PERIODO EXTRAORDINARIO
SUMARIO
Fijan las posiciones de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados:
Manuel Marcué y Pardiñas
J. Jesús Ortega Martínez
Patricia Garduño Morales
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
Fructuoso López Cárdenas
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados:
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu
José Narro Céspedes, en su turno.
María Leticia Calzada Gómez
César Raúl Ojeda Zubieta
Javier González Garza
César Raúl Ojeda Zubieta
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
Oficio de la colegisladora, con el que informa la elección de su mesa directiva. De enterado.
Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicho ordenamiento.
Se dispensa la lectura del artículado y la segunda lectura.
A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados:
Amado Jesús Cruz Malpica, en contra.
Fernando Pérez Noriega, por la comisión.
Amado Jesús Cruz Malpica para rectificar hechos.
Fernando Pérez Noriega, para contestar alusiones personales.
Juan Manuel Cruz Acevedo, en pro.
Aprobado. Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Abelardo Carrillo Zavala
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario José Rosas Aispuro Torres:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia.
Señor Presidente, hay una asistencia de 337 diputados, por lo tanto, hay quorum.
El Presidente (a las 11.45 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Pascual Ramírez Córdova:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias.- Primer Receso.- Primer Año.- LVI Legislatura.
Orden de día
20 de enero de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores
Por el que se comunica la elección de la mesa directiva que funcionará durante el periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Andrés Galván Rivas:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso, del Primer Año de Ejercicio de la LVI Legislatura.
Presidencia del diputado Gustavo Salinas Iñiguez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con treinta minutos del martes diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de trescientos noventa y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión de instalación, que se aprueba en sus términos en votación económica.
La misma Secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con la que remite iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Otro oficio de la misma Secretaría, con el que remite iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia.
Agotados los asuntos del orden del día, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las trece horas con treinta y nueve minutos, citando para la que tendrá lugar el viernes veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas con treinta minutos.
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
El Presidente:
Para fijar posición en relación con el periodo extraordinario, vamos a anotar a los diputados que soliciten hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra, el diputado Marcué y Pardiñas.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Señores diputados; señores miembros de este Congreso:
Yo suplico de la manera más encarecida que me hagan favor de poner atención a todos los oradores que suban a esta tribuna.
La situación del país, señores, es sumamente grave, particularmente en relación a lo político y a las relaciones internacionales que este país tiene con los Estados Unidos.
Señores, veo que no están sentados en sus lugares, veo que no están poniendo atención. Lo mismo les pediría si estuviera un señor del PRI aquí o un señor de Acción Nacional o un señor de mi bancada o del PT. Yo les suplico, a ustedes, pongan atención, las cosas que se están sucediendo en México son tremendamente graves, porque se trata de la soberanía de la nación, señores.
Me han impresionado a mí algunas palabras de algunos compañeros diputados y me ha impresionado mucho el leer los encabezados de la prensa.
Charlando con un grupo de diputados, oí a un compañero que decía, con emoción y con nerviosismo: la nación perdió los rieles. Señores, esa afirmación es muy grave, hecha por un estudioso de la problemática nacional, inteligente, como es el diputado Antonio Tenorio.
Me ha impresionado también, leer un párrafo que dice: "Al final de un largo camino se halla Pemex y ese camino se acorta con el paso rápido de los días que corren. En otros términos, ahí se encuentra y reduce el petróleo de la nación mexicana. Hay que verlo, tenerlo y decirlo. Es necesario sobre todo evitar que ese camino prosiga y el petróleo sucumba. Levantemos la voz con este propósito" y yo les digo, a ustedes señores diputados, levantemos la voz para defender al petróleo, porque si defendemos al petróleo defendemos la soberanía de nuestra nación, levantemos la voz con este propósito, levantémosla tan alto como se pueda. Ese texto es de un compañero del PRI, el señor Sergio García Ramírez.
También me ha impresionado mucho, compañeros, las carátulas y las cabezas de algunos periódicos. La carátula de la revista Proceso con la fotografía del Presidente, el señor Zedillo, dice: "Colapso". La segunda carátula de Proceso es tremenda y dice: "el Presidente no puede".
Señores, eso es gravísimo para un país. Hay un texto que he hecho mío, porque encuentro muchas verdades que a ustedes les llamarán la atención y que yo les suplico pongan atención para profundizar en sus conceptos. Señores diputados, dice el texto: "está viviendo nuestro país una crisis prevista por todos y anunciada desde hace años por quienes nos movemos en el campo democrático, por académicos, investigadores, por empresarios y financieros de dentro y fuera, por líderes honestos obreros, por líderes honestos campesinos y por el mismo pueblo.
Llegó el único que podría atraer la corrupción: las imposiciones políticas, el entreguismo, la ineptitud, una crisis que vulnera la soberanía y pone en riesgo la seguridad nacional y que golpea severamente los niveles de vida y las capacidades creativas y productivas de trabajadores y productores.
En México nadie que razone con objetividad, podrá dejar de reconocer que el modelo neoliberal que gobernantes y financieros entreguistas nos han impuesto desde 1982, siguiendo lineamientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, provoca crisis recurrentes que se manifiestan como ahora, en devaluaciones de nuestra moneda, en inflación, en estancamiento económico y que ese modelo neoliberal en el terreno social, más allá de proponerse la concentración del ingreso en unos cuantos, no se plantea aumentar el empleo, ni elevar salarios y niveles de vida generales, ni ampliar los servicios para el bienestar, ni nada que tenga qué ver con el mejoramiento del pueblo y de la gente.
Los controles oficiales y su subordinación al extranjero han hecho que la ineficiencia de la economía crezca exponencialmente, así como su inhabilidad para competir internacionalmente. Es la crisis de la descapitalización del país por el abandono y deterioro de la infraestructura de comunicaciones y servicios sociales y el despilfarro del ahorro nacional en los apoyos oficiales a las importaciones suntuarias de los muy pocos y de la chatarra que destruye la agricultura, la industria y la capacidad productiva nacionales.
Pero no se trata nada más de los efectos negativos de un modelo económico y político que deben ser corregidos, sino que lo que ahora sucede al país, lo que hoy lesiona a la gran mayoría de los mexicanos tiene responsables, que deben responder y en su caso recibir las sanciones políticas y penales que correspondan. Tiene ya la reprobación cívica y moral del pueblo mexicano.
El régimen en su conjunto es el responsable de la situación por la que atravesamos, pero en él hay quienes han tomado y toman las decisiones, quienes se han beneficiado con ellas y éstos tienen nombres y apellidos, son Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid y quienes tomaron parte de sus gobiernos, principalmente en las áreas económicas, financieras y político-electorales. Sus cómplices y socios, los financieros, de las cuotas millonarias del PRI, las cúpulas del sindicalismo oficial, las mayorías de las cámaras legislativas.
El señor presidente Ernesto Zedillo, titular del Ejecutivo Federal, es corresponsable de las consecuencias de esas políticas, como funcionario en el sector económico de los gobiernos anteriores, como candidato oficial que tomó compromiso y plena y públicamente se identificó con la política del régimen y en su calidad actual, de Presidente de la República, por las decisiones tomadas por su Gobierno, por el equipo que integró en el Poder Ejecutivo desde el pasado 1o. de diciembre.
Hasta que estalló la crisis con la devaluación se pretendió engañar al país con que se estaba llegando a la consolidación de la recuperación económica, mientras la convivencia de las altas autoridades hacendarias y del Banco de México asfixiaban el ingreso familiar, el empleo y la inversión productiva, al subsidiar la competencia desleal del exterior, imponer tasas de interés leoninas y transferir las reservas en divisas del país a la bolsa de valores para proteger las ganancias especulativas.
Así se saquean entre diciembre de 1993 y diciembre de 1994, señores diputados, más de 20 mil millones de dólares de las reservas del país.
Yo suplico me pongan atención y vayan a sus lugares los señores diputados que están en el centro de este Congreso.
El programa dado a conocer por el Gobierno el 13 de enero, para superar la crisis, no hace sino replantear los errores que han llevado sexenio tras sexenio a las crisis recurrentes en imponer nuevos y mayores sacrificios al pueblo en general y en particular, a trabajadores y productores.
Al pueblo, a la gente, a nuestros familiares, no se les puede pedir que acepten y aguanten seis años más de restricciones, insuficiencias, caída en los niveles de vida, deterioro de los servicios sociales, desempleo, enfermedades y hambre.
Las propuestas de la administración que se ubican en la línea que desde 1982 ha favorecido la comunidad financiera internacional, tiene como propósito provocar en forma deliberada una severa recesión económica para crear una situación tan desfavorable que con ello se apaguen las expectativas inflacionarias.
Se pretende lograr lo anterior mediante la reducción del gasto público y una fuerte elevación de las tasas de interés.
La contratación del crédito y las tasas de interés expropiatorias, cancelan, señores diputados, cancelan en los hechos la inversión productiva nacional.
Por otro lado, los escandalosos márgenes de ganancia que el Banco de México protege para favorecer a los intermediarios financieros entre los precios de compra y venta de divisas extranjeras, desalientan la repatriación del capital productivo y ahuyentan a la inversión productiva extranjera, anulando así el potencial competitivo internacional que del reajuste del tipo de cambio podría ofrecer a la planta productiva nacional con un manejo económico, sano y patriótico.
Este año, señores diputados, vencen alrededor de 29 mil millones de dólares de deuda garantizada en dólares, los llamados Tesobonos, que de no existir confianza en los inversionistas, tienen que ser pagados a su vencimiento. Además, este año deben también pagarse 6 mil millones de dólares, la deuda renegociada en 1992.
El Gobierno, señores diputados, requiere 35 mil millones de dólares para financiar sus compromisos de este año, en adición a lo necesario para financiar el déficit de la balanza comercial.
De no conseguirse estos fondos, el dólar podría llegar a cotizarse a siete u ocho nuevos pesos para mediados del año.
Los 18 mil millones de dólares de deuda nueva contraída con Estados Unidos y Canadá y los 40 mil millones últimos de deuda del Gobierno mexicano con el Estado norteamericano, óigase bien, con el Estado norteamericano, anunciado ya por el Gobierno, sólo pueden servir para hacer frente parcialmente a los pagos que deben hacerse el primer semestre del año, en buena medida para pagar a inversionistas especulativos de Estados Unidos y de Canadá.
Señores diputados, la elevación de las tasas de interés, el servicio de la deuda del Gobierno, aumentará considerablemente, por lo que reducir el gasto público en 1.3% del producto interno bruto, significará obligadamente afectar el gasto social y de infraestructura.
En el nuevo pacto, el Gobierno establece que el precio ancla que servirá como instrumento fundamental para el control inflacionario, será el salario.
Se dice que no habrá aumentos al salario adicionales a lo ya pactado a finales del año pasado y que los empresarios se comprometen a no hacer aumentos de precios que no se justifiquen.
Queda así, señores diputados, una vez más, toda la carga del ajuste a cargo de los trabajadores que inevitablemente sufrirán un mayor deterioro en sus niveles de vida.
Señores, el Gobierno informa también que acelerará la privatización de las pocas empresas estatales que aún existen. Pongan atención en esto, señores, el Gobierno dice que: "acelerará la privatización de las pocas empresas estatales que aún existen, que se entregará a particulares concesiones de carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones y que se enajenarán los ferrocarriles y áreas importantes de la industria petrolera y de la generación de electricidad".
Una vez más se dilapida el patrimonio de la nación, sin que ello obedezca a una estrategia económica dada, sino sólo para enfrentar la coyuntura de la crisis financiera y para seguir pagando una impagable deuda externa.
Señor Presidente, yo le pido que pongan atención los señores diputados.
El Presidente:
Se suplica atentamente a los señores diputados guardar orden y escuchar al señor orador.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Estoy apegado al artículo 103 del reglamento para poder hablar media hora, señores.
El Presidente:
Se le informa al señor diputado Marcué y Pardiñas que lleva más de 20 minutos su intervención.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
En noviembre de 1993 planteamos como objetivos que debiera tener la política económica del país, para salir del desastre y recuperar el crecimiento, incrementar el empleo, la producción y mejorar la competitividad internacional, los siguientes puntos:
"la recuperación del mercado interno y del equilibrio con el que hay, competitivo con el exterior.
El fomento e incremento de la inversión productiva privada, nacional e internacional.
La recuperación del poder adquisitivo del salario y la seguridad en el empleo.
El incremento y la eficiencia de la inversión pública.
La reforma presupuestal y fiscal para el financiamiento no inflacionario del gasto y de la inversión públicos.
La estabilidad, globalización y eficacia de la administración y la regulación económica sobre la base de la honradez, mérito, aptitud y eficiencia de los servicios públicos.
El equilibrio sectorial, regional y ambiental."
La propuesta del Gobierno contenida en el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, suscrito por las cúpulas oficial financiera, empresariales, sindicales y de administración el pasado 13, sabemos ya adónde conduce, conduce a la crisis recurrente de devaluación, inflación etcétera, en meses más o menos.
El Gobierno sostiene que no hay otros caminos, sino los impuestos por los criterios del Fondo Monetario Internacional y el entreguismo oficial, esto es, el de la obsesión de abatir la inflación sin importar las consecuencias. Frenar la inflación a costa de ahogar la economía, es matar, señores diputados, el futuro de este país.
El objetivo central de la política económica, no puede ser reducir la inflación cueste lo que cueste, sino que crezca la economía, el empleo y la competitividad, para iniciar en las condiciones actuales una reorientación de la economía, que permitiera ir avanzando en el logro de estos objetivos y como contrapuesta al acuerdo del Gobierno, seria necesario, señores diputados, instrumentar una política económica que considerara las medidas siguientes:
1. Negociar con la comunidad financiera internacional una moratoria en el pago de intereses y renegociar la deuda externa en lo general, para que aun tolerando niveles razonables de inflación se garantice el crecimiento de la economía.
2. Renegociar los acuerdos comerciales internacionales, para adecuarlos al interés nacional y a las condiciones de emergencia económica que se viven.
3. Decretar un aumento salarial de emergencia que compense la inflación causada por la devaluación y permita iniciar la recuperación del poder adquisitivo y efectuar revisiones trimestrales para llevar a cabo los ajustes que en su caso correspondan.
4. Establecer controles a los precios de los artículos de primera necesidad, para impedir mayor inflación y proteger el salario.
5. Reducción de las tasas de interés haciéndolas equivalentes a las de los países con los que se realiza el comercio internacional principal y no limitar a la banca nacional las posibilidades de otorgamiento de crédito.
6. La intervención de una banca de fomento activa, crear un fondo para el apoyo de la micro y pequeña empresa.
7. Desarrollar un programa de apoyo integral al campo.
8. Reestructurar las carteras vencidas de productores y empresas.
9. Instrumentar una política de comercio, que apoye a los productores nacionales para recuperar el mercado interno y elevar sus exportaciones.
10. No reducir la inversión y el gasto públicos considerados en el presupuesto federal, ni elevar el pago de la deuda externa, estimado en pesos en el mismo presupuesto. Esto es, no transferir pago de deuda a recursos destinados a inversión y gasto público.
11. Poner en práctica un programa de obras públicas de emergencia que se concentre en la construcción de infraestructura, vivienda y obra hidroagrícola que sea detonador del crecimiento, mediante la expansión de la demanda y el aumento de la rentabilidad de la inversión privada que se logra en el mejoramiento de la infraestructura, eleve la generación del empleo y permita proteger el salario, así como lo propusimos en junio del año pasado en Tuxtla Gutiérrez.
12. Reorientar el gasto público para fortalecer el desarrollo regional, la infraestructura básica y los sectores agrícolas e industriales.
13. Elevar los impuestos a los bienes suntuarios.
14. Establecer impuestos para las ganancias de capital.
Señores diputados: las crisis económica y política se cruzan y se potencian entre sí, resolver la crisis económica exige necesariamente que al mismo tiempo se enfrente y resuelva la crisis política de pérdida de la confianza y la credibilidad, de ineptitud en la conducción de los negocios públicos, entreguismo y antidemocracia...
El Presidente:
Se ruega al orador, concluir con su intervención en razón de que ya transcurrió su tiempo, de acuerdo al artículo 103.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Ya voy a terminar.
La primera decisión que debe tomarse, donde con más fuerza se cruzan ambas crisis, es cancelar y desarticular medidas tendientes a la enajenación a particulares de las áreas de las industrias petrolera y eléctrica, reservadas con exclusividad a la intervención y gestión del Estado, el que tiene el deber de manejarlas con eficiencia y honradez y ante todo, con un gran patriotismo.
El gran objetivo de las políticas neoliberales diseñadas para México allende las fronteras, ha sido apoderarse de la riqueza petrolera y con ello, de la soberanía de nuestra nación. El solo hecho de pensar en ceder la industria petrolera, señores diputados, a intereses ajenos y contrario a los del país, para resolver los problemas monetarios coyunturales, así se calcule que con la enajenación del petróleo pueden obtenerse 150 ó 200 mil millones de dólares o más, constituye un crimen de lesa patria.
"Ninguna enajenación o privatización que atropelle las normas constitucionales y vulnere el patriotismo estratégico de la nación es admisible, señores diputados. Ninguna reforma constitucional que abra el paso a la enajenación o privatización del patrimonio estratégico de México debe siquiera proponerse. Hacerlo sería ir contra el presente y el futuro de la soberanía de la nación.
Señores diputados: es prioridad de las fuerzas patrióticas del país, organizar la defensa del petróleo y la electricidad, que no es sino la defensa de la soberanía y de un futuro independiente de nuestro país. Una solución pronta y efectiva, deben recibir los conflictos que son secuela de un fraudulento manejo electoral en Tabasco, Chiapas y Veracruz..."
El Presidente:
Señor diputado, ¡respete el reglamento, por favor!
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Permítame, falta media hoja.
Señores, voy a terminar, así es que mejor óiganme para que yo los oiga con respeto.
"...Así como el problema planteado por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para que pueda procederse a una verdadera y profunda reforma de la vida política del país en sus prácticas, instituciones y leyes, empezando por efectuar una cuidadosa revisión de la Constitución, las realidades nacionales para proponer al país una nueva Carta Fundamental.
Ahora bien, para que el régimen actual reoriente la política económica en sentido contrario a la que viene aplicando, esto es, para buscar crecimiento, empleo, bienestar y competitividad y para que impulse una verdadera reforma política, hace falta, señores diputados, que dé el Gobierno un viraje radical con respecto a las políticas en curso, incluyendo las anunciadas en el acuerdo del 3 de enero e implica que más allá de firmas, se dé en hechos, que no los vemos. Se dé en hechos por las políticas de beneficio específico, que se instrumente un verdadero pacto democrático que involucre a trabajadores de la ciudad y del campo; a profesionistas y técnicos; a empresarios, a empresarios comprometidos con la producción, el empleo, la productividad, o universitarios y trabajadores de la cultura y el arte y por el otro lado, a una autoridad pública que se desempeñe con honradez, eficacia y patriotismo.
Implica hoy también el relevo del equipo de gobierno. Oigase bien, señores diputados, implica el relevo del equipo actual de gobierno. O es que quienes se han comprometido y seguido ciegamente las imposiciones neoliberales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, quienes son cómplices en la cesión de soberanía y en la gran corrupción que han descargado todo el costo de la crisis en las espaldas y en los niveles de vida de los trabajadores, de los campesinos, ellos son quienes han acabado con las capacidades productivas del país. ¿Ellos pueden, de un día para otro, tomar otros compromisos políticos y poner en práctica medidas radicalmente contrarias a los intereses anteriores?"
El Presidente:
Concluya su intervención, señor diputado, usted pidió respeto a la Asamblea y le pedimos que respete el reglamento.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
¡Falta media cuartilla!
"¿Pueden los autores responsables y beneficiarios de la corrupción, del fraude electoral, convertirse de la noche a la mañana en honrados y demócratas? ¡Pregunto yo a ustedes, señores!
¡En los regímenes democráticos cuando los gobiernos se ven envueltos en crisis o pierden la confianza del parlamento o de los electores, o cuando el jefe del estado o el jefe de gobierno provocan una crisis, existen los mecanismos constitucionales para revocar mandatos, para llamar a formar un nuevo gobierno, con otra gente, con otras fuerzas políticas y sociales, para convocar a nuevas elecciones, en las que la ciudadanía al decidir democráticamente y en libertad que el rumbo que haya que seguir el país resuelva la crisis reciente!¡Y en la memoria de todos están los casos de Nixon, de Collor y de Berlusconi!
La realidad puede imponer cambios, señores diputados, la coyuntura puede obligar a que se modifiquen las posiciones adoptadas. ¡En el México de hoy deben tomarse decisiones trascendentales, señores diputados, por los principales actores políticos del país, si la crisis económica y política quiere efectivamente resolverse!
¡El actual gobierno PRI-PAN ha dado al país claras muestras de ineptitud político-administrativa, de insensibilidad social y de una carencia absoluta de patriotismo; ingrediente necesario para gobernar y lograr que la crisis se supere!
¡Es preciso, señores diputados, que exista en el país un gobierno que recupere la confianza del pueblo, de la gente, de nuestras familias! ¡Es necesario que se forme un gobierno de salvación nacional, que saque al país de la crisis, reconstruya sus capacidades productivas y dé curso a una reforma democrática de fondo, que cuente con el apoyo y se integre con representaciones auténticas de las fuerzas patrióticas de los sectores productivos, sociales y políticos de todos los partidos!
¡Para ello es necesario que el señor presidente Ernesto Zedillo, lleve a cabo un relevo casi total de su equipo de gobierno; que lo integre con personas de otras convicciones y otros compromisos, estoy refiriéndome a todos los partidos que sean capaces de llevar a la práctica las transformaciones democráticas que el país reclama; y una política económica que se oriente con prioridad a salvaguardar la soberanía nacional, a lograr el crecimiento de la economía, del empleo, el bienestar y la competitividad internacional!
¡El Presidente de la República, debe de convocar a nuevas elecciones de presidente de la República sobre bases democráticas y equitativas, o renunciar para que en los términos constitucionales, un presidente interino convoque a nueva elección!
¡Seguir por el camino anunciado el 3 de enero, sólo conducirá a la recurrencia de la crisis, a mayores desconfianzas, a una inestabilidad social, política y económica crecientes!
¡Llamemos los mexicanos conscientes, los que queremos un país democrático, productivo, justo y generoso, a que como en los grandes momentos de nuestra historia nos unamos los de Acción Nacional, los del PRI, los del PT, los de mi bancada y organicémonos para que se remonten los caminos del patriotismo y de la dignidad!
México, D.F., 20 de enero de 1995.- Cuauhtémoc Cárdenas."
Señores diputados: este texto, que ahora hago mío aquí en la tribuna, es del señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas... permítanme, yo a nadie le silbo, no es mi manera de silbar.Señores, aquí como doy a conocer, en el texto hay algún punto en desacuerdo con el señor Cuauhtémoc Cárdenas y con toda honradez de mexicano patriota que me interesa que este país no vaya a ser entregado, que este país siga siendo soberano, que este país recuerde las luchas de muchos mexicanos, en la Independencia, en la Reforma, en la Revolución y en el México actual.
Señores diputados, voy a decir en lo que estoy en desacuerdo, con todo respeto para Cuauhtémoc Cárdenas, no estoy de acuerdo...
El Presidente:
Señor diputado, una vez más se le solicita respeto al reglamento.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Estoy por terminar.
El Presidente:
Concluya ya su intervención.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
No estoy de acuerdo con el señor Cuauhtémoc Cárdenas, presidente distinguido de mi partido, en que se pida la renuncia, ni un interinato del Presidente y brevemente voy a decir por qué. Señores, creo yo que lo que debemos hacer con el presidente Zedillo, es unirnos a su alrededor, darle fuerza a la investidura presidencial, e invitar para que este país salga adelante.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega.
El diputado J. Jesús Ortega Martínez:
Solamente le hacía la consulta: si no vamos a seguir el orden que normalmente hemos hecho para tomar posición sobre algún asunto de interés nacional. Mi pregunta en concreto es: si antes de mí no está el diputado o diputada del PT.
El Presidente:
Para su información, señor diputado, el Partido del Trabajo no ha solicitado a través de ningún diputado hacer uso de la palabra.
El diputado J. Jesús Ortega Martínez:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
También como el diputado Marcué y Pardiñas, quisiera molestarlos con unos minutos de su atención. No por servicio a quien hace uso de la palabra, sino por atención a la enorme responsabilidad que tiene en estos momentos el Congreso de la Unión y particularmente la Cámara de Diputados, frente a la también gravísima situación económica y política por la que pasa el país.
Yo creo y ustedes coincidirán conmigo, que no hay mexicano o mexicana que no se dé cuenta del difícil tránsito por el que pasa nuestra patria, con mucha más razón estoy seguro que no hay representante popular, que no hay diputada o diputado que no se dé cuenta también de la gravedad de la situación por la que pasa nuestra nación.
Por eso creo, compañeras y compañeros, que todos accedimos, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo Federal, de la urgencia y de la necesidad de convocar a este periodo de sesiones extraordinarias que hoy de hecho comienza esta Cámara de Diputados.
El periodo extraordinario, en este periodo extraordinario habremos de tomar decisiones trascendentes para el país. No se trata de cualquier debate y de cualquier discusión, sin ánimo de exagerar, sin actitudes desproporcionadas; las decisiones que tomemos en este periodo extraordinario, podremos sin duda alguna calificarlas de históricas y podremos sin lugar a dudas afirmar que marcarán el destino del país durante muchos años y por muchas generaciones de mexicanos.
Vamos a discutir cómo enfrentar todos los mexicanos y particularmente el Gobierno, la terrible situación económica en que nos encontramos y vamos a decidir el futuro económico de millones de mexicanos; de las decisiones que tomemos dependerá si se condena a muchos de esos millones de mexicanos a vivir en condiciones mayores de pobreza y mayores de extrema pobreza y también vamos a decidir si aceptamos que persista como una llaga la tremenda polarización económica y social que plásticamente podemos ver cuando hay 20 mexicanos que en un año ganan lo que ganan 20 millones de mexicanos.
De ese grado son las trascendencias, de ese grado es la trascendencia de las decisiones que vamos a tomar, pero también yo creo que nadie debería de hacer oídos sordos a esto, también vamos a decidir si estamos dispuestos a preservar a México como nación soberana o si con indolencia y con irresponsabilidad permitimos que nuestro país pierda independencia, pierda capacidad soberana a favor de los intereses de países o de particulares extranjeros y esto lo vamos a ver cuando discutamos las iniciativas de ley o de reformas a la ley que nos va a presentar el encargado del Ejecutivo Federal.
Tiene trascendencia también en igual magnitud que lo que antes he mencionado, si los diputados federales, los representantes del pueblo, estamos dispuestos a contribuir de manera decisiva para que México dé verdaderos pasos hacia la construcción de un país democrático, en donde los mexicanos podamos ejercer libremente nuestros derechos.
En los temas de este periodo extraordinario, está contemplado que esta Cámara de Diputados discuta las bases que debemos darnos nosotros y el país en su conjunto para poder llegar a una verdadera reforma democrática del Estado mexicano, que por cierto contempla dentro de una de sus partes, las reformas necesarias al sistema electoral para garantizar elecciones creíbles y para garantizar autoridades legítimas.
Y podría, compañeras y compañeros, ocupar más tiempo recordando a ustedes las discusiones más importantes que vamos a dar; prefiero dedicar mi atención en estas tres que particularmente debemos de subrayar y que he mencionado.
¿Cuál es, compañeras y compañeros, el papel que a juicio nuestro y mío en particular, corresponde asumir a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión en estos momentos difíciles?
Por supuesto que no es continuar la inercia que ha tenido desgraciadamente la representación popular en los últimos años; es decir, de darle al Ejecutivo Federal las facultades que nos dio, que nos da la Constitución General de la República y en ese sentido, ojalá y se cumpliera la aspiración de que nosotros cumpliéramos en nuestra condición y con nuestra responsabilidad de representantes populares y no como enviados del Ejecutivo Federal, a votar a favor siempre sus iniciativas.
Ojalá y eso espera la nación, compañeras y compañeros, fuéramos críticos, examináramos a profundidad el contenido de las iniciativas y con una actitud patriótica y responsable, rechazáramos lo que no conviene al país, rechazáramos lo que no conviene a los trabajadores y al pueblo y también con una actitud responsable, aprobáramos lo que en conjunto consideráramos necesario para salvar la actual situación de emergencia, pero con esa actitud, sin maximalismos, sin extremos, con una actitud simplemente responsable y con una actitud de congruencia a nuestra condición de representantes populares.
¿Qué sucede? Que en estos momentos, compañeras y compañeros, el destino del país lo están discutiendo o lo van a discutir en los próximos días los congresistas norteamericanos. En los próximos días los diputados demócratas y los diputados republicanos, y no siempre en intereses del país del norte, sino en función de asuntos políticos, van a decidir si nos prestan 40 mil millones de dólares para salvar la situación de emergencia, y también van a discutir ellos, los representantes del país del norte, si esos 40 mil millones de dólares nos los prestan, siempre y cuando nos sujetemos a determinadas condiciones y si observamos las condiciones que están discutiendo los diputados, ojalá y no se cumplan, nosotros tendríamos la obligada decisión de rechazar totalmente esas condiciones, simple y sencillamente porque lesionan el interés nacional, porque lesionan nuestra capacidad de decisión como nación, porque afectan gravemente los intereses del pueblo de México.
De por sí es grave que el destino del país esté sujeto a la votación de los diputados del Congreso norteamericano y por lo tanto, compañeras y compañeros, nosotros no podemos por decisión del Ejecutivo, porque el Ejecutivo piensa que debería de hacerse de esa manera, permitir, aprobar la Ley de Ingresos decidida no en Palacio Nacional, decidida no en el Congreso mexicano, sino decidida en el Congreso de los Estados Unidos. De esa magnitud está la responsabilidad que necesitamos asumir nosotros.
Y también como decía anteriormente, vamos a enfrentar, paralelamente a estas decisiones de carácter económico, vamos a enfrentar decisiones de carácter político, fundamentales y trascendentes.
¿Estamos o no dispuestos a que el país transite hacia la democracia? ¿Estamos o no convencidos de que el Estado mexicano necesita reformas profundas para evitar que la crisis social se profundice? y eso, compañeras y compañeros, lo podemos decidir nosotros sin necesidad de estar esperando la línea o la decisión del Ejecutivo Federal. Reitero que uno de los temas de este periodo extraordinario, es sentar las bases del diálogo que permitiría la transformación del Estado mexicano.
Pero hay malos principios que ojalá pudiéramos superar; y ese mal principio es el incumplimiento de los acuerdos que hace unos días signaron los partidos políticos en la residencia oficial de Los Pinos, en presencia del encargado del Ejecutivo Federal. Esos compromisos que signaron los partidos políticos, establecían la posibilidad de llegar a un acuerdo político nacional que a su vez posibilite las transformaciones que necesita el país en materia política y las transformaciones que requiere el país para la reforma del Estado y uno de esos compromisos que avaló el Ejecutivo Federal y que avalaron los partidos políticos, naturalmente incluido el Partido Revolucionario Institucional, es el de resolver los conflictos poselectorales.
Está explícito en el documento que signaron los partidos políticos, los conflictos poselectorales en Tabasco y en Chiapas no son asunto del pasado, influyen de manera determinante en el presente.
Hemos insistido que si no se resuelven esos conflictos poselectorales, no hay posibilidad de acuerdo político alguno para trascender la actual situación política del país y el PRD, sino esos compromisos con responsabilidad y con decisión de cumplirlos y mal comienzo, insisto, si el PRI y el Ejecutivo Federal el primer compromiso que asumen en este sexenio lo incumplen, ello no va de ninguna manera a contribuir a salvar la situación política que ahora enfrentamos.
Más aún, en lugar de cumplir el compromiso que asumieron frente a la nación el PRI y el Gobierno, asumen la actitud ilegal de golpear, de reprimir a los compañeros perredistas que pacíficamente manifestaban su desacuerdo frente al palacio de gobierno.
No hay, compañeras y compañeros, salvo que en los que gritan prevalezca la desvergüenza, el cinismo, ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de que desmientan frente a la tribuna, insisto, salvo que sean cínicos, que el día de ayer contratando golpeadores y contratando porros y con ayuda de la policía, golpearon la manifestación pacífica de los perredistas en Tabasco.
El hecho es grave, el hecho es grave, pero además no solamente afecta la situación en el Estado de Tabasco.
¿Saben qué pasa, compañeras y compañeros? Que como se resuelva Tabasco, si deciden no cumplir los priístas y el Gobierno el compromiso que asumieron, entonces no solamente está la posibilidad de que se complique Tabasco, sino que está la posibilidad de que se complique Chiapas, porque la solución pacífica en Chiapas está amarrada a la solución pacífica en Tabasco y aun más, compañeras y compañeros, la salida pacífica del país, el encontrar acuerdos políticos para una salida pacífica en el país, la posibilidad de acuerdos para encontrar esa salida, está amarrada a que el PRI y el Gobierno cumplan el compromiso que asumieron frente a la nación.
No estoy haciendo un chantaje, ésa es la realidad objetiva, véanla, compañeras y compañeros, obsérvenla, no pongan el interés particular de un partido y no pongan el interés de un individuo por sobre la necesidad de los acuerdos políticos. No pongan el interés económico de los que hicieron compromiso con Madrazo, para poner en peligro la salida pacífica a la actual situación de crisis en el país.
La reacción de golpear a los compañeros en Tabasco no es solamente, para que no nos engañemos, la reacción de unos cuantos priístas en esa entidad, no, esta reacción es la actitud que están asumiendo y que van a asumir los sectores más conservadores y los sectores más retardatarios en el país que se oponen a los cambios políticos.
El temblor, compañeras y compañeros, de Tabasco, con la represión que hicieron contra nuestros compañeros perredistas, no tiene como epicentro Villahermosa, tiene como epicentro los grupos políticos en el Estado y en el Gobierno que se oponen a las transformaciones democráticas y están utilizando a Tabasco y están utilizando a Chiapas impidiendo la salida política en esas entidades, pero finalmente su propósito es mantener el status que en el país, mantener el sistema de partido de Estado, mantener la antidemocracia, porque eso satisface sus pretensiones y satisface sus intereses particulares o de grupo.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, y para terminar, esa decisión que deben de tomar en las próximas horas el Gobierno y el PRI, de cumplir o no sus compromisos adoptados frente a la nación, determinará no lo que suceda particularmente en Chiapas determinará lo que suceda en el país, en el marco de esta gravísima situación económica y en el marco de esta gravísima situación política.
Ojalá y asumamos cada una de nuestras responsabilidades, porque en muy poco tiempo la nación nos lo va a demandar. Gracias por su atención.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Patricia Garduño Morales.
La diputada Patricia Garduño Morales:
Muchas gracias, señor Presidente; diputadas y diputados:
Con plena responsabilidad las diputadas y diputados de Acción Nacional, concurrimos puntualmente a nuestra cita con la nación en este primer periodo de sesiones extraordinarias de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, al que fue convocado por su Comisión Permanente.
Acudimos no sólo por obligación jurídica, sino convencidos del deber patriótico de darle al Poder Legislativo su exacta dimensión de poder soberano e independiente y brindarle al pueblo de México la confianza de que no todo está perdido, sino que aún existen espacios políticos donde pueden debatirse las grandes cuestiones nacionales y con sinceridad, buena fe y sin protagonismos estériles, construir entre todos las mejores opciones legales y administrativas que nos ayuden a salir de la crisis en la que hoy estamos inmersos.
Queremos que quede claro para todos, que el país no ha fallado; somos una nación que quiere y merece un destino mejor. Los que han fallado son los que lo han conducido y debe sancionarse a quienes con sus acciones y torpezas causaron la torpeza y aniquilaron millones de horas de trabajo y de ilusiones.
Este periodo extraordinario, que fuera solicitado por Acción Nacional, a través de su diputado David Vargas, para nosotros no se orienta sumisa y dócilmente a la convocatoria del Poder Ejecutivo.
Nuestras propuestas de solicitar la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, de la creación de una comisión especial sobre medios de comunicación, para que lleve a cabo un amplio programa de consultas y audiencias para la creación de una legislación moderna e integral sobre este aspecto de la vida nacional y deliberar en torno a las bases que debemos acordar para el diálogo nacional, para la reforma política que comprenda no sólo los aspectos electorales.
Todas nuestras propuestas fueron recogidas por la Comisión Permanente, al igual que las propuestas de otras fuerzas políticas, porque sentimos el deber ineludible de debatir con honestidad, a fondo, sin más compromisos que la verdad y el bien del pueblo.
La exacta dimensión de la crisis económica debe conocerse en sus orígenes y consecuencias; deben aplicarse las sanciones que la ley marca. Pero el análisis serio, responsable y de cara a la nación debe darse.
Acción Nacional no medra con las crisis económicas o políticas. Exigiremos como grupo parlamentario la verdad, los hechos, la explicación suficiente para saber por qué se pospusieron soluciones que eran vitales. La decisión de posponer una graduada flotación de la banda o paridad cambiaria por motivos estrictamente electorales; el protagonismo presidencialista que anuló un real federalismo y limitó el desarrollo regional; la simulación democrática sujeta no a la voluntad ciudadana, sino a la conveniencia del proyecto de nación de un solo hombre o grupo; la soberbia de quienes han conducido a México en forma exclusiva con criterio patrimonialista; el desdén de la clase gobernante a las voces opositoras que señalaban errores y proponían soluciones en el corto y largo plazos.
Fueron estas prácticas invariablemente condenadas por Acción Nacional en convenciones, documentos y trabajo legislativo y gubernamental.
Pero nunca nos hemos limitado a la crítica por la crítica misma, también hemos propuesto reformas legales, porque estamos convencidos que sólo el estado de derecho debe de regir las instituciones.
Por eso, desde 1993 llamamos a todas las fuerzas políticas a un diálogo nacional, porque para nosotros el diálogo es la forma civilizada de construir con el adversario, con quienes no comparten nuestras ideas y buscar lo mejor para el país.
Somos apasionados de la verdad, pero sabemos que en política nadie es poseedor absoluto de ella; combatimos la mentira y la simulación, porque el pueblo elige gobernantes para que le sirvan y le garanticen los mínimos de libertad y bienestar para vivir y desarrollarse con dignidad. La congruencia y la ética para nosotros tienen un valor capital.
Como fuerza política nacional, tenemos claro el rumbo. Sabemos el compromiso histórico de la patria, por ello hemos declarado a 1995 el año de juicio político al PRI-Gobierno, porque la conciencia nacional tiene perfectamente identificados a los autores intelectuales y materiales de esta crisis, porque sabemos que la deslealtad con la patria y la simulación con el pueblo, serán sancionados con el veredicto que se expresará en las urnas.
Estamos aquí, porque sabemos que sólo la participación ciudadana, consciente, comprometida y libremente informada, dará la exacta medida de la democratización del país.
En Acción Nacional no tenemos nada que esconder ni nada de qué avergonzarse. Toca a nosotros, los legisladores, diseñar instrumentos jurídicos que le den a la sociedad la posibilidad real de mejorar.
Acción Nacional exigirá explicaciones suficientes. Identificará, para la plena salud de la nación, a los responsables de que millones de mexicanos estén sumergidos en la pobreza y en la desesperanza.
Responsablemente propondrá medidas de efectos inmediatos para evitar que se agudice la crisis económica y que se ponga en riesgo la soberanía nacional.
Insistiremos en que el origen de todos los problemas es la falta de democracia plena.
Lucharemos porque el poder soberano de la nación depositado en el Congreso de la Unión, ordene y equilibre al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Sólo así, con un Congreso independiente que busque siempre colegiadamente el bien superior de México, lograremos devolverle al pueblo la confianza en sus gobernantes. Estamos ciertos que no bastan discursos o buenos deseos.
Por eso impulsaremos hasta convencer a quienes tienen la mayoría, sólo numérica, para decidirse a avanzar con pasos concretos, hacia un cambio radical en el modelo económico. Democracia, humanismo, libertad y orden, instituciones sólidas y fuertes, federalismo y municipio libre, a eso estamos comprometidos con la fuerza de nuestras convicciones y de nuestros electores.
Estamos aquí con una profunda esperanza y amor a México, seguros de que la esperanza siempre gana. El deterioro, la timidez, el rencor y la insidia, siempre pierden.
No desperdiciemos en discusiones banales o en disputas estériles, el valioso tiempo de este único y gran poder colegiado. Convirtamos este periodo extraordinario en una oportunidad histórica, para darle al pueblo de México, al ciudadano común y corriente, al padre de familia, al ama de casa, al obrero, al campesino, a los jóvenes, una esperanza real. México lo merece. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, el diputado Adolfo Aguilar Zinser.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Muchas gracias, señor Presidente; gracias por la atención a la Asamblea, estimados legisladoras y legisladores:
Al iniciar los trabajos de este periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, es oportuno recordar hechos graves ocurridos durante el mes de diciembre, durante los trabajos de nuestro periodo ordinario.
El día 21 de diciembre, fecha en que las autoridades hacendarias del país, pusieron a flotar el peso, provocando una de las crisis financieras más perniciosas que ha vivido México, esta Cámara de Diputados aprobó la Ley de Egresos para 1995, una ley que era ya obsoleta antes de nacer. La razón principal por la cual hemos sido convocados ahora es precisamente para aprobar algunas enmiendas que el Ejecutivo pide le hagamos a esa malhabida ley. Unos días antes de aquella jornada, el día 13 de diciembre, compareció ante este pleno el entonces secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche; tanto en su exposición como en las respuestas a las interrogantes de los legisladores, el señor Serra incurrió en un sinnúmero de imprecisiones, falsedades, engaños graves y ocultó a esta Cámara de Diputados información crítica sobre la situación económica y financiera del país.
El señor Serra Puche mintió, los hechos así lo han demostrado. El móvil de las mentiras, del ocultamiento de información y de los engaños del señor Serra fue que aprobáramos las piezas de legislación que el Ejecutivo sometió ante el Congreso para aplicar su política económica. Varios legisladores del PRI defendieron, creo de buena fe y por convicción, el programa económico y los proyectos de ley presentados por el entonces, representante del Ejecutivo, pero lo hicieron con base en la información falsa que nos fue proporcionada por la Secretaría de Hacienda.
Quien ahora al iniciar estos trabajos, independientemente del partido en que milite, no reconozca el hecho de que el señor Serra mintió a esta soberanía, o es cómplice del engaño o bien se comporta y perdonen ustedes el símil, como un cónyuge burlado que teniendo a la vista el adulterio crea aún en la fidelidad de su desposado.
Aquí, legisladoras y legisladores, está el legajo en el que se transcriben las mentiras, las falsedades y los ocultamientos que el señor Serra Puche hizo a este Congreso de la Unión. Esta es una prueba fehaciente de las intenciones del que fuera secretario de Hacienda, de burlar a la Cámara de Diputados. Las mentiras estaban dirigidas a engañar a todos por igual, no sólo a los diputados de la oposición, también a los del PRI.
Poco después del estallido de la crisis del peso, el señor Serra renunció a su cargo, dicha renuncia, de ello obran evidencias públicas incontestables, fue provocada por la reacción a la devaluación de los inversionistas extranjeros y por las exigencias de las autoridades financieras de los Estados Unidos. El señor Serra no renunció, de ello no hay duda, señores diputados, porque le mintiera al Congreso, no fue por eso por lo que renunció, ni por faltar a sus deberes con los mexicanos; se separó del cargo por las exigencias y reclamos de sus socios estadounidenses.
Tanto la comparencia, como los informes falsos e incompletos que recibió esta Cámara de Diputados de parte de la Secretaría de Hacienda y de otras dependencias federales, configuran un grave desacato del Poder Ejecutivo a la autoridad y a la soberanía del Poder Legislativo. No se trata, amigas y amigos legisladores, de un conflicto entre partidos, no fue el PRI quien nos engañó, no fue la bancada del Gobierno quien mintió a la oposición aquí representada; fue un representante del Poder Ejecutivo quien le mintió al Congreso. Sabemos bien, diputadas y diputados, que ni el PRI como partido ni los legisladores priístas como grupo parlamentario, son incluidos en las decisiones de política económica, ni en las medidas financieras y hacendarias que dicta la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha ofrecido disculpas ni ha dado explicación alguna por los engaños públicos del señor Secretario de Hacienda al Congreso. La disyuntiva es aceptar la mentira, cerrar los ojos, abdicar de nuestra autoridad y pretender que el Ejecutivo cumple con sus obligaciones legales respecto al trato entre poderes, o bien, asumir de una vez por todas nuestra responsabilidad constitucional y dar pasos para establecer nuestra soberanía y fijar los términos de la separación de poderes.
La razón por la cual no podemos eludir, aunque lo quisiéramos, la responsabilidad que nos toca en este periodo extraordinario, es porque el pueblo de México se sabe y se siente engañado; le mintieron directamente, le mintieron al mentirnos a nosotros que somos sus representantes. Se trata, por tanto, de hacer frente con energía, a un conflicto real entre poderes y a una grave crisis de credibilidad y de confianza e los mexicanos respecto a sus autoridades, a sus representantes populares, a las condiciones económicas y a la situación general del país.
En los próximos días deberemos de discutir, analizar y, en su caso aprobar, rechazar o enmendar las iniciativas del Ejecutivo en materia económica y hacendaria. Estas iniciativas tienen el propósito de ajustar mínimamente una legislación que nació obsoleta, pero sobre todo están dirigidas a tomar medidas de choque para equilibrar las finanzas públicas y contratar créditos externos e internos que restituyan la confianza, principalmente de los inversionistas y acreedores extranjeros.
Ninguna de estas medidas que examinaremos tiene el propósito de restablecer la confianza de los ciudadanos en su Gobierno y en su economía. Todas están dirigidas, sin excusas, a satisfacer las inquietudes de los acreedores externos. Tal vez ésa sea en alguna medida la responsabilidad inmediata del Ejecutivo, pero no es la nuestra. Nosotros tenemos, como diputados, la obligación de restablecer la confianza de nuestros representados, su confianza en la palabra de sus gobernantes, su confianza en el país, rescatar el orgullo y la dignidad que les han sido arrebatados. No es a los acreedores extranjeros a quienes nos debemos, no es su confianza de quien depende el futuro de México.
La documentación que hemos recibido del Ejecutivo, no es de manera alguna suficiente para que con plena responsabilidad y conocimiento de causa asumamos ahora las decisiones para las que hemos sido llamados.
Hace falta, en primer lugar, una explicación veraz, honesta y exhaustiva, de las condiciones que condujeron al desplome del peso; hace falta que el Ejecutivo rinda cuentas del manejo de los recursos masivos que por diversas vías ingresaron a la hacienda pública y de los que ahora debemos responder con la contratación de nuevas líneas de crédito. Hace falta que el Ejecutivo presente todos los datos y todos los elementos de juicio que permitan a esta Cámara de Diputados, apreciar el alcance de la crisis y sus consecuencias sobre la población. Hace falta un informe detallado de la situación de endeudamiento en la que se encuentra México, de las condiciones que se negocian con Estados Unidos, para la obtención de nuevas líneas de crédito o avales financieros. Hace falta que el Ejecutivo demuestre con argumentos verificables, por qué afirma que su plan de emergencia y los nuevos créditos son la única salida que hay a la crisis. Hace falta que el Ejecutivo explique las medidas políticas y económicas que habrá de tomar en el mediano plazo para la reactivación de la economía, la creación de los empleos y la redistribución del ingreso. Por ello debemos de exigir al Ejecutivo respete a esta soberanía y nos proporcione todos los elementos de juicio que requerimos.
Tenemos la oportunidad ahora de establecer y exigir en este periodo de sesiones extraordinarias, una nueva relación verdaderamente respetuosa y digna entre el Ejecutivo y esta Cámara de Diputados; no una relación de consignas de línea, no una relación de conciliábulos ni de pactos partidarios hechos y firmados fuera de este recinto. No una relación de sometimiento y de mentiras, de ocultamiento de información, sino una relación de verdadera corresponsabilidad en las decisiones del Gobierno.
Para contribuir a la reconstrucción de la confianza pública, a la dignificación de esta cámara y a las relaciones respetuosas con el Ejecutivo, me permito someter a su consideración, las siguientes propuestas para los trabajos de este periodo de sesiones extraordinarias:
"Primero. Propongo que el próximo lunes, que está ya citada la comparecencia del Secretario de Hacienda, se cite también a comparecer a este pleno de manera simultánea, para corroborar y contrastar versiones, al señor secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría Treviño y al director del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo.
Es bien sabida la influencia que tienen los tres en la política económica del Ejecutivo. Es bien sabido que los tres gozan de información privilegiada que deben compartir con esta soberanía y es bien sabido que los tres han viajado recientemente a Washington para sostener negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos e informar y dar explicaciones a las autoridades de ese país sobre la política económica del Gobierno de México.
No hay razón, pretexto o justificación alguna para que los mencionados funcionarios no comparezcan ante nosotros. Lo hicieron ya de muy buena gana en Washington.
En fecha próxima presentaré a esta cámara una enmienda a las leyes correspondientes para que la comparecencia ante el Poder Legislativo de los funcionarios del Ejecutivo, sea bajo juramento y se les pueda, conforme a disposiciones específicas, fincar responsabilidades por mentir u ocultar información a esta soberanía.
Propongo por lo pronto, que antes de dar inicio las comparecencias programadas, se les recuerde a los representantes del Ejecutivo su obligación legal de informar con la verdad.
Propongo que la comparecencia de los funcionarios ante este pleno sea televisada en cadena nacional, para que la ciudadanía juzgue su dicho.
Propongo que las diputadas y diputados de todas las fracciones y grupos tengan la absoluta libertad para interrogar a los funcionarios, para ello no deberán ser los acuerdos de los grupos parlamentarios los que organicen y limiten la discusión, sino conviene aquí que el pleno, en un sistema de debate, acuerde la manera de hacerlo; ésta podría consistir en una presentación previa por escrito de los funcionarios comparecientes, cinco minutos para que cada quien haga una exposición oral, 15 minutos para que un representante de cada grupo parlamentario fije su posición y después de ello preguntas libres de los legisladores por tres minutos, con derecho a contrarréplica y respuestas de los funcionarios por cuatro minutos.
En anteriores comparecencias, como ocurrió el 13 de diciembre, los formatos preconvenidos y rígidos han favorecido que los funcionarios oculten información y engañen a esta Cámara de Diputados.
Propongo la creación de una comisión especial para investigar las condiciones que condujeron a la crisis financiera e informar de manera independiente al Congreso, a la ciudadanía, sobre la situación económica real del país y sobre el impacto de las medidas económicas que aplique el Ejecutivo.
Para la elaboración del informe de esta comisión especial, propongo que en los primeros días de la semana próxima, esta Cámara de Diputados convoque a una audiencia pública a la que se invite a testificar a distintos representantes obreros, en particular a quienes no firmaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o han hecho propuestas alternativas, a representantes empresariales de todos los niveles, a representantes de organizaciones y grupos sociales afectados por la crisis, a académicos especialistas, líderes de opinión y personalidades de la vida intelectual y civil del país.
Los puntos de vista de todos estos sectores son indispensables para que nosotros valoremos la situación económica de México y para analizar la validez, procedencia y efectos de las medidas propuestas por el Ejecutivo.
No sólo debemos estar dispuestos a escuchar al Ejecutivo, tenemos ante todo la obligación de escuchar a nuestros representados.
Antes de decidir, la ciudadanía quiere manifestarse y es aquí ante nosotros donde debe de hacerlo. Si pretextamos que no hay tiempo o que no es el momento, estaremos una vez más faltando a nuestras obligaciones y a nuestra credibilidad.
Propongo que el examen de las propuestas hechas por el Ejecutivo en materia de deuda pública sean congeladas en tanto el Congreso no reciba de la Secretaría de Hacienda un informe detallado y por escrito de las condiciones de endeudamiento del país, del destino preciso de los recursos contraídos con anterioridad, los que ahora debemos garantizar con nuevos créditos; de las condiciones que exige Washington para otorgar las líneas de crédito y de la política y el manejo de la deuda que implementa el Gobierno.
Para establecer la validez de este Informe de Hacienda, debemos aportar información independiente e investigar las condiciones de los nuevos créditos y valorar la utilidad de las nuevas obligaciones que pretende adquirir.
Propongo para ello la creación de otra comisión especial de legisladores.
Esta comisión deberá, además, someter ante la Cámara de Diputados, propuestas que amplíen las facultades con las que ya cuenta el Poder Legislativo, para vigilar la contratación, aplicación y para condicionar los términos y no sólo los montos de la deuda contraída o garantizada por el Ejecutivo a nombre de la República. Estos créditos en última instancia los deberemos de pagar todos los mexicanos.
Durante la pasada legislatura y en el mes de diciembre, el Congreso creó diversas comisiones especiales, entre ellas una para investigar los crímenes de Luis Donaldo Colosio, de José Francisco Ruiz Massieu y para estudiar los efectos de la propuesta 187. No hay por tanto justificación alguna para que este Congreso no se valga de ese mismo mecanismo, para investigar el origen y las consecuencias de una crisis financiera que es hoy por hoy una ofensa pública y un motivo de inseguridad e inquietud mucho mayor y más abarcante que las consecuencias de esos crímenes.
Igualmente justificada y necesaria es una comisión que vigile las negociaciones de la deuda pública. Más que la propuesta 187 del gobernador Wilson, de California, los términos bajo los cuales se pretende otorgar a México en aval financiero y una línea de crédito, constituyen una amenaza grave e inminente de los Estados Unidos a la soberanía nacional y una ofensa inadmisible para la dignidad de la nación.
El objetivo central de las dos comisiones deberá ser esclarecer la verdad, proporcionar elementos de juicio independientes para que este Congreso actúe, fincar responsabilidades y tratar de resarcir la confianza de los ciudadanos en su Gobierno y en su país.
Señor Presidente, hago en este acto entrega a la Secretaría de esta cámara, una copia íntegra de mi declaración patrimonial, con la autorización por escrito de que sea puesta a disposición de quienes la soliciten.
Con este acto desde esta tribuna formulo al Presidente Constitucional de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, la exhortación a que haga también pública la declaración patrimonial de inicio del cargo que ostenta y la última que presentó a la contraloría como funcionario federal de la pasada administración. Si bien no tiene obligación legal de hacerlo, por sus funciones de Presidente, Zedillo está ya en posibilidad de afectar de manera radical, como lo hizo su antecesor, el señor Salinas, el patrimonio nacional, mediante las privatizaciones, contratación de deudas, ejercicios presupuestales etcétera.
Los ciudadanos tenemos una profunda desconfianza, la manera como los altos funcionarios hacen estas afectaciones y administran el patrimonio. Esa es la verdadera crisis de confianza, no la de los inversionistas extranjeros.
La entrega por el Presidente de sus declaraciones patrimoniales sería una manifestación inédita de su voluntad de someterse al escrutinio público y por tanto una acción precisa y simple que ayudaría a restablecer las bases de confianza del Gobierno en la palabra de sus gobernados.
Lo exhorto también para que instruya a todos los secretarios de Estado y directores de organismos públicos a hacer lo mismo. No existe justificación moral o política alguna para que oculten esta información.
Independientemente de las respuestas que me merezca esta exhortación, próximamente propondré a esta legislatura una iniciativa para que las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios sean, por ley, del dominio público.
Legisladoras y legisladores: en días pasados cuatro partidos firmaron en Los Pinos los llamados acuerdos políticos nacionales. Enhorabuena, pero sin democracia económica, sin la soberanía de la nación y sin la independencia efectiva y palpable, real, de este Congreso de la Unión, no habrá democracia y esos acuerdos carecerán de sustento.
Llamo a mis compañeros de legislatura de todos los partidos a reconocer la gravedad de la crisis por la que atraviesa México, a identificar sin cartabones ni consignas partidarias los retos y peligros que como nación enfrentamos y actuar juntos para hacer de este Congreso una institución republicana eficaz, digna y permanente, reconocida y respetada por la ciudadanía; para ello fuimos elegidos, para ello estamos aquí, ¡hagámoslo!" Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Fructuoso López Cárdenas.
El diputado Fructuoso López Cárdenas:
Señor Presidente; compañeros diputadas y diputados:
Hemos sido llamados a este periodo extraordinario por una agenda de gran relevancia para la vida de la nación; en ella está presente la estrategia para la emergencia económica, asistimos pues a esta sesión y a las demás que tendrán lugar con la conciencia y el compromiso de cumplir cabalmente en nuestra tarea a la que hemos sido convocados. Acudiremos al debate, escucharemos razones y argumentos y expresaremos nuestro punto de vista a través del voto.
La circunstancia de emergencia que enfrentamos, hace necesaria también la instrumentación de acciones igualmente especiales, necesitamos que la crisis sea asunto rápidamente superado, ello sólo lo lograremos si actuamos con disciplina y decisión, el rumbo del país no está a discusión, los mexicanos lo resolvimos con el sentido y contenido que dimos en las pasadas elecciones presidenciales. La crisis debemos enfrentarla sin perder ese rumbo, por eso la crisis deberá ser enfrentada compatible con lo que los ciudadanos resolvieron en las urnas.
El mandato que recibió el Gobierno de la República es preciso en su contenido y en consonancia con él debemos actuar nosotros, porque como legisladores formamos parte de ese compromiso político; nadie puede estar de plácemes ante la crisis, a todos nos lastima, a todos nos duele, por eso a todos nos corresponde trabajar para dejarla atrás, rápidamente.
Aquí se ha expresado por un distinguido diputado del PRD la trascendencia de nuestros actos en este periodo extraordinario y yo agregaría: siempre. Coincido en lo peligroso que podría ser hipotecar a la nación mexicana, está claro para los priístas lo delicado de la situación y las presiones que algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos están poniendo para que México hipoteque su futuro como nación soberana, en eso coincidimos; pero estas dudas y otras más expresadas aquí seguramente serán despejadas con la presencia del Secretario de Hacienda el próximo lunes. Tendremos entonces el escenario preciso por el responsable de las finanzas nacionales, será entonces cuando podamos despejar nuestras dudas inquiriendo, preguntando.
Los priístas creemos, por las explicaciones que nos ha dado el Secretario de Hacienda y los funcionarios de la propia dependencia, que tenemos los recursos, la capacidad y la inteligencia para poder salir de este momento delicado, sí, pero no insuperable.
Aquí se ha dicho por un distinguido miembro de esta cámara, que los compromisos para el acuerdo nacional han sido rotos en virtud de que las promesas establecidas ante las autoridades, del Ejecutivo, no se han cumplido; yo quisiera diferir de su posición en virtud de que más allá de hechos o circunstancias anteriores a la firma de estos compromisos para el acuerdo político nacional, lo que nos debe importar es cómo nos vamos a conducir en el futuro para caminar con certeza en la reforma política y por supuesto y obviamente en la reforma electoral.
No podemos, no debemos desde ahora hacer nugatoria a la sociedad y al pueblo de México el signo esperanzador que significó este acuerdo. Entre el futuro y el presente es importante la presencia de la inteligencia y la razón. Somos corresponsables, repito, ante los que ahora habitan este país y los que vienen detrás que seguramente forjarán la historia de este gran país.
Decir o pretender afirmar que este acuerdo no ha servido, es negarle toda posibilidad de subsistencia, es volver al pasado, es retroceder en la intención y en la acción, es sustituir la posibilidad del entendimiento por la cerrazón.
Los priístas que estamos en esta cámara y en todo el país, aplaudimos este esfuerzo y subrayamos la necesidad de caminar hacia adelante; estamos listos para enfrentar los nuevos retos que la nación demanda. Queremos, con el presidente Zedillo, una reforma electoral definitiva que evite que los problemas poselectorales existan y compliquen la vida armónica de los estados y del país.
Tal vez valiera subrayar que lo que nos sucede a veces es que la pasión nos ciega, los enconos aparecen y la inteligencia, la prudencia y la sensatez, son sustituidos por otras formas de actuar, rompiendo por supuesto el esquema de la legalidad y el respeto al derecho, por la presencia de intereses personales o de grupo, por sobre los intereses de los pueblos y del país.
Se reclama aquí una actitud abierta del priísmo en Tabasco. Yo quisiera manifestar que el priísmo de esta cámara y de la República se suma a las inquietudes de los priístas de Tabasco y de su gobernador Madrazo... No podemos pensar en romper el marco de legalidad. Miles de tabasqueños sufragaron por diferentes opciones, el resultado se dio y se dio en elecciones pacíficas; el veredicto se ofreció por el pueblo y ha sido dado.
Lo que a los mexicanos no nos gusta y no quisiéramos ver aparecer en el firmamento de Tabasco y de la República, es el rompimiento del diálogo entre hermanos.
Cuando la violencia aparece, se rompen las estructuras existentes, se dañan seriamente las instituciones y en ocasiones se abren heridas que tardan mucho en sanar.
Los priístas de Tabasco, hacen ahora lo que en otro tiempo hicieron miembros de otros partidos políticos; lo hacen porque sienten que tienen la razón, que en la democracia se gana y se pierde y que un voto es suficiente para marcar el triunfo o la derrota.
Estamos caminando en nuevos esquemas, con leyes que estamos buscando sean cada vez mejores y es a los tabasqueños y sólo a los tabasqueños, por el respeto que nos merece su soberanía, por el respeto que nos merecen como mexicanos, los que deben decidir su futuro. Pedimos en todo caso, como ya lo ha señalado el Secretario de Gobernación el día de ayer, que sean el diálogo, el respeto, la tolerancia, los instrumentos básicos, políticos, que pongan en uso los tabasqueños para buscar la solución de los conflictos, que no rompan la paz en la entidad.
Yo estoy seguro, completamente seguro, que todas las fuerzas políticas existentes en Tabasco, con inteligencia y conforme a los principios de legalidad, equidad y respeto mutuo, sabrán encontrar el camino para dirimir sus diferencias y avanzar todos juntos en el propósito supremo de hacer grande al Estado de Tabasco, reencontrando los caminos de progreso que alguna vez florecieron en el horizonte tabasqueño.
Desde el 1o. de enero de 1994, Chiapas late todos los días en el corazón de los mexicanos. En esta tribuna, por miembros de mi partido y de otros partidos, se han señalado las carencias, los retrasos, los problemas existentes desde hace mucho tiempo. Pero, compañeros, una cosa ha quedado evidente: el presidente Zedillo reiteradamente ha subrayado que ha de agotar todos los caminos del diálogo para buscar una paz conciliada en el Estado de Chiapas.
Déjenme subrayar un hecho reciente: por instrucciones del presidente Zedillo el Secretario de Gobernación estableció contacto con el subcomandante Marcos. Si estos hechos no demuestran la voluntad política y la intención del Ejecutivo, no sé qué nos pueda convencer. Quizá lo que nos falte de un lado y otro sería despojarnos de falsos orgullos o posiciones de soberbia, para hacer uso otra vez, insisto, de la inteligencia, para encontrar el camino justo en la solución del conflicto de Chiapas.
Es hora de entender la actitud del Presidente de México, es hora de aquilatar su actuación. Quizá el camino más fácil pudiera haber sido adoptar medidas populistas en principio para no deteriorar su imagen al inicio de su Gobierno, medidas que tarde que temprano incidirían con mayor gravedad en la vida institucional de este país.
La serenidad, la prudencia, el llamado al diálogo a todas las fuerzas políticas, la búsqueda incesante y constante de mejores caminos para sortear la crisis que enfrenta nuestro país, son los signos indubitables que han marcado la conducta del Presidente de México.
Muchas voces, algunas virulentas, se han manifestado en contra de estas actitudes, pero la historia no miente; quienes actúan con arrebatos, casi siempre arrojan a los pueblos por desfiladeros infinitos.
Sumémonos, actuemos con responsabilidad y construyamos, todos, en esta hora difícil, mejores caminos para México.
Los mexicanos tenemos dos opciones, la primera, la más cómoda y fácil, es calificar, señalar, denostar con la consecuencia de amargarnos y perder el tiempo, precioso por cierto, en hechos que quizá no nos conduzcan absolutamente a nada. El otro, ofrecer lo mejor de nosotros mismos, para que en un haz de voluntades, con verdadero sentido nacionalista y patriótico, ofrezcamos ideas, demos soluciones, indiquemos caminos o rutas que puedan hacer que México transite rápidamente hacia mejores estadios de bienestar.
Nadie nos va a ofrecer a los mexicanos lo que los mexicanos no estemos dispuestos a dar por este país. En otras latitudes laten y bullen enemigos de México, como también aliados. Seamos pues congruentes con nuestra historia y en armonía, con dificultades, sí, pero con alteza de miras, pensemos siempre que por sobre todas las cosas está México. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado José Narro Céspedes.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova (desde su curul):
Señor Presidente, de acuerdo con el reglamento pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Señores diputados, al inicio de esta Asamblea se les informó que se iban a inscribir los representantes de los partidos para fijar su posición en relación con el periodo extraordinario. El señor representante del Partido del Trabajo, estaba inscrito antes. Con esta intervención...
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova (desde su curul):
Pero es que estoy pidiendo la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificar hechos, se le concede la palabra al diputado Marco Antonio Rascón. Adelante con la moción.
El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu(desde su curul):
Mire, señor Presidente, muy respetuosamente y muy fraternalmente, le pido a usted que mantengamos una relación fundamental sustentada en la verdad. Cuando el señor diputado Jesús Ortega le preguntó a usted por qué motivo le correspondía a él intervenir, si en la práctica parlamentaria se establecía un orden que todos conocemos, ¿por qué usted señaló que no se iba a registrar ningún diputado del PT para intervenir al respecto?
El Presidente:
En el instante de la consulta, efectivamente no se había inscrito, por eso se le dio su orden y se le dejó para después de la participación del diputado López Cárdenas. Es lo que informo.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Rascón, para rectificar hechos.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Gracias, señor Presidente:
Me ha extrañado que en la intervención el diputado Fructuoso López no hubiera estado reflejado el discurso, los planteamientos de sus correligionarios en el Estado de Tabasco.
Compañeros diputados; en estos días no sólo se ha puesto en peligro nuestra soberanía al debatirse en el Congreso de Estados Unidos las condiciones para un nuevo préstamo a México. Está en peligro hoy el pacto federal a raíz de que una fuerza política que se dice mayoritaria en el Estado de Tabasco, junto con los miembros del Congreso local, encabezados por su presidente de la legislatura y el dirigente estatal del PRI, han planteado su separación de la Federación ante lo que han denunciado como una intervención del centro en sus asuntos.
Para cumplir sus amenazas, han cometido todo tipo de actos ilegales, como el bloqueo de carreteras, toma de estaciones de radio e incitaciones a la violencia en contra de los ciudadanos que permanecen en la plaza de armas defendiendo el derecho al sufragio.
¿Quién inventó el centralismo político?, ¿quién hizo de estas relaciones la regla en el sistema político mexicano? En Tabasco no se está dando un ejercicio de soberanía estatal, sino hechos claros de ingobernabilidad al amenazar con la separación del Estado del pacto federal. Eso es chantaje.
En un acto puramente centralista a Madrazo no lo nombraron como candidato los tabasqueños, sino el dedo del señor Carlos Salinas en la residencia oficial de Los Pinos.
Es importante recordar que en ningún conflicto, pese a todos los agravios políticos y morales hechos a miles de ciudadanos y ni en los momentos más tensos de la guerra en Chiapas, ni las luchas electorales en Baja California, Chihuahua o Michoacán, nadie jamás planteó como recurso su separación de la Federación. Ni el Ejército Zapatista, pese a todos los agravios y toda la tradición autonomista en Chiapas, hizo tal planteamiento.
¿Qué tipo de ciudadanos son esos que amenazan con separarse de la Federación, por no aceptar las reglas que impuso su propio partido por más de 70 años? ¿Qué significa esta amenaza y este chantaje ahora que la usura internacional y el Congreso estadunidense expresa sin ningún recato sus pretensiones sobre el petróleo mexicano, violando nuestra soberanía?
¿Es lucha contra el centro o es pretensión de asegurar el petróleo del sureste a los norteamericanos y cobijar a grandes defraudadores, como Cabal Peniche?
Señor Presidente, por tales razones solicito poner a consideración del pleno el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO" Unico. Debido al estado de ingobernabilidad que se mantiene en el Estado de Tabasco, a partir de que una fuerza sedicente y de transgresores de la ley se ha declarado en rebeldía amenazante en contra del pacto federal, cometiendo todo tipo de delitos en contra de propiedades, vías de comunicación y personas, este Congreso solicita al Presidente de la República tomar las providencias para mantener la unidad interna de la República, a fin de reducir a esta fuerza separatista y sus jefes políticos agrupados en el Partido Revolucionario Institucional y que hoy atentan contra la unidad nacional, la seguridad interna y el pacto federal.
Asimismo, por estos motivos se acuerda demandar al Senado de la República, con base en las facultades que le otorga el artículo 76, fracción V, a declarar la desaparición de poderes en ese Estado."
El Presidente:
Con todo respeto, se informa a la Asamblea que esta Presidencia no ignora el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice: "El Congreso o una sola de las cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirá en sesiones extraordinarias, cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva".
Por su parte, el artículo 35 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expresa: "El Congreso tendrá sesiones extraordinarias cada vez que la Comisión Permanente por sí o a propuesta del Ejecutivo lo convoque, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes; pero en tal caso no podrá ocuparse más que del asunto que establezca la convocatoria respectiva".
Sin embargo, en aras de la voluntad de una apertura, se les está permitiendo a los diputados su participación.
En consecuencia, tiene la palabra para rectificar hechos, el señor diputado Juan Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Gracias, señor Presidente:
Nos inscribimos para rectificar algunos hechos en relación a la intervención del diputados Fructuoso López Cárdenas.
En primer lugar, nosotros no hemos afirmado que el pacto suscrito por los partidos y como testigo de honor el titular del Ejecutivo, esté roto; en segundo lugar, queremos demostrar que independientemente del discurso, la situación ahora en Tabasco está irremediablemente unida a lo que ocurra también en los próximos días en Chiapas y a lo que pueda ocurrir en esto que hemos hablado los partidos de la reforma del Estado.
Si los partidos en este país firman un acuerdo teniendo como testigo al presidente Zedillo, de que se caminará a una reforma política, a una reforma del Estado y como lo dice el punto "F", "se resolverán los conflictos poselectorales", si se firma eso y resulta que ahora nos dicen que en Tabasco no se puede resolver el conflicto poselectoral, ¿quién en este país le va a creer al presidente Ernesto Zedillo? ¿Qué diálogo puede tener en Chiapas y a qué compromisos puede llegar a través de la Secretaría de Gobernación, si no se va a acatar ningún compromiso, porque los presidentes de algunos partidos firman y no establecen con ello absolutamente ninguna responsabilidad?
Si el priísmo no estaba de acuerdo en que se buscara una solución a los conflictos poselectorales, que se lo reclamen a María de los Angeles, porque ella firmó esa situación a nombre de todo el priísmo.
¿Y en qué papel han dejado al presidente Ernesto Zedillo? ¿Qué caso tendría para alguien que ha buscado el diálogo, como Marcos, llegar a acuerdos con la Secretaría de Gobernación, si la firma del presidente Zedillo como testigo de honor no vale simple y sencillamente para el PRI? Por eso está irresolublemente ligado, porque lo que está en cuestión no sólo es el acuerdo, lo que está en cuestión, y esto lo digo para el sentimiento del PRI, es también si la firma del presidente Zedillo, vale o no vale.
Pero además los otros partidos, ¿por qué tendríamos que creer que lo que se ha suscrito se va a examinar, si al empezar una primera situación no se quiere avanzar? ¿Si en Tabasco, nos viene aquí Fructuoso, seguramente a nombre de toda la bancada, a decirnos que apoya y que el asunto ya está resuelto, y que el punto F) del acuerdo por lo tanto lo desconocen de facto?
Yo no sé cuántos priístas son ingenuos y cuántos no lo son, pero aquí hay una conspiración, me atrevería a decirlo, una conjura, no solamente para que camine la reforma del Estado, sino incluso para poner contra la espada y la pared a Ernesto Zedillo. ¿Qué calidad moral y política, les pregunto, va a tener de ahora en adelante?
Yo no me creo ese cuento de que al mismo tiempo que en Tabasco se dan esas actitudes, en Chiapas algunos priístas hacen lo mismo y el Senado está reunido haciendo lo mismo para apoyar.
Hay un intento aquí promovido por alguien, sin duda alguna. Hay una reacción de sectores duros que está atrás y hay muchos priístas que como cuando ocurren hechos en la bolsa, algunos lo provocan y otros corren atrás. Hay una situación aquí promovida por alguien, no es explicable que al mismo tiempo se dé esa situación. Puede haber un malestar en el PRI y ése ha sido el caldo de cultivo, para una contraorden que se ha generado desde alguna parte. Esta es la situación.
Y el problema que hoy nos tenemos que plantear, que apuesta a avanzar en un país que ha sido de régimen de partido de estado, va costar a avanzar a un país realmente democrático, pero lo que está en duda, lo que está en cuestión, es si va a imponer la voluntad, si haya en algunos priístas para avanzar o se va a imponer la voluntad de algunos priístas atrás de cuyos intereses no se pueden ignorar los crímenes políticos que hay ahí.
Eso es lo que está en cuestión, diputado Fructuoso López Cárdenas, no vamos a romper nosotros el acuerdo; ustedes van a tener que decidir si se van por la contraorden o se van por lo que ha dicho Zedillo.
No es Zedillo ni siquiera el que ha hablado de una reforma sólo electoral, ha hablado de una reforma del estado, del federalismo y si vemos bien la firma del acuerdo, lo he dicho y lo sostengo al seno de mi partido, el acuerdo en sí mismo es incluso débil, lo que le dio más fuerza fue el discurso de Ernesto Zedillo, donde claramente se estableció la autonomía de los órganos electorales, lo del federalismo, lo de la división de poderes y para más palabras dijo, hay una nueva era, hay algunos en el PRI que no quieren.
¿Va el PRI a apoyar? Yo les pido que lo retiren, por favor. ¿Va a legitimar el PRI las actitudes de violencia? ¿Es correcto que los partidos tomemos todas las radiodifusoras con el amparo de las policías? ¿Podemos los del PRD ir a tomar radiodifusoras y estaciones de televisión? ¿Se puede hacer eso en este país? ¿Podemos bloquear todas las carreteras de un Estado? ¿Podemos agredir a un senador? ¿Podemos hacer todo eso? ¿Esa es la ingobernabilidad que quieren legitimar? ¿Ese es, el apoyo que se les da a los tabasqueños?
Compañeros, pensemos realmente, porque a quererlo o no, se está siguiendo, lo sostengo, una conjura armada por los grupos más nefastos que han estado al seno del priísmo. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Graco Ramírez, cinco minutos.
El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:
Mientras hacía uso de la palabra, el diputado Juan Guerra, un estimado amigo periodista me comentó: "qué paradoja que un diputado del PRD defienda la palabra de Ernesto Zedillo".
Queridas compañeras y queridos compañeros: Estamos ante un periodo extraordinario donde lo extraordinario se ha convertido en ordinario, donde los hechos más sorprendentes se están convirtiendo en hechos de la vida cotidiana. Este periodo extraordinario nos puede sorprender a todos con nuevos acontecimientos, porque estamos ante una situación muy compleja y muy peligrosa.
Yo quiero invitar a los diputados del PRI, particularmente a los diputados del PRI, a que no consideren los hechos de Tabasco como la victoria política que va a determinar el rumbo del acuerdo político y de la transición política en México. Si ustedes desatan acontecimientos como los de Tabasco, se están convirtiendo, quienes así lo decidieron, en aprendices de brujos, en aprendices de brujos que están desatando fuerzas más allá de su capacidad de gobernabilidad.
Están generando con estos hechos que cualquiera, más allá de lo que hayan hecho partidos opositores, lleguemos al extremo efectivamente de que sea válido asaltar medios de comunicación y asaltar a movimientos o manifestaciones de la manera en como se hizo en Tabasco.
¡No desaten los demonios de la violencia, porque van a perder ustedes y vamos a perder todos los mexicanos!
Yo quiero decirles, compañeras y compañeros diputados, que la victoria obtenida por quienes desalojaron con la violencia a los manifestantes del PRD y la instalación en el palacio de Gobierno de Villahermosa, de Roberto Madrazo, es una victoria pírrica, es una victoria que no sirve, es una victoria que no puede festejarse.
En este momento, compañeras y compañeros, Ernesto Zedillo requiere credibilidad y requiere la principal credibilidad, la de los mexicanos. Estoy seguro que muchos mexicanos valoraron la firma del PRD en este acuerdo y estoy seguro que nuestros dirigentes políticos, el re-presentante del PRD, nuestro candidato López Obrador y quienes están representando a las fuerzas zapatistas y a las fuerzas políticas en Chiapas, no hicieron un acuerdo político por la urgencia de hacerlo; el acuerdo político se hizo por la urgencia que tiene el país de que se haga un acuerdo político, no por la urgencia del PRD para tener un acuerdo político. Soportamos seis años de enfrentamiento con un régimen y estamos demostrando que teníamos la razón, porque ahí están las cuentas y los saldos del régimen de Carlos Salinas de Gortari.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, no se trata de que ustedes crean que el problema es nuestro, el problema de Tabasco es del Ejecutivo Federal, de su partido y de que los mexicanos crean en la posibilidad de que este Gobierno cumpla con sus palabras para una transición política, cumpla en los hechos con una transición política.
Si nosotros no tenemos acuerdos políticos puntuales y cumplidos, sacrificando lo que hay que sacrificar y encontrar salidas para mantener la unidad de los mexicanos, frente al marco político, el tiempo será negro, compañeros y habrá un México sumido en la violencia y un Ernesto Zedillo que pueda salir del Gobierno en cualquier momento.
El Presidente:
En su turno, el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.
El diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Este periodo de sesiones extraordinarias fue planteado y propuesto por el conjunto de las fracciones parlamentarias y por el propio Ejecutivo Federal.
Nosotros creemos que es un periodo de emergencia, que es un periodo que tiene que sentar las bases de los cambios fundamentales y trascendentales hacia los que tiene que encaminarse nuestro país; es un periodo de gran responsabilidad; es un periodo en donde ante el marco de la globalización que hay en el mundo, debemos buscar y preservar nuestra soberanía y preservarnos como país; un periodo que se enmarca en una fuerte crisis económica, que nos ha dado como resultado una crisis social y nos está dando una crisis política.
En México, ante esto, se requieren cambios acelerados que permitan enfrentar con éxito esta situación precaria por la que atraviesa nuestro país. En México, por un lado, ante situaciones como la firma del Acuerdo Político Nacional, ante hechos como el de Tabasco, vemos los graves peligros en los que se encuentra nuestro país, con la posibilidad de crear una, a partir de los planteamientos que hicieron los priístas de Tabasco, de una sovietización. Plantear la soberanía estatal para no buscar acuerdos políticos que permitan respetar la voluntad popular, porque en el fondo el problema, y se ha reconocido, está el problema de la democracia y de la legitimidad de los procesos electorales, está el problema del respeto de la voluntad popular como esencia misma de nuestra soberanía.
Por eso nosotros planteamos, como Partido del Trabajo, de que este tipo de hechos, lo que esconden son las resistencias, como pasa en el Distrito Federal ante la Ley de Participación Ciudadana, como pasa en las diferentes propuestas de democratizar a nuestro país, que son frenadas y detenidas, de que los grupos más reaccionarios, de que los grupos más duros del priísmo, no quieren que se democratice este país. Que sobreponen sus intereses particulares, sus intereses como sectores, a los intereses de la nación mexicana.
Por eso es importante que en este periodo discutamos en el marco del punto del diálogo nacional, estos graves problemas que se presentan en México.
Nosotros planteamos, como Partido del Trabajo, que para poder arribar, en el caso concreto de Tabasco, es necesario que se convoque a un nuevo proceso electoral. Estamos preocupados porque el problema, este problema político se encuentra también ante una grave situación económica.
Nosotros, como Partido del Trabajo, planteamos que es importante que no pase lo que pasó en el periodo ordinario pasado, donde no tuvimos respuestas claras a nuestras dudas ni a nuestras interrogantes y preguntas, ante la comparecencia del Secretario de Hacienda, en noviembre de 1994. Porque hay que señalar que uno de los principales ingredientes de la crisis fue la falta de información pública, así como también el manejo privilegiado de la información en algunos círculos políticos.
El propio reconocimiento al que llegó el presidente, el doctor Zedillo, de que había que hablar con la verdad, nos señala que no se habló con la verdad; ni siquiera ante esta soberanía.
La entrevista que se tuvo en noviembre pasado con Serra Puche, no satisfizo nuestra demanda de información fidedigna, objetiva y clara, ni se escucharon los cuestionamientos sobre la viabilidad de la política económica que se estaba siguiendo entonces.
La situación actual, a partir de eso, es mucho más grave de lo que habíamos previsto en noviembre pasado, ya que muchos de los peores pronósticos que se hicieron ya se cumplieron. Aunque creemos, que esta crisis se produjo por una conjunción entre problemas cambiarios y financieros y que hasta ahorita, el aparato productivo se encuentra en principio en una situación sana. El problema es que esta crisis financiera y cambiaria se traslade a una crisis productiva y de la estructura económica del país, que es lo que empieza a pasar.
Ante esto planteamos, como lo hemos venido proponiendo, que es necesario que esta soberanía participe no nada más en la propuesta de egresos, de ingresos, que se va a plantear por parte del Ejecutivo, sino también que de acuerdo con las atribuciones que tenemos como Cámara de Diputados, en el artículo 74 fracción IV, de que es esta Cámara de Diputados la que constitucionalmente tiene la responsabilidad de examinar, discernir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, que es necesario también, no nada más que discutamos, sino que también participemos, modifiquemos y aprobemos las propuestas del Presupuesto de Egresos que seguramente ante los problemas económicos se tienen que hacer.
Por eso, como Partido del Trabajo, planteamos que ante los ajustes y modificaciones en la política económica que se plantean, es fundamental volver a discutir el Presupuesto de Egresos, aprobado en diciembre pasado por parte de esta soberanía.
Es importante que contemos con información clara y fidedigna para que podamos dar una discusión amplia y objetiva que permita que la nación y los mexicanos podamos seguir caminando en el marco de nuestra soberanía, defendiendo nuestros derechos y los mejores intereses y anhelos de todos los mexicanos.
Por eso, creemos que es de suma importancia este periodo extraordinario de la Cámara y del Congreso de la Unión, porque tendremos que discutir ante el problema económico cuáles fueron los antecedentes y los responsables de la crisis, cómo se manejó el proceso de devaluación y cómo se encuentra actualmente nuestro país, dependiendo de un hilo, dependiendo de las decisiones que se tomen en el Congreso norteamericano; cómo también vamos a sentar las bases, la agenda, y los tiempos y los mecanismos para iniciar este gran diálogo nacional al que este Congreso de la Unión también deberá de convocar, para incorporar todos los puntos de vista que permitan que arribemos a una profunda democratización de la vida política nacional, que arribemos a un real federalismo, que arribemos a un sistema de división de poderes, que arribemos a una reforma electoral que garantice la voluntad popular, que permita que esa voluntad popular sea respetada y que el voto ciudadano refleje la decisión de los mexicanos en cuanto a la composición de los cargos públicos que habría que decidir, en cuanto a las ofertas políticas que se le propongan a los ciudadanos.
Por eso, creemos que este periodo de sesiones extraordinarias es de suma importancia. Es de suma importancia que arribemos a la discusión sobre el problema de Chiapas, de Tabasco y esta gran reforma política a la que tiene que arribar México y que tiene que arribar este importante Congreso de la Unión y esta legislatura.
Esa es nuestra participación. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Calzada.
La diputada María Leticia Calzada Gómez:
Gracias, señor Presidente, con su permiso; compañeras diputadas; compañeros diputados:
He querido tomar la palabra y venir aquí ante esta tribuna como mujer, sin partido político, como mujer con algunas experiencias en mi vida que permiten decirles: tenemos que trabajar para México; que me permiten pedirles que tenemos que tomar este periodo de sesiones extraordinarias con un gran compromiso.
Efectivamente, restablecer la confianza y la credibilidad interna en nuestro país es el compromiso ineludible que tenemos como representantes populares; tenemos el compromiso, porque es importante para tener una credibilidad externa, tener una credibilidad interna y si nosotros mismos no nos tomamos tan en serio este papel en estos momentos importantes del país, ¿cómo van a creer en el exterior que hay que confiar en México y en su Gobierno? Tenemos que cuidar la credibilidad del Poder Legislativo.
Yo invito, principalmente a mis compañeras diputadas, a que tomemos la palabra y digamos y aportemos junto con nuestros compañeros diputados, lo que la mujer mexicana siente en estos momentos de crisis, de crisis económica, de crisis política, de crisis en la credibilidad y en la confianza de nuestro gran país.
Dignificar el Congreso quiere decir hablar con verdad, quiere decir tomarnos en serio este papel en estos momentos difíciles, quiere decir sentarnos y escuchar atentamente, quiere decir respetar y no chiflar al que está tomando la palabra en la tribuna, quiere decir no dejemos que el destino de México se decida en el Congreso de los Estados Unidos de América, que nunca más se vuelva a decidir en Washington, porque como todos los que vivimos noviembre del año pasado estuvimos pendientes de un Tratado de Libre Comercio, que no se decidió en nuestro país, que decidieron congresistas norteamericanos, por eso apoyo la propuesta de mi compañero Adolfo Aguilar, por eso también apoyo al compañero Aguilar Zinser de que estas sesiones sean públicas, tenemos que darle al pueblo de México la oportunidad de creer en la grandeza de sus poderes, tenemos que tomarnos en serio, compañeras diputadas señores diputados, el sentar las bases, las bases para que de aquí salga la reforma política, el país que queremos los mexicanos; por eso es importante tomar en serio lo que sucedió en Tabasco, porque Tabasco puede ser, señores compañeros, el laboratorio de donde surja la manera como vamos a enfrentar este periodo difícil que vivimos, pero también periodo de oportunidad, también periodo para avanzar en un nivel superior de reforma política, en un nivel superior de hacer política en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos del orden del día.
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el señor diputado Raúl Ojeda Zubieta.
El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:
Con su permiso, compañero Presidente; compañeras y compañeros:
Quienes en Tabasco estamos viviendo actualmente conflictos que han derivado del proceso electoral, vemos con preocupación que desde el centro del país se pretenda dar la respuesta que nosotros, los tabasqueños, estamos créannos, mucho más preocupados en encontrar y nos preocupa y lo digo con todo respeto, con aprecio, de muchos de los compañeros del PRD, la segunda fuerza política del Estado de Tabasco, que se venga aquí a enfocar la necesidad de que el Estado central determine lo que sólo a los tabasqueños nos corresponde.
Me preocupa sobremanera la constante en el señalamiento de la necesidad que compartimos muchos priístas, de que es necesaria una absoluta y real separación del PRI y del Gobierno y me preocupa escuchar que aquí en esta tribuna se le pida al Gobierno que el PRI cambie al único candidato que tenía las características para enfrentar con posibilidades reales de éxito a un distinguido perredista, a un hombre de todos mis respetos, como Andrés Manuel López Obrador. La decisión de mi partido no surge, compañeros, lo digo con todo respeto y tal vez por vez primera en Tabasco no surge por una decisión popular, surge precisamente porque sabíamos de la calidad de con quien íbamos a contender y sólo una persona con la presencia, con el trabajo, con el prestigio, con su calidad moral, como Roberto Madrazo, tenía oportunidad de vencer, como lo hizo, al distinguido candidato del PRD.
A mí me preocupa en este momento, en donde todas las fuerzas políticas en este país de buena fe, de buena fe estamos aportando lo mejor de nosotros para afianzar este acuerdo nacional que ponga como condición violentar la voluntad de los tabasqueños, para poder llegar y avanzar a lo que no es un reclamo partidista, sino es un reclamo de toda la nación: conciliar los intereses en bien de todos los mexicanos.
Yo no creo y lo digo con toda sinceridad y me remito al comunicado que ayer la dirigencia de mi partido, el Revolucionario Institucional, dijo que nuestra condición y nuestra posición de luchar como lo han hecho todos los partidos políticos cuando creen en su triunfo, haya sido concertada o negociada en el centro por parte de mi organización; me suscribo exclusivamente al documento que ayer en forma clara el Partido Revolucionario Institucional y su dirigencia planteó de franco y absoluto apoyo a la decisión de los tabasqueños y de franco y decidido apoyo a la gente, a los dirigentes, a los simpatizantes y a la ciudadanía de Tabasco.
Tampoco me parece justo que se nos diga que hay una oligarquía, que hay un grupo en Tabasco que pretende cambiar los afanes de transformación que todos compartimos; no es exclusividad de los perredistas, no es exclusividad de los panistas o de los petistas ni de los priístas; es una convicción nacional de que tenemos que lograr una verdadera transformación del país y en ese sentido tendremos que ir desechando todos y cada uno de los problemas que se van presentando, pero por favor no pretendamos condicionar lo que nos es fundamental, violentando la voluntad mayoritaria de quienes en Tabasco ya decidieron.
Tampoco es cierto y vuelvo... perdón, mi inexperiencia me perdió en el discurso solamente, a retomar la idea de que respondemos a intereses de grupos y que estamos ligados a no sé qué ex presidente; todos somos testigos, digámoslo con honestidad, veo aquí caras de amigos, gente con la que hay coincidencias fundamentales y que se podrán ver en el futuro inmediato, en la gran discusión y en el perfil del país que queremos más allá de nuestras posiciones partidistas, que en Tabasco se dio un verdadero movimiento de fuerzas encontradas por un lado y por otro, movimiento de la sociedad que está ya cansada de que después de cada proceso electoral por una u otra razón a veces válidas, otras tantas no, como la que yo señalo en el caso de Tabasco, veamos rebasada nuestra voluntad y sea en una decisión que a nadie ha ayudado, no nos equivoquemos, concertado, lo que la voluntad había marcado en algún otro sentido.
Yo no estoy convencido de que ésta sea la solución, yo no creo que violentando la decisión de un pueblo más allá de la verdadera competencia que se dio y que demuestra una presencia real de una fuerza opositora, que por cierto y habría que precisarlo, fue la voz madura ayer, la más madura y lo digo con todo respeto, del Partido de la Revolución Democrática, de Andrés Manuel López Obrador, que dijo que había la disponibilidad de sentarse por el bien de Tabasco, a dialogar con el gobernador Roberto Madrazo Pintado y una respuesta inmediata del gobernador constitucional de nuestro Estado, de abonar en ese sentido y buscar solventar cualquier problema que ponga en riesgo la seguridad, la confianza y la voluntad de los tabasqueños.
Yo me quisiera quedar con esta última imagen, con la imagen del perredismo propositivo que yo conozco y reconozco. Me quiero quedar también con la imagen del priísmo tabasqueño que ha sentido necesario defender lo que legítimamente siente conquistó en las urnas y creo también importante señalar aquí que tendremos una gran responsabilidad de actuar como puente para lograr la conciliación nacional, pero evidentemente esto también es un sentimiento que se ha ido generando en los priístas, de no permitir que alguna decisión que no corresponda a su propia voluntad venga a cambiar lo que en su Estado o municipio determinó. Con todo respeto les digo que creo que tenemos un gran reto, una pequeña acotación con respecto a lo que aquí señaló en el sentido, el diputado respetado Marcos Rascón, en el sentido de que en Tabasco alguien pidió la separación del pacto federal, los priístas lo entendemos exclusivamente como una voz que desautorizamos, una voz aislada y que no corresponde al respeto y a la suma del pacto federal que en Tabasco todos hemos acordado.
Creo que es un exabrupto, es un poco estas pasiones de Tabasco en las que todos tenemos que contribuir para irlas aligerando. Yo creo que tendremos una amplia posibilidad para alcanzar acuerdo y no condicionemos lo que es fundamental para todo el país, en aras de alcanzar o lograr un resultado que no corresponde a la voluntad de los tabasqueños.
Quiero aquí convocar a todos ustedes, compañeros de todos los partidos, para que abonemos en la solución de los problemas de Tabasco, pero no pensando que una solución tiene que darse en el sentido adverso de la manifestación que ya fue hecha por los tabasqueños. Muchas gracias.
El Presidente:
Solicitó el uso de la palabra el señor diputado Javier González, para rectificar hechos, cinco minutos.
El diputado Javier González Garza:
Gracias, señor Presidente:
Efectivamente, señor diputado Ojeda, está usted perdido, lo digo con todo respeto.
Quiero empezar diciendo que probablemente el PRI tenga problemas internos, a la mejor no los han informado, pero la dirección nacional del PRI asistió a una convocatoria de la Secretaría de Gobernación para revisar el proceso electoral, lo hicimos entre el 25 y el 31 de diciembre, estuvo presente la secretaría de acción electoral del PRI a nivel nacional y el subsecretario. También estuvo presente el PRD y discutimos el asunto y efectivamente se encontró que hay irregularidades suficientes, lo que quiere decir que el proceso de Tabasco es un proceso irregular y no sólo porque lo diga el PRD.
¿Cuál es el status hoy de la situación? Estábamos en un diálogo, efectivamente teníamos una manifestación pacífica que usted conoce, con la gente ordenada en el zócalo, en la plaza. ¿Qué fue lo que pasó a partir del nerviosismo por la falta de comunicación de la dirección nacional del PRI con Tabasco, no de nosotros, qué fue lo que pasó? Que el dirigente estatal del PRI es el que llama por la radio en una incitación a la violencia. Dice textualmente en una radio tomada por ustedes, que si se requiere sangre, sangre habrá. Dicen, contratan a un grupo de porros comandado por Mario Ros, conocido por ustedes, así es, alias "el cuarto bat", porque así resolvía los problemas en el sindicato petrolero, con un bat; es famoso en Tabasco.
Quiero decir que están metiendo una división en la sociedad. El sábado pasado, para citar a la manifestación que hizo el PRI, además de los recursos económicos que ustedes conocen, fue público, más de 1 mil camiones para llevar a la marcha, a esa marcha. Además de eso sacaron volantes diciendo: "los bien nacidos reúnanse el sábado".
Quiero decir que están tocando uno de los problemas más complicados de la sociedad. Efectivamente, acusamos, hay un grupo oligárquico que por sus intereses están azuzando y con porros han hecho una agresión a una manifestación pacífica.
El acuerdo nacional lo firmó la dirigencia nacional del PRI. Supongo que el PRI sigue siendo un partido nacional. Señores, reclamen ustedes a la dirigencia nacional del PRI, pero no vengan aquí a decir que lo que pasa en Tabasco ya está juzgado, porque eso no es cierto, porque no tienen razón. El problema fundamental es que México está cansado de fraudes y, ¿hacia dónde vamos? Queremos construir efectivamente un cuarto poder, queremos construir la democracia y en el PRI no quiere, por todos esos grupos oligárquicos que no van a ganar y el señor Madrazo no va a gobernar Tabasco.
El Presidente:
Solicitó el uso de la palabra el diputado Arnoldo Martínez Verdugo. Continuamos, anteriormente había solicitado la palabra el señor diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, para rectificar hechos.
Un segundo, señor diputado. El diputado Ojeda Zubieta, para contestar alusiones personales. Es su turno, por favor.
El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:
Con su permiso, señor Presidente:
Efectivamente el día de ayer, lo digo, insistiré en él y hay las pruebas testimoniales de ello, por esta generación espontánea de los ciudadanos de Tabasco en todo el Estado, hubo alguien que se excedió y al que reprobamos ayer y no estamos de acuerdo en ninguna manera que nadie que se manifieste tenga que recibir alguna agresión. Hay plena coincidencia, venga como venga.
Lo que sí es cierto, es que también el Partido Revolucionario Institucional, sus militantes, sus simpatizantes y los ciudadanos que con él comulgan, ante la serie de rumores, porque no se le ha dado ningún otro calificativo formal y oficialmente, ante la filtración en el sentido de la posible renuncia de Roberto Madrazo Pintado, surgieron y decidieron utilizar métodos por todos conocidos, aunque nosotros no los practicamos. Estos métodos que hay de cerrar carreteras, estos métodos hay que de bloquear o acceder a distintas formas, que evidentemente no compartimos, pero desafortunadamente en este tránsito que tanto trabajo está costando alcanzar para la verdadera democracia, pero que estoy convencido que nada podrá detener,
pues le pareció la lógica que si a veces se dan este tipo de reclamos y tiene resultado como medida de presión, para evitar que se cambie la voluntad, bueno, si de eso se trata, como estamos convencidos de que somos más, salimos a las calles, nos movilizamos en todos los municipios y dimos esta sensación que todo mundo consigna de que somos mucho muy numerosos, no solamente y en ese sentido así se sumaron los que votaron en esa ocasión por Roberto Madrazo, sino los ciudadanos que estamos deseosos ya de terminar con los conflictos poselectorales.
Yo insistiría aquí una vez más y pediría a mis compañeros que sé que quieren seguir participando en este tema, que mejor nos aboquemos a respaldar a los tabasqueños de todos los partidos, que están precisamente buscando una salida que sea coincidente y que permita abonar en el tránsito a la plena democracia y que Tabasco no sea el pretexto, no lo vamos a permitir, que Tabasco no sea el pretexto para variar este deseo manifiesto de todas las fuerzas políticas del país, de alcanzar un pronto acuerdo para beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Rogamos al señor diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez hacer uso de la palabra, para rectificar hechos.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputadas y diputados:
Para el Partido del Trabajo, el periodo de sesiones extraordinarias que hoy se inicia es de gran importancia debido a la riqueza en el marco de la firma del Acuerdo Político Nacional y sobre todo, porque en él se discutirán fundamentalmente las reformas que como resultado de la crisis son necesarias en materia económica y política.
Respecto a este punto, el Partido del Trabajo ve con preocupación que los criterios que prevalecieron en la definición de la política económica subsistan y que al Gobierno no le importe defender los niveles de vida de la gran mayoría de la población y que se mantengan en el fondo los mismos aspectos que hacen recaer la crisis en las espaldas de los trabajadores y de los sectores más desprotegidos.
La discusión de los criterios de política económica ante la situación de emergencia, debe darse considerando que hay un sector que se mantiene intocado y con sus privilegios a salvo. Nos referimos al grupo de los banqueros, que ante la crisis no realizan ningún sacrificio, sino por el contrario, mantienen y acrecientan sus ganancias ante la crisis; por eso, cuando se traten en esta soberanía los ajustes al cambio del presupuesto, este aspecto debe considerarse como de prioridad nacional.
Por último, tenemos que hacer énfasis en que no es posible que nuestro país mantenga la actual relación de dependencia con el exterior. No es posible que ante la emergencia económica nacional, los mexicanos nos estemos jugando nuestro destino en Washington.
En lo que se refiere a la firma del acuerdo nacional y a los sucesos de ayer en el Estado de Tabasco, el Partido del Trabajo llama a las fuerzas involucradas en el conflicto poselectoral a que en lo inmediato se reúnan para que atiendan, mediante la vía del diálogo, la problemática del Estado y se erradique cuanto antes el ambiente de polarización política que corre el riesgo de vivir la nación.
La discusión y solución sobre este punto no puede ni debe resolverse por la vía del adjetivo fácil o de la violencia. El país reclama comportamiento maduro de todos los actores políticos, pero sobre todo, del Gobierno, debido a que en el acuerdo nacional se comprometió mediante la firma del Ejecutivo a atender los conflictos pos electorales existentes por la vía del diálogo y el acuerdo entre las partes.
La realización de elecciones extraordinarias en el Estado de Tabasco es, para el Partido del Trabajo, el mejor camino para la solución del conflicto.
Las fuerzas políticas no podemos permitir que el acuerdo nacional se resquebraje a sólo algunos días de su firma, sobre todo por la inercia de las fuerzas renuentes al cambio que se aferran a sus privilegios, incapaces de reconocer la necesidad de profundizar la democracia en el país.
Por salud pública nacional, Roberto Madrazo debe renunciar y el Congreso tabasqueño convocar a elecciones extraordinarias, limpias, transparentes y sin las trapacerías clásicas de los priístas que se oponen al cambio. Muchas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos del orden del día.
CAMARA DE SENADORES
El secretario Sergio Emigdio Prieto Gamboa:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora, tenemos el honor de participar a ustedes que, en sesión previa celebrada en esta fecha, quedó legalmente constituido el honorable Senado de la República, para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, habiendo resultado electa la siguiente mesa directiva, que actuará durante dicho periodo: senadores Ricardo Monreal Avila, Presidente; Alfredo Ling Altarmirano y Ernesto Navarro González, vicepresidentes; Layda Sansores San Román, Manuel Díaz Cisneros, Javier Alvarado Ibares, Heberto Castillo Martínez, secretarios; Héctor Argüello López, Enrique Hernández Quinto, Auldarico Hernández Gerónimo y Luis Alvarez Septién, prosecretarios.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 17 de enero de 1995.- Senadores Layda Sansores San Román y Manuel Díaz Cisneros, secretarios.»
De enterado.
El Presidente:
Por virtud de haber transcurrido cuatro horas de esta sesión, esta Presidencia dispone continúen los asuntos del orden del día.
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
El diputado Guillermo Héctor Zúñiga Martínez(desde su curul):
Señor Presidente, una moción. En virtud de que ya el dictamen fue repartido entre todos los diputados, quisiera suplicarle se sometiera a votación para saber si se acuerda por todos la dispensa de la lectura.
El Presidente:
Con base en lo solicitado por el diputado y por virtud que efectivamente se ha hecho circular el documento que se está dando lectura, se consulta por parte de la Secretaría en los términos solicitados.
La secretaria Ana María Adelina Licona Spínola:
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta al pleno en votación económica quien se encuentre a favor de que se dispense la lectura del dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano...
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano... Dispensada, señor Presidente.
«Comisión de Justicia.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., fracciones V y VI; 2o.; 3o.; 5o.; 11; 12; 13, fracciones V, VI, XII y XIV; 14; 15; 24; 44, primer párrafo; 45, primer párrafo; 54, fracción VI; 82, primer párrafo; 87, tercer párrafo; 92, primer párrafo; 94, primer párrafo; 98, primer párrafo; adiciona una fracción VII al artículo 1o.; un Capítulo IX-bis denominado "del consejo de la judicatura federal", integrado por los artículos 84-bis-1 al 84-bis-15, y se derogan las fracciones IV, VIII y X del artículo 13; los artículos 23; 25 al 28; 30; 90 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Esta comisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 60, 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de los integrantes de esta cámara, este dictamen, de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTESI. En sesión celebrada por esta Cámara de Diputados el día 17 de enero de 1995, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno, de la iniciativa que se describe en el proemio del presente dictamen.
II. El Presidente de la mesa directiva acordó dar el siguiente trámite: "Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia".
III. En sesión de trabajo de la Comisión de Justicia celebrada el 17 de enero del año en curso, se dio cuenta a los integrantes de la misma de la presentación de la iniciativa que se describe en el proemio de este dictamen y se acordó la mecánica de trabajo para la elaboración y presentación del proyecto de dictamen.
IV. Durante los trabajos de redacción del proyecto de dictamen, se recibieron importantes propuestas de legisladores federales, juristas, académicos y ciudadanos, que fueron aceptadas y modificaron y enriquecieron la iniciativa presidencial.
V. En sesión de trabajo de la Comisión de Justicia celebrada el 19 de enero de 1995, se discutieron la iniciativa del Ejecutivo y las aportaciones a que se refiere el antecedente IV y se aprobó el presente dictamen.
VI. De acuerdo con los antecedentes indicados, la Comisión de Justicia, con las atribuciones antes señaladas, presenta a consideración de esta soberanía el presente dictamen bajo las siguientes
CONSIDERACIONESComo se estableció en la iniciativa que se dictamina, en diciembre de 1994, el titular del Ejecutivo Federal sometió a la consideración del Constituyente Permanente, una iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de procuración e impartición de justicia y de seguridad pública, misma que fue aprobada por el citado Constituyente Permanente y publicada con fecha 31 de diciembre de 1994, en el Diario Oficial de la Federación.
Con motivo de la reforma mencionada en el párrafo anterior, se incluyeron en el texto constitucional importantes cambios que tienen que ver con la integración y funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que se creó el consejo de la judicatura federal, quien se encargará de la administración y gobierno del Poder Judicial con exclusión de la Suprema Corte.
De conformidad con la reforma constitucional mencionada, corresponderá al nuevo consejo de la judicatura federal, entre otras atribuciones, la designación y adscripción de jueces y magistrados, la inspección y vigilancia de las labores cotidianas de los tribunales y juzgados, así como la recepción de quejas en contra de dichos órganos encargados de la impartición de justicia.
La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación presentada por el titular del Ejecutivo Federal a esta soberanía tiene, como se desprende de su exposición de motivos, un carácter de transición dentro del marco global de la reforma en materia de justicia y, por lo tanto, deberá considerarse como el inicio de los trabajos legislativos tendientes a mejorar el sistema de administración e impartición de justicia en nuestro país.
La iniciativa del Ejecutivo Federal, reconoce que la reforma comprende únicamente las medidas mínimas indispensables para permitir la organización tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del consejo de la judicatura federal, dejando para el periodo de sesiones ordinarias inmediato del Congreso de la Unión, el análisis y discusión de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se discuta entre otras materias, temas como el de la carrera judicial, el procedimiento de inspección y vigilancia e imposición de sanciones, así como los elementos objetivos para la adscripción de jueces y magistrados. Esta nueva ley orgánica deberá ser elaborada después de analizar el resultado de diversos foros sobre esta materia y en especial, las propuestas que presenten a consideración del Congreso de la Unión los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los consejeros del propio consejo de la judicatura federal.
De conformidad con lo anterior, la iniciativa objeto del presente dictamen comprende las reformas y adiciones indispensables a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que permitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al consejo de la judicatura federal integrarse como órganos colegiados, organizar sus sesiones, planificar sus labores y enriquecer el diagnóstico sobre el funcionamiento de dichos órganos, con el cual se elaboraría la nueva ley.
En la iniciativa objeto del dictamen se propone también la desaparición de la Comisión de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que de conformidad con la reforma al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde ahora al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de atender y resolver los asuntos administrativos que anteriormente correspondían a dicha comisión.
Dentro de este contexto de transitoriedad, en la iniciativa que se dictamina se establecen elementos mínimos para que las actividades del consejo de la judicatura federal se apeguen al principio de legalidad, evitando así cualquier acción oficiosa.
En virtud de lo anterior y tomando en cuenta que las reformas que se proponen tienen por objeto el establecer las bases mínimas de operación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como del consejo de la judicatura federal, esta comisión considera que la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal cumple, en términos generales, con esta finalidad; sin embargo, es conveniente hacerle algunas adecuaciones para darle una operatividad adecuada a todas sus normas.
Por lo anterior, esta comisión considera conveniente hacerle a la iniciativa presentada por el Presidente de la República, las siguientes adecuaciones:
1. Modificar el segundo párrafo del artículo 8o., a efecto de suprimir la referencia a la Comisión de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia, contenida en ese artículo y de esa manera ser congruentes con la nueva redacción del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su presidente.
2. Establecer la obligación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de informar anualmente al pleno sobre el ejercicio de sus atribuciones, lo cual se precisa en el nuevo texto de la fracción X del artículo 13.
3. Adecuar el artículo 23 con objeto de que las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan la facultad de imponer correcciones disciplinarias a las personas que en sus promociones ante dichas salas falten al respeto a la referida corte.
4. En relación con el artículo 24, esta comisión propone como facultad de las salas de la Suprema Corte de Justicia, el conocer del recurso de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito en los términos de la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se ajustó la redacción de la fracción II del artículo en cuestión y se recorrió la numeración de las fracciones del mismo.
5. Se propone reformar la fracción I del artículo 37 para establecer que los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo de conformidad con las reformas a la fracción XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo la numeración de las fracciones del referido artículo 37.
6. En el artículo 84-bis-9 se establece que las sesiones del pleno del consejo de la judicatura federal serán privadas, salvo cuando se trate del nombramiento de magistrados y jueces, con lo cual se dará mayor transparencia en estas designaciones.
7. Respecto del artículo 84-bis-11, se propone modificar la redacción de las fracciones XVII y XVIII para precisar como atribuciones del pleno del consejo de la judicatura federal, la facultad de cambiar de adscripción a los magistrados y jueces de distrito, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran o que haya causa fundada y suficiente para el cambio.
Por lo expuesto, esta Comisión de Justicia, una vez que ha analizado la iniciativa de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sometida a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIONArtículo primero. Se reforman los artículos 1o., fracciones V y VI; 2o.; 3o.; 5o.; 8o.; 11; 12; 13, fracciones V, VI, X, XII y XIV; 14; 15; 23; 24; 37; 44, primer párrafo; 45, primer párrafo; 54, fracción VI; 82, primer párrafo; 87, tercer párrafo; 92, primer párrafo; 94, primer párrafo; 98, primer párrafo; se adicionan una fracción VII al artículo 10 y un Capítulo IX-bis denominado del consejo de la judicatura federal, integrado por los artículos 84-bis-1 al 84-bis-15 y se derogan las fracciones IV y VIII del artículo 13; los artículos 25 al 28; 30; 90 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 1o.............................................
I al IV..........................................................
V. Por el jurado popular federal;
VI. Por los tribunales de los estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por el artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que por disposición de la ley, deban actuar en auxilio de la justicia federal, y
VII. Por el consejo de la judicatura federal.
Artículo 2o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, se compondrá de 11 ministros y funcionará en pleno o en salas.
Artículo 3o. El pleno se compondrá de 11 ministros, pero bastará la presencia de siete de sus miembros para que pueda funcionar.
Artículo 5o. La Suprema Corte de Justicia tendrá un presidente que durará en su cargo cuatro años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.
Artículo 8o.............................................
Al clausurar la Suprema Corte de Justicia cada periodo de sesiones, designará uno o más ministros que provean los trámites en asuntos urgentes y despachen los de resolución de notoria urgencia, durante el receso, siempre que no corresponda en definitiva al pleno o a las salas y dicten las órdenes o medidas provisionales, también de carácter urgente, que exijan el buen servicio de la justicia federal; debiendo dar cuenta al presidente de la Suprema Corte al reanudar ésta sus sesiones, para que someta a la consideración del pleno, las resoluciones, órdenes o medidas provisionales dictadas durante el receso.
..................................................................
Artículo 11. Corresponde conocer al pleno de la Suprema Corte de Justicia:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito en los siguientes casos:
a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de normas generales, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal, local o del Distrito Federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional;
III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de una ley federal, local o del Distrito Federal, o de un tratado internacional, o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. De los amparos directos o en revisión que, en términos de las fracciones V y VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decida atraer por su interés y trascendencia;
V. Del recurso de queja interpuesto en el caso a que se refiere la fracción V del artículo 95 de la Ley de Amparo, siempre que el conocimiento de la revisión en el juicio de garantías en el que la queja se haga valer, le haya correspondido al pleno de la Suprema Corte, en los términos del artículo 99, párrafo segundo de la misma ley;
VI. Del recurso de reclamación contra las providencias o acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictados durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del pleno;
VII. De las excusas e impedimentos de los ministros, en asuntos de la competencia del pleno;
VIII. De las excusas e impedimentos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, incluso de los propuestos durante la tramitación de los asuntos de la competencia del pleno;
IX. De la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
X. De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las salas de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales colegiados de circuito, en aquellos asuntos que no sean de la competencia exclusiva de las salas;
XI. De los conflictos de trabajo suscitados con sus servidores, en términos de la fracción XII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del dictamen que le presente la comisión sustanciadora de la Suprema Corte de Justicia;
XII. De los juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los estados del sistema nacional de coordinación fiscal y de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación, celebrados por el Gobierno Federal con los gobiernos de los estados o el Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal, en términos del artículo 105 constitucional, y
XIII. De cualquier otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, cuyo conocimiento no corresponda a sus salas.
Artículo 12. Son, además, atribuciones del pleno de la Suprema Corte de Justicia:
I. Elegir a su presidente;
II. Conceder licencias a sus integrantes en términos del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
III. Fijar, mediante acuerdos generales, los días y horas de las sesiones ordinarias del pleno;
IV. Determinar, mediante acuerdos generales, el sistema de distribución de los asuntos que cada una de las salas deba conocer;
V. Remitir a las salas los asuntos de su competencia para su resolución. Si alguna de las salas estima que un asunto debe resolverlo el pleno, lo hará de su conocimiento para que determine lo que corresponda;
VI. Remitir, para su resolución, a los tribunales colegiados de circuito con fundamento en los acuerdos generales que dicte, aquellos asuntos de su competencia en que hubiere establecido jurisprudencia. Si un tribunal colegiado estima que un asunto debe resolverse por el pleno, lo hará de su conocimiento para que determine lo que corresponda;
VII. Resolver sobre las quejas administrativas que por vía de dictamen le someta el presidente de la Suprema Corte de Justicia;
VIII. Resolver las revisiones administrativas a que se refiere el párrafo octavo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IX. Conocer de cualquier controversia que se suscite entre las salas de la Suprema Corte de Justicia;
X. Determinar las adscripciones de los ministros a las salas y realizar los cambios necesarios entre sus integrantes con motivo de la elección del presidente de la Suprema Corte;
XI. Nombrar los comités que sean necesarios para la atención de los asuntos de su competencia;
XII. Designar a su representante a la comisión sustanciadora de la Suprema Corte de Justicia;
XIII. Nombrar, a propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, al Secretario General de Acuerdos, al subsecretario General de Acuerdos y a sus funcionarios y empleados, excepto los que corresponda designar al primero; así como resolver sobre las renuncias que presenten a sus cargos.
Igualmente, podrá removerlos por causa justificada o suspenderlos cuando lo juzgue conveniente para el buen servicio o por vía de corrección disciplinaria, y ponerlos a disposición del Ministerio Público cuando aparezcan involucrados en la comisión de algún delito;
XIV. Solicitar la intervención del consejo de la judicatura federal en aquellos asuntos que estime convenientezz
XV. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos que le someta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público federal;
XVI. Imponer correcciones disciplinarias a los abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando en las promociones que hagan ante la Suprema Corte de Justicia o su pleno, falten al respeto a ésta, a alguno de sus miembros o a cualquier otro funcionario del Poder Judicial de la Federación;
XVII. Ejercer las facultades a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 97 constitucional, y
XVIII. Las demás que determinen las leyes.
Artículo 13.............................................
I a III...........................................................
IV. (Se deroga.)
V. Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las oficinas de la Suprema Corte, así como las urgentes que sean necesarias;
VI. Recibir quejas sobre las faltas que ocurran en el despacho de los negocios, tanto de la competencia del pleno como de alguna de las salas;
VII...............................................................
VIII. (Se deroga.)
IX................................................................
X. Informar anualmente al pleno sobre el ejercicio de sus atribuciones;
XI................................................................
XII. Conceder licencias a los funcionarios y empleados de la Suprema Corte de Justicia, cuyo otorgamiento no corresponda al pleno;
XIII..............................................................
XIV. Promover oportunamente el nombramiento de los funcionarios y empleados que deba hacer el pleno de la Suprema Corte de Justicia;
XV y XVI..........................................................
Artículo 14. Fuera de los cambios a que se refiere la fracción X del artículo 12, sólo podrá designarse a un ministro para integrar otra sala, cuando sea absolutamente indispensable en beneficio del servicio, a juicio del pleno, después de un año de haber sido electo para integrar la sala a que pertenezca o cuando por falta temporal de dos miembros de una misma sala, siempre que no exceda de un mes, sea necesario designar a un ministro de otra sala, para que aquélla pueda funcionar.
Artículo 15. Las salas se integrarán por cinco ministros cada una, pero bastará la presencia de cuatro para que puedan funcionar.
Artículo 23. Las salas de la Suprema Corte de Justicia, tendrán la facultad que al pleno confiere el artículo 12 fracción XVI, de esta ley, en los asuntos de su respectiva competencia.
Artículo 24. Corresponde conocer a las salas:
I. Del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito en los siguientes casos:
a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o si en la sentencia se establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución en estas materias, y
b) Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b, de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite;
II. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias;
III. De los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten en uso de la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo, del inciso d, de la fracción V del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Del recurso de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito en los términos de la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Del recurso de queja interpuesto en los casos a que se refieren las fracciones V, VII a IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, siempre que a la sala le haya correspondido el conocimiento, directamente o en revisión, del amparo en que la queja se haga valer, en términos del artículo 99, párrafo segundo de la misma ley;
VI. Del recurso de reclamación contra los acuerdos de
trámite dictados por su presidente;
VII. De las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otros, entre los de un Estado y los del Distrito Federal, entre cualquiera de éstos y los militares; aquellas que le correspondan a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, así como las que se susciten entre las juntas de conciliación y arbitraje, o las autoridades judiciales y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje;
VIII. De las controversias que se susciten entre tribunales de circuito, o entre juzgados de distrito pertenecientes a distintos circuitos;
IX. De las competencias que se susciten entre tribunales colegiados de circuito, entre jueces de distrito pertenecientes a distintos circuitos, entre un juez de distrito y el Tribunal Superior de un Estado o del Distrito Federal, entre tribunales superiores de distintos estados, o entre el Tribunal Superior de un Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal;
X. De las denuncias de contradicciones de tesis que en amparos materia de la competencia de las salas, sustenten dos o más tribunales colegiados de circuito, para los efectos a que se refiere el párrafo final del artículo 196 y el artículo 197-A de la Ley de Amparo;
XI. Del reconocimiento de inocencia;
XII. De los impedimentos y excusas de los magistrados de los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo;
XIII. De los impedimentos, excusas y recusaciones de los magistrados de los tribunales unitarios de circuito, y
XIV. De los demás asuntos que la ley les encargue expresamente.
Artículo 25. (Se deroga.)
Artículo 26. (Se deroga.)
Artículo 27. (Se deroga.)
Artículo 28. (Se deroga.)
Artículo 30. (Se deroga.)
Artículo 37. Los tribunales unitarios de circuito conocerán:
I. Del juicio de amparo en los términos de la fracción XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. De la tramitación y fallo de apelación, cuando proceda este recurso, de los asuntos sujetos en primera instancia a los juzgados de distrito;
III. Del recurso de denegada apelación;
IV. De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo;
V. De las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo, y
VI. De los demás asuntos que les encomienden las leyes.
Cuando se establezcan en un circuito en materia de apelación varios tribunales unitarios con residencia en un mismo lugar, que no tengan jurisdicción especial, conocerán de todos los asuntos a que se refiere este artículo; tendrán una oficina de correspondencia común, que recibirá las promociones, las registrará por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al tribunal que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el consejo de la judicatura federal.
Cuando se establezcan en un circuito en materia de apelación, tribunales unitarios especializados, conocerán de los asuntos propios de su materia, la cual se regirá por lo dispuesto en los ordenamientos correspondientes.
Artículo 44. Con las salvedades a que se refieren los artículos 11 y 24 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:
I a IX............................................................
Artículo 45. Los tribunales colegiados especializados, conocerán de las materias propias de su especialización.
..................................................................
Artículo 54.............................................
I a V.............................................................
VI. De las controversias en que la Federación fuese parte, salvo aquellas que correspondan a la Suprema Corte de Justicia o a los demás tribunales, conforme a lo establecido por esta ley;
VII a IX..........................................................
Artículo 82. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros de la judicatura federal, los magistrados de circuito y los jueces de distrito están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes:
I a XVII..........................................................
CAPITULO IX-BIS Del consejo de la judicatura federalArtículo 84-bis-1. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, estarán a cargo del consejo de la judicatura federal, en los términos que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley y los reglamentos y acuerdos generales que el propio consejo expida.
Artículo 84-bis-2. El consejo de la judicatura federal se integrará por siete consejeros, en los términos del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y funcionará en pleno o a través de las comisiones administrativa y disciplinaria. Salvo el presidente del consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo durante el cual sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 84-bis-3. El consejo de la judicatura federal estará presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quién ejercerá las atribuciones que le confiere el artículo 84-bis-13 de esta ley.
Artículo 84-bis-4. Las ausencias del presidente de la judicatura federal que no requieran licencia, serán suplidas por el consejero más antiguo en el orden de su designación.
Artículo 84-bis-5. El consejo de la judicatura federal tendrá cada año dos periodos de sesiones: el primero comenzará el día 2 de enero y terminará el 15 de julio; el segundo comenzará el 1o. de agosto y terminará el 15 de diciembre.
Artículo 84-bis-6. Las resoluciones del pleno y de las comisiones del consejo de la judicatura federal constarán en acta y deberán firmarse por los presidentes y secretarios respectivos.
Artículo 84-bis-7. Las resoluciones del consejo de la judicatura federal deberán notificarse personalmente a la brevedad posible a las partes interesadas. La notificación y, en su caso, la ejecución de las resoluciones, deberá realizarse por conducto de los órganos del propio consejo de la judicatura federal o del juzgado de distrito que actúe en su auxilio.
Siempre que el consejo de la judicatura federal estime que los acuerdos son de interés general, deberá ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 84-bis-8. El pleno se integrará con los siete consejeros, pero bastará la presencia de cinco de ellos para funcionar.
Artículo 84-bis-9. Las sesiones ordinarias del pleno serán privadas salvo cuando se trate del nombramiento de magistrados y jueces; se celebrarán durante los periodos a que alude el artículo 84-bis-5, en los días y horas que el mismo determine mediante acuerdos generales.
El pleno podrá sesionar de manera extraordinaria a solicitud de por lo menos dos de sus integrantes.
Artículo 84-bis-10. Las resoluciones del pleno se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los consejeros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado presentes durante la discusión del asunto de que se trate. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.
El pleno del consejo de la judicatura federal calificará los impedimentos de sus miembros siempre que fueren planteados en asuntos de su competencia.
El consejero que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los tres días siguientes a la fecha del acuerdo.
Artículo 84-bis-11. Son atribuciones del pleno del consejo de la judicatura federal:
I. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se dividirá el territorio de la República;
II. Determinar el número y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción anterior;
III. Determinar el número, límites territoriales y especialización por materia de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos;
IV. Dictar las disposiciones necesarias para turnar los expedientes y promociones de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos, en los términos de esta ley o de los acuerdos respectivos;
V. Cambiar la residencia de los tribunales de circuito y la de los juzgados de distrito;
VI. Hacer el nombramiento de los magistrados de circuito y jueces de distrito, en los términos del primer párrafo del artículo 97 constitucional y determinar su adscripción;
VII. Conceder licencias, con o sin goce de sueldo, a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, cuando excedan de 15 días;
VIII. Acordar las renuncias que presenten los magistrados de circuito y los jueces de distrito;
IX. Acordar el retiro forzoso de los magistrados de circuito y jueces de distrito, en los términos de las disposiciones aplicables;
X. Suspender en sus cargos a los magistrados de circuito y jueces de distrito, a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en su contra, cuando se reúnan los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional.
La resolución que se dicte sobre la suspensión se comunicará a la autoridad judicial que haya hecho la solicitud. La suspensión en sus cargos de los magistrados de circuito y jueces de distrito, por el consejo de la judicatura federal, constituye un requisito previo indispensable para la aprehensión y enjuiciamiento de aquéllos. Si llegare a ordenarse o a efectuarse alguna detención o aprehensión en desacato a lo previsto en este precepto, se procederá en los términos dispuestos por la fracción XIX del artículo 225 del Código Penal;
XI. Suspender en sus funciones a los magistrados de circuito y jueces de distrito que aparecieren involucrados en la comisión de un delito, a fin de ponerlos a disposición del Ministerio Público;
XII. Ordenar la práctica de visitas o investigaciones para averiguar la conducta de algún magistrado de circuito, juez de distrito o funcionario administrativo cuyo nombramiento le corresponda, verificar el adecuado funcionamiento de los juzgados y tribunales, así como aquellas que respecto de los dos primeros le encomiende el pleno de la Suprema Corte de Justicia;
XIII. Resolver sobre las quejas administrativas que se le presenten, y en su caso imponer las medidas disciplinarias correspondientes;
XIV. Fijar las bases, convocar y realizar el procedimiento de insaculación para cubrir las vacantes de los jueces y magistrados ante el consejo de la judicatura federal en términos del artículo 100 constitucional;
XV. Determinar la adscripción permanente o temporal de los consejeros a las comisiones;
XVI. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos del Poder Judicial de la Federación, con excepción del de la Suprema Corte de Justicia;
XVII. Expedir los reglamentos interiores y acuerdos generales en materia administrativa, de carrera judicial y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación y los necesarios para llevar a cabo sus atribuciones, con excepción de los correspondientes a la Suprema Corte de Justicia;
XVIII. Cambiar a los magistrados de un circuito a otro y a los jueces de uno a otro distrito, así como a tribunales o juzgados de materias diversas, en los lugares que haya dos o más, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran o que haya causa fundada y suficiente para el cambio;
XIX. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, con excepción de los correspondientes a la Suprema Corte de Justicia, en los términos de la fracción XII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del dictamen que le presente la comisión sustanciadora del propio poder, excepción de aquellos conflictos de trabajo cuya resolución corresponda a la Suprema Corte de Justicia;
XX. Designar, a propuesta del Presidente, al representante del Poder Judicial de la Federación ante la comisión sustanciadora para los efectos señalados en la fracción anterior;
XXI. Remitir a las comisiones, mediante acuerdos generales, los asuntos que estime convenientes y,
XXII. Desempeñar cualquier otra función de carácter administrativo o disciplinario que resulte de la propia naturaleza del consejo.
Artículo 84-bis-12. Son atribuciones del presidente del consejo de la judicatura federal, las siguientes:
I. Representar al consejo de la judicatura federal;
II. Tramitar los asuntos de la competencia del pleno;
III. Presidir el pleno, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones;
IV. Llevar la correspondencia oficial del consejo, salvo la reservada a los presidentes de las comisiones;
V. Recibir quejas sobre las faltas que ocurran en los asuntos judiciales o administrativos de que conozcan los órganos del Poder Judicial de la Federación, salvo aquellos que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia;
VI. Conceder licencias, con o sin goce de sueldo, cuando no excedan de 15 días, a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia;
VII. Informar anualmente al pleno del consejo de la judicatura federal sobre el ejercicio de sus atribuciones, y
VIII. Las demás que determinen las leyes y correspondientes reglamentos interiores y acuerdos generales.
Artículo 84-bis-13. El consejo de la judicatura federal tendrá un Secretario General Ejecutivo y los secretarios técnicos y personal subalterno que fije el presupuesto.
El Secretario General Ejecutivo será designado por el pleno, el cual podrá removerlo y conocer de sus renuncias.
Los secretarios técnicos y personal subalterno serán nombrados y removidos de conformidad con lo establecido en los acuerdos generales correspondientes.
Artículo 84-bis-14. El Secretario General Ejecutivo asistirá a las sesiones del pleno con voz, pero sin voto y ejercerá las funciones de gestión, tramitación y documentación de los actos del consejo de la judicatura federal y coordinará las funciones de las comisiones cuando así lo acuerde el presidente del consejo de la judicatura federal.
Artículo 84-bis-15. Al clausurar sus periodos ordinarios de sesiones, el pleno del consejo de la judicatura federal designará al o a los consejeros que deban proveer los trámites y resolver los de notoria urgencia durante los recesos. Asimismo, el propio pleno designará a los secretarios y empleados necesarios para apoyar al consejero o consejeros a que se refiere este artículo.
Al iniciarse el correspondiente periodo de sesiones ordinarias, el consejero o consejeros designados, darán cuenta al pleno de las medidas que se hubieren tomado, a fin de que éste tome las medidas que estime convenientes.
Artículo 87.............................................
Cuando la ausencia deba durar más tiempo, dichos funcionarios deberán solicitar autorización del mismo consejo de la judicatura federal, quien resolverá sobre ella.
Artículo 90. (Se deroga.)
Artículo 92. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros de la judicatura federal, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los respectivos secretarios y actuarios en funciones están impedidos:
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 93. (Se deroga.)
Artículo 94. Los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la judicatura federal y los funcionarios y empleados a que se refieren los artículos 6o. y 18 de esta ley, disfrutarán de dos periodos de vacaciones cada año, en las épocas en el que el mismo tribunal suspenda sus labores, con arreglo al artículo 8o. párrafo primero de esta ley.
..................................................................
Artículo 98. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su cargo 15 años y sólo podrán ser privados de sus puestos en la forma y términos que determina el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
..................................................................
Artículo segundo. Se reforman los artículos 32 párrafo primero, 34, 35, 45, 49, 56 a 59, 68, 79, 80, 81, 85 párrafo primero, 95, 96 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, únicamente para que las menciones a la Suprema Corte de Justicia o al pleno de la Suprema Corte de Justicia que aparecen en dichos preceptos, sean el consejo de la judicatura federal.TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El régimen disciplinario de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, se aplicará, según corresponda, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el consejo de la judicatura federal, en los términos de la ley que se reforma por el presente decreto y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Las revisiones a que se refiere el párrafo octavo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tramitarán conforme al recurso de apelación admitido en el efecto devolutivo, previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Tercero. En tanto se establecen las bases para el funcionamiento de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, las vacantes que se presenten se cubrirán mediante los procedimientos de suplencia previstos en la ley que se reforma por el presente decreto.
Cuarto. Se respetarán íntegramente los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 19 de enero de 1995.- Diputados Fernando Pérez Noriega, presidente; Guillermo H. Zúñiga Martínez, Leonel Godoy Rangel, Carmen Segura Rangel, José Eduardo Escobedo Miramontes, secretarios; Gerardo Arellano Aguilar, Javier Calvillo Ramos, Juan Manuel Cruz Acevedo, Mario de la Torre Hernández, Eustasquio de León Contreras, Claudia Esqueda Llanes, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Ezequiel Flores Rodríguez, Patricia Garduño Morales, Manlio Fabio Gómez Uranga, Alejandro González Alcocer, José Mauro González Luna, Juan Nicasio Guerra Ochoa, María de la Luz Lima Malvido, José Francisco Lozada Chávez, Ernesto de Jesús Luque Feregrino, Humberto Meza Galván, Marcelino Miranda Añorve, Guadalupe Morales Ledezma, Jorge Moreno Collado, José Francisco Penicho y Bolio, Francisco Peralta Burelo, Yrene Ramos Dávila, Ramón Sosamontes Herreramoro y Alejandro Zapata Perogordo.»
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea, si se le dispensa asimismo la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario José Rosas Aispuro Torres:
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente:
Para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra la comisión.
En consecuencia está a discusión en lo general.
Tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica en contra.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Con su permiso, señor Presidente:
Si esto sigue así, señor Presidente, vamos a ganar por default esta discusión, porque ni siquiera el presidente de la Comisión de Justicia o algo así, se subió para defender su dictamen.
Compañeras y compañeros diputados, las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal que ahora se discute en este periodo, dan continuidad a la reforma constitucional que impulsó Ernesto Zedillo y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre, acerca de las cuales el Partido de la Revolución Democrática votó en contra, por considerarlas contrarias al principio de la división de poderes y por anular con intromisiones legislativas y ejecutivas, la independencia del Poder Judicial Federal. Así pues, el margen del debate queda reducido a la adecuación normativa de la ley al marco constitucional; es propicia la ocasión, sin embargo, para expresar lo siguiente:
Tanto la reforma constitucional como la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, consuman el adelgazamiento del Poder Judicial Federal. Adelgazamiento, muy de moda, compañeros diputados, entre nuestros gobernantes demócratas; antes han adelgazado la rectoría económica del Estado mediante la venta de paraestatales, hoy adelgazan al Poder Judicial Federal y dentro de algunas semanas van a adelgazar a millones de mexicanos con el encarecimiento de los productos de la canasta básica.
Sólo que nadie ha dicho, señoras y señores diputados, que un Poder Judicial delgado sea un poder judicial más justo, para nada. El problema de la justicia y particularmente de la microjusticia, no han preocupado, ni preocupan a la iniciativa de Zedillo, de reformar al Poder Judicial Federal. Ningún artículo constitucional ni de esta reglamentación a la Ley Orgánica, significan mayor eficacia de la judicatura, ni más independencia frente a otros poderes públicos, ni mayor fortaleza de los jueces, ni más oportunidades a los justiciables; al contrario, señores diputados, significa menos independencia y más burocracia.
Significa más burocracia con más poder al interior del Poder Judicial Federal, los magistrados y los jueces tendrán en el consejo de la judicatura del Poder Judicial Federal no solamente a un órgano de gobierno administrativo, sino a un superior jerárquico, ajeno al control de la legalidad y de la constitucionalidad en sus actos frente a sus servidores públicos y a sus empleados.
Los magistrados y los jueces de distrito han perdido ya, merced a la reforma constitucional, que ahora se reglamenta, la añeja garantía de inamovilidad en el encargo, sin previo juicio político, de la cual antes gozaban, una vez que hubieran sido ratificados.
O sea, los magistrados y los jueces del Poder Judicial Federal, entran también al trabajo precario que sufren ya millones de mexicanos. ¡Vaya con la precariedad del señor Ernesto Zedillo, que hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia se han quedado desempleados!
Y hoy en día, el Poder Judicial Federal no tiene ningún timón jurisdiccional. Pero no solamente es precaria la judicatura, señoras y señores diputados, también es precaria la propia Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, ya que en las consideraciones que argumenta la Comisión de Justicia dicen que estas normas tienen un carácter de transición y que únicamente se encargan de reformas y adiciones indispensables para que pueda funcionar el consejo de la judicatura y que más tarde entonces sí los señores diputados nos vamos a poner a trabajar en una verdadera reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
O sea, que esta precariedad no solamente llegó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se quedaron sin su chamba, a los señores magistrados y jueces de distrito, que ahora sí podrán ser removidos sin necesidad de juicio político, sino que llegó inclusive hasta la propia Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
De manera especial yo quisiera referirme en este dictamen de la Comisión de Justicia, a algunos puntos importantes. Primero, que la fracción XI y 84-bis, 11, fracción XIX, facultan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la judicatura federal, en sus respectivos ámbitos competenciales, a que resuelvan o diriman conflictos laborales con sus empleados, con base en el dictamen de la comisión substanciadora de dicho poder.
Nosotros ya teníamos noticias de esta costumbre inconstitucional y al margen de la legalidad que se utilizaba en el Poder Judicial Federal, sin embargo estas disposiciones vienen a confirmar el carácter precario de las relaciones laborales en el Poder Judicial Federal y confirman un régimen de excepción discriminatorio de los mismos, ya que el Poder Judicial seguirá siendo juez y parte, al margen de cualquier control de legalidad o de constitucionalidad, con sus trabajadores.
También es necesario recordar, como dicen los abogados que litigan, que quien tenga por acusador a un juez pues necesita a Dios como abogado. Yo no sé cómo le van a seguir haciendo los trabajadores del Poder Judicial Federal, cuando los señores del consejo de la judicatura simple y sencillamente determinen una baja o una separación definitiva del Poder Judicial Federal, sin garantizar ningún derecho laboral, simple y sencillamente en actos de soberanía serán cesados de sus puestos.
Por otra parte, el artículo 84-bis, fracción XVII, faculta al consejo de la judicatura federal a expedir acuerdos generales en materia administrativa en carrera judicial y en régimen disciplinario, pero deja al consejo judicial de la judicatura en absoluta libertad para hacerlo y no pone ninguna base legal en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Yo creo que estos temas son lo suficientemente graves para que los señores diputados pongan atención en las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
Yo considero que la carrera judicial, que las condiciones de ingreso, de baja, de ascenso, a la que tienen derecho los integrantes de este poder, deben tener, por lo menos, delineadas sus líneas maestras en la Ley Orgánica del Poder Judicial y no dejar una amplia facultad discrecional y desde luego a completo arbitrio del consejo de la judicatura, temas de tanta relevancia.
Vale la pena decir también, señores diputados, que ni siquiera existe en el dictamen el transitorio de estilo que deroga las disposiciones que se opongan a la nueva normatividad.
En fin, ya la Comisión de Justicia hizo lo que tenía que hacer, creo, de margen que le quedaba y corrigió una serie de errores técnicos muy significados que enviaron del Poder Ejecutivo y que ningún favor le han hecho al doctor Zedillo, porque era absolutamente una iniciativa de ley sin pies ni cabeza, al menos desde el punto de vista técnico.
El Partido de la Revolución Democrática no puede avalar el atropello al Poder Judicial Federal; no puede avalar la norma de su uso, la violación a su soberanía ni la intromisión de otros poderes. Por ello votamos en su momento en contra a la reforma constitucional y ahora, por congruencia, habremos de votar también en contra de esta supuesta adecuación del marco normativo secundario a la ley fundamental. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega, por la comisión.
El diputado Fernando Pérez Noriega:
Con su permiso, señor Presidente:
Se ha comentado por el diputado que me precedió en el uso de la palabra, de que con estas reformas o modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se está adelgazando en forma inadecuada al mismo poder.
Yo creo que si hacemos un análisis detallado y cuidadoso de cada uno de los preceptos que se establecen en este decreto que se pone a consideración del pleno, en ningún momento se está haciendo ningún adelgazamiento, en ningún momento se están disminuyendo las facultades del Poder Judicial Federal.
Lo que se está haciendo a través de esta reforma, es adecuar la ley secundaria a la reforma constitucional, una reforma constitucional que fue debatida en su momento y que deberá traer frutos adecuados. Dentro de esta ley que está siendo modificada, se están estableciendo las nuevas funciones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de su sala, para dejarla como un verdadero tribunal en donde trabaje en su materia; es decir, en revisar asuntos de constitucionalidad de leyes y/o reglamentos.
Al consejo de la judicatura federal, se le establecen ahora las atribuciones propias de la administración y gobierno del Poder Judicial, que es con esto que estamos adelantando en poner un órgano diverso y diferente del juzgador para que se maneje la administración de la corte. Con esto se va a buscar una mayor eficacia y eficiencia en la administración de justicia y no como lo decía el diputado que viene a hablar en contra o que vino a hablar en contra del dictamen, de que va a haber mayor burocracia.
No hay mayor burocracia, señor diputado; continúa la misma gente que había para el control y administración de la corte. Lo que estamos haciendo, es separar las funciones en forma clara entre lo que debe hacer la Suprema Corte, o más bien los ministros de la Suprema Corte de Justicia, lo que deben de hacer es juzgar, no administrar no andar vigilando ni supervisando quejas, para eso hay un nuevo órgano, un nuevo consejo de la judicatura que va a trabajar en él.
Es cierto, faltan muchas cosas que establecer, faltan muchas cosas que se deben de hacer y por eso en el dictamen se establece, creo que en forma clara, un compromiso por parte de la Comisión de Justicia, de que habrá una nueva ley, una nueva ley integral, una nueva ley en la que vamos a poder analizar diversos aspectos, entre ellos el de la carrera judicial.
Existe el compromiso, también como se establece en el dictamen, de consultar a los nuevos miembros del consejo de la judicatura, de consultar a los nuevos miembros del pleno de la corte o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es decir, se va a hacer un trabajo detallado, adecuado y lo único que estamos haciendo en este momento es adecuar la ley secundaria para establecer los elementos mínimos necesarios e indispensables para el buen funcionamiento de estos institutos, o sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del consejo de la judicatura.
De un análisis detallado no encontré, por lo menos de la argumentación del diputado que me precedió en la palabra, un argumento técnico-jurídico en contra de alguno de estos artículos. No hay un artículo que haya sido debatido desde el punto de vista de la técnica jurídica.
Por lo tanto, vengo a sostener el dictamen en sus términos y solicito que se vote a su favor. Muchas gracias.
El Presidente:
Solicitó el uso de la palabra para hablar en pro del dictamen, el diputado Juan Manuel Cruz Acevedo.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica (desde su curul):
¡Para hechos!
El Presidente:
Permítame, diputado Cruz.
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica, por cinco minutos.
Gracias, señor Presidente:
Desde luego que yo no puedo obligar a que se escuche lo que no se quiere escuchar. Sí hay más burocracia en el Poder Judicial Federal y recojo la confesión del integrante de la Comisión de Justicia, de que "lueguito" vamos a discutir la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que creo que era parte de la convocatoria a este periodo de sesiones extraordinarias, y la vamos a discutir ya más en serio.
O sea que ahorita nada más vamos a hacer unas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, supongo yo precarias, no hay otra mejor expresión para utilizarla, hasta que en el periodo ordinario ya nos ocupemos ahora sí en serio y ahora sí consultando a quienes este Poder Judicial Federal tiene la obligación de consultar desde luego y de haberlo hecho ya inclusive convocando a los propios afectados, que son los miembros del Poder Judicial Federal, a ver qué opinan sobre estas reformas a la Ley Orgánica.
Pero, pues como tenemos encima los tiempos y tenemos que sacar esta ley, pues aunque sea vamos a hacer una Ley Orgánica del Poder Judicial "rapidito", unas reformas que permitan algunas adecuaciones "burocráticas" también, señor integrante de la Comisión de Justicia, como éstas a las que se refiere el artículo 84-bis-13, que habla de que el consejo de la judicatura federal tendrá un secretario general ejecutivo y los secretarios técnicos y personal subalterno que fije el presupuesto.
¿Quien sabe cuántos secretarios técnicos va a requerir el consejo de la judicatura? Pero yo supongo que va a ser más de uno. Hay que acordarse que tienen que establecer también las visitadurías a los colegiados y a los propios juzgados de distrito.
Así que no se diga que no se va a crear más "burocracia". Sí se va a crear más "burocracia" con esta reforma a la Ley del Poder Judicial Federal y, por otra parte, sí se ha lesionado de manera grave la garantía de los juzgadores que antes eran objeto de juicio político. Muchas gracias, señor Presidente.
El diputado Fernando Pérez Noriega (desde su curul):
¡Para alusiones!
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega.
El diputado Fernando Pérez Noriega:
Muchas gracias, señor Presidente:
Nada más para hacer unas aclaraciones sobre lo que se acaba de mencionar en la tribuna por el diputado que me antecedió en la palabra.
En primer lugar, a mí me gustaría decirle que no se puede consultar a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni a miembros integrantes del consejo de la judicatura federal en este momento, porque no los hay. Estamos en un proceso ahorita en el Senado para designar ministros de la corte, igual se está haciendo con el consejo de la judicatura federal. Para poderlos consultar, primero tienen que estar nombrados ahora que estén nombrados, como se establece en el dictamen, podremos consultarlos y podremos trabajar con ellos.
En segundo lugar, me refería a que tenemos que hacer una nueva ley integral, sí, integral, señor diputado, pero para poder ser integral tenemos primero que decidir y definir cuál es la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, tenemos que definir las modificaciones a la Ley de Amparo, reglamentarias de los artículos 103 y 107 constitucionales, que también sufrieron determinadas modificaciones. Necesitamos también analizar en su momento qué otras disposiciones secundarias tenemos que modificar cuando se formaron artículos constitucionales como el 20, sí, señor diputado, una nueva ley integral. No es que estemos diciendo que pa lueguito, tenemos una ley ahorita que le estamos dando operatividad, le estamos dando al pleno de la corte y al consejo de la judicatura las normas mínimas para que funcionen en forma adecuada, eso es lo que hicimos y es lo que estamos presentando a consideración de ustedes. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar en pro, tiene la palabra el diputado Juan Manuel Cruz Acevedo.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ya el señor Presidente de la Comisión de Justicia ha hecho una completa defensa de esta iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que hay poco, verdaderamente poco, por abundar. Yo quisiera nada más referirme al concepto de precariedad de la iniciativa al que ha hecho alusión el señor diputado Amado Cruz Malpica.
La iniciativa no es precaria, la iniciativa es más bien lo estrictamente indispensable para poner en funcionamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora ya reconformada. Es necesario que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación inicie sus actividades supeditada, evidentemente, a un orden jurídico establecido, de ahí van a salir las luces, del consejo de la judicatura federal van a salir las luces que nos van a permitir, como se ha dicho aquí también, ampliar y abocarnos a conocer, entonces sí, de una nueva ley integral.
Pero ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el consejo de la judicatura, en esta etapa de transitoriedad, pueden actuar arbitrariamente, entendido desde luego el término en función de que actúan a su arbitrio, tienen que tener un soporte jurídico y esto es lo que está satisfaciendo la iniciativa. La exposición de motivos es muy clara, yo creo que vale la pena insistir en esto, es lo estrictamente indispensable para que la corte, el consejo de la judicatura, tengan actividades fundamentadas en la ley.
El adelgazamiento de la corte al que se ha hecho referencia, pues yo lo considero también un tanto cuanto a destiempo, el argumento. La ley, la iniciativa, lo único que hace es hacer realizable la reforma constitucional que aprobamos en el periodo pasado. La nueva reestructuración, los 11 ministros integrarán el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ley no podía estar en contradicción a esta disposición constitucional, es elemental que la adecue.
Es cierto, en la comisión, que quiero referir, que se hizo un trabajo minucioso, exhaustivo, lamentamos que usted, señor diputado Cruz Malpica no integre la Comisión de Justicia, que si así fuera, usted hubiera podido constatar que se hicieron trabajos minuciosos, vamos, no lo dice el dictamen, pero hasta puntos y comas se revisaron y se analizaron, se corrigieron errores ortográficos que trascendían profundamente, sí, al espíritu de la ley.
Cuando hablaba de controversias y deberían ser competencias, se señalaron, se advirtieron y se corrigieron; en términos generales yo quiero decirle que se hicieron siete modificaciones a la iniciativa de ley, algunas que no se anotan, muchas de ellas son de corrección y estilo, de verdaderos puntos y comas, pero las fundamentales, vaya que sí se hicieron. El trabajo de la comisión en verdad no fue precario, fue profundo, fue exhaustivo. Sí subsiste el compromiso formal de que nos vamos a ocupar muy pronto de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y no solamente eso y no solamente la ley...
El Presidente:
Señor diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Sí, señor Presidente.
El diputado Fernando Pérez Noriega(desde su curul):
Señor diputado; yo concedería que la comisión hizo esfuerzos por corregir ese dictamen, esa iniciativa del Ejecutivo Federal, que de verdad tenía gravísimos problemas técnicos, pero si se hizo un trabajo tan minucioso, digo yo, ¿por qué no se derogó el párrafo 2o., del artículo 98 de la Ley Orgánica, que establece la misma garantía de inamovilidad a los jueces de distrito y a los magistrados de circuito y que ya previamente en la Constitución se habían ocupado de vulnerar?, ¿por qué dejan vigente el texto del párrafo 2o., del artículo 98 y no lo acompasan por ejemplo con la reforma constitucional?
Esa sería mi pregunta.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Evidentemente que no fue materia de la iniciativa el párrafo al que usted se está refiriendo, no lo toca, pero la razón del porqué la comisión no se ocupa de estos otros aspectos es precisamente porque al revisar íntegramente la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, vamos seguramente a tocar todas estas circunstancias, pero repito, con las luces que nos brinda, que nos proporcionen los que van a hacer realizable esta ley y la reforma con las luces que nos brinde el consejo de la judicatura federal, de ahí va a salir mucho, ya es la ejecución lo que nos va a dar la nueva oportunidad de hacer una revisión íntegra.
Compañeros diputados, no solamente existe el compromiso, existe la convicción en la comisión de que la ley no toca la iniciativa, no toca, o lo que deberíamos verdaderamente abordar, pues no existe sólo el compromiso, sino la firme convicción de que lo vamos a abordar en su integridad.
En estas circunstancias, yo sí quiero, para concluir esta intervención mía, yo sí quiero decirles, nos estamos dando los elementos básicos indispensables para hacer realizable la reforma a la Constitución. Es bondadosa, es suficiente y repito, les pido que votemos a favor de la iniciativa.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario Andrés Galván Rivas:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Para efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
El secretario Andrés Galván Rivas:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación.)
Se emitieron 334 votos en pro y 23 en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El secretario Andrés Galván Rivas:
Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.
ORDEN DEL DIA
El secretario Abel García Ramírez:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias.- Primer Receso.- Primer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
23 de enero de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comparecencia del licenciado Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 16.10 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 23 de enero, a las 10.00 horas, en la que comparecerá, el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Guillermo Ortiz Martínez.