Presidencia del diputado Abelardo Carrillo Zavala

ASISTENCIA

El Presidente:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El secretario Pascual Ramírez Córdova:

Se va a proceder a pasar lista de asistencia.

Señor Presidente, hay una asistencia de 387 diputados, por lo tanto, hay quorum.

El Presidente (a las 17:18 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Pascual Ramírez Córdova:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias.- Primer Receso.- Primer Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

27 de enero de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictamen de primera lectura

De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto, que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Propuestas para establecer las bases de discusión y resolución del Diálogo Nacional para la Reforma Política del Estado.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario Andrés Galván Rivas:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado Gustavo Salinas Iñiguez

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con veintidós minutos, del jueves veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de trescientos ochenta y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.

La misma Secretaría da segunda lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto, de decreto que reforma la Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y cinco.

A las once horas con cuarenta y cinco minutos, el Presidente declara un

Receso

A las doce horas con cuarenta y cinco minutos, se reanuda la sesión y se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Suárez y Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quien da lectura a un acuerdo de la misma comisión, por lo que se agrega un párrafo cuarto al artículo segundo de la ley a la que se le dio segunda lectura.

Para apoyar el dictamen de referencia y la adición del párrafo cuarto, hacen uso de la palabra los diputados: Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional; Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática y Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo.

El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, quien fundamenta el dictamen.

Para presentar el voto de su grupo parlamentario, en contra, se concede el uso de la palabra a la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

A discusión en lo general y en lo particular, con la adición del párrafo cuarto, debaten los diputados: Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Serafín Núñez Ramos, del Partido del Trabajo, en contra; Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.

Para rectificar hechos, pasan a la tribuna los diputados: Oscar Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación de la diputada Robles Berlanga; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Víctor Manuel Quintana Silveyra y Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del Partido de la Revolución Democrática.

Expresan su opinión al respecto los diputados: Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, en contra; Cándido Pérez Verduzco, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, para hacer una proposición; Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, en pro; Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales; Francisco Antonio Tenorio Adame, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Marco Antonio Michel Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y para rectificar hechos, los diputados: Alejandro Rojas Díaz-Durán, del Partido Revolucionario Institucional; Javier González Garza, Francisco Curi Pérez Fernández y Manuel Marcué y Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática.

Se concede el uso de la palabra a la diputada María del Rosario Robles Berlanga, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una propuesta.

Desde su curul, el diputado Fructuoso López Cárdenas, propone una moción de orden y el Presidente, concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien apoya la propuesta de la diputada Robles Berlanga.

Desde sus respectivas curules, hacen aclaraciones los diputados: Fructuoso López Cárdenas y Jesús Ortega Martínez, quien propone que terminado el debate y la votación del dictamen a discusión, se vote la propuesta de la diputada Robles Berlanga.

También desde su curul, el diputado Leonel Godoy Rangel, pregunta al Presidente sobre el momento en el que concederá la palabra a algunos diputados que desean fundamentar su voto y el Presidente hace diversas aclaraciones.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y el Presidente concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, a los diputados Leonel Godoy Rangel y Amado Jesús Cruz Malpica, ambos del Partido de la Revolución Democrática.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y un votos en pro y cincuenta y ocho en contra. Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.

Para hacer una denuncia, se concede el uso de la palabra a la diputada Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien según su dicho, afirma que la fuerza pública tiene rodeado el Palacio Legislativo.

Desde sus respectivas curules expresan sus opiniones los diputados: Juan Nicasio Guerra Ochoa, Fructuoso López Cárdenas, Jesús Ortega Martínez, Graciela Rojas Cruz, Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova y Manuel Marcué y Pardiñas.

El Presidente hace diversas aclaraciones y, posteriormente, turna las proposiciones de los diputados Robles Berlanga y Ríos Vázquez, a las comisiones de Régimen Interno y Concertación Política y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente.

Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Hernández Ríos, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a un oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite la minuta con proyecto de decreto, que reforma el párrafo cuarto del artículo veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes.

En virtud de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores, ha sido impresa y distribuida entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.

Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Gabriela Leñero Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional y para presentar el voto en contra de su grupo parlamentario, al diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática.

A discusión en lo general, se concede el uso de la palabra a los diputados: Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo; Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición; Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional y Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional.

Para contestar alusiones personales, pasan a la tribuna los diputados: Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones y Sebastián Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional.

En un segundo turno de oradores, se concede el uso de la palabra a los diputados: Luis Sánchez Aguilar, motu proprio; Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución De- mocrática; Jorge Humberto Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones a los artículos dieciocho, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; once, de Ley de Instituciones de Crédito y diecisiete-bis de la Ley del Mercado de Valores.

Hacen uso de la palabra los diputados Daniel Covarrubias Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, quien da a conocer una fe de erratas del dictamen; Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Mónica Gabriela Leñero Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la comisión apoya las reformas propuestas por el diputado Padilla Olvera.

El Presidente turna la proposición del diputado Villanueva Mukul, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Patrimonio y Fomento Industrial.

Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos setenta y dos votos en pro y treinta y cuatro en contra. Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.

Agotados los asuntos del orden del día, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintiún horas con diez minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, viernes veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco a las dieciséis horas.»

El secretario Andrés Galván Rivas:

Está a discusión el acta... Nohabiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La secretaria Ana María Adelina Licona Spínola:

«Comisiones unidas de Gobernacion y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes.

Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto, que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el 26 de enero de este año.

Estas comisiones, de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 42, 43 fracción ll, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87, 88 y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 9 de enero de 1995, el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción Xl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitió a la Comisión Permanente, la solicitud para convocar a un periodo de sesiones extraordinarias del honorable Congreso de la Unión para conocer, entre otros asuntos, de la "iniciativa de reformas al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional en materia de ferrocarriles y comunicación vía satélite". La Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 79 fracción IV, 89 fracción Xl de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., 24, 69 de la Ley Orgánica y 27, 28 y 35 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el decreto por el que se convocó a un periodo de sesiones extraordinarias y que estableció como fecha de apertura, el 17 de enero de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 13 de enero del año en curso.

2. Presentada que fue la iniciativa ante la Cámara de Senadores, ésta, en sesión celebrada el 18 de enero del presente año acordó, por voz del Presidente de su mesa directiva, turnar la iniciativa en cuestión a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes, Radio Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, tercera sección.

3. Las comisiones del Senado de la República a que hacemos referencia en el numeral anterior, celebraron el 19 de enero del presente una reunión en conferencia con las suscritas comisiones unidas de esta Cámara de Diputados, a efecto de intercambiar puntos de vista sobre la referida iniciativa. En dicho evento, los diputados asistentes sugirieron diversos textos de adición a la iniciativa, que fueron recogidos en su esencia por los señores senadores.

4. Las comisiones unidas de la Cámara de Senadores, al presentar su dictamen con proyecto de decreto, propusieron, en consecuencia, al pleno de la Asamblea, modificar la iniciativa presidencial.

5. La colegisladora, en sesión celebrada el día 26 de los corrientes, aprobó la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 constitucional. En esta misma sesión, como resultado del debate legislativo, se introdujeron nuevas modificaciones al texto legal sujeto a discusión, para quedar como sigue:

" Artículo 28............................................

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia."

6. Los secretarios de esta Cámara de Diputados dieron cuenta, al pleno, de la minuta con proyecto de decreto, aprobado por la Cámara de Senadores en sesión celebrada el pasado 26 de enero del año en curso; hecho lo cual, el Presidente de la mesa directiva acordó turnar la minuta en cuestión a estas comisiones unidas, las que sesionaron los días 26 y 27 de los corrientes, a efecto de conocer, discutir y dictaminar sobre la minuta en estudio.

7. De conformidad con los antecedentes indicados, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, se permiten presentar las siguientes

CONSIDERACIONES

Inmersos como estamos en un mundo cada vez más interrelacionado, en el que la aplicación de tecnologías avanzadas constituye factor determinante en la lucha por los mercados de bienes y servicios, palanca para el desarrollo nacional, las vías de comunicación devienen en parte sustancial para estar a la altura de sociedades cada vez más competitivas.

Si bien es cierto que los ferrocarriles, a partir del primer tramo México-Veracruz, puesto en operación en 1873, jugaron un papel muy importante en la integración social y política del país, gracias a que promovieron su desarrollo y urbanización, es innegable que con el advenimiento de las carreteras se detuvo su expansión, a tal grado, que podemos decir que en 1995 contamos, en vías principales, con una longitud muy similar a la que en su totalidad existía ya al finalizar la primera década de este siglo.

Si tal y como lo precisa la iniciativa presidencial, en la actualidad los ferrocarriles transportan sólo el 1.5% de pasajeros y menos del 15% del total de carga a nivel nacional, resulta evidente la subutilización de este modo de transporte que tiene, por lo demás, respecto del carretero, la ventaja de contar con una mayor capacidad de transporte, de generar menos impactos negativos al medio ambiente y de constituir un sistema integrado.

La propia iniciativa reconoce que el Estado no cuenta con recursos económicos suficientes para llevar acabo la modernización de tan importante modo de transporte, ya que ello implicaría distraer recursos destinados al gasto social, lo cual, evidentemente, constituiría un factor que incidiría negativamente en el esfuerzo de incorporar a los sectores más necesitados al disfrute de mejores niveles de bienestar.

Desde el punto de vista histórico jurídico-debemos decir que no fue, sino hasta el muy reciente año de 1983, cuando se incluyó a los ferrocarriles como una área estratégica y, por ende, reservada por el párrafo cuarto del artículo 28 de la Ley Fundamental en forma exclusiva al Estado, con lo cual el Constituyente Permanente no hizo sino reconocer el hecho de que, para entonces, la totalidad del sistema era ya operado por el Estado.

Desde el siglo pasado y hasta el citado año de 1983, ningún precepto constitucional reservó a los ferrocarriles como área exclusiva del Estado, sino que, por lo contrario, durante el periodo mencionado las concesiones otorgadas en esta materia fueron variadas y múltiples; ni siquiera nuestra muy avanzada Constitución de 1917 introdujo algún cambio en el sistema jurídico aplicable, lo que pone de manifiesto que, a pesar de lo importante que para esa época eran ya los ferrocarriles, no se estimó conveniente convertirlos en propiedad de la nación y operación exclusiva del Estado.

Lo anterior nos permite arribar a la conclusión de que aprobar la reforma propuesta por el titular del Poder Ejecutivo Federal, es congruente con nuestras tradiciones jurídicas y políticas. Por otro lado, la reforma de 1983 no provocó los avances deseados en la eficiencia ferroviaria, ni incremento en la capacidad de transporte.

Especial mención merece el párrafo de las comisiones unidas de la Colegisladora, suscriptoras del dictamen con proyecto de decreto que, al referirse a los derechos laborales de trabajadores en activo y jubilados ferrocarrileros, destaca el imperativo de salvaguardarlos debidamente, al momento de regular lo concerniente a la actividad ferrocarrilera, párrafo que estas comisiones unidas hacen suyo.

Por cuanto hace a la comunicación vía satélite, materia también incorporada al texto de la iniciativa presidencial, es procedente dejar asentado que, por ser el medio idóneo para superar la accidentada orografía de nuestro país, ha permitido una cobertura nacional que acerca la cultura, difunde conocimientos y agiliza información.

En 1983, al establecerse en el artículo 28 constitucional la exclusividad del Estado en materia de comunicaciones vía satélite, este servicio significaba un avance tecnológico sin antecedentes notorios en el país y en el que el interés de la iniciativa privada era escaso, por lo que era necesario que el Estado hiciera inversiones importantes para promover su uso. Las condiciones actuales son diametralmente distintas, la demanda de los inversionistas particulares y del público usuario ha crecido notablemente y el Estado no cuenta con recursos para financiar la modernización constante del sistema satelital, mismos que en todo caso deberían ser destinados prioritariamente al gasto social.

El sistema Morelos, en su momento y con su tecnología, tuvo un costo de 150 millones de dólares; posteriormente, con un avance tecnológico y mayor capacidad, el sistema Solidaridad tuvo un costo de 427 millones de dólares, de donde se infiere que los siguientes satélites tendrán un costo de inversión creciente que el Estado mexicano no está en condiciones de afrontar por sí solo.

Por otra parte, el Estado mexicano dispone de cuatro posiciones orbitales para colocar satélites de difusión directa que, al no ser aprovechadas por nuestro país, requeriremos que los servicios correspondientes sean proporcionados por satélites de propiedad extranjera, con la consecuente dependencia tecnológica y salida de divisas.

Adicionalmente, debemos considerar que están en proceso de desarrollo y operación sistemas satelitales de órbita baja, para comunicación móvil, a la disposición de un mercado abierto y, en las condiciones actuales, el Estado mexicano no podría concurrir a él, lo que hace necesaria la participación de la inversión privada y social, junto con la inversión pública.

Ante el hecho de no contar con recursos económicos suficientes para cubrir en su totalidad este aspecto tan importante de las comunicaciones, el Estado mexicano deberá conservar el derecho sobre sus posiciones orbitales e iniciar los trámites necesarios para obtener otras nuevas y quedaría ante la disyuntiva de que se reforme el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional a efecto de hacer participar a la inversión privada y social, o bien, depender de satélites extranjeros.

En conclusión, dado que el desarrollo del país requiere de un sistema ferroviario moderno; ágil; estructurado para satisfacer las necesidades de origen y destino; receptor de un adecuado mantenimiento que evite accidentes y promueva su uso productivo y que amplíe su cobertura, lo que implica inversiones cuantiosas que el Estado no está en posibilidad de realizar, y que en el caso de los satélites también se requiere de una cuantiosa inversión del Estado para incrementar la capacidad satelital, es atendible la iniciativa presidencial de sustraer del párrafo cuarto del artículo 28 constitucional estas materias en su carácter de estratégicas.

Conforme a las propuestas que senadores y diputados presentamos en la conferencia de comisiones a que se ha hecho alusión, se estima conveniente el reafirmar que, tanto los ferrocarriles como las comunicaciones vía satélite, constituyen áreas prioritarias para el desarrollo nacional; que debe expresamente mencionarse en la Constitución la rectoría que el Estado habrá de ejercer sobre ellas, en protección de la seguridad y la soberanía nacionales y, finalmente, se estima también indispensable que el texto constitucional preceptúe que al otorgarse concesiones o permisos para prestar dichos servicios, el propio Estado mantendrá o establecerá dominio sobre las respectivas vías de comunicación, para cuyo efecto se cuidará de precisarlo así también en los procedimientos que se establezcan en las leyes que al efecto se expidan.

En lo que se refiere a los criterios de política económica relacionados con decisiones del Ejecutivo que permitan la participación privada y social, independientemente de la pública, en estas áreas prioritarias del desarrollo, es obvio que, de acuerdo con los artículos que integran el capítulo económico de la Constitución, el Congreso de la Unión tendrá las atribuciones e intervención que precisen las leyes que él mismo dicte, en las que se establezcan los fundamentos y sustentos con la claridad suficiente, para el otorgamiento de las concesiones y permisos que expida la autoridad y la normatividad precisa para el funcionamiento y operatividad de estas importantes actividades del sector de comunicaciones y transportes.

Asimismo, las comisiones concurrentes estiman conveniente el avocarse al análisis de la legislación secundaria correspondiente para presentar ,en su caso, los proyectos legislativos conducentes.

En el curso de sus deliberaciones, en las comisiones unidas que suscriben, se advirtió fuerte preocupación por preservar el patrimonio de las entidades del sector público que eventualmente serán susceptibles de desincorporación, con motivo de la presente reforma al texto del artículo 28 constitucional. Por lo tanto, recomiendan a la Asamblea solicite a la Contaduría Mayor de Hacienda, a través de su Comisión de Vigilancia, la práctica de las auditorías especiales que se estime necesario llevar a cabo, a fin de determinar el estado financiero y operativo de aquéllas, así como precisar con todo cuidado el valor real de sus activos.

Por las razones anteriormente expuestas, estas comisiones unidas se permiten proponer a esta soberanía, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

" Artículo 28............................................

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

................................................................."

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 27 de enero de 1995.- Por las comisiones, diputados: Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Fructuoso López Cárdenas, José Alberto Castañeda Pérez, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Eric Luis Rubio Barthell, José de Jesús Zambrano Grijalva, en contra; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, en contra; Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, en contra; Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez, Desiderio Camacho Garibo, Alfonso Molina Ruibal, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Jaime Jesús Arceo Castro, Jorge Castillo Cabrera, Daniel Covarrubias Ramos, Jesús Durán Ruiz, Gabriel Escalante Castillo, Roberto M. Flores González, Tuffy Gaber Arjona, Ricardo Luis A. Godina Herrera, Jorge Humberto Gómez García, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, F. Martín Hernández Balderas, Víctor Hugo Islas Hernández, Israel R. Ledezma Magaña, Cecilio Lepe Bautista, Apolonio Méndez Meneses, Alejandro Moreno Berry, en contra; Eusebio Moreno Muñoz, Carlos Navarrete Ruiz, en contra; Gerardo Ordaz Moreno, Ricardo F. Pacheco Rodríguez, Miguel Rodríguez Ramírez, Alfonso Solórzano Fraga, Ramón Sosamontes Herreramoro, en contra y Carlota Guadalupe Vargas Garza.»

Es de primera lectura.

DIALOGO NACIONAL PARA LA REFORMA POLITICA DEL ESTADO

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es la propuesta para establecer las bases de discusión y resolución del diálogo nacional para la reforma política de Estado.

Para dar lectura al acuerdo suscrito por los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, se concede el uso de la palabra al diputado César Chávez Castillo.

El diputado César Antonio Chávez Castillo:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La Comisión del Diálogo y la Conciliación es una instancia republicana del Congreso de la Unión, integrada de manera plural por diputados y senadores de las cuatro fracciones parlamentarias, de los cuatro partidos que participan en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Los instrumentos de trabajo de esta comisión son: el diálogo, la tolerancia, la concertación, el consenso, por lo que la propuesta que hoy presentamos de las bases del diálogo nacional para la reforma política del Estado, es una propuesta institucional.

Este documento integra, en primer lugar, los diferentes temas y el debate nacional que se han estado dando en la sociedad referente a la reforma del Estado. Integra también las propuesta que durante las campañas electorales hicieron los candidatos a la presidencia de la República, los 20 compromisos para la democracia, signados por los candidatos a la presidencia de la República.

En materia electoral, las propuestas de agenda formuladas por los consejeros ciudadanos. Las propuestas de los diferentes partidos sobre diferentes temas de la reforma de Estado discutidas en otras instancias. En relación a las reformas de justicia, propuestas hechas por los candidatos a ministros de la Corte y las demás aportaciones que hicimos los miembros de la comisión.

Paso a dar lectura a la propuesta.

El Diálogo Nacional para la Reforma de Estado Mexicano.

CONSIDERANDO

Que existe un creciente interés de todas las fuerzas políticas sociales de México por hacer del país un escenario amplio de diálogo encaminado a encontrar los anhelos comunes de todos, cuando debe y puede cambiar. El cómo y cuándo hacerlo para encontrar el rumbo de una nueva democracia que exige nuestro tiempo, que es la tarea que nos debe convocar.

Que la ocasión es propicia ahora, porque el clima de emergencia económica nos impele a construir un pacto de unidad republicana que encauce los esfuerzos comunes y consensos para la realización de un nuevo proyecto nacional de desarrollo con justicia.

Que México necesita eliminar los riesgos de la guerra y procesar un acuerdo de paz justa, digna y duradera en Chiapas. Algunas de las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se relacionan con los grandes temas nacionales que deberán de ser contempladas en las nuevas reformas entendidas por la vía de las instituciones republicanas.

Que las grandes transformaciones nacionales, entre ellas, las modificaciones al sistema político mexicano, deberán ser fruto de una amplia e intensa participación democrática plural e incluyente.

La sociedad demanda un país dedicado al trabajo, al diálogo, a la discusión, a la investigación, a un ambiente de unidad republicana y nacional.

Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aceptó la propuesta de la Comisión Legislativa del Diálogo y Conciliación, para incluir en su convocatoria del periodo de sesiones extraordinarias, las bases para realizar el diálogo nacional. Este acuerdo, suscrito por la uninamidad de legisladores de los cuatro partidos que la integran, ha sido bien recibido por la sociedad.

Por todo lo anterior, la Comisión del Diálogo y Conciliación propone respetuosamente al Congreso de la Unión, que convoque a los partidos políticos, organizaciones y agrupaciones sociales y políticas, organismos no gubernamentales, instituciones educativas, intelectuales y artistas, medios y profesionales de la comunicación, trabajadores de la ciudad y del campo, ayuntamientos, congresos locales, gobiernos y poderes federales de los estados, en suma, a todos los mexicanos sin importar su filiación o militancia política, al diálogo nacional para la reforma de Estado mexicano. La comisión sugiere que dicho diálogo se celebre bajo las siguientes bases y agenda.

Bases

1. El Congreso y el diálogo nacional. Siendo el Congreso de la Unión el poder en el que convergen todas las fuerzas políticas que integran la representación nacional y el escenario natural en que deben discutirse los grandes temas de interés general, compete al Poder Legislativo, a través de sus cámaras, la organización del diálogo nacional. De conformidad con el compromiso firmado por los partidos para un acuerdo político nacional en el que se establece avanzar de inmediato a la conclusión de la reforma electoral definitiva que también sirva de marco referente a las entidades federativas, las cámaras a través de sus comisiones ordinarias, asumirán este resolutivo. Asimismo, impulsarán otros compromisos consensados para presentar las iniciativas de reforma constitucional o de ley correspondientes.

Proponemos la creación de una comisión legislativa conjunta que organice el diálogo nacional con facultades amplias para elaborar agenda de trabajo de la reforma del Estado, que será aprobado por las cámaras en el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso.

Lo anterior sin menoscabo de la participación de otras comisiones ya existentes que habrán de operar tiempos, modalidades y desarrollo del diálogo.

Los instrumentos del diálogo nacional son los siguientes:

Encuentros

En cada uno de los 300 distritos electorales se realizarán diálogos y se integrarán comisiones plurales abiertas para convocar, conducir, recoger las conclusiones y formular la relatoría correspondiente. Los diputados federales, en respetuosa concertación con los diputados locales, serán los responsables de estas reuniones.

Foros

En cada entidad federativa, los cuatro senadores conjuntamente con los congresos y los partidos locales, realizarán foros en los cuales se conocerán las relatorías distritales y estatales y se formularán los consensos para remitirlo al Congreso de la Unión.

Temario

El temario intenta recoger las distintas expresiones de los partidos y fuerzas políticas organizadas sobre cada cuestión. Es importante destacar, sin embargo, que esta propuesta tiene carácter meramente enunciativo y no limitativo. La participación de los legisladores de ambas cámaras, sin duda enriquecerán los temas de la discusión.

I. La reforma política

1. Nueva gobernabilidad democrática.

División, autonomía y equilibrio de poderes de la República; régimen presidencial democrático; reforma y fortalecimiento del Poder Legislativo. Fortalecimiento y nueva reforma al Poder Judicial.

2. Un nuevo federalismo democrático.

Nuevo Pacto Federal; redistribución de facultades, responsabilidades y recursos entre la Federación y los estados. La competencia del Gobierno y sus poderes estatales; libertad municipal, transferencia de recursos, atribuciones y responsabilidades con otros niveles del Gobierno.

3. Reforma electoral.

Por una democracia plena, nuevo sistema de partidos, autonomía real de los órganos electorales, supremo poder electoral, ciudadanización plena del proceso, un sistema contencioso y jurisdiccional. La procedencia del juicio de amparo en el proceso electoral; uso de medios de comunicación y financiamiento; registro nacional ciudadano o padrón electoral; nuevas reglas para las coaliciones; distancia entre el Gobierno y su partido; un nuevo código electoral; democratización del Distrito Federal; redistritación y representación en las cámaras.

II. México, país de leyes. La reforma legal.

1. Derechos humanos.

Los derechos políticos como garantías individuales.

2. Derechos políticos de los pueblos indios.

Las autonomías indígenas. Protección a niños, jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados. Derechos políticos a mexicanos residentes en el extranjero. Autonomía plena de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

3. Nueva relación Estado-sociedad.

Iniciativa popular, referendum y plebiscito. Participación social en las políticas públicas.

4. Nuevos instrumentos de justicia.

El Ministerio Público y su relación con el Poder Ejecutivo. Humanización del juicio de amparo. Las comisiones de derechos humanos como organismos independientes de los poderes públicos. Simplificación de la legislación procesal. Una nueva legislación penal. Una más amplia justicia administrativa. Unificación, homologación, simplificación del procedimiento contencioso administrativo en los estados. Un nuevo sistema de readaptación social. El combate al narcotráfico y la soberanía nacional. Policía y Seguridad Pública.

III. La reforma económica

1. El modelo económico para México democrático. La economía y la soberanía nacional. Planeación del desarrollo. Recuperación del crecimiento. Creación de empleos. Distribución del Ingreso. El Poder Legislativo y la consulta social para fijar los criterios de política económica. Las relaciones económicas de México con el mundo. La relación salario productividad. Una nueva política industrial de largo alcance. Programa de apoyo integral al campo. Política de apoyo a los productores nacionales. Regulación de las instituciones financieras y crediticias.

IV. La reforma social

1. El mejor igualador social: la educación. Descentralización y sus requerimientos de operación. Libertades y contenidos. Revaloración del Magisterio. Reforma universitaria. Incremento a los recursos para la educación. Rezago educativo y analfabetismo.

2. Derechos sociales del pueblo de México. Política de desarrollo social. Pacto social contra la pobreza extrema. Una nueva sociedad rural. La propiedad social en el proyecto nacional de desarrollo. El desarrollo sustentable. La mayor cobertura de la seguridad social. Acceso a la vivienda y sus servicios públicos. Política de fomento y desarrollo en los estados con mayores índices de pobreza. Cobertura y calidad de los servicios de la salud y asistencia social.

3. Democratización de las relaciones sociales. Nuevo status jurídico de las cámaras empresariales. Sindicalismo y democracia industrial para México democrático. Organismos no gubernamentales y organizaciones sociales. Reforma al sistema de comunicación social. Régimen de concesiones. Participación social y privada."

Compañeras y compañeros diputados:

Los invito a que apoyen esta propuesta de diálogo nacional para la reforma del Estado y se integren a los trabajos para lograr realizarlo. Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Rogamos a la Secretaría dar lectura a los siguientes puntos de acuerdo.

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

Los coordinadores de las cuatro fracciones parlamentarias presentan el siguiente

«PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Diputados de la LVI Legislatura, acuerda el inicio de los trabajos para el diálogo nacional para la reforma política de Estado.

Segundo. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política será la responsable de coordinar los trabajos correspondientes, establecer las bases temáticas y los mecanismos de consulta. Al efecto se apoyará en grupos de trabajo conformados paritariamente.

Tercero. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política concertará con los grupos parlamentarios la agenda y el programa de trabajo, considerando los planteamientos que se formulen, así como la propuesta presentada por la Comisión Legislativa de Diálogo y Conciliación en el Estado de Chiapas.

Cuarto. Los trabajos que se realicen deberán traducirse en conclusiones, que puedan concretarse en propuestas de leyes y de reformas y adiciones a la legislación vigente, así como en recomendaciones al Poder Ejecutivo. Las comisiones legislativas ordinarias serán el conducto para elaborar las iniciativas correspondientes.

Quinto. Las conclusiones del diálogo nacional deberán presentarse durante el transcurso de este año y dentro de ellas se otorgará prioridad a la reforma electoral con el propósito de considerarla en el próximo periodo de sesiones ordinarias.

PRI, PAN, PRD y PT.- Rúbricas.»

El Presidente:

Consulte la Secretaría.

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo, señor Presidente.

El Presidente:

Para fijar posiciones sobre el mismo tema, se han inscrito los siguientes diputados: por el Partido del Trabajo, Marcos Carlos Cruz Martínez; por el Partido de la Revolución Democrática, Juan Guerra Ochoa; por el Partido Acción Nacional, Rafael Ayala López y por el Partido Revolucionario Institucional, Emilio Solórzano.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Marcos Carlos Cruz Martínez.

El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Durante la década de los ochenta se instrumentó una transformación económica en el país de la que ahora vivimos sus secuelas. Este proceso era inevitable, dado el deterioro del modelo económico anterior y del sistema político en que se sustentaba.

Sin embargo, el cambio se instrumentó con una concepción y proyecto cupular y autoritario, que terminaron por imponer grandes sacrificios al pueblo de México. Los resultados no pueden ser más desastrosos para el país, existen 40 millones de pobres y 17 millones de ellos en extrema pobreza, como resultado de la modernización salvaje que instrumentó el Gobierno a partir de ese momento. Ahora sabemos que los éxitos obtenidos en el ámbito económico fueron efímeros, el crecimiento del producto interno bruto, el control de la inflación, el saneamiento de las finanzas públicas o el repunte de las exportaciones, que cuando existieron sólo favorecieron a los grandes empresarios. Este proyecto económico excluyente, en el terreno político y social sólo trajo consigo cambios mínimos, se conservó a toda costa el antidemocrático y corrupto sistema político, con todo lo que ello implica.

Sólo a raíz de la insurrección en Chiapas, el Gobierno y el PRI comenzaron a reconocer la necesidad de realizar cambios instrumentados únicamente en el terreno electoral, cambios que si bien fueron significativos, quedaron marcados por la deliberada actitud del Gobierno de instaurar un bipartidismo en el país.

De esta manera la continuidad del proyecto de modernización gubernamental resultó inviable porque no garantizó la dinamización de la economía en términos de equidad y se contrapuso a la instauración y preservación de la paz social y de la democracia.

Durante el año de 1994, la nación fue sacudida por hechos que evidenciaron el quiebre histórico del sistema político mexicano, sustentado en el corporativismo, el partido oficial y el presidencialismo; así como el fracaso del modelo económico impulsado desde el Gobierno que devastó los niveles de vida de la población y profundizó las desigualdades sociales. Estos hechos reclaman ser atendidos para bien del país, el esclarecimiento de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de Francisco Ruiz Massieu sabemos permitirán desactivar aquellas fuerzas que desde adentro y fuera del Gobierno se oponen a transformaciones de fondo al sistema político del cual se han beneficiado y se niegan a abandonar.

La solución al conflicto en Chiapas en donde los "sin rostro" exigen cambios sustantivos en el país que permitan una vida plena para ellos y todos los mexicanos; en donde nadie carezca de alimentos, vestido, salud, educación y recreación; en donde además la democracia sea la que rija la relación entre los hombres terminando con el autoritarismo y paternalismo que tanto han dañado la convivencia entre los mexicanos.

También la crisis tiene que ser enfrentada con una visión diferente, salvo que deliberadamente su solución quiera llevarse al terreno de la confrontación social. Hoy, más que nunca, tiene que estar por delante la defensa y solución de los problemas de los que menos tienen, de los marginados de ayer y de hoy, de lo contrario no habrá fuerza política que evite el desbordamiento social con las consecuencias que eso traería para el país.

En este contexto, concretar el diálogo nacional es de vital importancia, pues el mismo puede ser la vía para garantizar el establecimiento de un nuevo pacto social entre los mexicanos, que nos permita enfrentar la tarea de construir una nación democrática, que garantice niveles aceptables de bienestar para toda la población, enfrentando así el evidente deterioro del sistema político generando la certidumbre y confianza para superar la crisis económica y social que amenaza con rebasarnos.

Los promotores del diálogo nacional, partidos políticos, diversas fuerzas políticas, organizaciones ciudadanas y Gobierno, debemos avanzar hacia él, convencidos de la necesidad de la implantación de una democracia real en México como condición y sustento indispensable para la preservación de la paz social y la estabilidad política, pero hay que señalarlo, existen actitudes que pueden actuar en contra de la realización del diálogo nacional, así lo demuestra la actitud renuente para resolver los problemas poselectorales en Chiapas, Veracruz y Tabasco.

La solución a los conflictos poselectorales debe darse paralelamente al inicio del diálogo nacional. También tenemos que desterrar la cultura política de la derrota, la del todo o nada, en la que las fuerzas democráticas podemos naufragar y perder la oportunidad de aportar lo mejor de nuestras propuestas en beneficio de la nación.

Ante estos riesgos, el Partido del Trabajo demanda a todas las fuerzas políticas a actuar con madurez y eliminar cualquier actitud o acción que impida o postergue el diálogo nacional. Ni los tiempos ni el país están para más simulación. Ofrecer la gran reforma y no pactarla solo puede precipitar una descomposición política más profunda; convertir al diálogo nacional en una huida hacia adelante sería un intento de comprar tiempo y margen de maniobra, pero sólo precipitaría la cancelación de las vías pacíficas hacia la democracia.

La élite política ha agotado sus reservas morales. No hay espacio para nuevas moratorias democráticas, no hay terreno para frenar lo que se requiere comprando conciencias. O las reformas se hacen en el país o se entra en una espiral de violencia muy compleja y dolorosa. Además, planteamos que por la importancia que tienen para el país el diálogo nacional, el lapso de tiempo en que debió realizarse para su instrumentación, realización y ejecución, debe abarcar entre cuatro y seis meses a partir de febrero, de lo contrario, correríamos el riesgo de caer en una consulta formal o en trasladar sus resultados a la no ejecución.

Pero también hay que cuidar sus resultados. Desde nuestro punto de vista hay varios peligros en este sentido:

1. Pretender reducirlo a una reforma parcial, cuando de lo que se trata es de implementar una profunda reforma de Estado.

2. Pretender convertirlo en un pacto de partidos políticos al margen de otros sectores sociales relevantes.

3. Sacarle a la negociación la generación de mecanismos y consensos sobre la política económica, cuando el centro del debate político nacional se encuentra en este aspecto.

4. No dar pasos firmes para resolver los conflictos poselectorales en el sureste.

El Partido del Trabajo tiene el compromiso con la sociedad, sus simpatizantes y militantes de realizar su mejor esfuerzo, considerando que solo una reforma política, económica y social a fondo, nos permitirá concretar una nueva relación entre la sociedad civil y el Estado. El corazón de este acuerdo debe de ser su punto de llegada, esto es, el tipo de sistema político que se quiere concluir como resultado de las negociaciones.

Para el Partido del Trabajo éste es crear un régimen pluripartidista, democrático y republicano, un equilibrio y separación real de poderes, un nuevo pacto entre los estados y la Federación. Para una fuerza política que hace de la política de masas su herramienta principal de acción y de identidad, la libertad de afiliación social y la incorporación real de las organizaciones sociales en la definición de las políticas públicas, debe de ser un punto central de la agenda, el punto de llegada es, entonces, uno de los elementos claves de la ruta crítica a seguir.

El diálogo nacional, consideramos, debe de ser un encuentro de voluntades, sin exclusiones que sólo recrudecen el ambiente político. Por tanto, es necesario que exista un proceso amplio de consulta entre la ciudadanía, organizaciones sociales, agrupaciones civiles, partidos políticos que no tienen representación en los órganos legislativos, intelectuales y ciudadanos en general, para garantizar que su resultado sea aceptado por todos los mexicanos.

En este esfuerzo nos comprometemos y proponemos sea compromiso de todos. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Juan Guerra Ochoa.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

La fracción del PRD hemos suscrito este punto de acuerdo para el Diálogo Nacional de la Reforma del Estado, en función de que estamos conscientes de que la falta de democracia en este país es algo que ya no puede continuar y que además, le sale muy caro a nuestro país el no tener democracia; quizá a algunos no, pero a la inmensa mayoría de los mexicanos nos sale muy caro la falta de democracia, no solamente por la inestabilidad que ésta pueda provocar, también, incluso, en términos económicos y hasta cuantificables.

Por dar un dato nada más, quiero decir que el gasto estimado en las campañas del año anterior, fue de 2 mil 500 millones de dólares, una cifra con la cual podríamos haber resuelto muchísimos problemas, una cifra que no se gasta en los países más desarrollados y nosotros tenemos que gastar toda esa cantidad, precisamente porque no vamos a elecciones equitativas, porque no vamos a procesos donde no sea el recurso la compra de votos lo que determine una contienda electoral, ni tampoco, el gasto en la organización del mismo, con los efectos perniciosos que se puedan desprender, la que lo determine.

Pero si el gasto lo cuantificáramos en términos políticos, de las medidas políticas que tuvo que tomar el Gobierno para evitar un impacto en su contra o en contra del PRI el año anterior en la elección, el gasto de la campaña sería a una porción tan alta y tan descomunal, que casi es el 15% del producto interno bruto. Estamos hablando de todos los recursos que tuvo que inyectar el Banco de México para sostener una paridad ya no mantenible de otra forma.

Todo eso se tuvo que gastar en este país, precisamente porque no vamos a elecciones donde lo determinante no sea el estar queriendo dar una apariencia o mantener una situación que no corresponde a la realidad.

Y este gasto es un crimen brutal para el país, porque como decía el compañero Marcos Cruz, que me antecedió, estamos en una situación donde viven en la pobreza millones y millones de mexicanos, más de 40 millones se reconocen oficialmente.

Pero nos sale también muy cara la falta de democracia, porque por ello se ha posibilitado que una persona si acaso con su equipo más reducido, tomase decisiones el año pasado de mantener, a costa de sangrar todas nuestras finanzas y el fondo que permitía mantener cierta garantía de estabilidad en este país, se tuvo que inyectar todos esos recursos y todo esto fue decisión de una persona, todo esto fueron decisiones que tomaron muy poquitos, no fueron decisiones democráticas.

Nos sale muy caro el seguir manteniendo que una o dos personas, el titular del Ejecutivo o unos cuantos, tomen decisiones en contra de este país. Ha sido por la falta de democracia en este país que en el sexenio anterior se posibilitó de un puñado de veintitantos "forbes" crecieran a fortunas descomunales y polarizaran aún más la situación social en nuestro país. Muchas de esas fortunas se sabe, son inexplicables en términos lícitos; muchas de esas fortunas podrían no tener una justificación si se investigara; son fortunas que cualquier empresario envidiaría de como en ocho años algunos pueden pasar de deber su tarjeta de crédito a hacerse principales accionistas de un banco.

La falta de democracia posibilitó esa élite que hoy padecemos. Pero ha posibilitado esa falta de democracia la corrupción en las esferas que ha venido operando el narcotráfico, ha posibilitado una mezcla letal para este país de finanzas, narcotráfico y político. La falta de democracia ha propiciado que en este país ocurran hechos que no sucedían desde fines de los años veinte: el asesinato político de personalidades destacadas del primer nivel, del cardenal Posadas, de Colosio y de Ruiz Massieu.

Es el costo que hemos tenido que pagar por no tener una reforma de Estado; esto ya nos arroja una sangría que debería verdaderamente de darnos escalofrío.

Yo sé que este punto de acuerdo que ha sido suscrito por los coordinadores, puede traer aliento a este país; es un punto de acuerdo importante que puede traer nuevas expectativas para la nación, pero tenemos que ser sinceros en una cosa: hay mucha resistencia todavía al cambio y lo que es más, no hay la credibilidad que en estos momentos se requiere.

Seríamos unos ingenuos si pensáramos que, por este punto de acuerdo, la población va a pensar que en verdad va a haber un diálogo nacional. Ha habido foros y consultas y la gente las ve pasar como luego se ve correr en algunos lugares el aire. Quizá si no se empeñasen recursos suficientes, si no hubiese voluntad, lo mismo va a pasar con este acuerdo que se ha suscrito y compañeros, cada vez que tomamos un acuerdo y generamos expectativas a la nación y no cumplimos, no solamente aumentamos la desconfianza de la población, sino que estamos dilapidando una oportunidad más y cada vez serán menos, para realmente operar las grandes transformaciones de este país.

No queremos para este acuerdo una situación donde vaya a ser algo menor o secundario; queremos que en este país la gente recupere la credibilidad, que vea verdaderamente que se va a tomar en cuenta su opinión, que hay una decisión de esta cámara de abrirse a los cambios, de abrirse a una reforma de Estado, de abrirse a la democracia, que queremos ser genuinos y legítimos representantes de la nación.

Vamos a tener que trabajar muchísimo para ello, pero no creo tampoco que nos sintamos muchos muy a gusto de estar sólo ocupando una curul, ver como las cosas suceden; este país se hunde, cae en bancarrota, cae en inestabilidad y no hagamos lo que esté al alcance de nuestra mano.

Nos está convocando el acuerdo a un esfuerzo muy importante que no deberíamos escatimar. No hay tampoco credibilidad, si no la hay hacia el Congreso de parte de la población y habrá que recuperarla, no la hay tampoco hacia el titular del Ejecutivo y eso hay que decirlo; y el Ejecutivo tendrá que demostrar con hechos no solamente que está dispuesto a firmar compromisos y hablar de una reforma del Estado, sino habrá de demostrar con hechos que verdaderamente sabe cumplir su palabra, que verdaderamente hay disposición para derribar las inercias que se van a erigir en contra precisamente de que avance el país, porque no es cierto que con la democracia todo mundo gana, como tampoco es cierto que con la paz todo mundo gana. Hay unos cuantos vivos, vivales, perniciosos que siempre le apostarán a la violencia, que siempre le apostarán a que no ocurran los cambios.

No es cierto que no hay obstáculos, hay muchas inercias, hay la vida de un país que ha vivido en el autoritarismo, que va a conspirar contra la necesidad realmente de transformar y habrá que ver unas nuevas prácticas en el Ejecutivo. No vamos a abrir una idea de dimes y diretes, pero si nosotros hemos dicho que firmamos un acuerdo nacional con los partidos y que ahí había un punto "F" que planteaba la solución de los conflictos electorales, le vamos a dejar a otros y ésa es la calidad humana en que se van a colocar, que digan que no es cierto.

Para nosotros son gente en la que difícilmente se puede confiar. No vamos muy confiados por eso. El país nos demanda que tenemos que caminar. Ha sido una propuesta nuestra la del diálogo nacional, la de hacer este diálogo nacional para la reforma de Estado, pero no somos ingenuos y no vamos con toda la confianza que quisiéramos. No hay razones para hacerlo.

Estamos tratando de abrirles expectativas a la población, que las cosas no se embotellen, se encajonen y vayan a reventar y a hacernos añicos aún más la estabilidad, pero no nos pidan confianza ni siquiera a nosotros, ya no a la población, no nos pidan credibilidad, porque todavía el Ejecutivo no ha dado elementos para que se le crea. No nos pidan credibilidad, tampoco el partido oficial, porque necesitamos realmente demostrarlo.

Es quizá esta oportunidad la que tengamos, ¿cuántas habremos de tener? Mucha gente nos dirá en la calle: el PRD otra vez ingenuo volvió a firmar, otra vez le volvió a creer al PRI.

Compañeros, yo siempre les he dicho esas opiniones. Estamos obligados a creer, estamos obligados a pensar que hay voluntad de cambio en todos, que estamos obligados a caminar por ahí, porque el día que pensemos que no se puede caminar, que no se puede hacer un pacto en este país para transitar a la democracia, nada tendríamos que hacer aquí, nada tendríamos que hacer en una vida política legal, no tendría sentido engañarnos a nosotros mismos. No podríamos ser honrados con nosotros mismos.

Tenemos desconfianza, mucha, y tenemos bases para tenerla, pero también siempre nos alienta una nueva expectativa que quizá ahora, no todos, pero quizá la mayoría se decida a empujar. Es una falta de credibilidad. Habremos de pagar, quizá el PRD, la fracción parlamentaria, por esta situación, pero habremos de seguir empujando. No nos vamos a rendir, no nos vamos a cansar, vamos a continuar.

Mi partido ha dicho y ha resuelto y ha condicionado el avance del acuerdo nacional que firmaron los partidos en la mesa de negociaciones, lo ha condicionado a que se cumplan los compromisos pactados en relación a resolver los conflictos poselectorales. Esto sigue vivo y se mantiene.

Nuestra situación como bancada es no atorar las cosas y darles expectativas, pero nadie piense tampoco que en manera alguna hemos perdido de vista esta resolución.

Esperamos que haya hechos más que palabras. Si de algo se ha cansado este país es de palabras. Si "Cantinflas" se inventó en este país es por la forma de hablar mucho, de los políticos no decir nada y mucho menos concretar.

Demostrémosle a este país que puede tener personajes mejores; que podemos ser coherentes y que podemos avanzar. Esta, quizá, sea una de las últimas oportunidades. Ustedes tienen la palabra y Ernesto Zedillo también. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Rafael Ayala López.

El diputado Rafael Ayala López:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

"Si el Estado entiende su misión y cumple su deber, vigoriza, orienta y dirige, recta y certeramente, a la sociedad para la consecución de sus fines.

Al Estado recto y sano corresponde una sociedad bien organizada, vigorosa y libre; al Estado, por el contrario, permanentemente corrompido, traidor a sus propios fines, desertor de su misión, corresponde una sociedad debilitada, oprimida, empobrecida, espiritual y económicamente deshecha."

Estas sabias palabras sostenidas por uno de los fundadores de Acción Nacional, don Efraín González Luna, son aplicables a la situación existente, que está clara para todos los mexicanos.

El sistema político actual ha llegado a un callejón sin salida por la corrupción, la ineficiencia y la ilegalidad. Ineficiencia porque han detentado el poder por más de 70 años y han retrasado el avance de México hacia estados superiores de progreso.

Si realmente hubiesen querido el bien superior del país y se hubiesen construido las rectas vías para su desarrollo, nuestro México no tuviera que ser reinventado cada seis años.

Corrupción. Es ya proverbial hablar de este tema. Hay mexicanos que se preguntan: ¿Cómo es posible que no se lo hayan acabado?

Las inmensas fortunas, amasadas por ex gobernantes priístas de todos los niveles son ampliamente conocidas, y eso sólo las que se ven.

Pero el efecto más grave sobre el pueblo es la práctica cotidiana de que todo se arregla con dinero, con influencias, a cambio de prebendas ilícitas.

El pueblo sabe por principio que toda autoridad es susceptible de venderse, salvo, por supuesto, honrosas excepciones.

La ilegalidad. La existencia de leyes en el país no es sinónimo de legalidad ni mucho menos de estado de derecho.

El sistema político impuesto a México desde 1929, tiene un poder desvirtuado que desprecia el cumplimiento de la ley, la manipula y transgrede o la utiliza como instrumento de una persona o grupo de personas para mantener su empresa de dominación sobre todos en forma impune.

Este dominio manifestado en una impartición privilegiada de la justicia, en la violación constante de los derechos humanos; en la utilización del fraude electoral, llamado eufemísticamente "patriótico"; en la complicidad entre los funcionarios públicos; en la aplicación desigual o arbitraria de la legislación fiscal y del rechazo a reconocer la soberanía de los estados.

Por esto y más, el saldo es necesariamente negativo.

Para Acción Nacional, como lo sostuvimos durante la pasada campaña política, es de vital urgencia para la nación mexicana el establecimiento de un auténtico estado de derecho.

Las principales causas del retraso y falta de democracia política, base ésa sí, del estado de derecho, lo constituye la naturaleza centralista del sistema político y de su institución que lo fortalece: el presidencialismo.

El desmesurado poder que acumula el Presidente le permite mantenerse, como una institución, a la que la sociedad no puede pedir cuentas.

El Presidente de la República es el gran dispensador de bienes y favores, es factotum, es tejedor de milagros, es centro, es gran elector.

La crisis que vive el país se debe principalmente a la disociación que existe entre una sociedad que ha exigido participar y un Gobierno que no ha querido escuchar.

En 1994 y ahora en 1995, como desde 1929, los intereses de una reducida élite determinan la vida política, social, económica y cultural del país.

El poder económico y el poder político, siempre en abierto contubernio. Un Gobierno autoritario y una sociedad débil son factores que inhiben el desarrollo del país, sin suficiente articulación social, sin un gran número de organismos intermedios autónomos, la sociedad no puede participar, porque no hay canales confiables para que hagan sentir sus aportaciones.

Esto ha provocado que el rumbo del país lo decidan unos cuantos. El sistema político priísta ha mantenido a muchos mexicanos en la perspectiva de recibir, mas no de participar. El paternalismo les funcionó cuando hubo que repartir, pero cuando se acabó hay lamentos y hasta rebeldía.

Sin embargo, el pueblo de México vive un nuevo nivel de conciencia y participación, que no sólo se manifiesta en la presencia de millones de mexicanos en la lucha político-social, sino sobre todo, en la convicción vivida de la propia dignidad, de la solidaridad, de la decisión de no abandonar el destino de la patria, en manos de quienes lo quieren someter.

En Acción Nacional sabemos que sólo el pueblo salva al pueblo. Que el Gobierno y su partido no lo han querido aprender.

La tardanza inexplicable durante sexenios por parte del Gobierno de la República, en suscribir un nuevo pacto social, en poner fin a un sistema caduco y agotado, en transitar a la democracia y a la justicia social, en rescatar y darle plena vigencia al estado de derecho, todo ello nos ha conducido a los actuales acontecimientos sociales, políticos y económicos.

Hechos de incertidumbre lo de la participación social del pueblo mexicano está rebasando a las instituciones, a las leyes, a los partidos políticos y a las autoridades gubernamentales.

Para Acción Nacional es necesario que exista un nuevo pacto social, por medio de reformas profundas en el corto plazo de leyes, de instituciones, de separar el binomio PRI-Gobierno, de apego y respeto al estado de derecho, y principalmente de una voluntad expresada en hechos.

En hechos que demuestren que se quiere transitar hacia una verdadera democracia, no sólo electoral, sino integral, que termine con la simulación, el corporativismo, la ilegalidad y la ineficiencia.

Para construir responsablemente las bases para este nuevo pacto social, se hace necesario que el Gobierno y su partido reconozcan, una por una, las causas por las cuales nos encontramos ante un muro político que el actual régimen parece no tener voluntad política para deshacer.

Las reacciones han sido tibias, coyunturales, sin convicción, sin emoción, y lo más grave, pareciera que sin la real voluntad política de hacerlo.

Nuestro voto en la calificación presidencial de abstención, de exigencias que el presidente Zedillo legitimara con hechos reales su Gobierno, y el avanzado proceso de descomposición de las instituciones de la República, obligan a recordarle que es urgente e indispensable, que el Acuerdo Político Nacional firmado en días pasados por todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso, requieren ya una definición con temas que se agenden en un calendario de inmediato.

Estos temas que Acción Nacional reiteradamente ha establecido, son los siguientes: reforma electoral nacional definitiva; supresión de apoyos políticos y financieros extralegales del Gobierno al Partido Revolucionario Institucional; definición de reglas claras para el funcionamiento de programas sociales de combate a la pobreza y la marginación, que siguen empleando fondos y bienes públicos para la utilización de los pobres con fines partidistas; compromisos para que los dos últimos puntos se apliquen en todos los estados.

Una reforma constitucional y electoral para que los ciudadanos del Distrito Federal puedan elegir a sus autoridades; una desvinculación real y clara en todos los ordenes entre el Gobierno y su partido; la prohibición efectiva y legal de la utilización de los colores de la bandera nacional con propósitos partidistas o facciosos; fin del presidencialismo centralista y respeto serio y cabal a la división de poderes; la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios.

Fin del monopolio informativo del Estado y plena vigencia de la libertad de expresión y el derecho a la información, consagrados en la Constitución.

Real separación de la administración pública federal del partido político de Estado, llamado PRI.

Y todos ellos los probaremos con nuestras afirmaciones, porque en Jalisco continúan los dispendios, la manipulación y la desviación de fondos públicos para favorecer al candidato del PRI; del tamaño de la desviación es el tamaño del miedo. Porque en Yucatán se cultiva el terreno para las próximas elecciones regalando despensas, artículos de costura y otros, en franco contubernio de autoridades federales con las locales, por supuesto, del partido oficial.

Por la inmoral práctica de dar a conocer a la ciudadanía de la frontera norte la reducción del precio de la gasolina, escogiendo a Baja California porque está gobernada por la oposición y dando la primacía de la noticia a las autoridades priístas antes que al gobernador constitucional. ¿Y saben quién fue a darla?, Ignacio Pichardo Pagaza, ex presidente del PRI, hoy secretario de Minas.

Hoy, la alternativa real para México es concretar a través de esta soberanía en donde están representadas las principales corrientes ideológicas y políticas del país, los compromisos que se derivan del acuerdo político nacional ya firmado. Esto fue apenas un esbozo de la urgente necesidad de reforma del Estado de ir más allá de lo electoral y de lo económico.

Es necesario un cambio profundamente cultural que reconstruya y ordene que dé auténticas esperanzas al pueblo y en el que participemos todos. Hay que ventilar, darle oxígeno al Estado mexicano. ¡No bastará un tanque, sino la creación de una atmósfera limpia y pura para que oxigene todo el tejido social!

El acuerdo es un avance, pero precisamos colocarnos como legisladores que saben interpretar la realidad social, al frente de estos cambios inevitables.

Por tanto, requerimos ya, operar las bases para el diálogo y la discusión. La buena fe, con lo que lo hagamos, dará la eficacia en los resultados. Si no hay respeto a la palabra empeñada y la congruencia entre el decir y el hacer, nunca avanzaremos.

Estamos convencidos que hablando se entiende la gente, pero si este escenario deseable y posible se convierte en un diálogo de sordos, en Acción Nacional sí sabemos cómo hacer que hablen los hechos. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Emilio Solórzano Solís.

El diputado Emilio Solórzano Solís:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Con el ánimo de conciliación y diálogo que en los presentes días las fuerzas políticas del país han hecho manifiesto a la opinión pública, acudimos los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional a esta tribuna, para fijar nuestra posición.

Pero no venimos a este encuentro de diálogo nacional a denostar con insultos de mala fe ni a confundir el espíritu de la reforma del Estado.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul):

¿Cuáles insultos le hizo el diputado de Acción Nacional? ¿Cuáles?

El diputado Emilio Solórzano Solís:

En este primer periodo de sesiones extraordinarias, de nuestra LVI Legislatura, es ocasión propicia para el análisis y la reflexión, para saludar con el mayor entusiasmo y esperanza el acuerdo político nacional que hace apenas unos días signaran los más importantes partidos políticos de México. Un acontecimiento como éste, constituye un gran avance hacia la democracia, más aun cuando en estos momentos, graves y complejos problemas existen en la realidad de México.

Para los mexicanos preocupados por la situación nacional, para quienes por encima de intereses personales o de grupo, deben de estar los intereses de la sociedad, es claro que el acuerdo suscrito por nuestros partidos y respaldo por las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara de Diputados, contribuye de manera importante al fortalecimiento de las instituciones nacionales y tiene como objeto, mantener la paz, la armonía y la unidad de la sociedad mexicana.

Debemos reconocer que no obstante las carencias, los problemas sociales, necesidades insatisfechas y la crisis económica que nos aqueja, nuestro país mantiene en alto su espíritu de lucha y su anhelo por alcanzar su desarrollo económico, político y social.

Por eso, en estos tiempos de cambio, queremos los diputados priístas sumarnos con buena fe, con lealtad patriótica y voluntad conciliadora, a las distintas corrientes dispuestas a conjugar esfuerzos en la tarea de alcanzar la reforma de Estado, pues el país reclama, y lo hemos dejado claro y manifiesto el propósito de nuestra fracción, que en todo momento nuestra voluntad política ha estado abierta. El diálogo nacional ha que ha convocado reiteradamente el Presidente de la República, Ernesto Zedillo, y que hoy apunta hacia una realidad a través del acuerdo político, nos llevará a consensos deseables para bien de los mexicanos. Trabajaremos, estoy seguro de ello, en un marco de racionalidad plural y de respeto a nuestras disidencias.

¡Bienvenida la época del diálogo y del consenso sin claudicaciones!

¡Bienvenida la pluralidad de opiniones! ¡Bienvenida la buena voluntad para rechazar la iracundia! ¡Bienvenido el saludable acercamiento entre fuerzas políticas nacionales, que será, sin duda, un parteaguas en la historia política de México!

¡Hoy, la tarea de gobernar ha dejado de ser tarea de un solo hombre y de un solo partido! ¡Así lo reclama el pueblo de México y así será! ¡Nosotros entendemos una reforma política del Estado que contenga como la más alta prioridad una reforma electoral, tan amplia y profunda que pueda considerarse como definitiva! ¡Una reforma electoral que comprenda, entre otros aspectos, la transparencia total de los procesos, la autonomía de los órganos electorales, la igualdad de condiciones en las prerrogativas y en los financiamientos de los partidos y de las campañas electorales! ¡Una reforma política del Estado que contemple el fortalecimiento del Poder Legislativo para que esta soberanía nacional cumpla cabalmente sus funciones, en un marco de mayor equilibrio entre los poderes!

¡Consideramos una reforma política pues del Estado, que lleve hasta sus últimas consecuencias la reforma del Poder Judicial y de los sistemas de seguridad pública que nuestra sociedad reclama con urgencia!

¡Proponemos también un nuevo federalismo, que reconozca plenamente la función política y económica de los estados y municipios en el desarrollo del país! ¡Un federalismo más equitativo y eficaz en el sistema de redistribución tributaria y de coordinación fiscal!

¡Un federalismo que reconozca realmente al municipio como la célula básica de la división territorial y política del pacto federal!

¡Un federalismo que incluya una reforma política para el Distrito Federal y de su estructura de Gobierno en su relación democrática con la sociedad!

¡Un federalismo que reconozca la pluralidad étnica nacional que preserve y respete la cultura y la tradición de las zonas y municipios indígenas!

¡Un federalismo, en suma, que propicie procesos de descentralización y una integral desconcentración de la vida económica y social!

¡Proponemos una reforma política del Estado, que revise a fondo los medios de comunicación social y su influencia en la cultura y en la vida nacional!

¡Consideramos, por último, una reforma del Estado que revise las relaciones de éste con la sociedad civil y que reconozca jurídica y políticamente, la importancia social de las agrupaciones ciudadanas que ya participan activamente en nuestra sociedad!

Estos son, entre otros, algunos de los temas de mayor importancia de este diálogo que ahora iniciamos y que deben necesariamente traducirse, primero, en una consulta pública con los diversos grupos y organizaciones de la sociedad civil y, segundo, en las consecuentes reformas al marco legal, a fin de institucionalizar los cambios que la sociedad demanda. Por eso, saludamos el inicio de este diálogo, por eso es que convocamos a las corrientes de todos los partidos políticos para que conjuntemos esfuerzos y avancemos en la pluralidad, para que ensanchemos el camino de la democracia.

Fortalecer al estado de derecho que demandamos y merecemos los habitantes de este país, es el imperativo para quienes participamos en la vida pública y debe ser también imperativo para los partidos políticos.

Discrepar, disentir, sostener puntos de vista encontrados no nos convierte en enemigos. La mesura, la ponderación y la prudencia deben prevalecer frente a la irracionalidad. De la pluralidad política e ideológica debemos sacar puntos de acuerdo, para servir al país y fortalecer su estructura democrática.

Compañeras y compañeros legisladores: en esta nueva etapa de la vida política de México, que se inicia con el Acuerdo Político Nacional, debemos respetarnos para dar respetabilidad al diálogo nacional. La pluralidad y el consenso perfeccionarán nuestra democracia, con respeto para nuestras posiciones ideológicas. Dejemos atrás las pugnas, las persecuciones, los intentos de linchamiento contra quienes han tenido el valor de tornar propositiva su disidencia y creativa su oposición.

Antes que nada somos mexicanos, independientemente del partido en que militemos. Queremos el bien de la República y queremos el nuevo Estado, sano y vigoroso, que nuestra sociedad nos reclama. Muchas gracias.

El Presidente:

En su oportunidad, han solicitado la palabra, para rectificar hechos, los siguientes diputados: Francisco Curi Pérez Fernández, Gerardo de los Cobos Silva, Ignacio Ovalle Fernández Martín Equihua Equihua, Jorge Dávila y Juárez, Víctor Samuel Palma César, Rosa María Cabrera, Gerardo Arellano Aguilar, Píndaro Urióstegui Miranda, Raúl Castellanos Hernández, Fernando Garza Martínez, Primitivo Ríos Vázquez y Manuel Marcué y Pardiñas.

A ver señor diputado Ramón Sosamontes, para rectificar hechos.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul):

Señor Presidente...

El Presidente:

Señor diputado Manuel Marcué y Pardiñas, ¿en qué artículo fundamenta usted la prelación que está demandando a la Asamblea?

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul):

Para hechos pido la palabra.

El Presidente:

Por eso, para rectificar hechos, también están inscritos los otros señores diputados y tienen el mismo derecho que usted.

Todos los señores diputados tienen el mismo derecho, en razón de ese derecho, y por la relación que di a conocer a la Asamblea...

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul):

¿Cuándo la dieron? es lo que yo digo.

El Presidente:

Se inscribieron en esta Presidencia, señor diputado, y en su oportunidad dije: por lo tanto, de acuerdo con esta relación, para rectificar hechos se le concede la palabra en primer lugar al diputado Francisco Curi Pérez Fernández.

El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:

Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados:

Dos diputados que anteriormente se refirieron a la firma de un documento nacional que recientemente se dio a conocer en Los Pinos, hablaron de un acuerdo político nacional.

Yo quisiera precisar simplemente, para empezar, que estamos hablando y nosotros fuimos muy puntuales en esto, de un compromiso para el Acuerdo Político Nacional, así se intitula el documento, Compromisos para un Acuerdo Político Nacional. Para nosotros, es decir, para el PRD, el acuerdo nacional es algo mucho mayor que lo que se firmó en Los Pinos y algo en lo que nosotros tendríamos que comprometernos a fondo con el compromiso a fondo también del Gobierno de realizar una reforma democrática del Estado con la profundidad que el país lo requiere.

Cuando hablamos de reforma de Estado, surgen de inmediato dos grandes sombras, que empañan la intención y la posibilidad de llevarla a cabo; la primera es la grave preocupación, yo diría fundada preocupación que tenemos muchos de que una reforma de Estado sea semejante a la reforma de Estado que sin duda se aplicó y que fue también muy profunda durante seis años en el régimen de Carlos Salinas de Gortari.

Y otros, también tienen el temor fundado de que hay una generalizada desconfianza de que ahora sí el Gobierno ofrezca una salida democrática a través de una reforma profunda de Estado.

Muchas son las características y los elementos de los cuales podríamos disponer para puntualizar que la reforma de Estado, que se efectuó durante seis años fue ajena, profundamente ajena al interés nacional y que la Cámara de Diputados en buena parte solamente participó como una instancia de trámite, como una instancia que validó decisiones que no fueron tomadas en esta soberanía.

Creo que la confrontación y el acuerdo siendo antagónicos son consustanciales a la democracia y hoy es el momento de privilegiar la propuesta por encima de las discrepancias y de la competencia. Si queremos realmente comprometernos con un nuevo modelo en México, tenemos que hacer un gran esfuerzo todos por superar resistencias de unos y de otros para arribar a una reforma consensual.

El doctor Ernesto Zedillo ha dicho que el PRD será una de las fuerzas que tendrá que ser tomada de manera indispensable para llegar a arribar acuerdos para la reforma democrática de Estado. Esto para nosotros es un compromiso muy importante que yo quisiera puntualizar.

Si atendemos a la normatividad existente, pareciera posible que con una mayoría pudieran sacarse aquí en esta Cámara resoluciones en las que el PRD no participara. No necesariamente, pues se requeriría que el PRD participara para que aquí se tuviera una reforma en tal o cual sentido, por eso, la palabra presidencial que la tomo en este momento, es pilar fundamental para el compromiso que nosotros podemos tener en esta reforma de Estado.

Es por lo tanto, un compromiso también de responsabilidad para el propio PRD llegar a superar sus propias contradicciones como cualquier partido político las tiene para llegar y arribar a una reforma profunda, a una reforma de compromiso nacional.

Realmente muy poco tenemos para confiar en la palabra del régimen. Durante seis años, el régimen de hecho acordó consigo mismo y convocó a formalizar sus decisiones aquí en la Cámara de Diputados...

Señor Presidente, yo pediría si la Asamblea tuviera a bien darme unos minutos más para continuar.

El Presidente:

Continúe el orador.

El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:

Muchas gracias. Este hecho no se dio por error, ni por omisión, se hizo premeditadamente y se hizo premeditadamente, porque para imponer un modelo de desarrollo como el que privó durante seis años se requería de una gran dosis de autoritarismo, de una gran dosis en la que se cerrara la puerta al diálogo auténtico entre las fuerzas políticas.

Compañeros diputados, cuando la oposición ve cancelada por sistema la posibilidad de la alternancia en el poder, la posibilidad de influencia en las grandes decisiones de la República, se distorsiona la relación entre los partidos y se desata una lucha feroz. No es el momento de estarle echando fuego a la lumbre y por esa razón es importante que hoy tratemos de cerrar filas hacia una propuesta única en la que todos los partidos estemos de acuerdo y la única propuesta es la salida democrática y de fondo.

Estamos dispuestos a construir con todas las formaciones políticas un gran acuerdo nacional, para buscar las mejores soluciones a los graves problemas que enfrenta México, no para ser usados para acompañar una fotografía; no para ser utilizados como comparsa; no para hacer más de lo mismo y que el pueblo de México se dé cuenta que le fallamos nuevamente aquí en la cámara; es el momento de que la cámara sea el eje fundamental de esta reforma, es el momento ante una sociedad más atenta y más participativa, de construir consensos y de ser el eslabón entre la sociedad y el poder, de ser el by pass, de ser el engarce entre lo que la sociedad piensa y lo que el poder tiene que decidir respecto a esta importante reforma.

El país tiene derecho a esperar y a exigir la transferencia política para el equilibrio de poderes, la distancia para comenzar el deslinde del Estado con su partido, la sensibilidad para atender los reclamos sociales y valorar el peso de las ideas y de las simpatías que éstas generen en la sociedad, vengan de donde vengan; la tolerancia para sostener un diálogo verdadero, la justicia para garantizar procesos electorales limpios, equitativos y democráticos; el respeto para quienes no compartimos su opinión y sostengamos públicamente nuestra discrepancia.

Vamos a enfrentar en principio la reforma político-electoral. México hoy está en un grave desequilibrio. Este año enfrentamos 14 procesos de renovación de gobernadores en los diferentes estados de la República y varios más para renovar congresos y municipios.

Si no damos un paso firme para lograr una reforma electoral transparente que será el primer eslabón de la reforma democrática del Estado, tendremos un país incendiado y con problemas de suma gravedad.

La crisis que hoy vivimos será un triste remedo de lo que podemos esperar a mediados de año. No puede tener el país una posibilidad de desarrollo y una salida, si aquí en el Congreso no nos ponemos los pantalones largos para hacernos cargo de esta crisis y para darle una salida política a la crisis que México vive hoy.

Por el Congreso y por México tendremos que dar el mayor esfuerzo, compañeros. Muchas gracias.

El Presidente:

Se recuerda a los diputados que para rectificar hechos, el reglamento establece cinco minutos.

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes(desde su curul):

Señor Presidente, muy respetuosamente, el grupo parlamentario de Acción Nacional no está de acuerdo en la organización que la Presidencia hizo de quienes solicitaron hacer uso de la palabra.

Hemos escuchado en la lectura de la lista que la Presidencia ha hecho, que quedaron acomodados siempre en el mismo orden, PRD, PAN, PRI y si estamos debatiendo con el reglamento sobre hechos, no puede haber un orden preestablecido, porque se va a revolver el debate en términos de que unos diputados quieren tratar sobre un tema y la Presidencia está dando la palabra indistintamente del tema que se está tratando.

Respetuosamente, Acción Nacional retira sus oradores y se ceñirá al uso del reglamento, a solicitar públicamente la palabra para hechos, por cinco minutos, tener uso de la tribuna.

El Presidente:

Esta Presidencia, atendiendo la petición que nos formula la fracción parlamentaria de Acción Nacional, pero con los nombres anteriormente registrados, vamos a proceder desde luego en el sentido que lo marca el reglamento y estamos de acuerdo.

De Acción Nacional, ¿quién es el que solicita el turno?

Entonces, ¿quién solicita la palabra de la relación inscrita?

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul):

Yo, señor Presidente.

El Presidente:

En consecuencia y tal como lo establece el reglamento, no hacemos caso de la previa inscripción. Se le da la palabra entonces, al señor diputado Marcué y Pardiñas.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Miren señores, pongamos atención todos, no se puede pedir la palabra para hecho, cuando no se conoce el mensaje de los compañeros de todos los partidos que han venido a hablar aquí. Es un error, no nada más y lo digo con un gran respeto para el señor, es un error que nos equivoquemos todos, porque todos lo pidieron para hechos sin conocer el mensaje de los compañeros. Dicho eso, voy a decir esto:

Señores, he oído cuatro intervenciones importantísimas para la vida de este Congreso, importantísimas.

Yo digo que hay posibilidades en este momento de entendernos, de entendernos con franqueza, pensando en la historia de este país y pensando en el futuro de este país. Los oradores, los cuatro oradores, los señores de Acción Nacional, los señores del PRI, el orador del PRI, el orador de Acción Nacional, el orador último de mi partido y todos los que han hablado, han hablado bien pensando en México.

Yo quisiera señores, como mexicano, que tengamos conciencia de la responsabilidad; que pensemos en el futuro de nuestros hijos, porque a algunos ya nos falta poco tiempo para desaparecer y nos debe preocupar el porvenir de los que vienen.

Es el momento de unirnos para hacer un Congreso respetable, señores, respetable en beneficio del futuro de esta tierra y en respeto a todos los mexicanos que han luchado en todo tiempo: en la Independencia, en la Reforma y en la Revolución, para hacer un México mejor, compañeros.

El Presidente:

Para rectificar hechos, el diputado Fernando Garza.

El previo registro quedó cancelado, hay que esperar a que termine el orador.

El diputado Fernando Garza Martínez:

Señor Presidente, quiero avisarle, desde este momento, que pido su autorización para pasarme unos cuantos minutos en la exposición que voy a hacer.

Con su permiso, señor Presidente; amigas diputadas y diputados:

Cuando el martes 17 de enero se firmó, en Los Pinos, el documento llamado "Compromisos para un Acuerdo Político Nacional", hubo voces que echaron a vuelo las campanas, como si hubiéramos de pronto pasado de un sistema antidemocrático a otro de plena democracia, pero la historia nos ha enseñado a los miembros de Acción Nacional, que la firma de un catálogo de buenas intenciones no necesariamente se refleja en hechos reales.

Advertimos hoy que estos compromisos para un acuerdo político nacional deben iniciar ya y aquí no cabe un doble lenguaje de ninguna de las partes, ni la amenaza, ni el chantaje. No apostamos al encono ni a la venganza ni al pasado, ni al fatalismo, sino a la reconciliación, a la justicia, al futuro y a la esperanza.

Lo que sucede en Jalisco hoy es un ejemplo claro de lo que no queremos más. La guerra sucia en contra del PAN y sus candidatos está a la orden del día en nuestro Estado, guerra en la que el PRI está volviendo a sus prácticas de siempre, pero en nuestra entidad de una manera más asentuada.

El PRI recurre a volantes difamatorios y calumniosos contra el partido y sus candidatos en tal cantidad que sólo lo pueden permitir una disponibilidad abundante de recursos, tanto humanos como materiales, en total incongruencia con lo que pide el Presidente de la República al pueblo de México de hacer todos un sacrificio para salir de la crisis económica tan grave que vive el país. ¿Es así como se pretende implementar el diálogo nacional?

Además, existe una presencia importante de "mapaches" electorales encabezados por Enrique Ibarra Pedroza, actual secretario del PRI en Jalisco y un cúmulo de ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación plenamente identificados como especialistas en alquimia electoral, cuya presencia nos hace suponer de un intento desesperado del priísmo de Jalisco para revertir tendencias claramente desfavorables.

Queremos advertir que la ciudadanía de Jalisco se ha decidido y junto con nosotros defenderemos los votos que darán el cambio que tanto anhela nuestro Estado.

Jalisco exige hoy, ante esta tribuna, con su voz representada democráticamente por 13 diputados de Acción Nacional, que la palabra empeñada por el Presidente, el pasado 1o. de diciembre no se transforme en mentira.

El candidato del PRI, contra toda evidencia, ha dicho que sólo en teoría ganará el PAN, pero que en la práctica el triunfador será el PRI.

En la práctica esto es pragmatismo. Dicho sea de paso, con esto busca desmentir lo declarado por el gobernador del Estado y otras personalidades de origen priísta que han reconocido que Acción Nacional triunfará, este próximo 12 de febrero.

Pero de esto, nos surge la pregunta: ¿Qué van a hacer los candidatos del PRI y su partido, para mañosamente revertir el sentido que el voto de los jaliscienses manifestarán en esta próxima elección?

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Ya anunciaron los resultados de una encuesta fantasma en la que mencionan datos que a todas luces no son creíbles.

Esperamos que no tenga que ser interpretado como hecho, que ya anunciaron un resultado y harán todo lo necesario para llegar a ello.

Vamos aquí a hacer señalamientos acerca de las irregularidades que se han observado.

Hay iniquidad en el manejo de recursos económicos, con un derroche que en estos momentos de crisis ofende a la ciudadanía.

Existen volantes difamatorios en contra de nuestro partido y sus candidatos, que se reparten en forma abundante en todo el Estado.

Se hace una campaña de manipulación al electorado, diciendo que si Acción Nacional gana no habrá recursos para el crecimiento del Estado, para el Procampo, para los Tortibonos, para la leche de Liconsa, etcétera.

Ha vuelto la alianza del PRI con otros partidos, desarrollando en conjunto una campaña de ataque y desprestigio contra Acción Nacional, utilizando mentiras o verdades a medias manipuladas, recordando la táctica maquiavélica de "miente, miente que algo quedará".

Se ha obstaculizado la modificación del Código Penal del Estado, que en ningún lado contempla las penas en que incurren los delincuentes electorales.

En estos momentos hay funcionarios priístas que, desatendiendo al llamado de la Comisión Estatal Electoral, están dando graciosas concesiones a los ciudadanos en una clara intención de manipular el voto.

No señores, no pretendemos crear confusión antes de la elección, pero en la práctica vemos señales alarmantes que nos indican que los priístas de Jalisco no han entendido o no han querido entender los nuevos tiempos que vive el país y se aferran a sus viejas prácticas para no respetar la voluntad ciudadana y para no tener una elección limpia y transparente.

Quizá algunos se pregunten: ¿por qué el priísmo de Jalisco implementa toda esta estrategia? La única razón que encontramos es el hecho que en nuestro Estado están totalmente perdidos; encuestas de opinión serias dan una ventaja importante a nuestros candidatos.

Y lo que más les duele saber es que tienen perdida la gubernatura del Estado. De ahí su estrategia con el objetivo inmoral de desanimar al electorado a que no acuda a votar.

Queremos responsabilizar al gobernador Carlos Rivera Aceves, de que se dé la limpieza en su propio proceso electoral.

Asimismo, termino, exigimos que él, como el primer priísta del Estado, pare la campaña calumniosa en contra de nuestro partido y de nuestros candidatos, de la cual pensamos él no es ajeno.

La democracia electoral debe garantizar la competencia equitativa y transparente para que cada elección municipal estatal o federal, nos deje satisfechos a todos, cualquiera que sean los resultados y esto es lo que exigimos para Jalisco.

Ya lo dijo nuestro presidente nacional: "...1995 es el año del juicio político al PRI-sistema". El pueblo de Jalisco está harto de tanta inseguridad.

De la proliferación del narcotráfico, sin olvidar que no se han señalado culpables de la tragedia del 22 de abril. El pueblo de Jalisco saldrá decidido el 12 de febrero a cobrar todas las cuentas pendientes que le debe el PRI y aceptar la propuesta de cambio de Acción Nacional y tengan la certeza, amigos priístas, que vamos a defender el voto ciudadano, no estamos dispuestos a permitir, de nueva cuenta, sea burlada la voluntad del pueblo de Jalisco. Muchas gracias.

El Presidente:

Señores diputados, miren, aquí, en la Presidencia se escuchan al mismo tiempo muchas voces y no se entiende la interlocución del señor diputado. Aquí no se entiende, si el señor diputado, con todo respeto qué cosa es lo que solicita.

El diputado Rodolfo González Macías (desde su curul):

Para alusiones personales.

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El Presidente:

Tiene la palabra, para contestar alusiones personales.

El diputado Rodolfo González Macías:

Señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:

Acabamos de escuchar con todo cuidado y atención varias intervenciones de diferentes compañeros, que han hecho uso de la palabra, en relación a un tema fundamental para la República.

Estamos tratando, de acuerdo con la orden del día, sobre los acuerdos nacionales, fundamentales en estos momentos, para nuestro país y para nuestra patria.

Sin embargo, hemos escuchado como en alguna forma muy particular, algunos diputados de Acción Nacional, han tratado directamente el problema preelectoral de nuestro Estado, Jalisco. Hemos sido testigos, el pleno de esta cámara, de como se desperdicia el tiempo de la máxima tribuna del país.

Venir a leer una entrevista periodística, lo considero una ofensa elemental a la inteligencia. Porque considero que todos los aquí reunidos y los aquí presentes, en nuestro, de carácter de legisladores, estamos obligados a tener conocimiento de las declaraciones de los principales dirigentes de nuestro país, independientemente del partido en que militemos. Se necesita ser un caradura y un descarado, para hacer abuso del tiempo de la tribuna del país.

Yo no entiendo como en este momento tan importante para la historia de Jalisco y, en consecuencia, el parteaguas democrático de nuestra tierra, nos encontramos escuchando una serie de refritos publicados en diferentes diarios, definitivamente que no estamos de acuerdo.

Y por supuesto, que los priístas estamos seguros del trabajo político que venimos haciendo, no en campañas preelectorales, sino desde hace muchos años en nuestro Estado y en nuestro país.

Escuchamos con cuidado y atención la actitud maniqueísta de alguno de los diputados de Acción Nacional.

Quiero dejar constancia, mi respeto por el Partido Acción Nacional, mas no a la gente que usando la palabra a nombre de Acción Nacional, viene hacer uso de esta tribuna, para decir una serie de cosas totalmente fuera de la realidad.

El maniqueísmo, el fundamentalismo y esta actitud antipriísta sistemática, está fuera de todo contexto.

La pluralidad no significa necesariamente oposición. La democracia no se fundamenta en una lucha sin cuartel de amigos y enemigos; no es la dictadura perpetua de la mayoría, ni la rebelión por impotencia de las minorías. La democracia es, ante todo, diálogo y consenso. La democracia es posibilidad de acuerdos en lo fundamental, implica, en todos los órdenes, un sistema en el que individuos y grupos deben buscar la coordinación, no la subordinación. Que nadie espere, ni menos en Jalisco, gobernar si no se lo confía el voto popular.

Y queremos dejar con claridad estableciendo principios fundamentales: los jaliscienses como lo hicimos en el siglo pasado, como lo hicimos al principio de este siglo y como lo seguiremos haciendo, estaremos luchando siempre al lado de las clases populares y al lado de las clases de los necesitados. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Ha solicitado la palabra para contestar alusiones, el diputado Martín Hernández, de Acción Nacional.

El diputado J. Jesús Ortega Martínez (desde su curul):

Señor Presidente: está apuntado desde hace un rato para hechos, el diputado Sosamontes, de la intervención del diputado que tomó la tribuna hace un momento, nunca oí alusiones al diputado Martín, por lo tanto, le ruego que le dé la palabra al diputado Sosamontes, como estaba apuntado.

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El Presidente:

Rogamos a la Secretaría dar lectura al artículo 102 del reglamento.

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

" Artículo 102. Los individuos de la cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales cuando haya concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de cinco minutos."

El Presidente:

En consecuencia, y para poner orden, que es necesario, para la continuación de esta Asamblea, de acuerdo con la exposición del señor diputado Ortega, efectivamente, no ha habido alusión personal, el reglamento lo dice muy claro. Vamos a rogar muy encarecidamente al señor diputado Martín Hernández, que nos permita desahogar la intervención del diputado Sosamontes e inmediatamente usted.

El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

El punto de este día no puede ser rebajado a un asunto de trámite cualquiera, se puede decir que lo habido ayer, como un hecho histórico, es comparable o más quizá a lo aquí expuesto hace unos minutos, al principio de la sesión.

Se leyó, por parte de una comisión legislativa del Congreso de la Unión, una propuesta para iniciar el diálogo nacional para la reforma del Estado mexicano; una propuesta firmada de manera unánime por gente de diferentes partidos que en otros lados y en otras trincheras se enfrentaron políticamente; pero que por Chiapas juntaron sus convergencias, por Chiapas presentaron a este pleno, una propuesta única, única, que al mismo tiempo en la Cámara de Senadores fue presentada por una comisión del Congreso de la Unión, donde firman: Luis H. Alvarez, Heberto Castillo, López Velarde, por el Senado; donde firman diputados nombrados por nosotros, de los diferentes partidos, y nos presentan como propuesta para que aquí en este Congreso, en la Cámara de Diputados, seamos la base de discusión para que con toda la sociedad podamos reformar al Estado mexicano.

Aquí dijo claramente el que intervino a nombre del PRI, que esto ha dejado de ser el gobierno de un solo hombre y un solo partido, y dicho por él a nombre del grupo del partido gobernante, es importante para México decir que Chiapas; se puede solucionar principalmente por la reforma del Estado mexicano, es ir a fondo, es no quedarse en algunas comisiones por ahí, sino a fondo para terminar con el presidencialismo absolutista y dar paso a un presidencialismo democrático, tal como señala la agenda presentada acá. No podemos menosvalorar esta propuesta ni mucho menos, ni mucho menos el que García Cervantes, Humberto Roque, Jesús Ortega, Alberto Anaya hayan firmado un punto de acuerdo para que esta cámara inicie el trabajo para el diálogo nacional.

Vienen 14 elecciones; sí, es cierto, en este país, en los estados. ¿Podemos o no ser garantía antes de las transformaciones para que no haya Tabascos o Chiapas; para que no empecemos desde ahorita, como dicen unos diputados de Jalisco, a empezar a hablar de lo que sucede en Jalisco y decir ya su verdad frente a otra verdad de parte del PRI y así cada quien, quizá la verdad de parte del PRD en julio en Michoacán? ¿Podemos ser garantes de que haya elecciones limpias? Podemos hacerlo porque hubo ya un punto de acuerdo dicho aquí, a nombre de todos, y al cual le dimos bienvenida todos nosotros, todos los diputados. Esto es lo que hay que transmitir a la sociedad; este punto de acuerdo. Somos y podemos ser clarantes para que haya elecciones limpias en estas 14 elecciones, para que en esas 14 elecciones, lo que sea la lectura del pueblo mexicano, es, que hubo elecciones, que la gente votó y que quien gano, lo ganó por derecho, no por imposición.

Nosotros ahora escuchamos con respeto lo de Jalisco. Lo escuchamos con respeto, y escuchamos también el alegato del compañero del PRI, y en el caso del PAN, aquí como nosotros decimos: "Si en Jalisco gana el PAN, lucharemos porque se respete esa victoria. Si gana el PRI, también. Así como luchamos y pedimos también el apoyo en el caso de Tabasco y Chiapas".

Compañeros diputados: ¡recobremos ese acuerdo que se logró, sin un tiro, en Chiapas para el diálogo de reforma de Estado, y recobremos el punto de acuerdo de los coordinadores de grupos parlamentarios para iniciar lo que todo el pueblo de México espera, que es la reforma democrática del Estado mexicano! Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Martín Hernández.

El diputado Florencio Martín Hernández Balderas:

Con su permiso, señor Presidente:

¡Sí, señor diputado Rodolfo González Guevara, sí estamos tratando un tema nacional! ¿Qué acaso la nación no es un conjunto de estados y lo que sucede en ellos sucede en la nación? ¡Venimos y mencionamos el caso de Jalisco, precisamente porque estamos buscando las condiciones que inviten a un diálogo nacional! ¡Precisamente porque creemos que este diálogo se va a dar entre personas inteligentes, entre personas que están dispuestas al diálogo!

¡Y, señor, venir aquí a llamarle a un compañero únicamente "caradura" o "descarado", no es de personas inteligentes y eso es lo que no invita al diálogo nacional!

Estamos hablando de una situación preelectoral, ¿sí?, precisamente porque queremos prevenir, precisamente porque no queremos esperar a que Jalisco se agregue a la agenda de asuntos no resueltos: ¡tenemos Tabasco, tenemos Chiapas, tenemos Veracruz y hay otros estados como Guanajuato y San Luis que tienen asuntos pendientes!

¡Esto es lo que no queremos que suceda después, también el caso de Jalisco! ¡Que no tengamos que llevarlo a una situación de conflicto preelectoral, que ya se está dando, a una situación de conflicto poselectoral! ¡Y de esta manera haya condiciones para poder acceder realmente a este diálogo nacional, que es lo que realmente nos preocupa y que estemos de acuerdo!

¡Es el tema, pero no podemos olvidar lo que sucede en cada uno de los estados que conforman la nación! Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ignacio Ovalle Fernández.

El diputado Ignacio Ovalle Fernández:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Es muy estimulante el acuerdo interpartidario, que aquí se nos ha dado a conocer. Todos los mexicanos tenemos, y con mayor razón los representantes populares, el deber de contribuir a hacer posible ese diálogo nacional para la reforma política de Estado. Esta reforma, como aquí se ha señalado, tiene dos vertientes fundamentales: una muy vasta, incluye la revisión y eventual reforma de muchas instituciones republicanas, como certeramente lo señaló aquí el diputado Francisco Curi y el compañero priísta que hizo la exposición de motivos por nuestra parte, la fijación de posiciones.

La otra vertiente es la reforma electoral definitiva. Cuando a esta reforma se le denomina definitiva, no se quiere decir que sea perpetua. No hay leyes humanas que sean, ni deban, ni puedan, ser eternas. El árbol de la ley para que florezca debe podarse con la regularidad que las condiciones demanden.

Cuando se dice que esta reforma se desea que sea definitiva, se está aludiendo a otros elementos esenciales. Uno de ellos es que debe ser producto de un auténtico espíritu de consenso. Dicho sea en términos del presidente Zedillo: "La construcción democrática debe satisfacer a todos, para que sea respetada y cuidada por todos".

Otro elemento, que va de la mano del anterior, es que no se busca simplemente otra legalidad, sino algo mucho más profundo y complejo, algo que hunde sus raíces en la fe espontánea del pueblo, en el mundo de los hechos que se dan por sentados y que nadie discute, en el paisaje moral que sirve de fondo a los afanes cotidianos de todos. Lo que nos espera al final de nuestras tareas no es, pues, únicamente, por más que sea muy valioso, una nueva ley, sino la conciencia de arribar a una nueva idea de legitimidad que sea aceptada por todos.

La agenda obviamente es muy amplia. Su desahogo comprende la discusión de los temas más agudos, como son financiamiento, gastos de campaña, acceso pleno a los medios de comunicación por parte de todos los partidos, búsqueda de fórmulas que hagan una realidad satisfactoria el derecho a la información, sin coartar la libertad de expresión ni instaurar fascistas delitos de opinión y, desde luego, lograr entre todos la autonomía plena de las autoridades electorales.

Para nosotros lo priístas no hay temas proscritos, pero tampoco, entiéndase bien, soluciones prescritas, menos aun si provinieren del capricho. La tarea que tenemos por delante no será sencilla. Los partidos aquí representados tenemos entre nosotros, digámoslo con franqueza, algunas, quizá muchas cuentas pendientes. Todos a nuestra vez estimamos desde nuestra perspectiva ser en esos lances la parte agraviada y ello coloca los factores emocionales en niveles críticos que en algunos casos, lamentablemente, desbordan en violencia verbal y alejamiento de la ponderación crítica.

No propongo que las cuentas pendientes, muy delicadas algunas de ellas, sean preteridas u olvidadas, pero sí evitar que el pasado pese más en nuestras conciencias que nuestro compromiso con el porvenir.

El PRI alienta la confianza de que en todos los partidos es mayoritaria la voluntad de superar las complejidades de esas cuentas pendientes y llegar a bases de entendimiento. Cada quien, quizá, encontrará resistencia entre sus duros, pero tengo la convicción de que ellos están francamente perdidos.

La nación espera de nosotros el talento suficiente para no naufragar en la coyuntura de los problemas de éste o aquel Estado a la hora de emprender la agenda de esta agenda política y percibir en cambio la invaluable oportunidad que tenemos de evitarle calamidades mayores al país. No va a ser con la abstención o con condicionamientos a ultranza como lo lograremos.

Estoy cierto que habrá cooperación entre las fuerzas políticas que representamos, estoy cierto que todos, no sin antes doblegar los fantasmas del orgullo y el rencor que a veces atenazan la voluntad de los hombres, labraremos la nueva democracia mexicana.

El PRI, seguro de su fuerza y de las alianzas populares e históricas que le dan sustento, acude con entusiasmo una vez más a la construcción del nuevo orden, las nuevas normas que han de regir nuestra democracia, esa democracia que todos deseamos, ese espacio común y civilizado para dirimir nuestras diferencias, ese espacio en el que el PRI seguirá contendiendo, respetuosamente y en plano de igualdad, con otros partidos.

Finalmente, y lo digo con todo respeto, cuando se haya consumado esa reforma electoral definitiva, compañeros de la oposición, el PRI los cita en las urnas, donde en buena lid esperamos, por supuesto, volver a ganarles.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Martín Equihua Equihua.

El diputado Martín Equihua Equihua:

Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas, compañero diputados:

No cuesta mucho trabajo suscribir lo que ha dicho aquí el diputado Ovalle, como no cuesta mucho trabajo también suscribir mucho de lo que se ha dicho en esta tribuna; sin embargo, es claro que para que el diálogo nacional arribe a buen plan, hay todavía muchas piedras filosas en el camino. Ojalá que nos gane la racionalidad para que la tolerancia no sólo sea una figura de nuestros discursos, sino una práctica de esta LVI Legislatura y aspiramos a que sea también una práctica cotidiana de toda la sociedad.

Qué bien que la Comisión para el Diálogo haya considerado que en éste no pueden ser sólo los partidos políticos, que no puede ser sólo esta cámara, sino otros actores de nuestra sociedad los protagonistas del mismo, a eso quiero referirme, sobre eso quiero insistir, no sin antes decir que había solicitado al coordinador de mi fracción que me inscribiera en la lista que a menudo se pasa a esta Presidencia y que ahora lo hago con un tiempo más limitado. Quiero referirme a unos hechos que no tengan mucho que ver con la discusión áspera que aquí se está dando.

El último niño que murió de la insoportable lista de 57 escuintles mixtecos a quienes se los llevó el sarampión, se llamó Felipe, su saxofonero padre lo había dejado por la mañana para ir a tocar más música de ángeles con Lupita, su sobrina, quien cerró sus ojos en la madrugada de un día más de pequeños muertos. Las flores frescas del panteón inundaron a Buenavista, municipio de San Luis Zagatlan, Guerrero, el trimestre de enero a marzo de 1990.

Entonces ellos no estaban preocupados por las 17 mujeres, como ahora, por las 17 mujeres con matriz caída y sin dinero, o por esa nueva enfermedad que anda y no tiene cura, donde se van poniendo morados hasta la muerte. Recuérdese bien compañeros diputados, 57 niños muertos en menos de tres meses en una pequeña comunidad del Estado de Guerrero, no hace mucho de esto en verdad, aunque es una tragedia anterior, a los muertos de cólera del Alto Balsas, Acatepec, Omixtecapa, o al linchamiento de siete asaltantes de Zapotitlán Tablas, todo esto en el Estado de Guerrero. Buenavista no los olvida, como no olvidará nunca que los dejaron morir porque no había presupuesto, porque estaba muy lejos, porque eran del PRD o del PPS, quién sabe de qué "P" según funcionarios de una salud selectiva. En realidad no eran más que chiquillos desnutridos, traviesos y retozones, analfabetas, ignorantes de que querían reducirlos a un número o a una tasa de mortalidad, si algún reconocimiento habría para ellos, ignorantes de haber sido la carne de los números tristes de la desnutrición, el analfabetismo etcétera, que configura la deuda histórica con quienes han estado siempre en las trincheras del honor que ha dado forma a esta nuestra nación.

Estos escenarios de muerte más crudos en algunos pedazos de montaña, más tolerables en otros en que viven millones de mexicanos indígenas, no pueden seguir siendo ignorados; el alzamiento en Chiapas no hace exclusivas de esa reacción las condiciones de pobreza e injusticia de los pueblos indígenas, la eventual y deseada negociación y solución del conflicto tanto como el diálogo nacional, deberán pasar por el expediente siempre postergado de los indios de nuestro país.

De otra forma compañeros diputados, que nadie se engañe y esté atento a cualquier vereda, cualquier tiempo, a cualquier cosa.

No basta un reconocimiento constitucional de la pluralidad si no garantizamos oportunidades para todos. No es suficiente el reconocimiento en papel de los derechos culturales si se ignora el acceso a derechos económicos y políticos; ¡es tiempo de que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado y ratificado por México y en vigencia, en su calidad de ley suprema según el artículo 133 de nuestra Constitución se cumpla y se convierta en punto de partida para ir al fondo del reconocimiento de los derechos históricamente negados a los pueblos indígenas.

Empecemos así con hechos trascendentes el decenio internacional de las poblaciones indígenas del mundo recién acordado por la Organización de las Naciones Unidas.

Es inadmisible que buscando eludir la realidad se hable con tanta pasión desde el poder político, desde el poder económico y sólo como objetos del turismo, de nuestras profundas raíces, de las grandes culturas del pasado, del colorido y las manos mágicas de nuestros indios, de la artesanía que se pinta sola y de los monumentos sagrados como estrellas del monopolio televisivo. Es un imperativo ético y político afrontar la problemática de los pueblos indígenas y el de que ésta se constituya en una prioridad ineludible de la nación y por tanto de esta LVI Legislatura.

Muchos, muchos y ciertamente no todos de los cerca de 15 millones de indios vivos, en su mayoría extremadamente pobres preguntan que ¿cuándo a este ritmo de ajustes estructurales y programas de emergencia económica llegarán a ser cuando menos pobres a secas?, ¿cuándo?, ¿cuando se tendrá la confianza de que el futuro no ha sido también despojado, quizá, y ya que estamos en eso de garantizar futuros, cuando se comprometan también los recursos de la venta del petróleo aunque sea a partir de un lustro después de los dos mil años?

Se ha convenido iniciar un diálogo nacional cuya agenda discutiremos aquí para reformar al Estado haciendo efectiva la separación de poderes y fortaleciendo nuestro federalismo. Un diálogo con agenda abierta. Bienvenido.

El Presidente ha dicho con razón, y ya lo recordaba el diputado Ovalle, que aspiramos a una democracia de todos y para todos. Bien. No olvidemos que una parte de ese todos nos mira tras las milpas y los cafetales, desde los peñascos, cañadas y rincones de las montañas. Desde cientos de comisarías alzan sus manos para pedir la palabra y decir: "México nunca más sin nosotros".

Solicito con todo respeto a esta Asamblea, me permita unos dos minutos más.

El Presidente:

Señor diputado, le rogamos abreviar su intervención.

El diputado Martín Equihua Equihua:

Por favor, compañeros, dos minutos más.

En esta oportunidad que el diálogo nacional nos sugiere a extraordinaria para discutir al país, no repitamos el error de volver a dejar fuera a los pueblos indígenas, abramos los cauces institucionales para que de una vez por todas los descendientes de los pueblos originarios entren a formar parte de las instancias constitutivas de esta nación como no lo han hecho desde el origen de nuestra República.

Un diálogo así para nuestro país reclama de la participación de los pueblos y organizaciones indígenas insuficientemente representados en esta legislatura. En la Comisión de Asuntos Indígenas estamos procesando un acuerdo para convocar a una consulta nacional que algunos esperamos estén marcados en este diálogo y cuyos detalles habremos de acordar pronto en esta comisión si persiste el espíritu y el ánimo genuino de acordar en la diversidad mostrado por casi todos.

Para ello, compañeros diputados, la comisión requiere de todo el apoyo de esta legislatura, por lo que hago un llamado a los coordinadores de las fracciones parlamentarias para que consideren la inclusión de la problemática indígena en las agendas del diálogo y en el próximo periodo de sesiones; también para que en los trabajos de la eventual comisión que trabaje la agenda del diálogo, participe la Comisión de Asuntos Indígenas.

Muchas son las preocupaciones y propuestas que se están generando en los pueblos y organizaciones indígenas de este país. Abramos la agenda y que nada se quede fuera. Entre otras cuestiones de interés están las siguientes:

Señor Presidente, solicito unos dos minutos, compañeros.

El Presidente:

Concluya su intervención, señor diputado.

El diputado Martín Equihua Equihua:

Entre otras cuestiones de interés están las siguientes:

¿Debe continuar el indigenismo paternalista de las últimas décadas, que pretendió integrar a todos a un proyecto nacional y sobre el que en la Comisión de Asuntos Indígenas casi todos hemos estado de acuerdo en que ha sido un fracaso? ¿Es la actual estructura territorial la que más conviene a los pueblos indígenas y, por ende, a esta nación, o es posible y necesario juntar municipios, crear nuevos, crear regiones étnicas y pluriétnicas que no sean más divisiones artificiales, sino divisiones que consideren la cultura, la historia?

¿Son los distritos electorales y las circunscripciones los mecanismos de selección de candidatos de los partidos y los que a partidos políticos mismos, garantías para la representación de los pueblos indígenas? ¿Podría pensarse en distritos y una sexta circunscripción indígenas? ¿En porcentajes de candidaturas indígenas de los partidos o en reconocimiento a otras formas de organización que los pueblos se den para arribar a su representación? ¿Pueden continuar cuando las hay las historias...

Concluyo, compañeros, bueno, termino, me falta muy poco.

¿Pueden continuar cuando las hay las historias escritas de los pueblos en los archivos de antropólogos, historiadores, sin pasar por los libros de los pocos niños y grandes que van a la escuela? Desarrollo, cultura, costumbres jurídicas, recursos naturales, derechos humanos, organización y otras, son preocupaciones que deben tener cauce institucional, para que con pleno derecho condenemos y cancelemos tentativas extremas; de otra forma, seguiremos contribuyendo a cualquier declaración de guerra o de locura y nuestros reclamos a la institucionalidad aparecerán como hipócritas.

Pensar hoy que es posible encontrar una solución en Chiapas, dejando intocable la problemática indígena nacional, sería un error.

No habría ninguna razón para no incluir en el multicitado diálogo, las propuestas diversas surgidas de la sociedad indígena. Necesitamos aceptar y promover con gran responsabilidad este proceso, en conciencia de su complejidad y desechando los simplismos que sugieren que con la propuesta de autonomía se busca la secesión, o que los indios son pobres por indios o incultos y distinguir que la cultura no puede entenderse como sinónimo de atraso.

Para todo ello, requerimos que esta cámara sea un espacio de la inteligencia política, del reconocimiento a la representación y el derecho del otro, de todos, donde lo único que deba excluirse sea la intolerancia refugiada en lo senil y los arranques cantineros y/o circenses que a menudo ocurren.

Requerimos de una racionalización que haga de nuestro ejercicio parlamentario un escenario, donde no reine el monólogo presidencialista, para que esta cámara no se asemeje más a la jaula de pericos sordos con que jugaba Felipe antes de la muerte de Sarampión en la sierra. Por él y por muchos intentémoslo siempre. Gracias, compañeros.

El Presidente:

Para mantener el orden en la sala, se les ruega a los señores oradores no abusar del tiempo, respetar lo que nuestro reglamento establece.

Para rectificar hechos, cinco minutos se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Dávila.

El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez:

Lamentando profundamente la muerte de Felipe, como un ejemplo de la pobreza en la que cientos de miles de mexicanos están sumidos por un sistema injusto y opresor, me llama; sin embargo, la atención profunda la que mi amigo, Emilio Solórzano nos vino a decir, la cual nos planteaba que ahora en la agenda nacional tiene una prioridad fundamental la reforma del Estado.

Es importante que este acuerdo nacional, político, a través del cual los partidos nos hemos comprometido a esta reforma política, sea base y fundamento de un actuar unidos como mexicanos. Sin embargo, una golondrina no hace verano.

Es importante que hoy nuestra nación vuelva a los orígenes republicanos y federalistas, que fue el gran debate nacional del siglo pasado; y es importante también la reforma política electoral de la que nos vino a hablar el diputado Ignacio Ovalle Fernández, en la que nos hablaba que si después de haber llegado al consenso y de tener leyes justas, el PRI, aceptando sin conceder esto, nos volvería a ganar, sería para nosotros en esas condiciones de limpieza y de juego democrático, aceptar una derrota, indignante no es para nadie.

Sin embargo, no es sólo con reformas electorales como se va a llegar a la democracia, ya que las normas que se establecen por más avanzadas que sean, se topan siempre con un sistema político diseñado para frenar cualquier avance jurídico. Las leyes mexicanas, en general y en particular, las diversas leyes electorales del país, necesitan plena vigencia y aplicación universal. Nadie por encima de la ley.

Sin embargo, en México las normas se enfrentan a la permanente relatividad de interpretación selectiva que impiden su cabal cumplimiento. Es por esto, que no se necesita solamente una reforma electoral, sino una profunda reforma de Estado.

Las constantes y recurrentes crisis por las que atraviesa la nación, tienen su origen y fundamento en la propia estructura del sistema político mexicano. Es un hecho que el excesivo presidencialismo en el que vivimos, no es tan sólo uno de los factores, sino su causa fundamental.

Nuestro sistema de derecho, consagrado en un republicano, pero consagra un republicano régimen de carácter presidencial, concebido con la división en tres poderes que conforman el poder del Estado. Por ser un régimen presidencialista, es en el Poder Ejecutivo en donde se concentran las facultades de Jefe del Estado y Jefe del Gobierno. No existe ninguna objeción hacia un régimen de tipo presidencial. Muchas naciones lo tienen, sin que ello conlleve problemas estructurales o anulación de otros poderes.

Sin embargo, en el Estado mexicano el Poder Ejecutivo concentra en sí mismo, una excesiva cantidad de facultades y derechos constitucionales, que con frecuencia enfrentan, limitan o nulifican las facultades y derechos de los otros poderes. Baste estudiar los artículos 25, 26, 27, 49, 94, 98, 115 y 131 de nuestra Carta Magna, permítanme ejemplificar.

Acabamos de asistir a la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación y en ella aparecen algunas limitaciones al Poder Ejecutivo; sin embargo, el artículo 31 de la Constitución, en su párrafo segundo, establece que el Ejecutivo podrá ser facultado para disminuir o suprimir las cuotas de tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso para crear otras, así como para regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o cualquier otro propósito en beneficio del país.

El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida; es decir, que el Ejecutivo puede tomar determinaciones distintas a las expresadas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos y notificarlo un año después como utilizó esa facultad.

El uso más común de esta facultad, se da en las llamadas circulares misceláneas que genera constante en la Secretaría de Hacienda y que interpreta, modifica y revisa el criterio del legislador y en muchas ocasiones transforma en un órgano legislativo paralelo.

No en vano el mismo presidente Zedillo reconoce la necesidad de limitar el centralismo caduco y restablecer el equilibrio entre poderes. Esta declaración no hace otra cosa más que reconocer que se han ejercido facultades no establecidas en la norma constitucional y, por lo tanto, la misma se ve rebasada.

Un elemento que indica el origen de estas facultades metaconstitucionales se encuentra en la existencia de un partido de Gobierno, creado y sostenido por él, que reconoce y somete al Presidente de la República en su carácter de jefe nato, es decir, jefe natural y por lo tanto, indiscutible, del mismo partido transformándose en el jefe político del sistema.

Esta triple jefatura hace del Presidente un ser por encima de la norma jurídica e impide con esto la vivencia efectiva del estado de derecho, así, el Presidente puede libremente y sin ningún límite remover y designar a los funcionarios del partido sin más trámite que el ejercicio de su voluntad. En consecuencia, nombra, designa, aprueba y veta a quienes pueden acceder a cargos de elección popular y debido a su carácter de Jefe de Gobierno designa a los funcionarios de la administración pública a su pleno arbitrio, de ahí que se den hechos como los suscitados recientemente, en el cual, los secretarios de despacho son removidos cuando aún no se llegan a cumplir ni siquiera 60 días de actividad.

De hecho, el uso y el abuso de las facultades metaconstitucionales que hoy día se ejerce el Poder Ejecutivo impiden el cabal cumplimiento del artículo 49 de la Constitución, que señala que ninguno de los poderes de la nación pueden reunir a una sola persona o corporación. No obstante, por esas mal llamadas facultades metaconstitucionales, al concentrar en el Jefe de Gobierno y del Estado la adicional de jefe nato y señor absoluto del partido del Gobierno, en la práctica se ejerce en sí los tres poderes de la unión.

Es increíble que en este Congreso, se pueda ejemplificar claramente con lo acontecido en la pasada legislatura, en donde se dio entrada a 220 iniciativas de ley, de las cuales el 70% tuvo como procedencia el Poder Ejecutivo. Se aprobaron 152 de ellas, es decir, el 90% de las enviadas por el Ejecutivo y sólo se aprobó el 10% de las generadas de este poder soberano.

Es increíble que las iniciativas de ley propuestas por los legisladores sean la causa del rezago legislativo, lo que indica una de dos cosas: o que el Ejecutivo es extremadamente brillante y por eso se aprueban sus propuestas; o que los legisladores son extremadamente incapaces y no pueden realizar propuestas adecuadas, o bien, que el Ejecutivo es el que manda sobre el Poder Legislativo.

Los hechos demuestran la urgente necesidad de realizar una profunda reforma al Estado y con ello un nuevo pacto social, que vaya realmente a buscar ese origen inicial que nuestros constituyentes le dieron a nuestra patria.

Es por eso que no basta una simple reforma electoral, es necesario, indispensable para México una reforma de Estado a profundidad. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Alejandro Moreno Berry.

El diputado Alejandro Moreno Berry:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Para entender lo que significan los alcances del acuerdo político nacional, habría que remitirse al discurso mismo de Ernesto Zedillo, el día de su firma.

Se trata de una reforma del poder. La intención de quienes firmamos, los partidos firmantes del acuerdo político nacional queremos una reforma al poder; el fin del partido de Estado; la acotación del poder del Presidente; un federalismo participativo, vivo; una reforma social a fondo; una real separación de poderes, para concluir en una reforma electoral definitiva.

Porque recordemos que las tres reformas electorales signadas, junto con el presidente Carlos Salinas, no fueron definitivas.

Se trata hoy de que no haya fraudes; se trata de amarrarles las manos a quienes con tentaciones de las cúpulas de los partidos pretenden conservar sus privilegios.

No más funcionarios actuando en procesos electorales en favor del partido de Estado, pero también, no más concertasesiones, no más gubernaturas entregadas por medio del fraude, pero tampoco gubernaturas entregadas mediante el acuerdo de las cúpulas partidistas.

Las anteriores reformas hechas en los acuerdos, en la oscuridad de la casona de Barcelona 32, no permitieron darle curso a una integración total de la sociedad mexicana para participar entusiastamente y sentirse identificados con su Ley Electoral, que obliga a final de cuentas después de su aprobación en esta cámara.

El Congreso de la Unión, los partidos políticos, el Poder Ejecutivo, las organizaciones sociales, los partidos políticos sin registro, los ciudadanos mismos, se verán identificados con este acuerdo político nacional y se verían identificados con la reforma electoral definitiva si tenemos disposición para ello.

Compañeros diputados: es urgente la instalación de la mesa de negociación. Hay que solventar, hay que resolver los conflictos poselectorales anteriores y prevenir los posibles fraudes, pero también, no anunciemos vísperas de triunfos todavía no convalidados por el pueblo. Vayamos a la reforma política definitiva con la seguridad y la certeza que el pueblo de México es quien nos vigila para hacer realidad su derecho a la democracia. Muchas gracias.

El Presidente:

Sigue en su turno, el diputado Jaime Martínez Veloz.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Quiero empezar mi intervención con un párrafo de la crónica de la reunión que tuvo la Permanente con el Presidente de la República en días pasados, que dice lo siguiente: "Ernesto Zedillo reconoció que la crisis que vive México, es económica y política y que no habrá una solución económica sin una apertura política y sobre la reforma del Estado y la necesidad de que ésta y el diálogo nacional sean conducidos por el Congreso", dejó atónitos a todos los asistentes. "los estoy esperando", les dijo Zedillo. "les sigo esperando, remarcó."

Hoy no habrá que esperar más, gracias a un acuerdo conjunto de todas las fracciones partidarias que integran este Congreso.

Por eso, compañeras y compañeros, la reforma no es un tema más, tampoco es un tema de trámite, es el tema central de la nación. La única salida para la crisis que vive el país, es el camino de la reforma democrática del Estado. Quienes participamos en la elaboración de la propuesta presentada el día de hoy al Congreso, lo hicimos con el firme propósito y la firme convicción de que por encima de las posiciones de partido, están los intereses de la nación.

Estamos convencidos que la lucha por el cambio democrático y la construcción de una nueva relación entre el Estado y la sociedad, requiere del esfuerzo y la entrega de toda la sociedad mexicana.

No puede haber cambios sin la participación de los partidos, sin la participación del Congreso, pero sobre todo, no puede haber cambios, sin la participación de la ciudadanía, que deben ser el principal protagonista, en el cambio y en la reforma del país.

Estamos ante la cruzada nacional de mayor envergadura que ha conocido el país en las últimas décadas. La profundidad de la reforma no es una cuestión de las cúpulas, ni de los partidos, ni del Gobierno, ni de los grupos poderosamente económicos. La profundidad de la reforma corresponde a los ciudadanos de toda la nación, sin distinción de credo o partido político. Es en el espíritu que debe campear en el método que para su instrumentación diseñe este Congreso.

Por eso, es necesario precisar que haya acciones urgentes que demandan una pronta iniciativa de esta legislatura.

El Plan Nacional de Desarrollo, deberá estar elaborado y aprobado para fines de mayo del presente año. Este plan que regirá las acciones de Gobierno durante los próximos seis años, es una tarea de todos, no solamente del Ejecutivo y requiere atención urgente del Congreso y de la sociedad.

Por ello, es necesario que en las tareas de este plan se incorporen todas las comisiones del Congreso, sin embargo, las tareas de la reforma no se agotan en el Plan Nacional de Desarrollo, tampoco sólo en la reforma electoral.

Lo que requiere el país no son medidas aisladas por importantes que sean, sino reformas de largo alcance, que permitan a los ciudadanos participar en la definición también de las políticas económicas y sociales.

Los diputados somos sujetos de una permanente demanda de la ciudadanía, que nos plantea soluciones en aspectos de la más diversa índole: combate a la inflación, programas de abasto, desarrollo tecnológico, apoyo a actividades productivas, simplificación de trámites fiscales, problemas judiciales etcétera; es decir, demandas de todo tipo tratamos los diputados a diario.

Por eso, no es pretexto, aquí hay una propuesta que debe ser enriquecida por todo el Congreso y que coordinará la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Ojalá que esta comisión, que ha trabajado concertadamente y que tiene buenos resultados hasta la fecha, no detenga la iniciativa, ni la burocratice, le imponga ritmos lentos o la deje como una iniciativa más, porque en muchas ocasiones las dirigencias, metidas en las dinámicas burocráticas, dejan de lado acciones estratégicas de largo alcance.

Por eso, compañeras y compañeros diputados, diseñemos juntos un método de trabajo, donde nadie baje sus banderas, porque no se trata de eso, no se trata de que desaparezcan las contradicciones, sino se trata de que las contradicciones se diriman en un campo de altura, con reglas del juego, justas y democráticas.

Como priísta creo en ello. Lucho por mis convicciones dentro de mi partido y fuera de él. Soy representante del pueblo, no de las inercias y de los intereses que se oponen al cambio.

La reforma del Estado será apoyada por millones de priístas en las colonias, las fábricas, los ejidos, las universidades y en todos lados estaremos apoyando el cambio democrático.

Como diputado, estoy convencido que el problema de la libertad es ejercerla y como ciudadano también; por lo tanto, hago un exhorto a todos mis compañeros diputados de todos los partidos a hacer uso de nuestra mayor herencia insurgente: la libertad; libertad para ir a fondo en la reforma democrática del Estado; reforma hecha por todos: obreros, campesinos, universitarios, jóvenes del barrio y del campo, amas de casa, empresarios, jóvenes y viejos, hombres y mujeres dispuestos a impulsar un cambio profundo y democrático del Estado mexicano. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, la diputada Rosa María Cabrera Lotfe.

La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:

Gracias, señor Presidente; con su venia:

La exigencia nacional de transitar un nuevo orden que todos esperamos sea en democracia, trasciende a un mero ordenamiento interno. Quiero, desde esta tribuna, hacer un reconocimiento al esfuerzo del diputado Martín Equihua.

Por otro lado, quiero saludar el esfuerzo unitario de consenso en que trabajó la Comisión del Diálogo y Reconciliación, para presentarnos hoy una propuesta de bases del diálogo para la reforma del Estado, ejemplo de que sí se puede avanzar si media voluntad política en ello; ojalá que esta propuesta encuentre el eco que corresponde en los términos expresados por los diputados César Chávez y el diputado Jaime Martínez que me acaba de anteceder.

Señoras y señores diputados: hoy México se encuentra en una encrucijada, o se emprende una reforma democrática del Estado o caeremos en escenarios e ingobernabilidad en donde la violencia avasalla a la razón.

El Partido de la Revolución Democrática ha optado, desde su nacimiento, por el camino del diálogo político y la reforma democrática. Nuestra voz durante años ha querido ser acallada por medio de la violencia o campañas propagandísticas que tergiversaban nuestras propuestas políticas; no han podido hacerlo, no podrán. Hoy, nuevamente, nos encontramos demandando, exigiendo, porque el futuro del país así lo reclama: la reforma democrática del Estado, pero una reforma real que contemple los dos aspectos: la reforma económica y la reforma política integral, que son esenciales para considerar a la democracia, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo como lo establece el artículo 3o. de nuestra Constitución. A eso aspiramos, por eso luchamos.

Ya ayer vimos cómo las llamadas políticas económicas neoliberales, justificadas pretendidamente con el liberalismo social y con un manejo demagógico de la herencia de los luchadores que han transformado nuestra patria y deseado que las leyes moderen la opulencia y la indigencia, como diría José María Morelos y Pavón, ha sido objetivo ciertamente, no buscado por los gobiernos neoliberales.

Insisto, ya ayer fuimos testigos de que el grupo gobernante no quiere escuchar las voces que hacen propuestas alternativas para no caer en el precipicio, y no basta que se reconozca que se han equivocado en algunas,y yo diría, en muchas cosas. Se debe reconocer que es urgente cambiar la orientación de las políticas actuales en materia económica, política y social.

Legisladoras y legisladores: política económica que no satisface un buen y digno nivel de vida de las mayorías es política fracasada; y estas políticas neoliberales, que desde el lugar del Gobierno se han impuesto a nuestro pueblo, han sido políticas que han fracasado.

México requiere de una reforma democrática en su triple significado:

En primer lugar, como garantía de que las actividades económicas estratégicas permanecerán bajo la rectoría del Estado como el mecanismo de fomento a las actividades productivas. Esto de ninguna manera es un estatismo trasnochado, implica simplemente, ejercer la soberanía sobre nuestra economía. No debemos permitir que se sigan tomando decisiones económicas que afectan a la nación, en el Congreso de los Estados Unidos o en cualquier otro país.

En segundo lugar, la reforma económica democrática debe considerar la atención prioritaria a las necesidades de la mayoría de la población. La política económica debe de tener como objetivo sustancial, a los seres humanos. La gestión pública debe dirigirse a promover actividades que tiendan a satisfacer las necesidades de los millones de hombres y mujeres de este país.

Y en tercer lugar, las decisiones serán tomadas, no por una persona o un pequeño grupo, sino por las instituciones donde esté representada la sociedad en consulta con los empresarios, campesinos, productores y sindicatos. Con todos los involucrados en los procesos productivos. Digamos ¡basta!, al autoritarismo económico.

Si se busca una inserción en el mercado mundial que beneficie a los mexicanos con las medidas para enfrentar la crisis, se deben atacar las deficiencias estructurales de la economía nacional. La debilidad del mercado interno; la falta de competitividad internacional de la planta productiva nacional; la dependencia financiera del exterior y la dependencia alimentaria son, en consecuencia, razón para presentar la siguiente propuesta:

Primero. Es preciso apoyar a la pequeña y mediana empresa, ya que son la principal fuente de empleos.

Segundo. Crear un programa de fomento industrial que defina las áreas estratégicas que deben de ser impulsadas prioritariamente.

Tercero. Impulsar en todos sus niveles la educación en investigación científica y tecnológica.

Cuarto. Renegociar el pago de la deuda externa y operar una moratoria temporal en el pago de su servicio.

Quinto. Llevar hasta sus últimas consecuencias la solución del rezago agrario, afectando a los latifundios existentes como se ofrecía en Chiapas.

Sexto. Resolver los conflictos poselectorales hoy pendientes: Chiapas, Tabasco y Veracruz, y

Séptimo. Elaborar un programa de desarrollo rural integral que contemple el apoyo de los pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros.

La otra cara de la moneda de la reforma democrática del Estado, es, sin lugar a dudas, la reforma política integral que transforme en los hechos el sistema presidencialista mexicano, versión moderna del régimen absolutista como lo señalara acertadamente el día de ayer nuestro coordinador, el compañero diputado Jesús Ortega, en un sistema republicano. Como afirmara don Daniel Cosío Villegas: "Donde las instituciones sean más fuertes que el hombre y, por lo tanto, sean capaces de frenar con eficacia la acción pública puramente personal y que ponga fin a toda forma de corporativismo y de control y subordinación de los sindicatos, organizaciones campesinas y de cualquier tipo al partido gobernante o a cualquier otra fuerza política".

Es decir, una reforma política integral que garantice por principio, la libertad de organización de los ciudadanos respecto del Estado o fuerza política alguna, porque quienes me han antecedido, no precisamente el diputado Jaime Martínez, no han entendido aún la importancia del derecho ciudadano a la libre organización y afiliación política.

Este tiene que ser el objetivo político fundamental de las acciones que llevemos a cabo para transformar el sistema político. El país no resistiría un engaño más; una reforma superficial o un nuevo desplante demagógico con el afán de ganar tiempo para la maniobra política tras el mezquino fin de mantenerse en el poder.

La estabilidad y la paz de México están en juego. Actuemos congruentemente y a la altura que los difíciles tiempos reclaman.

Los miembros del Poder Legislativo cargamos sobre nuestras espaldas la enorme responsabilidad de asumir un papel transformador de la realidad política, económica y social de la nación; debemos convertirnos en un verdadero poder autónomo, vigilante de la gestión del Ejecutivo y llevar a cabo una acción legislativa en beneficio de toda la nación.

En consecuencia, necesitamos revisar los principios de la representación popular para garantizar que el equilibrio de poderes sea real, a pesar de que exista un partido que presuntamente haya ganado la presidencia y además, sea mayoría en las cámaras que integran el Congreso de la Unión.

Recuperemos el referendum, la iniciativa popular y el plebiscito, como mecanismos de la democracia directa en la cual, los ciudadanos, juegan un papel activo en la toma de decisiones que les compete.

La reforma electoral democrática, también es una asignatura pendiente de la reforma política integral, que para recuperar credibilidad institucional, requiere necesariamente de la integración de un organismo autónomo que organice las elecciones sin injerencia de los otros poderes, que esté integrado en sus órganos de dirección por ciudadanos imparciales, que sea profesional y pueda elaborar y enviar directamente su presupuesto a la Cámara de Diputados para su aprobación.

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Señor Presidente: con todo respeto yo le pediría que se pararan estos chiflidos, porque, insisto, la trascendencia que aquí se pueda dar trasciende al mismo hecho de un mero reglamento interno. Lo otro es una majadería y creo que aquí lo que estamos buscando son las bases reales para un concurso de todas las fuerzas en bien de la nación.

Por otro lado, restaurar el federalismo supone necesariamente, tanto la restitución de las facultades fiscales de las entidades federativas y de los municipios como la reforma de la administración pública. En México, la acción del poder público, entendida como actos de Gobierno, ha sido utilizada durante muchos años como un mecanismo para garantizar la continuidad de tradiciones autoritarias y asegurar que los poderes Legislativo y Judicial tuviésen una posición débil y subordinada frente al Ejecutivo.

Además, el aumento de las atribuciones al Presidente de la República ha impedido el desarrollo sano de poderes intermedios, constitucionalmente establecidos, que permitieran contribuir a formar una estructura política pluralista y democrática.

En consecuencia, los gobiernos estatales y municipales han visto tradicionalmente restringido el ámbito de las funciones administrativas que les corresponden.

Se requiere, entonces, cortar de tajo esta tradición, porque el Estado moderno no se puede concebir sin una administración pública profesional y descentralizada. Debe dejarse atrás la etapa donde la capacidad de iniciativa y acción del Presidente se apoyan en el principio de autoridad que le da el cargo y en los apoyos políticos surgidos de todas las formas de patronazgo y de clientelismo. Para ello, se requiere establecer nuevas bases con el fin de que la estructuración en la administración pública sea moderna y eficiente.

Señor Presidente; señoras y señores legisladores: evidentemente la falta de voluntad presente en esta plenaria puede desafortunadamente remontar la voluntad que sí me dio en la comisión que nos presentó la propuesta.

Nada más concluiría diciendo que vivimos un tiempo de emergencia nacional y debemos enfrentarlo con decisión; y lo digo para que quienes no escucharon al diputado Martínez que leyó textualmente una cita del señor presidente Zedillo, por cierto, miembro del Partido Revolucionario Institucional, digamos que la transformación que requiere México necesita hombres y mujeres de estatura política.

El Ejecutivo Federal, para ver si así lo escuchan, para que les dé "línea", al definir su responsabilidad en este proceso y si no está dispuesto a hacerlo, debe dejar paso a quienes lo estén, pues en este tiempo, como dijera ese hombre del sistema, pero político visionario al fin Jesús Reyes Heroles, "no se trata de caer en una mera conservación del statu quo en una defensa conservadora de lo alcanzado y hacia lo mucho que nos falta por alcanzar. Por el contrario, creemos que únicamente custodiando la estabilidad y a través de nuestro dinámico orden jurídico podemos acercarnos, cada vez más, a las metas de justicia social que perseguimos y estamos seguros que en la medida en que logremos estos propósitos, en la medida en que obtengamos una mayor justicia social, haremos más sólida, más firme, la estabilidad política nacional".

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Javier Gutiérrez Vidal. Cede su turno al diputado Raúl Castellanos Hernández.

El diputado Raúl Gonzalo Castellanos Hernández:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Yo considero que con diferentes matices todos coincidimos en la necesidad de la reforma de Estado. Sin embargo, y esto es parte de la discusión que se está dando en esta cámara, habrá que establecer los tiempos, las formas y los alcances de esta reforma.

Un primer inicio, sin duda positivo, lo fue la firma del acuerdo suscrito por los partidos políticos hace algunos días. Sin embargo, creo que está claro que la firma de este acuerdo, como quedó establecido en el mismo acto, no es un cheque en blanco ni un aval, sino sólo el principio de lo que puede ser la transformación democrática de nuestro país.

Tampoco creo yo que la reforma de Estado y, en consecuencia, la reforma política, signifique un borrón y cuenta nueva, signifique que seamos cómplices pasivos de todas las irregularidades que se cometieron en el pasado proceso electoral, irregularidades que sin duda en gran medida, fueron alentadas y prohijadas por un grupo de gobernadores de los estados, que pusieron a disposición del partido que los llevó al poder, todos los recursos económicos, materiales y humanos, lo cual, sin duda, y eso lo vivimos en provincia, dio como resultado que hubiera un proceso que no fue imparcial, mucho menos equitativo.

La intervención de autoridades a todos los niveles, evidenció que hay inercias que obran en contrario de cualquier propuesta que los partidos asuman para mejorar la democracia en México. En este sentido, entonces, es necesario que se resuelvan los asuntos pendientes del proceso electoral pasado, ¿y qué es lo que está pendiente? No sólo está pendiente Tabasco, Chiapas y Veracruz, es además, y aclaro, no estoy excluyendo los conflictos poselectorales de estos tres estados, sino agregando, está pendiente de resolverse en las instancias jurídicas algunas de las muchas denuncias que los partidos y los ciudadanos presentaron en torno a los procesos electorales pasados.

Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, y lo traigo a colación a esta tribuna, porque el mismo acuerdo para la reforma política y la reforma de Estado contempla que se debe hacer y bajar esta reforma a las leyes electorales locales, en Oaxaca están pendientes cinco denuncias que presentamos ante la fiscalía electoral en contra del gobernador del Estado de Oaxaca, por haber apoyado abiertamente las campañas políticas de Ernesto Zedillo, de sus senadores, del PRI, y de los diputados de este partido.

¿Y qué ha pasado? La respuesta ha sido el silencio. La Fiscalía Especial para Delitos Electorales ha hecho mucho, ha callado, hemos presentado en estas instancias diversas pruebas documentales de la participación de funcionarios del Gobierno del Estado de Oaxaca en toda la estructuración del fraude electoral y hasta la fecha estos asuntos no se han resuelto.

Por todo ello, desde esta tribuna, exhorto, llamo, pido, incluso si quieren suplico al señor Procurador de Justicia de la República, Procurador General de la República, para que proceda a dar instrucciones para que estos asuntos sean resueltos conforme a derecho y, ¿por qué lo pido?, porque ahora en este momento en Oaxaca el gobernador del Estado está convocando a una reforma político electoral Nosotros pensamos, y así lo hemos visto porque ha habido albazos legislativos, por ejemplo, en el nombramiento sin consenso de los partidos, de los magistrados que integran el Instituto Estatal Electoral, ha habido albazo en el sentido de que ya se ha planteado a la opinión pública la integración de un Registro Estatal Electoral que les permita manipular el padrón, estas reformas que se pretenden, entendemos nosotros, se orientaran hacer una contrarreforma; por ello, la fiscalía electoral debe resolver, porque no es posible que un presunto delincuente electoral convoque a una reforma.

Por ello, los perredistas de Oaxaca, desde esta tribuna, condicionamos nuestra participación en la consulta que pretende iniciar Diodoro Carrasco Altamirano, a que la fiscalía resuelva sobre su presunta participación en los delitos electorales que hemos denunciado y a que se establezcan compromisos claros, abiertos y por consenso de cara a la sociedad oaxaqueña, de que realmente Diodoro Carrasco Altamirano tiene voluntad política de ir a una reforma electoral de fondo y no sólo crear las condiciones para que algunos de sus colaboradores o de sus parientes accedan por la vía del fraude electoral a puestos de elección popular en el próximo proceso electoral. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Baruc Efraín Alavez Mendoza, para rectificar hechos.

El diputado Baruc Efraín Alavez Mendoza:

Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:

Yo creo que no se puede venir aquí a abusar de la tribuna para hablar con tanta ligereza, yo siento que aquí ha habido propuestas muy formales, muy maduras y sobre todo, muy responsables. Por eso, considero conveniente abordar esta tribuna para decirle al compañero diputado oaxaqueño que no es así como vamos a hacer la reforma política. Ha habido mucha voluntad del Gobierno del Estado, pero no solamente del Gobierno del Estado, ha habido voluntad del pueblo oaxaqueño para iniciar los trabajos de esta reforma política, de la cual, todos estamos de acuerdo que es necesario hacer.

Opiniones insidiosas como la de él solo echan a perder esta buena voluntad. Si no está enterado o si no se ponen de acuerdo allá en Oaxaca los políticos de esta expresión política, valga la redundancia, ése es problema de ellos. Que ellos arreglen sus cosas allá primero, no es posible que participen en una reforma política cuando ni siquiera se ponen de acuerdo en el interior de su partido.

Para ilustrar este dicho, quiero comentarles que en Oaxaca se están peleando la dirigencia local, por eso es que no se puede acordar con ninguno de ellos; sin embargo, hemos tenido información de que a quien representa nacionalmente a su partido y que usted lo conoce muy bien, el señor Secretario de Gobierno, le ha enviado una convocatoria para que decidan quiénes van a participar en este asunto del análisis y para ponerse de acuerdo en la reforma política del Estado.

Entonces pues, si a él no lo toman en cuenta es problema de su partido, pero que no venga aquí con opiniones insidiosas a buscar una oportunidad que no se la vamos a dar aquí, en este Congreso; que como expresión de un partido político sean ellos, arreglándose al interior de su partido, quien tiene que decidir quiénes van a participar. Son ellos quienes se tienen que poner primero de acuerdo para que puedan llegar a dar una opinión consensada, porque tampoco van a llegar ahí todos.

Si ellos no tienen dirigencia, si ellos no están organizados localmente, si hay muchos peleándose la dirigencia, bueno, mucho menos podrán así participar de la reforma política ni con opiniones.

Entonces pues, que quede claro, oportunidades las hay y no es con comentarios injuriosos con los que van a resolver las cosas. Si el señor no tiene una representación allá, bueno, aquí no se la vamos a dar. Que se la dé su partido, su partido si es que le tienen confianza, porque también en Oaxaca ya lo conocemos. No va a sorprender a nadie pues. Que se pongan de acuerdo ahí, allá en Oaxaca, que arreglen sus diferencias entre ellos y después de eso entonces que venga aquí a dar una opinión que a todas luces es una opinión, repito, insidiosa.

Entonces pues, la reforma política requiere de un esfuerzo serio. La reforma política requiere de una voluntad comprometida, como aquí ya se ha dicho por otras voces; la reforma política requiere de honestidad hasta en el comentario. Si seguimos vertiendo comentarios que solo nos confronten, nunca vamos a poder ni siquiera sentarnos a la mesa.

Y bueno, finalmente será su partido quienes ya tienen del Gobierno del Estado, ya tienen una invitación para que se fijen las bases para iniciar con este trabajo tan serio, y por lo cual, por supuesto le rogamos que también su opinión sea seria. Muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Raúl Castellanos Hernández.

El diputado Raúl Gonzalo Castellanos Hernández:

Realmente me sorprende el cinismo del compañero, con todo respeto.

Nosotros lo que estamos planteando y pidiendo es que en Oaxaca haya congruencia del Partido Revolucionario Institucional y de quien en la práctica es el dueño de ese partido, que se llama Diodoro Carrasco Altamirano, porque es el que les manda, y por si ustedes no lo saben, el señor puso a su tío, el ingeniero David Palacios, como presidente del PRI. Entonces eso queda claro quién es el que manda en Oaxaca.

Lo que queremos es que en Oaxaca los acuerdos políticos nacionales, realmente cobren vigencia, que realmente vayamos a una reforma de fondo, y eso lo hemos expresado en diversos foros, en diversas instancias.

No se vale tampoco venir aquí a pretender argumentar supuestas diferencias internas de nuestro partido, para plantear que no hay voluntad de participación o de que nosotros no estamos de acuerdo con la reforma, claro que lo estamos, pero vayamos a una reforma real, no a una reforma que beneficie a los cotos de poder, a los cacicazgos, a todos aquellos grupos políticos cercanos a Diodoro Carrasco, que pretenden violentar la voluntad política de los oaxaqueños, porque en última instancia, podemos tener diferencias en el PRD, pero las resolvemos discutiendo, y ahí están nuestros consejos nacionales, nosotros no asesinamos a nuestros compañeros militantes, como sucede en otro partido y como ha sucedido en Oaxaca, porque una de las cuotas más altas de perredistas muertos, las han puesto los perredistas oaxaqueños.

Luego entonces, creo que si realmente se tiene voluntad política para transformar al Estado, vayamos a una reforma de fondo.

Y solamente quiero aclararle al compañero diputado: ciertamente hubo una convocatoria del Secretario General de Gobierno de Oaxaca, para que el PRD participara en esta supuesta consulta que pretenden iniciar, pero al hacer la comunicación, en la misma comunicación acotaba quiénes deberían ir como representantes del PRD a esa consulta y nosotros eso no lo aceptamos, porque los perredistas decidimos quiénes y en qué momento representamos a nuestro partido en todas las instancias, en todos los foros y en todas las mesas de negociación. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José Antonio Hernández, para rectificar hechos.

El diputado José Antonio Hernández Fraguas:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En Oaxaca, en el Estado de Oaxaca, son conocidos cuando menos, cinco, grupos internos del PRD, divididos y peleados entre ellos; son conocidos además muchos más subgrupos al interior, y además, es conocido también el señor diputado Raúl Castellanos, quien actúa solo y fuera del consenso de todos esos grupos y subgrupos en Oaxaca.

El señor diputado Castellanos, de una manera cínica viene a hacer acusaciones a esta tribuna, de las cuales no tiene ni siquiera el menor, el elemental conocimiento.

Yo quiero decirles que efectivamente el Gobierno del Estado de Oaxaca ha convocado a una próxima reunión a todas las dirigencias estatales de todos los partidos políticos nacionales, para buscar o tratar de encontrar consensos que nos permitan llegar a una reforma política que sea aplicable en los próximos procesos electorales locales en nuestro Estado.

Se dirigió así a todos los partidos políticos, pero como en Oaxaca no hay una dirigencia establecida del Partido de la Revolución Democrática, se dirigió por escrito el señor Secretario de Gobierno, a nombre del Gobierno del Estado, por escrito al Comité Ejecutivo Nacional de este partido para que designara a los representantes en una mesa inicial de trabajo para buscar los consensos. No tergiversemos la verdad señor diputado Castellanos.

Los problemas internos de su partido, las divisiones internas, la descomposición que sufre su organización política en mi Estado, no tiene nada que ver con este problema al que se ha venido convocando. Si a usted su representación, y a usted su partido no ha podido designarlo representante para este manejo de la reforma política o para buscar estos consensos, es problema interno de ustedes. Resuelvan sus problemas y no vengan a pensar que se los vamos a resolver en esta tribuna. Muchas gracias.

El Presidente:

Nada más queremos informar que anteriormente estaba inscrito, para rectificar hechos, el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

Adelante señor diputado José Jesús Zambrano, para rectificar hechos, vamos a concederle el uso de la palabra.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Nos parece a nosotros que por razones distintas se ha desviado la discusión central de lo que es el fondo del asunto que aquí estamos tratando de abordar y que si bien se involucró una problemática muy específica, referida al Estado de Oaxaca, es porque queremos señalar y al mismo reclamar y hacer un llamado a la dirigencia nacional del PRI y a los legisladores del PRI representados en esta Cámara de Diputados, en el sentido de que actuemos en congruencia con lo que aquí estamos justamente tratando de hacer, que es sentar las bases para un acuerdo político nacional de una reforma democrática del Estado mexicano y nuestra percepción es desde el PRD, que en el Estado de Oaxaca, desde el Gobierno estatal, se está tratando de establecer una reforma electoral, no sólo que vaya en un sentido progresivo, sino incluso, ésta es nuestra interpretación y lo digo con todo respeto, en un sentido mucho más regresivo que la que actualmente existe.

Este es el sentido principal de nuestra preocupación; éste es el sentido principal del llamamiento que nosotros estamos haciendo desde esta tribuna y exigimos en este sentido que haya congruencia, de otra manera difícilmente podemos avanzar cuando decimos una cosa y estamos en los hechos tratando de hacer otra.

Y por último y tratando de reencauzar en todo caso el sentido fundamental del debate. Yo les digo que los asuntos y contradicciones internas que efectivamente tenemos en nuestro partido y lo saben muy bien los compañeros de Oaxaca, las tenemos en este Estado, éste es un asunto que nos compete a nosotros y aquí en esto no admitimos lecciones, ni orientaciones externas de ningún tipo y mucho menos de ningún otro partido. La resolución de las mismas es una decisión soberana de nuestro partido. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada María del Carmen Ricardez Vela.

La diputada María del Carmen Ricardez Vela:

Honorable Asamblea:

No vengo a hablar específicamente de Oaxaca, subo a esta tribuna porque es penoso escuchar el discurso reiterado y controvertido de los compañeros del PRD, pero eso a nosotros no nos extraña. No nos extraña que Raúl Castellanos condicione a nombre de su partido su participación en la reforma electoral a la que está convocando el gobierno del Estado de Oaxaca y a la que se ha comprometido su propia dirigencia.

No nos extraña, porque estamos hartos de escuchar el doble discurso que mientras que por un lado dicen que sí, por el otro lado hacen berrinches y resulta que siempre no. Será su juego político.

Quisiera decirle también al diputado Raúl Castellanos, a quien conocíamos anteriormente como priísta y vuelvo a reiterar, controversias de su vida política, que pudo haber hecho un mejor esfuerzo; pudo haber hecho un mejor esfuerzo no refiriéndose en particular a la situación electoral del Estado de Oaxaca, bastaría con comentar que mientras en nueve distritos ganó el PRI y en uno ganó el PRD, fue precisamente la voluntad política y civilizada de los priístas y del gobierno de Oaxaca que permitió que bajo sus propias mañas, bajo sus propios esquemas distorsionados de hacer política, les reconocimos incluso ese triunfo muy oscuro aún.

El comenta también que tiene cinco denuncias en contra del gobernador Diodoro Carrasco Altamirano. Podríamos contestarle que tenemos 20 mil en contra de los perredistas de Oaxaca, que al margen de la ley exigen con cierre de carreteras, con alteraciones al orden público, lo que no fueron capaces de defender en las urnas; y saben qué compañeros, como seguramente todos lo pudimos constatar en nuestros estados, tenían machotes de sus supuestas denuncias, porque ni siquiera le dio la cabeza para inventar nuevas cosas que las que ya tenían contempladas de antemano.

Y si hay un Estado que se jacta de respetar la democracia, es precisamente el Estado de Oaxaca y los priístas oaxaqueños. No en vano está inscrito allá arriba por el Benemérito de las Américas que "El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"; y el respeto del triunfo no nos corresponde sólo a los priístas, les corresponde a los más de 1 millón 800 oaxaqueños que fueron a ganar y que demostraron que no querían más que ver con los perredistas.

Nos da mucho gusto que hayan subido aquí y que supuestamente la cordura les haya hecho decir que no querían meterse en las cuestiones de su partido, ni discutir aspectos que solamente les correspondían a ellos. Qué lastima que éste no sea un criterio de todos ustedes, dado que Raúl Castellanos se subió a cuestionar aquí la dirigencia de nuestro partido, que sólo nos compete a los priístas y que es responsabilidad de nosotros resolverlo.

Por otra parte, y para concluir, solamente quiero decirles una cosa: nos da mucho gusto que sigan en esa actitud controvertida; nos da mucho gusto que sigan cometiendo los errores que hasta hoy han hecho. ¿Saben por qué? Porque cada vez tienen menos votos y de seguir aquí, como el cangrejo, dentro de seis años no van a tener ninguno. Muchas gracias.

El Presidente:

Esta Presidencia reitera que había solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

El diputado Raúl Gonzalo Castellanos Hernández (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Raúl Castellanos Hernández.

El diputado Raúl Gonzalo Castellanos Hernández:

Yo sólo quiero plantear, con todo respeto a la compañera en su condición de dama y como diputada, que la verdad me extraña y lamento que venga a expresar lo que dijo en esta tribuna.

Está aquí la denuncia que presentamos en la fiscalía electoral por los apoyos que ella recibió en su campaña, como candidata a diputada federal del gobierno del Estado. Aquí está, y aquí están las fotografías de las camionetas, probadas, del gobierno del Estado que utilizó para hacer campaña electoral. ¡Esta es la honestidad y ésta es la calidad moral de los priístas de Oaxaca!

Pero además, no sólo eso. Quisiera también referirme a otra más de las denuncias; aquí la tenemos, y fue planteada. Este es un oficio de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno del Estado de Oaxaca, que dice lo siguiente:

"Ingeniero Gerardo Flores, jefe del Departamento del Programa Técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal. Presente. Por este medio envío a usted solicitud turnada por esta Secretaría, por el señor Abel Trejo González, candidato a diputado federal por el I distrito, referente a canastas básicas para las mujeres integrantes del SIM de Santo Domingo, Zanatepec, para que con su intervención se le proporcione la atención que considere conveniente. En espera de la información del seguimiento que se le proporcione a la misma, me es grato enviarle un cordial saludo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. 'El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz'. Ingeniero Othón Ramírez Ortiz, secretario particular del Secretario de Desarrollo."

Estas son pruebas señores. Yo no vengo a decir aquí mentiras, aquí están las pruebas y en obvio de tiempo no enseño muchas otras que traigo aquí y que están en la fiscalía en donde aparece el señor Diodoro Carrasco haciendo campaña proselitista por José Murat y por Irma Piñeyro, que en ese momento era candidata de su partido al Senado de la República, precandidata. Así se conduce Diodoro Carrasco. Eso es lo que pasa en Oaxaca.

Por eso, por esas actitudes, porque no reconocen lo que realmente está detrás de todo el aparato de Estado y de todo el fraude electoral, es que los tabasqueños están en insurgencia, por eso es que sucedió lo de Chiapas, por eso es que la reforma política no tiene sentido y el PRI, no en los hechos, lleva a la práctica lo que viene a decir a esta tribuna en las palabras.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:

Compañeras diputadas; compañeros diputados; señor Presidente:

Vengo a declinar mi intervención en aras de que continuemos avanzando en el diálogo nacional y podamos llegar a las conclusiones que nos conduzcan a ello. Muchas gracias.

El Presidente:

Señores diputados, para hacer conclusiones, se han inscrito los diputados: José Narro Céspedes, del PT, Arnoldo Martínez Verdugo, del PRD, Ricardo García Cervantes, del PAN y Natividad González Paras del PRI.

En esta ronda, se concede el uso de la palabra por 10 minutos, la tiene el diputado José Narro Céspedes.

El diputado José Narro Céspedes:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Porque necesitamos cambiar comportamientos, porque necesitamos cambiar para avanzar en el diálogo, también aquí en esta tribuna nuestro compañero, Alfonso Primitivo Ríos, prefirió mejor renunciar a hacer uso de la palabra.

Creemos que las intenciones que aquí se han expresado por todos los oradores, nosotros esperamos seriamente que no fracasemos en esas intenciones. Que podamos concretarlas y llegar a esa transformación, que los mexicanos esperan, quieren, anhelan y desean.

Esperamos que el diálogo al que se está convocando, no se quede únicamente en las cúpulas de los partidos o en esta cámara, queremos que el diálogo llegue al pueblo, y sea él, el que diga cómo quiere la democracia, cómo quiere la justicia, cómo quiere la libertad, sin manipulación, sin maniobra, con transparencia, como esperamos que sea la democracia a la que aspiramos construir.

Los compromisos para un acuerdo político nacional, firmados el pasado 17 de enero por los partidos políticos que integran esta legislatura, es el resultado de la preocupación, el interés y la exigencia del pueblo de México, expresada asimismo, el pasado 21 de agosto.

Durante 1994, México estuvo marcado por acontecimientos de violencia y de crisis política. Vivimos todavía la situación de Chiapas, problemas poselectorales en algunos estados como: Veracruz, Tabasco, Chiapas y San Luis Potosí.

Vivimos en 1994 los asesinatos políticos de los priístas Colosio y Ruiz Massieu. El origen de estos hechos, sólo se pueden encontrar en el profundo deterioro del sistema político nacional y de la crisis económica que actualmente vivimos. La falta de credibilidad de millones de mexicanos que viven en la incertidumbre y en la indignación por las condiciones de miseria y de sobrevivencia a la que se les ha llevado por esta política que se ha impulsado.

También, por el derrumbe del partido de Estado y por la grave situación de injusticia y la falta de espacios reales en donde se puedan expresar con libertad los diversos sectores sociales y políticos que se tienen aquí en México. También hay incertidumbre y violencia que tiene como causas el anquilosamiento de las instituciones públicas que actualmente no responden al interés de la mayoría de los mexicanos.

La firma del compromiso para un acuerdo político nacional, el Partido del Trabajo plantea que es un gran avance. Sin duda, es un primer paso en los intentos por fortalecer el régimen democrático, tanto en lo social, como en lo económico, como en lo político. Es indivisible la democracia profunda a la que aspiran los mexicanos; sin embargo, es importante que ahora definamos con claridad la agenda, los tiempos y los métodos.

En primer lugar, se requiere que se instale en esta legislatura, a la brevedad posible, la mesa de negociación señalado en el acuerdo político, que de pie al debate para la construcción de la democracia y la profunda reforma política a la que aspira México. Planteamos que es importante que en este gran diálogo nacional se incorpore el pueblo a través de sus organizaciones sociales, a través de los ciudadanos, a través de las organizaciones políticas que no tienen registro también, de las instituciones académicas, de los profesionistas, para que juntos construyamos esa democracia a la que se aspira, para que esa democracia tenga raíz, tenga profundidad y se encuentra dentro de las entrañas mismas del pueblo mexicano, de ahí mismo es donde tiene que surgir.

Esperamos, que para que este diálogo nacional funcione, ahora sí la Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política funcione y no se quede como una aspiración, ni una ilusión más de esta legislatura. Es importante para nosotros reiterar que sólo mediante el diálogo nacional, plural e integral, en el que se manifiesten sin excepción las diversas opiniones existentes en relación a la vida económica, social, democrática, de justicia y no sólo en el terreno electoral se posibilite caminar hacia el acuerdo político nacional al que aspiran los mexicanos.

Porque en Jalisco no queremos que gane el PAN, ni que gane el PRI, porque queremos que gane el pueblo y que todos respetemos su voluntad; porque no queremos más simulación, porque no queremos una reforma de cúpulas, sino que venga de abajo desde el pueblo, para que se enriquezca y tenga consistencia y solidez, porque no queremos una reforma de maquillaje, porque queremos avanzar en una reforma profunda, democrática en su construcción y desde abajo; si se queda aquí, no será democrática ni profunda, ni llegará a las propias raíces de nuestra sociedad. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Arnoldo Martínez Verdugo.

El diputado Arnoldo Martínez Verdugo:

Señoras diputadas y señores diputados:

Es legítimo el entusiasmo con que se han expresado aquí diversos oradores al abordar el tema del diálogo nacional para la reforma de Estado mexicano.

Realmente el tema que se ha abordado, es desde mi punto de vista, el más importante que tiene planteada la sociedad mexicana desde hace ya muchos años.

Debemos abordar este diálogo, particularmente lo que le corresponde a nuestra cámara, yendo al fondo de las cuestiones que se implican en este gran tema. Se trata, en efecto, de dar pasos significativos para que la democracia rija efectivamente todas las relaciones en nuestra sociedad, para que se alejen y de ser posible desaparezcan para siempre, algunas formas que ha asumido la dominación política en México, que han causado gravísimas lesiones a núcleos muy grandes, muy importantes, de nuestra sociedad.

Creo por eso que para emprender esta tarea, es necesario que nos entendamos lo más a fondo que nos sea posible.

Lo que voy a decir trata de aportar algo, precisamente para este entendimiento, no solamente para que se advierta la actitud de la conducta con la que nosotros, el PRD, vamos a este debate, sino fundamentalmente, para que no nos aboquemos a una frustración.

Sería muy lamentable que el balance nos encontrara en una actitud muy diferente de aquélla con la que vamos a emprenderlo.

¿Qué es lo que desde nuestro punto de vista reclama solución, desde el punto de vista de las cuestiones y de las características más generales del Estado mexicano?

Yo creo que el Estado mexicano adolece de una característica esencial: es un Estado que se basa en una fusión de partido y de aparato de Estado. Esta es una cuestión que se creó históricamente, que ha tenido una determinada trayectoria, algunos de sus rasgos han ido desapareciendo, pero todavía, tenemos que reconocer que hay muchas cuestiones no solamente de la práctica política y del ejercicio del poder, sino también de las leyes, a las cuales tenemos que entrarles de manera abierta, libre desprejuiciada, tratando efectivamente de avanzar en la Constitución o en el desarrollo de un Estado democrático, de ciudadanos libres.

Entre sus rasgos, yo no voy a hacer aquí la descripción, sino solamente quiero ilustrar con algunos ejemplos, entre sus rasgos, que debemos tratar de eliminar, de esta fusión particular, especial, de partido y Estado, tenemos que ir a fondo para eliminar todo residuo del uso, del traslado de los recursos de la nación; o sea, del Estado, para fines específicamente partidistas.

Es decir, de un partido concreto, del partido que está en un momento dado en el Gobierno o en el poder. Pero que en México tiene una particularidad: el de la presencia tan larga de un solo partido al frente del Gobierno y del Estado.

Ese partido gestiona, promueve y se convierte en un gestor de ciudadanos, los cuales por esa vía entran en determinados compromisos, no solamente del voto, pero también del voto, respecto de un determinado partido. Puesto que esa gestoría se realiza por personas de alta especialización, que ocupan puestos fundamentalmente de elección popular y que despliegan una actividad organizativa privilegiada, porque cuenta con los recursos que da el poder del Estado. Soluciona así determinados problemas; otorga plazas, por ejemplo, en los mercados y ahí se ocupan millones de personas, cuya posibilidad de encontrar un lugar para desarrollar su actividad depende de los gestores y dependen de ciertas formas de disciplina que se pueden identificar.

Hace falta entonces este rasgo de lo que se llama partido oficial, contribuir todos a eliminarlo. Esta será una contribución para el desarrollo político de mucha gente que ahora no puede desplegar su iniciativa y a veces ni siquiera sus propias convicciones.

Al Estado actual lo lastran otras diversas formas de corporativismo. Para gestionar vivienda hace falta estar en buenas relaciones con determinados funcionarios y lo mismo para obtener créditos para el campo, para distintas actividades.

Se ha ido conformando una forma específica de corporativismo, entre estas formas tenemos que acudir a lo que pasa en el movimiento sindical, cuestión que abarca a todos los trabajadores, sean organizados o desorganizados; es decir, una gran parte de nuestra sociedad y su factor productivo más importante.

El partido oficial sigue admitiendo un tipo de afiliación colectiva; centrales sindicales enteras, sindicatos de gran significación están involucrados en la dinámica partidista, a través de distintos mecanismos y últimamente como un resultado de muchas decenas de años, de cuadros dirigentes que hacen una función estatal y una función directiva de los sindicatos y de las centrales, en las cuales se ha creado una situación muy específica y desgraciadamente una particularidad de nuestro Estado; es decir, la reproducción por decenas de años de la misma dirigencia y la eliminación de los disidentes a base de formas que han causado daños a millares y millones de personas.

Ha sido muy difícil para los trabajadores luchar por democratizar sus organizaciones, porque se trata de luchar contra el Estado. Recuerdo uno de los grandes intentos del movimiento sindical mexicano para democratizar su organización. El movimiento de los ferrocarrileros, quiero referirlo rápidamente. Se desarrolló un gran movimiento de los trabajadores ferrocarrileros en 1957 y 1958, que llevó a que democráticamente fuera electa una directiva, en la cual estaba como secretario general Demetrio Vallejo y comenzó a actuar este sindicato bajo la nueva dirección.

Pero un día, en la VII convención de este sindicato se acordó una resolución de dos líneas que decía lo siguiente: "a partir de este momento, el Sindicato de Ferrocarrileros de la República Mexicana no pertenece a ningún partido político y por lo tanto los miembros del sindicato tienen libertad para afiliarse al partido de su preferencia"; y ésta fue la sentencia que llevó a represión de este sindicato a la detención de decenas de miles de ferrocarrileros, a que las cárceles de todo el país no fueran suficientes para los ferrocarrileros encarcelados, para destruir una huelga y a que Vallejo y Campa fueran condenados a 16 años de prisión, por dirigir una huelga.

Pero la esencia del asunto estaba en que se había roto ahí una de las claves fundamentales de este Estado, que era la adhesión compulsiva basada en acuerdos efectivamente de las asambleas, pero que violaba un aspecto fundamental de la democracia, que es la libertad de afiliación política. Y podría mencionar otros...

Tengo tiempo para exponer aquí una intervención generalizadora. No estén interviniendo de esa manera, refutenme después.

No ha terminado la vigencia de este método especial de funcionamiento del Estado mexicano que hay que erradicar para siempre.

Menciono también, lo voy a decir muy rápidamente, pero dispongo de tiempo, dispongo de tiempo y el Presidente lo sabe, para señalar solamente y ya de pasada, la cláusula de exclusión. Sigue vigente en muchos sindicatos, es una parte de la estructura de este Estado. Tenemos que abordar esas formas en concreto y darles una solución simplemente democrática y sindicalista.

Están también en juego, tenemos que debatirlos franca y abiertamente con la idea de encontrar lo que tenemos que aportar nosotros para el desarrollo político de este país en el aspecto del Estado, problemas tales como el que tenemos, un Estado sumamente centralizado, que se llama: federal, pero cuyo federalismo se ha ido pervirtiendo y se ha convertido en un auténtico centralismo.

Nuestra labor tiene que concluir aquí y tenemos que tratar de hacerlo juntos para fortalecer efectivamente el municipio, pero también para crear nuevas figuras en las cuales pueda expresarse la riqueza de las administraciones locales y sobre todo, la utilización de sus recursos propios que ahora son extraídos por el centro, y esto se refiere a una cuestión de la máxima importancia que es el avanzar, el desarrollar nuestra iniciativa para avanzar hacia un régimen de autonomías regionales ahí donde tenemos núcleos o poblaciones muy étnicas.

Yo creo que esto es de la máxima importancia para el desarrollo democrático de nuestro país y además, compañeros, hay que tomar en cuenta que nuestro Estado, en todas las escalas del Gobierno carece de los mecanismos adecuados para el control; no puede haber mecanismos democráticos si las autoridades no están sometidas a controles reales, no a formas caricaturescas o superficiales de control y tenemos que buscar, tenemos que hacerlo juntos, formas para que en nuestro Estado, todas las autoridades entren a un sistema verdadero de controles.

Tiene que, la institución gubernamental y el Estado, adquirir una nueva cualidad, debe respetar sin compromisos, esto es de la máxima importancia y lo estoy diciendo, no por ninguna generalidad, sino porque hubo compromisos concretos para resolver las cuestiones de Tabasco y de Chiapas y todo lo que se ha estado haciendo en los últimos días es para incumplir compromisos precisos de las más altas autoridades para dar solución democrática a estos problemas.

Avancemos pues hacia la creación de una sociedad libre donde cada ciudadano pueda organizarse de la manera que quiera, donde ninguna ley constriña a nadie para pertenecer a organismos a los cuales ya no quiere pertenecer y el sindicalismo debe ser libre, esto asusta a muchas personas, pero lo mismo que el sindicalismo debe ser libre, el ejido y el trabajador debe comprender que ya no puede estar sometido a ninguna coalición para votar por uno u otro candidato de un partido que quizá por la largueza de los años en los que se ha mantenido en el poder, ya a veces no comprende ni siquiera estos elementos fundamentales de la democracia que está en el centro de nuestro debate y es aquéllo a lo que también hay que impulsar para que la sociedad contribuya para que nuestras discusiones terminen efectivamente haciendo una contribución para la democratización de México. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes.

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:

Con su permiso, señor Presidente:

Don Arnoldo Martínez Verdugo, debió usted tener todo el tiempo, todo el tiempo que se requiera para un diálogo para plantear una agenda que nos lleve a un nuevo acuerdo nacional.

Señores coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias; compañeras y compañeros diputados.

La desesperanza es el mejor caldo de cultivo de la violencia, es el estado más grave de la desconfianza, porque se puede perder la fe en gobernantes o instituciones, pero si se pierde la esperanza, corremos el riesgo de buscar salidas falsas que compliquen aún más la convivencia social y el desarrollo de nuestra patria.

Crisis y permanencia son dos términos que excluyen, se excluyen entre sí. Cuando un enfermo se haya en crisis puede mejorar o morir. Si un pueblo entra en crisis es para modificar al Estado que debe ser un instrumento de bien común o para eliminar al Gobierno en cuyo caso surgirá otro que garantice un mínimo de valores. En tal virtud, las crisis en una metáfora afortunada se define como la respiración de la historia; un compás de espera, es decir, son momentos de diálogo, de revisión, de reajuste de valores, por eso, en tiempos difíciles como el que enfrentamos, resulta además de indispensable, necesario y urgente que los distintos actores de la vida política nacional inicien un diálogo que siente las bases a fin de mejorar la convivencia social, promuevan el desarrollo integral de las personas y ordene las relaciones sociales en un ambiente de justicia y libertad.

En Acción Nacional hemos insistido en diversas ocasiones sobre la necesidad de realizar un diálogo político nacional entre el Gobierno y las principales fuerzas políticas, pero no reclamamos paternidad a los dichos. Tornamos por la responsabilidad en la autoría de los hechos; sin embargo, es preciso formular las bases del diálogo si realmente se quiere que resulte positivo, definir temas, actores, lugares y fechas de inicio y conclusión, así como los acuerdos que puedan ser avalados por todas las partes.

Uno de los aspectos medulares lo constituye la actitud que deben asumir las partes que dialogan. El Gobierno y su partido durante décadas, se han arrogado el monoplio de la interpretación de las aspiraciones del pueblo de México, asimismo, desarrollaron un interminable monólogo que minimiza y descalifica otros puntos de vista, por ende es indispensable modificar tales actitudes de prejuicio y prepotencia si se busca obtener un diálogo fructífero.

De igual manera, algunos actores políticos deben dejar de lado actitudes de soberbia y protagonismo excluyente. Nadie puede pretender erigirse en poseedor exclusivo de las mejores virtudes y soluciones posibles a la problemática nacional. Cualesquiera de estas conductas deben desecharse si deseamos propiciar un ambiente de participación que, con honestidad, siente las bases para transitar por vías democráticas hacia el encuentro del consenso y el respaldo popular.

Entre los temas que debe contemplar la agenda destaca la reforma electoral integral que, además del ámbito federal, debe contemplar las leyes de la materia en cada una de las entidades federativas, que incluya, desde luego, al Distrito Federal.

Debe manifestarse una clara voluntad para normar la vida democrática, como también reconocer que las actuales condiciones de competencia son injustas e iniquitativas.

Es necesario aceptar con toda normalidad los triunfos o derrotas para quien las obtenga, en todas las elecciones locales o federales.

A fin de modificar las injustas condiciones de competencia, en la ley deben garantizarse la integración imparcial de todos los órganos electorales y reducir los topes de los gastos de campaña que ya insultan a un pueblo empobrecido, mediante auditorías permanentes, con el propósito de sancionar, a tiempo, el incumplimiento de aquélla.

Por otro lado, debe ser equitativo el acceso a los medios electrónicos de comunicación, evitar la manipulación interesada de los noticieros, establecer programas especiales de debate y discusión, tendientes a lograr mejor cultura cívica de la ciudadanía.

En lo relativo a la prensa escrita, es apremiante que los partidos tengan acceso justo a tales medios. Se requiere que la información sea veraz y objetiva respecto a las ideas y propuestas de los diferentes partidos políticos.

Lo anterior no excluye la permanente demanda de los partidos para avanzar en los instrumentos electorales.

Las credenciales de elector y los padrones electorales deben ser instrumentos realmente confiables para la ciudadanía.

Otro tema importante que es imperioso tratar, y por eso queda incluido en la agenda para el diálogo nacional, es el relativo al fortalecimiento del pacto federal y la división de poderes.

Hay un reclamo permanente que no debe soslayarse, de una vez por todas debe terminarse el centralismo que agobia a estados y municipios. En esta tónica, ampliar la base de distribución de recursos a las entidades federativas, contribuirá a fortalecer la autonomía y propiciar el mejor desarrollo de ellas.

Este tema se inscribe en la necesaria transformación de las estructuras, que permita mayor eficacia en el combate honesto y sincero a la pobreza y la marginación, que son ahora la fuente principal de la desesperanza.

Seguramente habrá otros temas de interés nacional que deben ser abordados en la agenda y que ya han sido mencionados.

Finalmente, México entrara en un intenso debate nacional. Sea bienvenido. Todos queremos tener conciencia de que nuestro aquí y nuestro ahora, son los de la crisis, crisis que se ha reconocido política, económica y social.

El Congreso de la Unión tendrá la oportunidad de mostrar su utilidad. Al constituirse en el escenario del diálogo nacional, debe ser la máxima jerarquía política, si estamos dispuestos a asumir nuestro papel como representantes de la nación.

Nuestra misión como representantes populares, consiste en rescatar la dignidad y el decoro del Poder Legislativo, decidir responsablemente en todo aquello que sirva al interés superior de la nación. De esta manera contribuiremos a devolver la esperanza a un pueblo que exige de sus gobernantes veracidad, honestidad y capacidad.

Es indudable el agotamiento de un sistema político autoritario y antidemocrático que ha propiciado un estado de cosas desordenado e injusto para la mayoría de los mexicanos. Requerimos de un nuevo modelo de nación. Esta es exigencia permanente de Acción Nacional, modelo que se funde en la democracia, no sólo como forma de Gobierno sino como sistema de vida, que reconozca y garantice el respeto a los derechos esenciales de la persona humana; sistema de gobierno que parta de un auténtico estado de derecho que tenga por fin la realización del bien común, que implica la justicia, la seguridad y la defensa del interés colectivo.

En este orden de ideas, asumimos nuestra responsabilidad como integrantes de un partido político democrático, que se sabe parte importante de la sociedad, pero reconoce que hay otros, que siendo entidades de interés público, deben contribuir también a la búsqueda de soluciones en la construcción de bienes públicos, que restablezcan la esperanza de un pueblo que cree en sí mismo, porque tiene valores y porque merece un destino mejor.

Estamos prestos a llevar mediante el diálogo y el consenso a nuestra patria a una nueva esperanza. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José Natividad González Paras.

El diputado José Natividad González Paras:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El Estado es la representación política de la sociedad; el marco normativo del Estado, la forma en que organice sus instituciones y la manera en que conduzca sus relaciones con la propia sociedad, son elementos fundamentales para que un país alcance en las mejores condiciones posibles, sus grandes objetivos nacionales.

México ha venido construyendo con el paso del tiempo sus instituciones políticas y sociales; las ha construido con el esfuerzo de muchas generaciones, basado en el sedimento que han ido dejando las luchas sociales en la Independencia, en la Reforma, en la Revolución y en tiempos más recientes.

Las aspiraciones y los resultados, consecuencias de estas luchas, han quedado plasmados en nuestra Constitución y en nuestras leyes.

Muchas veces de las crisis por las que hemos atravesado, han surgido oportunidades que se han transformado en avances importantes en nuestra vida política y en nuestras prácticas sociales. Hoy nos encontramos, quizá, frente a una de esas oportunidades, la oportunidad de construir consensos para un nuevo Estado y un nuevo marco jurídico que guíe la vida de los mexicanos.

El presidente Ernesto Zedillo, consciente de este desafío, ha puesto de manifiesto la voluntad del Ejecutivo de contribuir a este propósito. A nosotros nos corresponde en el ámbito de la soberanía que representa el Poder Legislativo, hacer lo nuestro.

Aquí, el día de hoy hemos aprobado por unanimidad el punto de acuerdo formulado por las fracciones parlamentarias; hoy hemos escuchado distintos planteamientos que delinean los grandes trazos de esta reforma de Estado que se avecina, reforma en la que tenemos la responsabilidad de ser protagonistas fundamentales con la representatividad que ostentamos.

Mi partido, debo expresarlo, ha manifestado ya sus puntos de vista y comparte en esencia la mayoría de las propuestas de fondo que otras fracciones parlamentarias han formulado. Hemos reivindicado nuestros puntos de vista en nuestra plataforma ideológica, lo advertimos también en las tesis expresadas por el Presidente de la República, que muestran sensibilidad y visión políticas.

Las vertimos en el espíritu del acuerdo político suscrito recientemente en Los Pinos, las vertimos también cuando se expresa la conciencia de nuestros compañeros legisladores de fracción y de partido.

Al recapitular queremos reiterar nuestro compromiso de buscar, como aquí se ha dicho, una reforma electoral profunda y definitiva, que le dé transparencia y certidumbre total a las elecciones y a la democracia representativa.

Queremos un Poder Legislativo más fuerte, más participativo, con más atribuciones y capacidades para actuar con autonomía en el marco de la división de poderes.

Queremos un Poder Judicial que actúe con profesionalismo, con imparcialidad, con honestidad y eficacia.

Queremos un federalismo autónomo que contribuya al progreso nacional con una participación efectiva de los municipios y de los estados.

Queremos equidad en materia fiscal entre los tres niveles de Gobierno.

Queremos un Distrito Federal con un Gobierno más democrático y participativo.

Queremos una sociedad civil fuerte, que reconozca incluso constitucionalmente la importante función social que desarrollan las organizaciones ciudadanas.

Queremos que junto a una democracia representativa, más consolidada y efectiva, conviva también una democracia participativa en la que las organizaciones representativas de los obreros, de los empresarios, de los campesinos, de las clases medias, de las comunidades indígenas, de los grupos populares, de los intelectuales y de la academia, participen más activamente en la toma de decisiones y en los procesos de planeación económica y social.

Queremos una sociedad más informada, en donde los medios de comunicación con sentido nacionalista cumplan una función social que desafortunadamente muchas veces es condicionada por otros intereses.

Queremos en suma que se construya una nueva cultura política del Estado, en los gobernantes, en los partidos políticos y en la sociedad en general, más comprometida con los valores de la democracia, de la identidad nacional y del bienestar de las familias mexicanas.

Vamos a trabajar intensamente en este diálogo nacional que hoy se abre, vamos a serle fiel a nuestros principios doctrinarios y a las reivindicaciones y demandas de nuestros electores, pero construyendo en lo posible puentes de consenso.

Podemos, como aquí hoy lo hemos hecho en algunos puntos, disentir y defender firmemente nuestros principios y nuestros puntos de vista, pero debemos de convenir entre todos, que sumar en lo esencial edifica, que sumar dignifica, que sumar contribuye a resolver problemas y a mejorar las instituciones, que sumar contribuye a hacer nuestra sociedad más madura y a vivir juntos un país, México, que es de todos. Muchas gracias.

El Presidente:

Agotada la lista de oradores, continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

El secretario Abel García Ramírez:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias.- Primer Receso.- Primer Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

28 de enero de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictamen a discusión

De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto, que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Declaratoria de clausura de los trabajos de la Cámara de Diputados del Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LVI Legislatura.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 10:18 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana sábado 28 de enero, a las 10:30 horas.