Presidencia del diputado Gustavo Salinas Iñiguez

ASISTENCIA

El Presidente:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El secretario Andrés Galván Rivas:

Se va a pasar lista de asistencia. Hay una asistencia de 385 diputados. Por lo tanto, hay quorum.

El Presidente (a las 11:20 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Andrés Galván Rivas:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias.- Primer Receso.- Primer Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

26 de enero de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario Abel García Ramírez:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado Serafín Núñez Ramos

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas con quince minutos del miércoles veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de trescientos cincuenta y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.

En virtud de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y cinco, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.

Por las mismas razones se dispensa la primera lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores.

Para dar lectura al informe de la Comisión para el Diálogo y Conciliación en Chiapas, se concede el uso de la palabra al diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido del Trabajo.

Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, respecto a este informe, se concede el uso de la palabra a los diputados: Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional; Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo.

Rectifican hechos sobre el mismo tema, los diputados: Carlota Angela Rosa Botey y Estape, del Partido de la Revolución Democrática; Arnoldo Martínez Verdugo, del mismo partido; Carlos Mario de la Fuente Lazo, del Partido Revolucionario Institucional y Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática.

Agotados los asuntos del orden del día, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, jueves veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION

El Presidente:

Se ruega a la Secretaría dar segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995.

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

«Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades que le otorga la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995.

La iniciativa antes mencionada fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, por lo que fueron analizadas las disposiciones contenidas en la misma y discutidas por sus integrantes con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Los integrantes de esta comisión realizamos reuniones técnicas con servidores públicos del sector financiero. De igual forma en trabajos de conferencia se reunieron la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados y su homóloga del Senado de la República para discutir sobre el contenido, objetivos y fundamento de la iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995.

Por lo anterior, con fundamento en las disposiciones anteriormente citadas, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente

DICTAMEN

Tomando en consideración que las actuales circunstancias económicas son distintas a las que se tomaron en cuenta en diciembre pasado para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, resulta necesario efectuar algunas modificaciones al texto originalmente aprobado.

En este contexto, esta comisión ratifica la autorización anteriormente concedida al Ejecutivo Federal de ejercer un endeudamiento neto externo por un monto equivalente en moneda nacional a 5 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, modificando la cantidad establecida en el artículo 2o. de la citada ley para referirla al equivalente en moneda nacional de los 5 mil millones de dólares al tipo de cambio que publique el Banco de México y que se haya determinado el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 1995. Esto para adecuar el mencionado monto máximo de endeudamiento neto externo autorizado a la nueva política cambiaria.

Por otra parte, esta comisión considera conveniente aclarar que las operaciones de canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal que se prevén en el segundo párrafo del artículo 2o. de la referida iniciativa no podrán implicar endeudamiento neto adicional.

Con el objeto de evitar o disminuir el riesgo de que se vuelvan a repetir situaciones económicas como la que actualmente se vive en nuestro país, esta comisión dictaminadora considera conveniente proponer al peno de esta Cámara de Diputados se establezcan límites al endeudamiento público que se realiza a través de títulos indexados en moneda extranjera, ya que utilizados razonablemente constituyen un adecuado instrumento de cobertura, en tanto que operados en exceso pueden representar un grave riesgo a las finanzas públicas y a las reservas internacionales en casos de devaluación pronunciada de la moneda nacional, tal y como quedó demostrado recientemente.

Para tal efecto, se propone que los Bonos de la Tesorería de la Federación (Tesobonos), que se emitan durante el ejercicio fiscal de 1995, no excedan del 15% de la deuda pública total o del remanente no ejercido del límite máximo de endeudamiento externo autorizado para operaciones de canje o refinanciamiento de Tesobonos para el propio ejercicio fiscal.

Adicionalmente, se considera conveniente el que se permita al Ejecutivo Federal contratar créditos o emitir valores en el exterior con el fin de canjear o refinanciar los Tesobonos que se encuentran en circulación, los cuales en su mayoría tienen vencimiento de corto plazo, con el propósito de mejorar las condiciones de dicha deuda, particularmente su plazo, a efecto de coadyuvar a la estabilidad del tipo de cambio y de los mercados financieros de nuestro país. Sin embargo, esta comisión estima indispensable que dichas operaciones se limiten hasta por un monto que no exceda, en caso alguno, del equivalente en moneda nacional de 2,500.000,000.00 de dólares de los Estados Unidos de América. Esta sustitución de obligaciones, no conlleva un incremento en el monto de la deuda neta del erario federal, aunque representa una modificación en la naturaleza de la deuda, transformándose de deuda interna a deuda externa.

Esta comisión reconoce y recoge la preocupación de las diversas fracciones parlamentarias de esta legislatura, en el sentido que estas operaciones de canje o sustitución por ningún motivo deberán realizarse en términos que comprometan decisiones políticas fundamentales en menoscabo de la soberanía nacional.

Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que la aprobación de la iniciativa que se dictamina contribuye de manera inmediata para eliminar una de las causas de la actual crisis económica, ya que la sustitución de la deuda de Tesobonos autorizada al Ejecutivo Federal ayudaría a estabilizar el mercado cambiario y restablecer la confianza. Sin embargo, se considera indispensable que dicha autorización se sujete a los límites que se mencionan en el presente dictamen.

Asimismo, se propone que el tipo de cambio que se aplique para determinar los mencionados límites en moneda extranjera, sea el que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y que se haya determinado el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 1995.

Por lo anterior, se propone modificar el artículo 2o. de la referida Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, para quedar en los términos que a continuación se indican:

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1995, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, por un monto de endeudamiento neto externo que no exceda del equivalente en moneda nacional de 5,000'000,000.00 de dólares de los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, y que se haya determinado el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 1995.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos, para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, sin que estas operaciones impliquen endeudamiento neto adicional para el Gobierno Federal. El Ejecutivo Federal queda autorizado en el ejercicio fiscal de 1995, para emitir valores denominados "Bonos de la Tesorería de la Federación", siempre que el saldo total en circulación durante el citado ejercicio, no exceda del 15% de la deuda pública total o del remanente no ejercido del límite máximo de endeudamiento a que se refiere el párrafo siguiente, el que resulte mayor.

Asimismo, queda autorizado el Ejecutivo Federal para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar los valores gubernamentales denominados "Bonos de la Tesorería de la Federación", sin que estas operaciones excedan del equivalente en moneda nacional de 26,500'000,000 00 de dólares de los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio que se señala en el primer párrafo de este artículo.

..................................................................

Finalmente, cabe señalar que los apoyos financieros que se están negociando con las autoridades monetarias de diversos países y con instituciones financieras internacionales, para coadyuvar a la estabilización de los mercados financieros en México, no quedan contemplados para efectos del límite de endeudamiento neto externo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995. Ello en virtud del régimen especial a que están sujetos los créditos contratados con propósitos de regulación monetaria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9o. de la Ley General de Deuda Pública.

Por lo expuesto, la suscrita comisión se permite proponer a esta soberanía la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1995

Artículo único. Se reforma el artículo 2o., primer y segundo párrafos, y se adiciona un tercer párrafo, pasando los actuales tercer y cuarto a ser cuarto y quinto párrafos, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1995, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, por un monto de endeudamiento neto externo que no exceda del equivalente en moneda nacional de 5,000'000,000 00 de dólares de los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, y que se haya determinado el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 1995.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos, para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, sin que estas operaciones impliquen endeudamiento neto adicional para el Gobierno Federal. El Ejecutivo Federal queda autorizado en el ejercicio fiscal de 1995 para emitir valores denominados "Bonos de la Tesorería de la Federación", siempre que el saldo total en circulación durante el citado ejercicio, no exceda del 15% de la deuda pública total o del remanente no ejercido del límite máximo de endeudamiento a que se refiere el párrafo siguiente, el que resulte mayor.

Asimismo, queda autorizado el Ejecutivo Federal para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar los valores gubernamentales denominados "Bonos de la Tesorería de la Federación", sin que estas operaciones excedan del equivalente en moneda nacional de 26,500'000,000.00 de dólares de los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio que se señala en el primer párrafo de este artículo.

..................................................................

TRANSITORIOS

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 25 de enero de 1995.-Diputados: Francisco Suárez y Dávila, Jorge Humberto Padilla Olvera, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano, Saúl Alfonso Escobar Toledo, Gabino Fernández Serna, Dulce María Sauri Riancho, Roberto Rafael Campa Cifrián, Antonio Sánchez Gochicoa, Alfonso Molina Ruibal, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Oscar Guillermo Levín Coppel, Dionisio E. Pérez Jácome, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Jorge Kondo López, Víctor Manuel Silva Tejeda, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Daniel Covarrubias Ramos, Luis Manuel Jiménez Lemus, Salvador Mikel Rivera, Manuel Beristáin Gómez, David Vargas Santos, Alejandro Higuera Osuna, José de Jesús Preciado Bermejo, Víctor Cruz Ramírez en contra, Gustavo Gabriel Llamas Monjardín en contra, Juan Nicasio Guerra Ochoa en contra, Ifigenia Martha Martínez Hernández en contra, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla en contra y Joaquín Humberto Vela González en contra.»

Es de segunda lectura.

RECESO

El Presidente (a las 11:45 horas):

Honorable Asamblea: con el propósito de que todos y cada uno de las diputadas y diputados cuenten con las copias de los dictámenes que hoy discutimos, esta Presidencia dispone de un receso de 15 minutos.

Receso.

(A las 12:45 horas): Se reanuda la sesión.

De conformidad con el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, con el propósito de fundamentar el dictamen.

Antes de que haga uso de la palabra el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, se ha solicitado a esta Presidencia que el diputado Francisco Suárez y Dávila, participe con el propósito de proponer una adición al dictamen a discusión.

Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Francisco Suárez y Dávila:

Gracias, señor Presidente:

La Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados, recogiendo los puntos de vista de todas las fracciones que la integran, reforzando el texto del dictamen de que por ningún motivo deberán adoptarse en las operaciones de crédito externo decisiones fundamentales en menoscabo de la soberanía nacional, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente párrafo, que se agregaría al final del artículo 2o., de la Ley de Ingresos, como parte integrante del mismo.

El texto lee así: "en caso de que la contratación de créditos o emisión de valores en el exterior a que se refiere el párrafo anterior, se hiciera con la garantía de un gobierno extranjero, oportunamente el Congreso de la Unión, en los términos del artículo 73, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá acerca de los condicionamientos correspondientes, a efecto de someterlo a su aprobación.

Esta propuesta tiene un carácter histórico:

1o. Se reintegra al Congreso de la Unión, el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales en materia de endeudamiento externo. Estamos en efecto, dando bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación y en su caso aprobarlos.

2o. Se fortalece la dignidad de este Congreso de la Unión y se da cabal cumplimiento a la división de poderes.

3o. Se refuerza nuestro Poder Ejecutivo en sus negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos, apoyándolo en su defensa irrestricta de la soberanía y en la determinación de no aceptar ningún acondicionante de carácter político.

4o. Por encima de todo, reivindicamos cabalmente nuestra responsabilidad ante el pueblo de México, a quien nos debemos.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Antonio García Villa.

El diputado Juan Antonio García Villa:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Nos ha parecido oportuno expresar a esta Asamblea, el punto de vista en torno a la proposición que ha recogido la Comisión de Hacienda de los diversos grupos parlamentarios para adicionar un párrafo al artículo 2o. de la Ley de Ingresos para 1995.

El grupo parlamentario de Acción Nacional se felicita y felicita a la Comisión de Hacienda y a esta Cámara de Diputados, si finalmente al someterse a la aprobación de la Asamblea el dictamen, incorpora este párrafo al artículo 2o., por las diversas razones que aquí se han mencionado.

Ciertamente será un momento histórico por diversas razones, no las voy a clasificar en orden jerárquico, pero quisiera mencionar en primer lugar, porque la Cámara de Diputados, que siempre por disposición de la Constitución es cámara de origen cuando se trate de empréstitos, reivindicará como aquí ha dicho con toda razón, con todo acierto el diputado Suárez y Dávila, una facultad prevista desde 1917, en la fracción VIII del artículo 73, que corresponde a la aprobación de los empréstitos que se contraten por el Ejecutivo sobre el crédito de la nación.

Se había pensado durante mucho tiempo que correspondía al Congreso sólo dar las bases para contratar los empréstitos y hoy se aclara que el Congreso no sólo tiene esa facultad de dar en forma genérica las bases, sino como ha dicho la Constitución desde 1917, también aprobar esos mismos empréstitos, lo que hoy estamos en condiciones de hacer en el caso de que se apruebe la emisión de valores por el Gobierno mexicano en el exterior y no se sometan a las condiciones normales del mercado, sino que se extienda una garantía por un Gobierno extranjero, entonces el Congreso de la Unión estará presto con toda oportunidad para conocer los condicionamientos respectivos y conocer de ellos, discutirlos y, en su caso, aprobarlos. Creo que es un momento memorable en la historia de este país, es un momento memorable en la historia del Poder Legislativo y señal inequívoca de que vamos en el camino correcto para darle vigencia plena a las instituciones democráticas establecidas por nuestro orden constitucional. Gracias, señores diputados.

El Presidente:

Igualmente para rectificar hechos, ha solicitado hacer uso de la palabra, el diputado Jesús Ortega.

El diputado J. Jesús Ortega Martínez:

Gracias, señor Presidente; les ruego un momento de su atención compañeras y compañeros diputados:

Ustedes conocen perfectamente a lo largo de esta legislatura y en otras anteriores, la posición que el Partido de la Revolución Democrática ha mantenido acerca de las facultades que en materia económica tiene el Congreso de la Unión y, particularmente esta Cámara de Diputados y han conocido también, con toda claridad, nuestra opinión de que esas facultades que le dio el Constituyente, que el Constituyente estableció en la Constitución, habían sido, durante mucho tiempo, o han sido durante mucho tiempo, secuestradas por el Ejecutivo Federal, en el marco de un presidencialismo casi absolutista.

Quisiera poner con un ejemplo nuestra posición:

El futuro de 80 millones de mexicanos, el futuro económico y el bienestar de 80 millones de mexicanos, estaba sólo en las manos de un solo individuo en la soledad de su oficina.

Generalmente las decisiones que toma este individuo por secuestrar facultades del Congreso, iban en demérito, van en demérito de la nación y del pueblo de México.

No es extraño tampoco, para todos ustedes, que la gran deuda que tiene nuestro país, que afecta nuestra economía y que afecta la vida diaria de los mexicanos, es resultado de ese secuestro por parte del Ejecutivo Federal, de las facultades que sólo corresponden a la representación nacional y a la representación popular.

Y por lo tanto, el PRD, consecuente con estos principios, ha mantenido firmeza y decisión para que el Ejecutivo Federal no ejerza facultades al margen de la Constitución y no secuestre las facultades que corresponden a este Congreso de la Unión y lo hemos planteado en muchas ocasiones e incluso hemos dicho que la grave situación económica en la que se encuentra este país, es también resultado de esa irresponsabilidad en la toma de decisiones fundamentales por un solo individuo y al margen, reitero, de la ley.

Hoy esta Cámara de Diputados va a discutir reformas a la Ley de Ingresos, que son verdaderamente trascendentes y que además van a influir de manera significativa y determinante, en el futuro de todos los mexicanos.

De como actuemos dependerá el bienestar o el empeoramiento de las condiciones ya de por sí difíciles en que viven los mexicanos y también dependerá de la decisión que tomemos hoy, si queremos vivir en un país soberano o queremos que nuestro país se convierta en un protectorado de los Estados Unidos.

Nos preocupaba y nos sigue preocupando de manera muy importante, que en el Congreso de los Estados Unidos se esté decidiendo el futuro de nuestro país. El día de ayer el PRD, pudo conseguir el proyecto de ley que van a discutir los diputados y los senadores norteamericanos. No lo hemos entregado, porque lo conseguimos apenas el día de ayer en inglés y se los entregaremos en unas horas, traducido al español, para que vean, compañeras y compañeros, las lesivas condiciones que se le impondrían a nuestro país, sólo para que el Gobierno norteamericano sirviera como aval y nos pudieran prestar 40 mil millones de dólares.

En esas condiciones, por ejemplo, se dice, que el Gobierno mexicano se compromete con el Gobierno norteamericano a estar informando cada tres meses a los organismos gubernamentales encargados del control financiero.

Y yo me pregunto: ¿Qué Gobierno, si se precia de defender la soberanía nacional, aceptaría estarle informando a esos organismos internacionales del desarrollo de la economía nacional?

Y se establece también que el Gobierno mexicano se ha comprometido con el Gobierno norteamericano a repatriar a compatriotas nuestros y a ponerse de acuerdo a qué regiones y a qué estados del país se repatrian a esos mexicanos que trabajan en Estados Unidos.

Esto es, compañeras y compañeros, solo dos, y yo diría, tímidos ejemplos de lo que están planteando los legisladores norteamericanos para que su Gobierno pudiera ser aval para conseguir esos 40 mil millones de dólares.

Yo digo que un mexicano, con un gramo de patriotismo en su ser, no podría, bajo ninguna circunstancia, permitir que se nos impusieran esas condiciones, ni al pueblo, ni al Gobierno, ni al Congreso de la Unión. ¡Deberíamos tajantemente rechazarlos! ¡Y ésa es nuestra posición, reiterada antes y reafirmada hoy por los diputados del Partido de la Revolución Democrática!

Por ello es que, compañeras y compañeros, por ello y solamente por ello en esta actitud, es que nosotros estuvimos proponiendo, se los reitero, el de que este Congreso no resolviera las reformas a la Ley de Ingresos hasta que con plenitud conociéramos, con certidumbre conociéramos cuáles son las condiciones que pondría el Congreso norteamericano para que su Gobierno fuera aval.

Y planteamos la necesidad de una moción suspensiva de esta discusión, porque nosotros no podremos aprobar estas modificaciones a la Ley de Ingresos hoy y dentro de una semana que el Congreso norteamericano dijera: sí aceptamos que nuestro Gobierno sea aval, pero tenemos que decirles que deben de aceptar estas condiciones.

¡Y en esas circunstancias el encargado del Ejecutivo Federal otra vez, bajo su estricta responsabilidad, sólo bajo su criterio, como un individuo al margen de la representación nacional, él decidiría, si fuese patriota, si aceptaba esas condiciones y si no lo fuese, él también automáticamente decidiría aceptar esas condiciones!

Por ello, compañeras y compañeros, es que de acuerdo con otros compañeros de otras fracciones parlamentarias buscábamos alternativas de solución y una que se encontró es, que este Congreso y esto me parece un paso significativo, muy importante, "¡este Congreso le retira al Ejecutivo el cheque en blanco. Ya no lo podrá aceptar el Ejecutivo!" y este Congreso recuperaría una de sus facultades, no todas por supuesto, una de sus facultades, la que está establecida en el 73 de la Constitución, en la fracción VIII, para que nosotros, la representación popular: "¡decida las bases sobre las cuales se pueden contratar nuevos empréstitos!", y por lo tanto, así lo entendemos nosotros, este punto que aquí ha venido a decir el diputado Suárez y Dávila y apoyado por compañeros de Acción Nacional, es prácticamente, lo voy a decir con toda claridad, una suspensión de facto de la discusión de las modificaciones a la Ley de Ingresos, porque el Congreso, este Congreso va a reunirse posteriormente, cuando conozcamos las condiciones que pone el Gobierno y el Congreso norteamericano, para decidir, nosotros, en pleno uso de nuestras facultades y soberanías, cuando menos en ésta, si aceptamos o no las condiciones que nos ponen los norteamericanos.

Esto, compañeras y compañeros, me parece un paso importante. Vamos a decidir nosotros en este momento qué tratamiento le damos a este punto. Pero la ley, las modificaciones a la Ley de Ingresos que hoy vamos a discutir, de principio, de esencia y de fundamento, van en contra de los intereses populares y por lo tanto, en general, subrayo, la fracción parlamentaria del PRD va a votar en contra, porque afectan los intereses nacionales y siguen afectando los intereses populares.

En este punto específico que antes he mencionado, consideraremos nuestro voto, porque pensamos que es un avance que recupera facultades para el Congreso en materia de derechos constitucionales. Gracias por su atención.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, el diputado Joaquín Vela, para rectificar hechos.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:

Efectivamente, como han señalado claramente los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, este momento es un momento muy importante en la vida legislativa de nuestro país. Pero no solamente en la vida legislativa, es un momento muy importante en la trascendencia de la conducción del destino de nuestro país por parte de los mexicanos.

Los diputados, independientemente de la fracción a la que correspondan, tenemos un compromiso con el país y tenemos que ser muy serenos para tomar una decisión adecuada.

Efectivamente, nuestro partido, el Partido del Trabajo, al igual que otras fracciones parlamentarias, preocupados por el hecho de que pudiera haber condicionamientos que afectaran nuestra soberanía como país, para poder definir, planteamos la necesidad de la moción suspensiva. ¿Por qué? Porque resultaba totalmente ilógico que nosotros diéramos un aval a ojos cerrados, cuando el propio Congreso norteamericano pudiera poner condicionamientos que afectaran nuestra soberanía.

Nosotros pensamos que, qué bueno que todas las fracciones estemos en condiciones de, efectivamente, iniciar un diálogo que nos permita revisar cuidadosamente las características en las cuales el Gobierno mexicano firmará o no firmará el aval financiero que se les está solicitando al Gobierno norteamericano. Si existen condicionamientos que lesionen nuestra soberanía, compañeros, tiene que ser este Congreso el que defina.

Coincidimos con los diputados que nos antecedieron, que no tiene que ser atribución de una sola persona. Tenemos que poner por encima de los intereses de cualquier grupo, los intereses del conjunto de los mexicanos.

Por ello, efectivamente, el escrito que ha presentado el diputado Suárez y Dávila, en los hechos, efectivamente, viene a rescatar uno de los principios fundamentales de este Congreso. No puede el Presidente de la República, solo, bajo su criterio, firmar acuerdos que van a afectar al conjunto de los mexicanos. Estamos de acuerdo.

Esto en los hechos tendremos que operarlo de la siguiente manera. Este periodo extraordinario tendría que tener un alargamiento, para que una vez que el Congreso norteamericano decida, nosotros podamos tomar nuestra decisión fundamental, porque es el pueblo de México el que resultará afectado de acuerdo a los condicionamientos que se hagan o no. Eso implica, compañeros, la necesidad de alargar este periodo extraordinario o cerrar éste el sábado como tenemos planeado, pero abrir inmediatamente otro periodo, eso será cuestión técnica que habría que observar.

Sin embargo compañeros, hay elementos que nos siguen preocupando y lo queremos plantear muy claramente y el elemento central de nuestra preocupación es la siguiente compañeros, para que le busquemos forma y estamos en la mejor disposición de encontrarle salida.

En el dictamen se nos señala que se busque el cambio de un monto total de 26 mil 500 millones de dólares que actualmente se encuentran establecidos como Tesobonos, que realicemos el cambio de endeudamiento interno a endeudamiento externo, ahí hay un problema que tenemos que discutir cuidadosamente. Pero lo importante de esto, es que de estos 26 mil 500 millones de dólares, 12 mil según información oficial, 12 mil se encuentran en manos o son tenedores la banca comercial de nuestro país. Compañeros, encontramos totalmente ilógico, totalmente ilógico, que nosotros estemos estableciendo créditos en el exterior para garantizarle a la banca comercial mexicana que pueda cambiar sus Tesobonos a pesos y después hacer el cambio a dólares.

Compañeros, estos banqueros mexicanos son los que han ganado en el momento de bonanza y ahora en el momento de crisis también les vamos a garantizar las condiciones para que esos 12 mil millones que tienen en Tesobonos lo cambien a dólares, eso es totalmente desde nuestro punto de vista como partido, como Partido del Trabajo, es totalmente inaceptable compañeros.

En un momento de emergencia nacional donde se requiere que todos los mexicanos entremos a la fase del sacrificio, resulta que estos señores van a ganar, porque les vamos a pagar cotizados los Tesobonos en dólares ahorita a un precio más alto, porque aquí el Secretario de Hacienda nos dijo que una vez superada la fase de emergencia, se esperaba que el tipo de cambio se ubicara alrededor de 4.90, nosotros pagaríamos ahorita a 5.70 y no a 4.90. Entonces este punto nosotros necesitamos discutirlo cuidadosamente, porque nos parece totalmente inaceptable que estos banqueros también en este proceso se enriquezcan.

Por lo demás nuestro partido felicita a todas las fracciones por la posibilidad de que efectivamente este Congreso recupere la dignidad que hemos estado reclamando y que efectivamente podamos tener toda las posibilidades de discutir los condicionamientos que el Congreso norteamericano haga a nuestro país y en tal sentido nos sumamos a esa propuesta, en el entendido de que estos puntos que señalo de los banqueros nacionales, pueda ser elemento de discusión más detenida por parte de este Congreso. Muchas gracias.

El Presidente:

En el uso de la palabra, el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, para fundamentar el dictamen.

El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Siempre importante el conocimiento anual de la Ley de Ingresos, la reforma y adición a su artículo 2o., que hoy se somete a la consideración de esta honorable soberanía, reviste especial importancia; lo hemos visto hace un momento, afortunadamente, yo diría, que con un espíritu patriótico para apoyar las gestiones de México en el extranjero en cualquier forma que éstas se den, los cuatro partidos representados en esta cámara decidimos agregar un párrafo que no hace, sino reafirmar, pero reafirmar con énfasis de veras, una de las facultades más preciadas de los congresos de todo el mundo, que en el caso nuestro viene con otra redacción desde la Constitución de 1824, que se repite o que se establece en 1857 en el artículo 72, fracción VIII, lo mismo que el 17 se reproduce en el artículo 73 fracción VIII también; es decir, es una de las más preciadas facultades de un Congreso, sobre todo de la Cámara de Diputados; ya que como ustedes recuerdan y saben bien, en éstas se origina siempre toda aquella disposición que tiene por objeto; bien sea crear cargas para el ciudadano; o bien sea para aceptar las que pueden ser hasta para generaciones futuras.

Por eso fue tan importante el texto que hemos agregado, que fue leído en esta tribuna por el diputado Francisco Suárez y que todos los compañeros de las otras fracciones no sólo han aprobado, sino que con toda razón han elogiado.

En términos generales parecería muy temprano hacerle modificaciones a escaso un mes de que aprobamos la Ley de Ingresos para el ejercicio de 1995, pero hechos supervinientes, inesperados y desconcertantes, tanto por su celeridad como por sus efectos, hacen urgente e ineludible que hagamos este nuevo ejercicio de reforma al artículo 2o.

Hoy más que nunca se comprueba plenamente que como la fortuna, los fenómenos sociales y fenómenos económicos son muy mudables; que lo que ayer fue la verdad, hoy ya no lo es y como en un día puede cambiar la suerte de la economía de un país.

No les voy a relatar esos acontecimientos y trastornos que han impactado a toda la sociedad mexicana, quizá y así se ha dicho, más allá de lo que concluiría un razonamiento frío y lógico, pero qué difícil es razonar fría y lógicamente cuando se ven afectados, la economía y el bolsillo familiar.

Como lo dice el dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, es sólo un artículo de la Ley de Ingresos de la Federación el que se reforma, pero su contenido a la deuda pública es un tema siempre sensible y con muchas aristas, que conlleva una carga emocional probablemente originada para los mexicanos en malas experiencias pasadas, pero a la que realmente y eso sí debemos hacerlo, hay que despojar el tema de esa carga un poco visceral.

Tenemos que ver a la deuda pública como lo es en sí, como un instrumento neutro en las políticas económicas. Durante años, ustedes y yo y todos lo recordamos, porque es muy reciente, tuvimos casi, diría yo, el síndrome de la deuda pública. Durante años, en los desayunos, en las comidas, en las calles, en las plazas, en las casas, en los cenáculos, en las universidades, en todos lados hablábamos del problema de la deuda pública.

Hemos salido de ese síndrome, hemos salido de que ese renglón de nuestra economía constituyera un esquema no solo casi titánico, sino un tema que causaba una gran conmoción al solo mencionarlo. Precisamente, este artículo tal como viene en su nueva redacción, trata de evitar que crezca ese síndrome o este fantasma, que se agigante o bien que renazca.

Creo que realmente podemos sentirnos satisfechos de la redacción a la que hemos llegado todas las fracciones en el dictamen que se presenta ahora a su consideración.

Como ustedes recuerdan, los movimientos cambiarios de diciembre, primero ampliación de la banda de explotación de la moneda y después la decisión de que flotara nuevamente, trajeron una devaluación traumática, una devaluación definitivamente inesperada, yo diría inusitada y con antecedentes casi únicos en el mundo. Ya nosotros mismos también, al conocer el presupuesto de egresos y sin perjuicio de que lo aprobamos con toda razón, porque era necesario en ese momento, requerimos al Ejecutivo que de inmediato procediera a presentarnos propuestas para adecuar, tanto la Ley de Ingresos como el presupuesto mismo, a las nuevas circunstancias económicas.

En primer término, se hacía necesario compensar el renglón de ingresos, que automáticamente sufría una reducción sustancial en su cálculo, el que se señala en el artículo 2o., autorización de endeudamiento, ya que estaba establecido un monto en pesos, referenciado a dólares norteamericanos, que inmediatamente se hicieron insuficientes al venir la devaluación.

De ahí que ahora se propone que el endeudamiento externo que se autoriza para el financiamiento del presupuesto de egresos en el ejercicio de 1995, alcance el mismo monto de dólares que se aprobó originalmente.

De ahí que yo les diría a ustedes y espero que se acepte esta tesis, que este primer párrafo no requiere mayor explicación.

Tampoco lo requeriría la primera parte del segundo párrafo del artículo 73 en esa fracción VIII tan mencionada, ya que solamente se reproduce lo que se señalaba en las leyes de ingresos de los años anteriores, que además toma sin hacer ningún cambio al texto constitucional y al de la Ley de Deuda Pública. También esa segunda parte del dictamen pienso que no es necesario volver a insistir sobre ellos.

Donde ya viene un elemento nuevo, es en el tercer párrafo, en el segundo mismo párrafo, segunda parte, y en el tercer párrafo y por supuesto ahora la adición que acabamos de leer, que se origina en la necesidad urgente de asegurar a los inversionistas en valores mexicanos, la certidumbre de que las obligaciones contenidas en ellos se cumplirán fielmente y así ayudar a estabilizar los mercados financieros, so pena de mayores males y quizá irreparables males.

Por qué con nombre y apellido nos referimos en el párrafo segundo y lo repetimos en el tercero, a un título especial, a unos valores especiales gubernamentales mexicanos, los bonos de la Tesorería de la Federación o Tesobonos. ¿Por qué se inició este problema que ahora se nos presenta y que debemos resolver por vía legislativa?

Desde luego tenemos que decir que desde 1989 se emitieron títulos, los Tesobonos, que son valores indexados a divisas extranjeras y que tuvieron una buena acogida entre los inversionistas mexicanos y extranjeros, tanto personas físicas como corporativos.

Como había una afluencia reconocida por propios y extraños de capital del exterior, muy notable en 1993 y todavía muy fuerte en los primeros meses de 1994, hizo que no se detuviera esta emisión de Tesobonos, que iban a su vez sustituyendo a otro tipo de valores, Bondes, pagarés y Cetes, por supuesto.

Desafortunadamente pues, diré, nos fuimos de bruces ante los signos alentadores que presentaba la economía mexicana y también ante una creciente demanda de esos Tesobonos, para ajuste cambiario y para regulación monetaria. Entonces, en 1993 sobre todo, perdón, 1994, se colocaron montos muy altos, hoy con una perspectiva más fácil por supuesto, vemos que excesivos, exagerados estos montos, pero también se iban redimiendo otros valores gubernamentales.

El problema de los Tesobonos, a diferencia de Cetes o de Bondes, es que tenían, por ser indexados a una divisa extranjera, por supuesto en México por las mayores relaciones comerciales, estaban indexados a los dólares norteamericanos; viene la devaluación, la caída súbita, yo diría brutal, de los mercados financieros, se secaron, es la expresión usada por los que manejan esta jerga financiera, se secaron los mercados financieros cambiarios y entonces automáticamente las renovaciones de los Tesobonos que se venían dando sin mayor problema, diría yo, ahí sí automáticamente, se vieron suspendidas y eso retroalimentó mayor trastorno en los ya zarandeados mercados financieros.

No es que haya habido en 1994 un problema de sobreendeudamiento; tampoco se usó esta deuda interna para cubrir déficit fiscales; no es problema y tenemos que insistirlo, y además, es la verdad económica, no es problema de falta de recursos, es problema de liquidez. Es un problema en el cual lo que necesitamos es que esos bonos que se vencen en los próximos días, semanas, meses, en cantidades muy importantes y a los cuales hay que responder con dólares norteamericanos, que no tenemos, ya que las reservas fueron bajando poco a poco, y ya en el último momento fueron una caída vertiginosa, necesitamos cambiar el perfil de la deuda de esos Tesobonos para hacerlo no mayor en costo, tampoco menor en costo; el endeudamiento quedará en términos semejantes, pero sí con un perfil más fácil de pago, es decir, plazos para el pago de los mismos.

De ahí que por eso propuso el Ejecutivo, por eso hemos aceptado, ahora en un momento más les diré a ustedes con qué limitaciones hemos aceptado sustituir esa deuda hoy valuada, aparentemente, no tenemos un dato preciso si esto es lo que se va a pedir o va a ser menos de la cantidad, pero que hemos acotado en 26 mil millones de dólares, hemos aceptado que se cambie el tipo de deuda que es de vencimiento inmediato en los próximos meses, a vencimientos o a plazos largos que nos darán una mayor comodidad de pago, una posibilidad mayor de pago y una mayor facilidad del mismo, si ustedes lo aceptan.

No habrá aumento de deuda ni condiciones más onerosas. Con esto haremos esto: preservaremos el muy delicado crédito financiero de México y contribuiremos a una estabilización más rápida de los mercados.

Creo que es conveniente desglosar estos obstáculos en el camino de la economía mexicana; creo que todos los partidos, cualquiera que sea la ideología de los mismos, estamos de acuerdo en que es necesario recuperar ese crecimiento en que veníamos, esa baja inflación a la que habíamos llegado, pero para eso es necesario salir de esta terrible brecha que se nos abrió en materia de falta de divisas.

Como también, y ésta es una preocupación que fue, yo le llamaría apartidista o pluripartidista, también en las discusiones que tuvimos, tanto con los senadores como entre nosotros mismos en la Comisión de Hacienda, se vio lo importante que era hacer otra acotación: delimitar la posibilidad de que en el futuro el Estado mexicano, el Gobierno mexicano emita este tipo de valores, llámense Tesobonos o llámense de otra manera, indexados a divisas extranjeras, para que solo lo haga, son útiles, esto no hay duda, son valores que como una gama más de títulos debe haber en el mercado, pero debe ser limitada su emisión y también lo acotamos en la segunda parte del párrafo segundo del artículo que hoy vemos.

Creo que con estas acotaciones, con estas limitaciones y, sobre todo, con esta visión que acabamos de aceptar todos, podemos ver que la solución que se está dando es una solución favorable a la economía mexicana, que no hay el menor menoscabo en la dignidad del país; que lo que al acuerdo al que llegue el Estado, o a las posibilidades de emisión de nuevos valores para poder canjear o convertir los 26 mil millones de Tesobonos, si es que se llega a esta cantidad, lo cual tampoco es seguro, porque si las cosas mejoran, seguirá habiendo lo que es actualmente, lo que es la deuda interna; una deuda interna que está circulando y que va y viene.

Creo que con estas limitaciones, acotaciones, es el artículo 2o., tal como está presentado a su consideración, es un artículo que favorece a la economía mexicana, que resuelve una situación seria, muy grave y que nos permitirá ver con claridad todas las posibilidades, que son muchas, de nuestra economía. Gracias.

El Presidente:

Ha pedido hacer uso de la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández, para expresar un voto particular.

La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Creo realmente que ésta es una sesión trascendental por la naturaleza del debate, de lo que estamos debatiendo y por la situación tan crítica en que han dejado a la economía nacional.

El voto particular, con fundamento en lo que establecen los artículos 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta soberanía el siguiente voto particular en contra del dictamen que somete la Comisión de Hacienda y Crédito Público a la plenaria, con el objeto de reformar el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, aprobado en diciembre pasado, apenas hace un mes.

Las propuestas de política de deuda pública contenidas en el dictamen que se someten a discusión, aun modificadas en algunos aspectos respecto al texto que originalmente envió el Ejecutivo, son omisas en cuanto a información básica de las operaciones de crédito externo a la vez que incluyen elementos de enorme riesgo para el país, de tal manera que el documento no puede ser aprobado de ninguna manera por la Cámara de Diputados, si ésta mantiene cualquier otro criterio, el de la defensa de la soberanía nacional.

En primer lugar, en la nueva redacción propuesta para el artículo 2o. de la ley de ingresos, se solicita a esta soberanía en sus párrafos tercero, penúltimo y último, autorización para la más cuantiosa operación de contratación de nueva deuda pública externa que en un solo acto jamás haya pretendido Gobierno alguno en la historia de la nación y probablemente en la historia internacional.

Además, en el párrafo segundo del mismo artículo se solicita la autorización de nuevos y considerables montos de endeudamiento interno por la vía de la emisión de adicionales cantidades de Bonos de la Tesorería de la Federación.

Las pretensiones totales de nuevo endeudamiento del sector público mexicano contenidas en el dictamen, son del todo inconvenientes desde que se presentan en el contexto, de una situación de inocultables dificultades del Gobierno mexicano para cubrir adecuadamente los vencimientos de los actuales saldos de la deuda pública, en especial del tramo de la deuda interna, asociado a los llamados Tesobonos, lo que prueba palpablemente que el Gobierno no tiene en estos momentos la capacidad de pago necesario para aumentar sus niveles de endeudamiento interno y externo y no sólo en estos momentos, sino a mediano y a largo plazos no tienen la capacidad de pago para aumentar sus niveles de endeudamiento externo, debido a las cantidades tan grandes que se nos proponen.

En estas condiciones de incapacidad de pago del sector público mexicano, es imprudente que la Cámara de Diputados acceda a autorizar nuevos montos de endeudamiento externo al Ejecutivo, así sea disfrazados como conversiones de deuda interna. Si no fuera éste el caso, no se estaría solicitando el aval de un Gobierno extranjero.

Pero además, las operaciones de deuda pública externa solicitadas en el dictamen, representan algo más que el cuantioso incremento de las cantidades de deuda pública; significan también modificaciones en la naturaleza y calidad de la deuda.

En efecto, en una porción significativa de los saldos solicitados, la operación representa la transformación de deuda interna, irresponsablemente indizada al tipo de cambio con el dólar, pero comprometido hasta hoy en pesos mexicanos, pagaderos en nuestro territorio a los tenedores nacionales o extranjeros de dichos valores, en nueva deuda externa que el Gobierno mexicano se compromete a pagar en dólares a sus tenedores por un monto de 26 mil 500 millones de dólares, no es previsible que tengamos esa cantidad ni siquiera repartida en 10 años, ya que en 10 años serían 2 mil 650 millones de dólares anuales, sin contar los lesivos intereses que leemos en la prensa, con los que se están contratando los Tesobonos y que la hacen literalmente impagable.

Igualmente el cambio de la calidad de la deuda se expresa en la transformación de la deuda interna comprometida hasta hoy por el Gobierno mexicano ante particulares, en una línea de garantías de crédito externo, comprometido ante otro Estado soberano, que es ni más ni menos la primera potencia económica, política y militar del mundo con innegables pretensiones hegemónicas que son desconocidas totalmente por el actual Secretario de Relaciones Exteriores.

Es evidente que en caso de incumplimiento, las sanciones económicas y legales de los particulares ante los estados, siendo existentes son limitados al ámbito del derecho privado, y que en cambio las posibilidades legales, económicas y aún de otro tipo entre Estado soberano, son de mucho mayor alcance y riesgo.

En este sentido, la política de deuda propuesta en el dictamen, debilita las posibilidades de defensa legal y diplomática del país, ante la eventualidad de mayores dificultades económicas, y es ingenuo afirmar que este trato entre estados soberanos, asimétricos y de muy diferente fuerza y potencialidad, carece de implicaciones políticas o puede carecerlas.

Aquí, el diagnóstico del Gobierno sobre la crisis ha fallado gravemente al admitir sólo la importancia de la creciente dimensión que progresivamente fueran alcanzando los déficit de la cuenta corriente durante los años pasados, hasta llegar a su actual e inmanejable nivel.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los déficit acumulados de la balanza de pagos ascendieron a 100 mil millones de dólares.

Díganme ustedes si la economía mexicana podía soportar esta carga, mayor que el de toda la deuda pública externa que se debía al 31 de diciembre de 1994, o sea, al final de su mandato.

Y sin embargo, se continúan subestimando, sin admitirse los enormes riesgos que implica para el país la extrema dependencia respecto al ahorro externo en que se ha colocado a la economía mexicana.

Sube aquí el licenciado, el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, a machacarnos que se trata de un problema de liquidez, no, aquí la gravedad de las situaciones que no es un desequilibrio, sino son dos, uno de liquidez, que es que el Gobierno no tiene para pagar los compromisos contraídos el año pasado de los Tesobonos, y de otro desequilibrio más profundo, otro desequilibrio fundamental, reflejado en el desequilibrio de la balanza de pagos, que no es más que el reflejo del desequilibrio de las cuentas de los particulares y lo hace carteras vencidas, quiebras de empresas pequeñas y medianas, apuros de todos los mexicanos, que fue el resultado de la política de equilibrar las finanzas públicas, sin fijarse en el desequilibrio que se producía en el resto de la economía.

El PRD reitera en este momento su advertencia, de que la extrema dependencia de la tasa de desarrollo nacional al flujo de cuantiosos capitales del exterior, ha sido un grave y riesgoso error de la estrategia económica neoliberal. Esta equivocada política ha aportado, ¿qué es lo que le ha dado al pueblo mexicano esta política de 12 años?, y ya vamos en el treceavo Insuficientes tasas de crecimiento y un elevado nivel de endeudamiento externo del país, hasta el punto actual en que la economía mexicana, una vez más, y como ocurrió desde 1982, no puede sostener simultáneamente el servicio de la abultada deuda externa y las tasas de crecimiento indispensables, para generar las cantidades necesarias de empleo y satisfactores para la población nacional. Además se ha profundizado la vulnerabilidad y la dependencia de la economía mexicana al exterior.

Ante esta situación, en el dictamen sometido a discusión, el Gobierno pretende incurrir en nuevos endeudamientos externos para buscar solución a la crisis, sin reparar en que la economía ha caído ya en el círculo vicioso de requerir cuantiosos nuevos créditos en divisas, no para financiar el crecimiento, la inversión y el consumo, sino para apenas mantener los pagos del servicio de una deuda irresponsablemente contratada.

Porque todas estas angustias y todos estos apuros, ¿para qué son? Para que el Gobierno tenga dinero para pagar a los tenedores de Tesobonos, una deuda indexada al tipo de cambio que claramente no puede sostener.

Y ahora vayamos más al fondo del problema, frente a este privilegio en que los tenedores de Tesobonos si están a salvo de la devaluación, ¿cuál es la situación del resto de los ahorradores, del resto de los que invirtieron en valores públicos y privados en el mercado nacional? Pues el resto de los ahorradores se tienen que tragar la devaluación, mientras que todo fue para que los tenedores de Tesobonos se salven y tengan un privilegio que se les niega al resto de los inversionistas.

En este sentido, el dictamen que se encuentra a discusión, no menciona además una sola palabra respecto a las bases y condiciones sobre las cuales el Gobierno mexicano debe contratar los nuevos créditos y establecer las garantías que los amparen.

Bueno, esto ya parece que se corrige con la cláusula que acaban de someter a la discusión, pero es muy importante que esto se sepa y así estaba el dictamen.

Ahora bien, vamos a las otras cuestiones. Vamos al hecho de que el Gobierno mexicano requiera de las garantías de un gobierno extranjero para respaldar emisiones de títulos de deuda externa, con las enormes cantidades que se proponen en el dictamen, ciertamente es inédito en la historia del país y del todo inconveniente y riesgoso.

Yo espero que con esta enmienda que se acaba de presentar o con esta visión, haya tiempo para que se reflexione sobre lo peligroso de esta situación y que la ruta neoliberal no es la ruta del crecimiento ni de la generación de empleos, ni del equilibrio externo ni del interno, y que resuelvan y finalmente adopten un modelo de desarrollo diferente al que ya cesaron, que tal parece que no saben otra tonada más que la neoliberal y la de recurrir al mercado externo de capital.

En vista de todo lo señalado, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pronuncia en contra del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y hace un llamado a los legisladores de otros partidos, para que no convaliden con su voto aprobatorio el conjunto de medidas que integran el más riesgoso paquete de políticas de endeudamiento externo que haya sido sometido a aprobación del Congreso mexicano en la historia moderna del país.

Señores: el país no tiene capacidad de endeudamiento externo por el volumen que se está solicitando. Hacemos un llamado para buscar conjuntamente soluciones y políticas alternativas a la serias dificultades económicas que confronta el país sobre la base de la escrupulosa defensa de la soberanía nacional y del nivel de vida de nuestra población. ¡Democracia ya! ¡Patria para todos!

El Presidente:

Han solicitado hacer uso de la palabra los diputados Mara Robles, Serafín Núñez, Víctor Manuel Quintana, Manuel Beristáin, Luis Sánchez Aguilar, Cándido Pérez, Raúl Livas, Juan Antonio García Villa, Saúl Escobar y Marco Antonio Michel. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Mara Robles.

La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:

Señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Nuevamente se ha puesto a prueba el respeto a la Constitución, el apego a las leyes que aquí mismo han sido promulgadas y hasta la integridad misma de los que hoy somos diputados.

Nuevamente, porque las últimas legislaturas han desfigurado el espíritu del Constituyente, y, ahora, en uno de los pocos pilares que se sostiene el principio de la soberanía, pretende recargarse sin contrapesos 40 mil millones de dólares.

Ser soberano hoy, más allá de los conceptos teóricos, quiere decir el derecho a poseer, a usar y a disponer de todas nuestras riquezas, de la vastedad de todos nuestros recursos naturales y de todas nuestras actividades económicas. Pero la soberanía para nuestro país, no pocas veces amenazada, tiene una dimensión política e ideológica, nos cohesiona, nos integra en una cultura de nación.

Pero, compañeros diputados, no basta tener atrás de esta tribuna dos grandes lábaros patrios, la soberanía se reconquista en cada negociación, en cada impedimento a que se exploten injustamente, como en los antiguos imperios, a nuestros recursos naturales. Pero siempre que acude una crisis sobreviene una discusión entre quienes afirmamos que la nación está perdiendo soberanía y quienes dicen que sólo se acentúa la interdependencia económica.

Pero ésta, no es esa ocasión, esta vez el país está en vilo, justo porque bajo amenaza se debate entre la entrada a la puerta falsa de la modernidad globalizadora y la temeraria salida de un gran círculo vicioso de mentiras que sobre estos asuntos se están difundiendo.

Nosotros sabemos por qué el Gobierno ha llegado a este límite; sabemos quiénes han sido los beneficiarios y, alguno de ellos, si aún queda algo de justicia en este país, pronto habrán de enjuiciarlo.

Pero esta nueva Ley De Ingresos plantea una salida desesperada ante la crisis; está contenida en ella una gran cantidad de confusiones, porque la verdad de su significado es a todas luces incorrecto, vulnerable y sobre todo, violatorio de nuestra propia Constitución.

Hasta ahora, la medida propuesta consiste, como se ha dicho en abundancia, en obtener el aval de hasta 40 mil millones de dólares del Gobierno estadunidense para garantizar el vencimiento, el pago al vencimiento de los Tesobonos que de ser emitidos en papel mexicano, pero indexados a la cotización del dólar, ahora han pasado a ser una maravilla, porque además con altísimas tasas de interés serán pagaderos en dólares y el Gobierno mexicano es capaz de todo para asegurar el cumplimiento de su pago.

Esta operación ha parecido como compleja, ha tenido demasiados tecnicismos, pero se reduce a lo siguiente: a que México adquiere la mayor de las deudas contraídas en la historia del mundo, con un acreedor que no es un organismo internacional ni un inversionista privado, sino que se trata del Estado, nada menos que del Estado del norte y no es para inyectarle recursos frescos a nuestra economía, ni para construir infraestructura o para invertir, ni tampoco para regular el valor de la moneda, sino simple y llanamente, para garantizar un pago a los estadunidenses de nuestras obligaciones a corto plazo, de lo que era una deuda interna contratada en pesos, será ahora en dólares.

Y jurídicamente, el derecho financiero así lo establece, para que un banco otorgue un aval se necesita de por medio un crédito.

Pero en la vida real, ¿esto qué significa? Significa que se vuelve a aplazar el mejoramiento de la salud, el mejoramiento de la educación, el mejoramiento de la alimentación y de los derechos más elementales del pueblo mexicano.

Y sabemos que ese crédito, el que va a emitir el Gobierno de México en estricto sentido, pero que necesita del aval de Estados Unidos, va a costar, y sin embargo, no nos han dicho la verdad, no nos han dicho cuánto exactamente va a costar, porque este crédito que cambió cualitativamente, repito, nuestra deuda interna a deuda externa, incrementó también aproximadamente el 60% de su valor y sin cortapisas nos estamos endeudando; y endeudamiento económico también significa compromisos de soberanía.

La mecánica también se ha abundado, consiste en que cuando se anuncie que no tenemos capacidad de pago, los estadunidenses tomarán libre y legalmente de nuestras cuentas, el costo y el monto de nuestras exportaciones por petróleo.

Autorizar en endeudamiento externo disfrazado de aval mediante la reforma al párrafo segundo del artículo 2o., de la Ley de Ingresos, equivale a aceptar que el Gobierno de los Estados Unidos se entrometa en los asuntos internos, económicos y políticos de este país.

Pero no es la culpa de Estados Unidos, porque ellos se han ofrecido a ser el aval de sus propios intereses, por más que nuestra censura siga patente. Ellos están dispuestos a apostar el monto más alto conocido en la historia, porque está garantizando su propia inversión; pero a su vez la está garantizando con una evidente riqueza, con nuestros recursos, con nuestro trabajo.

Pero en estos momentos, comités y consultores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, están reunidos frente a un mapa de la República mexicana, estudiando con calma ¡que diferencia! Están mirando la profunda miseria de millones de mexicanos, están mirando también las todavía pruebas del fraude electoral; están mirando los ojos que se asoman bajo los pasamontañas; están mirando nuestra casi nula planta productiva; están mirando morir de desahucio a nuestras universidades. Pero en todo ganan en esta transacción; en todo ganan, porque han liberado su más alto sentido expansionista, no se limitan, han decidido opinar sobre todo y sobre lo que José Angel Gurría les recomiende que agreguen. Porque a eso se dedica: "a ir a informar".

Tienen días ya entintando nuestros periódicos, los condicionamientos sobre la política económica. Nos urgen a no olvidar depositar el último reducto de nuestras empresas nacionales; que va a caernos muy bien deshacernos de esos lastres: como la propiedad de la luz, el petróleo y las vías de comunicación de telecomunicación de satélite.

Nos apremian a vendérselas. Quién podría ser si no menos oportuno; pero nosotros ya conocemos esa experiencia y nosotros ya sabemos que el malbaratamiento de nuestras empresas sobre el punto que tañe a esta venta no ha logrado sacar de la crisis a nuestro país. Sería tropezar nuevamente con la misma piedra.

Opinan también y condicionan nuestra política energética. ¡Qué mejor negocio para Estados Unidos, si nosotros extraemos, producimos y vendemos y ellos deciden los depósitos del valor de nuestras exportaciones petroleras en sus cuentas de la reserva federal!

Asimismo, demandan que México acepte el incremento de las actividades de la patrulla fronteriza para detener a los que aún continúan llamando ilegales. ¡Algo tendría que aportar el espíritu de Wilson!

Pero voy a centrarme en lo que ahora el aspirante a Secretario de Hacienda y Crédito Público, venido a canciller, nos dijo ayer.

Ha reiterado que el Gobierno mexicano no tocará ningún tema que pudiera implicar a la soberanía nacional y que eso no ha estado ni está a discusión.

Entonces, señores diputados, lo que ustedes tienen en la mano es otro documento; entonces vemos otra televisión; entonces hay un sustituto de Clinton en los micrófonos diciéndonos mentiras; ¡pero, bueno, los secretarios en sí son etéreos y hábiles, porque no les pesa ni un solo gramo pasarse días enteros en Washington, sin consulta de éstos, que no somos sus subordinados! ¡Sin tiempo para informarle a detalle de cuáles son las verdaderas intenciones de los estadunidenses!

¡Cuáles son las condiciones que estos secretarios han acordado! ¿Cuál secretario? ¡Es indiferente!

Dice Gurría: "que en todo esto no se está discutiendo el problema de la soberanía, que no hay nada". Sin embargo, quiero decirles como el día de hoy aparece publicado en el periódico, que los oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores rompieron con el protocolo de esa institución diplomática, entregando sobres con dinero a algunos periodistas para que le bajaran de tono a la visita de Gurría, a la Cámara de Diputados.

Porque ayer los diputados le cuestionamos con seriedad, con firmeza, sobre cuáles eran los acuerdos que estaban firmando. ¡Y él se dedicó, por el contrario, a corromper! Vamos a solicitar que se investiguen estos ilícitos, ¡porque no podemos tener alguien que engaña y que corrompe, al frente de nuestras relaciones con el exterior!

Y tenemos dos diagnósticos sobre si podemos o no pagar. ¿Quién que nos representa ha dicho que sí a que México deposite en una cuenta especial de la reserva federal de Estados Unidos nuestras facturas anticipadas? Es insustancial que digan que no va a venderse Pemex, si nosotros vamos a entregar en los hechos a los intereses de otro país el manejo de un recurso vital para nuestro desarrollo independiente.

¿Quién no conoce el significado de soberanía y que ha aceptado comprometer nuestros niveles de exportación de crudo? Al otorgar esta fianza, valga la redundancia a nuestro propio aval, las exportaciones petroleras son ahora propiedad de los Estados Unidos. Ellos dirán cómo se maneja. Ellos dirán cómo y a quién se vende, cómo se nos paga. Quedarán comprometidos los volúmenes de los ingresos de 10 años de exportación petrolera, aproximadamente.

Los precios no van a perjudicarle. De cualquier manera. Si suben van a pedir el pago en especie y si bajan, van a pedir que les paguemos en dólares; ¿y en qué país eso no significa ceder el control de los recursos naturales a otro país?

Entraré ahora a las implicaciones que esto tiene en términos de nuestras relaciones con otros países soberanos.

Según el derecho internacional, en lo que se refiere a las responsabilidades de los estados, éstos tienen la obligación de asumir todas las consecuencias jurídicas derivadas de sus actos. De manera que los préstamos entre estados son parte de una relación internacional y como tal derivan en la convivencia entre las naciones.

Nosotros estamos sosteniendo, sin ser consultados, una negociación que sienta el precedente de una negociación condicionada, que traerá gravísimas consecuencias para nuestra condición de estado soberano. Las negociaciones financieras son también política exterior y la soberanía de un país sólo puede estar a salvo si se mantiene su autonomía económica, si su desarrollo no está subordinado a otra nación.

La soberanía de México implica que tiene como condición fundamental una diversificación de nuestras relaciones económicas y políticas con los distintos estados del mundo. Los gobiernos de México y, particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, han abandonado esa diversificación y profundizan con sus actos cada día más la dependencia de México a Estados Unidos.

Cómo va a ser garantía para nosotros que digan que no van a reabrir el TLC, cuando justamente hemos planteado que lo que hay que hacer es reabrir el TLC, porque las prioridades estuvieron siempre trastocadas, porque los seres humanos estuvieron siempre al final y estuvieron por delante, siempre malas transacciones económicas.

Benito Juárez, señaló que con la restauración de la República se trataba de una segunda independencia. Yo les pregunto a ustedes ¿si no es que será un nuevo momento para redefinir nuestra soberanía? No podemos negar los cambios del mundo; pero lo que no podemos negar es a nuestra propia patria, haciendo como que desconocemos las consecuencias de un condicionamiento de esa magnitud.

Pero, finalmente, todo ya es público, finalmente Clinton ya dijo que sabe que no es muy popular que lo diga, pero que tiene que actuar y no para el bien del pueblo mexicano, sino para beneficio de millones de estadunidenses cuyos ingresos están relacionados con el bienestar de México. El dice que van a aprobar el paquete porque está en su interés.

Diputadas, diputados: ¿Cuál es nuestro interés? ¿Cuál es el interés del Gobierno mexicano? ¿Por qué no adicionamos a lo que hoy se ha planteado aquí, como una primera propuesta de reconsideración, en términos de reconocer las propias facultades de este Congreso? ¿Por qué no planteamos también nosotros un comité conjunto del Senado y de la Cámara de Diputados, para conocer a detalle cuáles son el diagnóstico y las posibilidades de nuestra propia economía? ¿Por qué no va ese comité a entrevistarse con los que están también trabajando en Estados Unidos? ¿Por qué no asumimos nuestra condición de mayores de edad en una negociación? ¿Por qué nos avergonzamos de tener la capacidad de decirle que no al Presidente, como es poder de esta soberanía?

Pero como no hay claridad todavía en estas respuestas, yo los invito a que reconsideremos la posibilidad de esperar, de darle tiempo a la nación para que pueda consolidarse como lo que es: la patria de todos los mexicanos.

No podemos seguir avalando graves errores en la negociación. Ya no sabemos si comparecerá el Secretario de Relaciones Exteriores, porque si sigue negándose a informar, que ponga sus barbas a remojar; pronto, pronto puede caer.

Yo propongo que aterricemos nuestras intenciones de defender la soberanía, negándonos a aprobar un proyecto a todas luces antipatriota. Propongo que restablezcamos la legalidad y la soberanía de este Congreso. Digamos sí a una economía para todos los mexicanos, poniendo por encima de los intereses de un gobierno o de un grupo de empresarios, los de toda la nación. Esa es nuestra responsabilidad y habemos muchos que no tenemos ningún temor a elevar anclas. Gracias.

El Presidente:

Quisiera hacer un pequeño paréntesis e instruir a la Oficialía Mayor, para que el voto particular que escuchamos de la diputada Ifigenia Martínez, así como los demás que pudieran presentarse, se inserten en el Diario de los Debates. *

Estando ya a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto, con la adición propuesta por el diputado Francisco Suárez y Dávila, a nombre de la Comisión de Hacienda y apoyada por los grupos parlamentarios, continuamos con la discusión.

Tiene la palabra, el diputado Serafín Núñez Ramos.

(*) El voto particular se encuentra publicado al final de esta edición (Apéndice 1)

El diputado Serafín Núñez Ramos:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Es preciso reconocer que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre la propuesta de modificación a la Ley de Ingresos de la Federación, contiene algunas mejoras sobre la propuesta original del Poder Ejecutivo como la imposición de límites más precisos a la autorización de convertir Tesobonos en deuda externa, pero también, debemos decir que comparada con la magnitud de los requerimientos de reforma impuestos por la crisis, tal mejora resulta completamente secundaria y no altera casi para nada la insuficiencia y la peligrosidad de la iniciativa.

Como la propuesta del Ejecutivo la antecedió, el dictamen de la comisión continúa teniendo dos vicios de fondo que la inhabilitan como instrumento idóneo para afrontar la crisis.

Primero, la limitación del proyecto estriba en que circunscribe la reforma a un único problema, la conversión de los Tesobonos en instrumentos de deuda externa a mayor plazo, a tiempo que omite la necesidad de instrumentar un conjunto de reformas fiscales acordes con la urgencia de la coyuntura crítica por la que atraviesa la economía nacional.

El Partido del Trabajo reconoce la gravedad de la situación que plantea la insuficiencia de las reservas en divisas del país para afrontar el calendario de vencimientos de Tesobonos, así como la necesidad de que el Poder Ejecutivo cuente con instrumentos legislativos que le permitan negociar con los inversionistas extranjeros. Estamos preocupados por los riesgos que entraña la prolongación de la inestabilidad financiera actual, que mantiene al país en la perspectiva del desastre. Esta fase de emergencia debe ser superada para conjurar los peligros de la desestabilización total, por todo lo que esto representaría para la sociedad en su conjunto y para el futuro de la nación.

Pero consideramos que ello no resta importancia y urgencia a las numerosas reformas a la Ley de Ingresos que debieron discutirse, como es el caso de la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, la imposición de gravámenes al consumo suntuario, la reducción de la carga fiscal que grava a los trabajadores y pequeños empresarios o el establecimiento de normas que desalienten los incrementos injustificados de precios o la especulación y motivan la reinversión de utilidades o la inversión productiva, por solo citar algunas de las cuestiones más importantes que exigen urgente tratamiento.

Estos problemas son importantes, no sólo en sí mismos, sino como parte de una política fiscal y global para afrontar la crisis, de la cual no puede separarse de ninguna manera, el problema del endeudamiento externo.

Segundo, a esta limitación del proyecto se suma el peligroso tratamiento que da a la conversión indiscriminada de Tesobonos en deuda externa, que implica nada menos que la ampliación de la deuda pública con el exterior en 26 mil 500 millones de dólares, cerca del 35%. A este respecto, puede discutirse la conveniencia de convertir la deuda con los inversionistas extranjeros que controlan el 60% de los mencionados bonos, dado que lo contrario podría conducir a una moratoria internacional de pagos que afectaría gravemente el crédito internacional del país; pero, señores diputados, ¿por qué incluir en el mismo paquete los Tesobonos en poder de la banca mexicana por más de 10 mil millones de dólares que constituyen el 40% del total? En relación a esta parte de la deuda en Bonos de la Federación, el Gobierno mexicano dispone de mecanismos para imponer a la banca nacional el pago en pesos. El Partido del Trabajo considera que no hacer esto, constituye un nuevo regalo a los oligopolios bancarios, que no puede separarse del que el Gobierno Federal está proponiendo hacer a través del llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que discutirá esta cámara en las próximas horas.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, no está de acuerdo en continuar regalando dinero del pueblo mexicano a la banca y exige una nueva política al respecto.

Así como este Congreso puede ahora asumir el papel que la Constitución le otorgara en relación al endeudamiento del país, el Gobierno debe y puede atar las manos también de los banqueros mexicanos en esta emergencia nacional.

Estamos señoras y señores, lejos de demandar que México se declare en moratoria de pagos y menos que se declare en quiebra, que cierre sus fronteras o que estatice su economía. En estos momentos decisivos en que se juega el futuro de este país, no vamos a predicar ni la desesperación, ni la desesperanza. Queremos, a partir de una serena y lúcida visión de la crisis que azota a este país, comprometernos en la búsqueda de una salida que reduzca los sufrimientos de los trabajadores mexicanos y preserve la soberanía de la nación, lo que estamos pues pidiendo es una nueva política económica que favorezca a la producción, al empleo y a la economía popular; una política firme frente al capital especulativo y el oligopolio bancario, una nueva política que no juegue con el bienestar del pueblo mexicano y no ponga en riesgo la soberanía de la nación.

Señoras y señores, por las razones expuestas, el Partido del Trabajo votará en contra del dictamen de la comisión en lo general, si el Gobierno no es sensible a nuestro reclamo de hacer que este por ciento de la deuda en Tesobonos en manos de los banqueros mexicanos, sean pagados en pesos y destinados a la propia recapitalización de la banca o a inversiones productivas en nuestro país.

Por otro lado y, desde luego expresamos nuestro voto particular a favor de la visión presentada que afirma la soberanía de esta cámara. Gracias.

El Presidente:

En el uso de la palabra, para hablar en contra del dictamen, el diputado Víctor Manuel Quintana. Tiene el uso de la palabra por 15 minutos.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Voy a presentar y lo consideramos un deber patriótico hacerlo ante esta soberanía, el borrador de la discusión de las dos cámaras de Estados Unidos, sobre el paquete de rescate a la economía mexicana.

Resulta contradictorio o resulta muy consecuente con la manera como obró el Gobierno Federal en el Tratado de Libre Comercio, que no sea el Secretario de Hacienda, ni el Secretario de Relaciones Exteriores, quien entregue a esta soberanía estos documentos que comprometen seriamente la soberanía de la nación.

Los imberbes diputados o representantes y senadores norteamericanos, lograron escabullir de las barbas mismas del Secretario de Relaciones Exteriores, este documento.

Señor Presidente, pido que se incluya como un anexo al debate, este borrador de discusión que tiene por nombre "borrador de discusión para la Cámara de Representantes y el Senado, sobre el acta de estabilización de la economía mexicana 1995".

El Presidente:

Se toma nota de su petición, señor diputado.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Voy a ubicar el documento, se trata de un borrador de discusión elaborado no por cualquier representante, sino por el representante James Leach, presidente del comité de banca de esa cámara, pero con todo el apoyo del senador Robert Dole, presidente de la mayoría republicana en el Senado. En él se habla de los paquetes de garantías que aquel Gobierno otorgará al Gobierno de México.

A pesar de ser éste un borrador, señalan los analistas que tiene grandes posibilidades de ser aprobado por las dos cámaras, con algunas ligeras modificaciones, por la razón de que está siendo apoyado por el líder de la mayoría y por el representante Leach, de indudable influencia en la cámara de representantes.

Además, las presiones de Wall Street y del Tesoro hacen que el presidente Clinton, que no sería tal vez muy entusiasta partidario de esta versión del documento, tenga que apoyarlo y con él tendrían que apoyarlo muchos demócratas moderados, para no dejar solo a su Presidente.

Tenemos pues, una versión en las manos y se les ha entregado a ustedes una copia, una versión muy cercana de lo que será el acta o la Ley de Estabilización de la Economía Mexicana 1995; y la misma denominación de este documento, debería bastar para indignar las conciencias patrióticas y nacionalistas.

Cómo es posible que en un Congreso extranjero se legisle sobre la conducción de nuestra economía; cómo es posible que incluso este acto básico de la soberanía se nos enajene. Para el Congreso de los Estados Unidos, la crisis económica que vive México es de suma gravedad. Cito literalmente:

"Un deterioro continuo en el valor de cambio del peso mexicano y en la fuerza de la economía mexicana y la espiral inflacionaria resultante de este deterioro, tendrá serias ramificaciones para la salud económica y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Incluso, afectará adversamente los esfuerzos para prevenir la inmigración ilegal a los Estados Unidos desde México.

Los legisladores norteamericanos están sumamente preocupados, porque de no controlarse la crisis actual, les traerá muy graves consecuencias, presionará a la baja los salarios y los empleos en aquel país del norte; dañará seriamente las exportaciones norteamericanas, pues dislocará el sistema financiero internacional y desestabilizará los crecientes mercados emergentes en todo el mundo; también disminuirá los empleos relacionados con la exportación, e incrementará el número de inmigrantes a los Estados Unidos."

Por eso, cunde el nerviosismo y se prenden los focos amarillos y rojos para los norteamericanos, e insisten:

La posible crisis financiera de México presenta riesgos únicos y excepcionales a la seguridad nacional y a los intereses económicos de los Estados Unidos.

No es pues, compañeras y compañeros, nuestra suerte como nación lo que les interesa, lo que tiene sin sueño a los norteamericanos; lo que les preocupa es que nuestra crisis sea el detonante del estallamiento del sistema financiero internacional, que tiene en los Estados Unidos a sus principales beneficiarios. Este, compañeras y compañeros, éste es el tamaño del miedo de los norteamericanos.

En este contexto es como se autoriza al Presidente norteamericano a emitir el paquete de garantías que asegure los títulos emitidos por el Gobierno de México, para fortalecer su divisa, nuestra divisa y estabilizar el sistema financiero de México hasta por 40 mil millones de dólares.

No voy a ascender a detalles técnicos; ya se ha hablado bastante de ellos, se ha hablado incluso de las cuotas establecidas que establecerá el presidente Clinton por este paquete, yo voy a hablar de las cuotas, de los condicionamientos que en él se establecen.

A pesar del gran riesgo que este mismo documento menciona que corre la economía norteamericana, los Estados Unidos se aseguran el pago de sus garantías mediante el acuerdo que contempla que México debe poner disponibles los recibos de las exportaciones petroleras en una cuenta del Banco de la Reserva Federal en Nueva York. Esta condición, de por sí, representa la hipoteca de nuestro petróleo; tal vez sea la más conocida, pero no es la única ni la menos grave de las que establece la iniciativa de ley.

En el documento no se dice: el Gobierno mexicano se comprometerá, en ella se dice: el Gobierno mexicano se ha comprometido has commited a lo siguiente: se ha comprometido a usar garantías para estabilizar los mercados financieros y cambiarios, facilitando el pago de instrumento de deuda a corto plazo emitidos por él. El Gobierno de México, se ha comprometido a realizar un plan financiero que describa cuál es el uso pretendido de los títulos que van a garantizar y poner a disposición del buró de gobernadores de la Reserva Federal y otras agencias gubernamentales, los datos referentes a la oferta monetaria, así como a reportar continuamente la marcha de ese plan financiero. El Gobierno mexicano, según ese documento, se ha comprometido a asegurar la autonomía del Banco de México, a llevar a cabo una estricta política monetaria.

Ahora resulta, compañeras y compañeros, que el Banco de México sí va a ser autónomo del Poder Ejecutivo, pero va a ser dependiente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se ha comprometido a llevar a cabo una política monetaria y crediticia antiinflacionaria, para asegurar un estricto control de la expansión del crédito y una restricción disciplinada de la masa monetaria, para mantener el peso fuerte.

Es paradójico que ahora quienes luchan como perros, por nuestro peso, sean los vecinos del norte. El Gobierno se ha comprometido a llevar más allá la implementación de un programa de privatizaciones, para transferir a manos privadas las empresas que el Gobierno posea o controle. El Gobierno de México, se ha comprometido a seguir eliminando las limitaciones para que las instituciones financieras de los Estados Unidos operen sin obstáculos en México.

El Gobierno de México, se ha comprometido a permitir el ingreso de inversiones directas a México y en la retratación de las inversiones de México a los Estados Unidos, a examinar y a implementar medidas diseñadas para ampliar las oportunidades para los trabajadores, los granjeros y los negocios norteamericanos.

El Gobierno de México, se ha comprometido a llevar a cabo una rigurosa política fiscal para facilitar el ajuste de sus cuentas externas y el crecimiento sin inflación.

Pero no sólo en lo económico, el Gobierno de México ha sido generoso en sus compromisos, también se ha comprometido a proteger la integridad de la frontera, a aumentar sus esfuerzos contra la criminalidad y la violencia en esa zona; a hacer expedito el procesamiento de las demandas de traslado a México, de México a los Estados Unidos, de los prisioneros; a repatriar a los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos; a implementar con eficacia los tratados de extradición, etcétera.

El Gobierno de México se ha comprometido a liberalizar el régimen aduanero para las mercancías norteamericanas y como dicen ellos, y que lo traduzca Marco Rascón, last, but not least, el Gobierno de México se ha comprometido, según la opinión de la Cámara de Representantes, a cancelar la asistencia incluso y el perdón de las deudas a los países que se han rehusado a celebrar elecciones multipartidarias.

El Senado, en su versión del documento es menos sutil y señala con todas sus letras: "el Gobierno de México se ha comprometido a retirarse de proporcionar ayuda a Cuba", incluyendo perdón de deuda, a no ser que el Presidente, por supuesto de los Estados Unidos, pueda levantar esta limitación como consecuencia de la transición a la democracia en ese país.

Compañeras y compañeros, intelligenti pauca dice el proverbio latino: "a los inteligentes les bastan pocas palabras". El texto de por sí es elocuente, ¿qué soberanía nos quedaría después de aceptar estas condiciones? ¿Qué soberanía cambiaria, qué soberanía aduanal, qué soberanía de política interna, qué soberanía de política exterior?

Esto es sumamente grave, grave en la medida en que el documento repite hasta el cansancio que todas estas sesiones de soberanía son compromisos del Gobierno de México.

Aquí hay alguien que miente, o miente la redacción del documento y los compromisos no existen, o quien los hizo pasando sobre nuestra Constitución y nuestras instituciones, no nos ha informado. La República exige una explicación. ¿Cuáles son los compromisos contraídos con el Gobierno de los Estados Unidos y quién los autorizó?

Nuestras conclusiones. Este plan, acta o ley, es una medida inmediatista para disminuir las pérdidas que las casas de bolsa y de inversión norteamericanas con gran exposición en nuestro país sufren por la devaluación del peso. De no revaluarse nuestra moneda, Mary Leach y Golman Sax pueden tener pérdidas del orden de 700 millones de dólares cada una.

Hay que recordar que el nuevo Secretario del Tesoro, Robert Rubín, fue copresidente de Golman Sax, por lo que es lógico pensar que hay un claro conflicto de intereses en su intervención para rescatar a sus socios en los negocios que emprendieron en México.

Con esta ley nuestra política monetaria, financiera, de deuda externa estaría sujeta a la aprobación trimestral del presidente de los Estados Unidos. Con este plan, dice The New York Times, el jueves 20 de enero, "muchos congresistas de ambos partidos de Estados Unidos, ven la oportunidad de ganar concesiones de México, que no pudieron obtener en 1993 con la firma del Tratado de Libre Comercio".

Este plan, que quede bien claro, no es para salvar la economía mexicana, pues se dejan intactas las estructuras que llevaron al desastre, son nuestros salarios, son nuestros empleos, son nuestros recursos naturales los que van a pagar para que no se vaya a pique el modelo económico que ellos nos impusieron, que nos llevó a todos a la quiebra y que amenaza con precipitar las ganancias de ellos al despeñadero.

Este es su plan de rescate, pero de rescate de Wall Street y del sistema financiero internacional con cuenta al pueblo de México y en la muy probable eventualidad de que fracase, la cuenta también se pasará a los contribuyentes norteamericanos.

Esta acta, lo que los congresistas norteamericanos están proponiendo y eso se los digo a los compañeros que tienen mucho apuro, no es un acta de estabilización de la economía mexicana, ésta es un acta de rendición del Gobierno mexicano.

Compañeras y compañeros: yo quiero creer que en este Congreso habemos 500 patriotas; yo quiero creer que va a ser una reacción firme nuestra y del pueblo de México lo que detenga este ominoso paquete, esta ominosa ley, que una vez más entrega nuestra soberanía.

Yo quiero creer, yo quiero aceptar la invitación que hizo antier el diputado Levín Coppel, de unirnos en estos momentos de crisis; pero unirnos en torno a esta acta no sería unidad, diputado Coppel, sería complicidad.

Yo los invito a que nos unamos, como decía mi compañera, la diputada Mara Robles, para buscar una solución nacionalista, patriótica y popular a la crisis; y los invito que nos unamos, que consultemos a nuestro pueblo para que esta soberanía rescate su origen; yo los invito a que ante esto nuestra propuesta sea una propuesta soberana, porque está basada en la consulta del pueblo.

Hagamos que el pueblo mexicano crea que en estos congresistas que eligi ó tiene depositada un poco de su esperanza.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Oscar Levín Coppel, por cinco minutos.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Acabamos, seguramente de buena fe, haciéndole el juego precisamente a los intereses norteamericanos. Hemos creado aquí en esta sala fantasmas y luego nosotros mismos los hemos pateado.

¿De qué estamos hablando aquí? Aquí hay un documento que es un documento no oficial, como muchos otros, yo voy a invitar al compañero que me antecedió en la palabra, porque estoy seguro que lo hizo de buena fe, a enseñarle varios, que tengo en mi oficina, en este mismo tenor.

Este documento compañero, perdón, quiero que quede esto muy preciso y muy claro, en este mismo tenor hay, no sólo esta propuesta aparentemente de los congresistas norteamericanos, sino que existen otras peticiones más importantes que las que se están comentando aquí, que las hemos comentado y que las dije aquí en esta misma tribuna, como que perdiéramos nuestra autoridad monetaria con un consejo monetario o que todas las compras las hiciéramos con el Exibank o muchos otros condicionamientos de ese tipo.

Lo que yo le quiero comentar y se lo quiero comentar con la fuerza de un Congreso que todos aquí nos hemos puesto de acuerdo y que yo sí estoy en el punto de que aquí hay 500 nacionalistas, la propuesta de los diputados de este Congreso y de esta cámara, es que no aceptaremos ninguna condicionalidad de ningún tipo más allá de la estrictamente económica y financiera; y en eso está comprometido todo este Congreso.

Siguiente situación y quiero que quede muy clara porque es una precisión muy importante para nosotros. Lo que debata el Congreso norteamericano, lo que salga de aquí, vendrá a este Congreso y lo veremos nosotros.

Lo que quiero decirles que aquí, muchos días antes los diputados del PRI, firmaron por todos sus coordinadores de diputación y los sectores, dijimos claramente que no aceptaríamos ningún cheque en blanco. Que no permitiríamos que se fuera un momento más, un ápice más, más allá de las garantías estrictamente comerciales y financieras que están marcados en esto.

Y en esto quiero que quede claro, para nosotros y para el Congreso norteamericano, es que el problema por el que está atravesando México, está atravesando en mucho por también responsabilidad de ellos. Tuvieron que colocar los recursos y los colocaron con nosotros y el mismo problema que tenemos en México lo tenemos en los Estados Unidos y en el sistema financiero mundial.

Así que nuestro presidente Zedillo ha sido muy claro en sus condiciones, ha sido muy claro en su conducción, de que no se aceptará en ningún momento nada que pueda lesionar a nuestra soberanía, que quede muy claro de parte de la diputación priísta. Muchas gracias.

El Presidente:

Señor diputado Oscar Levín Coppel, ¿acepta usted una interpelación de la diputada Rosario Robles.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

Con mucho gusto.

El Presidente:

Adelante, diputada Robles.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga(desde su curul):

Yo quisiera preguntarle, señor diputado, si aquí usted también categóricamente rechaza las cartas de intención y los acuerdos paralelos que lesionan la soberanía y que está firmando el Gobierno mexicano, no sólo las condicionantes oficiales en el Congreso de norteamérica, sino también, las oficiosas, esas cartas de intención, esos acuerdos paralelos, que como cuando se discutió y aprobó el Tratado de Libre Comercio, hoy también pretenden instrumentarse.

Que haya también un pronunciamiento categórico de la diputación del PRI en contra de esos acuerdos paralelos.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

Le aprecio mucho su pregunta y la voy a contestar con mucho gusto. Aquí estamos hablando de dos temas distintos y esto hay que aclararlo y los compañeros economistas de gran respeto que tiene su bancada lo podrán explicar con claridad. Inclusive el día de hoy se están haciendo los anuncios de nuestro nuevo compromiso con el Fondo Monetario Internacional, aquí de lo que estábamos hablando.

Para lo que nos subimos ahora voy a responder lo otro, para lo que estábamos respondiendo y es muy importante que lo precisemos como es. Se trajo un documento borrador, un documento borrador de discusión interna, a la mejor inclusive oficial del propio Congreso norteamericano. Es una más de las cartas a Santa Claus que suceden si ustedes conocen la mecánica del Congreso norteamericano, de estos documentos hay muchos.

Aquí lo que le estamos contestando, compañera y es muy importante y se lo estamos contestando con el peso de la diputación priísta, es que ni el presidente Zedillo, ni los diputados del PRI, ni ninguna de las bancadas aceptaría ninguna condicionalidad que ponga la soberanía, que ponga de nuestras condiciones de rodillas en este sentido, porque el problema es exactamente igual para los americanos que para nosotros. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para contestar alusiones personales el diputado Cuauhtémoc Sandoval, por cinco minutos.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:

Muchas gracias, señor Presidente:

El diputado Levín Coppel no contestó la pregunta muy concreta que le hizo nuestra diputada Rosario Robles, de si su bancada parlamentaria está en contra, categóricamente. ¿si o no?, en contra de esos memorandum que hoy publica la prensa; y hay una declaración oficial del señor Warren Christopher, jefe del Departamento de Estado norteamericano, donde dice categóricamente que el Gobierno mexicano ya aceptó un memorandum paralelo a los acuerdos financieros que se están discutiendo en el Congreso norteamericano.

Efectivamente, tiene razón el diputado Levín Coppel de que éste es un borrador, pero es un borrador que ya está circulando ampliamente en el Congreso norteamericano, tanto en la Casa de los Representantes como en el Senado y ése es un punto de acuerdo que ya se va a discutir en las próximas semanas en los comités y después en el pleno de los Estados Unidos.

Por eso, nosotros necesitamos que categóricamente aquí el señor Levín Coppel, si es portavoz del grupo parlamentario priísta, diga categóricamente si está en contra de esos borradores y del memorandum que hoy anuncia el señor Warren Christopher y que está discutiéndose en los Estados Unidos actualmente.

Diga, y lo estoy aludiendo personalmente, sí o no a estos acontecimientos. Gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Parece que el ocultar documentos es un mal contagioso no únicamente en el Poder Ejecutivo en manos del PRI, sino también en el Poder Legislativo.

Diputado Levín Coppel: si ustedes tienen en su poder documentos importantes del Congreso norteamericano sobre este "paquete de rescate" de la economía mexicana, yo creo que es un deber patriótico de ustedes presentarlos ante esta soberanía para discutirlos, no hay porqué guardarlos en la bancada priísta como cartas bajo la manga. Usted ha estado llamando a la transparencia, a la lealtad en todo momento. ¿Este documento es la última versión, es un draft, no únicamente es un borrador, sino es un proyecto?, está elaborado por quienes ya señalé que son personalidades del más alto nivel del Partido Republicano. Si hay un documento posterior y elaborado al más alto nivel, un documento más reciente, por favor tráigalo y expóngalo y compártalo a esta soberanía. No nos deje con la gran preocupación de qué vamos a decidir, porque a lo mejor los priístas tienen por ahí guardados documentos que no sabemos qué vayan a comprometer.

El Presidente:

Ha pedido también la palabra, para rectificar hechos, la diputada Mara Robles Villaseñor.

La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:

Como dijo el gran maestro del sicoanálisis: una vez que se han invocado a los fantasmas, no es cuestión de salir corriendo cuando éstos aparecen.

Precisamente, el problema está en que la Secretaría de Relaciones Exteriores no informó. El problema está en que cuando se le solicitó comparecer frente a esta soberanía, no aceptó y entonces nos cambiaron una reunión que debió haber sido exhaustiva, larga y precisa, por una conflictuada reunión en donde se evadió absolutamente las preguntas que hicimos los diputados, tanto de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática y no sólo se evadieron las respuestas, se agredió a la prensa, se propició un ambiente enrarecido en el cual no logramos obtener ninguna información; y eso es precisamente lo que hace la diferencia entre un procedimiento acordado en una cámara o no; y eso es lo que sigue estando en el centro de este debate, la litis sigue fijada.

¿Hemos resuelto con el agregado que aquí se ha venido a proponer realmente el que esté a salvo la soberanía? ¿Sí o no? Y yo quiero decirles que todavía está a discusión; yo quiero decirles que depende de que efectivamente tengamos toda la información, de que nadie se reserve nada y de que conozcamos con precisión cuáles son los pronunciamientos y las peticiones oficiales del Congreso y del Gobierno norteamericano y cuáles son las cosas también a las que se ha comprometido en realidad el canciller y el Gobierno mexicano; y, sobre todo, nos interesa esta segunda parte, porque esos son nuestros representantes.

Dos. Creo que la solución de fondo la podemos tomar hoy, el procedimiento real se puede acordar hoy para que no sea solamente enmendarle la plana a una resolución que tiene puestos los ojos del mundo entero. Aquí se trata de que el periodo que abrimos en adelante, hasta conocer cuál será la estrategia de negociación de los mexicanos, tengamos aquí a los secretarios de Relaciones Exteriores; tengamos aquí nuevamente al Secretario de Hacienda, al director del Banco de México y que se forme, como tiene también el Congreso norteamericano, una comisión técnica especializada para darle seguimiento a pie juntillas a esa negociación; y ése no es ningún exceso, eso es simplemente el ejercicio práctico de la soberanía de este congreso. Yo creo que lo podemos hacer; yo creo que los fantasmas se crearon en la medida en que se oculta la información, en la medida en que se hace un lobby tras bambalinas. Los fantasmas aparecen cuando se le niega la verdad al pueblo de México y también la posibilidad de decidir.

Hagamos eso. ¿Por qué no podríamos?

El Presidente:

Vamos a continuar con nuestro debate.

Tiene la palabra, por 15 minutos, el diputado Manuel Beristáin, para hablar en favor del dictamen.

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

Señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Desde el primer periodo de sesiones ordinarias de esta LVI Legislatura, tiempo en que se dio la discusión y análisis de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, el grupo parlamentario de Acción Nacional, dejó perfectamente clara su posición.

En su oportunidad señalamos que esta Ley de Ingresos no contenía ningún cambio para la descentralización de los recursos económicos, y que éste solamente podía y debería darse a través de vivir un verdadero federalismo fiscal, quedando solamente en una pose política, y por demás demagógica, lo dicho por el licenciado Ernesto Zedillo, que había llegado la hora de un nuevo federalismo y que los gobiernos locales iban a contar con recursos y el poder de decisión sobre éstos, para servir mejor al ciudadano.

Ni la Fundación Mexicana Cambio XXI, Luis Donaldo Colosio, ni el discurso de toma de posesión movieron en la realidad a un cambio de actitud en el contenido de la Ley de Ingresos antes mencionada. Tampoco el paquete fiscal que forma parte de esta Ley de Ingresos, propuso cambios sustanciales para modificar el sistema de tributación fiscal en nuestro país. No se hizo el intento seriamente de proponer una política fiscal que estimulara la creación de fuentes de empleo y la fortaleciera; que fortaleciera consecuentemente y en forma sustancial, los salarios de los trabajadores, y como alternativa, una profunda simplificación fiscal para los contribuyentes.

La ausencia también, total, de una estrategia integral al aparato productivo en un ambiente de amplia competencia internacional. No obstante que en su oportunidad propusimos una moción suspensiva para darnos tiempo de continuar en el análisis de la Ley de Ingresos y adecuarla a las demandas que la sociedad en su conjunto nos exigen a todos.

Desafortunadamente el grupo mayoritario de esta cámara mostró demasiada prisa para aprobar esta ley, limitando la posibilidad de abundar en el análisis responsable, sereno y objetivo de este Poder Legislativo.

Congruentes sobre todo a los tiempos políticos, sociales y económicos que nos ha tocado convivir, hoy, la Comisión de Hacienda y Crédito Público nos presenta, en segunda lectura, el dictamen por medio del cual se reforma el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 1995.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mí conducto, hace algunos señalamientos que a continuación expongo:

En el texto aún de ese dictamen adicionado en el párrafo que ya se hizo conocimiento del pleno, no precisa en ninguno de sus párrafos que al quedar la deuda interna disminuida de su monto actual por efecto de reclasificación a deuda externa motivada por la reestructuración de los Tesobonos, será ese nuevo saldo el límite de la deuda interna. No importa que pudiera sobreentenderse, pero en derecho lo que abunda no sobra.

Es de suma importancia que se indique el nuevo monto de la deuda interna, una vez reclasificada ésta, es decir, al saldo actual que tenemos de deuda interna deberá restársele el monto que represente la redocumentación o reestructuración de Tesobonos, lo cual implica dejar previsto en el dictamen un "candado" para que el Ejecutivo no pueda emitir más deuda interna durante el presente Ejercicio Fiscal, a través de valores gubernamentales como son la emisión de Cetes, Bondes, Ajustabonos y Tesobonos.

Representa un riesgo para que el Ejecutivo pueda, en cualquier momento, emitir dichos valores gubernamentales hasta por la cantidad que disminuya dicha deuda interna por el efecto de reclasificación, ya que de acuerdo con el Capítulo II de la Ley de Deuda Pública faculta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para emitir dichos valores gubernamentales; y con esto, exactamente estar en la difícil situación de repetir la crisis que hoy estamos viviendo, perdiendo como consecuencia la confianza de inversionistas extranjeros.

Es necesario precisar que la colocación excesiva de Tesobonos en el mercado durante el Ejercicio Fiscal de 1994, e indexados en moneda extranjera con vencimientos a corto plazo, nos ponen en riesgo de tener prácticamente una economía de casino, ya que se le apuesta a una variable de la economía que no tiene alternativa de control: como es el capital extranjero, especulativo y volátil.

El movimiento de tipo de cambio además para efectos de deuda interna presupuestada en 1994, la afecta. Sobre todo en el caso de que estos límites de endeudamiento se hicieron pensando en un tipo de cotización diferente, ya que no es lo mismo tener 29 mil millones de dólares de Tesobonos en circulación en el mes de noviembre de 1994, indexados a 3.40, que un mes después del mismo Ejercicio Fiscal, es decir en diciembre, indexados a un tipo de cambio de 5.35.

Este será un tema que debemos de tratar en su oportunidad en el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de esta LVI Legislatura. En ese momento exigiremos las responsabilidades a quien corresponda, por obligarnos a tener un aumento indiscriminado de la deuda interna.

La experiencia es una gran escuela donde los necios no asisten; y pudiéramos decirlo que la experiencia es el mejor de los maestros, sólo que la matrícula es muy cara y que es deshonesto que esta matrícula la pague el pueblo de México.

Se ha mencionado reiterativamente por el presidente Zedillo y también por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz, que los Tesobonos se cotizan en pesos. Sin embargo, en mis manos tengo una circular, telefax, marcada con el número 11/94, de fecha 12 de julio de 1994, mediante la cual el Banco de México da instrucciones a todas las instituciones de crédito del país para que puedan ofrecer por escrito a sus clientes, que realicen inversiones en Tesobonos, para cotizarles la venta de estos en dólares norteamericanos.

Con esto queda claro que los Tesobonos se cotizan en dólares, no en pesos, yo diría en "pesitos", como éstos que yo tengo aquí de juguete, porque aún después de haberle quitado tres ceros al valor, es decir, mil veces menos el valor nominal de nuestros billetes, esta crisis todavía los acaba de pulverizar, convirtiéndolo precisamente en que un diputado del grupo mayoritario llamó "pesitos", pesitos que al pueblo de México no le sirven únicamente como para regalarlos, porque los "pesitos" no tienen el poder adquisitivo que tenían en noviembre y que tenían antes de quitarle los tres ceros a nuestra moneda.

Los responsables van desde el propio Presidente de la República hasta cada uno de los funcionarios del gabinete económico, por omisos. Es importante que se recobre la seriedad en el manejo de las finanzas públicas.

En el texto original del dictamen no se habían establecido claramente las garantías que el Ejecutivo pudiera ofrecer al Gobierno de los Estados Unidos. Oportunamente en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señalamos que las garantías únicamente podían ser de carácter estrictamente financiero y comercial, que rijan en los mercados y que no deben aceptarse presiones derivadas de intereses internacionales que pongan en riesgo la soberanía nacional y que estos intereses puedan condicionar nuestras actividades sociales, políticas, económicas y hasta diplomáticas. Estos asuntos son nuestros, de los mexicanos y tenemos el derecho legítimo de construir y seguir construyendo el futuro de nuestros hijos en este país nuestro.

Sin embargo, el hecho de integrar al dictamen que estamos discutiendo un párrafo que obliga al Ejecutivo a someter a la consideración del pleno de este Poder Legislativo los condicionamientos que le exija un gobierno extranjero a cambio de ofrecer su garantía económica a nuestro país, esto por sí mismo representa un parteaguas en la historia legislativa de esta cámara, reivindicando el derecho que por señalamiento claro y específico en la Constitución, en su artículo 13, fracción VIII, es facultad de este Poder Legislativo condicionar los endeudamientos. Esto es un paso que dignifica a este poder y que ayuda de alguna manera a restaurar la letra "H" tantas veces abollada por omisiones de este Poder Legislativo. Este párrafo, repito, reintegra a este Poder Legislativo su legítimo derecho de analizar, discutir, aprobar o no, en su caso, los condicionamientos de los gobiernos extranjeros.

El grupo parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen, pero quiero precisar que nuestro voto está orientado únicamente en darle oportunidad a nuestro país que pueda restablecer la confianza del mercado financiero internacional, no es al Ejecutivo y tampoco es avalar la omisión de quienes tuvieron la responsabilidad económica y que provocaron esta crisis. México tiene problemas de tipo de liquidez y la alternativa es ésta únicamente, que este poder tendrá que analizar las condiciones que los gobiernos extranjeros pudieran intentar interponer, y, por lo tanto restablecer la confianza en esa inversión extranjera y poder reestructurar las obligaciones a corto plazo que ahogan a nuestro país.

Eso tampoco equivale a dar un aval de la política de endeudamiento, tanto interno como externo del Ejecutivo Federal, que dio origen de alguna forma a esta crisis económica, ni tampoco a los errores de emisión de los responsables de manejar la economía de nuestro país. En su oportunidad y con base a las facultades que el artículo 74 de la Constitución Federal nos da, analizaremos la cuenta pública para el ejercicio de 1994, que alrededor de los primeros 10 días del mes de julio del presente año, recibirá este Poder Legislativo y en el primer periodo del segundo año de sesiones ordinarias podemos nosotros fincar las responsabilidades en forma precisa y estricta a los responsables de las crisis. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, por 15 minutos.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Como diría el poeta: "Si no fuera trágico, sería cómico" haber visto aquí que la denominada por nosotros familia de los pollitos ha vuelto a la carga. Han venido aquí a decir los dirigentes de la Comisión de Hacienda, cito al señor Rodríguez y Rodríguez, que la devaluación fue traumática. Cita: "Que la devaluación fue inusitada"; cita: "que hubo una caída brutal de los mercados.. caso único en el mundo", y este mismo personaje, en esta misma tribuna, el día de la devaluación no tuvo empacho en decir, "la devaluación es inexistente, aquí no se ha devaluado nada", Diario de los Debates del 20 de diciembre de 1994, página 2179.

El señor Suárez y Dávila, también ha venido a decirnos que no es malo convertir la deuda interna en externa. Con relación a los Tesobonos, cuando él también defendió aquí el mismo día de la devaluación, se ufanó inclusive, de que los Tesobonos, en agria discusión con la bancada panista, no se pagarían en dólares, sino en pesitos, es cita textual también; y decía, dijo, que: "Se pagan en pesos porque eso es lo que tiene el Banco de México", cita textual, Diario de los Debates, página 2184.

Y resulta verdaderamente increíble que tras defender el pago en pesos, ahora venga a proponer la sustitución de una deuda en moneda nacional por una deuda en moneda extranjera sujeta a tribunales del exterior, y asombroso también resulta que nos quieran ver la cara de tontos diciendo que esto no aumenta la deuda con el exterior; esa deuda aumenta exactamente en 26 mil 500 millones de dólares, porque van a pagarle dólares a los felices poseedores de los Tesobonos y el pueblo de México va a asumir la pérdida cambiaria.

El señor Suárez y Dávila nos dijo en esta misma tribuna cuando presentó el dictamen de la Ley de Ingresos, cuando aquí decíamos que era urgente seguir con el periodo de sesiones, sostuvo: "no hay lugar", debió decir "no ha lugar", para un cambio en la Ley de Ingresos que ayer aprobamos, Diario de los Debates también del 20 de diciembre, página 2176.

Y resulta que todo esto cambió, dicho hoy por los mismos dirigentes de la Comisión de Hacienda, lo cual nos lleva a concluir que esa comisión no está en buenas manos que digamos, está en las manos de los pollitos, del otro de los pollitos; recordemos que el padre del desarrollo estabilizador, el papá de todos ellos, es Ortiz Mena, modelo que hoy se hunde en el descrédito.

Hoy Suárez y Dávila viene también a tratar de engañarnos con un nuevo garlito, porque eso de que hoy el congreso tiene facultades que nunca había tenido, es un espejismo, esas facultades siempre estuvieron en la Constitución originaria de 1917. Cuando la fracción Vlll del artículo 73 dice respecto de las Facultades del Congreso de la Unión, esto es, esta representación tiene la potestad para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional, ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos etcétera.

¿Qué quiere decir en la jerga financiera, "dictar bases"? Cualquiera que haya negociado un contrato financiero sabe, entiende, yo diría que tampoco se necesita ir a Stanford, Yale, Harvard o Cambridge, que las bases son las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de cualquier crédito? El que haya ido a la sucursal de la colonia, Bancomer, Banamex, Serfín, sabe que las bases son el monto, los intereses ordinarios, los intereses moratorios, los tribunales a los cuales habremos de sujetarnos, y ahora el señor Suárez y Dávila nos viene a vender esto como el gran avance, sería como si aquí emitiese decretos, legislación secundaria, para que se les reconozca a los diputados su fuero, o para que se nos reconozca la libertad de expresión. Pero claro, esto tiene un sentido: poder sumar al carro aprobatorio, al prianismo, para que esta iniciativa salga avante con fuertes apoyos.

No nos engañemos, ésta es una maniobra para hacer creer que por una vez el Ejecutivo deja de ser prepotente o arrogante. Si antes el Ejecutivo no se sometió al dictado de la Constitución, habría que fincarle responsabilidades, o a los diputados que fueron omisos en los anteriores congresos.

Se nos dice en el dictamen, lo dice también el señor Rodríguez y Rodríguez, aferrado a su tesis neoliberal: esto fue un asunto coyuntural, esto fue un problema de liquidez, no hubo sobrecalentamiento. La misma cantaleta para ignorar, soslayar que los problemas de este país son de índole estructural, son de fondo.

Es de fondo que este país, en los años 1989 a 1994, tenga un déficit en su balanza de pagos de más de 100 mil millones de dólares; es un problema estructural que las importaciones de este país se dediquen fundamentalmente a los bienes de consumo e intermedios y no a los bienes de capital; es también un problema estructural que se pretenda resolver el problema que hoy afronta la economía de la nación con las mismas recetas monetaristas.

Más adicción a esa droga que es el dólar, más préstamos para pagar lo que se debe, cuando es muy claro el artículo que hemos citado: "los empréstitos deben ser para proyectos productivos".

Dicen los compañeros de la bancada priísta que no hay de otra, que no hay salida, nos quieren envolver para que éste sea el último empréstito que solicitamos, con el agravante de estar convirtiendo una deuda interna en pesos, en externa en dólares, sometiéndonos a tribunales del exterior.

Es como cuando nos dicen: éste fue el último fraude electoral, a partir de ahora democracia, y siempre hay recurrencia.

La fracción social-demócrata propone una saida, la salida no es la pagatoria sino la moratoria. Este país debe declarar la moratoria externa y también la interna para ser consecuentes.

Desde luego presumimos, suponemos que los compañeros del PRI se rasgarán las vestiduras diciendo que eso nos llevaría al caos, que seríamos invadidos, seríamos excluidos del club de ricos al cual ingresamos no sé como, a la OCDE, quizá hubo mordida. Se diría que proceder a una medida de esa índole, nos podría situar en el aislamiento.

Nosotros queremos invitarlos a hacer un ejercicio respecto de las posibles consecuencias de una moratoria y concluir, desde luego señalamos que no puede ser una panacea, si las consecuencias de la misma son más graves de las que hoy afrontamos al someternos a la pérdida de soberanía mediante el nuevo empréstito de los 40 mil millones de dólares.

Si este país procediere a una moratoria indefinida, desde luego podríamos afrontar cualesquiera de estos riesgos, de menos a más, la guerra económica, la guerra convencional y aunque puede parecer excesivo, pero con rigor dialéctico para aquellos que son catastrofistas, habría que mencionar la guerra nuclear porque un país se negó a pagar una deuda.

Desde luego descartemos ésta, porque sería la locura, sería una guerra mundial. La guerra convencional desde luego es factible, los americanos siguen invadiendo naciones por doquier, pero yo considero más probable que el Ejército de los Estados Unidos envíe divisiones aerotransportadas al matto grosso, para cobrarle deudas a Fernando Enrique Cardoso, o marines a la Casa Rosada para cobrárselas a Carlos Saúl Menem, que invadir este país, porque ellos mismos nos están dando la pauta.

En ese documento del Congreso norteamericano, los congresistas hablan de su problema de seguridad nacional, la de ellos. Sostienen que la estabilidad social del país, del nuestro, de México, es vital para ellos; afirman que cualquier medida que lleve a un mayor desequilibrio en México tendría efectos desastrosos en la economía de los Estados Unidos. Hablan del terrible problema de una nueva inmigración ilegal que no podría ser contenida en esa frontera, salvo militarización total, por ningún medio de los que hasta hoy ellos han aplicado.

México debería, con un mejor canciller que el angel de la dependencia o el angel exterminador que despacha en Tlatelolco, el señor Gurría, negociar nuestra vecindad, que es hoy nuestra fortaleza, esa vecindad que ha sido ominosa y que nos ha llevado inclusive a la pérdida territorial, es la que hoy puede servir de ariete y de fuerza, porque no es previsible que los Estados Unidos se atrevieren a una solución de fuerza, inclusive a una guerra económica, porque eso provocaría un estallido allá también.

Es la teoría del condominio: vivimos con ellos en condominio y si este departamento se incendia, aquél también sufrirá el mismo destino. Hoy por hoy, en términos geopolíticos, ni el más agresivo halcón del Departamento de Estado podría demandar para México el bloqueo, el embargo, la absoluta suspensión de la asistencia técnica, administrativa. Podrían eso sí, embargarnos, compras y ventas, pero de facto y de derecho si firmamos el crédito de los 40 mil millones de dólares, nosotros ya estaríamos embargados, puesto que nuestra principal producción, la energética, según dice el documento del Congreso de los Estados Unidos, se exige que México deposite en una cuenta del Banco Central Americano en Nueva York, el producto de sus ventas a futuro por 10 años, para asegurar el reembolso de todos los pagos hechos a los poseedores de títulos.

Esto es un embargo precautorio previo que estaríamos aceptando y que es lesivo a nuestra soberanía, sobre todo, porque habría que dirimir esas cuestiones en tribunales del exterior y no de México.

Yo invito a los compañeros legisladores, en esta sesión histórica de la Cámara de Diputados, en esta jornada trascendente, a que reflexionemos sobre posibles alternativas. Nadie es poseedor de la verdad, ni decimos que ésta sea la única, pero tampoco creo que de manera fatal la única sea volver a incurrir en el error de pedir 40 mil millones de dólares a una potencia ávida de nuestros recursos naturales y que pretende tener el control político de la nación mexicana.

Manejemos la vecindad otrora negativa para los intereses de la patria, con un criterio audaz que permita mejores términos de la negociación. Ponderemos la moratoria como en la época de Juárez. Juárez el patriota tuvo que resolver entre la disyuntiva: o comemos o pagamos y, arriesgó la amenaza de la invasión tripartita y dos de esas potencias declinaron, y la que se atrevió pagó caro su atrevimiento. Napoleón lll, apodado Napoleón "Le petit", por Víctor Hugo, con su títere Maximiliano terminó su aventura en el Cerro de las Campanas.

Compañeras y compañeros diputados, con Juárez y con Guadalupe Victoria digamos: "La patria es primero". Gracias.

El Presidente:

En virtud de que han transcurrido cuatro horas de sesión continua, y de acuerdo con el artículo 28 de nuestro reglamento, esta Presidencia autoriza se prorrogue la sesión hasta agotar los asuntos en cartera.

Tiene la palabra el diputado Cándido Pérez.

El diputado Cándido Pérez Verduzco:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Qué lástima que el compañero diputado que me antecedió en la palabra, miembro de un partido de un solo miembro, no conozca los acuerdos consensados a los que en esta cámara se ha llegado para la elaboración del dictamen que hoy pone a consideración de esta soberanía la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sin lugar a dudas, vivimos hoy una situación de gran trascendencia para la vida del país, la crisis financiera y cambiaria ha provocado una situación de emergencia económica que a su vez ha despertado un importante debate nacional sobre los aspectos fundamentales que a todos los mexicanos nos preocupan, cuando buscamos un desarrollo del país en condiciones de libertad y soberanía nacional.

Los problemas de hoy requieren de soluciones consensadas, sobre la base de una amplia participación democrática de todos los sectores y de todas las fuerzas políticas del país. Ese es el ánimo de nuestra participación del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional.

En el contexto de la emergencia económica que hoy vivimos, entendemos que en el corto plazo se requiere reducir el gasto público, pero no hemos estado de acuerdo con afectar indiscriminadamente todos los ramos del presupuesto, por eso nos hemos pronunciado por la defensa del gasto social, particularmente de los sectores de educación, salud, solidaridad, desarrollo regional y los programas que incidan de manera directa en el apoyo a los sectores más desprotegidos de la población.

Entendemos también que para enfrentar la emergencia financiera, el Ejecutivo Federal requiere no sólo de un programa inmediato, sino además de una estrategia que permita visualizar la estabilidad de los mercados de cambio y financiero y sobre todo, un futuro de crecimiento y bienestar para toda la nación.

Así, consideramos que la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, en el artículo 2o., se inscribe en la necesidad de instrumentar esa estrategia con medidas económicas de efecto inmediato sobre la emergencia financiera.

Entendemos que la autorización de esta soberanía para contratar crédito o emitir valores en el exterior para canjear o refinanciar Tesobonos, es una operación necesaria para eliminar una de las causas de la actual crisis, que permita coadyuvar a estabilizar el mercado cambiario y mejorar las condiciones de la deuda.

Es claro que la deuda total no aumenta con esta medida, pero sí transforma su naturaleza porque se trata de cambiar deuda interna pagadera en pesos, por deuda externa pagadera en dólares.

Por eso, para prevenir que uno de los orígenes del problema actual se repita, proponemos establecer un límite al monto de nuevos Tesobonos que puedan emitirse como porcentaje de la deuda y límites al endeudamiento interno total.

Los límites y montos en forma específica, se contienen en el documento de la propuesta de dictamen para esta reforma, emitida por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que hoy se somete a la consideración del pleno de esta soberanía y representa controles, resultado de la postura de un gran número de compañeros diputados de distinto origen partidista.

Desde luego las condiciones no son muy favorables como en cualquier tipo de deuda; sin embargo, debe de quedar claro que la medida de reconversión de deuda no significa incremento de la deuda pública total. Busca, precisamente, mejorar las condiciones con cambios de plazo que incida en la disminución del problema financiero, evitando trasmitirlo en inflación y a su vez posibilitar control de la paridad de nuestra moneda a un nivel razonable, pues es de todos reconocido una subvaluación del peso con respecto al dólar en este momento.

La autorización de esta iniciativa para reformar la Ley de Ingresos de la Federación, con las acotaciones propuestas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, permitirá por tanto al Ejecutivo Federal contar con instrumentos que le permitan atacar la emergencia financiera.

Sin embargo, en la perspectiva de esta estrategia general para enfrentar la crisis, queremos destacar:

1o. Que ante las nuevas operaciones de crédito externo que se realizan en los Estados Unidos de América, refrendamos aquí el punto de acuerdo de todas las fracciones partidistas de esta cámara, por el cual rechazamos y rechazaremos la pretensión de imponernos condicionamientos políticos o medidas de política económica que afecten o vulneren nuestra soberanía.

Es en este sentido que las fracciones de todos los partidos hemos propuesto hoy incorporar al proyecto de dictamen puesto a consideración de esta soberanía un párrafo adicional, mediante el cual se específica, que en casos de contratación de crédito o emisión de valores en el exterior, se hiciera con la garantía de un Gobierno extranjero, este honorable Congreso de la Unión, debe oportunamente conocer las condiciones correspondientes, a efecto de ejercer su facultad constitucional, para su aprobación.

La soberanía nacional es innegociable y no puede estar sujeta a las decisiones de ningún Gobierno extranjero. Requerimos que la política económica se supedite en todo momento a los principios de nuestra soberanía nacional.

2o. Es necesario que esta estrategia contemple medidas para atacar las causas estructurales de la crisis en una visión de largo plazo, que permita voltear los ojos hacia el interior del país y al fomento de nuestras propias fuerzas productivas, y

3o. Que dentro de las grandes limitaciones que existen de recursos, el Programa de Emergencia Económica propuesto, deberá contemplar y deberá complementarse con otras medidas de fomento a la estructura productiva de protección al salario, que salvaguarde el poder adquisitivo de los trabajadores y en especial de una política de fomento al campo y de una política federalista, que transfiera ingresos, gasto y responsabilidades en favor de los estados y los municipios.

Compañeras y compañeros diputados, en el Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos de que el país requiere cambios, solución a la crisis, crecimiento sostenido de la economía, mejoramiento de los niveles de vida de los mexicanos, en suma, requerimos un país más justo para todos.

Estamos convencidos que la única vía para alcanzar este propósito, sólo puede lograrse en condiciones de libertad y democracia. Gracias.

El Presidente:

Para hablar en contra del dictamen, hace uso de la palabra el diputado Ríos Vázquez, por cinco minutos.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

La adición al artículo 2o. del decreto que reforma la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, es un paso fundamental al establecer candados que impidan que las pretensiones que los funcionarios norteamericanos nos intentan imponer.

Esto no es una dádiva graciosa del PRI, es un triunfo importante de la sociedad civil, de los partidos políticos de oposición y de organismos no gubernamentales, ya cansados del autoritarismo que priva en México.

Es importante también que se limite el margen de decisión del Ejecutivo mexicano; a decidir sobre el futuro de todos los mexicanos al aceptar las condiciones norteamericanas. Lo que nos sorprende verdaderamente es la negativa al limitar la capacidad de enriquecimiento de los banqueros mexicanos, no es explicable desde ningún punto de vista esta situación insostenible, se acepta limitar las pretensiones del Gobierno norteamericano, del Ejecutivo mexicano, pero no las voraces pretensiones de los banqueros mexicanos. Por ello, el Partido del Trabajo propone a los grupos parlamentarios de esta legislatura lo siguiente.

Existe la posibilidad ya señalada, de que la banca privada tenedora del 40% de los Tesobonos actualmente en circulación, los rediman a su vencimiento y adquieran dólares sin ninguna prevención para evitarlo, dejando a su solo arbitrio semejante decisión en las circunstancias críticas que actualmente vive el país.

Es precisamente este tipo de prácticas viciosas que las instituciones financieras privadas lucran siempre en las buenas y en las malas y también son protegidas siempre en las buenas y en las malas, por lo que resulta urgente ponerles un límite.

Tomando en consideración lo anterior y la falta de capitalización de estas instituciones financieras privadas es que el Partido del Trabajo propone: que al vencimiento de los paquetes de Tesobonos en posesión de la banca privada, las autoridades correspondientes por medio de las atribuciones que correspondan, les obliguen a capitalizar sus empresas financieras con base en estudios específicos, caso por caso con relación a sus niveles de descapitalización. De esta forma, se logran dos objetivos: primero, se evita el drenaje de divisas y las inversiones especulativas y, segundo, se protegen a los ahorradores que tienen sus fondos en estos bancos.

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez. Me permito hacer entrega a la Secretaría de esta propuesta. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente:

En uso de la palabra, para hablar en contra del dictamen, el diputado Raúl Livas Vera.

Si no está, continuamos con el diputado Juan Antonio García Villa.

El diputado Juan Antonio García Villa:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

El grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional desea dejar claramente establecido el sentido de su voto a favor en este dictamen que nos ocupa, en el que se propone la reforma y adición de varios párrafos al artículo 2o. de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 1995.

Por nuestro compañero diputado Manuel Beristáin ha quedado claramente establecido que no estamos de acuerdo, al aprobar este dictamen, con la política que en materia de endeudamiento público siguió el Gobierno Federal, fundamentalmente durante el año de 1993. Ha quedado claro que el Gobierno Federal incurrió en un endeudamiento interno durante el año antepasado, perdón, durante el año de 1994, que no fue autorizado por la Ley de Ingresos para 1994, que generó este gran endeudamiento y que en su oportunidad habremos de conocer y discutir sobre él, cuando se presente el dictamen de la Cuenta Pública correspondiente al propio año de 1994.

Este endeudamiento interno, como ya se ha dicho aquí hasta la saciedad, a través fundamentalmente de valores indizados o indexados en dólares, generó la crisis de desconfianza ante la imposibilidad que advirtieron fácilmente los tenedores de Tesobonos, de que el Gobierno mexicano pudiera cumplir con su pago durante el propio año de 1995. Estamos, señores diputados, ante una realidad. Si el Gobierno mexicano en el curso de 1995 no puede atender el cumplimiento de estas obligaciones, creo que a nadie de nosotros nos debe de quedar duda de que se generará todavía mayor desconfianza, que la prevención de estos valores pagados en pesos, presionarán sobre las escasas reservas internacionales del Banco de México; no sabemos a qué tipo de cambio pueda llegar la paridad de nuestra moneda y lo más probable es que la economía y por tanto, el país, entre en un grave colapso financiero.

La solución que aquí se propone, pudiéramos definirla en pocas y llanas palabras como: "el mal menor". Esta fórmula de convertir endeudamiento interno en la emisión de valores en el exterior, es con la garantía concretamente del Gobierno de los Estados Unidos, es una fórmula de retener este ahorro externo que nos permitió durante los últimos meses financiar el déficit siempre creciente de la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos, una solución que, insistimos, es: "el mal menor".

Pero ante las versiones de que esta garantía o aval del Gobierno de los Estados Unidos a la emisión de valores en el exterior hasta por 26 mil 500 millones de dólares, había generado con toda razón serias inquietudes, preocupaciones, temores en el ánimo de la opinión pública del país, fue por esa razón que los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo en adicionarle a la versión original del dictamen, un nuevo párrafo que conocimos por voz del presidente de la propia Comisión de Hacienda, diputado Francisco Suárez y Dávila y que nos parece una solución adecuada no sólo para hacer frente a los temores y a las inquietudes del pueblo de México, sino también, como ya se ha dicho aquí, rescatar una facultad que el Congreso tiene en materia de endeudamiento público.

De forma tal, señores diputados, que cuando esta emisión de valores del Gobierno Federal en el exterior hasta por 26 mil 500 millones de dólares, reciba en su caso el aval o la garantía del Gobierno norteamericano, conforme a condiciones que establezca el Congreso de este país, este Congreso de la Unión habrá de reunirse con oportunidad para conocer de esas condiciones y resolver sobre la emisión de valores, es decir, sobre el crédito que significa la emisión de esos valores para el Gobierno mexicano.

De esta manera, señores diputados, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera que es una solución aceptable, razonable, digna, institucional, democrática y que está perfectamente encuadrada en las disposiciones de la Constitución.

Estamos conscientes del grave impacto que sobre la economía del país significará no dar una solución a este problema de la desconfianza entre los ahorradores que invirtieron concretamente en Tesobonos en nuestro país y por ello mismo, y toda vez que significa esta aprobación no estar de acuerdo con el endeudamiento público que, insistimos, deberá discutirse a fines de este mismo año, cuando conozcamos la Cuenta Pública y discutamos sobre ella. Pero por lo pronto, nos parece una solución adecuada.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, señor diputado.

El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Lamentablemente me sentí impulsado a venir a esta tribuna, para comentar tres conceptos que los dos diputados que me antecedieron en la palabra nos vuelven a plantear y que no pasan de ser medias verdades o medias mentiras: una es la credibilidad, la otra el modelo y finalmente este mal menor que estamos discutiendo hoy.

En efecto, señores, si existe una grave crisis en el país, es la crisis de la credibilidad y no sólo es la credibilidad en las instituciones financieras, es una credibilidad que va más allá de este problema, es una credibilidad en el Gobierno mismo, en la seriedad de sus planteamientos para conducir el conjunto del país.

¿Quién puede creer a estas alturas que el país va a ser conducido adecuadamente cuando a cada minuto, a cada momento, nos presentan evidencias, la realidad nos presenta evidencias de que no se conduce con verdad al país?

Lo vimos con los resultados económicos del sexenio de Salinas, que hasta el día 19 de diciembre todos aplaudían. ¿Quién puede tener credibilidad? ¿Quién puede tener credibilidad cuando la propuesta de recuperación económica es exactamente la misma, nada más que en sentido restringido? ¿Quién puede creer que así es?

Cualquiera, cualquier consumidor, cualquier obrero, cualquier empresario, cualquier taxista se da cuenta ya que eso no va a ser así.

La otra gran mentira o la media mentira o la media verdad, como se quiera. La discusión de la reforma de la Ley de Ingresos que estamos realizando el día de hoy, hay que decirlo, sólo está planteando una modificación que tiende a darle un pequeño aliento a la crisis de tipo financiera y que no toca la propuesta de reactivación económica, la supuesta propuesta de reactivación económica del gobierno zedillista.

Yo preguntaría: ¿Si el presupuesto va a la baja, si estamos hablando de entre 16 mil y 18 mil millones de nuevos pesos a la baja, del 1.3% del Presupuesto de Egresos, cómo va a haber más escuelas, cómo va a haber más servicios de bienestar?, ¿quién va a creer eso?, ¿quién lo va a creer?

Tenemos que ser serios, no podemos seguir diciendo las cosas como si nadie nos oyera.

Y finalmente, no es cierto que sólo haya esta salida. El PRD no está de acuerdo con la propuesta del mal menor. No es la única salida. Es el mal menor cuando estamos de acuerdo con las líneas generales del modelo económico que ha venido prevaleciendo en los últimos 12 años, entonces, dentro de esta lógica es el mal menor. Pero los empresarios, los obreros y diferentes sectores productivos y sociales han planteado que el modelo se ha acabado. ¿Pero este Gobierno no puede dar vuelta al modelo o no quiere?

Sí hay una salida, que no sea ni el mal peor ni el mal menor, una reorientación del modelo económico, pero para eso se necesita un nuevo consenso social. Si no hay un nuevo consenso social tendremos que seguir pagando el mal mayor o el mal menor, en beneficio de los que vienen desde hace 12 años beneficiándose con la política económica.

Nosotros estamos, ni por el mal mayor, ni por el mal menor, por un bienestar legítimo pero con un nuevo consenso político, no por la firma de cúpulas, sino realmente un acuerdo político, un acuerdo social y un acuerdo económico entre todas las fuerzas políticas reales, todos los sectores productivos y todos los sectores sociales; ésa es una nueva reorientación. Gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Antonio García Villa.

El diputado Juan Antonio García Villa:

Señor Presidente; señores diputados:

No estamos de acuerdo en que aquí hayamos venido a invocar razones a medias o a decir verdades a medias. Nosotros, con toda claridad, hemos dicho que estamos en desacuerdo con la política económica del Gobierno. Simplemente habría que revisar la posición que los diputados de Acción Nacional han asumido durante los últimos siete años, al discutirse el Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal, la Ley Anual de Ingresos, que no son otra cosa que un programa anual de Gobierno y en su oportunidad la Cuenta Pública Federal.

Salvo en una ocasión, por lo que ve al Presupuesto de Egresos, en estas 21 decisiones fundamentales en torno a la política económica del gobierno, los diputados de Acción Nacional, no a la mitad o con verdades a medias, hemos votado en contra de esas leyes y de esos decretos, por lo que ve al Presupuesto de Egresos.

Y aquí mismo hemos mencionado, mi compañero el diputado Manuel Beristáin y yo, que en su oportunidad habremos de exponer con toda claridad y rigor nuestra posición en torno a la Cuenta Pública del ejercicio de 1994. Simplemente en este momento si desea reorientar el modelo económico, obviamente de fondo y cambia de estructura, no se estaría, señores diputados, dando una solución urgente que requiere este problema de la estabilización financiera de México. No habría una respuesta inmediata y en ese sentido, tenemos que admitir que no habiendo otra posibilidad, vamos por ella y reiteramos que lo hacemos porque no habiendo otra, es el mal menor.

Pero es también para rescatar credibilidad y confianza en los inversionistas que vinieron aquí a adquirir Tesobonos y que no tienen la seguridad de que sus ahorros se les entreguen con el mismo poder adquisitivo. Esa credibilidad, dijo el señor diputado del PRD, ha sido como inalcanzable y nos dio a entender que como un acto milagrosos nos vamos a convertir los mexicanos todos, los inversionistas, nacionales y del exterior, en seres que creamos automáticamente en forma absoluta y total en las decisiones y concretamente en las medidas de política económica de un Gobierno.

No es la cosa tan sencilla, se hace camino al andar, esta posición de que la confianza vendrá en forma abrumadora y avasallante, que dejaremos atrás la desconfianza anterior, no pasa de ser una simple posición retórica y me recuerda aquella persona que se había hecho el propósito a sí misma de jamás meterse a una alberca mientras no supiera nadar. Gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra del dictamen, por 15 minutos, el diputado Antonio Tenorio Adame.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:

Señor Presidente, con su permiso; señores diputados:

En primer término, quiero felicitar a la fracción parlamentaria del PAN por el espíritu de confianza al depositar ésta, al inicio de esta jornada, el deseo de que las cosas mejoren y que se modifiquen las actitudes del Ejecutivo.

Tengo una posición distinta, pero no dejo de reconocer el mérito de esta valiosa actitud de confianza política. No obstante considero que lo que estamos tratando requiere otro tratamiento, creo que por procedimiento o por técnica jurídica, la posición que aquí se ha signado por todas las fracciones adolece de fallas, porque nosotros no podemos estar aprobando leyes sobre la base de que se van a violar o de que en el supuesto de que ocurra de que no son coherentes, congruentes y eficientes o eficaces, procedamos a su revisión.

Las leyes son válidas o son nulas. Yo por ello creo en el segundo camino, la declaratoria de anular el proyecto que aquí se presenta, porque es atentatorio a la soberanía nacional y soy una voz que espero que no sea solitaria, pero que a nombre personal asume su responsabilidad y con respeto se dirige a todas las fracciones, aún a la mayoritaria sobre de quien recaerá mi crítica siempre con el deseo y el ánimo de que en la confianza en la historia y el amor a México podamos superar algún día los problemas que se nos presentan.

Señores diputados. Decían en 1847, en La Voz de la Religión, un periódico de Guadalajara, que los sucesos de 1847 los llenaron de orgullo, mas no se crea que siempre, "nos ha de ser adversa la fortuna, tiempo vendrá en que México lave la mancha que tiene en su frente y su gloria hará oscurecer el brillo del pabellón de las estrellas". Sin embargo, hoy nos enfrentamos a un virtual embargo petrolero.

Los Estados Unidos nos trata de la misma forma que aquellos países que fueron avasallados por la guerra y nos imponen las mismas medidas que les han impuesto a Irak, a Libia, a Irán y a Cuba. Estamos frente a la pignoración de nuestro petróleo, querámoslo o no, y con ello también estamos viviendo la amenaza atentatoria y ya la ejecución en la sustracción de nuestra soberanía.

La seguridad económica de ninguna nación se puede fincar en la inseguridad de las demás naciones. Considero que los momentos que transita la nación son de alto riesgo al grado de atentar contra su soberanía. La reforma a la Ley de Ingresos de la Federación que propone el Ejercicio Fiscal de 1995 en su artículo 2o., para autorizar contratos que se van a ejercer y autorizar créditos y empréstitos al Ejecutivo, constituye poner a la nación en el alto riesgo de cercenar su soberanía.

En esa virtud, es una necesidad prioritaria llamar la atención de este cuerpo legislativo para advertir los riesgos que afectan dicha soberanía, como significa la aprobación de tal decreto. La soberanía nacional es un principio fundador y constitutivo de la nación. Desde los debates de la Corte de Cádiz dados por José Miguel Gurría y Alcocer, se precisó que la soberanía residía originariamente en el pueblo.

A partir de la primera Constitución de 1814, 1824 y las demás normativas, la de 1856 y 1917, se precisó que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, de tal manera "el soberano supremo es el pueblo, el soberano delegado es el Ejecutivo; la soberanía no reside en el Presidente de la República, sino reside en el pueblo, él es el soberano supremo y es el soberano originario, no el Poder Ejecutivo, el cual es un soberano delegado, como lo expresa nuestra Carta Magna en los artículos 39, 40, 41".

Sin embargo, el soberano originario ha sido impedido para el ejercicio de su plena soberanía; los mecanismos de interposición que impide la libre autodeterminación del pueblo mexicano son de muy variada especie, pero su expresión culminante es la forja de un sistema autoritario representado por un partido de estado cuya manifestación en el Poder Legislativo se expresa en una mayoría ilegal, que habiendo obtenido sólo el 48% de la votación nacional impone ilegalmente decisiones que no le corresponden al interés de la comunidad nacional.

Hoy se vuelve a imponer esa mayoría para desquiciar la historia de los derechos del pueblo mexicano, al grado de atentar contra la soberanía nacional, al votar a favor de este decreto, no obstante que existe un espíritu patriótico en varios de sus legisladores, en esos legisladores a quienes apelamos a su conciencia para reflexionar y para que cumplan su deber con la patria, como signo de confianza depositada en el devenir de México.

El proyecto de decreto es atentatorio a la Constitución de los Estados Mexicanos, contradice las facultades del Congreso en su artículo 73 fracción VIII, que determina las bases de contratación de la deuda externa. Esta iniciativa atenta también contra los elementos constitutivos de la nación, los cuales, históricamente, son sagrados: uno, población; dos, territorio y recursos; tres, tesoro público.

Ningún soberano delegado tiene facultades para atacar estos pilares de la nación, sin embargo, el acta de estabilización de la economía mexicana de 1995, que es el documento que articuló el Congreso de Estados Unidos para otorgar el aval de 40 mil millones de dólares, es el más claro ejemplo para someter la voluntad, pretender someter una vez más la voluntad soberana de México.

Esta acta es un documento semejante al documento de Santa Fe, por medio del cual, se reconoce la total subyugación de la nación mexicana. Estamos, señores diputados, en los umbrales de una nueva colonialidad. Los elementos declarativos de esa colonialidad, están sustanciados en dicha acta, porque establecen su intervención descarada y sin recato alguno para condicionar a nuestra población, a nuestro territorio, a nuestro tesoro público, en los aspectos migratorios, de fronteras, de seguridad pública, de criminalidad, de narcotráfico, de economía, de asuntos fiscales y monetarios, sobre los recursos estratégicos, naturales, energéticos, para determinar la matriz territorial y a través de la enajenación de los ferrocarriles, de las posiciones orbitales, del petróleo y demás, hasta querer llegar a la anulación de nuestra soberanía.

Sin duda quienes aprueben la carta de colonialidad mexicana, lo harán pensando que es un acto de lealtad al Presidente; lo harán como un acto humano que se sustenta en razones de hecho del poder; otros más lo harán con base en sus creencias del fatal desenlace del destino histórico; cada quien racionalizará con ideologías particulares este hecho. ¿Acaso hoy la nación se subsume en el oscuro cuarto de la traición al soberano que es el pueblo? Nadie tiene facultades para traicionar al pueblo.

La aparente y simulada legalidad con que aquí se encubre la aprobación de este decreto y que sustenta el sistema autoritario de partido de Estado, es ilegalidad de origen, de procedimiento y consuma la ilegitimidad de la norma.

Nadie tiene facultades para poner en riesgo la soberanía nacional, expresada en los artículos 39, 40, 41 y 89 fracción X de nuestra Constitución. El partido de mayoriteo no debe asumir esa responsabilidad. La traición al soberano, la traición al pueblo, es un crimen de esa nación, el soberano delegado no puede entregar la soberanía, el territorio, la población, el tesoro, como tampoco siquiera lo pueden hacer los tres poderes juntos. Nadie puede entregar a la nación.

En tal virtud, sólo como miembro de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, declaro el derecho de poner a salvo los derechos del pueblo mexicano y advertir a todos los interesados, entre ellos, a los señores legisladores de los Estados Unidos, que este decreto es nulo de pleno derecho, por vicios de origen, procedimientos alterados y carente de representación pública.

La votación que apruebe este decreto es un acto de autoritarismo, carente de legitimidad que impone un partido basado en el mayoriteo; es nulo de pleno derecho, no representa el interés de la comunidad nacional. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado José Francisco Peniche y Bolio, por cinco minutos.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Con su licencia, señor Presidente; señores legisladores:

He solicitado hacer uso de la palabra para hechos en el brevísimo tiempo de cinco minutos, para lo que tengo que precisar en esta intervención.

El señor diputado Antonio Tenorio Adame es un viejo amigo mío; nos conocimos desde la XLVIII Legislatura, si mal no recuerdo; no sé si sea más viejo que amigo o más amigo que viejo, pero llevamos ya más de 15 años de muy buenas y cordiales relaciones y conozco muy bien la inflexión de su voz, como él conoce también las que en ocasiones empleo en plan de ironía.

Al comenzar su intervención nos atribuyó a la fracción parlamentaria del PAN, que se felicitaba y nos felicitaba de la confianza que estábamos depositando en el Ejecutivo, al haber logrado la adición que ustedes conocen que hemos obtenido.

Y yo le replico que la confianza no es hacia el Ejecutivo, sino que es confianza hacia el propio Congreso de la Unión y que poco favor nos haríamos a nosotros mismos si no vamos a confiar en nosotros mismos, en nuestras acciones y en lo que debemos de calificar mediante la enmienda que se hizo y de la que se ha dado cuenta y por la cual, las diversas fracciones parlamentarias hemos estado de común acuerdo.

Vale la pena volver a reiterar el contenido del párrafo que se le añade al artículo 2o. de la Ley de Ingresos, para darse cuenta de que lo que se ha obtenido es encuadrarlo en el marco de la fracción VIII del artículo 73 constitucional.

La adición dice: "En caso que la contratación de créditos o emisión de valores en el exterior, a que se refiere el párrafo anterior, se hiciera con la garantía de un gobierno extranjero, oportunamente el Congreso de la Unión, en los términos del artículo 73, fracción VIII, conocerá acerca de los condicionamientos correspondientes, a efecto de someterlo a su aprobación".

Quiere decir que una batalla secular que se había venido llevando a cabo para lograr encuadrar precisamente entre las facultades constitucionales de que está revestido el Congreso de la Unión, se había perseguido ese objetivo sin haberse logrado anteriormente, al haberse obtenido ahora es histórico, como se ha calificado, la posibilidad de que sea el Congreso de la Unión quien en su caso apruebe los empréstitos que realice el Ejecutivo Federal y en su oportunidad, conocerá el propio Congreso de la bondad o maldad de la actitud asumida por el Ejecutivo.

Con esas aclaraciones quiero dejar bien precisada la posición de Acción Nacional en este asunto. Muchas gracias.

El Presidente:

En el uso de la palabra, para hablar en favor del dictamen, el diputado Marco Antonio Michel. Tiene el uso de la palabra por 15 minutos.

El diputado Marco Antonio Michel Díaz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:

Desde que iniciamos esta discusión sobre las modificaciones al artículo 2o. de la Ley de Ingresos, la fracción parlamentaria de nuestro partido fijó su posición de manera clara y contundente. Las negociaciones financieras con el exterior que viene realizando el Gobierno mexicano para atender los requerimientos derivados de la presenta situación económica deben supeditarse a los dictados de soberanía nacional, lo cual significa:

Primero. Que nuestras relaciones con otros países no constituyen puntos de la agenda de discusión.

Segundo. Que la propiedad nacional de los recursos petroleros y la empresa que los administra no es un tema tampoco de discusión.

Tercero. Que la disposición de líneas de crédito externo sólo pueden involucrar como garantía las que usualmente se vienen utilizando, y que son los ingresos del sector público derivados de la venta de productos y servicios en el exterior, y

Cuarto. Que otros puntos pendientes en nuestra agenda bilateral con el Gobierno de los Estados Unidos, incluyendo los acuerdos y tratados comerciales firmados con anterioridad, se encuentren también fuera de esta negociación estrictamente financiera.

Bajo estas consideraciones, hechas del conocimiento del Ejecutivo Federal, la Comisión de Hacienda y Crédito Público ha venido actuando para elaborar el dictamen que hoy se presenta a consideración del pleno de esta cámara y que, como ha podido advertirse, se atienden en él dos aspectos torales: el primero, que no se rebase el límite del endeudamiento público neto, el segundo, que se establezcan límites al endeudamiento público que se realiza a través de títulos indexados en moneda extranjera, a fin de disminuir los riesgos sobre las finanzas públicas y las reservas económicas internacionales que se ocasionan en caso de devaluación extrema.

En este orden de ideas, estimamos que las modificaciones previstas en el artículo 2o. de la Ley de Ingresos establecen los candados necesarios para evitar o disminuir los riesgos adicionales al sistema financiero nacional, permi- tiendo, a la vez, una estrategia de cobertura suficiente para que las autoridades hacendarias puedan llevar a buen término las negociaciones con el exterior, incluyendo, por supuesto, la posibilidad de reestructurar los vencimientos de la deuda de corto plazo que están presionando la actual coyuntura.

Igualmente estimamos que los techos establecidos para el endeudamiento neto externo y para la emisión o canje de Tesobonos, permiten el espacio suficiente para dar certidumbre a los inversionistas y a los mercados monetarios, tanto nacionales como del exterior, así como para facilitar el flujo de recursos suficientes para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1995.

Así pues, la fracción parlamentaria del PRI respalda firme y razonadamente la presente iniciativa del Ejecutivo Federal, sabedores de que en todo momento hemos tenido presente los principios básicos de la soberanía de la nación, los cuales no es posible concebirlos ni defenderlos si se ubican de manera aislada en el escenario de un mundo caracterizado, cada vez más por la interdependencia y la globalización.

Este compromiso razonado es la manera en que entendemos el respeto y la colaboración entre poderes.

La iniciativa otorga, como lo he referido, el margen de maniobra necesario al Ejecutivo Federal para superar la emergencia económico-financiera, pero acota los límites al endeudamiento externo que desde nuestro punto de vista nos ofrecen una mayor certidumbre para los mercados financieros.

Adicionalmente este Congreso se había venido pronunciando por eliminar de las negociaciones, todos aquellos temas que puedan atentar contra nuestros principios de independencia económica y política.

Por ello es que el día de hoy, la Comisión de Hacienda de esta cámara, recogiendo los puntos de vista de todas las fracciones que la integran, decidió agregar un párrafo final al artículo 2o. de la Ley de Ingresos para insistir en la necesidad de que esta soberanía conozca los condicionamientos que pudieran surgir como producto de la aprobación de garantías de un Gobierno extranjero para eventuales contrataciones de crédito o emisión de valores en el exterior por parte de nuestro país.

No se trata, pues, como se ha dicho, la referencia específica a unos condicionamientos o unas garantías que no han sido aprobadas, sino simplemente dejar sentada la posibilidad de que este Congreso revise y discuta esos condicionamientos contemplados en las garantías como apoyo financiero por parte de un gobierno extranjero.

Consideramos que con este último agregado se ha fortalecido el dictamen que ha sido puesto a consideración de esta cámara, acorde siempre a la posición que nuestra fracción parlamentaria y que ha compartido con otras fracciones, han venido sosteniendo de defensa irrestricta de nuestra soberanía nacional y de responsabilidad ante todos los mexicanos.

Exhortamos, pues, a las otras fracciones parlamentarias aquí presentes, para que realicemos un ejercicio de congruencia, acorde a la importancia de estos momentos en que se requiere de la unidad de todos para superar las dificultades económicas y para construir los consensos que está demandando la transformación y el perfeccionamiento de nuestras instituciones republicanas.

Asumamos esta iniciativa, sabedores de que son muchas más nuestras coincidencias que nuestras diferencias. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, y lo solicitó en su momento, el diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán.

El diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán:

Señoras diputadas, señores diputados; con la venia de la Presidencia de esta legislatura:

Yo quisiera, a fuerza de ser reiterativo, subrayar el momento histórico de esta legislatura, al consensar parte del importante espíritu que debe prevalecer, por la defensa de la soberanía nacional, por encima de intereses ideológicos o partidarios.

También creo que es muy importante que permanezca expectante esta cámara, para que de ninguna manera se nos condicione a los mexicanos nuestra soberanía, pero también, para decirles a los colegas de los demás partidos, que los agregados que aquí se acordaron, fueron producto también de la lucha de muchos compañeros priístas que hicieron sentir precisamente las congruencias, los principios y la defensa irrestricta de nuestra soberanía.

Que el priísmo tiene la inquebrantable decisión de no permitir que nación alguna, ni momento alguno, nuestro patrimonio, nuestro futuro se comprometa. Pero también quiero dejar aquí constancia de que independientemente de las diversas versiones o interpretaciones que tenemos sobre las causas de la crisis a la que hoy estamos sometidos, tenemos nosotros, priístas, la convicción de que vamos a discutir, de que vamos a ampliar nuestro criterio y de que vamos, como lo estamos haciendo ahora, modificando sustancialmente actitudes de nuestro trabajo legislativo.

Pocas veces, muy pocas veces se ha visto, que se modifique en una comisión realmente un dictamen de una iniciativa del Ejecutivo en materia financiera. Antiguamente las finanzas se decidían en Los Pinos y es hora que las finanzas nacionales las decida la representación popular. Yo creo que hoy es un buen inicio.

Y yo creo también como priísta, que no va a quedar tampoco impune, ni por la historia, ni por el juicio de quienes también han sido responsables de la situación que hoy vive nuestro país, pero también queremos con responsabilidad que tenemos que abrirle el espacio político al Presidente, para que sepa que tiene el país un Congreso plural, que es el mejor de los escudos para la defensa de la soberanía.

Que esos escudos nacionales que están frente a nosotros, son precisamente las armas que tiene la institución de la República, para defender cualquier intento de esos grupos, que durante decenios, centurias, han pretendido dominar a nuestra nación.

Yo quiero decir que no es momento, sobre todo hoy, de que el Presidente de México, el doctor Ernesto Zedillo, no cuente con la voluntad patriótica de todos y cada uno de nosotros, que independientemente de esas diferencias, el Presidente debe tener una arma política en la mano, que pueda blandir con orgullo, con dignidad y con fuerza, dentro y fuera de nuestras fronteras. Ese escudo es la voluntad patriota y democrática de este Congreso.

Enhorabuena por todos y yo espero, que la esperanza siga adelante.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Javier González Garza.

El diputado Javier González Garza:

Gracias, señor Presidente:

El de hoy ha sido un debate muy importante. Queremos dejar sentadas las diferencias. En primer lugar, quiero decir que me parece muy importante que se haya logrado introducir en este segundo punto, en el artículo 2o., este agregado del cual hemos hablado todos. Me parece muy importante; sin embargo, el problema fundamental es que si leemos la fracción VII del artículo 73: "el Congreso tiene facultad:" para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional..."

En otra parte dice que, además, este Congreso tiene la facultad de fijar las bases para que esos empréstitos puedan contratarse. En ese sentido, nos parece una aberración que estemos votando la Constitución, entiendo cuál es el propósito, ¿por qué?, porque nunca se ha cumplido con esto, sobre todo el año pasado. En su último informe de Gobierno, Salinas llegó a decir aquí en esta tribuna, que las finanzas del país eran más fuertes y que México era más firme a nivel internacional; un mes después, nos enteramos de la crisis no por información interna, sino por información externa.

Compañeros, las diferencias son éstas: no coincidimos en la caracterización de la crisis; en primer lugar, aquí se habla de que es una crisis de liquidez de que no tenemos dinero para pagar esa parte. Se habla de un problema de coyuntura y se habla de una emergencia económica financiera.

El problema que nosotros planteamos, es que por esta ruta, sin un solo cambio en la línea económica estricta que están llevando los gobiernos neoliberales, no vamos a pagar la deuda que ya tenemos ni la que vamos a contratar ahora. El problema es que para poder pagar ésta, efectivamente las ventas del petróleo van a ir para pagar esa deuda el año entrante. En este momento, se ha dicho en esta tribuna, tenemos una deuda global de 250 mil millones, global, resulta que para poder pagar ésta ya no vamos a tener ni siquiera las ventas del petróleo, vamos a tener... ¿qué es lo que vamos a vender o qué vamos a hipotecar, territorio nacional o qué otra cosa?

El problema fundamental es que lo que requiere el país es un cambio de política económica, tiene que lograr condiciones de desarrollo. Como está puesto, toda la discusión de hoy es que sigamos manteniendo la inflación baja y ningún control de cambios. Entonces, el problema fundamental es hacia dónde va la política económica del país, no esto; entonces si nos parece muy importante, a mí personalmente, que se haya introducido ese agregado.

Sin embargo, no podemos estar de acuerdo en todo el dictamen, porque es un dictamen que no discute y no hay una sola autocrítica sobre el problema de hacia dónde va la economía, el proyecto económico de este país. Por eso votaremos en contra. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Francisco Curi.

El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:

Señor Presidente; compañeros diputados:

El punto central en el que estamos bordando nuestro debate, es la grave preocupación que tiene el pueblo de México en recibir, en impulsar una línea de crédito de 40 mil millones de dólares para salvar la situación económica nacional.

Es, en rigor, este asunto, el problema que preocupa a todos. De hecho, estamos asimilando con estos 40 mil millones de dólares, el adeudo que el Gobierno por la puerta de atrás adquirió con la emisión de Tesobonos, para sacarle la vuelta a aquella magnífica oportunidad que tuvo esta Cámara de Diputados, de romper con el cheque en blanco que se le daba al Ejecutivo para endeudarse irrestrictamente.

Quiere decir que los 40 mil millones de dólares que pudieran aprobarse, simple y sencillamente van a servir en una mayor medida, para respaldar un adeudo que tenemos y que fue hecho a espaldas de la conciencia y de la participación nacional; que fue hecho para sacarle la vuelta al compromiso que tendría el Ejecutivo con este Legislativo, de tener que pasar a consideración los empréstitos que tuviera que negociar.

El petróleo está siendo la garantía para que esos 40 mil millones de dólares se le puedan otorgar como línea de crédito al país.

Y los diferentes aspectos que tienen que ver con la política de México, han sido discutidos por algunos congresistas norteamericanos para decirnos que también tienen que intervenir en la definición de algunos aspectos esenciales de la línea política que México ha marcado.

Así pues, los términos en los que esos 40 mil millones de dólares puedan gestionarse y puedan aprobarse, están basados en algo que no sabemos y que se va a discutir en fecha próxima en el Congreso de los Estados Unidos.

La preocupación fundamental es si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en que el petróleo, las ventas, producto del petróleo que vendemos, las facturas sean secuestradas, sean manejadas en los Estados Unidos como la garantía para el pago. A mí me parece que éste es el punto esencial y quiero decirles que empezando por ahí, puede advertirse la posibilidad de la presión de los Estados Unidos para modificar la plataforma petrolera, para exigirnos que vendamos más petróleo. Puede venir por ahí la presión de los Estados Unidos para hacer que este país abra las puertas a la venta de Petróleos Mexicanos, que no está ciertamente en este momento en la agenda, es cierto que puede estarlo, porque demos un paso en falso, es lo que debemos de prever.

Yo quiero simplemente plantear aquí, que en esta materia debiéramos pensar dos veces si estamos de acuerdo en que los empréstitos que se van a negociar, la línea de crédito que estamos pidiendo, estén ligados con las facturas del petróleo o no.

Me parece que el Congreso mexicano debiera de tomar una decisión en torno a que fueran otras cosas, también en el terreno económico, no en el terreno político y no el petróleo lo que sirviera de base para dar esta línea de crédito.

El problema es nuestro, pero el problema también es de los Estados Unidos. El problema es nuestro y lo vamos a sufrir; pero los Estados Unidos tendrían que ponerse a pensar claramente lo que significa que México entre en una profunda crisis, si esos 40 mil millones de dólares no se otorgaran.

Desde aquí el reclamo claro, firme, que el Presidente de la Comisión de Energéticos hace para que el petróleo no se ponga dentro de las condiciones para otorgar esta línea de crédito a México. Que el petróleo sea desde este momento, como lo ha sido siempre, uno de los principales baluartes y de los principales patrimonios sobre los cuales tenemos que no claudicar.

Para los negociadores, para los que están en Washington "cabildeando", para los que siendo secretarios de Relaciones Exteriores andan jugando un papel de "lobbystas". Que tomen en cuenta que el petróleo y que la soberanía nacional son dos piezas que tiene un sinónimo y que vamos a estar al pendiente en este Congreso para que en ningún momento se toque ninguna de ellas. Muchas gracias.

El Presidente:

En el uso de la palabra el diputado Manuel Marcué y Pardiñas, para rectificar hechos, por cinco minutos.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

No va a haber ninguna dureza, para que los señores del PRI no se enojen y empiecen a gritar.

Es tan grave el tema que estamos tratando, que yo quisiera, cuando me muera y los mexicanos revisaran quienes aprobaron el préstamo, no me dijeran traidor.

Les confieso a ustedes que tengo dudas de votar a favor o de votar en contra, pero voy a hacer una explicación.

Voy a hacer una explicación. A ver si puedo, porque estoy hasta nervioso.

¡Señores, yo entiendo que la Constitución de la República me da derecho a mí a exigirle al Presidente que cuando vaya a pedir un préstamo que ponga la soberanía del país en peligro, debe de ir a la Cámara a pedir permiso y no nada más el Presidente tome esa responsabilidad, sino seamos todos!

¿Por qué, por qué estoy preocupado? Porque vi que cuando el señor Suárez, distinguido amigo mío, miembro del PRI, vino a hacer la propuesta, que seguramente traía por instrucciones del Presidente. ¡Que no me vengan a mí a decir los señores de las bancadas que fue un acuerdo entre ellos! ¡Eso es mentira, señores! ¿Por qué digo que es mentira? Porque en México la política es vertical, lo que ordena el Presidente es lo que se hace y seguramente cuando se le propuso a la bancada del PRI lo que deseaba la bancada del PAN, mi bancada y la bancada del PT, el Presidente dijo: si o no, así es de que yo entiendo que es una cosa del Presidente; por eso tengo mi preocupación y mis dudas.

Pero yo pregunto a los señores del PRI: ahora con aplausos van a aprobar lo que según dicen ustedes, señores, los de las bancadas, que ustedes concertaron y que es un triunfo, ¡porque eso dice mucha gente aquí!, tanto en la bancada del PAN como en mi bancada principalmente, ¡y yo no lo creo!, ¡tengo que decir mi verdad, señores!, ¡no lo creo!

¡Ojalá la vida me alcance para ver si los señores del PRI, cuando el Gobierno de la República, ojalá no suceda, pida otro préstamo, a ver si respetan la Constitución que van a modificar ahora o si no vienen a mayoritearnos en este lugar para conceder el préstamo que el Presidente pida! Esa es mi preocupación. Estoy reflexionando cómo votar.

El Presidente:

Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Hasta el momento han hecho uso de la palabra 28 oradores.

Ha solicitado el uso de la palabra para hacer una propuesta, la diputada Rosario Robles Berlanga. En el uso de la palabra, diputada.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga:

Compañeras y compañeros:

Deseo argumentar una propuesta que el Partido de la Revolución Democrática desea hacerle a todos ustedes.

Hoy se ha hablado aquí de que estamos viviendo un momento histórico. Se ha aplaudido una visión que no es concesión gratuita, sino simplemente derecho constitucional. ¿Cómo está este país, compañeros legisladores, si tenemos que ratificar con votaciones lo que nos otorga la Constitución?

Los legisladores de todas las fracciones han utilizado esta tribuna y han hablado y cito textualmente, para ejemplificar al diputado Suárez y Dávila, de dignidad de este Congreso de la Unión y de cabal cumplimiento a la división de poderes y eso no es todo, han señalado que por encima de todo y vuelvo a citar textualmente: "Reivindicamos cabalmente nuestra responsabilidad ante el pueblo de México, a quien nos debemos".

Si esto es así, compañeros, seamos consecuentes. Sabemos que no hemos legislado todavía sobre plebiscito y referendum, pero ningún precepto legal nos maniata, nada impide que consultemos a ese pueblo al que aquí hemos dicho que nos debemos y qué mejor momento que éste para hacerlo.

Hemos hablado de patriotismo, de compromiso, de nacionalismo, es hora de demostrarlo. Tenemos dos experiencias que hacen viable esta posibilidad: el plebiscito de la ciudad de México, realizado el 21 de marzo de 1993 y la reciente consulta pública, que poniéndonos de ejemplo llevaron a cabo los diputados, por cierto, priístas todos ellos, los diputados de la zona fronteriza.

Por eso, en la medida que se abre una moción suspensiva que condiciona la aprobación de ese Congreso al conocimiento pleno sobre los términos y condiciones para la contratación de un empréstito extranjero y de que habremos de reunirnos nuevamente para tomar esa decisión, deseamos presentarles a ustedes un punto de acuerdo para que lo votemos en este momento conforme a los artículos 58 y 59 de nuestro reglamento.

Si realmente estamos comprometidos de transitar por la ruta que le otorgue autonomía y plenas facultades a esta Cámara de Diputados, les proponemos que en relación a este aspecto, el del empréstito extranjero, cuyas consecuencias para la soberanía y el futuro del país son trascendentales, en pleno ejercicio de nuestra calidad de representantes populares y anteponiendo interés de la nación a los partidarios, les proponemos que consultemos a la ciudadanía.

En consecuencia, proponemos que esta soberanía que representa la pluralidad del país, asuma como propia la iniciativa de plebiscito formulada por hombres y mujeres de diversos partidos políticos, de organizaciones civiles y sin militancia partidaria, y que se comprometa a restar sus resultados en el momento en que se nos convoque de nueva cuenta para decidir en definitiva.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, es el momento de demostrar que queremos un nuevo México, los llamamos a inaugurar con hechos este nuevo camino que muchos de a deveras queremos recorrer, hablamos de cabal división de poderes, pues es tiempo de pasar de las palabras a los hechos. No hay mayor fortaleza que la que da precisamente la decisión del pueblo. Gracias.

El diputado Fructuoso López Cárdenas(desde su curul):

Para hacer una moción de orden, señor Presidente. Estamos discutiendo una ley, la propuesta que ha puesto a consideración del pleno la señora diputada, no es procedente, es otro tema, en todo caso que se turne a la Comisión Permanente y que esta propuesta sea discutida en ese foro, señor Presidente.

El diputado J. Jesús Ortega Martínez(desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra con el objeto de rechazar la moción que ha hecho el diputado Fructuoso López Cárdenas, si usted me permite.

El Presidente:

Adelante, señor diputado.

El diputado J. Jesús Ortega Martínez:

Compañeras y compañeros diputados:

Desde que planteamos la convocatoria a este periodo de sesiones extraordinarias y fijamos los temas, cada vez que queremos hacer una propuesta se argumenta que no procede porque no está contemplado en el temario del periodo extraordinario y me parece que es una argumentación que pervierte el sentido de una amplia discusión sobre un tema determinado.

Es cierto, como dice el diputado Fructuoso López Cárdenas, aquí estamos discutiendo una ley y vamos; y se va a resolver sobre esa ley, pero lo que está planteando la compañera diputada Rosario Robles, es una propuesta que no va a obstaculizar la aprobación o desaprobación de esa ley en su momento, pero además, la propuesta tiene que ver con el tema que estamos discutiendo y por lo tanto procede que esta cámara conozca de la propuesta y resuelva sobre ella.

Lo que estamos proponiendo es que, si bien, va a votarse ahora que la cámara revisará en su momento las condiciones que ponga el Congreso norteamericano para el aval de su Gobierno en el crédito de 40 mil millones de dólares, la Cámara de Diputados en su momento revisará esas condiciones y determinará si las acepta o no para conseguir el aval del Gobierno norteamericano. Y lo que propone la compañera Rosario Robles es que esta Cámara de Diputados, para determinar y decidir en su momento esas condiciones, sobre esas condiciones, consulte a la ciudadanía, consulte al pueblo para que nuestra decisión tenga un mayor sustento y una mayor autoridad.

Por lo tanto, si ustedes la rechazan, rechácese, pero no se argumente, me parecería mal que lo hicieran, pero no se argumente que no procede la puesta a consideración de ustedes, una propuesta que está íntimamente ligada al tema por el cual se convocó a este periodo extraordinario de sesiones. Gracias, por su atención.

El Presidente:

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Fructuoso López Cárdenas(desde su curul):

Para una moción de procedimiento, señor Presidente.

Lo planteado por la diputada y en este momento abundado por el diputado Ortega, es otra... configura otra situación. El 124 y el 125 del propio reglamento establecen claramente los procedimientos que hay que, en todo caso, hacer valer para adicionar una ley como es ésta que está a discusión, pero no cabe la propuesta por la vía del 58 y el 59; en todo caso, si es una adición, que se vaya sobre el 124 y el 125.

Tampoco nos oponemos a que se discuta, pero éste no es el momento procedimental, en todo caso debe turnarse a la Comisión Permanente para que conozca del asunto y lo turne a su vez a las comisiones respectivas.

El Presidente:

Voy a solicitar a la Secretaría...

>El diputado J. Jesús Ortega Martínez(desde su curul):

Señor Presidente, para hacer una propuesta para ver si coincide.

Efectivamente no es estrictamente una adición, pero tiene que ver con el tema, entonces, lo que yo le sugiero es que en el momento en que termine la discusión sobre esta ley, se someta a votación e inmediatamente después se ponga a consideración la propuesta de la diputada Rosario Robles.

El Presidente:

Le voy a pedir a la Secretaría que dé lectura a los artículos 124 y 125 del reglamento.

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

"Artículo 124. En la sesión en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley, podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados.

"Artículo 125. Leída por primera vez una adición y oídos los fundamentos que quiera exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión. Admitida, se pasará a la comisión respectiva; en caso contrario, se tendrá por desechada."

El Presidente:

En consecuencia, en votación económica preguntamos... Dígame, diputado.

El diputado Fructuoso López Cárdenas(desde su curul):

Señor Presidente, la discusión de una ley se debe terminar y votar, después de la votación, al término de la misma, nosotros convenimos que se pueda poner a discusión y a consideración de la Asamblea.

El Presidente:

Hasta el momento, compañeros diputados, han hecho uso de la palabra 28 compañeros diputados. Para hacer una propuesta de adiciones al dictamen, habló el diputado Francisco Suárez y Dávila y en apoyo a esta propuesta, los diputados Juan Antonio García Villa, Jesús Ortega y Joaquín Vela.

Para hablar acerca del dictamen, se apuntaron en contra los diputados Mara Robles, Víctor Manuel Quintana, Luis Sánchez Aguilar y Antonio Tenorio Adame. A favor lo hicieron los compañeros diputados Serafín Núñez, Manuel Beristáin, Cándido Pérez, Juan Antonio García Villa y Marco Antonio Michel.

Para hechos hicieron uso de la palabra Oscar Levín Coppel, Mara Robles, Cuauhtémoc Sandoval, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Eric Villanueva, Francisco José Peniche y Bolio, Alejandro Rojas Díaz-Durán, Javier González, Francisco Curi y Manuel Marcué y Pardiñas. Para alusiones personales, hicieron uso de la palabra Víctor Manuel Quintana y Juan Antonio García Villa.

La diputada Rosario Robles interpeló al diputado Oscar Levín y para hacer una propuesta, la diputada Rosario Robles Berlanga.

En consecuencia, le solicito a la secretaría que consulte a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto, con la adición propuesta por el diputado Francisco Suárez y Dávila, a nombre de la Comisión de Hacienda.

El diputado Leonel Godoy Rangel(desde su curul):

Señor Presidente, vamos a razonar nuestro grupo parlamentario nuestro voto en relación a la adición al artículo 2o. de la Ley de Ingresos. ¡Desea usted que se haga en este momento o una vez que consulte si está suficientemente o no discutido?

El Presidente:

Señor diputado, en su momento se hizo el razonamiento de este dictamen.

El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):

Señor Presidente, vamos un grupo de diputados a razonar nuestro voto, deseo consultarle a usted en qué momento desea que lo haga, si una vez que haya sometido a votación si está suficientemente discutido o no y lo pase a votación, o después.

El Presidente:

Vamos a proceder a consultar a la Asamblea si está suficientemente discutido y posteriormente señor diputado, con mucho gusto lo escucharemos. *

*Las intervenciones de los diputados Leonel Godoy Rangel y Amado jesús Cruz malpica, se publican en el apéndice de esta edición, por ser posteriores y que la asamblea consideró suficientemente discutido el dictamen.

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente:

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto, con la adición presentada por la Comisión de Hacienda y apoyada por los grupos parlamentarios.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

El secretario Sergio Emigdio Prieto Gamboa:

Se emitieron en lo general, particular y adiciones al párrafo cuarto, 381 votos en pro; 58 en contra; 419 en pro de la adición al párrafo cuarto; 11 abstenciones a la adición al párrafo cuarto y, 9 en contra a la adición al párrafo cuarto.

El Presidente:

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995.

El secretario Sergio Emigdio Prieto Gamboa:

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

DISTRITO FEDERAL

La diputada Gloria Sánchez Hernández(desde su curul):

Señor Presidente, quiero hacer uso de la palabra para hacerle una pregunta señor Presidente.

El Presidente:

Tiene usted la palabra.

La diputada Gloria Sánchez Hernández:

Señor Presidente; de acuerdo con la Ley Orgánica que nos rige, el único autorizado para solicitar la protección de la fuerza pública a este recinto es usted.

Para el juicio de varios de nosotros, resulta exagerada la presencia de granaderos de manera permanente en las afueras del recinto. Solicito una explicación de esa fuerza pública.

El Presidente:

En virtud de que está fuera del recinto, no es responsabilidad de esta Presidencia.

Vamos a pasar a un punto de acuerdo que va a expresar la diputada Cecilia Hernández, por parte de la Comisión de Programación y Presupuesto... Dígame señor diputado Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa(desde su curul):

Ya no solamente este día, sino en otros, la fuerza pública prácticamente toma el recinto, nosotros queremos saber si usted tomó esa decisión y si la tomó porqué razón. No estamos dispuestos a permitir que se viole nuestra Ley Orgánica, no estamos dispuestos a estar rodeados. ¿Qué es lo que sucede? ¡Cuál es el problema! ¿Por qué la fuerza pública? Y le pido que tenga respeto y a la Ley Orgánica y aquí a los oradores, no nos puede ignorar, señor Presidente.

Queremos una explicación de acuerdo a la Constitución, a la Ley Orgánica. Y si no la solicitó usted, por favor tome medidas para que se retiren además y una propuesta al Departamento para que no siga tomándose atribuciones que no tiene.

Le pedimos por favor que obre de acuerdo a la Ley Orgánica que tenemos.

El diputado Fructuoso López Cárdenas(desde su curul):

Señor Presidente, una moción. El Presidente de la Cámara es responsable de lo que suceda en el recinto, fuera del recinto son otras las autoridades que tienen vigencia y responsabilidades, la policía, a que se alude en este momento, está fuera del recinto. Por lo tanto, en todo caso y como bien lo ha dicho usted, la responsabilidad se circunscribe solamente al ámbito del recinto.

Podríamos coincidir en el sentido de que el Presidente preguntara las razones a las autoridades correspondientes porqué están ahí. Y en todo caso, solicitarles de la manera más atenta y hecho del conocimiento de ellos, la inquietud de los compañeros, este asunto, proceder en consecuencia. Pero no es responsabilidad del Presidente lo que sucede afuera.

El diputado J. Jesús Ortega Martínez(desde su curul):

Señor Presidente, ¿me permite?

El Presidente:

Adelante, señor diputado.

El diputado J. Jesús Ortega Martínez (desde su curul):

Bueno, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Las sesiones de la Cámara de Diputados son públicas, y ya a partir de varias sesiones y seguramente por instrucciones del Presidente de la cámara o por instrucciones de la Oficialía Mayor o por instrucciones del presidente de la Gran Comisión, se está solicitando a las autoridades del Departamento del Distrito Federal, que la fuerza pública rodeé el Palacio Legislativo.

Entonces, señor Presidente, lo que le estamos solicitando, es que se cumpla, en primer lugar, con el precepto de que las sesiones de esta Cámara de Diputados son públicas; y en segundo lugar, que usted tome las precauciones, para que ningún funcionario de la cámara ni ningún otro diputado, ordene a la fuerza pública que obstruya el derecho constitucional de los ciudadanos a pasar por el Palacio Legislativo e inclusive el derecho de asistir a las sesiones de esta Cámara de Diputados.

La fracción parlamentaria del PRD a partir de la próxima sesión no va a soportar y a permitir que esta Cámara de Diputados esté cercada por los granaderos. Y no vamos a permitir que se cancele el derecho de los ciudadanos, el derecho constitucional de los ciudadanos a transitar por el país y asistir a las sesiones de esta Cámara de Diputados.

El Presidente:

Tomamos nota de su preocupación, señor diputado.

La diputada Graciela Rojas Cruz(desde su curul):

En el mismo sentido de la diputada Gloria Sánchez, yo sí le pido una explicación, una explicación si aquí se encuentran quienes están solicitando que la fuerza pública del Departamento del Distrito Federal rodeén nuestro recinto. El día de ayer, cuando yo quería pasar, no traigo la credencial todavía, y no me dejaban pasar aun enseñando mi distintivo. No es queja, sino que vino esto a lo que se está comentando.

Entonces yo sí le solicito que aquí nos diga, si usted como Presidente hoy de la cámara y de este periodo extraordinario, ha solicitado esto. Porque aquí va a estar el próximo martes el señor regente de la ciudad, en una reunión que tenemos de la Comisión del Distrito Federal, y entonces veremos también con el señor regente que estos elementos no sigan rodeando la cámara. Creo que eso presenta muy mal aspecto y no podríamos decir que son cosas de mal gusto, porque sería muy frívolo, sino que representa lo que ya el compañero Jesús Ortega dijo hace un momento.

El Presidente:

Por lo que respecta a esta Presidencia y también por la información que tengo, ninguna autoridad de la cámara hemos solicitado la presencia de la fuerza pública. Habremos de investigar por qué se encuentra cercana a este edificio la fuerza pública. Pero yo creo que es importante establecer que ciertamente es una obligación y responsabilidad del Presidente solicitar la fuerza pública, pero adentro del recinto, no es el caso; no obstante ello, vamos a abocarnos a investigar por qué se encuentra aledaña a este edificio la fuerza pública.

Sí, señor diputado Marcos Rascón.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova(desde su curul):

Solicito, señor Presidente, que le pregunte al pleno de la cámara si se encuentra en peligro la Cámara de Diputados para justificar que esté afuera la fuerza pública rodeando el Palacio Legislativo.

Sí, Marcué y Pardiñas.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas(desde su curul):

Señores diputados:

Ustedes se enojan cuando he pasado a la tribuna y he dicho palabras que los hieren. A nosotros nos hiere que esté rodeado el Palacio Legislativo de policías, y no nada más de policía uniformada, sino de muchos agentes que allá afuera están.

Yo pregunto, con respeto a ustedes, ¿qué, tienen miedo de que alguno de ustedes vaya a ser asesinado?

¿Miedo de que les pase lo que pasó a su candidato? ¿Tienen miedo que les pase lo que le pasó al Secretario general de su partido? ¿Tienen mucho miedo?

Entonces quiere decir que los señores de Acción Nacional, el Partido del Trabajo y los del Partido de la Revolución Democrática, somos asesinos y nosotros mandamos asesinar a su candidato. ¡No tienen vergüenza!

COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

El Presidente:

Vamos a continuar con los asuntos en cartera. Se le concede la palabra a la diputada Cecilia Hernández, para que nos exponga un punto de acuerdo de la Comisión de Programación y Presupuesto.

La diputada María Cecilia Hernández Ríos:

Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:

Hacemos del conocimiento de este pleno un punto de acuerdo que ha sido suscrito por las diversas fracciones parlamentarias que integramos la Comisión de Programación y Presupuesto.

Dado en el Palacio Legislativo, 26 de enero de 1995...

El Presidente:

Compañera diputada, un momento por favor.

Con objeto de dar trámite a la propuesta de la diputada Rosario Robles Berlanga, esta Presidencia dispone se turne a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Igualmente a la propuesta hecha por el diputado Primitivo Ríos Vázquez, se turna a la Comisión de Hacienda.

Continúe, compañera diputada.

La diputada María Cecilia Hernández Ríos:

PUNTO DE ACUERDO

«La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesta:

Primero. Que el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica es un programa restrictivo. Por ello, las distintas fracciones parlamentarias nos pronunciamos para que dentro del marco presupuestal se desarrollen una serie de medidas encaminadas a aminorar sus efectos en el bienestar social.

Proponemos que no se afecte el presupuesto de los programas de leche, tortilla, becas para capacitación de los trabajadores, los programas básicos de salud, las despensas y desayunos escolares, en general, los apoyos a campesinos y clases populares.

Segundo. Que las fracciones parlamentarias que integran la LVI Legislatura demandemos que se aceleren los trabajos para descentralizar recursos, facultades y responsabilidades, particularmente en materia de salud, educación, comunicaciones y transportes, agricultura y desarrollo social.

Estamos convencidos de que es a través de la descentralización como mejor se avanza en el sano ejercicio del presupuesto.

Tercero. Los legisladores demandamos participar de manera activa en el proceso de integración del Plan Nacional de Desarrollo.

Sabemos que le corresponde al Ejecutivo su integración, pero ahora, más que nunca, resulta de la mayor importancia involucrar al Congreso desde su formulación.

Nuestra preocupación no solo es superar la difícil coyuntura por la que atraviesa el país, sino incidir en la definición de las políticas de mediano y largo plazo.

El Plan Nacional de Desarrollo establecerá las prioridades y las líneas generales de Gobierno para los próximos años. Queremos ser corresponsales en este proceso.

Firman este punto de acuerdo los diputados, por el Partido Revolucionario Institucional, Antonio Sánchez Gochicoa, presidente de la comisión; por el Partido Acción Nacional, Marcos Parra Gómez, secretario de la comisión; por el Partido de la Revolución Democrática, Raúl Livas Vera, secretario de la comisión; y por el Partido del Trabajo, Joaquín Vela González.» Gracias.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente:

Antes de pasar al siguiente punto, informo a la Asamblea que me está llegando una información que voy a dar a conocer.

Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Cámara de Senadores y se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.

El secretario diputado José Rosas Aispuro Torres:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.-México, D.F.

Secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Para sus efectos correspondientes nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 26 de enero de 1995.- Senadores Layda Sansores San Román y Enrique Hernández, secretarios.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28.............................................

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petroleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

..................................................................

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México Distrito Federal, a 26 de enero de 1995.- Senadores: Ricardo Monreal Avila, presidente; Layda Sansores San Roman, y Enrique Hernández Quinto, secretarios.

Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales- México, D. F. a 26 de enero de 1995.- El oficial mayor licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»

Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes.

LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS, LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO; Y LEY DEL MERCADO DE VALORES

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores.

En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario Andrés Galván Rivas:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

«Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades que le otorga la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores.

La iniciativa antes mencionada fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, por lo que fueron analizadas las disposiciones contenidas en la misma y discutidas por sus integrantes con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

A mayor abundamiento, se realizaron reuniones con funcionarios de la administración pública, con el objeto de aclarar y profundizar en el conocimiento de la iniciativa y discutir sus alcances para normar el criterio de esta legisladora. Es importante destacar el trabajo en conferencia con el Senado de la República sobre esta iniciativa, que nos permitió recoger sus puntos de vista, preocupaciones y recomendaciones.

Por lo anterior, con fundamento en las disposiciones anteriormente citadas, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración del pleno de esta honorable de Diputados, el siguiente

DICTAMEN

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, analizó la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores, considerando que la misma cumple con cuatro objetivos fundamentales:

Primero. Fortalecer las instituciones, capitalizándolas para que redunden en servicios más competitivos y eficientes para los usuarios.

Segundo. Preservar el carácter nacional del sistema financiero.

Tercero. Reforzar los mecanismos de supervisión y el control de la autoridad sobre los bancos, para asegurar que cumplan con la ley y las políticas financieras.

Cuarto. Obtener el equilibrio entre la mayor capitalización y el control del sistema financiero por los mexicanos.

La cada vez más compleja actividad económica de nuestro país, requiere de un sistema financiero eficiente que propicie su crecimiento. Para tal fin, el Gobierno Federal ha venido adecuando la legislación relativa, primero para desregular esta actividad y segundo para dar a la autoridad mayores posibilidades de control y vigilancia.

Ante la actual situación económica, se considera que resulta de vital importancia impulsar la capitalización de nuestro sistema financiero, con el propósito de incrementar la solidez de los intermediarios financieros y proporcionar una mayor seguridad a los ahorros del público y a los servicios que se presten a un mayor número de mexicanos.

Para garantizar la solvencia de los intermediarios financieros y proteger los depósitos del público ahorrador, la legislación exige a las instituciones de crédito mantener un capital neto que no puede ser inferior a ciertos porcentajes del monto de sus carteras de crédito y de otras operaciones expuestas a riesgo. Las casas de bolsa, por su parte, también deben cumplir con requisitos de capitalización. Adicionalmente, las instituciones de crédito están obligadas por la ley a crear reservas preventivas en función de la calidad de sus carteras crediticias.

Por lo anterior, esta comisión considera adecuado modificar el régimen accionario de los grupos financieros, las instituciones de banca múltiple y las casas de bolsa, a fin de que personas morales mexicanas y extranjeros puedan tener una mayor participación en su capital social ordinario, así como incrementar del 30% a 35% la proporción de capital adicional que en relación al citado capital ordinario puedan colocar dichas entidades financieras.

Se propone que el capital social ordinario de los grupos financieros, de las instituciones de banca múltiple y casas de bolsa, quede integrado únicamente por acciones series "A" y "B", que deberán representar, cuando menos, el 51% y hasta el 49%, respectivamente.

Se admite la posibilidad de que personas morales mexicanas, cuya mayoría de tenencia accionaria y control estén en manos de mexicanos, detenten acciones serie "A", así como la de que extranjeros puedan adquirir acciones serie "B" y por lo tanto, ser tenedores en su conjunto de hasta el 49% del capital social ordinario de un banco, una casa de bolsa o una sociedad controladora. Bajo esta nueva estructura del capital social ordinario, se hace innecesaria la existencia de las acciones serie "C" en instituciones bancarias y sociedades controladoras.

En concordancia con lo antes señalado, se juzga conveniente el que conservando los límites máximos de tenencia accionaria individual sin requerir de autorización, se pueda con ésta última expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incrementarse hasta un 20%. Al efecto, esta comisión estima necesario acotar el uso de esta facultad discrecional por parte de la referida dependencia, dada su trascendencia, a que la misma se ejerza atendiendo, en todo caso, a que la operación del sistema de pagos se efectúe, fundamentalmente, por instituciones controladas por mexicanos.

Adicionalmente, reviste especial consideración la posibilidad de que la mencionada Secretaría apruebe programas conforme a los cuales instituciones financieras del exterior y sociedades controladoras filiales puedan adquirir acciones por encima del límite máximo de tenencia accionaria individual, con la finalidad de convertir a una institución de banca múltiple en filial. Para garantizar plenamente el principio a que se refiere el párrafo anterior, se concluye indispensable el que se establezca que no podrán aprobarse programas para la adquisición de bancos cuyo capital neto exceda del 6% de la suma del capital neto que alcancen en su conjunto dichas instituciones. Asimismo, se considera pertinente determinar que el monto total de estas adquisiciones no podrá dar a los intermediarios extranjeros que las realicen, una participación de mercado superior al 25%, durante el periodo de transición establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, hasta el año 2000.

Por lo expuesto, esta comisión propone reformar el primer párrafo y adicionar un segundo párrafo a la fracción Vll, ambos del artículo 17, así como ajustar la fracción V del artículo 45-I de la Ley de Instituciones de Crédito y adicionar un segundo párrafo al artículo segundo transitorio de la iniciativa de decreto que se dictamina, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 17. Ninguna persona física o moral podrá adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de acciones de las series "A" y "B" por más del 5% del capital social de una institución de banca múltiple. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar, cuando a su juicio se justifique, un porcentaje mayor, sin exceder el 20%. Al efecto, la citada Secretaría tomará en cuenta la composición del capital de la institución de que se trate y la participación extranjera en la misma, a fin de que el sistema de pagos del país esté en todo tiempo controlado por mexicanos.

..................................................................

I................................................................

II. Los inversionistas institucionales señalados en el artículo 15 de esta ley, siempre y cuando su inversión no exceda en lo individual o en conjunto del 20% del capital social de la institución emisora. Las instituciones de banca múltiple deberán establecer mecanismos que permitan el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción;

III. a VI.........................................................

VII. Las instituciones financieras del exterior y las sociedades controladoras filiales que adquieran acciones de cualquier serie, conforme a programas aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de convertir a la respectiva institución de banca múltiple en una filial.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo de este artículo, no podrán aprobarse programas para la adquisición de instituciones de banca múltiple cuyo capital neto exceda del 6% de la suma del capital neto que alcancen en su conjunto dichas instituciones.

Artículo 45-I...........................................

I. La institución financiera del exterior, la sociedad controladora filial o la filial, según sea el caso, deberá adquirir acciones que representen cuando menos el 51% del capital social de la institución de banca múltiple o cuando menos el 99% del capital social de la sociedad financiera de objeto limitado;

II. a IV..........................................................

V. Tratándose de instituciones de banca múltiple, la suma del capital de la institución adquirida y del capital de la institución de banca múltiple filial adquirente, o en cuyo capital participe mayoritariamente la institución financiera del exterior o la sociedad controladora filial adquirente, no podrá exceder del límite de capital que en su caso se haya establecido en el tratado o acuerdo internacional aplicable, salvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo autorice, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción Vll del artículo 17 de esta ley.

Segundo. Lo establecido en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de Sociedades de Inversión, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Ley Federal de Instituciones de Fianzas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1993, no es aplicable a las filiales que resulten de las adquisiciones que sean autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En todo caso, el monto agregado de capital neto del total de las instituciones de banca múltiple filiales, no será superior al 25% de la suma del capital neto que alcancen en su conjunto las instituciones de banca múltiple, durante el periodo de transición establecido en el tratado o acuerdo internacional aplicable.

Asimismo, se estima por demás adecuado el que las acciones de tesorería no computen para efectos de determinar los límites de tenencia accionaria, considerando para ello exclusivamente el capital pagado, a fin de que las proporciones determinadas guarden relación con el capital con que efectivamente cuentan las sociedades controladoras, las instituciones de banca múltiple y las casas de bolsa.

Para fortalecer la capitalización de las casas de bolsa, se juzga acertado que se les faculte emitir obligaciones subordinadas convertibles en acciones, dado que constituye una nueva alternativa para lograrla.

Esta comisión considera que una mayor capitalización de nuestras entidades financieras les permitirá estar en mejores condiciones para competir ante la apertura del sector financiero, así como para poder hacer frente a las actuales circunstancias económicas y para facilitar la reestructuración de sus carteras crediticias, considerando las características de los deudores, para reducir, los muy elevados márgenes de intermediación y para diseñar planes en apoyo de los diversos usuarios del crédito, en especial, de pequeña y mediana industria, de la actividad agropecuaria y de créditos hipotecarios.

La comisión a su vez, cree consistente el que se permita ser consejeros de sociedades controladoras e instituciones de banca múltiple a quienes realicen funciones de regulación, inspección y vigilancia de dichas sociedades, cuando reciban apoyos del fondo bancario de protección al ahorro o del fondo de apoyo al mercado de valores. De igual modo, se concluye pertinente ajustar la propuesta para que la mayoría de los consejeros de las series "A" en sociedades controladoras, instituciones de banca múltiple y casas de bolsa, deban ser mexicanos o extranjeros residentes en territorio nacional y no necesariamente con la calidad de inmigrados. Por ello, se propone a esta honorable Asamblea adecuar los artículos 25 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 23 de la Ley de Instituciones de Crédito y 17-bis-I de la Ley del Mercado de Valores, en los términos que a continuación se indican:

Artículo 25.............................................

I a IV............................................................

V. Quienes realicen funciones de regulación, inspección y vigilancia de la controladora o de las entidades financieras integrantes del grupo, salvo en el caso en que la referida sociedad o entidades correspondientes reciban apoyos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro o del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores.

Los consejeros que representen a la serie "A" deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en territorio nacional.

Artículo 23.............................................

I a VI............................................................

VII. Quienes realicen funciones de regulación de las instituciones de crédito, salvo que exista participación del Gobierno Federal en el capital de las mismas, o reciban apoyos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

Los consejeros que representen a la serie "A" deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en territorio nacional.

Artículo 17-bis-I. El consejo de administración estará integrado, a elección de los accionistas de la sociedad, por 11 consejeros o sus múltiplos. Su nombramiento deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones. A las asambleas que se reúnan con este fin, así como aquellas que tengan el propósito de designar comisarios por cada serie de acciones, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las asambleas generales ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En el supuesto de que el consejo se integre con 11 miembros, los accionistas de la serie "A" designarán a seis consejeros y por cada 10% de acciones de esta serie que exceda del 50% del capital pagado ordinario, tendrán derecho a designar un consejero más. Los accionistas de la serie "B", en su caso, designarán a los consejeros restantes.

Los accionistas de cada una de las citadas series, que representen cuando menos un 10% del capital pagado ordinario de la sociedad, tendrán derecho a designar un consejero de la serie que corresponda. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma serie.

En caso de que el consejo se integre por múltiplos de 11 o cuente con más de seis consejeros de la serie "A", para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se deben guardar las proporciones correspondientes conforme a lo dispuesto en este artículo.

El presidente del consejo deberá elegirse de entre los propietarios de la serie "A" y tendrá voto de calidad en caso de empate. Por los propietarios se nombrarán suplentes, los cuales podrán suplir indistintamente a cualesquiera de los propietarios, en el entendido de que dentro de cada sesión, un suplente sólo podrá representar a un propietario.

Los consejeros que representen a la serie "A" deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en territorio nacional.

Por otra parte, con el propósito de reforzar el principio de que exista una separación entre la banca y las actividades comerciales e industriales, como condición que garantice una política objetiva de crédito, se estima prudente el que ante un potencial aumento en la participación de personas morales en el capital de las instituciones bancarias, se restrinja el monto de los denominados "créditos relacionados" que pueden otorgar dichas instituciones, a la vez que se elimine la posibilidad de que los bancos inviertan en el capital de empresas que sean sus accionistas o de sociedades que se encuentran relacionadas corporativamente con éstas últimas.

Asimismo, resulta de particular importancia el que se haga expresa la preferencia y se determinen los procedimientos de ejecución de las garantías que otorguen las sociedades controladoras, instituciones de crédito e intermediarios bursátiles, consistentes en sus propias acciones, cuando reciban apoyos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores. Al efecto, esta comisión considera conveniente el que se homologuen los textos relativos al otorgamiento de dichas garantías, para lo cual se propone modificar el texto del artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores contenido en la iniciativa, para quedar como sigue:

Artículo 89.............................................

I y II............................................................

Cuando esta garantía recaiga en acciones representativas del capital social de la casa de bolsa o del especialista bursátil apoyado, los accionistas primeramente deberán de afectar títulos representativos de las series "A" o "F", según corresponda, hasta por el importe de la garantía requerida y, en caso de que tales títulos no cubran el total de dicho importe, también deberán afectar los títulos correspondientes a las demás series. Dichas acciones garantizarán el pago del apoyo en la proporción a prorrata que corresponda conforme al valor de cada una de ellas. Para la constitución de esta garantía preferente de interés público, las acciones deberán traspasarse a una cuenta a favor del fondo, en la institución para el depósito de valores en que se encuentren depositadas, correspondiendo a dicho fondo el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a tales acciones, quedando el producto de los derechos patrimoniales afectos en garantía a favor del fondo. El fondo podrá optar porque la garantía se ejecute mediante la venta extrajudicial de las acciones de conformidad con el procedimiento previsto para la caución bursátil en esta ley, o de acuerdo a lo establecido para la prenda en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

..................................................................

III a XI..........................................................

Con el propósito de precisar los actos que pueden dar lugar a la intervención administrativa en las sociedades controladoras, esta comisión estima conveniente modificar el artículo 30-A de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, en los términos siguientes:

Artículo 30-A. Cuando en virtud de los procedimientos de supervisión la autoridad competente encuentre que la controladora comete irregularidades graves en contravención a la legislación financiera o a las disposiciones que emanen de ella, el presidente de la comisión correspondiente dictará las medidas necesarias para regularizar las actividades de la sociedad controladora, señalando un plazo para tal efecto. Si transcurrido el plazo mencionado, la controladora no ha regularizado su situación, el presidente de la referida comisión podrá, sin perjuicio de las sanciones que procedan, declarar la intervención administrativa de la controladora, designando al efecto un interventor con objeto de que se suspendan, normalicen o resuelvan los actos irregulares.

Asimismo, el presidente de la comisión citada podrá designar interventor cuando se haya decretado la intervención administrativa de alguna entidad financiera integrante del grupo al que pertenezca dicha sociedad controladora.

Igualmente, cabe señalar la trascendencia que reviste el que se haga extensiva la figura de la intervención gerencial por lo que toca a las sociedades controladoras de agrupaciones financieras, como un mecanismo que permita a las autoridades supervisoras actuar de manera inmediata frente a las irregularidades de cualquier género detectadas en dichas sociedades que afecten su estabilidad o solvencia y, que como consecuencia de ello pongan en peligro los intereses del público o de sus acreedores.

Por último, se incorporan diversas correcciones gramaticales y de estilo, al texto de la iniciativa.

Por lo expuesto, la suscrita comisión se permite proponer a esta soberanía la aprobación, del siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES

Artículo primero. Se reforman los artículos 18; 18-bis, último párrafo; 19, primer párrafo; 20, primer párrafo y su fracción V; 24, segundo párrafo; 25, fracción V y su último párrafo; 27-H; 27-l, primero y segundo párrafos; 27-J, fracción l; 27-L; 27-N; 29, primero y segundo párrafos, y 30, tercer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 29, pasando los actuales tercero y cuarto párrafos a ser cuarto y quinto párrafos, respectivamente y los artículos 30-A, 30-B y 30-C, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, para quedar como sigue:

" Artículo 18. El capital social de las sociedades controladoras estará formado por una parte ordinaria y podrá también estar integrado por una parte adicional.

El capital social ordinario de las sociedades controladoras se integrará por acciones de la serie "A", que representarán cuando menos el 51% de dicho capital. El 49% restante de la parte ordinaria del capital social, podrá integrarse indistinta o conjuntamente por acciones series "A" y "B".

En su caso, el capital social adicional estará representado por acciones serie "L", que podrán emitirse hasta por un monto equivalente al 35% del capital social ordinario, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores.

Las acciones representativas de la serie "A" sólo podrán adquirirse por:

I. Personas físicas mexicanas;

II. Personas morales mexicanas, cuyo capital sea mayoritariamente propiedad de mexicanos, sean efectivamente controladas por los mismos y cumplan los demás requisitos que mediante disposiciones de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, y

IV. Los inversionistas institucionales mencionados en el artículo 19 de esta ley.

Las acciones representativas de las series "B" y "L" serán de libre suscripción.

No podrán participar en forma alguna en el capital social de la controladora, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. Tampoco podrán hacerlo entidades financieras del país, incluso las que formen parte del respectivo grupo, salvo cuando actúen como inversionistas institucionales, en los términos del artículo 19 de esta ley.

Artículo 18-bis.........................................

Las sociedades podrán emitir acciones no suscritas, que conservarán en tesorería, las cuales no computarán para efectos de determinar los límites de tenencia accionaria a que se refiere esta ley. Los suscriptores recibirán las constancias respectivas contra el pago total de su valor nominal y de las primas que, en su caso, fije la sociedad.

Artículo 19. Para efectos de lo previsto en la presente ley, por inversionistas institucionales se entenderá a las instituciones de seguros y de fianzas, únicamente cuando inviertan sus reservas técnicas y para fluctuaciones de valores; a las sociedades de inversión comunes; a los fondos de pensiones o jubilaciones de personal, complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad, que cumplan con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como a los demás inversionistas institucionales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice expresamente, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 20. Ninguna persona física o moral podrá adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de acciones de las series "A" y "B" por más del 5% del capital social de una sociedad controladora. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar, cuando a su juicio se justifique, un porcentaje mayor, sin exceder del 20%.

I a IV............................................................

V. A las instituciones financieras del exterior que adquieran acciones de cualquier serie, conforme a programas aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de convertir a la respectiva sociedad controladora en una sociedad controladora filial.

Artículo 24.............................................

En el supuesto de que el consejo se integre con 11 miembros, los accionistas de la serie "A" designarán a seis consejeros y por cada 10% de acciones de esta serie que exceda del 50% del capital pagado ordinario, tendrán derecho a designar un consejero más. Los accionistas de la serie "B", en su caso, designarán a los consejeros restantes.

Artículo 25.............................................

I a IV............................................................

V. Quienes realicen funciones de regulación, inspección y vigilancia de la controladora o de las entidades financieras integrantes del grupo, salvo en el caso en que la referida sociedad o entidades correspondientes reciban apoyos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro o del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores.

Los consejeros que representen a la serie "A" deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en territorio nacional.

Artículo 27-H. El capital social de las sociedades controladoras filiales estará integrado por acciones de la serie "F", que representarán cuando menos el 51% de dicho capital. El 49% por restante del capital social, podrá integrarse indistinta o conjuntamente por acciones series "F" y "B".

Las acciones de la serie "F" solamente podrán ser adquiridas, directa o indirectamente, por una institución financiera del exterior, salvo en el caso a que se refiere el último párrafo del artículo 27-I.

Las acciones de la serie "B" se regirán por lo dispuesto para esta serie de acciones en los demás artículos de esta ley. La institución financiera del exterior propietaria de las acciones serie "F", no quedará sujeta a los límites establecidos en el artículo 20 de esta ley, respecto de su tenencia de acciones serie "B".

Las acciones serán de igual valor, dentro de cada serie conferirán a sus tenedores los mismos derechos y deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas. Las mencionadas acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas en la Ley del Mercado de Valores, quienes en ningún caso se encontrarán obligadas a entregarlas a los titulares.

Artículo 27-I. Las acciones de la serie "F" representativas del capital social de una sociedad controladora filial o de una filial únicamente podrán ser enajenadas previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Salvo el caso en que el adquirente sea una institución financiera del exterior o una sociedad controladora filial, para llevar a cabo la enajenación deberán modificarse los estatutos sociales de la sociedad controladora filial cuyas acciones sean objeto de la operación.

Artículo 27-J...........................................

a) y b) ..........................................................

I. La institución financiera del exterior o la sociedad controladora filial, según corresponda, deberá adquirir acciones que representen cuando menos el 51% del capital social de la sociedad controladora, institución de banca múltiple, institución de seguros, casa de bolsa o especialista bursátil o cuando menos el 99% del capital social de las demás entidades financieras, según sea el caso;

II y III..........................................................

Artículo 27-L. El consejo de administración de las sociedades controladoras filiales estará integrado, a elección de los accionistas de la sociedad, por 11 consejeros o sus múltiplos. Su nombramiento deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones. A las asambleas que se reúnan con este fin, así como a aquellas que tengan el propósito de designar comisarios por cada serie de acciones, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las asambleas generales ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En el supuesto de que el consejo se integre con 11 miembros, los accionistas de la serie "F" designarán a seis consejeros y por cada 10% de acciones de esta serie que exceda del 50% del capital pagado, tendrán derecho a designar un consejero más. Los accionistas de la serie "B", en su caso, designarán a los consejeros restantes.

Los accionistas de cada una de las citadas series, que representen cuando menos un 10% del capital pagado de la sociedad controladora filial, tendrán derecho a designar a un consejero de la serie que corresponda. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma serie.

En caso de que el consejo se integre por múltiplos de 11, o cuente con más de seis consejeros de la serie "F", para efectos de lo previsto en el párrafo anterior y en el artículo 25, fracción II de esta ley, se deben guardar las proporciones correspondientes conforme a lo dispuesto en este artículo.

El presidente del consejo deberá elegirse de entre los propietarios de la serie "F" y tendrá voto de calidad en caso de empate. Por los propietarios se nombrarán suplentes, los cuales podrán suplir indistintamente a cualesquiera de los propietarios, en el entendido de que dentro de cada sesión, un suplente sólo podrá representar a un propietario.

En caso de que la institución financiera del exterior sea propietaria de acciones que representen por lo menos el 99% del capital social de la sociedad controladora filial, ésta podrá determinar libremente el número de consejeros, el cual en ningún caso podrá ser inferior a cinco.

La mayoría de los consejeros de una sociedad controladora filial deberá residir en territorio nacional.

Artículo 27-N. El órgano de vigilancia de la sociedad controladora filial, estará integrado por lo menos por un comisario designado por los accionistas de la serie "F" y, en su caso, un comisario nombrado por los accionistas de la serie "B", así como sus respectivos suplentes.

Artículo 29. Los apoyos preventivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, sólo se concederán previa garantía suficiente que otorgué la controladora del grupo de que se trate, o bien, sobre las acciones representativas del capital de esta última. En caso de ser suficientes estas garantías, no será obligatorio otorgar las previstas en otros ordenamientos legales.

En el evento que, en virtud de algún apoyo de los fondos citados, se tuvieren que dar en garantía las acciones representativas del capital de la controladora, primero se afectarían las de la serie "A" o "F", según se trate, y en caso de no ser suficiente, las correspondientes a las demás series. Dichas acciones garantizarán el pago del apoyo en la proporción a prorrata que corresponda conforme al valor de cada una de ellas. Para la constitución de esta garantía preferente de interés público, las acciones deberán traspasarse a una cuenta a favor del fondo de que se trate, en la institución para el depósito de valores en que se encuentren depositadas, correspondiendo a dicho fondo el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a tales acciones, quedando el producto de los derechos patrimoniales afecto en garantía a favor del fondo. El fondo respectivo podrá optar porque la garantía se ejecute mediante la venta extrajudicial de las acciones, de conformidad con el procedimiento previsto para la caución bursátil en la Ley del Mercado de Valores, o de acuerdo con lo establecido para la prenda en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Los apoyos previstos en el párrafo anterior podrán otorgarse directamente a una sociedad controladora a fin de que ésta los canalice, según corresponda, a la institución de banca múltiple o a la casa de bolsa que forme parte del grupo financiero al que pertenezca dicha sociedad.

..................................................................

I y II............................................................

Artículo 30.............................................

La controladora estará obligada a recibir las visitas de la comisión competente y a proporcionarle los informes en la forma y términos que la misma solicite.

..................................................................

Artículo 30-A. Cuando en virtud de los procedimientos de supervisión la autoridad competente encuentre que la controladora comete irregularidades graves en contravención a la legislación financiera o a las disposiciones que emanen de ella, el presidente de la comisión correspondiente dictará las medidas necesarias para regularizar las actividades de la sociedad controladora, señalando un plazo para tal efecto. Si transcurrido el plazo mencionado, la controladora no ha regularizado su situación, el Presidente de la referida comisión podrá, sin perjuicio de las sanciones que procedan, declarar la intervención administrativa de la controladora, designando al efecto un interventor con objeto de que se suspendan, normalicen o resuelvan los actos irregulares.

Asimismo, el presidente de la comisión citada podrá designar interventor cuando se haya decretado la intervención administrativa de alguna entidad financiera integrante del grupo al que pertenezca dicha sociedad controladora.

Artículo 30-B. Cuando a juicio de la comisión competente, las irregularidades de cualquier género detectadas en la controladora afecten su estabilidad o solvencia y pongan en peligro los intereses del público o de sus acreedores, el presidente de aquélla podrá, con acuerdo de la junta de gobierno, declarar la intervención gerencial de la controladora de que se trate y designar, sin que para ello requiera acuerdo de la mencionada junta, a la persona física que se haga cargo de la sociedad, con el carácter de interventor-gerente.

Asimismo, la citada comisión podrá declarar la intervención gerencial de la controladora cuando en alguna de las entidades financieras que integren el grupo al que pertenece la controladora se haya decretado una intervención con tal carácter.

El interventor-gerente designado tendrá todas las facultades que requiera la administración de la controladora intervenida y plenos poderes generales para actos de dominio, de administración y de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo, entre otras, la facultad para otorgar o suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias o querellas y desistirse de estas últimas, previo acuerdo del presidente de la comisión competente, así como para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes y revocar los que estuvieren otorgados por la sociedad intervenida y los que él mismo hubiere conferido.

El interventor-gerente ejercerá sus facultades sin supeditarse a la asamblea de accionistas, ni al consejo de administración de la sociedad intervenida. Desde el momento de la intervención quedarán supeditadas al referido interventor todas las facultades del órgano de administración y los poderes de las personas que dicho interventor determine, pero la asamblea de accionistas podrá continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que le competen y lo mismo podrá hacer el consejo a fin de estar informado por el interventor-gerente sobre el funcionamiento y las operaciones que realice la sociedad y para opinar sobre los asuntos que el mismo interventor-gerente someta a su consideración. El interventor-gerente podrá citar a asambleas de accionistas y a reuniones del consejo de administración con los propósitos que considere necesarios o convenientes.

El nombramiento del interventor-gerente, su sustitución y su revocación, deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio, que corresponda al domicilio de la sociedad intervenida, sin más requisitos que el oficio respectivo de la comisión competente en que conste dicho nombramiento, la sustitución del interventor-gerente o su revocación cuando la referida comisión autorice levantar la intervención.

Artículo 30-C. Las intervenciones administrativa y gerencial a que se refieren los artículos 30-A y 30-B de esta ley, se llevarán a cabo directamente por el interventor de que se trate y al iniciarse la intervención deberá ser atendido por el principal funcionario o empleado de la sociedad controladora que se encuentre en las oficinas de ésta."

Artículo segundo. Se reforman los artículos 11; 12, último párrafo; 13, fracciones I a III; 14; 15; 17, primer párrafo y sus fracciones II y VII; 18, primer párrafo; 22, segundo párrafo; 23, fracción VII y último párrafo; 26; 45-G; 45-H, primer párrafo; 45-I, fracciones I y V; 45-K; 45-M; 73, primero y cuarto párrafos; 75, fracción II; 106, segundo párrafo y 122, segundo párrafo de su fracción II, y se adicionan al artículo 13, las fracciones IV y V; al artículo 73, un quinto párrafo, pasando el actual quinto a ser el sexto párrafo; al artículo 75, un quinto párrafo y al artículo 106, un tercer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

"Artículo 11. El capital social de las instituciones de banca múltiple estará formado por una parte ordinaria y podrá también estar integrado por una parte adicional.

El capital social ordinario de las instituciones de banca múltiple se integrará por acciones de la serie "A", que representarán cuando menos el 51% de dicho capital. El 49% restante de la parte ordinaria del capital social podrá integrarse indistinta o conjuntamente por acciones series "A" y "B".

En su caso, el capital social adicional estará representado por acciones serie "L", que podrán emitirse hasta por un monto equivalente al 35% del capital social ordinario, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 12.............................................

Las instituciones podrán emitir acciones no suscritas, que conservarán en tesorería, las cuales no computarán para efectos de determinar los límites de tenencia accionaria a que se refiere esta ley. Los suscriptores recibirán las constancias respectivas contra el pago total de su valor nominal y de las primas que, en su caso, fije la institución.

Artículo 13.............................................

I. Personas físicas mexicanas;

II. Personas morales mexicanas, cuyo capital sea mayoritariamente propiedad de mexicanos, sean efectivamente controladas por los mismos y cumplan los demás requisitos que mediante disposiciones de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. El Gobierno Federal y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro;

IV. Las sociedades controladoras a que se refiere la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, y

V. Los inversionistas institucionales mencionados en el artículo 15 de esta ley.

Artículo 14. Las acciones representativas de las series "B" y "L", serán de libre suscripción.

No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de crédito, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

Artículo 15. Para efectos de lo previsto en la presente ley, por inversionistas institucionales se entenderá a las instituciones de seguros y de fianzas, únicamente cuando inviertan sus reservas técnicas y para fluctuaciones de valores; a las sociedades de inversión comunes; a los fondos de pensiones o jubilaciones de personal, complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad, que cumplan con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como a los demás inversionistas institucionales que autorice expresamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 17. Ninguna persona física o moral, podrá adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de acciones de las series "A" y "B" por más del 5% del capital social de una institución de banca múltiple. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar, cuando a su juicio se justifique, un porcentaje mayor, sin exceder el 20%. Al efecto, la citada Secretaría tomará en cuenta la composición del capital de la institución de que se trate y la participación extranjera en la misma, a fin de que el sistema de pagos del país esté en todo tiempo controlado por mexicanos.

I.................................................................

II. Los inversionistas institucionales señalados en el artículo 15 de esta ley, siempre y cuando su inversión no exceda en lo individual o en conjunto del 20% del capital social de la institución emisora. Las instituciones de banca múltiple deberán establecer mecanismos que permitan el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción;

III a VI..........................................................

VII. Las Instituciones Financieras del Exterior y las Sociedades Controladoras filiales que adquieran acciones de cualquier serie, conforme a programas aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de convertir a la respectiva institución de banca múltiple en una filial.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo de este artículo no podrán aprobarse programas para la adquisición de instituciones de banca múltiple cuyo capital neto exceda del 6% de la suma del capital neto que alcancen en su conjunto dichas instituciones.

En todo caso, el monto agregado de capital neto del total de las instituciones de banca múltiple filiales, no será superior al 25% de la suma del capital neto que alcancen en su conjunto las instituciones de banca múltiple.

..................................................................

Artículo 18. La institución se abstendrá de inscribir en el registro de sus acciones las transmisiones que se efectúen en contravención de lo dispuesto por los artículos 13, 14, 17, 17bis, 45-G y 45-H de esta ley, debiendo rechazar su inscripción e informar sobre la transmisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de ello.

..................................................................

I y II............................................................

Artículo 22.............................................

En el supuesto de que el consejo se integre con 11 miembros, los accionistas de la serie "A" designarán a seis consejeros y por cada 10% de acciones de esta serie que exceda del 50% del capital pagado ordinario, tendrán derecho a designar un consejero más. Los accionistas de la serie "B", en su caso, designarán a los consejeros restantes.

Artículo 23.............................................

I a VI............................................................

VII. Quienes realicen funciones de regulación de las instituciones de crédito, salvo que exista participación del Gobierno Federal en el capital de las mismas, o reciban apoyos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

Los consejeros que representen a la serie "A" deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en territorio nacional.

Artículo 26. El órgano de vigilancia de las instituciones de banca múltiple, estará integrado por lo menos por un comisario designado por los accionistas de la serie "A" y, en su caso, un comisario nombrado por los de la serie "B" y uno por los de la "L", así como sus respectivos suplentes.

Artículo 45-G. El capital social de las instituciones de banca múltiple filiales estará integrado por acciones de la serie "F", que representarán cuando menos el 51% de dicho capital. El 49% restante del capital social podrá integrarse indistinta o conjuntamente por acciones serie "F" y "B".

Las acciones de la serie "F" solamente podrán ser adquiridas por una sociedad controladora filial o, directa o indirectamente, por una institución financiera del exterior, salvo en el caso a que se refiere el último párrafo del artículo 45-H.

Las acciones de la serie "B" se regirán por lo dispuesto para esta serie de acciones en los demás artículos de esta ley. La institución financiera del exterior, propiedad de las acciones serie "F", no quedará sujeta a los límites establecidos en el artículo 17 de esta ley, respecto de su tenencia de acciones serie "B".

Las acciones serán de igual valor, dentro de cada serie, conferirán a sus tenedores los mismos derechos y deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas. Las mencionadas acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas en le Ley del Mercado de Valores, quienes en ningún caso se encontrarán obligadas a entregarlas a los titulares.

El capital social de las sociedades financieras de objeto limitado filiales deberá estar integrado por una sola serie de acciones. Una institución financiera del exterior, directa o indirectamente, o una sociedad controladora filial deberá ser en todo momento propietaria de acciones que representen cuando menos el 99% del capital social de la sociedad financiera de objeto limitado filial, salvo en el caso a que se refiere el último párrafo del artículo 45-H.

Artículo 45-H. Las acciones serie "F" representativas del capital social de una institución de banca múltiple filial, así como las acciones representativas del capital social de una sociedad financiera de objeto limitado filial, únicamente podrán ser enajenadas previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 45-I. .........................................

I. La institución financiera del exterior, la sociedad controladora filial o la filial, según sea el caso, deberá adquirir acciones que representen cuando menos el 51% del capital social de la institución de banca múltiple o cuando menos el 99% del capital social de la sociedad financiera de objeto limitado;

II a IV...........................................................

V. Tratándose de instituciones de banca múltiple, la suma del capital de la institución adquirida y del capital de la institución de banca múltiple filial adquirente, o en cuyo capital participe mayoritariamente la institución financiera del exterior o la sociedad controladora filial adquirente, no podrá exceder del límite de capital que en su caso se haya establecido en el tratado o acuerdo internacional aplicable, salvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo autorice, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 17 de esta ley.

Artículo 45-K. El consejo de administración de las instituciones de banca múltiple filiales estará integrado, a elección de los accionistas de la institución, por 11 consejeros o sus múltiplos. Su nombramiento deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones. A las asambleas que se reúnan con este fin, así como a aquellas que tengan el propósito de designar comisarios por cada serie de acciones, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las asambleas generales ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En el supuesto de que el consejo se integre con 11 miembros, los accionistas de la serie "F" designarán a seis consejeros y por cada 10% de acciones de esta serie que exceda del 50% del capital pagado, tendrán derecho a designar un consejero más. Los accionistas de la serie "B", en su caso, designarán a los consejeros restantes.

Los accionistas de cada una de las citadas series, que representen cuando menos un 10% del capital pagado de la institución de banca múltiple filial, tendrán derecho a designar a un consejero de la serie que corresponda. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma serie.

En caso de que el consejo se integre por múltiplos de 11 o cuente con más de seis consejeros de la serie "F", para efectos de lo previsto en el párrafo anterior y en el artículo 23, fracción II de esta ley, se deben guardar las proporciones correspondientes conforme a lo dispuesto en este artículo.

El presidente del consejo deberá elegirse de entre los propietarios de la serie "F", y tendrá voto de calidad en caso de empate. Por los propietarios se nombrarán suplentes, los cuales podrán suplir indistintamente a cualesquiera de los propietarios, en el entendido de que dentro de cada sesión, un suplente sólo podrá representar a un propietario.

En el caso de las instituciones de banca múltiple filiales en las cuales cuando menos el 99% de los títulos representativos del capital social sean propiedad de una institución financiera del exterior o una sociedad controladora filial, así como el de las sociedades financieras de objeto limitado filiales, podrán determinar libremente el número de consejeros, el cual en ningún caso podrá ser inferior a cinco.

La mayoría de los consejeros de una filial deberá residir en territorio nacional.

Artículo 45-M. El órgano de vigilancia de las instituciones de banca múltiple filiales, estará integrado por lo menos por un comisario designado por los accionistas de la serie "F" y, en su caso, un comisario nombrado por los accionistas de la serie "B", así como sus respectivos suplentes.

Artículo 73. Las instituciones de banca múltiple requerirán del acuerdo de la mayoría de los consejeros designados de la serie "A" o "F", según corresponda y, en su caso, de la mayoría de los consejeros designados de la serie "B", que integren su consejo de administración, para celebrar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores de las mismas, las personas que se indican a continuación:

I a VII...........................................................

La suma total de los créditos referidos no podrá exceder del importe del capital neto de la institución.

Para efectos de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, el capital neto que deberá utilizarse será el correspondiente al día último del trimestre calendario inmediato anterior a la fecha en que se efectúen los cálculos.

Artículo 75.............................................

I.................................................................

II. Más del 5% y hasta el 15% del capital pagado de la emisora, durante un plazo que no exceda de tres años, previo acuerdo de la mayoría de los consejeros de la serie "A" o "F", según corresponda y, en su caso, de la mayoría de los de la serie "B". La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá ampliar el plazo a que se refiere esta fracción, considerando la naturaleza y situación de la empresa de que se trate, y

III...............................................................

En ningún caso las instituciones de banca múltiple podrán realizar inversiones en títulos representativos del capital de sociedades que, a su vez, tengan el carácter de accionistas en la propia institución o en la sociedad controladora de ésta. Tal restricción también será aplicable a las inversiones en títulos representativos del capital de sociedades controladas por dichos accionistas o que los controlen.

Artículo 106............................................

I a XIX...........................................................

El Banco de México podrá autorizar, mediante reglas generales, excepciones a lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo, con vistas a propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos y a lo previsto en las fracciones XV a XVIII a fin de procurar la captación de recursos por las instituciones o regular la celebración de operaciones, en los términos más adecuados a la situación del mercado o del sistema bancario.

La Comisión Nacional Bancaria podrá autorizar excepciones a lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo, siempre y cuando sea para coadyuvar a la estabilidad de las instituciones de crédito o del sistema bancario.

Artículo 122............................................

I.................................................................

II................................................................

Cuando esta garantía recaiga en acciones representativas del capital social de la institución apoyada, los accionistas primeramente deberán de afectar títulos representativos de la serie "A" o "F", según corresponda, hasta por el importe de la garantía requerida y, en caso de que tales títulos no cubran el total de dicho importe, también deberán afectar los títulos correspondientes a las demás series. Dichas acciones garantizarán el pago del apoyo en la proporción a prorrata que corresponda conforme al valor de cada una de ellas. Para la constitución de esta garantía preferente de interés público, las acciones deberán traspasarse a una cuenta a favor del fondo, en la institución para el depósito de valores en que se encuentren depositadas, correspondiendo a dicho fondo el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a tales acciones, quedando el producto de los derechos patrimoniales afectos en garantía a favor del fondo. El fondo podrá optar porque la garantía se ejecute mediante la venta extrajudicial de las acciones de conformidad con el procedimiento previsto para la caución bursátil en la Ley del Mercado de Valores, o de acuerdo a lo establecido para la prenda en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

..................................................................

III a VII.........................................................

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 17-bis; 19; 28-bis 7; 28-bis 8, primero y segundo párrafos; 28-bis 9, fracción I; 28-bis II; 28-bis 13, y 89, segundo párrafo de su fracción II, se adicionan el artículo 17-bis 1; una fracción IV al artículo 19; la fracción X al artículo 22, pasando la vigente fracción X a ser fracción XI del mismo artículo y se derogan el segundo párrafo del inciso b, de la fracción II y la fracción IV del artículo 17 y el último párrafo del artículo 19 de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:

Artículo 17.............................................

I y II............................................................

a)................................................................

b)................................................................

(Se deroga)

c) a f)...........................................................

III...............................................................

IV. (Se deroga).

V a VIII..........................................................

..................................................................

Artículo 17-bis. El capital social de las casas de bolsa y especialistas bursátiles estará formado por una parte ordinaria y podrá también estar integrado por una parte adicional.

El capital social ordinario de las casas de bolsa y especialistas bursátiles se integrará por acciones de la serie "A", que representarán cuando menos el 51% de dicho capital. El 49% restante de la parte ordinaria del capital social podrá integrarse, indistinta o conjuntamente, por acciones series "A" y "B".

En su caso, el capital social adicional estará representado por acciones serie "L", que podrán emitirse hasta por un monto equivalente al 35% del capital social ordinario, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores.

Las acciones representativas de la serie "A" sólo podrán adquirirse por:

a) Personas físicas y morales mexicanas, cuyo capital sea mayoritariamente propiedad de mexicanos, sean efectivamente controladas por los mismos y cumplan los demás requisitos que mediante disposiciones de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

b) El Fondo de Apoyo al Mercado de Valores.

Las acciones representativas de las series "B" y "L" serán de libre suscripción, incluyendo entidades financieras del exterior.

En todo caso, las personas que participen en el capital social de casas de bolsa o especialistas bursátiles no deberán ubicarse dentro de las restricciones que establece el artículo 17, fracción II, del presente ordenamiento.

Las acciones serie "L" serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a cambio de objeto, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación, así como cancelación de su inscripción en cualesquiera bolsas de valores.

Además, las acciones serie "L" podrán conferir derecho a recibir un dividendo preferente y acumulativo, así como un dividendo superior al de las acciones representativas del capital ordinario, siempre y cuando así se establezca en los estatutos de la sociedad emisora. En ningún caso los dividendos de esta serie podrán ser inferiores a los de las otras series.

Las acciones serán de igual valor y dentro de cada serie conferirán a sus tenedores los mismos derechos. Asimismo, se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas en el Capítulo VI de esta ley, quienes en ningún caso se encontrarán obligadas a entregarlas a los titulares.

Las casas de bolsa y especialistas bursátiles podrán emitir acciones no suscritas, que conservarán en tesorería, las cuales no computarán para determinar los límites de tenencia accionaria a que se refiere esta ley. Los accionistas recibirán las constancias respectivas contra el pago total del valor de suscripción que haya fijado la sociedad.

Artículo 17-bis-1. El consejo de administración estará integrado, a elección de los accionistas de la sociedad, por 11 consejeros o sus múltiplos. Su nombramiento deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones. A las asambleas que se reúnan con este fin, así como aquéllas que tengan el propósito de designar comisarios por cada serie de acciones, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las asambleas generales ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En el supuesto de que el consejo se integre con 11 miembros, los accionistas de la serie "A" designarán a seis consejeros y por cada 10% de acciones de esta serie que exceda del 50% del capital pagado ordinario, tendrán derecho a designar un consejero más. Los accionistas de la serie "B", en su caso, designarán a los consejeros restantes.

Los accionistas de cada una de las citadas series, que representen cuando menos un 10% del capital pagado ordinario de la sociedad, tendrán derecho a designar un consejero de la serie que corresponda. Solo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma serie.

En caso de que el consejo se integre por múltiplos de 11 o cuente con más de seis consejeros de la serie "A", para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se deben guardar las proporciones correspondientes conforme a lo dispuesto en este articulo.

El presidente del consejo deberá elegirse de entre los propietarios de la serie "A" y tendrá voto de calidad en caso de empate. Por los propietarios se nombrarán suplentes, los cuales podrán suplir indistintamente a cualesquiera de los propietarios, en el entendido de que dentro de cada sesión, un suplente solo podrá representar a un propietario.

Los consejeros que representen a la serie "A" deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en territorio nacional."

Articulo 19. La adquisición del control del 10% o más de acciones de las series "A" y "B" representativas del capital social de una casa de bolsa o de un especialista bursátil, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, deberá someterse a la previa autorización de la Comisión Nacional de Valores, la que la otorgará o negara discrecionalmente.

Ninguna persona física o moral podrá ser propietaria, directa o indirectamente, del 20% o mas del capital social de una casa de bolsa, excepto:

I. La adquisición de acciones que realicen las sociedades controladoras de grupos financieros, así como Instituciones Financieras del Exterior y Sociedades Controladoras filiales, conforme al Capitulo Ill-bis de esta ley;

II. Los accionistas de casas de bolsa fusionantes o fusionadas siempre y cuando la participación de cada uno de ellos en el capital de la sociedad fusionante o que resulte de la fusión, no exceda de la participación porcentual que a esos mismos accionistas les corresponda en el capital consolidado de las casas de bolsa involucradas en la fusión respectiva, de conformidad con lo que para la valuación y el canje de acciones se pacte en el convenio de fusión;

III. Las personas que adquieran acciones conforme a lo previsto en programas aprobados por la Comisión Nacional de Valores, conducentes a la fusión de casas de bolsa, a quienes excepcionalmente la citada Comisión podrá otorgarles la autorización relativa, con carácter temporal, por un plazo no mayor de cinco años, sin que la participación total de cada uno de ellos exceda del 30% del capital social de la casa de bolsa de que se trate, y

IV. Las Instituciones Financieras del Exterior que adquieran acciones de cualquier serie, conforme a programas aprobados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de convertir la respectiva casa de bolsa en una casa de bolsa filial.

(Se deroga.)

Articulo 22................................................

I a IX............................................................

X. Emitir obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a títulos representativos de su capital social, computables dentro de su capital global, quedando sujeta la emisión de dichas obligaciones a lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley de Instituciones de Crédito.

XI. Las análogas o complementarias de las anteriores, que le sean autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, oyendo a la Comisión Nacional de Valores, mediante disposiciones de carácter general que podrán referirse a determinados tipos de operaciones.

Articulo 28-bis-7. El capital social de las filiales estará integrado por acciones de la serie "F", que representarán cuando menos el 51% de dicho capital. El 49% restante del capital social, podrá integrarse indistinta o conjuntamente por acciones series "F" y "B".

Las acciones de la serie "F" solamente podrán ser adquiridas por una sociedad controladora filial o, directa o indirectamente, por una institución financiera del exterior, salvo en el caso a que se refiere el último párrafo del artículo 28-bis-8.

Las acciones de la serie "B" se regirán por lo dispuesto para esta serie de acciones en los demás artículos de esta ley. La institución financiera del exterior o la sociedad controladora filial propietaria de las acciones serie "F", no quedará sujeta a los límites establecidos en el artículo 19 de esta ley, respecto de su tenencia de acciones de la serie"B".

Las acciones serán de igual valor y dentro de cada serie conferirán a sus tenedores los mismos derechos. Asimismo, se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas en el Capítulo Vl de esta ley, quienes en ningún caso se encontrarán obligadas a entregarlas a los titulares.

Artículo 28-bis-8.Las acciones de la serie "F" representativas del capital social de una filial únicamente podrán ser enajenadas previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Salvo el caso en que el adquirente sea una institución financiera del exterior o una sociedad controladora filial, para llevar a cabo la enajenación deberán modificarse los estatutos sociales de la filial cuyas acciones sean objeto de la operación.

..................................................................

Artículo 28-bis-9.......................................

I. La institución financiera del exterior o la sociedad controladora filial, según corresponda, deberá adquirir acciones que representen cuando menos el 51% del capital social;

II y III..........................................................

Artículo 28-bis-11. El consejo de administración de las filiales estará integrado, a elección de los accionistas de la sociedad, por 11 consejeros o sus múltiplos. Su nombramiento deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones. A las asambleas que se reúnan con este fin, así como a aquéllas que tengan el propósito de designar comisarios por cada serie de acciones, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las asambleas generales ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En el supuesto de que el consejo se integre con 11 miembros, los accionistas de la serie "F" designarán a seis consejeros y por cada 10% de acciones de esta serie que exceda del 50% del capital pagado, tendrán derecho a designar a un consejero más. Los accionistas de la serie "B", en su caso, designarán a los consejeros restantes.

Los accionistas de cada una de las citadas series, que representen cuando menos un 10% del capital pagado de la filial, tendrán derecho a designar a un consejero de la serie que corresponda. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma serie.

En caso de que el consejo se integre por múltiplos de 11 o cuente con más de seis consejeros de la serie "F", para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se deben guardar las proporciones correspondientes conforme a lo dispuesto en este artículo.

El presidente del consejo deberá elegirse de entre los propietarios de la serie "F" y tendrá voto de calidad en caso de empate. Por los propietarios se nombrarán suplentes, los cuales podrán suplir indistintamente a cualesquiera de los propietarios, en el entendido de que dentro de cada sesión, un suplente sólo podrá representar a un propietario.

En caso de que una institución financiera del exterior o una sociedad controladora filial sea propietaria de acciones que representen por lo menos el 99% del capital social de la filial, el consejo de administración de esta ultima estará integrado como mínimo por cinco consejeros.

La mayoría de los consejeros de una filial deberá residir en territorio nacional.

Articulo 28-bis-13.EI órgano de vigilancia de las filiales estará integrado por lo menos por un comisario designado por los accionistas de la serie "F" y, en su caso, un comisario nombrado por los accionistas de la serie "B", así como sus respectivos suplentes.

Artículo 89.............................................

I y II............................................................

Cuando esta garantía recaiga en acciones representativas del capital social de la casa de bolsa o del especialista bursátil apoyado, los accionistas primeramente deberán de afectar títulos representativos de la serie "A" o "F", según corresponda, hasta por el importe de la garantía requerida y, en caso de que tales títulos no cubran el total de dicho importe, también deberán afectar los títulos correspondientes a las demás series. Dichas acciones garantizarán el pago del apoyo en la proporción a prorrata que corresponda conforme al valor de cada una de ellas. Para la constitución de esta garantía preferente de interés público, las acciones deberán traspasarse a una cuenta a favor del fondo, en la institución para el depósito de valores en que se encuentren depositadas, correspondiendo a dicho fondo el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a tales acciones, quedando el producto de los derechos patrimoniales afectos en garantía a favor del fondo. El fondo podrá optar porque la garantía se ejecute mediante la venta extrajudicial de las acciones de conformidad con el procedimiento previsto para la caución bursátil en esta ley, o de acuerdo a lo establecido para la prenda en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

III a XI..........................................................

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo previsto para el penúltimo párrafo del artículo 73 de la Ley de Instituciones de Crédito, que entrará en vigor el 1o. de julio de 1995.

Segundo. Lo establecido en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de Sociedades de Inversión, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Ley Federal de Instituciones de Fianzas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1993, no es aplicable a las filiales que resulten de las adquisiciones que sean autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En todo caso, el monto agregado de capital neto del total de las instituciones de banca múltiple filiales, no será superior al 25% de la suma del capital neto que alcancen en su conjunto las instituciones de banca múltiple, durante el periodo de transición establecido en el tratado o acuerdo internacional aplicable.

Tercero. Las instituciones de crédito, sociedades controladoras e intermediarios en el mercado de valores, deberán efectuar los actos corporativos necesarios para ajustar sus estatutos a lo dispuesto por el presente decreto, dentro de un plazo máximo de 120 días contado a partir de la entrada en vigor del mismo.

Cuarto. Los canjes de acciones que deban efectuarse por las instituciones de banca múltiple, casas de bolsa y sociedades controladoras para ajustarse a lo dispuesto en el presente decreto, se realizarán conforme a lo siguiente:

I. Las acciones que resulten del canje, deberán representar la misma participación del capital pagado que las acciones canjeadas;

II. No se considerará que existe enajenación de acciones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando el canje a que se refiere la fracción anterior no implique cambio en el titular de las acciones, y

III. Para los efectos de la fracción anterior, el costo promedio de las acciones que resulten del canje será el que corresponda a las acciones canjeadas.

Quinto. Los consejeros y comisarios de la serie "C", de las instituciones de crédito y sociedades controladoras, continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se realicen las designaciones que correspondan a la nueva estructura de capital y los designados tomen posesión de sus cargos.

Sexto. Durante el periodo establecido en el tratado o acuerdo internacional aplicable, las casas de bolsa filiales no podrán emitir obligaciones subordinadas, salvo para ser adquiridas por la institución financiera del exterior propietaria, directa o indirectamente, de las acciones de la casa de bolsa filial emisora.

Sala de comisiones de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión.- México Distrito Federal, a 25 de enero de 1995.- Diputados: Francisco Suárez y Dávila, Jorge Padilla Olvera, Mónica Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano, Saúl Escobar Toledo, Gabino Fernández Serna, Dulce María Sauri Riancho, Roberto Rafael Campa Cifrián, Antonio Sánchez Gochicoa, Alfonso Molina Ruibal, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Guillermo Levín Coopel, Dionisio Pérez Jácome, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Jorge Kondo López, Víctor Manuel Silva Tejeda, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Daniel Covarrubias Ramos, Luis Manuel Jiménez Lemus, Salvador Mikel Rivera, Manuel Beristáin Gómez, David Vargas Santos, Alejandro Higuera Osuna, José de Jesús Preciado Bermejo, Víctor Cruz Ramírez. Gabriel Llamas Monjardín en contra, Juan Nicasio Guerra Ochoa en contra, Ifigenia Martínez Hernández en contra, Tonatiuh Bravo Padilla en contra y Joaquín Humberto Vela González.»

Es de segunda lectura.

El Presidente:

En consecuencia, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Leñero Alvarez, para fundamentar el dictamen.

La diputada Mónica Gabriela Leñero Alvarez:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

A la Comisión de Hacienda fue turnada la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, considerando que la misma cumple con cuatro objetivos fundamentales:

Primero. Fortalecer las instituciones financieras, capitalizándolas para que redunden en servicios más competitivos y eficientes para los usuarios.

Segundo. Preservar el carácter nacional del sistema financiero.

Tercero. Reforzar los mecanismos de supervisión y control de la autoridad sobre los bancos para asegurar que cumplan con la ley y las políticas financieras.

Cuarto. Obtener una mayor capitalización del sistema financiero, sin ceder el control a los extranjeros.

La Comisión de Hacienda realizó reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para aclarar la interpretación y el alcance de las iniciativas del Ejecutivo.

Asimismo, realizó trabajos en conferencia con el Senado de la República, con el fin de profundizar en sus objetivos y analizar sus propuestas.

Es importante destacar la aportación de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso, lo cual redundó en importantes modificaciones a dichas iniciativas.

La compleja actividad económica mexicana requiere de un eficiente sistema financiero. Por ello, el Gobierno Federal ha venido adecuando la legislación vigente, primero para desregular esta actividad y, segundo, para dar a la autoridad mayores posibilidades de control y vigilancia.

En la actual coyuntura económica, la capitalización de nuestro sistema financiero debe tener como objetivo primordial fortalecer la intermediación financiera y proporcionar una mayor seguridad a los ahorradores, que signifique mayores y mejores servicios para los usuarios.

En este sentido, se proponen las modificaciones que fortalecerán su estructura y mejorarán su organización y funcionamiento, lo que coadyuvará en la ejecución de políticas de estabilización y crecimiento de la economía nacional.

Para incrementar su capitalización, esta comisión considera adecuado que se modifique la legislación relativa a los grupos financieros, las instituciones de banca múltiple y las casas de bolsa, con el objeto de que personas morales mexicanas y extranjeras incrementen su participación en el capital social ordinario. Asimismo estima conveniente el que dichas entidades financieras puedan emitir capital adicional hasta un 35%, en lugar del 30% que actualmente se permite.

En el mismo sentido, se propone que el capital social ordinario de los grupos financieros, de las instituciones de banca múltiple y las casas de bolsa, quede integrado únicamente por acciones de series "A" y "B", admitiendo la posibilidad de que personas morales mexicanas, cuya mayoría de tenencia accionaria y control estén en manos de mexicanos, detenten acciones serie "A", que deben representar el 51% y que conjuntamente con la serie "B" les permitirá obtener el 100% del capital social.

De igual manera, se permitirá que los extranjeros puedan adquirir acciones serie B y, por lo tanto, ser tenedores en su conjunto de hasta el 49% del capital social ordinario de un banco, una casa de bolsa o una sociedad controladora. Lo anterior hace innecesaria la existencia de acciones serie "C".

Por lo antes expuesto, se consideró conveniente mantener la tenencia accionaria individual del 5% e incrementarla de un 10% a un 20%, con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, esta comisión estimó adecuado acotar la discrecionalidad de la institución señalada, para que este incremento de tenencia accionaria se realice atendiendo el criterio de que la operación del sistema de pago sea controlado básicamente por instituciones en manos de mexicanos.

Para proteger el control del sistema financiero en manos de mexicanos, la comisión consideró indispensable que no podrán aprobarse programas en los cuales instituciones financieras del exterior y sociedades controladoras filiales, puedan adquirir bancos cuyo capital neto exceda del 6% de la suma del capital neto que alcancen en su conjunto dichas instituciones.

Del mismo modo, se propone establecer un límite global en el monto total de adquisiciones de bancos mexicanos, realizado por intermediarios extranjeros, que no podrá exceder del 25% del mercado durante el periodo preestablecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto es, hasta el año 2000.

En cuanto a las casas de bolsa, se estimó conveniente para su capitalización, que se les faculte a emitir obligaciones subordinadas, convertibles en acciones, ya que esto representaría una opción para fortalecerlas.

Cabe señalar que la comisión consideró pertinente ajustar la propuesta para que los consejeros de la serie "A" en sociedades controladoras, instituciones de banca y casas de bolsa, deberán ser mexicanos o extranjeros, éstos últimos residentes en el territorio nacional y no necesariamente con la calidad de inmigrados.

Por otra parte, para apuntalar el objetivo que considera el reforzamiento de los sistemas de supervisión y control de la autoridad sobre los bancos, esta comisión cree necesario que en caso de que la controladora cometa irregularidades graves en contra de la legislación financiera, se proceda a su intervención administrativa e incluso se haga extensiva la figura de la intervención gerencial como un mecanismo que permita a las autoridades actuar de manera inmediata sobre las sociedades que pongan en peligro los intereses del público o de sus acreedores.

En este mismo sentido, se refuerza la separación entre la banca y las actividades comerciales e industriales, permitiendo con ello una política objetiva de crédito, por lo que se estima prudente la restricción al monto de los denominados "créditos relacionados", que pueden otorgar las instituciones bancarias a sus propios accionistas. En este caso, la suma de los créditos no podrá exceder del importe del capital neto de la institución, lo que representa que en lugar del 20% actual éste se reduzca prácticamente a la mitad, es decir, aproximadamente entre el 8% y el 10% de la cartera total por los préstamos que la institución haya acordado. Adicionalmente se prohibe que los bancos inviertan en el capital de empresas de sus accionistas.

Por último, cabe destacar que una mayor capitalización de las entidades financieras mexicanas les permitirá competir ante la apertura del sector financiero, así como enfrentar en las actuales circunstancias económicas la reestructuración de sus carteras considerando la situación de sus deudores, reducir los elevados márgenes de intermediación, y programar apoyos a los usuarios del crédito fundamentalmente a la pequeña y mediana industrias las actividades agropecuarias y los créditos hipotecarios.

Señores legisladores, como pueden constatar son múltiples los cambios introducidos a las propuestas del Ejecutivo con el propósito de profundizar sus efectos en la actividad económica de la nación. Esto, gracias al esfuerzo de los diputados miembros de la comisión de todas las fracciones parlamentarias.

Por todo ello, señoras y señores diputados, pido su voto favorable a este dictamen por el beneficio que representará para el país. Muchas gracias.

El Presidente:

Con el objeto de exponer a esta Asamblea un voto particular, se le concede el uso de la palabra al diputado Saúl Escobar.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:

Gracias, señor Presidente.

Hago entrega a la Secretaría, como marca el artículo 56 de la Ley Orgánica y el 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del voto particular en contra del dictamen de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores.*

* El voto particular está publicado al final de esta edición. (Apéndice 3).

Compañeras y compañeros: se ha hablado aquí de una reforma o modernización financiera, ésta efectivamente arrancó desde 1989 con tres objetivos; el primero, incrementar el ahorro financiero de la economía y lograr un uso más productivo y eficiente de los recursos para el crecimiento económico.

Segundo. Lograr el acceso de la población a mejores servicios financieros con mayor disponibilidad de créditos y menores costos, y

Tercero. Fortalecer las instituciones financieras y generar en éstas una competencia que les permita responder a las necesidades de los usuarios y a las demandas del desarrollo económico.

La desregulación, los cambios jurídicos, la reprivatización bancaria, su modernización e internacionalización del mercado de valores, los cambios en la banca de desarrollo, la autonomía del Banco de México, la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro y la apertura al extranjero, han generado ciertamente cambios en la organización y funcionamiento de los intermediarios financieros.

Sin embargo, y éste es el primer punto que queremos recalcar, aun estamos lejos de alcanzar procesos eficientes de financiamiento y de lograr que la banca se oriente social y productivamente por los recursos que el sector financiero tiene a su cargo.

Veamos las cifras, en lo que hace al ahorro financiero si bien aumentó en forma significativa en los últimos años como se aprecia en la llamada Razón M-2 en relación al PIB que pasó de 26.9% al 31.4%, o bien el M-4 en relación al PIB que se ubicó en 43.7%, la verdad es que comparativamente este último índice de penetración financiera es muy bajo respecto al que tienen países como los Estados Unidos, el mismo Chile que tiene un porcentaje significativamente mayor, España o Corea del Sur.

Tampoco hay que olvidar que el modelo neoliberal no ha logrado elevar los niveles de ahorro interno de manera suficiente para lograr una dinámica autosustentada. En este problema del ahorro interno está una de las más grandes, más graves y más significativos fracasos del modelo neoliberal, ello ha obligado a recurrir de manera creciente al ahorro externo para financiar la actividad económica.

El ahorro interno y les pronuncio la cifra, ha pasado del 12.8% del PIB en 1981, al 6.5% en 1992, una caída de casi la mitad del porcentaje. Durante los años de 1993 y 1994, dicho porcentaje se mantuvo prácticamente inalterable.

En contrapartida puesto que el ahorro interno es cada vez menor, el ahorro externo medido por el déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos representó el 51.8% del ahorro total en el último año, muy superior al 31.7% registrado en 1981. Ya hemos visto lo grave que significa depender cada vez más del ahorro externo, lo perjudicial para el conjunto de la economía que ha resultado la disminución del ahorro interno.

La dependencia de la economía mexicana del ahorro externo, se apoyó en crecientes flujos foráneos de capital atraídos ya se sabe por elevadas tasas de interés. Paradójicamente, el propósito de aumentar el ahorro interno es evitar y aun repatriar capitales fugados e incrementar las reservas internacionales, provocó un proceso de escaso crecimiento económico, en ocasiones con sesgos recesivos que ha entrampado a la economía en una competencia por brindar tasas de interés muy por arriba de las ofrecidas en el mercado internacional, en perjuicio obviamente de la actividad productiva, sobre todo de los sectores estratégicos de larga maduración y baja rentabilidad; restringir también la actividad del Estado en el desarrollo económico y deteriorar las condiciones de vida de la población.

Estamos pues en una situación en que estamos ahorcados de los dos lados. Por un lado el ahorro interno decrece y somos más dependientes del ahorro externo y por el otro lado, con el objetivo de atraer el ahorro externo sobre todo aumentando las tasas de interés, se ha vuelto un factor de recesión en la economía.

La escasa cobertura alcanzada por el sistema financiero se precia en la existencia por ejemplo de 4 mil 417 sucursales bancarias, es decir 18 mil 465 habitantes por sucursal. En contrapartida y sólo por poner un ejemplo, Canadá y los Estados Unidos atienden por sucursal, a 3 mil 559 y 3 mil 774 habitantes respectivamente. Véase pues el gran desequilibrio.

La eliminación de los cajones de crédito para las diversas actividades económicas, la liberación de las tasas de interés al sustituir el encaje legal por un coeficiente de liquidez y por exteriormente tal coeficiente reemplazarlo por operaciones en el mercado abierto, así como el creciente cobro de servicios a los usuarios, encarece y aun margina al público común de los servicios financieros.

Finalmente en lo referente al objetivo de fortalecer a las instituciones financieras y a las respuestas de éstas a las necesidades sociales y del desarrollo económico, los resultados se sintetizaron en mayor concentración oligopólica y ausencia de compromiso social y productivo de las instituciones financieras.

Tenemos un grave problema de tendencias oligopólicas dentro de la banca nacional, dentro del sistema financiero mexicano y ése es otro grave problema que tenemos que enfrentar.

La reprivatización bancaria merece una consideración aparte, toda vez que la forma y los términos en que se realizó determinaron el ulterior comportamiento de dichas instituciones. En este proceso de reprivatización es un hecho que las autoridades soslayaron ocho principios básicos que habían manifestado públicamente se iban a conseguir, es decir, la reprivatización no cumplió o no ha cumplido con los objetivos que el mismo Estado se planteó:

1o. Los bancos privatizados y los grupos financieros no generaron un sistema más eficiente y competitivo.

2o. No se logró la democratización del capital.

3o. La administración de los bancos tampoco quedó a cargo de mexicanos con experiencia financiera, y ahí están los casos lastimosos de los Mariscal y los Cabal Peniche.

4o. No se fortaleció la descentralización y el arraigo regional, las principales plazas de operación siguen siendo las tradicionales zonas centro y norte del país, y más particularmente las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.

5o. La relación entre banca y grupos financieros, presente en 13 de los 18 bancos reprivatizados, favoreció la estructura oligopólica.

6o. La existencia de grupos financieros jurídica y socialmente identificados, no constituye un elemento fundamental para asegurar que se seguirán sanas prácticas bancarias en el desarrollo del sistema.

7o. El precio pagado por los bancos, más que justo fue un buen negocio para el Gobierno; lo que sí fue injusto fue cómo se utilizaron los recursos obtenidos en tal operación, que no sólo no sirvieron para contingencias como la del 20 de diciembre pasado, sino tampoco, para atender necesidades sociales, como en alguna ocasión se había ofrecido.

8o. Sobre la promesa de que la banca quedaría en manos de mexicanos, existe el serio peligro de que esto sólo sea temporal, y esto es lo que veníamos a discutir ahora en esta sala.

Veamos ahora la situación que se ha creado con la devaluación de 1994. Esta devaluación mostró que el sistema financiero mexicano repercutió en que el sistema financiero mexicano entrara en un acelerado proceso de deterioro, inestabilidad en los mercados, contracción de las utilidades de la banca comercial, explosivo aumento de las carteras vencidas, disminución de la inversión nacional y foránea ante la incertidumbre política, escándalos financieros y sospechas de lavado de dinero.

Ante tales acontecimientos, el Gobierno desarrolló una estrategia financiera de emergencia, para evitar un mayor deterioro e inestabilidad de los mercados. La estrategia se fincó en brindar liquidez en las operaciones de los mercados monetario y bursátil, mediante intervenciones cotidianas del supuestamente autónomo Banco de México en los mercados primario y secundario. El costo para mantener artificialmente el tipo de cambio y conservar el precario equilibrio financiero, fue la caída vertical de las reservas internacionales.

A estas alturas, ya nadie pone en duda que la devaluación del peso se postergó con fines electorales, para beneficiar al partido de Estado, y que el consumo de las reservas internacionales financiaron la fuga de capitales, tanto de inversionistas nacionales como extranjeros.

La devaluación abrupta ocurrida en diciembre, coloca al sistema financiero mexicano en graves problemas. No es exageración, es simplemente un análisis objetivo del problema que atravesamos, y vamos a dar algunos datos, por ejemplo:

La incapacidad técnica para hacer frente a los vencimientos de Tesobonos por 29 mil millones de dólares durante 1995, pero, y aquí está un punto importante, de la deuda pública externa contratado a menos de un año, que suma 6 mil 161 millones de dólares, según la información al 30 de septiembre de 1994.

Este problema desquiciaría al sistema en su conjunto. De ahí efectivamente la urgencia de aprobar para el Gobierno el paquete de garantías por 40 mil millones de dólares.

Segundo. Los problemas de endeudamiento de las instituciones crediticias, agravados con la devaluación, afectan negativamente a las principales instituciones financieras. La deuda externa de la banca comercial, ascendía a principios de este año a 23 mil millones de dólares, mientras que la banca de desarrollo hasta el 30 de septiembre del año pasado tenía una deuda por 14 mil 008 millones de dólares. Esta es una enorme carga para el sistema financiero mexicano y puede resultar en un grave deterioro, ya lo está siendo, en un grave deterioro de nuestro sistema financiero.

Otro dato: la cartera vencida, hoy tan publicitada, tan conocida, sigue creciendo. Al cierre del primer semestre de 1994, se ubicó en 41 mil 625 millones de nuevos pesos, 47.2% más que en el mismo periodo de 1993.

El índice de la cartera vencida llegó entonces a 9.5%, el cual según diversos analistas no era una situación que reflejaba la realidad. Hay datos que nos permiten suponer que este índice era todavía mayor.

A raíz de la devaluación, el problema de la cartera vencida se ha magnificado, se ha vuelto más grave, al grado de que en la actualidad oscila a decir de algunos, entre 90 y 100 mil millones de nuevos pesos.

¿Cuál es la respuesta a esta situación de deterioro del sistema financiero mexicano? En la iniciativa que estamos analizando, la propuesta es muy clara: hay que capitalizar a la banca con ahorro externo, con inversiones extranjeras.

Cuando se discutió el Tratado de Libre Comercio, nuestro partido afirmó que la negociación del Capítulo XIV, que se refiere efectivamente al sistema financiero, habríá sido de carácter unilateral, toda vez que ésta se dirigió a definir los términos y los tiempos de la apertura del mercado financiero mexicano, pero dejó prácticamente intacto el mercado estadunidense y canadiense para los inversionistas mexicanos.

También establecimos que la apertura convenida no garantizaba el orden, la gradualidad y la reciprocidad que demanda la genuina modernización financiera del país. Según el Gobierno, la competencia externa provocará beneficios a los usuarios de los servicios financieros, facilitándoles créditos y servicios oportunos, baratos y eficientes. Este punto de vista, el considerar la inversión extranjera como el aspecto central para la modernización, nos parece parcial y por lo tanto en el fondo equivocado.

No estamos, y lo reiteramos, que quede claro que la discusión la haremos con lo que decimos y no con lo que supuestamente decimos, no estamos en contra de abrir el sistema financiero a la competencia externa, lo que nos parece equivocado es confiar en que dicha apertura resolverá todos los problemas, cuando en realidad puede agravarlos si no va acompañada de otras medidas y cambios legislativos. Le estamos apostando a una sola carta; le estamos apostando a una sola medida y lo que requerimos, por lo que aquí ya expliqué, es una reforma en conjunto del sistema bancario mexicano.

Veamos ya más en detalle en qué consiste este paquete de iniciativas que hoy estamos debatiendo: el Ejecutivo considera que una mayor capitalización será la vía para alcanzar las metas de un mejor sistema financiero. Sin embargo, la iniciativa se limita básicamente a acelerar la apertura del mercado financiero mexicano al capital extranjero, sin considerar otras vías.

El objetivo tanto del periodo de transición como de los límites a la participación agregada e individual del capital extranjero y del mecanismo permanente, incluidos en el Tratado de Libre Comercio, es evitar, era evitar porque ya ahorita lo vamos a reformar, si hay un voto mayoritario, claro, que los inversionistas nacionales pierdan el control del mercado financiero. Así estaba pactado en el Tratado de Libre Comercio.

El PRD rechazó en su momento y en diversos foros, incluido el Congreso de la Unión, estos plazos. Sin embargo, como hemos reiterado, el problema que hoy enfrentamos va en el mismo sentido, es decir, en el sentido de una mayor apertura del sistema financiero.

Las características que se desprenden de la iniciativa presidencial ubican dicha apertura como una que ha de operar semiunilateralmente y superando los límites establecidos en el Tratado de Libre Comercio, lo cual nos lleva a concesiones excesivas frente a nuestros socios comerciales, por lo tanto, será necesario que las reformas en materia financiera se apeguen a lo dispuesto en el tratado referido que hoy se quiere convertir en ley y que si el mismo constituye una camisa de fuerza para el sano desarrollo del financiamiento del país, se llame entonces a una revisión del acuerdo para garantizar reciprocidad en las partes.

Firmamos un convenio en el Tratado de Libre Comercio, nosotros unilateralmente y sin negociación previa adelantamos los tiempos de la apertura y entonces esto nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente: ¿No merecería una reapertura el Tratado de Libre Comercio para entonces negociar con nuestros socios norteamericanos y canadienses, que haya reciprocidad o por lo menos que haya concesiones de aquel lado, a las concesiones que estamos haciendo nosotros? Pues no, se pide una apertura unilateral y por lo tanto a cambio de esta apertura del sistema financiero nuestros socios comerciales no están dando nada.

La crisis estructural y de solvencia por la que atraviesa el país, así como la continuación de la política neoliberal, nos colocan una vez más y de manera dramática en la lucha internacional por el capital, con lo cual se perfilan graves sesiones de soberanía, tanto en lo político como en lo económico. Es necesario evitar esto.

Una de las propuestas más importantes de modificación de estas leyes, es la relacionada con la composición del capital. En ella, como se ha explicado hace un momento, las acciones de la serie "A" del capital social ordinario representarían el 51% y podrían ser adquiridos. Y éste es el punto que nos interesa enfatizar, no sólo por personas físicas mexicanas, sino también por empresas, cuyo capital sea mayoritariamente propiedad de mexicanos y efectivamente controladas por los mismos.

Esto significaría en los hechos que la participación del capital extranjero pudiera extenderse a las acciones "A" antes exclusivas de mexicanos.

Si recordamos prácticas ilícitas, como lo son los presta nombres, o las modalidades monopólicas, como los holdings, que sin detener la mayoría del capital de una empresa la controlan efectivamente en los hechos, la posibilidad de participación del capital extranjero en la tenencia de estas acciones se incrementa. Así, el candado puesto en este artículo; es decir, mayoritariamente mexicana, puede quedar anulado en la práctica.

Si a esto le sumamos que las acciones de capital social serie "B" y "L" serán de libre suscripción, incluyendo entidades financieras del exterior, que las "B" representarían ya no el 30%, sino ahora las estamos aumentando al 49% de este capital y que las "L" ascenderían del 30% al 35% del capital social ordinario, es claro que el control económico de bancos y casas de bolsa, que aún contienen capital nacional, puede quedar en manos extranjeras.

Es decir, nos veríamos en el caso de que un banco pudiera tener mayoría del capital extranjero, aunque formalmente minoría en el consejo de administración, es decir, en el control corporativo del banco, pero también podría dar lugar, como he mencionado, a que esta mayoría real del capital extranjero en el total de las acciones del banco, si sumamos las "B" y las "L", pueda inducir no legalmente, pero sí en los hechos, a un control de los inversionistas extranjeros.

El decreto considera también la integración de la administración de estas empresas y pretende solucionar el problema del control corporativo al exigir mayoría nacional en los consejos de administración. Esto es cierto; sin embargo, el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y aprobado por la mayoría, se propone permitir que no sólo los extranjeros inmigrados; sino también los residentes estén facultados para ser miembros de los consejos de administración. Con esta propuesta se flexibiliza todavía más el acceso de los inversionistas extranjeros al control corporativo de las empresas en cuestión.

De esta forma, aunque los extranjeros constituyan minoría en el consejo de administración, muy relativa en el control corporativo, el capital extranjero compondría o podría componer, como dije, la mayor parte del capital total.

Otra de las propuestas de la iniciativa es la referente al incremento del límite máximo de tenencia de acciones "A" y "B" de manera individual, que pasaría de 5% a 20% del capital social tratándose de bancos, y de 15% a 20% de capital social de una casa de bolsa.

Tratándose de inversiones que lleven a cabo entidades financieras del exterior, la Secretaría, dice la exposición de motivos, podría autorizar límites mayores de tenencia individual, a efecto de permitir que intermediarios con capital mayoritariamente mexicano puedan convertirse en filiales de dichas entidades.

Esto implica y lo queremos también recalcar, un privilegio reservado a los extranjeros, lo cual es de sobra ilegal; es decir, hay una disposición para los extranjeros y otra distinta para los mexicanos y como hemos dicho, agudizaría la concentración y centralización del capital financiero en manos de inversionistas foráneos.

Reconocemos y aquí reconocemos el esfuerzo y la discusión que dimos en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que hubo modificaciones y que se consideró conveniente acotar el uso de la facultad discrecional con que cuenta la Secretaría de Hacienda, con relación a autorizar los límites de la tenencia individual de acciones del capital social por parte de entidades financieras.

De esta forma, la comisión citada modificó la iniciativa del Ejecutivo, reformar el primer párrafo y adicionar un segundo párrafo, como ya se ha explicado aquí.

Estas modificaciones tienen por objeto garantizar, que el sistema de pagos se efectúe fundamentalmente por instituciones controladas por mexicanos, para ello la citada Secretaría tomará en cuenta la composición del capital de la institución de que se trate y la participación extranjera en la misma.

Adicionalmente, asegura el dictamen, reviste especial consideración la posibilidad de que la mencionada Secretaría apruebe programas conforme a los cuales instituciones financieras del exterior y sociedades controladoras filiales puedan adquirir acciones por encima del límite máximo de tenencia accionaria individual, con la finalidad de convertir una institución de banca múltiple en filial.

Para garantizar plenamente el principio al que se refiere el párrafo anterior, concluye la comisión, es indispensable que se establezca que no podrán aprobarse programas para la adquisición de bancos cuyo capital neto exceda del 6% de la suma del capital neto que alcance en su conjunto dichas instituciones.

No obstante este acotamiento, el nivel propuesto por la Comisión de Hacienda, este 6%, continúa siendo excesivo, además de no cumplir con el límite individual establecido en el TLC a los bancos de capitales estadunidense y canadiense.

Este tope asciende, en el tratado, a 1.5% del mercado en el periodo de transición y 4% una vez finalizado el periodo, pero nosotros es decir, si esta cámara lo aprueba y, en particular la Comisión de Hacienda, propone un límite del 6%.

Resulta sorprendente observar cómo aquello que las contra partes no consiguieron en la mesa de negociaciones del TLC, el Ejecutivo mexicano intenta otorgárselo de manera unilateral y que la Cámara de Diputados, si lo aprueba, pretenda constituirse en el cómplice de esta cesión, de esta concesión.

Quisiera, además para ilustrarlos un poco más, recordar las palabras del doctor Ernesto Zedillo, el pasado 24 de enero, que rechazó cualquier posibilidad de revisión del Tratado de Libre Comercio.

La propuesta que estamos discutiendo es incongruente con tal determinación presidencial y tiene como agravante que México reabra el TLC, pero claro sin convocar a su contraparte a la mesa de negociaciones. Una cosa difícil de entender.

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática, que los límites individuales establecidos ya en el tratado sean respetados o bien que se revise la totalidad y se sienten las partes a discutir en la mesa de las negociaciones.

La Comisión de Hacienda, consideró también pertinente determinar, que el monto total de las adquisiciones no podría dar a los intermediarios extranjeros que la realicen, una participación de mercados superior al 25%, durante el periodo de transición establecido en el TLC; es decir, hasta el año 2000, y para ello propone adicionar un segundo párrafo al artículo segundo transitorio de la iniciativa de decreto que se dictamina en ese sentido.

No obstante el Ejecutivo en el dictamen, elaborado por la Comisión de Hacienda, repiten la grave anomalía que señalamos arriba, otra vez el mismo problema. Durante el periodo de transición negociado en el tratado, el límite máximo a la participación agregada al intermediario de los otros dos países en el mercado bancario mexicano, se incrementaría gradualmente durante los primeros seis años, de 8% a 15%, estamos hablando en la iniciativa de un 25%. De 8% a 15% durante los cuatro años siguientes a la terminación del periodo de transición, México podría congelar por tres años el crecimiento de las filiales de banco y casas de bolsa en el nivel en que éstas se encuentren, siempre que la participación global de tales filiales y su correspondiente mercado, haya alcanzado como mínimo 25% y 30% respectivamente. Si estamos adelantando plazos.

Por último, cabe mencionar que existe un mecanismo permanente, mediante el cual México podría limitar la participación en el mercado nacional de las filiales bancarias y extranjeras, si esto sobrepasa el 30% pone en riesgo el control sobre el sistema de pagos.

Para ello se requiere del previo acuerdo de las otras dos partes o una resolución favorable de un panel, aun cuando éste no tendría carácter obligatorio.

El dictamen, aún con la modificación hecha a la propuesta del Ejecutivo, no contempla un periodo de transición para el capital nacional, a partir del cual pueda teóricamente ser más eficiente y competitivo, así como desarrollar alianzas gradualmente.

El hecho de que la comisión proponga que en lo inmediato, el límite máximo a la participación agregada de intermediarios y extranjeros del 25%, sea del 25%, así lo confirma.

Por todo lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática, votará en contra tanto de la iniciativa de decreto enviada por el Ejecutivo, como del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Consideramos importante competir y atraer inversión, como un complemento a la inversión nacional, complemento, pero a la vez debe lograrse que dicha inversión juege un papel definido dentro de la estrategia nacional de desarrollo y ello supone regularlo.

Lo que no, está faltando es definir una estrategia para el desarrollo de la banca mexicana, para el desarrollo e impulso del sistema financiero mexicano. Estamos abriéndonos al capital extranjero desordenadamente, de manera no gradual y sin ton ni son. Si falta de una política global y bien ubicada que nos dé una estrategia en la orientación de la banca y el sistema financiero mexicano.

¿De qué estamos hablando cuando señalamos que falta una estrategia? Bueno, voy a enumerar muy rápidamente los puntos, porque otros compañeros abundarán en ello.

Primero. La creación de una estructura competitiva saludable, que sirva de contrapeso a los monopolios bancarios y financieros privados, tanto nacionales como extranjeros. No coincidimos con esa frase desafortunada, de que más vale un sistema bancario nacional eficiente en manos de extranjeros que un sistema ineficiente en manos nacionales. Esto nos parece una torpeza.

Tenemos que buscar un sistema financiero nacional, eficiente, en manos de mexicanos, con complemento del capital extranjero. Esta es nuestra propuesta.

Segundo. El soporte de dicha estructura deberá fincarse de un lado, en el desarrollo de un sistema de ahorro popular y de otro en una banca estatal de desarrollo. ¿Qué ha pasado con la banca estatal? ¿Dónde está? ¿Por qué no discutimos el asunto de la banca de desarrollo?

Tercero. Fomentar el ahorro interno, mientras no resolvamos el problema del ahorro interno, que ha sido el gran fracaso del modelo neoliberal, el gran bache, ahí donde está reprobado el modelo neoliberal que es el problema del ahorro interno, no resolveremos adecuadamente el problema de un sistema financiero nacional, eficiente y en manos de mexicanos y estaremos constantemente recurriendo al extranjero para vender Tesobonos, para financiar bonos que sustituyan a los Tesobonos para la inversión extranjera en el sistema financiero y siempre el extranjero para resolver todos nuestros problemas.

Tenemos que resolver entonces el problema del ahorro interno y para ello, obviamente se requiere una política económica que redistribuya el ingreso y aliente la producción nacional.

Cuarto. Estimular la inversión extranjera, pero con fines productivos, no de manera especulativa.

Quinto. Construir diques a la especulación interna y externa y a la fuga de capitales con un marco regulatorio que garantice la estabilidad del sistema financiero y monetario nacional, y

Sexto. Y en particular en lo que se refiere a la crisis actual, tenemos también propuestas que deben formar parte de un programa alternativo y que se refieren a la cartera vencida. Estas propuestas, para no cansarlos demasiado, serán materia de otra intervención de un compañero de nuestra fracción parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente:

Una vez fundamentado el dictamen, por la diputada Mónica Leñero Alvarez y expuesto un voto particular por el diputado Saúl Escobar, está a discusión el dictamen en lo general.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, los siguientes diputados: Ezequiel Flores Rodríguez, Eric Villanueva Mukul, Gabriel Llamas Monjardín y Sebastián Lerdo de Tejada, en una primera ronda.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Ezequiel Flores Rodríguez.

El diputado Ezequiel Flores Rodríguez:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Continuando con esta reunión, con el propósito de analizar las iniciativas que el Ejecutivo ha presentado ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para modificar diversos artículos de las leyes que regulan las agrupaciones financieras, las instituciones de crédito y el mercado de valores.

Hace un momento se aprobó la modificación a la Ley de Ingresos. En este contexto es necesario reiterar la vinculación de ésta con las reformas que a continuación se discutirán.

Ante la naturaleza de los acontecimientos que han derivado en la crítica situación por la que atraviesa el país, todos los aspectos a los que se refiere en el conjunto de iniciativas, están estrechamente relacionados y no deberían analizarse por separado. Más aún, dichas iniciativas se caracterizan por la omisión sobre el reconocimiento de que en el déficit comercial de nuestra balanza de pagos en la recurrente sobre valuación del peso y en la dependencia de inversiones extranjeras de corto plazo en el mercado de valores, cuya fuga masiva motivó la intempestiva devaluación de nuestra moneda, mucho ha tenido que ver la forma de operación de nuestro sistema financiero privado.

En consecuencia, dichas iniciativas omiten ir al fondo del problema y son incapaces de plantear las soluciones para corregir.

Cuando una economía como la nuestra se abre para ir acorde con las tendencias de la economía mundial, evitando así su aislamiento y el retraso de su sistema productivo, no puede menos que impulsar un sistema financiero que efectivamente favorezca el ahorro y la inversión productiva de largo plazo, a riesgo de ampliar las asimetrías que mantenemos con nuestros principales socios comerciales, en caso de no hacerlo.

En cambio, la realidad nos muestra que se ha favorecido la dependencia interna de un sistema de bancos comerciales y demás intermediarios financieros; sistema por demás oligopólico, particularmente voraz e interesado más en la pronta recuperación de su capital, que en contribuir al desarrollo económico nacional.

Hoy padecemos un error de origen. Desde el momento en que la reprivatización del total de la banca se convirtió en una medida desproporcionada a las condiciones y necesidades del país. Efectivamente, era necesaria la competencia privada en el sistema financiero nacional; pero el Gobierno nunca supo o nunca quiso aprovechar la posibilidad de mantener el control en una o más instituciones de banca múltiple, para incidir en la regulación de la oferta de crédito dentro de las normas de la libre competencia interbancaria.

Hoy están plenamente demostradas las nefastas consecuencias de haber promovido el oligopolio bancario, que cobra tasas de interés del 40% o más y que opera con márgenes financieros aproximadamente del doble de los de nuestros dos vecinos del norte.

Sobre esto basta preguntar a todas las pequeñas y medianas industrias del país y a todos los usuarios de créditos al consumo.

Es ésta la razón del crítico volumen de carteras vencidas, prevaleciente que hoy se vuelve irónicamente en contra de todos los bancos privados, colocando por cierto, varios de ellos, en particular a los que además que están sobre endeudados con el exterior, en riesgo de quiebra.

Por tales motivos, compañeros legisladores, el Partido del Trabajo considera que la parte medular de las iniciativas de ley, propuestas por el Ejecutivo, en su propósito de que las instituciones financieras se capitalicen y en muchos casos eviten su quiebra, propicia, por una parte, una mayor participación de entidades financieras extranjeras y alienta una mayor inversión en la intermediación financiera por parte de grandes capitalistas nacionales y por la otra, abre el espacio para operaciones de rescate de los bancos privados por medio de aportaciones de capital del Gobierno Federal, a través del fondo bancario de protección al ahorro y el fondo de apoyo al mercado de valores.

Pero estas medidas en vez de modificar la estructura de intermediación financiera nacional para salvaguardar el sistema de crédito y los intereses del conjunto de ahorradores, está priorizando una vez más, la salvaguarda de los intereses de los propietarios de la banca.

Aunque efectivamente deban evitarse las quiebras en cadena, de bancos, dichas iniciativas no contemplan el complemento necesario que representaría una mayor intervención regulatoria del Estado, para evitar las prácticas oligopólico-financieras a través, entre otras medidas, de la obligatoriedad de reservas atadas a créditos de riesgo, por las que se cobran las mayores tasas de interés.

Tampoco se proponen medidas fiscales que graven y desalienten las inversiones especulativas de corto plazo en el mercado accionario y mucho menos se afronta la posibilidad de la participación directa del Gobierno en la intermediación bancaria con fines de regulación indirecta.

Por el contrario, reiteramos que se ha dejado abierta la posibilidad de que la banca privada lucre con la redención de sus Tesobonos y la compra de dólares, e insistimos en que se les debe poner un límite, forzándolos a recapitalizarse con sus propios recursos.

Sobre esto, el Partido del Trabajo ya hizo una propuesta. De tal forma, que aunque consideramos conveniente que se propicie una mayor participación de capital extranjero que contribuya a una mayor competencia interna en beneficio de ahorradores y productores, el que se favorezca la inversión de largo plazo para reestructurar la planta productiva nacional y el que se cumplan las obligaciones financieras internacionales sin que se ponga en riesgo la soberanía nacional, ya que de no cumplirse con los compromisos contraídos, el aislamiento y el colapso consecuente de la economía repercutiría gravemente y de inmediato sobre las clases populares del país.

Por otro lado, nos resulta evidente que los problemas estructurales no están atendidos, como lo hemos dejado bien claro en esa exposición.

Por consiguiente, compañeros diputados, el Partido del Trabajo considera que las iniciativas del Ejecutivo y el dictamen de la Comisión de Hacienda de esta cámara son insuficientes para resolver de raíz las grandes deficiencias de la economía nacional, deficiencias que no son superficiales, aunque coyunturalmente pudieran corregirse. Por el contrario, son eminentemente estructurales y tenderán a repetirse hasta que no exista la responsabilidad ejecutiva y la voluntad política de implementar modificaciones profundas en favor de los productores y los trabajadores de este país. Muchas gracias.

El Presidente:

En el uso de la palabra, el diputado Eric Villanueva, por 15 minutos.

El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Gracias, señor Presidente:

Por solidaridad con la Asamblea, voy a ser corto en tiempo, como dice acá.

El diputado Saúl Escobar hizo un diagnóstico que me parece bastante acertado sobre el sistema financiero mexicano. Como él señalara, de los 18 bancos funcionando se puede encontrar, solo para citar rápidamente, no solo una gran concentración de capital, sino una centralización; tanto en términos de socios, como en términos de zonas geográficas. Baste señalar, como también aquí se remarcara, que cerca de 1 mil 600 municipios todavía no gozan ningún tipo de servicio bancario.

Que existen infinidad de irregularidades en el funcionamiento y en la administración de los grupos bancarios. ¿Cuáles han sido los resultados de esta característica de la Banca:

1. Obviamente una profunda desvinculación de los diferentes sectores productivos, con la banca.

Por el contrario, su característica fundamental ha sido vincularse a los grandes grupos corporativos.

2. Una disminución de las cuentas bancarias de 36 mil en 1987 a apenas 13 mil en 1993, especialmente en las cuentas de ahorros.

3. Altos márgenes de intermediación financiera y de las tasas activas en relación a las pasivas, así como en el costo de los servicios bancarios.

4. Bajos niveles de capitalización por debajo de los niveles internacionales.

5. Contracción de las utilidades bancarias en la mayoría de las instituciones.

6. Ya se ha dicho. Escándalos financieros.

7. Una disminución del proceso de capitalización, y aquí hay que decirlo, no sólo debido a la operación del sistema bancario, sino también a la contracción económica que vive la economía en su conjunto y que en general está por debajo de los niveles internacionales.

8. También aquí señalado. Las carteras vencidas. Unos dicen 50 mil millones, a enero de 1995, algunos otros 90 y 100 mil millones, según otras fuentes.

Y el otro punto, que es creo el elemento fundamental por el cual se hizo la propuesta de las reformas a las diferentes leyes bancarias, 26 mil millones de pasivos de los 18 bancos operando y 14 mil de la banca de desarrollo.

Las propuestas hechas, como aquí ha señalado Saúl, son profundamente insuficientes. Nosotros, la fracción del PRD pensamos que debe de elaborarse una propuesta integral para modificar todo el sistema financiero del país.

¿Cuáles serían las características de esta propuesta?

1. Democratizar el capital bancario y financiero, para lograr una mayor participación de pequeños y medianos inversionistas. Aunque ahora se habla de aproximadamente 180 mil accionistas, en realidad las acciones están concentradas en un reducido grupo. No sólo eso, sino descentralizar las instituciones de crédito y de intermediación financiera para poder lograr que mediante un conjunto de bancos regionales darle cobertura a todo el país. Esto no es algo que estemos sacándonos de la banca, son las características, que incluso en otros países con un alto desarrollo del sistema financiero se encuentran, es el caso de los mismos Estados Unidos y de Canadá, donde conviven un sistema de bancos de una gran capacidad con otro grupo de bancos regionales que cubren todo el territorio nacional, pero íntimamente vinculado.

2. Flexibilizar la legislación crediticia para fomentar la rápida creación de una serie de instituciones auxiliares de crédito, tales como:

a) Uniones de crédito, cajas de ahorro etcétera, que permita a los diferentes sectores productivos, industriales, agropecuarios y de servicio, el rápido, fácil y más barato acceso al capital y los servicios bancarios y a la intermediación financiera. Esto creo que es uno de los grandes defectos que nos estamos encontrando en el caso de nuestro país, que nuevamente en comparación con otros países, como Europa, los Estados Unidos y el Canadá, encuentran en este tipo de organismos un gran apoyo para el desarrollo productivo. Baste señalar que mientras en nuestro país existen aproximadamente 371 millones de crédito, en los otros países andamos por allá más de 2-3 mil de este tipo de instituciones.

b) Promover una reconversión tecnológica y operativa del sistema financiero mexicano que permita mayor competitividad y una disminución de los costos de intermediación financiera.

c) Revisar el papel que ha venido jugando la banca de desarrollo y sus organismos auxiliares para adecuarlos a los actuales requerimientos de desarrollo de nuestro país y de sus diferentes sectores productivos.

d) En especial, el papel del Banco de Crédito Rural en su orientación y operación en el desarrollo del sector agropecuario.

e) Crear fondos específicos de capital de riesgo y de fomento que garanticen la reactivación de los diferentes sectores, en especial de la pequeña y la mediana industrias en el sector agropecuario.

f) Revisar el conjunto de las leyes de créditos y de instituciones financieras para adecuarlos a los planteamientos aquí realizados.

También, tanto el diputado Escobar, como el compañero diputado Ezequiel, del PT, han mencionado la necesidad de fortalecer el Fondo Bancario para Protección del Ahorro, no sólo para proteger el sistema financiero, sino sobre todo para proteger al desarrollo y la reactivación de los diferentes sectores económicos.

Aquí queremos expresar que ese fondo debe de transformarse en un Fondo Nacional para Protección de la Planta Productiva y el Empleo, que permita que las carteras vencidas no se repitan nuevamente y se garantice una tasa de recuperación en los préstamos crediticios que mantenga un saludable equilibrio entre los sectores productivos y los bancarios.

Finalmente quisiera poner a su consideración un punto de acuerdo, para que podamos seguir avanzando en este tipo de trabajo. Dice así: "En virtud del grave problema que presentan las carteras vencidas de diferentes sectores productivos, así como su vinculación con el Sistema Bancario y Financiero Nacional y del Trabajo que vienen efectuando las comisiones conjuntas de Hacienda, Comercio, Agricultura, Recursos Hidráulicos, Ganadería, Gestoría y Quejas, proponemos que con la inclusión de la Comisión de Fomento Industrial se formalicen los trabajos con categoría de Comisión Especial, para que de manera inmediata, en coordinación con las instituciones del Poder Ejecutivo y de la Comisión Nacional Bancaria se aboquen a encontrar una solución de fondo al problema guardando el equilibrio de los intereses de los diferentes sectores involucrados, así como trabajar para una propuesta más integral de reforma a la estructura bancaria y financiera para ser analizada en el próximo periodo de sesiones ordinarias.

Atentamente, diputados: Jesús Ortega, Saúl Escobar, Eric Villanueva, César Chávez, Rosa María Cabrera, Joaquín Vela, Alejandro Moreno Berry, José Luis González Aguilera.

"Ruego al señor Presidente realizar lo conducente para que pase a comisiones de Hacienda y de Concertación. Gracias.

El Presidente:

Se toma nota, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Gabriel Llamas.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

México vive un momento de emergencia económica. La actual crisis de nuestro país obedece principalmente a la subordinación de la economía, a los intereses políticos de grupos de poder. Es momento pues de no tomar decisiones políticas ante problemas que son realmente económicos.

El sistema financiero mexicano emergió de una privatización en momentos de un acomodo económico, donde los recursos de capital eran escasos y limitados y donde la demanda de la sociedad hacia un servicio competitivo, eficiente y con precios justos era cada vez más insistente.

La falta de recursos financieros y el exceso de demanda de los mismos provocaron la existencia de barreras impenetrables a una economía de primer mundo, como la de nuestros principales socios comerciales.

El costo del dinero en nuestro país es significativamente superior al de otras naciones con las cuales deseamos competir, lo que evidentemente genera una lucha desproporcionada e iniquitativa en el campo de la conquista de los mercados. Hoy, México se encuentra en un proceso de desarrollo que requiere de recursos financieros, demanda que en el sistema financiero actual no se puede satisfacer.

El sistema financiero mexicano requiere de una capitalización urgente, a efecto de hacer frente a esas demandas del mercado interno, pero también necesita un apoyo que garantice el control de la identidad financiera nacional.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal ante esta soberanía para modificar la Ley de Agrupaciones Financieras, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, presentaba riesgos sustanciales al sistema financiero mexicano, sistema que estaba protegido desde su origen con un capelo de no apertura, que marcaba la exclusividad y el favoritismo gubernamental; sin embargo, en dicha iniciativa, la actitud del Ejecutivo se circunscribió en un cambio radical tajante, sin observar los serios riesgos que implicaba todo esto de frente a la nación.

La apertura propuesta se confabulaba con la actitud discrecional y plenamente libre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por permitir porcentajes de participación accionaria de extranjeros y el control del sistema financiero sin límite alguno. Actitud que prevalecía aún en la comparecencia del Secretario del mismo ramo ante esta Cámara de Diputados.

Ante esta situación del Ejecutivo se presentaron críticas y observaciones. Para Acción Nacional esas críticas y observaciones en estudio de las características de la nación, la definición de los avances del país, el diagnóstico integral de nuestra vida política y la manifestación del repudio a la actitud inflexible en algunos casos de la autoridad gubernamental no son suficientes recursos para cambiar al país. El elemento necesario es la propuesta y el planteamiento de soluciones, ésta es la verdadera tesis de Acción Nacional, pensamiento que es congruente con nuestra forma de actuar.

Haciendo una referencia en la que el licenciado Francisco Suárez y Dávila en su intervención del 23 de enero de 1995, manifestó en esta tribuna lo siguiente:

"Hemos escuchado de otros partidos muchas críticas, pocas opciones o verdaderas alternativas". Cierra la cita.

No es necesario recomendar que se revisen versiones estenográficas de las sesiones de la Comisión de Hacienda, donde se discutió este paquete financiero, basta con sugerir un análisis de conciencia y un reconocimiento introspectivo de la verdad.

Nosotros, miembros de un partido de oposición, no dejamos espacio vacío sin ocupar, opinión que expresar, ley por estudiar, artículo por analizar, duda por aclarar e intervención por realizar. Nosotros cumplimos con nuestro compromiso de legisladores, nosotros estamos satisfechos con nuestra tarea, porque ejemplo de lo anterior; hoy se presenta en el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo al paquete financiero, una propuesta totalmente diferente; paquete financiero que fue sustancialmente modificado con cambios propuestos por Acción Nacional, que garantizan una defensa del sistema de pagos en manos de nacionales, de mexicanos y un sistema financiero con capacidad para capitalizarse sin riesgos para la nación.

Y para demostrar, analicemos cuáles fueron nuestras propuestas, cuál era la posición del Ejecutivo y cuál fue la decisión de la Comisión de Hacienda.

En la Ley de Agrupaciones Financieras, en su artículo 27, se establecía que los consejeros de una de las series que es la "A", deberán ser mexicanos o extranjeros que fueran residentes, que tengan la calidad de inmigrados en el país, situación difícil de comprobar y de cumplir. Nuestra propuesta fue facilitar, porque los consejeros en ningún momento ejercen derechos de poseedores; sin embargo desarrollan actividades profesionales o técnicas. Por tal motivo propusimos, para facilitar el cumplimiento, su residencia.

La Comisión de Hacienda propone que efectivamente sean mexicanos o residentes en México.

Artículo 30-A. Cuando la controladora no se ajuste a disposiciones aplicables, y así de vago estaba, se justificaba la intervención administrativa por parte de la Comisión Nacional Bancaria.

Nosotros solicitamos que se especificara, solicitamos que se limitara dicha discrecionali dad, a efecto de establecer una seguridad jurídica y, por tal motivo, en esa propuesta de especificación, la Comisión de Hacienda establece: la intervención administrativa es aplicable cuando la autoridad competente encuentre irregularidades graves en contravención a la legislación financiera. Un cambio totalmente diferente.

En la Ley de Instituciones de Crédito, en el artículo 17 mencionaba, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará discrecionalmente los montos máximos de tenencia accionaria en instituciones de crédito. Nosotros, Acción Nacional, propusimos que deberíamos limitar la participación extranjera en la banca nacional, a efecto de controlar por mexicanos el sistema de pagos. El dictamen establece: en ningún caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará participación extranjera, cuando se ponga en riesgo el control del sistema de pagos, que en todo tiempo deberá estar controlado por mexicanos.

En la misma Ley de Instituciones de Crédito, artículo 17 fracción Vll, el Ejecutivo no proponía límites de participación cuando extranjeros adquirieran acciones de bancos mexicanos. Acción Nacional solicitó limitar la participación de extranjeros, a efecto de controlar por mexicanos, el sistema de pagos. El dictamen establece: en ningún caso, cuando extranjeros ad quieran bancos mexicanos, podrán controlar más del 6% del capital neto consolidado.

En la banca, a efecto de controlar el sistema de pagos por mexicanos. Efectivamente el Tratado de Libre Comercio establecía el 1.5%, pero si íbamos a permitir la adquisición de extranjeros de bancos mexicanos, que fueran los bancos que no controlan el sistema de pagos.

El artículo 23, fracción VII, hablaba también de los consejeros, que debían de ser mexicanos o emigrados en caso de ser extranjeros. Para tal efecto nosotros propusimos que fueran residentes y el dictamen establece que con ser residentes es suficiente. Esto es una facilidad administrativa.

Artículo 45, fracción V de la misma Ley de Instituciones de Crédito: cuando extranjeros adquieran bancos mexicanos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá discrecionalmente límites superiores a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio. Nosotros propusimos: limitar discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda, a efecto de evitar presiones internacionales que se pudieran derivar de conformidad con el aval que se otorgase para salir en el programa de la crisis económica nacional, a efecto de garantizar el sistema de pagos en manos de mexicanos.

En concordancia con el artículo 17, fracción VII, segundo párrafo, el dictamen establece: en ningún caso extranjeros podrán controlar el sistema de pagos.

Y adicionalmente en la Ley del Mercado de Valores, por citar nada más unos ejemplos, en el artículo 17-bis, fracción I, establecíamos la necesidad también de facilitar que los consejeros fueran mexicanos o residentes en el país. En el dictamen también se incluye que residentes pueden ser consejeros. Un gran avance administrativo.

Adicionalmente propusimos que a efecto de fortalecer la capitalización del sistema financiero, en todos sus casos en sociedades mexicanas, se extendiera hasta un 40% del capital ordinario el monto de la serie "L", es serie "L" es de libre suscripción. Quienes poseen acciones de la serie "L" no tienen derechos corporativos, únicamente tienen participación financiera en el capital de la sociedad.

Cabe aclarar que el dictamen de la comisión establece como capital adicional un límite hasta el 35% del monto del capital ordinario, por tal motivo nosotros observamos que el 40% promoverá una mayor capitalización, una mejor captación de recursos patrimoniales y una facilidad y ahorro en la promoción y colocación de dichos valores en el mercado. Por tal motivo, en lo particular se propondrá en su momento, modificaciones al artículo 18, fracción III de la Ley de Agrupaciones Financieras, artículo 11 fracción III de la Ley de Instituciones de Crédito, 17-bis fracción III de la Ley de Mercado de Valores, que en sus tres casos se modifique el porcentaje límite de la serie "L" de 35% a 40%, a efecto de fortalecer la capitalización del sistema financiero mexicano, sin ningún riesgo de control por extranjeros.

El esfuerzo realizado, el trabajo invertido y la actitud responsable de Acción Nacional, permite ahora entregar una ley diferente a la nación, un paquete financiero que garantiza el control de pagos en manos de mexicanos, leyes que facilitan administrativamente a las instituciones financieras el cumplimiento de sus obligaciones hacia con la sociedad, un conjunto de disposiciones que fortalecen el sistema financiero mexicano y que aseguran un camino seguro para avanzar y resolver los grandes problemas económicos que ahora aquejan a nuestra nación.

Este conjunto de leyes financieras es totalmente diferente al propuesto por el Ejecutivo; este paquete financiero está a favor de nuestra soberanía. Con estas disposiciones legales abrimos un espacio más a la vida republicana, a la independencia del Congreso de la Unión y a la honorabilidad de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señores diputados.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Sebastián Lerdo de Tejada, para completar la primera ronda.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:

Con su permiso, señor Presidente:

Pareciera que de acuerdo a la intervención que acabo de escuchar, los demás partidos políticos no hicieron nada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Me llama profundamente la atención que después de muchas reuniones, debates, reuniones con la autoridad del Ejecutivo, reunión en conferencia con la Comisión de Hacienda del Senado de la República, en donde de manera destacada, todos los diputados opinamos, exigimos y de manera particular, y hay que subrayarlo, los diputados priístas acudieron a todas estas instancias para subrayar sus legítimas preocupaciones, pareciera que de manera mágica desaparecen y se descalifican en tribuna.

Compañero diputado, no vale adjudicarse todo el crédito, éste es un trabajo de Congreso, de cámara, y significa congregar ideas. Vamos asumiendo juntos la responsabilidad histórica que los tiempos nos impone.

En el marco de los intensos debates que se dieron en la Comisión de Hacienda hemos encontrado coincidencias en momentos, sí de emergencia económica, pero con la suficiente serenidad para encontrar en ella la posibilidad de ampliar el marco normativo de las agrupaciones financieras, instituciones de crédito y al mercado de valores, que se traduzca en certidumbre para el inversionista nacional y fomente el ahorro interno.

No me cabe la menor duda que restablecer de forma imperativa las condiciones de confianza que permitan resolver la contingencia, de modo que la nación esté en mejores condiciones para abocarse a dar solución y atender con mayor rigor los retos y los rezagos económicos y sociales más urgentes es la prioridad.

En el dictamen que hoy discutimos debemos subrayar de manera importante que tiende a reforzar la seguridad del sistema financiero mexicano, permitiendo la capitalización de las instituciones financieras con herramientas claras, como la que se traduce en un mayor espacio en la serie "L", que pase del 35% al 40% está bien, con inversión de extranjeros, pero esta serie capitaliza las instituciones.

Muy importante es destacar que no da control sobre las instituciones, lo que garantiza el control del sistema financiero en manos de mexicanos. Ello, entre otras cosas, permitiría que se reconozcan pérdidas que no afecten la solvencia efectiva de las instituciones y la posibilidad real de renegociar los créditos con los usuarios, que se traduce en un beneficio concreto, exigencia de mi partido.

El garantizar el control del sistema financiero en manos de mexicanos es asunto prioritario, que nos une e identifica, y ello se garantiza también en función de la reforma que hoy discutimos, de que las instituciones financieras del exterior que quieran adquirir una institución financiera nacional lo podrán hacer en lo individual hasta un máximo del 6% del capital neto que alcancen en su conjunto dichas instituciones. Elemento fundamental a destacar, es que la suma de estas adquisiciones no podrá exceder el 25% de ese capital neto que alcancen en su conjunto.

Siempre, siempre debe de quedar claro que el sistema de pagos quede en control de los mexicanos.

En este contexto, el tercer punto central de esta reforma, es el hecho que tiende a reforzar la supervisión y el control de las autoridades sobre los intermediarios financieros.

El que hoy las personas morales puedan ser accionistas de un banco preocupó mucho, por la posibilidad de que se generen aun más los créditos relacionados. Antes el límite era del 20% sobre cartera total, hoy éste se reduce de manera significativa.

Otro aspecto que consideramos sustantivo es el dotarle a la autoridad financiera de la facultad suficiente para que puedan intervenir conforme a derecho gerencialmente las tenedoras o controladoras en su conjunto, evitando así desvíos y ocultamiento de información.

Que no hagan estos especuladores de esas instituciones su caja chica; que no tengamos más banqueros ricos y bancos pobres. Nosotros defendemos instituciones, no a banqueros.

Respondiendo a la exigencia de nuestros días, respondiendo también al mandato popular que recibimos el 21 de agosto de 1994 y congruentes entre nuestras ideas, nuestras palabras y nuestras acciones, los diputados federales del PRI, con profunda seriedad, hemos reflexionado alrededor de nuestro sistema económico; encontramos coincidencias con nuestros compañeros de otros partidos, sabedores que en un marco institucional de pluralidad y animados por un genuino espíritu de consenso, dejamos constancia de nuestras exigencias ante esta soberanía y al mismo tiempo, fundamos nuestro voto en favor de la certidumbre que requerimos como nación, esperando que la herramienta del derecho y las adecuaciones que hacemos de ella se traduzcan de manera clara en una mayor justicia social. Muchas gracias.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Gabriel Llamas. Tiene el uso de la palabra.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Hice una referencia inicial a la calificación de uno de los miembros del partido, del orador que me antecedió en la palabra. Yo en ningún momento descalifiqué el trabajo de los demás; yo en ningún momento manifesté que los demás partidos políticos no establecieron opiniones y comentarios. Lo que yo hice fue lavar la honra y lavar el nombre de Acción Nacional, que en lo particular nos ofendió.

Nosotros sí trabajamos en comisiones; nosotros sí ocupamos el espacio correspondiente.

Yo le pregunto al diputado Lerdo de Tejada, ¿si él ocupó algún espacio en las comisiones, hizo las mismas propuestas y trabajó consistentemente en una forma de Congreso?

El trabajo en comisiones, es importante reconocerlo, que no únicamente se hace un ejercicio técnico, sino también político.

Pero venimos a esta tribuna y únicamente manifiestamos la actuación política de alguna manera o de otra de una etiqueta que embellece. Pero sinceramente vamos a ver cuál es la posición que actualmente existe.

La discusión y hay que ser honestos, en la comisión fue Acción Nacional, algunos otros miembros de partidos políticos de oposición con la Secretaría de Hacienda. Los miembros del partido oficial se limitaron únicamente a recibir comentarios y dar, de alguna manera, justificaciones de lo que establecía el Ejecutivo. Tenemos que dar honor a esta Cámara de Diputados.

Somos un Congreso independiente, tenemos que aprender a hablar con la verdad y también tenemos que aprender a trabajar y no únicamente venirnos a lucir en la tribuna. Muchas gracias.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente:

¿Con qué objeto, diputado Lerdo de Tejada?

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde su curul):

Para alusiones personales.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Sebastián Lerdo de Tejada.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:

Con su permiso, señor Presidente:

Yo lamento mucho que el compañero diputado desvíe tan importante debate, que seguramente es de interés para toda la nación y no solamente para algunos grupos.

También le quiero informar, que nosotros no solamente nos reunimos con banqueros, nos reunimos con la gente. Le quiero informar también, que estuvimos en la comisión y constan nuestros documentos en la Presidencia. Le quiero informar que lamentablemente en alguna reunión en la que usted no asistió, pero algunos compañeros de su partido sí, estuvimos de manera importante encuadrando el marco legal de algunas de estas reformas.

Yo de verdad lamento mucho que utilicemos este espacio para desviar el debate sustantivo en cuestiones de índole que usted las cataloga como de venir lavar, yo creo que no es por ahí. Aquí venimos a construir y a legislar y a representar a la nación. Muchas gracias.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente:

¿Con qué objeto, diputado Gabriel Llamas?

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín (desde su curul):

Para alusiones personales.

El Presidente:

Tiene usted la palabra, para contestar alusiones personales.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

El debate de interés no únicamente se da en la tribuna, también se da en el trabajo en comisiones; y yo pido a todos los señores diputados que lo deseen, pidan las versiones estenográficas, y van a ver que el diputado Lerdo de Tejada no expresó una sola palabra; y si la hizo fue para decir: estoy presente.

El segundo punto, que quisiera analizar por respeto a este auditorio, que nosotros no nos vemos en privado con banqueros, nosotros no les pasamos la charola para ganar las campañas políticas.

El Presidente:

Para pasar a una segunda ronda de oradores, me permito informar a esta honorable Asamblea, que se han inscrito los diputados Luis Sánchez Aguilar, Rosa María Cabrera, Jorge Padilla y Daniel Covarrubias.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, por 15 minutos.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La Comisión de Hacienda nuevamente nos presenta un dictamen que es inaceptable para cualquier patriota. Se hacen propuestas sobre tres leyes: Agrupaciones Financieras, Instituciones de Crédito, Mercado de Valores; y por ningún lado se aprecia la decisión de la mayoría priísta para someter, controlar el agio y la usura de la nueva banda usurera bancaria, la nueva clase, como diría Milovan Djilas integrada por los Roberto Hernández, de Banamex, los Garza Lagüera, de Bancomer, los Legorreta, de Inverlat, los Slim, de Inbursa, los Madariaga, de Probursa, entre otros, los nuevos supermillonarios a nivel mundial.

Estos hombres pueden hoy dormir tranquilos si la mayoría priísta insiste en pasar este dictamen sin establecer reglas para vigilar, someter y legislar sobre la utilidad justa y contra la usura.

Es omisa también esta comisión en el análisis sobre lo que es la soberanía financiera de la nación. Se hacen reformas, sí, mas no para proteger el interés de los mexicanos, sino para desnacionalizar los grupos financieros al permitir que las acciones serie "B", que pueden representar hasta el 49% del capital social, sean de libre suscripción, en lugar de mantenerlas reservadas a personas físicas y personas morales mexicanas.

Permite en el artículo 20 que la participación accionaria que antes era, no más del 5% para ningún grupo, ahora se aumente hasta el 20%; e insisto, es potestativo. Esta facultad discrecional desde luego es el preludio de nuevos contubernios entre los hombres del poder hacendario y la nueva clase usurera.

En el artículo 25 fracción V, se permite también la desnacionalización al autorizar que consejeros que representan acciones serie "A" puedan ser extranjeros con el requisito, según esto muy difícil de lograr, de ser residentes en territorio nacional. Bastaría con viajar por Ensenada, por las zonas cercanas al Lago de Chapala para ver cuan fácilmente un extranjero puede obtener certificados de residencia.

Estamos ante la cesión de la soberanía financiera porque se está entregando el control de nuestras agrupaciones a un imperialismo, el del vecino del norte, que ha decidido venir por el resto. Lo que Clinton no pudo lograr con el Gobierno entreguista de Salinas, hoy parece ser lo va a obtener con gran facilidad del nuevo régimen. Y a aquél Gobierno saliente ya se le acusó, hay una denuncia de la fracción social demócrata, por traición a la patria y por destrucción de la economía nacional.

La venta que pretende obtener y que seguramente obtendrá con la anuencia de la mayoría priísta es, aún antes de que aquí se apruebe, la concesión para los norteamericanos de derechos que les permitirán controlar todo el sistema financiero mexicano.

Y lo grave es que allá, ya se propala que esa es una oferta oficial del Poder Ejecutivo Federal. Esto es, esos supuestos representantes del pueblo, ya se abrieron a la demanda norteamericana sin haber recibido al momento, nada a cambio, ni un solo dólar.

Y no puede descartarse inclusive un escenario en el que finalmente fuere denegado un crédito y quizá esta noche la mayoría priísta saque adelante esta concesión graciosa.

Y desde luego, con truco y marrullerías, se tiene que entre las acciones A-51 y las B-49 los extranjeros puedan con gran facilidad, hacerse los dueños al 100% de las agrupaciones financieras nacionales.

Desde luego estamos ante el gran fracaso de la privatización bancaria salinista. Esos banqueros especuladores son los mismos que orquestaron el drenaje de divisas el mes próximo pasado; son los mismos que ahora no tienen empacho en asociarse con extranjeros, porque como buenos capitalistas, no sólo son apátridas, sino también, amátridas; y no defienden el interés financiero mexicano, porque no sería malo tener banqueros nacionalistas y privados. No necesariamente el privatismo sería nocivo para la economía nacional. Pero la forma en que Salinas privatizó, la forma en que esos banqueros operaron y operan, no sujetos a ninguna regulación, es algo que ofende al país.

Ofende también que en el famoso Fondo Bancario para Protección al Ahorro, al ahorro de los usuarios, del público, el Fobaproa, en el artículo 29 de la ley aún vigente, se permita que se preste hoy el 75%; a partir de mañana será el 100%.

Estas son todas las facilidades a los banqueros que pretenden ahora, por la vía de la extranjerización, apropiarse del sistema nacional.

En lugar de todo ello y frente a las acusaciones que suele hacer el diputado Suárez y Dávila, de que la oposición no presenta propuestas, nosotros presentaremos una, integral, concebida dentro del plan social-demócrata de salvación económica nacional.

Implica, primero, revertir la privatización de la banca, nacionalizarla y, luego, socialdemocratizarla. ¿Qué entendemos por ello? No necesariamente en manos del Estado; entregarla en propiedad social a los usuarios, desde luego a los trabajadores, desde luego a la sociedad civil y con participación gubernamental minoritaria, dentro de una nueva ley federal de intervención directa de la sociedad en la economía. Este es un nuevo concepto de economía participada; se trata de hacer partícipes de los frutos del crecimiento económico a todos los sectores, como antesala del acceso al bienestar social.

Planteamos también la inmediata adopción de un sistema de control cambiario, no para que prohiba la salida de divisas, sino para que se asignen preferencialmente a las necesidades básicas del país: la educación, la tecnología apropiada, los bienes de capital y no la indiscriminada salida de divisas para que la nueva clase compre Roll Royces, Mercedes Benz o productos chatarra.

Se propone en este Plan de Salvación Económica Nacional restituirle al Congreso de la Unión la facultad originaria que los Constituyentes de 1917 le confirieron para la fijación de la paridad. Los gobiernos neoliberales, en particular Miguel de la Madrid, despojó a esta soberanía de esa facultad y ahora es una comisión del Ejecutivo, disfrazada en un órgano denominado Banco de México, que resultó no ser precisamente autónomo, la que decide.

Ese plan también contempla una reforma fiscal integral en donde el primer paso tiene que ser el gravamen a las operaciones bursátiles, hoy exentas. Se trata de un caso escandaloso, sin precedente, en economías capitalistas, de lenidad prácticamente absoluta a la especulación, que permite inclusive el lavado de dinero de manera impune; la especulación bursátil permite evadir o eludir, elusión aparentemente legal, más de 12 mil millones de dólares anuales.

Es preciso también en la concepción de una reforma tributaria integral establecer el impuesto patrimonial, porque ahora se reconoce que hay ricos suficientes para poder aportar de sus inmensas fortunas lo que corresponde al erario.

Respecto de la deuda externa, la propuesta social democrática establece, como ya dijimos en intervención anterior, la moratoria indefinida, con la posibilidad de anular diversos créditos que no puedan demostrar haber sido contratados de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes.

No se trata de ser irresponsables, se trata de con toda responsabilidad pagar aquello a lo que estamos obligados por vía de los ordenamientos legales y constitucionales. Se trataría también que México impulse un bloque latinoamericano de resistencia financiera, junto con otros países, hoy agobiados por la deuda externa.

Se trata también de establecer un marco redistributivo por la vía de una política, no solo de recaudación tributaria, sino de egresos, que permita aplicar hacia los sectores sociales lo que vienen demandando desde hace décadas y que los regímenes posrevolucionarios en manos del partido de Estado, han sido incapaces de otorgar.

En síntesis, compañeros diputados, el dictamen que la comisión nos presenta hoy no está a la altura ni para democratizar el capital, ni para regular el sistema bancario, ni para liquidar el monopolismo, ni para enfrentar la usura y el agiotismo. Permite que esta práctica, nociva para los intereses del pueblo, continúe y además pretende entregar la soberanía financiera a los intereses imperialistas fundamentalmente de los Estados Unidos.

La propuesta que hemos hecho, desde luego no somos ingenuos, no es para que la lleve a efecto ni el partido de Estado, ni un gobierno ilegítimo. Esta es una tarea para un nuevo Gobierno de salvación nacional. Muchas gracias.

El Presidente:

En el uso de la palabra, la diputada Rosa María Cabrera. Tiene 15 minutos.

La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:

Con su venia, señor Presidente:

A esta legislatura se han acercado en los últimos días numerosas organizaciones representativas de miles de mexicanos, demandando solución puntual al problema de cartera vencida y con este dictamen que hoy se pretende aprobar, simplemente les estamos dando la espalda.

Señoras y señores diputados, el objetivo fundamental del dictamen que hoy discutimos se limita a capitalizar las instituciones bancarias a través de la apertura al capital extranjero, con el fin de evitar la quiebra de estas empresas. Problemas como el de las carteras vencidas o el de fortalecer la banca de desarrollo, ni se mencionan. Comprobamos así, una vez más, el carácter concentrador y excluyente del modelo neoliberal que se aplica en nuestro país desde hace más de 12 años.

La cartera vencida de la banca ha registrado un crecimiento explosivo durante los años de 1992 a 1995, concentrándose el 85% en la banca comercial y el 15% en la de desarrollo.

De acuerdo con los indicadores económicos del Banco de México, en el mes de abril de 1994 la cartera vencida por actividad registró el siguiente comportamiento:

Primero. En el sector primario representó el 20.1% del total de los adeudos vencidos del sistema bancario mexicano. La banca comercial concentró un 64.2% y la de fomento 35.8%. Es importante indicar que la cartera vencida de las actividades agropecuarias, según datos de la Unión de Productores Agropecuarios, Industriales, Prestadores de Servicios, El Barzón, Asociación Civil, asciende a 50 mil millones de nuevos pesos, constituyendo la mayor proporción de los saldos no pagados en la fecha de vencimiento. De este total, el 62.4% se concentra en la banca privada y el 37.6% en la banca oficial agropecuaria.

Esto se explica por la reestructuración que ha sufrido Banrural, que opera como banca de segundo piso y ha dejado de proporcionar montos crediticios a la mayor parte de los productores rurales. De esta manera, el financiamiento agropecuario ha tenido que contratarse con criterios de rentabilidad económica, con elevados réditos y sin los apoyos de fomento requeridos.

En este sentido, la reducida cobertura de crédito ha contribuido en la crisis agropecuaria actual, que ha impactado a los campesinos pobres que tienen que recurrir al crédito usurario, como al llamado "crédito de la palabra", que es un crédito al consumo, pues no llega a cubrir ni el 75% de los costos de producción y es manipulado por el gobierno priísta con propósitos electorales.

Los productores solventes no han escapado a esta situación. Parte de los productores han reestructurado sus adeudos y las formas de pago por medio de los llamados Sireca: sin embargo, después de la devaluación del peso se encuentran nuevamente sin capacidad de pago para hacer frente a los compromisos contraidos.

Segundo. El sector industrial nacional, se ha visto sometido a una política económica de apertura comercial indiscriminada, que dada la baja competitividad, sobre todo de la micro, pequeña y mediana industria, se ha reducido a la actividad productiva, el mercado interno, los niveles de ingreso y el empleo industrial.

Si consideramos que son estos tipos de empresas las que más empleos generan, tendremos una explicación de las causas del desempleo que hoy padece la nación.

Debe destacarse que tan sólo, en 1994, cerraron alrededor de 18 mil 200 empresas, pequeñas y medianas, por problemas de solvencia económica y carteras vencidas. Estas, en el mes de abril de 1994, según el Banco de México, representaron el 24.1% del total del adeudo vencido de la banca.

La devaluación produjo una mayor magnitud de deudores insolventes que no van a poder entrar al programa para la reestructuración de la cartera vencida de la micro, pequeña y mediana empresa, mediante el bono o cupón "0", dado que los recursos se destinarán a cubrir los títulos de crédito del Gobierno, como los Cetes, Bondes, Ajustabonos y Tesobonos, sin mencionar que el productor no contará con recursos para pagar el 50% del costo del cupón "0".

Tercero. El sector comercio se vio severamente afectado por la crisis económica, disminuyeron los flujos de efectivo y la circulación de mercancías; esto obligó a los comerciantes a recurrir a créditos con altas tasas de interés, para cubrir sus necesidades, con el consiguiente aumento de la cartera vencida.

De acuerdo a los indicadores económicos del Banco de México citados, el monto de la cartera no pagada de este sector representó el 20.4% de la cartera vencida total. El comportamiento de su indicador fue sumamente errático durante 1994, en marzo llegó a ubicarse en 7 mil 175 millones de nuevos pesos, para abril, descendió a 6 mil 603 millones de nuevos pesos, situación que cambia de manera radical en los meses de diciembre de dicho año de 1994 y enero de 1995 cuando se enfrentan los efectos posevaluatorios.

Los cambios en las tasas de interés al incrementar los costos de operación, produjeron cierres masivos en este tipo de actividades. Los comerciantes que habrían de sortear los problemas por falta de liquidez para hacer frente a sus compromisos crediticios, se ven ahora sin posibilidades para pagar, incrementándose así también el monto de la propia cartera vencida.

4o. El sector más importante de la cartera vencida del sistema bancario mexicano es el de servicios y otras actividades cuyas ramas más importantes son: transportes, comunicaciones, servicios bancarios nacionales y extranjeros, otros intermediarios financieros, turismo, créditos al consumo, tarjetas de crédito, bienes de consumo duradero etcétera.

Su importancia se debe a que representa el 30.3% de la cartera vencida total. Las empresas mexicanas, según nota del diario El Financiero del día 22 de este mes, se encuentran virtualmente paralizadas y una tercera parte corre el riesgo de cerrar o quebrar como resultado de los problema de liquidez y los efectos negativos de la devaluación del peso, los altos costos financieros debido al disparo de las tasas de interés y la anarquía por el alza de precios y una incertidumbre política prevaleciente en el país.

Una de las actividades más afectadas, ha sido el de servicio de microbús, los barzonistas consideran que 100 mil poseedores de microbuses tienen una cartera vencida de 900 millones de nuevos pesos. Esta situación financiera se debe al sobreprecio a que contrataron los créditos de las unidades, los altos intereses que tienen que pagar mensualmente, el congelamiento de las tarifas del servicio durante cinco años y el incremento de los costos de producción que hacen que las unidades operen sin rentabilidad económica.

Mientras tanto, la cartera no pagada se agranda y los bancos toman acciones judiciales de embargo de las unidades depreciadas que no alcanzan a cubrir ni los montos de capital ni los intereses normales y moratorios, por lo que los bancos demandan hacer efectivas las garantías que en su mayoría son las casas habitación de los poseedores de las unidades. Así, éstos son privados del medio de producción, del hogar y posiblemente, de la libertad si no logran cubrir los adeudos por dichos bancos.

Otro caso patético es el de los tarjeta-habientes, el crédito al consumo ha sido utilizado para compensar la pérdida del poder adquisitivo y de los ingresos de la población. En todas las tarjetas de crédito se ve de manera permanente crecer el índice de crédito y el incremento exorbitante de los intereses que después de la devaluación exasperan la situación de los deudores que sufren la constante acción de los bancos en su contra. Los deudores más afectados son los que tienen tasa variable, porque cada mes pagan la totalidad de los intereses más parte del capital.

Los crédito al consumo crecieron de 716.5 millones de nuevos pesos en 1988 a 7 mil 248.9 millones de nuevos pesos en septiembre de 1994. Los créditos a la vivienda caminan como montos no pagados que se deben a que los bancos concedieron créditos simples con elevados rendimientos financieros y en plazos relativamente menores a los plazos largos que normalmente se usan para este tipo de operaciones.

De este modo, los deudores han exigido que la banca cancele este tipo de adeudo y haga con certaciones nuevas bajo condiciones de créditos hipotecarios.

Hay bancos como Serfin, Banamex y Bancomer que han tomado medidas drásticas para evitar que los aumentos en los intereses, producto de la devaluación, incrementen la cantidad de sujetos de crédito en cartera no pagada, consisten en: congelamiento de pagos mensuales, disminución de las amortizaciones a capital, incremento en el pago de los intereses de acuerdo al movimiento de la tasas líder del mercado y extensión del plazo inicialmente pactado al firmar el contrato.

No obstante, se considera que el problema de cartera vencida hipotecaria tendrá como efecto una nueva definición de los créditos a la vivienda, se contraerá la demanda y la actual sobreoferta de bienes y mobiliarios que podría generar un crac inmobiliario.

En síntesis, según El Barzón, Asociación Civil, se estima que la cartera vencida actual asciende a 100 mil millones de nuevos pesos; es decir, el 10% de la cartera total del sistema bancario mexicano. Ante este panorama, los bancos han propuesto alargamiento de un año en los plazos de la deuda, aumento de intereses y menor pago de amortización al capital.

Como se puede comprobar, sus propuestas buscan no ser afectados por la situación económica y cargar los costos de la crisis sólo sobre los hombros de los acreditados.

El impacto de la devaluación del peso, como ya se señalaba en el voto particular presentado por nuestra fracción en voz del diputado Saúl Escobar, tiene como consecuencia necesaria el aumento en el costo del dinero mediante los incrementos en las tasas activas. Paralelamente, y sin dejar de ser consecuencia de lo anterior, la reducción de la demanda y la elevación de los costos, provocará que los usuarios del crédito devengan en insolvencia para enfrentar sus adeudos por este doble efecto que constriñe mientras aumentan su deuda.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, proponemos la creación de un fondo nacional para proteger la planta productiva y el empleo, que se encargue de otorgar crédito al fomento productivo con tasas de interés preferenciales y así lograr la protección de la planta productiva, la estabilidad en los precios y el desarrollo nacional.

Por cuanto al problema de la cartera vencida se refiere, debe crearse un fideicomiso que compre las amortizaciones vencidas, que pueda operar la reestructuración de las deudas con garantías comunes a tasas de interés moderadas en beneficio de los miles de productores pequeños y medianos empresarios y consumidores que luchan por sacar adelante su economía y la de nuestro país.

Al tiempo que se requiere establecer una mesa de concertación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria, la Cámara de Diputados y los deudores con el propósito de establecer acuerdos para resolver los problemas de cartera y refinanciamiento de la actividad productiva. Se requiere también que la Cámara de Diputados ayude a resolver los problemas de embargo y acciones legales en contra de los sujetos de crédito en cartera vencida tal cual se ha propuesto en el punto de acuerdo presentado por varios diputados de diversas fracciones en voz del diputado Eric Villanueva.

De esta manera no le daríamos la espalda a los miles de mexicanas y mexicanos que se ven inmersos en este problema. Muchas gracias.

El Presidente:

En el uso de la palabra, el diputado Jorge Padilla.

El diputado Jorge Humberto Padilla Olvera:

Señor Presidente:

Con fundamento en lo establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados federales de la LVI Legislatura, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con motivo del dictamen con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones contenidas en tres distintos ordenamientos en materia financiera que se discuten el día de hoy, nos permitimos presentar por su conducto a la consideración de la Asamblea las siguientes propuestas de modificación a los artículos 18, tercer párrafo, de la Ley para Regular Agrupaciones Financieras; el 11, tercer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito; y el 17-bis, tercer párrafo de la Ley del Mercado de Valores para quedar como sigue:

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras: artículo 18, tercer párrafo: "en su caso, el capital social adicional estará representado por acciones serie "L", que podrán emitirse hasta por un monto equivalente al 40% del capital social ordinario, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores".

Ley de Instituciones de Crédito, artículo 11: en su caso, el capital social adicional estará representado por acciones serie "L", que podrán emitirse hasta por un monto equivalente al 40% del capital social ordinario, previamente autorizado por la Comisión Nacional de Valores.

Ley del Mercado de Valores, artículo 17-bis: en su caso, el capital social adicional estará representado por acciones serie "L", que podrán emitirse hasta por un monto equivalente al 40% del capital social ordinario, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal a 26 de enero de 1995.- Firman: diputados Gabriel Llamas Monjardín; Juan Antonio García Villa y Jorge Padilla Olvera.

Hago entrega al señor Secretario para que se proceda a lo conducente.

Compañeros: quiero, por favor, que piensen lo siguiente: a los enemigos no los busquen aquí, el enemigo se encuentra allende de las fronteras todavía y es muy poderoso. Gracias.

El Presidente:

En el uso de la palabra el diputado Daniel Covarrubias.

El diputado Daniel Covarrubias Ramos:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

Con conciencia nacional, conociendo la problemática de los usuarios de crédito y viendo que en las diferentes etapas del pacto el sector financiero no ha formado parte de él, es conveniente hacer la siguiente reflexión:

Sabemos que la Asociación Mexicana de Bancos acude a las reuniones semanales de evaluación. Desde esta tribuna exigimos un compromiso explícito del sector financiero.

Entendemos el significado que tienen las diversas disposiciones que reforman, adicionan y derogan disposiciones en la Ley de Instituciones Financieras. La mayor capitalización de las instituciones financieras, sin duda, las compromete a dar respuesta a la imperiosa necesidad de reestructurar las carteras vencidas.

Debemos considerar que esta mayor capitalización las obligará a trabajar con una menor intermediación financiera y, por ende, con menores tasas de interés. Con ello, las carteras incobrables serán financiadas con reservas y no con excesivas tasas de intermediación.

Sin embargo, pensamos que esto no es suficiente, es necesario ir más allá, la solidaridad nacional que todos los sectores productivos anteponemos ante la situación emergente, nos hace pensar en la obligación del sector financiero de estructurar planes crediticios, tomando en cuenta la situación económica de cada uno de los usuarios de crédito.

Para el PRI, éste es el momento histórico de apoyar con conciencia nacional a los usuarios en la reestructuración de sus carteras crediticias, y que las instituciones financieras sean corresponsables, por primera vez, con el resto de los sectores productivos y se integren de manera solidaria y permanente al pacto, para que todos juntos podamos superar esta emergencia nacional.

Honorable Asamblea: los diputados de mi partido, el Revolucionario Institucional, coincidimos con la propuesta que hace el compañero Jorge Padilla, del Partido Acción Nacional, en el sentido de que se amplíe el monto del capital social adicional en la proporción que representa del capital social ordinario del 35%, propuesto en la iniciativa, a 40%. Coincidimos, porque ésa es una manera directa de cumplir los objetivos de la iniciativa, capitalizar el sistema financiero sin perder el control de manos mexicanas.

En efecto, este capital social adicional, cuya proporción se aumentaría por ser de suscripción libre, esto es, que puede ser suscrito por nacionales y extranjeros, sería capital fresco que permitiría ampliar el horizonte de capitalización.

Y por otro lado, como la ley lo señala, las acciones serie "L", representativas de este capital adicional, son de objeto limitado, no participan en la toma de las decisiones fundamentales de las instituciones crediticias, por lo que se garantiza que el control del sistema financiero permanezca en manos mexicanas.

Es por estas razones que apoyamos las modificaciones a los artículos 18, 11 y 17-bis de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores respectivamente.

Por último, señores legisladores, quisiera aclarar lo siguiente: adicionalmente de la revisión del texto íntegro del dictamen, se acepta que la propuesta de esta comisión, consistente en adicionar un segundo párrafo al artículo segundo transitorio del decreto, también se incluyó como penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley de Instituciones de Crédito, por ello, resulta necesario que en el texto que en su caso se sirva aprobar esta honorable Asamblea, dicho párrafo se suprima del citado artículo 17.

Asimismo es necesario corregir en el dictamen la propuesta de modificación de esta comisión al propio artículo 17, dado que en su redacción se omitió la última línea de puntos, como aparece correctamente en el texto íntegro que se somete a aprobación de esta soberanía.

Por su atención, señores legisladores, muchas gracias.

El Presidente:

Ha solicitado el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Armando Quintero.

Tiene el uso de la palabra por cinco minutos.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

Compañeras y compañeros diputados:

Sé que en este momento hay un enorme agotamiento, cansancio, pero la trascendencia del punto que quiero comentar con ustedes es de tal naturaleza que no podría yo dejarlo pasar.

Los diversos diputados que han intervenido, y debo decirlo, de las diversas fracciones parlamentarias de nuestro partido, han omitido quizá involuntariamente, un hecho muy importante para los trabajadores mexicanos, y es el hecho de que el Sistema de Ahorro para el Retiro, en el que de manera corporativa y obligatoria se incorporó a todos los trabajadores mexicanos, ha acumulado al mes de diciembre de 1994, se decía, 26 mil millones de pesos. 26 mil millones de pesos que los bancos han administrado pagando una tasa de interés ridícula, de atraco a ese beneficio de los trabajadores, de entre el 5% y el 5.8% de interés.

En este momento, en el que producto de la devaluación, los créditos de los usuarios en la banca nacional se han incrementado hasta en un 60%, los trabajadores no podemos dejar pasar el hecho de que el ahorro, insisto, cautivo de más de 10 millones de trabajadores siga sometido, por el contrario, al beneficio de una tasa de interés francamente ridícula como la que se viene pagando a este ahorro.

Comparto la entrada que hizo el señor diputado del PRI que me antecedió en la palabra, de que hay que obligar al sector financiero a entrar dentro de los marcos de los pactos, que si de por si han sido lesivos para los trabajadores, han sido beneficiosos para los dueños de los bancos.

No puedo dejar de señalar que sin lugar a dudas la incorporación corporativa y obligatoria de los trabajadores mexicanos al Sistema de Ahorro para el Retiro, tuvo y tiene un gran contenido político, un contenido político del Gobierno que encabezó Salinas de Gortari en favor de los nuevos banqueros, que con retribución, como señaló un compañero del PAN, pagaron en su momento cuotas mucho muy significativas en millones de pesos para la campaña electoral del PRI.

Por ello, y ante la situación terriblemente aguda que están viviendo los trabajadores mexicanos, todas las acciones que tiendan a beneficiarlos son hoy importantes y urgentes. Por ello, creo que hay que forzar a los dueños de la banca nacional a revisar de manera inmediata, con el conjunto de la representación del movimiento sindical mexicano, nuevos porcentajes de pago de interés al sistema de ahorro, para que realmente no sea un ahorro que no le dé beneficio a los trabajadores en el largo plazo y sí en beneficio sumamente cuantioso a los dueños de la banca nacional.

Quisiera que el conjunto de las bancadas de este Congreso de la Unión hicieran eco de la situación difícil que viven los trabajadores mexicanos, y toda vez que el Sistema de Ahorro para el Retiro no implica de ninguna manera recursos adicionales del presupuesto federal, este Congreso de la Unión pueda sí ser sensible de que la banca pague unos intereses significativamente más justos al ahorro del sistema de retiro de los trabajadores mexicanos.

No podemos, señores diputados, dejar que los dueño de los bancos sigan beneficiándose a costa de los ya de por sí pauperizados trabajadores mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente:

Por las comisiones, ha solicitado hacer uso de la palabra la diputada Mónica Leñero.

La diputada Mónica Gabriela Leñero Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente:

La Comisión de Hacienda hace suyas las propuestas del Partido Acción Nacional, y nuestro partido, a través del diputado Covarrubias, apoyó incluso la propuesta que ya el Partido Acción Nacional hizo. Por tal motivo, sugerimos que se incorpore el texto que presentó el Partido Acción Nacional, y solicitamos también que se someta en un solo acto a votación junto con el dictamen. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Me permito informar a esta honorable Asamblea que la propuesta formulada a estas soberanía por el diputado Eric Villanueva, esta Presidencia ha instruido para que se turne a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Patrimonio y de Fomento Industrial.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para aclarar nuestra posición sobre la propuesta que se acaba de hacer por parte de la compañera:

El Presidente:

Tiene la palabra, por cinco minutos.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

Compañeros diputados, no los voy a cansar mucho tiempo, nada más es esto: nosotros podríamos estar de acuerdo en la propuesta del PAN que ahora ha hecho suyo el PRI, siempre y cuando hubiera una revisión del tope que se ha fijado para las acciones "B", que son de libre suscripción, pero con derechos corporativos para el capital extranjero.

A nosotros lo que nos preocupa es que siga abriendo la partipación al capital extranjero, sobre todo en las acciones que tienen derechos corporativos.

Si la idea es capitalizar los bancos, efectivamente podríamos abrir unas series "L" que no tienen derechos corporativos, pero como se está proponiendo abrirlo y aumentarlo en los dos tipos de acciones, las "bes" y las "eles", nosotros mantendremos nuestro voto en contra, incluso con la propuesta que han hecho los otros dos partidos. Gracias.

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria Ana María Adelina Licona Spínola:

En votación económica, se consulta a la Asamblea si está suficientemente discutido el dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, suficientemente discutido.

El Presidente:

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, con las modificaciones que ha propuesto el diputado Jorge Padilla.

La secretaria Ana María Adelina Licona Spínola:

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Se emitieron 372 votos en pro, 34 en contra y tres abstenciones.

El Presidente:

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 372 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores, con las modificaciones propuestas.

La secretaria Ana María Adelina Licona Spínola:

Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Ana María Adelina Licona Spínola:

De la próxima sesión.

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

El secretario Sergio Emigdio Prieto Gamboa:

«Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias.- Primer Receso.- Primer Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

27 de enero de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictamen de primera lectura

De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto, que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Propuestas para establecer las bases de discusión y resolución del diálogo nacional para la reforma política del Estado.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 21:00 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana viernes 27 de enero a las 16:00 horas.

APENDICE 1

«Diputado Jesús Ortega Martínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.- Presente.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta ante esta soberanía el siguiente

VOTO PARTICULAR EN CONTRA

Del dictamen que somete la Comisión de Hacienda y Crédito Público a la plenaria, con el objeto de reformar el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, aprobado en diciembre pasado, apenas hace un mes.

Las propuestas de política de deuda pública contenidas en el dictamen que se somete a discusión, aún modificadas en algunos aspectos respecto al texto que originalmente envió el Ejecutivo, son omisas en cuanto a información básica de las operaciones de crédito externo que se pretenden realizar, a la vez que incluyen elementos de enorme riesgo para el país, de tal manera que el documento no puede ser aprobado de ninguna manera por la Cámara de Diputados, si ésta antepone a cualquier otro criterio el de la defensa de la soberanía nacional.

En primer lugar, en la nueva redacción propuesta para el artículo 2o. de la Ley de Ingresos, se solicita a esta soberanía, en sus párrafos tercero, penúltimo y último, autorización para la más cuantiosa operación de contratación de nueva deuda pública externa que en un solo acto jamás haya pretendido Gobierno alguno en la historia de la nación y probablemente en la historia internacional. Además, en el párrafo segundo del mismo artículo se solicita la autorización de nuevos y considerables montos de endeudamiento interno, por la vía de la emisión de adicionales cantidades de "Bonos de la Tesorería de la Federación".

Las pretensiones totales de nuevo endeudamiento del sector público mexicano, contenidas en el dictamen, son del todo inconvenientes, desde que se presentan en el contexto de una situación de inocultables dificultades del Gobierno mexicano para cubrir adecuadamente los vencimientos de los actuales saldos de deuda pública, en especial del tramo de la deuda interna asociado a los llamados Tesobonos, lo que prueba palpablemente que el Gobierno no tiene hoy la capacidad de pago necesaria para aumentar sus niveles de endeudamiento interno y externo y menos aún en las drásticas cantidades que se nos proponen. En estas condiciones de incapacidad de pago del sector público mexicano es imprudente que la Cámara de Diputados acceda a autorizar nuevos montos de endeudamiento externo al Ejecutivo, así sea disfrazada como conversiones de deuda interna.

Pero además, las operaciones de deuda pública externa solicitadas en el dictamen representan algo más que el cuantioso incremento de las cantidades de deuda pública. Significan también la modificación de la calidad de la deuda.

En efecto, en una porción significativa de los saldos solicitados, la operación representa la transformación de deuda interna, irresponsablemente indizada al tipo de cambio con el dólar, pero comprometida hasta hoy en pesos mexicanos, pagaderos en nuestro territorio a los tenedores nacionales o extranjeros de los valores, en nueva deuda externa que el Gobierno mexicano se compromete a pagar en dólares a sus tenedores.

Igualmente, el cambio de la calidad de la deuda se expresa en la transformación de la deuda interna comprometida hasta hoy por el Gobierno mexicano ante particulares, en una línea de garantías de crédito externo comprometido ante otro Estado soberano, que es ni más ni menos la primera potencia económica, política y militar del mundo. Es evidente que en caso de incumplimiento, las sanciones económicas y legales de los particulares ante los estados, siendo existentes, son limitadas al ámbito del derecho privado; y que en cambio, las posibilidades legales, económicas y aún de otro tipo, entre estados soberanos, son de mucho mayor alcance y riesgo. En este sentido la política de deuda propuesta en el dictamen debilita las posibilidades de defensa legal y diplomática del país ante la eventualidad de mayores dificultades económicas.

Aquí, el diagnóstico del Gobierno sobre la crisis, ha fallado gravemente al admitir sólo la importancia de la creciente dimensión que progresivamente fueron alcanzando los déficit de la cuenta corriente durante los años pasados, hasta llegar a su actual inmanejable nivel y, sin embargo, se continúan subestimando, sin admitirse, los enormes riesgos que implican para el país la extrema dependencia respecto al ahorro externo en que se ha colocado a la economía mexicana.

El PRD, reitera en este momento su advertencia de que la extrema dependencia de la tasa de desarrollo nacional al flujo de cuantiosos ahorros del exterior ha sido un grave y riesgoso error de la estrategia económica neoliberal. Esta equivocada estrategia ha aportado insuficientes tasas de crecimiento y en cambio ha elevado el nivel de endeudamiento externo del país hasta el punto actual en que la economía mexicana, una vez más y como ocurrió desde 1982, no puede sostener simultáneamente el servicio de su deuda externa y las tasas de crecimiento económico indispensables para generar las cantidades mínimas necesarias de empleo y satisfactores para la población nacional. Además se ha profundizado la vulnerabilidad y la dependencia de la economía mexicana al exterior.

Ante esta situación, en el dictamen sometido a discusión, el Gobierno pretende incurrir en nuevos endeudamientos externos para buscar solucionar la crisis, sin reparar en que la economía ha caído ya en el círculo vicioso de requerir cuantiosos nuevos créditos en divisas, no para financiar el crecimiento, la inversión y el consumo, sino para apenas mantener los pagos al servicio de la deuda y que esta situación ha colocado al Gobierno mexicano en una posición de riesgosa vulnerabilidad. En este sentido, el dictamen que se encuentra a discusión no menciona una sola palabra respecto a las bases y condiciones sobre las cuales el Gobierno mexicano debe contratar los nuevos créditos y establecer las garantías que los amparen.

Con este hecho se pretende que la Cámara de Diputados sea omisa en el cumplimiento de su deber constitucional de establecer las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda contratar nuevos créditos externos. En el dictamen que se discute, en efecto, nada se dice sobre las bases del nuevo endeudamiento externo en lo que se refiere: a) al costo financiero del nuevo endeudamiento; b) los plazos del endeudamiento; c) el rechazo a cualquier forma de condicionamiento que implique injerencia extranjera en los asuntos de política económica o interna del Gobierno, o en sus relaciones diplomáticas.

El dictamen sujeto a discusión no hace la menor referencia respecto a los inaceptables condicionamientos que el Gobierno norteamericano pretende imponer a México para conceder las garantías para los nuevos créditos en divisas, que se ofrecen como engañosa solución a nuestra problemática económica y que actualmente se encuentran en discusión en el Congreso norteamericano. Sobre la naturaleza injerencista de estas pretensiones norteamericanas hemos tenido noticias a través de la prensa, de contactos con legisladores norteamericanos y parcial e insatisfactoriamente, por el conducto de los dos secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, que han comparecido ante la plenaria de esta soberanía, o sus comisiones legislativas. En el dictamen que se discute; sin embargo, nada se señala al respecto.

El hecho de que el Gobierno mexicano requiera de las garantías de un Gobierno extranjero para respaldar emisiones de títulos de deuda externa, por las enormes cantidades que proponen en el dictamen, es inédito en la historia del país y del todo inconveniente y riesgoso.

Los condicionamientos para otorgar los créditos que constituyan las garantías del Gobierno norteamericano a la nueva deuda mexicana, han sido calificados de severos por los propios norteamericanos, e incluso por el propio presidente Clinton. Es del todo inconveniente que se pretenda, como ocurre con el texto del dictamen que está a discusión, que el Congreso mexicano autorice los nuevos montos y modalidades del endeudamiento público sin definir previamente las propias bases sobre las cuales se autorizarían los nuevos créditos; y sin tener conocimiento exacto de las pretensiones del Congreso y del Gobierno norteamericano en materia de condicionamientos.

En el penúltimo párrafo de la propuesta de reforma al artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, el dictamen que se discute también es omiso en lo que se refiere a las bases y montos de los endeudamientos que se admite que el Gobierno mexicano está negociando con "las autoridades monetarias de diversos países y con instituciones financieras internacionales, para coadyuvar a la estabilización de los mercados financieros en México. Entre estas negociaciones hemos conocido de voz, del propio Secretario de Hacienda, que México negocia una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. En el párrafo que se comenta de la propuesta de reforma al texto del artículo 2o. de la Ley de Ingresos, se pretende que estos créditos "no queden contemplados para efectos del límite de endeudamiento neto externo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación... en virtud del régimen especial a que están sujetos los créditos contratados con propósito de regulación monetaria...".

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, discrepa de este enfoque dado a créditos que se reconoce que son para la estabilización de los mercados financieros y no sólo de regulación monetaria, y que, como en el caso de los que se acuerden con el Fondo Monetario Internacional, involucran la firma de cartas de intención y de los llamados memorandum técnicos que suelen incluir específicos condicionamientos al desempeño macroeconómico de los países signantes. La Cámara de Diputados debe conocer con toda precisión los detalles de lo que se está negociando con el FMI y rechazar el intento de que sin aprobación del Congreso, el Ejecutivo pueda contratar cualquier cantidad adicional de nuevos créditos externos con autoridades monetarias de gobiernos extranjeros y con organismos financieros internacionales.

En vista de todo lo señalado, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se pronuncia en contra del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público y hace un llamado a los legisladores de otros partidos para que no convaliden con su voto aprobatorio el conjunto de medidas que integran el más riesgoso paquete de políticas de endeudamiento externo que haya sido sometido a aprobación del Congreso mexicano en la historia moderna del país. Hacemos un llamado para buscar conjuntamente soluciones y políticas alternativas a las serias dificultades económicas que confronta el país, sobre la base de la escrupulosa defensa de la soberanía nacional.

¡Democracia ya! ¡Patria para Todos!

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 26 de enero de 1995.- Por el grupo parlamentario del PRD.- Rúbricas.»

APENDICE 2

Intervención de los diputados Leonel Godoy Rangel y Amado Jesús Cruz Malpica.

El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):

Señor Presidente, ahora sí quiero hacer uso de la palabra para razonar su voto.

El Presidente:

Se preguntó a la Asamblea si había quedado suficientemente discutido en lo particular y en lo general. La Asamblea dio su apoyo aprobatorio, en consecuencia procedemos a la votación, señor diputado.

El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):

Señor Presidente, como diputado tengo derecho a razonar mi voto en la tribuna y es el derecho que quiero utilizar.

El Presidente:

Si usted quiere hacer uso de la palabra, se la vamos a conceder señor diputado, para razonar su voto.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Muchas gracias, señor Presidente:

En relación a la iniciativa de decreto por la que se propone reformar la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995 y que se discute hoy en esta Cámara de Diputados, por el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, deseamos hacer las siguientes consideraciones:

Ha sido una lucha constante de la oposición en las diversas legislaturas del Congreso de la Unión, recuperar plenamente las facultades propias del Poder Legislativo que se fueron perdiendo paulatinamente a favor del Presidente de la República, otorgándole facultades metaconstitucionales e incluso anticonstitucionales, creándose así un régimen presidencialista excesivo y contrario a nuestra Carta Magna, causante principal del sistema antidemocrático que subsiste y de la grave crisis económica que hoy se manifiesta, pero que se fue gestando desde 1988.

Uno de los renglones que el Congreso de la Unión perdió o sufrió una merma importante, es en materia del manejo del erario público.

Resulta claro y contundente que en materia de ingresos y egresos federales, es competencia exclusiva del Poder Legislativo, así lo disponen los artículos 73, 74, 75 y 126 constitucionales, entre otros; sin embargo, es necesario decirlo aquí, dichas atribuciones tan precisas, por decisión de una mayoría legislativa oficialista, siempre dócil, resolvía darle atribuciones al Ejecutivo, tanto en materia de modificación del presupuesto de egresos o sobre el monto del endeudamiento público.

El primer antecedente que yo recuerdo, como una débil resistencia para detener el poder avasallador y anticonstitucional del Presidente en esta materia, se dio en diciembre de 1989, si no mal recuerdo cuando se logró, por la firmeza de toda la oposición, limitar el monto del endeudamiento público. Se recuperó ahí algo de atribuciones exclusivas del Legislativo.

Ahora, muchos diputados de todos los partidos, pero fundamentalmente de la oposición, resolvieron oponerse firmemente a la iniciativa del Ejecutivo, que no sólo subrayaba esa atribución anticonstitucional en materia de préstamos extranjeros, sino que intentaba regresar hasta antes de 1989. Esto es, quería en la iniciativa presentada en estos días, tener la facultad de lo que en la jerga parlamentaria se llama "darle un cheque en blanco al Ejecutivo", que ya se había eliminado.

Por ello y porque existen condiciones políticas y económicas internas y externas que obligan al Gobierno y a la mayoría oficial a buscar acuerdos con otras fuerzas políticas, esto es, establecer líneas de Gobierno que cuenten con un mínimo de apoyo de otros grupos y partidos, a la mayoría del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática le parece que esas nuevas condiciones han dado lugar a la decisión de la mayoría priísta de acordar con los otros grupos parlamentarios una adición al artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, como párrafo cuarto.

Evidentemente que dicho párrafo suspende la discusión sobre créditos extranjeros y la traslada, y esto es importante, sentando bases desde ahora para que se dé ese endeudamiento, lo traslada para otra ocasión su discusión.

Efectivamente, si en 1989 se limitó sólo en relación al monto que no era, ni es suficiente en términos estrictamente constitucionales, ahora se le dan bases y en su momento lo discutiremos, para que si se endeuda México sea sobre lo dispuesto rigurosamente en el artículo 73 fracción VIII de la Constitución.

Esto es, que los plazos, las tasas de interés, los costos, las condiciones particulares, los montos y la disposición de este endeudamiento se apeguen a lo dispuesto en la Carta Magna.

Por ello, la mayoría del grupo parlamentario decidió votar a favor exclusivamente de la adición del párrafo cuarto, del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de 1995, porque entendemos...

El Presidente:

Señor diputado, yo le voy a suplicar que redondee su intervención, con el objeto de que nos ajustemos al Reglamento. Adelante, señor diputado.

Se suplica a los señores diputados guardar orden y prestar atención al orador.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Repito, por ello la mayoría del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática decidió votar a favor exclusivamente de la adición del párrafo cuarto, del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de 1995, porque entendemos que se intenta rescatar, ojalá sea definitivamente, esta atribución constitucional para el Poder Legislativo, pero además, porque todavía no se votan las bases y condiciones del empréstito extranjero, donde en ese momento se dará el debate sobre su constitucionalidad o no.

Eso es todo señor Presidente. Muchas gracias señoras y señores.

El Presidente:

Para razonar su voto nos ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Armando Cruz Malpica.

El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:

Con su permiso, señor Presidente:

"Un grupo de diputados del PRD consideramos que la propia Constitución ya establece, en su artículo 73, párrafo octavo, en forma clara, las cuestiones a las que se refiere la adición de que se ha tratado en esta sesión.

Nosotros consideramos que resulta positivo, pero ciertamente insuficiente y hasta innecesaria dicha adición, ya que lo contrario sería renunciar a los atributos de esta soberanía y fortalecer actos que el Ejecutivo Federal ha consumado en exceso de poder.

Hay que evitar, consideramos nosotros, dar la impresión de que se aprueba una iniciativa antinacional, haciendo un voto abstracto, por el respeto a la Constitución.

Las facultades constitucionales no se votan, se ejercen. Por ello hemos decidido abstenernos en lo particular.

Firman los diputados María Rosa Márquez, Eric Villanueva, Martín Equihua Equihua, Guillermo González y Guardado, Mauro González, Mara Robles Villaseñor, Arnoldo Martínez Verdugo, Víctor Quintana, Edgard Sánchez, Everardo Martínez, Carlota Botey y su servidor, quien les habla. Muchas gracias," señor Presidente.

APENDICE 3

«Diputado Jesús Ortega, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en el artículo 56 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta al pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

VOTO PARTICULAR EN CONTRA

del dictamen de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores, que presenta a esta soberanía la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

I. Aspectos generales

En la llamada reforma o modernización financiera emprendida desde 1989 se fijaron tres objetivos: a) incrementar el ahorro financiero de la economía y lograr un uso más productivo y eficiente de los recursos para apoyar el crecimiento económico; b) lograr el acceso de la población a mejores servicios financieros, con mayor disponibilidad de crédito y menores costos, y c) fortalecer las instituciones financieras, y generar en éstas una competencia que les permita responder a las necesidades de los usuarios del sistema y a las demandas del desarrollo económico.(1)

La desregulación, los cambios jurídicos, la reprivatización bancaria, la modernización e internacionalización del mercado de valores, los cambios en la banca de desarrollo, la autonomía al Banco de México, la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro y la apertura extranjera, han generado cambios radicales en la organización y funcionamiento de los intermediarios financieros y han ampliado la competencia; sin embargo, aun se está lejos de alcanzar procesos eficientes de financiamiento y de una orientación social y productiva de los recursos que el sector financiero moviliza.

Ante las crecientes dificultades por las que atraviesa el país y particularmente el Sistema Financiero Mexicano (SFM), es fácil advertir que los propósitos de la reforma financiera no se cumplieron.

En lo que hace al ahorro financiero, si bien aumentó en forma significativa en los últimos años como se aprecia en la razón M2/PIB, la cual pasó de 26.9 a 31.4%, o bien, el medido como M4/PIB que se ubicó en 43.7%, lo cierto es que comparativamente, este último índice de penetración financiera es muy bajo respecto al que tienen países como los EE.UU. (73%), Chile (79%), España (104%) y Corea del Sur (64%).

Tampoco hay que olvidar que el modelo neoliberal no ha logrado elevar los niveles de ahorro interno suficiente para lograr una dinámica autosustentada. Ello ha obligado a recurrir de manera creciente al ahorro externo para financiar la actividad económica.

El ahorro interno ha pasado de significar el 12.8% del PIB en 1981 al 6.5% en 1992. Durante los años de 1993 y 1994 dicho porcentaje se mantuvo prácticamente inalterable.

En contrapartida, el ahorro foráneo (medido por el déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos) representó el 51.8% del ahorro total (muy superior al 31.7% registrado en 1981).

La dependencia de la economía mexicana del ahorro externo se apoyó en los crecientes flujos foráneos de capital, atraídos por las elevadas tasas de interés internas.

Paradójicamente el propósito de aumentar el ahorro interno, evitar y aún repatriar capitales fugados e incrementar las reservas internacionales, provocó un proceso de escaso crecimiento económico, en ocasiones con sesgos recesivos, que ha entrampado a la economía en una competencia por brindar tasas de interés muy por arriba de las ofrecidas en el mercado internacional, en perjuicio de la actividad productiva, sobre todo de los sectores estratégicos, de larga maduración y baja rentabilidad: restringir la actividad del Estado en el desarrollo económico y deteriorar las condiciones de vida de población.

El propósito de permitir el acceso de la población a mejores servicios financieros queda sin verificar ante la existencia de 1 mil 600 municipios sin servicios financieros y la contracción en el número de cuentas bancarias, principalmente de ahorro, mismas que se redujeron de 36 mil en 1987 a 13 mil en 1993.(2)

La escasa cobertura alcanzada por el SFM se aprecia en la existencia de 4 mil 417 sucursales bancarias; es decir, 18 mil 465 habitantes por sucursal. En contrapartida Canadá y los EE.UU. atienden por sucursal a 3 mil 559 y 3 mil 774 habitantes, respectivamente.

La eliminación de los "cajones" de crédito para las diversas actividades económicas; la liberación a las tasas de interés, al sustituir el encaje legal por un coeficiente de liquidez y posteriormente tal coeficiente reemplazarlo por operaciones en el mercado abierto, así como el creciente cobro de servicios, encarece y aún margina al público común de los servicios financieros.

Finalmente, en lo referente al objetivo de fortalecer a las instituciones financieras y a la respuesta de éstas a las necesidades sociales y del desarrollo económico, los resultados se sintetizaron en mayor concentración oligopólica y ausencia de compromiso social y productivo de las instituciones financieras.

La reprivatización de 18 bancos comerciales, los cambios legales para la operación de grupos financieros, banca universal, las modificaciones al marco regulatorio de los bancos y del mercado de valores a fin de adecuarlo a las nuevas condiciones de la privatización y liberación, la autorización para la participación minoritaria de los inversionistas extranjeros, la fijación de requerimientos mínimos para la capitalización de los bancos de conformidad con los estándares internacionales de Basilea (3% del capital, y la obligación de las instituciones de crear reservas preventivas para proteger sus carteras de crédito, fueron preparando al sistema financiero para la apertura al capital externo, en los términos en que hoy se plantean.

La reprivatización bancaria merece una consideración aparte, toda vez que la forma y los términos en que se realizó determinaron el ulterior comportamiento de dichas instituciones. En este proceso resalta el hecho de que las autoridades soslayaron los ocho principios de la desincorporación bancaria:

1. Los bancos privatizados y los grupos financieros no generaron un sistema financiero más eficiente y competitivo.

2. No se logró la democratización del capital, pues a pesar de que se afirme que hoy existen más de 130 mil accionistas frente a los 8 mil que existían en 1982, lo cierto es que son un reducido número de personas quienes controlan la dirección de los bancos.

3. La administración de los bancos tampoco quedó a cargo de mexicanos con experiencia financiera, como se demostró con los casos de los Mariscal y de Carlos Cabal Peniche, con lo cual se pretendía garantizar los recursos que les confían millones de ahorradores e inversionistas.

4. No se fortaleció la descentralización ni el arraigo regional: las principales plazas de operación siguen siendo las tradicionales zonas centro y norte del país y, más particularmente, las áreas metropolitanas de la capital del país, Guadalajara y Monterrey.

5. La relación bancos-grupos financieros, presente en 13 de los 18 bancos reprivatizados, favoreció la estructura oligopólica. Más aún, los vínculos grupos financieros-conglomerados industriales y de servicios, situación que se pretendía corregir, fue más que evidente desde inicios del proceso de reprivatización.

6. La existencia de grupos financieros, jurídica y socialmente identificados no constituye un elemento fundamental para asegurar que se seguirán sanas prácticas bancarias en el desarrollo del sistema, cómo se demostró en los escándalos financieros de los grupos Havre y Cremi-Unión, además de los casos de blanqueado de dinero.

7. El precio pagado por los bancos, más que justo fue un buen negocio para el Gobierno. Injusto fue, eso sí, cómo se utilizaron los recursos obtenidos en tal operación, que no sólo no sirvieron para contingencias como la acontecida el 20 de diciembre pasado, sino tampoco para atender necesidades sociales, como en alguna ocasión se había ofrecido. Las actuales dificultades para cumplir con las obligaciones generadas por la deuda interna, echan por la borda la supuesta utilidad de emplear los recursos derivados de la venta de los bancos para amortizar dicha deuda.

8. Sobre la promesa de que la banca quedaría en manos de mexicanos, existe el serio peligro de que esto sólo sea temporal. Aunque en los cuatro años de reprivatización bancaria los extranjeros han demostrado que las facilidades para participar en las series "C" y "L" no eran suficiente atractivo para aportar capital, la presente iniciativa, que amplía la participación de intermediarios financieros del exterior, y probablemente una próxima reforma conducente a una liberalización del 100% para que inversionistas foráneos puedan adquirir instituciones financieras nacionales, hecho anunciado por la prensa estadunidense con base en un fax del Gobierno mexicano, dejaría en manos extranjeras fundamentales segmentos y circuitos financieros.

II. Bancarrotas en ciernes

Desde los primeros meses de 1994 se apreció un acelerado proceso de deterioro en el SFM; inestabilidad de los mercados; contracción de las utilidades de la banca comercial; explosivo aumento de las carteras vencidas; disminución de la inversión nacional y foránea ante la incertidumbre política; escándalos financieros y sospechas de lavado de dinero.(3)

Ante tales acontecimientos el Gobierno desarrolló una estrategia financiera de emergencia para evitar un mayor deterioro e inestabilidad de los mercados. La estrategia se fincó en brindar liquidez en las operaciones de los mercados monetario y bursátil mediante intervenciones cotidianas del "autónomo" Banco de México en los mercados primario y secundario. El costo para contener artificialmente el tipo de cambio y conservar el precario equilibrio financiero fue la caída vertical de las reservas internacionales.

A estas alturas ya nadie pone en duda que la devaluación del peso se postergó con fines electorales para beneficiar al partido de Estado y que el consumo de las reservas internacionales financiaron la fuga de capitales tanto, de inversionistas nacionales como extranjeros.

La devaluación abrupta ocurrida en diciembre coloca al SFM en graves problemas. No es exageración, es simplemente un análisis objetivo del problema por el que atravesamos.

La incapacidad técnica para hacer frente a los vencimientos de Tesobonos (Bonos de la Tesorería) por 29 mil mdd durante 1995, y de la deuda pública externa contratada a menos de un año por 6 mil 161 mdd (información al 30 de septiembre de 1994) desquiciaría al sistema en su conjunto, de ahí la urgencia de que sea aprobado el paquete de garantías por 40 mil mdd, por parte del Gobierno mexicano, pero también por parte de las instituciones financieras internacionales y del Gobierno estadunidense.

Los problemas de endeudamiento de las instituciones crediticias, agravados con la devaluación afecta negativamente a las principales instituciones financieras. La deuda externa de la banca comercial ascendía a principios de este año a 23 mil mdd mientras que la banca de desarrollo, hasta el 30 de septiembre de 1994, tenía una deuda por 14 mil 008 mdd.

La cartera vencida sigue creciendo: al cierre del primer semestre de 1994 se ubicó en 41 mil 625 millones de nuevos pesos, 47.2% más que en el mismo periodo de 1993. El índice de la cartera vencida, llegó entonces a 9.5%, el cual según diversos analistas minimizaba la situación real. En el caso de varias instituciones, la cartera morosa rebasa ya el nivel de sus capitales contables. Conforme a un análisis del Grupo de Economistas Asociados (GEA), sólo cinco de los 19 bancos comerciales tenían al primer semestre de 1994 una cartera vencida inferior a 50% de sus capitales contables.

A raíz de la devaluación, el problema de cartera vencida se ha magnificado, al grado de que en la actualidad oscila, a decir del movimiento "El Barzón", entre 90 y 100 mil millones de nuevos pesos; 60% de la cual corresponde a la industria y los servicios, 10% por tarjetas de crédito, 20% a la agricultura y el 10% restante al comercio.(4)

III. Unilateralidad en la apertura financiera: análisis y crítica de las propuestas presentadas

En el análisis que el PRD realizó del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) afirmamos que la negociación del Capítulo XIV había sido de carácter unilateral, toda vez que ésta se dirigió a definir los términos y los tiempos de la apertura del mercado financiero mexicano. Dejando prácticamente intacto el mercado estadunidense y canadiense.

También establecimos que la apertura convenida no garantizaba el orden, la gradualidad y la reciprocidad que demanda la genuina modernización financiera del país. Advertimos que el circunscribir la regulación estatal a los marcos de la llamada "regulación prudencial" nulificaba la regulación pública para orientar los recursos financieros a las actividades que demandan las prioridades del desarrollo nacional.

Según el Gobierno, la competencia externa provocará beneficios a los usuarios de los servicios financieros, facilitándoles créditos y servicios oportunos, baratos y eficientes. Este punto de vista nos parece parcial y, por lo tanto, en el fondo, equivocado.

No estamos en contra de abrir el sistema financiero a la competencia externa. Lo que nos parece erróneo es confiar en que dicha apertura resolverá todos los problemas, cuando en realidad puede agravarlos si no va acompañado de otras medidas y cambios legislativos.

La flexibilización que la iniciativa en cuestión propone para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apruebe programas conforme a los cuales instituciones financieras del exterior y sociedades controladoras filiales, puedan adquirir acciones por encima del límite máximo de tenencia accionaria individual, con la finalidad de convertir a una institución de banca pública en filial, no deberá exceder del 6% del capital neto que alcancen en su conjunto las instituciones bancarias. Asimismo se determina que el monto total de las adquisiciones no otorga a los intermediarios extranjeros que las realicen, una participación de mercado superior al 25%, durante el periodo de transición establecido en el TLC, o sea, hasta el año 2000.

Esta disposición trastocaría los términos de apertura pactados en el TLC, que como se recordará, tratándose de instituciones bancarias se establecía una participación agregada que partiendo del 8% discurría al 15% durante los primeros seis años. A partir del séptimo año, se eliminaría la restricción y permanecería una salvaguarda temporal para congelar la participación foránea si ésta rebasa el 25%. De manera permanente subsistiría una salvaguarda que permite congelar temporalmente la participación extranjera cuando ésta amenace la propiedad mexicana del sistema de pagos. Durante los primeros seis años habría un límite máximo individual para bancos de 1.5% del total del mercado y que hoy de manera unilateral, sin necesidad de que estadunidenses ni canadienses lo hayan sometido a negociación, se amplía a 6%. En el TLC a partir del séptimo año, el límite individual se elimina y se establece una restricción consistente, en la prohibición para que un banco extranjero adquiera uno nacional y supere la participación conjunta de ambos, el 4% del mercado.

Nuevamente se incurre en el viejo error abrirse unilateralmente para luego buscar la reciprocidad. Reciprocidad que al menos en el TLC nunca llegó.

El doctor Ernesto Zedillo, el pasado martes 24 de enero, sin mayores explicaciones rechazó cualquier posibilidad de revisión del TLC. La presente iniciativa financiera, es, por lo tanto, incongruente con tal determinación presidencialista y tiene como agravante que México reabra el TLC sin convocar a sus contrapartes a la mesa de negociaciones.

No nos engañemos, la flexibilización para que extranjeros adquieran instituciones financieras ya establecidas o para que participen "hasta en un 49%" en el control accionario de las instituciones financieras mexicanas posibilitará, técnicamente será posible, que los extranjeros controlen instituciones nacionales. En el mejor de los casos estaríamos en los límites del control extranjero de la banca mexicana; en un momento, además, de fragilidad financiera, cuando aumentan las posibilidades de debilitar aún más los márgenes de seguridad con que opera el sistema.

En el contexto actual y con las facilidades que se les ofrece, los intermediarios extranjeros muy pronto estarán en condiciones de imponer sus márgenes, mecanismos y costos en el mercado. Así, no todos los nacionales podrán competir en esos términos sin poner en riesgo su porción de mercado o incluso su propia solvencia.

Las modificaciones financieras contempladas en el dictamen de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores, van por el camino de la liberalización oligopólica, situación que dificulta el tránsito hacia un entorno de estabilidad financiera. La reforma financiera con su liberalización oligopólica, no ha podido generar las condiciones ad hoc al crecimiento económico.

Apresurar la apertura financiera en los términos propuestos hará más rígida la estructura oligopólica existente y con ello se acrecentarán las dificultades para financiar saludablemente la actividad productiva y el desarrollo nacional.

IV. Analisis del paquete de reforma financiera

El dictamen que hoy discutimos propone cambios en el marco normativo del sistema financiero mexicano, a fin, se dice, de mejorar la capitalización de los grupos financieros, alcanzar un sistema más competitivo y "dar más y mejores servicios a más mexicanos".

El Ejecutivo considera que una "mayor capitalización" será la vía para alcanzar estas metas; sin embargo, la iniciativa se limita básicamente a acelerar la apertura del mercado financiero mexicano al capital extranjero, sin considerar otras vías. Esta apertura fue iniciada con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC), en donde, no obstante, existe un periodo de transición, el cual inició en la fecha de entrada en vigor del tratado y concluirá en el año 2000.

El objetivo tanto del periodo de transición, como de los límites a la participación agregada e individual del capital extranjero y del mecanismo permanente, incluidos en el TLC, es evitar que los inversionistas nacionales pierdan el control del mercado financiero.

El Partido de la Revolución Democrática rechazó en su momento y en diversos foros, incluido el Congreso de la Unión, estos plazos, así como la interpretación y decisión de que sea el ahorro externo el principal promotor del desarrollo nacional, abandonando el carácter de complementario que la propia Constitución le confiere. Asimismo, se señaló reiteradamente que la nueva composición entre capital extranjero y nacional en el sistema financiero mexicano podría poner en riesgo el control sobre el sistema de pagos.

La cristalización del aceleramiento de la apertura del mercado financiero nacional se encuentra en diversos puntos de la iniciativa del Ejecutivo, enviada a esta soberanía.

El PRD no se opone, sobre todo en una situación de emergencia económica como la que vivimos, a que la capitalización del país se dé, entre otras formas, a través de una apertura del sistema financiero mexicano. Sin embargo, las características que se desprenden de la iniciativa presidencial ubican dicha apertura como una que ha de operarse unilateralmente y superando los límites establecidos en el TLC, lo cual nos lleva a concesiones excesivas frente a nuestros socios comerciales. Por lo tanto, será necesario que las reformas en materia financiera se apeguen a lo dispuesto en el tratado referido, hoy ley, y que si el mismo constituye una "camisa de fuerza" para el sano desarrollo del financiamiento del país se llame a una revisión del acuerdo para garantizar reciprocidad entre las partes.

La crisis estructural y de solvencia por la que atraviesa el país, así como la continuación de la política neoliberal nos colocan una vez más, y de manera dramática, en la lucha internacional por el capital, con lo cual se perfilan graves cesiones de soberanía, tanto en lo político como en lo económico. Es necesario evitar esto.

Una de las principales propuestas de modificación de estas leyes, es la relacionada con la composición de capital. En ella las acciones serie "A" del capital social ordinario representarían el 51% y podrían ser adquiridas no sólo por personas físicas mexicanas, sino también por empresas "cuyo capital sea mayoritariamente propiedad de mexicanos, sean efectivamente crontroladas por los mismos y ..." (artículo 18 de la LRAF, Artículo 12 de la LIC y 17-bis de la LMV).

Esto significaría en los hechos que la participación del capital extranjero se extendiera a las acciones serie "A", antes exclusivas de mexicanos.

Si recordamos prácticas ilícitas como lo son los presta nombres o las modalidades monopólicas como los holdings que sin detentar la mayoría del capital de una empresa la controlan efectivamente, la posibilidad de participación del capital extranjero en la tenencia de estas acciones se incrementa. Así, el candado puesto en este artículo "...efectivamente controladas por los mismos (mexicanos)" puede quedar anulado en la práctica.

Si a esto le sumamos que las acciones del capital social series "B" y "L" "serán de libre suscripción, incluyendo entidades financieras del exterior", que las "B" representarían ya no el 30%, sino el 49% de este capital y que las "L" ascenderían del 30% al 35% del capital social ordinario, es claro que el control económico de bancos y casas de bolsa, que aún contienen capital nacional, pueden quedar en manos extranjeras.

Por supuesto que con estas modificaciones se favorecerían "alianzas", obviamente que serían "estratégicas".

Se plantea además que el capital social adicional esté representado por las acciones serie "L" y que éste ascienda de 30% a 35% del capital social ordinario de cada sociedad.

Estas acciones, como se sabe, son de voto limitado y confieren derecho a recibir un dividendo preferente y acumulativo.

Este 35% de capital adicional busca remediar una situación que contablemente sólo se explica por medio de la generación de pasivos; es decir, las acciones serie "L" en realidad constituyen obligaciones de pago, a la manera de los pagarés y no son en realidad parte del capital social de la empresa, como se deduce del hecho de que se les considera como formas adicionales, sin inclusión en el capital social ordinario.

El decreto considera también la integración de la administración de estas empresas y pretende solucionar el problema del control corporativo al exigir mayoría nacional en los consejos de administración. Sin embargo, el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público y aprobado por la mayoría priísta se propone permitir que no sólo los extranjeros inmigrados sino también los residentes estén facultados para ser miembros del consejo de administración. Con esta propuesta se flexibiliza aún más el acceso de extranjeros al control corporativo de las empresas en cuestión.

De esta forma, aunque los extranjeros constituyeran minoría, muy relativa, en el control corporativo, el capital extranjero compondría la mayor parte del capital total y, a fin de cuentas, el control económico es el que tiende a dominar.

Otra de las propuestas más importantes de la iniciativa es la referente al incremento del límite máximo de tenencia de acciones "A" y "B" de manera individual, que pasaría de 5% a 20% del capital social tratándose de bancos y de 15% a 20% del capital social de una casa de bolsa.

"Tratándose de inversiones que lleven a cabo entidades financieras del exterior, la citada Secretaría (SHCP) podría autorizar límites mayores de tenencia individual a efecto de permitir que intermediarios con capital mayoritariamente mexicano puedan convertirse en filiales de dichas entidades" (exposición de motivos, página IV).

Esto implica un privilegio reservado a los extranjeros, lo cual es de sobra ilegal. Aunado a esto la iniciativa agudizaría la concentración y centralización del capital financiero en manos de extranjeros.

Al resultar excesivamente laxa la propuesta presidencial, la propia Comisión de Hacienda y Crédito Público consideró conveniente acotar el uso de la facultad discrecional con que cuenta la Secretaría de Hacienda, con relación a autorizar los límites de la tenencia individual de acciones del capital social, por parte de entidades financieras del exterior. De esta forma la comisión citada propuso reformar el primer párrafo y adicionar un segundo párrafo a la fracción Vll, ambos del artículo 17, así como ajustar la fracción V del artículo 45-1 de la Ley de Instituciones de Crédito. Estas modificaciones tienen por objeto garantizar que el sistema de pagos se efectúe fundamentalmente por instituciones controladas por mexicanos. Para ello la citada Secretaría tomará en cuenta la composición del capital de la institución de que se trate y la participación extranjera en la misma.

Adicionalmente, asegura el dictamen que la Comisión de Hacienda elaboró, reviste especial consideración la posibilidad de que la mencionada Secretaría apruebe programas conforme a los cuales instituciones financieras del exterior y sociedades controladoras filiales puedan adquirir acciones por encima del límite máximo de tenencia accionaria individual, con la finalidad de convertir a una institución de banca múltiple en filial. Para garantizar plenamente el principio a que se refiere el párrafo anterior, concluye la comisión, es indispensable el que se establezca que no podrán aprobarse programas para la adquisición de bancos, cuyo capital neto exceda del 6% de la suma del capital neto que alcancen en su conjunto dichas instituciones.

Esta acotación implicaría a los tres principales bancos del país: Bancomer, Banamex y Serfín.

No obstante este acotamiento, el nivel propuesto por la Comisión de Hacienda continúa siendo excesivo, además de no cumplir con el límite individual establecido en el TLC a los bancos de capital estadunidense o canadiense. Este tope asciende a 1.5% del mercado, en el periodo de transición y a 4% una vez finalizado este periodo. ¡Y la Comisión de Hacienda y Crédito Público propone un límite individual del 6% del mercado!

Resulta sorprendente observar cómo aquello que las contrapartes no consiguieron en la mesa de negociaciones del TLC, que el Ejecutivo mexicano intente otorgárselos de manera unilateral y que la Cámara de Diputados, aun con acotamientos, pretenda constituirse en su cómplice. Como observamos, la defensa de la soberanía política y económica de nuestro país, en este momento, no sólo debe concentrarse en las garantías que el Congreso estadunidense discute para prestarnos los tan citados 40 mil millones de dólares y nuestros ojos no sólo deben ponerse más allá de nuestras fronteras.

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática exige que los límites individuales establecidos sean respetados, o que el propio TLC sea revisado en su totalidad y con las contrapartes en la mesa.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, considera pertinente determinar que el monto total de las adquisiciones no podrá dar a los intermediarios extranjeros que las realicen una participación de mercado superior al 25%, durante el periodo de transición establecido en el TLC; es decir, hasta el año 2000 y para ello propone adicionar un segundo párrafo al artículo segundo transitorio de la iniciativa de decreto que se dictamina, en ese sentido.

No obstante, el Ejecutivo y el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda repiten la grave anomalía que señalamos arriba. Durante el periodo de transición negociado en el TLC, el límite máximo a la participación agregada de intermediarios de los otros dos países en el mercado bancario mexicano, se incrementará gradualmente durante los primeros seis años, de 8% a 15% . Durante los cuatro años siguientes a la terminación del periodo de transición, México podría congelar por tres años el crecimiento de las filiales de bancos y casas de bolsa de las otras dos partes del TLC, en el nivel en que éstas se encuentren, siempre que la participación global de tales filiales en su correspondiente mercado haya alcanzado como mínimo 25% y 30%, respectivamente.

Por último cabe mencionar que existe un mecanismo permanente mediante el cual México podría limitar la participación en el mercado nacional de las filiales bancarias y extranjeras, si ésta sobrepasa el 30% y pone en riesgo el control sobre el sistema de pagos. Para ello se requiere del previo acuerdo de las otras dos partes o una resolución favorable de un panel, aun cuando éste no tendría carácter obligatorio.

El dictamen, aún con la modificación hecha a la propuesta del Ejecutivo, no contempla un periodo de transición para el capital nacional a partir del cual pueda teóricamente ser más eficiente y competitivo, así como desarrollar alianzas gradualmente. El hecho de que la comisión proponga que en lo inmediato el límite máximo a la participación agregada de intermediarios extranjeros en el mercado bancario del país sea de 25%, así lo confirma.

Por todo lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática rechaza, tanto la iniciativa de decreto enviada por el Ejecutivo como el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Consideramos importante competir y atraer inversión extranjera como un complemento a la inversión nacional, pero a la vez debe lograrse que dicha inversión juegue un papel definido dentro de una estrategia nacional de desarrollo y ello supone regularla. Por lo tanto, proponemos:

1. La creación de una estructura competitiva saludable que sirva de contrapeso de poder a los monopolios bancarios y financieros privados, tanto nacionales como extranjeros;

2. El soporte de dicha estructura deberá fincarse de un lado, en el desarrollo de un sistema de ahorro popular (cajas de ahorro, mutualidades, etcétera) y de otro, en una banca estatal de desarrollo;

3. Fomentar el ahorro interno, para lo cual se requiere una política económica que redistribuya el ingreso y aliente la producción nacional;

4. Estimular la inversión extranjera con fines productivos;

5. Construir diques a la especulación interna y externa y a la fuga de capitales, con un marco regulatorio que garantice la estabilidad del sistema financiero nacional, y

6. Finalmente y, en particular para atender la crisis económica y como parte de un programa alternativo, proponemos medidas concretas, que detallaremos a continuación.

V. Propuestas alternativas frente a la crisis

El impacto de la devaluación del peso se ha concentrado, entre otros, en el aumento del costo del dinero. Los niveles de las tasas activas que se ubicaban en la primera quincena de diciembre en 30%, a un mes de distancia se han elevado a 60%. Esto afecta a todos los usuarios del crédito desde los tarjeta-habientes hasta las empresas con crédito para inversiones.

Hay una evidente situación en que para las empresas se resentirán dos efectos: reducciones de la demanda y elevación de los costos. La situación es realmente grave y llevará reajustes de personal, lo que profundizará la contracción de la demanda y llevará a problemas de liquidez que se expresarán en carteras vencidas. Naturalmente, los usuarios de crédito que se encontraban ya en cartera vencida, no sólo permanecerán, sino que no será factible su salida en el curso de este año.

En el acuerdo para enfrentar la emergencia económica se informa que se otorgarán recursos adicionales al Fobaproa (Fondo Bancario para la Protección al Ahorro), destinados a capitalizar a las instituciones bancarias que lo requieran. Con ello, se reconoce el peligro de que los bancos se descapitalicen, como consecuencia de los incrementos que se esperan en los niveles de la cartera vencida. Sin embargo, si el razonamiento se invirtiera el riesgo también se evitaría, pero además se actuaría en positivo al contribuir al mantenimiento de la planta productiva y el empleo.

¿Qué sería este razonamiento inverso? Si de lo que se trata con los recursos del Fobaproa es defender a los bancos ante la avalancha de carteras vencidas, evitando su descapitalización, ¿por qué no aplicar esos recursos para evitar que haya carteras vencidas nuevas y, además, recursos adicionales para buscar sacar de cartera vencida a los que hoy están en esa condición?

Se trata de dos acciones: a) prevenir, evitando nuevos créditos vencidos y b) remediar, ofreciendo una salida a los ya vencidos. La primera acción podría plantearse como una especie del Ficorca; este fideicomiso se propuso como una forma de proteger a las empresas con pasivos en dólares del riesgo cambiario. Ahora lo que se buscaría es protegerlos de crecimientos en la tasa de interés domésticas, pero no de los posibles crecimientos futuros, si no justamente de los crecimientos ya observados. Para ello se constituiría un fondo que evitaría el incremento observado de más de 20 puntos porcentuales, se devolvería la viabilidad financiera a un enorme número de empresas y que se pusiera en peligro la misma planta productiva. Los recursos de este fideicomiso podrían provenir de Fobaproa, de orígenes fiscales y de la banca de desarrollo, fondeando su operación con deuda interna del Gobierno. Se crearía así el Fonaproe (Fondo Nacional para Proteger la Planta Productiva y el Empleo).

Por otra parte, frente al agudo problema de la cartera vencida, es indispensable buscar soluciones con un criterio de largo plazo. Es claro que una vez vencido el crédito, los intereses moratorios empiezan a gravar de manera exponencial los saldos originales; estos intereses moratorios, por lo demás, no se encuentran registrados en los resultados de los bancos y pueden ser, por esta misma razón, cancelados en beneficio de los acreditados. De ser así, los saldos vencidos se reducirían notoriamente, pudieron plantearse el asunto en su real dimensión.

Las carteras vencidas, en este momento, significan alrededor del 10% de las cartas totales del conjunto de la banca comercial. Se trata de un monto extraordinariamente alto, que requiere ser reestructurado. El problema central reside, como pudiera ser evidente, en los términos de la reestructuración.

La salida más viable es que la banca de desarrollo constituya un fideicomiso que compre las amortizaciones vencidas, no toda la cartera vencida y que pueda operar la reestructuración en paquetes con garantías comunes a tasas moderadas.

Por otra parte se requiere que se establezca una mesa de concertación entre la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria, la Cámara de Diputados y deudores, con el propósito de establecer acuerdos para resolver los problemas de cartera y refinanciamiento de la actividad productiva. Se requiere también que la Cámara de Diputados ayude a resolver los problemas de embargo y acciones legales en contra de los sujetos de crédito en cartera vencida.

Por el Partido de la Revolución Democrática.- "Democracia ya. Patria para todos".- Diputados: Saúl Escobar, Tonatiuh Bravo, Ifigenia Martínez.

Notas:

(1). Aspe, Pedro. "La reforma financiera de México", en revista de Comercio Exterior, volúmen 44, número 12, México, diciembre de 1994. Página 1044.

(2). Suárez y Dávila, Francisco. "Liberación, regulación y supervisión del sistema bancario mexicano", en revista de Comercio Exterior, volúmen 44, número 12, México, Diciembre de 1994. Página 1052.

(3). Ver Manrique Campos, Irma. "El sistema financiero mexicano: vicisitudes y perspectivas", en revista Problemas del Desarrollo, volúmen XXV, número 98 correspondiente a julio-septiembre de 1994. Página 47.

(4). El Día, domingo 22 de enero de 1995. Página 9.