DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Primer Año de EjercicioSUMARIO
DEPARTAMENTO DEL DISTRlTO FEDERAL Invitación al acto cívico conmemorativo del LXXXII aniversario luctuoso del licenciado José María Pino Suárez. Se designa comisión.
Comunicación con la que informa de actividades propias del Poder Judicial de la Federación. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la solicitud del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para que la Comisión Permanente convoque a un periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión. Se turna a la Primera Comision.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nombró a los ciudadanos: Jonathan Davis Arzac; Tomás José Ruiz González y Martín Máximo Werner Wainfeld, empleados superiores de esa institución, para los efectos de la fracción Vll del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Tercera comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos mexicanos, nombró al ciudadano Miguel Pedro Angel Marín y Bosch, cónsul general de México en Barcelona, España. Se turna a la Segunda Comisión.
Oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las hojas de servicios de los ciudadanos mexicanos: Ricardo Maldonado Baca, Enrique Tomás Salgado Cordero, José Gómez Salazar, Manuel Avila Pérez, Luis Pineda Orozco, Spencer Benjamín Calderón González, Porfirio Adolfo Negrón Mendoza y Felipe Bonilla Espinobarros, para los efectos de la fracción Vll del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Virgilio Garza González, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Monterrey, Nuevo León. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Arturo de Jesús Morán Bravo, pueda aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Guatemala en Monterrey, Nuevo León. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Julio Bonifaz Rodríguez, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de prirnera lectura.
Dictamen de la Primera Comision, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gerardo Núnez Niño, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Oliver Albert Farrés Martins, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de esa República. Sin discusión se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. Protesta de ley.
Seis dictamenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo con los que se ratifican los grados militares de los ciudadanos: Felipe Velázquez Avilés, José de Jesús Marte Camarena Zepeda, José Santiago Valdés Alvarez, Salomón Camez Vizcarra, Francisco Altamirano Trejo y Eduardo Ramón Cano Barberena. Se aprueban y se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco José Cruz y González, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comision, con proyecto de decreto que concede el permiso constjtucional necesario para que el ciudadano Jesús Mario Chacón Carrillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere ese Reino. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Guadalupe Barrera Flores, pueda
aceptar y usar la condecoración que le confiere ese Reino. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Claude Hellar Rouassant, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Porfirio Augusto Esparza Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República.
Se aprueba este dictamen y los anteriormente presentados. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
PERlODO DE SESlONES EXTRAORDINARlAS (II) Para expresar sus opiniones respecto a la solicitud del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para convocar a un periodo de sesiones extraordinarias, hacen uso de la palabra los legisladores: Ricardo García Cervantes, quien presenta dos proposiciones que son turnadas a la Primera Comisión y a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Heberto Castillo Martínez José Narro Céspedes Melquiades Morales Flores Salvador Pablo Martínez Della Rocca Francisco José Peniche y Bolio Angel Sergio Guerrero Mier Leonel Godoy Rangel Juan de Dios Castro Lozano Leonel Godoy Rangel Salvador Martínez Della Rocca Juan de Dios Castro Lozano José Guadarrama Márquez Jesús Ortega Martínez Juan de Dios Castro Lozano Jesús Ortega Martínez Irma Serrano Castro
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Señor Presidente, hay una asistencia de 28 representantes, por lo tanto, hay quorum.
El Presidente (a las 11:18 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Primer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
15 de febrero de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXXII aniversario luctuoso del licenciado José María Pino Suárez, tendrá lugar el 22 de febrero a las 10:00 horas.
Comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California Sur, Guerrero, Puebla y San Luis Potosí.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la solicitud del Presidente de la República, para que se convoque a un periodo de sesiones extraordinarias.
Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró a los ciudadanos Jonathan Davis Arzac, tesorero de la Federación; Tomás José Ruiz González, procurador fiscal de la Federación y Martín Máximo Werner Wainfeld, director general de Crédito Público, empleados superiores de Hacienda, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Miguel Pedro Angel Marín y Bosch, cónsul general de México en Barcelona, España.
Ocho, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Ricardo Maldonado Baca, Enrique Tomás Salgado Cordero José Gómez Salazar, Manuel Avila Pérez, Luis Pineda Orozco, Spencer Benjamín Calderón González, Porfirio Adolfo Negrón Mendoza y Felipe Bonilla Espinobarros, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Virgilio Garza González, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en Monterrey, Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Arturo de Jesús Morán Bravo, para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Guatemala, en Monterrey, Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Julio Bonifaz Rodríguez, para prestar servicios como operador de computadoras en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gerardo Núñez Niño, para prestar servicios como facturista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Oliver Albert Farres Martins, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Colombia.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano José Luis Reyna Pérez, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Seis, de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Felipe Velázquez Avilés, José de J. Marte Camarena Zepeda, José Santiago Valdez Alvarez, Salomón Camez Vizcarra, Francisco Altamirano Trejo y Eduardo Ramón Cano Barberena.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco José Cruz y González, para aceptar y usar la condecoración de la orden del libertador San Martín, que le confiere el Gobierno de la República Argentina.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Mario Chacón Carrillo, para aceptar y usar la condecoración de la orden de Leopoldo II, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Reino de Bélgica.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Guadalupe Barrera Flores, para aceptar y usar la condecoración de la orden de Leopoldo, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Claude Hellar Rouassant, para aceptar y usar la condecoración de la orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto que concede permiso al ciudadano Porfirio Augusto Esparza Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración ce la orden al mérito de la República Italiana, en grado de vicealmirante, que le confiere el Gobierno de Italia.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles ocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con veinte minutos del miércoles ocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de veintiocho legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo sexagésimo cuarto aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña. Se designa comisión.
Se da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Jalisco, Puebla y Yucatán, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
También se da lectura a una comunicación de las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de la de Hacienda de la Cámara de Senadores, con información respecto a las negociaciones internacionales que en materia económica realiza el Gobierno mexicano. Se turna a la Tercera Comisión.
Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, nombró a los ciudadanos:
Walterio Astié Burgos, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino de Dinamarca;
Oliver Albert Farres Martins, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Colombia;
José Luis Reyna Pérez, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República Federativa del Brasil, y
Eusebio Antonio Cuitláhuac de Icaza González, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Suiza.
Se turnan a la Segunda Comisión.
Otro oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Efraín Antonio Orta García, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Primera Comisión.
Tres oficios de la misma Secretaría, con los que remite las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Cinco dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Francisco José Cruz y González, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Argentina;
Jesús Mario Chacón Carrillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Reino de Bélgica;
José Guadalupe Barrera Flores, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Reino de Bélgica;
Claude Hellar Rouassant, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala, y
Porfirio Augusto Esparza Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Italia.
Son de primera lectura.
Se da lectura a un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República Argentina.
Sin discusión se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
El Presidente informa que en el salón de recepción se encuentra el ciudadano Carlos Alberto de Icaza González y designa una comisión que lo introduzca en el salón de Legisladores de la República y lo acompañe en el acto de rendir la protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al embajador de México hasta las puertas del recinto.
Se somete a discusión un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Ezequiel Padilla Couttolenc, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, económica y se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
El Presidente informa que en el salón de recepción se encuentra el ciudadano Ezequiel Padilla Couttolenc y designa una comisión que lo introduzca y acompañe en el acto de rendir la protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al embajador de México hasta las puertas del recinto.
Se da cuenta con un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Teodoro Maus y Reisbaum, como cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. En votación económica se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
De la misma manera que los anteriores, el Presidente designa una comisión de legisladores que introduzcan al ciudadano Maus y Reisbaum y lo acompañen en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al cónsul general de México hasta las puertas del recinto.
Cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Héctor Manuel Tello García, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto;
Benito Andión Sancho, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto;
Guiselle Rodríguez Sánchez, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la India en México. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto, y
Miguel Angel Rodríguez Corona, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en Mexico. No habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal de este dictamen y los anteriormente reservados, misma que resulta aprobatoria por treinta y dos votos. Se turnan al Poder Ejecutivo federal para los efectos constitucionales.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a un punto de acuerdo, firmado por los representantes de los cuatro grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente, relativo a la agresión que sufrió el senador Heberto Castillo Martínez.
Para comentar la comunicación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, enviada a través de las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de la de Hacienda de la Cámara de Senadores, el Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores: Raúl Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática, quien insiste en la comparecencia del titular de Hacienda ante las comisiones respectivas; Jorge Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, quien insiste en la necesidad de un periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión y la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público; María del Rosario Guerra Díaz, del Partido Revolucionario Institucional; Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, quien insiste en que se convoque a un periodo de sesiones extraordinarias y JoséNarro Céspedes, del Partido del Trabajo.
El Presidente informa que en el transcurso de la sesión, la Segunda Comisión entregó un dictamen con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Walterio Astié Burgos, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino de Dinamarca, la Secretaría le da lectura y sin discusión se aprueba en votación económica y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Astié Burgos y designa una comisión que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al embajador de México hasta las puertas del salón.
Para expresar sus opiniones respecto del proceso electoral en el Estado de Jalisco, hacen uso de la palabra los legisladores: Martín Hernández Balderas, del Partido Acción Nacional; Irma Serrano Castro, del Partido de la Revolución Democrática; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Mario Rosales Anaya, del Partido Revolucionario Institucional y Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
Pasan a la tribuna, para expresar sus opiniones respecto de los últimos acontecimientos en el Estado de Chiapas, los legisladores Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Irma
Serrano Castro, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interrupción de la senadora Chapa Hernández; Sami David David, del Partido Revolucionario Institucional e Irma Serrano Castro, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cuarenta y tres minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que están por la negativa, sírvance manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
«Diputado Humberto Roque Villanueva, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXXII aniversario luctuoso del licenciado José María Pino Suárez, que tendrá lugar en la Rotonda de los Hombres Ilustres del panteón civil de Dolores, delegación Miguel Hidalgo, el día 22 de febrero a las 10:00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva dar al presente y le reitero con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dirección General, Eduardo Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de la honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa al diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Presidencia.- México.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes, rogándoles se sirvan hacerlo del conocimiento de esa Comisión Permanente, que el día de hoy se instaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el tribunal pleno tuvo a bien designarme presidente de este alto cuerpo colegiado y se inauguró el primer periodo de sesiones correspondiente al presente año.
Reitero a ustedes la seguridades de mi especial consideración.
México, Distrito Federal, a 1o. de febrero de 1995.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación, JoséVicente Aguinaco Alemán.»
De enterado.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Estado de Baja California Sur.
Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
Por este conducto la VII Legislatura al Congreso del Estado, les comunica que en sesión pública solemne celebrada el 3l de diciembre de 1994, fue designada la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo de sesiones, ordinarias del tercer año de ejercicio Constitucional, comprendido del 15 de Marzo al 15 de junio de 1995, habiéndose integrado de la siguiente manera:
Presidente, Marco Antonio Núñez Rosas; vicepresidente, Ramón Barreno Arballo; secretario, Cirilo Verduzco Castro y prosecretario, Juan Antonio Ceseña Urias.
Lo que hacemos de su conocimiento, para los efectos legales que procedan, reiterándoles nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
La Paz, Baja California Sur, a 2 de enero de 1995.- El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, Daniel Gallo Rodríguez.»
De enterado.
ESTADO DE GUERRERO
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
«Escudo Nacional.- Guerrero.- LIV Legislatura.
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
Para los efectos procedentes, me permito comunicar a usted, que previas las formalidades de ley, la LIV Legislatura, en sesión ordinaria del día 10 del mes y año en curso, tuvo a bien elegir a los diputados: Héctor Antonio Astudillo Flores y Rafael Rodríguez del Olmo, como presidente y vicepresidente que habrán de integrar la mesa directiva que fungirán del día 15 de enero al 14 de febrero del presente año, dentro del primer período de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chilpancingo, Guerrero, a 11 de enero de 1995 - El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, Emilio I. Ortiz Uribe.»
De enterado.
ESTADO DE PUEBLA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado.- Puebla.
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 y 52 de la Ley Orgánica y Reglamentaria del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar que el LII
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en junta preparatoria celebrada con esta fecha, se declaró legítimamente constituido para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinario de sesiones a que fue convocado por su Comisión Permanente; para estudiar, discutir y aprobar la minuta proyecto de decreto enviada por el Congreso de la Unión, que adiciona, reforma y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se eligió a los ciudadanos diputados que formarán la mesa directiva, quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente, Francisco Javier Arrubarrena García; vicepresidente, María del Rocío García Olmedo; secretarios, Ramón Meza Báez y Miguel Guerra Castillo; prosecretarios, Raúl Godos Langle y Edilberto Castillo Castillo.
Lo que hacemos del conocimiento por disposición de esta legislatura para los efectos corrrespondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, enero 3 de 1995.- Diputados secretarios: Ramón Meza Báez y Edilberto Castillo Castillo.»
De enterado.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado Libre y Soberano.- San Luis Potosí.
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos comunicar a usted que con fecha 15 de enero del presente año, la LIV Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, clausuró su Primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de su ejercicio. Habiendo quedado integrada e instalada su diputación permanente que fungirá del 15 de enero al 31 de marzo de este año, de la siguiente manera:
Presidente, Rafael Turrubiartes Macías; vicepresidente, Alvaro Elías Loredo; secretario, Joel Ramírez Díaz y prosecretarios, Alejandro Díaz Infante Ibarra y Rubén Martínez Gaytán.
Reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 15 de enero de 1995.- Diputado Joel Ramírez Díaz, secretario de la Diputación Permanente.»
De enterado.
PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con el presente remito a ustedes la solicitud que con fundamento en el artículo 89, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formula el Presidente de la República a esa Comisión Permanente para que acuerde convocar al honorable Congreso de la Unión a un periodo de sesiones extraordinarias, a celebrarse a la brevedad posible, con el fin de que conozca de los asuntos siguientes:
a) Análisis de la situación de Chiapas y discusión sobre propuestas de posibles soluciones al conflicto en esa entidad, y
b) Iniciativa presidencial de una ley de amnistía.
Considera deben incluirse en la convocatoria respectiva para coadyuvar a la solución del conflicto en el Estado de Chiapas, sin perjuicio de los que esa comisión estime conveniente agregar.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los efectos de la fracción IV del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de febrero de 1995.- El director general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión:
El problema que más ha preocupado a los mexicanos desde enero de 1994 es el de la amenaza a la paz social en Chiapas.
El conflicto en ese Estado ha representado un riesgo constante para la tranquilidad pública, la paz y la justicia. Ha significado el deterioro agudo de las condiciones económicas y sociales de la población chiapaneca, sobre todo de la población indígena. Miles de familias no han podido ser atendidas por los servicios de salud; miles de niños han dejado de ir a la escuela y decenas de miles de personas han sido desplazadas de sus comunidades.
Desde que era candidato a la presidencia de la República expresé mi firme compromiso de atender en sus raíces la inconformidad. Esas raíces son la pobreza, la ausencia de oportunidades, la injusticia, la falta de democracia. Siempre he pensado que la solución a este conflicto debe darse por la vía del respeto a la ley, por los cauces políticos y a través de la conciliación.
Desde antes de asumir la presidencia de la República estuve consciente de que los llamados al diálogo y la negociación enfrentarían una fuerte reticencia de parte del EZLN. Así lo auguraba el resultado de los intentos realizados durante los meses previos.
El día 1o. de enero del año pasado, estalló la violencia en algunos poblados de Chiapas; el día 10 de enero se nombró un representante gubernamental para buscar la paz; el día 12 de enero el Gobierno Federal declaró unilateralmente el cese al fuego; el 16 de enero el Gobierno Federal promovió ante el Congreso de la Unión una ley de amnistía; fue aprobada por todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y fue promulgada el 27 de enero. El 19 de enero el Gobierno Federal permitió el establecimiento de zonas francas, diferenciando con claridad y con el acuerdo del EZLN, las áreas en las que éste mantenía sus actividades y franjas territoriales en las que se aceptaría el libre tránsito sólo de civiles y ayuda humanitaria.
A partir del 20 de febrero y por espacio de 10 días, se llevaron a cabo conversaciones directas entre un representante del Gobierno Federal y el EZLN.
En el curso de las platicas la representación del Gobierno Federal recibió y dio respuestas positivas a la inmensa mayoría de los más de 30 puntos presentados por el EZLN. El EZLN acordó llevar a consulta con sus bases la respuesta del Gobierno Federal. Aun antes de esa respuesta, el Gobierno Federal comenzó a aplicar los puntos de la respuesta que atendía a rezagos sociales en las zonas del Estado a las que había libre acceso. El 11 de junio, el EZLN hizo público que sus bases habían rechazado los acuerdos de paz propuestos por el Gobierno Federal, sin que nunca la opinión pública conociera los tiempos y procedimientos en que se celebró dicha consulta.
El 16 de junio renunció el representante del Gobierno Federal y a los siete días se nombró un nuevo representante, con instrucciones precisas de reabrir el diálogo. El nuevo representante gubernamental intentó hasta en 12 ocasiones diferentes establecer contacto con el EZLN, para reiniciar las negociaciones directamente. El EZLN, nunca aceptó dialogar con el nuevo representante del Gobierno Federal.
Ante esa historia de intentos fracasados, decidí emprender, incluso antes del 1o. de diciembre de 1994, una negociación directa con el EZLN.
Como candidato a la presidencia, candidato triunfante, como presidente electo y desde el acto mismo en que prestéla protesta constitucional como Presidente de la República, he señalado que el diálogo y la reconciliación son indispensables para llegar a la paz y la concordia que todo México demanda. El diálogo y la negociación son el único camino para logar acuerdos que den plena satisfacción a quienes tienen reclamos e inconformidades justas y, a la vez, respeten los derechos de quienes cumplan con la ley.
Lamentablemente, a la reiterada disposición al diálogo se respondió con aplazamientos, amenazas de ruptura al cese al fuego y hasta acciones deliberadas de violencia y propaganda en municipios distintos a los de zona franca convenida a principios de 1994.
Sin renunciar al propósito de una solución pacífica, pero atendiendo al cumplimiento de mi responsabilidad constitucional de velar por la seguridad de los mexicanos, ordenéde inmediato la intervención de la Procuraduría General de la República y la movilización del Ejércio nacional hacia distintos puntos del Estado de Chiapas. La tensión fue superada al restituirse las condiciones en que se había declarado el cese unilateral al fuego.
Las indispensables acciones de seguridad no frenaron la acción política del Gobierno en la atención al conflicto.
La acción política comprendió la propuesta, formulada al 14 de diciembre, de establecer una comisión para el diálogo integrada pluralmente por miembros del honorable Congreso de la Unión. Fue muy alentador que a pocos días se haya respondido a esta iniciativa, mejorándola y ampliándola. En el seno del Congreso de la Unión, se creó la Comisión de Diálogo y Conciliación con una integración plural, paritaria y republicana. Por su origen, naturaleza y mandato, la comisión constituye una instancia legítima de representación política de la sociedad, para coadyuvar en el proceso de paz y ha probado una honda sensibilidad y capacidad política para contribuir a alcanzar una solución definitiva.
Asimismo, designé al Secretario de Gobernación como representante del Ejecutivo Federal en el proceso de negociación y dispuse el reconocimiento de la instancia de mediación, y dispuse el reconocimiento de la instancia de mediación propuesta por el EZLN: la Conai.
El 15 de enero, el Secretario de Gobernación logró un primer encuentro con dirigentes del EZLN en los términos, lugar y forma dictada por el EZLN. Durante los días subsecuentes, el Secretario de Gobernación siguió insistiendo a través de la Conai en un nuevo encuentro con la dirigencia del EZLN, que no se aceptó.
Todavía el pasado 5 de febrero, al conmemorarse la promulgación de la Constitución de 1917, desde Querétaro, hice un nuevo exhorto al EZLN a decidirse abierta, expresa y resueltamente por la vía política para reivindicar sus demandas. Convoquéa todos quienes guardan vínculos organizativos y políticos a que hicieran a un lado sus intereses particulares para actuar consecuentemente con los intereses supremos de la unidad y la concordia nacionales.
Lejos de encontrar un a disposición clara y expresa para el diálogo y lejos de corresponder con hechos a una voluntad de negociación claramente acreditada, la semana pasada se descubrió que mientras el Gobierno de la República insistía en establecer cauces para el diálogo, el EZLN venía preparando nuevos actos de violencia no sólo en Chiapas, sino en otros lugares de la República. No se puede soslayar la intención de un acopio continuado de armas y de la extensión de actividades constitutivas de ilícitos.
A fin de proteger a la población, evitar mayores quebrantos a la ley y nuevos hechos de violencia por parte del EZLN, el Gobierno debió asumir de inmediato su deber constitucional de velar por la seguridad de los mexicanos y preservar la paz social. El Gobierno no puede ni debe permanecer indiferente ante violaciones a la Constitución que en este caso implicaban una amenaza contra la población y el orden público.
Consecuentemente, y atendiendo a mi responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, di instrucciones precisas a la Procuraduría General de la República para que fuesen integradas las averiguaciones previas y se consignase ante la autoridad competente a los presuntos responsables.
En uso de las facultades que me confiere la fracción VI del artículo 89 constitucional, dispuse que elementos del Ejército mexicano apoyaran a la Procuraduría General de la República en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, y que efectuasen patrullajes en distintos puntos del Estado de Chiapas para prevenir actos de violencia.
En menos de 72 horas, la PGR y el Ejército mexicano restablecieron pacíficamente su presencia en la zona del Estado de Chiapas en la que durante 14 meses estuvo ausente la autoridad federal.
La PGR y el Ejército mexicano han completado su ubicación en los poblados de esa zona de Chiapas que son indispensables para el restablecimiento del estado de derecho.
Así, el día de ayer di órdenes precisas a la PGR y al Ejército mexicano para que no se realice ninguna acción que pueda provocar enfrentamientos. El Ejército mexicano no emprenderá ninguna acción ofensiva; se limitará a patrullajes para prevenir actos de violencia. La PGR está informando periódica y oportunamente acerca de las tareas que realiza.
La PGR y el Ejército Mexicano han procedido con estricto apego a la ley y cuidando de proteger los derechos humanos de la población civil y las comunidades indígenas en Chiapas. La aplicación de la ley contra quienes amenazan la seguridad de la población no es autoritarismo ni endurecimiento político. Es estrictamente el cumplimiento del deber constitucional.
He solicitado a la propia Comisión de Diálogo y Conciliación, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que verifiquen que en Chiapas la presencia de las autoridades de procuración de justicia ha sido pacífica y respetuosa de la población. Ambas comisiones, recibirán todas las facilidades a fin de que puedan corroborar que no han existido enfrentamientos ni hechos de guerra, ni se ha atentado contra los derechos humanos.
Asimismo, ambas comisiones podrán cerciorarse de que las acciones completadas por la PGR y el Ejército mexicano constituyen el primer paso para restablecer la ley, iniciar la atención a los rezagos sociales y avanzar a un nuevo orden político en Chiapas.
Estas acciones no significan de ninguna manera que el Gobierno Federal haya preferido optar por la violencia para resolver el conflicto en Chiapas, ni que renuncie a su responsabilidad de atender las legítimas causas de inconformidad social en ese Estado. Se trata de diferenciar con claridad las conductas que tienen su origen en rezagos y justas demandas sociales, de conductas presuntamente delictivas.
El Gobierno de la República ha ratificado su convicción de que la solución definitiva debe darse por la vía del respeto a la ley, por los cauces políticos y mediante la conciliación. Para lograrlo se requieren el diálogo y la negociación.
El Gobierno de la República tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Pero el Gobierno de la República también tiene el deber de alentar la solución pacífica y política del conflicto.
En el marco de la nueva corresponsabilidad que se está forjando entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al informar a la opinión pública sobre las decisiones que el Ejecutivo a mi cargo debió adoptar el pasado 9 de febrero, expreséla conveniencia de convocar al honorable Congreso de la Unión a un período de sesiones extraordinarias. En dicho periodo extraordinarias se informaría con todo detalle de los hechos, se solicitaría que el Poder Legislativo coadyuve a determinar las mejores vías para asegurar una solución definitiva al conflicto y se examine y, en su caso, apruebe, una nueva ley de amnistía. Es en este contexto, que se inscribe la presente solicitud.
Es importante ratificar la convicción del Gobierno de que la solución al conflicto en Chiapas es por la vía del diálogo y la negociación. Una solución duradera y justa, con una paz digna para todos, sólo puede alcanzarse por dicha vía y no por el camino de la violencia y el uso de la fuerza. En buena medida, esa solución duradera depende de que en Chiapas no haya vencedores ni derrotados.
Las tareas para satisfacer la legítimas demandas relativas a la pobreza, la ausencia de oportunidades y la injusticia en el Estado de Chiapas, deben emprenderse sin más demora. Para ello es necesario el esfuerzo conjunto del Gobierno Federal, del gobierno del Estado, así como de la sociedad chiapaneca sin exclusión alguna.
Las decisiones adoptadas de ningún modo son para regresar al estado de cosas que dio origen a la inconformidad social que fomentó la violencia. En Chiapas no debemos permitir el retorno a conductas de prepotencia, revanchismo y abuso, que lastimaron las condiciones de vida de hombres y mujeres y que ofendieron especialmente la dignidad de los indígenas.
En Chiapas debemos construir condiciones para superar la marginación de las comunidades indígenas y campesinas; para renovar la vida política, fortaleceindo la democracia; para respetar e impulsar las formas de organización propias de los indígenas en el marco de la Constitución; para restaurar el estado de derecho y avanzar a un desarrollo con equidad.
La construcción de esas condiciones requieren de la política en el marco legal y de la observancia de la ley en el ejercicio de la política.
Están abiertas las vías para que toda persona, todo líder, toda organización, participen en la construcción de un nuevo orden democrático en Chiapas.
Están abiertos los cauces para que todos contribuyamos en el esfuerzo para atender las demandas sociales de salud, nutrición, educación, vivienda y empleo, así como las reivindicaciones agrarias, los derechos humanos y la procuración de justicia.
Por eso, deben abrirse las vías políticas que son las de la participación libre, crítica y plural. La única condición que exige la democracia a todos por igual es la observancia de la ley.
De ahí la pertinencia de reflexionar sobre la necesaria participación de todos quienes ante los rezagos acumulados y la inconformidad por diversos motivos, optaron por la violencia como extremo de su desesperación. De todos ellos requiere hoy el Estado de Chiapas para emprender un nuevo esfuerzo de unidad para la paz, de unidad para la democracia, de unidad para la justicia.
En ese sentido, el Ejecutivo a mi cargo considera que mucho ayudará el decretar amnistía a la que podrán acogerse los miembros del EZLN a condición de que por la vía política se construyan acuerdos que garanticen una solución definitiva. Dicha amnistía beneficiaría a todos quienes decidan optar por la política, depongan las armas, y acepten expresamente incorporarse a los cauces pacíficos respetando la Constitución y las leyes.
La amnistía citada contribuirá a la reconciliación y la unidad de la sociedad chiapaneca y facilitará la suma de voluntades para resolver los agravios que se encuentran en el origen de conflicto.
Por lo anteriormente expuesto, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera conveniente promover la realización de un periodo de sesiones extraordinarias del honorable Congreso de la Unión, con el fin de que conozca de los asuntos siguientes:
a) Análisis de la situación en Chiapas y discusión sobre propuestas de posibles soluciones al conflicto en esa entidad, y
b) Iniciativa presidencial de una ley de amnistía.
De convocarse al periodo extraordinario, el Ejecutivo Federal presentará por escrito un informe sobre los principales acontecimientos en Chiapas, desde el inicio del conflicto a la fecha; un informe de las actividades de la Procuraduría General de la República y del Ejército nacional en dicha entidad durante los últimos días; un informe acerca de los proyectos y programas sociales del Ejecutivo Federal a ser realizados en el corto y mediano plazo en Chiapas, y la iniciativa de ley mencionada.
Los anteriores asuntos son los que el Ejecutivo a mi cargo considera deben incluirse en la convocatoria respectiva para coadyuvar a la solución del conflicto en el Estado de Chiapas, sin perjuicio de los que esa comisión estime conveniente agregar.
Por todo lo anterior, y con fundamento en los artículos 67, 79, fracción IV y 89 fracción XI, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esa Comisión Permanente se sirva convocar al honorable Congreso de la Unión a un periodo de sesiones extraordinarias, a celebrarse a la brevedad posible, para que conozca de los asuntos a que se refiere la presente solicitud.
Reitero a ustedes, secretarios, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, ciudad de México, a los 14 días del mes de febrero de 1995 - El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
Se turna a la Primera Comisión.
El Presidente:
Diputado, yo le rogaría que en este momento se está turnando exclusivamente el documento, cuando iniciemos la discusión...
Perdón, ¿no lo ha turnado la Secretaría?
Dígame, senador.
El senador Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Tengo entendido que la facultad es suya, señor Presidente, no de la Secretaría; salvo que estéyo en un error.
El Presidente:
Lo hemos hecho de las dos formas, pero en este caso asumo lo que usted comenta y doy por turnado este documento a la Primera Comisión.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección general de Gobierno.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
El doctor Guillermo Ortiz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
Me permito informar a usted que el Presidente de la República, en uso de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 89, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido a bien nombrar a los siguientes empleados superiores de Hacienda:
Tesorero de la Federación, Jonathan Davis Arzac; Procurador Fiscal de la Federación, Tomás José Ruiz González; director general de Crédito Público, Martín Máximo Werner Wainfeld.
Lo que comunico a ustedes para los efectos de lo dispuesto en el artículo 79 fracción VII de la propia Constitución general, en los términos del acuerdo que con ese propósito expidió la honorable Cámara de Senadores el 3 de diciembre de 1987, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siete del mismo mes y año, acompañándoles con el presente los datos curriculares de los servidores públicos, arriba citados.
Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo No Reelección.
México, Distrito Federal, 10 de febrero de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
REINO DE ESPAÑA
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha siete del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Miguel Pedro Angel Marín y Bosch, cónsul general de México en Barcelona, España. En consecuencia, mucho agradeceréa usted ser el amable conducto para solicitar en los términos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Marín y Bosch. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.
" Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 13 de febrero de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
GRADOS MILITARES
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha nueve del actual, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de división Diplomado de Estado Mayor Ricardo Maldonado Baca (1927966), que en 20 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 12 de enero de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha nueve del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de división Diplomado de Estado Mayor Enrique Tomás Salgado Cordero (473819), que en 18 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 12 de enero de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha nueve del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de división Diplomado de Estado Mayor José Gómez Salazar (481215), que en 17 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 12 de enero de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha nueve del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de división Diplomado de Estado Mayor Manuel Avila Pérez (447754), que en 21 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 12 de enero de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha nueve del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Luis Pineda Orozco (4176885), que en 20 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 12 de enero de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha nueve del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Spencer Benjamín Calderón González (495610), que en 18 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 12 de enero de 1995 - El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día nueve del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Porfirio Adolfo Negrón Mendoza (2957644), que en 20 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 12 de enero de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de gobernación, con fecha nueve del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Felipe Bonilla Espinobarros (3677185), que en 18 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 12 de enero de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
REPUBLICA DE FRANCIA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 13 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Virgilio Garza González, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en Monterrey, Nuevo León.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 25 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de Francia, en Monterrey, Nuevo León, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B), del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se, permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Virgilio Garza González, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en Monterrey, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 27 de enero de 1995.- Diputado Armando Ballinas Mayes, presidente; senador Sami David David, secretario; diputados: José E. Escobedo Miramontes, Ricardo Francisco García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, José Narro Céspedes, Mario Alejandro Rosales Anaya y Ramiro Javier Calvillo Ramos; senadores: Hugo Andrés Araujo de la Torre, Juan de Dios Castro Lozano y Melquiades Morales Flores.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE GUATEMALA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 4 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Arturo de Jesús Morán Bravo, pueda aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Guatemala, en Monterrey, Nuevo León.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 25 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en el Consulado de Guatemala, en Monterrey, Nuevo León, serán de carácter estrictamente consular;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Arturo de Jesús Morán Bravo, para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Guatemala, en Monterrey, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 26 de enero de l995.- Diputado Armando Ballinas Mayes, presidente; senador Sami David , secretario; diputados: José E. Escobedo Miramontes, Ricardo Francisco García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, Mario Alejandro Rosales Anaya, JoséNarro Céspedes y Ramiro Javier Calvillo Ramos; senadores: Hugo Andrés Araujo de la Torre, Juan de Dios Castro Lozano y Melquiades Morales Flores.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 11 de enero de 1995, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Julio Bonifaz Rodríguez, pueda prestar servicios como operador de computadoras, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 25 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como operador de computadoras.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Julio Bonifaz Rodríguez, para prestar servicios como operador de computadoras, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 27 de enero de 1995.- Diputado Armando Ballinas Mayes, presidente; senador Sami David David, secretario; diputados: José E. Escobedo Miramontes, Ricardo Francisco García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, Mario Alejandro Rosales Anaya, José Narro Céspedes y Ramiro Javier Calvillo Ramos; senadores: Hugo Andrés Araujo de la Torre, Juan de Dios Castro Lozano y Melquiades Morales Flores.»
Es de primera lectura.
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 13 de enero de 1995, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gerardo Núñez Niño, pueda prestar servicios como facturista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 25 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como facturista, y;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Gerardo Núñez Niño, para prestar servicios como facturista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 27 de enero de 1995.- Diputado Armando Ballinas Mayes presidente; senador Sami David David, secretario; diputados: José E. Escobedo Miramontes, Ricardo Francisco García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, Mario Alejandro Rosales Anaya, JoséNarro Céspedes y Ramiro Javier Calvillo Ramos; senadores: Hugo Andrés Araujo de la Torre, Juan de Dios Castro Lozano y Melquiades Morales Flores.»
REPUBLICA DE COLOMBIA
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente integrado al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Oliver Albert Farrés Martins, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Colombia, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.
Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Farrés Martins, consta que nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el 15 de enero de 1943. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el cual ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Los miembros de la comisión que suscriben consideran pertinente señalar que en el curriculum del embajador designado se establece que fue director general del diario El Gráfico de la ciudad de Tijuana, y gerente de la empresa Promoción, Esencias y Materias, S.A.
La comisión que dictamina desea mencionar que el ciudadano Farrés Martins, cuenta con una amplia experiencia en las relaciones que nuestro país mantiene con el exterior. En tal virtud, en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior se desempeñó como: consejero comercial de México en Venezuela, Trinidad y Tobago y Antillas Neerlandesas de 1972 a 1975; consejero comercial en España y Portugal de mayo a octubre de 1977; consejero comercial en Gran Bretaña e Irlanda de 1975 a 1978; director de promoción y servicios de 1978 a 1980 y director de desarrollo comercial de 1980 a 1983. Posteriormente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, fungió como director general de Relaciones Económicas Bilaterales en 1983 y 1984.
Dentro del Servicio Exterior Mexicano, el embajador designado actuó como cónsul general de México en Dallas, Texas, de 1984 a 1992, y de julio de 1992 a la fecha, venía fungiendo como cónsul general de nuestro país en Chicago, Illinois.
Los miembros de la comisión que suscribe desean señalar que, entre otras actividades, el ciudadano Farrés Martins fue fundador y ex presidente de la Asociación de Consejeros Comerciales y Económicos en Venezuela, de 1973 a 1974; ocupó el cargo de presidente del comité dictaminador de gastos asociados indirectos al comercio exterior en 1982, y prosecretario del consejo de administración del Instituto Mexicano de Comercio Exterior en 1982.
En acatamiento del acuerdo tomado por la Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó al ciudadano Farrés Martins a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con el Gobierno de la República de Colombia.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el embajador nombrado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su desempeño profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En la citada entrevista, el embajador designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de la República de Colombia, así como del momento actual y perspectivas de nuestra relación bilateral con esa nación. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe hemos podido constatar que el ciudadano Farrés Martins posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado embajador.
Por lo antes expuesto, los suscritos, miembros de la comisión, consideramos que el ciudadano Farrés Martins reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de embajador de México ante el Gobierno de la República de Colombia, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de la facultad que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Oliver Albert Farrés Martins, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Colombia.
Salón de protocolo de la Comisión Permanente.- México, Distrito Federal, 15 de febrero de 1995.- Segunda Comisión.- Senador Gabriel Jiménez Remus, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega G., secretario; diputados: María Claudia Esqueda Llanes, Leonel Godoy Rangel; senadores: Fernando Solana, Angel Sergio Guerrero Mier, Irma Serrano Castro, Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Cadena Morales y José Guadarrama Márquez.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente:
Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Oliver Albert Farrés Martins, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Colombia acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores:
Senador Fernando Solana Morales y diputado Netzahualcóyotl de la Vega García.
Se ruega a la comisión designada cumpla con su cometido.
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadano Oliver Albert Farrés Martins: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Colombia, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Oliver Albert Farrés Martins:
Sí, protesto.
El Presidente:
Si así no lo hiciereis, que la nación os lo demande.
Se ruega a la comisión designada acompañar al embajador cuando desee retirarse.
GRADOS MILITARES (II)
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1994 por el Presidente de la república, en favor del contralmirante del cuerpo general Felipe Velázquez Avilés, como vicealmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó a la Marina como cadete en la Armada de México, en la Heroica Escuela Naval Militar el 1o. de enero de 1959 y el 1o.de septiembre de 1965 fue ascendido a guardiamarina, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel.
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos.
c) Como miembro de la Marina ha prestado servicios a la nación mexicana durante 34 años 15 días.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Felipe Velázquez Avilés.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1995.- Senador Enrique G. Jiménez Remus, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega G., secretario; diputados: María Claudia Esqueda Llanes y Leonel Godoy Rangel; senadores: Fernando Solana, Angel Sergio Guerrero Mier, Irma Serrano Castro, Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Cadena Morales y José Guadarrama Márquez.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1994 por el Presidente de la República, en favor del capitán de navío del cuerpo general, José de J. Marte Camarena Zepeda como contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó a la Marina como cadete en la Armada de México en la Heroica Escuela Naval Militar el 14 de enero de 1964 y el 1o. de agosto de 1969 fue ascendido a guardiamarina, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Marina ha prestado servicios a la nación mexicana durante 31 años, dos días
d) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, la condecoración de Perseverancia de segunda clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José de J. Marte Camarena Zepeda.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1995.- Senador Enrique G. Jiménez Remus, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega G., secretario; diputados: María Claudia Esqueda Llanes y Leonel Godoy Rangel; senadores: Fernando Solana, Angel Sergio Guerrero Mier, Irma Serrano Castro, Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Cadena Morales y José Guadarrama Márquez.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1994 por el Presidente de la República, en favor del capitán de navío del cuerpo general José Santiago Valdez Alvarez, como contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó a la Armada de México en la Heroica Escuela Naval Militar como cadete, el 11 de enero de 1965 y el 1o. de agosto de 1970 fue ascendido a guardiamarina al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos, y
c) Como miembro de la Marina ha prestado servicios a la nación mexicana durante 30 años, cinco días.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano JoséSantiago Valdez Alvarez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1995.- Senador Enrique G. Jiménez Remus, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega G., secretario; diputados: María Claudia Esqueda Llanes y Leonel Godoy Rangel; senadores: Fernando Solana, Angel Sergio Guerrero Mier, Irma Serrano Castro, Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Cadena Morales y José Guadarrama Márquez.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1994 por el Presidente de la República, en favor del capitán de navío del cuerpo general, Salomón Camez Vizcarra, como contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó a la Marina como cadete en la Armada de México, en la Heroica Escuela Naval Militar el 9 de enero de 1961 y el 1o. de agosto de 1966 fue ascendido a guardiamarina al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Marina ha prestado servicios a la nación mexicana durante 34 años, siete días y
d) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, la condecoración de perseverancia de segunda clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Salomón Camez Vizcarra.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1995.- Senador Enrique G. Jiménez Remus, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega G., secretario; diputados: María Claudia Esqueda Llanes y Leonel Godoy Rangel; senadores: Fernando Solana, Angel Sergio Guerrero Mier, Irma Serrano Castro, Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Cadena Morales y José Guadarrama Márquez.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1994 por el Presidente de la República, en favor del capitán de navío núcleo justicia naval, Francisco Altamirano Trejo, como contralmirante núcleo justicia naval, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó a la Marina como marinero en la Armada de México, el 11 de febrero de 1966 y el 16 de junio de 1968 fue ascendido a cabo por acuerdo del Secretario del ramo al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos,
c) Como miembro de la Marina ha prestado servicios a la nación mexicana durante 28 años, 11 meses.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante núcleo justicia naval, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contralmirante núcleo justicia naval, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Francisco Altamirano Trejo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1995.- Senador Enrique G. Jiménez Remus, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega G., secretario; diputados: María Claudia Esqueda Llanes y Leonel Godoy Rangel; senadores: Fernando Solana, Angel Sergio Guerrero Mier, Irma Serrano Castro, Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Cadena Morales y JoséGuadarrama Márquez.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1994 por el Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de navío del cuerpo general Eduardo Ramón Cano Barberena, como contralmirante del cuerpo general, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó a la Marina como cadete en la Armada de México en la Heroica Escuela Naval Militar el 14 de enero de 1963 y el 1o. de agosto de 1970 fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Marina ha prestado servicios a la nación mexicana durante 32 años, dos días.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Eduardo Ramón Cano Barberena.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1995.- Senador Enrique G. Jiménez Remus, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega G., secretario; diputados: María Claudia Esqueda Llanes y Leonel Godoy Rangel; senadores: Fernando Solana, Angel Sergio Guerrero Mier, Irma Serrano Castro, Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Cadena Morales y José Guadarrama Márquez.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
REPUBLICA DE ARGENTINA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco José Cruz y González, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, que le confiere el Gobierno de la República Argentina.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano Francisco José Cruz y González, para aceptar y usar la condecoración de la orden del Libertador San Martín, que le confiere el Gobierno de la República Argentina.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 3 de febrero de 1995.- Diputado Armando Ballinas Mayes, presidente; senador Sami David David, secretario; diputados: José E. Escobedo Miramontes, Ricardo Francisco García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, José Narro Céspedes, Mario Alejandro Rosales Anaya y, Ramiro Javier Calvillo Ramos; senadores: Hugo Andrés Araujo de la Torre, Juan de Dios Castro Lozano y Melquiades Morales Flores.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REINO DE BELGICA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Mario Chacón Carrillo, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Reino de Bélgica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jesús Mario Chacón Carrillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Reino de Bélgica.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 3 de febrero de 1995.- Diputado Armando Ballinas Mayes, presidente; senador Sami David David, secretario; diputados: José E. Escobedo Miramontes, Ricardo Francisco García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, José Narro Céspedes, Mario Alejandro Rosales Anaya y, Ramiro Javier Calvillo Ramos; senadores: Hugo Andrés Araujo de la Torre, Juan de Dios Castro Lozano y Melquiades Morales Flores.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Guadalupe Barrera Flores, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
La comisión considera cumplidos lo requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Guadalupe Barrera Flores, para aceptar y usar la condecoración de la orden de Leopoldo, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 3 de febrero de 1995.- Diputado Armando Ballinas Mayes, presidente; senador Sami David David, secretario; diputados: José E. Escobedo Miramontes, Ricardo Francisco García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, JoséNarro Céspedes, Mario Alejandro Rosales Anaya y, Ramiro Javier Calvillo Ramos; senadores: Hugo Andrés Araujo de la Torre, Juan de Dios Castro Lozano y Melquiades Morales Flores.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE GUATEMALA (II)
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Claude Hellar Rouassant, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Claude Hellar Rouassant, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 3 de febrero de 1995.- Diputado Armando Ballinas Mayes, presidente; senador Sami David David, secretario; diputados: José E. Escobedo Miramontes, Ricardo Francisco García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, José Narro Céspedes, Mario Alejandro Rosales Anaya y, Ramiro Javier Calvillo Ramos; senadores: Hugo Andrés Araujo de la Torre, Juan de Dios Castro Lozano y Melquiades Morales Flores.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA ITALIANA
El secretario diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaria de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Porfirio Augusto Esparza Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Vicealmirante, que le confiere el Gobierno de Italia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Porfirio Augusto Esparza Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Vicealmirante, que le confiere el Gobierno de Italia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Porfirio Augusto Esparza Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Vicealmirante, que le confiere el Gobierno de Italia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de febrero de 1995.- Diputado Armando Ballinas Mayes, presidente; senador Sami David David, secretario; diputados: José E. Escobedo Miramontes, Ricardo Francisco García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, José Narro Céspedes, Mario Alejandro Rosales Anaya y Ramiro Javier Calvillo Ramos; senadores: Hugo Andrés Araujo de la Torre, Juan de Dios Castro Lozano y Melquiades Morales Flores.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 33 votos en pro.
El Presidente:
Aprobados los proyectos de decreto por 33 votos.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS (II)
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra para hacer referencia a la solicitud del Presidente de la República en torno al periodo extraordinario, el diputado Ricardo García Cervantes.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Me permito hacer con ustedes alguna reflexión en relación al compromiso que como Congreso de la Unión hemos adquirido, para contribuir a encontrar las mejores soluciones por el cauce del diálogo y la concertación para el conflicto de Chiapas.
Y digo que como Congreso de la Unión hemos adquirido una responsabilidad de contribuir activamente, con la mayor imaginación y compromiso de que seamos capaces, porque el Congreso de la Unión ha tenido una expresión y ha hecho un mandato inequívoco, al nombrar una comisión especial con carácter transitorio, que por mandato unánime de ambas cámaras, integró en esta comisión de diálogo y conciliación para Chiapas, de forma plural y partidaria, a un grupo de legisladores que han dado ya a estas alturas muestras cabales de ser capaces de sobreponer al interés parcial de su representación partidaria, el interés de la nación.
En esta ocasión y en virtud de la solicitud que el Ejecutivo remite a esta Comisión Permanente para que se convoque a un periodo extraordinario para atender lo relativo a la búsqueda sincera de soluciones pacíficas, de soluciones dialogadas, de soluciones de fondo, de soluciones definitivas, de soluciones justas para el conflicto de Chiapas, no puede esta Comisión Permanente abstraerse del hecho de que como representación del Congreso de la Unión, tiene que solidarizarse con la comisión legislativa integrada plural y paritariamente por todos los grupos parlamentarios, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Más aún, cuando recientemente hemos sido convocados los coordinadores de los grupos parlamentarios tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, a reunirnos con esta comisión de diálogo y concertación para Chiapas, y a establecer el compromiso con ellos de que sean ellos la expresión del Congreso que asuma a su vez la expresión plural de la integración de cada una de las cámaras.
El lunes de esta semana, hace apenas dos días, dentro de la agenda de trabajo de la comisión de diálogo y concertación de la comisión legislativa representante de este Congreso y por mandato de ambos plenos, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, dentro, insisto, de una agenda apretada de trabajo, tuvimos una reunión los coordinadores de los grupos parlamentarios. Conocimos del esfuerzo que están realizando. Ese mismo día tuvieron reuniones con la Conai, tuvieron reuniones con el titular del Ejecutivo, al día siguiente han seguido sus gestiones, han seguido haciendo su mejor aportación para construir las condiciones que permitan, a través del diálogo, la conciliación, con la intervención del Poder Legislativo, encontrar una solución justa y digna para todos en el conflicto de Chiapas, ciertamente privilegiando la salida pacífica a este conflicto, que pone en riesgo la confrontación entre hermanos mexicanos.
Así, vengo a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, primero a ratificar nuestro compromiso de solidarizarnos y apoyar todas y cada una de las gestiones de esta comisión que recibió mandato legítimo y legal del Congreso de la Unión, para que siga interponiendo sus mejores oficios en la construcción de una salida pacífica. Venimos entonces sin la más mínima cortapisa ni el más mínimo recato, a decir que el grupo parlamentario se solidariza y brinda todo su apoyo a la comisión legislativa, porque ahí estamos representados y ahí tenemos la oportunidad de que a través de los integrantes del Congreso de la Unión, demos testimonio de ser capaces de sobreponer las visiones parciales y los intereses de grupo, al interés de la nación. Por ello, adicionalmente a que podamos hacer un análisis individual desde nuestra propia perspectiva, nos subordinamos al análisis y juicio de esta comisión legislativa, que por ser plural y partidaria y por ser representativa del poder al que pertenecemos, nos obliga simplemente a no emitir nuestros juicios y nuestras opiniones, que pueden ser parciales y asumir como propio el juicio y la declaración que hagan, en consenso, esta comisión legislativa que nos representa a todos.
Por ello, como ha sido turnada una solicitud del Ejecutivo a una comisión dictaminadora de esta Comisión Permanente, yo me permito solicitar que esta comisión no dictamine la solicitud del Ejecutivo sin antes conocer el punto de vista, las apreciaciones y las aportaciones que pueda hacer la comisión legislativa de diálogo y conciliación para Chiapas. Para darle formalidad a esta solicitud, señor Presidente, me permito dejarla por escrito y le doy lectura:
"A efecto de que la comisión que conocerá la solicitud del Ejecutivo para la celebración del periodo de sesiones extraordinarias pueda incorporar los temas conducentes en términos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito que la comisión legislativa para el diálogo y la conciliación en Chiapas, sea consultada en su oportunidad y así se incluyan sus puntos de vista y los temas que proponga o los temas que considere procedentes en el periodo extraordinario."
Si me permite, señor Presidente, aprovechando el uso de la palabra, plantear también otra proposición.
Los que suscribimos, legisladores integrantes de la comisión permanente, pertenecientes al Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 53 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a solicitar sea invitado a comparecer el ciudadano procurador general de la República, licenciado Fernando Antonio Lozano Gracia, a efecto de que informe a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de las actividades realizadas por la dependencia a su cargo, relativas al conflicto en el Estado de Chiapas.
La misma solicitud también sobre el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Compañeros legisladores, el sentido de esta propuesta es que adicionalmente al informe que propone el Ejecutivo en la solicitud de periodo extraordinario, que turnará sobre las actuaciones de la Procuraduría General de la República y del Ejército mexicano, tengan las comisiones del Congreso un contacto directo que permita, a partir de la apreciación de la información de primera mano que provean estos funcionarios, tener también el mejor elemento de juicio para con toda responsabilidad acometer el periodo extraordinario al que seguramente nos veremos convocados.
No puede esta Comisión Permanente soslayar que todos los grupos parlamentarios que aquí estamos representados, hemos dado ya un mandato y un voto de confianza a compañeros de todos los grupos parlamentarios a integrar una comisión legislativa que interponga sus mejores oficios para construir los más amplios cauces que sean posibles para la paz y la solución definitiva, a partir de la justicia y de la dignidad en las soluciones a las causas de fondo del conflicto de Chiapas.
No podrá haber un periodo extraordinario que no incluya la propuesta de esta comisión que nos representa a todos.
En esta ocasión, y para terminar, insisto en que el grupo parlamentario de Acción Nacional simplemente le da todo su apoyo al trabajo de esta comisión legislativa. Muchas gracias.
El Presidente:
Se turna la primera propuesta del diputado García Cervantes, a la Primera Comisión de la Comisión Permanente, y la segunda solicitud a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Cámara de Diputados.
Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la palabra el senador Heberto Castillo.
El senador Heberto Castillo Martínez:
Compañeras y compañeros legisladores:
La situación que priva actualmente en la República, es sumamente delicada, porque hay una controversia grande y también una confusión grande, con respecto a las instrucciones que se han turnado. Sin embargo, como ya se ha expresado aquí, y lo ha hecho el diputado Ricardo García Cervantes, hay una alternativa que en opinión de muchos de nosotros ofrece alguna perspectiva, y es la perspectiva que nos parece la única salida racional al conflicto que atraviesa el país, y es la salida política, la salida no militar.
Cuando el Titular del Ejecutivo anunció que daba instrucciones para que se efectuara la aprehensión de los dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nosotros opinamos, lo hicimos públicamente, lo hicimos por escrito, que era la ruptura de la paz, que era la vuelta a la guerra, y una guerra abierta. Lo hicimos así, lo expresamos así, y en el seno de la comisión legislativa expresamos nuestra preocupación e incluso nuestra duda de si la comisión legislativa tendría sentido en continuar con su trabajo cuando a una de las partes que la comisión buscaba poner en la mesa de las discusiones, se le perseguía mediante ordenes de aprehensión y además con el apoyo del Ejército mexicano.
Advirtiendo que no tengo conocimiento mayor de derecho constitucional, que soy un ciudadano que ha buscado respetar la Constitución siempre, sí me preocupó mucho que en el texto del discurso del Presidente de la República, anunciando esta medida, señalara que pediría al Ejército que apoyara a la Policía Judicial Federal en la captura de los dirigentes del EZLN, porque yo entendía que el artículo 129 constitucional, expresamente fijaba que el Ejército en tiempo de paz no tenía mas funciones que las estrictamente en conexión con la disciplina militar, y que obviamente ésta no era su función, la de ser policía.
Así lo hicimos saber, lo escribimos y demás, y en una discusión, en un análisis que hicimos en la comisión legislativa, donde siempre nos hemos respetado y donde no ha prevalecido la posición partidaria, sino el interés por lograr construir un camino para lograr la paz en Chiapas y en la República mexicana, logramos después de una charla larga con el Secretario de Gobernación, entender, al menos en mi caso, que había posibilidades para que la comisión legislativa mantuviera su vigencia y pudiera ser lo que hemos aspirado a ser, un instrumento que coadyuve para el establecimiento de la paz.
Ha sido muy claro el trabajo en la comisión en cuanto a que hemos tratado de evitar los protagonismos, y una consigna nos ha servido mucho, hemos tratado de ser una comisión que se note poco, pero que actúe, que sirva, algo que sea útil.
Y en este sentido hemos pedido la colaboración, hemos pedido la solidaridad de grupos, desde luego, de los compañeros legisladores en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y después de esa plática personal que tuve con el Secretario de Gobernación, y que como digo me hizo ver que había esas posibilidades, la comisión pudo reanudar el trabajo y nos entrevistamos primero con él para plantear un proyecto que publicamos el sábado, en donde hacíamos cinco exhortos al Ejecutivo Federal, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la sociedad y a los partidos políticos, muy especialmente a los medios de comunicación, que como todos hemos visto, a veces en su afán de vender la noticia, también exacerban sus preocupaciones y se exageran los actos que se realizan.
Entonces tuvimos la oportunidad de comprobar que este planteamiento que hicimos público, era recibido con buenos ojos por el Secretario de Gobernación, que además ya nos dijo se había consultado con el titular del Ejecutivo y claro, sin coincidir plenamente con nuestros planteamientos, nos dijo que consideraba que podíamos avanzar por este camino. ¿Cuál es este camino?
El que pudiéramos restablecer las condiciones para el diálogo. Pudiéramos restablecer el camino político. Pudiéramos encontrar la vía para que haya un diálogo.
Muy difícil, hay que entenderlo, para que si había habido resistencia, que habíamos nosotros criticado, esto no se nos puede reclamar, que hemos criticado la resistencia que tenía el EZLN para sentarse a dialogar. El que habíamos ido a Chiapas la semana pasada y que estuvimos caminando, fuimos al interior, a la parte en conflicto, y hablamos con ganaderos, hablamos con desalojados, hablamos con los que se acusa de ser invasores, hablamos con Avendaño, hablamos con Robledo, hablamos con la Conai, hablamos con el obispo, hablamos con todos los que quisieran escuchar nuestras preguntas, nuestras inquietudes, y escuchamos, oímos sus planteamientos.
Y al regresar fue que encontramos este cambio; pero habíamos hecho un esfuerzo y habíamos encontrado algo que necesitamos todos saber, y es el encono, el rencor que se ha metido en la sociedad en Chiapas, que está ahí presente, que podemos culpar a quien queramos culpar, pero que está ahí y que yo les decía a los ganaderos que además en una reunión muy tensa nos agredieron de palabra, 15 oradores estuvieron sistemáticamente pues diciendo, incluso de qué servía que los ciudadanos pagaran nuestros salarios si no servíamos para nada, que estaban agredidos, que estaban invadidos, que sus tierras, que las rentas; todas las quejas que ustedes pues han escuchado de muchas maneras, ahí se concentraron.
A mí me tocó además ser el vocero en esa ocasión, y les hice ver con un ejemplo que creo que pues les sirvió, que muchas veces a nosotros nos pasa que un familiar cercano, a veces un niño enferma de una de estas enfermedades incurables, de un cáncer y decimos: ¿por qué a mí?, ¿por quél e tocó a este niño?, ¿por qué no a otro?, y les decía: ustedes ya tienen este problema, y vamos, no se trata de discutir si hay razón, si hay equidad, si hay justicia; aunque ustedes, les decía yo, están reclamando que les han robado las tierras, pero nadie ha dicho, ninguno de los 15 había dicho que a los campesinos durante 500 años, a esas etnias durante 500 años les habían estado robando todos los días el fruto de su trabajo, porque les pagaban un salario miserable; que también era cierto, que también era injusto, que también era inequitativo.
Pero les decía yo que teníamos ya esa enfermedad, que ahí estaba y que éramos un grupo de mexicanos que teníamos representación real, que a nosotros no nos había nombrado un grupo, una organización; nos habían nombrado los ciudadanos de México por voto directo y que acudíamos a Chiapas con el ánimo de servir para resolver de alguna manera el problema, para ser instrumento para reformar la ley, para hacer que valieran sus justas demandas, para que se les pagaran las rentas que se les habían ofrecido, compensatorias, y para también aliviar las condiciones de miseria y de opresión que vivía esta gente.
Igual hablamos con los campesinos que reclaman sus derechos; igual hablamos, y esto es muy importante, porque también lo señalábamos tanto al Secretario de Gobernación como al Presidente de la República, que se entienda que hay etnias, que hay campesinos que durante muchos años no tuvieron representación, fueron olvidados, fueron marginados. Chiapas es uno de los estados de la República que más ha sufrido la marginación y a todos nos consta o nos debiera constar que Chiapas es uno de los estados con mayor riqueza natural de la República, es un Estado que aporta energía hidroeléctrica de manera, pero así muy del país por metro cuadrado; que es un Estado que aporta petróleo y que simplemente sabe que se llevan el petróleo, que sabe que se llevan la hidroelectricidad, que sabe que el café le sirve a unas cuantas familias; que la pobreza se topa uno con ella donde quiera que se para.
Y decíamos que se entendiera que desde hace algunos años, quizá 20, quienes han defendido los intereses de los chiapanecos pobres, de los que han sufrido marginación permanente, han sido los pastores, los sacerdotes, esos que ahora han sido víctimas de una campaña feroz de descrédito de parte de los medios y de parte de algunas autoridades y de parte de algunos funcionarios. Que eso lo entendiéramos, simplemente que entendiéramos que por angas o mangas esos campesinos marginados, golpeados, esos campesinos consideraban a esos pastores, a esos sacerdotes como sus representantes, como sus defensores.
Entonces en lo personal a mi, ésta no es una posición de la comisión, no lo hemos discutido, no lo hemos aprobado me angustia, me preocupa que se saque por ejemplo, que se nos diga que se aprehende o se detiene a un sacerdote, se le saca de su púlpito, se le lleva como delincuente y delante de sus fieles, de estos campesinos que ven cómo sacan a su dirigente espiritual, y como dice alguien, a su dirigente político; yo no quiero discutir si es cierto o no; pero que esos campesinos ven cómo sale su dirigente espiritual detenido, vejado y pensarán: si eso le hacen a quien tiene la fuerza, a quien tiene la cercanía con Dios, ¿qué me va a pasar a mí que soy un pobre marginado de toda la vida?
Esta es una realidad política que habría que considerar; que habría que tener en la práctica, en la práctica política. Por ello cuando nosotros hablamos con el Presidente simplemente le llevamos un planteamiento muy respetuoso pero muy claro en cuanto a que nosotros estamos preferenciando, estamos señalando la necesidad de preferenciar el diálogo, la salida política sobre la violencia. Ese es nuestro planteamiento. Pensamos que todavía es posible lograrlo.
Ciertamente como se ha dicho aquí, como se ha leído aquí, el ejército ha entrado y no ha ejercido esas masacres que muchos temimos iban a ocurrir: los tanques aplastando pueblos y gentes; estas escenas de violencia que además muchos noticieros y muchos periódicos hubieran querido tener para las noticias de ocho columnas y para los noticieros. Pero también es cierto que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no ha enfrentado a ese ejército. Esto es una realidad que hay que reconocer; hay una buena voluntad entonces, así la ve la comisión legislativa, de ambas partes, y hay una oportunidad para que nosotros podamos abonar ese camino y hacer un gran esfuerzo por seguir por esa ruta.
El Presidente de la República oyó nuestros planteamientos; queremos el camino político; claro, es un problema que se le esté persiguiendo a los dirigentes; es un problema que no nos van a querer recibir, no vamos a poder establecer un contacto con ellos, es natural, no quieren aparecer, no quieren entregarse.
Queremos no solamente detener la guerra porque sabemos que para detener la guerra hace falta detener los problemas de Chiapas, pero entendemos que no se resuelven mágicamente, no son problemas que se pueden resolver con un decreto presidencial; lo que se ha dañado en 500 años no se resuelve por decreto. El problema agrario en Chiapas es un problema completamente complejo.
Además, tuvimos la oportunidad, en lo personal yo la tuve, volé de Chiapas a Aguascalientes al INEGI, para ir a ver cómo está el problema agrario y cómo está el conocimiento de la distribución de la tierra y tenemos elementos ahora muy modernos, muy científicos, para poder precisar esa distribución de la tierra, tan confusa, que se requerirá poner en claro y es un problema que existe, hay un problema social, hay un problema en la gobernabilidad del Estado; se expresaron estos puntos de vista simplemente; se nos oyó con atención, con respeto, se nos escuchó y se nos ofreció que se estaba en la misma preocupación que nosotros y no teníamos... bueno, claro, podíamos haber dicho: no le creemos, es esto, es lo otro, porque también es cierto que hay un vicio, un vicio en el que hemos, estoy hablando en la primera persona del plural, hemos incurrido durante muchos años, y es en el discurso violento, en el discurso sobrado de adjetivos, en el discurso que descalifica al adversario, en el discurso en fin, que no busca la solución, sino quizá el que quedemos limpios, inmaculados ante no sé si ante la historia o ante no sé quien, para que se diga que no hemos cedido ni un ápice en nuestras convicciones. Pero hace falta, y ésta es una cuestión que hemos charlado con gente que respetamos mucho, como el caso de Pablo González Casanova, por ejemplo, yo mencioné el nombre, y me decía: "Heberto: Es que ese tono, ese discurso no le hace bien ni a uno ni a otro".
Cuando oímos a algún funcionario o a algún dirigente del PRI decir que pide la cabeza de todo mundo, que hay que aprehender a todo mundo, que para que se acabe la rabia hay que matar a los perros, y cuando oímos de parte de ustedes que hay que acabar con esto y que hay que acabar con lo otro, ésa no va a ser una manera correcta de lograr un camino adecuado.
Creo que en la comisión legislativa, y éste es un mérito que yo diría corresponde mucho más a mis compañeros que al que habla, que han tenido bastante más paciencia que el de la voz; hemos logrado, ellos han logrado moderar estos planteamientos y hacer ver que se gana mucho con acudir al apoyo de ustedes, acudir al apoyo de todas las fracciones, de todas las partes, para que podamos hacer un gran esfuerzo porque en verdad logremos poner en una mesa de las discusiones, a las partes en conflicto, garantizándoles, por supuesto, que van a tener seguridad, que no se trata de una actitud desleal, que hay amigos leales y desleales y que hay adversarios leales y desleales que México requiere de mexicanos de ese tipo, de mexicanas de ese tipo.
Y en ese sentido cuando el Presidente de la República al día siguiente, a las pocas horas de charlar con nosotros, observamos que coincide en los planteamientos que hemos hecho en buena medida, pero yo no puedo más que decir so pena de que me siga lloviendo allá en mi milpita, no puedo más que decir que sí vale la pena el esfuerzo, que yo estoy más comprometido con mi conciencia que con mi militancia, que estoy más comprometido con México que con cualquier bandera y que yo me daré por bien servido si se logra siquiera poner a discutir el problema de este país en una mesa y logramos servir de éso aun a costa de nuestro prestigio como irredentos, así, luchadores sociales.
Por ello, miren ustedes: cuando señalamos que hay violaciones a los derechos individuales y nos dicen pues vayan y vean, vamos a ir a ver. Mañana salimos, y no vamos a ir de turistas. Yo les dije a los compañeros: "Vamos a la selva, vamos con botas, vamos preparados". Porque queremos ir a ver a los que dicen que han sido lastimados, porque no se trata de ir de vengadores; se trata de ir a detener cualquier acto que lesione las garantías individuales y los derechos humanos; se trata de contribuir a que no haya derramamiento de sangre. Yo digo; "Bueno, ya se derramó sangre". Muy malo, me duele mucho; pero me dolería más que se siguiera derramando y que pudiéramos servir para evitar que se derrame. Entonces el objetivo es ir a conocer directamente qué pasa en Chiapas. Queremos ir a hablar con todos los que quieran hablar con nosotros. La comisión va a ir en pleno allá. Hemos propuesto permanecer allá, estar allá, estarnos rotando para que siempre esté presente allá una delegación.
Y claro está, nosotros hemos leído con detenimiento el planteamiento que se hace y decíamos esto: yo entendí, y lo quiero plantear aquí, que al hablarse de una amnistía, señalábamos que la amnistía no la acepta un luchador social; yo les decía a las más altas autoridades, se lo digo a quien me quiera oír, cuando hemos sido perseguidos, cuando uno se siente como perro del mal", cuando uno está durmiendo una noche en una cueva y al día siguiente en un cuarto de servicio, como a mi me pasó durante un año.
Cuando tuve el honor de recibir en una de esas guaridas al general Lázaro Cárdenas, que me hizo el honor de irme a visitar, al que quise mucho, fue un hombre al que yo estimé mucho cuando él me dijo: "Heberto, puedes ir a dar clases a Francia, Inglaterra. Allá te estiman, o Italia".
Le dije: "Señor, yo me quedo aquí".
Me dijo: "Es que no te quieren".
"Yo tampoco los quiero, estamos correspondidos."
Porque miren, aparte de que sea uno valiente o cobarde o lo que ustedes gusten, el amor propio ahí domina. Yo dije: "A mí me matan, pero yo no me voy". Después de tantas correteadas, después de tantas... golpeadas, como me habían dado; salir corriendo es lo peor que le puede pasar a uno en la vida.
Hay que entender esa sicología. Ahí uno dice: "¡Ya! ¡Que me maten!, pero no me voy".
Y cuando a mí me ofrecieron la libertad bajo protesta, perdón que les cuente esto, pero esto revela una sicología de la persona que está lastimada, en la prisión me ofrecieron mi libertad y me dijeron: "Se puede ir, si nos firma este papelito".
Y yo le dije al señor: "Mire, a mí me metieron aquí a la fuerza, ¿no?
Yo no me voy y ni le firmo ningún papelito".
"Es que es su libertad bajo protesta."
"Pues protesté por entrar a la prisión, pero por la libertad nunca voy a protestar."
Pero me empujaron, me sacaron a empujones de la cárcel. Consta como dicen, en autos.
¿Por qué? Porque nadie acepta en esas condiciones ni una amnistía ni un indulto. Es un error.
Por eso yo estoy en contra de que se plantee como punto de partida la amnistía. Yo entendí en esa plática, puedo estar equivocado, yo entendí que íbamos a buscar el consenso con las partes, para construir una amnistía, un instrumento, para que logremos esta paz.
Pero que no iba a ser lo primero, porque si empezamos con esto diciéndole a los del EZLN: "Mira, ya te traemos aquí un indulto, una amnistía". No nos van a recibir a balazos, ¡nos van a recibir a "mentadas"! No nos van a recibir. Tienen dignidad. ¡Entiéndanlo, por favor!
Yo este mensaje lo doy aquí porque creo que sí podemos trabajar por ese camino, pero tiene que ser uno de los puntos. Lo fundamental es las raíces del problema que hay en Chiapas. Lo fundamental no es eliminar a "Marcos". Se elimina a "Marcos" y a la dirección y el problema en Chiapas sigue, surge; hay inconformidad de siglos, que ya brotó, que ya está emanando, que está manando de esa tierra.
Por ello la propuesta que hace el diputado García Cervantes, pues consulté con los compañeros. Las dos propuestas pues las hacemos nuestras. Ojalá y podamos tener un poco más de tiempo para consensar. Mañana estaremos en Chiapas.
Yo les pido su solidaridad, su apoyo, no es a una corriente, a un partido; es un apoyo a una comisión ¡créanlo!, plural, que no está actuando a nombre de ninguna de las organizaciones que están ahí representadas. Es una comisión que a mí me honra mucho el participar en ella, porque ha estado actuando, realmente, buscando el camino para la paz en México. Muchas gracias.
El presidente:
Para hablar sobre el mismo asunto ha solicitado el uso de la palabra el diputado José Narro.
El diputado José Narro Céspedes:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
A nosotros, como Partido del Trabajo, nos preocupa profundamente la situación que se ha presentado en el Estado de Chiapas y la situación que se generó a partir de las órdenes de aprehensión y de la práctica ruptura de la tregua y declaración de guerra que se hizo aquí en nuestro país.
Parece claro que la ofensiva militar lanzada por el Gobierno en conjunción y con el apoyo de un sector importante del Ejército, con implicación de la coordinación de seguridad nacional, de los sectores más reaccionarios y retardatarios de la política nacional, de los organismos financieros nacionales e internacionales y de un sector también del propio gobierno norteamericano, que planteaba una acción rápida, pero también plantearon la posibilidad y la necesidad de una negociación pacífica y negociada al conflicto que se presentó entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sectores muy importantes del pueblo mexicano y el Gobierno, apoyado también por la Procuraduría General de la República, en esa declaración de guerra.
Nos preocupa por la posibilidad de que se desate una escalada de violencia y planteamos nosotros, como lo planteamos en la permanente pasada, que debemos de proponernos todos los medios posibles para evitarla; nos preocupa también, porque si ese cambio que se dio en la política, expresa un cambio en el curso de la política gubernamental, resultado de la práctica de un golpe de estado, que cancelaba de hecho la vida de la transición democrática y nos ponía en la antesala del autoritarismo y de la militarización nacional; nos ponía de hecho ante la ruptura no nada más de la tregua, sino del acuerdo político nacional entre los mexicanos y de la posibilidad de avanzar mediante el diálogo y la concertación a la transformación que es propósito y anhelo de todos los mexicanos.
Nos parece que hubo diferentes motivos que llevaron a esta decisión del Ejecutivo Federal; por un lado, el recrudecimiento claro que hubo de las presiones desde arriba, nacionales e internacionales, para poner fin a la ocupación de la Lacandonia, de la selva, por el Ejército Zapatista, las presiones cuando se planteó que había una tregua y que la tregua tenía como objetivo la negociación y que si no se negociaba había que presionar para lograr acabar o darle una solución "definitiva", porque no se iba a lograr, al problema que se presentaba en esa entidad y en otras regiones del país.
También se plantea esa acción que se decide para fortalecer la imagen de la autoridad presidencial; también como un mecanismo que permita dar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, de la firmeza del Gobierno mexicano, cuando hay veces que las acciones militares no demuestran fortaleza política sino demuestran debilidad política, que hace necesaria esa propia debilidad la utilización de otros medios y otros mecanismos para tratar de fortalecerse; no demuestra ese tipo de acciones más que la debilidad política del propio Gobierno Federal y de México, un México muy vulnerable, con fuertes presiones del extranjero, con un paquete crediticio que también está enlazado con esto, con problemas económicos muy serios y con problemas de estabilidad económica también, que no se han llegado a restablecer todavía.
En el caso de las presiones norteamericanas, es importante darnos cuenta de la magnitud y de lo diverso de estas presiones que pasan por un lado para acelerar la privatización de petroquímicas y de Pemex también; pasa también para lograr, como lo planteamos en la reunión de la Comisión Permanente pasada, de un consejo monetario que presidiera el Banco de México, para lograr prácticamente una dolarización de nuestro país y una paridad cambiaría entre el peso mexicano y el dólar, favorable de nuevo a los inversionistas especuladores del extranjero, favorable de nuevo a los que se vieron favorecidos con las grandes importaciones en nuestro país, favorable de nuevo al grupo financiero que se ha enriquecido durante los últimos años en México.
También a las presiones que hemos vivido como país por parte de las políticas migratorias que ha desatado el propio gobierno norteamericano. Todo esto, junto con el problema que representa para algunos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no para muchos, porque para muchos el origen de la violencia en Chiapas es la pobreza y los responsables de ella son los que la han causado, los que han causado esa violencia y esa miseria.
También tiene que ver con la actual situación nacional y con la decisión que tomó el propio Ejecutivo, la aparición de una importante ruptura al interior del aparato del Gobierno Federal, por una parte el Secretario de Hacienda y el propio Presidente de la República, y por la otra, Mancera, los banqueros nacionales y los grandes grupos de inversionistas extranjeros, que fundamentalmente plantearon que el origen y la causa, en buena medida, del problema económico que se presentó en nuestro país, estaba y tenía como origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Esta división entre el aparato del Estado y al salir victorioso este grupo que debilita la línea de negociación y de diálogo, que debilita la posibilidad de encontrarle a Chiapas y a México una solución política que es la que se anhela en cuanto a los cambios que son necesarios y son aspiración de los mexicanos.
También tiene como causa la decisión de Chiapas, el deterioro acelerado de la situación económica, de la propia autoridad presidencial y de la situación política nacional.
Algunos plantearon que era fundamentalmente como una medida propagandística más del propio Ejecutivo, porque había seguridad de que los compañeros del Ejército Zapatista se iban a retirar, no iban a buscar la confrontación y a lo mejor iban a dispersarse a todo lo ancho y a lo largo del país, pero también de Chiapas.
Ante esto, el Partido del Trabajo recoge y apoya las propuestas que hizo el Partido Acción Nacional, y coincidimos con la apreciación de la ley de amnistía, porque la ley de amnistía es rendirse, es pedir perdón ante una causa digna y justa que muchos mexicanos enarbolan para lograr esos cambios, para lograr ese México diferente y justo al que aspiramos. Por eso creemos y le damos nuestro respaldo total a la comisión legislativa.
También creemos que aquellos luchadores que en Chiapas han dado su esfuerzo por un cambio y por una paz real con dignidad y con justicia, como han sido algunos miembros, los miembros de la Conai, creemos también que debemos de dar nuestro apoyo decidido para que la Conai siga jugando el papel de intermediación y se fortalezca ese papel.
Hacemos un llamado también al Gobierno Federal y al Ejército Zapatista, para que lo más pronto posible reinicien el diálogo. Pensamos que este diálogo, para que se dé, debe de estar cimentado en hechos que demuestren esa voluntad. Para eso creemos que es importante que el Ejército mexicano se retire de la selva y de la zona que desde febrero venían ocupando los miembros del Ejército Zapatista, por un acuerdo político que se había llevado con el representante del Gobierno Federal para resolver este problema en el Estado de Chiapas.
Pensamos que es importante, bajo este mecanismo, lograr restablecer de inmediato la tregua que está rota en la práctica, que permite que a partir de la tregua logremos arribar al diálogo y a la concertación política entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista por un lado, pero por otro lado también entre todos los actores políticos y sociales que se encuentran en la entidad.
Planteamos que era importante que Robledo renunciara a la gubernatura. ¿Por qué era importante? Era importante porque cualquier acción de Gobierno, con él como autoridad del gobierno del Estado, se iba a entender, cualquier programa de solidaridad, cualquier programa de apoyo, cualquier programa para resolver el problema de las tierras, estando él como gobernante se iba a entender fundamentalmente como un mecanismo para ganar terreno en la guerra interna, para mediatizar a los grupos inconformes y para, a través de programas como el Programa Nacional de Solidaridad u otros, Procampo, poder hacer proselitismo e ir ganando autoridad y presencia sobre la base social de los otros grupos que también están en la entidad; por eso se requería un nuevo gobierno, pero ese gobierno tenía que ser fruto del consenso, tenía que ser fruto del diálogo y del acuerdo político.
Nosotros creemos que es importante que arribemos, junto con este paso que fue importante y que es una luz dentro del túnel de la oscuridad en que nos encontramos la semana pasada al no ver una salida clara, pacífica y política al problema de esa entidad. Creemos que ahora es importante dar el diálogo con todas las partes para buscar una composición de un gobierno plural, representativo y claramente de transición para el gobierno de Chiapas, que permita sentar las bases de una paz digna y justa, que es a la que aspiran los grupos de la entidad y los diferentes sectores.
Es importante también, y lo planteamos, que se detengan, no nada más las órdenes de aprehensión que hay contra los miembros del Ejército Zapatista, sino contra los miembros del Consejo del Gobierno de Transición y contra innumerables luchadores sociales.
Ayer, comentaban los miembros del Consejo del Gobierno de Transición, de 1 mil 700 órdenes de aprehensión.
Es importante que se pare esa cacería de brujas; es importantes que pongamos alto, un alto en el camino, y que este Congreso de la Unión juegue un papel importante, el que republicanamente tiene que jugar, para lograr una paz con justicia y dignidad a través del acuerdo político y del diálogo.
Creemos que este Congreso de la Unión debe ponerse a la altura de las actuales circunstancias y desplegar los mayores esfuerzos posibles para lograr que ésta se cristalice en el marco de la transición democrática, en el marco de una salida política, en el marco del diálogo y de la concertación de las partes, en el marco de los grandes cambios que debe haber necesariamente en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, ha solicitado el uso de la palabra el senador Melquiades Morales.
El senador Melquiades Morales Flores:
Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En torno a este debate, quiero en primer lugar manifestar mi reconocimiento al trabajo realizado por la comisión legislativa plural, y nos sumamos a los esfuerzos para encontrar a través del diálogo y la negociación seria y honesta, la paz en Chiapas. Nuestro reconocimiento a los integrantes de este grupo legislativo.
En segundo lugar, permítanme hacer alguna reflexión en torno a este debate. Ningún gobierno, de cualquier parte del mundo, puede aceptar que un grupo de personas de una determinada región del país, pueda sustraerse a la acción del mismo y al imperio de la legalidad. Ningún gobierno puede renunciar a ejercer sus actos de autoridad en una región. No puede haber ínsulas de excepción, porque aceptar esta situación es el anuncio o el principio de la destrucción del propio sistema gubernamental.
Tal es el caso del conflicto en el Estado de Chiapas, donde el Gobierno Federal no está haciendo más que cumplir con la ley y ejercer actos de autoridad en una zona dominada por un grupo que abiertamente le declaró la guerra y no ha demostrado hasta este momento el deseo de encontrar alternativas al ya de por sí complicado conflicto en Chiapas.
Ante una posición de fuerza, ante una declaración de guerra, y una indefinida tregua, el Gobierno Federal está recurriendo al diálogo, a la conciliación y al recurso del derecho, para preservarlo, y para preservar también la tranquilidad de la región y del país, pues no hay que perder de vista que este conflicto afecta no solamente a los chiapanecos, sino al país entero.
El Gobierno Federal ha realizado innumerables esfuerzos por establecer el diálogo con las fuerzas zapatistas, y es la hora que éste no se ha podido concretar. Las razones o condiciones ofrecidas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para llegar a un acuerdo, han sido verdaderos obstáculos para ello por su desproporción.
La licencia del ex gobernador Eduardo Robledo, es la prueba más palpable para llegar a consensos; esperamos que esta demostración de lealtad, de hombría y honestidad política de Eduardo Robledo, sea correspondida de la misma manera, por quienes en la otra parte iniciaron las hostilidades desde el año pasado. Chiapas así lo exige y México también lo demanda.
No aceptamos el argumento de que la oferta del presidente Zedillo para encontrar la paz, vaya precedida de la guerra o el afán de exterminio a los dirigentes del Ejército Zapatista, porque su actitud y hechos revelan que no es así, y sí en cambio prueban su enorme interés de lograr acuerdos razonables que nos conduzcan a una paz duradera y justa.
Los intereses de la nación deben prevalecer en este conflicto, porque no solamente se ha trastocado la vida de los pueblos chiapanecos, sino peligra también la tranquilidad del país. Ya vimos como este asunto ha contribuido a crear zozobra y angustia en algunos ámbitos del país, y como ha repercutido en el aspecto económico. Nadie puede negar que el asunto de Chiapas en este momento, es el principal problema de México.
No debemos olvidar que la guerra fue declarada e iniciada por el Ejército Zapatista contra el Gobierno Federal, y éste tiene la ineludible responsabilidad de velar por la seguridad de los gobernados; sus acciones han tenido esa misión y de ninguna manera son atentatorias a los derechos humanos, como se ha afirmado, ni tampoco hay un estado de guerra o un golpe de estado, como lo señaló aquí un compañero legislador.
Hoy el Ejército, la Procuraduría General de la República, se han concretado exclusivamente a patrullar la zona de conflicto, para evitar más hechos de violencia.
En reiteradas ocasiones se ha hablado de soluciones políticas a este problema, nosotros desde esta tribuna exhortarnos nuevamente a las fuerzas zapatistas, a que se sienten en la mesa de negociaciones y en verdad contribuyan a la paz; afortunadamente tenemos instituciones fuertes y leyes que norman la vida nacional. Hagamos prevalecer la ley sobre conductas, y hagamos prevalecer el interés del país, que siempre estará muy por encima de los intereses particulares.
La ley de amnistía no significa un retroceso o un atentado a la dignidad o a las personas que participan en este conflicto; es un paso político trascendente en la búsqueda de la paz y la conciliación en Chiapas. Es el medio más civilizado y una prueba más del Gobierno Federal, para darle una salida política y legal a este problema. Abre también las puertas para que esa fuerza política, esa fuerza pueda convertirse también, en una expresión que tenga presencia en el ámbito político nacional; no están canceladas las posibilidades. Serán las cámaras las que en su oportunidad aporten los elementos para que la iniciativa responda cabalmente a las preocupaciones de los diversos partidos políticos aquí representados y logremos los objetivos de paz y concordia que demandan los mexicanos.
No es bueno para nadie que este conflicto se prolongue por los graves daños y consecuencias que ha tenido en Chiapas y en el país. Urge, pues, su solución. Tampoco es saludable que se antepongan condicionantes difíciles de llevar a la práctica para lograr consensos y la paz de Chiapas.
Hagamos que impere la fuerza de la política y nunca más el espectro de la violencia. Contribuyamos a la consensos y a los acuerdos entre las partes, porque lo que sucede a Chiapas, le sucede a la nación. Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la palabra el diputado Martínez Della Rocca.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:Compañeros legisladores:
"Construyamos un estado de derecho". Ocho columnas, viernes 2 de diciembre de 1994. "Ernesto Zedillo Ponce de León". "En Chiapas, nueva negociación". "No habrá violencia por parte del Gobierno".
Compañeros legisladores: deseo iniciar mi intervención dirigiéndoles a todos ustedes algunas palabras que anteriormente ya habían sido expuestas en el Congreso de la Unión, pero que seguramente algunos diputados les pusieron poca atención. Leo.
"Hoy más que nunca México debe ser un país de leyes. Ese es el clamor de todos en todas partes y esa tarea va a demandar esfuerzo, disciplina, firmeza, perseverancia."
"Las soluciones, lo sabemos, tomarán tiempo, por eso debemos empezar a trabajar en ellas, ahora mismo."
"Es esencial que la Constitución y el orden legal derivado de ella, tengan plena observancia."
"Es preciso que las autoridades actúen con apego a las normas; que los derechos sean reconocidos y las discrepancias resueltas conforme a la Ley."
"Todo el esfuerzo de varias generaciones, toda la tarea de la nuestra, todo el horizonte de nuestros hijos, pueden perderse si no logramos consolidarnos como un país de leyes."
"No podemos fincar nuestras expectativas en la certidumbre de la ley y vivir en la incertidumbre de su incumplimiento."
"Los mexicanos queremos y demandamos un sistema de justicia eficaz. Queremos que la ley sea la norma real de la convivencia para hacer frente a la extendida criminalidad, la frecuente violación a las garantías individuales, a los derechos humanos y la grave inseguridad pública."
"Emprenderemos una honda y genuina reforma a las instituciones encargadas de la procuración de justicia."
"Estoy decidido a encabezar la construcción de un estado de derecho como lo merecen los mexicanos y lo haré presidiendo un Gobierno de leyes en el marco de una democracia fortalecida que renueve la vida de la República, asegure la participación, aliente el respeto y reconozca la pluralidad."
Estas palabras fueron pronunciadas por el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León el 1o. de diciembre de 1994.
Sólo que hemos estado viviendo una contradicción entre el discurso del estado de derecho y las acciones de la Procuraduría General de la República.
Ha habido una violación a la Constitución por parte de la PGR en su operativo: retenes que impiden el libre tránsito, abuso de autoridad y múltiples desgracias. Al Ejército se le utilizó en funciones no previstas en la Constitución; hemos visto compañeros legisladores, cómo el operativo de la PGR ha expulsado a la Cruz Roja Internacional. En ninguna guerra, ni en Chechenia, ni en Afganistán , ni en Angola, se han atrevido a tanto. El procurador de estas desgracias es un candidato al Guiness de los récords.
Hemos visto, señores legisladores, cómo libros, revistas y periódicos, se vuelven materia de delito. Es cierto que los buenos libros son una de las amenazas más poderosas que ha creado el ser humano. Pero, señor procurador, los arsenales de libros se llaman: bibliotecas. Ni Torquemada el inquisidor se atrevió a tanto.
¡Ojalá el señor procurador de desgracias leyera tanto como estos delincuentes, su ignorancia sería menor y su intolerancia sería mayor!
Compañeros legisladores, lo que voy a leer aquí es un conjunto, un conjunto producto de una investigación que personalmente junto con un grupo de diputados y de periodistas las llevamos a cabo.
Declaración de los detenidos en Yanga y el Distrito Federal, acusados de ser miembros del EZLN:
"Viernes 10 de febrero de 1995, obtenida por diputados federales del PRD durante las declaraciones de los detenidos al Ministerio Público Federal:
Hermelinda García, rechaza la declaración que le hicieron firmar y denuncia: fui detenida en Yanga, Veracruz, el día miércoles 8 de febrero de 1995. Fui vendada desde entonces hasta llegar al reclusorio; me golpearon en la cabeza y en los muslos; fui desnudada y me dieron toques en todo el cuerpo; después nos trajeron aquí; fui golpeada otra vez en el reclusorio.
Alvaro Castillo Granados, presentaba señales visibles de maltrato físico, con escoriaciones profundas en las muñecas y golpes y escoriaciones en la cara, se quejaba de dolor en el tórax por los golpes recibidos. Fue detenido en Yanga, Veracruz, el día miércoles 8 de febrero. Declaró: no estoy de acuerdo con la declaración supuesta. Fui vendado; incomunicado; aterrorizado. No soy maestro, pero doy clases de primaria para adultos, pues tengo estudios de secundaria; gano 10 pesos diarios por este trabajo.
No es correcto el contenido de la declaración ya que no es la verdad; firmé la declaración, bajo presión física y sicológica. Nunca mencioné el nombre del tal Germán. Estuve a punto de asfixiarme con una bolsa que me pusieron; me dieron golpes en los bajos y en todo el cuerpo. Cuando me detuvieron me sacaron a golpes, me vendaron; desde que los vi dijeron que ellos ya tenían mucha información sobre nosotros y me obligaron a decir que si conocía a Germán y a Marcos. Yo sí conozco a Marcos, lo he visto en la televisión muchísimas veces, y que yo aceptara que lo que encontraron en la casa era para otras partes de la República y no para Chiapas; me mostraron fotografías y me obligaban a decir que los conocía.
Luis Sánchez Navarrete, señores diputados, señores senadores: detenido en Yanga, Veracruz, el día miércoles 8 de febrero. No está de acuerdo con la declaración supuesta, la declaración fue firmada con presión y tortura; denuncia que momentos antes de aparecer públicamente, están siendo intimidados por los custodios del reclusorio en los pasillos, declara: que desde hace un año comenzó a trabajar en el taller y no desde hace 11 días; que se dedicaba a la soldadura haciendo trabajos que no sabía qué eran; el salario era de 40 a 60 pesos a la semana. Fue golpeado y esposado; lo encapucharon con una bolsa de lona para asfixiarlo; le jalaron los cabellos y las esposas le dejaron marcas en las muñecas.
Rosa Hernández Hernández, detenida en Yanga, Veracruz, el día miércoles 8 de febrero, 20 años de edad, declara: No estoy de acuerdo con la declaración que aparece, que en el taller sólo llegaba gente a reparar bicicletas y que es todo lo que vi. Cuando me detuvieron, me amarraron con cadenas y vendaron los ojos, cuando me subieron al carro me amarraron los pies y así me trajeron; luego me taparon con cobija y estuve a punto de asfixiarme. Los que me detuvieron no se identificaron. Al detenernos se nos dijo que éramos parte del EZLN. Cuando me trajeron, me cubrieron con una sábana mojada y me dieron toques eléctricos en todo el cuerpo. La cubrieron con una sábana mojada e investigamos por qué, y es para que no deje huella, para que cuando se les dé toques, no deje huella. He estado vendada desde que me detuvieron hasta hoy."
Ricardo Hernández López, detenido en Yanga, Veracruz, el día miércoles 8 de febrero, no está de acuerdo con la declaración supuesta; él es tornero, nacido en Puebla, sabe leer y escribir, declara:
"Me hicieron firmar bajo presión y amenazas, que si no admitía lo que decía me iban a bajar de donde me tenían y me iban a volver a pegar. Me tenían vendado. Cuando entré a la casa vi que golpeaban a los demás; permanecí vendado hasta llegar al reclusorio. Fui golpeado cuando fui detenido y vendado de inmediato; no me dijeron por qué me detenían. Nunca se identificaron los agresores cuando nos detuvieron, no me presentaron orden de aprehensión y de cateo, me hicieron firmar una declaración que no me dejaron leer; no había defensor de oficio al momento de firmar la declaración. Nunca supe dónde estaba, de qué se me acusaba y por qué."
María Gloria Benavides, detenida en Tenayuca 30 colonia Letrán, Valle de México, Distrito Federal, declara:
"Me detuvieron el miércoles 8 de febrero a las 16:00 horas; estaba sola en mi casa. Primero tocaron a la puerta diciendo que era un amigo de sus suegros. Y cuando abrí, pensé que se trataba de una asalto, fui rodeada, no se identificaron al entrar; el trato que recibí fue relativamente malo, no me golpearon mucho pero sí presiones, amenazas, tortura con ruido, incomunicada. Me obligaron a hablar a la guardería donde estaba mi hijo, me vendaron los ojos y me acostaron; me amenazaron con lastimar o matar a mi hijo; no tenía noción del tiempo por continuos interrogatorios y mucho ruido. Me obligaron a firmar las declaraciones, ellos las hicieron, no se me permitió leer la declaración, creyeron que no estaba en condiciones de hacerlo y una persona leyó una parte, no leyó la primera ni la última parte. Nunca presentaron orden de cateo o de arresto ni se identificaron como policías."
Gonzalo Sánchez Navarrete, descripción de los detenidos de Cacalomacán, Estado de México. Gonzalo Sánchez Navarrete, 17 años de edad, detenido en Cacalomacán, Estado de México, mucho muy golpeado. Personalmente el diputado Livas y yo estuvimos con él y ayer un miembro de la CNH, también estuvo con él.
Fernando Domínguez Paredes, 40 años, detenido en el mismo lugar, muy golpeado. Joel Martínez González, muy golpeado, detenido en el mismo lugar; Gerardo López López, 22 años, detenido en el mismo lugar, herido en las piernas después de ser detenido, se encuentra desaparecido. Celia Martínez Guerrero, detenida en Cacalomacán, Estado de México; Patricia Jiménez, detenida en el mismo lugar; Ofelia Hernández Hernández, detenida en el mismo lugar, presenció cómo le disparaban a su esposo Gerardo, en las piernas, una vez detenido.
En esas acciones ordenadas por el Procurador General de Justicia, el señor Lozano Gracia, se violó toda reglamentación existente, tanto en las leyes mexicanas como en las internacionales reconocidas por México. Los ahora presos no fueron detenidos, sino secuestrados. En todos los cateos no se presentó, si es que existieron, órdenes de cateo ni de aprehensión. Los agentes policiacos nunca se identificaron; los detenidos nunca fueron informados de las razones de su detención. Los detenidos no fueron llevados directamente a la Procuraduría General de la República, sino a los locales clandestinos donde fueron interrogados. Se les escribieron declaraciones que involucran a personas y narran ellos que ellos no reconocen. Se les obligó a firmar tales declaraciones sin permitirles leer su contenido; no hubo abogado de oficio o de confianza de los detenidos durante la toma y la firma de su supuesta declaración. Todos los detenidos fueron incomunicados, vendados, golpeados y torturados; quienes ordenaron y realizaron estas acciones, cometieron al menos los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, lesiones y amenazas, tortura, asociación delictuosa y abuso de autoridad.
No se defiende, señor senador, un estado de derecho violándolo.
Compañeros, se habla mucho del Ejército Zapatista y se han hecho todas estas acciones.
Dice don Víctor Flores Olea: "Incapacidad y estupidez. Entonces resulta que hoy sí el subcomandante Marcos es un delincuente del orden común, porque se le encuentran a sus partidarios dos risibles arsenales, cuando el mundo entero conoce sus miles de hombres armados en la selva.
"¿Dónde está el cambio cualitativo de la situación que lo convierte en un perseguido de la justicia, cuando hace apenas unas cuantas semanas se nombra una comisión de la cámara para tratar con él, cuando se reconoce una comisión de intermediación, cuando se entrevista con él el Secretario de Gobernación, cuando el propio Presidente de la República, como candidato a la presidencia y como eventual presidente electo le envía cartas conciliatorias?"
"¿Por qué tal escenografía que raya en el ridículo? ¿Por qué ese maltrato a la dignidad de las instituciones mexicanas? ¿Por qué ese desprecio a la inteligencia del pueblo mexicano?"
¡Carlos Fuentes! ¿Y por qué en un régimen que se dice comprometido con la reforma y eficacia de la justicia se da el espectáculo público de un Procurador General mostrando la parafernalia de un miserable arsenal, mezclado con supuestas pruebas de subversión?
Y aquí vienen las pruebas, dice Carlos Fuentes: libros, revistas, artículos, ejemplares del Times y del New York Times. ¿En qué queda la supuesta independencia de un procurador descubriendo que un movimiento armado tiene armas y que hay centenares de publicaciones que se han ocupado del conflicto chiapaneco.
Y mucho más gravemente se pregunta Fuentes este: ¿espectáculo digno de la Santa Inquisición anuncia tiempos de pesquisa ideológica, de satanización de la heterodoxia, sea política, intelectual o sexual? ¿Entramos a un periodo de guerra sucia a la Argentina? ¿Con qué garantías cuentan los ciudadanos, los diarios y revistas, los universitarios y los centros de investigación y sobre todo los individuos y sus familias, cuando se cree un clima inquisorial de asociaciones delictivas en el que todos los cavernarios políticos del país se sienten autorizados por la energía y la voluntad admirable del señor Presidente, a actuar en defensa de las instituciones amenazadas por rebeldes izquierdistas, ateos, homosexuales, sidosos, mujeres que piden el derecho al aborto, anormales?, en suma, ¿no hemos visto demasiadas veces estos abusos tenebrosos abrirse en nuestro tiempo a veces como parte de una política deliberada, a veces como resultado de un descuido o una debilidad oficial que los halcones se apresuran a aprovechar?
¿No abre ominosamente Zedillo esta perspectiva, cuando sataniza a los dirigentes del EZLN diciendo que no son populares, ni indígenas, ni chiapanecos? ¿No son, en todo caso, mexicanos?
¿Debió Simón Bolívar abandonar su condición de aristócrata venezolano para liberar a los esclavos de la mita peruana?
¿Debió el Che Guevara abstenerse de luchar en Cuba porque era argentino?
¿Tenía algo qué ver el cura Hidalgo, lector de Rosseau, con las turbas ilustradas de la Independencia y letradas de la independencia mexicana?
¿Y en qué momento se convirtieron los representantes zapatistas, de dirigentes dignos de sentarse a negociar, en delincuentes, dignos de ser exterminados por el Gobierno, si son ciertos los informes de ejecuciones sumarias en Chiapas, las declaraciones de torturas a mujeres zapatistas a las que las confesiones les fueron arrancadas con amenazas y con toques eléctricos? Carlos Fuentes.
Por todo lo aquí expuesto, compañeros legisladores, exigimos que de inmediato se proceda con el desistimiento de la acción penal para todos los detenidos, exigimos que de inmediato sean turnados a sus lugares donde fueron detenidos los presos que enviaron a Almoloya, puesto que en dicho penal se encuentran prácticamente en estado de indefensión; libertad ya a todos los presos políticos retomo la lectura que ya muchos escucharon y pocos atendieron, vuelvo a leer: "México quiere un Gobierno que aliente la democracia, responda a las demandas de un cambio inspirado en la justicia, la libertad y la paz, un cambio hacia el bienestar, un cambio con espacios y oportunidades para todos, un cambio orientado por el consenso y regido por la democracia. México quiere un Gobierno para el cambio con estabilidad, ése es el Gobierno que a partir de hoy sabré presidir. Convoco hoy a todos los mexicanos para que nos unamos en el propósito de cumplir cada quien con su parte, para que nadie vea en otro mexicano a un enemigo, para que nadie anteponga el interés personal al interés de la nación. Ernesto Zedillo Ponce de León 1o. de diciembre de 1994".
Tengo aquí una carta escrita personalmente, me fue enviada y se me pidió que se leyera: La carta dice: "Diputado Salvador Martínez Della Roca. Le escribo para contarle mi forma de detención y la manera en que fuí tratada. El día miércoles como a las 17:00 horas, cuando fuimos soprendidos por unas personas que yo pienso eran de la policía judicial, ellos entraron muy violentamente, nos agarraron a todos los que ahí habitábamos y nos golpearon muy fuerte, después nos amarraron de las manos y nos vendaron los ojos. Desde ese momento empezaron a torturar a los compañeros con toques eléctricos, patadas, golpes en la cabeza y en la espalda, les golpeaban con lo que tenían o encontraban, incluso a mi marido, que él está operado por una enfermedad de cáncer, le pegaban muy feo en su estómago y lo pateaban y decían que a mí me iban a violar y luego a matarme. Muchos golpes recibimos todos, nos estuvieron moviendo de un lado para el otro maltratándonos, tirándonos como si fuéramos animales y con el cañón de sus armas apuntándonos a la cabeza; después de eso nos subieron a un camión a todos y nos trajeron muy mal, todos encimados y aparte esos hombres traían sus pies encima de nosotros, todo el peso de sus armas que ellos traían lo traían encima de nosotros.
Llegamos a un lugar que no nos dimos cuenta porque teníamos vendados los ojos y sentí que nos subieron en un avión hasta llegar a otro lugar que tampoco nos dimos cuenta y de ahí nos subieron a un autobús hasta llegar a un lugar donde estaban unas mujeres que nos torturaron con cables eléctricos, ahí nos desataron las manos pero no nos quitaron las vendas de los ojos.
De ahí como a las 8:00 de la mañana me desvistieron y me llevaron al baño y ahí una mujer me daba toques eléctricos, 40 minutos estuve con las torturas hasta que se cansaron y luego dejaron de molestarme y siguieron con Rosa, que también la torturaron, y a los demás compañeros también los torturaron muy feo.
Pero todavía no entiendo por qué nos trataron así, puesto que como yo les decía que yo y mi marido estábamos en casa muy poco tiempo, como mes y medio, pues necesitábamos trabajo porque somos campesinos y en el campo ya no alcanza para sobrevivir y por esa misma causa nos trajeron para acá.
Pero yo les pido que nos ayuden, que ustedes bien saben que por ser campesinos y por buscar trabajo estamos aquí. Ayúdennos, por favor, se los vamos a agradecer. Es todo. Hermelinda García Sepahua.
Esta carta escrita el día de ayer, habla por sí sola.
Si se quiere una solución a Chiapas y a México, no podemos continuar con estas cosas, y para muchos de los que estamos aquí, algunos senadores, a quien hace muchos años firmaron cartas de libertad para los que en 1968 nos hicieron exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, nadie me lo va a contar, tampoco vine aquí a hacer mi biografía, muchos de los que están aquí lo saben.
La solución se hace resolviendo el hambre, se hace sentándose en una mesa a negociar; la solución se hace no haciendo estas cosas.
Concluyo, propongo: desistimiento de la acción penal ya, ahorita. Son inocentes, no los pueden acusar de zapatistas, porque si son zapatistas, se sentaron a negociar con ellos, se escribieron con ellos, se les reconoció y se les ofreció una solución. ¿Por qué, como dice Carlos Fuentes, de repente de ser un ejército con el que me siento a discutir y mando a Esteban Moctezuma y me carteo con él, por qué de repente ya son delincuentes y se les trata de esta manera?.
Para concluir, compañeros, a todos ustedes y con mucho, mucho deseo que coadyuvemos a resolver el problema: los mexicanos y en particular los presos políticos que actualmente han encarcelado, no están lozanos, sino muy marchitos. Con poca gracia se le ha ocasionado a la nación una gran desgracia. Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la palabra el diputado Peniche y Bolio.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio:Señor Presidente; señoras y señores legisladores; señoras y señores:
Trataré de ser muy breve en esta intervención, principiando por reconocer, por parte del Partido Acción Nacional, su respeto irrestricto al marco constitucional que como norma suprema debe regir los actos de las autoridades constituidas en la República Mexicana.
El artículo 21 constitucional, en su segundo párrafo, establece: La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél.
Esta norma suprema es la que permite a la Procuraduría General de la República, como a las procuradurías estatales, la persecución de los delitos y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas por la autoridad judicial.
Dentro de un marco estrictamente de derecho y en respeto irrestricto de esa garantía consignada en nuestra Constitución, de que no sean ya los fiscales, como antiguamente, quienes pudieran dictar la aprehensión y detención de los presuntos delincuentes, sino que lo fuere la autoridad judicial de donde emanen esas órdenes, es como la Procuraduría General de la República cumple constitucionalmente su función perseguidora y de ejercicio de la acción persecutoria.
Esto no quiere decir que para Acción Nacional no haya también el respeto irrestricto a la integridad de la persona humana, a la garantía de los derechos humanos de quien todo habitante de la República Mexicana tiene la facultad de poder ejercerlos. El permitirse y respetar y encuadrar la acción policiaca de persecución de los delitos, de la acción persecutoria ante los tribunales y la continuación de la misma hasta obtener sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria de los presuntos responsables, jamás ha sido para Acción Nacional, en mengua o detrimento de las garantías individuales, del respeto a los derechos humanos, que como norma universal de respeto prevalece por encima inclusive de la norma constitucional.
Congruente precisamente con esta actitud, es por lo que en esta mañana Acción Nacional ha solicitado la comparecencia del Procurador General de la República y del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, porque somos conscientes de que los derechos irrestrictos del hombre, por su integridad de persona humana, debe de estar por encima de cualquier precepto que pudiere convertir la persecución sancionada, autorizada por la Constitución, en un abuso de autoridad del que pudieran ser víctimas las partes ofendidas.
Por lo demás, Acción Nacional por mi conducto desea dejar sentado lo que bien pudiera enunciarse como sinceridad en la búsqueda de la paz, sin que esto implique, señores legisladores, renuncia, desistimiento, cesión y mucho menos claudicación de los propios principios que los protagonistas de este conflicto hubieren de profesar.
La sinceridad en la búsqueda de la paz, es un llamado que honestamente hace el PAN hacia todos los sectores, hacia todos los rumbos y hacia todos los espacios, a fin de lograr la tranquilidad nacional.
Nosotros por nuestra parte, hemos demostrado en el curso demás de 50 años de vida y de militancia política activa, la sinceridad en la búsqueda de la paz, aun en momentos en los que hubiéramos de ser provocados a consecuencia de esa finalidad. Es pues anhelo popular que hace suyo el grupo parlamentario del PAN, la honestidad de todos a llegar a la paz, y es en este contexto en el que mi partido fija de una vez por todas su posición.
La conducta que en tal sentido tomen quienes en una u otra forma han alterado la paz en Chiapas, no satisface el anhelo del pueblo, que en su mayoría, es la mayoría que desea la paz y armonía en un estado de derecho en el que impere como norma universal de respeto en la sociedad, la paz y la armonía.
Tengamos, pues, sinceridad en la búsqueda de esa paz. He dicho.
El Presidente:
Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la palabra el senador Angel Sergio Guerrero Mier.
El senador Angel Sergio Guerrero Mier:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Es evidente que la gran preocupación que para todo el país reviste desde antes de ahora el gravísimo conflicto de Chiapas, se convierte cada vez más en una prioridad nacional de atención urgente e inmediata.
Quiero referirme a algunas de las consideraciones que en esta tribuna se han hecho en relación con la naturaleza del conflicto, y sobre todo en relación con la postura del Gobierno de la República.
Creo que a nadie escapa, y qué bueno que hayamos escuchado aquí mismo una verdadera condena al vicio del discurso de la violencia, como se le denominó, para pasar a la expresión de tesis prepositivas que están indudablemente inspiradas en una justa y verdadera reflexión de estar todos unidos y solidarios en buscar una solución definitiva y tajante a este conflicto que lacera la conciencia de todos los mexicanos.
Creo que debemos de remarcar nuevamente, porque ya se ha hecho en ocasiones anteriores, que el Gobierno de la República nunca ha roto el diálogo ni nunca ha expresado una situación de no insistir, como se ha hecho en multitud de ocasiones, en una insistencia clara, indubitable, de que sólo mediante el diálogo y la concertación, es decir, por la vía política, se pueden solucionar este tipo de conflictos.
No hay que olvidar que desde el inicio de esta rebelión, y le digo rebelión porque constitucional y penalmente configura los elementos materiales de un delito de esta naturaleza, la postura del Ejecutivo Federal ha sido siempre la búsqueda del diálogo; que después de las escaramuzas lamentables que ocasionaron los enfrentamientos propiciados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se abrió un impasse buscando precisamente el diálogo, buscando las vías pacíficas tendientes a un entendimiento.
Fue el Ejecutivo Federal quien declaró primero el cese unilateral del fuego. Y eso es una postura que invariablemente se ha mantenido, inclusive después de aquellas pláticas iniciales donde parecía, con cierto optimismo, que sentados a la mesa de negociación en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, se iba a llegar a una solución y levantó la expectación y la esperanza de todo el pueblo de México.
Y fueron, hay que mencionarlo también, una serie de situaciones irreflexivas, con un claro matiz político-electoral los que en última instancia, pienso yo, puedo estar equivocado, impidieron que se llegara a una concertación total, porque jamás hubo una negativa al reconocimiento de las justas demandas de las etnias chiapanecas, en función de exigir con toda justicia, atención al enorme y lacerante rezago social que desde hace siglos han venido sufriendo. Jamás ha habido una negativa o un desconocimiento a las reivindicaciones sociales, que justamente han demandado los indígenas chiapanecos, y que son desde luego las motivaciones de carácter social, justas y legítimas, que hacen levantar una voz de protesta, que hacen levantar el clamor, y situaciones de exigencia que nunca han sido calificadas ni como absurdas ni como incongruentes.
Pero cuando a estas reivindicaciones sociales se incorpora una serie de situaciones políticas, que nada tenían ni tienen que ver con la situación social de los indígenas chiapanecos, se estancaron las negociaciones, porque se estaba, hay que recordarlo, planteando como puntos del pliego petitorio, la renuncia del Presidente de la República, el nombramiento de un presidente interino, la convocatoria a un Congreso Constituyente, que convocara a nuevas elecciones, cuando el resto de la nación mexicana, todas las organizaciones políticas, todos los ciudadanos de México, estábamos empeñados en la realización de un proceso electoral para el 21 de agosto del año pasado.
Eso fue lo que en última instancia no pudo ser satisfecho. Eso sí fue rayar en lo absurdo y en lo incongruente, y por ello creemos que obedeció a la postura última del subcomandante Marcos y del comité clandestino, así denominado, el decir que después de la consulta a sus bases, no se aceptaba el diálogo con el Gobierno.
Pero volvemos, hay que retomar el hilo de los acontecimientos, porque éstos no los podemos inventar. El Gobierno de la República jamás ha manifestado falta de disposición para el diálogo; todo lo contrario, ha procurado tender todos los puentes posibles tendientes a que exista este entendimiento y evitar precisamente las vías de la fuerza y la represión, que serían de lamentables y funestas consecuencias para Chiapas y para México.
Se ha dicho, y creo que con mucha razón, que todos debemos de solidarizarnos con la comisión legislativa designada por el Congreso de la Unión. Creo que la participación y las tareas de esta comisión están siendo definitivamente importantes, buscando vías de apoyo, de solidaridad y de entendimiento, sin desplazar desde luego aquellos organismos como la Conai, que están reconocidos por ambas partes, como el órgano esencial de intermediación para buscar la paz en Chiapas.
Pero creo que los compañeros que designamos, los compañeros senadores y diputados de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión, que designamos ambas cámaras, están desempeñando un papel relevante e importante, en el rumbo que deben tomar estas vías de conciliación y estas vías de diálogo.
Se dice, con razón, y se ha propuesto, ya fue turnado a comisiones, y creo que no es ya materia del debate, sino materia del dictamen que deban emitir las comisiones a las que fueron turnados, sobre la invitación al Procurador General de la República y al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que expliquen a las cámaras del Congreso de la Unión, conductas graves, irregulares, que se han denunciado acá, y que no podemos poner en tela de duda ni su veracidad, ni su falta de veracidad, porque sí deben de ser materia de una investigación a fondo.
Pero que bueno se sitúa en el plano de la competencia constitucional, porque no quisimos hacerlo a propósito de otras solicitudes de comparecencia, porque fueron turnadas a comisiones, y estas comisiones van a dictaminar, pero creo que hay una rectificación muy oportuna. Hay que recordar que están pendientes solicitudes para la comparecencia del Secretario de Hacienda ante la Comisión Permanente.
Compañeras y compañeros legisladores: la permanente no tiene competencia para hacer comparecer a secretarios, ni siquiera al Procurador de Justicia; para invitarlos, seguramente que sí, pero la comparecencia significa otra característica de facultad de las cámaras del Congreso de la Unión, no de la Comisión Permanente. Entonces la rectificación y el planteamiento, me parece adecuado en función de cuidar las facultades que tenemos y no incurrir o exigir las que no tenemos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Y una segunda cuestión. Se dijo que se cuestiona la participación del Ejército en materia del apoyo brindado a las autoridades del Ministerio Público Federal, porque no corresponde a una misión, ni a un papel, ni a una responsabilidad del Ejército mexicano. Bueno, hay que recordar y hay que remarcar aquí que precisamente el Ejecutivo Federal hizo una amplia información de que con base en la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos, había solicitado al Ejército mexicano respaldar las acciones del Ministerio Público Federal. Y esto puede también ser motivo de polémica o de argumentación en otro sentido; es decir, puede decirse: no es facultad del Ejército. Pero ¿cuándo el Presidente de la República tiene la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas? en ¿qué casos y en qué circunstancias?, pues cuando se trata de salvaguardar la seguridad interior de la nación o la seguridad exterior también.
Y hay que concatenar debidamente estas circunstancias, porque eso es lo que nos da la explicación y la justificación jurídica de esta facultad ejercida en esta forma, no de intervención directa, de apoyo para preservar la seguridad interior de la nación.
¿Cuáles son los presuntos delitos?, porque en estos momentos no podemos hablar todavía de su configuración. Los presuntos delitos de rebelión, de sedición, de terrorismo, están en un capítulo del Código Penal Federal que se llama "Delitos contra la Seguridad Interior de la Nación". Entonces ahí está tanto constitucionalmente como en la legislación secundaria, la legislación penal, está configurada y razonada jurídicamente el ejercicio de esta facultad por el Presidente de la República.
Esto, desde luego, explica el porqué de la participación del Ejército mexicano en apoyo de la Procuraduría General de la República. Y esto también porque no se trata ni se ha tratado de buscar una confrontación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; sin embargo, qué importante ha sido la intervención de ayer de la comisión legislativa para hacer un planteamiento ante el propio Ejecutivo en el sentido de que se abra un nuevo periodo de espera para que el Ejército se limite a labores de patrullaje, para que las órdenes de aprehensión no sean ejecutadas con la celeridad que se ha querido, para esperar precisamente que vuelvan otra vez las vías de negociación y de conciliación que permitan a las partes sentarse a buscarle solución al conflicto.
Yo creo que esta postura del Ejecutivo Federal es la que debemos reflexionar y que debemos de ponderar; no ha habido ni una acción de ejercicio de represión en búsqueda de solucionar por la vía violenta o por la vía del ejercicio armado al conflicto de Chiapas.
Ha habido, sí, y aunque se critique, ha habido sí el ejercicio de facultades legales, inclusive por la propia Procuraduría, sin mengua que se lleguen a comprobar o no los excesos que se han denunciado aquí, pero está en el ejercicio de una acción que le concede la propia Constitución y que se dice, ¿por qué antes no se había ejercido? Bueno, pues no se había ejercido porque no había ni la identificación probable de los presupuestos responsables de la comisión de estos delitos. Y cuando hay elementos y datos que llevan a la conclusión de esa probable identificación, es cuando se configura la presunta responsabilidad. Esa es la cuestión, pero yo quisiera más que nada, destacar fundamentalmente lo que es la actitud general y lo que es la preocupación de todos: el seguir insistiendo en un análisis profundo de la situación de Chiapas; en un análisis en el que ya es corresponsable el Poder Legislativo Federal, que va a ser materia inclusive, del probable periodo de sesiones extraordinarias, cuya propuesta hemos recibido el día de hoy del Ejecutivo Federal, cuando se menciona como un punto medular de esta propuesta para el periodo extraordinarias, el análisis de la situación en Chiapas y discusión sobre propuestas de posibles soluciones al conflicto en esa entidad y se compromete el informe por escrito del Procurador General de la República y del Ejército nacional en esta materia, pero que abre también las posibilidades a las cámaras del Congreso de la Unión, de citar a comparecer a estos funcionarios. Ahí sí, porque es facultad de las cámaras del Congreso de la Unión.
Yo tampoco descalificaría de entrada las amplias posibilidades que presenta una probable ley de amnistía. Tiene razón el senador Castillo; a veces la misma dignidad de luchador social le lleva a desechar o a oponerse al otorgamiento de una amnistía por considerar que esto configura las circunstancias de perdón y olvido y que lógicamente no se acepta de entrada, porque significa el no reconocimiento de las características de falta de culpabilidad penal o sea de inocencia.
No, yo creo que una ley de amnistía debe ser valorada en toda su importancia. Algunos jurisconsultos han dicho: ¿por qué la ley de amnistía antes de que se efectúen las negociaciones?, si la ley de amnistía se tiene que referir forzosamente a hechos delictivos pasados. Bueno, pues estos hechos delictivos pasados están en vías de configurarse. Y una ley de amnistía vamos a esperar que nos llegue la iniciativa respectiva, pero configura circunstancias de tipo jurídico individual, pero también de tipo general. Y se trata precisamente de la voluntad, manifiesta nuevamente del Ejecutivo Federal, de pedirle esa corresponsabilidad al Congreso de la Unión y tender esas vías que eliminen la posibilidad del ejercicio futuro de la acción penal o de la ejecución de las órdenes de aprehensión una vez que se vayan teniendo las seguridades de la aprobación y la expedición de esta ley de amnistía. Eso impide desde luego cualquier circunstancia de ejercicio de la acción penal.
Claro que la materialización de las cuestiones ya de carácter procesal, tendrán que ser definidas exactamente en la propia ley de amnistía. Pero yo no la descalificaría; al contrario, nosotros la alabamos y le decimos: bienvenida; porque es una muestra más de tender esos puentes de diálogo, de concertación, de conciliación, evitando y sentando las bases jurídicas desde antes, para evitar precisamente el que haya posibilidades de acciones futuras de tipo penal.
Esto es algo que yo he querido remarcar. Pero además me han preocupado algunas afirmaciones que en materia de procedimientos del Ministerio Público Federal se han mencionado. Sí hay, y no es tampoco a guisa de justificación de esos actos, es tan sólo recordar las reformas que juntos hicimos al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y posteriormente al Código Federal de Procedimientos Penales: cualquier declaración rendida ante autoridad distinta o de la Policía Judicial o del Ministerio Público o del juez, sin la asistencia de un abogado defensor, carece en absoluto de valor probatorio.
Yo no veo en estas circunstancias jurídicas, qué puede ganar quien tiene a su cargo la acción persecutoria de los delitos, en incurrir en excesos de ese tipo, si se incurrieron, si sus actos van a carecer de todo valor probatorio, es decir, que los actos de tortura son inminentes si se llega a comprobar esa circunstancia de tipo jurídico.
Entonces ésa es nada más como un acotamiento. Compartimos la idea de que esas denuncias deben de ser investigadas, de que esas irregularidades deben de ser analizadas, porque no podemos permitir, si hemos actualizado nuestra legislación penal, si hemos aprobado una Ley Federal Contra la Tortura, si hemos perfeccionado la legislación relativa a las Comisiones de Derechos Humanos y a la propia legislación de la materia, no podemos permitir ni permanecer pasivos cuando se denuncian ese tipo de actos, y sobre todo que sean, desde luego, comprobables materialmente.
Pero retomo el tono inicial de mis palabras. Creo que lo más importante y en lo que encontramos una concordancia con mucho de lo aquí expuesto, es en la preocupación del Poder Legislativo en coadyuvar verdaderamente al logro de la paz en el Estado de Chiapas, a garantizar en la forma adecuada en coordinación y en colaboración con el Ejecutivo Federal, de encontrar la fórmula adecuada para la atención de los problemas y los rezagos sociales del Estado de Chiapas y a evitar la vía violenta tendiendo cada vez más y adoptando los instrumentos jurídicos, políticos, necesarios para que la conciliación redunde verdaderamente en la obtención de una paz que todos los mexicanos desean y que todos están esperando como solución final de este lamentable conflicto. Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel:Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Cuando hemos estado asistiendo estos días a la Procuraduría General de la República, con la finalidad en la comisión que estoy del seguimiento del caso de José Francisco Ruiz Massieu, a visitar al señor procurador general de la república, al licenciado Antonio Lozano Gracia, recuerdo que en todas las salas de espera hay una leyenda que más o menos dice así: "Nadie, en ninguna circunstancia, ni los particulares ni la autoridad, pueden estar por encima de la ley".
El Partido de la Revolución Democrática, evidentemente que ante los acontecimientos a partir del 9 de febrero de este año, y la situación actual al día de hoy encuentra una distinción positiva. Sin embargo, también nos parece que esto no puede ni debe de impedir que debemos de denunciar lo injusto y lo anticonstitucional, que ocurra en nuestro territorio nacional. Y obviamente proponer salidas políticas y jurídicas a los problemas, como es el caso de Chiapas. Por ello nosotros también, y eso está probado hasta la saciedad, hemos insistido en la necesidad del diálogo entre las partes en el conflicto en el Estado de Chiapas. Y no podemos en este sentido estar en desacuerdo con los diputados y senadores del PRI y del PAN, que han hecho uso de la tribuna. Esto es: el diálogo es prioritario para todos.
Aquí sin embargo vale la pena preguntar: ¿cómo llegar al diálogo? ¿Será con paciencia o cordura, o con la ruptura del orden constitucional? ¿Será mediante soluciones penales y militares, o a través de propuestas políticas y sociales?
A nuestro juicio, evidentemente que el problema de Chiapas, que ya es nacional, requiere de soluciones políticas y sociales, ante los problemas actuales de ausencia de democracia y los problemas ancestrales de tipo social, agrario y cultural en el Estado de Chiapas y en otras regiones del país, a los que se encuentran sometidos los indígenas.
Por eso, tenemos que decirlo aquí, el estado de derecho no a juicio nuestro, sino indudablemente para nosotros, se fracturó el 9 de febrero, cuando el presidente Zedillo, a través de los medios de comunicación, nos hizo conocer su decisión de como resolver el problema del conflicto en Chiapas.
Nosotros estamos convencidos que no se puede invocar el estado de derecho, fracturarlo, precisamente en la intención de restablecer los parece un contrasentido y por ello tenemos que decirlo así.
El marco constitucional, senador Guerrero, se rompió el 9 de febrero y no necesitamos acudir a ninguna integración de averiguación previa alguna, ni a ningún tribunal, para probarlo, nítidamente, en este momento.
Ese día el doctor Zedillo señaló, aquí están sus palabras textuales: "En uso de las facultades que me confiere la fracción VI del artículo 89 constitucional, he dispuesto que elementos del Ejército mexicano coadyuven con la Procuraduría General de la República en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión". Esta fue su primera decisión, que conocimos ese día todos los mexicanos.
La segunda fue, también textual, "Y que efectúe el Ejército mexicano atrullajes en distintos puntos del Estado de Chiapas para prevenir actos de violencia".
Dos decisiones tomó ese día el señor Presidente de la República, en relación a las funciones del Ejército mexicano: una, como coadyuvante del Ministerio Público en la ejecución de órdenes de aprehensión; y otra, de practicar patrullajes en el Estado de Chiapas.
No me quisiera detener en la segunda, que podría tener una larga discusión, en términos constitucionales ¿cuál es la apreciación que se debe de dar de la seguridad interior y la defensa exterior que señala esa fracción VI del 89, sobre el uso de las fuerzas armadas permanentes? Esto es el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.
No me quiero detener en eso. Porque se trata, insisto, de demostrar ante ustedes, la flagrante violación a la Constitución; y no por el Procurador General de la República, señor senador, sino por el Presidente de la República, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León.
Revisar todo nuestro marco constitucional y legal. Porque seguramente estamos de acuerdo que el estado de derecho mexicano tiene dos niveles: uno efectivamente el marco constitucional; y otro es su marco legal, su ordenamiento de leyes secundarias emanadas de nuestra Carta Magna.
El estado de derecho, por eso nosotros decimos que se rompió, y debe de restablecerse; insisto, revisé nuestro marco constitucional y nuestro marco legal; efectivamente como lo dijo el diputado Peniche y Bolio, el artículo 21 faculta exclusivamente al Ministerio Público y a la Policía Judicial perseguir los delitos, así es, nada más y nada menos.
El artículo 2o. del Código Federal de Procedimientos Penales, diputado Bolio, señala que los únicos que pueden auxiliar a la Policía Judicial Federal son las Policías, en términos genéricos. Evidentemente se refieren, ya revisando el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se refiere a las policías preventivas y policías judiciales en los estados. en ninguna parte, ni en el 21 constitucional ni en el artículo 2o. del Código Federal de Procedimientos Penales, ni en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se menciona que auxiliará al Ministerio Público el Ejército mexicano. Eso es así de cierto y así está y podemos discutirlo.
Por ello afirmamos que la decisión del presidente Zedillo de utilizar el ejército para cumplimentar órdenes de aprehensión, fue anticonstitucional y por ello se rompió el estado de derecho. Y exigimos que sea ...
El Presidente:
¿Aceptaría usted señor orador una interrupción de parte del señor senador?
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Sí, como ha dicho nuestro querido senador Lanz Cárdenas.
El Presidente:
Adelante, señor senador.
El senador Angel Sergio Guerrero Mier (desde su curul):
Señor diputado, yo quisiera nada más que nos dijera usted por favor, ¿cómo están considerados dentro de la legislación penal los delitos de rebelión, sedición, terrorismo, motín?, ¿cómo se denomina ese capítulo del Código Penal Federal?
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Contra la seguridad, así es. Pero eso no autoriza y discúlpeme, pero eso no autoriza en ningún momento, a que el Ejército intervenga. El Ejército de acuerdo a la fracción VI del 89 tiene otras funciones, insisto, yo por eso no quisiera siquiera discutir la facultad de patrullar para prevenir actos delictuosos, porque me parece que ahí pudiera ser que la discusión no tuviera una conclusión eficaz, clara, contundente, de lo que aquí nosotros buscamos; en ninguna parte, señor senador, insisto y lo reitero, en ninguna parte la persecución de los delitos que están en el Código Penal Federal incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial y lo remito en todo caso al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que señala quiénes son los que auxilian en el cumplimiento de esta función constitucional al Ministerio Público Federal y usted encontrará hasta capitanes, cónsules, capitanes de barcos, cónsules en el extranjero, pero no encontrará al Ejército mexicano, lo remito a que lea todas las fracciones del artículo 14 en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en su caso, el artículo 2o. del Código Federal de Procedimientos Penales.
Por mucho que sean estos delitos contra la seguridad nacional, no puede intervenir de ninguna manera en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, el Ejército. Eso tenemos que aceptarlo y debemos evitar que suceda, ése es el punto, no es otra la intención nuestra al abordar la tribuna en ese sentido.
Efectivamente estamos de acuerdo que en esta ruptura del orden constitucional, la Procuraduría General de la República cometió violaciones, ya se dijeron aquí, hubo detenciones con violencia física, basta ver las fotografías, las tomas de las cámaras de televisión, de los detenidos en el Estado de México, para ver que están golpeados evidentemente, esto no requiere ninguna prueba.
Que hubo participación de grupos armados no identificados en todas estas actuaciones, no sabemos si fueron policías judiciales de los estados apoyando a la Judicial Federal y al Ejército mexicano, o simplemente grupos que siempre han sido denunciados de guardias blancas, que actúan impunemente en el Estado de Chiapas.
Los detenidos, muchos de ellos fueron trasladados a cárceles clandestinas. Efectivamente, las declaraciones ante el Ministerio Público Federal, no sólo no contaron con abogados sino que también la reforma, señor senador, dice: de personas dignas de su confianza. No se requería ni siquiera que fueran abogados, se entiende que una persona digna de su confianza puede ser hasta un familiar.
Por otra parte, no escuchamos aquí alguna intervención en relación al papel que jugó el Poder Judicial Federal. Nos parece que sus resoluciones de autos de formal prisión contra todos los involucrados en estos hechos de estos últimos días, demuestran la sumisión de este Poder al Ejecutivo. Y también estaría dispuesto a que discutiéramos la incongruencia de que la Procuraduría consigna por rebelión y sedición, delitos excluyentes, a esta personas, y sin ninguna revisión crítica e independiente en términos jurídicos, el Poder Judicial Federal dicta los autos de formal prisión por esos delitos.
Por si no lo sabemos, el delito de rebelión lo cometen quienes lo hacen con armas, y el delito de sedición, con los mismos objetivos, pero sin armas. O cometen el delito de rebelión o cometen el delito de sedición, pero no los dos, porque o actuaron con armas y fue rebelión, o actuaron sin armas y fue sedición, pero no los dos; no pueden cohabitar jurídicamente estos delitos, son excluyentes.
Pero ¿qué hizo el Poder Judicial Federal? En la inercia de estos días, sin ningún recato, para no contradecir la decisión presidencial, automáticamente dictó los autos de formal prisión por esos delitos, sin reparar en la gravedad de esas contradicciones evidentes de tipo jurídico.
Nosotros urgimos a esta Comisión Permanente a que apoye a restablecer el estado de derecho, en el país, porque esto no fue en Chiapas, ocurrió en Veracruz, ocurrió en el Estado de México y puede ocurrir en otras partes.
Y efectivamente creemos que en los casos concretos de posibles violaciones que haya cometido la Procuraduría General de la República, deben de investigarse específicamente y deben de resolverse, porque hay un procedimiento, pero la denuncia a la violación al marco constitucional lo tenemos que decir aquí, porque no hay un procedimiento de tipo constitucional, salvo el juicio político, para enjuiciar a un Presidente que viola flagrantemente la Constitución, y sabemos, de acuerdo al 108 y al 110, que ya lo hemos discutido muchas veces, que el Presidente no es sujeto de juicio político, pero esta Permanente sí puede condenar políticamente esa decisión anticonstitucional de poner al Ejército a auxiliar al Ministerio Público Federal para cumplimentar órdenes de aprehensión. Ese es el estado de derecho que debemos de restablecer y ése es al que nos referimos y sobre lo que nosotros venimos a denunciar, para que nunca más se vuelva a dar.
Pero a nuestro juicio ¿qué tenemos que hacer? Tenemos el problema, sigue el conflicto en Chiapas. De las cinco órdenes de aprehensión que el señor Presidente leyó el 9 de febrero, sólo dos se cumplimentaron, las otras tres de otros supuestos altos dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, siguen ahí y ellos siguen sustraídos de la acción de la justicia dentro de esta lógica jurídica.
El problema político no se hubiera resuelto aún ni con la detención de los supuestos dirigentes principales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Tenemos entonces ahí, ya no nada más el problema político y social de antes del 9 de febrero; tenemos ahora un embrollo jurídico, acciones penales, patrullajes militares, que sólo enfocaron a una supuesta solución rápida del problema en Chiapas a través de la vía policiaco-militar.
Estamos convencidos de que la decisión de ayer, o que ayer conocimos, puede ayudar a restablecer el camino de las soluciones políticas y no de las soluciones policiaco, militar, por ello proponemos pasos concretos hacia ese diálogo.
Nosotros creemos que efectivamente debe de resolverse la situación jurídica de los detenidos y perseguidos o sustraídos de la acción de la justicia; debe sí, coincidimos, es cuando menos mi apreciación personal, elaborarse una ley de amnistía sin condiciones por el Congreso de la Unión. También creemos que como ésta es una decisión voluntaria de acogerse a ella de los insurrectos, de no aceptarla también por lo mismo para abrir las vías políticas y destrabar estos obstáculos jurídicos, debe de dictarse sobreseimientos de los procesos penales vía el desistimiento de la acción penal, y por otro lado, dejar de continuar indagatorias contra los guerrilleros zapatistas, ya que ellos se rigen, indagatorias penales, dejar de continuarlas, ya que ellos se rigen, los zapatistas, bajo la lógica insurreccional y no bajo la lógica jurídica, por ello no pueden ser dentro de esta lógica, de este sentido común, ser tratados como delincuentes; deben de encontrarse soluciones políticas. Son adversarios políticos en armas, eso es cierto, y para eso está el Ejército ahí, para cuando se presente la situación de confrontación bélica, se dé, pero si no es ése el caso, como no ocurría, no tiene por qué intervenir el Ejército, y tratárseles todavía como adversarios políticos y buscarle salidas políticas al problema de Chiapas.
También creemos que deben de darse pasos específicos hacia una reforma democrática definitiva, para que encontremos condiciones propicias de confianza, de credibilidad entre las partes, fundamentalmente entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista, para que se sienten a dialogar.
Igualmente nos parece necesario que se deben de restablecer las condiciones anteriores al 9 de febrero de 1995, deben de restablecerse las condiciones político-militares que existían en Chiapas antes del jueves de la semana pasada.
Por último, para nosotros nos parece urgente que haya ya un diálogo con agenda concreta entre las partes involucradas, para resolver los problemas ancestrales y los actuales del Estado de Chiapas y del país.
Vuelvo a señalarlo, hay en este momento signos positivos. Caminemos en ese camino, vayamos hacia ese camino, no lo abandonemos, pero no me parece correcto que no reconozcamos, y por otra parte que nosotros no denunciemos cuando se abandona el marco constitucional, cuando se rompe el estado de derecho en México. No es así como resolveremos los problemas de Chiapas y del país. El diálogo para buscar una paz justa y digna en Chiapas y en cualquier parte del país, es el único mecanismo que todos los mexicanos debemos impulsar y que esta Comisión Permanente debe de apoyar incondicionalmente. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la palabra el señor senador Juan de Dios Castro Lozano.
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Cuando escuchaba al senador Angel Sergio Guerrero Mier y al señor diputado Leonel Godoy, sobre todo cuando dio respuesta a la interpelación que implicaba una interrupción al señor diputado, me parece que en esta Comisión Permanente se revivía aquel debate que causó grandes discusiones en el ámbito del derecho constitucional en el año de 1968.
Dice la Constitución General de la República en forma categórica, en opinión de algunos, tan categórica que una vez más uno de los grandes protagonistas del año 1968, el ingeniero Heberto Castillo la recuerda en el año 1995 en la Comisión Permanente, la facultad para disponer del Ejército mexicano por parte del Ejecutivo Federal, y cuando dice el 129: "...en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". Lo recalco, texto categórico del 129.
Y quiero señalar, señoras y señores legisladores, que este artículo 129 de la Constitución General de la República, aparecía en la Constitución de 1857, y esta primera parte sobre todo, pasó en la Constitución de 1917. Hubo, sí, hubo, sí, un pequeño agregado al 129 en el año 1944, en este siglo, cuando dice: "...solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas, almacenes, etcétera. . . " . Fue la afirmación de Heberto Castillo, yo siento que el centro de la argumentación del señor diputado Leonel Godoy, aun cuando él se refirió únicamente a la fracción VI del artículo 89.
Estamos en tiempos de paz. ¿O qué, señoras y señores legisladores, nos ha pasado el Ejecutivo Federal una solicitud de suspensión de garantías a la Comisión Permanente? ¿Hemos establecido los alcances, los límites, las facultades del Ejecutivo Federal en una suspensión de garantías? No. Y fue el debate de 1968. Y en el debate de 1968 por la intervención del Ejército, no hablo del 21 de octubre, hablode julio de 1968, el bazukazo del Ejército en el año 1968, Díaz Ordaz,presidente de la República, era tal el clamor sobre el tema, que sevio obligado a referirse a ese tema en forma indirecta. Y tengo aquí tres líneas, tres, cuatro líneas del presidente Díaz Ordaz en esa época, donde da una respuesta. La respuesta de Angel Sergio Guerrero Mier. ¿Y qué dice Díaz Ordaz?
Cito: "En ese mismo concepto agotados los medios que aconsejan el buen juicio y la experiencia, ejerceré siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89 fracción Vl de la Constitución General de la República y con apoyo además, en el sentido que tiene desde su origen, el artículo 129 de la propia Constitución".
¿Sabe qué, diputado Leonel Godoy? Yo hoy no quisiera coincidir con la argumentación de Angel Sergio Guerrero, pero si yo analizo desde el punto de vista constitucional, esta última parte de la cita del entonces presidente de la República Díaz Ordaz, con base en los precedentes del artículo 129, tengo que discrepar, una discrepancia muy fraternal con los señores colegas legisladores del PRD, en el sentido de que la disposición del Ejército mexicano es perfectamente ajustada a las disposiciones constitucionales, ¿por qué?..
El Presidente:
Señor senador, ¿aceptaría usted una interrupción por parte del diputado Leonel Godoy?
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
Acepto una interpelación que conlleva una interrupción, con todo gusto.
El Presidente:
Adelante señor diputado.
El diputado Leonel Godoy Rangel(desde su curul):
Gracias señor senador, pero yo preferiría llamarle pregunta, me suena menos morbosa. Claramente mencioné, señor senador, en mi intervención, que el señor presidente Zedillo, el 9 de febrero, dio dos instrucciones al Ejército. Y también creo que subrayé, quizá en exceso, que me quería referir a la primera, a la que coadyuvara con el Ministerio Público Federal, en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión.
Señalé que la otra decisión de patrullar en el Estado de Chiapas, para prevenir actos violentos, tendría una discusión, que a mi juicio, no quería en este momento se diera, porque me parecía que era más flagrante, a mi juicio, la violación al artículo 21 constitucional por el Presidente de la República, al autorizar al Ejército a ser coadyuvante del Ministerio Público Federal, en la ejecución de las órdenes de aprehensión.
Y mencioné dos artículos de leyes secundarias, señor senador, y se los voy a volver a recordar, que fue el artículo 2o. del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que se refiere a las funciones y a los auxiliares del Misterio Público Federal, en el cumplimiento de sus atribuciones.
Por lo tanto, yo quisiera saber también fraternalmente, señor senador, porque me refería a la segunda instrucción del señor Presidente, si usted concuerda con el senador Guerrero Mier, de que dice que se apegó a la Constitución, "por incluso considerar que esos delitos son del ámbito de la seguridad interna", si es el capítulo, es el bien jurídico tutelar. ¿Si esta decisión de ordenar al Ejército en coadyuvar con el Ministerio Público, fue constitucional, apegada a esa disposición del artículo 89 fracción VI?
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
Hablar de temas constitucionales no le veo dónde está el morbo, señor diputado. Pero mire usted, no me dejó terminar, no he ni siquiera empezado a dar la argumentación cuando usted se anticipa a recordarme las disposiciones de la legislación secundaria. Espero en el curso de mi exposición contestar la pregunta que usted me señala, para ver si coincido con don Angel Sergio Guerrero Mier o coincido con don Leonel Godoy muy fraternalmente, o bien si tenemos unas discrepancias.
Yo lo único que llevo manifestado hasta este momento es que en principio coincido con el hecho de que la disposición por parte del Presidente de la República del Ejército está apegada a la Constitución, pero permítame, tengo que argumentar, tengo que decir por qué considero que está apegada a la Constitución, y una vez que argumente, si seguimos teniendo discrepancias, con todo gusto a través de interpelaciones que implican interrupciones, sin morbo de ninguna naturaleza, o subirá usted y seguiremos debatiendo el tema.
Continúo para poder encajar las argumentaciones que se han dado. Yo advierto en el señor diputado Leonel Godoy y del compañero diputado también del PRD que hizo uso de la palabra, y yo respeto su apoyo definitivo a quienes en un momento dado participan o simpatizan con la guerrilla. No voy a entrar al tema si es justificado o no es justificado. Escuché la cita que hizo de Carlos Fuentes y, bueno, Carlos Fuentes es un escritor destacado, muy prestigiado. Yo respeto la opinión de don Carlos Fuentes, pero hay otras opiniones, quizá de escritores no tan destacados como don Carlos Fuentes. Yo tengo aquí una cita de otro escritor. Dice lo siguiente:
"A la violencia desatada por Marcos y quienes lo sostienen, respondió finalmente el Estado con su propia violencia. No sabemos por qué lo hizo hasta ahora y pueden llegar al infinito las especulaciones sobre el súbito cambio en la actitud del Ejecutivo, que ya se señaló aquí. Quizá sea un cambio débilmente justificado, lo cierto es que entre los humanos el efecto normal de la violencia es más violencia. Nadie, absolutamente nadie entre los zapatistas ni entre sus partidarios teóricos puede hacer reclamación alguna. Han pedido que se les reconozca la calidad de ejército beligerante. Si una y otra vez se negaron con los pretextos más diversos al diálogo, mal se puede ahora presentárseles como agredidos.
Y continúo la cita: "Pensaron que indefinidamente se podría mantener en vilo a la nación y sacar frutos políticos de esa amenaza continuada. Es innegable que el país ha sufrido daños y más aún Chiapas, la región en donde se suscitó el conflicto.
El origen del conflicto", y aquí cierro las comillas, y agrego: suscitado quizá por las situaciones paupérrimas de miseria infrahumana de la población de Chiapas, que es también violencia, torció luego su rumbo.
Los zapatistas y sus partidarios ya no pedían justicia para el pueblo indígena. Se agregó Tabasco. Se agregó Veracruz".
El Presidente:
Señor senador, ¿aceptaría usted una interrupción de parte de la señora senadora?
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
La señora senadora ha tenido muchas deferencias conmigo y mal podría no aceptarle su pregunta. Con todo gusto.
El Presidente:
Adelante senadora.
La senadora Irma Serrano Castro (desde su curul):
Muchísimas gracias.
Nada más quería saber, porque se ha dicho tanto, se ha especulado tanto sobre todo en la prensa, cuándo se rompió el principio de esa defensa al pobre y se volvió política; ¿en qué momento? Porque yo todo lo que está referente a mi pueblo, a mi Estado, lo leo, lo escucho, le pongo atención, así como le he estado poniendo a usted y le juro que no he sabido ese momento; ¿por qué política? ¿En qué momento se tergiversó el idealismo de unos indígenas muertos de hambre, reclamando justicia, para hacerse política?, yo no he visto a uno solo de ellos, ni he escuchado que se vuelvan políticos o pidan una curul para estar aquí. Era nada más ésa mi pregunta.
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
Dije que iba a contestar, señora senadora, con la misma deferencia que usted me hace la pregunta.
La violencia inicial la ha sufrido el pueblo de Chiapas como todo el pueblo de México. No nada más Chiapas.
El desempleo brutal, el que Chiapas tenga 50 ó 60% de analfabetismo; el que Chiapas tenga Chicoasén por ejemplo, que surte de energía eléctrica a la mayor parte del país y decenas o centenares de poblados en Chiapas no tengan energía eléctrica; el que Chiapas tenga etnias, grupos indígenas ya no en condiciones de pobreza y miseria, como podemos encontrarlas en todo el resto de la República, sino en condiciones quizá tan precarias como existían en la época de la Colonia, no solamente en el México Independiente. Eso lo señalé: la primera violencia institucional es la pobreza que acaba usted de señalar.
Pero cuando se llama al diálogo y se empiezan a plantear, cuando estamosa punto de llegar al diálogo, cuestiones de otras entidades, de naturaleza político-electoral, que no digo que no sean legítimas; estoy totalmente de acuerdo con el reclamo legítimo de respeto a un derecho humano, como es el derecho del voto. No facilita las condiciones del diálogo. A eso me refería, señora senadora. No que los pobres de Chiapas pidan una curul, pidan una presidencia municipal. ¡No! Sino que se establezcan dentro de las condiciones del diálogo, temas que en un momento dado son importantes, sí, pero que pueden dificultar el que las partes involucradas puedan sentarse a la mesa de las negociaciones.
Y quiero agregar en abono de lo que usted dice, nombrar después de la renuncia de Robledo a un gobernador interino ¿puede facilitar el diálogo? Pero qué mejor que se hubiera nombrado con consenso de todas las partes involucradas. A eso me refiero.
Pero continúo con la argumentación: cuando se habla de la disposición del Ejército, el Presidente de la República fue claro. Con fundamento en la fracción Vl del artículo 89. Y dice Leonel Godoy:
"¡Ah! señor, voy a contestar lo que dijo, pero es que el Presidente hizo dos acotaciones:
Una; coadyuvar al cumplimiento de las órdenes de aprehensión.
Dos. El patrullaje de la zona para prevenir actos delictivos."
Pues yo digo, y aquí podemos discrepar y podemos llevar el debate al infinito y mantendremos la discrepancia, que las dos forman parte del todo.
Y quiero señalar algo: hay que ver el antecedente del artículo 129 y de la fracción Vl. El artículo 129, que fue debatido en el constituyente de 1856, y quiero señalar que no fue debatido por dos meses o por tres, fue debatido mucho más tiempo. Uno de las constituyentes, Ponciano Arriaga, planteó clarísimamente el problema que la existencia de comandancias militares, el establecimiento y su funcionamiento en el país, tenía para las autoridades locales; ejercitaban funciones que correspondían a las autoridades políticas locales. Pero quiero citar dos líneas del voto particular de Ponciano Arriaga, que nos dan cuál debe ser la interpretación correcta de este 129 en relación con la fracción Vl del 89. Decía en su voto:
"Que ese poder no debe obrar - se refiere al del Ejército - saliendo de su esfera, sino cuando la autoridad legítima invoque el auxilio de la fuerza", decía Ponciano Arriaga en su voto, "sino hasta que la autoridad legítima invoque el auxilio de esa fuerza".
No puede el Secretario de Defensa, no pueden los comandantes de los sectores militares obrar motu proprio. No puede, como se decía en el Constituyente de 1856, actuar con funciones como las de las autoridades políticas. La única autoridad legítima, a la que se refiere el 129, es el Presidente de la República, conforme la fracción VI del 89.
Y yo coincido con Leonel Godoy en un aspecto nada más. El Presidente de la República a mi juicio, puedo estar equivocado, a mi juicio precisó dos aspectos: patrullaje y coadyuvar. Yo digo que no necesitaba decirlo.
"Disponer del Ejército, de la Fuerza Armada y de la Fuerza Aérea a la que se incluyó en la reforma de 1944, que a eso se concretó la reforma de la fracción para salvaguardar la paz interior, como la seguridad nacional", como dice la fracción Vl, bastaba y sobraba.
Pero podría dar otro argumento. Y admito que en este momento yo no tengo el escrito del gobierno del Estado de Chiapas, donde solicita la intervención del Gobierno Federal, que es el artículo 116 de la Constitución General de la República.
Cuando hay, cuando existe ataque del exterior o sublevación interna dentro de una entidad, previa solicitud de la autoridad estatal, puede perfectamente el Gobierno Federal intervenir. Así lo dice el artículo 116.
¡Pero yo admito, señoras y señores legisladores, ¿dónde está la solicitud de la legislatura? ¡Dónde está, lo argumenté en el Instituto Federal Electoral! ¡Dónde está! ¡No la tengo! ¡Y a la mejor se le pasó al gobierno de Chiapas hacerlo!
¡Pero está la fracción Vl del 89! ¡Y el antecedente, el precedente, que no es otro que el voto particular de Arriaga, cuando dice "motu proprio el Ejército no puede intervenir, a menos que lo llame la autoridad legítima". La autoridad legítima es el Ejecutivo Federal!
¡Y si salvaguardar la libertad, la seguridad interna, implica la ejecución de órdenes de aprehensión y coadyuvar a ella, yo digo que la parte dentro del todo y acepto que haya discrepancia con la argumentación del señor diputado Leonel Godoy!
Y ahora voy, señoras y señores, a otro tema. Con esta argumentación pasa a plan secundario y queda respondida la segunda pregunta. ¿Usted coincide, señor diputado, me dice el diputado Godoy, que la legislación secundaria, sobre todo el Código Federal de Procedimientos Penales, dice que tales y cuales autoridades son las únicas que en forma limitativa pueden intervenir en auxilio del Ministerio Público?
¡Pues claro, no puedo discrepar si así lo dice la ley secundaria! ¡Pero eso no está en contra de que el ejercicio de la fracción VI autorice al Presidente de la República lato sensu a disponer del Ejército nacional, con ese objetivo!
Pero me interesó lo que dijo Godoy: sedición y rebelión, con armas y sin armas. Lo uno excluye a lo otro. Y cómo es, dice Godoy, que el Ministerio Público ejercita acción penal por los dos. Ese es el argumento: o es lo uno o es lo otro y ejercita por los dos. Y no solo eso, el juez decreta formal prisión por los dos delitos. Así es su argumento. Yo digo que tiene razón Godoy, tiene razón el diputado Godoy, ¿cómo voy a estar en contra de usted?; o es sedición o es rebelión, y eso ¿qué implica? Que el Ministerio Público violó, como él dijo, la ley. No, no, diputado Godoy, perdóneme, no violó la ley, y quién es el que va a determinar ¿usted o yo?, usted dirá que sí y yo diré que no; pues acudamos al único órgano que tiene la facultad legal de determinar quién es el intérprete de la Constitución; el intérprete de la Constitución es la Corte, ¿no es así?
Y usted es un buen abogado, diputado Godoy, usted debe saber lo que dice la Corte sobre este tema, pero no lo dijo, pero no lo dijo y ¿qué dice la Corte? La Corte dice que el Ministerio Público consigna hechos, señor diputado, consigna hechos. Yo, Ministerio Público, consigno hechos y podré decir que es robo cuando la realidad es que sea fraude; o podré decir que es fraude cuando la realidad es que sea abuso de confianza y no estoy violando la ley, podre revelar a lo sumo que me equivoqué al calificar, ¿pero sabe usted a quién le corresponde?, al juez.
Ministerio Público, consignaste por robo pero no es robo, es fraude y por lo tanto decreto formal prisión por fraude y el Ministerio Público consigna para hechos y tan es así, que cuando sucede esta situación, señoras y señores legisladores, y tiene el inculpado ese orgullo del derecho mexicano que es el amparo y lo gana, no queda libre, le conceden el amparo para efectos, para que el juez que también se equivocó y en eso sí estoy de acuerdo con usted, el juez debió obrar con mayor precisión que el Ministerio Público, porque al Ministerio Público le basta con consignar los hechos, le conceden al inculpado el amparo para efectos de que en un nuevo auto de formal prisión le cambien la calificación del delito.
Y lo otro, lo otro, ¿qué voy a hacer? Negar lo que dijo el señor diputado, olvido su nombre señor diputado, perdóneme y le admiro, porque yo admiro mucho a los luchadores del año 1968, las denuncias que hacen sobre la violación a garantías. Mire, yo voy a dar dos respuestas a eso, no lo voy a negar, no voy a negar la queja, creen que no conocemos el medio, yo una de las grandes afirmaciones que he hecho sobre la Policía Judicial Federal, de lo terrible que es para un procurador tratar de penetrar en esa maraña de intereses de la Policía Judicial Federal. Podríamos preguntarle, y lo digo con dolor del alma, a Pablo de Tavira, a Pablo de Tavira.
Sí doy la argumentación jurídica, perdónenme, pero cuando se hablaba de la Ley de la Tortura, y estoy hablando de la LV Legislatura, uno de los grandes debates que se dio sobre la Ley de la Tortura. ¿Para qué se tortura?, ¿para qué?; para tener la firma, la prueba, la lápida del inculpado y poderle decretar formal prisión.
Y lo que usted sufrió y muchos en 1968, lo han sufrido millones de mexicanos anónimos en todo el país.
Y decíamos que cuál era la alternativa: foros en las escuelas de derecho, foros en el foro mexicano. ¿Para quitarle valor probatorio a la declaración rendida ante el Ministerio Público? Yo no sé, yo todavía no he definido mi postura; ante el riesgo de la sociedad y ante el riesgo de los inocentes de sufrir la tortura, tenemos un pequeño, un pequeño avance. Si no rindes declaración con la presencia de tu defensor ante el Ministerio Público, la declaración no tiene valor, que fue lo que argumentó Angel Sergio.
¿Y voy a negar las fotos con la sangre? ¿Voy a negar las fotos con los golpes? No, no las voy a negar, no las voy a negar. ¿Por qué no las voy a negar?, porque después de una refriega de tres horas a balazos, no me queda la menor duda que va a haber golpeados; pero también no me queda la menor duda de las salvajadas a veces de la Policía Judicial, no a veces, la mayor parte de las veces.
La última ratio del Estado, de responder la violencia con la violencia. ¿Y voy a defender la ratio del Estado?, no, este Estado, coincido con la senadora Irma Serrano, ha creado una violencia institucional, senadora, en Chiapas, pero sabe también usted, en los municipios serranos de Durango y en los municipios semiurbanos y en los urbanos de todo el país. Esa violencia institucionalizada no podemos justificarla con este Estado, y este sistema, perdónenme los señores del Partido Revolucionario Institucional, no ustedes en lo personal, ha sido gobernado por el PRI muchas décadas y es responsable, perdónenme, responsable de esta situación.
Sí hay violencia de Marcos, de la guerrilla, pero ha habido antes una violencia institucionalizada que en este momento, decía Diego 40 millones, no, yo creo que muchos más millones de pobres tiene el país.
Pero a pesar de eso coincido con Leonel y coincido con Ortega y con Heberto: responder la violencia con la violencia, engendra más violencia, y una economía tan paupérrima como la nuestra, no puede arriesgarse a tener más graves, más agravada la situación de casi toda su población que es no pobre; es miserable.
Debe el Gobierno, aunque tenga la fuerza bélica y la seguridad de ganar en una confrontación inicial, debe agotar todavía más la vía del diálogo y de la negociación. Muchas gracias, señores.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel:Muchas gracias, señor Presidente.
Decidí traerme la Constitución y las leyes reglamentarias, señor senador, para ser preciso y no recurrir a la memoria.
Usted afirmó en una respuesta que no me parece directa a la que yo hice en concreto: el uso del Ejército para coadyuvar en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas por juez federal y que deberían de ser ejecutadas por el Ministerio Público Federal. ¿Actuó en apego al marco constitucional o no el Presidente de la República?
Usted como respuesta señaló que las dos instrucciones formaban parte de un todo, porque la disposición del artículo 89 fracción VI de la Constitución General de la República así lo podría justificar.
Primero, le quisiera recordar, señor senador, que hay dos principios de derecho que debemos tener en memoria aquí, recordarlos. Uno dice que para el particular lo que no esta prohibido está permitido, y el otro dice exactamente lo contrario, que para la autoridad lo que no está permitido está prohibido, de ahí entonces que yo no puedo deducir que la orden dada al Ejército mexicano por el Presidente de la República pueda incluir todo.
El senador Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, ¿quisiera preguntar al orador si autoriza una interpelación?
El Presidente:
¿Aceptaría el señor orador una interrupción?
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Con mucho gusto, señor Presidente.
El Presidente:
Adelante, señor senador.
El senador Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor diputado, colijo que su argumentación está encaminada hacia el hecho de si la ley secundaria, en este caso el Código Federal de Procedimientos Penales, acotando las autoridades, creo que hacia allá va, al no darle facultades al Presidente de la República él viola la ley secundaria. ¿Quiero preguntarle si usted está de acuerdo con la tesis de que la ley secundaria puede darles facultades al Presidente de la República, o es sólo la Constitución? ¿Tiene la bondad de contestarme, señor diputado?
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Con mucho gusto, señor senador.
Creo que tiene dos respuestas, la primera es de que sí faculta la ley secundaria a un Presidente de la República; la segunda está por ejemplo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde están las facultades del Ejecutivo Federal. La segunda es de que no puede facultar una ley secundaria a un Presidente de la República en todo aquello que no lo permita la propia Constitución.
El senador Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, ¿quisiera preguntar al señor orador si acepta otra interpelación?
El Presidente:
Desde luego. ¿La aceptaría usted, señor orador?
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Con mucho gusto.
El Presidente:
Adelante, señor senador.
El senador Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
En relación con la primera parte de su respuesta, que me sorprende, señor diputado, quiero preguntarle si una ley reglamentaria puede rebasar lo que el artículo constitucional que reglamenta determina. En otras palabras: si la Constitución le concede, le otorga al Presidente 10 facultades, si la ley secundaria puede contemplar una facultad distinta de las facultades que le otorga la Constitución, para acotar.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Claro que no, señor senador. Sin embargo, le quiero decir que hay muchas facultades para el Presidente de la República en leyes secundarias, y así le entendí su pregunta. La Ley de Reforma Agraria, por ejemplo, por darle otro caso, que ahí señala la facultad exclusiva del Presidente de la República, o señalaba la facultad exclusiva del Presidente de la República de expedir los certificados de derechos agrarios. Eso está en la ley secundaria, evidentemente surgida de la disposición del artículo 27 constitucional, así es. Por eso le decía que sí, en el caso de que se subordine a la Constitución, y que no en el caso de que esa ley secundaria quiera rebasar las facultades que la Constitución le da al Presidente de la República. Esa sería mi respuesta.
Bien, regreso pues al tema. El asunto es en esa decisión que le llamó de un todo el senador Juan de Dios Castro, del 9 de febrero, que dio el presidente Zedillo al Ejército mexicano, permitía también, según lo dispuesto en el artículo 89, fracción VI, a que el Ejército ayudara, coadyuvara a cumplimentar las órdenes de aprehensión al Ministerio Público Federal, y él dijo que sí. Nosotros seguimos insistiendo que no.
Pero además, antes de entrar a la ley secundaria, señor senador, usted leyó el artículo 129 constitucional. Efectivamente, el artículo 129 constitucional, voy a mejor citarlo para no tener ningún error de memoria, dice: "Artículo 129. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar..." Usted lo citó.
Y luego ya tiene una adición que no es en el caso de la discusión. Pero usted agregó, sin yo encontrar en este artículo, que esto está relacionado con la decisión del Presidente de hacer uso de las fuerzas armadas permanentes, que lo faculta el artículo 89, fracción VI, que por cierto el artículo original del Constituyente de 1917 sólo hablaba de las fuerzas armadas, nada más. Después diversas reformas le agregó "Ejército, Marina y Fuerza Aérea". Yo supongo que como se fueron constituyendo o construyendo en este país.
En ningún momento señala que esta disposición del 129, que es precisa, contundente, como usted lo mencionó, requiera o se preste a la interpretación concreta del Presidente de la República, porque usted dijo en su alegato que salvo, cuando el Presidente de la República, conforme a la fracción VI del 89, lo resolviera.
Yo le quiero decir que no, señor senador. En tiempo de paz primero tiene que haber alteración de esa paz, como lo dice, que usted lo citó nada más, y le voy a leer precisamente el 29 constitucional. ¿Qué dice el 29 constitucional? Quiero citarlo: "En caso de invasión, perturbación grave de la paz pública..." perturbación grave de la paz pública, tiempo presente; que en ese momento esté alterado el orden y la paz pública.
Se infiere una relación directa entre el artículo 29 y el 129, a mi juicio, para que se pueda dar el supuesto distinto al señalado en el artículo 129; esto es, que no estemos en tiempos de paz.
Hasta donde sabemos nunca se invocó el artículo 29, que es la suspensión de garantías por tiempo limitado y en una parte o en todo el territorio nacional, por estas perturbaciones graves de la paz pública; no ocurrió así.
Yo por eso insistía que no quería entrar a la discusión de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución en relación al patrullaje; quise ser reiterativo y a eso subí otra vez a la tribuna. Que no hay en ninguna parte de la Constitución ni de las leyes secundarias, facultades del Ejército para ser coadyuvante del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, porque entonces entendemos otra situación distinta, señor senador, la intervención del Ministerio Público es a contrario sensu en tiempos de paz, no puede ser en tiempos de guerra. Porque están en ese momento las garantías individuales suspendidas temporalmente y por lo tanto no son aplicables todas las garantías procesales que consagra nuestra Constitución en materia penal.
Yo creo que el Ministerio Público Federal puede ejecutar órdenes de aprehensión en tiempos de paz, y yo creo que cuando no hay paz el Ejército no tiene porque cumplimentar órdenes de aprehensión, estamos ante otro supuesto y otra situación jurídica distinta. Que yo no quisiera, tampoco en este momento debatir, porque usted tiene razón, llevaríamos al infinito este debate.
Sin embargo, sí quiero señalar con claridad, que yo no encuentro, y quiero citarlo, porque me parece importante, señor senador, lo que dice el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Dice: "Artículo 14. Son auxiliares directos del Ministerio Público Federal:
Fracción I. La Policía Judicial Federal;
Fracción II. Los Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República."
Otro párrafo: "Asimismo son auxiliares del Ministerio Público:
a) Los agentes del Ministerio Público del Fuero Común y de las policías Judicial y Preventiva en el Distrito Federal y en los estados de la República, previo acuerdo cuando se trate de éstos entre las autoridades federales y locales, en los términos del artículo 8o., fracción II de la presente ley.
b) Los cónsules y vicecónsules mexicanos en el extranjero.
c) Los capitanes, patrones y encargados de naves y aeronaves nacionales.
d) Los funcionarios de otras dependencias del Ejecutivo Federal, en los casos a que se refiere el artículo 25 de este ordenamiento, que son las sustituciones del Ministerio Público Federal."
El artículo 2o. del Código Federal de Procedimientos Penales que también cité, señor senador, menciona: "artículo 2o. Dentro del periodo de averiguación previa la Policía Judicial Federal deberá, en ejercicio de sus facultades:
Fracción I. Recibir las denuncias de los particulares o de cualquier otra autoridad sobre hechos que puedan constituir delitos del orden federal, sólo cuando por las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que la Policía Judicial Federal informará de inmediato acerca de las mismas y de las diligencias practicadas". Lo importante. "Las diversas policías, las diversas policías cuando actúen en auxilio de la Policía Judicial, inmediatamente darán aviso al Ministerio Público, dejando de actuar cuando éste lo determine".
Entonces, discúlpeme señor senador, pero ese "todo" que usted menciona, que fue la orden del señor Presidente, para que interviniera el Ejército mexicano, me parece que no es así, e incluso por eso él lo dividió en dos instrucciones precisas. Y yo quiero separarlas, porque insistiré, me parece que sería un grave precedente aceptar la hipótesis de usted, de que el Ejército mexicano, en tiempos de paz pueda coadyuvar con el Ministerio Público a ejecutar órdenes de aprehensión. Me parece que esto, independientemente del debate político que tenemos, no puedo, como abogado, aceptar esta hipótesis que usted maneja.
Quiero decirle, por último, porque fue muy interesante lo que usted dijo en relación a la rebelión y sedición que coincidimos, afortunada- mente, sobre la función del Ministerio Público que consigna hechos. Que por cierto espero que algún día demos un debate al respecto. Pero le quiero decir que como usted muchas veces lo dice, señor senador, que se equivocó en el tema a debatir conmigo; yo sólo hablé del Poder Judicial Federal, así lo dije claramente, no me referí al Ministerio Público, porque efectivamente de acuerdo al artículo 21 constitucional quien aplica las penas, previa clasificación de los delitos, es el órgano jurisdiccional, y es el que señalé que había mostrado un servilismo, una incondicionalidad absoluta ante el Ejecutivo, porque pudo, si hubiera actuado con criterio independiente y jurídicamente correcto, haber resuelto lo que hubiera considerado en relación a uno de estos dos delitos, pero no de los dos porque son excluyentes.
Lo usé como ejemplo, no quiero en este momento, porque no es el lugar, para debatir sobre si las resoluciones del juez en esta materia en este asunto tenían que ver o tienen que ver con nuestro marco constitucional. Simplemente quise usar un ejemplo contundente que no queda duda de que el Poder Judicial Federal no quiso contradecir al Ejecutivo en una decisión que anunció el 9 de febrero, y ahí demostró esa subordinación por la que hemos luchado todos que no la tenga el Poder Judicial. Eso fue lo que quise decir y ahí está asentado en el Diario de los Debates lo que dije al respecto, señor senador.
Coincido con usted, en este momento, porque eso es de detalle, de finura jurídica resolver si efectivamente el Ministerio Público puede sólo consignar hechos. Ese es otro asunto que no viene al caso en este debate.
Por último, usted decía, para argumentar, en relación a la decisión del Presidente de usar el Ejército en ese todo, en esa instrucción total, de que hubo una petición del gobierno del Estado de Chiapas. Y usted acotó, con seguridad correctamente, porque yo desconozco qué pasó ahí, que no tuvo la autorización del Legislativo, como lo señala el artículo 119 que usted aceptó que se podía equivocar porque dijo el 116, eso es sin importancia, porque artículos van y números vienen; pero es el 119 de la Constitución el que señala que efectivamente el Ejecutivo de un Estado puede solicitarlo con la previa autorización o el conocimiento del legislativo de ese mismo lugar.
Pero resulta, señor senador, que la intervención del Ejército mexicano no fue en materia, tratando el tema que estoy intentando precisar, que es el de la ejecución de las órdenes de aprehensión, no fue materia del Fuero Común; esas órdenes de aprehensión eran federales, y suponiendo sin conceder para modificar el término de la expresión, el único que podía hacerlo, en este caso, tendría que ser el Ejecutivo, con autorización del Legislativo; pero estamos hablando del federal.
Por ello insistimos, esto que ocurrió en Chiapas, que se extendió al Estado de México y a Veracruz y a Michoacán, a Santiago Tangamandapio, que se extendió a esos estados, fue una violación al marco constitucional, se excedió el señor Presidente en sus facultades y ello no debe de volver a ocurrir. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Martínez Della Rocca, para contestar alusiones personales.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:Señor senador Juan de Dios Castro: usted reconoció aquí en esta tribuna, el origen de la violencia y sólo habló del problema de la pobreza; que por cierto el problema de la pobreza, de la pobreza tan extrema como la que existe en esa región del país, sería causa suficiente. Sin embargo señor senador Juan de Dios Castro, a usted le faltó hablar de las fuerzas de los caciques; le faltó hablar de las guardias blancas; le faltó hablar de aquellas famosas declaraciones de Absalón Castellanos, cuando en sus giras invitaba a sus invitados a que fueran con él, porque las inditas "están muy buenas", decía aquel ristemente célebre gobernador.
La violencia entraña violencia. Los niños juegan, los niños, los hijos nuestros juegan a los 12, 13 años, a las pistolitas, a los vaqueros, como se le quiera llamar, sólo que en Chiapas ahí no hay juegos, ahí los matan y los violan.
Esta discusión tan interesante me parece como aquélla que cuando una mujer es violada y se defiende dándole de garrotazos al violador, el resultado es que se acusa a la violada de violenta y es a la única que se le acusa, se le mete a la cárcel y se le sigue violando; se le sigue violando una vez más.
Señor senador, con todo respeto, mientras no haya justicia, mientras no haya aplicación de la ley, yo le recomendaría a todas las mujeres violadas que agarren a garrotazos a los violadores y después no vengan con el chistecito de que resulta que resultó violenta la muchacha. Ese es el problema de lo que se está viviendo en Chiapas; no es el problema sólo de la pobreza; es el problema de la agresión, de la justicia, de la falta de democracia.
Ahora bien, no vine aquí apreciado senador Juan de Dios Castro, a defender la rebelión zapatista; no vine aquí a discutir si simpatizo o no simpatizo con la rebelión zapatista; la rebelión zapatista se defiende sola. Pero no sólo eso, señor senador, leyendo con cuidado el discurso de toma de posesión del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, dijo algo muy interesante: "El ex presidente Salinas, declaró muchas veces que la violencia en Chiapas tenía la causa en una pobreza ancestral de 500 años". Y sinceramente yo no estoy de acuerdo con que nos vayamos hasta hace 500 años; no, no, no, no, aquí hay gobiernos a nombre de un partido que desde 1940 para acá no sólo no ha resuelto el problema, sino que cada vez lo han agudizado más. Pero el señor Zedillo agregó algo muy importante, dijo: "La causa no es sólo económica; la causa es falta de democracia y falta de impartición de justicia". ¿Qué está diciendo el doctor Zedillo con que la causa es económica, falta de democracia y falta de impartición de justicia? Lo que está diciendo es: "No les dejamos otro camino", y aplaudo a los que se defienden y a los que luchan porque no les sigan violando a sus hijas.
Mire usted, con todo respeto senador Juan de Dios Castro, precisamente por lo que viví dije, dije: "No vengo a hacer una biografía mía". Dije que por lo que viví vengo a defender para que nadie más viva lo que muchos mexicanos hemos vivido no sólo en 1968 y no sólo en México, Distrito Federal; desde Yucatán hasta Baja California, injusticias sistemáticas. Por eso vine a defender y por eso leí las injusticias que se han hecho.
En Yanga, señor senador, no hubo enfrentamiento armado. Yo lo invito e invito a todos, si existe alguna duda de lo que vine a decir, a que nos traslademos al reclusorio norte para que los vean físicamente. Si alguien duda que yo vine a mentir, que vayan a verlos.
Miren, resolvamos ya el problema; sentemos las bases para el diálogo. Libertad a presos políticos. Propuse desistimiento de la acción penal. Esto es lo que tendríamos que estar discutiendo ya, para sentar bases de que efectivamente queremos resolver y coadyuvar a resolver el conflicto.
Concluyo, señor senador Juan de Dios Castro. Voy a dar la cita y voy a decir el nombre de quien voy a citar: Bertolt Brecht tiene un hermoso poema en donde dice:
"No se trata sólo de decir la verdad; se trata de decírsela a alguien que pueda hacer algo con ella."
Yo quiero saber, señores diputados y señores senadores, la verdad se ha dicho en todos lados, pero quiero saber si es en esta cámara donde se puede hacer algo con la verdad. Empecemos liberando a los presos, compañeros. Muchas gracias.
El Presidente:
En el uso de la palabra el senador Juan de Dios Castro.
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
La intervención del señor diputado Martínez Della Rocca, me ha hecho sentir mal, sinceramente se los digo.
Yo di una argumentación jurídica que no voy a repetir la litis con el señor diputado Leonel Godoy, porque distraeríamos el tiempo de los señores legisladores, en un debate de tipo jurídico, donde lo dije yo muy claramente, están perfectamente acotadas las discrepancias.
El señala que la ley secundaria no confiere facultades al Presidente de la República, señala que el Ejecutivo Federal por ese motivo violó el estado de derecho. Yo sustenté el criterio de que la fracción VI del artículo 89, que no di de memoria, cité el texto tal como viene en la Constitución y que relacionándola con el 129 y señalé el antecedente de la Constitución de 1857, apoyaban la interpretación que yo di.
Volver a repetir mi argumentación y que el señor diputado Godoy suba y repita sus argumentos, llevaría a esta comisión permanente a un debate que quizá no tenga ninguna utilidad práctica.
Solamente quiero precisar en relación con lo argumentado con el diputado Godoy, algo que a la mejor fue a mí al que no me quedó claro, y él hizo una exposición correcta y quizá yo lo entendí mal, pero hago la aclaración para que no quede ninguna duda.
Mi criterio es que en tiempo de paz, el Presidente de la República sí puede ejercitar la facultad que le confiere la fracción VI del artículo 89. Dije: en tiempos de paz. Y que con base en el 129, con el antecedente, de acuerdo con la hipótesis que marca la fracción VI, puede el Presidente de la República disponer de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, etcé-tera.
Pero quiero precisar algo, para que no quede una idea equivocada: en tiempos de paz, señoras y señores legisladores, el ejercicio de la facultad que confiere al Ejecutivo la fracción VI, ¡no da al Ejército carta abierta, ni la más mínima facultad para violar garantías!
¡Ese no fue, señoras y señores, el tenor de mi argumentación! ¿Puede el Presidente disponer de las fuerzas armadas? Claro que sí, sin necesidad y lo defiendo categóricamente, de que el Congreso o la Comisión Permanente decreten suspensión de garantías. En la hipótesis de la fracción Vl.
¡Pero la majestad que guardan los derechos del hombre, que se agigantan con la presencia militar porque el riesgo de violación es mayor, no faculta al militar de más mínima o de más alta graduación a violar una sola de las garantías individuales!
Y si alguien me dice: y entonces, señor diputado, ¿qué puede hacer el Ejército para poder hacer frente al estado de emergencia nacional? ¿Qué puede hacer el Presidente de la República?
Si alguien del sistema me dice eso, yo les diré: ¡la Constitución da la llave y da la solución. Y entonces sí: la suspensión de garantías!
¡Y la suspensión de garantías implica todos los artículos a que aludió el diputado Leonel Godoy. Nadie, ningún detenido, habiendo suspensión de garantías, podrá disfrutar de las garantías de seguridad jurídica que marca la propia Constitución!
Ni en términos, ni en defensas, ni en recursos, porque es el Congreso el que determina los alcances en todo el país, como en una parte del país.
Esa sola aclaración. ¡Los otros temas han quedado acotados perfectamente, los puntos de vista de los dos! Y ahora voy al diputado Martínez Della Rocca.
Usted fue, señor diputado. Yo hablé de la pobreza. Pero, señores, podía hablar y hablé del analfabetismo de Chiapas. No hable como dijo el diputado, y claro que no hable, de la violación a derechos humanos, ¡de la falta de justicia!
Mencioné la pobreza, señor diputado, por ser uno de los elementos que constituyen la base de todos los demás. ¿Sabe por qué? Porque alguien decía que el derecho civil es el derecho de los ricos, y el derecho penal el derecho de los pobres, de los miserables. Porque si no son pobres, ¡si no son pobres, diputado, tienen acceso a la educación y tienen acceso a la defensa y tienen voz! ¡Y el problema de este país no es que haya falta de voz, es falta de oído!
Fue injusto, fue injusto porque usted me está, y así lo sentí, por eso dije que me sentí mal, ¡ubicándome en el debate, como si yo, en esta tribuna, contra todo el historial de las intervenciones que he tenido en el Congreso en esta materia, me hubiera puesto del lado de los explotadores!
Hablé de la injusticia, primero, y la califiqué cuando hablé de la pobreza, que es un reflejo de la injusticia, de la violencia institucional, y hablé no sólo de 500 años ancestrales, el pauperismo no sólo de Chiapas, hay que recorrer el campo de todo el país; hablé y lo dije aquí, de la responsabilidad de los régimenes del partido que ha gobernado este país en 70, 80 años.
Y cuando hablé de la violencia, yo le entiendo ¿sabe por qué? y con esto termino, porque para mí, para mí, señores, hay dos tipos de violencia: la violencia artificial creada por un grupo determinado por razones de poder, y hay otra violencia que como la ley de gravedad, se da, queramos o no, como la ley de gravedad, crearon las condiciones de pobreza, miseria, injusticia, necesidad, violación a derechos, la violencia se produce como cae la roca atraída por la masa, como decía Newton, "en razón directa de sus masas y en razón inversa del cuadrado de sus distancias".
Pero además, mi conclusión era la siguiente: señoras y señores, cuando se dan estas condiciones, la pobreza y la violencia se vienen. Con nosotros y sin nosotros, el cambio se viene, y se viene sin nosotros, pobres de nosotros. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el senador José Guadarrama; había solicitado el uso de la palabra para el tema sobre Chiapas.
El senador José Guadarrama Márquez:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
He solicitado el uso de la palabra en el marco de este debate sobre el conflicto que vive el Estado de Chiapas, para reiterar varios de los párrafos del mensaje que el licenciado Eduardo Robledo Rincón pronunció el día de ayer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que considero orientan mucho en este debate del conflicto mencionado.
Además, de ser un hecho que corresponde a las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, considerar en el camino para el logro de la paz en Chiapas, cito varios de los párrafos del mencionado documento.
Ernesto Zedillo, como candidato y en su calidad de Presidente de la República, ha encabezado los esfuerzos por una paz digna y verdadera para nuestro Estado. Lo ha hecho con base en razones firmes y con irreprochable seriedad. A la conducta presidencial se respondió con aplazamientos al diálogo y al diálogo se opuso la generación de un clima de mayor beligerancia y presiones constantes; se pretendía crear un ambiente de inestabilidad permanente que inhibiera al Gobierno en sus funciones cotidianas.
Los mexicanos, los chiapanecos, no podíamos aceptar que un grupo impusiera al país una visión autoritaria del cambio político, no podíamos aceptar que los valores democráticos quedaran sujetos a la irracionalidad de una minoría.
Con plena justeza y en uso de las facultades que la Constitución le señala, y asumiendo plenamente la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, responsabilidad que no se puede eludir ni renunciar, el presidente Ernesto Zedillo, instruyendo a la Procuraduría General de la República y al Ejército mexicano, sentó las bases para que retorne la legalidad plena al Estado de Chiapas y la tranquilidad social a la República.
Ahora como nunca todos tenemos que darlo todo por Chiapas. En Chiapas se expresó el rencor acumulado, la violencia de una vanguardia, entre comillas, que cercenó la legalidad con la que desean vivir los ciudadanos de nuestro Estado. Es el momento de que las utopías voluntaristas, de que los mesianismos violentos dejen vivir en paz a los chiapanecos.
Separemos lo falso de lo verdadero, lo real de lo artificialmente creado, lo idealista de lo interesado. La solución profunda del conflicto chiapaneco está en que no haya derrotados ni vencedores y que, por el contrario, sólo haya chiapanecos unidos por un ideal, por un proyecto común.
Continúo con las citas del mensaje de Eduardo Robledo:
"Sé ahora lo que debo hacer; con madurez, con lealtad a mi ideario político y por mi más entrañable amor a Chiapas, he tomado la libre y personal determinación de presentar, con apego al artículo 41 de la Constitución Política del Estado, mi solicitud de licencia al cargo de gobernador constitucional.
Entrego mis votos por la paz, sé que el pueblo comprenderá y respaldará mi decisión. Esta es producto de una profunda reflexión, explica y hace patente mi rechazo a la violencia y el deseo de que en Chiapas se encuentre nueva y rápidamente la armonía que entre todos debemos reconstruir, por el bien de nuestro presente y de nuestro futuro.
Siempre expresé que gobernaría seis años o un día, pero con la dignidad que el pueblo de Chiapas merece. Hoy es ese día. Aquí está mi decisión, consecuente con la historia de un pueblo y su grandeza. Mi gobierno plural buscó permanentemente el acuerdo, nunca el enfrentamiento; fue un gobierno de propuestas, nunca de consignas; fue un gobierno de reformas democráticas, nunca de esquemas autoritarios. Mi gobierno plural fue la paz, nunca la guerra. Doy, como me comprometí, todo por la paz; abandono mi cargo, no las convicciones que me llevaron a él.
Asimismo, es el momento de que todos demos todo por Chiapas. Nadie tiene derecho a escatimar esfuerzo alguno por la paz. Convoco al señor obispo, Samuel Ruiz García, a que renuncie a sus actividades actuales y que en forma responsable dé una muestra inequívoca de que su verdadero interés fue siempre el de Chiapas y el de los chiapanecos. Es ésta la ocasión para que lo demuestre, no a un grupo o a unos cuantos, sino a toda la nación.
Convoco - cita Eduardo Robledo - , al señor Amado Avendaño, quien dice luchar por la justicia, a que abandone su ambición y contribuya a que las heridas cierren pronto y cicatricen bien. Es ésta la oportunidad que tiene de acercarse a la noción de responsabilidad política.
Convoco a los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a que depongan las armas y se acojan a la amnistía que en breve turnará el presidente Zedillo al Congreso. Si su lucha tiene causas justas como hemos reconocido muchos, debe defenderse dentro de la ley. Ninguna sociedad mejor va a surgir de la violencia como organización política. Como organización política tienen la oportunidad de luchar por sus ideas sin descanso, ejerciendo los amplios derechos que la Constitución otorga a los mexicanos y refrendando el valor que tiene la política para dirimir civilizada y pacíficamente las diferencias.
Convoco a todos los partidos a realizar una reforma política que dé plena satisfacción a sus reclamos de transparencia y respeto a la voluntad popular.
La renovación de las presidencias municipales y del Congreso local en 1995, debe ser ejemplo de civilidad y cultura democrática. En manos de ustedes se halla la posibilidad de que la vida pública del Estado cierre definitivamente el paso a la sospecha y a la interminable confrontación.
Hoy, junto a las palabras coloco los hechos. Estoy seguro que junto a la separación del cargo que solicito, no será pretexto para nuevos enfrentamientos ni para regateos y chantajes políticos". Termino la cita de los párrafos del documento leído por Eduardo Robledo ayer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Señoras y señores legisladores, desde esta alta tribuna de la nación hago mi reconocimiento amplio y razonado, a Eduardo Robledo, por aportar con sus hechos, no obstante la legitimidad de su responsabilidad constitucional, su decidida participación para lograr que se restablezca en Chiapas la apreciada paz, que es un reclamo y demanda de los mexicanos.
Hacemos votos para que los demás actores del conflicto asuman también, con responsabilidad y en los hechos, el papel que les corresponde, pensando primeramente en Chiapas y en México, antes que en sus intereses personales o en sus inclinaciones ideológicas o de grupo. Muchas gracias.
El Presidente:
En el uso de la palabra el diputado Jesús Ortega.
La senadora Irma Serrano Castro (desde su curul):
Cuando mi compañero le pidió la palabra, también cuando los otros pidieron la palabra. Yo no sé si se trata de una consigna, pero tengo derechos mientras esté aquí y no me puedan sacar, y yo creo que no van a poder. Así es que yo le suplico un poco de respeto para mí, le guste o no lo que digo ahí.
El Presidente:
Sigue usted justamente después del diputado Ortega, senadora.
Continúe, diputado Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez:Una aclaración. Yo le reclamé al Presidente que antes del senador Guadarrama, seguía yo en el orden de la palabra.
Voy a ser muy rápido porque a pesar de que el debate puede ser muy interesante y lo ha sido de hecho, finalmente llega el cansancio y el agotamiento y no quiero incidir más en ello. Pero quiero plantear brevemente lo siguiente:
El senador Heberto Castillo decía en su intervención que a los integrantes de la comisión legislativa, compañeras y compañeros, los motivaba por sobre el interés partidario la búsqueda de la paz, y sin duda, decía él y creo que podemos coincidir, en función de esa preponderancia de la búsqueda de la paz, venían dándose resultados en el trabajo de la comisión legislativa.
Desgraciadamente la puesta en primer lugar de los intereses de la paz por sobre los intereses partidarios, no ha sido la actitud del senador Juan de Dios Castro. Pienso que en toda su argumentación, en sus intervenciones, ha estado en primer lugar la defensa del interés partidario que la defensa de la verdad.
Quiero leerles, ahora que ha sido una sesión de citas, yo voy a ser bastante breve, lo que sucedió, también ahora que se ha multicitado el movimiento de 1968, en la Cámara de Diputados, un día de ese 1968, precisamente en el debate del comportamiento gubernamental, y particularmente en la utilización del Ejército para reprimir a los estudiantes, en tiempos de paz, efectivamente.
El diputado Manzanilla Shaffer, Víctor, hizo una propuesta en la Cámara de Diputados en ese momento, no voy a leer la argumentación de toda la propuesta de Manzanilla, solamente voy a leer los puntos de la propuesta:
Decía el primero. "Es imperativo mantener la unidad nacional para la defensa de las instituciones y el progreso de nuestra patria". Primer punto.
El segundo punto de la propuesta de Manzanilla: "Las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Federal para garantizar la paz de México, corresponden a la magnitud de los acontecimientos y a la gravedad de las circunstancias".
Tercero. "Es indispensable que los jóvenes que han participado en esos recientes disturbios reflexionen y eviten seguir siendo instrumentos de quienes tratan de dañar los grandes intereses del pueblo de México".
Y proponía que esos tres puntos los asumiera en su conjunto la Cámara de Diputados.
El diputado, seguramente es muy conocido para los compañeros de Acción Nacional, para mí también, y además muy respetable, el entonces diputado Gerardo Medina Valdés, a esta propuesta contestaba con lo siguiente, voy a leer sólo un párrafo de esa respuesta. Decía él: "Distingue solamente a los mexicanos la capacidad para guardar serenidad y no a optar a ciegas entre la bayoneta o el terrorismo, y ojo, cuando centenares de hogares mexicanos están siendo allanados, cuando las cárceles están repletas de ciudadanos, estudiantes o no, cuando se están montando procesos al vapor -cuando se están montando procesos al vapor-, contra centenares de hermanos nuestros, nosotros estamos obligados moralmente a negarnos a suscribir un documento que resulta un incondicional apoyo al Presidente de la República". Esa fue la respuesta de Gerardo Medina Valdés, muy congruente y muy valiente. Porque le preguntaba el diputado Martínez Della Rocca que quiénes habían defendido el movimiento, y él ponía entre otros, algunos diputados de Acción Nacional. Los mismos que en la tribuna de la Cámara de Diputados condenaron la utilización del Ejército en tiempos de paz para reprimir a ciudadanos, los mismos que condenaron el uso de esas supuestas facultades del Presidente de la República para la utilización del Ejército, para reprimir un movimiento popular.
Por eso digo que el senador Juan de Dios Castro se dejó llevar por su interés partidario antes que por el interés de la paz, porque después de toda esta argumentación, brillante en algunos sentidos, en el fondo, en el contenido de su argumentación, está la defensa incondicional al Presidente de la República, o si usted quiere, la defensa incondicional al señor Procurador General de la República. Ese es el fondo y ése ha sido el contenido de la intervención y de las argumentaciones del senador Juan de Dios Castro.
Tiene razón él, difícilmente vamos a ponernos de acuerdo en una argumentación estrictamente de carácter jurídico, y me urgía intervenir porque quería sacar el debate de ahí, porque efectivamente no nos conducía a nada o a muy poco, quizá a aprender más. Y un señor reportero, también muy apreciado, me decía: después de todas estas intervenciones yo me pregunto, ¿en dónde está Chiapas? Y el asunto que nos trajo aquí, es el asunto de Chiapas. Y el asunto de la violación por parte de la PGR y por parte del Ejército, de derechos individuales de muchos mexicanos, como aquí ha sido suficientemente relatado por compañeros míos, ése es el tema. Ese es el asunto.
¿Quién rompió la tregua? ¿Quién reinició la posibilidad de la guerra? Y quiero ponerles otro ejemplo, espero que igual de indiscutible que el anterior.
Ustedes saben, compañeras y compañeros legisladores, que entre los palestinos, particularmente la Organización para la Liberación de Palestina y el gobierno israelí, hay un proceso muy intenso de negociaciones, al grado de que enemigos supuestamente irreconciliables, como el jefe de gobierno israelí, se pudo reunir con Yaser Arafat, y en ese proceso de negociación que ha tenido resultados como ustedes saben, ha habido bombazos a estaciones de autobuses que utiliza el ejército israelí, y ha habido bombardeos de la aviación israelí contra campamentos palestinos.
¿Qué pasaría, y no se ha roto el proceso de negociación, si el jefe de gobierno israelí el día de mañana, en ese proceso de negociación, ordena a su policía y a su ejército la aprehensión de Yaser Arafat, porque a juicio del jefe de gobierno israelí no hay suficiente intención de la paz por parte del jefe de la Organización para la Liberación de Palestina?
Pues eso fue lo que hizo exactamente el Gobierno mexicano, eso fue exactamente lo que hizo el Gobierno mexicano, en un proceso de paz, en donde había ido el Secretario de Gobernación a la selva a entrevistarse con uno de los jefes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, habían acordado tiempo para consultas y otras cosas que no sabemos; pasaron 15 días o 20 días o un mes, y porque le informaron al Presidente de la República que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tenía arsenales en toda la República y estaba preparando una insurrección, porque le informaron eso al Presidente de la República, él toma la decisión de aprehender a uno de los jefes o a varios de los jefes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Finalmente, y ustedes coincidirán conmigo, la famosa insurrección nacional y las famosas casas de seguridad y los famosos arsenales resultaron ser un verdadero "parto de los montes", que puso en ridículo no solamente esa decisión del Presidente, sino que puso en ridículo a los que le vendieron la idea o los que lo convencieron de la insurrección. Libros, efectivamente, como evidencia y artículos del New York Times como evidencia de la famosa insurrección del Ejército Zapatista.
¿Quién rompió la tregua, compañeras y compañeros? Conocen ustedes, me pregunto, alguna manifestación pública del subcomandante Marcos diciendo que se rompía la tregua. ¿Hubo alguna declaración pública que conozcamos del subcomandante Marcos declarando la guerra? ¿Quién rompió la tregua? Evidentemente en función de diversa información, quien rompió la tregua fue el Gobierno de la República.
De tal manera que no podemos, y ése es mi pensamiento, lo digo con todo respeto, pasar a la tribuna y hacer una argumentación de carácter técnico-jurídico para cubrir con un velo que finalmente no es tan denso, la realidad política que es la que nos debe de interesar para realmente buscar la paz.
Ya termino, nomás localizando una perla de la intervención del senador Guerrero Mier, ojalá le haya entendido bien cuando decía... dos, mejor dicho; cuando decía que el Presidente había ordenado la aprehensión de Marcos porque finalmente lo habían identificado; es decir, le habían quitado la capucha y por lo tanto había justificación y elementos para la aprehensión del subcomandante Marcos.
Y ahora yo me pregunto: ¿fue la existencia de la probable insurrección o fue la localización de verdaderos arsenales que resultaron libros y algunas pistolas o fue, como dice el senador Guerrero Mier, que el Gobierno conoció la identificación del subcomandante Marcos? ¡Vaya justificación política para romper la tregua y para ordenar la aprehensión del subcomandante Marcos y de otros dirigentes! ¡Se le quitó la capucha!.
Y por último y esto tiene que ver con los dos senadores que antes he citado, para su conocimiento la insurrección en Chiapas, expuesta con toda claridad en la declaración de la selva lacandona, tiene como primer punto, la búsqueda de la democracia en México. Es decir, como primer punto es un problema político; es un problema esencialmente político y no nos engañemos ni tratemos de engañar a nadie, las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no le hagamos cuando menos eco al Eco de 24 horas, fueron desde un principio, también sustentadas en razones de carácter político, por supuesto las razones de carácter social y las razones de carácter económico, pero también fueron sustentadas en razones de carácter político.
Yo no comparto la vía armada, la vía que escogieron algunos ciudadanos mexicanos que militan en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por eso milito en el Partido de la Revolución Democrática y por eso estoy aquí luchando porque las transformaciones las hagamos por la vía democrática. Yo no comparto esas tesis; pero tampoco voy a hacerme partícipe de la argumentación que el senador del PAN argumentó sobre nuestra supuesta afinidad o simpatía con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
No es el tema del debate los que simpatizamos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, contra los que supuestamente no simpatizan con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese no es el debate, por lo tanto no hay razón de sacar eso y menos, hacerse eco de la campanita, esa sí morbosa y perversa de los que quieren ubicar como zapatistas a todos aquellos que están contra la injusticia y todos aquellos que están por la democracia y la libertad. Gracias por su atención.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales el senador Juan de Dios Castro.
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Lamento no haber sido claro, lo suficientemente claro, diputado Ortega, en mi segunda intervención. Qué puedo contestar cuando el diputado Ortega indica que: "Por interés personal". "Por interés personal", dijo y luego agregó: "Por interés partidista argumenté lo que argumenté en mi intervención". Y luego dice: "El tema fundamental, como decía un periodista de Chiapas". Y luego hace gala de su militancia en el PRD, que es muy legítima, como legítima fue su militancia en el PST. ¿Recuerda? ¿Recuerda lo que dijo Arnoldo Martínez Verdugo a los diputados del PST? No lo recuerda ¿verdad?
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul):
Dígamelo.
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
¡No! No le voy a ayudar...
El Presidente:
No se establezcan diálogos, por favor...
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
Porque no quiero incurrir en la injuria, señor diputado.
El diputado Jesús Ortega Martínez(desde su curul):
Señor Presidente, pregunte al senador si acepta una interpelación, por favor.
El Presidente:
Señor orador: ¿aceptaría usted una interpelación de parte del diputado Ortega?
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
Por supuesto, yo acepto todas.
El Presidente:
Adelante, señor diputado Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul):
Le pediría que por favor me recordara, porque debo decirle que no me avergüenzo de ninguna de mis militancias políticas. Y puede decirlo con toda franqueza y con toda claridad; casi se lo exijo. Y menos va a ser para mí una injuria que recuerde eso. Entonces ojalá y atendiera a mi súplica y a mi recomendación.
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
Decirle a un diputado de la nación, que pone por encima su interés personal y por encima el interés de su partido, por encima del interés de la nación, para mí, señor diputado, sí es una injuria, sobre todo conociéndome como yo sé, sé perfectamente que usted me conoce.
Y quiero expresar, señoras y señores legisladores, en el año de 1968, en aquellos extraordinarios momentos, cuando el Presidente de la República, Díaz Ordaz, pide el apoyo del Partido Acción Nacional para esos puntos de que citaba aquí uno de los señores legisladores, en un momento en que el presidencialismo era exacerbado igual que ahora, pero ahora un poco más atenuado, en un momento en que la violación de derechos humanos estaba a la orden del día. Como lo dijo el señor diputado, Acción Nacional no accedió al requerimiento del Ejecutivo Federal. Y qué.
Mi discurso, señoras y señores legisladores, y todo el público que lo escuchó, implicaba una defensa incondicional, dijo el señor diputado, incondicional al Presidente de la República.
¿Qué el Presidente de la República no fue postulado por el Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué el Presidente de la República no forma parte del sistema al que le atribuí la responsabilidad de la injusticia social en todo el país? ¿No hablé de Chiapas? ¿No hablé de la miseria lacerante de los chiapanecos?
¿Eso, diputado Ortega, es una defensa incondicional al Presidente de la República? Podrá acusarme, eso sí, eso sí podrá acusarme que politicamente no debí, no debí haber argumentado mi convicción respecto a la interpretación del 89. ¡Tiene un costo político. El costo que sufrí en estos momentos: la injuria suya!
¡"Incondicional del Presidente de la República"! ¡Así me llamó! ¡Incondicional del titular del Ejecutivo, que prometió bienestar para la familia y que he señalado que es parte del sistema que tiene sumido al país en la más espantosa de las miserias! Y así me llama usted: "incondicional del Presidente de la República".
Y me llama "incondicional" cuando dice incongruente con la postura de Gerardo Medina Valdez, el admirable Gerardo Medina Valdez, ¡el que sostuvo la voz de Acción Nacional en el Movimiento de 1968!
No, no fue Manzanilla Schaffer. ¡Manzanilla Schaffer leyó los puntos de acuerdo y los defendió!
Le voy a decir quien fue ¡el defensor de Díaz Ordaz en 1968!: ¡el doctor Octavio Hernández. Martínez Della Rocca dígaselo a Ortega. ¡Octavio Hernández!
¿Y qué, yo coincido con Octavio Hernández? ¡No! ¡Lo dije en mi segunda intervención: cuando en tiempos de paz el Ejecutivo Federal hace uso del Ejército, el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción VI del 89, con el precedente del 129! Y no lo digo yo, no es argumento de Juan de Dios Castro. ¡Léase a Tena, constitucionalista que ha sido citado aquí varias veces! ¡Léase el comentario del 129! ¡Es una opinión de interpretación un artículo constitucional! ¡Podré estar equivocado, pero no soy de mala fe!
¿Qué dije en mi segunda intervención?: cuando el Presidente ejercita la facultad del 89, los derechos del hombre emergen con gran majestad, más que cuando hay situación de emergencia. Y es entonces cuando la intervención del Ejército no permite, no permite, señoras y señores, ninguna violación a las garantías individuales.
¡Y eso ocurrió en 1968! Diga si no Martínez Della Rocca, las detenciones sin orden de aprehensión... ¡No, no iba el Procurador!
El Presidente:
Señor orador: ¿aceptaría usted..? Entiendo que es una interrupción.
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
Bueno.
El diputado Leonel Godoy Rangel(desde su curul):
En ese tenor, señor Senador, le preguntaría a usted: ¿detener a civiles en tiempos de paz, por elementos del Ejército, es o no una violación a las garantías individuales que consagra nuestra Constitución?
El senador Juan de Dios Castro Lozano:
Le contesto: ¡categóricamente sí, si no hay flagrante delito! ¡Y si hay flagrante delito, sin orden, sin orden de aprehensión! Repito, cito el 16 y voy más allá. No el Ejército, señor diputado, los señores que están aquí tienen facultades para detener si hay flagrante delito! ¡Cualquier persona puede detener! Repito, sin orden de aprehensión, si hay flagrante. Ahora bien, el segundo aspecto, si hay orden de aprehensión, señoras y señores legisladores, usted señor diputado reabre el tema, reabre el tema, los miembros del Ejército con las facultades que tiene el Presidente de la República de acuerdo con la fracción VI, pueden ejecutar o no órdenes de aprehensión.
Yo quiero ser franco, quiero ser franco, siempre me he apegado aunque me dañen, al debate; me inclino a pensar con usted, que si aquellos contra quienes se han librado órdenes de aprehensión no están en flagrante delito, ya lo cometieron, puedo coincidir con usted y no me arredra reconocerlo, que puede el Ejército haber faltado a las facultades que le confiere la legislación.
Y, señores, lo último; ¿quién rompió la tregua?, yo quiero decirle mi postura, no me agrada la violencia y ¿sabe por qué?, no me agrada aunque me pueda decir que mi intervención puede dar oxígeno al sistema, le tengo un pánico terrible a la dictadura militar, por eso alguien dice que el cambio se viene con nosotros y sin nosotros, y terminé diciendo: pero si se viene sin nosotros, pobres de nosotros, le temo a la dictadura militar.
Y créame, que no simpatizo con el medio empleado por el Ejército Zapatista, aunque simpatizo totalmente con su denuncia de injusticia institucionalizada en Chiapas y en todo el país, ni tampoco simpatizo y no me ubique por favor en el otro extremo, por razones de interés partidarista, me dijo usted; no simpatizo tampoco con la violencia institucional del sistema y no simpatizo con la violación a garantías; por eso dije que si el Ejército con su actual intervención no puede hacer frente a la emergencia, que pida al Presidente, a esta Permanente, la suspensión de garantías en ámbito espacial determinado y ya veremos los legisladores si la aprobamos o no, pero que por ningún motivo, con pretexto de la emergencia, se viole libertad de tránsito, se violen garantías de seguridad jurídica, se quebrante la integridad de la persona, porque eso no permite el ejercicio de la facultad de la fracción VI.
Pero ha habido fallas, señores diputados, de las dos partes: el Ejército Zapatista no quiere dialogar; cada vez hablo de antes del rompimiento de la tregua, cada vez había un reclamo más y quien declara y hace la guerra, no puede esperar otra cosa si en realidad está convencido, y yo quiero pensar que sí, de la bondad de su decisión, que la violencia es la respuesta de la violencia.
Pasó en México a principios de este siglo, ha pasado en todos los países del mundo que han tenido cambios violentos. Quien toma legítimamente, y hay a veces derecho natural, así lo pienso yo que estoy convencido del derecho natural a la violencia, hay a veces, cuando se toma la decisión personalísima de tomar las armas por razones justas, se arriesga y espera y está dispuesto a afrontarlo, todas las consecuencias de la respuesta del Estado.
Así pasó en Francia, en España, en Italia y en todos los países del mundo.
Pero siento y lo dije, que el Estado debe hacer más por crear las condiciones del diálogo con el Ejército Zapatista, en bien del país y del pueblo empobrecido que no puede soportar un ataque permanente a la economía del país que va a producir mayor número de millones de pobres, crear también buena disposición para que el Ejército Zapatista pueda también entrar al diálogo en favor de todos los mexicanos. Esa es mi convicción honesta.
Usted me hizo una pregunta, don Leonel, y la contesté con la verdad que yo creo. Así he actuado siempre como legislador, apegándome a la verdad, y quizá equivocándome, siempre he luchado por tener, primero, el bien del país, por encima del bien partidista. Gracias, señores.
El Presidente:
Diputado Ortega, tiene cinco minutos para contestar alusiones personales.
El diputado Jesús Ortega Martínez:Ciertamente conozco y he seguido con interés siempre la trayectoria parlamentaria del senador Juan de Dios Castro, y asumo que es una persona respetable y además honesta.
Creo que en el debate se vale, para ganarlo, muchas cosas, incluso hasta la elocuencia, o mejor dicho, para ganar un debate es muy importante a elocuencia con la que siempre interviene el senador Juan de Dios Castro, y francamente me parece que plantear por mi persona que el senador...
El Presidente:
Dígame, senador.
El senador Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Quisiera, señor diputado, con todo respeto, que me permitiera interrumpirlo.
El Presidente:
¿Acepta usted esa interrupción, señor?
El diputado Jesús Ortega Martínez:
Con todo gusto.
El Presidente:
Adelante, senador.
EL senador Juan De Dios Castro Lozano (desde la curul):
Me adelanto y le doy mi más amplia disculpa, no fue a usted a quien se dirigió Arnoldo Martínez Verdugo; fue a un compañero suyo del PST, Graco Ramírez. Retiro mi expresión.
El diputado Jesús Ortega Martínez:
Yo iba en el sentido de que es válida la elocuencia para ganar un debate, pero le decía con toda franqueza que me parece que sentirse ofendido porque planteé que en el debate usted había puesto el interés partidario por sobre el interés de la búsqueda de la paz, no me parece ninguna ofensa, pero si usted la considera así, senador Juan de Dios Castro, también le ruego mil disculpas y le pido, si usted así lo quiere. Bien. Gracias.
El Presidente:
En el uso de la palabra la señora senadora Irma Serrano.
La senadora Irma Serrano Castro:
Muchísimas gracias, por fin, señor Presidente; muchas gracias señores legisladores:
Antes que nada quisiera pedirle al señor senador Gerardo Medina Valdez, el que indudablemente leyó muy bonito un mensaje al pueblo de Chiapas y al pueblo de México, a nombre de Robledo Rincón.
El diputado Carlos Rubén Caldéron y Cecilio (desde su curul):
Señor Presidente, quisiera hacer una aclaración a la oradora.
El Presidente:
Senadora, ¿aceptaría usted una interrupción del señor diputado Calderón Cecilio?
La Senadora Irma Serrano Castro:
Sí.
El diputado Carlos Rubén Caldéron y Cecilio (desde su curul):
El diputado Gerardo Medina Valdez fue un diputado de Acción Nacional.
La senadora Irma Serrano Castro:
Disculpe, es que no sé los nombres de ustedes, no me los he aprendido todos; si no he aprendido las leyes y usted quiere que me aprenda los nombres, pero lo puedo señalar, pero es mala educación y aquí las malas educaciones no se permiten. ¿Su nombre? El señor no me lo quiere decir. Bueno.
Leyó usted, señor senador, muy bonito, un discurso preparado para el señor Robledo Rincón y que indudablemente era muy importante.
Mentira tras mentira, tras mentira echárnoslas aquí.
Hemos escuchado muchos artículos, que si el ciento no sé qué y el otro no sé qué, y si no sé el nombre de un senador tan amable como es él, pues menos voy a aprenderme todos los artículos. Pero para empezar debo recordarles a cada uno de ustedes, que por lo menos aquí tenemos cafecito caliente, que el Ejército tiene rodeado, digan lo que digan, a toda la selva. Hay más de 3 mil mujeres, hombres y niños muriéndose de hambre, porque ¿qué se puede comer en una selva?
Casi todos huyeron con sus niños, las mujeres, los hombres. ¿Eso no les dice nada? ¿Necesitamos mencionar el artículo no sé qué o el no sé cuánto para que nuestra razón entre a la razón que 3 mil mexicanos se están muriendo de hambre en la selva, por ese Ejército rodeándola?
Hoy dicen una cosa, mañana les avisan a tres y ya está hecho nuevamente el fraude, hacia muchos de ustedes; también los priístas han caído indudablemente en este juego.
Lo que no se puede hacer, señor senador, que un hombre como lo es Robledo Rincón, el cual tiene tantos ayudantes como indudablemente los tienen los legisladores presentes, a excepción mía, que yo prefiero decir mis propias burradas y no que me las dicten, para escribir esas bondades de las que estaba plagado el papelito que usted leyó, letra por letra, coma por coma, bien aprendido, un 10.
Indudablemente como mexicana y después o antes como chiapaneca, agradezco ese simulacro que se está haciendo, ese teatro guiñol de las bondades con el pueblo chiapaneco.
Nada más quiero seguirles recordando: tres mil familias en este momento, que hace una semana no han comido, y quizá no tengan ni agua.
¿Y qué hace el pueblo de México? Debatir sobre un artículo aquí y otro por allá. Las difusoras, los medios de comunicación, desgraciadamente ya hasta el 13 que más o menos, inculpando. ¿Qué fácil es con el poder inculpar a quien se le pegue a uno la gana? Inculpando al obispo Samuel Ruiz de ya de todas las desgracias; a los zapatistas ya los dan por muertos, ya los dan por desaparecidos. De rodillas quisieran verlos, pidiendo pues todo lo que se puede pedir.
Nada más le hago una pregunta, creo que ya se fue, al senador Castro. ¿No sé si se pueda hacer desde aquí una pregunta? Porque él habló de que de todas y cada una de las cláusulas y de las peticiones del Ejército Zapatista se habían cumplido ya, si acaso dos habían quedado en el aire.
Y yo le quisiera preguntar a él: ¿cuáles se cumplieron y a dónde están esas promesas? ¿A dónde está una escuela nueva en el Estado de Chiapas de un año y medio para acá? ¿A dónde está la justicia de un año para acá? ¿A dónde están las aportaciones del Gobierno para el Estado de Chiapas de un año para acá? ¿A dónde están esos sanatorios tan ofrecidos ya no digamos sanatorios, cuartitos de ayuda? ¿A dónde están todas las peticiones que hablan? Ya ahora también los panistas, y los priístas de siempre, pero ya ellos para qué hablan si ya tienen quien hable por ellos.
Sólo quiero recordarles que mis paisanos tienen hambre, necesitan salir, y necesitamos que ese Ejército salga de la selva para que las familias, las mujeres, los niños, puedan comer.
Yo pregunto al señor Zedillo: ¿esas muertes no van a caer sobre su conciencia si en menos de tres meses ya se las está echando encima saber por qué intereses?
Yo diría que, qué fuerzas están impulsando a un hombre que a mí me parece bueno y sin malearse todavía por el poder, llegue a estos grados de olvidarse del hambre de los niños y de las mujeres, porque el que pelea es el indígena, pero él ya sabe que es vida por muerte, y lo estaba esperando. Pero se fue toda la población de San Quintín, toda la población de Guadalupe Tepeyac, etcétera, a refugiarse en medio de esa selva, ¿cómo están viviendo esos seres humanos?
¿Cuál es la amnistía de que hablan aquí? Yo no quiero ni pretendo y no creo que tampoco Marcos y su gente estén esperando ninguna amnistía de nadie. El Gobierno ha hecho, señores, el teatro guiñol que ninguna carpa, a la cual no conozco, vuelvo a reiterar, pero que debe haber sido algo deprimente con el Ejército Zapatista. Siquiera que les den dignidad, ¿No les parece?
Poner una uzi, poner una escopeta, disque cargada o descargada, enterrada en el suelo, ése es el gran arsenal de los que ustedes hablan. ! Caray! Yo tenía tres pistolitas, ya las fui a esconder. Palabra, y eso que me encantan y que soy solita en el mundo y necesito defenderme también, pues dije, si a eso lo llamaron arsenal, lo que tengo yo, ¡caray! me va a costar el resto de mi vida en la cárcel.
No, señores, hay mucho atrás de esto. Desgraciadamente me fueron poniendo hasta atrás, como lo hacen en el senado también. Ya lo agarraron de línea dura con mi pobrecita y frágil persona, pero yo debo decirles que para otra vez, creo yo, que a chaleco voy a tener que tomar mi lugar, para que no me encuentren ya encafeinada ya se los advertí, soy tartamuda encafeinada por los cigarros de mis compañeros y por el café, ya llevo 35 cafés esperando, para poder hablar por mi tierra, por mi Estado.
Es urgente que algo hagan ustedes por esa gente, que sin tener que comer está internada en la selva. Hay muchas injusticias por lo pronto, a la vista de cada uno de ustedes, y habla en el escrito de Robledo Rincón, que no sé por qué no ha venido el bigotón aquí a ponerse por acá, él puede hacerlo, tiene voz todavía, después de las lágrimas que derramó, estoy segura. ¿Qué se va a quedar haciendo en Chiapas? No, no haga señas de que me corten, a alguien le está usted haciendo coqueteos y no es precisamente a mi persona, eso me humilla.
Bueno, yo traía aquí un comunicado, pero no, no, no, no es éste, era otro, de la agresión que sufrieron nuestros compañeros en Oaxaca, pero yo quisiera que uno de ustedes, ya más tranquilito, porque yo ya estoy a punto de la adrenalina amarilla.
Pero sí como usted se tomó la molestia, las sabias, honestas y sublimes palabras, de un gobernador que sacrificándose, deja el poder por su propia voluntad, para el bien de México, para el bien y la tranquilidad de Chiapas. ¡Alabado sea el Señor!
Bueno, pues yo creo que puedo leer algunos parrafitos del subcomandante Marcos, al cual para hacerles la aclaración sólo conozco a él desde que era pequeñito, no es el que están diciendo ustedes. Así es que sigan con sus fintas, sigan engañando a los que se les pudo engañar.
Dice Marcos: "Inventaron que no queríamos dialogar. Escuché que descubrieron otro Marcos y que es tampiqueño. El Gobierno pagará el préstamo con sangre de indígenas", a lo cual yo podría agregarle: el Gobierno hizo esta canallada en Chiapas para que desviáramos la atención de algo muy importante para la nación, que es lo que se estaba discutiendo antes del golpe a Chiapas, que era: ¿qué se había ofrecido a cambio del dinero?, ni siquiera el dinero, un dinero que no ha llegado y que viene naturalmente, yo creo por un cojo y un manco nadando por el mar, para desviar la atención, ¿qué se le había ofrecido a Estados Unidos, por ese aval?
Al semanario nacional Proceso que dirige don Julio Scherer García, al periódico nacional El Financiero, que fundó don Rogelio Cárdenas y que ahora dirige Rogelio Cárdenas hijo, al periódico nacional La Jornada, que dirige don Carlos Payán, al periódico local Tiempo, de San Cristóbal de las Casas, Estado de Chiapas.
Va comunicado: "Postrero y como se ven las cosas el lanzamiento zapatista hizo que aumentara el precio de la sangre indígena mexicana. Ayer valía menos que un ave de corral, hoy su muerte es la ignominia más grande de la historia mundial, el precio de la cabeza de los zapatistas es el único que se mantiene a la alza, y en el sube y baja de la especulación financiera, el señor Zedillo inicia el pago del préstamo- aquí debe ser "con"-, su mensaje es claro.
Ahora inventa una prueba de que nosotros no queremos el diálogo, su objetivo: pagar el préstamo. Alguien debería decirle a ese señor quiénes son los zapatistas. No parece haber hablado nunca antes con personas indígenas, es un experto en tratar con seres humanos, sabe tratar con cifras, planes macroeconómicos, medios mentirosos y opositores sumisos, pero con seres humanos, no; a ver si aprende.
El primer y más entusiasta aplauso al ultimátum de Querétaro, y al espectacular golpe del 9 de febrero, fue de los grandes ganaderos y grandes comerciantes del sureste. Saben que sus ejércitos privados no tienen pantalones para enfrentar a los zapatistas, ahora esperan que el Ejército Federal les haga el trabajo que antes hacían ellos, sin tanta prensa encima, el asesinato masivo.
El supremo Gobierno nos amenaza a nosotros los zapatistas; a los zapatistas y no a quien es el principal responsable de la miseria presente y futura de millones de mexicanos: el desempleo, la baja en el nivel de ingresos, de la pérdida de confianza en el supremo Gobierno y sus instituciones.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a los altos jerarcas de la Iglesia, que mientras nosotros comemos frijoles, chiles y tortillas a veces y cada semana, ellos se atiborran de grandes banquetes a la mesa, preguntan sobre el oscuro financiamiento al EZLN.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes el departamento de Estado norteamericano ya les sigue la pista en el lavado de dólares y en sus ligas con el narco; lo que debería de hacer la justicia mexicana lo hará la estadounidense.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes supieron desde antes lo que la devaluación de diciembre y celebraron con champán la flotación del peso, ¡elegante forma de describir una caída estrepitosa!
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes tornó a la gran mentira de la bonanza salinista, tejieron la complicada red de caravanas teóricas y brillantes y objetivos análisis anecdosos para cantar alabanzas al macroengaño.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guanajuato, etcétera, perpetraron antes y perpetrarán ahora un fraude al económico, al fraude de las esperanzas de tránsito pacífico a la democracia.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas, a sus mujeres y a sus niños y no a quienes violaron a las indígenas zeltales en Altamirano.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes ejecutaron con un tiro de gracia a los combatientes insurgentes prestos en el mercado de Ocozingo.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes con la elegante aclaración de que no se usaron bombas, roquetearon poblaciones civiles en San Cristóbal, Los Altos y la selva.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes utilizaron perros para seguirlos.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes tasaron la sangre indígena en la bolsa de valores chiapaneca a un precio menor a la de un pollo.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes se quedaron para sus bolsillos con el dinero de los acuerdos de paz de San Cristóbal.
Está más feo éste que el suyo, ¿verdad?
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes desde la impunidad de una curul fraudulenta violaron y violaron la Constitución.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes son responsables de un crimen y ahora detestan el poder sobre las riquezas energéticas de México.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes fueron cómplices activos o pasivos en el mayor crimen desde Porfirio Díaz:
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no al puñado de capitales pagados ya por adelantado con la compra de la riqueza de nuestro subsuelo.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes desde la tribuna de los medios masivos de comunicación" y esto lo agrego yo: Los de más difusión que son los medios de comunicación de Televisa, el 13 desgraciadamente; sólo nos falta ya el 11, pero el 11 no llega a ninguna parte.
"El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes desde la Tribuna de los medios... ya lo dije. El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes en enero de 1995 se presentaron en Suiza frente al FMI diciendo que el presidente Salinas me habrá instruido para... Perdón, el presidente Zedillo". Ya va a acabar, no te preocupes. Estuvo más grande la letanía de Robledo.
"El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a quienes desde el BID y con sangre y votación extranjeras, dirigen los destinos de este país: México. El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a las guardias blancas que asesinan a niños, mujeres y campesinos indefensos -¡Por la espalda! Eso lo agrego yo.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas y no a los hombres y mujeres que se alzaron para no vivir más de rodillas, y no a los que nos han sumido por siglos, en la ignorancia, la miseria, la muerte, la desesperanza. El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas, los más pequeños, los siempre olvidados, los sin voz, la carne destinada ayer a la muerte por diarrea, destrucción, olvido, en los campos cafetaleros, las fincas, las calles, las montañas. El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas, los más pequeños, los siempre olvidados, la carne destinada mañana a servir de poli... - ya dije que las palabras difíciles no las puedo pronunciar-... a servir de polígono, de prueba al moderno armamento de un Ejército que apunta a sus hermanos de sangre, del suelo. La historia lo repetirá.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas, a los millonarios, en promesas incumplidas, porque como lo dije yo, quiero que uno solo de ustedes, están leídos y escribidos, como diríamos en mi rancho, me diga cuál de las 36 propuestas zapatistas se ha realizado en mi Estado. Pero lo quiero ver con mis ojitos, con mis propios ojitos.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas, a los millonarios, en promesas incumplidas, a los que se cubren el rostro para que sus hermanos de otras tierras puedan verlos, a los zapatistas, los del para todos todo, nada para nosotros.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas, los que le enseñaron a los actuales gobernantes lo que no aprendieron en los posgrados en el extranjero y que ya no aparece en los libros de texto, con los que se educan a los niños mexicanos, lo que es vergüenza a la dignidad de seres humanos, el amor a la patria y a la historia. El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas lo que en medio de un país de frituras, artículos de importación grandes, logros macroeconómicos, ficticios. Primeros mundos y desesperanza de cambios repintaron en el suelo y en el cielo de estas tierras las seis letras que ya habían sido malbaratadas en el mercado internacional, ese suelo es: ¡México!
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas, a los hombres, mujeres y niños, ancianos que habitan, viven y mueren en estas tierras sin ninguna esperanza, mucho antes de quienes hoy usurpan la voluntad mexicana fueran un sueño siquiera de la sangre que los antecedió a los que junto a otras sangres indígenas le dieron a este país como escudo nacional la imagen del águila devorando a una serpiente.
El supremo Gobierno amenaza a los zapatistas, nosotros ustedes todos los que no son ellos.
Bueno. Pase lo que pase gracias por todo a todos. Si volviéramos atrás el reloj de la historia ni un segundo dudaríamos en volver a hacer lo que hemos hecho. ¡Una y mil veces volveríamos a decir basta! Vale.
Salud y un esfuerzo fuerte, fuerte para el frío y no para dejar que el olvido reine de nuevo.
Desde las montañas del sureste mexicano. Subcomandante insurgente Marcos. Febrero de 1995."
Naturalmente yo no me hubiera atrevido, nunca, a leer las palabras de otra gente, ni de Robledo Rincón; pero sí un mensaje que indudablemente llega lleno de dolor para nosotros los mexicanos.
Hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que recordarles, que ha sido en las otras revoluciones la sangre indígena, la que consiguió la independencia, la que peleó por las tierras, etcétera. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, han sido engañados.
Eran un brillo de esperanza diría yo las palabras del señor diputado Peniche y Bolio. El habló en una manera plural que nos hizo pensar realmente en que el PAN con las posiciones que está agarrando y tomando actualmente, podría ser un partido diferente al que, con los años, el dinero, las posiciones de por medio, ha ido perdiendo el PRI. Y que quizá en el PAN sería cada individuo el que hablara, cada individuo el que pensara como ser humano independiente.
Las palabras del licenciado, que merece todo mi respeto, su sabiduría sobre todo legislativa es muy grande. Pero entre su habilidad nos habló de dos cosas diferentes: una, diciéndonos hay razón, hay razón para la gente pobre, que ya aplastada totalmente tiene que tratar de levantarse antes de dar el último suspiro, y por otra, con sus leyes, las mentadas leyes y ese derecho de las que o los que sin ningún derecho hablan de que todo será llevado conforme al derecho; el derecho de los chiapanecos es vivir; se ha hablado mucho aquí, se han dicho muchas cosas, pero es muy importante para mí decirles que es urgente hacer algo y no es sólo tarea del PRD, el rebelde, el asesino, el que revuelve todo según ustedes, sino de todos los mexicanos, ver que esas familias indígenas no mueran de inanición.
A ello vengo a suplicarles que algo se haga para que la ley con sus grandes artículos que aquí ya fueron mencionados, vueltos a mencionar, rebatidos y vueltos a rebatir, por lo cual a mí me echaron hasta la cola, sean respetados, respetada cada una de las vidas como lo prometió Zedillo en sus discursos cuando decía: vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar y ganó.
Pero hay veces que ganando se pierde y hay veces que perdiendo se gana y siempre he tenido un dicho muy bobo en la boca, pero que hay dineros que son demasiado costosos, ojalá este dinero que nos están dando a cambio quizá de entregar el Estado de Chiapas por ser, como lo dije la anterior vez, el inexplotado, valga la pena, yo creo que no, si se lo llevan otros 20 y dejan al pueblo más tembloroso, más hambriento y la nación más debilitada que nunca. Yo pediría el apoyo para mi tierra, aunque sé que no me lo van a dar, como el PAN en mi tierra no cuenta, el PRI pues hay que apoyar a Robledo, hasta leer aquí su discurso lleno de bondades, no lo conoces viejito, pues conócelo, aferrado al poder, ¿por qué se empeña él a decir y a querer ensuciar la imagen del obispo Samuel Ruiz?, le fue a pedir chicha, como me la vino a pedir a mí también, por Dios se los juro y yo les puedo mencionar amigos míos priístas, que me pidieron que tuviera entrevistas con él, para que dejara de molestarlo quizá.
Pero ello creo que no vale la pena mencionarlo aquí, pero sí lo que dijo en su discurso naturalmente escrito, porque él no sabe hablar y el cual pues ya tuvimos además de los dos días que nos han bombardeado mañana, tarde y noche, que ya no dan ganas de ver ni prender la televisión porque "lo mesmo" ya hasta lo entrevistaron en todos, en vivo, en no vivo, en muerto, de noche, de día, en el 13, en el 14, en el 16, en el 28, para que él diga: "Por mi plena voluntad salgo de ahí..." bueno, allá él.
Gracias señor por dejar mi Estado, pero ojalá y venga a enchinchar aquí porque si no tendré yo que ir a dar la lata allá para hacer un contrapeso, aunque le voy a quedar chiquito, él ha robado mucho y a mí no me han dejado.
Ahora pues para terminar, dicen porque yo soy tan sonsa que ni me doy cuenta, que en la anterior oportunidad que ustedes me concedieron para presentarme aquí, dije palabras altisonantes en contra del Gobierno en turno, pues yo siempre digo las cosas muy directas. Ahora, mal educada, lo soy, crecí en rancho, ya se los dije, y no se me quita, cuando me enciendo, me enciendo, pues se me debe salir alguna que otra cosa feota ahí. Entonces que la palabra aquélla que haya sonado ofensiva pero realmente ofensiva, o como quien dice, lépera, lépera, ésa es la palabra, pueden borrarla del Diario de los Debates y no porque yo me eche para atrás, porque lo dicho dicho está y siempre lo sostendré, mis pensamientos fueron en esas palabras, pero lo que no me debe de ser permitido ni a mí misma, es faltarles al respeto diciendo palabras que ustedes no acostumbran acá, por eso las echo para atrás.
Y por ahora nada más piedad, señores, para mi pueblo, piedad, conciencia, no dejen que sólo un hombre pueda destruir a una raza que merece, después de 500 y pico de años, de muerte en vida, vivir, que son los chiapanecos, los humildes, no estoy hablando de aquellos ganaderos que con sus guardias blancas... ¿por qué no habló Robledo Rincón de las guardias blancas, de los asesinatos cometidos con tortons, y eso yo se los digo porque conmigo sucedió, prueba de ello tengo y solamente la tranquilidad o la comprensión o saber que del ingeniero Cárdenas me ha detenido y yo esperando el momento también de que fuera Robledo Rincón, pues tan maravilloso de transformarse, casi en obispo, para mandar un mensaje tan elocuente.
Muchas gracias pero agradecería que ya no nos lo vuelva a leer, pues si ya nada más prendemos la televisión y ahí está, ya para qué, mi senador, para la otra traigo mi guitarra y le echo un acompañamiento, verá, nos van a salir aquí estas lagrimitas en los ojos.
Muchísimas gracias por escucharme. Había muchas cosas que decirles pero sé que tienen hambre y están cansados.
Muchas gracias, hasta luego y aquí nos seguiremos viendo para malestar de ustedes. Gracias, señor Presidente.
Me aplaudieron los míos, gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario senador Héctor Terán Terán:
De la próxima sesión.
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
»Comisión Permanente.- Primer Receso.- Primer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
22 de febrero de 1995
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo de CDLXX aniversario luctuoso del último emperador azteca, Cuauhtémoc, tendrá lugar el 28 de febrero a las 11:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Jalisco y Yucatán.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que la ciudadana Judith Junco Nava, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de la República de Hungría, en México.
Dictamenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto relativo a la solicitud para que se convoque a un periodo de sesiones extraordinarias.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano David Guillermo Zambrano Villarreal, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Malasia, en Monterrey, Nuevo León.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Arnold Langner Romero, para que pueda prestar servicios como asistente de información, en la Embajada Británica, en México.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Efraín Alberto Orta García, para que pueda prestar servicios como asesor de seguridad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictamenes a discusión
Doce, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Tiburcio Rodríguez Flores, Luis Alfredo Meneses Vélez, Benjamín Macías Galván, Rubén Gómez Galván, Víctor Pasquel Urieta, Marcelo Carlos Pérez Cervantes, Ernesto Gallardo Gómez, Pedro Antonio Olguín Fernández, Wilfrido Robledo Madrid, Antonio Rochin Ale, Benito González Pineda y Rafael Valdez Lizárraga.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Virgilio Garza González, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en Monterrey, Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Arturo de Jesús Morán Bravo, para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Guatemala, en Monterrey, Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Julio Bonifaz Rodríguez, para prestar servicios como operador de computadoras en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gerardo Núñez Niño, para prestar servicios como facturista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 18:12 Horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 22 de febrero, a las 11:00 horas.
Se pasa a sesión secreta.