ejecutivo, exista un método institucional de consultas y diálogos previos con responsables presupuestales de diferentes secretarías de Estado y hemos también sugerido que se tomen en cuenta en la formulación presupuestal diálogos con los gobernadores de los diferentes estados y entidades federativas y con los congresos locales, de tal manera que tengamos presupuesto marco antes de enviarse el presupuesto formal a la Cámara de Diputados, que sirva como elemento de discusión y análisis y hemos propuesto también que después de enviado el presupuesto o la propuesta formal de Presupuesto de Egresos de la Federación, haya también mecanismos que posibiliten el pleno ejercicio de la facultad de la Cámara de Diputados para modificar la propuesta presupuestal que se inicia en el Poder Ejecutivo.
Queda abierta en consecuencia, en la medida que este artículo 49 se transfiere a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público la normatividad conducente, repito, queda abierta la posibilidad en ésta y otras legislaturas, para establecer normas que permitan una
intervención mucho más decisiva e importante de la Cámara de Diputados en la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Finalmente, en lo relativo a la Contaduría Mayor de Hacienda, a veces ha existido una confusión en los grupos parlamentarios, en el debate de la Cámara de Diputados sobre este punto, confusión que en cierto sentido se mantiene en la formulación del artículo 49: Quien revisa en primer término el dictamen de cuenta pública, es la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; quien elabora el dictamen es esta comisión, quien lo presenta al pleno de la Cámara de Diputados, siendo por tanto sus funciones diferentes a las de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Pero hemos observado precisamente por la normatividad vigente, que con frecuencia facultades fundamentales de la Cámara de Diputados en materia de control de gasto público, por falta de reglamentación o por falta de voluntad política no se ejercen de manera adecuada.
Por ello es que terminaré diciendo que hacemos votos porque existan condiciones de diálogo legislativo y decisiones sustantivas en próximos tiempos para que en las leyes particulares, específicamente la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, se establezcan estas capacidades y precisiones para intervenciones fundamentales del Poder Legislativo en estos puntos.
Y ojalá que algún día sean descongeladas iniciativas que a lo largo de casi tres años hemos presentado los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre esos puntos relacionados con las facultades de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de la Cámara de Diputados en materia presupuestal.
Sólo quisiera recordar que hace apenas unos meses, al inicio de este período de sesiones ordinarias, propusimos una modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación y particularmente propusimos modificaciones en materia de las capacidades discrecionales que el Ejecutivo tiene en materia de aplicación de gasto público y estas reformas, al igual que otras que hemos propuesto en materia de presupuesto, contabilidad y gasto público, nunca fueron discutidas, nunca fueron dictaminadas, nunca fueron ni siquiera aprobadas o rechazadas en su caso; simplemente pareciera que la consigna fue: archívese, escóndase y ocúltese, sin una verdadera voluntad para un diálogo y un debate sustantivo.
Ojalá, repito, que en el marco de las transformaciones democráticas por las que todos luchamos, estas facultades que en exclusividad la Cámara de Diputados tiene en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación y en materia de control de gasto público, puedan ejercerse a plenitud en beneficio de la nación. Muchas Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Evangelina Corona Cadena... No encontrándose en el recinto, tiene la palabra el diputado Elpidio Tovar de la Cruz.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Uno de los problemas fundamentales del derecho constitucional y parlamentario de todos los tiempos, es el concerniente a la división de poderes.
Como ya lo ha establecido nuestro compañero Carlos González Durán, es imprescindible para la conformación de un derecho parlamentario, democrático, el establecimiento de un margen real y electivo de independencia, sobre todo en cuanto a sus facultades legislativas.
En México la independencia del Poder Legislativo es casi nula; desde hace décadas no se conoce caso alguno de iniciativa presentada por el Presidente de la República que haya sido formalmente rechazada: Desde hace décadas la casi totalidad de las iniciativas presidenciales han sido aprobadas con cambios si acaso secundarios.
Por otra parte, las iniciativas emanadas del propio Congreso o de las legislaturas locales, en muy rara ocasión son dictaminadas, lo cual contrasta con la ansiosa y casi siempre atropellada celeridad con la que son tramitadas las que presenta el Presidente de la República.
No es posible que la explicación de este fenómeno resida en que en México las propuestas legislativas emanadas del Ejecutivo han sido casi siempre perfectas y que en tal virtud le han evitado al Poder Legislativo la molestia de legislar por su cuenta, por examinar con rigor las iniciativas ajenas.
Se trata de un control metaconstitucional que detenta el Presidente en turno sobre el Congreso.
Históricamente una de las razones de fondo de este control, radica en que el Presidente mismo es el que integra a su gusto a las mayorías en las cámaras, habida cuenta de la ficción democrática que también históricamente ha acompañado al actual régimen.
Otras razones, que el Presidente ha tenido hasta ahora la capacidad en los hechos de determinar el futuro político de los integrantes de esas mayorías. Un secretario de Estado quien conociera momentos brillantes como parte de la élite intelectual de México, ha asentado lo anterior en un estudio clásico sobre el presidencialismo.
En el Partido de la Revolución Democrática consideramos que ha llegado la hora de la división de poderes en México. Concentrar, como ha sido práctica hasta hoy, las decisiones fundamentales del país en una sola persona, es ya suicida para cualquier Gobierno, habida cuenta de la extrema complejidad de los problemas sociales y de las impostergables demandas de democratización integral de la vida política.
Por ello juzgamos imperativo presentar, hoy que se discute la Ley Orgánica de este poder, una propuesta para crear un capítulo especial orientado precisamente a propiciar el rescate de una actividad legislativa independiente.
La ley lo es todo, el estudio al que aludimos lo demuestra más allá de toda duda, pero es con todo indispensable que refleje la voluntad de regenerar el régimen republicano. Por lo tanto, proponemos, con base en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente adición al proyecto de decreto.
Único. Se propone la adición de un nuevo capítulo sobre el proceso legislativo del Congreso de la Unión a partir del artículo 15 del proyecto en discusión, recorriéndose en su numeración los restantes, para quedar como sigue.
Título primero. Capítulo II: del Proceso Legislativo del Congreso de la Unión.
Primer artículo nuevo. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
1. Al Presidente de la República;
2. A los diputados y senadores del Congreso de la Unión;
3. A las legislaturas de los estados;
4. A la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Segundo artículo nuevo. Las iniciativas de ley o decreto presentadas a las cámaras por el Poder Ejecutivo Federal, las emanadas por el Congreso de la Unión y las presentadas por las legislaturas locales o la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, así como las diminutas remitidas por la cámara colegisladora, tendrán en principio el mismo rango de importancia para efectos de su consideración por las cámaras y por consiguiente tendrán el orden de prelación que les corresponda por la fecha de su presentación.
Tercer artículo nuevo. Las iniciativas de ley o decreto enviadas por el Poder Ejecutivo Federal dentro de los primeros 15 días naturales de cada período ordinario, podrán ser incluidas por la cámara correspondiente para su discusión por el pleno en el calendario de trabajo para el mismo período. En caso de que fuesen enviadas con posterioridad a ese límite, podrán ser discutidas por el pleno en el período de sesiones inmediato posterior.
Cuarto artículo nuevo. No proceden las disposiciones de los artículos segundo y tercero en los casos del presupuesto anual de la Federación y reformas a las leyes fiscales que tendrán preferencia para su proceso parlamentario en el período en el que se han presentado.
Quinto artículo nuevo. Sólo podrán hacerse excepciones a las normas contenidas en los artículos segundo y tercero cuando así lo resuelva alguna de las cámaras por resolución expresa y específica avalada por dos tercios de sus miembros presentes.
Firman la siguiente propuesta el diputado Alejandro Encinas, el diputado Salvador Juárez García y un servidor. Dejo la propuesta en la Secretaría para que se ponga a consideración. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Enrique Rico Arzate.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Someto a la consideración la modificación del artículo 8o. del proyecto de decreto y se crea a continuación un nuevo artículo 9o.
Con base en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos las siguientes modificaciones:
Artículo 8o. El día en que se inicie cada período de sesiones ordinarias, el Presidente de la República y su gabinete asistirán a la sesión en la cual ante la presencia del titular del Ejecutivo, los grupos parlamentarios de las cámaras harán consideraciones en tribuna acerca del estado que guarda la nación, así como en los trabajos del período de que se trate. Dichas consideraciones expuestas en una intervención por cada grupo parlamentario tendrá la duración que cada uno de ellos considere pertinente, sin exceder los 15 minutos cada una.
El orden en que las consideraciones serán presentadas será determinado por la Comisión de Régimen Interno de la Cámara que corresponda, atendiendo la importancia numérica de cada grupo o fracción parlamentaria.
Cuando se trate de un primer período de sesiones ordinarias, el Presidente de la República permanecerá en el recinto del Congreso con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 69 de la Constitución, dando personalmente lectura a su informe.
Artículo 9o. (artículo nuevo) Cinco días después de iniciado el primer período de sesiones del Congreso, el Presidente de la República asistirá a sesiones del Congreso general con el propósito de participar en el debate que sobre su informe se realizará, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Todos los grupos parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, reconocidos de conformidad con lo dispuesto por la presente ley, tendrán derecho a participar en el debate, a través de uno de sus miembros, por cada ronda de oradores, el cual se designará por ellos mismos;
b) Los legisladores designados por los grupos parlamentarios de las cámaras para participar en el debate, lo harán en el orden que acuerde la Comisión de Régimen Interno de la Cámara correspondiente; empero, el conjunto de los senadores designados para cada ronda de oradores intervendrá antes que los diputados. Entre tanto no se desahogue completamente la primera ronda de oradores que incluirá la totalidad de los miembros arriba señalados, no podrá considerarse concluido el debate ni levantarse la sesión;
c) Las participaciones en el debate de los miembros de los grupos parlamentarios designados para ello, consistirán en cada ronda, de una primera intervención y una réplica, por cada participante;
d) Durante la primera ronda de oradores, los miembros de los grupos parlamentarios dispondrán de un mínimo de 15 minutos cada uno para su intervención y de un mínimo de 5 minutos par la réplica, misma que tendrá lugar cuando el Presidente de la República dé respuesta a la primera. Las comisiones de Régimen Interno de ambas cámaras podrán, de común acuerdo, determinar una extensión de estos tiempos, lo que deberá ser igual para todos los grupos y fracciones parlamentarias;
e) El Presidente de la República dará respuesta oportuna y suficiente a las interrogantes planteadas por los legisladores inmediatamente a continuación de que dichas interrogantes le sean dirigidas. El Presidente de la República dispondrá del tiempo que juzgue pertinente para dar respuesta a las interrogantes de los legisladores, sujetándose en todo momento a las disposiciones que sobre comparecencias de funcionarios públicos marque el reglamento correspondiente;
f) Las comisiones de Régimen Interno de ambas cámaras, podrán de común acuerdo determinar la continuación de la sesión y la celebración de rondas adicionales de oradores.
En estas rondas participarán nuevamente representantes de todos los grupos parlamentarios de ambas cámaras, en las condiciones expuestas anteriormente. Pero el tiempo de que dispondrán será determinado de común acuerdo por las comisiones de gobierno de ambas cámaras en función de la importancia numérica de cada grupo, no siendo el tiempo de cada intervención nunca inferior a cinco minutos el de la primera ni a tres minutos el de la réplica, y
g) La totalidad de los debates será transmitida en vivo por radio y televisión a todo el territorio nacional en uso del tiempo en los medios electrónicos que por ley le corresponden al Estado. Un resumen de los mismos será incluido en tres diarios de circulación nacional, con cargo al Congreso de la Unión.
Firman esta iniciativa el diputado Miguel Ángel León Corrales; la diputada Evangelina Corona y un Servidor.
Señor Presidente, dejo en la Secretaría la iniciativa para su presentación al pleno.
El diputado José Socorro Velázquez Hernández (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto?
El diputado José Socorro Velázquez Hernández (desde su curul):
En términos del 100.
El Presidente:
En términos del artículo 100, tiene la palabra el señor diputado José Socorro Velázquez.
El diputado José Socorro Velázquez Hernández:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, quisiera hacer algunas precisiones en torno a la intervención del muy respetable compañero Enrique Rico, que me precedió en el uso de la palabra.
Quiero hacer algunas consideraciones en torno fundamentalmente al artículo 8o. de la propuesta de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Nosotros consideramos que este artículo a más de haber sido sumamente discutido en las comisiones correspondientes en su momento en la Cámara de Diputados, fue también bastante discutido en el Senado de la República.
Nosotros pensamos, y estamos convencidos de ello, que el texto corregido en el Senado de la República, responde a los requerimientos políticos de nuestro país.
Si examinamos nosotros la minuta que esta Cámara de Diputados envió al Senado de la República y la comparamos con el texto que ahora nos envía el Senado, podemos clarificar algunos aspectos.
Me voy a permitir leer el artículo 8o., tal como se mencionaba en la minuta que fue enviada por esta Cámara al Senado, en diciembre de 1992. Decía el artículo 8o.: "El 1o. de noviembre de cada año, en la apertura del primer período de sesiones ordinarias del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución".
Y en la parte conducente, que es lo que nos interesa, decía en esa minuta el mencionado artículo 8o.; "La Cámara de Diputados analizará el informe presentado por el Presidente de la República en el seno de sus comisiones. El análisis se desarrollará clasificándose por materias en: política interior, política económica, política social y política exterior. Para este propósito se solicitará la presencia de los secretarios de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores, ante comisiones".
Hubo algunas modificaciones en el Senado con respecto a este artículo 8o. En primer lugar y por obvias razones, se cambia la fecha de 1o. de noviembre a 1o. de septiembre en función de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso General.
Y por lo que respecta al párrafo que yo mencioné en la minuta enviada de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, se excluye la mención de que con el propósito de analizar el informe de los temas que aquí están establecidos, se podrá solicitar la presencia en comisiones de diversos secretarios de Estado, precisamente por una razón fundamental. El artículo 93 constitucional, en su segundo párrafo, establece con claridad que no solamente los secretarios de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Gobernación, podrán ser llamados y no solamente a comisiones, sino al pleno de esta Cámara, para que informen del estado que guarda la administración de sus respectivos ramos.
Por lo tanto nosotros consideramos que este artículo 8o. constitucional, debe quedar en los términos que nos fue enviado por la colegisladora, pero desde luego, respetamos el trabajo responsable que tanto en la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, como aquí en este pleno, han desarrollado los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, y seguramente tienen todo el derecho de presentar esta propuesta y ya veremos si el pleno la acepta o la rechaza. Nosotros consideramos que es improcedente. Les agradezco mucho su atención.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Rico.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados:
Es cierto que esta iniciativa de ley, esta iniciativa de reformas fue congelada en el Senado y el artículo 8o., si bien fue bastante discutido, el Senado mutiló este artículo 8o. y con lo que respecta a la comparecencia de los secretarios de Estado.
Como queda el artículo, el que nos envían de la Cámara de Senadores para ser aprobado en este momento, dice: "Podrán ser llamados los secretarios de Estado..."
Cuando es una obligación de estar en la discusión en las comisiones, sobre el estado que guarda la nación al respecto.
Entonces nosotros consideramos que sí se debe reconsiderar el artículo 8o. para dar un verdadero debate en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Por eso ponemos a consideración las propuestas que hacemos al respecto, por parte del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.
El Presidente:
Encontrándose ya en la sala la diputada Evangelina Corona Cadena, tiene el uso de la palabra.
La diputada Evangelina Corona Cadena:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Coincidiendo con nuestra actitud de reformas, de respeto a la misma Constitución y a las mismas leyes que rigen en nuestro país, queremos insistir en que debemos ser coherentes con nuestra postura. Por ése y en ese marco, queremos hacer la propuesta a esta ley que hoy se está discutiendo, a este dictamen.
Con base en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se proponen las siguientes modificaciones al proyecto de decreto:
Único. Se propone la adición de una nueva sección segunda del Capítulo I del Título Segundo del proyecto de decreto, misma que sustituye a la actual sección segunda, para quedar como sigue.
Sección Segunda, Capítulo I del Título Segundo: de la calificación de la elección presidencial.
Primer artículo (artículo nuevo). En los términos del artículo 74 fracción I de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de la Cámara de Diputados erigirse en colegio electoral para calificar la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la forma que determine la ley, en forma definitiva e inatacable.
Artículo 2o. (artículo nuevo) La calificación de la elección presidencial tendrá por objeto
determinar la elegibilidad y la conformidad a la ley de la constancia de mayoría expedida en favor del presunto triunfador, a fin de declarar, cuando proceda, la validez de la elección.
Artículo 3o. (también nuevo) Para los efectos de la calificación de la elección presidencial los consejos distritales y el Consejo General del Instituto Federal Electoral, remitirán los paquetes electorales junto con todas las boletas y documentos electorales relativos a dicha elección a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados del Congreso.
Artículo 4o. (también es propuesta nueva) Para la calificación de la elección presidencial la Cámara integrará una comisión conformada por cinco legisladores de cada grupo parlamentario, la cual será presidida por un diputado que será electo por mayoría calificada de dos tercios de los integrantes de la Cámara. Los dos vicepresidentes serán miembros de la primera y segunda minoría y serán electos por el mismo procedimiento que el Presidente.
Artículo 5o. (también nuevo) Las causales de nulidad de la votación a que se refiere el artículo 287 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se harán valer directamente ante el colegio electoral de la Cámara de Diputados, mediante la interposición del recurso de nulidad, el cual podrá presentarse, a más tardar, cinco días antes de la instalación de la Cámara. Para la interposición de este recurso no será requisito haber presentado el escrito de protesta a que se refiere el artículo 296 del código de la materia; el procedimiento de este recurso se regirá en lo conducente por lo dispuesto por el artículo 2o. del Libro Séptimo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 6o. (nuevo también) Para hacer expedita la calificación de la elección presidencial la Cámara integrará subcomisiones auxiliares de la Comisión de Dictamen Electoral, integradas por cinco miembros, encargadas de examinar la paquetería electoral. El presidente y los dos vicepresidentes de cada subcomisión serán electos según el procedimiento establecido en el artículo 27, que se propone sea un artículo nuevo de la presente ley. Dichas subcomisiones analizarán el contenido de la paquetería y documentos electorales y rendirán un informe en un plazo no mayor de 10 días naturales.
Artículo 7o. Para el desempeño de sus atribuciones la comisión y...
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas (desde su curul):
¡Pido la palabra!
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas (desde su curul):
Quisiera preguntarle a la oradora para una aclaración, no es una interpelación, para ver si oí bien una de las propuestas que está haciendo. Por favor, ¿quisiera usted ser tan amable de preguntarle?
El Presidente:
¿Acepta la oradora la interpelación?
La diputada Evangelina Corona Cadena:
¿Sobre cuál artículo, señor diputado?
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas (desde su curul):
Dice usted..., ¿citó el artículo 287 del Cofipe? Uno donde dice que la Cámara tendría que revisar las boletas. Si nos pudiera ilustrar de nuevo, leer esa parte, por favor. Gracias.
La diputada Evangelina Corona Cadena:
Con mucho gusto, permítame.
No, se refiere a las causales de nulidad el artículo 287, señor diputado.
Estábamos en el artículo 7o. "Para el desempeño de sus atribuciones la comisión y sus subcomisiones a que se refiere el artículo anterior, contará con el apoyo del personal técnico y administrativo que se requiera.
Artículo 8o. Serán aplicables a la calificación de la elección presidencial, todas aquellas disposiciones en materia procedimental del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que no se opongan al presente capítulo.
Hacemos estas propuestas con la confianza y la esperanza de que puedan ser aprobadas para mejorar el dictamen que está a discusión. Está firmada y dejo la propuesta. Está firmada esta propuesta por el diputado Enrique Rico, el diputado Miguel Ángel León Corrales, el diputado Ricardo Valero y su servidora. Dejo a la Secretaría para su votación en el momento adecuado.
El Presidente:
¿Con qué objeto diputado?
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hablar sobre el mismo tema, como miembro de la comisión.
El Presidente:
Como es parte de la comisión, de acuerdo con el artículo 100 tiene derecho a intervenir.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Con el permiso de la Presidencia.
Señores diputados: para comentar brevemente la propuesta que acaba de ser leída aquí por la estimable compañera doña Evangelina Elizondo, especialmente respecto..., perdón, Evangelina Corona, perdón... por la estimable compañera Evangelina,... bueno, así quisiera conservarse Evangelina Elizondo a estas alturas ¿verdad? específicamente respecto del artículo 20 de la ley que estamos ahora discutiendo en forma de minuta procedente del Senado.
Quisiera primero que nada destacar la importante significación que tiene este esfuerzo conjunto de todas las fracciones parlamentarias para contar con una Ley Orgánica del Congreso General, adecuada a las estipulaciones constitucionales que se han venido aprobando en los últimos años, que se adecue también a las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Y quisiera dejar constancia de este esfuerzo, porque algunos compañeros que estuvieron aquí en otras legislaturas, saben bien cuan difícil fue poder concertar un nuevo marco jurídico para el trabajo de las cámaras. Los compañeros que estuvimos en la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, también supimos del esfuerzo que significó para todos sus integrantes, a fin de tener una ley viable en lo posible.
Aquí hace algún tiempo decía un compañero diputado que el problema de una ley orgánica era que había varias corrientes y una de ellas era la obra de arte, que siempre había una fracción o un diputado, el que la redactara principalmente, que quería hacer una obra de arte de una materia tan difícil, tan espinosa, tan delicada, como es normar la práctica parlamentaria del Congreso de la Unión y de sus dos cámaras.
Así pues, creemos que vale la pena destacar este esfuerzo que se acredita a todas y cada una de las fracciones parlamentarias y cuyo mérito radica también en el trabajo consistente realizado a lo largo de estos años por la comisión correspondiente. No se nos olvide pues, compañeros, que vale la pena, es un adelanto significativo.
Quisiera de paso decirles que hace poco tiempo que se levantó aquí una muestra entre los diputados para saber algunas de sus impresiones sobre el trabajo legislativo y una de las respuestas más frecuentes en las que se preguntaba cómo mejorar el trabajo de la Cámara, era precisamente contar con una Ley Orgánica adecuada, novedosa, que reflejará la pluralidad de la Cámara, que reflejara la forma dinámica en que quieren trabajar ambas cámara del Congreso de la Unión; ya la tenemos, vamos a apreciar este esfuerzo, yo les invito a que dentro de un momento votemos a favor de ella.
Pero decía yo que quisiera hacer algunos comentarios sobre la propuesta que hizo aquí la compañera que me antecedió en la palabra y que tenía que ver principalmente con el artículo 20 respecto de la calificación de la elección presidencial.
Primero que nada, yo quisiera señalar que la fracción I del artículo 74 de la Constitución que
establece las facultades exclusivas de esta Cámara de Diputados, es muy clara y únicamente señala que, y así está mantenido este precepto desde la Constitución del 1917, que la Cámara de Diputados se erigirá en colegio electoral para calificar en términos de ley la elección del Presidente, del ciudadano que haya obtenido el mayor número de votos para ser Presidente de la República y cuya resolución dice esta misma fracción, será definitiva e inatacable.
Yo creo que respecto al artículo 20 que estamos ahora discutiendo, recoge el espíritu de esta fracción I, recoge también las disposiciones contenidas en el Cofipe en los artículos 245 y siguientes, en la forma en que se integrarán los paquetes electorales, de la forma en que se comunicará a la Oficialía Mayor de esta Cámara los resultados de los consejos distritales del IFE y quisiera llamar la atención de ustedes sobre algo muy importante que es, si pensamos, como creo, por la solicitud de aclaración de la diputada, me pareció oír que decía que aquí esta Cámara debería recibir los paquetes electorales, las boletas de la elección y toda la documentación; quiero comentarles, ustedes lo saben, todos ustedes lo saben porque están pendientes de los acontecimientos en materia electoral, son 94 mil casillas las que se tienen previsto instalar el próximo 21 de agosto.
Desde ahorita se está haciendo una movilización, una operación de transporte, de distribución de papelería electoral para que esté en tiempo la papelería electoral en cada una de las casillas electorales. Entonces revisar 96 mil casillas, compañeros, creo que es una operación físicamente imposible, materialmente impráctica, que no puede llevarse a cabo por un cuerpo legislativo como el de la Cámara de Diputados.
Pero aún más, yo creo que es importante tener en perspectiva qué es lo que se ha hecho en materia de reformas electorales, ¿por qué la nueva ley le confiere a las actas y a la información que se desprende de los cómputos distritales, cierto valor para que en base a ellos se base la calificación electoral en esta Cámara de Diputados. A nadie se le escapa la importancia jurídico - política que sea la representación nacional, la representación popular que toma cuerpo en esta Cámara, la que califique la elección, porque tiene un sentido de legitimidad política y por eso al pedir que sean los consejos distritales los que con base en su información la Cámara tome en cuenta los resultados para hacer los análisis correspondientes, me parece sensato, práctico y atendible; pero aún más, hay que ver la cuestión geográfica, estratégica, que tiene un distrito, por eso la pirámide electoral va de casilla a distrito, distrito a circunscripción estatal, que prácticamente para los efectos de la elección presidencial no cuentan, solamente para los efectos de la calificación del Senado de la República y pasa hasta el nivel nacional.
Yo creo entonces, compañeros, que la forma en que está redactada, que dice al respecto que los resultados consignados en las actas oficiales de cómputo distrital, me parece atendible, es una información asequible en donde sí es posible examinar con calidad, con interés, con seriedad, con responsabilidad, con conocimiento jurídico, atender los resultados de 300 distritos electorales y no los resultados de 94 mil casillas que me parece pondrían patas para arriba el trabajo de la legislatura.
Así pues,... pero por otro lado, está toda la parte de procedimiento contencioso electoral que está consignado en los artículos 286 a 343 del Cofipe, para que también con base en las resoluciones del Tribunal Federal Electoral, la Cámara pueda producir una resolución como la que todos queremos que se pronuncie y que sea apegada a derecho, que observe todas y cada una de manera íntegra las facultades constitucionales que para estos efectos le señala la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso que estamos discutiendo y desde luego el Cofipe.
Así pues, compañeros, creo que estos artículos como la ley en su conjunto, constituyen un acierto, son un avance, dependerá también la elección de la voluntad política que todos los partidos tengamos ese día y los días posteriores de la forma en que se integre la Cámara, todavía no sabemos cómo se va a integrar la LVI Legislatura, de la capacidad jurídica y política que yo estoy seguro que será amplia, maciza y fuerte, de nuestros futuros sucesores y sobre todo ciertos de que la elección del 21 de agosto será una elección como las que propugnan las seis fuerzas políticas de esta Cámara, los ciudadanos, los medios de comunicación, unas elecciones creíbles, confiables, limpias y transparentes.
Yo les pido, compañeros, que mantengamos la redacción del artículo 20 en los términos de la minuta y que en general sepamos apreciar este
esfuerzo colectivo de un significado avance parlamentario que es esta nueva Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Muchas gracias.
El Presidente:
La compañera Evangelina Corona.
La diputada Evangelina Corona Cadena:
Con permiso, señor Presidente.
Solamente quiero hacer algunos señalamientos quizá dando alguna razón por la cual nosotros proponemos estas modificaciones.
Creo que para nadie está oculto lo que sucedió en 1988 y nosotros de alguna manera queremos que en estas elecciones no suceda lo mismo. La propuesta de que las boletas y los documentos lleguen a la Cámara, será para que se asegure que la realidad es para reconocer al triunfador llámese como se llame. No estamos casados con nadie, solamente queremos que se respeten las elecciones y se hagan bien.
Lo que nos tocó vivir en 1991, cuando nos tocó entrar a la Cámara y que participamos de metiches, a lo mejor, en el análisis de los expedientes de cada diputado, nos hace pensar que requiere de más voluntad y más responsabilidad que todos los diputados, de todos los ciudadanos, por eso hacemos esta propuesta para que se modifique, para que quede bien resguardado y se pongan en claro los resultados de las elecciones.
No pretendemos de ninguna manera pasar ni alterar las leyes, sino simplemente vigilar que se cumplan y que se cumplan bien. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra por cinco minutos la compañera diputada.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Con su permiso, señor Presidente.
Pedí hacer uso de la palabra para enfatizar en las razones de la propuesta que acaba de presentar nuestra compañera, la diputada Evangelina Corona.
Lo que nos parece sensato, práctico y atendible por todas las fuerzas políticas aquí representadas, es dar satisfacción a la demanda, en este caso, de una calificación presidencial transparente y confiable. Para ello qué requisitos estamos exigiendo, los cuales no aparecen, sino que se cercenan en la iniciativa, que pensamos como albazo legislativo, que el Senado nos está enviando como minuta para su discusión en esta plenaria.
El artículo 20 en realidad lo que está haciendo es desaparecer la soberanía del colegio electoral para la calificación presidencial. ¿Por qué?, porque la única facultad que de aprobarse este artículo tal como está llegando, tendría ese colegio electoral, es el del cómputo a partir de los cómputos de los consejos distritales. Se está cercenando la soberanía del colegio electoral, porque no se tendrían más elementos de juicio que aquellos que llegaran de estos cómputos distritales.
La representación nacional que se erige como colegio electoral para la importantísima decisión de calificar a quien lleve las riendas del Ejecutivo Federal, necesita, como dice la compañera Corona, de todos los elementos para un sano juicio y todos los elementos para un sano, equitativo y transparente juicio, son los contenidos en los paquetes electorales; esto es, la lista de la casilla, las actas de instalación y de cierre y las actas de escrutinio de la misma casilla, entre otros documentos que se allegarían los diputados en el colegio electoral.
De otra manera, repito, lo que estaríamos haciendo en esta Cámara de Diputados, es aceptar un albazo legislativo del Senado, que está dando un mensaje a la sociedad, al país, de una calificación cerrada, de una calificación presidencial cerrada.
¿A qué se temería en ese colegio electoral para no aceptar que estos nuevos diputados se alleguen de toda la documentación? Lo que el país necesita en este momento, por el contrario, son todos los documentos, todos los expedientes, para acreditar confianza, par acreditar credibilidad y transparencia en este proceso tan importante, como es el de la próxima elección presidencial.
Pero no solamente, y con este argumento quiero concluir mi intervención, se estaría
cercenando la soberanía de ese colegio electoral, en realidad, subrepticiamente lo que se está haciendo también es destruir a priori los paquetes electorales.
Ese suceso al que hacía referencia la compañera Corona, el de 1988 y después la experiencia que vivimos en el colegio electoral de 1991, justamente lo que nos hace es reclamar la validez legal de la revisión de los paquetes electorales para dar satisfacción sobre la transparencia de la calificación. Lo que aquí se está haciendo es evitarle a quienes estuvieran pretendiendo violentar la voluntad ciudadana, la pena de ordenar la destrucción de los paquetes electorales, como por desgracia se hizo en diciembre de 1991, o el costo político en 1988 de no abrir y de no entregar documentación de más de la mitad de las casillas electorales. Esto es lo que está medio presente en esta redacción del artículo 20, por eso justamente, llamando a este espíritu que tendría que prevalecer en esta Cámara de Diputados, de concertación para legislar de acuerdo a las necesidades y a los reclamos de la sociedad, es que estamos pidiendo no se acepte esta minuta en esta parte y en cambio hacemos un llamado a que por nuestra responsabilidad con el país, se acepten y se discutan a fondo las propuestas que nuestro partido, por boca de la diputada Corona, acaba de presentar. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado señor González Durán.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia compañero Presidente; honorable Asamblea:
El artículo 20 del proyecto, efectivamente como acabamos de escuchar, se refiere al procedimiento del Colegio Electoral de esta Cámara para juzgar la elección presidencial, pero el texto fue modificado parece ser en el Senado y se limitan las funciones del colegio electoral a tomar en cuenta los resultados consignados en la documentación electoral, pero es que un colegio electoral se transforma en un verdadero tribunal electoral, en la última instancia de decisión jurisdiccional de todo el proceso electoral; entonces no se le puede limitar en la esfera probatoria, a allegarse de toda la documentación necesaria.
Esta documentación ya en el IFE se aprobó que no se destruya, sino que se conserve por seis meses y es precisamente el sentido de ese acuerdo, consensado, el que tiene la finalidad de que esta documentación probatoria quede a la disponibilidad de esta Cámara, para allegarse medio y elementos de conocimiento para formular su criterio, así que entendemos no se debe limitar la auténtica y plena dimensión probatoria y la auténtica y plena capacidad de un colegio electoral al calificar las elecciones presidenciales. Es incorrecto que se limite.
También precisé al terminar la inicial intervención, que nuestro proceso parlamentario está condicionado por dificultades que no vienen de nosotros, no es que nos tengamos mala disposición. Entre nosotros ha prevalecido la cortesía, la caballerosidad, el compañerismo y la confraternización parlamentaria en señaladas comisiones, entre otras en esta Comisión de Régimen Parlamentario ha existido una cordialidad parlamentaria. Las dificultades no son entre nosotros.
Es que nos encontramos con problemas que la sociedad va planteando y tenemos que tomar decisiones para resolver los problemas de la sociedad. Es así que igualmente la Gran comisión correspondía a una época de partido dominante, de partido único y hoy la realidad política nacional es de una diversidad de fuerzas, de la necesidad de un parlamento plural, de un parlamento equilibrado, por lo que la equidad debe prevalecer en este sentido de la participación plural, en la vida de las comisiones.
Y consideramos que es un acierto de esta LV Legislatura, desde su inicio, por las autoridades de este parlamento, el que dieran cauce a esta realidad social y crearon la directiva compartida con vicepresidentes de diferentes partidos y que crearon comisiones también plurales, pero este carácter plural debe adquirir otras dimensiones igualitarias para avanzar en este sentido de la participación democrática.
Entonces termino. Por una parte el informe, porque sí es necesario que los partidos cumplan su función esencial que es presentar propuestas de Gobierno y no pueden presentar propuestas de Gobierno si no están debidamente informados por quien gobierna. Esa es la razón de la comparecencia de los miembros del gabinete, la comparecencia y el diálogo que debe establecerse con el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, en el Senado todavía se conserva este anacronismo, esta cuestión antigua de la Gran Comisión, porque ni siquiera ahí el artículo 78, que enumera las comisiones del Senado, enumera nada más las comisiones ordinarias, pero se hace caso omiso de un avance efectivo que tuvo la LV Legislatura que consiste en esta digna y respetable comisión, que es la Comisión de Régimen Interior y Concertación Parlamentaria.
Entonces estas cuestiones que hemos reservado, las hemos reservado por razones democráticas, por razones que ven a los principios democráticos. Eso es todo lo que debo expresar. Muchas gracias.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto, compañero diputado?
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra por cinco minutos, señor diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente.
Seré muy breve. Quisiera sólo referirme a un aspecto de la argumentación del diputado Beauregard, que es el que se refiere al manejo de información de 94 mil casillas electorales.
Si estuviéramos en el siglo pasado, efectivamente sería una tarea gigantesca para un cuerpo colegiado erigido en colegio electoral como es la Cámara de Diputados que se instalará, manejar esa información. Pero en momentos como los actuales, en que existen sistemas de cómputo y mecanismos de procesamiento de información extraordinariamente avanzados, yo le puedo decir al diputado Beauregard y a todos ustedes, que es extraordinariamente sencillo elaborar un sistema de cómputo que posibilite que de manera extraordinariamente ágil de cada uno de los 300 distritos electorales se pueda tener en horas, quizás en menos tiempo, la información detallada, impresa de cada una de las casillas electorales, con la composición de votación por casilla electoral y, de ser necesario puede haber una utilización con base en estos estudios de información computarizada, de ir a los documentos originales sobre los cuales se estableció la información computarizada.
Perfectamente el Instituto Federal Electoral puede entregar a la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, una serie de material procesado, ya que puede ser objeto de un análisis en forma, repito, muy rápida y esto permitiría que cada una de las casillas pueda ser detectada.
Por ejemplo, se podría saber si hay decenas, centenares o miles de casillas "zapato", estas extrañas casillas con 100% de votación a favor del partido oficial; se podría conocer si hubo casillas con un método extraordinariamente fácil, donde el número de votos totales que aparecen en la urna pudiera o fuera superior a aquellos que fueron entregados al inicio de la jornada electoral y muchas otras irregularidades que pueden ser fácilmente destacadas.
Concluyo diciendo en consecuencia que si se tiene imaginación, si se tiene voluntad política, si se pone la técnica al servicio de los procesos de democratización de las instituciones políticas de la nación, es perfectamente viable que el colegio electoral, con un equipo de asesores y técnicos que apoye sus actividades, pueda procesar y utilizar la información detallada de las 94 mil casillas que tal como fue afirmado por diputados del PRD que me antecedieron en el uso de la palabra, fue vital esa información que en 1988 no se tuvo y seguiremos en la exigencia de que el colegio electoral que se instale después de la elección del 21 de agosto disponga de esa información para poder tomar una determinación basada no sólo en los cómputos distritales, sino en el conjunto de los elementos que constituyen la base del proceso electoral del próximo 21 de agosto. Muchas gracias.
El Presidente:
Para una propuesta tiene el uso de la palabra el diputado René Bejarano.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
A petición expresa de mi grupo parlamentario, acudo a esta tribuna a presentar una propuesta de modificación al artículo 43 para garantizar una nueva estructura de comisiones en la Cámara de Diputados. Se trata de crear la comisión de asuntos de la juventud, otra comisión: la de los derechos de los menores, fusionar la Comisión de Educación con la de Cultura, crear la comisión de asuntos de la mujer, y finalmente, la de peticiones legislativas.
Estas comisiones que se están proponiendo obedecen al análisis de la experiencia de los asuntos a que se refieren; particularmente en el caso de los asuntos de la juventud, siendo México un país donde la mayoría de los habitantes son jóvenes y en donde además recientemente, para el caso de los derechos de los menores, se están dando un debate acerca de la imputabilidad para personas mayores de 16 años, atender y crear una comisión específica al respecto, resultaría muy importante.
No abundo sobre la fusión de la Comisión de Educación y cultura, toda vez que esto obedece a una concepción, en donde creemos algunos es difícil mantener separados aspectos o ámbitos tan estrictamente relacionados.
En el caso de la comisión de asuntos de la mujer, hay un debate muy profundo en la sociedad, pero resulta muy importante para un parlamento moderno, atender las demandas de género y tener más allá de las ideologías y de los partidarismos una concepción global que atienda a la problemática de la mujer, dada la estructura patriarcal de la sociedad en la que vivimos.
En el caso de la comisión de peticiones legislativas, se trataría no de crear a través de esta comisión o suplir la figura de iniciativa de ley, sino que el ciudadano pueda a través de él mismo y de esta comisión, presentarle a los legisladores iniciativas que éstos a su vez evalúen adecuadamente y en su caso presenten, conservando así el legislador la facultad de iniciativa de ley, pero abriendo un canal para que los ciudadanos tengan la posibilidad de presentar esta iniciativa.
No voy a leer el texto de la propuesta de modificación y agregados al artículo 43, toda vez que en el momento en que sea sometida a votación será leída por la Secretaría. Muchas gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario José Raúl Hernández Ávila:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a someter a la consideración de la Asamblea las propuestas presentadas por los diputados.
El secretario José Raúl Hernández Ávila:
Propuesta de normas básicas para el proceso legislativo del Congreso de la Unión. Se propone la siguiente adición al proyecto de decreto.
Único. Se propone al adición de un nuevo capítulo sobre el proceso legislativo del Congreso de la Unión a partir del artículo 15 del proyecto en discusión, recorriéndose en su numeración los restantes para quedar como sigue:
Título Primero, Capítulo II: del Proceso Legislativo del Congreso de la Unión.
Artículo 1o. (nuevo) El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
Fracción I. Al Presidente de la República;
Fracción II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión;
Fracción III. A las legislaturas de los estados;
Fracción IV. A la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Artículo 2o. (nuevo). Las iniciativas de ley o decreto presentadas a las cámaras por el Poder Ejecutivo Federal, las emanadas del Congreso de la Unión y las presentadas por las legislaturas locales o la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, así como las minutas remitidas por la Cámara colegisladora, tendrán en principio el mismo rango de importancia para efectos de su consideración por las cámaras y, por consiguiente, tendrán el orden de prelación que les corresponda por la fecha de su presentación.
Artículo 3o. (nuevo) Las iniciativas de ley o decreto enviadas por el Poder Ejecutivo Federal, dentro de los primeros 15 días naturales de cada período ordinario, podrán ser incluidas por la Cámara correspondiente para su discusión por el pleno en el calendario de trabajo para el mismo período. En caso de que fuesen enviadas con posterioridad a ese límite, podrán ser discutidas por el pleno en el período de sesiones inmediato posterior.
Artículo 4o. (nuevo). No proceden las disposiciones de los artículos 2o. y 3o., en los casos del presupuesto anual de la Federación y reforma a las leyes fiscales que tendrán preferencia para su proceso parlamentario en el período en el que sean presentados.
Artículo 5o. (nuevo). Sólo podrán hacerse excepciones a las normas contenidas en los artículos 2o. y 3o., cuando así lo resuelva alguna de las cámaras por resolución expresa y específica avalada por dos tercios de sus miembros presentes.
Firman los diputados Elpidio Tovar de la Cruz, Alejandro Encinas y Salvador Juárez García, del Partido de la Revolución Democrática.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada la propuesta, señor Presidente.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
Propuestas en torno a la sesión del informe presidencial.
Único. Se modifica el artículo 8o. del proyecto de decreto y se crea a continuación un nuevo artículo 9o., recorriéndose en su numeración los restantes para quedar como sigue:
Artículo 8o. El día en que se inicie cada período ordinario de sesiones, el Presidente de la República y su gabinete asistirán a la sesión en la cual ante la presencia del titular del Ejecutivo, los grupos parlamentarios de las cámaras harán consideraciones en tribuna acerca del estado que guarde la nación, así como de los trabajos del período de que se trate.
Dichas consideraciones expuestas en una intervención por cada grupo parlamentario, tendrán la duración que cada uno de ellos considere pertinente, sin exceder los 15 minutos cada una.
El orden en que las consideraciones serán presentadas, será determinando por la comisión de régimen interno de la cámara que corresponda, atendiendo a la importancia numérica de cada grupo o fracción.
Cuando se trate de un primer período de sesiones ordinarias, el Presidente de la República permanecerá en el recinto del Congreso, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 69 de la Constitución, dando personalmente lectura a su informe.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Artículo 9o. Cinco días después de iniciado el primer período de sesiones del Congreso, el Presidente de la República asistirá a sesión del Congreso General con el propósito de participar en el debate que sobre su informe se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Todos los grupos parlamentarios tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de
Senadores, reconocidos de conformidad con lo dispuesto por la presente ley, tendrán derecho a participar en el debate a través de uno de sus miembros por cada ronda de oradores, el cual designarán ellos mismos.
b) Los legisladores designados por los grupos parlamentarios de las cámaras para participar en el debate, lo harán en el orden que acuerde la comisión correspondiente, empero, el conjunto de los senadores designados para cada ronda de oradores, intervendrá antes que los diputados entre tanto no se desahogue completamente la primer ronda de oradores que incluirá la totalidad de los miembros arriba señalados, no podrá considerarse concluido el debate ni levantarse la sesión.
c) Las participaciones en el debate de los miembros de los grupos parlamentarios designados para ello, consistirán en cada ronda, de una primera intervención y una réplica por cada participante.
d) Durante la primera ronda de oradores los miembros de los grupos parlamentarios dispondrán de un mínimo de 15 minutos cada uno para su primera intervención y de un mínimo de cinco minutos para la réplica, misma que tendrá lugar en cuanto el Presidente de la República dé respuesta a la primera.
Las comisiones de régimen interno de ambas cámaras, podrán de común acuerdo, determinar una extensión de esos tiempos, la que deberá ser igual para todos los grupos y fracciones parlamentarias.
e) El Presidente de la República dará respuesta oportuna y suficiente a las interrogativas planteadas por los legisladores, inmediatamente a continuación de que dichas interrogantes les sean dirigidas. El Presidente de la República dispondrá del tiempo que juzgue pertinente para dar respuesta a las interrogantes de los legisladores, sujetándose en todo momento a las disposiciones que sobre comparecencias de funcionarios públicos marque el Reglamento correspondiente.
f) Las comisiones de régimen interno de ambas cámaras, podrán de común acuerdo, determinar la continuación de la sesión y la celebración de rondas adicionales de oradores. En estas rondas, participarán nuevamente representantes de todos los grupos parlamentarios de ambas cámaras, en las condiciones expuestas anteriormente, pero el tiempo del que dispondrán, será determinado de común acuerdo por las comisiones de gobierno de ambas cámaras en función de la importancia numérica de cada grupo, no siendo el tiempo de cada intervención inferior a cinco minutos el de la primera, ni a tres minutos el de la réplica.
g) La totalidad de los debates será transmitida por radio y televisión a todo el territorio nacional, en uso del tiempo en los medios electrónicos que por ley le corresponde al Estado. Un resumen de los mismos será incluido en tres diarios de circulación nacional, con cargo al Congreso de la Unión.
Firman los diputados: Enrique Rico, Evangelina Corona y el Miguel Angel León Corrales.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El secretario Guillermo Jorge González Díaz:
Propuesta del Partido de la Revolución Democrática.
Único. Se propone la adición de una nueva Sección Segunda del Capítulo I del Título Segundo del proyecto de decreto, misma que sustituye a la actual segunda sección, para quedar como sigue:
Sección Segunda, Capítulo I del Título Segundo, de la calificación de la elección presidencial;
Artículo 1o. (nuevo). En los términos del artículo 74 fracción I de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de la Cámara de Diputados erigirse en colegio electoral para calificar la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la forma que determine la ley, en forma definitiva e inatacable.
Artículo 2o. (nuevo). La calificación de la elección presidencial tendrá por objeto determinar
la elegibilidad y la conformidad a la ley de la constancia de mayoría expedida en favor del presunto triunfador, a fin de declarar, cuando proceda, la validez de la elección.
Artículo 3o. (nuevo). Para los efectos de la calificación de la elección presidencial, los consejos distritales y el Consejo General del Instituto Federal Electoral remitirán los paquetes electorales, juntos, con todas las boletas y documentos electorales relativos a dicha elección, a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados del Congreso.
Artículo 4o. (nuevo). Para la calificación de la elección presidencial la Cámara integrará una comisión conformada por cinco legisladores de cada grupo parlamentario, la cual será presidida por un diputado que será electo por mayoría calificada de dos tercios de los integrantes de la Cámara los dos vicepresidentes serán miembros de la primera y segunda minoría y serán electos por el mismo procedimiento que el Presidente.
Artículo 5o. (nuevo) Las causales de nulidad de la votación a que se refiere el artículo 287 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales le harán valer directamente ante el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, mediante la interposición del recurso de nulidad, el cual podrá presentarse a más tardar cinco días antes de la instalación de la Cámara.
Para la interposición de este recurso no será requisito haber presentado el escrito de protesta a que se refiere el artículo 296 del código de la materia.
El procedimiento de este recurso se regirá en los conducente por lo dispuesto por el Título Segundo del Libro Séptimo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 6o. (nuevo) Para hacer expedita la calificación de la elección presidencial la Cámara integrará subcomisiones auxiliares de la comisión de dictamen electoral, integradas por cinco miembros, encargadas de examinar la paquetería electoral.
El presidente y los dos vicepresidentes de cada subcomisión serán electos según el procedimiento establecido en el artículo 27, nuevo, de la presente ley. Dichas subcomisiones analizarán el contenido de la paquetería y documentos electorales y rendirán informe en un plazo no mayor de 10 días naturales.
Artículo 7o. (nuevo) Para el desempeño de sus atribuciones, la comisión y sus subcomisiones a que se refiere el artículo anterior, contarán con el apoyo del personal técnico y administrativo que se requiera.
Artículo 8o. (nuevo) Serán aplicables a la calificación de la elección presidencial, todas aquellas disposiciones en materia procedimental del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que no se opongan al presente capítulo.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El secretario José Raúl Hernández Avila:
Propuesta para una nueva estructura de comisiones de la Cámara de Diputados.
Se proponen las siguientes adiciones al artículo 43 del proyecto de decreto, para quedar como sigue:
Artículo 43. Las comisiones ordinarias serán las siguientes:
a) Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos, Asentamientos Humanos, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Asuntos Fronterizos, Asuntos Indígenas, Asuntos de la Juventud, Bosques y Selvas, Ciencia y Tecnología, Comercio y Fomento Industrial, Comunicaciones y Transportes, Corrección de Estilo, Defensa Nacional, Deporte, Derechos Humanos, Derechos de los Menores, Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, Distrito Federal, Ecología y Medio Ambiente, Educación y Cultura, Energía, Minas e Industria Paraestatal, Fomento Cooperativo, Gobernación y Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público; Información, Gestoría y Quejas; Justicia, Marina, Pesca, Población y Desarrollo; Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; Radio, Televisión y Cinematografía; Reforma Agraria, Relaciones Exteriores, Salud, Seguridad
Social, Trabajo y Previsión Social; Turismo, Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
b) Asuntos de la mujer.
c) Peticiones legislativas.
d) Régimen Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la proposición.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Se propone la adición de dos artículos nuevos a continuación del artículo 49 del proyecto, recorriéndose en su numeración los restantes, para quedar como sigue:
Artículo 1o: (nuevo) La Comisión de Asuntos de la Mujer, se integra mayoritaria con diputadas de todos los grupos parlamentarias. Además de las obligaciones y atribuciones que esta ley establece para las comisiones ordinarias, a esta comisión corresponde:
a) Preparar o en su caso dictaminar los proyectos de ley o decreto para propiciar la integración de la mujer mexicana en la vida social, económica y política de la nación, sobre la base de la igualdad de derechos humanos y obligaciones entre los sexos, y
b) Impulsar y realizar estudios y foros que versen sobre las condiciones de vida de la mujer mexicana.
Artículo 2o. (nuevo) La Comisión de Peticiones Legislativas acata el espíritu del artículo 8o., de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual tendrá las siguientes funciones:
a) Recibir todo tipo de observaciones de los ciudadanos acerca del trabajo propiamente legislativo del Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados.
b) Ofrecer a los ciudadanos asesoría jurídica para la correcta formulación de peticiones de reformas legales.
c) Tramitar las observaciones o en su caso las peticiones formalmente formuladas a la comisión o comisiones de dictamen legislativo que corresponda y dar seguimiento a su curso legal y reglamentario.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa...sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Desechada la propuesta, señor Presidente.
Son todas las propuestas.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 323 votos en pro, 21 votos en contra en lo general. Por los artículos 8o., 55 en contra y por los artículos 65, 74 y 91, seis votos en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 323 votos en pro y 21 en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que modifica y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con punto de acuerdo relativa a la iniciativa que adiciona una fracción VII al artículo 24 y reforma el artículo 320 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, presentada por el diputado Emilio Becerra González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario José Raúl Hernández Avila:
Por instrucciones de la Presidencia , en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Comisión de Justicia.
A la Comisión de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue remitida para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 24 y reforma el artículo 320, ambos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, presentada por el diputado Emilio Becerra González del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta comisión con las facultades que le confieren los artículos 56, 65, 87 y 88 de su Reglamento Interior, se abocó al estudio de la iniciativa, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada por esta Cámara de Diputados el día 21 de junio del año en curso, el diputado Emilio Becerra González presentó la iniciativa que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 24 y reforma el artículo 320, ambos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
2. Por acuerdo del Presidente de la mesa directiva se ordenó remitir la iniciativa de referencia a la comisión que suscribe para la elaboración del presente dictamen, el cual se hace bajo los siguientes
CONSIDERANDOS
1. En la exposición de motivos de la iniciativa en estudio, el diputado promovente señala que el objeto de la misma es el de establecer en nuestro sistema penal la pena de muerte, la cual se aplicaría en principio como pena alternativa a la de prisión por el delito de homicidio clasificado, e invariablemente se impondría en los casos de concursos de delitos de homicidio con secuestro o violación de un menor de 12 años de edad, sin que exista en estos casos la posibilidad de indulto y de la conmutación de la sanción.
2. Para fundamentar su iniciativa, el diputado promovente señala que ante el incremento de la criminalidad y la violencia que cada vez es mayor en México, la sociedad debe emplear penas distintas a las impuestas hasta ahora que lleven a reducir dicho incremento.
Así señala el promovente de la iniciativa que atendiendo al valor fundamental de la convivencia humana que es la vida y su preservación, el Estado debe castigar con el máximo rigor los atentados ilegítimos en contra de ella, especialmente cuando se cometen contra la infancia o contra personas que se encuentren en condiciones de desventaja o desvalimiento mayor. En consecuencia, señala el promovente que, debido a la insuficiencia de las sanciones previstas hasta ahora en nuestro sistema penal, que establece un máximo de 50 años de prisión, y que no han contribuido a la disminución de los índices de criminalidad, es necesario disponer de un mayor número de instrumentos para prevenir y castigar la conducta criminal estableciendo la pena de muerte para los
casos señalados en el considerando primero del presente dictamen.
3. Otro fundamento que esgrime el promovente de la iniciativa, es el de que si el Código de Justicia Militar establece la pena de muerte para varios delitos del fuero militar, en congruencia y armonía con dicho código, debe establecerse igualmente dicha pena en los fueros Federales y Común del Distrito Federal.
4. Vista y analizada la iniciativa en estudio, esta comisión considera que es improcedente y por tanto, debe desecharse, ya que como se desprende de la exposición de motivos de la misma, el promovente considera como elemento fundamental de su propuesta el argumento de que a través de la pena de muerte se inhibirá la comisión de futuros delitos.
Sobre este particular, es menester apuntar que la tendencia moderna en la doctrina penal, fundada en estudios científicos sobre los factores que propician la conducta criminal y sobre los efectos personales y sociales que producen las sanciones impuestas o la amenaza de imponerlas, se reconoce a nivel mundial que la pena capital no lleva en ningún caso a reducir los índices de criminalidad, pues no se ha comprobado que guarde un efecto preventivo de mayor eficacia al de las penas altas de prisión; por eso, las legislaciones penales modernas han suprimido a su sistema penal, la pena de muerte, que como lo señala el mismo promovente en su iniciativa, reconoce que los principales argumentos en contra de imponer dicha pena, son los de que se prohibe por el posible error judicial, que se patentiza al condenar equivocadamente a una persona, siendo irreversible el resultado de la pena y por tanto irreparable el daño causado; el de proteger la vida misma; el de que dicha pena no readapta; y el de que produce un efecto contrario al que pretende conducir, ya que por el tiempo que transcurre normalmente entre el momento en que se condena a la persona y el momento en que se ejecuta la pena, el sentenciado despierta en la sociedad un sentimiento de solidaridad y de compasión en su favor, haciendo más problemática la imposición de dicha pena.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión resuelve:
Único. Se desecha por improcedente la iniciativa que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 24 y reforma el artículo 320, ambos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, presentada por el diputado Emilio Becerra González, el día 21 de junio del año en curso.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 5 de julio de 1994. - Diputados de la Comisión de Justicia: Fernando Gómez Mont, presidente; Juan José Castillo Mota, secretario; Pedro de León Sánchez, secretario; Ricardo López Gómez, Cuauhtémoc López Sánchez, Fernando Rodríguez Cerna, Pedro Ojeda Paullada, Alfonso Rivera Domínguez, Luis Salgado Beltrán, Gabriela Avelar Villegas, José Guadalupe Enríquez Magaña, Juan José Castro Justo, Jesús Ramírez Guerrero, Juan Carlos Alva Calderón, José Guadarrama Márquez, José Manuel Correa Ceceña, José Alberto Cortés García, Jesús Núñez Regalado, Samuel Fernández Avila, Sara Cruz Olvera, Benigno López Mateos, José Salinas Navarro, Jaime Serrano Cedillo, Moisés Armenta Vega, Rogelio Villarreal Garza, Claudio Guerra López, Guillermo Pacheco Pulido, Fauzi Hamdan Amad, Sergio C. Jáuregui Robles, Gonzalo Altamirano Dimas, Víctor M. Orduña Muñoz, Jorge Zermeño Infante, Emilio Becerra González, Carlos González Durán, Jorge Moscoso Pedrero, Othón Salazar Ramírez, Juan Hernández Mercado, Félix Bautista Matías, José O. Alaniz Alaniz, Francisco Hernández Juárez, Juan Jacinto Cárdenas García, Francisco Laris Iturbide, Francisco Dorantes Gutiérrez, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Jorge Vinicio Mejía Tobías, Miguel A. Murillo Aispuro, Jesús Madrazo Martínez, Guillermo González Días, Jorge Uzcanga Escobar, Jorge Mendoza Alvarez, Rafael H. Castilla Peniche.»
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores. Se han inscrito para hablar en contra, el diputado Becerra, el diputado Saucedo y a favor el diputado Paoli y el diputado Mejía.
Tiene el uso de la palabra el diputado Becerra...
Inscrito solamente en contra el diputado Becerra. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Becerra.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hay temas que son recurrentes en el devenir de la humanidad y de la civilización y a través de los tiempos se han presentado argumentos en contra, respaldados por filósofos y literatos tanto los de un campo, como los de otro.
En la iniciativa que presenté, expuse las razones y argumentos que la fundan, razones y argumentos que reitero y sostengo, pero que no tiene caso reproducir, porque finalmente en el propio dictamen se da contestación a lo que ya se preveía y esto, en última instancia, se vuelve aparentemente un problema de opinión.
En este tipo de asuntos es muy difícil resolverlos considerando al ser humano únicamente en su aspecto 100% racional, porque no se nos olvide que el hombre como entidad integradora no solamente es razón, también es emoción, también es pasión, intuición, instinto, etcétera, y así se considera desde un punto de vista netamente humanista.
El campo del derecho penal regula un área de la conducta humana que por tratarse de las conductas más primitivas del ser humano, es uno de los campos del derecho que más se presta a la pasión y evidentemente no podría ser de otra manera, porque insisto en que el hombre es un ser integral que se compone de muchos factores.
Con esa premisa, yo simplemente quiero poner a consideración de los legisladores algunos casos que recientemente han sucedido:
La semana pasada, estamos enterados de que un joven menor de 16 años de edad, mató en el interior de su domicilio a su padre y a sus hermanos, aunque se decía que alguno, el más chico estaba entre la vida y la muerte.
Ese mismo día y como una noticia menos sensacionalista, nos enteramos de que en el Estado de Sinaloa, gente, que supuestamente pueden ser o narcotraficantes o gavilleros, mataron en el interior de su hogar a una señora con sus cuatro hijos, todos ellos menores de 15 años de edad, de manera proditoria, sin darles mayor posibilidades, sin que existieran posibilidades de ser heridos o muertos los delincuentes, porque supuestamente el esposo de la señora padre de esos niños, había matado a alguien y está actualmente en la cárcel purgando una condena.
Y a nivel internacional hay un caso que definitivamente fue el que motivó la presentación de mi iniciativa. Un señor del estado de Washington había matado y violado en distintos estados de la Unión Americana a cuatro menores de edad, dos niñas y dos niños, a los cuatro de ellos los violó antes de matarlos, a las niñas las violó por vaso no idóneo y a todos los mató. Eso se supo posteriormente.
En la capital del estado de Washington, en el jardín de esa ciudad, andaba paseándose un niño con su mamá y ese niño varón de cuatro años, cayó en poder de este señor. Este señor, si así lo podemos llamar, secuestró al niño, se lo llevó a su casa, antes de violarlo puso a funcionar su videocámara para grabar esa situación y mientras estuvo grabando, lo estuvo violando y al mismo tiempo lo estaba ahorcando con sus propias manos. Cuando el niño estaba a punto de morir, dejó de ahorcarlo, lo revivió, volvió a violarlo y a ahorcarlo y repitió esta acción durante dos días un número equis de veces.
Cuando la policía lo descubre y presentan como evidencia esa videograbación, evidentemente el jurado lo condena a muerte. Sus abogados, más el grupo de Amnistía Internacional y los Derechos Humanos de Estados Unidos, apelan la condena de muerte, pero este señor, en un acto no esperado de él rechaza la apelación y dice: yo no firmo ninguna apelación por lo que cometí y si salgo probablemente vuelva a cometer lo mismo, yo merezco la pena que se ha dictado en mi contra, y se siguió todo el proceso.
Para este tipo de casos excepcionales a los que yo me referí al presentar mi iniciativa, para el supuesto de que en el futuro se dieran casos semejantes, pregunto yo a la conciencia de la representación nacional: ¿cuál sería el castigo justo para estos delincuentes? Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Paoli.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; diputados:
Acudo a esta tribuna a sostener el dictamen de la comisión, argumentando que no sólo este dictamen se inscribe en las corrientes más modernas del derecho penal y de la criminología que han ido cancelando la pena de muerte y evitándola aún ante casos tan horrorosos como los que ha descrito el diputado Becerra y quisiera señalar que en nuestro país no sólo esta corriente se ha venido imponiendo, sino que hace ya un buen número de años, en ninguna legislación de los estados, a pesar de que la Constitución lo autoriza, está establecida la pena de muerte, y por otra parte, en el Código de Justicia Militar, donde sí está establecida, hace también muchos años que no se aplica.
Es decir, podemos concluir que hay una convicción generalizada de que el orden jurídico que se aplica a los civiles, la pena de muerte es completamente innecesaria. Se mantiene para el derecho castrense hasta ahora, pero hay una notoria obsolencia en los términos de ese tipo de normas específicas, para un grupo social sujeto a normas especialmente rigurosas, sobre todo en caso de guerra, que es como lo previene el Código de Justicia Militar.
En nuestro país hace años diputado Becerra, hace ya muchos años, se desarrolló un debate semejante, hace poco más de 60 años, en 1933, en la Escuela Nacional Preparatoria, organizado por inquietos estudiantes de Derecho, al que asistieron algunos de los más destacados juristas de la época. El tema se discutió a propósito de reimplantar la pena de muerte en el Distrito Federal, tal como usted lo propone en 1994, para buscar, decía aquella discusión y aquella iniciativa, lograr una tranquilidad y seguridad más amplia en la capital de la República.
He releído aquella discusión de los años 30 y encuentro que de los argumentos fundamentales para no establecerla en nuestra ciudad, de acuerdo con mi propia interpretación actual, están los siguientes que resumo muy puntualmente en tres: primero, los delincuentes, decían algunos, no son responsables o lo son muy limitadamente, se trata de enfermos o de seres anómicos en términos de Emile Durkheim, que han sido inclinados a esas conductas en última instancia por traumas, carencias educativas, insuficiencias afectivas y otras condiciones sociales.
Al privárseles la vida a los delincuentes que caen en la hipótesis de esta pena, se les cobra indefinitivamente una deuda que no es sólo suya, sino que muchos contribuyeron o contribuimos a establecer y hay entonces un exceso grave e irreparable.
Segundo argumento. La aplicación de la pena no consigue disminuir sustancialmente los delitos graves por los que se impone y, éste a mí me parece un argumento fundamental.
Es cierto que la aplicación de la pena de muerte impresiona, pero impresiona sobre todo a los que no delinquen, a los que ya tienen una conciencia moral suficientemente desarrollada para no incurrir en esos delitos a los que se refería el diputado Becerra.
Aquellos más proclives a cometer delitos graves, para los cuales se ha dispuesto esa pena, en donde se hubiera dispuesto, son mucho menos susceptibles a ser alcanzados por la ejemplaridad pretendida con la pena de muerte.
La llamada "autodefensa" de la sociedad a través de la pena de muerte, resulta sí notoriamente ociosa, porque tiene efectos en sujetos que por su propia condición cultural y ética se abstendrían de cometer esos delitos graves.
Tercer argumento. Se trata del argumento ya mencionado de la imposibilidad de graduar la pena y menos aún de rectificarla.
La falibilidad humana de los jueces y abogados, siempre tiene un precio, pero mientras hay vida existe la posibilidad de enmendar hierros, si se obtienen los elementos supervenientes que demuestren la inocencia del inculpado.
Finalmente un argumento que no encontré en aquella discusión, pero que me parece de la mayor importancia y que puede verificarse en la actualidad con ejemplos de la aplicación de la pena de muerte que hemos estado viendo, no sólo en México, sino en los Estados Unidos y con mexicanos o chicanos de origen mexicano, es que cuando la pena de muerte está en juego, entre la comisión de delito que pudiera ameritarla y la sentencia y ejecución de ésta final, transcurre un tiempo, éste sería
un argumento más bien de orden sociológico, transcurre un tiempo tal que va exacerbando a la sociedad que va generando una enorme cantidad de movilizaciones y que acaba repercutiéndose, incluso en la piedad que puede llegar a tener uno de estos delincuentes.
Entonces se consigue exactamente el efecto contrario al que se busca; se produce el efecto boomerang.
Por lo que se refiere a la discusión en el campo más filosófico, quisiera señalar que es conveniente referir el debate, aunque sea esquemáticamente de dos principios que se inscriben en la confrontación filosófica, polar, dicotómica: el libre albedrío versus el determinismo.
El libre albedrío supone que somos suficientemente libres como para que si cometemos un acto, e incurriendo en una responsabilidad, recibamos una pena proporcionada y recíproca a ese acto.
Existe la otra tendencia polar, la tendencia determinista, la que enunciaba uno de los primeros argumentos de que todos somos culpables, todos hemos hechos un caldo social de cultivo que va a caer en cierta gente que delinque, pero en realidad la culpabilidad es social.
Con fundamento en el primero de los principios, se sostienen las penas en general y en particular la máxima, la de muerte.
Si se es libre, si se puede optar y observar por conductas distintas, se es responsable.
Como los seres humanos disponen de un libre albedrío tiene que responder por su actos y cuando éstos dañan severamente a la sociedad o a sus miembros, ella debe imponer una pena; es una acto correlativo que garantiza la convivencia y pone frenos y límites a quienes la perturban.
En eso descansa la aplicación de la justicia, dice este argumento. Cuando el acto es ampliamente deliberado y se comete con alevosía y ventaja privando de la vida a otro u otros seres humanos, la pena debe de ser equivalente o proporcional al delito dice este argumento. Aquí se inserta la pena de muerte como pena máxima que ocupa la cúspide de la pirámide delictiva, la que produce la mayor ejemplaridad, se dice, en la sociedad y queda justificada por el libre albedrío del que disponemos todos los seres humanos.
La tesis polar, opuesta, dicotómica, es la determinista; es decir, la situación de un delincuente compelido por diversas circunstancias a realizar una conducta conduce a la atenuación de toda clase de penas y en el caso de muerte a su eliminación. Este sería el planteamiento excluyente y dicotómico. A mi juicio se trata de un falso debate filosófico, porque plantea una dicotomía absoluta, pero hay algunos que cuentan con mejores condiciones para tomar decisiones y discriminar el sentido y las repercusiones de su actos. Hay otros seres humanos que están o llegan a estar tan radicalmente embrutecidos que es difícil fijarles una responsabilidad, ese sería el otro extremo.
Pero aún así la sociedad organizada tiene que protegerse de ellos, porque muestra claramente una peligrosidad, aislándolos y sometiéndolos a control de alguna institución que puede ser carcelaria o aún puede ser de salud o una combinación de ambas como existen.
Por eso el cautiverio de algunos que han delinquido, se tiene en instituciones hospitalarias, con lo cual se reconoce su condición de enfermos o enajenado en alguna proporción. Por otra parte, esa enajenación o fuerte condicionamiento que los hace proclives a la Comisión de Delitos, si se prueba suficientemente logra en todas las legislaciones del mundo la atenuante de las penas.
No es que el libre albedrío desaparezca, al menos en un número muy amplio de casos, sino que se ejerce con mayores o menores estrecheces.
Por tanto, es conveniente que la justicia sea sistemáticamente revisada, adaptada a nuevos hallazgos, entendida a través de condicionamientos que se presentan como inéditos en algunas etapas. No puede hablarse de determinismo o del ejercicio del albedrío como algo absoluto y en consecuencia sicotómico y excluyente.
En la mayor parte de los casos los delincuentes se encuentran con un condicionamiento significativo de su albedrío, pero también en la mayoría de ellos pueden ejercerlo en cierta medida, por lo cual no se les debe eximir de toda pena. Lo que aquí se discute es que no se debe plantear que la disposición de albedrío más o menos pleno permite justificar la pena de muerte.
Por el contrario, uno de los argumentos más fuertes para abolir la pena de muerte a mi juicio, es precisamente que es una pena que no permita graduaciones, aplicación ajustada a cada caso particular atendiendo las circunstancias específicas en que cada delito es cometido y el grado de responsabilidad que puede determinarse tras un análisis cuidadoso. Se trata de una pena poco humana, que no atiende a nuestras imperfecciones, que no admite ni enmienda del delincuente, ni su rehabilitación social, ni graduaciones que tomen en cuenta el diverso condicionamiento en el que se halla cualquier albedrío.
Por esta razones apoyo en esta tribuna el dictamen de la Comisión de Justicia ampliamente suscrito por diputados de diversos partidos y en particular por su presidente, el diputado Fernando Gómez Mont y diversos diputados de Acción Nacional. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo.
El diputado Francisco Saucedo Pérez:
Con su permiso, señor Presidente.
Queremos hacer por mi conducto, una declaración política en este momento. Dice así:
«Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 14 de julio de 1994.
Ciudadanas y ciudadanos legisladores: quienes suscribimos este documento, consideramos la pena de muerte como un anacronismo, un acto de insensibilidad, inhumano e irracional. Por tanto, los diputados miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, expresamos la siguiente declaración política:
1o. Votaremos a favor del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, el cual desecha la propuesta de incorporar la pena de muerte al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, presentada por el diputado Emilio Becerra González.
2o. En virtud de que no obstante que el compañero Emilio Becerra señaló en su momento que la iniciativa la presentaba a título personal, varios medios de comunicación de provincia han querido aprovechar la confusión al respecto, imputándole la paternidad de dicha propuesta al Partido de la Revolución Democrática, por lo que quienes firmamos el presente, nos deslindamos públicamente de la iniciativa presentada por el diputado Emilio Becerra.
Suscriben esta declaración los diputados: Jesús Martín del Campo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Miguel Angel León Corrales, Jorge Calderón Salazar, René Bejarano Martínez, Enrique Rico Arzate, Evangelina Corona, Rosa Albina Garavito Elías, Carlos González Durán, Salvador Juárez García, Alejandro Encinas Rodríguez, Elpidio Tovar de la Cruz, Guillermo Flores Velasco, Julio César García, Guillermo Sánchez Nava, Ricardo Valero, Gilberto Rincón Gallardo, Eloy Vásquez López, Domingo Alberto Martínez Reséndiz, Humberto Zazueta Aguilar, Salomón Jara Cruz, Liliana Flores Benavides, Martha Patricia Ruiz Anchondo y el de la voz, Francisco Javier Saucedo Pérez.
Dejo a la Secretaría esta declaración. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Vinicio Mejía Tobías.
El diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como ya se ha expresado, tanto por el diputado Paoli, como en la declaratoria que mucho nos satisface, que acaba de presentar el compañero diputado Saucedo, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, estamos de acuerdo con lo que se ha expresado, pues la pretensión expresada en la iniciativa en estudio, que no es nueva, que ha sido largamente debatida por nuestra comisión, por los juristas del país y por la propia sociedad mexicana, es parte de un debate histórico en el que obviamente ha existido una gran pluralidad de criterios que generalmente concluyen en dos corrientes principales: una, que retrocediendo a los principios de
la humanidad guardan como principio fundamental los de la ley del talión y tratan de inhibir a la criminalidad sin atacar los problemas que la originan. La otra, que sigue la evolución de la sociedad; que busca atacar los orígenes de las conductas antisociales y el fin principal del derecho penitenciario, que es la readaptación del infractor para la reinserción en la sociedad.
En este aspecto es indudable que la evolución de las ciencias de la salud por el deseo de la misma humanidad, ha tenido el constante deseo de buscar la forma de que el ser humano pueda prolongar su tiempo de vida y día a día se lucha para preservar la vida humana.
Por eso creemos que el deber de los legisladores mexicanos en esta materia, se debe orientar a la búsqueda y ataque de las causas que dan origen tanto a las conductas antisociales leves como a las graves consideramos que por analogía, al existir en otros fueros la pena de muerte, sean equiparables a los del fuero común. Los bienes jurídicos protegidos son diferentes y por lo tanto las penalidades también deben ser diferentes.
La imposición de la pena de muerte es en estos casos en tiempos de guerra o en tiempos de campaña y si no se trata de estos supuestos, hemos visto en muchos casos la conmutación de la pena de muerte por los periodos máximos de prisión.
El sentir de nuestro pueblo es muy claro: durante los últimos años hemos visto cómo nos hemos conmovido por las ejecuciones de compatriotas infractores en los Estados Unidos y hemos repudiado la aplicación de la pena de muerte. Hemos suscrito también acuerdos internacionales que tienden precisamente a esto, a la proscripción de la pena de muerte.
Por eso, independientemente de que los países que aún la conservan, no han disminuido ni sus índices de criminalidad, ni la gravedad de los delitos que se sostienen, nosotros estamos en contra de la pena de muerte.
Pero para mayor abundancia debemos referir las afirmaciones expresadas por el propio autor de la iniciativa, que en el texto de la misma inserta lo siguiente, y cito textualmente: "Sin pretender revivir o resolver el secular debate entre defensores y adversarios de la pena de muerte, es conveniente recordar los principales argumentos en contra de la pena capital que son: la posibilidad del error judicial que la hace irreversible; que su aplicación carece de ejemplaridad o efectos intimidatorios, pues el número de delitos no disminuye y es bárbara, pues la privación de la vida representa un retroceso en la marcha de la civilización y que la mayoría de los países la han abolido.
Al respecto, nosotros retomamos los planteamiento que la misma comisión de común acuerdo tomó, que debemos decir que absolutamente las penas son irreversibles pues una vez, así sea de manera parcial, el sufrimiento padecido no puede cancelarse o evitarse y, dice el propio autor de la iniciativa: "...que el error judiciales consustancial al ejercicio de la judicatura y se produce de manera excepcional, por lo que su posibilidad y actualización resultan un mal menor frente a la parálisis de no poder condenar a nadie en ningún caso y bajo ninguna circunstancia por temor a cometer tales errores. No se puede aceptar la inutilidad o ineficacia de la penas por la reiteración y presencia constante de la conducta delictuosa, pues en tal supuesto, como ninguna de las penas ideadas por el hombre, hasta hoy, ha impedido la comisión de delitos, habría que prescindir de todas ellas, lo que evidentemente repugna al sentido común; por lo que en todo caso habría que explorar remedios diferentes y hasta donde se sabe, nadie conoce o los tiene."
Y esto mueve a una reflexión. Yo me pregunto: ¿es acaso por el hecho de que no se ha podido readaptar a los delincuentes por lo que debemos condenarlos a muerte? Esta duda debe de subsistir en el ánimo del legislador.
Creo necesario también apuntar la tendencia moderna, como lo dice el dictamen, en la doctrina penal, fundada en estudios científicos sobre los factores que propician la conducta criminal y sobre los efectos personales y sociales que producen las sanciones impuestas o la amenaza de imponerlas; se reconoce a nivel mundial que la pena capital no lleva en ningún caso a reducir los índices de criminalidad, pues no se ha comprobado que guarde un efecto preventivo de mayor eficacia al de las penas de alta prisión.
Por eso las legislaciones penales modernas han suprimido de su sistema penal, la pena de muerte, que como lo señala su mismo promovente en la iniciativa, reconoce que los principales argumentos, en contra de imponer la pena de muerte, son los de que se prohibe o del
propio error judicial que se patentiza; queremos recalcar: al condenar equivocadamente a una persona siendo irreversible el resultado de la pena y por tanto irreparable el daño causado, el de proteger la vida misma debe de ser nuestra misión principal, el que la pena de muerte, está comprobado, no readapta y el que al final de cuentas la pena de muerte siempre produce un efecto contrario al que se pretende conducir.
Tenemos en estos momentos y reavivando los sentimientos de los que yo hacía mención anteriormente, nuevamente lo que se está gestando entre la mayoría de los miembros del pueblo mexicano, están por sufrir esa pena de muerte nueve persona que tiene en común un origen latino. Algunos de ellos son compatriotas nuestros y sin embargo, como lo vino a decir aquí nuestro compañero el diputado Becerra, se siguen dando graves casos de criminalidad en los Estados Unidos y creo que esto es la prueba más contundente de que la pena de muerte en ningún momento inhibe la conducta antisocial de gente que en un momento dado requiere de un tratamiento más específico.
Por esto nosotros estamos de acuerdo con el dictamen, por esto nosotros seguiremos en la misma forma, como se dijo en la Comisión de Justicia, pugnando por encontrar otras soluciones.
Y por eso, compañeros nuestros pedimos, como lo vamos a hacer los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que el voto al dictamen que está en discusión, sea en sentido afirmativo y al mismo tiempo solicitamos a la Presidencia, que de ser procedente se declare suficientemente discutido este asunto y se someta a votación.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El secretario José Raúl Hernández Avila:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido , señor Presidente.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
El secretario José Raúl Hernández Avila:
En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el punto de acuerdo.
El Presidente:
Proceda la Secretaría con el orden del día.
COMISIÓN INSTALADORA
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
«Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Acuerdo de práctica parlamentarios para el nombramiento de la Comisión instaladora de la LVI Legislatura.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios en la LV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 47, fracción IV y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en vigor y
CONSIDERANDO
1. Que es necesario el nombramiento de la comisión prevista en la Ley Orgánica del Congreso para la instalación de la próxima legislatura.
2. Que conforme a la Ley Orgánica en vigor, esta comisión debe nombrarse antes de clausurar el último período de sesiones de esta legislatura y componerse de cinco miembros, de los cuales el primero fungirá como presidente, el segundo y tercero como secretarios y los dos últimos como suplentes, los cuales entrarán
en funciones cuando falte cualquiera de los tres propietarios.
3. Que ha sido convicción y práctica de la LV Legislatura profundizar en las prácticas de pluralidad y acuerdos, de lo cual es testimonio esta misma Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
4. Que siendo seis los grupos parlamentarios que concurren a esta legislatura y solamente cinco los integrantes de la comisión instaladora que ha de formarse y deseando la comisión que suscribe conservar, dentro de los márgenes que la ley le permite, dicho espíritu de pluralidad y acuerdo, los coordinadores de las fracciones parlamentarias han tenido a bien suscribir el siguiente
ACUERDO
Primero. La comisión instaladora de la próxima legislatura se compondrá de un presidente, dos secretarios y dos suplentes y contará con la coadyuvancia de otros tres diputados como se indica en el siguiente punto.
Segundo. Las fracciones parlamentarias que no están representadas en la comisión podrán designar a uno de sus miembros para que tengan acceso a los trabajos de la comisión y puedan conocer la información y coadyuven, en su caso, con la misma.
Tercero. La comisión se integrará por los siguientes diputados: Presidente, Guillermo Pacheco Pulido; secretarios: Cuauhtémoc López Sánchez y Jorge Zermeño Infante; suplentes: Miguel Osorio Marbán y Gilberto Rincón Gallardo; coadyuvantes: Alberto Carrillo Armenta, Javier Colorado Pulido y Juan Campos Vega.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los 14 días del mes de julio de 1994. - Diputados: por el grupo parlamentario del PRI, María de los Angeles Moreno Uriegas; por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Gabriel Jiménez Remus; por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra; por el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Servando Hernández Camacho; por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Gabriel Jiménez Remus; por el grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Alberto Carrillo Armenta y por el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición de la Gran Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Antonio García Sánchez, para dar lectura al informe sobre la situación de Chiapas.
El diputado Antonio García Sánchez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La comisión transitoria especial de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dará su informe para darle seguimiento a los asuntos del Estado de Chiapas.
«Informe que rinde la comisión transitoria especial de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, creada para darle seguimiento a los asuntos.
Como consecuencia de la necesidad de permanecer atentos al curso que han seguido los sucesos en el Estado de Chiapas, las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados decidieron trasladarse a la entidad para efectuar un viaje de trabajo que permitiera manifestar de nueva cuenta nuestro interés en torno a este difícil problema económico, político y social, que confrotan algunos municipios chiapanecos.
Es prudente manifestar que previa a esta gira de trabajo la comisión tuvo dos importantes reuniones de evaluación y análisis de la problemática que vive el conflicto, desde los ángulos que atienden el licenciado Heladio Ramírez López, en su calidad de presidente de la Comisión
Nacional de Desarrollo Integral y Justicia social para los Pueblos Indígenas y Licenciada de Irma Piñeiro, subsecretaria de la Reforma Agraria, reuniones que nos sirvieron definitivamente para conocer aspectos actualizados de la crisis que de manera innegable ha vivido y está afrontando el pueblo chiapaneco.
La comisión plural de la Cámara de Diputados quiere informarle al pleno, que en esta jornada de trabajo se lograron establecer contactos directos con grupos sociales y entidades productivas que están vinculadas de manera estrecha al problema que tantas veces hemos mencionado, logrando en esta ocasión obtener el punto de vista de lo señores vocales ejecutivos designados por el Gobierno de la República y el interino del Estado, en misiones similares de búsqueda y coordinación de las medidas dictadas para desactivar este problema y aliviar el total de sus planteamientos por parte de los grupos indígenas que iniciaron y mantienen vivo el conflicto de la región de los altos de ese Estado del sureste.
Reviste especial importancia el haber conocido de los señores licenciados Héctor Hernández Llamas y José Antonio Molina Farro, ambos con la voz de sus respectivas representaciones, que se está trabajando de manera activa en una serie de respuestas a peticiones que fueron hechas en busca de soluciones concretas.
Se informó que los vocales que coordinan los programas elaborados en favor de buscar una paz duradera, le han concedido la mayor trascendencia al fortalecimiento de los planes de apoyo en favor de las comunidades indígenas, en lo que a salud, mejoría en sus ingresos, servicios públicos y programas carreteros se refiere, como la búsqueda inmediata de una estación radiodifusora indígena que promueva programas culturales e informativos en las diferentes lenguas y modismos de todos los grupos étnicos que concurren en la zona del conflicto.
Esto quiere decir que, adicionalmente a la prioridad con que han contado estas acciones de tiempo atrás dado que la población del Estado se ha casi triplicado en los últimos 30 años, el apoyo a programas sanitarios que beneficien a la salud se las familias indígenas y que se ha dado luz verde a una nueva infraestructura en los servicios públicos se las comunidades reclamantes, hasta dignificar la imagen exterior e interior de sus pueblos y que se prevé como necesidad que se aprecia de muy importante, la de buscar que los salarios que reciben por sus labores en el campo dejen de ser indignantes y se conviertan en un ingreso más justo en alivio de sus necesidades.
También tiene que resaltarse el programa de apoyo a los caminos de penetración rural y el de la carretera federal hacia la frontera, como un intento por parte del Gobierno para resolver las ancestrales necesidades de comunicación de las comunidades indígenas, que tanto han contribuido de siempre a su injusta marginación.
Esta comisión también platicó con los pequeños propietarios y ganaderos, que por voz de sus representaciones legalmente establecidas en el Estado han venido propugnando por soluciones concretas que, según manifiestan, están afrontando con motivo de invasiones a sus predios y el usufructo de su propio patrimonio. Por ello solicitaron que, a través de todos los medios legales, se ponga freno a estas acciones.
Entre las demandas y planteamientos de estos grupos de producción sobresalen las siguientes:
1. Es necesario y urgente integrar una comisión de autoridades y grupos campesinos, para realizar una escrupulosa revisión de expedientes y se vaya analizando en consecuencia, la situación jurídica de todas y cada una de las pequeñas propiedades, buscando finalmente dar con los presuntos latifundios o tierras ociosas. Se concluye que posterior a esta búsqueda, de ser localizadas porciones de tierras que legalmente deban ir a manos de los campesinos, se entreguen sin demora ni burocracia adicional, con la presencia de un notario público ante los medios de comunicación. De igual forma, debe revisarse la propiedad social y detectar la existencia de tierras ociosas, para que en tal caso, se destinen a nuevos repartos sin demora.
2. Manifestaron también pequeños propietarios y ganaderos no estar de acuerdo con el proyecto de ley de justicia agraria, que se está promoviendo en el Estado, por estimar que se contrapone a la Ley Federal en la materia.
3. Se solicitó investigar el paradero de la ayuda alimenticia y económica que el Gobierno de la República autorizó para las comunidades afectadas,
misma que de manera manifiesta, según la versión de los sectores perjudicados, no acaba de llegar a quienes se supone iba encauzado el paquete mínimo de apoyos sociales.
4. Las inversiones al margen de la ley no contribuyen de ninguna forma a solucionar las raíces del conflicto, sino a acrecentarlo peligrosamente, lo que lleva a los pequeños propietarios a demandar de los legisladores afronten fórmulas que lleven a resolver los riesgos que se están creando; aceptando que si bien es cierto hay mucho de legitimidad en las demandas de los pueblos indígenas, no pueden éstas resolverse sobre el caos, la inseguridad jurídica y aceptar caer en la anarquía y falta de respeto a las instituciones.
Parte medular de este viaje de trabajo lo significó nuestra reunión con el licenciado Javier López Moreno, gobernador interino del Estado, con quien acudimos para conocer de cerca el estado que guardan en el momento, ante la renuncia del anterior comisionado para la paz y muy cercana designación del nuevo titular de tan alta responsabilidad, las gestiones que se llevan con el EZLN, en la búsqueda de una paz sustancial y duradera, como de la puesta en práctica de los programas de apoyo que el Gobierno de la República ha decidido acercar al servicio de las etnias, que en Chiapas han venido reclamando como necesidades mínimas de dignidad y de justicia.
Del abundante cambio de impresiones con el gobernador López Moreno, esta comisión informa lo más trascendente:
1. Dos son las prioridades que motivan la consolidación de sus esfuerzos: la búsqueda de la paz o en favor de la paz y la realización pacífica y limpia de la jornada electoral.
2. Chiapas contará con un sistema que habrá de auxiliarse con técnica electrónica, para computarizar todos los trabajos que se refieren a su jornada electoral.
3. No obstante que en el cumplimiento de esta propuesta gubernamental no se ha logrado obtener el consenso de los partidos políticos en cuanto a la contratación de una empresa especializada, asegura que el sistema va a existir y va a permitir dar resultados y tendencias del proceso electoral inmediatamente como se vayan obteniendo.
4. Próximamente se dará a conocer a la sociedad chiapaneca cómo trabaja la Comisión Estatal Electoral y cómo va a seguir operando el nuevo sistema.
5. Se prevé la inminente realización de un debate entre los aspirantes a la gubernatura, por considerar que la presentación de sus ofrecimientos y compromisos y el contrate de sus ideas son necesarios ante el sustento de la opinión pública previo al proceso electoral.
6. Existe la convicción de todos los partidos políticos y de todos sus candidatos, en participar de manera prioritaria en la lucha por la paz. Por tal motivo, se estima necesario que los comicios sean confiables y transparentes, convirtiéndose en la más sana contribución que pueden hacer quienes disputan el poder político de la entidad.
7. El propio ejecutivo del Estado asegura que en Chiapas se viven condiciones favorables para poderse efectuar un proceso electoral confiable y que una muestra de lo anterior es el ofrecimiento del EZLN, de prestar su apoyo para que con el auxilio de la Cruz Roja Internacional, se desarrolle la jornada electoral en la zona del conflicto.
El Poder Judicial en Chiapas ha tenido papel destacado en la pacificación, dando cauce legal a los procesos iniciados contra varios ciudadanos chiapanecos. Con un ejemplo ilustró el gobernador esta expresión, cuando recordó que de la lucha del EZLN y de sus supuestos o reales militares que tomaron las armas, solamente quedan tres en el penal de cerro hueco. Hace unos días salieron 18, más tiempo atrás todos los del orden común y sigue presto el aparato judicial para que posterior al reforzamiento de su defensa jurídica, en cuestión de horas queden liberados los últimos recluidos. Esta ha sido la forma como el Poder Judicial ha apoyado de manera fehaciente el proceso de pacificación en el Estado.
8. Aceptó el gobernador no haberse podido dar cumplimiento a algunos de los ofrecimientos que se hicieron en San Cristóbal, como la creación de nuevos municipios, el reconocimiento mayormente específico de las etnias y a una participación con delimitaciones culturales de las regiones, simplemente porque hay una zona de conflicto y límites infranqueables que lo han impedido, lo que lleva a pensar como derivación de la propia naturaleza de la
crisis, que una vez obtenida la paz definitiva habrán de resolverse y ejercerse en su realización por todas las partes.
Finalmente, queremos expresar de parte de la comisión plural, a la autoridades representativas de los poderes en el Estado de Chiapas, nuestro profundo agradecimiento por su apoyo y solidaridad al mejor desempeño de nuestros trabajos, como de igual manera a los sectores de producción y funcionarios que nos permitieron de manera coordinada conocer de cerca problemas que por agudos no se les pueden negar respuesta.
Sigue entonces de manera manifiestas nuestra propuesta original: seguir unidos en el esfuerzo y la voluntad de contribuir a obtener para Chiapas una paz digna y duradera.
Por último y dadas las situaciones anotadas, los integrantes de esta comisión, solicitamos al pleno que este grupo plural continúe con sus funciones.
Salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de julio de 1994. - Comisión plural para Chiapas, viaje de trabajo al Estado. - 26 al 29 de junio de 1994. - Comisión plural para Chiapas. Viaje de Trabajo al Estado. Diputados: Antonio García Sánchez, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Alvaro Salazar Lozano, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Israel González Arreguín, Servando Antonio Hernández Camacho, Alfredo Castañeda Andrade, Cuauthémoc Amezcua Dromundo, Jorge Tovar Montañez y Adolfo Alfonso Kunz Bolaños.»
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Octavio Alaniz Alaniz.
De acuerdo con el Reglamento, el señor diputado pasará en último término a hacer uso de la palabra.
El diputado Alfredo Castañeda Andrade, tiene la palabra.
El diputado Alfredo Castañeda Andrade:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados.
Sin lugar a dudas el problema chiapaneco tomó una nueva dirección en el sentido de que ahora no solamente se involucra a la comunidad indígena, sino que abarca ya a la sociedad civil en su conjunto. Este es un hecho insoslayable que de cara a la elecciones de agosto próximo, puede tener consecuencias insospechadas.
¿Qué queremos para el bien del país?, ¿democracia, paz y justicia para todos? ¿Cuál debe ser el rol de los representantes populares?, efectivamente, coadyuvar en la toma de decisiones para una solución pacífica ante la situación chiapaneca, reiterando la multiplicidad de ideas vertidas a través del mosaico ideológico que emiten los signos políticos representados en esta soberanía, ya que es sólo el eco de lo que la sociedad en su conjunto exige para dirimir una gran controversia.
Entendemos que el pueblo clama por un auténtico cambio basado en el respeto al sufragio efectivo, libre, directo y secreto y una democracia plena; una auténtica democracia es posible sólo en el estado de derecho, para este propósito hay que observar que si no existe una verdad última, la cual guíe y oriente la acción política, las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines del poder.
Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como lo demuestra la historia; la negativa del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional al ofrecimiento gubernamental para la solución del conflicto, la rotura de enlace entre los miembros del partido en el poder, la súbita renuncia del licenciado Camacho Solís como comisionado de la paz, cuyo cargo recientemente lo ocupa el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar; la imposición de un gobernador sustituto del interino del electo en Chiapas; un subcomandante llamado Marcos, que al ver que su poder de convocatoria hacia grupos indígenas había llegado a un límite, consideró necesario sobrepasar esta frontera y penetrar entre la sociedad civil.
Para tener una mayor, más bien sería para tener un mayor margen de acción, las fricciones entre los latifundistas y los llamados
ocupadores de tierras, la recién aceptación del nuevo comisionado por parte del EZ, la continuidad del obispo Samuel Ruiz como mediador ante el conflicto, la inminente continuidad del diálogo para la paz y las declaraciones oficiosas que recientemente se emiten para querer empantanar el proceso de paz, son a grosso modo las causas de la tremenda crisis chiapaneca que ha llegado ya a nivel nacional.
¿Qué acaso se trata de un juego suicida en el que quieren involucrarnos a la sociedad en su conjunto? Es innegable el hecho de que la comunidad indígena es la más marginada de todas, por ello, el PARM ha coadyuvado en muchas ocasiones a resarcir la problemática por la que atraviesan a través de propuestas y reformas legislativas; es innegable también el hecho que en materia de capacidad básica, Chiapas cuenta con uno de los mayores índices de desnutrición y de insalubridad, analfabetismo y hacinamiento, que ciertas políticas públicas, llámese Pronasol o Procampo, o paliativos para evitar la pérdida de poder, no han logrado el objetivo de erradicar la pobreza extrema ni aun maquillando cifras sepalinas e inequineras; asimismo, es innegable el hecho de que la miseria en Chiapas es resultante de la implementación de políticas neoliberales contrarias al modelo de desarrollo que se requiere de acuerdo a la realidad existente y de la incapacidad oficial de contar con un sistema de inteligencia eficiente, no coordinado a través de la oficina de la Presidencia, como lo fue en los tiempos del que ahora se encuentra entre el Obelisco y El Capitolio, sino devuelto a la autoridad competente, como lo es la Secretaría de Gobernación.
Es ya por demás hablar de cifras desoladoras del panorama chiapaneco que enmarca la pobreza extrema y la dominación política caciquil de la oligarquía chiapaneca; es por demás redundar en el problema político vinculado a este caso que hace vulnerable a toda la nación mexicana, pero si consideramos prudente que el Gobierno Federal adopte una capacidad de convocatoria dirigida a sanear, la administración pública en su ámbito de competencia de la entidad chiapaneca, que no permita que su administración herede a la próxima, una bomba de tiempo que ya ha manchado varias regiones de nuestra República y adopte su responsabilidad ejecutiva para que antes de las elecciones del 21 de agosto, exista una declaratoria de paz permanente en toda la nación.
Consideramos que ante todo es el propio gobierno estatal quien debe vincularse de una manera más directa para lograr una propuesta de paz justa y equitativa, haciendo respetar las demandas de la población más reprimida de la región y eliminar todos los indicios de cacicazgo y latifundios simulados.
En retrospectiva de la situación chiapaneca, en lo que toca al actuar del Congreso de la Unión, podemos señalar algunas reflexiones: en efecto, el levantamiento chiapaneco, principalmente a los 24 que ahora ocupan los hot top en las listas pobres que en los más, son la fuente generadora, para la acumulación de capital, intensa que nutre a estas 24 usuras y obviamente son víctimas de las grandes fallas del capitalismo.
El día 20 de enero del presente año, discutimos la Ley de Amnistía, que desafortunadamente no surgió del Congreso de la Unión como facultad que le corresponde, en la cual nosotros sugerimos la aplicación de esa amnistía en favor de procesos y perseguidos por delitos del orden político y social que se encuentran con orden de aprehensión o ya sujetos a la privación de su libertad dentro del territorio nacional, como es el caso de César del Angel del Olmo, del general brigadier Jorge Gallardo Rodríguez y de compañeros parmistas de Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas, que desgraciadamente no prosperó por sendos motivos que desconocemos.
La conformación de un grupo plural de legisladores, nos pareció un paso importantísimo para coadyuvar en el proceso de paz que hoy más que nunca se requiere intensamente y muestra de ello, se presenta en el informe que rinde la comisión transitoria especial de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, creada para darle seguimiento a los asuntos de Chiapas.
Ante esto, queremos señalar a grosso modo, lo obtenido en este viaje de trabajo. En cuanto a la reunión con los vocales ejecutivos designados por el Gobierno de la República y el gobierno del Estado, evidentemente se habló de las acciones que llevan a cabo para aliviar los planteamientos por parte de grupos indígenas. Se nos habló del fortalecimiento de planes de apoyo en materia de salud, alimentación, servicios públicos, mejoramiento del ingreso y programas carreteros, entre otros.
Desafortunadamente, para todo este programa no se realizó un diagnóstico de la problemática y esto fue reconocido por los señores vocales, para poder contar con una visión general además de contar con los recursos suficientes y atender con eficacia y efectividad las demandas que surgen de los afectados.
Se habló también de la ventaja reiterada que tienen las familias más necesitadas, de adquirir seis productos básicos y poder ser pagados a través de crédito, como en el caso del maíz, el frijol, aceite, arroz, azúcar y esto, compañeros diputados, nos remonta a la época prerrevolucionaria de las tiendas de raya, además de que desconocemos los niveles nutricionales y la calidad de estos productos que serán proporcionados.
La desnutrición no se resuelve a través de dádivas, sino a través de programas efectivos de combate que no solamente abarque a niños entre uno y cuatro años, sino de cero a 16 años; madres embarazadas y en la etapa de lactancia, así como a los de la tercera edad.
En materia de educación, se nos habló de la formación de capacitadores en comunidades alejadas, como el simple hecho de tener secundaria y preparatoria, pero esto tampoco da solución al problema. No conocemos la forma en que se instrumentará esta capacitación, pero consideramos que el problema no subyace ahí, sino en el incremento de salarios y estímulos a profesores rurales, para atender a las comunidades más necesitadas.
Necesitamos también mayor información sobre el programa orientado a la mujer, conocer bajo qué estudio está basado este programa, ya que conocemos que la información disponible en censos y estadísticas no tome en cuenta la cuestión de género en su elaboración tal como lo es en la jefatura de la mujer.
Conociendo la problemática que tiende a desestabilizar aún más la situación en Chiapas, como lo representa el conflicto entre terratenientes, campesinos e indígenas, es tiempo de arribar a una reflexión propositiva; no podemos mezclar la política con las demandas sociales, porque de alguna forma genera un estado de traición, cuando las negociaciones realizadas con antelación no son respetadas.
El Estado de Chiapas vive una situación caótica en un sector agropecuario, la producción del café, de caña de azúcar y la producción para el autoconsumo, el impacto en una manera riesgosa del proceso de producción, como ocurre en estos momentos, es claro retroceso del desarrollo, pero sinceramente ¿qué tiempo de desarrollo ha emergido en el Estado de Chiapas en retrospectiva histórica?
Difícilmente podemos escuchar los problemas salariales de los trabajadores en fincas privadas, la forma en que se ha manejado la mejoría del bienestar social conocida como la satisfacción de las capacidades básicas.
Evidentemente el problema chiapaneco se torna en cuestión de estructura social, falta de incorporación al desarrollo económico del país, el heterogéneo sentir espiritual tradicional de las comunidades chiapanecas, además del impacto socioeconómico para la región, provocado por nuevas disposiciones legislativas y tratados multinacionales acordados.
Señores diputados: el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana reconoce el trabajo realizado por este grupo plural, en la medida de buscar cada vez mejores alternativas para la solución de los problemas.
Consideramos prudente participar en la nueva etapa del diálogo, que esperamos se dé a la mayor brevedad posible, pero queremos dejar en claro algunas peticiones y recomendaciones necesarias:
Conocer de qué manera se están controlando los fondos que otorgan alternativamente a los municipios vía solidaridad, ya que comúnmente se desconoce el fin último real de los recursos monetarios.
Bajo el espíritu del artículo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1994, solicitamos se nos informe sobre las designaciones a los diferentes programas y proyectos que atienden los problemas chiapanecos, así como el monto de crédito externo que se está utilizando para llevar a cabo todas estas acciones y bajo qué condiciones estos recursos están negociados.
Finalmente, hacemos votos para que de una manera concertada y en tiempo razonable, se logre la paz permanente que no solamente los chiapanecos, sino la sociedad mexicana en su conjunto está exigiendo y procurar por iniciativas propias del Poder Legislativo Federal,
que bajo sus atribuciones constitucionales obligue a constancia y patriotismo a la presente administración, atender las demandas justas de un pueblo cansado de imposiciones, antidemocracia y de injusticia social.
Es cuanto, señor Presidente. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Gracias, señor Presidente.
Comienzo mi intervención reiterando que la posición de los diputados de la fracción parlamentaria del PRD que formamos parte de la comisión plural que da seguimiento al caso de Chiapas, reconocemos que ha habido un marco excelente de trabajo para esta comisión, que ha podido desarrollar actividades muy importantes y que en ese marco de pluralidad que hay en la comisión, desarrollamos nuestras reflexiones adicionales al informe de la última visita a Chiapas, en un comentario global sobre nuestra apreciación de lo que sucede en la entidad chiapaneca.
Cuando el 1o. de enero corrió como reguero de pólvora por todo el país y el mundo, la existencia de un movimiento insurgente de campesinos e indígenas en el Estado de Chiapas, de inmediato salieron a la luz las más diversas opiniones acerca de los orígenes y motivos de tal fenómeno social. Pasados apenas algunos días, con excepción de pequeños grupos de interés plenamente identificados con la línea dura, la opinión generalizada, tanto al interior como al exterior de país, era que más allá de las diferencias en los métodos de lucha, las causas de movimiento zapatista eran un resultado nato del propio proceso nacional y que sus demandas, plasmadas en la primera declaración de la selva lacandona, eran no sólo justas, sino que reflejaban el sentir de millones de mexicanos.
Desde esta lógica, fue de tal magnitud la reacción de importantes círculos intelectuales y académicos, de analistas de los medios de comunicación, de los más diversos grupos y organizaciones política y sobre todo de la sociedad civil, que no hubo más opción que la declaración de cese al fuego, seguida de una ley de amnistía, del nombramiento de una comisión plural de al LV Legislatura y de un comisionado para la paz. Así se constituyeron los cimientos para la realización de las trascendentes e históricas jornadas para la paz y la reconciliación en Chiapas o el diálogo de San Cristóbal.
Lo que ahí vimos y escuchamos los mexicanos y los pueblos de otras latitudes del mundo, fue inédito y forma ya parte de nuestra rica memoria histórica.
A lo largo de esos tensos y aleccionadores días, se fortaleció la idea de que la lucha insurgente era auténtica y la balanza se inclinó en favor de los actores políticos y sociales que apostaban para fortalecer las vías de la salida política, tendiendo así un cerco imbatible a quienes alimentaban la posibilidad de una solución violenta.
Como es sabido, el derramamiento de sangre cesó absolutamente después de operadas todas estas decisiones. En ese sentido podría decirse que afortunadamente para el país, la opción de la paz por la vía de negociaciones se había posesionado de las acciones en el terreno del juego político.
Cuando concluyó el diálogo de San Cristóbal y los zapatistas se llevaron a las entrañas de la selva lacandona las 32 propuestas del Gobierno Federal para someterlas a la consulta de sus bases sociales, se sabía que no había una respuesta positiva a las principales demandas de los indígenas, tales como la democratización nacional y las reformas a los artículo 4o. y127 de la Constitución, por considerar que su carácter era nacional y rebasaba los marcos regionales o sectoriales. Más aún, muchas de las propuestas materiales del Gobierno Federal fueron de hecho nulificadas no sólo por el paso del tiempo, sino por la acción obstaculizante de diversas secretarías de Estado o de funcionarios específicos de las mismas.
Todos sabíamos que la propuesta que el Gobierno Federal pudiera ofrecer, no podía ir más allá, dada la correlación interna del bloque de poder. Así, de una parte, afortunadamente, hubo elementos suficientes para frenar la guerra y establecer el diálogo, pero no para solucionar las demandas zapatistas que, como ya
dijimos, fueron ampliamente reconocidas como justas, sobre todo cuando se refieren a la democratización de país.
El sistema político mexicano estaba así ante una encrucijada, había generado un fenómeno social para el cual no tenía respuesta positiva, circunstancia que se agravó por el artero, proditorio e inadmisible asesinato de Luis Donaldo Colosio.
De ahí que a primera vista, para nadie fueron claras las razones por las cuales hubo quienes se dijeron sorprendidos, decepcionados, engañados y frustrados por la respuesta negativa del EZLN a las propuestas gubernamentales, si de antemano se sabía que no eran suficientes como para sufragar sus demandas. Más aún, preocupaba el ánimo beligerante escondido detrás de la idea de que el diálogo de San Cristóbal fue un fracaso cuando en realidad se evitó que el conflicto se desbordara y el país se sumiera en un proceso explosivo que hoy estuviéramos lamentado, salvo que sea eso precisamente lo que se desea.
Por cuanto se refiere a la respuesta completa del zapatismo, es obvio que no busca la solución de la guerra quien propone prorrogar el cese al fuego y a la vez convoca a que se realicen los comicios electorales y el diálogo civil en territorio beligerante, quien declara bajo palabra, hasta ahora cumplida cabalmente, que la oportunidad es la del voto y la de la lucha civil y popular por la democracia.
Desafortunadamente el proceso de diálogo se dificultó, pues hubo de resolverse en principio el nombramiento de una nueva interlocución gubernamental, que tiene ahora como primer reto estar a la altura de las circunstancias y luego resolver la cuestión clave, las nuevas propuestas al EZLN que a la fecha se reducen a un difuso llamado para establecer los términos de la comunidad del proceso.
Según alcanzamos a observar, ninguna de estas dos condiciones han madurado debidamente.
No podemos ocultar a la nación la gravedad de los momentos que vivimos. No podemos pregonar que la solución del conflicto chiapaneco reside simplemente en forzar la renuncia de un comisionado para la paz y cambiarlo por otro. No podemos difundir que el intercambio de interlocutores significa insistir en la aceptación de propuestas inacabadas, porque eso significaría sencillamente engañarnos a todos nosotros.
No resuelve nada, decir que las negociaciones de San Cristóbal fueron un fracaso y demandar la reanudación del diálogo sin aportar nuevas propuestas y nosotros no vemos en el horizonte más camino que comprometerse con la auténtica democracia, la justicia y la paz por la vía política, ya que de lo contrario estaríamos alimentando un conflicto de mayores dimensiones y la generación de nuevos focos de tensión.
Todos hemos observado con enorme preocupación, cómo en las últimas semanas la situación chiapaneca tiende de nuevo a complicarse y casi no hay día que no recibamos noticias conflictivas que tienen diversas expresiones pero un mismo origen, el descontento social y la ausencia de soluciones verdaderas a los múltiples problemas existentes, destacando como siempre el de la propiedad de la tierra y el de los derechos humanos y políticos de diversos grupos de la población y de organismos sociales.
Así, lo mismo avanzan acciones. Los indígenas choles y tzeltzales reclamando solución a problemas agrarios; que las mujeres de los pavifundistas exigen solución a los predios invadidos; los mismo los ganaderos declaran sin pruebas que el Instituto Nacional Indigenista apoya al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional; que el secretario de gobierno local llega a algunos acuerdos con la coalición de la federación de propietarios rurales y uniones de ganaderos de la región, para iniciar el desalojo de los predios urbanos y rurales invadidos después del 14 de abril, que alcanzan una extensión de 90 mil hectáreas, pero que el gobernador rechazó en principio firmar, al tiempo que solicitó a los líderes de los propietarios privados que cesaran su demanda de intervención del Ejército mexicano en el conflicto, porque sería muy riesgoso; mientras que la CEOIC consideraba dicho acuerdo como una declaración de guerra en su contra y una flagrante contradicción con las negociaciones políticas previas que operan en sentido contrario.
El gobernador chiapaneco, Javier López Moreno, quien después firmó los acuerdos que daban procedencia a los desalojos, ha considerado incluso la posibilidad de un rebase de las circunstancias de concertación y el encono social que llevaría a una situación política inmanejable.
Lo mismo, se denuncia la violación de tres mujeres tzeltzales por 30 miembros de las fuerzas armadas, que presos del penal de Comitán en huelga de hambre piden justicia ante su situación jurídica, al tiempo que sin explicación aparente, son asesinados tres agentes de migración.
Lo mismo se enfrentan grupos por el poder municipal, que entre la resistencia y la violencia, se inician los desalojos de los predios invadidos, mientras las organizaciones sociales chiapanecas se preparan para la Convención Nacional Democrática convocada por el EZLN para el próximo 6 de agosto.
Lo mismo se enfrentan grupos antagónicos de chamulas que incluyen pero rebasan las cuestiones religiosas y adquieren su plena dimensión política, al tiempo que salidos de quién sabe cuáles tiempos remotos, los diputados priístas de esta LV Legislatura, Mota Sánchez y López H., echan fuego a la hoguera denunciando, desde nuestro punto de vista, sin pruebas ni sustento alguno, al obispo chiapaneco, Samuel Ruiz de ser el conducto a través del cual llegan al EZLN supuestos recursos financieros del extranjero. Nos preocupa grandemente este tipo de declaraciones que consideramos incluso provocadoras, porque pueden generar que algún núcleo de personas o alguna persona irresponsablemente al calor de esta denuncia puede significar "luz verde" para atentar contra la vida del propio obispo Samuel Ruiz, como en otros casos ha sucedido en países donde hay conflictos, donde hay grupos armados y donde han ultimado a representantes del clero católico que se han pronunciado por la justicia en favor de los indígenas.
Por eso reprobamos esta campaña, que incluso puede ser una cortina de humo para distraernos de la verdadera solución que se debe buscar en el conflicto chiapaneco. Ciertamente es urgente e imperativo volver a unir los hilos rotos del diálogo, considerando la situación real, tal que para todos queden claros los nuevos ejes, los posibles acuerdos y, sobre todo, quiénes garantizarán que se cumplan desde la lógica, no de preservar la razón de estado, sino el verdadero estado de derecho.
Lamentablemente se escuchan tambores de guerra que llaman a la imposición de la paz por la vía armada, y nosotros consideramos que de seguir la campaña de los diputados priístas que antes mencioné, pueden contribuir a tocar esos tambores de guerra.
En este contexto, la República debe hoy más que nunca recurrir a sus instituciones, fortalecer la acción de sus instancias de representación popular, lo cual hace imperativo revitalizar la Comisión Plural de la LV Legislatura para que, desde un rol más dinámico, lleve a cabo nuevas tareas que apoyen la concordia y la paz entre los mexicanos. De ahí que el grupo parlamentario del PRD proponga:
1o. Que este pleno de la Cámara de Diputados apruebe que continúe funcionando la Comisión Plural.
2o. Que se resuelva el rezago agrario no sólo en el papel, sino en los hechos, y
3o. Que cese la campaña de intolerancia de quienes quieren un "chivo expiatorio" en la persona del señor Samuel Ruiz.
En fin, que demos pasos para acercarnos al objetivo con que se creó la Comisión Plural de lograr una paz duradera con justicia y dignidad. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Hugo Sergio Palacios Laguna.
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Chiapas sigue siendo un problema grave para el país. Las invasiones de tierras, los secuestros, los saqueos, las violaciones a los más elementales derechos humanos siguen siendo la noticia diaria en el Estado.
El protagonismos gubernamental, tanto federal como estatal, lejos de encauzar al diálogo establecido a la aplicación de soluciones inmediatas y a la programación de las de largo plazo con equilibrio honesto y democrático, han mantenido una situación en el área de conflicto de incertidumbre e inseguridad para la población indígena no involucrada, para los pequeños propietarios y productores, y para los mismos beligerantes; actores todos del conflicto, los primeros forzados y los terceros voluntarios.
Parece que el Gobierno, quisiera alargar la solución definitiva para después del 21 de agosto, mientras derrama de manera incontrolable millones de pesos sacándolos aun de proyectos que quedan inconclusos, para asistencias de albergues sin control que con paternalismo desmedido no soluciona, pero sí promociona el otro enmascaramiento, el de autor de la marginación y del desequilibrio, poniendo de manifiesto que sus intereses personales y de grupo están por encima del bien común.
De igual manera se intenta mediatizar en el pago de rentas de sus terrenos, la participación de los productores y pequeños propietarios que después de ser invadidos ven cómo su ganado y las pertenencias de sus casas son saqueadas a ciencia y paciencia de las autoridades.
Yo me pregunto, ¿cuánto podrá el Estado aguantar el pago de estas rentas? Esta situación se vuelve onerosa para el Estado entero. Conforme el tiempo pasa, la inseguridad ha retardado la inversión y por ende la producción. Pero lo más grave es que ha alentado por un lado las invasiones en otras regiones del Estado, como Boxil, Pichucalco y la Costa, ya que saben que tienen protección oficial y que nadie les sancionará por los actos que realicen.
Por otro lado, alentados por la actitud agresiva de algunas autoridades municipales hacia quienes, haciendo uso del derecho, proponemos un Estado basado en la paz, el respeto y la verdadera democracia.
Esto me obliga una vez más a hacer uso de esta tribuna para denunciar la brutal agresión de la que fueron objeto el candidato a la gubernatura, el licenciado Cesáreo Hernández Sánchez; el candidato al Senado, el doctor Valdemar Antonio Rojas y el candidato a la diputación federal, el ingeniero Carlos David Alfonso Trilla y demás acompañantes, que tuvo un saldo de 15 lesionados, entre éstos, cinco de gravedad. Más algunas unidades que fueron destrozadas y saqueadas de todas sus pertenencias. En igual forma fue salvajemente golpeado un reportero gráfico.
Hechos como éstos violan las garantías que tenemos como partido, y los derechos humanos de nuestros militantes afectados.
Unos días antes de los hechos referidos, se pidió al delegado de la Procuraduría General de la República, el licenciado Juan Manuel Ulloa Ramírez, su intervención para que dicho evento se lleve a cabo con civilidad y respeto. Protección que nos fue negada alegando la falta de efectivos.
Tal parece que no se quisiera desterrar los viejos vicios, aun cuando en el Estado de Chiapas, hemos sufrido la pérdida de vidas humanas por la inconformidad de las injusticias y marginaciones en que se vive, sobre todo en la región de Los Altos, en la que se ubica el municipio de Chamula, del cual es presidente del consejo municipal el señor Domingo López Ruiz, sobre el que penden varias ordenes de aprehensión y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ser el autor de las expulsiones de indígenas chamulas de esa región.
En este municipio el Gobierno del Estado ha sido y es a la fecha, complaciente con los caciques que bajo presión y el miedo ocupan la presidencia cada tres años, porque es una reserva de votos como lo demuestran las elecciones de 1988.
Estas agresiones no se pueden seguir dando y tal parece que no aprendimos la lección que se nos dio a principios de enero de este año.
Los candidatos del PAN se presentaron en ese poblado para iniciar el mitin que anunciaban por medio de altavoces. Y al ver la respuesta de los ciudadanos que corrían hacia los carros solicitando propaganda, desde la azotea de la Presidencia municipal apareció el presidente del consejo, Domingo López Ruiz, quien en compañía de varios de sus incondicionales, iniciaron el brutal ataque al contingente panista.
Ante estos hechos, se presentó una denuncia penal en contra del mencionado señor Domingo López Ruiz y otros miembros de su ayuntamiento, por los delitos de lesiones, daños, privación ilegal de la libertad y los que resulten, por lo que se inició la averiguación previa número 40847/94, la que exigimos los panistas del Estado de Chiapas, que se lleve hasta sus últimas consecuencias.
Exigimos las garantías que marca la ley, para que nuestros representantes puedan desempeñar su cometido sin riesgo a su integridad física. Somos un partido que rechazamos la violencia y la arbitrariedad, motivo de esta denuncia. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín.
El diputado Octavio Elías Albores Cruz (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos:
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Albores Ruiz.
El diputado Octavio Elías Albores Cruz:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Se dice que cuando Chiapas se mueve, el país avanza, por lo tanto, Chiapas ya no es el mismo ni México tampoco a partir de 1994.
Las acciones armadas, despojos, robos, violaciones, invasiones, que se han mencionado frecuentemente en la Cámara, no afectan únicamente a la zona de conflicto, afecta a toda la entidad y repercute en el ámbito nacional.
Los medios masivos de comunicación hablan diariamente de situaciones diversas, algunas veces son sana intención, y otras, movidas por intereses que en nada ayudan a la paz y a la reconciliación.
Hoy se toca, por parte del diputado Palacios, toda la problemática de Chiapas, pero centra su atención en lo que sucedió en San Juan Chamula el día 3 próximo pasado.
La situación se resume brevemente de la manera siguiente:
Un grupo de simpatizantes de Acción Nacional, encabezados, como dijo el diputado Palacios, por sus candidatos a gobernador, a senador y a diputado federal, pretendían realizar un mitin en la Plaza Central de San Juan Chamula. Señala el diputado Palacios que recurrieron a la autoridad competente, pero me extraña, porque él y los de Acción Nacional chiapanecos, son conocedores profundos de las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, por lo tanto, creemos que la primera acción era recurrir a ellos para platica y concertar la acción. Y en segundo término, recurrir a otras instancias.
Sabemos de los hechos que ya se narraron. Queremos insistir en una sesión. Cuando surge la discusión y surgen los problemas, hay cierta contradicción, porque por un lado dice el candidato a gobernador que fueron recibidos bien por el pueblo chamula, mientras que el edil estaba en el balcón azuzando a un grupo para que los agrediera.
Y por otro lado, el doctor Rojas declara que llegaron a San Juan Chamula para hacer sus actividades políticas, a repartir un poco de propaganda y que ni siquiera los dejaron bajar de los vehículos.
Creo que todos los presentes conocemos la situación de Chiapas; algunos a través de los medios masivos de comunicación y otros porque han caminado los caminos de Chiapas, porque han recorrido ese pueblo de pueblos que es el Estado fronterizo de Chiapas.
Ya el mismo diputado mencionaba que existe una averiguación previa y estamos conscientes de que la autoridad competente llevará a cabo todas las acciones a fin de que se lleve hasta sus últimas consecuencias, porque nadie mejor que nosotros los chiapanecos estamos interesados en que prevalezca el estado de derecho. Pero hacemos hincapié en que hay que reconocer toda esa gama de costumbres, toda esa gama de tradiciones que conforman el pueblo de pueblos que se llama Chiapas.
Y hay que reconocer también que no son sólo intereses políticos o intereses económicos los que se entretejen en la problemática de la frontera del sur. Están todos ustedes conscientes de que no es sólo ésa problemática; de que es muy fuerte la penetración del narcotráfico; de que es muy fuerte el tráfico de armas y tal vez en un tercer término entraría la problemática social.
Por lo tanto, sin el afán de polemizar, estamos de acuerdo con el diputado Palacios en que existe la intervención de la autoridad y que se lleve hasta sus últimas consecuencias y se castigue a los culpables, para que en Chiapas, como en todo el país, permanezca el estado de derecho que todos anhelamos.
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna (desde su curul):
¡Pido la palabra!
El Presidente:
¿Con qué objeto?
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna (desde su curul):
¡Para alusiones personales!
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado para cuestiones personales, por término de cinco minutos.
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna:
Con su permiso, señor Presidente:
¡Qué bueno que subió el compañero del PRI! ¡Primera vez que lo veo subir a la tribuna en tres años! ¡Qué bueno, qué bueno de veras!
Creo que usted conoce mejor que yo la problemática de Los Altos de Chiapas. Ya sé que se dice que es usted indígena tzeltal, o por lo menos así se ha pregonado acá.
Yo nada más le quisiera mostrar algunas fotos de lo que se vio en Chamula; si usted quiere las podemos ver y en donde los caciques siguen imperando los caciques indígenas, en donde hasta los menores de edad están votando, por un lado.
Lo que aquí pedimos es que haya respeto para los que andamos en campaña. Se quiso dialogar con el presidente del consejo municipal, pero él ni a las autoridades del IFE les ha hecho caso para la propaganda de los partidos de oposición.
Comprenda usted, pues, que teníamos que recurrir a alguna autoridad para que nos diera alguna protección. Desde luego esto no se dio. Expuse que la gente del pueblo recibía muy bien nuestra propaganda. Y de este señor tenemos videos y tenemos fotos, en eso estamos nosotros fincando nuestra denuncia; más que nada en eso. Queremos...
El diputado Octavio Elías Albores Cruz (desde su curul):
Señor Presidente: pregunte al orador si acepta una interpelación.
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna:
Con mucho gusto, señor Presidente:
El Presidente:
La acepta.
El diputado Octavio Elías Albores Cruz (desde su curul):
Quiero preguntarle al diputado si conoce el texto del artículo 4o. constitucional.
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna:
No, no me viene ahorita a la memoria señor diputado. Pero ahorita no es eso...
El diputado Octavio Elías Albores Cruz (desde su curul):
¡Muchas gracias!
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna:
No es eso lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo el problema de Chiapas. Es la contestación que le doy.
Entonces de qué se trata. Usted vino a decir acá que nos contradecíamos con el doctor Rojas y este servidor. Pero yo creo que fui muy explícito en la denuncia que estoy poniendo. Lo que queremos es que se respete, no solamente a nosotros como partido de oposición, a los demás partidos, porque tal parece que en Chamula nada más reinan los del PRI y ya queremos quitar de Chiapas ese tipo de cosas. Muchas gracias.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra por cinco minutos, señor diputado.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He solicitado hacer uso de la palabra para convocarlos a que nos concentremos en el aspecto fundamental del debate.
El informe que ha presentado la comisión que da seguimiento a la situación en el Estado de Chiapas, pretende hacer una exhortación a que sumemos los esfuerzos para que se logre conquistar una paz justa, digna y duradera en el Estado.
El momento que se vive en el Estado de Chiapas es quizá el más delicado después del cese al fuego que fue declarado en enero de este año. Tras la negativa a la firma de los acuerdos de San Cristóbal, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se dio un proceso de polarización muy profundo en ese Estado, donde no solamente las comunidades indígenas, algunos sectores se han radicalizado, sino sectores de parvifundistas están creando un ambiente que tensa mucho la situación y puede provocar de nuevo los enfrentamientos.
Creo que con la renuncia del anterior Comisionado por la Paz, el retiro de la mediación de Samuel Ruiz, las campañas de provocación que se han desatado en el Estado, nos colocan frente a un esquema de paz precaria y de estabilidad muy endeble, donde creo que nosotros lejos de ayudar a atizar el fuego con declaraciones, con exhortos a la violencia, deberíamos de sumar en serio nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para poder recuperar el diálogo con los zapatistas, redoblar los esfuerzos del Comisionado por la Paz y hacer que esta comisión del Congreso cumpla con su propósito, que es el de crear las condiciones para una solución política y evitar la salida dura y militar en el Estado. Creo que es el esfuerzo y el propósito de esta discusión y en eso debemos concentrarnos. Muchas gracias.
El Presidente:
En uso de la palabra, el diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Una de las situaciones que más han convulsionado a nuestro país fueron los acontecimientos del 1o. de enero de este año en Chiapas, que trajeron como consecuencia el que por primera vez en la historia de México en este siglo se revisaran profundamente, en forma muy seria, las formas de vida que miles de indígenas de diferentes parte del territorio nacional han venido soportando a través de este siglo, a pesar de los reclamos del movimiento revolucionario de 1910 - 1917.
Gracias a la intervención inmediata del Congreso de la Unión, como tal, desde la Comisión Permanente, se estableció de inmediato por reclamo de todas las fracciones parlamentarias que en México están representadas, una Comisión Nacional de Desarrollo Integral y justicia social para los pueblos indígenas; esta comisión en el inicio de sus investigaciones y sus actividades echó por la borda una serie de actividades que presuncionalmente tenían diversas instituciones indigenistas que desde el Gobierno se habían establecido y que no respondían a los intereses de los grupos indígenas. Porque pudo demostrar y pudo demostrarse, que tal pareciera que el mestizaje, lejos de buscar el desarrollo y no la conservación parasitaria, sino la conservación activa de los grupos indígenas, se buscaba desde el mestizaje, el exterminio de los mismos.
La situación que se da en Chiapas no es privativa de un Estado, por ello pues, nosotros valoramos en todo lo que implica el que el Congreso de la Unión, en principio, en forma responsable abordó el conflicto desde las raíces mismas.
En otro sentido, compañeras y compañeros diputados, nadie en nuestro país, desea ni justifica que los problemas y demandas se resuelvan por medio de la violencia, es un último camino que se adopta, quizá por la desesperación, porque las demandas de años no han sido
atendidas, ni mucho menos resueltas ante la negligencia de las autoridades estatales.
Chiapas, como todos aquí hemos comprobado, lo hemos escuchado, es un Estado en donde existe una gran contradicción, de donde se derivan otras más, es una de las entidades federativas que cuenta con más recursos naturales, se puede decir que es uno de los estados más ricos del territorio nacional, pero ocupa socialmente el número uno en pobreza extrema, ésta ha sido provocada por siglos mediante el despojo de que han sido objeto los indígenas de su patrimonio y por una explotación irracional de los recursos por parte de extranjeros y nacionales.
Las demandas y denuncias de los indígenas siempre han tenido una respuesta, la represión de las autoridades municipales y estatales y de los caciques; la muerte ha acompañado al indígena chiapaneco en cada momento de su vida, ya sea por enfermedades que pueden ser atendidas, y no lo son, por el hambre o por homicidios perpetrados en su contra. A esto se agrega, quiérase o no, una intervención directa y hasta cierto punto excesiva de la iglesia católica y de otras sectas religiosas que han penetrado en el seno de las comunidades indígenas.
Chiapas padece todos los males del subdesarrollo, elevados índices de analfabetismo, falta de atención médica, carencia de servicios públicos, escasas fuentes de empleo, elevada marginalidad en el 90% de su territorio y otras más. A esto se agrega la falta de voluntad de las autoridades gubernamentales en casi todos los niveles para resolver los reclamos ancestrales de los indígenas y que se basan, primeramente, en la devolución de su patrimonio; el maltrato y la segregación que sufren por parte de otros sectores de la población chiapaneca, viene a conjuntar una situación de aprobio.
Esta situación dio como origen que el 1o. de enero se diera el levantamiento de los indígenas integrados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A raíz de este levantamiento, surgen a la luz también otros conflictos que llevan a los indígenas y campesinos chiapanecos a invadir superficies ganaderas que reclaman como propias; surge el descontento contra las autoridades municipales y contra caciques; sale a la luz también el problema de los indígenas expulsados de sus comunidades, más de 50 mil tan sólo, se encuentran alrededor de San Cristóbal, principalmente en lo que se refiere a indígenas expulsados de San Juan Chamula.
Estos últimos conflictos no son derivados del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino que son problemas que datan de años y que nunca se les ha dado solución por parte de las autoridades estatales . El conflicto de expulsados de San Juan Chamula tiene varias derivaciones: una de ellas es la de los problemas religiosos, pero creemos que la población principal radica en la existencia de caciques que avalados por décadas por el gobierno estatal, controlan las actividades de San Juan Chamula y son promotores del atraso, del alcoholismo y de otros vicios.
Las expulsiones de ese municipio se cobijan bajo la figura religiosa, pero realmente el motivo de fondo es el control político, económico y social de la población; los expulsados son personas que se han opuesto a esa forma de dominio y por tal osadía han sufrido la represión y hasta el asesinato para obligarlos a dejar sus comunidades y que los caciques continúen haciendo de las suyas en San Juan Chamula.
La actitud del gobierno estatal ha dejado y deja mucho que desear; ha esperado a que se de un enfrentamiento para tratar de dar una solución, decimos tratar, porque los acuerdos firmados, por ejemplo en el último enfrentamiento entre los chamulas y firmado por el Secretario de Gobierno y por la Comisión de Chamulas de ambas partes, viene a ser un paliativo más que una solución verdadera.
No existe voluntad política por parte del gobierno del Estado para garantizar que los chamulas expulsados retornen a sus comunidades y no hay voluntad para reparar los daños causados por los caciques.
Intereses existen y éstos indican que es la protección de los caciques de San Juan. Basta leer los compromisos iniciales suscritos por el Gobierno Federal para darse cuenta que resalta más la propuesta de un testigo de honor que la solución real del conflicto. No son compromisos concretos, no se establecen tiempos y se deja indefinido; no se establece qué temas se deben tratar entre cada una de las partes; no importa si existe testigo de honor o no, lo relevante es darle una solución al conflicto, permitir que los chamulas expulsados regresen a sus hogares y que se les indemnice por los daños sufridos.
Nos preocupa profundamente que en un Estado en donde existe una guerra, la situación política y social se siga agravando y que las autoridades estatales en vez de proponer una solución real, se salgan por la tangente con compromisos que no son compromisos. Chiapas es un Estado que está en la mira, que en cualquier momento se puede reactivar el conflicto armado, pero con mayores dimensiones al poderse sumar indígenas y campesinos a los cuales no se les quiere solucionar sus problemas o que las soluciones que se les ha dado son muy particiales.
Consideramos que el gobierno del Estado debe asumir compromisos, pero indicando cuándo, cómo y con qué recursos pretende afrontar la problemática de los expulsados de San Juan Chamula. Debe asumirse en su responsabilidad de gobernar con imparcialidad y castigar a las personas que hacen uso de la autoridad para imponer esquemas que afectan a los pobladores de las comunidades chiapanecas.
Pero una de las situaciones que han venido a agravar aún más el conflicto, es el que desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se empiecen a adoptar posiciones, desde nuestro punto de vista del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, profundamente posiciones peligrosas.
Como lo han expresado aquí algunos de los compañeros oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, los zapatistas dijeron no al plan del Gobierno para alcanzar la paz en Chiapas; dijeron no a las propuestas asistenciales y las propuestas locales; dijeron no a las respuestas, a las 34 demandas planteadas porque eran insuficientes, parciales o sencillamente negativas; dijeron no, porque eran parte de una estrategia para reducir el conflicto a cuatro municipios chiapanecos; dijeron no, porque querían distanciar sus demandas de las del resto de la población; dijeron no, porque no reconocen la voluntad democrática del Gobierno; dijeron no, porque sigue la política económica, porque no se revisa el TLC y el padrón no es confiable, y dijeron no, porque no fueron escuchadas sus demandas generales de justicia, libertad y democracia; dijeron no, porque tampoco han sido reconocidos como fuerza beligerante; dijeron no a las propuestas que podrían llevar la paz a Chiapas, porque son propuestas insatisfactorias, parciales, reductivas, pero también dijeron no a continuar las hostilidades bélicas; dijeron no a proseguir la fase armada de la guerra; dijeron no a una aventura militar que entorpezca el proceso electoral; dijeron no al fuego ofensivo.
Los zapatistas dijeron no a las propuestas del Gobierno y a la continuación de la guerra; abren una nueva fase donde el diálogo con el Gobierno se suspende, pero prorrogando el cese unilateral del fuego ofensivo; en otras palabras, el diálogo se suspende y se rechazan las ofertas gubernamentales, pero no para seguir con la guerra, sino para dar oportunidad a la llamada sociedad civil y a los partidos políticos independientes, entre comillas, a efectuar una revolución por la vía pacífica.
Con su negativa, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional abre una nueva fase de la guerra, el movimiento recupera el carácter nacional y regresa el llamado a la revolución de todos los frentes y por todas las vías que propuso en la primer declaración de la selva lacandona. Hoy, después del cese unilateral al fuego ofensivo, de modificaciones constitucionales en materia político - electoral, de las negociaciones y del asesinato de Luis Donaldo Colosio, los zapatistas retoman y actualizan su estrategia general para esperar que otros retomen sus banderas de lucha y realicen la revolución democrática por las vías pacíficas.
Con el rechazo a las propuestas del Gobierno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional efectúa un movimiento estratégico plasmado en sus primeros documentos, pero cambiando de sujeto protagónico, cambiando por decirlo así, de vanguardia revolucionaria, después de propaganda armada, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se retiró a la selva en una estrategia defensiva. En esas condiciones llegó el cese al fuego y las jornadas para la paz en San Cristóbal, pero también en esas condiciones los zapatistas fueron cercados política y militarmente; hay que reconocerlo, de otro modo no se explican las razones y los cálculos políticos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su negativa.
Señor Presidente, le solicito los 15 minutos que me restan.
Después de la tregua virtual en la guerra y del diálogo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue cercado. El Gobierno ha efectuado múltiples operaciones para reforzar el aislamiento e incluso intentó el cerco comunicativo y social, pero ni los medios de comunicación y muchos menos los indígenas, campesinos y demás sectores de la población lo permitieron,
pero están cercados y en mucho; la negativa es una reacción explicable y comprensible al hostigamiento silencioso. En esas condiciones, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional recupera sus planteamientos estratégicos originales, pero cambiando de sujeto y de acción.
Si en los primeros días de enero, el Ejército Zapatista era una fuerza armada, revolucionaria que buscaba propiciar la transición democrática liberando territorios y articulando un movimiento nacional, en todos los frentes y por todas las vías, después de su negativa, después del cerco, el ejército zapatista llama a la sociedad civil a integrar la vanguardia que impedirá el cerco, a encabezar el movimiento revolucionario que dirigirá la transición democrática por medios pacíficos, políticos y electorales. En estas condiciones, al menos antes del 21 de agosto, la vía militar esta descartada o destinada al fracaso.
La transición democrática que maneja el ejercito zapatista esta en manos de la sociedad civil, por ello se compromete a aceptar e incluso se ofrece el ejército zapatista como la fuerza armada que resguarde y haga respetar los acuerdos que la sociedad logre en una convención nacional que elija un gobierno provisional y dé inicio a un nuevo Constituyente.
Aunque la propuesta zapatista no sea extraña a la estrategia inicial, sí es necesario reconocer algunos elementos nuevos: el protagonismo de la sociedad civil, la preeminencia de la vía política y pacífica en la transición democrática, la necesidad de un Constituyente.
La estrategia zapatista después del diálogo, en condiciones del cerco y de tregua, consiste en convertirse en una especie de observador armado del proceso electoral, convocante de la convención nacional y garante, en última instancia, de los resultados del Constituyente.
Es el paso de una fuerza beligerante a una fuerza que convoca, resguarda y garantiza los resultados de un movimiento pacífico, de la fuerza armada que denota la revolución a la fuerza que resguarda y se ofrece para defender los resultados del Constituyente. Sin embargo, hay que reconocerlo, la estrategia zapatista es frágil, depende de circunstancias y actores que no tienen la capacidad ni la representación ni la experiencia ni la legitimidad ni la fuerza para convocar un Constituyente ni para generar una revolución nacional democrática. Hay que reconocerlo, los zapatistas en condiciones de cerco le apuestan demasiado a una entidad difusa, con escasa fuerza política y organizativa, a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales.
Para empezar, hay un problema de identificación. La sociedad civil no son sólo las Organizaciones No Gubernamentales, sino también los ganaderos, los del Frente Coleto, los empresarios, los que están de acuerdo con el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La sociedad civil no es un concepto ni una realidad moralmente aceptable, es un amasijo de contradicciones, de fuerzas de grupos y grupúsculos con intereses y formas de organización o de no organización heterogéneos.
La sociedad civil por definición no es una fuerza...
El Presidente:
Se ruega a los señores diputados escuchen con atención al señor orador. Aún cuando hay el acuerdo entre los grupos parlamentarios de hablar 15 minutos, el Reglamento, en el artículo 103, le autoriza a hablar media hora. Le rogamos a los señores diputados escuchen con atención al orador.
El diputado Israel González Arreguín:
Repito. La sociedad civil por definición no es una fuerza organizada ni homogénea, en las luchas cotidianas así se observa.
Los mismos elementos de las Organizaciones No Gubernamentales, que son las formas organizativas recientes con múltiples intereses y actividades, que responden más a problemas concretos que a planteamientos generales, lo saben, aunque en los últimos años las Organizaciones No Gubernamentales han sufrido intentos de partidizarse y hasta simular partidos políticos, tienen fuerza local con capacidad de articulación muy reducida, son grupos reducidos que sólo representan a sus integrantes unidos por luchas concretas. Entre ellos no hay formas de articulación desarrollada que puedan presentar una coordinación nacional confiable.
La confianza del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la sociedad civil y en las Organizaciones No Gubernamentales para conducir un proceso revolucionario de tránsito a la democracia, no se sustentan ni en la práctica ni
en la experiencia, ni siquiera en los mismos intereses de las Organizaciones No Gubernamentales. Quizá la convocatoria a un constituyente tampoco tenga fuerza de masa.
Por otra parte, la convención nacional democrática que derroque al Presidente, forme un Gobierno provisional y un nuevo constituyente siempre es un resultado o de un gran consenso nacional entre todas las fuerzas políticas y el Gobierno vigente o es parte de un proceso revolucionario armado como la Convención de Aguascalientes de 1914, que a pesar de estar formada por ejércitos importantes fracasó.
Hoy en México ni hay una situación revolucionaria donde el EZLN pueda con la fuerza de las armas convocar a una convención y un constituyente, ni tampoco hay un gran consenso nacional para hacerlo.
Sólo los grupos cercanos al EZLN, algunas organizaciones no gubernamentales, y quizá, aunque de manera improbable, algún partido político, pudiera participar en una convención nacional democrática en las condiciones actuales.
Hay que decirlo abiertamente, pues en política las ilusiones son peligrosas cuando no se sostiene en la fuerza de las masas.
La estrategia zapatista en la segunda declaración de la selva lacandona es muy frágil, se sostiene por la fuerza invisible y difusa de una sociedad civil que existe solo hay algunas organizaciones no gubernamentales y en los deseos de los zapatistas.
Por otra parte, ¿cómo podrán los zapatistas resguardar y hacer cumplir los acuerdos de la convención si están cercados, rodeados, hostigados, si sus efectivos apenas pueden moverse sin ser vistos o están tan localizados por los patrullajes de la Fuerza Aérea Mexicana, que cualquier movimiento esta registrado y vigilado hasta en los más íntimos detalles?
La explicación a este problema plantea tres hipótesis:
1. El EZLN apuesta a los conflictos poselectorales para organizar, entonces sí, un movimiento revolucionario que vincule la ilegitimidad electoral con las demandas sociales no atendidas y con la fuerza latente de los indígenas armados.
2. El EZLN, como lo anuncian sus comunicados, ya tienen una fuerza nacional que utilizará si el cerco se hace insoportable en Chiapas o si los conflictos poselectorales lo reclaman.
3. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anuncia el sacrificio de sus integrantes como intercambio simbólico con los participantes de la convención y las fuerzas gubernamentales partidarias y sociales que no participen en ella.
En todas las opciones el sacrificio de los zapatistas e innegable, su oferta vital es admirable, pero política y moralmente es inaceptable. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional rescató la política justamente donde no existía, recuperó los planteamientos de los marginados para decirnos que ni el Gobierno ni los partidos ni la iglesia ni las Organizaciones No Gubernamentales respondíamos a los reclamos de las comunidades indígenas de Chiapas y de todo el país.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos demostró que la política era inútil cuando trataba con el dolor y el hambre y la miseria de los indígenas. Que las elecciones eran indispensables pero sólo si se articulan en un programa general por la dignidad de los que resisten, de los que luchan. Que las elecciones de los partidos y las demás fuerzas son más interesadas en autorreproducirse que en solucionar problemas sociales, no era la forma democrática que todos pensamos.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamó la atención sobre el espacio de resolución democrática de los proyectos políticos, pero todo una base de justicia, libertad y democracia común a todos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una fuerza indígena, política y militar fresca, imaginativa y audaz, que supo combinar las demandas sociales con las políticas, las demandas étnicas con los campesinos y las demás del país. Ahí reside la simpatía que innegablemente tiene entre casi toda población.
Sin embargo, la estrategia militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sido muy frágil. Desarrollaron acciones armadas propagandistas, pero la articulación entre fines y medios no fue congruente. Ganaron simpatía y apoyo popular, pero las negociaciones plantearon una estrategia incongruente, en lo local privilegiaban las demandas compensatorias existenciales, en lo nacional planteaba demandas no negociables.
Desde ese momento, entre las respuestas gubernamentales locales y las respuestas nacionales, se formó un abismo, unas eran tratadas con los mecanismos tradicionales en donde los trámites burocráticos y las promesas no cumplían condiciones de emergencia; y las otras, las nacionales, sencillamente eran inviables.
Ahora los zapatistas tienen que rearticular sus demandas para decir no en una nueva declaración de la selva lacandona. Privilegiar las demandas nacionales inviables y maximalistas por sobre las locales que sí podrían renegociarse.
Lo más preocupante es que la negativa se acompaña de un relevo de estafeta a una fuerza difusa innaccesible, a personajes aislados, con escasa capacidad orgánica y con menos representatividad popular. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional convoca a una convención con una parte de la sociedad no organizada ni representativa, dejando de lado al Gobierno y a los partidos políticos cuando con el primero podría firmar la paz y con los segundos podría llegar a acuerdos para la convención.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hostigado, cercado en la selva por el ejército federal, se aisla y separa más de la política con esta estrategia. Ofrece el intercambio de su muerte a una sociedad que lo puede contemplar ajeno, lejano. El intercambio simbólico del ejército zapatista con la sociedad mexicana es el del rehén, el alejado de la circulación política que ya no cuenta en la toma de decisiones pues su posición es la de un extraño en las contiendas políticas. Es urgente recuperar las negociaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el Gobierno Federal y los partidos políticos para un nuevo diálogo plural, abierto a todas las fuerzas políticas nacionales, pero también a todas las fuerzas sociales y políticas estatales, regionales y étnicas.
Lo que el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional pone en discusión es la necesidad de un verdadero diálogo nacional, sin exclusiones, que garantice la estabilidad política es un proyecto de profundas transformaciones sociales y probablemente nos dirija a una convención y a un nuevo constituyente. Los mismos zapatistas lo afirman al reconocer que esto es apenas el antecedente de un México nuevo, pero tiene que ser un antecedente legítimo, verdadero y viable. En las situaciones actuales, ninguna estrategia de confrontación o de poder dual será eficaz; por el contrario, es peligrosa para todos, para los mismos zapatistas y para los indígenas.
Es necesario llamar al diálogo nacional para la paz, en donde participemos todas las fuerzas políticas.
El Presidente:
Señor diputado, de acuerdo con el artículo 103 se ha terminado la media hora que se le concede, para seguir adelante se requiere del permiso de la Cámara. Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le permite seguir hablando al orador o nos ajustamos al Reglamento.
El secretario Guillermo Jorge González Díaz:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le permite continuar al orador o si ha concluido su tiempo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La Asamblea determina que continúe el orador, señor Presidente.
El Presidente:
Continúe, diputado.
El diputado Israel González Arreguín:
Es necesario llamar al diálogo para la paz, en donde participemos todas las fuerzas políticas, el Gobierno y los zapatistas, pero también a diálogos locales donde todos participen en Chiapas, donde participen ganaderos, zapatistas, Gobierno, campesinos, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. Es la hora de integrarnos en esfuerzos nacionales.
Para bien o para mal, la revolución no esta a la vista, lo que sí puede lograrse y los zapatistas tienen la fuerza moral y política para hacerlo, es convocar al Gobierno, los partidos y la sociedad a los verdaderos diálogos para la paz y la reconciliación. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
El día martes 28 de junio la de la voz acudió a esta tribuna para hacer una denuncia y una petición en torno a la supuesta violación de tres jóvenes mujeres indígenas tzeltales de la comunidad de Santa Rosita Sibaquil, por miembros del Ejército mexicano que se encontraban en el retén de Altamirano, Chiapas.
Ese día se dio la información sobre este supuesto delito y este atropello y se solicitó a este pleno un punto de acuerdo para que se integrara una comisión que investigara e informara ante el pleno de la Cámara o de la Comisión Permanente y a la opinión pública sobre esta denuncia.
Todavía hasta el día de hoy existe y se mantiene la denuncia por parte de las mujeres indígenas. El día de hoy un hecho político de gran relevancia lo constituyo la marcha de varias mujeres, cientos de mujeres en San Cristóbal de las Casas, en demanda del esclarecimiento de este supuesto crimen.
Hay nuevos elementos del día 28 de junio a la fecha, uno de ellos es que existe ya una averiguación previa, una denuncia penal que fue interpuesta por la coordinación de Organizaciones No Gubernamentales por la Paz y el número de averiguación previa esta en el número 64/94.
Además de esta denuncia penal existe un deslinde por parte del Ejército mexicano, donde señala los resultados de su investigación interna y se deslinda absolutamente de los hechos. Pero además, amenaza con actuar en contra de quienes hablen del Ejército mexicano, de este mismo instituto.
La parte acusada ha hablado y ha dicho que no tiene nada que ver en el asunto. La averiguación previa interpuesta por Compas se encuentra ya en la Agencia del Ministerio Público. Y hay todavía en la sociedad esta inquietud por saber exactamente que fue lo que sucedió y que se haga justicia a estas mujeres indígenas tzetlales. Por varias razones, sobre todo por la situación que se ha estallado aquí, por los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra. Todos sabemos la gravedad de los acontecimientos que se han desarrollado y la situación de precariedad y de fragilidad de la paz en el Estado de Chiapas, que tiene repercusiones nacionales.
Creemos también que la violación sexual no debe ser utilizada, como lo dijimos en la intervención de días pasados, como un recurso de guerra por parte de nuestro instituto armado. No debe ser utilizado este recurso para intimidar a la población, porque a nosotros sí nos interesa que el Ejército mexicano se mantenga como garante de la seguridad de los propios mexicanos y garante de la paz y de la estabilidad en el país.
Por esta razón yo vengo a solicitar al pleno de la Cámara, que la comisión plural para el seguimiento del conflicto en Chiapas, retome el asunto, el tema de la presunta violación de tres mujeres indígenas tzeltales por miembros del Ejército mexicano, que se encontraban en el retén de Altamirano, Chiapas, para que le dé seguimiento, promueva la investigación e informe ante la Comisión Permanente.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia lo siguiente:
Único. Turne a la comisión plural para el seguimiento del conflicto en el Estado de Chiapas, la denuncia hecha por la Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz, que consta en la averiguación previa número 64/94, sobre la presunta violación a mujeres tzeltales de las fuerzas armadas mexicanas, a fin de que la comisión en cita se allegue de la información necesaria e informe a la brevedad a la Comisión Permanente de sus resultados.
Dejo una copia de la averiguación, de la denuncia que fue presentada, y también la formalidad de mi petición. Gracias.
El Presidente:
Tal como lo solicita la diputada, túrnese a la comisión plural.
Tiene la palabra el diputado Del Valle, por cinco minutos, para rectificar hechos.
El diputado Jesús Mario del Valle Fernández:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En esta tribuna nuevamente se trae un caso que ya había sido atendido y se había presentado una explicación por parte de la parte a la cual se señala, en los términos en que se había especificado que había una investigación, que la investigación de inicio no arrojó ningún tipo de acción a seguir o a sancionar, y que en esos términos tampoco el área, la Secretaría, el Ejército, se oponía a que siguiera el curso de la denuncia que se había presentado.
Reconocemos de manera muy confortable, que aquí se hable de una presunta violación en términos de que no está comprobado un delito en un procedimiento, y no que se haya señalado como un acto concreto materializado como se hizo en otra ocasión.
De manera precisa se explica que la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene ningún inconveniente en reabrir la investigación que llevó a cabo, para que se valoren todas las pruebas y los elementos que han sido motivo de la denuncia que aquí se ha hecho hincapié.
Queremos dejar claro que no es tampoco una situación, como aquí se pretende hacer, de comportamiento de una institución, por medio del cual se amedrente o amenace a la población. Si estamos hablando de un delito que se configura por violaciones a las normas de la propia institución, no nada más esa sanción que explica el Código Penal, en términos de un delito cometido contra personas, sino es también una sanción que la propia reglamentación de la institución armada contempla en sus procedimientos.
Si esto existe, si esto se demuestra, si esto se averigua previa valorización de los puntos de las dos partes involucradas, y no sólo de una presunta parte afectada, debe tomarse y concluirse en la sanción que proceda. No hay ninguna oposición al respecto. Pero lo que no se puede de alguna manera aceptar, que se valorice, si en caso existiera una situación de delito, como una actitud y comportamiento normal, ante una incidencia como la que se presenta en el Estado de Chiapas. Estamos hablando de problemas de otra naturaleza y de otras naciones; no estamos hablando que en México exista una guerra de carácter psicológico o una guerra en términos de amedrentamiento a la población civil y que por eso hoy se quiera catalogar este hecho como parte de lo mismo.
Rechazamos este tipo de señalamiento, por que no es una forma de actuación normal ni deseada ni prescrita ni de ninguna manera concretada o realizada. Si esta existió, que se investigue y que se llegue a las últimas consecuencias en los términos que marque la legislación correspondiente. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, por cinco minutos, diputada Ruiz Anchondo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ni el 28 de junio cuando se hizo la denuncia de la primera petición, ni el día de hoy, hemos señalado al Ejército como responsable a priori, ni tampoco estamos señalando que el Ejército mexicano es violador de todas las indígenas, ni tampoco que el Ejército mexicano sea señalado, incluso ni nacionalmente ni internacionalmente, como una de sus características el hecho de que viole los derechos humanos. Incluso eso lo señalamos bien el día 28.
Yo he escuchado con agrado tanto la intervención del compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, dado que manifiesta esta voluntad para que se reabra la investigación para que se vaya a fondo en este asunto, que se clarifique ante la opinión pública y ante el mismo Poder Legislativo. También pues el hecho de que la Presidencia haya turnado esta petición para la comisión plural para el seguimiento de los acontecimientos en Chiapas, pues me parece que es una muestra de voluntad de que sí queremos llegar al esclarecimiento de los hechos.
En eso se fundamentaba nuestra participación. Y, bueno, estaremos en espera de la información que la comisión haga en este punto. Gracias.
El Presidente:
En uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con se venia, señor Presidente; compañeros legisladores:
Acudo a esta tribuna con la Constitución en la mano y con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Me voy a referir a lo dispuesto por el artículo 61 de nuestra Constitución, reglamentado en los artículos correspondientes en la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 82 y artículo 11 de la última.
El artículo 61 de la Constitución establece claramente que: "Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar".
Quiero recordar esto no solamente por mí, no solamente por las declaraciones que he formulado, a las cuales más adelante me referiré, las formulo por todos los compañeros diputados, por todos, los que hemos declarado, los que no lo han hecho. ¡No se vale que se nos pretenda intimidar! Paso al tema.
En efecto, en días pasados, en mí calidad de representante de la nación expuse ante la prensa nacional diversas denuncias; no hice imputaciones. Pedí que se investigara, que se investigaran verdades que circulan precisamente en la zona del conflicto; verdades que preocupan y colocan en una situación de temor y angustia a todos los habitantes de esa región; verdades que se tienen que esclarecer, porque si no se esclarecen, no va a ser fácil arribar a la solución del conflicto en forma pacífica, en forma estable, en forma perdurable.
Chiapas hay que conocerlo. No podemos considerar en una primera impresión la historia de nuestro Estado, su desarrollo, su esfuerzo permanente, sus recursos naturales como aquí se ha dicho. No podemos soslayar eso. No podemos olvidar, y de esto nos damos cuenta cuando profundizamos en nuestro Estado.
Es un pueblo de pueblos, como se ha dicho. Efectivamente así lo es. Es un pueblo con una composición étnica variada y rica. Es un pueblo donde la modernidad llega en la década de los 70. Es un pueblo que antes de esa época estuvo bastante rezagado, como lo continúa estando hasta la fecha.
No ocultamos ni negamos el rezago, la marginación, la injusticia que se da en el pueblo chiapaneco.
Es una intervención, de un diputado chiapaneco, al inicio de esta legislatura, el 23 de abril de 1992, se expresó a nombre de los nueve diputados que integremos la diputación chiapaneca y de los senadores también, que se solidarizaron con ello, cual era nuestra visión del Estado de Chiapas y en ella dejamos claramente asentado que reconocíamos el rezago que existía.
Hoy la situación del Estado sin duda es mucho más compleja. Hoy se demanda y se pide mayor atención y mayor respeto hacia los chiapanecos . No podemos caer en una situación simplista, en una situación superficial; es una situación bastante delicada, convergen en ella muchos factores que se expresan no solamente el 1o. enero, sino que se han continuado expresando en otros ordenes y se han presentado problemas que vienen a complicar la situación del Estado.
No pretendo en mi intervención que , claro, es a título personal y por brevedad de tiempo y respeto a ustedes, señores diputados, anticipo mi petición al señor Presidente de la mesa directiva para que se integre completo el documento que habré de reseñar o de abreviar.
No pretendo en mi intervención que, claro, es al título personal, presentar un diagnóstico cual radiografía, que nos muestre el conflicto chiapaneco en blanco y negro, sino que se perciba en su justa dimensión como una situación de singular complejidad que no admite simplicaciones. Los efectos resultan impredecibles y ciertamente afectan al régimen de derecho, y por ende, a la seguridad de los mexicanos en lo individual y a la nación mexicana en su conjunto.
Los efectos inmediatos del conflicto se dan principalmente en cuatro municipios del Estado
de Chiapas, han consternado a todos los chiapanecos y han impactado la conciencia de todos los mexicanos. De no encontrarse una solución adecuada afectará los legítimos anhelos de toda la nación.
Es incuestionable que ni antes ni durante la Colonia existió un concepto de unidad interna en la provincia de Chiapas; los diversos asentamientos indígenas no lo propiciaron. En el actual territorio del Estado habitaron mayas, zoques, mames, chiapanechas, entre otras etnias, con relaciones si acaso comerciales pero con culturas, lenguajes y territorios diferentes.
Durante la Colonia esta característica no se trastoca, sino se continúa y se acentúa, y se le yuxtapone la propia estructura colonial, lo que se hace evidente en la zona del Soconusco, esto explica en parte el origen del regionalismo chiapaneco contemporáneo.
En síntesis, con la independencia de Chiapas se pierde una colonia española y se constituye una nueva forma de coloniaje del México independiente, y se dan una serie de obras en el Estado que no sirven para consolidar el desarrollo del Estado, que no intercomunican el Estado con la metrópoli, con la capital de la República. Se hacen obras como la construcción de las presas del sistema hidroeléctrico Grijalva, la carretera panamericana, el ferrocarril del Pacífico, que en lugar de integrar al Estado como entidad federal, lo integran, insisto, ante la capital de la República.
Otro problema que vale la pena mencionar, es que el caso específico de Chiapas se conserva una población eminentemente joven. De 1950 a 1960 los menores de 15 años han representado un promedio del 45%; la tasa bruta de natalidad había bajado del 41 a 37 nacidos vivos, sin embargo en 1990 la tasa repunta a 61. La tasa bruta de mortalidad en 1960 era de 12 para 1980 la cifra era de ocho y en 1990 el indicador marcaba cinco. Esto sin duda refleja las medidas de salud, el resultado de las acciones de salud, y esto refleja y explica también que en 1960 el Estado tenía una población de 1 millón 200 mil habitantes aproximadamente y ahorita anda arriba de los 3 millones de habitantes. Quiere decir que en poco más de 30 años la población del Estado de Chiapas se ha triplicado.
En Chiapas se asientan nueve etnias en 65 municipios, de éstos 14 son exclusivamente indígenas, en los demás varía el porcentaje; en unos municipios son minoría en relación a la población mestiza, en otros mayoría y en otros más existen varios pueblos indios en el mismo municipio.
La ubicación de los asentamientos indios se localiza en la mayoría de los casos en zonas cuya orografía y características físicas imposibilitan el empleo de técnicas agrícolas así como la dotación de servicios para mejorar las condiciones de vida y su capacidad productiva. A esto se suman las características de suelo que son generalmente desviados y de baja fertilidad y se ven afectados en forma importante con la tumba rosa y crema a quien se le somete cíclicamente.
En el Estado de Chiapas hay un total de 1 millón 129 mil indígenas, lo que representa poco menos del tercio de la población del Estado. Tenemos 41% de localidades dentro de un universo de 5 mil 856 con menos de 100 habitantes, el 45% varía entre 100 y 499 y el 13% entre 500 y 200 habitantes. Esto es muy importante tenerlo a la vista para comprender la problemática del Estado, no es fácil llevar servicios a todas estas comunidades tan dispersas y tan aisladas, no porque no se haya hecho, se ha avanzado en forma importante pero aún falta mucho por hacer.
En los últimos años llevaron a cabo reformas en diversas materias de las cuales voy a reseñar nada más algunas.
En materia de justicia se restructuró el Sistema Judicial del Estado, se abrieron una serie de reformas que permitieron la descentralización de la justicia, que permitieron la selección de jueces por concurso, se establecieron juzgados nuevos. Se instrumento el Fondo Auxiliar de Justicia, se creó el Consejo Estatal Indígena con el objetivo de dar un espacio, un foro para fomento y expresión de la unidad indígena, se constituyó por etnias y regiones con representación de sus autonomías formales y de las tradicionales, con representación de sus expresiones territoriales, productivas o culturales y en todos los casos se respetaron sus propios mecanismos de elección o designación.
Yo no podría, por razón de tiempo, referirme a todas las acciones que se han en dado, simplemente las dejo apuntadas, en el documento que entregaré.
En la última década se incrementaron de manera importante, sin precedente, los recursos públicos que se destinaron a generar mejores condiciones de libertad a las comunidades rurales en general y dentro de ellas las indígenas; en un esfuerzo concertado del Gobierno Federal y el Gobierno estatal, las cifras que corresponden a 1961 que dejo en el documento, arrojan el resultado de esas acciones.
Yo no pretendo insisto, en esta intervención, hacer un panegírico en forma alguna de lo que se ha hecho, simplemente manifestar y fundamentar que ha habido un gran esfuerzo; por ejemplo, en 1982 la carretera del Estado contaba con 1 mil 657 kilómetros de carreteras de todo tipo; en la actualidad tiene más de 10 mil kilómetros, con una orografía bastante difícil.
La propiedad social en diciembre de 1988 representaba el 51.4%, la privada el 34.6%, al 21 de junio la propiedad social representa el 53%, casi el 54% y la privada el 24.6%, aunque sabemos que todavía están pendientes de entregarse algunas de las tierras conforme al programa que se lleva a cabo.
Compañeros legisladores, no ha sido mi propósito hacer un panegírico de las acciones durante los últimos años del Gobierno Federal y estatal, anticipo respetuosamente a todos y cada uno de ustedes señores diputados, que con mi intervención no pretendo presentar una adición idílica o paradisíaca de la realidad chiapaneca, sino adoptar datos que nos permitan tener una visión más completa de su realidad. He tomado diversos aspectos que hacen evidente el esfuerzo realizado por los chiapanecos y sus gobiernos para generar un mayor bienestar y justicia en el Estado.
Dejo a los escépticos , a los profesionales de la crítica destructiva, fijar sus posiciones fatalistas, mi propósito es cuando menos generar dudas e interrogantes que nos hagan profundizar en los acontecimientos de mi Estado. No he tocado otros temas, no por ser menos importantes, sino para abreviar mi intervención.
El conflicto armado de enero se ubicó como una manifestación de inconformidad estatal con reivindicaciones de carácter social en materia indígena y campesina. Hoy, el EZLN también cuestiona y descalifica anticipadamente el proceso electoral previo a la jornada del 21 de agosto próximo, sin atender que la legislación que lo regula es el resultado del avance democrático manifestado en los consensos que las fuerzas políticas más representativas del país han alcanzado.
Las demandas, estrategias y acciones se hace evidente que en este momento ya no son las razones inicialmente expuestas las que pretende el EZLN, ya es otro nivel de problema que lo ubica más allá de los límites del Estado de Chiapas y de la zona en donde se origina.
Esto es motivo de una gran preocupación, nosotros consideramos y lo ratifico, la importancia de haber logrado el cese al fuego, la importancia de los acuerdos de San Cristóbal, sin duda constituyen un espacio y un marco muy importante para la consecución de la paz; hoy se anuncia ya el contacto del mediador con el EZLN, eso nos permite abrigar la esperanza de que se vuelvan a encausar los esfuerzos para el alcance y consecución de la paz.
Creo y lo reitero, si hemos tocado temas que a algunos les ha molestado es porque consideramos y por ello ratifico, que es necesario conocer las verdaderas causas de este conflicto para poder encontrar los mecanismos que permitan el retorno lo más pronto posible en forma pacífica del estado de derecho en Chiapas, que permita a los chiapanecos y a la nación mexicana, recuperar la tranquilidad para poder reintegrarnos, reanudar nuestro esfuerzo de todos los mexicanos, de todos los chiapanecos por el bienestar y la paz. Muchas gracias.
Intervención del diputado federal Cuauhtémoc López Sánchez Coello, ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Con venia, diputado Presidente; compañeros diputados.
Nuestro México, el legado por nuestros antepasados; este México de nuestros hijos, enfrenta hoy graves problemas, consolida los avances positivos obtenidos con el esfuerzo del pueblo y por la conducción de su Gobierno, pero también debe, resolver las demandas sociales, muchas de ellas legítimas que no han sido satisfechas. El estado mexicano se obliga a un reordenamiento interno como respuesta a los enfoques políticos de un nuevo contexto internacional. Y lo hace sin menoscabo de la atención a los reclamos populares, particularmente,
los de aquellos mexicanos más necesitados.
Todos coincidimos en la obligación - razón de ser del Estado para generar las mejores opciones, por el bienestar de los mexicanos. Todos estamos de acuerdo en los propósitos, aunque diferimos en cuanto a los programas, estrategias y acciones para alcanzarlos.
Por otra parte, un gobierno sustentado en la experiencia histórica, donde esfuerzos, fracasos y éxitos se registran, rectifican y adecuan a la dinámica social y mundial sin detrimento y con el fortalecimiento de los valores superiores del pueblo mexicano.
Por la otra, los inconformes que todo cuestionan: los que teniendo la oportunidad de materializar sus ideales no lo lograron; y los que no accedieron al nivel de decisión que les permitiera llevar a la práctica sus propósitos. Los primeros sostienen su experiencia en la incompetencia, en la incongruencia; los segundos en su impotencia. Ambos con resentimiento acumulado que se expresa en su actitud de escepticismo y amargura, sustentados en muchos casos con mayor o menor medida, en ideologías de probada ineficiencia, pretendiendo la implantación de modelos de desarrollo político económico y social que fracasaron, o el restablecimiento de esquemas normativos que ya alcanzaron sus propósitos y agotaron su eficiencia; a todo ello, se suman intereses personas les que cuestionan la honestidad de las propuestas.
Con ello se afecta gravemente a la unidad de nuestra gran nación, y el fortalecimiento del Estado mexicano, sólo satisface la ambiciones mezquinas o rupestres de quienes dentro y fuera de México, se oponen a su progreso y desarrollo. La pluralidad interna, cuyas bondades comparto, cuando es malintencionada, lejos de alcanzar consensos, quebranta la unidad de los mexicanos, de nuestra República. Obstaculiza y destruye nuestro propósito unánime de acceder a mejores estadios de bienestar en un marco de libertad, democracia y justicia, pilares de nuestra soberanía.
En el contexto anterior se ubican los hechos acaecidos en el Estado de Chiapas a partir del 1o. de enero del presente año. Donde un grupo de individuos sin ninguna legitimación, pretende asumir la representación de un sector importante del pueblo mexicano.
Sin legitimación porque nadie les ha conferido, su representación, ni las razones en que se sustentan o en que pretenden enclavar su movimiento, se justifican. Tampoco así el daño que han provocado a personas, bienes e instituciones razón del Estado mexicano.
No pretendo en mi intervención, que aclaro es a título personal , presentar un diagnóstico cual radiografía que nos muestre el conflicto chiapaneco en blanco y negro. Sino que se perciba en su justa dimensión, como una situación de singular complejidad que no admite simplicaciones. Los efectos resultan impredecibles y ciertamente afectan al régimen de derecho y por ende , a la seguridad de los mexicanos en lo individual y a la nación mexicana en su conjunto.
No soy ingenuo ni superficial; el propósito de mi intervención es el anteriormente expresado: analizar el problema mediante el acopio de información que nos permita coadyuvar y apoyar su solución partiendo de un diagnóstico confiable.
Los efectos inmediatos del conflicto se dan principalmente en cuatro municipios del Estado de Chiapas, han consternado a los chiapanecos y han impactado la conciencia de todos los mexicanos. De no encontrase una solución adecuada, afectará los legítimos anhelos de toda la nación.
El Estado de Chiapas, con una superficie aproximada de 75 mil kilómetros cuadrados, se ubica al sur de la República mexicana y constituye, en 658.5 kilómetros parte de la frontera sur de México con la República de Guatemala; si bien, continentalmente, corresponde al istmo centroamericano, cuyo límite es ubicado por los geógrafos en el istmo de Tehuantepec.
Es incuestionable que ni antes ni durante la Colonia existió un concepto de unidad interna en la provincia de Chiapas; los diversos asentamiento indígenas no lo propiciaron. En el actual territorio del Estado habitaron mayas, zoques, mames, chiapanecas, entre otras etnias, con relaciones si acaso comerciales, pero con culturas, lenguajes y territorios diferentes. Durante la Colonia, esta característica no se
trastoca sino se continúa y se le yuxtapone la propia estructura colonial se hace evidente en la zona del soconusco; esto explica en parte el origen del regionalismo chiapaneco contemporáneo.
Durante el porfirismo, el grupo de Los Científicos, representados por Emilio O. Rabasa, gobierna Chiapas y lleva a cabo acciones importantes como el traslado, en 1892, de la residencia de los poderes estatales de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez, preserva así, para los chiapanecos y para los mexicanos, el patrimonio arquitectónico de la ciudad colonial. Queda a distancia, la capital del Estado y el asiento del poder eclesiástico, económico y cultural que San Cristóbal representaba. En esa década y en la siguiente se constituye el ferrocarril Coatzacoalcos - Salina Cruz - Arriaga - Tapachula, y con ello se inicia la construcción de diversas vías de comunicación con bajo impacto positivo e inmediato, porque provoca el aislamiento de zonas económicas importantes como la de los esteros de la costa y el abandono del canal intercostero que constituía, desde antes de la Colonia, una vía natural de comercio.
En síntesis: con la independencia de Chiapas se pierde una colonia española y se constituye una colonia sui generis de la República mexicana. El siglo XX consolida este estatus: se realizan inversiones federales en carreteras; la del Pacífico, la Panamericana que más que comunicar las diversas regiones del Estado entre sí, comunican a Chiapas con la metrópoli. Con ello, se rompen las rutas comerciales regionales y estas se reorientan al centro del país. En la década de los 70, un gobernador del Estado afirmó que la forma de relación que Chiapas tenía con el centro de la República, constituía un ejemplo de colonialismo interno, en el contexto nacional. Es en este sexenio cuando se empieza propiamente a atender a la comunicación interna del Estado y se concluye la carretera Pichucalco - Escopetazo - Tuxtla Gutiérrez y la carretera Palenque - San Cristóbal - Tuxtla Gutiérrez; posteriormente la carretera Tapachula - Huixtla - Motozintla - Comitán; la de Comitán - Venustiano Carranza - Tuxtla Gutiérrez.
En la misma década se realizaron importantes obras federales. La construcción del sistema hidroeléctrico del Grijalva con las presas de Malpaso, La Angostura, Chicoasén y Peñitas cuya operación beneficia, no al Estado, sino a la República; a unos cuantos metros del Grijalva no hay agua para riego ni energía eléctrica para bombearla y si, en cambio, fueron inundadas por el embalse tierras de excelente calidad, como en el caso de La Angostura con 65 mil hectáreas. A la fecha, un número importante de comunicaciones carecen de energía eléctrica.
En el caso específico de Chiapas, se conserva una población eminentemente joven. De 1950 a 1990 los menores de 15 años han representado un promedio de 45%. La tasa bruta de natalidad, (número de nacidos vivos por mil habitantes), había bajado de 41 a 37 nacidos vivos, sin embargo en 1990, la tasa repunta a 61. La tasa bruta de mortalidad (número de defunciones por mil habitantes) en 1960 era de 12. Para 1980 la cifra era de ocho y en 1990 el indicador marcaba cinco. Esto se explica como resultado de las acciones emprendidas en materia de salud.
La distribución de la población, de acuerdo a los resultados definitivos del XI Censo de Población y Vivienda, indica que en 1990 Chiapas tiene 3 millones 210 mil 496 habitantes asentados con 16 mil 422 localidades, de las cuales 12 mil 203 corresponden a localidades entre uno a 99 habitantes, es decir 74% del total. Según las estadísticas sociales del porfiriato, Chiapas contaba en 1877 con 208 mil 215 habitantes. En 1960 tenía 1 millón 210 mil 870 habitantes, según el censo de ese año.
Es incuestionable que el medio rural se registran las mayores incidencias de natalidad de nuestro país, y en general es Chiapas uno de los estados con mayor crecimiento demográfico tanto natural como social, propiciado éste último por la migración interna que se da en dos vertientes: la relativa a la colonización de la década de los 70 y la incorporación de mano de obra en la construcción de los proyectos hidroeléctricos, para los que se llevaron trabajadores de otras entidades. La mayoría de ellos se arraigaron en el Estado como mano de obra calificada para la operación de las mismas plantas y en su momento de las instalaciones petroleras.
En materia de salud, en 1990, de una población total de 3 millones 210 mil 496 habitantes en el Estado, se cuenta con una población usuaria de los servicios de 2 millones 376 mil 376, es decir, el 76% del total.
Los programas de salud, aunque deficientes, han incrementado las expectativas de vida de la población en general y la indígena en particular, por lo que ésta se ha incrementado en forma importante en las últimas décadas. La posibilidad de implantar un programa de planificación familiar es obstaculizada por fuertes rasgos culturales de los pueblos indígenas o por la influencia religiosa.
En Chiapas se registran nueve etnias que se asientan en 65 municipios del Estado; de éstos, 14 son exclusivamente indígenas. En los demás varía el porcentaje: en unos municipios son minoría en relación a la población mestiza; en otros, mayoría, y en otros más, existen varios pueblos indios correspondientes a diversas etnias.
La ubicación de los asentamientos indios se localiza, en la mayoría de los casos, en zonas cuya orografía y características físicas imposibilitan el empleo de técnicas agrícolas así como la construcción de distritos de riego que aumenten su capacidad productiva. A esto se suman las características del suelo, que son generalmente delgados y de baja fertilidad, y se ven afectados en forma importante con la tumba, roza y quema a que se les somete cíclicamente.
De los estudios realizados por el Instituto Nacional Indigenista, se desprende, que a los 716 mil 12 personas adultas monolingües que le censo de 1990 encuadra como indígenas se deban agregar 169, mil 300 menores de cinco años cuyos padres son monolingües, y que considerando que los indígenas no sólo se identifican por la lengua que hablen, sino en atención a aspectos culturales como forma de vida y de organización se deben incrementar 244 mil personas lo que da en el Estado de Chiapas un toral de 1 millón 129 mil 826 indígenas lo que representa poco más de un tercio de la población estatal.
En el Estado se identificaron también 5 mil 856 localidades o comunidades con población indígena de las cuales 3 mil 496 son eminente o medianamente indígenas y están habitadas por 885 mil personas que corresponden al 78% de la población indígena estimada, el resto se ubica en otras localidades en que la población indígena es ostensiblemente minoritaria.
De dichas localidades el 41% son de menos de 100 habitantes, el 45% varía entre 100 y 499 y el 13% entre 500 y 200 habitantes.
El Instituto Nacional Indigenista opera en Chiapas 11 centros coordinadores indigenistas y una delegación estatal, con lo que atiende una población estimada en 838 mil 571 indígenas de 4 mil 813 comunidades.
Los programas que lleva a cabo se enfocan a la educación, apoyo de la producción para el desarrollo, apoyo a productores de café, a la comercialización de productos agropecuarios, a la alimentación, al mejoramiento de la salud y bienestar social, apoyo a la medicina tradicional y a la promoción de la justicia.
El defensor de los indios, fray Bartolomé de las Casas, sostuvo la racionalidad de todos los seres humanos; el principio de que todos nacen libres; el desconocimiento de facultad alguna de la autoridad para forzar a los infieles a aceptar determinado credo religioso, y su reiterada insistencia en dejar consagrada la igualdad de los hombres. Ideas que después de cuatro siglos brillan en los artículos 1o. y 2o. de la "Declaración Universal de los Derechos del Hombre".
Debemos recordar que el ilustre dominico fray Bartolomé de las Casas jamás incitó a los indígenas en el uso de la violencia como medio para lograr el reconocimiento de sus derechos. El mismo gestionó, argumentó y luchó ante las autoridades de la metrópoli, por la expedición de leyes justas, es decir, el respeto del hoy llamado principio de legalidad.
La historia reciente del Estado de Chiapas registra, en materia indigenista, acciones gubernamentales importantes, A partir de la década de los 40, la creación de centros coordinadores regionales indigenistas; en los 70, la implantación del Programa de Desarrollo Socioeconómico de Los Altos de Chiapas en el cual se coordinaron las dependencias federales, estatales y organismos internacionales bajo la coordinación del gobierno del Estado, con el objeto de promover el desarrollo integral de las comunidades indígenas.
El plan de gobierno 1988-1994, recogió demandas del pueblo chiapaneco, destacando el establecimiento de una nueva forma de relación entre el Estado de Chiapas y la federación y del gobierno del Estado con los chiapanecos, relación que permitiera una mayor participación.
del pueblo en la toma de decisiones necesarias para su bienestar y progreso, tanto en el ámbito federal, como el estatal y en la participación responsable en la ejecución de las acciones. En el plan de referencia se precisa en el capítulo relativo al sector zonas indígenas, las acciones que habrán de llevarse a cabo en la materia, acordes con las políticas nacionales y la realidad chiapaneca, Para ello se precisa un diagnóstico y objetivos específicos de la política indigenista estatal.
En 1988 en materia indígena el gobierno del Estado se fijó los objetivos siguientes: dar vigencia al derecho de las etnias en su condición de mexicanos y chiapanecos; garantizar el desarrollo de las culturas étnicas; respetar y hacer respetar un estatuto de equidad en el trato de las etnias; respetar las formas de organización tradicionales; respetar la participación de los grupos étnicos en la elaboración de proyectos productivos de obras y servicios en sus comunidades, así como en su evaluación y control.
Dentro de las acciones llevadas a cabo en el período 1988-1992 destacan entre otras las siguientes:
Para crear las condiciones que permitieran llevar a la práctica los objetivos propuestos se llevó a cabo un intenso trabajo legislativo, encaminado a revisar el macro jurídico del Estado de Chiapas con el propósito de sustentar las acciones del gobierno en materia indigenista. Se reformaron entre diciembre de 1988 y noviembre de 1990 los artículos 3o., 4o., 10, 29 y 42 de la Constitución del Estado cuyo contenido se resume en: la creación del municipio indígena de San Juan Cancuc; el reconocimiento a las culturas, lenguas y dialectos indígenas, la obligación de las autoridades legislativas, administrativas y judiciales para que en el ámbito de su competencia tomen en consideración la condición cultural, costumbres étnicas de los chiapanecos y en materia procesal, contar con un intérprete cuando lo requieran; se facultó al Congreso del Estado para legislar en materia indígena y para construir el Consejo Indígena Estatal, como órgano de colaboración y consulta al ejecutivo del Estado; se facultó al gobernador para presidir el Consejo Estatal Indígena y para iniciar leyes de amnistía o libertad con sentencia suspendida.
Todas las reformas fueron anteriores a la Reforma Federal.
En diciembre de 1988, el Congreso del Estado aprobó una nueva Ley de la Administración Pública, que dotó al Ejecutivo de la estructura administrativa que requería la ejecución del programa de Gobierno 1988-1994, reformándose posteriormente los artículos 23 y 27 para crear subsecretaría o coordinación de asuntos indígenas y un defensor de las etnias locales y se le confió a la Secretaría de Educación, Cultural y Salud, la atención de programas de educación bilingüe y la presentación de las tradiciones culturales. En 1991, por reforma de la misma ley, se creó la Secretaría de Participación Comunitaria con la competencia específica contenida en las cuatro primeras fracciones del artículo 27 - bis de promover y apoyar los programas y acciones que en materia indigenista instrumenta al gobierno del Estado. Dentro del mismo contexto se reformó el artículo 38 de la ley orgánica municipal dando atribución a los ayuntamientos para proteger y conservar la cultura de las etnias.
Se publicó en el periódico oficial del gobierno del Estado el día 1o. de mayo de 1989, la convocatoria para la integración del Consejo Indígena del Estado, mismo que se instaló los días 1o. y 2 de junio del mismo año en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, publicándose el día 5 de julio del mismo año su Reglamento Interno. En el mismo se precisa su organización, facultades y procedimientos. Respecto a su organización (artículo 4o.), se estructura mediante tres niveles de representación, 67 consejos indígenas municipales, seis consejos indígenas regionales y un consejo indígena estatal; se integra con representantes indígenas de las autoridades civiles tradicionales y comunitarias. Se prevé la forma de designación, derechos, duración en los cargos etcétera.
El Consejo Estatal Indígena es un foro para el fomento y expresión de la unidad indígena. Se constituye por etnias y regiones con representación de sus autonomías formales y de las tradicionales con representación de sus expresiones territoriales, productivas o culturales y en todos los casos se representan sus propios mecanismos de elección o designación.
En cumplimiento del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se implementó la desconcentración de la justicia de segunda instancia, estableciendo dos salas colegiadas: una en la zona norte con sede en la ciudad de Pichucalco, y otra en la zona
sur, con sede en la ciudad de Tapachula. La desconcentración de la actividad jurisdiccional de segunda instancia produjo resultados: el número de resoluciones dictadas en 1988 se incremento en un 165% respecto del año anterior.
Con fundamento en el artículo 116, fracción III párrafos dos y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con el ánimo de profesionalizar la carrera judicial, el cuerpo de jueces de primera instancia se integró a través del proceso de selección, vía examen de oposición y además se apeló a la opinión pública para que se manifieste respecto de la solvencia moral de los candidatos y se implementó un programa permanente de capacitación y mejoramiento del nivel profesional del funcionario judicial.
Se estableció la justicia administrativa en Chiapas, de acuerdo al principio judicialista, creando una sala administrativa en el seno del Tribunal Superior de Justicia y expidiéndose la Ley de Justicia Administrativa correspondiente.
Por reformas constitucionales, aprobadas en diciembre de 1988, se otorgó al Poder Judicial del Estado, la facultad de iniciativa de leyes en materia de su competencia, facultad que se ejerció en diversas ocasiones.
Se expidieron el 15 de marzo de 1989, y el 4 de noviembre de 1990 la Ley de Libertad con Sentencia Suspendida que permitieron dar respuesta a las demandas de enmendar las deficiencias cometidas en la impartición y procuración de justicia, formándose una comisión de los tres poderes del gobierno, para proceder a la ejecución de esta tarea . Esto permitió, junto con otros dispositivos legales, liberar a más de 2 mil 300 internos de los centros de readaptación social del Estado, hasta el año de 1991.
La ley de Salud publicada el 30 de septiembre de 1990, regula en sus artículos de 81 a 91 las modificaciones de la medicina empírica tradicional y la herbolaria. Reconoce por lo tanto, a los practicantes de la medicina tradicional, facultándolos para ejercer la medicina mediante la satisfacción de los requisitos que la propia ley señala.
En materia legislativa, no debemos olvidar que la norma jurídica debe corresponder a la realidad social y cultural del ámbito de su aplicación, sin menoscabo de los principios constitucionales que sustentan el régimen jurídico nacional y debe constituir un instrumento que consolide el progreso alcanzado y que propicie el acceso a mejores niveles de bienestar, en todos los ordenes y para todos los integrantes de la sociedad.
Se fortaleció la capacidad económica financiera del Poder Judicial triplicando el monto de su presupuesto, lo que permitió mejorar en forma importante los sueldos de los empleados y funcionarios judiciales, establecer nuevas salas y juzgados y dignificar las oficinas del tribunal y de los juzgados.
Asimismo, por decreto del 2 de agosto de 1989, se creó el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que permitió establecer por acuerdo del pleno, la asignación de fianzas de interés social en beneficio de procesados de escasos recursos y así dar efectividad a la garantía del artículo 20 fracción I constitucional. El fondo se integró con fianzas, multas, instrumentos del delito, permitió un manejo más eficaz de estos recursos en beneficio de la administración de justicia y de los centros de readaptación social.
En el área de actividad judicial administrativa, además se llevó a cabo la instauración de la visitaduría judicial, mediante comisiones de magistrados para la revisión de la actividad administrativa de primera instancia. Se realizaron más de 136 visitas judiciales, cuatro por cada juzgado; se estableció un sistema uniforme de libros de gobierno y trámite para los juzgados que antes no lo había y se crearon nuevos juzgados de primera instancia.
Se fortaleció a los juzgados municipales con una mejor selección de sus integrantes y el tribunal cubrió los honorarios de los jueces municipales con cargo a su presupuesto.
Se creó el centro de cómputo judicial, se adscribió la defensoría de oficio al Tribunal Superior de Justicia, se exigió título de abogado a jueces, secretarios, defensores y ministerios públicos.
El Código Penal del Estado de Chiapas fue publicado en el periódico oficial de la entidad, número 97, del 11 de octubre de 1990. En dicho
ordenamiento se encuentran algunos presupuestos jurídicos encaminados a preservar, hasta donde sea posible, la tranquilidad en la convivencia social, dado el estado de desorden casi permanente en la vida institucional del Estado que hacía difícil el desarrollo de las diversas actividades de la población dentro de un marco de tranquilidad y armonía sociales.
Así, en el artículo 148, dentro del capítulo de la privación de la libertad y de otras garantías, se establecen penas severas en la actualización de las figuras del plagio o secuestros, fracción VI, cuando se detenga en calidad de rehén a una persona con el objeto de presionar a la autoridad para que realice o deje de realizar un acto de cualquier naturaleza; al mismo tiempo la bondad de la ley se enseña en el penúltimo párrafo de este artículo para el caso de que el activo en forma espontánea y dentro de los tres días siguientes al secuestro ponga en libertad a la víctima en cuyo caso se le aplica la sanción correspondiente a privación ilegal de libertad.
En el artículo 189, referente al delito de robo, se agrava la pena cuando concurren entre otras causas, la prevista en la fracción V, cuando ocurre en una oficina en que se conserven caudales, contra personas que las custodien o transporten.
En el delito de despojo se incluye como activos en la comisión de dicho delito a los autores intelectuales agraviándoles la pena hasta una cuarta parte más de la correspondiente al autor material del despojo.
Lo anterior para poner un freno a la invasión de predios llevado a cabo en forma alarmante en la entidad debida, muy principalmente, a la actuación de seudolíderes agrarios, que habían hecho de esta actividad la fuente de negocios sin importarles que en la cárcel estuviera gente necesitada a quienes orillaban a cometer ese delito.
El artículo 203 suaviza la intervención judicial cuando se restituye la posesión sobre los inmuebles invadidos.
Los numerales del 204 al 206, referentes al delito de daños tienen como finalidad preservar bienes y valores científicos, artísticos, culturales o de utilidad; así como también preservar el patrimonio ecológico del Estado, tanto en la flora como en la fauna.
El artículo 207 sanciona, entre otras la conducta que aténte contra los símbolos patrios, valores históricos de la nación o del Estado.
Por último, encontraremos lo referente a los delitos políticos, considerados como tales el de la rebelión y la sedición, artículos 216 y 222. Que se regulan en términos similares a las disposiciones que contienen, las legislaciones penales de otros estados de la República.
Es conveniente precisar que según cifras del Instituto Nacional Indigenista en 1989, se encontraban 1532 indígenas privados de la libertad; en 1990, 679; en 1991, 546; en 1992, 251; en 1993, 282, de una población penitenciaria estatal de 2 mil 300 internos promedio en el mismo período, lo que arroja un porcentaje entre el 28% y el 13% de internos indígenas, lo anterior es importante destacarlo en razón de que la población indígena del Estado oscila en un 35%.
En materia de readaptación social se llevó a cabo la firma de un convenio con el Ejecutivo y el sector privado para implementar el programa de educación, capacitación, productividad y recreación en beneficio de los intereses de los centros de readaptación social, creando, aulas, bibliotecas, instalaciones deportivas y talleres de mecánica, bloqueras, panadería, sastrería, serigrafía, que de junio de 1989 a 1991, permitió dar educación, capacitación y trabajo con el pago del salario mínimo al 100% de internos sentenciados en el Centro de Readaptación Social en Cerro Hueco. Se establecieron talleres productivos en los centros de readaptación de Tapachula, Comitán, Tonalá y San Cristóbal. Se propuso al Ejecutivo y fue aprobada, la construcción de los centros penitenciarios de Pichucalco, Yajalón y San Cristóbal, concluyéndose la construcción de los de Tapachula y Comitán iniciados por la administración anterior del Estado de Chiapas.
Es importante destacar que al mes de septiembre de 1992, se habían promovido 1 mil 275 juicios de amparo en contra de actos de autoridad administrativa o judicial, de los cuales 1 mil 94 fueron sobreseídos, ocho negados y únicamente tres concedidos; la diferencia restante aún no había sido resuelta.
En materia de derechos humanos, oportunamente y con fundamento en las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión relativas al Apartado B, del artículo 102 constitucional, crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aprobando el Congreso del Estado la ley correspondiente.
En los informes del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, correspondiente de junio de 1990 a junio de 1991 se reconoce la labor realizada en la materia por el gobierno del Estado, destacándolo entre las autoridades con mayor diligencia y prontitud que cumplieron los requerimientos que le fueron formulados.
El siguiente período, se recibió una sola recomendación. En 1992, 10 recomendaciones. de las cuales cuatro eran relativas a los centros de prevención y readaptación social y al centro de observación y readaptación para menores, cuatro a detenciones arbitrarias de la política judicial del Estado y dos relacionadas con la ejecución de sentencia.
No hay duda que las cifras anteriores están muy por debajo de otras entidades en la que el tema no es materia de tanta manipulación y publicidad.
Problema grave constituía el número muy elevado de chiapanecos, particularmente indígenas, que carecían de acta de nacimiento, no estaban inscritos en el registro civil, con los problemas inherentes. Para ello se adecuó la legislación civil y administrativa con el objeto de sustentar las campañas que se implementaron con los resultados siguientes a 1993; se expidieron dentro del programa de registros extemporáneos más de 360 mil actas, que sumadas a las que se expidieron en las oficinas del registro civil arroja un número aproximado de 1 millón.
En la última década se incrementaron de manera importante, sin precedente, los recursos públicos que se destinaron a generar mejores condiciones de bienestar a las comunidades rurales en general y dentro de ellas a las indígenas. Las cifras siguientes corresponden a 1991 y en particular a las comunidades indígenas: se construyeron 1 mil 200 canchas de basketball, elemento importante no sólo para las actividades deportivas, sino para la realización de actividades culturales, cívicas y productivas. En las canchas se sacan los granos que produce la comunidad, maíz, frijol, chile y café entre otros. Se edificaron 768 agencias municipales, 480 casas ejidales, 133 salones de actos, 128 casas de salud, siete casas de cultura, se introdujo drenaje a 144 comunidades, se pavimentaron calles de 174 localidades, se electrificaron 875 poblados, se abrieron y rehabilitaron caminos rurales en beneficio de 475 comunidades, independientemente del incremento que tuvo la red caminera del Estado, aún es insuficiente para superar el rezago social y económico que aún registra el Estado de Chiapas. Lo anterior constituye, sumado a lo realizado con anterioridad, así como lo efectuado después de esa fecha, el resultado de un gran esfuerzo que no deja de ser muy importante.
Es importante destacar que en el período 1970-1976 se ejecutaron 215 resoluciones presidenciales, lo que significó que una superficie de 1 millón 104 mil 985 hectáreas fueran entregadas a los campesinos, es en el gobierno del doctor Velasco Suárez, cuando se dio un impulso definitivo al reparto agrario en la entidad, quizá por ello los pequeños propietarios lo vinculan al origen de los conflictos que con posterioridad se han producido y que han afectado la seguridad de la tenencia de la tierra en el Estado.
En 1982 la red carretera del Estado contaba con 1 mil 657 kilómetros 200 metros, en 1989 con 4 mil 657; en 1992 con 14 mil 613 kilómetros sumas totales de pavimentadas, revestidas y terracerías.
En diciembre de 1988, la propiedad social en Chiapas representada al 51. 4%, la propiedad privada el 34.6%.
Al 21 de junio en la estructura agraria del Estado la propiedad social representa el 53.9% y la privada el 24.6% lo que podrá variar, pero ya no en porcentajes significativos.
La realización de repartos agrarios o de ampliaciones ya no es posible. La anterior es de gran importancia en el análisis de los planteamientos formulados por el EZLN y de por qué se dio en Chiapas el conflicto de enero.
Compañeros legisladores: No ha sido mi propósito hacer un panegírico de las acciones
durante los últimos años del Gobierno Federal y estatal.
Anticipo respetuosamente a todos y cada uno de ustedes señores diputados que con mi intervención no pretendo presentar una visión idílica o paradisíaca de la realidad chiapaneca, sino aportar datos que nos permitan tener una visión más completa de su realidad. He tomado diversos aspectos que hacen evidente el esfuerzo realizado por los chiapanecos y sus gobiernos para general un mayor bienestar y justicia en el Estado. Dejo a los escépticos, a los profesionales de la crítica destructiva fijar sus posiciones fatalistas. Mi propósito es cuando menos generar dudas, interrogantes, que nos hagan profundizar en los acontecimientos de mi Estado. No he tocado otros temas, no por ser menos importantes, sino por abreviar mi intervención. No he pretendido hacer un corte temporal ni exhaustivo de la información presentada. He recurrido, a las fuentes informativas que he tenido a mi alcance, me anima la búsqueda de la verdad para que, con objetividad y con justicia podamos coadyuvar en la solución del conflicto.
Mi propósito, como antes señalé, es incorporar al análisis del conflicto que surgió a principios del año en mi Estado, información que permita analizar las apreciaciones y juicios que se han emitido sobre las causas que lo originaron y que para muchos lo justifican, en tanto que para otros constituyen un pretexto para desestabilizar al país. Tampoco pretendo, porque sería falso, afirmar que en Chiapas no hay carencias, no hay marginación, no hay pobreza extrema, no hay injusticia. Sí, sí los hay pero también debe reconocerse que hay un gran esfuerzo de su pueblo y su gobierno para superar el rezago ancestral que aun prevalece, y que en los hechos se plasma el resultado de las acciones emprendidas. No dudo que muchos cuestionan la veracidad de la información aquí vertida, los invito a que la corroboren.
El conflicto armado su ubicó como una manifestación de inconformidad estatal, con reivindicaciones en su inicio de carácter indígena y campesino. Hoy en EZLN, igual que el Partido de la Revolución Democrática cuestiona y descalifica anticipadamente el proceso electoral previo a la jornada del 21 de agosto próximo, sin atender que la Legislación que lo regula es el resultado del avance democrático, manifestado en los consensos que las fuerzas políticas más representativas del país han alcanzado dadas las demandas, estrategias y acciones se hace evidente que se trata de un movimiento que pretende ser nacional con el afán de desestabilizar a la República.
El haber ordenado el Presidente de la República el día 12 de enero el cese al fuego y el haber hecho lo mismo el EZLN abrió un espacio para la concertación sin más derramamiento de sangre y nos permite una reflexión serena sobre el conflicto, sus causas, su trascendencia y sobra todo, su solución pacífica.
Considero, que con lo aquí expuesto se fortalece el cuestionamiento y el objetivo que he tenido en cuanto a que cuando menos se dude del origen y propósitos del EZLN, que reconsideramos o reafirmemos nuestros puntos de vista en cuanto a los objetivos de los líderes materiales e intelectuales del movimiento armado, a que reconsideramos los alcances de dicho movimiento, sin perder de vista que todos deseamos una solución pacífica, no violenta al conflicto y que los chiapanecos no queremos ser nuevamente víctimas de quienes arguyendo interés superiores conculcan los intereses legítimos de los chiapanecos y de la nación.
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado? Por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Con su permiso, señor Presidente:
Como no pretendo que ésta sea la noche de los discursos largos, me ajustaré estrictamente al tiempo que el Reglamento marca para intervenciones con base en el 102.
Rápidamente quiero decir que también sobre la base del mismo artículo invocado por el diputado Cuauhtémoc López, el 61 de la Constitución, es que hemos expresado nuestra opinión discrepante de la de él en un aspecto que él dé
una explicación monista, unilateral y superficial que coincido con él, debe evitarse para entender la conflictiva chiapaneca en el contexto de la realidad nacional.
En ese mismo marco y también sabiendo que somos inviolables en nuestras opiniones, no se trata de una actitud intimidatoria, sino de una abierta discrepancia para explicarnos la realidad chiapaneca.
Ciertamente sabemos que se yuxtaponen y entremezclan muchos conflictos previos, muchos rezagos que se reconoció, como dije en mi intervención, por todo mundo en este país... por todos los mexicanos, incluido el Gobierno Federal, los más altos representantes del Gobierno Federal que había rezagos y que la primera declaración de la selva lacandona del EZLN contenía sintéticamente aspiraciones reales y legítimas de la población chiapaneca marginada, rezagada en muchos aspectos y de la población nacional en su conjunto.
Por eso la preocupación de lo que para nosotros constituye una campaña que puede constituir una cortina de humo para explicarnos a fondo la problemática chiapaneca que da una explicación monista y que desde mi punto de vista puede conducir a resultados funestos.
Si hay evidencias y elementos, ¿por qué razones los diputados del PRI que han hablado de la responsabilidad casi, casi única del obispo Samuel Ruiz, no las expusieron antes?, ¿por qué no aportaron estos elementos para que hubiera una investigación desde el día 1o. ó 2 de enero que nos condujera a responsabilizar al obispo Samuel Ruiz y ya hubiéramos encontrado al delincuente, al transgresor verdadero que hubiera sido el responsable de armar un ejército de miles de indígenas que por alguna extraña idea o alguna perversa idea de Samuel Ruiz se alzaron en armas pidiendo techo, vivienda, paz, libertad, justicia, que todos reconocemos que son justas demandas?
Esto es lo que no me parece congruente de acuerdo a la propia intervención del compañero diputado Cuauhtémoc López, con quien hemos tenido un intercambio fructífero de ideas, en muchos casos discrepantes, en el seno de la comisión plural que trabaja el asunto de Chiapas.
Efectivamente, si revisamos la historia de Chiapas, si revisamos los últimos años de la vida de la sociedad chiapaneca, pues se han venido entremezclando y acumulando inconformidades como en otras entidades de la República, pero habrá que preguntarse por qué ahí surge el conflicto y a veces la utilización de datos como los que estaban dando el diputado Cuauhtémoc López, sí parecen tener la intención de hablar de una situación donde todo se estaba resolviendo, donde no había razones por las cuales se debiera desatar un conflicto como el que representa el alzamiento del EZLN y la efervescencia posterior.
Incluso el señor Madrazo, el nuevo Comisionado para la Paz, categóricamente le señaló al diputado Cuauhtémoc López, en la última reunión de la comisión plural con el comisionado, que no era momento de zanjar este tipo de diferencias o apreciaciones, porque desde el punto de vista de Madrazo no contribuye eso a encontrar los caminos de solución del conflicto chiapaneco.
Yo insisto, puede tener sus discrepancias el diputado Cuauhtémoc López. No creo que el camino fuera meter a la cárcel a Samuel Ruiz por supuestas vinculaciones con erogaciones internacionales de Europa con las cuales armó al EZLN. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Octaviano Alaniz Alaniz.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Gracias, señor Presidente; señores diputados:
Hace un momento cuando intervino el diputado Alejandro Encinas, lo escuché con mucha atención, con mucho interés, y por la hora y por algunos discursos que se han producido, lo que yo pudiera expresar podría ser tal vez reiteración en varios puntos.
Yo voy a guardar mis tarjetas, no voy a hacer uso de ellas, señores diputados, por respeto a ustedes, yo sé que todos deseamos que por lo menos este tema aquí hoy quede abordado.
Me voy a referir en un sentido totalmente distinto al que yo había programado y posiblemente
sentí al inicio de la lista de oradores que era conveniente esperar, por eso solicité que se me dejara para después.
Mis reconocimientos entonces al diputado Alejandro Encinas. Hizo un llamado que vale la pena tomar en cuenta. Ojalá que el contenido de civilidad que él expresó, lo pudiéramos poner en práctica todos, en torno incluso del problema, que sí hay que aceptar, que es complejo y que existe en Chiapas. Ojalá, diputado Alejandro Encinas, tuviese usted, no sólo en este recinto, hacer uso del sentido en que usted se ha expresado, sino yo sé que usted tiene otros foros y ojalá se desarrolle más, con más amplitud sus propósitos.
Exactamente en ese sentido, yo quiero, aunque nadie lo ha expresado a pesar de que es un documento que se dio a conocer a todos, quiero decir que vale la pena que todos los diputados que integramos esta legislatura reconozcamos el esfuerzo que ha realizado la comisión plural que integran varios diputados de la misma, para darle seguimiento al conflicto de Chiapas, y que incluso estimulemos su voluntad par que puedan entregar lo mejor de lo que cada uno de sus integrantes tiene en bien de la patria.
Sé que hay conceptos que aquí se expresaron que no contribuyen en nada a la preservación de la paz, pensando exactamente en Chiapas. Sé y lo pude haber anotado, que algunos oradores se atrevieron a soplarle más al fuego, avivarlo y a tratar de que esta tribuna fuera lugar de descargo, tal vez de algunos propósitos que no contribuyen a la tranquilidad.
Yo confieso, y no me avergüenzo de mis amigos, que a mí me parece que es digno de un reconocimiento el diputado Cuauhtémoc López y el diputado Mota Sánchez por las expresiones que tuvieron y por la defensa que se hace del derecho de los diputados de opinar. Si estamos hablando exactamente dentro de un asunto delicado y que varios oradores involucraron al Gobierno, es conveniente entonces expresar aparte de algunos otros, que el Gobierno está haciendo un supremo esfuerzo, con un alto contenido de prudencia y de civilidad para abordar y seguir tratando el problema de Chiapas. No se ha expresado.
Sólo diré que tendremos todos los diputados, directa o indirectamente, participación en el proceso electoral del 21 de agosto próximo.
Todos estamos pendientes de él .Ojalá que ese pendiente que se tiene se traduzca en un sentimiento nacionalista y patriótico; y se vean primero en el horizonte los intereses de la República y que coadyuvemos todos a la tranquilidad de Chiapas, al bienestar de Chiapas, y que de las instituciones que se tienen saquemos lo mejor para beneficio de este Estado y de toda la República, y ojalá que con el esfuerzo y la aportación de todos y cada uno de ustedes, el próximo 21 de agosto salgan fortalecidas las instituciones republicanas. Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que la comisión especial que realiza las investigaciones en relación con la situación en el Estado de Chiapas, continúe valorando los acontecimientos.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
En votación económica, se pregunta si se autoriza que la comisión especial que realiza las investigaciones en relación con la situación en el Estado de Chiapas, continúe valorando los acontecimientos.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza, señor Presidente.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Mario del Valle Fernández, para dar lectura al informe sobre los acontecimientos del 23 de marzo, en la ciudad de Tijuana, Baja California.
El diputado Jesús Mario del Valle Fernández:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Por lo extenso del informe, pediré al señor Presidente autorice que el mismo sea inscrito en el Diario de Debates y yo haré una síntesis y concluiré de manera detallada los acuerdos que tomamos en esta comisión.
«Informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a los acontecimientos ocurridos el 23 de marzo en la ciudad de Tijuana, Baja California.
PRESENTACIÓN
En relación con los acontecimientos ocurridos el día 23 de marzo de 1994 en la ciudad de Tijuana, Baja California, los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente, durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LV Legislatura, se pronunciaron en contra de la violencia, condenando toda forma de actuación que aténte contra la vida de los mexicanos, en especial, el rechazo del acto en el que perdiera la vida el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, así como en contra de cualquier acción que altere la paz que los mexicanos hemos constituido con tanto esfuerzo.
Las diversa fracciones parlamentarias se pronunciaron interpretando el sentir de la sociedad mexicana, ratificando el compromiso de todos los partidos políticos con la democracia como única forma de convivencia armónica, reiterando que sólo en la paz es posible constituir los espacios de bienestar y justicia para que los mexicanos compartan un proyecto de nación viable.
Los acontecimientos de violencia que recientemente se han suscitado en el país, han puesto de manifiesto que debe prevalecer el interés superior de la nación y la vigencia del estado de derecho y sus instituciones. En este sentido, se coincidió en la necesidad de coadyuvar en todas la vías y acciones del Gobierno que desalienten los hechos de violencia y actos como en el que perdiera la vida el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.
ANTECEDENTES
Con objeto de dar seguimiento a las investigaciones que las autoridades competentes realizadas en torno a los lamentables acontecimientos ocurridos el 23 de marzo en la ciudad de Tijuana, el 24 de marzo pasado y con fundamento en los artículos 107 y 144 de la Ley Orgánica y 21 fracción III; 71, 78 y 85 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acordó: "Integrar una Comisión Especial, con la participación de todos los partidos políticos representados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que dé seguimiento a las investigaciones que las autoridades competentes realizan, a fin de informar de sus resultados, en su oportunidad, a este cuerpo colegiado y a las cámaras del Congreso de la Unión.
Los integrantes de dicha comisión fueron los diputados: Gustavo Carvajal Moreno, del PRI, Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD; Alfredo Castañeda Andrade, del PARM; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del PPS; Juan de Dios Castro Lozano, del PAN y los senadores Ernesto Luque Feregrino del PRI y Héctor Terán Terán del PAN.
Dicha comisión especial quedó debidamente instalada el 25 de marzo de 1994, lo que informó al pleno de la Comisión Permanente.
Para llevar a cabo las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos relacionados con el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 26 de marzo de 1994 y con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 89 fracción 1 y 102 "A" de nuestra Carta Magna, y 1o., 2o., 10 y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió un decreto por el que se reforma el artículo 1o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para crear una subprocuraduría especial. El nombramiento para este cargo recayó en la persona del licenciado Miguel Montes García, quien tomó posesión el día 28 del mismo mes, previa solicitud de licencia antela Comisión Permanente para separarse temporalmente de su cargo como magistrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con motivo del término del receso legislativo constitucional, la comisión especial de seguimiento a los acontecimientos ocurridos el 23 de marzo en la ciudad de Tijuana, Baja California, rindió un segundo informe a la Comisión Permanente. Por este conducto, se hizo del conocimiento del pleno de la permanente la información periodística, analizada y las reuniones celebradas con las autoridades federales, estatales y locales. Finalmente, se solicitó a la Presidencia de la Comisión Permanente se consultara al pleno de ésta, para que los trabajos de seguimiento a las investigaciones
continuaran bajo el mandato de las cámaras del Congreso de la Unión.
El informe y la propuesta fueron aprobados por los legisladores de la Comisión Permanente.
En razón de los anterior, el 20 de abril de 1994, durante el período ordinario de sesiones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Gran Comisión para constituir una comisión especial de seguimiento a los acontecimientos ocurridos el 23 de marzo de 1994, en la ciudad de Tijuana, Baja California, con fundamento en los artículos 47 fracción IV, 50, 52 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General, y los artículos 71, 78, 79 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Los puntos del acuerdo son:
Primero. Se crea una comisión especial para dar seguimiento a los acontecimientos ocurridos el 23 de marzo en la ciudad de Tijuana, Baja California, que funcionará de manera coordinada con la del Senado de la República e informará al pleno de la Cámara de Diputados de las actividades que realice.
Segundo. La comisión especial tendrá como límite de sus atribuciones el ámbito de seguimiento e información, en respeto a las facultades que le competen a las autoridades judiciales.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los siguientes diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Víctor Orduña Muñoz, Alejandro Encinas Rodríguez, Alberto Carrillo Armenta , Alfredo Castañeda Andrade y Juan Cárdenas García.
Cuarto. Corresponde al pleno de la Cámara de Diputados, en función del curso de los acontecimientos y a propuesta de la Gran Comisión, determinar el plazo del funcionamiento de la comisión especial."
La Cámara de Senadores, por su parte, el 21 de abril pasado creó también una comisión especial similar, para coordinar sus actividades con la comisión especial que para el mismo efecto constituyó la Cámara de Diputados.
El día 7 de junio de 1994, por acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados, se designa coordinador de la comisión especial de esta Cámara al diputado Jesús Mario del Valle Fernández en sustitución del diputado Gustavo Carvajal Moreno.
TRABAJOS REALIZADOS
Como comisión especial de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con diferentes funcionarios, siendo la primera de ellas con el entonces procurador general de la República, licenciado Diego Valadez Ríos.
La segunda reunión fue con el gobernador constitucional del Estado de Baja California, licenciado Ernesto Ruffo Appel; el procurador general de justicia del Estado, licenciado Juan Francisco Franco Ríos; los diputados de la Comisión del Congreso del Estado, creada con el mismo objeto que la comisión especial del Congreso de la Unión; el Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, licenciado José Luis Pérez Canchola; el presidente municipal de Tijuana, licenciado Héctor Osuna Jaime, y el director de Seguridad Pública de Tijuana, licenciado José Federico Benítez López. Las reuniones se realizaron en las sedes del Gobierno del Estado y del Congreso local, en la ciudad de Mexicali, todas en el carácter de privadas.
La tercera y cuarta reuniones se realizaron en la ciudad de México con el subprocurador especial, licenciado Miguel Montes García, también con el carácter de privadas.
Como comisión especial de la Cámara de Diputados, sus integrantes se entrevistaron con el ciudadano Rodolfo Rivapalacio, implicado en el caso y que actualmente goza de libertad condicional, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados.
Con fecha 24 de mayo de 1994, en oficio firmado por los miembros de la comisión, se solicitó al subprocurador especial un informe escrito relativo al desarrollo y estado actual de las investigaciones y procedimientos emprendidos para el esclarecimiento del caso, para, posteriormente, poder realizar una reunión de trabajo con él y consultarle sobre el contenido del documento recibido e intercambiar opiniones sobre el particular.
En respuesta, con fecha 2 de junio del año en curso, el subprocurador especial envió el
informe solicitado acompañado de 32 anexos, documentación que en su totalidad fue entregada a los integrantes de la comisión especial el día 3 de junio del mismo año, con la finalidad de que, en lo individual, pudieran efectuar el estudio y aportar los comentarios que consideraran pertinentes.
El 16 de junio de 1994, las comisiones especiales de las cámaras de Senadores y de Diputados celebraron una reunión conjunta de trabajo con el licenciado Miguel Montes García y su equipo de investigadores, en la sede del Senado de la República, quienes informaron de las investigaciones realizadas, a estas comisiones especiales. Por parte del Senado estuvieron presentes los senadores Ernesto Luque Feregrino, del PRI; Ricardo Monreal Ávila, del PRI; José de Jesús Padilla, del PRI; Armando Hopkins Durazo del PRI; Idolina Moguel, del PRI; José Luis Lamadrid Sauza, del PRI; Raúl Carrillo, del PRI; Ángel Sergio Guerrero Mier, del PRI; Héctor Terán Terán, del PAN; Porfirio Muñoz Ledo, del PRD; Ernesto García Sarmiento, del PRI; por parte de los diputados: Jesús Mario del Valle Fernández, del PRI; Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD; Juan Cárdenas García, del PPS; Alfredo Castañeda Andrade, del PARM; Cuauhtémoc López Sánchez, del PRI; Fernando Gómez Mont Urueta, del PAN y Jesús Martín Del Campo, del PRD.
Como resultado de esta reunión, la comisión especial de la Cámara de Diputados solicitó al licenciado Miguel Montes García los dos videos que han servido de base a la investigación, mismos que fueron proporcionados por la subprocuraduría y a la vez, copiados y entregados a los diputados de la comisión especial.
Con fecha 22 de junio, esta comisión celebró una reunión de trabajo, donde se comentó el material recibido y se escuchó un casete con el audio de la entrevista radiofónica al licenciado Juan Velázquez, representante legal de la señora Diana Laura Rioja viuda de Colosio, Asimismo, se acordó realizar otras entrevistas y actividades para enriquecer el conocimiento sobre los materiales en que se funda la investigación.
Como resultado de esta reunión de trabajo, el 29 de junio se llevó a cabo otra más a la que fue invitado el licenciado Juan Velázquez, habiéndose dialogado ampliamente con él sobre el tema y se entregó también un video con las presentaciones y explicaciones que el licenciado Miguel Montes García en la televisión sobres su aceptación del cargo y el avance de las investigaciones del caso. Asimismo, se entregó el libro publicado por la Procuraduría General de la República y que compendia el informe y anexos relativos a los acontecimientos que se investigan.
Principal temática abordada durante las reuniones de la Comisión Especial con diversos funcionarios e invitados y en el informe recibido:
En su reunión del día 25 de marzo con el licenciado Diego Valadez Ríos, Procurador General de la República, la Comisión Permanente conoció de las primeras acciones realizadas por la dependencia de su cargo, tendientes a establecer la autoría material de los hechos, así como sobre la necropsia y el sustento jurídico por el que dicha Procuraduría se hizo cargo del asunto (artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales).
El día 29 de marzo, la comisión especial de la Comisión Permanente realizó una segunda reunión, ahora con el licenciado Ernesto Ruffo Appel, gobernador constitucional del Estado de Baja California, quien explicó sobre la integración de una comisión especial pluripartidista del Congreso local y de las instituciones giradas por el ejecutivo estatal a su cargo para proporcionar a la comisión especial toda la información recabada por los órganos del Gobierno local.
Ese mismo día se llevó a cabo una reunión con los legisladores locales integrantes de la comisión plural del Congreso del estado de Baja California, con los que se acordó mantener comunicación permanente y, en al reunión con el procurador de Derechos Humanos del Estado, se habló sobre los aspectos relacionados con la detención, identidad, interrogatorios y actitud de Mario Aburto Martínez, identificado como el autor material del homicidio.
Posteriormente, los días 7 y 21 de abril, este mismo grupo de trabajo realizó sendas entrevistas con el subprocurador especial, licenciado Miguel Montes García, quien, habiéndose hecho cargo de la investigación el 28 de marzo, explicó el ámbito de sus atribuciones, objetivos y finalidad de la subprocuraduría y de la realización de estudios a Mario Aburto Martínez, con objeto de conocer su personalidad y, en su
caso, la sicogénesis o dinámica del delito, mencionándose la hipótesis de una acción concertada para privar de la vida al licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.
En las reuniones celebradas con el subprocurador para el caso, explicó sobre las limitaciones que le impone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales al Ministerio Público Federal, manifestando de manera insistente su respeto a esta disposición que impone sanciones a su incumplimiento, que a la letra señala: "...A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copias de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda..."
Con motivo del informe escrito solicitado con fecha 24 de mayo de 1994 a la subprocuraduría especial, por la comisión especial de la Cámara de Diputados, relativo al avance de las investigaciones, en el documento recibido el 2 de junio se resaltó lo siguiente:
Primero, la reiteración de la subprocuraduría especial de sujetarse a la letra del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.
En segundo lugar, que el trabajo de la subprocuraduría especial se orientó y se orienta hacia dos hipótesis básicas resultantes de las averiguaciones iniciales realizadas:
"a) El homicidio lo cometió Mario Aburto Martínez solamente y,
b) El homicidio lo cometió Mario Aburto Martínez auxiliado por otros sujetos."
Tercero, que "a la luz de las investigaciones recientes se fortalece la hipótesis de que el homicidio fue cometido por un hombre solo: Mario Aburto Martínez, sin que necesariamente la conducta de los demás inculpados haya sido determinante en el hecho".
Y, cuarto: "a los mexicanos nos importa saber la verdad de lo acontecido, ratifico mi compromiso de averiguarla y atenerme a ella, sin más presiones que el cumplimiento de la ley que me ordena allegar al juez los elementos probatorios para que él y sólo él, determine inocencias o culpas".
La comisión especial de la Cámara de Diputados, en su asistencia a la reunión de trabajo con los senadores de la comisión similar, en la sede del Senado de la República y con el subprocurador especial, conoció por voz de los integrantes del equipo de investigación y del propio subprocurador, el aporte de todos los elementos de prueba conocidos hasta el momento y que integran la averiguación, reiterándose el contenido del informe recibido con anterioridad en esta Cámara.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión se permite hacer las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Que esta comisión especial de seguimiento e información ha venido cumpliendo con su cometido, conforme al acuerdo del pleno de esta Cámara, respetando las facultades legales y ámbito de competencia de la autoridad judicial.
II. Que en el trabajo desarrollado por la comisión especial, sus acuerdos y resoluciones han sido valorados ampliamente a través de una estrecha comunicación entre sus integrantes, a fin de buscar consensos y de acercamiento con la comisión similar del Senado.
III. Los planteamientos en el seno de la comisión han sido para actuar de una manera activa, buscando establecer contactos con las autoridades responsables, representantes legal, acusado y las autoridades relacionadas en el Estado de Baja California, a fin de allegarse el mayor número de elementos sobre la investigación.
IV. Que aún privan en el seno de la comisión dudas generales y diferentes personales y de partido sobre los contenidos de los documentos recibidos y la interpretación de los materiales revisados, por lo que se ha acordado mantener un programa de trabajo entre sus miembros, así como con la subprocuraduría especial y otras instancias.
V. Que existe un debate al seno de la comisión alrededor de la posibilidad de dar una interpretación distinta a la de la subprocuraduría especial, sobre el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en que funda su
negativa para dar acceso al conocimiento de las actuaciones en una averiguación previa, antes de que éstas sean entregadas al juez que conoce del hecho, tratándose de una comisión del Congreso de la Unión o de alguna de sus cámaras, así como en relación a un asunto de interés para la nación.
VI. Que ante el interés de la sociedad mexicana sobre los acontecimientos sucedidos en Tijuana, Baja California y el seguimiento que esta comisión hace de las investigaciones en relación con el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, se plantea a esta soberanía que con fundamento en el nuevo ordenamiento legal para el Congreso de la Unión, continúen los trabajos de esta comisión especial, en la forma que acuerde la Cámara de Diputados, a fin de continuar valorando en un seno los diversos pronunciamientos que están sucediendo y los avances que se logren y los materiales que se obtengan en torno a las investigaciones del caso.
VII. Que la investigación se mantenga abierta, en tanto se esclarezcan de manera plena las informaciones que han motivado diversas conclusiones dadas a conocer por la subprocuraduría especial, en particular las del día 12 de julio y que no se han acreditado los elementos que conduzcan a descartar las otras hipótesis planteadas, toda vez que el proceso continúa abierto y que la autoridad judicial, en el desarrollo de éste, valorará las pruebas ofrecidas y seguramente demandará las que considera faltantes.
VIII. Que se gire una atenta invitación al subprocurador especial para realizar una reunión de trabajo con los integrantes de la comisión especial de seguimiento de la Cámara de Diputados, a fin de comentar las inquietudes o puntos de vista de los integrantes de ésta, de manera específica sobre los informes que ha rendido a la comisión y a la opinión pública; asimismo, que se haga extensiva la invitación a la comisión especial de la Cámara de Senadores para que asista a esta reunión.
IX. Que los integrantes de la comisión especial de esta Cámara presentarán a la subprocuraduría especial, en fecha próxima, un documento en el que establecerán su punto de vista sobre el contenido del informe que se les turnó, así como del contenido del boletín dado a conocer el 12 de julio pasado. Dicho documento presentará la postura consensada respecto de la información conocida sobre la investigación del caso, así como en lo particular la de cada diputado o fracción parlamentaria que, en suma, refleje los diversos enfoques manifestados en la comisión especial de esta Cámara, en razón de los elementos conocidos sobre la investigación relativa a los sucesos del 23 de marzo en Tijuana, Baja California.
Por la comisión especial, diputados: Jesús Mario del Valle Fernández, Víctor Orduña Muñoz, Alejandro Encinas Rodríguez, Alberto Carrillo Armenta, Alfredo Castañeda Andrade, y Juan Cárdenas García.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, a 14 de julio de 1994. - Palacio Legislativo de San Lázaro.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García... No encontrándose en la sala el diputado Cárdenas García, tiene la palabra el diputado Manuel Laborde Cruz.
El diputado Manuel Laborde Cruz:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados.
Hoy, a casi cuatro meses después del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio, se ha llegado a la conclusión, según la declaración del subprocurador especial, Miguel Montes, de que Mario Aburto Martínez es el autor material e intelectual del homicidio.
¿Premeditó el crimen? Que su acción tuvo una motivación política y que actuó solo.
Si nos regresamos en el tiempo y hablamos un poco acerca de la historia política de los personajes encargados directamente en la investigación, del viraje que dio dicha investigación a partir del mes de abril, de ser una acción concertada es hoy una acción pensada y ejecutada por un solo hombre.
Si recordamos una instancia ciudadana creada para respaldar la veracidad y la limpieza del proceso y que al poco tiempo de su conformación desaparece manifestando falta de acuerdo con la subprocuraduría especial.
Pensando en todo esto, es indiscutible que si la verdad se encuentra en la conclusión a la que hoy se ha arribado, lo único que falta por solucionar es la falta de credibilidad que existe en cada uno de los mexicanos para poder aceptar realmente que las cosas sucedieron así.
La comisión especial, creada en el seno de este Congreso, de la cual nuestro partido forma parte, ha dado seguimiento a las investigaciones que se han realizado en torno al asesinato del licenciado Colosio y aun cuando el acceso a la documentación no fuese el que se hubiere esperado, siendo éste un asunto de interés para la sociedad mexicana, la comisión cumplió con el objetivo por el que fue creada, respetando las facultades legales y el ámbito de competencia de las autoridades responsables y correspondientes en la materia.
Así pues, las conclusiones a las que ha arribado el subprocurador no significan para la comisión especial que el caso esté cerrado.
En nuestro país normalmente sucede que el tiempo, compañero del olvido y la desinformación de la que se rodean los magnicidios, ha permitido que la posibilidad de encontrar la verdad se tope con barreras imposibles de saltar. Ejemplos muy claros de esto son los casos de Buendía y el de Posadas, en los que parece ser que el esclarecimiento es sólo una palabra surrealista e inalcanzable.
La víctima directa fue el licenciado Colosio, los deudos son muchos la aflicción de sus padres y hermanos, pero sobre todo su esposa, la dignísima dama Diana Laura y sus hijos, para quienes el esclarecimiento de este doloroso suceso no les devolverá nunca lo que han perdido. A ello se suma indiscutiblemente la necesidad por parte de todos los mexicanos de conocer la verdad, tenemos derecho a ella. Atentados como éste se inscriben en la historia de la intolerancia, del egoísmo y del absurdo.
Por eso el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que se debe de ahondar aún más en el caso, quedando abierta la investigación para esclarecer plenamente las informaciones de las que se han derivado las conclusiones obtenidas.
No compartimos, ni compartiremos opiniones contrarias al interés de la colectividad nacional. No podemos permanecer en la indiferencia de este magnicidio, que no sólo afecta a la vida de la familia Colosio, sino a la vida nacional en su conjunto. Las autoridades correspondientes deben dar una respuesta al pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia. Estamos a casi cuatro meses que se cometió el artero asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio, asesinato que conmovió todas las esferas de la sociedad mexicana y que puso en entredicho todo el sistema de seguridad pública.
Recordamos que una de las primeras acciones fue el nombramiento por parte del Ejecutivo Federal de un subprocurador especial para investigar el crimen perpetrado el 23 de marzo en Lomas Taurinas, en Tijuana, BC.
Después del nombramiento, que recayó por petición de la señora Diana Laura Riojas, en la persona del licenciado Miguel Montes García, el primer planteamiento que se hizo es que se trataba de una acción concertada y se procedió a detener a cinco personas más, bajo el supuesto de una participación colectiva determinada, con base en las escenas mostradas en varios videos, la mayoría de ellos teniendo como origen la filmación de la propia Policía Judicial Federal.
En el mes de junio nos sorprendió que el mismo subprocurador que tres meses antes había expuesto una hipótesis hiciera un viraje total exponiendo en un informe a la Cámara de Diputados y ratificado en el Senado de la República, la hipótesis, de que Mario Aburto había actuado solo, en sí y en su informe así lo mencionaba. Existían entonces dos hipótesis: el homicidio fue cometido por Mario Aburto; segundo, el homicidio fue cometido por Mario Aburto auxiliado por otras personas. Veamos y vamos por partes.
¿Qué significa una hipótesis? La aceptación contemplada en los diccionarios de la Real Academia es la de una suposición que se admite provisionalmente para sacar de ella una
consecuencia: una hipótesis mientras no se comprueba no es real y sigue siendo hipótesis. En el caso del homicidio de Colosio, hasta que no se comprueben plenamente las dos posiciones, aun después del informe presentado y difundido por la prensa hace dos días, sigue siendo hipótesis; por lo tanto, la hipótesis de un complot no puede desecharse, máxime cuando nosotros creemos que la investigación no ha abarcado todo el radio de acción.
Se dice en la jerga policiaca que en el caso de un asesinato todo mundo es sospechoso y esa premisa no se ha llevado a cabo. De acuerdo a las actas anexas al informe de junio, las investigaciones se han hecho en torno a los directamente involucrados y de ahí no se va a sacar nada más de lo que ya se dijo. Hasta ahí llegan las investigaciones y hasta ahí el asunto se para, no hay más que decir y todo se dirige al asesino material. Es muy fácil y muy sencillo decir que actuó solo.
Pero veamos la otra hipótesis, la del complot, la de la ejecución. Cuando se tiene una hipótesis de este tipo, lo primero que se dice es que existe autor o autores materiales y se dice que existe un autor intelectual del crimen. No necesariamente debe haber una participación colectiva para suponer que hubo un complot. Mario Aburto pudo actuar solo sin la colaboración de nadie, pero pudo también haberlo hecho así, acatando órdenes de una o de un grupo de personas. El hecho de actuar solo no descarta la posibilidad de un autor intelectual.
El autor intelectual nunca jamás se busca entre los que estaban cerca de Colosio o entre los que participaron en el mitin de Lomas Taurinas; precisamente el autor intelectual se busca fuera del contorno de los hechos.
Sorpresivamente hace dos días el hoy ex procurador especial presentó un nuevo informe en el cual desecha una de las hipótesis, de la acción concertada, pero además desecha la posibilidad que aun actuando solo exista una intelectualidad en el asesinato. Hay que recordar que a Mario Aburto se le practicó por especialistas en la materia un análisis sicológico y de personalidad y se le diagnosticó delirio crónico sistematizado reivindicativo y los mismos especialistas sostienen que una persona con esas características puede ser fácilmente influido o manejado por terceras personas.
Por lo que resultaba cuesta arriba que se sostuviera que Mario Aburto no solamente era el asesino material, sino que también es el asesino intelectual, descalificando cualquier otra intervención.
¿En qué se basaba la suposición del licenciado Montes? En el diario y en los libros, en el libro que supuestamente escribió Mario Aburto y en el cual dedujeron hábilmente los investigadores que era la gran prueba para sostener que se trata de un asesino solitario que preparó el escenario, eligió el lugar y efectuó el crimen. Pero esta última versión lejos de convencer arroja mayores dudas.
Si bien es cierto que en algunos casos los diarios y escritos determinan la personalidad de algunas personas y que en determinado momento pueden arrojar pruebas de sus acciones, no puede aceptarse como una prueba definitiva, primordialmente si no se conoce a ciencia cierta en qué momento fue escrito y si los fines que se perseguían en sus escritos fueron los motivantes para cometer el asesinato.
A nuestro parecer, las investigaciones deben continuar. Saludamos la decisión presidencial del día de hoy de aceptar la renuncia del licenciado Miguel Montes García y nombrar a una nueva comisionada, conjuntamente con un grupo de prestigiados expertos en criminalística: el doctor Sergio García Ramírez, el doctor Raúl Carrancá y Rivas, el doctor Jesús Zamora el licenciado Francisco Acuña Griego y el licenciado Agustín Santamaría.
Consideramos que con estos nombramientos, junto con la nueva responsable de la subprocuraduría, la doctora en derecho Olga Islas Magallanes de González Mariscal, como responsable de la investigación, se contribuye enormemente a que se siga adelante en la investigación; que se investigue y se pueda analizar a los partícipes en el delito; se pueda llegar a alguna diligencia de ampliación; que las hipótesis se agoten y no se descarten sin llegar al fondo; que no se cierre la investigación, sino que por el contrario, se profundice.
Pero también consideramos necesario hacer una aclaración: sería totalmente peligroso el que desde la comisión de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión , se quisiera llegar al supuesto de que si hay una nueva responsable, una nueva subprocuradora para el análisis y el seguimiento del homicidio, necesariamente tenga que demostrarse que fue un homicidio con varios elementos copartícipes.
Creemos que es importante el que se analice si hay la coadyuvancia, pero a fondo y el que no se descarte la autoría intelectual. En esto coincidimos todos. Creo que por los elementos que el Presidente de la República establece en su mensaje del día de hoy, también coincide perfectamente con el del análisis que hizo la comisión de la Cámara de Diputados y que hace un momento el compañero presidente de la misma expuso aquí.
Con esa posición estamos, agradecemos su atención. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como es de su conocimiento, hace aproximadamente cuatro horas, a través de un mensaje a la nación, el licenciado Carlos Salinas de Gortari señaló que el subprocurador especial, el licenciado Miguel Montes, encargado de la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio, había presentado su renuncia y ésta había sido aceptada por el Ejecutivo Federal.
Yo concibo esta remoción, que no renuncia, del licenciado Miguel Montes, como resultado de una fuerte e intensa presión social ante la inconformidad e insatisfacción con la forma en que se había conducido la investigación y las conclusiones sustanciales que el licenciado Miguel Montes dio a conocer el pasado día 12 de julio.
Es evidente que sobre esa investigación tenemos un juicio formado y hemos dado ya un pronunciamiento público respecto a la infamia y al atentado contra la inteligencia, que ese informe y esas conclusiones representaban, no solamente para quienes hemos hechos el seguimiento de la investigación, sino para el sentido común y la inteligencia de todos los mexicanos.
Yo tenía preparada una intervención, hacía una evaluación muy pormenorizada de la investigación. Pero creo que tenemos que ver ahora hacia adelante, porque con el nombramiento de la doctora Olga Islas Magallanes, prestigiada académica, doctora en derecho, maestra en el doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM, quien lamentablemente tiene poca experiencia en la práctica y en el ejercicio de litigio en el derecho penal, y el nombramiento de juristas prestigiados, como: Sergio García Ramírez, Raúl Carrancá y Rivas, el doctor Jesús Zamora Pirs, el licenciado Francisco Acuña y el licenciado Agustín Santamaría, se crean nuevas expectativas en torno a la investigación, aunque en lo personal creo que no deberíamos cifrar mucho optimismo en estas expectativas, toda vez que el subprocurador anterior acreditó pruebas, desvaneció cargos que permiten acreditar totalmente la acción concertada y fincó ante el juez los elementos probatorios para deslindar la responsabilidad, del autor intelectual y material del homicidio y en el móvil político, solamente en la persona de Mario Aburto.
Yo por eso creo que ahora que se inicia una nueva etapa en esta investigación, deberíamos de hacer un seguimiento muy pormenorizado y tratar de evitar algunos errores que se cometieron desde el inicio de la investigación.
Y la declaración del licenciado Salinas de Gortari, hoy, me presenta ya algunas dudas que creo que es necesario que se vayan precisando, porque en primer término, creo que esta comisión de expertos debe de tener plenamente definida su naturaleza jurídica, su interés jurídico, los alcances, el destino y los efectos que tendrán sus conclusiones y opiniones, y debe aclararse con precisión, a quién representan. Si representan al Presidente de la República, si representan a la parte afectada, si son autoridad y si son autoridad, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con el doctor Sergio García Ramírez, que es presidente del Tribunal Agrario? ¿Dejará ese cargo para cumplir con la responsabilidad que se le encomienda hoy en la investigación del informe que ha presentado el licenciado Montes?
Y creo que es muy importante que en este sentido se precisen las características, funciones, facultades y alcances de esta comisión, a fin de evitar lo que ya vivimos con el nombramiento de una anterior comisión ciudadana, que no tenía personalidad jurídica y que no tenía atribuciones para conocer del expediente y para desarrollar una investigación propia, o
incluso es necesario precisar con detalles, las facultades para evitar que en una interpretación extrema, como la que hizo Miguel Montes, para negar la información al Congreso de la Unión, que se le requirió, se le impidiera hoy a estos cinco expertos prestigiados, tener acceso a la información.
Creo también que tenemos que conocer con mucho detalle este informe que anuncia el presidente Salinas, en el sentido de que hay un informe final del subprocurador Miguel Montes.
Creo que todavía es temprano para hacer una evaluación de cuál va a ser el desenlace final de esta investigación, sabemos que este informe viene en camino a la Cámara de Diputados, nos lo acaba de informar nuestro compañero Mario del Valle. Tenemos que conocerlo con mayor detalle.
Y en tercer lugar, es necesario precisar el carácter de la nueva responsable de la investigación, de la doctora Olga Islas Magallanes de González Mariscal, porque en el comunicado del Presidente, se infiere que la subprocuraduría especial se disuelve y la nueva encargada se integrará a la estructura de la Procuraduría General de la República, con lo que se elimina o eliminaría, la autonomía que se le había otorgado a la subprocuraduría especial.
Creo que en estos tres aspectos, coincidiendo con Salinas de Gortari, en el sentido de que el caso no está cerrado ni la investigación está concluida, debemos de precisarlo con mucha exactitud y por eso creo que es conveniente que los trabajos de este grupo especial que se integró en la Cámara de Diputados, continúe, porque creo que a pesar de la negligencia de Miguel Montes, de lo que yo considero el desacato a requisitos y exigencias que le planteó el Congreso de la Unión y que él se negó reiteradamente a cumplir, nosotros hemos cumplido un papel importante en el análisis, en la discusión, de lo que hemos conocido de la investigación y que creo que esa investigación que ha sido errática, equivocada, inducida, hoy ha tenido como resultado la renuncia de Miguel Montes, quien cae no solamente por una fuerte presión social, sino que cae fundamentalmente por el peso de sus propias conclusiones. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Víctor Orduña Muñoz.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Sin lugar a dudas los acontecimientos del día de hoy modificaron las intervenciones de todos los miembros de esta comisión. Creo, y esperamos en Acción Nacional,. que esta nueva página que se abre en la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, como decía hace rato Alejandro Encinas, no cometa los mismos errores que se cometieron en la fiscalía pasada.
Errores que por otro lado vinieron a crear una ola de desconcierto y desinformación en la opinión pública, pues primero se decía el día de hoy una cosa y esa persona era recriminada por esas declaraciones, como sucedió con el ex procurador Diego Valadez, quien afirmó, en una hipótesis primaria, que el único responsable era Mario Aburto, declaraciones que le valieron, sin duda alguna, una gran ola de crítica.
Posteriormente se forma la segunda hipótesis: que fue una acción concertada. Y casi con este propósito expreso se forma la subprocuraduría que paso a paso emitió una serie de boletines desinformadores para la opinión pública. Se basan fundamentalmente las conjeturas de la subprocuraduría en videos, que lo mismo sirven para acusar a una persona, que ahora para desligarla de responsabilidad.
También se acusa por un delito que no puede sustentarse, como fue la asociación delictuosa y sin duda la opinión pública cayó en el desconcierto por esta falta de pruebas por parte de la procuraduría para poder afirmar la asociación delictuosa.
Debemos estar conscientes, señoras y señores diputados, que además de que es necesario que exista la investigación legal, debe darse cabal información a la ciudadanía. La opinión pública nacional e internacional se encuentra profundamente interesada en que se esclarezcan estas causas.
Así es que la información que se dé, debe ser una información clara, una información concisa y no permitir que suceda lo que sucedió cuando se dictó el auto de formal prisión a
Mario Aburto, en el que se dijo que únicamente le sería dictado el auto de formal prisión por el delito de homicidio simple. Esto propició una gran ola de inconformidad, justa además, en la ciudadanía, diciendo, ¿que cómo era posible que no se incluyera la calificativa?
Debió la procuraduría o la subprocuraduría en una información precisa, en una información clara, decir que esas calificativas debieron de haber sido o serán consideradas hasta el momento de dictar sentencia.
Que no se hagan crecer falsas expectativas diciendo que existen otros responsables según los videos y cuando se identifica a los responsables resulta ser que ya no son, porque estos señores pertenecían al cuerpo de seguridad del licenciado Luis Donaldo Colosio.
Para todos los mexicanos que hemos visto esos videos, realmente resulta un desconcierto como este sujeto, Mario Aburto, tuvo la posibilidad inaudita de acercarse, en un conjunto de guardaespaldas o de miembros de seguridad pública del licenciado Colosio, casi alrededor de 15 a su alrededor y llega en forma impune, en forma artera y lo ejecuta. ¡No puede considerarse de otra forma!
Por ello, la información que se dé tiene que ser de tal medida, que nos la den como si fuéramos niños de sexto; que nos la den puntualmente, cabalmente, para que la podamos comprender.
Esperamos que estos errores no se vuelvan a repetir. Esperamos que esta subprocuraduría, con las precisiones que hizo Alejandro Encinas, que me parece son necesarias que analicemos en la subcomisión, si es que este pleno decide que la subcomisión continúe sus funciones de seguimiento, y si no quien lo vaya a hacer, investigue la naturaleza de esa comisión que acaba de formarse, con el propósito de que tenga facultades plenas, decisorias y de investigación.
Por último , señoras y señores diputados, quisiera destacar el trabajo realizado en el grupo plural y en forma especial el del licenciado Mario del Valle, que nos proporcionó el mayor número de información, que pese a las negativas de parte de la subprocuraduría, no podíamos obtener. Por ello, creo que este trabajo realizado por esta subcomisión, tuvo efectos positivos y espero, de así determinarlo ustedes, los siga teniendo. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Rogelio Audiffred Narváez... No encontrándose en la sala, tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Dados los hechos del día de hoy, yo quiero manifestar mi acuerdo, mi coincidencia con lo pronunciado por los demás miembros de la comisión que me han antecedido en el uso de la palabra.
Sólo brevemente quiero exponer el juicio del Partido Popular Socialista, de que en las nuevas condiciones se lleve a cabo la investigación de manera seria, amplia, profunda, como lo requiere el pueblo mexicano; esa investigación que debió haberse seguido desde un principio, de abarcar todos los ángulos del acontecimiento, no de dejar de responder a preguntas que eran obvias, porque lo hemos dicho reiteradamente: para el Partido Popular Socialista, el hecho es profundamente político, el asesinato de un candidato en campaña necesariamente es un hecho político y el autor material que habla de reivindicaciones políticas, hace que el hecho esté inmerso en toda la situación política de la nación.
Sin embargo, la investigación primaria y luego la que llevó a cabo el subprocurador especial, abandonaron todo el campo, todo el espectro de la política. Para nada se investigó la vertiente de a quién beneficia, a qué fuerzas políticas beneficiaba la eliminación de un candidato en campaña. ¿Para qué seguir esta vertiente?, para descartarla si es que así la investigación llegaba a esa conclusión, pero no dejarla al aire. En todo hecho de esta naturaleza siempre la investigación sigue esa vertiente, de a quién beneficia, para quién es conveniente que se elimine a un individuo y en este caso a un hombre político.
Por eso, aun cuando hemos sido contrarios a crear aparatos rápidamente, a la carrera, para atender un asunto, es saludable en este caso el cambio que se opera, la conformación de un
cuerpo de juristas, especialistas, penalistas, para seguir la investigación. Porque nosotros, al igual que los demás diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, exigimos que se profundice la investigación, nosotros no podemos aceptar, como ya se ha dicho aquí también, que detrás de la acción de Mario Aburto no haya nada, que no haya ninguna fuerza o algún otro individuo, cuando las pruebas siquiátricas indican que es un individuo fácilmente influenciable.
No podemos aceptar que se diga que él meditó todo, premeditó y actuó sólo; aquí está dicho y lo reitero, pudo haber actuado solo en ese momento, pero detrás de todo el hecho a nuestro juicio existen responsables y lo hemos dicho con toda claridad y con toda firmeza y exigimos una investigación profunda, porque para nosotros es claro que por el ambiente político y por el rumbo que empezaba a tomar el discurso del licenciado Colosio, hay fuerzas a las que les convenía, que se benefician con su eliminación: el clero político, las fuerzas más reaccionarias del país, los agentes del imperialismo que han cuando menos creado toda una situación peligrosa en el país, que propicia esto y estamos seguros que no son ajenos al hecho concreto.
Por eso el PPS manifiesta esta preocupación de darle al pueblo de México conclusiones serias, conclusiones derivadas de una investigación que siga todos los hilos; nosotros exigíamos una investigación pronta, es cierto, pero no por la vía rápida, por la vía del fast track como se pretendió hacer, con dos informes que indignaron al pueblo justamente, que indignaron a todas las fuerzas; esto no puede darse en un hecho que trasciende política, económica y socialmente, no para el momento presente, sino para todo el futuro, sobre todo el futuro inmediato del país, porque, insisto, nosotros insistiremos, hay que tomar en cuenta la naturaleza, el fondo, el rumbo que tomaba el discurso del licenciado Colosio.
Por eso quiero manifestar nuevamente que el nuevo cuerpo de investigación que va a seguir el caso, ahonde y llegue a conclusiones serias en este caso, estamos seguros que no va a ser una tarea sencilla, hay hechos históricos, el caso Kennedy no se ha cerrado, el caso de Olof Palme, incluso el de Lincoln, hay conjeturas aún, entonces no podía aceptarse y así no lo ha aceptado el pueblo de México, una conclusión como la que se estaba dando ya en el caso del ex procurador, subprocurador.
Valoro también finalmente la seriedad de la acción de la comisión plural con su nuevo presidente, que hemos podido expresar nuestras opiniones y tener en nuestras manos los materiales para apoyar nuestros juicios, para la salud de la vida democrática, de la vida económica y social del país; coincidimos en la exigencia de una investigación amplia, profunda, seria y que no se dé carpetazo, en el menor plazo posible. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Becerra para rectificar hechos, por cinco minutos, señor diputado.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Ante los lugares comunes que se han expresado aquí en las distintas intervenciones, quisiera saber la opinión de los huérfanos de Luis Donaldo Colosio, especialmente del que ya tiene uso de razón.
El día de hoy pareciera ser, que en vez de ser 14 ó 15 de julio, es 24 de marzo. Recuerdo que el 23 de marzo, entre las seis de la tarde y las ocho de la noche, María de los Ángeles Moreno, sumamente emocionada, tuvo una de las mejores intervenciones que haya habido en esta Cámara cuando nos comunicó el ataque artero en contra de Luis Donaldo y todo mundo se pronunció por severo castigo a los culpables, por investigación a fondo y cuatro meses después, escuchamos las mismas palabras.
Y eso no es lo más grave, desafortunadamente en servicio de la nación, en una junta ecológica de Tailandia, estaba yo cuando se formó esta comisión que ahora me vengo a enterar, yo creía que era una comisión investigadora, que es una comisión de seguimiento e información; es decir, una comisión que no sirve para nada, porque ¿seguimiento e información de qué?, ¿qué ahora ya los diputados son periodistas? o ¿qué simplemente un poder soberano en vez de actuar como tal, por acción, va a actuar por reacción y solamente va a actuar respecto a lo que otros le quieran decir? ¿Es ésta la soberanía del Poder Legislativo?
Porque señores, aquí lo fundamental, lo que habría que pensar es lo que yo siempre he sostenido: la autonomía del Ministerio Público. Mientras no se consiga la autonomía del ministerio público y el procurador de la República y los demás órganos estén al servicio del Poder Ejecutivo, nunca podremos saber si en los casos de tinte político, especialmente como éste, la investigación es objetiva y es a fondo.
La Cámara de Diputados, y lo repito, no es el muro de las lamentaciones, todas las intervenciones que ha habido aquí han sido en el sentido de condenar, exigir, pedir que se siga adelante, y diría yo ¿para qué?, si es para lo mismo yo considero que no tiene ningún sentido y sobre todo, cuando algo sucede hay que analizar no sólo lo que vale en sí por lo que sucede, sino lo que está detrás, porque yo ignoraba que el señor procurador Montes rindió un informe final y renunció... ¿Qué quiere decir eso?, que tácitamente él está desaprobando su informe, porque ¿cómo es posible que se rinda un informe y automáticamente se renuncie?
O es que ni él mismo cree en su informe, o hay presiones, o es una renuncia a la Carpizo, o ¿que realmente es lo que está pasando en el pueblo de México? Ante las frustraciones y las negativas de que hablaron los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, pregunto yo: tanto que se ha argumentado aquí de la separación de poderes, pero también de la colaboración de poderes y yo aquí escuché nada más separación de poderes, no colaboración de poderes.
Por lo tanto y para concluir, yo sugiero primeramente que si esta comisión va a seguir, no sea una comisión de seguimiento e información, que es una comisión ociosa; en todo caso que sea una comisión de investigación, porque habría que preguntar cuándo se establece una comisión con facultades limitadas, si eso fue por consigna o por descuido; si fue por lo primero es inaceptable; si fue por lo segundo vamos a corregir el descuido y tomemos como poder soberano las acciones y desgraciadamente ya no hay tiempo, para las leyes necesarias para prevenir este tipo de conductas y yo no quisiera conocer el juicio del huérfano de Luis Donaldo Colosio, ante el informe Montes y ante el informe de esta comisión. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Rogelio Audiffred Narváez.
El diputado Rogelio Javier Audiffred Narváez:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Esta noche, el más escéptico de los escépticos se sentiría derrotado, porque aquí nos reunimos en nombre de muchos, quienes creemos en la verdad y en la justicia y que con nuestros actos y nuestra presencia rendimos culto a estos valores supremos.
Labor ardua, compleja y responsable la que ha emprendido la comisión especial de la Cámara de Diputados, para dar seguimiento a los hechos ocurridos el día 23 de marzo de este año, en los que murió asesinado brutalmente el señor licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.
En este seguimiento se ha emprendido una labor seria, sin identificar en este propósito no solamente a diputados y partidos políticos, sino a la opinión pública nacional, sin arredrarse ante las resistencias que a veces por hábito o por carácter se oponen a una investigación de esta naturaleza.
Saludamos con beneplácito y compartimos el criterio de las fracciones parlamentarias, en el sentido de la declaración que hoy expresó el señor Presidente de la República, para manifestar a la nación que el caso no se ha cerrado, que el caso continúa abierto, que se va a profundizar en la investigación de este grave asesinato a la nación.
A manera de homenaje, permítanme expresar un sentido y profundo reconocimiento a la figura de Luis Donaldo Colosio, a quien fue para nosotros un gran dirigente, un hombre de principios inquebrantables, que por sostenerlos estaba siempre dispuesto a todo el linaje de esfuerzos y sacrificios, por la esencia vertical de su conducta, por la herencia vertical de su intelecto, porque los hombres como Luis Donaldo Colosio no se inhuman, se siembran, para que la simiente de la verdad germine en las próximas generaciones y sea el final o sea el principio, lo cierto es que la muerte de Luis Donaldo Colosio es la consagración de un héroe, de un líder y de un gran hombre.
El abrió el camino para la estricta respetabilidad del Congreso de la Unión; él quería un Congreso fuerte, un Congreso digno y un Congreso autónomo. Hagámoslo realidad exigiendo justicia y confiando con profunda convicción en que el resultado de esta investigación encuentre una expresión real superior a las fórmulas que hasta ahora ha revelado. Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se autoriza que la comisión especial que realiza las investigaciones en relación con el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, continúe valorando los acontecimientos que se están sucediendo y los informes que se obtengan en torno a la investigación del caso.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
En votación económica se pregunta si se autoriza que la comisión especial que realiza las investigaciones en relación con el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta continúe valorando los acontecimientos que se están sucediendo y los informes que se obtengan en torno a la investigación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza, señor Presidente.
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Hildebrando Gaytán Márquez, para referirse al centenario del nacimiento de Vicente Lombardo Toledano.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
Durante su ejercicio, esta LV Legislatura tomó los acuerdos para que se pusieran con letras de oro en el muro de la sala principal de la Cámara de Diputados los nombres de tres mexicanos ilustres. Dos de ellos fueron Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Lombardo Toledano, dos maestros indiscutibles, figuras eminentes de la cultura y la educación nacional y por cierto, también con importantes identidades en su ideología.
Formado el maestro Altamirano dentro del liberalismo, sin embargo en sus años maduros rompió con la tendencia liberal individualista e imprimió a su ideología un alto contenido social. Como demostraciones fehacientes quedaron sus escritos en el periódico La República, en defensa de los intereses de los trabajadores y de manera sobresaliente su extraordinario ensayo "Turista Histórica y Política de México de 1821 - 1882", en donde realiza al decir de sus biógrafos , la primera historia de México interpretada al calor de la lucha de clases y con un claro sentido social.
Así, aunque no podía existir una relación directa e inmediata entre Altamirano y Lombardo Toledano, años después, ya al transcurrir la cuarta parte de este siglo, Lombardo retomaría la lucha social desde la filosofía del proletariado, el marxismo. Entre tanto, imperó durante el porfiriato la filosofía del positivismo y el darvinismo social, para favorecer los intereses de un selecto grupo de intelectuales, hombres de negocios, terratenientes y detentadores del poder político.
A la dictadura se enfrentaron y opusieron desde el punto de vista social las concepciones liberales de Camilo Arriaga, las tendencias anarquistas de Ricardo Flores Magón y a fines del porfiriato empezó a tomar auge en los medios intelectuales y universitarios la filosofía idealista, basada en la intuición y el irracionalismo, sustentada por Antonio Caso y José Vasconcelos.
Esa fue la formación filosófica que Vicente Lombardo Toledano recibió en la universidad; pero luego se dio cuenta que resultaba ineficaz y estéril ese pensamiento para comprender y encauzar los problemas sociales en los que se ocupaba como dirigente de la CROM y para entender el impetuoso movimiento revolucionario de 1910 - 1917.
Por esta razón, Lombardo Toledano llevó a cabo una revisión y reemplazo de las concepciones filosóficas idealistas que recibió en la universidad por las del marxismo, el materialismo dialéctico, lo cual culminó en 1930.
No fue ciertamente Lombardo el primero ni el único que abordó las concepciones marxistas, pero la comprensión que logró de la filosofía del materialismo dialéctico en su esencia y en cuanto a explicación histórica y social que utilizó como concepción del mundo y de la vida e instrumento metodológico e ideológico para el combate político, filosófico y social, hicieron que el marxismo de Lombardo Toledano, aplicado al conocimiento de la realidad mexicana, ya no fuese un hecho personal, ni transitorio, ni aislado de la cultura y la vida social de México.
Todo lo contrario. La filosofía del marxismo, divulgada por el maestro Lombardo, prendió y se desarrolló en México gracias al surgimiento y lucha organizada de la clase trabajadora.
Lombardo fue producto de este impulso social y al mismo tiempo fue preclaro dirigente e ideólogo.
Desde entonces el marxismo trascendió a todas las esferas de la vida social y tomó ritmos y fases diversas.
El maestro Lombardo puso la filosofía marxista al servicio del pueblo, de la clase obrera y de la nación; aplicó esta filosofía al conocimiento de la realidad mexicana, al conocimiento de nuestra historia, de los problemas del pueblo y las características propias del país, y con ello derivó juicios, estrategias, demandas y tesis diversas para impulsar la Revolución mexicana, ayudar a su caracterización y desarrollo, siempre desde la posición permanente que ocupó en la trinchera de la clase trabajadora.
La filosofía marxista le sirvió a Lombardo para organizar a los trabajadores sindicalmente y esclarecer las características y objetivos de las organizaciones de masas, enfatizando en la importancia de la unidad de la clase obrera, factor en el que radica su fuerza y su prestigio y en la conciencia de clase de los trabajadores, porque si las ideas siempre han estado unidas a una época y a una clase social, dijo, el proletariado debe resolver sus problemas con las ideas que el proletariado sostiene, y no prescindir jamás en tanto subsista el régimen de la propiedad privada, de los medios de producción de la lucha de clases como móvil del proceso histórico, porque eso significa desarmar a los trabajadores en la lucha por sus objetivos inmediatos y en su carácter de fuerza predominante que debe tener en la sociedad.
Además, tomando en cuenta las condiciones de México, señaló que debe desempeñar la clase trabajadora, el papel del factor de liberación nacional, pues advertía que en tanto el capital extranjero tuviera el dominio de los renglones fundamentales de la economía, tenían esas fuerzas, el poder político real. De ahí que promoviera la política de nacionalizaciones como un medio para desarrollar las fuerzas productivas, mejorar el nivel de vida del pueblo y fortalecer los pilares de la soberanía y de la independencia.
La primera preocupación de mi lucha, dijo, es que México sea una país realmente independiente, un país con un gran desarrollo económico propio, con un grado de desarrollo social y cultural también propios y muy importantes.
Afirmó también, que la vía que siga nuestro pueblo para alcanzar una democracia más amplia, la democracia del pueblo y que debía conducir hasta el socialismo en un futuro no preciso, debía ser una vía mexicana, es decir, un camino que surgiera de todos los antecedentes históricos del pueblo mexicano, de sus múltiples experiencias, que el único universal que tendría este camino serían los principios de carácter filosófico.
Sustentó la estrategia del Frente Nacional Democrático y Patriótico que no consistía en crear un aparato u organismo, sino en unir a todas las fuerzas democráticas en una acción común frente a objetivos muy particulares, aun cuando discreparan en su filosofía social e inclusive de sus ulteriores metas de carácter histórico.
El pensamiento filosófico del maestro Lombardo fue de un gran humanismo. Yo soy un humanista, dijo, porque creo que el hombre que es el objeto de todos los esfuerzos de la colectividad. Pero no concebía el humanismo como el disfrute por una minoría de los frutos de la civilización y la cultura, sino al alcance de todos para que el hombre se desarrollara a plenitud.
Lo único que perdura a través del tiempo, es la ideología, señaló, de la actitud que los hombres deciden tener frente al destino, frente a los problemas de su época, de suerte tal que contribuya a la transformación del régimen imperante por uno mejor, en que se aleje hasta desaparecer la miseria, la discriminación, la ignorancia y la injusticia.
Con tesis como éstas, el maestro Lombardo contribuyó en forma importante con las luchas
de la clase obrera y del pueblo, y en favor del desarrollo independiente, el fortalecimiento de la soberanía de la nación y el enriquecimiento de nuestra cultura.
Luchó durante más de 50 años como un soldado de la clase trabajadora, defendió y expuso con brillantez una nueva forma de apreciar el mundo, de conocerlo y transformarlo, un mundo que por esencia es cambiante, no puede quedar sujeto a formas o esquemas frígidos, sino a lo que se derive de su situación real y concreta.
Lo que no puede cambiar es el sentido de nuestra lucha, la liberación del hombre y no transigir, no traicionar la causa de los trabajadores.
El Partido Popular Socialista, en ocasión de que pasado mañana 16 de julio, se cumplirá el centenario del natalicio de Vicente Lombardo Toledano, ha querido rendir con estas palabras un homenaje al maestro Lombardo, cuyo pensamiento guía nuestra política. Muchas gracias.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el rayo láser.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
El 13 de mayo del año pasado solicité a esta soberanía que mandatara y fue autorizado, que el órgano técnico de la Contaduría Mayor de Hacienda realizara una auditoría sobre la adquisición y operación del rayo láser en la ciudad de México, por existir la presunción fundada por las pruebas que presenté de que se había incurrido en delitos y faltas a diversos ordenamientos jurídicos.
Solicité una investigación a fondo, una investigación imparcial. Señalé que la gravedad de los hechos que ameritaban la auditoría, se fundamentaba por la forma en que funcionarios de la administración pública del Distrito Federal aplican los recursos públicos.
El 7 de julio pasado presenté una excitativa ante el pleno y el Presidente amablemente la realizó a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que ésta presentara el dictamen del informe y resultados sobre la auditoría ordenada por esta honorable Asamblea.
No entré al fondo del problema, pues sólo bastaba acatar el mandato reglamentario. Hoy es el penúltimo día de sesiones del último período de sesiones ordinarias de la LV Legislatura, y que yo tenga conocimiento, no se ha convocado a la comisión para aprobar el dictamen. En honor a la verdad he de señalar que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor, se reunió en marzo en dos ocasiones para conocer del caso: el 10 y 17.
En la primera, se dio a conocer el informe de la auditoría, fui invitado y asistí, ahí objeté que no hubiera sido entregado con anterioridad dicho informe; de la rápida lectura que se hizo de sólo el informe y no de los resultados de la auditoría, varios diputados de diversas fracciones parlamentarias hicimos preguntas y manifestamos objeciones de fondo como consta en la versión estenográfica de la citada reunión.
Solicité en esa ocasión que no se dictaminara sin antes permitirme acudir a la Contaduría Mayor de Hacienda para examinar el expediente, argumentando incluso que yo conocía la mayor parte de él, porque yo aporté la mayoría de la documentación. Acudí al día siguiente acompañado del ciudadano denunciante, sin embargo, por órdenes del contador mayor se me negó el acceso a la información. Informé por escrito de esta situación a la diputada Laura Garza, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Cabe recordar que en las últimas dos semanas, antes del vil asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio, se arreció en los medios de comunicación una campaña contra el licenciado Camacho y sus colaboradores. Y esta prisa por dictaminar, contrastaba con el señalamiento en la página 13 del informe de la auditoría de la Contaduría Mayor, de que la auditoría se había terminado antes del 30 de julio del año pasado. Siete meses antes de la fecha en que se nos convocaba para dictaminar.
En la segunda sesión, la del 17 de marzo, no estuve presente y como se desprende de la versión estenográfica, se intentó por algunos legisladores del PRI y funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda, realizar un juicio sumario en contra de su servidor y el ciudadano que se atrevió a presentar la denuncia.
Insisto, se estaba tratando de apresurar el dictamen; sin un debate y una confrontación de hechos y documentos. Se trataba y se trata hoy, de buscar la verdad. No deseamos cacería de brujas, pero tampoco deseamos simular que estamos actuando y finalmente terminar en la impunidad.
Ante la reiterada negativa de tener acceso a la documentación, opté por presentar una propuesta de dictamen y observaciones al informe y resultados de la auditoría el día 7 de junio, para ser consideradas por el pleno de la comisión, con la atenta solicitud de que se hiciera del conocimiento de todos los miembros de la Comisión de Vigilancia.
Estoy consciente que si no se reunió la comisión en estos últimos días a pesar de existir la excitativa del pleno, que no se acató, difícilmente se podrá presentar el dictamen al pleno a un pleno de esta legislatura.
Sin embargo, no creo que sea justo y me parece insuficiente, el que sólo a partir de la denuncia que presenté hace más de un año, inmediatamente que presenté la denuncia, se hayan aplicado sólo algunas sanciones menores. Y ya había pasado año y medio de que se cometieron los ilícitos que denuncié aquí como presuntos.
Estas sanciones fueron aplicadas por la Contraloría del Distrito Federal. En el informe y resultados de la Contaduría Mayor, ésta irresponsablemente sostiene y avala los resultados de la auditoría que realizó la Contraloría del Distrito Federal, hace algunos pequeños señalamientos adicionales, sin embargo, no va al fondo, como lo señalé en el documento que envié a la comisión el día 7 de junio.
No pretendo discutir en este pleno, aunque lo deseo y quisiera hacerlo, los resultados de la auditoría, porque no existe el dictamen de la comisión, pero mi conciencia no me permite ser cómplice de la impunidad que el tortuguismo de la comisión y la irresponsabilidad de la Contaduría Mayor de Hacienda lo está permitiendo.
Mencionaré dos hechos que me parecen también nuevamente graves, para poder hacer esta intervención: el primero, me he enterado y corroborado que el arquitecto Ricardo Rodríguez Romero, funcionario sancionado y sujeto a investigación por la Contaduría Mayor de Hacienda, fue recientemente nombrado por el regente Manuel Aguilera Gómez, administrador del Centro Histórico.
Insisto, a pesar de que el informe de la auditoría, ese informe preliminar señala responsabilidades no incluidas en la auditoría que realizó la Contraloría del Departamento del Distrito Federal.
Y llamó la atención que la Comisión de Vigilancia y este pleno, no han conocido del dictamen sobre dicha responsabilidad.
Segundo. Se encuentran en los informes y resultados de la auditoría, graves contradicciones sobre la caseta que sirvió de base para instalar ahí el equipo de rayo láser.
En las páginas 39 y 40 de la minuta del 17 de marzo, que me voy a permitir dar lectura brevemente, un funcionario de la Contaduría Mayor de Hacienda, el licenciado Sanguino Rodira dice lo siguiente:
"Con motivo de la inconformidad presentada por el señor Moya, y cuando conoce la Contraloría General del departamento de la misma, inicia, decíamos, el procedimiento de investigación y la Contraloría General del departamento, resolvió declarando la nulidad de lo actuado.
En todo este procedimiento, para la adjudicación del contrato de obra, porque encontró infracciones que así lo ameritaban. Entonces se declara la nulidad de pleno derecho, porque así lo establece la ley de esa actuación ahora.
¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de esta declaración de nulidad? Son, que queda sin materia todo lo actuado en este proceso de adjudicación de la obra pública, toda vez que en dicho procedimiento la Contraloría General del departamento, detectó infracciones a la Ley de Obras Públicas, a su reglamento y a su propia normatividad interna que así ameritaban que se declarara.
Ahora bien, por el costo de la obra, que fue de 184 millones de pesos viejos, considero que las
disposiciones del decreto de presupuesto y de la propia Ley de Obras Públicas, la delegación para este tipo de obra no tenía obligación de llevar a cabo ningún procedimiento e licitación pública ni mucho menos, sino lo que podía haber hecho por adjudicación directa y además la caseta donde se instaló el rayo láser, se construyó. Ahí se encuentra el rayo láser, está en posesión del Departamento del Distrito Federal. Yo no veo que se tenga que aclarar al respecto, toda vez, pues, que no hay ningún perjuicio para la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal."
Esta es una declaración que hace un funcionario de la Contaduría Mayor, que está en tajante, en contradictoria con lo afirmado por el propio informe de la auditoría que señala lo siguiente; esto es en la página 29 del informe de resultados sobre la auditoría que nos entregó la Contaduría Mayor. Entonces ahí la Contaduría Mayor contradice a este funcionario y dice lo siguiente:
"El 30 de junio de 1992, la Contraloría Interna de la delegación Cuauhtémoc, formuló las observaciones número 048, 049, 050 y 055, consistentes en: (está una tabla en donde están el número de obras 048, 049 hasta la 055, como mencioné, está la descripción y en esta descripción de cada uno de estos conceptos señala): inexistencia, son las gravedades que encontró, del alcance y especificaciones del concepto "asesoramiento técnico"; inexistencia del cálculo y diseño del circuito eléctrico; carencia de un estudio detallado de la propuesta, porque el 95% de los precios presentados en el listado de materiales, no corresponden al valor de estos materiales, sino que son superiores y porque no entregó toda la documentación requerida para el concurso."
La contratista había incluido y cobrado en sus tres primeras estimaciones, conceptos de trabajos no existentes en la obra. Todo eso tiene un costo total de 268 millones de viejos pesos.
Entonces, está claramente aquí establecido, que por un lado hay un informe de la auditoría, otra opinión del funcionario. Y otro documento que voy a dejar aquí en la Secretaría de la propia contraloría sobre la auditoría que había realizado y en donde dice de los resultados alcanzados. Dice: "En la subdelegación de Obras Públicas de la delegación Cuauhtémoc, cumplió con la realización de la obra en tiempo, calidad y costo".
Tres dictámenes o tres valoraciones distintas sobre un mismo hecho.
Un tercer hecho que quiero resaltar, sería el problema de la elevación de impuestos. Voy a dejar aquí en la Secretaría esta documentación que adjunto. Pero sobre este problema solicitaría a la Presidencia instruya a la Secretaría de lectura a los documentos que pongo a su consideración.
El Presidente:
Se instruye a la Secretaría para que se atienda al señor orador.
El secretario José Raúl Hernández Ávila:
Es un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dependencia: Aduana del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. Dirigido al diputado Guillermo Flores Velasco. Dice lo siguiente:
"En atención a su escrito citado en antecedentes, relacionado con la importación de un equipo de rayos láser importado mediante el pedimento 3002 - 200134 tramitado por el AA Víctor Ramón Dávila, en representación del Departamento del Distrito Federal, me permito dar respuesta a sus cuestionamientos al respecto.
¿Qué artículos se violentaron en materia aduanera al introducir el equipo con facturas con valores menores al real?
Le agradeceré me informe qué artículos, citar completos, fueron violentados."
Respuesta: "se cometió la infracción prevista en el artículo 127 fracción I de la Ley Aduanera en vigor: ¡omisión parcial de los impuestos que debían cubrirse! Esta fracción es sancionada por el artículo 129 fracción I del mismo ordenamiento. ¡Multa equivalente a un tanto y medio de los impuestos omitidos! ¡Se cometió el delito de contrabando tipificado en el artículo 102 fracción I del Código Fiscal de la Federación, sancionado por el artículo 104 del mismo ordenamiento.
El delito de contrabando en el presente caso es calificado de conformidad con el artículo 107 fracción IV del Código Fiscal, ya que se realizó usando documentación falsa".
Pregunta dos. ¿Si es válida la autodenuncia cuando la SHCP ya tiene conocimiento del hecho?
Respuesta: No. Ya que no se considera espontánea, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 fracción I del Código Fiscal de la Federación.
Servido, señor Presidente.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Gracias, señor Presidente; gracias, Secretario.
También deseo que el señor Secretario verifique que voy a dejar una copia, pero que consta en mi poder el original de este documento.
Bueno, sólo he mencionado dos puntos de este documento, precisamente a petición expresa que hice a la Secretaría de Hacienda, porque la contaduría Mayor de Hacienda, que se supone que es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, sobre esta presunción de evasión de impuestos, el contrabando y todo lo que se está aquí tipificando, dice que consultó con un agente aduanal y le dijo que todo estaba bien.
Como consta tanto en el informe de resultados como también en las explicaciones de los funcionarios de la minuta del 17 de marzo, en las páginas 33 y 34 de la citada minuta.
Insisto, ésas sólo son algunas de las múltiples irregularidades del informe y resultados de la Contaduría Mayor de Hacienda. Y no estoy entrando a debatir las conclusiones de dicho informe ni el dictamen, porque ese dictamen, insisto, no existe.
Estoy denunciando estos hechos y demando la acción de las autoridades correspondientes. Se que tarde o temprano se tendrá que dictaminar en la Comisión de Vigilancia, en ésta o en la próxima legislatura, pero a pesar de que el caso sea del conocimiento de la Cámara y esté en estudio en la Comisión de Vigilancia, también las autoridades pueden y deben actuar. La impunidad fortalece la corrupción, la aplicación de la ley ni más rígida ni más flexible, simplemente la ley, para todos los ciudadanos y funcionarios fortalece nuestro estado de derecho. La tardanza en la administración de la justicia deteriora nuestras instituciones. Los hechos aquí narrados hacen perfectamente posible la intervención también de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y de la subprocuraduría Fiscal Federal.
Ruego, como mencioné a la Presidencia, girar los documentos que dejo a la Secretaría de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Asimismo, me reservo el derecho de presentar las denuncias correspondientes ante la Secogef y la PGR.
Por último, otro hecho grave más, el equipo continúa parado. Son 1 mil 200 millones de viejos pesos, nadie hace nada y algunos funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda y diputados de la Comisión de Vigilancia, están más preocupados en tratar de inventar delitos al denunciante en lugar de acelerar el dictamen y castigar a los verdaderos delincuentes. La nueva realidad política de nuestro país nos demanda a todas las fuerzas políticas, voluntad política para coadyuvar en la solución de los problemas. Hagamos nuestra contribución. Muchas gracias, honorable Asamblea.
Dejo en la Secretaría la documentación.
SECRETARÍA DE SALUD
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Salomón Miranda Jaimes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para proponer un punto de acuerdo con solicitud a las autoridades de salud.
El diputado Salomón Miranda Jaimes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Aquí se han estado exponiendo asuntos, temas muy importantes, como son los temas jurídicos, de aspecto social etcétera. Por esta vez voy a tratar de ser breve para exponer a ustedes lo siguiente.
«Cámara de Diputados, con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Salomón Miranda Jaimes, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LV Legislatura del Congreso Unión, comparezco para exponer:
Con fundamento en los artículo 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vengo a proponer ante esta soberanía, la formulación y expedición de un punto de acuerdo, cuyo contenido, efectos y razón de ser expongo a continuación:
a) En nuestro país existe un gran número de enfermos afectados del IRC.
b) Estadísticamente se considera que existen 535 mil enfermos en el mundo.
c) No se cuenta con la información suficiente para determinar con exactitud el impacto económico que significa la fuerza de trabajo que se pierde como consecuencia del padecimiento de que se trata, pero baste considerar que el citado padecimiento afecta por igual a cualquier habitante del país sin distinción de edad, sexo o condición social y que la falta de una atención oportuna y adecuada puede producir la muerte del paciente con todo lo que ello implica. Es por eso que deseo compartir con ustedes un punto de vista, que ha estado latente desde el primer día en que ocupé la curul y observé la dinámica de esta Cámara. La personalidad de los participantes, la intención de sus participantes como siempre representando a los intereses de sus grupos, siempre mostrando una posición ante las diferentes circunstancias y a través del tiempo, éste se ha encargado de comprometerse a representar no sólo al grupo en quien deposito la confianza que es el PAN, sino además de un grupo de individuos, me temo que cada vez mayor, y que viven con una enfermedad permanente, la mencionada Insuficiencia Renal Crónica.
Literalmente significa que los riñones han perdido su capacidad para funcionar normalmente y esto obliga a tener un tratamiento que sustituya parcialmente cuando menos la función perdida para poder sobrevivir, si el individuo no es trasplantado, la enfermedad se perpetua hasta la muerte.
La insuficiencia renal crónica, es una patología humana que deteriora al organismo si no recibe un tratamiento agresivo permanente y adecuado.
Un enfermo crónico es como un país ocupado por un ejército enemigo, donde el país sigue funcionando, pero ahora las reglas de su vida están determinadas por el poder ajeno que dictamina nuevas leyes y exige su cumplimiento inexorable.
Continuando con la analogía, las nuevas pautas de vida impuestas por el ejército enemigo llamado insuficiencia renal, obliga a modificar la dinámica familiar, restringe las oportunidades laborales, limita la alimentación y hace erogar gastos del presupuesto familiar y sin embargo, hay una manera de tratar a estos individuos dignamente a través de programas ambulatorios bien concebidos, donde el bienestar del enfermo sea el motivo máximo del quehacer profesional.
Actualmente la insuficiencia renal crónica es un problema de salud, se estima que anualmente hay 140 pacientes con insuficiencia renal crónica nuevos, por millón de habitantes y este crecimiento se debe entre otras cosas a que gran parte de ellos tienen como base a la hipertensión y diabetes, que son problemas de salud pública y alta mortandad en México. Se tienen cerca de 11 mil pacientes en programa de diálisis peritonal, del 60% de ellos en diálisis peritonal ambulatoria continua y que es la opción más cercana cuando pienso en la dignidad humana; es decir, que el individuo logre vivir con su familia o rodeado de ella igual que antes de haber iniciado este problema de salud.
El 30% restantes es diálisis peritonal intermitente, el individuo va cada ocho días a someterse a un tratamiento de dos días al hospital y que con frecuencia la sobrevida es muy corta y la terapia muy costosa.
Existen una serie de obstáculos que impiden a los pacientes ser tratados con "dignidad humana", a saber:
No hay suficientes nefrólogos atendiendo a estos enfermos, se estima en el país, 250 ubicados en las grandes ciudades y en el tercer nivel de atención en su mayoría.
Mecanismos de tratamiento de la diálisis peritonal continua ambulatoria y diálisis intermitente para los enfermos con I.R.C. que no admiten trasplante renal por diferentes causas que no tienen objeto señalarlas.
1. Tienen que suministrarse o perfundirse cuatro sueros al día cada uno de dos litros (sal al 1.5%) con intervalos de cuatro horas entre uno y otro. El material es de plástico, que consiste en bolsa y equipo.
2. Este suero llega a una cavidad virtual (peritoneo) a través de una sonda llamada "catéter" o guía que se inserta en el abdomen y ahí queda por el resto de la vida.
3. El líquido (suero) que se perfundió permanece en el peritoneo a donde se combina con las sustancias de excresión (tóxicas), que es el objetivo, y posteriormente sale de la cavidad peritonal arrastrando las mencionadas sustancias tóxicas.
4. Esta operación se realiza cuatro o más veces al día y se necesita de personal capacitado en caso de que el mismo paciente esté impedido, pero generalmente él lo efectúa. Este es el llamado "sistema tradicional".
5. En el mercado ya existe un nuevo sistema que se llama sistema de desconexión básico "Y" para la D.P.C.A., en donde el mecanismo es el mismo pero el sistema es diferente (en este caso) el equipo.
Con este equipo se tienen las siguientes ventajas:
a) Se reducen considerablemente las infecciones.
b) Es de fácil manejo, y
c) El costo es mucho menor teniendo en cuenta que con el sistema tradicional el paciente está expuesto a tener dos infecciones por año (peritonitis).
Concluyendo:
En el IMSS Centro Médico Nacional y algunas dependencias, hay existencias de sueros y material de curación, dotación completa para el paciente, de estas clínicas y hospitales los enfermos los tiene que trasladar a sus domicilios particulares, por su riesgo y cuenta lo siguiente:
15 cajas de cartón conteniendo, 120 litros de suero, con un peso total de 250 kg. esta operación se repite cada 30 días.
Para evitar el traslado del citado material por cuenta del paciente y al mismo tiempo el deterioro de las bolsas de suero (ruptura), se pensó que este material lo trasladaran al domicilio de cada paciente "sin costo alguno".
Para esto el diputado Marco Antonio García Toro y un servidor entrevistamos al licenciado Genaro Borrego Estrada, director general del IMSS, con el propósito de ver si era posible efectuar esta operación, sin costo para el paciente y así fue que se logró que un laboratorio se encargara de llevar hasta los domicilios de los pacientes sin costo alguno, ni para el paciente ni para el Seguro Social. Para esto el IMSS creó un plan piloto con duración de seis meses, mismo que concluye el mes de agosto próximo.
Actualmente ya en tres estados de la República: Oaxaca, Chihuahua, Puebla y D.F., se están entregando todo el material a los domicilios particulares de cada paciente, por lo tanto, pedimos a esta Cámara de Diputados:
1. Que este "plan piloto" deje de serlo y se amplíe a toda la República y que sea permanente.
2. Que el nuevo equipo "técnica más avanzada" llamada sistema en "Y" se nos proporcione sustituyendo al plan convencional, ya que este resulta más costoso y hay más riesgos de infecciones.
Si bien la paternidad de la idea corresponde al suscrito y a mi grupo parlamentario de Acción Nacional, quiero dejar constancia de que la idea es apoyada por los señores diputados según se desprende de las firmas que constan al calce del presente escrito, por último y en virtud del alto contenido social y humano que supone instrumentar la idea aquí expuesta, todos los que suscribimos la presente proposición, atentamente solicitamos de esta Cámara con base en el artículo 60 del Reglamento citado, se dicte desde luego el correspondiente punto de acuerdo por considerar el caso como de urgente y obvia resolución.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 13 de julio de 1994. Rúbricas.»
Dejo a la Secretaría mi propuesta.
El Presidente:
Se instruye a la Secretaría para que se turne a la Comisión de Salud.
ARCHIPIÉLAGO DEL NORTE
El Presidente:
Tiene la palabra el ciudadano diputado Manuel Terrazas Guerrero, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hacer comentarios sobre una cuestión de islas en el Pacífico mexicano.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Compañero Presidente; compañeros diputados:
Se impone primero una aclaración, no se trata de comentarios sobre islas del Pacífico sino se trata de un punto de acuerdo que naturalmente requiere la necesaria fundamentación.
Hecha esta aclaración, quiero decir que hemos solicitado la palabra para proponer este punto de acuerdo que supone también una acción de acción política en el terreno de las facultades de la Cámara de Diputados y de funciones que nosotros creemos que son irrenunciables.
Se ha dicho una y muchas veces, con toda razón y comprobación plena, que el pueblo mexicano su pasado, que el pueblo mexicano tiene memoria histórica, que vuelve los ojos a ese pasado sin detener y paralizar su marcha, por más aciago que haya sido ese pasado, para cobrar nuevas fuerzas y hacer de su razón victoriosa o derrotada temporalmente, impulso y fuente de energías para seguir forjando su destino, y en ese camino recobrar derechos y recuperar lo que le pertenece.
México y su pueblo no olvidan sus islas, las islas del Archipiélago del norte que le fueron arrebatadas y hoy ocupadas por los Estados Unidos. La Cámara de Diputados en definitiva, honor y conciencia del pueblo por sus mejores hombres, sus acciones y momentos fundamentales, no olvida, no puede olvidar tampoco. Ha insistido una y otra vez, en muchas de sus legislaturas, en torno a las islas del Archipiélago del norte y desde la LI Legislatura, pasando por la LII, la LIII, la LIV y hoy la LV, han conocido intervenciones, propuestas, iniciativas. Cierto, y aquí la desgracia, no han sido dictaminadas, pero habrán de serlo.
No sé cuándo. Pero ojalá que cuando llegue no haya ya nada que hacer, mejor dicho que no llegue ese día para que cuando llegue ya no tengamos nada que hacer.
Hoy tratamos de insistir compañeras y compañeros diputados, porque hay razón, porque hay causa justificada, porque es tiempo aún.
Hoy nos referiremos como antecedentes de las propuestas que presentaremos a la consideración de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, intervenciones de diputados de las legislaturas mencionadas, pero no queremos omitir el afán patriótico de un diputado compañero de la nuestra, que ha sido uno de los primeros en reclamar el derecho mexicano sobre esta parte de su territorio, me refiero a Jesús González Gortázar, que no está presente.
Quiero decir y pedir al compañero Presidente que ordene que ésta intervención íntegra se publique en el Diario de los Debates, porque vamos desgraciadamente a tener que omitir quizá parte de la argumentación geográfica, jurídica o toda probablemente para que no haya alarma de ningún compañero, estamos seguros del interés que esto puede despertar, pero hay cansancio, hay poco tiempo, faltan muchos puntos. Entonces las omitiré y por eso pido la autorización para que se publiquen íntegras en el Diario de los Debates, de todas maneras algunos breves antecedentes.
En la sesión plenaria de la Cámara de Diputados de la LII Legislatura, 28 de diciembre de 1981, el que habla planteó el problema de las islas del Archipiélago del norte, en esa ocasión mencionamos los principales antecedentes de esta cuestión que tiene un gran interés nacional. Hicimos referencia a una voz muy autorizada, la del destacado periodista Mario Gil, muerto en 1971.
Mario Gil nos dice en su obra, Nuestros Buenos Vecinos, las nueve islas del llamado Archipiélago del Pacífico fueron descubiertas por un español e incorporadas a la Corona de España, ésta, al reconocer la independencia de México, trasmitió a nuestro país la soberanía sobre las islas.
Al firmarse los tratados de Guadalupe - Hidalgo no se incluyó a dichas islas. Los Estados Unidos han reconocido que sólo el territorio que está explícitamente considerado en los tratados puede ser objeto de ellos. Esto lo afirma Mario Gil. No hay absolutamente nada que pueda poner en duda el auténtico derecho de México sobre las islas sin ningún título sobre ellas, sin embargo, los Estados Unidos las han ocupado, las administran e inclusive están inscritas en el Registro Público de la Propiedad en las ciudades californianas, en algunos casos han sido ya objeto de operaciones de traslado de dominio.
Las nueve islas, Santa Rosa, Santa Cruz, San Nicolás, Santa Bárbara, Farallones, Anacapa, Santa Catalina, San Clemente y San Miguel, siguen siendo en su mayor parte por su nombre y por su espíritu mexicanas.
Durante el censo realizado por los Estados Unidos en 1940, los habitantes de algunas de esas islas se opusieron a ser registradas en el padrón de aquel país, sosteniendo su nacionalidad mexicana con legítima razón y usando una acerada ironía, el gran periodista revolucionario se refirió a los dos métodos para hacerse los Estados Unidos de territorios extranjeros: la fuerza militar y la compra o el engaño.
En esa ocasión nos remitimos también a otros antecedentes. No los queremos repetir, pero por eso mismo pedimos que pase al Diario de los Debates.
El diputado Jesús Lazcano Ochoa, en nombre del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, hizo una amplia intervención ante el pleno de la Cámara el 13 de septiembre de 1984, en la LII Legislatura, sobre el problema de las islas del Archipiélago del Norte, su historia, el proceso que posteriormente siguió este problema y las propuestas que debían aprobarse para encararlo. Fueron de gran interés estas consideraciones. Hechos históricos. Testimonios que prueban fehacientemente que estas islas no le pertenecen a los Estados Unidos y que México tiene derecho.
Testimonios incluso muy recientes, relativamente para ese momento, se debió a investigaciones ordenadas por el propio Gobierno mexicano, desde la época de Porfirio Díaz, estudios de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, muy importantes varios de ellos. Investigación ordenada por Manuel Ávila Camacho que se integró en, 400 páginas, pero que no se dio a conocer. El planteamiento del Secretario de Relaciones Exteriores en la época de Díaz Ordaz, cuando iba a plantear en una reunión con el Presidente de los Estados Unidos este problema de las islas. Y muchos otros testimonios que se plantearon y que interrumpen el término de los 100 años para que México haya perdido su derecho a esas islas. Quedarán pues para que sean considerados para quienes tienen interés en el Diario de los Debates.
Pero si queremos decir que después de hacer referencia a la intervención del diputado Jesús Lazcano, hay que reproducir los puntos principales que al final de la misma integraron las solicitudes presentadas por el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México:
El grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México pide que esta Cámara, y para el conocimiento de los señores diputados, se han solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, los siguientes documentos:
1o. El acuerdo a que según Porfirio Díaz se llegó en 1895 con los Estados Unidos.
2o. El resultado de la Comisión Camacho sepultada por el presidente Alemán.
3o. Las investigaciones hechas por el licenciado Antonio Carrillo Flores, secretario de Relaciones Exteriores del presidente Díaz Ordaz, por las cuales se llegó a manifestar públicamente que México no cedería los derechos del Archipiélago.
4o. Los motivos por los cuales el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Emilio O. Rabasa, en su reunión para fortalecer la relación bilateral tenida con Kissinger en 1973, incluyó el caso del Archipiélago del norte.
5o. Solicitar acceso a los documentos que en abril del pasado año dijo tener sobre la validez de nuestros derechos.
6o. El informe que en abril del pasado año solicitó el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Bernardo Sepúlveda Amor, a la Comisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de límites y aguas internacionales sobre el Archipiélago del norte como resultado del debate periodístico a que nos hemos referido.
7o. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie ante el Gobierno y el Senado de los Estados Unidos sobre el Tratado sobre Aguas y Límites, que suscribió por México el licenciado Santiago Roel, secretario de Relaciones Exteriores, el 4 de mayo de 1988 y ratificado por el Senado mexicano, aún no ratificado y firmado por el Senado estadounidense, para que no esté vigente, para retirarlo para su nuevo estudio, ya que deja la zona marítima del Archipiélago del norte bajo la soberanía de nuestros vecinos del norte.
8o. El diputado Luis Gambino Heredia, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en nombre de la fracción parlamentaria de este partido abordó el problema de las islas del Archipiélago del norte en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura el seis de octubre de 1988. Gambino presentó
nuevos argumentos, nuevos hechos que no vamos a repetirlos, pero al final de su intervención en nombre de su grupo parlamentario también presentó una solicitud de punto de acuerdo, en el cual queremos destacar lo siguiente: Que se solicite al Presidente de la República remita a esta Cámara de Diputados los estudios que realizó Esteban Chafín en los que se demuestra que el Archipiélago del norte es propiedad mexicana.
2. Que se remita el informe que entregó el general Amado Aguirre al general Alvaro Obregón sobre las islas mencionadas del Archipiélago del norte, así como el dictamen que le fue entregado a Miguel Alemán por la Comisión Jurídica, Geográfica e Histórica, encargada de estudiar el conflicto del citado Archipiélago del norte.
3. Se solicite al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remita a esta Cámara de Diputados copia de la instancia que presentó en el año de 1957, la Comisión Jurídica, Geográfica e Histórica sobre el mismo caso, así como la resolución que haya dictado al respecto.
En la sesión de la Cámara de Diputados del 17 de mayo el mismo diputado Luis Gambino Heredia presentó una solicitud de excitativa a fin de que se dictaminara sobre las propuestas del grupo parlamentario del PARM acerca de las islas del Archipiélago del norte, dado que se mantenían archivadas sin ningún trámite, sin ningún dictamen. No vamos a referirnos a las causas de esta lamentable situación, pero ése es el hecho. No tiene caso ver al pasado en este aspecto, sino tratar de ir hacia adelante.
El 19 de junio de 1990, el diputado Vicente Coca Alvarez, del PARM, presentó una segunda solicitud - Coca Alvarez, actual embajador en Filipinas - de excitativa sobre este mismo asunto "para que a la brevedad posible se presente ante el pleno de dicha comisión el dictamen correspondiente a las islas del Archipiélago del norte, asunto que fuese turnado a esa comisión desde el 5 de octubre de 1988 y que a la fecha carece de dictamen, no obstante los estudios encomendados al diputado Liborio Pérez Elorriaga, iniciados a partir de enero de 1989".
El 19 de septiembre de ese mismo año, el diputado Coca Alvarez dio a conocer en el pleno de la Cámara el dictamen que la subcomisión nombrada había elaborado. No voy a citar las palabras muy significativas de Coca Alvarez en esa ocasión. Pero vale la pena mencionar, compañeros. Se presentó un dictamen firmado por todas las fracciones parlamentarias aprobando el punto de acuerdo y, yo creo que vale la pena referirnos a este dictamen.
El punto de Acuerdo firmado en la LV dice así:
1o. Recomendar al Poder Ejecutivo Federal que realice las acciones diplomáticas respecto a las islas que conforman el Archipiélago del norte sujetas a los lineamientos de nuestra política internacional, que sirvan de sustento para acciones futuras.
2o. Que el Ejecutivo Federal gestione información de casos similares acontecidos en otras naciones y que hubieran sido motivo de litigio ante la Corte Internacional de La Haya.
3o. Recomendar al Ejecutivo Federal, que por conducto de la Secretaría de Estado correspondiente, se giren instrucciones al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para que en la cartografía, inventarios de islas, cayos y arrecifes nacionales, queden incluidas como parte integrante del territorio nacional las islas: Santa Rosa, Santa Cruz, Santa Catalina, Anacapa, Santa Bárbara, San Clemente, San Miguel, San Nicolás y los farallones del Archipiélago del norte.
4o. Recomendar que se fomente la conciencia ciudadana en ese sentido, haciendo especial mención en los libros de texto de historia nacional.
5o. En virtud de que corresponde al Senado de la República conocer el tema de asuntos internacionales, turne la Presidencia de esta Cámara, que se refiere a la Cámara de Diputados, este documento, con la atención que proceda a la colegisladora.
Cámara de Diputados. Aquí está la fecha, septiembre de 1990, firmado por los diputados federales y aquí está una cuestión interesante Liborio Pérez Elorriaga, del Partido Revolucionario Institucional; Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, del Partido de Acción Nacional; Jesús Luján Gutiérrez, del Partido Popular Socialista; Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática; Osiris Cantú Ramírez, del grupo independiente; José Enrique Rojas Bernal, del grupo independiente y, por la
subcomisión, firmando el dictamen el diputado federal Vicente Luis Coca Alvarez, además el diputado José Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados y la diputada María Elena Chapa Hernández, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, hoy Senadora de la República.
Termino simplemente presentando a ustedes a su consideración, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Por todo lo anteriormente dicho presento ante esta Cámara de Diputados, las siguientes propuestas:
Primero, que se reformen e integren en el dictamen que deba elaborarse, los puntos de acuerdo con las propuestas que fueron presentadas en la legislaturas LI, LII, LIII, LIV y LV, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Segundo, la realización a cargo de una comisión designada ex profeso, de las investigaciones necesarias acerca de la situación que guardan las islas del Archipiélago del norte, Santa Rosa, Santa Cruz, San Nicolás, Santa Bárbara, farallones, Anacapa, Santa Catalina, San Clemente y San Miguel. Y el esclarecimiento de cómo pasaron estas islas, cuya pertenencia a México la comprueban plena e indudablemente todos los antecedentes históricos, a ser dominio de los Estados Unidos.
Nunca ha reconocido nuestro país este dominio.
Tercero, el acopio de los elementos existentes que comprueben que México no ha renunciado jamás a la propiedad de estas islas, ni reconocido en ningún momento, el despojo de esta parte de su territorio, a fin de comprobar la vigencia del derecho de la nación mexicana, a interponer los recursos debidos en el momento y la ocasión que juzgue convenientes en el caso de las islas integrantes del llamado Archipiélago del norte y hacer valer este derecho.
Cuarto, publicar en un folleto de amplia difusión pública, los resultados de esa investigación y en el que se recopilen las indagaciones históricas y la opinión de los mexicanos que en distintas épocas han alzado su voz sobre el problema del despojo de las islas del Pacífico por parte de Estados Unidos, para conocimiento del pueblo mexicano y de sus generaciones futuras.
Compañeras; compañeros diputados, la razón histórica y el derecho están de parte del pueblo mexicano. En el caso de las islas mexicanas del Archipiélago del norte, podrá pasar todo para su recuperación o no, para su recuperación un día, ha llegado la hora de hacer algo. No podemos posponer más las iniciativas que correspondan. Lo peor que podría ocurrir es no reclamar el derecho a las islas; perder ese derecho por no reclamarlo de una u otra manera. Debemos mantener vivo ese derecho, hacerlo sentir. Es una cuestión de soberanía. La respuesta espera; llegará.
La Cámara de Diputados de la LV Legislatura, seguramente cumplirá un deber patriótico irrenunciable, que la honrarán dando el primer paso de turnar a comisiones las propuestas presentadas y demandando sean dictaminadas positivamente. Si el tiempo ahora no lo permite, confiamos que sean los diputados por venir, quienes lo hagan. Gracias.
Muchas gracias por su atención. Firma el de la voz y dejamos a la Secretaría esta intervención. Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones respectivas y tal como lo solicita el señor diputado, insértese en el Diario de los Debates.
(Apéndice 1 publicado al final de esta edición)
ESTADO DE VERACRUZ
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre la situación actual de la empresa Anaversa.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Hemos solicitado el uso de la palabra, para hacer referencia una vez más al caso de la explosión de la empresa de agroquímicos Anaversa, ubicada en Córdoba, Veracruz, ocurrida el 3 de mayo de 1991; toda vez que contamos con nuevos e importantes elementos que aportan a las soluciones que hemos estado gestionando para el caso referido.
No obstante, para ubicar la nueva situación, es necesario hacer un breve recordatorio de lo ocurrido hasta ahora.
Con motivo de los impactos a la salud pública y al medio ambiente de la región afectada por el accidente, se constituyó un organismo civil denominado: "Asociación de Enfermos por Anaversa", cuyo objetivo era dar seguimiento al problema; razón por la cual, entre otras acciones, turnó el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que emitió la recomendación 99/91 y que a la fecha se encuentra parcialmente cumplida.
Casi al mismo tiempo, la misma asociación canalizó su demanda por mi conducto hacia la Comisión de Ecología de esta LV Legislatura, mismas, aunque, no con la eficiencia deseada, inició los trabajos que a la fecha continúan. En este sentido destacan las diversas reuniones multisectoriales coordinadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el propósito de evaluar los impactos en la salud y el medio ambiente, la canalización de probables enfermos derivados del accidente y la integración de fondos para facilitar su tratamiento a través de un fideicomiso.
Consistente en una serie de estudios que han presentado, según las autoridades del sector salud y del medio ambiente, el perfil del impacto del accidente no tiene ni de lejos, la importancia que los afectados le han venido dando. Así, por ejemplo, reconocidos especialistas de la Secretaría de Salud iniciaron casi inmediatamente después del siniestro, un estudio epidemiológico, cuya metodología y fines fueron severamente cuestionados por el comité asesor de la asociación, constituido igualmente, por profesionales serios en la materia. Entres otras razones, porque no incluía el análisis de bioxinas, compuestos químicos altamente tóxicos, formados y liberados durante el accidente y que son causantes de graves enfermedades mutagénicas.
Recientemente hemos recibido información a este respecto y hemos podido constatar que la Secretaría de Salud ya poseía esta información desde septiembre de 1992, pero no la había hecho del conocimiento de involucrados y afectados, hecho sumamente grave, si evaluamos su importancia.
Nos estamos refiriendo al análisis de tres muestras de la empresa Anaversa, realizado por la Chemical West Managen de México, S.A. de C.V.; que a su vez fueron estudiadas por la doctora Pat Bonner del grupo ambientalista Greenpeace, en los Estados Unidos.
Los resultados son alarmantes e infortunadamente conceden amplia razón y justificación a las preocupaciones iniciales de la Asociación de Enfermos por Anaversa, ya que en síntesis...
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Señor Presidente...
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
¿Querría cuestionar, por favor al orador sí acepta una interpelación?
El Presidente:
¿El señor orador acepta la interpelación?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Preferiría que mejor subiera a la tribuna a contestarnos el diputado Nemi.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
¡Moción de orden, señor Presidente! En virtud de que está citando el diputado Huerta a un
estudio, que según nos dice es de la doctora Pat Bonner ruego a la Presidencia solicite, lo establece el Reglamento, la posibilidad de que el diputado lo deje en la Secretaría para hacer uso de él como referencia documental. Muchas gracias.
El Presidente:
Con mucho gusto.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Decíamos que los resultados son alarmantes e infortunadamente conceden amplia razón y justificación a las preocupaciones iniciales de la Asociación de Enfermos por Anaversa, ya que en síntesis advierten que las concentraciones en bioxinas encontradas en la ciudad de Córdoba, Veracruz, son de 29 a 248 veces mayores que las mediciones de suelo urbano que se localizan en Estados Unidos y Canadá y, entre 26 y 227 veces mayores que los niveles medios en Europa.
Según la doctora Bonner, ello significa que la población está altamente expuesta a una enorme diversidad de daños a la salud. Opinión que se corrobora en el artículo "Noticias de Rachell", sobre desperdicios tóxicos, publicado en dos entregas de la revista semanal de la Fundación de Investigación del Medio Ambiente, con sede de Anápolis, Estados Unidos. En donde se especifican detalladamente los graves impactos que pueden llegar a tener las bioxinas, sobre todo a nivel de los sistemas reproductivo, nervioso e inmunológico.
En otras palabras, graves enfermedades como el cáncer, en muy diversas manifestaciones, serían el resultado lógico a través de muchos años. Estos es precisamente lo que argumentaba el grupo asesor y lo que reiteradamente negaban las autoridades del sector salud.
Ahora el hecho es contundente, incuestionable y muy grave como para no tomar las medidas del caso.
En razón de las insuficiencias en el estudio epidemiológico oficial, de la falta de capacitación y de tecnología apropiada del sector salud, pero sobre todo en razón de la negativa de reconocer la cabalidad de los hechos y las distintas responsabilidades que de ellos se derivan, ha sido también reiterada la negativa a reconocer que muchos de los pobladores que habitan en los alrededores de lo que fue la empresa Anaversa, se encuentran afectados en su salud, como consecuencia directa del accidente.
Baste señalar que desde el día del accidente a la fecha han fallecido por causas presumiblemente relacionadas al siniestro 16 personas, que vivían en la vecindad más próxima a la empresa. En este caso la cuestión es aún más grave, pues de acuerdo con los especialistas lo más difícil está aún por venir.
A quienes estamos interesados en avanzar en la solución de este problema, no nos interesa entrar en polémica a este respecto, en torno a oficios como el de la jefatura de los servicios coordinados de Salud Pública del Estado de Veracruz, de fecha 5 de julio de 1994, en donde se niega que 23 personas afectadas en su salud tengan relación con el siniestro.
¡Sólo señalamos, una vez más, que la evidencia de los hechos es demasiado clara y alarmante como para invitar a superar resistencias que de cualquier manera resultan inútiles, pero que pueden agravar el conflicto social!
En su momento la Asociación de Enfermos, que fue acusada de alarmista y de politizar el problema, propuso que la multa aplicada a la empresa y con otros fondos estatales se creara un fideicomiso para la atención a los afectados.
Y el gobierno de Veracruz dio en ese momento, escuchando el planteamiento, un fondo de 100 millones de viejos pesos, que otorgó el ex gobernador Dante Delgado, al ayuntamiento municipal, a través del diputado Nemi Dib, fueran para constituir un fondo fideicomisario que permitiera recursos de operación en el largo plazo, con la intervención protagónica de los afectados, toda vez que desde el principio se sabía que el impacto mayor aparecería con el paso del tiempo.
No obstante, el edil cordobés Enrique Bustos no ha constituido el fideicomiso y maneja discrecionalmente los recursos donados por el Gobierno del Estado, sin rendir cuenta pública de los mismos. Ante lo cual el gobernador actual del Estado, Patricio Chirinos, no se ha pronunciado; asumiendo la misma actitud de indiferencia que cuando siendo titular de la Sedue tuvo a su encargo el caso Anaversa.
Se equivocan quienes piensan que estamos hablando simplemente de dinero, porque desde un inicio se han negado a reconocer que estamos hablando de una política estratégica para el futuro.
Así pues, con estos razonamientos y bajo estas nuevas condiciones, esperamos que la Comisión de Ecología y Medio Ambiente fortalezca sus esfuerzos para avanzar en el caso, así como para colaborar en el pleno cumplimiento de la recomendación 99/91 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y dejamos en la Secretaría el documento que se giró por parte del Greenpeace, donde traducen e interpretan justamente la opinión de la doctora Pat Bonner, asimismo como dejamos la traducción del último boletín de noticias Deer Achel, sobre desperdicios tóxicos, asimismo como dejaremos el propio estudio de doxinas con los oficios girados al sector salud, asimismo como dejaremos en la Secretaría los oficios que el Comité Asesor dio para cuestionar el estudio epidemiológico. Y asimismo daremos las pruebas y dejaremos en la Secretaría, de lo dicho por el Gobierno de Veracruz para la creación del fideicomiso y creemos que con esos documentos la comisión podrá evaluar, podrá trabajar y en verdad asumir una idea de trabajo que pueda permitir resolver este conflicto. Muchas gracias.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputados Nemi Dib.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con el permiso de la Presidencia:
Con una sincera y muy profunda disculpa a los compañeros diputados que aún permanecen en el recinto. Comprendo que puede plantearse hasta como un abuso para su paciencia, sin embargo, y aunque es ésta la quinta vez que el señor diputado Huerta trata el caso en tribuna, se han referido aquí aseveraciones que no podemos dejar pasar de largo. Una de ellas en forma expresa, se refirió al presunto fallecimiento de 16 personas. Ante imputaciones de tal gravedad, no nos queda más remedio que venir a tribuna y hablar del asunto.
Solicito a la Presidencia instruya a la Secretaría me sea proporcionado el documento al que hizo referencia el señor diputado Huerta.
El Presidente:
Se ruega a la Secretaría dé cumplimiento a la petición del señor diputado.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Gracias, señor Presidente.
Hoy por la mañana el diputado Huerta tuvo la generosidad, se lo agradezco, diría la honestidad, de mostrarme, aunque, sólo fuera de paso el documento al que ha hecho referencia. Es un documento redactado en lengua inglesa, no obstante, no resulta nada difícil traducirlo y no lo hice yo, lo hicieron ellos y queda a la disposición de los señores que lo duden, que seguramente conocen esta lengua extranjera mejor que su servidor.
El documento es el reporte de la doctora Pat Bonner, a la que ha hecho referencia el diputado Huerta y parte de dos aclaraciones fundamentales.
En la primera dice, que las sustancias que presumiblemente entraron en combustión el día del siniestro fueron solamente calculadas por quienes solicitaron el estudio. Dice, en consecuencia, que toda su estadística y que todos sus cálculos son el resultado de la información que le fue proporcionada por quienes mandaron a hacer el estudio, pero que no hay la certeza de que las cantidades sean exactas.
En segundo lugar, dice el documento que las muestras le fueron remitidas exactamente un año después del siniestro.
Y en tercer lugar señala que las muestras son, desde luego, insuficientes para poder realizar una evaluación científica.
A partir de estas tres aclaraciones, la doctora que suscribe el estudio hace sus conclusiones y siempre dice: "son temporales y no estamos autorizados, finaliza el estudio, para emitir una conclusión final"
Hoy el diputado Huerta ha dicho que es una nueva prueba, contundente, de que los argumentos sostenidos aquí a lo largo de casi tres años son veraces.
Dentro de unos momentos el diputado Rafael Sánchez Leyva, epidemiólogo de profesión, dará respuesta a estos planteamientos. Muchas gracias.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Huerta y posteriormente el diputado Rafael Sánchez Leyva.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con permiso de la Presidencia:
En efecto, el documento tiene sus tres argumentos, y esos tres argumentos yo hubiera preferido que el diputado Nemi que conoce la gravedad del conflicto los hubiera utilizado desde otra perspectiva. ¿Cuál es la otra perspectiva?
No se hicieron los estudios de dioxinas adecuados y eso mismo se está reconociendo y yo dije que algo peor, información que el sector salud conocía, no circuló y hay más cosas que decir; por ejemplo, la doctora Lilia Albert, asesora del Sector Salud, estuvimos platicando con ella en los días pasados, está dispuesta a comparecer ante la comisión, lo cual solicitaríamos en esta propia intervención, nos decía que ella misma ha entregado reportes al Sector Salud sobre este mismo asunto, reportes que como la propia recomendación parcialmente cumplía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se sostiene, hablan de la imposibilidad de derruir el edificio de Anaversa, justamente, porque al derruirlo se generaría una expansión más de las dioxinas.
En efecto, a ciencia cierta el día de hoy no conocemos qué sucede aquí, inclusive hemos tenido que recurrir a tecnología en el extranjero para poderlo analizar. Se necesita ampliar en efecto esos estudios de bioxinas, es muy grave lo que está ocurriendo en la ciudad de Córdoba.
Hemos estado en discusiones, en un momento cuando discutíamos el estudio epidemiológico insistimos y también versiones, palabras de la doctora Lilia Albert, el estudios epidemiológico se hizo de una manera sesgada, no puede haber un estudio epidemiológico, a decir de ella, si no se contemplaban justamente sus análisis de dioxinas para poder de esa manera derivar y encontrar los resultados exactos. Estuvimos en discusiones, nosotros aquí relatamos, traemos las listas de las personas fallecidas en la zona. En un momento de la discusión con los epidemiólogos ellos nos argumentaban felizmente que en este momento estamos hablando seguramente un año atrás, la estadística de los muertos por enfermedades de cáncer y de todas éstas que se generan con esto, estaban abajo de la media que se tenían a nivel estatal.
Al día de hoy, insistimos, hay 16 personas fallecidas en la zona alrededor de la empresa Anaversa por este tipo de enfermedades.
Nosotros seguimos insistiendo, sentimos que la argumentación que da el diputado Nemi fortalece nuestra idea, hay que ampliar los estudios de dioxinas, hay que extenderlos en el propio análisis y recomendaciones que hace el documento de Greenpeace en el punto cuatro dice: "Se debe hacer un estudio más amplio de medición de dioxinas para evaluar el área urbana habitada afectada y no descartar la posibilidad de que en caso de encontrarse concentraciones elevadas, tuviera que evacuarse a la población expuesta como se ha recomendado en casos similares por científicos de la Agencia de Protección Ambiental, para realizar acciones tendientes a suprimir la fuente de exposición.
Otras agencias federales de Estados Unidos, como el Centro para el Control de Enfermedades han recomendado también la evacuación de la población si se expone a concentración alta de dioxinas. En nuestra opinión, sigue el
documento, los comentarios aquí aportados ubican que se deben realizar medidas urgentes en el área afectada por el incendio de Anaversa para no continuar con la exposición de dioxinas a la población, dar pleno cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitidas en este caso, cosa entre paréntesis que al diputado Nemi también le deberían de preocupar, el propio Presidente de la República, ha llamado que en un mes, que se venció el 6 de julio, deberían de estar totalmente cumplidas las recomendaciones de la Comisión Nacional, cosa que el diputado Nemi sentimos debería de reiterar en esta tribuna.
Y sigue el documento: "...Y contar con un programa especial de atención a la población con recursos humanos y financieros suficientes para tender en el corto y largo plazos, las necesidades planteadas por la población local y sus representantes" y está el documento en tribuna.
Nosotros insistimos, la intervención del diputado Nemi nos lleva a seguir planteando que la comisión retomará todos estos elementos, los discutiéramos con los especialistas y pudiéramos resolver, para beneficio de la población este asunto. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Rafael Sánchez Leyva, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Rafael Sánchez Leyva:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Vengo a esta tribuna muy interesado, porque afortunadamente los responsables del estudio a que hizo referencia nuestro compañero Manuel Huerta, son egresados de la Escuela de Salud Pública de México y me siento corresponsable porque fueron mis alumnos, por lo tanto, con todo respeto para el diputado Guevara, no acepto el calificativo de que fue un estudio mal hecho, sesgado.
En estadística y en investigación, el sesgo y si es intencional y de mala fe no se acepta como una investigación seria, diputado y un epidemiólogo que se precie de serlo, no puede poner su nombre en un trabajo que sea sesgado y sobre todo con mala intención, y peor en salud pública como usted temerariamente afirma, que hay 16 muertos.
Yo tengo aquí las estadísticas de lo que llamamos tendencias, diputado y, una tendencia en epidemiología son 10 años, del estudio de la morbilidad y de la mortalidad y que usted con datos de un año quiere hablar de tendencia y achacarlo al accidente, quien haya sido su asesor lo engañó.
El término severamente cuestionado... desgraciadamente no es una tribuna del tipo técnico y ojalá que pudiera, con las personas que le aseguraron que era un estudio mal hecho, lo pudiéramos analizar. Aquí tengo sus estudios señores y les quiero informar que es un estudio serio, que está programado a cinco años en su primera etapa, porque efectivamente el riesgo de que haya contaminación por estos productos, es el que decía el diputado, en eso tiene razón; los epidemiólogos no afirman que ya se haya terminado el problema y están, las encuestas que se están haciendo en seguimiento, a largo plazo que se está haciendo y se incluyen los análisis de sangre, sistemáticos, para todos los sospechosos.
Aquí tengo los datos, fueron 1 mil 365 personas las investigadas y son las que se están siguiendo, con un problema que hay efectivamente, hay un 20% de personas que fueron inicialmente señaladas como posiblemente afectadas que cambiaron de domicilio y se han perdido, éste es un problema del estudio, pero no es de mala fe, son personas que se han tratado de seguir y no se encuentran y eso en cualquier estudio epidemiológico puede suceder.
Sobre las tres muestras que se señalan que se enviaron al extranjero y que la doctora Pat Bonner contestó, qué bueno que leyó las aclaraciones que ella hace, porque efectivamente ninguna prueba de laboratorio nos puede garantizar en estudios a largo plazo, en estudios de problemas crónicos, que sea definitivo.
Tenemos un problema también, yo tengo aquí señores, porque el estudio lo incluye, los planos de la ciudad de Córdoba; quiero decirles que la investigación se está haciendo en dos niveles: uno, el de más alto riesgo, donde se incluye a los trabajadores que limpiaron la
fábrica, a los bomberos, a los empleados municipales y, segundo, a las personas que viven en esa primera área.
Si en el estudio de la doctora Pat Bonner, se señala en dónde se tomaron las muestras, porque eso sí podría tener sesgo, si ella dice que no sabe de dónde se tomaron las muestras, si no se precisa, bueno pues es muy fácil que hayan sido tomadas en otro lugar que no sea Anaversa, eso sí sería sesgo y eso sí sería tendencia y eso sí sería querer engañar, porque no hay precisión de dónde se tomaron.
También en la toma de muestras, los que trabajamos en esto, señalamos que para poder afirmar la correlación causa efecto tenemos que ver cómo se tomó la muestra. Por poner un ejemplo: si yo voy a decir que hay un agua contaminada en un pozo y no sé tomar la muestra, puedo contaminarla yo por no saberla tomar y en este caso puede suceder también. Entonces esto sí sería sesgo.
Yo soy muy respetuoso porque no conozco el documento que envía la doctora Pat, pero tampoco puedo aceptar que se califique a este estudio por un estudio que a su vez no tenemos la certeza cómo se hizo.
Quiero decirles que el que se diga que ya hay 16 muertes por este accidente, es bastante temerario, con todo respeto, porque usted mismo lo dijo: las causas de muerte de esto son crónicas y usted mismo lo afirmó; lo que se espera es que puedan aparecer aquellos que estuvieron expuestos a la contaminación, trastornos mutagénicos, pero no decir que al mes ya hubo muertos por la intoxicación. Esto es bastante peligroso y sobre todo se está descalificando a los médicos.
Yo nada más les quiero decir, compañeros diputados, que el año pasado aquí mismo hubo un diputado que se atrevió a decir en la misma forma, que ya había un virus nuevo en la ciudad de México por la contaminación, algo que a los que sabemos de esto nos angustió bastante.
También un compañero muy conocido guanajuatense, dijo que había cientos de miles de muertos por cólera. Son cifras bastantes exageradas y que con mucha frecuencia se convierten en amarillismo.
Yo no quisiera que este estudio que es serio y que todavía no está concluido por cierto, faltan todavía dos años y medio para poder definir si las personas que están siendo vigiladas, su problema de salud es causa del accidente.
Quiero decirles que tengo la información aquí, también los documentos oficiales del Instituto Nacional de la Nutrición, donde han sido canalizadas las personas, un número especial de las personas que señalaba el compañero Guevara. También tengo del Seguro Social y también tengo el informe de los gastos que el DIF de Veracruz, de Córdoba, ha estado aplicando a estos enfermos. Esto lo hago en el sentido de que no están abandonados, de que epidemiológicamente se está siguiendo con su encuesta, cómo va la evolución de los sospechosos, aquellos que efectivamente se les encontró una cifra alta de concentración en su sangre de colinestras.
En conclusión, quiero decirles que cuando se afirma que hay muchos pobladores que en este momento están en riesgo por las bioxinas, bueno, hay otras pruebas paralelas, se ha seguido la difusión de los tóxicos que cuando en el incendio, probablemente, se produjeron bioxinas, fueron más afectados.
Finalmente, en relación con lo de la bioxina. Yo le decía en la mañana al compañero Guevara que en cualquier ciudad de México que hagamos pruebas, y sobre todo sin tener la certeza cómo se manejaron y dónde se tomaron, vamos a encontrar bioxinas, obviamente con distintas concentraciones. Hay cifras permisibles sobre los niveles de bioxinas en el ambiente y estoy de acuerdo, si hay pruebas de que los niveles están por arriba de la norma permitida, soy el primero en apoyar la postura del compañero, pero mientras no la tengamos, no puedo aceptar que se descalifique un estudio serio, con cifras que no son la verdad. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.
Con el permiso de la Presidencia:
Es que realmente cada vez que suben los diputados del Partido Revolucionario Institucional, nos dan mayores argumentos.
Mire, diputado, usted dice que la respuesta del análisis que hizo la doctora Pat Bonner es un estudio sesgado. Yo le quiero decir, porque si usted conoce bien lo que está ocurriendo en Anaversa y si usted formó y está al pendiente del estudio epidemiológico, justamente estamos diciendo: si el Sector Salud ocupó estos análisis que ustedes mismos están diciendo que son insuficientes los análisis de bioxina, es donde estamos argumentando, y doctora Lilia Albert, la asesora del Sector Salud en este conflicto, el argumento central para decir: por lo tanto el estudio epidemiológico está sesgado y tan está sesgado y tan estuvo sesgado de inicio, que la primera propuesta del Sector Salud fue hacer el estudio a tres años y al año tuvieron que entender y reconocer y ampliar el estudio cuando menos a cinco años. Estamos en ese, pero hay algo más que usted no conoce seguramente.
En estas discusiones con el Sector Salud y en realidad en Córdoba también lo que ocurre es que este estudio se truncó y eso usted no lo conoce al día de hoy. Y usted nos dice que las variables en términos epidemiológicos se miden a 10 años. Esto es lo grave señor, a un año hemos superado esas variables.
A nosotros hace un año nos decía: es que el término medio a nivel nacional son seis, siete enfermos de cáncer en una región como Córdoba. Ahorita ya hay 16 muertos.
Se mete usted a un asunto más escabroso diputado. Usted dice que ya no están solos, que el DIF municipal de Córdoba está atendiendo a los enfermos, que les están dando para sus gastos. A nosotros no nos interesa eso y pueden sacar aquí la relación de gastos que quieran, es la obligación del DIF atender a la población, ése no es el problema. El problema es que se dieron 100 millones de pesos del gobierno del Estado de Veracruz con una indicación precisa para crear un fideicomiso a una autoridad municipal y ese dinero no se generó para un fideicomiso, no sabemos qué pasó con él. Eso le debería preocupar a usted como diputado federal, que se cumpla la ley, porque este edil está cometiendo un delito a tanto tiempo. Eso le debería de preocupar, porque ése es el problema de fondo y lo hemos planteado sanamente aquí.
El problema es cómo hacemos corresponsable al Gobierno que hasta ahorita, como ustedes, sigue negando el conflicto y tienen roto el vínculo con la sociedad.
¿Cuál es el mecanismo que nosotros planteamos? Seamos corresponsables, entendamos que Anaversa es un problema, aunque aquí en estos muros lo cerremos, a nivel internacional el conflicto Anaversa está reconocido como muy grave, si no más grave, al menos al de la magnitud de un OPAL, de un Cedeso - Italia y eso está reconocido a nivel internacional y por eso esos especialistas están preocupados por el asunto.
Nosotros llamamos a que con todos estos conocimientos que usted tiene, se incorpore justamente a los análisis que la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de esta Cámara deberá realizar, para el tiempo que nos queda encauzar este conflicto como lo requiere la sociedad. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Nemi Dib, para rectificar hechos.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con el permiso de la Presidencia:
El diputado Huerta repentinamente hace tres años, se preocupa por lo que pasa en la ciudad de Córdoba. Yo no sé cuántas veces la haya visitado, no sé si la ha visitado, una, dos, 50 veces. Yo vivo en la ciudad de Córdoba, mi esposa vive en la ciudad de Córdoba, mi hija de cinco años vive a un kilómetro de distancia de Anaversa y mis padres, mis suegros y mis hermanos y mis amigos viven en la ciudad de Córdoba.
Los discursos políticos no cambian la opinión que yo tengo sobre la realidad de lo que pasa en la ciudad que tanto quiero.
El diputado Huerta viene aquí a decir mentiras y es mi deber responderlas. Nuevamente abuso de la paciencia de ustedes compañeros. Aquí está la prueba fehaciente de estudios avalados por la OMS, Organización Mundial de la Salud, de que los padecimientos oncológicos en la ciudad de Córdoba han disminuido 8% en los últimos cuatro años.
Aquí hay una declaración oficial de la Unión Médica Cordobesa, el tesorero de la Unión Médica, es hermano de la Presidenta de la
Asociación de Enfermos de Anaversa que dice que ya basta, que se deje de manipular la información para fines políticos y la voy a leer.
"Unión Médica Cordobesa, Asociación Civil. En relación a lo sucedido en el caso de
radiomiosarcoma en el paciente de siete años, fallecido recientemente, señalamos que no existe correlación con los hechos trágicos ocurridos en la explosión de Anaversa; que los médicos tratantes, especialistas en la materia lo descartan totalmente. No existiendo en la literatura médica asociación de órganofosforados y órganofluorados, sustancias existentes en el conflicto de Anaversa con radiomesarcoma, y que se deba dar un trato más científico a la información que se da públicamente, promoviendo investigaciones científicas serias en relación a los hechos que ocurran en nuestra comunidad para beneficio de los que la habitamos".
Si eso no es suficiente, yo le quiero decir al diputado Huerta que se equivoca, que se hizo un estudio profundo de colinesterasas, que a estas alturas él debe saber que son las base para la identificación de dioxinas en los humanos.
Pero si eso no le resulta suficiente, aquí hay una prueba adicional de que la autoridad y todos los cordobeses estamos interesados en resolver este asunto.
Es una respuesta de parte de la empresa responsable en donde está aceptando la responsabilidad de realizar un nuevo estudio para evaluar la presencia de dioxinas.
Pero, si eso no es suficiente, el Hospital Regional de Río Blanco, que es un hospital de tercer nivel, el 45% de su plantilla laboral proviene del Centro Médico Nacional y del Hospital General, a partir del año de 1985 en que los médicos se trasladaron para allá, acaba de terminar la semana pasada un estudio en 10 niños y en 28 adultos, estudio que concreta y demuestra una vez más que no hay relación causal probada ninguna entre el suceso de Anaversa y las posibles patologías de las que habla el diputado Huerta.
Pero no es todo, cuando estamos nosotros hablando, por voz del diputado Sánchez Leyva, de que se ha atendido oportunamente a los presuntos enfermos a causa de Anaversa, el planteamiento es diferente al que él quiere abordar.
Lo que se dice es que independientemente de que sean enfermos o no por culpa de Anaversa han sido atendidos; lo que se señala es que independientemente de la causa que haya provocado su padecimiento, tienen legítimo derecho a la salud y estamos obligados todos a ser solidarios y atenderles. Tal cosa, estimados compañeros diputados, ha ocurrido y tiene que seguir ocurriendo.
Y quiero precisar para no abusar de la paciencia de ustedes, que nos interesa profundamente avanzar en la investigación científica; que no tenemos inconveniente en que la Comisión de Ecología agote los cauces que el diputado Huerta reiteradamente ha solicitado, que estamos absolutamente de acuerdo en que se continúe adelante con el estudio de dioxinas. Lo que no podemos permitir, lo que no podemos aceptar, es que éste lamentabílisimo accidente, ocurrido en mi tierra, a mis paisanos y que créanme, mucho nos dolió, se convierta en patrimonio político.
Quiero finalizar con un anécdota. El incidente duró aproximadamente 24 horas y hubo un grupo de aproximadamente 50 personas, considerado de muy alto riesgo; los bomberos, que son voluntarios por cierto de Córdoba y los empleados de obras públicas que desde el primer momento llegaron a las tareas de rescate y a las maniobras de limpieza. De este grupo de alto riesgo que estuvo 24 horas en contacto con las sustancias, grupo de alto riesgo, repito, solamente una persona, un bombero voluntario resultó con intoxicaciones en la piel, en el primero y en el segundo año de estudio. Desde luego se le atribuían a Anaversa los padecimientos de este bombero. Hoy se sabe, por declaraciones de sus compañeros, que esa noche él había estado en la cantina y no había estado presente en Anversa. Son los argumentos que conocemos del caso. Muchas gracias.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con permiso de la Presidencia:
En principio, yo sí quisiera decir que en efecto, y nos consta, que al diputado Nemi le interesa este asunto, sobre todo desde el primer día que estuvo muy activo a la hora del conflicto, lo sabemos. Y culminó esa actividad en el Estado de Veracruz, justamente cuando él es el portador del cheque que el gobierno de Veracruz da...
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Señor Presidente, quisiera preguntar si el orador me permite una interpelación.
El Presidente:
¿Acepta el orador una interpelación?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con mucho gusto.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
¿Reconoce el diputado que su servidor, simple portador de los recursos, los entregó apenas dos horas después de recibidos al ayuntamiento de la ciudad?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Aquí está un oficio donde dice, el cheque, perdón, una fotocopia dice: "Recibido original de este cheque de manos del ciudadano Juan Antonio Nemi Dib, diputado federal, en representación de la administración estatal del ciudadano licenciado Dante Córdoba. H. Córdoba, Ver., 4 de diciembre de 1992".
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
¿Concluye el diputado que el recurso fue entregado oportunamente al ayuntamiento de la ciudad?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Así es.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
¿Lo acepta?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Sí. Sí y justamente nosotros es que seguimos pidiendo al diputado que se sume con nosotros a que se cumpla la ley, a que este recurso no fue dirigido, no está creado ni su fideicomiso y ése es hasta donde hemos discutido en la Comisión de Derechos Humanos una irregularidad que podría llevar al desafuero del edil.
Pero, yo decía, reconozco esa preocupación. Yo no dije mentiras, yo aquí dije, documentos, di lectura, los dejé en la Secretaría, de organizaciones ecologistas reconocidas por todos aquí a nivel internacional por especialistas. Si fueron mentiras, no son mías, están en los documentos.
Me preocupa esta parte del discurso que está aquí otra vez el fin político avieso. Nosotros hemos sido muy claros, no está eso, eso ya está muy atrasado, estuvo bien para la discusión que tuvimos el año pasado, pero después de un año y después de hace dos días llegar de manera conjunta discutiendo, viendo políticas estratégicas en el sector ambiental como es la Ley de Tóxicos, nos preocupan esos discursos.
Finalmente, si todo esto fuera real, lo que aquí nos dicen los diputados de la mayoría, yo quisiera nada más dar lectura a la última parte del
último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos fue entregado hace menos de un mes, y que insisto, aquí a los diputados de la mayoría les debería de preocupar que su Presidente esté pidiendo que en un mes todos cumplan la recomendación. Claro, él habló de los negligentes. Esta está considerada nada más como parcialmente cumplida, pero desde hace dos años está así, y dice al final:
"Por otra parte la Secretaría de Salud a través de su Dirección General de Salud Ambiental proporcionó información a esta Comisión Nacional respecto al estudio de impacto ambiental y de salud; asimismo, tuvo diferentes muestras de tierra para la determinación de dioxinas, mismas que fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Salud Pública y por imposibilidad de esta dependencia para realizar tales estudios se solicitó a la Chemical Wyatt para que en su laboratorio regional de los Ángeles, California, efectuara los estudios requeridos. Y los resultados fueron remitidos a la propia Secretaría de Salud. Igualmente la referida Secretaría envió a esta comisión nacional documentación relacionada con la atención otorgada por las instituciones del Sistema Nacional de Salud en el municipio de Córdoba, Veracruz, así como el resultado epidemiológico relativo al incidente."
Ninguna otra conclusión. Si no hubiera problema, yo quisiera que los diputados de la mayoría convencieran a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que este asunto no es problema...
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Señor Presidente, ¿querría preguntar al orador si acepta una interpelación?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
No. Quisiera que subiera a tribuna.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Señor Presidente, de acuerdo con el Reglamento; querría preguntar al orador si acepta una interpelación?
El Presidente:
¿El señor orador acepta una interpelación?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Ya dije que prefiero que suba a la tribuna.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Es voluntad de este diputado no volver a subir y desearía hacer una pregunta al señor orador.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
No, ya dije, pase a la tribuna. Y decíamos que convenciera a la Comisión de Derechos Humanos con todos sus argumentos, con todas sus investigaciones que las hicieran llegar ya para que no apareciera en el libro de los taches de la Comisión Nacional de Derechos Humanos este conflicto. Entonces todo está resuelto y no hay problema.
Por último, en efecto, los bomberos tienen problemas, yo no sé de la salud, cuando menos quisiera que les regresaran su equipo porque desde el accidente se han quedado sin equipo, en Córdoba, los bomberos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Nemi.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con el permiso de la Presidencia:
Es ésta mi última intervención en tribuna, lo ofrezco. El diputado Huerta señaló que estaba dispuesto a despolitizar esta discusión y que su interés era realmente la salud del pueblo de
Córdoba. Yo hubiera querido preguntarle en la interpelación que rechazó, precisamente eso, si él reconoce que la Asociación de Enfermos, no para Anaversa, como él dijo, sino de Anaversa como se llama, fue constituida, fundada y es presidida por la Señora Rosa Linda Huerta. Y si reconoce además que en este momento la señor Rosa Linda Huerta es candidata del PRD a diputada federal por Córdoba. Coincidencia que nada tiene el político y menos en momentos electorales. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Enrique Rico Arzate.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Es triste y lamentable escuchar de parte del Presidente de la Comisión de Ecología tantas aseveraciones que me dejan sorprendido con esta situación de Anaversa, una de ellas es que dice que estos accidentes ocurren, yo creo que debemos de velar porque no ocurran, porque en Anaversa, compañeras diputadas, compañeros diputados, se manejaban los materiales más peligrosos que se puedan imaginar, incluso sin hacer análisis ya existían dioxinas ahí, porque para decirle a los compañeros que subieron a la tribuna, son compuestos clorados, su manufactura química. Y con lo ocurrido en Anaversa hubo producción mayor de concentración de dioxinas, ni siquiera se necesitaba ser el análisis si existían mayor concentración o no.
Pero aquí lo más lamentable de toda esta situación es que el compañero diputado Nemi Dib, y me extraña que sea de Córdoba, no conteste a lo que le estamos preguntado. En primer lugar, está defendiendo a un presidente municipal corrupto, que él personalmente le entrega los 100 mil nuevos pesos para que forme el fideicomiso y se atienda a estas personas.
Señor Nemi Dib: ¿nos podría decir dónde se encuentra ese dinero, o si usted ya habló con el presidente municipal para conocer de esa cantidad de dinero que fue extraída de las arcas del Gobierno del Estado de Veracruz para atender las demandas de este personal enfermo?
Y, bueno, yo quisiera decirle también al compañero y paisano de Guanajuato que las cantidades permisibles en el humano de dioxinas es de nueve nanógramos por kilogramo de peso. Entonces es lamentable que a la tribuna vengan a defender a una empresa que voy a hacer la pregunta: ¿de quién es esta empresa que hasta la fecha no se le quiere castigar como lo ordena la ley?
Y más me llama la atención, y es lamentable la situación que viene a exponer aquí el Presidente de la Comisión de Ecología. Y esto lo vimos el día de ayer. Fíjense compañeras y compañeros diputados, ¿por qué se peleaba, porque se prohibiera la importación de residuos peligrosos?, por todas estas situaciones que han ocurrido en el país y que pueden ocurrir, por la no aplicación de las leyes y por el mal manejo de los procesos de las tecnologías obsoletas que existen en México.
Y fue lamentable que el día de ayer incluso en la ley, en los considerandos que se leyeron el martes por la noche, fueron elaborados por el compañero Nemi Dib. Y en el punto número ocho, él en una manera explícita, comentaba que no se puede esperar más que para solucionar el grave problema que se tiene en nuestro país por el manejo, introducción, almacenamiento, tráfico y otras acciones, de materiales y residuos peligrosos en nuestro país, trae como consecuencias graves para la salud de nuestro pueblo y del entorno natural.
Esto es a lo que nos estamos refiriendo con el caso Anaversa, que no es en particular de Anaversa, es en particular de todas y cada una de las empresas que se dedican a la fabricación de pesticidas.
Y vemos el caso de Paration en el Bajío, que maneja compuestos órganofosforoclorados. Esta es la situación a la que nos estamos refiriendo. Que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones. Y queremos que se nos conteste qué es lo que está ocurriendo con el caso Anaversa en Veracruz. ¿Es de políticos pesados en este momento en el Gobierno? ¿Qué se esconde detrás de esto de Anaversa? ¿Por qué no se llega al fondo del asunto?
Y bueno, que se nos responda si esta legislatura puede hacer una recomendación para saber dónde quedó ese dinero o ¿hay algo detrás de todo esto señor Presidente de la Comisión de Ecología?
BAJA CALIFORNIA SUR
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Portela Santana, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer una denuncia sobre arbitrariedades de la Secretaría de Pesca.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde su curul):
Antes señor Presidente, habíamos solicitado que se le siguiera dando el turno para su estudio a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. En tanto no hemos concluido este análisis.
El Presidente:
Perdón, no le escuché compañero.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde su curul):
Que habíamos solicitado que se siga en análisis, que se turne esta discusión, toda la documentación a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, para continuar con los estudios, en tanto que la comisión ya fue mandatada y no hemos realizado ningún dictamen.
El Presidente:
Que se turne como lo pide el diputado.
El diputado Francisco Portela Santana:
Buenos días, compañeros diputados:
Venimos a hacer esta denuncia por encargo expreso de nuestros electores y nuestros representados. Si ustedes no tienen representados, entonces qué están haciendo aquí.
Compañeros, un grupo de acuacultores encabezados por el señor Armando Naranjo Mariscal, se quejan de que han sido hostigados y entorpecido su trabajo de investigación, para el cultivo controlado de la almeja catarina y que a pesar de la oposición de la Secretaría de Pesca, de quienes deberían de propiciar y fomentar esta actividad, aun con toda esta resistencia, ellos han tenido éxito en su labor.
Y este éxito ha sido comprobado y documentado por dos años consecutivos. Sin embargo, no han podido disfrutar de este beneficio, de este éxito, ya que el producto de su esfuerzo y trabajo les ha sido robado de una manera descarada.
La primera cosecha de 1992-1993 de almeja catarina, impotentes observaron cómo 100 pangas, con dos personas a bordo cada una, les roban toda la producción de un año, que implican ocho toneladas de almeja catarina, con un importe comercial de 136 mil nuevos pesos.
En mayo de 1994, aun con este robo, no se desanimaron, continuaron haciendo la cosecha y una vez más les es robado su producto ante la impotencia de la esposa del señor Armando Naranjo Mariscal.
Esto que estoy diciendo consta en una denuncia que han hecho ante el ministerio público del fuero común en Santa Rosalía, Baja California.
El señor Naranjo sospecha, por la forma en que sucedieron las cosas, de que las autoridades de Pesca le tendieron un cuatro para alejarlo del campo pesquero, y cuando ellos estaban en la ciudad de La Paz, a 450 kilómetros de distancia, los días 25, 26 y 27 de mayo de 1994, dos pangas se dedicaron hasta en la noche, a extraer este producto. El total de este robo, según el señor Naranjo, es de siete toneladas de almeja catarina, con un valor comercial de 119 mil nuevos pesos.
Los señores Luis Romero Arredondo, Jorge Ernesto Medina y el señor Armando Naranjo Mariscal, han solicitado a este servidor, exponga ante ustedes, compañeros, porque ya no saben a quién quejarse, a quién pedirle ayuda; se han dirigido al señor Presidente de la República, al gobernador, a sus diputados locales, a sus diputados federales, a sus senadores, y esto ha continuado. Y en vez de recibir el apoyo de la Secretaría de Pesca, los han hostigado y han declarado ellos que les ha robado.
Y esta extorsión ha sido por parte de los simples inspectores de Pesca, hasta el delegado de Pesca de la Santa Rosalía, Baja California, y lo consta en una demanda que han realizado ellos y han pedido, han solicitado una auditoría
y ya tienen aquí un acta administrativa elaborada por la Contraloría Interna de la zona noroeste, en Guadalajara, Jalisco.
Compañeros diputados; estos mexicanos, hombres de mar que aman, han demostrado amor por México y por... y la gran preocupación por que no se termine con la riqueza en nuestros mares, ya que se han dedicado a la acuacultura para salvar esto, piden a ustedes, a través de este servidor, que les pongan atención, gestionen ante quien corresponda para que les sea prestada la ayuda que necesitan para llevar a cabo.
Por tercer año, el señor Armando Naranjo Mariscal, tiene éxito en la acuacultura de la almeja catarina. Este servidor se trasladó a ese campo pesquero, y ha comprobado que dentro del cerco que ha tenido sembrada la almeja catarina, tres millones aproximadamente de organismos, están sembrados, fuera del cerco está completamente desértico el mar.
El señor Alfonso Loera Peña, otro pescador, con gran visión hacia el futuro, con gran preocupación por la depredación que se está haciendo de nuestros mares, ha dedicado también una gran cantidad de esfuerzo y capital propio para hacer este experimento. Desgraciadamente es tanto el burocratismo y tanto el peso de la oposición, desgraciadamente, digo, él se ha vencido, lo han vencido físicamente. No tiene dinero porque lo han llevado a la quiebra, pero él también tuvo éxito en la acuacultura de la almeja catarina.
Y por mantener esta actitud viril y honesta, le ha sido robado también su producto...
La última extorsión de que fue objeto el señor Alfonso Loera Peña, consistió en el traspaso de un permiso para la captura de camarón; 10 mil nuevos pesos. Y cuando recibió este permiso, se dio cuenta que sólo le daban tres meses de vigencia y que ya estaba caduco. Mientras que equiparaba o equipaba su embarcación, se pasaron estos tres meses y este dinero se perdió una vez más y hasta la fecha no se le ha hecho justicia.
Esto motivó una gran investigación y se comprobó que la Cooperativa Pesquera "Sebastián Vizcaíno", físicamente no existía, únicamente en el papel y falso. Y esto está avalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de Finanzas del Estado de Baja California Norte, en los comentarios que estos hacen.
Según el Secretario de Hacienda de aquella entidad debe estar, dicen ellos, muy poderoso el Secretario de Pesca para por lapso de 10 años haber evadido el fisco y no haber sido requerido.
También esta investigación, con las pruebas recabadas, se presentó una demanda ante la Procuraduría General de la República el 1o. de marzo y hasta la fecha ninguna de las personas que se hace mención y responsable en esta denuncia ha sido llamada para declarar y no se ha integrado la averiguación previa.
Dejo a la Secretaría copia de todo esto que he dicho para que sea turnada a la Comisión de Gestoría y Quejas y a la Secretaría de Pesca. Y ojalá y ésta no sea otra más del rosario que ha venido a exponerse esta noche y que quede sin solución y sin justicia nada más.
Yo les pido a ustedes, compañeros, que se comuniquen, a la Comisión de Pesca también que se turne, con el señor Jiménez Morales y le pidan que por favor cumpla con su deber y atienda estas demandas. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Pesca.
Y en uso de la palabra la diputada Yolanda Robinson Manríquez, para el mismo tema.
La diputada Yolanda Robinson Manríquez:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
Voy a referirme al caso que acabamos de escuchar al compañero Portela, en lo que se refiere a mi Estado, Baja California Sur, para hacer algunas precisiones que considero de suma importancia para aclarar algunas acciones que le son imputadas a la Secretaría de Pesca que en mi entidad y fundamentalmente en la actualidad constituye uno de los puntales de la actividad económica del Estado.
He estado en diversos campos pesqueros de la entidad y he sido testigo del impulso que recibe en estos momentos la acuacultura, las acciones que se desarrollan para modernizar a la flota pesquera y las acciones que realiza el Ejecutivo del Estado con el objeto de hacer más
transparente y eficiente dicha actividad, que por nuestra ubicación geográfica representa la alternativa en la que habremos de orientarnos en el futuro.
Por ello, extraño sobre manera las expresiones de mi compañero diputado Portela, en contra de la Secretaría de Pesca, al referirse al hecho de que el señor Alfonso Loera Peña fue extorsionado para la adquisición de un permiso para la captura de camarón, cuando en realidad desde el 16 de febrero de este año el director general de Administración de Pesquería de la Sepesca, mediante oficio le informó a usted, diputado Portela, que la Secretaría de Pesca le entregó el permiso al señor Alfonso Loera, mediante carta poder a quien él mismo otorgó poder para ese propósito y nunca el de una cooperativa que usted menciona.
Como podrá usted apreciar, no existe relación alguna entre ambos permisos y las resoluciones por parte de la Secretaría de Pesca atiende en cada caso a razones diferentes, conforme a lo dispuesto en la propia Ley de Pesca.
En el caso de que el señor Loera Peña haya entregado dinero a otro particular por la tramitación de otro permiso, según él mismo lo afirmó, tiene el derecho de recurrir a las autoridades competentes para denunciar cualquier ilícito cometido en su contra.
Me referiré ahora a lo mencionado por usted en lo relativo a la denuncia de tres pescadores sobre el robo que presuntamente les fue cometido, el de almeja catarina.
Como usted mismo lo señaló, fue presentada dicha denuncia ante la autoridad competente en uno de los casos, misma que está siendo atendida por los órganos jurisdiccionales competentes. En el segundo caso no existe denuncia o querella al respecto para poder afirmar lo que usted ha señalado.
En cuanto a la afirmación de que a uno de los pescadores le fuera tendida una trampa por autoridades de Pesca, alejándolo de su campo pesquero durante un período determinado, debo informarle, señor diputado, que dicha afirmación resulta sumamente dolosa, ya que el señor Naranjo acudió a la ciudad de La Paz durante ese mismo período, a cubrir una gestión entre la Contraloría Interna de la Secretaría de Pesca que había sido promovida por él mismo.
Desde 1991 la Secretaría de Pesca ha dado un apoyo decidido al grupo de productores representados por el señor Naranjo, ello ha implicado asesoría técnica, seguimiento a sus colectas de semillas, siembra y cultivo, evaluaciones de sus volúmenes de producción, autorizaciones para cosecha y comercialización de su producto, acreditación ante instituciones financieras de su capacidad y vigencia como cultivadores de almeja catarina y también el apoyo en las gestiones correspondientes a la obtención de la concesión para la acuacultura.
Con todos estos apoyos, y como usted mismo lo ha afirmado, el señor Naranjo tiene alrededor de 3 millones de ejemplares de almeja catarina en su parcela, el cual, como otros acuacultores que desarrollan actividades acuícolas en la entidad, podrán obtener los beneficios derivados del ejercicio de esta actividad productiva.
También yo tengo documentos donde confirman lo que acabo de hablar. Gracias.
El diputado Francisco Portela Santana (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Portela, para rectificar hechos.
El diputado Francisco Portela Santana:
Les he dicho a mis compañeros que cuando llegué aquí por voluntad de Dios..., por voluntad de Dios porque mi titular se murió.
Le voy a leer a usted compañera, no lo digo yo, lo dicen los quejosos, yo únicamente como servidor de ellos estoy exponiendo ante esta máxima tribuna para que les hagan justicia.
Hay otra cosa que me he dado cuenta que..., lo he dicho a mis compañeros, sinceramente ésta es la obra de teatro más larga de mi vida y en la que más me he divertido. ¿Por qué digo esto?, porque siempre tienen una salida, aunque sea..., compréndanme, ... tonta pero la tienen.
Con relación a los permisos, dice, está dirigida por el señor Armando Naranjo Mariscal, dirigida al ingeniero José Carlos Coto Osuna, delegado federal de Pesca en Baja California Sur, el 8 de julio de 1994. "Con relación a los permisos de pesca, de fomento para la extracción de la almeja catarina en las parcelas otorgadas mediante el oficio con fecha 27 de mayo de 1994, se iniciaron los trabajos con tres embarcaciones a partir del 1o. de junio del año en curso, de acuerdo con lo establecido en el citado documento, que fue expedido a nombre de Efrén Naranjo, Armando Naranjo Rivera y Armando Naranjo Mariscal".
Y luego dice aquí: "Al respecto me permito comunicarle a usted, que de acuerdo con los resultados obtenidos en la primera jornada de trabajo que realizamos y que habiendo el recurso por razones de que me robaron los protegidos de usted, dice, y yo no lo digo, lo dicen ellos, los protegidos de usted, señor Carlos Coto Osuna. Por lo tanto nos hemos visto en la necesidad de suspender esto.
Sí, es verdad, le entregaron un permiso al señor Alfonso Loera Peña; en las investigaciones que se realizaron queda perfectamente claro, hasta para un servidor, que no es un investigador, está claro de que ésta fue una artimaña que utilizó la Secretaría de Pesca para poder confundir a las personas a través de un, ¿cómo dijo que se llamaba?, un poder, un poder de los que se venden en las librerías y que no está firmado como recibido por la persona y éste entra en el juego, la Cooperativa de Pesqueros Mexicanos cuya residencia está aquí en México.
Se lo mandaron a esta persona, esta persona lo mandó a Ensenada a esta cooperativa pirata y después se lo mandan al señor Alfonso Loera Peña con estas características. Cuando nos dimos cuenta de que no era el mismo permiso, sin embargo la Secretaría de Pesca estaba diciendo que este permiso que le está otorgando al señor Alfonso Loera Peña, era por el cual estaba pagando la cantidad, nada más que les falló al haberse puesto de acuerdo y ésta fue la causa por la cual nos dimos cuenta de que no era el mismo permiso y que esta cooperativa es fantasma, todavía es fantasma. Entonces sí es verdad que mandaron dos permisos, uno que no sirve y el otro que tenía tres meses de vigencia, y por eso son 10 millones de pesos que hasta la fecha esos 10 millones de pesos andan volando y nuestro compañero Alfonso Loera Peña sigue esperando que le hagamos justicia, señores.
Ahora sí me gustaría que viniera otra vez la dama a refutar esto.
El Presidente:
Se turna a las comisiones de Gestoría y Quejas y Pesca.
Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo del grupo parlamentario del PRD...
Tiene entonces el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar del grupo parlamentario del PRD...
Se ruega a la Secretaría siga con el orden del día.
ORDEN DEL DÍA
El secretario José Raúl Hernández Ávila:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Tercer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
15 de julio de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la Cámara de Senadores
Intervenciones a nombre de las fracciones parlamentarias que integran la Cámara de Diputados.
Comisiones de cortesía.
Declaratoria de clausura de labores de la Cámara de Diputados del segundo período de sesiones ordinarias del tercer año de la LV Legislatura.
El Presidente (a las 01.45 horas):
Se levanta la sesión y se cita para hoy viernes 15 de julio a las 11.00 horas a sesión de Cámara de Diputados, rogando a los diputados su presencia y a las 15.00 horas a sesión de Congreso General.
APENDICE
APÉNDICE 1
Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos solicitado la palabra para proponer un punto de acuerdo, una iniciativa de acción política en el terreno de las facultades de la Cámara de Diputados y de funciones que son irrenunciables.
Se ha dicho una y muchas veces con toda razón y comprobación plena que el pueblo mexicano no olvida su pasado, que el pueblo mexicano tiene memoria histórica, que vuelve los ojos a ese pasado sin detener y paralizar su marcha por más aciago que haya sido, para cobrar nuevas fuerzas y hacer de su razón victoriosa o derrotada temporalmente impulso y fuente de energías para seguir forjando su destino. Y ese camino, recobrar derechos y recuperar lo que le pertenece.
México y su pueblo no olvidan sus islas, las islas del Archipiélago del norte que le fueron arrebatadas y hoy ocupadas por los Estados Unidos.
La Cámara de Diputados, en definitiva, honor y conciencia del pueblo por sus mejores hombres y sus acciones y momentos fundamentales, no olvida tampoco.
Ha insistido una y otra vez en muchas de sus legislaturas en torno a las islas del Archipiélago del norte.
Y desde la LI Legislatura pasando por la LII, la LIII, la LIV y hoy la LV han conocido intervenciones, propuestas e iniciativas. Cierto, no han sido dictaminadas, pero habrán de serlo. La espera de la respuesta sigue, vendrá un día. ¡Que no sea cuando no haya nada que hacer!
Hoy tratamos de insistir. Porque hay razón. Porque hay causa justificada. Porque es tiempo aún.
Hoy nos referiremos como antecedentes de las propuestas que presentaremos a la consideración de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, intervención de diputados de las legislaturas mencionadas, pero no queremos omitir el afán patriótico de un diputado compañero de la nuestra que ha sido uno de los primeros mexicanos en reclamar el derecho mexicano sobre esta parte de su territorio. Me refiero a Jesús González Gortázar.
En la sesión plenaria de la Cámara de Diputados del 28 de diciembre de 1981 de la LI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el que habla planteó el problema de las islas del Archipiélago del norte. En esa ocasión mencionamos los principales antecedentes de esta cuestión que tiene un gran interés nacional.
Hicimos referencia a una voz muy autorizada, la del destacado periodista Mario Gil, muerto en 1971.
Mario Gil nos dice en su obra "Nuestros buenos vecinos":
"Las nueve islas del llamado Archipiélago del Pacífico, fueron descubiertas por un español e incorporadas a la Corona de España. Esta, al reconocer la independencia de México, transmitió a nuestro país la soberanía sobre las islas".
Al firmarse los tratados de Guadalupe - Hidalgo, no se concluyó a dichas islas. Los Estados Unidos han reconocido que sólo el "territorio" que está explícitamente considerado en los tratados, puede ser objeto de ellos, esto es, dice Mario Gil, no hay absolutamente nada que pueda poner en deuda el auténtico derecho de México sobre las islas, sin ningún título sobre ellas. Sin embargo, los Estados Unidos las han ocupado, las administran e inclusive están inscritas en el Registro Público de la Propiedad en las ciudades californianas. En algunos casos han sido ya objeto de operaciones de traslado de dominio.
Las nueve islas, Santa Rosa, Santa Cruz, San Nicolás, Santa Bárbara, Farallones, Anacapa, Santa Catalina, San Clemente y San Miguel, siguen siendo en su mayor parte por su nombre y por su espíritu, mexicanas.
Durante el censo realizado por los Estados Unidos en 1940, los habitantes de algunas de esas islas se opusieron a ser registrados en el padrón de aquel país, sosteniendo su nacionalidad mexicana, con legítima razón y usando su acerada ironía el gran periodista y revolucionario que fue Mario Gil, que cumplirá dentro de poco, 10 años de fallecido decía:
"En todas las anexiones del territorio mexicano habidas desde 1853, los Estados Unidos siguieron dos caminos: la compra o la guerra. En el caso del Chamizal, en aquella ocasión se aseguró que era un fenómeno de la naturaleza pero se decía que resultado de un amontonamiento premeditado de desperdicio en la margen izquierda, hizo que el río se desviara hacia el sur, y en el de las islas, un involuntario impulso de cleptomanía, no se han ofrecido todavía argumentos aceptables. Se trata simplemente de manifestaciones típicas del glorioso espíritu de anexión que evidentemente existe en la dinastía de la Casa Blanca".
En esa ocasión nos remitimos también a otros antecedentes. Los repetimos ahora:
Los trabajos presentados a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por don Esteban Cházari, su discurso en el ingreso a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, donde se dan muchos elementos respecto al problema y se reivindicaba el carácter mexicano de las islas. Podemos citar también el dictamen de la propia Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística sobre la proposición de Cházari, el 27 de junio de ese año, que en las siguientes conclusiones se establecía:
"Primera. Se resuelve en sentido afirmativo la moción propuesta a la sociedad por el señor don Esteban Cházari y concebida en estos términos: el Archipiélago del norte, situado frente a las costas de California, es mexicano.
Segunda. Diríjase atenta comunicación al supremo Gobierno participándole que a juicio de la sociedad se han transgredido los límites del territorio nacional con la ocupación del archipiélago verificada por los Estados Unidos de América y acompañándoles copia del presente dictamen."
También testimonio del ingeniero naval don Miguel Rebolledo y otros antecedentes históricos que en se caso sería ocioso repetir.
Queremos, sin embargo, hacer mención que en 1970 se reavivó el problema de la legitimidad del derecho de México sobre las islas del Archipiélago del norte y del reportaje del periodista de Excélsior, Carlos Apicue, enviado especial, que recorrió el Archipiélago del norte, publicando en el diario mencionado el 20 de marzo de 1970, entresacamos los siguiente:
"Las islas que se encuentran frente al litoral californiano se hallan ocupadas por el ejército estadounidense y por pescadores, agricultores y ganaderos de ese país. Excélsior recorrió hoy las islas de San Clemente, San Nicolás, San Anacapa, Santa Cruz, San Juan, Santa Bárbara, Santa Rosa, y San Miguel, sólo dos están deshabitadas, Anacapa y San Juan, debido a su inaccesibilidad y topografía, pero en ellas hay estaciones de radar del Gobierno de los Estados Unidos. En San Clemente y San Nicolás hay modernas instalaciones del ejército estadounidense, aeropuertos para jets, muelles para buques de alto calcado, cuarteles, torres de radar, casas y cuarteles y bases para cohetes teledirigidos se observan desde el aire. Sobre la propiedad de las islas nada dicen las autoridades, nada saben, sólo se limitaron a decir que son reservaciones militares."
El 31 de marzo de 1970, el mismo diario Excélsior publicaba declaraciones de destacados mexicanos. El secretario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, profesor José Antonio Murillo Reveles, dijo que México tiene el derecho moral y la obligación de reclamarlas; el senador de San Luis Potosí, Juan José González Bustamante, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, manifestó que no existe ningún convenio, tratado o documento que le conceda a Estados Unidos posesión legal de las islas situadas frente al litoral californiano; el ingeniero Jorge L. Tamayo, autor de la Geografía General de México, editada en 1962 por el Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, dijo que el Tratado de Guadalupe - Hidalgo, no establece ninguna cesión de las islas a los Estados Unidos.
En mi intervención del 28 de diciembre de 1981 presenté a consideración de la Cámara de Diputados las siguientes propuestas:
"1a. La realización, a cargo de una comisión designada ex profeso, de las investigaciones necesarias acerca de la situación que guardan las islas del Archipiélago del norte, Santa Rosa, Santa Cruz, San Nicolás, Santa Bárbara, Farallones, Anacapa, Santa Catalina, San Clemente y San Miguel, y el esclarecimiento de cómo pasaron estas islas, cuya pertenencia a México la comprueban plena e indudablemente todos los antecedentes históricos, a ser dominio de los Estados Unidos, nunca reconocido por nuestro país.
2a. El acopio de los elementos existentes que comprueben que México no ha renunciado jamás a la propiedad de estas islas ni reconocido en ningún momento el despojo de esta parte de su territorio, a fin de comprobar la vigencia del derecho de la nación mexicana a interponer los recursos debidos, en el momento y la ocasión que juzgue convenientes, en el caso de las islas integrantes del llamado Archipiélago del norte, y hacer valer este derecho.
3a. Publicar un folleto de amplia difusión pública los resultados de esta investigación, y en el que se recopilen las indagaciones históricas y la opinión de los mexicanos que en distintas épocas han lanzado su voz sobre el problema del despojo de las islas del Pacífico por parte de Estados Unidos, para conocimiento del pueblo de México y de sus generaciones futuras."
Le agradeceré, compañero Presidente, marque el trámite correspondiente a estas proposiciones e inicie su curso a la brevedad posible. Muchas gracias.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 28 de diciembre de 1981. - Diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores.
El diputado Jesús Lazcano Ochoa, en nombre del grupo parlamentario de México, hizo una amplia intervención ante el pleno de la Cámara el 13 de septiembre de 1984, en la LII Legislatura sobre el problema de las islas del Archipiélago del norte, su historia, el proceso que posteriormente presentó, las propuestas que debían aprobarse para encararlo.
Consideramos de gran interés, muy valiosas, lo señalado por el diputado Lazcano en esa ocasión:
Solicitamos al compañero Presidente: citamos las partes y el punto de acuerdo contenidas en esta intervención:
Se trata del Archipiélago del norte, situado frente al litoral de la Alta California, que en 1848 nos hurtó el Gobierno de Estados Unidos.
Este archipiélago está integrado por 10 islas que son: la Isla Santa Rosa, que dista de la costa poco más de siete leguas. Es una de las más extensas; posee tierras fértiles y produce madera. En 1841, cuando aún estaba protegida por nuestra soberanía, el gobernador del Estado de California, don Juan Bautista Alvarado la concesionó provisionalmente a los señores Carlos Antonio y José Antonio Carrillo; posteriormente, los presidentes Santa Anna, Alvarez y Comonfort, en 1857, cancelaron la concesión del gobernador mexicano de Alta California, sin encontrar objeción por parte de Estados Unidos. Esta isla es ahora centro ganadero, pesquero y de turismo.
Isla Santa Cruz situada a 20 millas de la costa. Con extensos valles, sierras montuosas, ensenadas y arroyos de agua dulce permanente. Fue concesionada a Andrés Bastilleros en 1839, en los mismos términos que la de Santa Rosa, y nulificada por los mismos decretos de Santa Anna, Alvarez y Comonfort. Es centro pesquero, ganadero y de turismo.
Isla Santa Catalina situada a 25 millas fuera del mar de san Pedro. Es uno de los más lujosos balnearios de los Estados Unidos. Cuenta con hoteles magníficos y residencias, comunicada por líneas de vapores y aviones con San Diego y los Ángeles. Importante industria pesquera tiene asiento en ella, y su superficie es aproximadamente de 200 millas cuadradas. Se encontraba en poder del capitalista estadounidense William Wrigley, por venta del Gobierno del Estado de California, quien dice haberla obtenido del Gobierno de los Estados Unidos.
Isla Santa Bárbara que se encuentra en poder del Gobierno de los Estados Unidos.
Isla de San Nicolás en condiciones iguales a Santa Bárbara. Es base estratégica yanqui.
Isla de San Clemente situada a 34 millas mar afuera. Muy extensa y cuenta con tierras propias para la agricultura y maderas. El Gobierno estadounidense la fraccionó en lotes que vendió a particulares para su explotación agrícola. Es base estratégica de los Estados Unidos; es centro pesquero, ganadero y de turismo.
Isla de Anacapa es base naval estadounidense.
Isla de San Juan es base naval estadounidense.
Isla de San Miguel es centro ganadero, pesquero y de turismo.
Estas nueve islas del Archipiélago del norte están anotadas en las cartas de navegación yanqui como "área restringida" y todas bajo el control militar de la armada estadounidense.
"Veamos ahora algunos antecedentes jurídicos", decía el diputado Lazcano:
Una de las tesis fundamentales sostenidas para la reivindicación de los derechos de México, es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824 que en su Título Segundo, Sección Única, artículo 5o., dice "Las partes de esta Federación son los estados y territorios siguientes: el Estado de Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Texas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oaxaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de Tamaulipas, el de Veracruz, el de Jalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas; el territorio de Alta California, el de Baja California, el de Colima y el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala.
Cuando Estados Unidos estableció relaciones con la República mexicana en 1825, siendo presidente el general Guadalupe Victoria, estaba vigente esta Constitución de 1824, por lo que reconoció Estados Unidos; la soberanía de México sobre Alta California, que comprendía al continente y las islas adyacentes, que fueron descubiertas en el siglo XVI por el marino Juan Francisco Rodríguez Cabrillo, el cual murió en 1543 en la isla de San Miguel, habiendo tomado posesión de las 10 islas en nombre de la Corona de España; antes en 1540, el mismo Cabrillo exploró el territorio continental de Alta California y tomó posesión de él en nombre de España.
A partir de 1768, con la fundación del puerto de San Blas, Nayarit, como base de las expediciones de la Nueva España por el Pacífico, se iniciaron las exploraciones navales que llevan a los mexicanos a descubrir hasta Alaska, posteriormente fijan con Inglaterra los límites de la Nueva España o América Septentrional a la altura del Vancouver, Canadá. Que son los territorios de los estados de Oregon y Washington, que nunca jamás México los cedió a Estados Unidos.
Hemos relatado que tanto las islas como las tierras continentales desde el extremo de la Baja California, hasta la raya con Canadá, eran en 1848 tierras mexicanas. Para mayor abundancia, bajo la soberanía mexicana las tierras e islas que hemos citado se encontraban, al ser reconocida la independencia de México por el Gobierno español mediante el tratado firmado el 28 de diciembre de 1836, por México el señor don Miguel de Santa María y por España por el señor don José de Calatrava, esas islas y todo el litoral del Pacífico, al cual nos hemos referido, quedaron de pleno derecho, en posesión y bajo la soberanía mexicana, formando parte de su territorio, cual se desprende del texto del artículo 1o, del tratado que dice así: "S. M: la reina gobernadora de las Españas, a nombre de su augusta hija Isabel II reconoce como nación libre, soberana e independiente, la República mexicana, compuesta de los estados y países especificados en su ley constitucional a saber:
El territorio comprendido en el virreinato llamado antes Nueva España; el que se decía Capitanía General de Yucatán el de las comandancias llamadas antes Provincias Internas de Oriente y de Occidente, y los terrenos anexos e islas adyacentes de que en ambos mares está actualmente en posesión la expresada República. Y su majestad renuncia tanto por sí como por sus herederos y sus sucesores a toda pretensión al Gobierno, propiedad y derecho territorial de dichos estados y países."
Y como es sabido, las provincias internas de Occidente se extendían hasta lo que es hoy el Estado de California de los Estados Unidos de América y los terrenos anexos son los estados de Oregon y Washington, y las islas adyacentes, son el Archipiélago del norte incluida la isla de Farallones.
Al acaecer el desmembramiento doloroso del territorio mexicano como resultado de la injusta guerra de invasión de 1847, fueron fijados por el Tratado de Guadalupe - Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, firmado por México los señores Bernardo Couto, Miguel Arístai y Luis G. Cuevas y por Estados Unidos el señor Nicolás Philip Trist, los nuevos límites septentrionales de nuestra República.
Del texto de dicho tratado se desprende notoriamente que sólo se hizo cesión del territorio continental, no del insular, ya que el referido tratado fija concretamente y en forma precisa
como línea divisoria territorial ríos y líneas terrestres precisas, mas no habla de territorios o territorios insulares, como está especificado en el reconocimiento de la Corona española a la República mexicana, ni fueron fijados los límites basándose en paralelos y meridianos, no se habla de la prolongación de paralelos sobre la superficie marina. En tal concepto, los derechos de México sobre las 10 islas de que tratamos, no fueron inválidos por el Tratado de Guadalupe - Hidalgo, y los Estados Unidos de América no pueden alegar jurisdicción territorial sobre 10 islas, ya que éstas se encuentran fuera de la zona, en el tiempo de la firma de los injustos de Guadalupe Hidalgo, considera por el derecho internacional como de aguas territoriales.
Tampoco podrá ser invocado el derecho de conquista, puesto que al respecto es precepto estatuido en derecho internacional que "no todo el territorio conquistado pertenece al conquistador, sino solamente a la parte que se le asigne por estipulaciones tratados debidamente legalizados".
Se hizo el reconocimiento tácito que de los derechos de México sobre el Archipiélago del norte por los Estados Unidos, en dos ocasiones: a) El acatamiento y aceptación sin discusión de los decretos de los presidentes Santa Anna, Juan Alvarez e Ignacio Comonfort, en relación a las concesiones de esas islas, expedidos en los años de 1854 y 1857, apenas seis y nueve años después de firmado el Tratado de Guadalupe - Hidalgo y que por lo reciente, las autoridades yanquis lo conocían muy bien y por lo mismo eran de soberanía estadounidense, y b) El reconocimiento de la invalidez de la titulación de la Isla de Santa Cecilia, al tratar el señor Arigley señor, quien se ostentaba entonces como propietario de trasladar sus derechos en 1936, véase bien, en 1936, a 88 años del Tratado de Guadalupe - Hidalgo, Estados Unidos se consideraba soberano de las islas del Archipiélago del norte, a pesar de exhibir documentos que acreditaban la compra de la isla de Santa Catalina al Gobierno del Estado de California de los Estados Unidos, pues los documentos fueron rechazados exigiéndole la comprobación de haberla adquirido legalmente de su legítimo dueño: México.
Hay que hacer hincapié, que en 1894, a 1846 años de la firma del Tratado de Guadalupe - Hidalgo, y 52 antes de los 100 años, que según algunos maestros de derecho internacional son suficientes para que un Estado se adjudique que la soberanía sobre territorio ocupado pacíficamente, habían sucedido varios actos que reconocían la soberanía mexicana:
1) Que en 1854 y 1857, México, después de la firma del Tratado de Guadalupe - Hidalgo, ejerció su soberanía con el reconocimiento tácito de los Estados Unidos, 2) Que en 1936 los Estados Unidos no reconocieron su soberanía sobre la isla Santa Catalina, integrante del Archipiélago del norte; 3) Que en 1894, una conciencia nacionalista, el geógrafo mexicano don Esteban Cházari publicó un extenso estudio sobre el Archipiélago del norte y la soberanía mexicana sobre él; la importancia del alegato de Cházari obligó a la benemérita sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a publicar ese trabajo de don Esteban Cházari, y nombró una comisión dictaminadora que investigara los antecedentes del Archipiélago del norte, integrada por don Ángel Domínguez y don Trinidad Santos, que ampliaron los alegatos de Cházari; 4) Que existe confesión de parte de los Estados Unidos: el mensaje del presidente de los Estados Unidos, el señor Polk, al Congreso de su país en 1848, en el que no hizo referencia alguna al Archipiélago del Norte, ya sea con este nombre o con el de Archipiélago de las Santas, con el que algunas veces se le designo o con el nombre individual de alguna de sus islas, o con alguna referencia que diera a entender que se trataba de este archipiélago.
El presidente Polk al describir la Alta California, prevé el futuro de sus litorales mediante el tráfico comercial del océano Pacífico; señala los nuevos límites con México sin hacer mención del Archipiélago del norte, ya sea con este nombre o con algún otro: 5) Que el artículo 10 del Tratado de Guadalupe - Hidalgo pudo dar lugar a varias interpretaciones para argumentar inicialmente que también las islas de California eran parte de la tierra conquistada, al indicar que las concesiones de derechos serían respetadas por el Gobierno de los Estados Unidos, pero es sabido que este artículo fue suprimido después por el Gobierno de los Estados Unidos; 6) Que a seis años después al vender Santa Anna el territorio de la Mesilla, hoy Arizona, los límites con Estados Unidos se modificaron, pero en lo que respecta a la costa californiana quedaron exactamente como el artículo 5o. del Tratado de Guadalupe - Hidalgo: las islas no quedaron comprendidas en parte
alguna de los acuerdos firmados; 7) Y que de remache, señoras diputadas y señores diputados: a los israelitas, después de estar reclamando su hogar nacional, en distintos foros y no por su Gobierno, porque además carecían de él se les reconoció después de más de 2 mil años la soberanía sobre una parte del territorio que hoy ocupan, no así sobre lo que han invadido militarmente a costa de sus vecinos. Podríamos preguntar si, ¿México no tiene derecho, con menos de 2 mil años de reclamaciones, al Archipiélago del norte?
Porfirio Díaz, en su informe al Congreso en 1895, dijo que sobre las islas se había llegado a un acuerdo con Estados Unidos, pero no sabemos cuál, y se inició un nuevo debate periodístico; una parte , apoyado en el proyecto para un Código Internacional, redacto por David Dudley Field, sostenía que nuestro país no tendría ya derecho a reclamar el archipiélago.
Se entiende que esta posición tenía dos fases, una, la de presionar al Gobierno mexicano para que hiciera la reclamación al Gobierno de los Estados Unidos, antes de perder, supuestamente, nuestro derecho de soberanía y dos, se reconocía el derecho irrestricto de conquista, posición errónea, como lo demostramos ya.
El señor Isidro Rojas, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, sostuvo que la opinión de Dudley no se ajusta a la realidad de cómo se ejerce la soberanía. Con apoyo en los argumentos universalmente haya admitidos de Carranza - Arami, hizo del al país al Gobierno y al pueblo mexicano, que los derechos de soberanía no prescriben jamás. El archipiélago es de México y sólo de México.
La proposición de Cházari, el dictamen de Domínguez y Santos más el alegato jurídico de Rojas, son hasta hoy, las fuentes más valiosas para conocer el origen y desarrollo de los agravios de que nos han hecho los Estados Unidos de América.
En forma oficial ninguno de los gobiernos mexicanos, desde 1944 a la fecha, ha asumido una actitud abierta y segura respecto a la soberanía de las islas. Extraoficialmente México ha insistido en medio de una cortina de silencio oficial.
En sólo dos ocasiones se ha asumido una firme posición oficial; la primera ocurrió en marzo de 1970, cuando en un estudio del Departamento de Turismo, realizado por instrucciones de Agustín Salvat, bajo la dirección de Bertha Taracena para poner un relieve el gran potencial turístico del archipiélago, en materia de pesca deportiva y como centro de veraneo, se puso en claro que México "en ninguna ocasión cedió de facto la posesión de las islas".
En otra ocasión el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Antonio Carrillo Flores, afirmó que México no cedería sus derechos sobre el archipiélago, aunque reconoció que no se había instaurado ninguna demanda formal sobre la posesión y dijo que no se hacía del conocimiento público, porque el presidente Díaz Ordaz lo consideraba en "extremo delicado", y con este mismo argumento se abstuvo de dar a conocer al pueblo mexicano del dictamen de la "Comisión Camacho", y en forma extraoficial México anunció a Washington que, "no mantendría ninguna posición al respecto".
Helen Lane, oficial del México Desk del Departamento de Estado, aseveró por su parte que: "Hasta donde sabemos, poco es probable la posibilidad de entablar negociaciones bilaterales a este respecto, sobre todo porque México no define sus determinaciones".
En esa ocasión, Mark Feldman, jefe de asesores del Departamento de Estado, aseguró que Estados Unidos se atiene a la posesión de las islas bajo el término legal internacional de Adverse posesión, esto es "traspaso automático" de determinada posesión en favor de quien ocupa tal propiedad sin reclamo expreso de la parte contraria.
Este argumento queda nulificado por la cláusula del Tratado Gasden que legalizó la venta de La Mesilla por Santa Anna, según el cual Estados Unidos cedería a México la posesión en un período de 100 años y señores diputados, ya llevan más de 100 años de poseer indebidamente las islas.
En 1973, siendo presidente el licenciado Echeverría, el secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa, y el secretario de Estado, Henry Kissinger, tuvieron una reunión para discutir los problemas más importantes ente ambos países para "fortalecer la relación bilateral". Uno de los temas vitales que presentó Rabasa fue la cuestión del Archipiélago del norte. Sin embargo, el asunto no fue tratado. Se dijo que Rabasa "había incluido el tema de las islas, pero que a la hora de las discusiones, inexplicablemente no fue tocado". Y que
quedarían sujetas con buenas posibilidades de éxito al dictamen del Tribunal Internacional de La Haya, quien en 1970, insinuó que México tiene el derecho suficiente para reclamar la posesión del archipiélago.
Por otro lado, el departamento del Interior del gobierno estadounidense redactó en 1976, un documento en que expresa su "preocupación porque el Gobierno de México emprenda una reclamación con fundamento en bases legales, que pudiera llevarle a recuperar la posesión de las ocho islas". Hasta aquí el Departamento del Interior diciendo que son ocho islas, pero ya demostramos que son 10. El 4 de abril de 1983, Excélsior anunció que "obtuvo una extensa prueba documental sobre la validez de las reclamaciones mexicanas".
Después de hacer referencias a la intervención del diputado Jesús Lazcano, reproducimos los puntos principales que al final de la misma integraron los puntos solicitados por el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México:
El grupo parlamentario del partido Socialista Unificado de México pide que esta cámara y para el conocimiento de los señores diputados, sean solicitados a la Secretaría de Relaciones Exteriores los siguientes documentos:
1) El acuerdo a que, según Porfirio Díaz, se llegó en 1895;
2) El resultado de la Comisión Camacho, sepultado por el presidente Alemán;
3) Las investigaciones hechas por el licenciado Antonio Carrillo Flores, secretario de Relaciones Exteriores del presidente Díaz Ordaz, por las cuales le llevó a manifestar públicamente que México no cedería los derechos del archipiélago;
4) Los motivos por los cuales el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Emilio O. Rabasa, en su reunión para fortalecer la relación bilateral tenida con Kissinger en 1973, incluyó el caso del Archipiélago del norte;
5) Solicitar a Excélsior los documentos que en abril del pasado año dijo tener sobre la validez de nuestros derechos;
6) El informe que en abril del pasado año solicitó el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Bernardo Sepúlveda Amor, a la Comisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Límites y Aguas Internacionales sobre el Archipiélago del Norte, como resultado del debate periodístico a que nos referimos, y
7) Que la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie ante el Gobierno y Senado de los Estados Unidos sobre el Tratado Sobre Aguas y Límites que suscribió por México el licenciado Santiago Roel, secretario de Relaciones Exteriores el 4 de mayo de 1978 y ratificado por el Senado mexicano aún no ratificado y firmado por el Senado estadounidense, para que no este vigente, para retirarlo para su nuevo estudio ya que deja la zona marítima del Archipiélago del norte bajo la soberanía de nuestros vecinos del norte.
El diputado Luis Gambino Heredia, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, abordó el problema de las islas del Archipiélago del norte de la sesión plenaria de la Cámara de Diputados de la LIII Legislatura, el 6 de octubre de 1988. Decía Gambino Heredia;
"La prensa nacional e internacional ha publicado en primeras planas que Ronald Reagan, Presidente de los Estados Unidos de América, a través de los altos funcionarios del Pentágono, declaro al diario Miami Herald, la posibilidad de solicitarle al gobierno mexicano el arrendamiento de una isla en la que pretenden asentar una base militar en el pacífico, para detener y contrarrestar la influencia soviética en Centroamérica.
Los funcionarios norteamericanos olvida que los Estados Unidos son dueños de varias islas que pertenecen a nuestra nación, nadie los recuerda, sólo la historia.
Aún se olvida ofensa por la cual los norteamericanos nos despojaron de las islas de San Miguel, Santa Rosa, Santa Cruz, Anacapa, Santa Bárbara, Los Farallones, San Nicolás, Santa Catalina y San Clemente, todas ubicadas frente a la Alta California.
Las informaciones de Miami Herald indican que de recibir una respuesta positiva de México, se facilitaría las tareas para restablecer o establecer aviones caza - submarinos frente a la costa oeste de América Latina, abarcando una extensión que iría desde nuestro país hasta Ecuador, con el objetivo de reducir las posesiones soviéticas en la región.
Tanto la administración Reagan como el Gobierno mexicano, no pueden ni deben olvidar la siguiente historia. El Archipiélago del norte, frente a la costa alta de California, comprende la mayor parte de las islas mencionadas, mismas que fueron descubiertas por Juan Rodríguez
Cabrillo en el año de 1542, pasando a poder de España el derecho sobre las mismas, gracias a los tratados de Madrid que reconoció la soberanía e independencia del pueblo mexicano para mejorar y gobernar las islas.
El 2 de febrero de 1848, un año después de la conflagración bélica con el vecino país del norte, al afirmarse el tratado de amistad, paz y límites con Estados Unidos, se fijó con toda precisión del territorio insular y se previno que la línea divisoria sería religiosamente respetada sin que pudiera hacerse ningún cambio, salvo la autorización de México.
Fieles a su tradición histórica, los gobernantes de Estados Unidos no respetaron los acuerdos y despojaron a nuestro país de las islas señaladas, así como más de la mitad de nuestro territorio nacional.
El 30 de diciembre de 1853, al confirmarse la venta de La Mesilla a los Estados Unidos, tampoco se mencionaron las islas. Más adelante, en 1849, Esteban Cházari en su discurso de recepción como miembro de la Sociedad Mexicana y Geografía y Estadística, presentó un trabajo en el que pretendía demostrar que estas islas no habían sido traspasadas a los estadounidenses o a raíz del tratado de 1848; porque en la descripción de nuestra frontera referida, en el documento, se determina al llegar al litoral del Océano Pacífico. En otras palabras, las islas fueron ocupadas; no obstante están fuera de las aguas territoriales de los Estados Unidos.
Cuando Esteban Cházari mostró su estudio que demostraba la propiedad mexicana del Archipiélago del norte, los rechazos de funcionarios estadounidenses no se hicieron esperar. Declararon a los cuatro vientos que las islas eran de ellos.
Ante ese panorama, las inconformidades mexicanas continuaron hasta los últimos años del siglo XIX, fue hasta 1905 cuando Porfirio Díaz visitó parte de las islas y encontró que algunas de ellas ya estaban registradas en propiedad de California. El dictador mexicano, comisionó al general Amado Aguirre para efectuar un análisis de la situación jurídica de las islas.
El movimiento revolucionario impidió que el informe fuera dado a conocer de manera expedita. Pasado lo tupido de la Revolución, Amado Aguirre concluyó su estudio sobre la ocupación ilegal norteamericana a los territorios insulares.
La investigación de Amado Aguirre quedó en el olvido. Tuvieron que transcurrir más de 20 años, hasta 1944, para que la iniciativa de Adolfo Moreno y Raymundo Azueta, en ese entonces primer mandatario Manuel Ávila Camacho, formara un comité para la integración de las islas a la soberanía de México.
Para tal objetivo se formó la Comisión Jurídica, Geografía e Histórica, encargada de estudiar el conflicto del Archipiélago del norte, la cual fue organizada en el año de 1947 por el presidente Miguel Alemán.
No conforme con esta comisión, Amado Aguirre, en el ocaso de su vida entregó su añejo estudio a la prensa nacional, con el fin de dar a conocer el atropello que cometieron los Estados Unidos, al despojar ilegalmente de sus islas a nuestra nación.
El dictamen de la Comisión Jurídica fue entregado a Miguel Alemán en 1948, pero de manera misteriosa éste nunca divulgó su contenido que fue considerado confidencial porque era un presidente proyanqui.
Los impulsores de la iniciativa no se dieron por vencidos, durante más de una década efectuaron gestiones ante las autoridades, incluyendo la instancia en 1947 ante la Suprema Corte de Justicia. En 1963, formaron la Coalición Nacional Defensora de la Soberanía Territorial, pero sus gestiones nunca fructificaron. El estudio de la comisión no fue dado a conocer a la opinión pública.
Ante las presiones de mexicanos inconformes con el despojo que realizaron los Estados Unidos, en 1970 Antonio Carrillo Flores, entonces secretario de Relaciones Exteriores, enfatizó que las islas del Archipiélago del norte eran mexicanas, porque no han sido cedidas en ningún tratado. Dicha declaración se basaba en el estudio realizado en 1948. A pesar de ello, los funcionarios de Washington ignoraron toda demanda referente a las islas.
Inconformes con la actitud de Estados Unidos en 1972 un grupo de chicanos izaron la bandera nacional en la isla Santa Catalina, trataron en esta forma de reafirmar la soberanía mexicana en esa zona.
"Primero. Se integre una comisión de diputados que analice con profundidad el caso expuesto, sobre la pretensión del Gobierno norteamericano de instalar bases militares dentro de nuestro territorio nacional.
Segundo. Que se solicite al Presidente de la República, remita a esta Cámara de Diputados los estudios que realizó Esteban Cházarin, en los que demuestra que el Archipiélago del norte es propiedad mexicana.
Tercero. Que se remita el informe que entregó el general Amado Aguirre al general Alvaro Obregón, relacionado a las islas mencionadas del archipiélago del norte, así como el dictamen que le fue entregado a Miguel Alemán por la comisión Jurídica, Geográfica e Histórica, encargada de estudiar el conflicto del citado archipiélago del norte.
Cuatro. Se solicite al Presidente de la suprema corte de Justicia de la Nación, remita a esta Cámara de Diputados copia de la instancia que presentó en el año de 1957 la Comisión Jurídica, Geográfica e Histórica, sobre el mismo caso, así como la resolución que haya dictado al respecto.
Una vez que esa documentación obre el seno de esta Cámara, se nombra una comisión que la estudie con patriotismo y con base en el informe de ese estudio, se pida y exija al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se inicien las negociaciones y a la vez, se presente la reclamación ante la corte internacional para la devolución de las islas de San Miguel, Santa Rosa, Santa Cruz, Santa Bárbara, Los Farallones, San Nicolás, Santa Catarina y San Clemente, a México."
Firma los diputados federales del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: Luis Gambino Heredia, Patricio Estévez, Alberto Bernal González, José Ruiz Gómez, Marco Antonio Castellanos, Héctor Beltrán Enríquez y Ernesto Jiménez Mendoza.
En la sesión de Cámara del 17 de mayo de 1990, el mismo diputado Luis Gambino Heredia presentó una solicitud de excitativa a fin de que se dictaminara sobre las propuestas del grupo parlamentario del PARM acerca de las islas del Archipiélago del norte, dado que se mantenían archivadas sin ningún trámite, sin dictamen.
El 19 de junio de 1990, el diputado Vicente Coca Alvarez, del PARM presentó una segunda solicitud de excitativa sobre este mismo asunto, "para que, a la brevedad posible se presente ante el pleno de dicha comisión el dictamen correspondiente a las islas del Archipiélago del norte, asunto que fuese turnado a esa comisión desde el 4 de octubre de 1988 y que a la fecha carece de dictamen, no obstante los estudios encomendados al diputado Liborio Pérez Elurriaga iniciados a partir de enero de 1989".
El 19 de septiembre de este mismo año, el diputado Coca Alvarez dio a conocer en el pleno de la Cámara el dictamen que la subcomisión nombrada había elaborado. Cito las palabras del diputado Coca Alvarez:
"En este mes de la patria, sin hacer alarde patriotero o chauvinista, con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: daré a conocer a ustedes el dictamen que la subcomisión encargada de la investigación de la nacional de las islas del Archipiélago del norte, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ha dictaminado al respecto.
Independientemente de que es un asunto que conocerá el pleno de la Cámara de Diputados, por su extraordinaria importancia daré a ustedes lectura del documento materia del dictamen.
El día 6 de octubre de 1988, el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presentó al pleno de esta Cámara de Diputados una propuesta para integrar una subcomisión que analizará la situación de las islas: Santa Rosa, Santa Cruz, Santa Catarina, Anacapa, Santa Bárbara, San Clemente, San Miguel, San Nicolás y los Farallones, que en 1848 convertían el Archipiélago del norte en territorio nacional.
Dicha propuesta fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores la cual determinó formar una subcomisión de estudio, integrada con 11 diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, quienes como primera parte de sus trabajos obtuvieron de diferentes archivos copias de los antecedentes históricos, tratados internacionales, notas diplomáticas, planos y documentos legales, entre otros para su análisis.
Desde la integración de la citada subcomisión hasta la fecha, se han realizado indagaciones
en varios aspectos históricos y jurídicos, incluyendo consultas con especialistas en diversas materias tanto de nuestra cancillería, como de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México.
Con la recopilación y estudio de los documentos obtenidos y después de ponderar la opinión de los especialistas en la materia, los integrantes de a subcomisión dejaron asentado que en sus trabajos les guió el más alto espíritu patriótico y una gran responsabilidad ante las generaciones venideras.
Que la historia enseña que el territorio de nuestro país fue objeto de las ambiciones de dominio de otras naciones poderosas del mundo que lo mundo que lo invadieron en diversas ocasiones; empero, México, igual que otras naciones en vías de desarrollo, al fincar su presencia en el concierto de las demás naciones del orbe, en los principios fundamentales señalados en el derecho internacional y la doctrina y el pensamiento nacionalista de nuestra política exterior puede y debe insistir en gestiones reivindicadoras de las posesiones territoriales insulares que fueron injusta y artificiosamente sustraídas de la soberanía nacional, que no se debe perder de vista que la nación juzgará con energía si nuestros actos no velan por los más altos intereses nacionales de hoy y del mañana y del posible cambio de las consideraciones del derecho internacional, su legislación y aplicaciones podrían ser más promisorias y favorables, en vista de lo cual propusieron fincar los postulados de las acciones posteriores.
Los trabajos de la subcomisión fueron hechos del conocimiento de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, quienes consideraron la importancia y la trascendencia del asunto sometido a su consideración, y en tal virtud, la mayoría de sus integrantes decidieron proponer, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Recomendar al Poder Ejecutivo Federal, que realice las acciones diplomáticas respecto a las islas que conforman el Archipiélago del norte, sujetas a los lineamientos de nuestra política internacional que sirvan de sustento para acciones futuras.
Segundo. Que el Ejecutivo Federal gestione información de casos similares acontecidos entre otras naciones, y que hubieren sido motivo de litigio ante la Corte Internacional de La Haya.
Tercero. Recomendar al Ejecutivo Federal, que por conducto de la Secretaría de Estado correspondiente, se rigen instrucciones al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, para que en la cartografía e inventario de islas, cayos y arrecifes nacionales, queden incluidas como parte integrante del territorio nacional, las islas Santa Rosa, Santa Cruz, Santa Catalina, Anacapa, Santa Bárbara, San Clemente, San Miguel, San Nicolás y Los Farallones del Archipiélago del norte.
Cuarto. Recomendar que se fomente la conciencia ciudadana en este sentido, haciendo especial mención en los libros de texto de historia nacional.
Quinto. En virtud de que corresponde al Senado de la República conocer el tema de asuntos internacionales, turne la Presidencia de esta Cámara, se refiere a la Cámara de Diputados, este documento para la atención que proceda, a la colegisladora.
Cámara de Diputados, a 13 de julio de 1990.- Firmado por los diputados federales: Liborio Pérez Elorriaga, del Partido Revolucionario Institucional; Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Jesús Luján Gutiérrez, del Partido Popular Socialista; Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática; Osiris Samuel Cantú Ramírez, del Grupo Independiente; José Enrique Rojas Bernal, del Grupo Independiente; por la subcomisión, el diputado federal Vicente Luis Coca Alvarez, además del diputado José Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y la diputada María Elena Chapa Hernández, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Es cuanto, señor Presidente.
Por todo lo anteriormente dicho, presento ante esta Cámara de Diputados las siguientes propuestas:
"Primero., Que se recojan e integren en el dictamen que deban elaborarse los puntos de acuerdo con las propuestas que fueron presentadas en las legislaturas LI, LII, LIII, LIV y LV de la Cámara de Diputados de la Unión.
Segundo. La realización, a cargo de una comisión designada ex profeso, las investigaciones necesarias acerca de la situación que guardan las islas del Archipiélago del norte Santa Rosa, Santa Cruz, San Nicolás, Santa Bárbara, Farallones, Anacapa, Santa Catalina, San Clemente y San Miguel, y el esclarecimiento de cómo pasaron estas islas, cuya pertenencia a México la comprueban plena e indudablemente todos los antecedentes históricos, a ser dominio de los Estados Unidos, nunca reconocido por nuestro país.
Tercero. El acopio de los elementos extensiones que comprueben que México no ha renunciado jamás a la propiedad de estas islas ni reconocido en ningún momento el despojo de esta parte de su territorio, a fin de comprobar la vigencia del derecho de la nación mexicana a interponer los recursos debidos, en el momento y la ocasión que juzguen convenientes, en el caso de las islas integrantes del llamado Archipiélago del norte, y hacer valer este derecho.
Cuarto. Publicar en un folleto de amplia difusión los resultados de esta investigación u en el que se recopilen las indagaciones históricas y la opinión de los mexicanos que en distintas épocas han alzado su voz sobre el problema del despojo de las islas del Pacífico por parte de Estados Unidos, para conocimiento del pueblo mexicano y de sus generaciones futuras".
Compañeras y compañeros diputados:
La razón histórica y el derecho están de parte del pueblo mexicano. En el caso de las islas mexicanas del Archipiélago del norte podrá pasar todo para su recuperación o no, para su recuperación, un día, ha llegado la hora de hacer algo; no posponer más las iniciativas que correspondan. Lo peor que podría ocurrir es no reclamar el derecho a las islas, perder ese derecho por no reclamarlo de una u otra manera debemos mantenerlo vivo, hacerse sentir. Es decir una cuestión de soberanía.
La respuesta espera. Llegará. La Cámara de Diputados de la LV Legislatura cumplirá un deber patriótico irrenunciable que la honrará dando el primer paso de turnar a comisiones las propuestas presentadas y demandando sean dictaminadas positivamente. Si el tiempo ahora no le permite que sean los diputados por venir quienes lo haga.
Gracias, muchas gracias por su atención.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados.- México Distrito Federal, a 14 de julio de 1994.- Diputado Manuel Terrazas Guerrero.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Anaversa Agricultura Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima
BC Baja California
Cedeso (Sin aclaración)
Cenam Centro Nacional de Metrología
CEOIC (Sin aclaración)
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
D. F. Distrito Federal
DIF Desarrollo Integral de la Familia
DPCA (Sin aclaración)
EZLN o EX Ejército Zapatista de Liberación Nacional
GATT Acuerdo General de Aranceles y Comercio (por sus siglas en inglés)
IFE Instituto Federal Electoral
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
IRC Insuficiencia renal crónica
kg Kilogramo
ONU Organización de las Naciones Unidas
OMS Organización Mundial de la Salud
OPAL (Sin aclaración)
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Procampo Programa de Apoyos Directos al Producto
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad
S.A. Sociedad Anónima
Secofi Secretaría de Comercio y fomento Industrial
Secogef Secretaría de la Contraloría General de la Federación
Sedue Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SNC Sociedad Nacional de Crédito
TLC Tratado de Libre Comercio
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México