DEBATE

Presidencia del diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte

ASISTENCIA

El Presidente:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El secretario Sergio Emigdio Prieto Gamboa:

Se va a proceder a pasar lista de asistencia.

Señor Presidente, hay una asistencia de 285 diputados. Por lo tanto, hay quorum.

El Presidente (a las 11.40 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias.- Primer Receso.- Primer Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

28 de enero de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictamen a discusión

De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto, que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Declaratoria de clausura de los trabajos de la honorable Cámara de Diputados del Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LVI Legislatura.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario Andrés Galván Rivas:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado Abelardo Carrillo Zavala

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas con diecisiete minutos del viernes veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de trescientos ochenta y siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión, que se aprueba en sus términos en votación económica.

Un dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto, que reforma el cuarto párrafo del artículo veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de primera lectura.

El Presidente otorga el uso de la palabra al diputado César Antonio Chávez Castillo, quien da lectura a las "propuestas para establecer las bases de discusión y resolución del diálogo nacional, para la reforma política del Estado", suscritas por miembros de la Comisión de Diálogo y Conciliación para el Estado de Chiapas.

Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo presentados por los coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En votación económica, la Asamblea los aprueba.

Para fundamentar los criterios de cada uno de los grupos parlamentarios, respecto al mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados: Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; Rafael Ayala López, del Partido Acción Nacional y Emilio Solórzano Solís, del Partido Revolucionario Institucional.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados: Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Marcué y Pardiñas, del mismo partido; Fernando Garza Martínez, del Partido Acción Nacional; Rodolfo González Macías, del Partido Revolucionario Institucional; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática; Florencio Martín Hernández Balderas, del Partido Acción Nacional; Ignacio Ovalle Fernández, del Partido Revolucionario Institucional; Martín Equihua Equihua, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Dávila y Juárez, del Partido Acción Nacional; Alejandro Moreno Berry, del Partido del Trabajo; Jaime Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional y Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática.

Continúan debatiendo, los diputados Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones; Baruc Efraín Alavez Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional; José Antonio Hernández Fraguas, del mismo partido; José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; María del Carmen Ricardez Vela, del Partido Revolucionario Institucional y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, quien declina su participación.

Para hacer las conclusiones respecto de la Reforma Política del Estado, se concede el uso de la palabra a los diputados: José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Arnoldo Martínez Verdugo, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional y José Natividad González Paras, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos del orden del día, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintidós horas con veintitrés minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, sábado 28 de enero, de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas con treinta minutos.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto, que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

«Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes.

Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto, que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el 26 de enero de este año.

Estas comisiones, de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 42, 43 fracción ll, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, 87, 88 y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 9 de enero de 1995, el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción Xl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitió a la Comisión Permanente la solicitud para convocar a un Periodo de Sesiones Extraordinarias del honorable Congreso de la Unión para conocer, entre otros asuntos, de la "iniciativa de reformas al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional en materia de ferrocarriles y comunicación vía satélite". La Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 79, fracción IV, 89, fracción Xl de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., 24, 69 de la Ley Orgánica y 27, 28 y 35 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el decreto por el que se convocó a un periodo de sesiones extraordinarias y que estableció como fecha de apertura, el 17 de enero de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 13 de enero del año en curso.

2. Presentada que fue la iniciativa ante la Cámara de Senadores, ésta, en sesión celebrada el 18 de enero del presente año acordó, por voz del Presidente de su mesa directiva, turnar la iniciativa en cuestión a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía, y Estudios Legislativos, tercera sección.

3. Las comisiones del Senado de la República a que hacemos referencia en el numeral anterior, celebraron el 19 de enero del presente una reunión en conferencia con las suscritas comisiones unidas de esta Cámara de Diputados, a efecto de intercambiar puntos de vista sobre la referida iniciativa. En dicho evento, los diputados asistentes sugirieron diversos textos de adición a la iniciativa, que fueron recogidos en su esencia por los señores senadores.

4. Las comisiones unidas de la Cámara de Senadores, al presentar su dictamen con proyecto de decreto, propusieron, en consecuencia, al pleno de la Asamblea, modificar la iniciativa presidencial.

5. La colegisladora, en sesión celebrada el día 26 de los corrientes, aprobó la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 constitucional. En esta misma sesión, como resultado del debate legislativo, se introdujeron nuevas modificaciones al texto legal sujeto a discusión, para quedar como sigue:

" Artículo 28..................................................

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia."

6. Los secretarios de esta Cámara de Diputados dieron cuenta, al pleno, de la minuta con proyecto de decreto, aprobado por la Cámara de Senadores en sesión celebrada, el pasado 26 de enero del año en curso; hecho lo cual, el Presidente de la mesa directiva acordó turnar la minuta en cuestión a estas comisiones unidas, las que sesionaron los días 26 y 27 de los corrientes, a efecto de conocer, discutir y dictaminar sobre la minuta en estudio.

7. De conformidad con los antecedentes indicados, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, se permiten presentar las siguientes

CONSIDERACIONES

Inmersos como estamos en un mundo cada vez más interrelacionado, en el que la aplicación de tecnologías avanzadas constituye factor determinante en la lucha por los mercados de bienes y servicios, palanca para el desarrollo nacional, las vías de comunicación devienen en parte sustancial para estar a la altura de sociedades cada vez más competitivas.

Si bien es cierto que los ferrocarriles, a partir del primer tramo México-Veracruz, puesto en operación en 1873, jugaron un papel muy importante en la integración social y política del país, gracias a que promovieron su desarrollo y urbanización, es innegable que con el advenimiento de las carreteras se detuvo su expansión, a tal grado, que podemos decir que en 1995 contamos, en vías principales, con una longitud muy similar a la que en su totalidad existía ya al finalizar la primera década de este siglo.

Si tal y como lo precisa la iniciativa presidencial, en la actualidad los ferrocarriles transportan tan sólo el 1.5% de pasajeros y menos del 15% del total de carga a nivel nacional, resulta evidente la subutilización de este modo de transporte que tiene, por lo demás, respecto del carretero, la ventaja de contar con una mayor capacidad de transporte, de generar menos impactos negativos al medio ambiente y de constituir un sistema integrado.

La propia iniciativa reconoce que el Estado no cuenta con recursos económicos suficientes para llevar a cabo la modernización de tan importante modo de transporte, ya que ello implicaría distraer recursos destinados al gasto social, lo cual, evidentemente, constituiría un factor que incidiría negativamente en el esfuerzo de incorporar a los sectores más necesitados al disfrute de mejores niveles de bienestar.

Desde el punto de vista histórico-jurídico, debemos decir que no fue sino hasta el muy reciente año de 1983, cuando se incluyó a los ferrocarriles como una área estratégica y, por ende, reservada por el párrafo cuarto del artículo 28 de la Ley Fundamental en forma exclusiva al Estado, con lo cual el Constituyente Permanente no hizo sino reconocer el hecho de que, para entonces, la totalidad del sistema era ya operado por el Estado.

Desde el siglo pasado y hasta el citado año de 1983, ningún precepto constitucional reservó a los ferrocarriles como área exclusiva del Estado, sino que, por lo contrario, durante el periodo mencionado las concesiones otorgadas en esta materia fueron variadas y múltiples; ni siquiera nuestra muy avanzada Constitución de 1917 introdujo algún cambio en el sistema jurídico aplicable, lo que pone de manifiesto que, a pesar de lo importante que para esa época eran ya los ferrocarriles, no se estimó conveniente convertirlos en propiedad de la nación y operación exclusiva del Estado.

Lo anterior nos permite arribar a la conclusión de que aprobar la reforma propuesta por el titular del Poder Ejecutivo Federal, es congruente con nuestras tradiciones jurídicas y políticas. Por otro lado, la reforma de 1983 no provocó los avances deseados en la eficiencia ferroviaria, ni incremento en la capacidad de transporte.

Especial mención merece el párrafo de las comisiones unidas de la colegisladora, suscriptoras del dictamen con proyecto de decreto que, al referirse a los derechos laborales de trabajadores en activo y jubilados ferrocarrileros, destaca el imperativo de salvaguardarlos debidamente, al momento de regular lo concerniente a la actividad ferrocarrilera, párrafo que estas comisiones unidas hacen suyo.

Por cuanto hace a la comunicación vía satélite, materia también incorporada al texto de la iniciativa presidencial, es procedente dejar asentado que, por ser el medio idóneo para superar la accidentada orografía de nuestro país, ha permitido una cobertura nacional que acerca la cultura, difunde conocimientos y agiliza información.

En 1983, al establecerse en el artículo 28 constitucional la exclusividad del Estado en materia de comunicaciones vía satélite, este servicio significaba un avance tecnológico sin antecedentes notorios en el país y en el que el interés de la iniciativa privada era escaso, por lo que era necesario que el Estado hiciera inversiones importantes para promover su uso. Las condiciones actuales son diametralmente distintas, la demanda de los inversionistas particulares y del público usuario ha crecido notablemente y el Estado no cuenta con recursos para financiar la modernización constante del sistema satelital, mismos que en todo caso deberían ser destinados prioritariamente al gasto social.

El sistema Morelos, en su momento y con su tecnología, tuvo un costo de 150 millones de dólares; posteriormente, con un avance tecnológico y mayor capacidad, el sistema Solidaridad tuvo un costo de 427 millones de dólares, de donde se infiere que los siguientes satélites tendrán un costo de inversión creciente que el Estado mexicano no esta en condiciones de afrontar por sí sólo.

Por otra parte, el Estado mexicano dispone de cuatro posiciones orbitales para colocar satélites de difusión directa que, al no ser aprovechadas por nuestro país, requeriremos que los servicios correspondientes sean proporcionados por satélites de propiedad extranjera, con la consecuente dependencia tecnológica y salida de divisas.

Adicionalmente, debemos considerar que están en proceso de desarrollo y operación sistemas satelitales de órbita baja, para comunicación móvil, a la disposición de un mercado abierto y, en las condiciones actuales, el Estado mexicano no podría concurrir a él, lo que hace necesaria la participación de la inversión privada y social, junto con la inversión pública.

Ante el hecho de no contar con recursos económicos suficientes para cubrir en su totalidad este aspecto tan importante de las comunicaciones, el Estado mexicano deberá conservar el derecho sobre sus posiciones orbitales e iniciar los trámites necesarios para obtener otras nuevas; y quedaría ante la disyuntiva de que se reforme el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional a efecto de hacer participar a la inversión privada y social; o bien, depender de satélites extranjeros.

En conclusión, dado que el desarrollo del país requiere de un sistema ferroviario moderno, ágil; estructurado para satisfacer las necesidades de origen y destino; receptor de un adecuado mantenimiento que evite accidentes y promueva su uso productivo; y que amplíe su cobertura, lo que implica inversiones cuantiosas que el Estado no está en posibilidad de realizar y, que en el caso de los satélites también se requiere de una cuantiosa inversión del Estado para incrementar la capacidad satelital, es atendible la iniciativa presidencial de sustraer del párrafo cuarto del artículo 28 constitucional estas materias en su carácter de estratégicas.

Conforme a las propuestas que senadores y diputados presentamos en la conferencia de comisiones a que se ha hecho alusión, se estima conveniente el reafirmar que tanto los ferrocarriles como las comunicaciones vía satélite, constituyen áreas prioritarias para el desarrollo nacional; que debe expresamente mencionarse en la Constitución la rectoría que el Estado habrá de ejercer sobre ellas, en protección de la seguridad y la soberanía nacionales y, finalmente, se estima también indispensable que el texto constitucional preceptúe que al otorgarse concesiones o permisos para prestar dichos servicios, el propio Estado mantendrá o establecerá dominio sobre las respectivas vías de comunicación, para cuyo efecto se cuidará de precisarlo así también en los procedimientos que se establezcan en las leyes que al efecto se expidan.

En lo que se refiere a los criterios de política económica relacionados con decisiones del Ejecutivo que permitan la participación privada y social, independientemente de la pública, en estas áreas prioritarias del desarrollo, es obvio que, de acuerdo con los artículos que integran el capítulo económico de la Constitución, el Congreso de la Unión tendrá las atribuciones e intervención que precisen las leyes que él mismo dicte, en las que se establezcan los fundamentos y sustentos con la claridad suficiente, para el otorgamiento de las concesiones y permisos que expida la autoridad y la normatividad precisa para el funcionamiento y operatividad de estas importantes actividades del sector de comunicaciones y transportes.

Asimismo, las comisiones concurrentes estiman conveniente el avocarse al análisis de la legislación secundaria correspondiente para presentar en su caso los proyectos legislativos conducentes.

En el curso de sus deliberaciones, en las comisiones unidas que suscriben, se advirtió fuerte preocupación por preservar el patrimonio de las entidades del sector público que eventualmente serán susceptibles de desincorporación, con motivo de la presente reforma al texto del artículo 28 constitucional. Por lo tanto, recomiendan a la Asamblea solicite a la Contaduría Mayor de Hacienda, a través de su Comisión de Vigilancia, la práctica de las auditorías especiales que se estime necesario llevar a cabo, a fin de determinar el estado financiero y operativo de aquéllas, así como precisar con todo cuidado el valor real de sus activos.

Por las razones anteriormente expuestas, estas comisiones unidas se permiten proponer a esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28..............................................

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado, al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

..................................................................

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 27 de enero de 1995.- Por las comisiones, diputados: Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Fructuoso López Cárdenas, José Alberto Castañeda Pérez, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Eric Luis Rubio Barthell, José de Jesús Zambrano Grijalva, en contra; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, en contra; Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, en contra; Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez, Desiderio Camacho Garibo, Alfonso Molina Ruibal, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Jaime Jesús Arceo Castro, Jorge Castillo Cabrera, Daniel Covarrubias Ramos, Jesús Durán Ruiz, Gabriel Escalante Castillo, Roberto M. Flores González, Tuffy Gaber Arjona, Ricardo Luis A. Godina Herrera, Jorge Humberto Gómez García, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, F. Martín Hernández Balderas, Víctor Hugo Islas Hernández, Israel R. Ledezma Magaña, Cecilio Lepe Bautista, Apolonio Méndez Meneses, Alejandro Moreno Berry, en contra; Eusebio Moreno Muñoz, Carlos Navarrete Ruiz, en contra; Gerardo Ordaz Moreno, Ricardo F. Pacheco Rodríguez, Miguel Rodríguez Ramírez, Alfonso Solórzano Fraga, Ramón Sosamontes Herreramoro, en contra y Carlota Guadalupe Vargas Garza.»

Es de segunda lectura.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Gustavo Cárdenas, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Oscar Gustavo Cárdenas Monroy:

Con su permiso señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

Tengo el honor de venir a esta alta tribuna de la nación, con el objeto de exponer los argumentos más relevantes correspondientes al dictamen de reforma del párrafo cuarto del artículo 28 constitucional.

Con atención hemos observado y participado en las diferentes etapas del proceso legislativo, en el que hemos constatado el interés permanente de los legisladores, por participar en los asuntos de interés nacional, aportando siempre sus mejores propuestas, en un ambiente de seriedad y respeto, y aún en la diversidad, han enriquecido los trabajos legislativos de las comisiones correspondientes del presente dictamen.

El avance democrático de México requiere fortalecer el diálogo y la coordinación entre los representantes populares. Esta es una tarea de respeto mutuo y responsabilidades compartidas. La pluralidad y dinamismo de la sociedad, expresados en esta representación popular, demanda espacios de opinión y acción pública, acuerdos políticos e instituciones representativos. Estos tiempos son de pluralismo y civilidad, de agregar voluntades y sumar esfuerzos. Ese es el espíritu y fundamento de la iniciativa de reformas al artículo 28 constitucional, construir y consolidar un esfuerzo conjunto, para conducir el desarrollo. El cambio que se propone es profundo y permanente.

Con la modificación propuesta al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ferrocarriles y de comunicaciones vía satélite, el Estado no sólo conserva, sino que fortalece sus facultades de rectoría económica, para el desarrollo nacional. Garantiza también que la rectoría sea integral y que fortalezca a la soberanía de la nación.

Tal y como expresamente lo dispone el segundo párrafo del artículo 25 de la Constitución General, corresponde al Estado planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica y llevar a cabo la regulación de las actividades que demandan el interés general, en el marco de libertades que otorga la propia ley fundamental.

Es decir, la rectoría del Estado significa regulación precisa, legislación clara, exacta y concisa, ordenación del actuar de los distintos sectores, de manera que éstos puedan planear y orientar su desempeño en el marco del estado de derecho.

El sujetar las actividades ferroviarias y de comunicaciones vía satélite al régimen de concesión, no significa que el Estado deje de regular estas tareas, y que las mismas queden fuera del marco legal, todo lo contrario. Significa que dichas actividades estarán sujetas a la aplicación estricta de las leyes, significa que las concesiones deberán desempeñarse conforme a las normas que en la materia expida el Estado, significa, por tanto, ejercicio pleno de sus facultades de rectoría.

Debe señalarse que la concesión es un acto jurídico de carácter temporal, que tiende a garantizar por una parte, que el Estado ejerza sin tropiezos el control que le corresponde sobre el objeto de la concesión, y por la otra, asegura que el concesionario tenga la competencia y los medios adecuados para la explotación de la concesión.

El concesionario asume la facultad de ejecutar personalmente las obligaciones impuestas en el título de concesión y encargarse de la gestión del servicio. En términos generales, la concesión en materia de ferrocarriles y comunicaciones vía satélite, consistirá en otorgar exclusivamente derechos para explotar un servicio determinado.

La concesión, en estas materias, tiene por objeto incentivar la inversión del capital privado y social en la industria y fomentar la competitividad, desarrollo y modernización ferroviaria y de las comunicaciones vía satélite.

Con esta modificación constitucional el Estado fortalece su rectoría. Estamos convencidos que mediante leyes claras y precisas, la nación garantiza a la sociedad la prestación de servicios con calidad y eficiencia, y estar en mejores condiciones de impulsar el desarrollo económico, sin menoscabo en ningún momento de la soberanía.

Compañeros legisladores, permítanme formular algunas consideraciones que fundamentan, de manera clara y precisa, el imperativo de apoyar la iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional.

La modernización de la economía mexicana, demanda también la modernización de los ferrocarriles, hoy día vivimos inmersos en una economía cada vez más globalizada, y que no hay duda de que para insertar al país con eficiencia en las corrientes del intercambio mundial y acelerar la competitividad de nuestro aparato productivo, es imperativo tener un sistema ferroviario existente.

Para tener un comercio interior con mayor y mejores alternativas de comunicación, debemos modernizar los ferrocarriles, el precio y la calidad de los servicios de transporte, es imprescindible para eficientar y hacer más competitivo al sector comercio.

La verdadera integración regional de México sólo será plena cuando existan mayores opciones de transporte. Las condiciones técnicas actuales de los ferrocarriles nacionales demanda un esfuerzo a la inversión y capitalización que sólo podrá lograrse con el concurso de los sectores social y privado; si queremos tener más competitividad; hacer crecer la demanda del servicio; mejorar nuestra infraestructura y tener una mejor situación financiera en los ferrocarriles, debemos permitir la participación de los sectores social y privado y aun del sector público.

El Estado mexicano ratifica y fortalece su rectoría en el sector ferrocarrilero, el marco regulatorio alentará y dará certidumbre a la inversión, a la vez que garantizará que el Estado preserve su papel como rector. El Estado mexicano debe mantener e incrementar el gasto en el desarrollo social y concentrar su atención en las responsabilidades básicas con la población.

Hoy en día, no se pueden distraer recursos en otras responsabilidades que no sean las de la vocación social del Estado mexicano. Es necesario concentrar el esfuerzo, la votación y los recursos de los sectores social y privado, en aquellas actividades en las que puede contribuir en forma decidida al desarrollo de nuestro país.

La participación privada en otros medios de transporte, ha permitido que estos crezcan y sean eficientes, no hay argumento que justifique mantener a los ferrocarriles en una situación desventajosa que a nadie beneficie. El ferrocarril puede ser el transporte terrestre más barato, de más contribución a la ecología y con infraestructura más durable.

Las leyes reglamentarias en la materia permitirán definir y acotar con toda precisión las modalidades de participación social y privada. En síntesis, permitir la participación de los sectores social y privado en materia ferrocarrilera, hará posible tener mejores costos de intercambio, lograr un comercio interior más equitativo y eficiente, contar con fuentes de empleo estables y lograr un crecimiento sano de la economía de México.

Es preocupación de los diputados de esta legislatura, el que los legítimos derechos de los trabajadores en activo y jubilados sean respetados cabalmente.

En materia de comunicación vía satélite, permítanme ustedes presentar las siguientes consideraciones.

Para que México tenga una infraestructura satelital que le permita competir con nuestros principales socios comerciales, debemos tener más financiamiento y más inversión, ello sólo se logra con la participación de la iniciativa privada y del sector social sumada la inversión pública.

Nuestro país debe estar en posibilidades de contar con la tecnología de vanguardia en materia de redes digitales y sistemas de satélites de órbita baja y aprovechar las posiciones orbitales con que se cuenta; no hacerlo, significaría relegar a México a la posición de usuario de sistemas de satélites del exterior.

Para responder con rapidez a la demanda de servicios satelitales, debe contarse con financiamiento, capital y proyectos que el sector privado y el sector social pueden generar.

El Estado mexicano mantendrá su rectoría en materia de comunicación vía satélite, fomentará la competencia y será el garante de los intereses nacionales.

Las leyes garantizarán la forma en que los servicios de carácter social, como la telefonía rural y la educación a distancia, así como las redes de seguridad nacional, tendrán en todo tiempo los espacios que precisen en la capacidad satelital.

Compañeros legisladores: a lo largo de nuestra historia, los mexicanos hemos construido una nación independiente, con principios irrenunciables, libertad, justicia, democracia y soberanía que representan en su conjunto, el patrimonio más valioso de las futuras generaciones.

Honorable Asamblea: en la elaboración del presente dictamen de reforma, es de elemental y honesto reconocimiento, resaltar que desde la reunión-conferencia con el Senado de la República, y por supuesto, en el análisis y la discusión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como Comunicaciones y Transportes, la participación que en forma intensa y activa han tenido mis compañeros diputados de las distintas fracciones parlamentarias que las componen, participación que estuvo caracterizada por su sentido de responsabilidad y seriedad, logrando con ella una gran diversidad de puntos de vista que vinieron a enriquecer el contenido del presente dictamen y que los argumentos plasmados en sus consideraciones, fueron importantes, con lo que queda garantizado el aseguramiento del bien superior de nuestra nación.

Con nuestro voto a favor de esta iniciativa, habremos de construir un país más sólido, habremos de tener un desarrollo económico más sano y estable, que haga crecer la calidad de vida de los mexicanos. Votar a favor de la iniciativa, es votar por el desarrollo.

Los convoco a sumarnos a esta tarea por engrandecer a México. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Luis Sánchez.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hemos escuchado por parte de la fracción priísta, una fundamentación verdaderamente aberrante. Se nos dice que para fortalecer la rectoría del Estado en materia de comunicaciones ferrocarrileras y de comunicaciones satelitales, hay que desnacionalizarlas, privatizarlas y entregarlas al imperialismo norteamericano.

Esta es la misma política neoliberal contradictoria y falaz que durante 12 años estableció que para controlar los equilibrios económicos, habrá que liberar los precios. Esto llevó al enriquecimiento de una minoría y a la depauperación de millones de mexicanos.

Acaba de decir el orador que me antecedió en el uso de la palabra, que aquí se garantiza el bien superior de la nación. Estamos ante un dislate. No puede garantizarse el interés superior de la nación cuando se está planeando entregar los ferrocarriles a la empresa Unión Pacific, que ha planteado ya, ante el Congreso americano por medio de los congresistas que controla, la exigencia para que este Congreso, el mexicano, apruebe antes del 1o. de febrero, esta entrega de nuestra soberanía en materia ferrocarrilera.

Hay una carta de intención, aunque la Secretaría de Hacienda se niegue a reconocerlo. Es otro de los engaños, la antigua y permanente práctica de esa Secretaría, de ocultamiento de la información.

El jueves 26 de enero, para obtener un crédito por 7 mil 575 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, el Secretario de Hacienda y Crédito Público se comprometió con su contraparte Robert Rubin, a un nefasto programa de privatizaciones y de desnacionalizaciones, que el PRI pretende hoy aquí sacar adelante en contra del interés de los mexicanos.

Esto quiere decir, lisa y llanamente, que de nueva cuenta, mediante la nociva práctica de someter a nuestra autoridad hacendaria a la firma de otra carta de intención, ¡van 12, desde que López Portillo quebró la economía!, para aprobar inminentemente, perentoriamente, bajo coacción la fecha es el 1o. de febrero, este programa de entrega total de la comunicación por satélites y de la comunicación ferrocarrilera.

¡Hay, pues, una nueva imposición para que este Congreso reforme el artículo 28 y así se privaticen esas áreas!

¡El Gobierno Federal, el encargado del Ejecutivo, Zedillo Ponce de León, ha prometido que nada se hará a espalda del pueblo! Esta es una declaración que no tiene más de 24 horas. ¿Entonces, quién autorizó al Secretario de Hacienda a firmar la mencionada carta de intención con el fondo monetario? ¿Fue acaso esta soberanía? ¡Aquí se ignoran absolutamente los términos, en fondo y forma, de dicho documento!

¡Es derecho, es obligación de esta representación nacional, aprobar los términos y bases de esas cartas de intención con la entidad supranacional que hoy por hoy dirige los destinos políticos de las naciones subordinadas; el fondo monetario a las ordenes del presidente Clinton!

En su edición de hoy el The New York Times al señalar: "que corre peligro la aprobación del paquete crediticio de 40 mil millones de dólares", que contiene la confesión de parte del propio líder de la Cámara de Diputados norteamericana, Newt Gingrich, en donde se reconoce que es difícil, que hay obstáculos para la aprobación, se expone el razonamiento fundamental: "que no es un proyecto para salvar la economía mexicana, que tampoco es un proyecto para salvar a los pequeños ahorradores norteamericanos que cometieron el error de invertir en la bolsa de valores, cuando ésta se desplomó, la nuestra, o de invertir en bonos que estaban denominados aunque fuese en dólares pagaderos en pesos".

Y el argumento que dan ellos hoy, atención, argumento de norteamericanos: "es que no es un paquete de impulso al desarrollo de México, es una operación de salvamento para los grandes inversionistas norteamericanos y que es lo que hace dudar...

El Presidente:

Señor diputado; le rogaría que redondeara su intervención. El tiempo se ha terminado.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Sí, señor Presidente.

Esa operación de salvamento a la oligarquía financiera norteamericana, está ofendiendo gravemente a los electores de clase media de los Estados Unidos, que presionan hoy por hoy a sus congresionistas para no sacar adelante un proyecto que desnacionaliza las comunicaciones mexicanas, que lesiona nuestra soberanía; pero que también lesiona el interés del contribuyente norteamericano. ¡Los contribuyentes de ese país no están dispuestos a salvar de nueva cuenta a la oligarquía financiera de los Estados Unidos!

Compañeros diputados: es opinión de esta fracción social-demócrata que este dictamen debe ser rechazado por interés patriótico. Debe ser rechazado porque de nueva cuenta se pretende sacar avantes a los depredadores de la economía nacional.

¡Hoy por hoy la única salida viable, amén de patriótica, es la declaratoria de la moratoria y de la anulación de la deuda externa ilegal! ¡Este Congreso soberano, en actitud nacionalista, patriótica y latinoamericanista, debería de convocar a la constitución de un club de deudores latinoamericanos; debería convocar a Cardoso, a Menen, a Caldera, a los presidentes de Colombia y de Chile, que en conjunto representamos una deuda superior a los 700 mil millones de dólares, a decretar, con el poder que da deber tanto a los acreedores, a sentarse a una mesa de negociación.

¡Rechacemos el dictamen por antipatriótico y votemos por una salida nacionalista y en bien de la patria! Muchas gracias.

El Presidente:

Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto, pero en atención a que el Partido de la Revolución Democrática ha manifestado su deseo de hacer uso del voto particular, tiene la palabra el diputado Mauro González Luna Mendoza.

El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra antes del diputado González, para presentar una moción suspensiva.

El Presidente:

Diputado, pase por favor a la tribuna.

El diputado Pedro René Etienne Llano:

Con su venia, señor Presidente:

Hemos solicitado la palabra antes de iniciarse el debate y la lectura del voto particular, para presentar una moción suspensiva en los términos del artículo 110 del reglamento. Hemos solicitado a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática hacer uso de la palabra para fundamentar esta moción suspensiva.

Nos parece fundamental dos argumentos centrales por los cuales es necesario darle a esta soberanía, a la representación popular, el tiempo que se requiere para debatir y estudiar a profundidad las implicaciones que tiene esta propuesta de reforma al artículo 28 constitucional. Nos parece que es necesario este tiempo, este periodo de consulta, de reflexión y evitar una premura que sólo se explica por la presión que tiene el actual Gobierno para satisfacer condiciones que están siendo discutidas en el Congreso norteamericano.

Compañeros, ha trascendido ante la opinión pública, y para nadie es un secreto, que en la Ley de Estabilización de México de 1995, que actualmente se discute en el Congreso norteamericano, se han establecido condiciones para privatizar áreas que hoy están en poder del Estado mexicano; ése es el fondo de la premura por la que se quiere modificar el artículo 28 constitucional.

Para ser más exactos, vamos a leer cuál es este punto contenido en la iniciativa que hoy se discute en el Congreso norteamericano. Dice así el punto 5o. de la sección 5a. titulada "Precedente de Condiciones": "El Gobierno central de México se compromete a implementar un programa de privatización para transferir empresas actualmente propiedad o controladas por el Gobierno, a la propiedad privada".

Sin embargo, lo más grave de que estemos discutiendo modificaciones a la Constitución General de la República que han sido condicionadas en la discusión del Congreso norteamericano, es que con este acto, el actual Gobierno demuestra que está aplicando la misma política económica que durante seis años se aplicó, es decir, la de vender un patrimonio nacional, la de subastar un patrimonio nacional para hacer frente a compromisos de inmediato.

Hoy sólo puede hablarse de la privatización de Ferrocarriles Nacionales, y hoy también sólo puede hablarse de la privatización de telecomunicaciones, porque la mayor parte del patrimonio estatal fue vendido ya en el sexenio anterior. Pero, compañeros, tal parece que no se aprende de la experiencia y aplicar esa misma política económica no va a resolver problemas de fondo, va simplemente a diferir, como lo estamos viviendo hoy, problemas que deben enfrentarse desde raíz y no solamente acumulando recursos para hacer frente a las obligaciones inmediatas.

Ya de por sí sería grave modificar la Constitución sólo para satisfacer condiciones de la negociación con los Estados Unidos, pero compañeros, aquí hay más, todos los partidos aquí presentes tenemos un compromiso al cual hay que hacer valer y respetar, un compromiso que no podemos eludir ahora o que no podemos llamarnos ignorantes, porque desde las campañas presidenciales nuestros partidos aquí representados, sus candidatos presidenciales firmaron los Veinte Compromisos por la Democracia, un documento que establece con toda claridad el compromiso suscrito por Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD; Diego Fernández de Ceballos, del PAN; Jorge González Torres, del Partido Verde Ecologista Mexicano; Cecilia Soto, quien fuera candidato del Partido del Trabajo y Ernesto Zedillo, candidato del PRI, este documento está con sus firmas.

El Presidente:

Disculpe diputado, usted pidió hacer uso de la palabra para una moción suspensiva, debía haber comenzado donde es la proposición.

El diputado Pedro René Etienne Llano:

Señor Presidente, con todo respeto, hago uso de la palabra para fundamentar el trámite y la petición de moción suspensiva, ruego a la Presidencia respete el reglamento y no interrumpa al orador que está en funciones...

El Presidente:

Disculpe, pido a la Secretaría que lea el artículo 110 del reglamento, por favor, porque usted está fuera de reglamento.

El diputado Pedro René Etienne Llano:

Señor Presidente, ¡está fuera de reglamento suspender la intervención de un diputado que está en el uso de la palabra? Pedí la palabra y he iniciado mi intervención para presentar una moción suspensiva, estoy argumentando la moción suspensiva. Paso a terminarla.

Con este documento de 20 compromisos y espero que al recordar la firma no sea la razón por la que se quiera acallar mi intervención, pero aquí están las firmas de todos los partidos, están las firmas del PAN, están las firmas del PRI, como están también las firmas de miembros del Partido del Trabajo y del PRD. Dice el punto segundo de este compromiso, que está honrado por la firma de los partidos: "realizar consultas públicas sobre cualquier iniciativa para modificar la Constitución General de la República" y, compañeros, no se ha realizado una sola consulta pública sobre esta modificación trascendente al artículo 28 constitucional.

Más aún, argumentan en estos Veinte Compromisos por la Democracia, un párrafo que es totalmente aplicable: "...en un régimen democrático, dice el documento, el peso del Poder Legislativo ha de ser equivalente al del Ejecutivo y el Judicial, una auténtica división de poderes es esencial en la reforma política que está pendiente. Uno de los grandes males del país ha sido y es el divorcio entre el país formal y legal y el país real. La letra de nuestras constituciones no ha correspondido siempre, como sería lo deseable, con la práctica de nuestras instituciones. La gravedad de ello se agudiza cuando se introducen modificaciones a la Carta Constitucional en vigor sin que la sociedad civil tenga la oportunidad de opinar y ser tomada en cuenta".

Con esta consideración, los candidatos firmaron el compromiso de realizar consultas públicas sobre cualquier iniciativa para modificar la Constitución General de la República.

Más aún, en el siguiente punto se refieren a que en el caso de cualquier modificación a leyes o códigos federales, deberá transcurrir un plazo mínimo de 30 días entre la presentación y eventual aprobación de estas propuestas. Y compañeros legisladores del Partido de Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido del Trabajo y compañeros del Partido de la Revolución Democrática, esta iniciativa fue turnada a comisiones en el Senado el día 18 de enero; es decir, en 10 días estamos tratando de consumar esta reforma a un artículo fundamental para nuestro país.

Termino simplemente con un párrafo más de este compromiso que debemos honrar: "...asimismo, se propone que cualquier modificación a la ley o código, sea entregado al Congreso con un mes de anticipación". También en la práctica se ha visto que el Ejecutivo presenta a la cámara iniciativas de ley que afectan a la población y que las cámaras las aprueban en una semana o 15 días como es el caso, sin realmente meditarlas y debatirlas a profundidad, con lo que también se acaba con el principio de equilibrio de poderes y de respeto entre los mismos.

Insisto que estos compromisos de cara a la nación, compromisos suscritos con la firma, lo fueron de los cinco candidatos presidenciales, pero también de Salvador Abascal, diputado del PAN; también de Vicente Fox Quezada, virtual candidato a gobernador de Guanajuato; o el diputado Luis Priego Ortiz, como también de Oscar Cantón Zetina, de Arturo Azuela, actual ministro de la Corte, y de varios compañeros del PRD y ciudadanos como Antonio Tenorio, como Ifigenia Martínez, como Leticia Calzada, que están haciendo honor a estos compromisos y están por ello pidiendo congruencia, pidiendo que se respete lo que fueron compromisos de campaña avalados con la firma de quienes participaron en este documento.

Compañeros, no se vale ahora decir que estos compromisos no existieron, no se puede ahora decir que son compromisos inventados por el PRD. En política, la palabra vale y la palabra hay que hacerla respetar porque es el principio de civilidad y es el principio de una política sin simulaciones y sin engaños.

Por esta razón apelamos al PRI, al PAN, al PT y al PRD, para que hagan honor al compromiso de sus candidatos, al titular del Poder Ejecutivo, para que haga honor a la firma en este documento; y para que se proceda a cumplir en los términos que aquí se estableció, una consulta amplia a la sociedad mexicana sobre este cambio trascendente, un tiempo prudente y razonable para que la soberanía nacional pueda discutir a profundidad cambios de esta importancia.

Por las razones expuestas, Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con base en lo establecido en los artículos 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Mexicanos y por los motivos expuestos, los que suscriben, miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a su consideración moción suspensiva de la discusión del dictamen del proyecto de decreto de reformas al cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley Fundamental.

Hago entrega a la Secretaría de la petición por escrito, para que se le dé el turno reglamentario que corresponde. Muchas gracias.

El Presidente:

Pido a la Secretaría dé lectura al artículo 110 del reglamento.

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

" Artículo 110. En el caso de moción suspensiva se leerá la proposición, y sin otro requisito que oír a su autor si la quiere fundar, y a algún impugnador si lo hubiere, se preguntará a la cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra, pero si la resolución de la cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada."

El Presidente:

En vista de que el autor que presentó la moción suspensiva hizo el procedimiento exactamente al revés, doy por hecho de que ya fundó su proposición, por lo que pregunto que si alguien quiere impugnarla.

Diputado Moreno Collado, tiene la palabra.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Vengo a impugnar, en los términos del artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la moción suspensiva propuesta por el diputado Pedro Etienne del PRD, a la discusión del dictamen que reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución General de la República.

Se trata la moción de una proposición inoportuna, maliciosa e insustancial. Es inoportuna porque aparece en el tramo final de un procedimiento legislativo que ha llevado mucho tiempo, que ha llevado muchas discusiones, no toma en cuenta que esta reforma ha concitado el consenso amplio en el Senado de la República, en el que recibió una mayoría de votos holgada, sensiblemente mayor a los dos tercios que exige el artículo 135 constitucional, que pone en acción al Constituyente Permanente, único poder revisor de la Constitución que nos rige.

Es insustancial, porque pretende justificarse en una consulta popular que hace falta, dice, y al estilo del referendum, procedimiento e institución no contemplados en nuestra Constitución, cuyas normas fieles al régimen representativo, confían a las cámaras del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados, asumir con eficacia, responsabilidad y patriotismo, el deber de discernir con prudencia cualquier cambio constitucional. Fuera de esto, no son válidos ni consulta extra constituyente permanente ni acuerdos extra constitucionales. En un estado de derecho vale más la Constitución que cualquier acuerdo inconsulto con el pueblo.

Es maliciosa porque pretende vincular tortuosamente esta enmienda constitucional con el procedimiento de gestión del apoyo del Gobierno norteamericano a nuestro país mediante el famoso aval de los 40 mil millones de dólares.

En los debates del Senado quedó demostrada esta inconexión entre estos dos hechos, cuyas fechas de inicio no son sincrónicas, no coinciden en resultados, no coinciden en tiempos uno y otro.

Por estos motivos, y porque esta cámara está decidida a una discusión a profundidad, a un debate de altura respecto de la minuta enviada por el Senado, ratifico una vez más la impugnación a la moción suspensiva y ruego se pase a la votación correspondiente. Muchas gracias.

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se admite o se desecha la moción suspensiva.

El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul):

Señor Presidente; estoy hablando con base en el 52, para alusiones personales.

El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome(desde su curul):

Moción de orden señor Presidente.

El artículo 110 del reglamento con toda claridad establece un procedimiento de excepción, como usted lo ordenó y como se leyó en el precepto. En todos los casos en que la Cámara de Diputados ha resuelto mociones suspensivas, ha obedecido, ha seguido, ha cumplimentado plenamente ese reglamento. No tenemos por qué variarlo, procede como usted indicó se consulte a la Asamblea, y si el sentido de la decisión fuese favorable a la moción suspensiva procederá la intervención que le diputado Etienne pretende.

El Presidente:

Discúlpeme diputado, tiene razón.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se admite o se desecha la moción suspensiva.

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

En votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva.

RECESO

El Presidente (a las 12:32 horas):

Señores diputados, les quiero pedir un favor, primero tomen sus lugares y segundo, vamos a tener un receso durante cinco minutos, vamos a comentar el asunto. Por favor todos los demás tomen su lugar.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

El Presidente (a las 12:38 horas):

Se reanuda la sesión.

Evidentemente el artículo 110 se contrapone o al menos se presta a diversas interpretaciones. Lo que hemos acordado es que se le dará la palabra, por cinco minutos para contestar alusiones personales, al diputado Pedro Etienne Llano, e inmediatamente pasaremos a votación.

Tiene la palabra el diputado Pedro Etienne Llano, para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos.

El diputado Pedro René Etienne Llano:

Con su venia, señor Presidente:

La aplicación del reglamento en ningún momento puede llamarse intimidación. He pedido la palabra para responder a alusiones personales y éstas deben de ser inmediatamente después del orador que hizo la alusión.

Por esa razón hemos pedido, con base en el artículo 102 del reglamento, hacer uso de la palabra.

El diputado Moreno Collado habló de una moción maliciosa e insustancial y que se presenta, según sus términos, en forma tardía.

Quiero decirle simple y llanamente, que esta misma argumentación se presentó en el Senado de la República por compañeros del Partido de la Revolución Democrática, haciendo valer también la palabra empeñada en los compromisos firmados por la democracia.

Por otro lado, es totalmente absurdo los señalamientos que ha hecho del diputado Moreno Collado, hablando de que queremos apoyarnos en acuerdos extra constitucionales. En ningún momento hemos hablado de acuerdos extra constitucionales; hemos simplemente hablado de compromiso, compromisos políticos entre hombres, y esos compromisos se cumplen o no se respetan. No estamos hablando de ningún acuerdo extra constitucional.

Y hemos apelado a los firmantes de estos compromisos, en forma señalada a los candidatos presidenciales; y de manera particular a quien hoy presenta esta iniciativa al Presidente de la República, para que se haga honor a los compromisos firmados.

Hemos hecho un llamado a los diputados de Acción Nacional, del Partido del Trabajo, para que también hagan honor a los compromisos que sus candidatos firmaron.

Por eso, no nos preocupa que ahora nuevamente un diputado del PRI venga a desconocer estos compromisos, pero no forman un acuerdo extra constitucional. Por eso es totalmente infundado el señalamiento que hace Moreno Collado de que esta moción es maliciosa, que es insustancial.

Esta moción se apoya en los compromisos por la democracia y nuestra intervención ha sido sólo y exclusivamente para conocer si los compromisos firmados por estos partidos se cumplen o no se tiene honor para mantener la palabra empeñada y para sostener los acuerdos firmados. Muchas gracias.

El Presidente:

Proceda la Secretaría a preguntar, a la Asamblea si se admite o se desecha la moción suspensiva.

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

En votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva.

Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.

El Presidente:

Procede ahora el voto particular del PRD, el diputado Mauro González Luna, tiene la palabra.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Procedo a entregar el texto íntegro del voto particular a la Secretaría para que se sirva incorporarlo al Diario de los Debates.*

* Este voto particular se encuentra al final de esta edición. (Apéndice 1).

Procedo a fundamentar dicho voto particular y me honra hacerlo compañeros.

Quiero reiterar las afirmaciones razonables del señor diputado Pedro Etienne y decir que no ha esperado mucho el jefe del Ejecutivo para romper una de sus promesas de campaña por él rubricado, junto con el resto de los Veinte Compromisos por la Democracia.

Ha quedado claro que para muchos los compromisos oficiales del Gobierno son palabras vanas y por eso lo reitero de nuevo, este compromiso es el de promover reformas constitucionales, previa consulta pública y observando plazos de 30 días mínimo para su aprobación.

Ante la crisis económica que vive el país, el Ejecutivo insiste en profundizar y avanzar en el modelo neoliberal de desarrollo que se ha puesto en práctica en el país desde hace 12 años. Pese a que los cambios estructurales que caracterizan a éste, no han impulsado ni el desarrollo ni la justicia social en nuestro país, al contrario, ha provocado estancamiento económico y una mayor concentración del ingreso, pieza clave de los cambios estructurales, que han dado lugar al modelo neoliberal en la privatización de empresas y actividades estatales.

En el proceso de privatización de actividades y empresas estatales que se ha realizado en México en los últimos años, se ha insistido siempre, como lo hace el Jefe del Ejecutivo en su iniciativa, en promover la participación social privada.

Esto es realmente un eufemismo, pues en realidad la única participación que se ha logrado en la adquisición de empresas estatales, es la de grandes corporaciones financieras principalmente por parte del sector privado.

A pesar de lo dispuesto en las leyes, en el sexenio pasado de las 228 empresas vendidas, sólo 23 fueron adquiridos por organismos del llamado sector social, y éstas fueron de las más pequeñas, ya que representan sólo el 2.2% del valor total de la venta de las empresas estatales. En cambio, 15 grupos financieros adquirieron 91 empresas que representan más del 50% del valor total de las empresas privatizadas.

Uno de los objetivos expresos de la privatización, fue canalizar los recursos financieros que resultaron hacia el gasto social, objetivo que no se cumplió, ya que esos recursos se canalizaron a un llamado fondo de contingencias. Ese fondo tenía como propósito a ayudar a superar emergencias económicas, como la que hoy vive el país, pero tampoco pudo cumplir esta función.

En la práctica el actual modelo económico es un descarnado capitalismo mercantilista, concentrador del ingreso protector de monopolios y explotador de los mexicanos. Este último párrafo es una cita textual del plan de trabajo del Partido Acción Nacional en la pasada campaña presidencial.

Ellos han calificado en la práctica este modelo, insisto, como un descarnado capitalista mercantilista. Quiero abundar sobre esto. El espíritu objetivo del capitalismo, aunque exalta la iniciativa de los individuos, es un espíritu que desprecia al pobre quien no existe para este sistema como persona, somos sujetos de salvación, sino como instrumento al servicio del mercado, y el mercado endiozado por los neoliberales sacrifica esa dignidad del hombre en aras siempre del lucro y de la riqueza.

Los programas de promoción de libre mercado, ha dicho un brillantísimo sociólogo de la Universidad de Harvard, son invocados con frecuencia como pantallas ocultadoras de una serie de acuerdos palaciegos entre gobiernos y grandes empresas.

Hay que combatir al ídolo neoliberal no porque defienda la propiedad privada o supuestamente concesionada de los medios de producción, de los bienes públicos, sino porque representa el empleo de ese derecho en beneficio de unos pocos contra un número abismalmente mayor de personas que aunque libres, carecen de base económica propia. La justicia hace posible el ejercicio de la libertad; sin justicia, no hay posibilidad de actualización de esa libertad.

Eso precisamente somete a las grandes mayorías del pueblo a la dependencia de un reducido grupo de grandes empresarios que tienen una intervención decisiva, la mayoría de las veces no democrática, en la definición del rumbo de la economía nacional.

Cuando las fuerzas del mercado se abandonan a sí mismas, no conocen ninguna obligación de justicia. De los motivos aparentes, argüidos en la iniciativa, destaca el de la necesidad de modernizar los ferrocarriles. De lo afirmado por el presidente, en su iniciativa se derivan varias cuestiones. ¿A qué se debe el estancamiento, el abandono, el deterioro incluso de los ferrocarriles nacionales? Aquí hay una responsabilidad concreta del Gobierno que ha realizado una administración ineficiente de esta importantísima empresa nacional.

Se debe hacer una evaluación y un juicio al respecto, hay mucho que investigar, como los recursos gastados en la muy divulgada corrupción de los falsos líderes sindicales para ahogar la verdadera lucha de uno de los sectores obreros más combativos. Las bajísimas tarifas en el arrastre de carga a precios de subsidio que benefician a las grandes compañías, principalmente de origen extranjero.

La iniciativa misma nos da la prueba de la responsabilidad que tienen las anteriores administraciones en el abandono del ferrocarril, y sin embargo no se reconoce que el mal que la aqueja, está en la gestión y no en el carácter estatal de esta empresa que por exigencia constitucional es estratégica.

El pretexto de que el Gobierno no se hace ni se ha hecho cargo de la modernización de este sector, para no distraer recursos del gasto social, es un argumento muy bonito, suena bien, pero es falso. No se requiere que el Estado distraiga recursos de otra parte si la empresa es honorablemente administrada.

Quisiera recordar algunas tesis fundamentales de lo que es el bien general como principio regulador de la actividad del Gobierno, porque tiene íntima vinculación con este punto que estoy debatiendo en relación con los ferrocarriles.

El bien común, el bien general, tiene dos componentes fundamentales: el primero, lo constituye un conjunto de valores permanentes que no pueden cambiar y el segundo, lo constituye un grupo de principios históricamente condicionados que dependen de la realidad cambiante, precisamente me acojo a ese segundo grupo de principios para afirmar que en las condiciones actuales sería gravísimo tomar medidas precipitadas, como ya lo señalaba correctamente el diputado Etienne, porque no contamos todavía con las definiciones de los grandes cambios que anhela el pueblo de México en torno a las reformas del Estado; y si no son capaces de cumplir un compromiso moral, cómo es posible que podamos aquí darle credibilidad a un Gobierno que no cumple con su palabra.

Por ello, a falta de una definición todavía clara y de hechos que ratifiquen esta voluntad de cambio y a la luz de la necesidad de contar con una verdadera información, es que nos oponemos en este momento, a este tipo de privatizaciones que son ocultadas, y entiéndase bien, porque esté es el espíritu que se evidencia en el contenido de la iniciativa y del dictamen, por la aparente priorización de esta actividad en el cambio al 28 constitucional. El hecho de que se argumente que es concesionable, es simplemente un disfraz para ocultar el hecho incontrastable de que el Estado se está sacudiendo la responsabilidad constitucional de tener el control y la operación de esa área estratégica de acuerdo a la Constitución.

Estoy teniendo la experiencia por primera vez, como diputado, que es más difícil reformar un reglamento de tránsito, que la propia Constitución. Eso es muy grave. Eso es manifestación de un derrumbe del respeto por el derecho y por las instituciones jurídicas.

Tampoco es cierto de que al entregarse al sector privado se garantiza la modernización de ferrocarriles.

Tenemos el caso de los ingenios azucareros. Se privatizaron y sin embargo, no hubo en ellos, en términos generales, ninguna modernización productiva a fondo. Recortaron personal e hicieron obras, otras reducciones de costos para poder obtener una ganancia. Pero casi en ninguno de ellos se han hecho las inversiones productivas necesarias para su auténtica modernización.

Otro de los puntos fundamentales que condicionan históricamente estas exigencias del bien común, para que el Estado no se sacuda la responsabilidad de mantener la exclusividad en ferrocarriles, es la situación apremiante de tantos miles de obreros honorables que laboran en ferrocarriles y cuya situación pende de un hilo, porque al ser concesionadas esto ya se ha demostrado de antemano, esa situación es clara quedan sin trabajo.

Es muy importante recordar que uno de los postulados del neoliberalismo es el priorizar, el privilegiar, el capital sobre el trabajo. Cuando hay tantos hombres, insisto tantos trabajadores honorables, que están amenazados en sus trabajos, se debe hacer un análisis sereno, prudente, informado, de ello, para no dar pasos precipitados y violentar derechos elementales.

Y no crean que estoy inventando cuentos, ya se ha dado en la práctica, en violación flagrante a la Constitución, este hecho de concesionar, a pesar de estar consagrada en la Constitución esa exclusividad en materia de ferrocarriles, de concesionar a algunas empresas privadas el manejo de áreas que ellos argumentan, los gobernantes conexas, cuando verdaderamente son neurálgicas, como los talleres de reparación y de mantenimiento. Ya el diputado Zambrano elaborará el argumento sobre este punto.

La privatización, compañeras y compañeros diputados, de la telecomunicación vía satélite entraña un alto riesgo para la seguridad e identidad nacionales. De permitirse la injerencia privada en este sector, que como se perfilan los hechos sería indudablemente de origen norteamericano, se expondrá la cultura nacional al embate aun mayor de una comunicación, cuyas orientaciones no coinciden, ni historica, ni política, ni socialmente con nuestro perfil de nación.

Todos nosotros sabemos que el alma de un pueblo, que la identidad de una patria, tiene como núcleo su cultura nacional. Esa cultura no es la obra de ahora, es el esfuerzo permanente de nuestros abuelos, los, de nuestros padres, de nuestros hermanos. ¡De todos nosotros!

¡La unidad de un pueblo radica en la medida en que hay fidelidad a esa cultura nacional! ¡Todos sabemos lo vulnerable que se ha hecho nuestra obra común, la obra de México, por la injerencia de un pensamiento ajeno, contrario a nuestras tradiciones y a nuestra historia, pensamiento que proviene del norte, de ese Gobierno que secularmente ha sido enemigo de México; y no tenemos ningún empacho en preocuparnos por la identidad nacional!. ¡Qué importa, qué importa que el ser de México no permanezca cuando las presiones del norte son en el sentido de exigirnos el pago de deuda a costa de la desgracia de una patria! De permitirse, insisto, esta concesión de una actividad estratégica, como es la comunicación vía satélite, ponemos en riesgo esta identidad ya de por sí muy diezmada. Pero todavía quedan ahí reservas riquísimas, sobre todo, en el pueblo humilde que todavía tiene la decencia de ver de frente y tener esperanza en su patria.

De permitirse esto, la soberanía se verá evidentemente sacudida, porque si la soberanía es capacidad de decisión y esta capacidad reside original y esencialmente en el pueblo, hoy día la disponibilidad de información y todos lo saben, es pieza vital de esa capacidad de decisión.

No es legítimo que unos cuantos tengan el monopolio de las decisiones políticas, económicas y sociales, por eso al Gobierno no le preocupa tanto este problema de la soberanía. Y puesto que la tecnología de las comunicaciones depende señaladamente de los satélites, el dominio y empleo de éstos se convierte en asunto no ya solo de interés general o solo soberanía económica, sino de la soberanía política, fundamental del pueblo mexicano.

Esta posición razonable, patriota, de pedir que no se precipite el análisis de cuestiones tan importantes, de que se tome en cuenta que la cultura patria, que el alma de México está en peligro, fundamentalmente obedecen a la respuesta al fin evidente y no al que se quiere manejar, de que la verdadera razón para estas privatizaciones, disfrazadas de concesiones, es satisfacer no las necesidades de un pueblo, sino las necesidades de un Gobierno extranjero que nos ha oprimido históricamente.

Ante la marea desbordada del neoliberalismo, que es la expresión moderna de ese capitalismo salvaje al que señalara con índice de fuego, Manuel Gómez Morín, es al que nos oponemos y por eso queremos poner un dique a esos excesos de capitalismo. Ustedes lo han dicho en su plan de trabajo: ¡en la práctica esas concesiones van a ser el reforzamiento de ese modelo que está destruyendo la economía del pueblo de México!

Pero no sólo hay razones morales, razones de patriotismo, razones de responsabilidad histórica, también hay razones técnicas, jurídicas, constitucionales para desafiar este dictamen que estamos proponiendo se vote en contra.

Quiero proceder a dar lectura a este punto que considero de vital importancia para la interpretación constitucional del artículo que se está pretendiendo modificar. "A pesar de los cambios que se le hicieron en el Senado a la iniciativa original para evitar, según el dictamen, interpretaciones equivocadas que generen la falsa impresión de que el Estado se retira por completo... "

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Me acojo señor Presidente, al 103 del reglamento, tengo todo el tiempo.

El Presidente:

Discúlpeme señor diputado, le quedan dos minutos solamente.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Disculpe, es un voto particular y tengo media hora para el efecto.

El Presidente:

Señor lleva usted 27 minutos al uso del micrófono.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Procedo a redondear, pero todavía no termina el tiempo.

Una correcta interpretación del artículo 25 de la Constitución, nos orilla a afirmar que el régimen de la concesión es un disfraz para ocultar la responsabilidad que le otorga el Estado al Ejecutivo, para considerar estratégica el área de ferrocarriles y de comunicación vía satélite; al cambiar a área prioritaria esto, se vulnera el espíritu del artículo 25 que impone que en las áreas prioritarias es también responsabilidad directa del Estado el tener el control y la operación y si se desea con la concurrencia de los particulares y del sector social, no al revés como lo pretende el dictamen de esta iniciativa.

Quiero terminar, ya que el tiempo así lo indica... Con mucho gusto y le agradezco su educación.

Como decía el enorme poeta jerezano López Velarde: "La patria se muere en su estilo, en su alma privativa, pero la patria también puede levantarse y restaurarse de nuevo".

Los argumentos del dictamen, los argumentos de la iniciativa son compañeros, les guste o no a los priístas y a sus posibles asociados, la antesala de la privatización de Pemex.

Quiero, porque hay números negros o rojos, que hay ineficiencia, burocracia, se puede aplicar de cualquier empresa pública, inclusive en un momento dado del Congreso general, entonces hay que privatizar el Congreso por esas razones, señores; señores, quiero terminar también con López Velarde, porque hermana a los mexicanos: Los veneros del petróleo, los veneros del petroleo nos los heredó el diablo y andan sueltos y pretenden llevárselo, queremos que vuelva la felicidad a México". Muchas gracias

El Presidente:

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto, los siguientes oradores diputados:

Alejandro Moreno Berry, Mauro González Luna, Francisco José Peniche y Bolio, Jorge Moreno Collado, Joaquín Vela González, Franciscana Krauss Velarde, Carlos Navarrete Ruiz, Apolonio Méndez Meneses, Jesús Zambrano Grijalva, Eric Rubio Barthell, Javier González Garza, Jaime Arceo Castro.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Alejandro Moreno Berry.

El diputado Alejandro Moreno Berry:

Señor Presidente; compañeros diputados, compañeras diputadas:

El día de antier, hubo quiénes desde esta tribuna se desgarraban las vestiduras haciendo parecer que con la inclusión de un párrafo cuarto al artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación, este Congreso recuperaba su papel de garante de la soberanía nacional.

Se dijo que con la inclusión de ese párrafo en una Ley de Ingresos, el Congreso de la Unión garantizaba que este país no iba a otorgar garantías que laceraran la soberanía y que afectaran el futuro de México, pero hoy no se trata de discutir una Ley de Ingresos, no se trata de adicionar un párrafo de una ley de ingresos, se trata de reformas constitucionales que tienen su origen en la esencia misma de la patria.

La Constitución General de la República, reserva como áreas estratégicas los ferrocarriles y las comunicaciones vía satélite y su inclusión en el texto constitucional obedece a la discusión en esta cámara, en 1983, cuando se iniciara el proceso neoliberal de los últimos 12 años, en privatizar más de 1 mil 100 empresas.

Se reservó como áreas estratégicas de la economía nacional y garantía de la soberanía los ferrocarriles y las vías de comunicación vía satélite. Hoy se pretenden suprimir y habría que analizar la propuesta y el texto del dictamen que nos presentan las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes bajo dos puntos de vista: el económico y respeto a la soberanía nacional.

Desde el punto de vista económico, Ferrocarriles Nacionales tiene números rojos. Desde mucho tiempo atrás la iniciativa privada se negó a participar en este rubro de la economía, porque no era una inversión rentable a corto plazo y acostumbrados como están a que el capital requiere de recuperar la inversión y recapitalizarse y lucrar, se negaron a invertir en ferrocarriles.

Desde el punto de vista económico, podríamos decir que se justifica. Volteemos a ver entonces las comunicaciones vía satélite y vamos a encontrar que los sistemas de satélite Morelos I y Morelos II y los dos satélites Solidaridad, según expresión misma del Secretario de Comunicaciones y Transportes, tienen una rentabilidad creciente; es decir, funcionan con números rojos... perdón, es que nosotros los negros también somos rojos.

Y compañeras y compañeros, desde el punto de vista económico no se justifica entonces, la venta del sistema de satélites mexicanos.

Y pudiéramos decir que desde el punto de vista de la soberanía, nosotros no pensamos que el estatismo sea el mejor camino, pero tampoco pensamos que el neoliberalismo ha dado resultados positivos en México.

Se ha negado el Estado a invertir en ferrocarriles, han condenado la red ferroviaria mexicana al fracaso, para poder tener pretexto hoy que ante la falta de rentabilidad, proponer su venta al mejor postor, en el mejor de los casos.

Y estratégico desde el punto de vista de la seguridad nacional, porque articula al país a los cuerpos y a las ciudades más importantes de este país, son los ferrocarriles. Sin embargo se requiere recapitalizar y estamos de acuerdo, se requiere reservar en la Ley Reglamentaria, que la administración sea copartícipe, los trabajadores de ferrocarriles, que conserven una parte de las acciones, para que aporten el mejor esfuerzo para sacar del bache en que se encuentra el sistema ferroviario nacional.

Más aún, el Partido del Trabajo está de acuerdo en que aparte de la inversión pública y la participación del sector de los trabajadores ferrocarrileros, participe el sector privado de la economía.

Sin embargo, en el sistema de comunicación vía satélite, el monto que se puede obtener por la venta, por los permisos o las concesiones, no justifica que vaya a ser garante de que nosotros podamos resolver un problema económico de este país, y si no, remitámonos a las cifras que menciona el mismo dictamen, para conocer en detalle esas cuestiones.

Más aún, desde el punto de vista de la soberanía, el sistema de satélites mexicanos no podemos entregarlo al capital extranjero y nacional, que no tiene patria sino tiene intereses, porque estaría en manos de los órganos de inteligencia del exterior, que sabrían qué se mueve y qué no se mueve en este país.

Como mencionaba uno de los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en la discusión del pleno de la comisión, con el sistema de satélites podemos localizar los movimientos que se dan al interior de la patria y entregar los satélites a la iniciativa privada y al capital extranjero, la seguridad nacional se pone en riesgo compañeros diputados.

Como no es posible que en este momento pudiéramos proponer una moción suspensiva al pleno de esta cámara porque lo menciona el mismo reglamento, que solamente por una vez un dictamen puede ser devuelto por moción suspensiva, la cual ya fue votada desgraciadamente con malos argumentos en esta tribuna y propuesta por el diputado Pedro Etienne, no hubo una conciencia clara de que se trata.

Se trataba de separar este dictamen en dos partes, por un lado ferrocarriles y por otro lado comunicación vía satélite y no creo que haya ningún diputado ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni del PT, que estaría dispuesto a entregar la seguridad nacional de nuestra patria a manos del capital extranjero y de los órganos de inteligencia de éstos.

Compañeros diputados, el voto del partido del Trabajo será en contra del dictamen por esa razón. Conminaría a las fracciones parlamentarias y a la Comisión de Régimen Interno de esta cámara, a poder platicar al respecto. Por lo tanto, nuestro voto en este dictamen y por la certeza de que primero está nuestra seguridad que los 500 ó 1 mil millones que puedan obtener de la venta de los satélites, nuestro voto es en contra. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Francisco José Peniche y Bolio.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Señor Presidente; señores legisladores:

Una vez más señores diputados, nos encontramos en presencia de otra reforma constitucional. Hace unos cuantos días tuvimos la que se denomina bajo el rubro general de la reforma judicial, por la cual se modificaron y adicionaron numerosos preceptos constitucionales.

Hoy se trata de la reforma del artículo 28 constitucional, el que en concreto prohibe los monopolios, estancos y exenciones de impuestos, dispone que se castigue severamente toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por obtener el alza de los precios.

Se señala que la ley fijará bases para los precios topes de artículos, materias o productos necesarios para la economía nacional o el consumo popular y en el párrafo cuarto, que es el que nos interesa, se estipula que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere el propio precepto, y enumera a correos, telégrafos, radio telegrafía, la comunicación vía satélite, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad, ferrocarriles y las actividades que expresamente señalen las leyes que emanen del Congreso de la Unión.

A continuación, el párrafo quinto, que aunque no es tema de discusión, merece sin embargo una referencia al mismo por la singular importancia que tal precepto reviste, ya que en él se establece que el Estado contará con los organismos y empresas que requiere para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario, donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 28 constitucional rompe con el concepto liberal individualista de la libre concurrencia a ultranza para considerar que no serán monopolios las funciones del Estado en aquellas área que acabo de enunciar y que no tiene caso volver a repetir.

Nadie desconoce que la libre concurrencia es un fenómeno económico en virtud del cual todo individuo puede dedicarse a la misma actividad perteneciente a un determinado ramo, que aquella a cuyo desempeño se entregan otras personas. Que la idea de libre concurrencia descarta la del exclusivismo en una función económica, esto es, implica la prohibición de que una persona o un grupo de individuos determinados tengan el privilegio o la prerrogativa de desplegar una cierta actividad sin que ésta sea susceptible de ejercitarse por otros sujetos.

Pero de igual manera y más ahora en los albores del siglo XXI, nadie desconoce las excepciones que a la garantía individual de la libre concurrencia existen. Nadie, señor diputado y licenciado don J. Mauro S. C. González Luna y Mendoza.

Sin embargo, desde un punto de vista deontológico la libre concurrencia no puede ser absoluta, esto es, exento de barreras infranqueables que pese a los jus naturalistas se traduzca en exigencias éticas o filosóficas que hacen que el derecho positivo no sea el injustus jus de los romanos, sino que por el contrario, sobre los intereses del hombre en particular existen intereses de grupo que deben prevalecer sobre los primeros y que en caso de oposición entre la esfera individual y el ámbito colectivo es preciso sacrificar al individuo en aras del bien común o del interés social.

Esta idea, perdóneseme la redundancia de la mención del ilustre orador que vino a sostener el voto en contra del PRD, porque comulga casi 100% con lo que acabo de decir, si es que no estoy equivocado y que se trata del compañero y respetable legislador don J. Mauro S. C. González Luna y Mendoza.

Claro está, dice el tratadista Ignacio Burgoa Orihuela en su obra Las Garantías Individuales, que entre estas finalidades deontológicas del orden jurídico debe imperar un justo equilibrio. De tal manera que no se menoscabe esencialmente ninguna de las esferas reales cuya subsistencia y garantías se pretendan.

Cuando dicha armonía no se logra, el régimen del Estado degenera en extremismos absurdos, pues si se desconocen los intereses colectivos se propicia la desigualdad, a la par que, por el contrario, si se erige a la entidad social en el factotum de la teleología jurídica, se desconocería al individuo su carácter de persona y se le colocaría en la indigna e inhumana posición de célula incondicional de un organismo todo poderoso. Hasta aquí la cita del maestro Burgoa.

Frente a frente los extremos individualistas y colectivistas, un régimen de derecho que se precie de justo, debe cuidarse de no caer en uno u otro de tales extremos, proveyendo, en la órbita de sus atribuciones, la satisfacción del bien común que es, quiérase que no, la teleología del derecho".

Por ende, para concluir con la cita del jurista que he mencionado y a quien no puede calificársele ni de liberal jus naturalista, ni de socialista corporativista, para fijar dicho contenido hay que atender una multitud de factores propios de cada nación, sobre todo a su realidad social, pero "respetando siempre, dice Burgoa, sin embargo la órbita mínima de desenvolvimiento libre de las entidades individuales y colectivas, a efecto de no degenerar en extremismos que no conducen sino a la desgracia o infelicidad individual y social".

Este es el encuadramiento doctrinal en que el dictamen a discusión nos reclama nuestra atención. Es la misma doctrina que reconoce como raíces la declaración de principios que en 1939 suscribieran Manuel Gómez Morín y también Efraín González Luna.

Herederos de esa noble tradición, Acción Nacional reconoce la raíz de este sistema económico de equilibrio justo para poder opinar respecto de la iniciativa que tenemos a discusión.

Definir como cámara revisora si el párrafo del artículo 28 constitucional, cuya modificación esencial existe en que la comunicación vía satélite y los ferrocarriles puedan ser objeto de concesión o permisos, lo que si así fuere, esto es si fuere, sin ninguna restricción, pudiera considerarse que la iniciativa cae en el individualismo liberal, abiertamente criticado y criticable. Pero se da el caso de que el propio párrafo establece que el Estado conserva sobre la comunicación vía satélite y los ferrocarriles su rectoría y éste es principio también, mi querido compañero don J. Mauro S. C. González Luna y Mendoza, ésta es también la característica especial que reviste la iniciativa en comento.

La protección de la seguridad y soberanía de la nación sobre ellas y al otorgar tales concesiones o permisos, se mantiene el dominio de las respectivas vías de comunicación, por lo cual es obvio que frente a tales barreras la reforma constitucional no peca de liberal individualista, satisfaciendo, por otra parte, un interés común cuál es el de un mejor sistema ferroviario, por una parte y por la otra, la posibilidad del incremento de la capacidad satelital que, por sus cuantías en inversión, el Ejecutivo reconoce y confiesa no estar en posibilidad de realizar.

Entonces, señores diputados, Acción Nacional no encuentra que se esté transgrediendo en esta iniciativa la teleología que debe cuidarse en un Estado cuyo régimen de derecho vele por el bien común y el bienestar social.

Es más, en los considerandos del dictamen, se destaca con meridiana claridad que desde el punto de vista histórico jurídico, no fue sino hasta 1983, cuando se incluyó a los ferrocarriles como un área estratégica y, por ende, reservada exclusivamente al Estado.

No hay por tanto un desconocimiento de nuestra tradición jurídica y debe por tanto votarse favorablemente el dictamen que tenemos a discusión.

Esta conclusión a la que ha llegado la bancada de Acción Nacional, es perfectamente congruente, con la adoptada, tanto por los senadores panistas en la cámara alta, que en el caso fuera de origen, como inclusive en la plataforma política de nuestro partido.

En efecto, los senadores Rosendo Villarreal y José Angel Conchello, en la sesión del día 26 del actual, expusieron en concreto, que en virtud de la reforma al párrafo cuarto del multiplicitado artículo 28 constitucional, el Estado pierde la exclusividad pero de ninguna manera el control. El Estado, dijo el senador Conchello, sigue conservando el control y dependerá de nosotros, de la vigilancia de los legisladores, de diputados y senadores, que las concesiones que se otorguen, respondan a la intención que esa reforma está teniendo. Conservar la seguridad y soberanía de la nación, es un reto de vigilancia, concluyó el senador panista y de alerta permanente, pero si nosotros no nos dormimos, el Estado seguirá conservando el mismo control y habremos resuelto un gran problema y un falso dilema.

Desde ese punto de vista no debía tener mayor preocupación, diputado alguno, mucho menos quienes por su capacidad intelectual, reconocida por propios y extraños, han pensado que con la reforma constitucional, se esté privando de soberanía a la nación. No hay tal cosa.

Por su parte, en nuestra plataforma política dijimos, pedimos que se redefina estructuralmente la función del Estado, a efecto de que se deje de ejercer funciones que no son esenciales, a fin de que asuma de manera más rigurosa funciones claves, en las que sí debe especializarse, como es el manejo macroeconómico.

En esta misma plataforma, el senador Villarreal habla que persisten grandes deficiencias y rezagos en el transporte ferroviario y ya como propuesta de nuestra plataforma, se pide la desincorporación de Ferrocarriles Nacionales.

Es preciso destacar que el capítulo económico de nuestra Carta Magna lo integran los artículos 25, 26, 27 y 28. Se habla de tres posibilidades de actividad económica: una, general, en la que el Estado conserva la rectoría siempre y en todas partes.

Otra, que se denomina prioritaria, donde el Estado, además de conservar la rectoría, conserva el control, mediante el sistema de concesiones. En ella, el Estado sabe hasta dónde debe de apretar, cuando da la concesión de un servicio público, para que sea en realidad en beneficio de todos los consumidores y con respecto a la soberanía nacional.

Y la tercera posibilidad económica es, la que se refiere a las actividades estratégicas, donde no sólo conserva el Estado la rectoría sino también el control y ejerce exclusividad.

De estas tres posibilidades económicas que da la doctrina constitucional, la que ahora nos ocupa es la segunda, o sea, donde el Estado conserva el control, pero no la exclusividad. No se está por tanto, señor diputado González Luna, introduciendo en el área constitucional figuras nuevas, sino que se ejercen principios ya contemplados por el Constituyente. No hay menoscabo alguno, sino respeto absoluto a las normas supremas de la Carta Magna.

En esta virtud, si doctrinalmente la iniciativa encuadra dentro de los supuestos teleológicos que toda norma jurídica debe contemplar y, si por otra parte nuestro partido ha vertido con anterioridad las mismas pretensiones que en esencia coinciden con el propósito de la iniciativa, sería absurdo que la bancada del PAN, en esta Cámara de Diputados, se pronunciara en un sentido adverso.

Por tanto, señores diputados, nosotros sí votaremos a favor del dictamen, sin que por ello renunciemos a la función de vigilancia que tanto como diputados, que como simples ciudadanos, y mejor aún como simples mexicanos, nos impone la patria, el deber de mantener la soberanía y evitar el estancamiento en las áreas en que, reservándose el Estado su dominio, sean susceptibles de concesión y permiso, como es el deseo del pueblo mexicano que puso en nosotros, con una votación de más de 9 millones de almas, su confianza y su credibilidad; confianza y credibilidad de la que no todos pueden presumir. ¡He dicho!

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Mauro González Luna, para contestar alusiones personales, por cinco minutos.

El diputado Alejandro Moreno Berry (desde su curul):

Señor Presidente; de acuerdo al 106, sea verificado el quorum.

El Presidente:

Discúlpeme diputado, no coincido con su apreciación y no creo que valga la pena tomar el tiempo que va a llevar verificar el quorum.

El diputado Alejandro Moreno Berry (desde su curul):

Quisiera solicitarle en los términos del 106 del reglamento y proceda en consecuencia.

El Presidente:

Pido a la Secretaría que lea el artículo 106.

El secretario José Rosas Aispuro Torres:

*****************************

"Artículo 106. Si durante el curso de una sesión, alguno de los miembros de la cámara reclama el quorum y la falta de éste fuera verdaderamente notoria, bastará una simple declaración del Presidente de la cámara sobre el particular para levantar la sesión; en todo caso y cuando la dicha falta de quorum sea dudosa, deberá procederse a pasar lista y comprobada aquélla, se levantará la sesión".

El Presidente:

Yo creo que no es dudosa, diputado, discúlpeme, yo creo que en el momento en que haya la votación se dará cuenta de la cantidad de diputados que hay y si no hubiera, no habría. Y en términos del artículo 109 declaro que hay quorum y continúa la sesión. Por favor diputado González Luna.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Señor Presidente; diputados:

En forma muy breve quisiera responderle al diputado Peniche y Bolio, que la responsabilidad de mi nombre no es mía, sino de mis padres.

Por otro lado, yendo al fondo, quisiera mostrarles lo que su plataforma política 1994-2000, en la página 30 cuando se refieren a la economía social de mercado, señalan que es la alternativa adecuada para lograr el desarrollo armónico de la nación mexicana frente al llamado liberalismo social.

En la práctica, en la práctica, el actual modelo es un descarnado capitalismo mercantilista, explotador de los mexicanos, etcétera.

Quiero invocar un principio jurídico fundamental: el de la prudencia. No en vano los romanos le llamaron al derecho: "jurisprudencia", porque entre la utopía y los hechos, el jurista debe ubicarse partiendo de los hechos para no enfrentarse a la realidad y también aspirando a la utopía para no ceñirse irremediablemente a la realidad.

Esos hechos y ustedes mismos lo han reconocido, es que el individualismo con su nueva expresión neoliberal, está avasallando a México.

Y quiero recordarles también que las grandes empresas, especialmente las trasnacionales, no se han distinguido por ser promotoras, por haber asumido la responsabilidad de encontrar fórmulas adecuadas de redistribución de la riqueza, de justas formas de participación de los trabajadores en la administración y en la propiedad de las mismas. Y por otro lado también, hay que decir que el Estado, cuya principal responsabilidad es la gestión del bien común y en materia económica la rectoría, aún en casos reservados exclusivamente a los particulares, el Estado sigue siendo rector de la economía, orientador del bien común.

Me extraña que el maestro Bolio me diga que se salva la objeción, porque se añade una verdad de perogrullo que no sólo es aplicable a una confesión y mucho menos a una actividad exclusiva del Estado, sino a cualquier actividad de los hombres, porque el bien común es un conjunto de condiciones sociales, políticas, jurídicas, que fomentan el ambiente adecuado para que el hombre sea firme y logre su destino.

Lástima que no tengo tiempo; pero quisiera leer la definición de "área prioritaria" que trae el diccionario mexicano de derecho:

"Las áreas prioritarias se definen como el conjunto de actividades económicas, producción y distribución de bienes y servicios que el Gobierno Federal, mediante las empresas públicas realiza por sí o en concurrencia con los sectores social y privado, a fin de impulsarlas y organizarlas por imperativos de interés general, especialmente en el caso de las comunicaciones vía satélite, cuya estrategia es evidente."

¡Por favor, señores panistas! Libérense de esa ceguera neoliberal que ahora los caracteriza.

De acuerdo con el texto constitucional, las áreas prioritarias pueden ser desarrolladas por el sector público únicamente, o asociado con el sector social o el sector privado. ¡No al revés!

Y ya que han mencionado con reiteración la figura inolvidable de Gómez Morín, quiero recordarles aquella frase memorable del maestro en una de las sesiones de la fundación:

"Que el espíritu de transacción y componenda no viole nunca la esperanza, los valores supremos que han impulsado a la fundación de ese partido". Recuerden las palabras de Gómez Morín. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Francisco Peniche y Bolio, para contestar alusiones personales.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Voy a tratar de que en cinco minutos yo pueda hacer la refutación por la alusión personal que me hizo el compañero diputado don J. Mauro S. C . González Luna y Mendoza,... aunque no sé si me dé tiempo porque su kilométrico nombre me resta mucho de los minutos a que estoy...

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza(desde su curul):

Señor Presidente; pregunte usted al orador, si puedo hacerle una interpelación.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Con muchísimo gusto, señor diputado. Y usted me puede interpelar... todo lo que quiera.

El Presidente:

Adelante.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Estoy esperando, señor diputado.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza (desde su curul):

Estoy esperando a que terminen sus aduladores.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

No espere usted. ¡Hágame la interpelación!

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza (desde su curul):

Diputado, quiero preguntarle, ¿si la ironía que utilizan ahora en Acción Nacional es esa frívola y barata ironía que no respeta la dignidad de un diputado que lo ha tratado a usted con gran admiración?

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Muchas gracias.

Le contesto a mi dilecto amigo don Mauro: no creo que el mencionar completo su nombre sea faltarle al respeto. No tiene la culpa ni él ni yo, que su papá le haya puesto ese nombre.

La verdad es que podía yo limitarme a decirle: el licenciado González Luna, pero se podría prestar a una confusión, porque también se podría interpretar que me estoy refiriendo a un licenciado González Luna, que tuvo el muy buen gusto de conquistar a la ¡muy buena de Elizabeth Taylor! Y entonces podría prestarse a que me estoy refiriendo al latin lover mexicano y no al diputado que tenemos enfrente.

Ya entrando en materia, el señor diputado González Luna y Mendoza leyó el punto 282 de nuestra plataforma política, que es con el que remata una de las propuestas que sobre economía social de mercado contiene la plataforma política. Pero se omitieron, no creo que de mala fe, las consideraciones hacia las cuales se llegó en este último párrafo.

Y para no ser prolijo, porque nada más tengo derecho a cinco minutos, aunque ya con las interpeladas se me está agotando el tiempo, sí voy a leer únicamente el primer párrafo, que dice:

"Frente a las versiones sexenales de la economía del poder, Acción Nacional afirma que México necesita desarrollar una economía social de mercado sustentada en el trabajo libre, en la empresa, en la participación de quienes la forman, en la distribución justa de los frutos del trabajo entre éstos. Por ende y a partir de aquélla se deben satisfacer las necesidades materiales y culturales de los mexicanos."

La sola lectura de este único párrafo, demuestra que Acción Nacional muy lejos está de ese neoliberalismo de que se nos acusa, si no calumniosamente, cuando menos ignorantemente.

En mi discurso anterior puntualicé perfectamente que todo gobierno que se precie de justo debe apartarse de cualquiera de los dos extremos: tanto del just naturalismo como la del socialismo y la iniciativa que estamos discutiendo, ocupa precisamente ese justo medio de que sin prescindir del dominio de esas vías de comunicación, conservando el control de ellas, las haga susceptibles de que puedan aprovecharse por particulares.

¡Eso en ninguna parte de un mundo civilizado y demócrata puede considerarse como just naturalista o de un liberalismo ultramontano!

Y finalmente, también en la plataforma política, en la página 53, señor licenciado y diputado, en la página 53 de la plataforma Acción Nacional propone desincorporar a ferrocarriles y dice:

"Para que México tenga un sistema ferroviario del Siglo XXI, moderno y eficiente, se requiere darle prioridad sobre otros medios más caros y con mayor costo social...

Ello pasa necesariamente por desincorporar los ferrocarriles del sector público al abrir al servicio a la inversión privada, nacional y extranjera."

¡Si con esta lectura todavía cree el señor diputado González Luna y Mendoza, que estamos saliéndonos de los principios con que se fundó el Partido Acción Nacional, una de dos: o la ceguera de su pasión le impide interpretar lo que está leyendo o francamente ya padece de miopía intelectual! Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega, para rectificar hechos, por cinco minutos.

El diputado J. Jesús Ortega Martínez:

Gracias, señor Presidente:

Todavía no llegamos a esta circunstancia y al momento en que los diputados de los diversos grupos parlamentarios podamos debatir en muchas ocasiones de manera intensa, de manera fuerte, sin que hacerlo de esa manera implique necesariamente llegar a la circunstancia de pleitos y de confrontaciones irresolubles, aún más, yo soy de los que creen que de las confrontaciones de las tesis con las antítesis, salen las síntesis, que es la mejor solución para dirimir la confrontación de las ideas.

Y hemos debatido en muchas ocasiones o intentado debatir en muchas ocasiones con los diputados del PRI, no ha habido mayor dificultad, y en esta ocasión, cuando menos quisiera hacerlo con los compañeros de Acción Nacional y también espero que no haya ninguna dificultad.

Y lo voy a hacer recordando dos cosas. Yo he visto con los compañeros de Acción Nacional muchas notas de prensa, muchas informaciones, en donde acusan al Gobierno de Salinas de Gortari y donde acusan al Gobierno de De la Madrid, efectivamente, de ser gobiernos neoliberales, a los cuales ellos se oponen, los compañeros de Acción Nacional, y han reiterado a través de esos medios y aquí mismo en la tribuna, que ellos combaten el neoliberalismo y lo combaten particularmente en el terreno de la economía, lo han dicho y lo han afirmado. Pero resulta que este programa económico neoliberal que han, en teoría, combatido, es el programa que Acción Nacional ha apoyado invariablemente.

Lo ha hecho en otras ocasiones y también lo hace ahora. Aún más, han dicho que el programa de Salinas de Gortari, el programa económico de Salinas de Gortari, fue un programa que este señor secuestró al Partido Acción Nacional, que robó el programa económico Salinas de Gortari a Acción Nacional.

Yo creo que éstos son hechos que deben de mencionarse, de manera respetuosa lo hago, sin llegar a agresiones, que creo que no hay espacio para ellas en un debate que creo que debemos de seguir dando en el Congreso de la Unión. Gracias por su atención.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado.

El diputado Alejandro González Alcocer, tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos.

El diputado Alejandro González Alcocer:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

También respetuosamente, como lo ha pedido el coordinador de la bancada del PRD, debemos contestarles, porque no es cierto lo que ha afirmado aquí de que nosotros hayamos hecho nuestro el programa de Salinas, al contrario, lo hemos criticado ampliamente, rotundamente, y otra cosa es haber apoyado unas iniciativas del Ejecutivo en donde pensamos con patriotismo auténtico, no el de exhibición, no el del barato show que a veces se hace aquí de una oposición frontal, por estar en la oposición simplemente, patrióticamente pensando en ésta antes que en nuestro partido, hemos apoyado algunas de las iniciativas que también se presentaron durante el salinato, porque formaban parte mínima de muchas de las propuestas del PAN, nunca acabadas, así está el ejemplo del artículo 27 y ahí está el ejemplo de otras tantas modificaciones por las que había venido pugnando desde hace mucho tiempo Acción Nacional, nunca acabadas, nunca como nosotros las quisiéramos.

Pero eso no es de ninguna manera apoyar el proyecto neoliberal, por favor, lo hemos sostenido hasta el cansancio, lo ha expresado aquí el maestro Peniche y Bolio, no estamos de ninguna manera por el neoliberalismo a ultranza, sino por la economía en ese sentido al que se refirió el diputado, por la economía social de mercados, entonces, ¿en dónde está la actitud patriótica?, ha sido la de Acción Nacional, como lo es en este caso, porque la reforma del artículo 28 constitucional está perfectamente meditada y estamos conscientes de la situación que existe en México, de la situación riesgosa que tiene hoy nuestro país y por eso decididamente, patrióticamente, la va a seguir apoyando.

El Presidente:

Diputado González Alcocer, la diputada Robles desea hacer una interpelación.

El diputado Alejandro González Alcocer:

Sí, con mucho gusto.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga(desde su curul):

Deseo hacerle una pregunta diputado, usted y yo vamos a estar de acuerdo que un proyecto neoliberal en este caso se traduce en leyes, en reformas legislativas, no es etéreo, tiene que tener sus correspondientes leyes. ¿A usted le parece unas cuantas iniciativas el haber apoyado el 76% de las iniciativas de reformas legislativas, legales o inconstitucionales, que envió Salinas de Gortari a este Congreso?, ¿le parecen unas cuántas?, es mucho más de la mitad, estamos hablando de 76%, señor diputado.

El diputado Alejandro González Alcocer:

De 76% del 100% siempre que tuviera la razón la íbamos a apoyar y siempre que además a nuestro juicio, guardara lo que nosotros hemos propuesto y lo que deseamos para el pueblo de México.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Graco Ramírez.

El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:

Efectivamente, estamos en el corazón del debate ideológico y ésa es la esencia del debate que se expresen normas jurídicas y en este país a partir del régimen de Miguel de la Madrid se comienza un proceso en economía mexicana que ha engendrado un modelo neoliberal cuya criatura tiene paternidades y las tiene por quien desde el Ejecutivo Federal entendió este modelo, presentó iniciativas y las tienen quienes desde el ámbito las compartieron y las apoyaron.

Alguna vez Carlos Castillo Peraza, el presidente del PAN, expresó que sin haber ganado las elecciones en este país habían ganado la batalla ideológica, habían ganado, habían conquistado una victoria cultural de gran trascendencia y esa expresión se traducía en que el Gobierno en el ámbito económico, sobre todo, venía haciendo reformas que por muchos años había demandado Acción Nacional.

Y por supuesto también en este sentido, Acción Nacional en el ámbito político aceptó cosas que el Gobierno quería que le hicieran y aquí está la prueba de que varias reformas inconclusas contaron también con el apoyo... reformas electorales, contaron también con el apoyo de Acción Nacional. Las que hizo Salinas por lo menos, contaron con ese apoyo.

Yo creo que no hace falta avergonzarse de la criatura que han engendrado, quizá no sean los padres más importantes de ella, pero han participado en la gestación y debo decirles compañeros diputados de Acción Nacional, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y sé que ustedes lo han hecho de buena fe, pero han engendrado un monstruo económico del cual son corresponsables les guste o no les guste, porque hay testimonio de ello en el Diario de los Debates, en la opinión pública, en esta Cámara de Diputados y ahora también en la Cámara de Senadores.

Yo quiero decirles que como algún amigo me dijo hace rato en los pasillos, los panistas amigos de los priístas debatieron hoy con los panistas amigos de los perredistas. No hace falta que me interpelen a mí, porque yo no necesito interpelaciones como algunos diputados las gozan y las disfrutan. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Salvador Beltrán del Río, para rectificar hechos.

El diputado Madrid Salvador Beltrán del Río:

Con su permiso, señor Presidente:

En efecto, a lo largo de los 65 años, más de 65 años que lleva en el poder el partido oficial, hemos coincidido en algunas de sus tesis, de sus propuestas, y cuando hemos coincidido hemos sido muy precisos en señalar nuestras coincidencias, pero también en señalar hasta dónde llega nuestra propuesta. Lo señalamos, lo que se refería al artículo... la reforma constitucional al artículo 3o., lo dijimos cuando se reformó el artículo 27 etcétera.

Y también ahorita que se trae a colación nuestra plataforma política, quisiera yo citarles en esta ocasión algunas de nuestras propuestas y de nuestras posturas que sostuvimos a lo largo de la campaña que terminó el año pasado. Ahí dijimos e insistimos en algo de lo que estuvimos debatiendo el día de ayer, la urgencia de la edificación de un estado de derecho.

En las postrimerías del Siglo XX, es urgente el establecimiento de un auténtico estado de derecho, fundado en el reconocimiento teórico real de los derechos esenciales de la persona humana y promotor del bien común. La edificación de este estado de derecho habrá de cimentarse con prontitud en los siguientes campos: en el ámbito de la ética política; en el de la estructura y forma de realización del Estado mexicano; en los modos de participación de los ciudadanos; en la educación y formación de la cultura democrática; en la seguridad civil; en el combate a la corrupción.

A fin de acercarse a la realización de los lineamientos precedentes, se requiere de una sociedad más participativa, justa y libre. Por ello, reafirmamos lo establecido en los diversos documentos postulados por Acción Nacional. Es necesario el establecimiento de un Estado democrático de derecho y de un sistema de Gobierno responsable ante el pueblo de México. El estado para el PAN, no sustituye a los responsables de la vida en común; es decir, a las personas, a las asociaciones y a la sociedad en general.

Queremos la democracia para alcanzar la justicia en la libertad, requerimos que la nación se movilice para recuperar su soberanía; sostenemos que sólo una sociedad participativa será capaz de mantener la soberanía nacional y darse un Estado democrático. La reforma de Estado no se hará por decreto gubernamental ni por concesión de quienes detentan el poder, sino por los mexicanos conscientes de sus deberes y responsables ante la nación.

Quisiera también aprovechar la oportunidad para citar aquí en tribuna una intervención que el ya citado aquí don Manuel Gómez Morín, señalaba por parte de Acción Nacional, hace 55 años. Insistía entonces, en la urgente necesidad de reformar al Estado mexicano. Lo verdaderamente revolucionario era, como sigue siendo hoy en 1995, luchar para hacer que el Estado conduzca sus funciones, las cumpla ordenadamente y se limite a ellas, ejerciendo dignamente su autoridad, sin ser tiránico, ampliando su gestión cuando sea necesario para el bien común, sin ser subversivo.

Quienes por estos ideales luminosos, progresistas y revolucionarios, critican abiertamente al régimen, lo critican por tanto, porque ha sido en su conducta contrarrevolucionario, retrógrado y oscurantista.

La crítica entonces era justa, las propuestas proféticas y la reflexión no ha perdido validez. Los hechos han venido a demostrarlo. Es así, porque fueron elaboradas a partir de principios doctrinales sólidos de validez universal. La nación como realidad viva y una, superior a sus partes, la preeminencia del interés nacional, la persona humana como realidad material y espiritual...

El Presidente:

Diputado, ¿no quisiera redondear sus ideas, porque se le ha agotado el tiempo?

El diputado Madrid Salvador Beltrán del Río:

Voy a terminar, señor Presidente.

El Estado como instrumento de la persona y la sociedad y expresión auténtica de la colectividad, promotor de la justicia social, gestor del bien común, titular de autoridad y no de propiedad sobre la economía nacional; el trabajo como realidad humana, superior al capital, en cumplimiento del deber político como motor del orden social.

El Gobierno, como reflejo de la voluntad y de la decisión del pueblo expresada por medio del sufragio, cuyo respeto inequívoco y escrupuloso, sigue siendo hoy, a más de 80 años del inicio de la Revolución mexicana, anhelo, bandera y exigencia de los mexicanos y con ellos, de Acción Nacional. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Joaquín Vela, para rectificar hechos.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeros:

Esta preocupación que ahora se discute y que creo que es el centro efectivamente del debate como presentaba el diputado Graco Ramírez, nos debe hacer reflexionar a todos. Nosotros en el Partido del Trabajo, estuvimos buscando cuál era el origen de las coincidencias que tenían el PAN y el PRI en un punto como el que hoy se debate y llegamos a la conclusión de que tal vez tengan un punto en común y éste es el que áreas estratégicas de nuestra economía no deben estar en manos del monopolio del Estado, están promoviendo, y en esencia los resultados que hemos tenido, es que ahora están en manos de oligopolios privados; es decir, básicamente eso es lo que se está planteando y no estoy levantando ningún falso.

En el caso de las telecomunicaciones compañeros diputados, ¿quién va a ser el beneficiado en el caso mexicano? Son dos empresas las que van a pode acceder de manera efectiva a la compra de lo que ahora el Estado controla y va a poner a la venta, dos empresas nacionales y un número reducido también de empresas de carácter externo.

Y lo que discutimos hace dos días, que fue el otro oligopolio nocivo que tenemos, porque son dos, el de las telecomunicaciones y el otro es el bancario, también votaron a favor porque también ahí se beneficia un oligopolio, es decir, a un número reducido de empresas que son las que se van a beneficiar con la parte que el Estado entrega, que ya no es monopolio estatal efectivamente, ahora ya no.

Se está en contra de que el Estado controle esas áreas estrategicas, entonces ahora todas las áreas estratégicas van a pasar a manos de oligopolios privados. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes, para rectificar hechos.

El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:

Con su permiso, señor Presidente:

Efectivamente el debate alrededor de las modificaciones al artículo 28 constitucional, tenía que tocar el debate necesario para seguir avanzando con el Partido Acción Nacional, y creo que es correcto hacerlo, sin dejar de señalar que no es un asunto entre el PRD y el PAN solamente el que se quiera vender de manera urgente Ferrocarriles y el sistema de satélites, como lo dejó condicionado el salinato, porque está comprobado que la urgencia para poder cambiar ese artículo y modificar el párrafo cuarto, es porque ya están vendidos o prometidos ambos a empresas norteamericanas, aliadas con algunas mexicanas.

Es real y aceptado las coincidencias que en este caso se ejemplifican entre el PAN, el Gobierno de Salinas y lo que en este aspecto económico va del Gobierno de Zedillo, y está aceptado por ellos mismos, no es ningún secreto y esto hay que señalarlo tal como lo reconoció el senador Rosendo Villarreal, en donde habla incluso, de que está establecido en su plataforma el que Ferrocarriles, por ejemplo, se desincorpore y pase a ser manejado por la iniciativa privada o pueda ser vendido.

Está aceptado y no por ello es justo, porque no es justo que por el argumento de que ya no funciona ferrocarriles haya que venderlos, porque así se quedó establecido. Lo que no podemos dejar de reconocer, es que tanto Ferrocarriles como el sistema de satélites no van a mejorar su servicio en manos de la iniciativa privada o del extranjero, como lo reconoció el propio José Angel Conchello en el Senado,

como lo subrayó el mismo José Angel Conchello, y que incluso condicionó su voto, porque decía él en el Senado, que podría cambiarlo si se garantizaba la vigilancia y siempre se estaría en alerta permanente para que el Estado siguiera conservando el control, el control de ambos instrumentos de comunicación.

No es pues un asunto tan sencillo como desincorporarlos, quitarlos del área prioritaria ambos instrumentos para, insisto yo, venderlos de inmediato y urgente, como lo dejó y subrayo, establecido el salinato. Y estas coincidencias que se dieron y se dan con esta política económica es forzoso que se tiene que decir que es con la política económica gubernamental neoliberal, puesto que Zedillo no ha cambiado, siguen siendo los que manejan la economía los mismos que se han venido reuniendo desde hace más de 12 años y los mismos que Gurría quiere que sigan por más de 20 años, cuando lo dijo frente a los japoneses. Es la política neoliberal, y ahí sí hay que reconocerlo, hay una plena coincidencia con la plataforma ya aquí señalada por los compañeros Mauro González Luna y por el señalamiento que hice yo de la participación del senador panista el día de antier.

En esto tenía que haber un deslinde, tiene que haber un deslinde y es lamentable que donde coincidimos fuertemente para lograr la democracia del Estado no podamos coincidir la oposición en la defensa de una economía popular, y sobre de eso tiene que haber claras definiciones y tiene que haber claras consecuencias obviamente ante el pueblo de México, porque hay que reconocer, los compañeros de Acción Nacional coinciden plenamente con la política económica y, por lo tanto, tenemos que señalarlo, que coinciden con la política gubernamental y que es desprenderse de todos los activos estatales con tal de pagar en algo, o tener algo de dinero y de irla llevando por el empobrecimiento al que nos ha llevado el salinato y esta política neoliberal.

Es un hecho que hay que reconocerlo, que así ha sido señalado tanto por los senadores el día de antier y aquí mismo por los propios compañeros diputados del PAN.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Jorge Ocejo Moreno, para rectificar hechos por cinco minutos.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:

Con su venia, señor Presidente; señores legisladores:

Sobre todo los partidos llamados de oposición hemos podido participar fundamentalmente en el diseño del marco jurídico del estado de derecho que nos rige. Hoy afortunadamente, por haber modificado algunos de esos marcos jurídicos también hemos tenido acceso al poder, a poder gobernar y no sólo estar legislando.

Pero, una vez que se ha resuelto el marco jurídico quien lo ejecuta y quien realiza las acciones, son los gobiernos y los funcionarios, y estos funcionarios son los que operan muchas de las decisiones, entre ellas, las económicas, y en estas instancias se han cometido muchos excesos y muchos errores que han roto las propias normas jurídicas y que nosotros mismos, el Partido Acción Nacional no sólo ha señalado en esta tribuna, sino también ha ido a las instancias de reclamo para que se cumpla con lo que establecen las leyes.

Pero yo les digo señores diputados, no podemos perder posibilidades de avanzar en nuestras leyes cuando esto sea posible. Quien piensa que tiene que ir por el todo o nada, sólo podrá hacerlo en un sistema autoritario. Si es toda mi ley, todo lo que yo pienso, lo que se tiene que aprobar, entonces vamos a caer en la dictadura.

Yo creo que hay que ver las alternativas y las posibilidades de perfeccionar el marco jurídico que nos rige.

Lástima que no se acuerdan, amigos del PRD y entonces nos lo vinieron a decir aquí a la tribuna, que hemos estado votando con ustedes y no por eso hemos sido comparsas de ustedes; hemos estado votando en el mismo sentido que ustedes han votado en esta misma legislatura, hemos votado en el mismo sentido los dos grupos parlamentarios, ¿por qué?, porque ustedes de sus principios y nosotros desde los que también proponemos que son nuestros principios, nos ha parecido que no deberían de aprobarse ciertos puntos que tendrían que aprobarse en esta legislatura.

Consecuentemente, amigos, nosotros, con esto termino, qusiera decirles que en el Partido Acción Nacional estamos conscientes y responsablemente y con patriotismo vamos a votar todo aquello que le haga favor a México, aunque desafortunadamente también le sirva al sistema político.

El Presidente:

Antes de conceder la palabra al siguiente orador, quiero decirles que hay ahorita apuntados cinco diputados para rectificar hechos y el diputado Moreno Collado que estaba apuntado para fijar la posición de su partido desde un principio, aún no hace uso de la palabra, así como tampoco lo han hecho los demás diputados que ya estaban registrados.

Pediría a los diputados su comprensión para que ya no se registren para hechos o que el diputado Moreno Berry sea el último que se registre y luego le damos el turno a los que están registrados. ¿Están por qué se siga para hechos? Sí. Adelante. Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Yo quiero externar en esta tribuna que siento un profundo respeto por muchos luchadores de Acción Nacional y por una lucha de oposición que se mantuvo por muchas décadas, donde correspondió a Acción Nacional muy importante para este país que es la bandera de la democracia. Y este reconocimiento no tiene ningún menoscabo y ningún pero. Lo que hay, y se registran, son comportamientos también de los partidos, como podemos reconocer eso, también tendríamos que analizar y de alguna manera ha salido a la luz, el comportamiento de Acción Nacional, no antes de Salinas, sino a partir precisamente de Salinas.

Yo creo que es justo que ustedes también reconozcan que con Salinas se hizo un acuerdo, y no lo dije yo. Alguna vez out record, como dicen los periodistas, fuera de grabadoras, don Luis H. Alvarez, persona a la que estimo mucho, lo reconoció que se firmó, que se apoyo a Salinas porque vieron que el país estaba en peligro y que hubo un comportamiento por lo menos no ético, justificado políticamente desde la lógica de ustedes a partir de un hecho de un fraude que había ocurrido. Y esto marcó en mucho un comportamiento de Acción Nacional y se mantuvo una alianza, y hay que decir las cosas como son, a partir de esa alianza evidentemente Acción Nacional conquistó posiciones y, dijéramos, se dejó correr las elecciones en algunos estados que no en todos.

Pero el costo de esa alianza, no para Acción Nacional, que se puede jactar de que tuvo dividendos, el costo de esa alianza para el país ha sido muy grave y es quizá la responsabilidad que no quieren asumir.

Es muy fácil decir que se rechaza en teoría el neoliberalismo, pero en los hechos mantener una alianza. Ya es incontrovertible e incuestionable y refutable el hecho concreto de todo el apoyo que se dieron a las leyes que han sido las bases para fincar este modelo neoliberal. Eso ha sido incuestionable. Se vé incoherente incluso de parte de Acción Nacional, haber mantenido toda esa alianza y al mismo tiempo hoy, ser de los más críticos contra Salinas, ¿por qué no antes? ¿Y por qué el comportamiento aquí en las cámaras siempre fue de apoyo?

Yo creo que no le podemos salir al paso en esta situación con el argumento de que el PRD, quiere todo o nada. Nosotros quizá, no lo voy a negar, somos maximalistas en un punto, en el punto del respeto al voto. Conoce el diputado Ocejo una manera y lo hemos dicho, de medio respetar el voto.

Es que no es un problema de maximalismo, es que en cuestiones de ética, se es bandido o no se es bandido. En cuestiones tan importantes, como es el respeto al voto, se respeta o no se respeta y no se medio respeta. Esta es la situación y hoy tenemos un modelo, y aunque no les guste, en mucho se lo debemos a la bancada de Acción Nacional. Pero Acción Nacional también puede jactarse y lo ha hecho, sacó ventaja, es corresponsable, pero sacó ventaja.

De alguna forma, si alguno de ustedes se sienten que Salinas los engañó, no quiere decir que ustedes también compartieron eso, pensaron que podían llevarse a Salinas hacia el lugar que más a ustedes les conviniese. Por eso, les queda muy bien el poema de Federico García Lorca: "Se la llevaron al río, creyendo que era mozuela, no sabían que ya tenía marido".

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado David Vargas Santos y después el diputado Carlos Navarrete.

El diputado David Vargas Santos:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

No han faltado voces que pretenden atribuir en esta crisis cierta corresponsabilidad a Acción Nacional, la acusación infantil, por lo demás, en modo alguno es sostenible.

El argumento que al efecto se aduce, es que las diputaciones de Acción Nacional aprobaron la mayoría de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo durante el sexenio anterior. Es cierto, pues en buena medida, correspondieron a exigencias presentadas por Acción Nacional desde su fundación, en materia de libertad religiosa, libertad educativa, tierra en propiedad para los ejidatarios, de estímulo a la iniciativa de los particulares, de autonomía al banco central, pero claramente deslindamos nuestra posición con respecto a la política económica del régimen. Señores, nosotros no tomamos las decisiones.

Es cierto, el diputado González Alcocer lo dijo, algunas de nuestras iniciativas fueron tomadas por el PRI, tenemos más, seguramente si nosotros gobernáramos, sería muy distinto este país.

Acción Nacional, adicionalmente, ha mantenido su doctrina por más de 50 años, señores diputados, lo que le permite proponer una política económica y social consistente y congruente. Los partidos sin doctrina e ideología, actúan de acuerdo a coyunturas e intereses de grupos y por eso el resultado lo tenemos a la vista, o propuesta, o una política económica cambiante impredecible, o propuestas populistas y protagonistas, que quieren el todo o nada, por lo menos en materia económica, sólo ellos tienen la razón, la oposición no.

Esto impone altos costos a los agentes económicos, los cuales son trasladados a la sociedad.

Acción Nacional, además de un sólido programa económico, ofrece lo mejor que tiene: congruencia entre el decir y el actuar, honestidad probada, un solo pensar a través de 55 años y, sobre todo, confianza y consistencia que da el haber sostenido los mismos principios durante este lapso y volverlos a reafirmar ahora que la nación requiere una nueva alternativa de Gobierno y dirección.

Hemos señalado que frente a las versiones sexenales de la economía del poder, nos proponemos impulsar una economía humana y moderna, equitativa en la distribución de oportunidades, responsabilidades y beneficios. Necesitamos desarrollar un modelo económico sustentado en el trabajo libre, respetuoso de la dignidad humana, promotor de la participación de los integrantes de las empresas en las decisiones que corresponden a cada nivel y distribuidor de los frutos de productividad.

Un modelo económico que tiene su raíz en la libertad y en la iniciativa de las personas; un modelo económico que parte del mercado como un instrumento sólido para el desarrollo económico, pero que exige al Estado cumplir su deber de promover su mejor y más ordenado desenvolvimiento, garantizando y vigilando que concurra siempre al interés nacional y se subordine al bien común; pero, sobre todo, que busque de manera expresa y deliberada la justicia en las relaciones económicas.

Un modelo económico en el que la autoridad se responsabilice de atenuar las desigualdades profundas de la sociedad y que considere al mercado, no como un fin en sí mismo, sino como instrumento para acercar satisfactores a las necesidades de los seres humanos.

Un modelo económico, señores, que logre abatir la pobreza no con populismo, dando prioridad a zonas indígenas y rurales, que impulse un nuevo modelo agropecuario; un modelo económico que parte de la premisa de lograr el desarrollo equilibrado de las diversas regiones del país; que, además, establece una política fiscal para el crecimiento y no para la represión de la economía.

Un modelo que dé estímulos y financiamiento, lo que sólo puede dar un sistema financiero crediticio, abierto y competitivo.

Compañeras y compañeros legisladores: hemos insistido que las causas profundas de la crisis, entre las que destacan: paternalismo, burocracia, insensibilidad, corrupción, dispendio y prepotencia gubernamental, no se corrigen por decreto ni con populismo ni con protagonismo, mucho menos con más de lo mismo, sino por un diferente proyecto de Gobierno. Este es el que Acción Nacional en consistencia y congruencia con sus 55 años de fundación, presenta a la opinión pública y ha venido presentando consistentemente.

Tenemos muchas banderas, se han adoptado algunas, seguiremos insistiendo para que se sigan adoptando las nuestras y, sobre todo, para que nosotros tomemos las decisiones económicas en este país y el mismo mejore sustancialmente. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Carlos Navarrete Ruiz.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El debate que ha surgido al calor de la discusión de la modificación al artículo 28 constitucional, es un debate que todos debemos entender, apenas se inicia.

Creo que ha sido positivo el de que este tema surja y se trata de un debate que no es entre la bancada del PAN y la bancada del PRD solamente, sino que se trata de un debate que pronto tendremos que generalizar con los compañeros de la banca del PRI, también. Porque lo que está a discusión, es el balance de una política económica aplicada en seis años y sus consecuencias. Lo que está a debate son las responsabilidades de quien ejerció el Poder Ejecutivo, pero también quienes desde las cámaras del Congreso de la Unión le dieron avales reiteradamente para aplicar esa política económica.

No se trata, compañeros de Acción Nacional, de una intención de la bancada de mi partido, de sorprender con un debate poco preparado. Lo apuntamos solamente para continuarlo en otras sesiones y en otros momentos.

Solamente quiero hacer una pequeña aportación, quizá muy local, quizá muy provinciana, pero pienso que importante para que sea registrada por los compañeros del PAN, respecto a lo que tendremos que discutir en un breve tiempo.

Hay contradicciones en el discurso de Acción Nacional. Eso es evidente. Hay dificultades para justificar respaldos que dieron hasta hace poco tiempo, a la luz de las consecuencias que todos observamos ahora. No basta decir que Acción Nacional tiene responsabilidades sólo en la aprobación de la legislación, pero que el Ejecutivo tiene responsabilidades en su ejecución.

Todos sabemos que sin el marco normativo que le dio el Congreso, Carlos Salinas no hubiera podido hacer lo que hizo ni hubiera podido tomar decisiones como las que tomo, y hoy estamos frente a las consecuencias.

Pero esta contradicción del discurso va a aflorar y aflora, de hecho, en cada actuación de los partidos y particularmente de los compañeros de Acción Nacional.

Yo me preguntaría: ¿cómo se puede justificar un discurso de uno de los hombres más verticales de Acción Nacional, un líder en las filas de ese partido, una gente con un carisma y con un atractivo para la población y para la sociedad muy grande? Me refiero a Vicente Fox.

El discurso, compañeros de Acción Nacional, de Vicente Fox en su precampaña en Guanajuato, podría calificarlo de un discurso perredista, porque Acción Nacional fue a contracorriente de las opiniones de Fox durante el salinismo y ahora, al salir a convencer a los electores, no puede ir a proponerles, a los electores guanajuatenses, el comportamiento que su partido obtuvo con el anterior Presidente de la República.

Pero más aun, Vicente está entrampado en su posible campaña en Guanajuato, porque mientras el recorre los municipios y trata de entusiasmar a sus compañeros con un discurso en donde critica el modelo económico aplicado por Salinas, en donde señala su oposición a la apertura comercial indiscriminada que provocó, entre otras cosas, la devaluación, y en donde es muy severo en sus cuestionamientos al Gobierno salinista, el gobernador de ustedes, el gobernador interino, repite la fórmula. Hace apenas cinco días vino a México a proponer un conjunto de privatizaciones como las del Seguro Social, como condición para firmar el Acuerdo para la Emergencia Económica. Entonces lo dejo apuntado solamente como un tema por discutir.

Es muy complicado que Acción Nacional mantenga sin criticar y autocriticar su oposición en ese sexenio, frente a la nueva realidad política del país.

Por eso, creo que ese debate ha sido rico, ha sido importante, es el inicio de un debate y creo que podemos dejar que los compañeros del PRI fijen su posición en el debate general y retomar este debate en otra ocasión. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Miguel Hernández Labastida, para rectificar hechos.

El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida:

Señor Presidente; señores diputados:

Yo estoy de acuerdo con el diputado Carlos Navarrete, que es el inicio de un debate que vamos a llevar a cabo los cuatro partidos aquí presentes, durante toda esta legislatura, definitivamente y no solo en el aspecto político y económico, sino también el social.

Debemos recordar, y lo decía el diputado Guerra, Acción Nacional lleva una lucha de 56 años y la va a seguir continuando, como decía el diputado Vargas, hasta llegar al poder, hasta que el pueblo nos otorgue el poder.

Con relación a posiciones de Acción Nacional, para nosotros son muy claras: todas enmarcadas en nuestra plataforma política y lo mismo desde que estaba Miguel Alemán hasta Carlos Salinas y ahora Zedillo.

Lo que sucede y debemos de entender, que aquí no era cuestión de tener buenas intenciones, sino de siempre pensar en el alto deber por enaltecer y salvar a México. Y Acción Nacional, inclusive sacrificando en ocasiones posiciones partidistas, ha antepuesto a la nación sobre cualquier posición partidista.

Y creo que en un momento dado ni se nos puede tachar de responsables, ni mucho menos corresponsables de algo que nosotros hemos hecho, en donde no teníamos facultades para actuar.

Es muy sencillo, señores diputados y aquí Carlos, diputado Navarrete, lo sabe: hemos votado la ley de ingresos en contra. Y no de ahora, de ocasiones anteriores, que era el instrumento que permitía que en un momento dado el Ejecutivo actuara.

Pero, señores, también estaba una Contaduría Mayor y una Comisión Investigadora que inclusive lo sabemos y estuvimos en contra, juntos, de que se creara una Secretaría de Contraloría, porque estaban sustrayendo la responsabilidad de esta cámara por velar todas las acciones económicas del régimen.

En consecuencia, creo que sí es cuestión de aclarar y profundizar más adelante, porque hay mucho que razonar al respecto. Y definitivamente no va a ser sólo PRD y PAN, van a ser los cuatro partidos políticos porque es obvio que todos queremos estar en la palestra política y darle a conocer al pueblo de México nuestra posición.

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Finalmente, también lo sabe el diputado Navarrete, aquí estuvo tres años con nosotros Vicente Fox, como diputado federal, siempre como panista no como perredista. Y su campaña a gobernador también la hizo como panista, no como perredista. Y los planteamientos que va a hacer igualmente van a ser como panistas y no como perredistas.

Me gustaría que pudiese acudir el 5 de febrero, donde el panismo de Guanajuato le va a dar el "espaldazo", y va a ver que nuevamente va a ganar Vicente Fox la candidatura y la gubernatura. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Moreno Berry, para rectificar hechos.

El diputado Alejandro Moreno Berry:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

No vamos a participar de este sábado de frutas y verduras. Solamente, compañeras y compañeros diputados, un cuestionamiento.

En Baja California los últimos dos días han sido de amplio debate para ver quién apadrina la baja al precio de la gasolina. Por un lado, la bancada priísta bajacaliforniana han hecho llegar a los medios de comunicación sendos comunicados y entrevistas telefónicas a las radiodifusoras, apropiándose del apadrinazgo respecto a esa baja de la gasolina. Por otro lado, lo mismo hace el señor gobernador del Estado, de origen panista.

Yo me preguntaría: ¿después de la votación del día de hoy, en que van a votar juntos, en este dictamen, entregando la seguridad nacional de las comunicaciones vía satélite, no estarán condenando la dirección del PRI a la vergüenza, a sus diputados, de hablar en un tono en Baja California y venir a hacer otras cosas aquí, a coincidir con la plataforma política de Acción Nacional? ¿A final de cuentas, no le temblará la voz y el voto y la mano al señor diputado Martínez Veloz, después de ayer, de su discurso, hoy votar a favor de este dictamen?

"Tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata" y en este dictamen van juntos, no sabemos quién es el que trae la vaca de la pata y quién es el que le va a dar la cuchillada al pueblo.

Nosotros hacemos un llamado al presidente Ernesto Zedillo, a que transforme el sentido de sus privatizaciones que está proponiendo hoy y las que proponga mañana, a que tengan un sentido social, a que no se promueva más el oligopolio que se está promoviendo en contubernio con quienes se ufanan de su plataforma, a que tengan un sentido social y les sea entregado a los trabajadores.

Porque yo me preguntaría o les preguntaría a los compañeros de Acción Nacional: hoy piden castigo como nosotros y los compañeros del PRD, a los responsables de la crisis y se han deslindado de los responsables de la crisis siendo corresponsables. Hoy han aceptado la corresponsabilidad de gobernar en este país. ¿Se irán a deslindar después de lo mismo? ¿Van a dejar solo a Antonio Lozano Gracia? para decir que es una cuestión personal de él o acepta su responsabilidad Acción Nacional de ser corresponsable de este gobierno, esas interrogantes nos deja a los miembros del Partido del Trabajo, quisiéramos definiciones, señores diputados.

El Presidente:

Tiene por cinco minutos la palabra para rectificar hechos, el diputado Jaime Martínez Veloz.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

No necesito cinco minutos, señor Presidente, yo le quiero decir al diputado Moreno Berry, que tiene la virtud de ser adivino, o quiere ser adivino, pero mi posición es muy clara, compañero Moreno Berry, yo soy una persona de convicciones y no me tiembla la mano, ni me tiembla la voz, estoy muy claro en cuanto al problema que se está discutiendo, estoy claro y tengo la firme convicción de que en cuanto al otorgamiento de las concesiones a los Ferrocarriles, me parece que es necesario impulsar una actitud favorable; sin embargo, en el otorgamiento de concesiones de las comunicaciones por la vía satélite, yo creo que se vulnera la soberanía y limita el desarrollo tecnológico de mi país.

Ese es mi voto y por último, le quiero decir una cosa, yo también fui perseguido político en Baja California y me quedé en el Estado a luchar; no me fui a otro Estado. Muchas gracias.

El Presidente:

En su turno tiene la palabra Alejandro Moreno Berry, para contestar alusiones personales.

El diputado Alejandro Moreno Berry:

Señor Presidente y compañeros diputados, denme la bienvenida al mercado sobre ruedas, señor diputado, nada más para aclarar una cosa, usted se fue de Coahuila a Baja California, yo me fui de Baja California a Jalisco, los dos somos mexicanos, lo que pasa es, que quiero saber el sentido de su voto aquí.

El Presidente:

Tiene la palabra en su turno, el diputado Jorge Moreno Collado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Con su venia, señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:

Como dicen los abogados litigantes, quiero fijar la litis de lo que es este debate. Mi partido renuncia a lavar trapos sucios en este momento y quiero decirles que lo que está a discusión es el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, que de acuerdo con la minuta que nos envía el Senado de la República, dice textualmente lo siguiente: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión".

En un punto y seguido viene un agregado que se hizo en el propio Senado de la República.

Hasta aquí, lo que ha ocurrido es que salieron los ferrocarriles y la comunicación vía satélite de las áreas estratégicas, pero el siguiente párrafo que se agregó, dice así: "La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de la Constitución. El Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia".

Ese es el contenido de la propuesta de esta reforma constitucional. Un cambio como el que ahora se consulta, implica sin duda una gran responsabilidad para esta cámara y para el Constituyente Permanente de la nación. Su trascendencia va más allá del papel relevante que juegan en el campo de la economía el transporte por ferrocarril y la comunicación vía satélite. Tiene que ver con una nueva concepción de la función rectora del Estado, con un reconocimiento fortalecido a la capacidad de la sociedad, de los sectores social y privado, para asumir con talento y valentía el reto de modernizar a México y promover su desarrollo y está vinculado con una concepción de la soberanía que mira más al interés nacional y la previsión del futuro, que al mantenimiento de un patrimonialismo paralizante, antieconómico y por ende, retardatario.

La reforma del artículo 28 constitucional propuesta por el Presidente de la República y aprobada por la honorable Cámara de Senadores, tiene el propósito central y básico de hacer de los ferrocarriles mexicanos un pivote del desarrollo, un servicio eficiente para la sociedad y una actividad económica rentable en un momento en que México debe manifestar su entereza como pueblo, su vigor como nación, su madurez como sociedad y su fuerza y unidad como Estado.

Esta reforma constituye igualmente una decisión oportuna de previsión para mantener la sincronía de México con los países más avanzados en el campo de la comunicación satelital, evitando a través de decisiones básicas, que crisis de estabilidad monetaria como la que hoy padecemos imposibilite en la inversión pública en esta materia y dejen al país a la zaga de los avances tecnológicos y a merced del poderío económico extranjero.

Los diputados priístas coincidimos en que la reforma constitucional en debate es un mecanismo oportuno y una fórmula adecuada para sacar de su estancamiento al sistema ferroviario y responder con eficacia al dinamismo de la comunicación satelital.

Desplazar a los ferrocarriles y la comunicación vía satélite de las áreas estratégicas del desarrollo, lo cual implica la posibilidad de la concurrencia de los sectores social y privado en las grandes inversiones que requieren su modernización y ampliación, permitirá asegurar el alcance de objetivos de gran envergadura en plazos deseables; facilitará la creación de condiciones para prestar servicios ferroviarios competitivos, con capacidad suficiente, calidad y eficiencia y contribuirá, por ende, a impulsar el desarrollo y crecimiento económico y a garantizar seguridad y comunidad a los usuarios.

En cuanto a las comunicaciones vía satélite, creemos que los mexicanos coinciden en que debe asegurarse que el país; o sea, en todo momento los servicios más avanzados en esta materia y que ello justifica la conveniencia de propiciar la participación de la inversión privada y social para mantener al día la tecnología aplicable y aprovechar íntegramente las posibilidades de contar con el más eficiente sistema de telecomunicación.

El texto de la reforma que contiene la minuta de decreto que nos envía la colegisladora, agregó a la iniciativa presidencial, como ya he leído, una cuidadosa y prudente adición, cuya necesidad fue compartida por los diputados y senadores que participamos en las reuniones de conferencia de las comisiones respectivas, mediante la cual la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, no quedan desplazados palmariamente de las áreas estratégicas a cargo exclusivo del Estado, sino se mantienen en el propio cuerpo del precepto reformado, como las únicas áreas prioritarias mencionadas específicamente por el texto constitucional, condición que se les reconoce en los términos del artículo 25 de la propia Carta Magna.

Esto implica, para la tranquilidad de las buenas conciencias, que el Estado no abandona a estas áreas al libre curso del mercado y al tráfago de la oferta y la demanda, sino por el contrario, deberá mantener una participación insustituible, de acuerdo con lo que establece este precepto.

El artículo 25 de la Constitución, en efecto, determina que el Estado podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo, lo que significa en el caso de ferrocarriles y comunicación satelital, que no es una participación opcional la que corresponde al sector público, sino una concurrencia efectivamente obligatoria en esa materia, ya sea por su propia cuenta o asociado con particulares, sin que éstos tengas impedimento alguno de manjerar sus propias empresas mediante el régimen de concesiones y permisos.

El texto agregado por el Senado de la República al párrafo cuarto del artículo 28, ratifica el papel rector del Estado en aquellas dos materias, lo que deja fuera de toda duda, como también lo ordena esta adición, el deber gubernamental de proteger la seguridad y la soberanía de la nación, cuyos efectos son más que declarativos; es decir, no constituye esa oración una expresión retórica, sino un deber cierto de que el valor supremo que nos vincula a los mexicanos como pueblo y como nación, se convierte en este caso en el deber primario del Estado, o sea, en el deber de no arriesgar jamás y, por el contrario, asegurar el mantenimiento incólume de la soberanía nacional.

Ferrocarriles y satélites sirven y pueden servir para comunicar y entrelazar económicamente, socialmente, culturalmente, a todos los mexicanos de todas las latitudes.

Arriesgarnos a su abandono, limitar posibilidades de educación de los mexicanos de todas las áreas del país, fundados en un nacionalismo exclusivista y xenofóbico, es arriesgarnos a perder identidad y esta pérdida, ella sí, puede lesionar la verdadera soberanía, como identidad de un pueblo que se presenta ante el mundo como patria con destino y como nación con proyecto.

Por otra parte, al sujetar la participación de los sectores social y privado al régimen jurídico de concesión o permiso, el texto constitucional que se consulta a esta soberanía, deja a salvo el poder de revocación del Estado, que podría ser aplicado en casos de incumplimiento o de peligro de la seguridad y soberanía nacionales.

De esta manera, sujetos igualmente a la legislación específica en materia de vías de comunicación y de inversiones extranjeras, los no nacionales podrían participar en los sectores que aludimos, sin peligro y sin menoscabo de nuestros intereses nacionales.

Adicionalmente, como último candado de aseguramiento jurídico de la soberanía y del interés público, el párrafo en cuestión prescribe que al otorgar concesiones o permisos a particulares, el Estado mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes en la materia, ordenamientos que por otra parte ya existen y que en caso necesario habrán de ser revisados con oportunidad por esta representación.

En síntesis, compañeras diputadas y compañeros diputados, la reforma que se propone es beneficiosa por todos conceptos y debe ser aprobada por esta soberanía. La exclusividad de las funciones del Estado en las materias de vía de comunicación por satélite y ferrocarriles, no se aviene con nuestro tiempo y puede revertirse contra la sociedad a la que pretende servir.

Por lo contrario, la reforma es congruente con el tipo de relación abierta que debe mediar entre el Estado y la sociedad, con la ampliación de la vida democrática, con la reducción del estatismo y por ende, con el acotamiento del presidencialismo a través de la doble vía de reducirle facultades exclusivas al Ejecutivo y de propiciar, como lo apuntan los considerandos del dictamen, una mayor participación de este legislativo en la materia.

Económicamente, tecnológicamente, socialmente es justificada la modificación constitucional propuesta por el Presidente de la República y aprobada por la Cámara de Senadores. Lo que está en juego no es un cambio coyuntural y destinado; no viola ningún principio superior de nuestro texto constitucional; ha sido ampliamente analizado, suficientemente documentado y discutido en comisiones y para ello se ha apelado a la explicación técnica, a la referencia jurídica y aún más, como ocurrió en el seno de las comisiones unidas que proponen el dictamen en discusión, se reclamó también por los diputados opositores, la utilización del sentido común para discernir acerca de la procedencia del cambio. A todo ello se dio respuesta con profusión y cabe decir que los redactores del dictamen agregaron a su texto conceptos aclaratorios sugeridos por los propios impugnadores.

Compañeros diputados, legislar no es un acto de reflexión filosófica que debe llevarnos a un nirvana patriótico de contemplación y meditación impasible. Legislar es un acto público de reflexión y de acción, pasar, como decían los viejos profesores de la palabra al acto, dándole valor al tiempo y actuar sin apresuramiento, pero con oportunidad.

Nadie está poniendo a remate la soberanía mexicana. Lentitud y diferisión no son sinónimos de patriotismo. Los cambios propuestos son urgentes porque requerimos fortalecer nuestra economía y darle opciones de nueva participación a los sectores productivos del país. La soberanía por su parte, no tiene por qué ser sinónimo de deseconomía. Tampoco podemos arriesgarnos a que la soberanía en materia de ferrocarriles y satélites vaya a refundirse en los deshuesaderos y la chatarra de un nacionalismo anacrónico e indolente.

La democracia, fundamento de nuestros acuerdos, requiere de unidad, pero ésta no es unanimidad. La unidad implica decisión de permanecer juntos, de construir juntos las bases de pactos renovados, de defender juntos a la patria y responder a todos nuestros compromisos como nación y como Estado. De igual forma el pluralismo no significa necesariamente siempre disenso y confrontación perpetua, oposición sistemática y profesional. Las coincidencias señoras y señores diputados, son también parte de la democracia plural.

Los priístas no aspiramos a un consenso absolutista, por eso somos respetuosos de la pluralidad y reconocemos en todos los mexicanos de todas las ideologías, de todos los partidos, buena fe y patriotismo. Con esta convicción la fracción priísta quiere dejar constancia de su apoyo responsable, firme y decidido al presidente Ernesto Zedillo, a la conducción de su presidencia democrática y a sus programas para afrontar y superar la crisis que padecemos.

Confiamos en la prudente sabiduría del Jefe del Estado. Estamos seguros de su patriotismo, con el cual los priístas miembros de esta LVI Legislatura lo acompañaremos para servir y engrandecer a México. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Armando Quintero Martínez, para rectificar hechos.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

Compañeras y compañeros diputados:

Hace unos minutos presenciamos un debate de ideas y de conceptos diferentes, aún contradictorios entre compañeros diputados del PAN y del PRD. Era un debate de ideas, quizá por ello, como era un debate de ideas, la bancada del PRI no participó.

Estoy convencido que el proyecto neoliberal que en términos económicos tiene medidas concretas y una medida concreta que caracteriza un proyecto económico como neoliberales la visión de privatizar prácticamente todos los entes que participan en la producción de bienes y servicios de un país. Y en nuestro país el modelo económico que ha venido aplicando el Gobierno ha sido el de ir avanzando en un proceso acelerado de privatización de todos los entes productivos y faltan algunos cuantos, a los que ya muy pronto vamos a ver circular por esta tribuna algunos diputados que van a venir a argumentar cada vez con conceptos francamente de demagogia pura, que ya no se corresponde, nos van a venir a decir seguramente en unos meses mantener Petróleos Mexicanos, porque eso corresponde a un nacionalismo anacrónico.

Y seguramente inmediatamente después de que ya sea privado Ferrocarriles Nacionales, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex seguramente nos van a decir que por qué no concesionamos el bracito de las dos Baja Californias y seguramente después, la tentación neoliberal les puede dar para privatizar alguna parte mayor de nuestro territorio nacional.

Pero no, la patria, los mexicanos que tenemos cultura no anacrónica, que tenemos una visión nacionalista viva y vigente de hondas raíces en nuestro pueblo, sabemos y reconocemos la parte histórica que correspondió al inicio de la Revolución Mexicana a los Ferrocarriles Nacionales.

Cómo olvidar que estaba repartido nuestro territorio en manos de grandes emporios ingleses, norteamericanos y franceses que controlaban las vías férreas que el porfiriato, que argumentaba básicamente lo mismo que ahora el neoliberalismo económico del PRI, le abrió las puertas para que controlaran los ferrocarriles y a través de ellos el territorio nacional a empresas multinacionales.

¿Cómo olvidar yo, que soy sindicalista y les pido a mis compañeros sindicalistas del PRI que hagan memoria de ello, que esas empresas hacían una discriminación salarial, un salario mínimo a los mexicanos y un salario mayor a los extranjeros? ¿Cómo olvidar que en los ferrocarriles de antes de la Revolución, había horarios de 14, 16 y 18 horas para los mexicanos y de ocho o nueve horas para los extranjeros? ¿Cómo olvidar que esas empresas fueron brutalmente expoliadoras de los trabajadores y que fueron los trabajadores ferrocarrileros los que hicieron un aporte histórico al soporte nacionalista genuino de nuestro país?

No, no lo olvidamos. Si ustedes los del PRI lo quieren hacer, allá ustedes y su carga histórica. El resto de los mexicanos no lo vamos a hacer.

Debo decir que hoy se nos pretende decir que para la eficiencia hay que privatizar. ¿Qué eficiencia con la privatización de Telmex? ¿Qué eficiencia con la privatización de la banca? Se privatizó y ¿qué servicio recibimos los mexicanos?

Voy a redundar, ojalá y suba el diputado Moreno Collado, a defender la eficiencia de Telmex y de la Banca Nacional privatizada.

Debo concluir, diciendo que lo único que van a hacer es abrir el espacio para que así, como la banca se privatizó en beneficio de unos cuantos amigos del Presidente anterior, ahora unos cuantos amigos de los nuevos gobernantes vengan a ser los concesionarios de las áreas que se nos pretenden arrebatar de Ferrocarriles Nacionales y de las áreas de las telecomunicaciones.

Señoras y señores diputados: no demos paso a las regresión de antes de la Revolución; no construyamos el eje social de opresión y de exclusión de los trabajadores y de los mexicanos que hicieron que hubiera una rebelión y una Revolución. No hagamos que a fines de este siglo los mexicanos estemos de nueva cuenta como en la era del porfiriato.

De aprobar esta reforma, el PRI estará haciendo esa contribución al pueblo de México.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, para rectificar hechos y en su turno Eliseo Moyao Morales.

El diputado Leonol Godoy Rangel:

Muchas gracias, señor Presidente:

Efectivamente, diputado Moreno Collado, hay que establecer la litis de esta contrarreforma al espíritu revolucionario y nacionalista que los revolucionarios de 1917 plasmaron en la Constitución Mexicana.

Efectivamente, el asunto está entre diferenciar lo que es estratégico y lo que es prioritario; y efectivamente, el asunto está entre las disposiciones del 25 constitucional y del 28.

Para nosotros resulta claro y evidente jurídica y políticamente que hay una gran diferencia entre estratégico y prioritario y por eso vamos a votar en contra de esta modificación a la Constitución.

Y usted lo dijo muy bien, compañero diputado y espero que todos lo recuerden en su momento, no es lo mismo un régimen jurídico constitucional que señala qué rubros de la actividad nacional son estratégicos y aquellos que mediante otro régimen jurídico distinto y por lo tanto litigable de distinta manera señala que son prioritarios.

Le recuerdo al diputado Moreno Collado, porque sabemos que lo que viene después es Pemex, lo que ocurrió en los años 1934-1938 y que venía arrastrándose de años anteriores, por esa disputa que era el petróleo en este país, entre las empresas extranjeras y los trabajadores mexicanos que laboraban en ellas.

Por ese régimen de concesiones que, insisto, le da otra característica jurídica a las disposiciones que en esta materia se puedan dar, fue por lo que tuvo que llegar el Gobierno de México hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para recuperar algo que era propio de los mexicanos y que estaba plasmado claramente en el artículo 27 constitucional.

¿Qué va a ocurrir con este régimen jurídico de concesiones, que es el que va a utilizarse en estas materias económicas tan importantes para el país como son los ferrocarriles y las telecomunicaciones vía satélite? ¿Qué puede ocurrir, en su momento, por ejemplo, le digo diputado, en este régimen de concesiones, si los mexicanos necesitamos los satélites para darle uso estratégico por problemas de seguridad nacional, podremos recuperarlos de inmediato?

¿Estaremos en condiciones de disponer de inmediato de ellos, porque así lo requiere la seguridad nacional del país? La respuesta es no, porque hay un régimen jurídico de concesiones que va a llevar este asunto a ser litigado, por que quien tiene el derecho de la concesión, tiene derecho de proteger esa concesión que le fue otorgada. Y en su momento, ¿esto a que nos llevaría? A un retraso absoluto en recuperar, en su momento, si así lo requiriere el país, el uso en su caso, esta vía tan moderna que vamos a tener y que ya se está utilizando, que es la señal por vía satélite.

Tenemos un gran problema en este país de narcotráfico, tenemos un gran problema de emigración, tenemos un gran problema de tráfico de armas, es a través de los satélites del Gobierno mexicano, que se vigila y se controla, o se busca controlar en lo posible estos grandes problemas nacionales.

En un momento determinado, vamos a pensar que efectivamente el Estado se quede con satélites que existen en este momento, pero a través de la revolución tecnológica que ya existe, haya nuevas maneras o nuevos avances en esta materia y esos satélites queden totalmente retrasados tecnológicamente y necesitáramos en su caso de utilizar los que tenga en su poder la iniciativa privada nacional o extranjera, no podremos hacer uso de ellos, compañeros diputados.

Tendremos que entrar a esa litis a la que usted se refirió para poderlos recuperar, porque fueron otorgados y serán otorgados en su momento a través de las concesiones. Precisamente por eso, a mí me parece que nosotros tenemos que estar en contra de este dictamen y votar en ese sentido para evitar que algo que es estratégico para los mexicanos pase a ser sólo prioritario, por lo cual le da una naturaleza jurídica distinta...

El Presidente:

Diputado Godoy Rangel...

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Termino, señor Presidente. Decía, le da una naturaleza jurídica distinta y que ése es precisamente la litis del asunto, señor diputado. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Eliseo Moyao Morales y en turno Luis Sánchez Aguilar.

El diputado Eliseo Moyao Morales:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Se nos trata de convencer, desde esta tribuna, de las virtudes de la reforma tanto en materia económica como en materia del beneficio social del servicio público que prestan tanto las telecomunicaciones como el servicio de ferrocarriles; sin embargo, es difícil tratar de embonar los beneficios que se pueden obtener de la privatización de estas actividades, desde una lógica capitalista, desde una lógica de mercado, con los servicios que benefician a miles de ciudadanos; como es el caso del servicio de pasajeros en lugares lejanos del país; como es el caso de la educación a distancia; como es el caso de la telefonía rural en comunidades de menos de 500 habitantes, que difícilmente en un esquema privatizador, tendrían acceso a estos servicios puesto que se impondría la lógica de la ganancia.

En el caso de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, una empresa cuya historia está ligada a las grandes luchas que dio su sindicato y sus trabajadores por hacerla una empresa rentable, a pesar de las administraciones deficientes, las administraciones cargadas de corrupción que han mantenido este servicio y esta empresa con grandes rezagos tecnológicos y administrativos.

Los trabajadores ferrocarrileros han planteado un esquema distinto de modernización, al planteado por el doctor Zedillo. Es, aquel planteamiento modernizador al que el Partido de la Revolución Democrática se adhiere. Nadie se puede oponer a la modernización de ferrocarriles y de las telecomunicaciones; sin embargo, no podemos aprobar un esquema modernizador que atenta contra los derechos de los trabajadores, que atenta contra el servicio social que prestan estas actividades, como lo que ya señalé y, por lo tanto, planteamos un esquema de modernización distinto. Planteamos el impulso de un proceso modernizador en el caso de los ferrocarriles que implique, entre otras cosas, la introducción de dobles vías, que implique, entre otras cosas, la introducción de nueva tecnología, pero que implique también, la modernización de la administración de esta empresa, con la participación de sus trabajadores que han demostrado como en múltiples ocasiones, como lo han demostrado ahora que se han concesionado algunos talleres, que tienen la suficiente capacidad técnica para realizar sus actividades, incluso por arriba de la eficiencia de estas empresas a las que se ha concesionado el servicio de mantenimiento.

Nos preocupa, al Partido de la Revolución Democrática, la preservación de los derechos de los trabajadores ferrocarrileros; nos preocupa porque hay evidencias suficientes que han llevado a conculcar estos derechos cuando se han privatizado algunas áreas de la empresa. Un ejemplo para citar solamente: tenemos el caso de la empresa Halston, a la que se concesionó uno de los talleres, y al hacerse cargo de esta actividad, violentó el contrato colectivo, reduciendo los derechos de los trabajadores en el renglón de los salarios, en el renglón del fondo de ahorro, en los días adicionales de vacaciones, los incentivos anuales por asistencia, puntualidad, productividad, la prima de antigüedad, ayuda de renta etcétera, compañeros.

Es por eso que planteamos que no se puede seguir atentando contra los derechos de los trabajadores, es por eso que planteamos que se debe de garantizar la preservación de estos derechos.

Y llamamos a todos ustedes a que en el momento de la votación, piensen en estos trabajadores que han logrado realizar históricas luchas, que han preservado el servicio de ferrocarriles para los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos, por cinco minutos. Y en turno Manuel Marcué y Pardiñas.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

Es sorprendente cómo la bancada priísta, por conducto del compañero diputado Moreno Collado nos viene a hablar aquí del sentido común, lo invoca, para privatizar ferrocarriles, entregar la comunicación vía satélite. Nos plantea que aquí no se trata de remates, cuando la realidad es que estamos poniendo a la merced de un vecino que históricamente ha demostrado ser agresivo hasta la saciedad, de nuestro territorio, de nuestras riquezas, y a ese vecino le estamos entregando todo.

Esta, compañero Moreno Collado, es una cuestión de seguridad nacional, lo que parece que a su bancada no le interesa en lo más mínimo. Por ese desinterés, malos mexicanos en el siglo XIX permitieron que en 1847 llegaran los marines hasta Chapultepec. Esa falta de visión respecto de la seguridad de la nación, permitió la amputación territorial, porque al ser vulnerado ese criterio de seguridad, en Texas los mexicanos estuvieron en las manos de los servicios de inteligencia de la nación vecina, los mismos que pudieron fácilmente plantear el cómo y por dónde para la secesión de aquel Estado.

Y hoy se pretende entregar nada menos que la comunicación satelital. Parece que los priístas ignoran que hoy todo se puede transmitir por las ondas hertzianas, por las ondas electromagnéticas; que por la vía del satélite se puede saber de depósitos bancarios, de transacciones, que la teleinformática maneja absolutamente todos los ordenes de la administración de la empresa pública, de la empresa privada, de las empresas sociales. Y que por la teleinformática se maneja absolutamente toda la red y todos los sistemas de operación de un Gobierno, sea federal, sea estatal o sea municipal.

Y precisamente por esta cuestión vital, estratégica, por esta consideración del riesgo, es que los diputados priístas que tengan conciencia, deberán oponerse a la aprobación de esta aberrante propuesta de dictamen.

Pero si los compañeros del PRI no tienen mayor interés por la seguridad de la nación -interés que deberían demostrar más bien promoviendo, como lo hará la de la fracción social, demócrata, la creación de una Comisión de Seguridad Nacional que coadyuve con la Comisión de Defensa para definir estas cuestiones. Ellos, los camaradas del PRI, deberían tener al menos un prurito respecto de su seguridad personal. Porque también ellos podrán ser vulnerados en sus cuestiones particulares: sus cuentas de cheques, sus viajes secretos, que los pueden tener.

Todo tipo de transacción que hoy podría ser objeto de escrutinio por priístas amigos, para encubrir, o por personajes del sector privado amigos, que también encubrirían, hoy quedarían a la merced de escrutadores extranjeros que como bien dijo John Foster Dulles: "no tienen amigos, sino simplemente intereses".

Y ellos van a ser también poseedores de su se creto. Y como no hay amistad podrán y sabrán usarlo en su momento para el chantaje, como en las novelas.

El Presidente:

Diputado Sánchez Aguilar, ¿quiere redondear, por favor, su intervención? Se ha agotado el tiempo.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Sí, señor Presidente:

Decíamos que como en las novelas, como el caso "chacal", se sabrá quiénes, entre los priístas, están en su derecho, tienen cuentas de riqueza inexplicable; quiénes, nadie es perfecto, tienen amantes, queridas o concubinas o a la mejor, ahí está la perfección; pero serán finalmente vulnerados y están corriendo un riesgo.

Por esas razones, invocamos, sino el patriotismo de los priístas, al menos su sentido común. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Manuel Marcué y Pardiñas, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos. Y en turno el diputado Salvador Martínez de la Rosa.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Señores: ¡Qué pena!, pero más que pena, ¡qué indignación! Se está tratando sobre un problema vital para el país y esta sala está casi vacía ¡Qué vergüenza y qué indignación me da!

Señores: ya concesionaron hace tiempo y le han dado la concesión de la televisión, de la radio, les dan facilidades en la compra de papel etcétera. Pensemos, no pensemos en nosotros que la vida ya la hemos hecho, que somos triunfantes muchos de los viejos o de los hombres que pasan de más de 50 años, porque vivimos otro México. Pero, señores, repito, no me cansaré de repetirlo: ¡¿qué le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos?!

Ahí hay un señor que siempre molesta, ¡porque el "imbécil" no sabe más que hacer eso! ¡Y es del PRI! ¡No quiero volver a tocar ni a decir lo que pienso de mucha gente del PRI!...

¡Por favor, pido que me respeten!, ¡y voy a descontar el tiempo!

Miren, señores, recuerden qué es lo que se ve por la televisión, cómo la maneja el concesionario. Recuerden qué se dice por la radio, cómo la maneja el concesionario. ¡Estrictamente para sacar dinero!

¡La sociedad mexicana en el número de horas y minutos que utiliza no le importa en lo más mínimo! ¡Qué le damos de cultura a nuestro pueblo, qué damos de cultura a nuestros hijos y a nuestros nietos! ¡Piensen en eso, señores!

¿Cuándo hay programas en la radio y en la te levisión de tipo cultural, que nos hablen de la cultura, que nos hablen de nuestra historia? ¡Y poco a poco ustedes y su Gobierno, señores del PRI, han concesionado lo que debíamos cuidar "como la niña de nuestros ojos"!

Ahora, ¿qué hacen? ¡concesionar, concesionar lo único, lo único que tenemos para hablarle a nuestro pueblo, utilizarlo en la mejor manera, con inteligencia y con patriotismo!

¡Les quiero recordar señores, del PRI, que us tedes fueron los que aplaudieron en esta cámara cuando el Gobierno de la República, con el dinero del pueblo, compró, utilizó las concesiones para la radio y la televisión! ¡Ustedes mismos fueron y hablaban de patriotismo y de un gran adelanto! ¿Y qué hacen ahora señores?, ¡van a venir a aprobar y a aplaudir lo que llamo traición del Gobierno y de ustedes, porque la televisión, la radio y el uso del satélite debería servir, señores, para utilizarlos bien, de todas generaciones que vienen atrás de nosotros!

¡Es un crimen lo que van a hacer! ¡Vean ustedes los programas de Imevision y de Televisa, y de todas las compañías que han recibido concesión! ¡Nuestras mujeres y nuestros hijos horas y horas están viendo las comedias idiotas, que idiotizan a nuestras familias, que no nos dan cultura, que no nos hacen levantar el nivel cultural, histórico, social, nos embrutecen y ahora ustedes van a concesionar el satélite, cuando podría usarse, por lo menos eso, en bien de nuestra patria, de nuestros hijos y de nuestros nietos; eso es lo que van a hacer ustedes que aplaudieron!

El Presidente:

Diputado Pardiñas, se le ha agotado el tiempo.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Sí señor, ya voy a terminar.

¡Ustedes que aplaudieron cuando el Gobierno patriótico usó, compró y gastó dinero en los satélites, que era un beneficio para la patria oía decir a muchos del PRI! ¿Y ahora qué van a hacer?, ¿qué van a hacer señores?, ¡van a traicionar al pueblo otra vez!

El Presidente:

Gracias, diputado.

Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Serafín Núñez Ramos, por cinco minutos.

El diputado Serafín Núñez Ramos:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

En vista de que mis compañeros del Partido del Trabajo ya han hecho público su voto en contra >del dictamen, si ustedes me lo permiten, me veo en la necesidad de venir a fundar mi propio voto sobre el dictamen en debate.

Quiero decir, primero, con todo respeto para mis compañeros del PT, que los argumentos en que fundan su negativa no me parecen su ficientemente consistentes y son, por lo mismo, poco convincentes, pues están fundados esencialmente, y no solamente creo yo los de ellos, en una noción ciertamente anacrónica y agotada de nacionalismo.

Quiero decir también, que me parece poco convincente apelar a conceptos etéreos como el de alma nacional, identidad nacional, como argumentos de fuerza para poder sostener una negativa a este dictamen.

Otro argumento que se ha esgrimido, es el del riesgo de que la cultura nacional, éste es otro concepto, se pierda, por las concesiones que se puedan o pudieran otorgar a empresas privadas en el campo de las telecomunicaciones y me parece inconsistente, porque ciertamente este asunto del alma nacional y del ser mexicano y de los mexicanos ha sido un problema suficientemente debatido y discutido en la historia del pensamiento filosófico de este país, y hoy día, muchos pensadores contemporáneos han puesto en tela de duda la validez de algunos de estos conceptos; no quiero meterme en este debate por ahora, es muy fácil, aquí hay compañeros que están recurriendo al único calificativo que les sale automáticamente de la boca cuando alguien no coincide con lo que dice, me han dicho traidor; otros por ahí, no faltará que al rato me diga priísta, ya sé que es lo que se puede esperar como respuesta.

El otro elemento es el del riesgo de que la cultura nacional se pierda, esto me parece también algo inconsistente porque ni 500 años, ni conquistas, ni muchas ofensivas conscientes de políticas culturales en los estados, no solamente en este país, sino en otros muchos, no han conseguido destruir la cultura de los pueblos; la auténtica cultura de los pueblos, esta cultura que no necesita defensores, que no necesita dictadores para que tracen líneas de política cultural, la cultura auténtica de los pueblos se mantiene viva, sola, la cultura auténtica de los pueblos toma de otras culturas y de sus influencias lo que necesita para fortalecerse y revitalizarse, éste también es un problema que se puede discutir largamente y el tiempo se me está terminando.

Yo creo que hay aquí un par de preguntas básicas para mí que son las siguientes: ¿se preserva o no en el dictamen el papel rector del Estado sobre estos medios? ¿Se establecen permisos jurídicos a esta preservación, sí o no? Bueno hay que leer con cuidado sobre todo el dictamen del Senado, el dictamen del Senado me parece a mí mucho más rico y completo que el dictamen de la Cámara de Diputados.

Yo digo que si esto está recogido en las inquietudes expresadas por diversos diputados y senadores en relación a garantizar que se preserve el papel rector del Estado y la soberanía del país sobre estos medios a pesar de las concesiones y que todo esto debiera regularse en la Ley Reglamentaria que se tiene que expedir con fundamento en la modificación propuesta al párrafo cuarto del artículo 28, en tonces me parece que hay elementos suficientes para mí en lo personal, para aceptar este dictamen.

Por eso se considera indispensable establecer en este texto constitucional y me parece que están ahí presentes los elementos, los principios básicos que orientarán la legislación secundaria, o sea, que el reto es la elaboración de esta legislación secundaria que garantice estos aspectos muy generales establecidos en la reforma, que se garanticen y se conviertan en elementos precisos y concretos que den en la realidad garantía a esta soberanía y a esta rectoría del Estado.

El Presidente:

Muchas gracias, señor diputado; el licenciado Leonel Godoy desea hacerle una interpelación.

El diputado Leonel Godoy Rangel(desde su curul):

Le agradezco, señor diputado, de la breve exposición de usted para votar a favor, no le escuché y por eso es la pregunta que le hago y que es precisamente parte de mi argumentación que di hace un momento en relación a la defensa que hizo el diputado Moreno Collado sobre esta modificación al 28 de la Constitución. La pregunta consiste en si sabe usted la diferencia que da la Constitución entre estratégico y prioritario.

El diputado Serafín Núñez Ramos:

Bueno, el concepto de estratégico en el dictamen tiene la característica fundamental de hacer que tanto ferrocarriles, como comunicaciones vía satélite, sean una área de estricta competencia del Estado; en cambio, la propuesta de modificación que se está haciendo y que tiene que ver con convertirla en una área prioritaria, hace posible que la inversión privada y las concesiones o permisos para operar estos medios puedan darse a particulares sin que esto signifique, por otra parte, que se pierda la soberanía de rectoría del Estado en estas áreas prioritarias, pero de lo que se trata es conseguir que estos sectores se modernicen sin que se afecte la capacidad plena de las autoridades correspondientes para regularlas y sujetarlas en todo momento a los intereses de la colectividad. Entonces, para mí, en lo personal, si esto es posible conseguirlo en una reforma y después hacerlo realidad en una ley reglamentaria suficiente y meticulosamente elaborada, me parece que estarían a salvo es tos elementos. Gracias... Por lo tanto que voy a votar sí.

El Presidente:

Tiene la palabra, para continuar con el debate, el diputado Joaquín Vela González, hasta por 15 minutos.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados:

Creo que es correcto que demos una explicación muy leve. Afortunadamente en mi partido, el Partido del Trabajo, no tenemos la cultura de la línea ni tenemos de ninguna manera y hemos dado muestras aquí en este Congreso ya, en el breve lapso que lleva este Congreso, de que no imponemos línea a ninguno de nuestros diputados. Entonces, respetamos la opinión de los diversos integrantes de nuestro grupo parlamentario.

Sin embargo, solamente quiero señalar que el día de hoy, precisamente por la importancia del punto, nos citamos todos los diputados a discutir y a dar los argumentos por los que nuestra fracción parlamentaria tomaría una definición. No como línea íbamos a escuchar los argumentos de todos nuestros compañeros para poder efectivamente valorar los pros, los contras y tomar una determinación que fuera la mejor, no para nosotros en lo particular, no para nuestro partido, sino para México.

Paso a exponer, de la manera más suscinta, los elementos por los cuales nosotros hemos llegado a la determinación señalada con anterioridad por el diputado Alejandro Moreno Berry.

Para nosotros hay un elemento que es distintivo y que debe ser elemento de reflexión para todos nosotros, compañeros. Primero, ha habido un proceso muy acelerado de privatización de las 1 mil 155 empresas estatales, fondos y fideicomisos que tenía el Estado mexicano en 1982; ahora tenemos sólo aproximadamente un 10%. Yo creo que es momento que reflexionemos y digamos en qué han beneficiado esa creciente privatización al pueblo mexicano.

Hagamos conciencia compañeros. ¿En qué ha beneficiado al pueblo mexicano? Muchos de esos fondos se nos dice, se fueron a Pronasol, sin embargo el 97% de los fondos de Pronasol compañeros, se ha destinado a actividades de carácter asistencial; no ha tenido una prioridad productiva que efectivamente le diera a los mexicanos una posibilidad de generar empleo y de generar ingresos adicionales. Es decir, han sido "curitas" a una enfermedad que los mexicanos tenemos desde hace mucho tiempo, que es la pobreza.

No hemos podido encontrar cómo utilizar los recursos de las propias privatizaciones en un beneficio social directo.

Esto nos conduce a una reflexión: el Gobierno de Ernesto Zedillo va a continuar con la política de Carlos Salinas, o tenemos que plantear en este Congreso también al propio Ernesto Zedillo y a los diputados del PRI y de Acción Nacional que han manifestado su voluntad de votar a favor en esta ocasión, la necesidad de buscar nuevas formas, nuevos esquemas de salir de este problema.

Nosotros tenemos una idea, tal vez no totalmente acaba, en el campo jurídico, pero sí muy precisa en el ámbito político y social. Necesitamos darle un carácter social a las privatizaciones si son necesarias hacerlas. ¿Qué significa? Resulta que esas empresas estatales han tenido trabajadores, muchas de ellas durante décadas han dejado ahí su vida, su esfuerzo, ellos han sido los que han creado riqueza social y estas empresas son privatizadas y los trabajadores no tienen en consecuencia ningún beneficio de esas privatizaciones.

Nosotros pensamos que en algunos casos incluso, porque no somos partidarios de ese nacionalismo atrasado, pensamos que en algunos casos pudiera justificarse, pero también pensamos que muchos de los beneficios tendrían que ser dirigidos a los propios trabajadores. Hay empresas, por ejemplo, como la Garci Crespo, que se privatizó, que hubiera sido tal vez más benéfico entregársela a los trabajadores para que ellos la administraran, o muchas de las empresas que no requieren una gran capitalización, hubieran podido ser dirigidas y manejadas por los trabajadores; sin embargo, aquí luego somos más papistas que el papa y privatizamos todo, incluso empresas de este tipo.

Entonces, la preocupación nuestra es cómo algunas de estas empresas privadas pudieran efectivamente tener beneficios para los trabajadores que son los que están generando la riqueza social en esas empresas.

Proponemos en consecuencia que empresas como Ferrocarriles Nacionales, que tiene un atraso evidente y objetivo, ustedes saben que el promedio de velocidad que tienen los trenes mexicanos es de 23 kilómetros por hora, cuando en Japón y en Europa alcanzan hasta 160 y 180 kilómetros en promedio de velocidad, eso nos demuestra el atraso que tiene el sector de ferrocarriles.

Y es cualquier rama de Ferrocarriles. No, no es cualquier rama, para poder desarrollar nuestro mercado interno, nosotros necesitaríamos objetivamente tener un sistema ferroviario altamente eficiente, como sí tienen los países eu ropeos o como tiene Japón y como tienen los propios norteamericanos.

¡Qué tenemos que hacer!, ¿dejarla como está, compañeros?, es un error. Esta empresa ha sido abandonada, no ha tenido recursos en los últimos 40 años. No podemos dejarla como está, necesitamos hacer un planteamiento en donde efectivamente podamos nosotros darle una salida y nuestra propuesta al respecto es la siguiente:

Encontramos que sí se requiere hacer cuantiosas inversiones en ferrocarriles, que el Estado mexicano no tiene en este momento esos recursos para hacerlas porque es de urgente necesidad.

Hay que aceptar en el caso de los ferrocarriles, que esos señores que tienen capital entren a ferrocarriles, pero que entren con una clara regulación estatal que implique que el Estado, que es propietario de una de las partes más fundamentales de Ferrocarriles Nacionales, que es el tendido de vías, de lo que cuesta más, aunque son insuficientes, eso le permita realizar un proceso de coinversión y que una parte de las acciones de esa empresa, sea para beneficio de los trabajadores.

Esa es una propuesta que sentimos que tiene un carácter social cualitativamente diferente, a simplemente entregar a los voraces empresarios privados una empresa, y ¿por qué digo voraces capitales privados?, porque ya tenemos la experiencia de las carreteras, en las carreteras, a los que les concesionaron las carreteras solamente construyeron aquellas que creían que les iban a dar beneficio. Cuando se les planteó, por ejemplo, que construyeran la autopista de México a Oaxaca, ningún empresario privado estuvo en condiciones, no aceptó invertir en esa carretera. ¿Entonces, vamos a dejar lo mismo para ferrocarriles?, que solamente escojan las rutas que ellos crean que les resultan redituables y no aquellas que sean de prioridad nacional, que no es un concepto etéreo, necesitamos construir adecuados ferrocarriles a Oaxaca, a Chiapas y a muchas regiones y si lo dejamos al libre juego del mercado, así nada más, estos señores van a construir efectivamente eficientes trenes a Monterrey y a aquellos mercados importantes y no van a construir lo que como país requerimos para lograr un desarrollo económico equilibrado y justo para los mexicanos.

Por ello planteamos, en el caso de ferrocarriles hay que aceptar el capital privado; necesitamos también darle una parte de los beneficios como acciones, un paquete de acciones a los trabajadores y que el Estado sea el que determine las prioridades a partir de que efectivamente, como así señala la ley, sea el Estado el que tenga la rectoría de los ferrocarriles.

En el caso de los satélites, ahí tenemos un razonamiento diferente. Les voy a dar, para no alargar mucho, les voy a dar cuatro razones, por qué nosotros pensamos que esto no debe ser privatizado.

Primero, no es cierto que en satélites necesitamos modernizarnos. Señores, en satélites estamos en la tecnología de frontera, es lo último lo que tenemos. Incluso hay un satélite que apenas se va a instalar, entonces no podemos argumentar que necesitamos modernizarnos como sí es un argumento válido en el caso de ferrocarriles; entonces, tenemos la tecnología de frontera. Primer elemento.

Segundo elemento, el servicio, al tener el Estado los satélites, el servicio que presta a las compañías privadas se cobra en dólares. Nosotros ahorita como país, por la crisis financiera que tenemos, necesitamos dólares, pero resulta que vamos a vender los satélites que es una empresa que tiene ganancia y que cobra en dólares y se la vamos a entregar, la vamos a entregar no sé con qué argumento ni por qué razón.

Tercero, el propio Secretario de Comunicaciones y Transportes ha aceptado que en el caso de los satélites es una empresa que tiene beneficios crecientes. Entonces, si nosotros tenemos una empresa como Estado, que está teniendo beneficios crecientes, ¿cuál es la razón objetiva, cuál es la razón objetiva para vender esa empresa?

Y finalmente, por una razón que no es etérea compañeros, no es cierto que estemos dando argumentos etéreos: ¿quién va a comprar la empresa? Esto es un retrato hablado. Hay dos empresas en México que son las posibles compradoras de la parte de telecomunicaciones, y se los digo, no se le va a vender a cualquier mexicano, ninguno de los diputados que yo veo por aquí va a comprar algún satélite, me parece, tal vez alguno de los senadores, pero ningún diputado va a comprar un satélite, entonces ¿quién va a comprar? Son dos, es Televisión Azteca y Televisa. Entonces éste es un retrato hablado y ésas son las razones por las que nosotros pensamos que en el caso de los satélites no lo podemos vender de ninguna manera. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Franciscana Krauss Velarde, hasta por 15 minutos.

La diputada Franciscana Krauss Velarde:

Gracias. Con su permiso señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

Comparezco en esta tribuna para puntualizar aspectos que considero importantes al analizar la iniciativa de reforma constitucional al artículo 28, que hoy nos ocupa. Como parte de las comisiones, que unidas se han encargado del estudio de esta iniciativa, hemos hecho un trabajo serio, de estudio, de consulta y reflexión sobre el mismo, por ello, al presentarse hoy este dictamen está avalado por el trabajo de todos los que en él hemos participado, de las consideraciones de quienes ayudaron a realizarlo, y al decir esto lo hago, porque al solicitar su voto, por supuesto a favor, lo hago con plena convicción, con la certeza plena de que esta iniciativa fue analizada bajo los principios, sí, de legalidad, de nacionalismo y de ubicación, sobre todo en la realidad que el día de hoy vivimos los mexicanos en lo político, lo social y lo económico, todo en un marco constitucional y nuestra ubicación en el contexto internacional.

Me refiero puntualmente a los ferrocarriles de nuestro país y la comunicación por satélite.

Con respecto a los primeros, que desde su creación legal, cuando el 4 de noviembre de 1824, el Congreso de la Unión expidió el decreto que autorizaba la construcción del primer ferrocarril y también el Constituyente de 1917 permite la inversión privada en el mismo, no como se decía aquí anteriormente, que en la época del porfiriato es cuando se dan concesiones a particulares, no, también lo permite la Constitución de 1917.

Los ferrocarriles íntimamente ligados a los cambios en nuestro país, sufren modificaciones en su régimen legal adecuándose siempre al desarrollo y al momento histórico del país, de ahí que sean las modificaciones más importantes la de 1914, la de 1937 y la de 1983, pero hoy, en 1995, las circunstancias también totalmente distintas a la que dio objeto a aquella reforma.

Ferrocarriles hoy en día sólo transporta el 1.5% de pasajeros en todo el país y menos del 15% del total de carga a nivel nacional. Ante la construcción de carreteras y la no modernización en su equipo, lo han colocado fuera de competencia, tratándose de uno de los medios con mayor margen de seguridad, el más bajo costo, si funciona adecuadamente.

Necesitamos, por su importancia económica, histórica y práctica, revitalizar ferrocarriles. La iniciativa que hoy nos ocupa permite la concesión a particulares y también al capital social y mantiene ante todo la rectoría del Estado sobre esta área prioritaria.

No se discute hoy en día, y no lo he escuchado en esta tribuna, la concesión de otras vías de comunicación: las marítimas, las aéreas y las carreteras. Si no se actualiza ferrocarriles con inversión, además de la del Estado y lo mismo sucede con nuestros satélites, que en su momento y con su tecnología los primeros tuvieron un costo de 150 millones de dólares y después, los del sistema Solidaridad, con mayor capacidad y avance tecnológico, tuvieron un costo de 427 millones de dólares. Los siguientes, porque tendríamos que actualizarnos tecnológicamente para no depender de otros países, tendrían un costo creciente, que seamos realistas, ahora no se puede afrontar.

No pueden ya postergarse decisiones como ésta, pero debemos de ser celosos, sí, vigilantes del respeto a los derechos de los trabajadores del ferrocarril, de los delicados aspectos de seguridad y soberanía nacional en el área de comunicaciones; pero reconozcamos, reconozcamos con toda honradez, que nuestro país por sus actuales condiciones, de todos nosotros bien conocidas, no puede hacer inversiones en este momento, inversiones que mermarían el gasto social que tanto hemos defendido todos en esta tribuna.

Nuestro país necesita un sistema ferroviario moderno, ágil, que amplié su cobertura y el incremento de la capacidad satelital, pero no puede invertir en ellos, por eso autoriza la inversión privada y la social.

Compañeras y compañeros diputados: que no se diga de nosotros que no tuvimos la visión que sí tuvo el Constituyente de 1917, que sí permitió la inversión privada, específicamente en ferrocarriles, para la modernización del país, urgente entonces, urgente siempre.

Y dejemos convertir en máquinas obsoletas y en un montón de chatarra lo que debe de ser factor prioritario: inversión privada y social, sí, pero con rectoría del Estado y el dominio de las vías de comunicaciones para alcanzar progreso con justicia social. Gracias por su atención compañeros.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El Presidente:

Tiene usted la palabra diputado.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Vuelvo a decir que me alegra que gente joven venga a esta tribuna a hablar sobre los problemas de México. La felicito, señorita, pero también le digo que hay que investigar la historia de por qué los ferrocarriles están en la situación en que se encuentran; y voy a poner unos cuantos ejemplos para no cansarlos con mi protesta y con mi perorata.

¿Sabe usted, señorita, que los ferrocarriles mexicanos distinguidos plantearon y estudiaron la situación y dieron caminos para que se mejoraran? Tanto miembros antiguos de Acción Nacional como del mismo PRI, pues líderes obreros en todos sus tiempos, patriotas, le indicaron al Gobierno muchas veces lo que debía de hacerse.

Y nada más voy a poner un ejemplo para que no sufran lo señores del PRI.

¿Sabe usted, señorita o señora, que un miembro del PRI, que había sido dos o tres veces diputado y senador de la República, regaló los terrenos de Zaragoza a una de sus amigas? ¿Sabe usted eso? ¡Verdad qué no! ¿Sabe usted que cuando los líderes y los mexicanos que protestaban de cómo tenía el Gobierno a los ferrocarriles, metían a esos líderes a la cárcel?

Si en la historia de México se revisara cuál fue el grupo de trabajadores que más veces entró a la cárcel en todos los tiempos de la vida moderna de este país, serían los trabajadores ferrocarrileros, porque ellos materialmente se daban cuenta de cómo estaban las vías; de cómo estaban las locomotoras; de cómo estaban los puentes y sufrían constantemente la tragedia de ver asesinados por el choque de locomotoras a lo largo y a lo ancho del país.

¿Es correcto que un diputado del PRI y senador, de esos muy patriotas hayan hecho lo que hicieron con los terrenos de Zaragoza? Pregunto a los señores del PRI si estoy diciendo mentiras, que vengan a contradecirme.

El Presidente:

La diputada Franciscana Krauss, quiere tomar la palabra para contestar alusiones personales.

La diputada Franciscana Krauss Velarde:

Muchas gracias, señor Presidente:

Cuando vine a esta tribuna y hablé de que con toda conciencia de lo que estaba pidiendo, lo hice porque me dediqué a estudiar, no solamente en su historia y en sus orígenes lo que es ferrocarriles y también supe que después de la Revolución, con los principios que tenían nuestros constituyentes, fueron ellos quienes siguieron permitiendo la inversión privada, al ver destrozados los ferrocarriles después de la Revolución. Querían mover a México, no querían que los ferrocarriles se quedaran en un museo.

Pido, sí señores, el voto a favor, porque estoy convencida, porque lo he estudiado, porque sustento en mis bases y en la historia, pero al pedir su voto a favor para este dictamen, pongo la vista en el futuro de este país, señor Marcué.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Navarrete, hasta por 15 minutos.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz:

Todos sabemos que entre 3:30 y 5:30 de la tarde es difícil fijar la atención sobre un debate por más importante que sea, pero, todos creo que tenemos que hacer un esfuerzo para debatir, discutir, argumentar y hasta tratar de con vencer, de los argumentos que tenemos para fijar nuestra posición política. Pero me creo obligado a señalar, porque es mi convicción, compañeros diputados, que la defensa de la soberanía nacional no se hace, no se puede hacer aquí, ni con gritos destemplados, ni con exageraciones retóricas en la tribuna. No creo que la defensa del país y de su soberanía pueda darse con comportamientos protagónicos, que semejan la gravedad del cirrótico entre los alcohólicos, creo que es mucho más importante que eso.

El artículo 28 constitucional es desde mi punto de vista, después de la reforma sobre justicia, la iniciativa más importante que discutirá este Congreso, después de haber tomado posesión el doctor Ernesto Zedillo. Lo que la iniciativa contempla es eliminar el carácter estratégico de los ferrocarriles y la comunicación vía satélite, para considerarla solamente como áreas prioritarias.

La iniciativa, compañeros diputados, fue modificada, es necesario reconocerlo. La iniciativa sufrió modificaciones en el Senado y es necesario hacer un reconocimiento público a que esta iniciativa logró ser modificada en su proporción, porque hubo resistencias de senadores y de diputados de todos los partidos, para que se aprobara en los términos enviados por el Ejecutivo.

Esto me permite a mí reconocer que todavía hay rasgos de patriotismo entre diputados y senadores, incluyendo algunos del propio PRI y que en esta discusión los vi debatiendo en la conferencia del Senado, dieron argumentos para no aceptar la iniciativa del Presidente en los términos en que fue propuesta. Lamentablemente la resistencia de algunas personas de las bancadas del PRI no fue suficiente para impedir que esta reforma constitucional se consumara en los actuales términos.

El PRD en las discusiones en el Senado y aquí también, se opuso. Varios compañeros míos han hecho ya intervenciones argumentando por qué razones nosotros no podemos aceptar una modificación constitucional como la que se nos propone, pero no lo hacemos, compañeros diputados, por un opocisionismo feroz, porque pensemos que corremos riesgos frente a la opinión pública o frente a nuestro electorado, no lo hacemos tampoco por una definición ideológica, lo hacemos por razones fundadas que quiero brevemente poder exponer en esta tribuna.

Todos nosotros y, ayer hubo un acuerdo aquí en este sentido, hemos coincidido en que es necesario iniciar un gran debate nacional sobre la reforma del Estado. En pocos meses, seguramente que deberá ser presentada la propuesta de El Plan Nacional de Desarrollo por parte del Gobierno, del doctor Ernesto Zedillo; tal vez la acumulación de crisis tanto políticas, poselectorales como económicas, han impedido que este Plan Nacional de Desarrollo se presentara a la mayor brevedad posible.

¿Qué es lo que vamos a discutir en El Plan Nacional de Desarrollo, pero sobre todo, qué es lo que vamos a discutir en la reforma de Estado? Todos coincidimos en que los temas a discusión son el papel del Estado en la nueva situación política del país y el papel del Estado mexicano también en la economía, a la luz de lo que nos ha ocurrido hasta el día de hoy.

¿Cómo va a participar el sector privado en el desarrollo del país? ¿Cómo vamos a darle participación al sector social? ¿Qué áreas debemos mantener como estratégicas y cuáles deben ser prioritarias? ¿En dónde debemos facilitar y promover la inversión privada, tanto pública como extranjera? ¿Cómo debemos facilitar el concurso del Estado, pero también de la inversión privada en sectores y áreas que consideramos indispensable que deben ser modernizadas?

Pero también vamos a discutir otro asunto de la mayor importancia, compañeros, que es el asunto de la soberanía. El tema de la soberanía cruza al país, como cruza a muchos países del mundo en esta última década del siglo y por los efectos de la apertura comercial, de la globalización de la economía, de los resultados de las políticas neoliberales que estamos empezando a ver en el mundo, y del derrumbe del campo socialista o de los países socialistas que asociaban soberanía con propiedad estatal y, por lo tanto, con estatismo, debe llevarnos todo esto a replantearnos en el país los términos de qué es en este momento y qué es en este tiempo la defensa de la soberanía nacional.

Quizá a fuerza del desgaste de las palabras, en esta cámara y en muchos otros foros, la defensa de la soberanía nacional ha terminado siendo interpretado por algunos, lamentablemente, como una actitud patriotera, como una actitud de levantar la bandera o de marchar por las calles gritando ¡Viva México!, y evidentemente que no estamos hablando de eso . Estamos hablando de algo mucho más importante que una simple definición retórica, estamos hablando de discutir el concepto de nación, de discutir la defensa del país, de preservar los intereses de los mexicanos en esta apertura comercial y de ver cómo nos relacionamos con los demás países y cómo facilitamos la inversión y la interrelación con ellos, pero preservando valores, posibilidades, conducción del Estado y garantías de que los excesos del neoliberalismo que hoy nos estallan en las manos, no se continuarán por el mismo rumbo.

Pero también está a discusión, creo que cruza al PAN en su discusión interna, al PRD, pero también al PRI, la discusión sobre la conducción económica del país.

Muchos mexicanos, creo que millones de mexicanos no están dispuestos a seguir bajo líneas económicas trazadas sólo por el Presidente y un puñado de representantes de los sectores social y privado, pero que está cuestionada fundamentalmente en su representatividad. No es posible que la conducción económica sea resuelta a través de los pactos, de las reuniones o de las encerronas en la madrugada para determinar las medidas a tomar en materia económica. Creo que esto todo mundo lo cuestionamos, incluyendo a muchos priístas, aunque no lo reconozcan aquí en la tribuna.

Cierto, vamos a tener que discutir el nuevo pacto social en el país; los nuevos actores en la economía, las nuevas tomas de decisiones, las facultades del Congreso, el acotamiento del poder presidencial. Todo esto estará a debate y a discusión en los próximos meses.

Por eso nosotros nos preguntamos: ¿qué ha llevado al presidente Zedillo a violentar una reforma constitucional de esta importancia enviando al Congreso esta reforma, sin que podamos inscribir este debate en la discusión general incluyendo la regulación en las leyes secundarias? ¿Por qué, nos preguntamos, la prisa de impulsar en 10 días esta reforma, cuando está pendiente el gran debate que incluye evidentemente el qué hacer con las empresas propiedad estatal, el qué hacer con los ferrocarriles, el qué hacer con las comunicaciones vía satélite? No nos lo explicamos y nuestros compañero del PRI no nos han podido responder esto ni en las sesiones de las comisiones del Senado, ni en las sesiones de la Cámara de Diputados.

Nosotros preguntamos: ¿Hay acaso una situación de emergencia en Ferrocarriles y en la comunicación vía satélite que impida que podamos darnos unos meses más para determinar esto y decidirlo de manera global? Si los Ferrocarriles no reciben una inversión en los próximos tres o cuatro meses ¿están en peligro de paralizarse? ¿Es necesario, a la carrera y atropelladamente sacar de las áreas estratégicas esto para facilitar la inversión privada con tal premura? Nosotros pensamos que no; y pensamos que no, porque aun cuando hoy aprobáramos esta reforma para facilitar la inversión privada, todavía requiere que pasemos a las reformas secundarias para ver todo lo de concesiones y lo de permisos. Por lo tanto no es cierto que con esta reforma de inmediato se facilite el concurso de la inversión privada nacional y extranjera.

Y en el caso de los satélites es peor, es peor porque ahí no tenemos números rojos como en Ferrocarriles; ahí por el contrario, tenemos capacidad instalada, tanto orbital como las estaciones terrenas; tenemos disponibilidad de los satélites y peor todavía, compañeros diputados, tenemos rentabilidad creciente en los satélites.

Por lo tanto la pregunta sigue siendo válida: ¿Por qué la prisa de atropelladamente facilitar el acceso de la inversión privada cuando perfectamente podemos discutir esto, de manera integral, en cuanto a la discusión de las áreas prioritarias, de las estratégicas, de la reforma de Estado, del Plan Nacional de Desarrollo y vincular como un todo, la regulación, las concesiones, los permisos?

Cuando esta pregunta a nosotros no nos la contestan, tenemos derecho a pensar otras razones o incluso tal vez a especular. Pareciera, compañeros diputados, que esta iniciativa de reforma constitucional no es la primera en esta área del nuevo Gobierno; pareciera que es la última del Gobierno que se fue el 10 de diciembre; pareciera que no es el inicio de una nueva estrategia del gobierno del doctor Ernesto Zedillo, sino que es un "coletazo" de las políticas aplicadas por el salinismo durante seis años

Pareciera, compañeros diputados, que de lo que se trata es acelerar esta reforma constitucional porque ya hay compromisos con algunos inversionistas, con algunas empresas o con algunos países, incluso, que tienen interés en invertir en estas áreas en México.

Y que entonces a lo que el Congreso se enfrenta es a una decisión precipitada de este sexenio, frente a una decisión tomada en otro. No nos podemos explicar de otra manera el por qué se niega la posibilidad de darnos más tiempo para discutir esto.

Quiero terminar mi intervención diciéndoles que en la bancada del PRD estamos lejos, pero muy lejos, de sostener una posición estatista. Tal vez lo duro de la campaña electoral, lo confrontado de la campaña presidencial, impidió que el PRD aflorara con su propuesta con toda claridad y fuéramos víctimas de campañas en donde se nos atribuían plataforma y propuestas que no son las nuestras.

Nosotros no defendemos la propiedad, no defendemos la propiedad, compañero diputado, del Estado, como sinónimo de defensa de la soberanía nacional. Nosotros no creemos que la sola propiedad del Estado sobre las empresas garantice eficiencia, honradez o defensa de la soberanía.

Yo creo que muchos de ustedes se van a llevar una gran sorpresa cuando discutamos la reforma de Estado y conozcan, con toda precisión, las propuestas del PRD en esta materia.

Se van a llevar una sorpresa porque, quizá se caiga la imagen de un PRD estatista, regresivo, que pretende llegar a los años cuarenta, para reeditar un periodo de la vida de México, que nosotros compartimos no puede ser reeditado en esos términos.

Nosotros pensamos y lo hemos dicho que nada garantiza que la propiedad estatal sobre las empresas sea eficiente y honrada, como tampoco nada garantiza que esas empresas trasladadas al sector privado sean manejadas con eficiencia y con honradez.

Y ahí está Teléfonos de México, ahí están los ingenios azucareros y para no ir muy lejos ahí está la baja rentabilidad de las autopistas concesionadas que demuestran claramente que no es verdad que estas áreas de la economía en manos del sector privado, garanticen por sí misma eficiencia y rentabilidad.

Por esas razones, compañeros y redondeo la intervención para terminarla, nosotros hemos votado en contra en las comisiones. Porque pensamos que esta premura puede traer graves consecuencias. Porque pensamos que darle al Ejecutivo esta reforma, sin avanzar a los términos de las leyes secundarias, de las leyes reglamentarias, de las que nos permitirían a nosotros como Congreso definir, intervenir y conocer de los términos de las concesiones...

Tal vez no quieran escuchar argumentos, compañeros, quizá prefieran los gritos destemplados y los insultos desde la tribuna.

El Presidente:

Diputado Navarrete: permítame explicarle. Lo que están manifestando sus compañeros es que usted no está respetándolos a ellos. Yo le pediría que redondeara su intervención, porque el tiempo se ha terminado.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz:

Señor Presidente: permítame hacerle un recordatorio respetuoso. El reglamento me permite, como a todos los diputados, una intervención por 30 minutos.

Por acuerdos parlamentarios de economía de tiempo, que signan las cuatro fracciones, hemos aceptado en algunos debates reducir nuestro derecho de 30 minutos a 15. Pero usted no me puede aplicar el reglamento por 15 minutos, tiene que ser de 30.

Por ello yo le pido que me permita y a los diputados también, que para no hacer uso de los 30, me permitan hacer uso de 17 minutos. Creo que es totalmente correcto poder plantear esto.

Finalmente, compañeros, ya habrá momentos en muy breve plazo, quizá en marzo, en que tengamos que entrar a discutir y a redactar las modificaciones a las leyes secundarias. Espero que todos podamos hacer efectivos nuestros discursos ahí, donde tendríamos que meter la mano y exigir y plantear redacciones que garanticen que las concesiones y permisos en materia de ferrocarriles y de satélites, no quede en el arbitrio de los ejecutivos del Gobierno Federal.

No quisiéramos que una vez realizada la reforma por ustedes, aprobada por la bancada del PAN y la bancada del PRD, los términos de las concesiones se redacten en la soledad de los escritorios de los tecnócratas al margen del Congreso. Esperamos que así como quien defiende hoy el dictamen, lo defienda también en las comisiones respectivas cuando entremos a discutir eso. Quizá allá podamos tener más coincidencias de las que podemos tener hoy.

La banca del PRD, en consecuencia, votará en contra de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Apolonio Méndez Meneses, hasta por 15 minutos.

El diputado Apolonio Méndez Meneses:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

El 26 de enero de este año, fue aprobado por la Cámara de Senadores, el proyecto de decreto, que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue turnado a esta Cámara de Diputados para su primera lectura, el día 27 de enero de 1995. Hoy es sometido a discusión y, en su caso, aprobación.

Voy a exponer brevemente un análisis de la situación actual de Ferrocarriles Nacionales de México.

Entre 1857 y 1910, con inversión privada se construyeron 20 mil kilómetros de vías. Actualmente, en 1995, se tienen 26 mil 445 kilómetros, de los cuales 20 mil 445 kilómetros son vía principal y 6 mil kilómetros son vías secundarias.

En 85 años, con algunas ampliaciones, sólo se logró que se aumentara la red en 6 mil kilómetros, esto implica sacar de funcionamiento algunas vías y también implica el meter nuevas.

En lo que se refiere a la operación actual, tenemos algunos datos. Sólo el 19% de las vías está en buenas condiciones; la señalización es insuficiente, ya que sólo el 6% de éstas está señalada; no existen carros suficientes para satisfacer las necesidades de carga principalmente; la falta de ingresos ha provocado reducciones en el presupuesto de operación, inversión y mantenimiento. En la administración se observan fallas, como: procedimientos obsoletos, falta de incentivos y yo creo que aburrimiento del mismo personal.

Por otro lado, la velocidad promedio de operación es de 25 kilómetros por hora; existe un rezago en tecnología operativa, hay fallas en la programación de trenes; el 75% de la mercancía permanece en patios; ha habido accidentes en forma muy frecuente y no hay confiabilidad en los compromisos comerciales. Se ha perdido el servicio de pasajeros, pues sólo se transporta el 1.5% de los pasajeros en forma nacional, porque hay poca confiabilidad en el servicio además de un rezago histórico en tarifas y además existen subsidios poco transparentes.

El 50% del presupuesto de Ferrocarriles Nacionales de México es usado en sueldos y salarios. De acuerdo con estos datos nos damos cuenta el por qué el Estado ha tenido la necesidad de financiar dicho servicio los últimos 40 años, esto no puede continuar así, esto ha sido una mala administración.

En la plataforma política de Acción Nacional que se aprobó el 20 y 21 de noviembre de 1993, en su Convención Nacional, que ya fue leída por el maestro Peniche y Bolio, propone la desincorporación de los Ferrocarriles.

Para ser congruentes con nuestros planteamientos menciono que en la discusión que se llevó a cabo en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Comunicaciones y Transportes, se analizó el efecto que puede causar en el futuro a nuestro país la concesión a particulares. Tanto los Ferrocarriles como las posiciones orbitales para explotarlas por medio de satélites y en efecto se mencionó que se puede volver a vivir la triste experiencia de los bancos, lo cual es motivo de reflexión, empero, también debemos de considerar que estamos en este país trabajando con un modelo feroz de economía de mercado y que el Estado fue rebasado por los dueños del capital.

Esto ocurrió, porque faltó un ingrediente muy importante que es la responsabilidad, responsabilidad constitucional que está representada en este momento por la Cámara de Diputados, si en su momento se hubiese legislado adecuadamente no hubiesen existido problemas que ahora enfrentamos millones de mexicanos ante los bancos, dado que el asunto que nos ocupa Acción Nacional es responsable de sus decisiones en esta Cámara de Diputados, sabemos que la decisión que vamos a emitir tendrá serias repercusiones en la vida futura de nuestro país, que el progreso de nuestro país no puede detenerse y el Estado no puede más con diversas áreas que se habían considerado corno estratégicas y que se abren las puertas, si esta cámara así lo decide, a la inversión privada. Tiene el temor de que si será un monopolio privado el que se adjudique la explotación de los Ferrocarriles, o si será otro monopolio privado el que se adjudique la explotación de las posiciones orbitales, entonces pregunto, ¿quién va a elaborar las leyes reglamentarias?

Y éste es el punto de mayor relevancia para nosotros como cámara, ¿qué tan capaces seremos de manera colegiada de elaborar excelentes leyes reglamentarias que nos dé seguridad de que en la apertura comercial, etnológica y cultural estaremos a la par con los países que por acuerdos firmados con anterioridad, necesariamente tendremos relaciones con ellos?

En este contexto surgen varias interrogantes que se han planteado en su momento en las comisiones respectivas.

Voy a empezar por plantear el caso de Ferrocarriles Nacionales de México; la pregunta que nos hacemos, ¿qué va a ocurrir con los trabajadores que casualmente prestan sus servicios en dicha compañía y con los jubilados? Nosotros, en caso de que se apruebe esta modificación a la ley, legislaremos para que la desincorporación considere los derechos de los trabajadores. ¿En cuánto se va a desincorporar? Este es otro asunto que necesariamente esta cámara tiene que conocer, debe de clarificarse.

La otra pregunta, ¿Se modernizarán los Ferrocarriles y su funcionamiento? Acción Nacional fundamenta esta desincorporación en que necesariamente se tendrán ferrocarriles con una visión futurista, en equipo y sistemas de operación, incluyendo la eliminación de vías y terminales que prácticamente están en el centro de muchas ciudades importantes del país. Estas deben reubicarse.

Que los criterios mediante los cuales el Estado regirá su funcionamiento, vayan encaminados a crear una libre competencia; esto es no una práctica monopólica, pues sólo de esa manera lograremos que no sólo los concesionarios tengan ganancias justas, sino que la libre competencia propicie disminución de costos y mejora en el servicio.

Si en el marco del Tratado de Libre Comercio necesariamente habrá interconexión con los ferrocarriles de los Estados Unidos y con Canadá, todo el contexto internacional legal deberá ser rentado con relación a México y actualizado o adecuado a las condiciones vigentes.

En todos estos aspectos y mucho más necesariamente, intervendrá esta cámara representada por nosotros, pues es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad.

Señores diputados, en lo que respecta a la ley reglamentaria en materia de servicios satelitales, habremos de trabajar primero que nada, en el régimen para otorgar las concesiones respectivas. Un posible concesionario no le va a entrar si no conoce las reglas del juego, esto es, primero se dan las reglas y posteriormente la licitación.

El procedimiento necesariamente deberá ser conocido por esta cámara. En su carácter de rector, el Estado al igual que los ferrocarriles, vigilará por medio de la ley que aprobaríamos nosotros, que no existan prácticas monopólicas, así es que yo creo que todos en algún momento hemos desconfiado que si el concesionario lleva dedicatoria, que si va a ser Teléfonos de México, que si va a ser Televisa.

Señores diputados. Lo relevante es que esto se vea regulado por el Gobierno, nosotros somos parte del Gobierno, somos el Poder Legislativo y será una responsabilidad y una responsabilidad histórica.

En otro orden de ideas, se deberá legislar para que en el caso específico de la televisión se promuevan nuestros valores culturales y los divulguemos al exterior, éste sería un compromiso político y moral con México. Por lo que respecta a los posibles concesionarios, el Gobierno deberá dar facilidades para instalar estaciones terrenas. Este compromiso es ineludible ya que hay inversionistas nacionales o extranjeros. En medio del TLC seremos muy responsables para cumplir con nuestros compromisos, a fin de que podamos exigir que los demás cumplan.

En Acción Nacional, en caso de que se apruebe este dictamen, intervendremos para que en la ley reglamentaria quede plasmado que seguirá llegando la educación a las comunidades rurales a través de las señales de satélite, así como los programas de salud y cultura en general. En dicha ley daremos prioridad a los intereses de la nación sobre los intereses de los particulares, aún de los partidos políticos.

Aquí consideraremos principalmente la seguridad nacional. Para que esto se cumpla se necesita un Estado fuerte, dado que en este momento somos parte del Gobierno actual, pues si integramos el Poder Legislativo, debemos pugnar, porque la Ley Reglamentaria vigile y conserve la soberanía nacional. Gracias, señores diputados.

El Presidente:

Adelante, diputada:

La diputada María Rosa Márquez Cabrera(desde su curul):

Señor diputado, una pregunta. Aquí usted ha iniciado con una información detallada del estado actual que guarda Ferrocarriles Mexicanos. Ya se ha planteado por distintos oradores la diferencia y además a qué obedece la situación de la falta de apoyo por parte del Gobierno, que ha creado la situación de Ferrocarriles, que no es precisamente la situación de telecomunicaciones.

Yo le pregunto, ya que se ha insistido, también anteriormente la diputada del PRI, que ha habido un estudio serio, a fondo, sobre la situación de las telecomunicaciones. Yo quiero preguntarle si tiene esa información del diagnóstico financiero, del costo del satélite que se tiene que lanzar en 1997 y cuál es la proyección de su rentabilidad para poder afirmar, para poder llegar a la conclusión de que nuestro país, de que el gobierno no puede contraer un costo de este tipo.

El diputado Apolonio Méndez Meneses:

Primero quiero mencionarle, señora diputada, que en las concesiones o licitaciones, existe una compañía a nivel internacional, que es la que aprueba la licitación de determinadas órbitas.

Nosotros estamos en una situación, cerca de México y Canadá, de tal manera que las posiciones orbitales están casi saturadas. Voy a su pregunta.

El primer par de satélites costó 150 millones de dólares; los segundos satélites costaron 457 millones, el par de satélites; en 1977 si analizamos esa tendencia, casi tres veces posiblemente, pongámosle números, que sea 1 mil millones de dólares.

Pero hay una situación, en la regulación internacional los espacios están siendo solicitados por otras entidades, por otros países y yo creo que derecho que no se usa, se pierde, es un hecho y tengo documentos, no podríamos robarles la atención y yo se lo muestro, lo tengo aquí por escrito.

El otro punto, con respecto a lo que se ha planteado aquí de la seguridad nacional, hace algunos años, pocos años, ocurrió la guerra de Irak. Los Estados Unidos estuvieron vigilando, como vigilan por medio de sus satélites prácticamente todo el mundo, yo creo que pueden sacar la fotografía de alguna casa, en específico de nuestra colonia si quisieran.

Yo creo que éste es un asunto de tecnología, yo creo que éste es un asunto de que nos estamos acercando, la intercomunicación nos está acercando cada vez más y yo creo que confío en que en México hay gente inteligente y que vamos a salir adelante.

¿Sí le contesté su pregunta?, diputada.

El Presidente:

Para rectificar hechos tiene la palabra la diputada Rosario Robles, hasta por cinco minutos.

diputada María del Rosario Robles Berlanga:

Gracias. Aquí se ha argumentado que la votación a favor de las modificaciones al artículo 28 constitucional, se basa en la mirada puesta en el futuro y atendiendo a las necesidades nacionales y con estos dos argumentos se apoya una vez más, porque no es la primera vez que lo estamos discutiendo, la oleada privatizadora.

Pero yo quisiera decirles, sobre todo a los compañeros de Acción Nacional, que a lo mejor están actuando de muy buena fe, es que estas iniciativas ni siquiera son conocidas en Los Pinos, son propuestas que nos llegan directamente de Washington o de Wall Street, porque desde 1982, cuando se pusieron en marcha las políticas de ajuste y cambio estructural, hubo recomendaciones del Banco Mundial que se han aplicado al pie de la letra en nuestro país.

Recomendó el Banco Mundial y pongo recomendó entre comillas, porque todos los créditos que ha dado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a México han sido condicionados a estas políticas, recomendó el Banco Mundial, diputado García Villa, la privatización de las empresas públicas, la liberalización del mercado, la eliminación de subsidios, la apertura comercial, la eliminación del control de las importaciones y todas esas recomendaciones se han convertido en México en reformas constitucionales y en cambios legislativos y las privatizaciones han sido vertientes fundamentales de esta política que, insisto, señores del PAN no sean ingenuos, no se ha decidido aquí, sino se ha decidido en otro país, que no es el nuestro.

Y a eso ustedes le pueden llamar neoliberalismo, liberalismo social o economía social de mercado, al final de cuentas es exactamente lo mismo y tal vez compañeros de Acción Nacional, valdría la pena que compararan su plataforma con los postulados del Banco Mundial; probablemente se llevarían una sorpresa.

Entonces, no estamos discutiendo con base en las necesidades nacionales, sino en función de los requerimientos que ahora nos pone Christopher Warren o el Congreso norteamericano y estamos discutiendo con base a las necesidades de los grandes consorcios norteamericanos y esto no es algo etéreo como lo sugirió aquí algún diputado, a menos que ese diputado opine que hay que borrar las letras que aquí dicen " La Patria es primero".

Recobremos pues, diputados, nuestra autonomía. Evidentemente que es necesario modernizar a los ferrocarriles, evidentemente que es necesario apuntalar ese aspecto fundamental de la vida económica nacional, pero ni la privatización de Teléfonos, ni de los bancos, ni la privatización del medio rural mexicano, han significado modernidad, por el contrario, y lo estamos viviendo en estos momentos, han significado crisis, mayor endeudamiento y mayor deterioro de las condiciones de vida del pueblo mexicano.

El día de ayer aprobamos aquí iniciar un gran diálogo para la reforma de Estado. ¿Qué credibilidad puede tener ese diálogo si en aspectos fundamentales, que están incluidos ahí como es la reforma económica, ni siquiera avanzamos en el proceso de discusión, cuando ya estamos aquí modificando de nueva cuenta la Constitución. Por eso, nosotros hablamos de explorar opciones alternativas, y sobre todo, hablamos de preservar la soberanía, preservar el interés de la patria y la defensa de la nación.

Compañeros del PAN, ni la gubernatura de Jalisco, ni la de Yucatán, ni la de Guanajuato, ni todas ellas juntas valen la pena, ni valen lo que es la soberanía nacional.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada.

En turno, el diputado Jesús Zambrano Grijalva tiene la palabra hasta por 15 minutos.

Aún hay seis oradores en turno, por lo que yo les pediría a los que hagan uso de la palabra, que aunque tengan el tiempo que estamos diciendo, lo usen con moderación en beneficio de sus compañeros.

diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:

Gracias, señor Presidente:

Lamento decirle y decirles a mis compañeros diputados que me voy a acoger al 103, porque, compañeras y compañeros diputados, cuando discutimos un asunto tan fundamental que incluye con una inconmensurable importancia aspectos relacionados con la soberanía nacional, no debe faltarnos tiempo, debemos darle todo el tiempo del mundo, y no porque algunos compañeros quieran regresarse a sus estados o porque quieren que se concluya de inmediato el periodo de sesiones extraordinarias vengamos aquí a dejar de lado argumentos y vengamos aquí a hablar incluso hasta, yo diría, en tono de blasfemia, de que estamos defendiendo aspectos de un nacionalismo anacrónico y de chatarra, como lo llegó a decir el diputado Moreno Collado.

Yo creo, compañeras y compañeros, que ha habido una ausencia de responsabilidad para discutir este asunto de gran importancia. El día de ayer, en el seno de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, señalé algo que aquí recalco. Esta soberanía no contó con una información sobre la situación general de las todavía, hasta hoy, áreas estratégicas que se pretende desincorporar y darles el carácter de prioritario.

¿Por qué funciona con números rojos Ferrocarriles?, cuál es la responsabilidad del actual y de las pasadas administraciones de esta empresa tan importante para el país. Aquí el compañero del PAN que nos antecedió en el uso de la palabra señalaba que sin duda había habido problemas de administración y que mucho de esto tenía que ver con la propia situación de los ferrocarriles.

La conclusión debió haber sido otra, y no decir vamos a votar en favor de la desincorporación.

¿Qué evaluación se tiene en el caso de Ferrocarriles, de las áreas que ya han sido concesionadas a la iniciativa privada? ¿Ha posibilitado una mayor productividad y una verdadera modernización? En un momento, más adelante me voy a detener en este asunto.

De la misma manera, tampoco se contó con información sobre el estado financiero que guarda la administración de la comunicación vía satélite, tampoco esto lo tuvimos.

En un caso, en el caso de Ferrocarriles, se dice: desincorporarla como sector, como área estratégica para posibilitar la inversión privada, porque trabaja con números rojos.

En el caso de la comunicación vía satélite, se reconoce que hay una rentabilidad creciente, y la conclusión es la misma.

Yo creo que aquí hay argumentos falaces y argumentos también que podemos llamarles claramente sofismas, no argumentos reales y de fondo.

Dice uno de los párrafos del dictamen que viene como proyecto de resolución a esta soberanía, el que nos turnan las comisiones unidas: "que es incuestionable que pese a los es fuerzos efectuados, el Estado no ha logrado contar con los recursos suficientes para modernizar la actividad ferrocarrilera y que, como consecuencia de ello, el transporte por ferrocarril no cumple debidamente con las exigencias de una economía moderna que requiere avanzar en un proceso de expansión".

Y luego, concluye: "que sería una irresponsabilidad permitir un deterioro mayor de esta actividad sólo por conservarla bajo la participación exclusiva del Estado, si tal circunstancia no resulta de utilidad para la sociedad".

Nosotros creemos, y esto hubiera sido lo pertinente, lo mínimamente responsable para tomar una decisión de tal naturaleza que involucra, insisto, aspectos esenciales de la soberanía nacional que el Secretario de Comunicaciones y Transportes hubiera venido al pleno de esta soberanía, o por lo menos, a las comisiones correspondientes de esta cámara a exponer sus consideraciones y a que nos rindiera un mínimo informe sobre la situación que guardan estas dos áreas estratégicas.

Por esta razón, retomando una solicitud que nos han hecho los dirigentes de la sección 8 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, en un oficio que nos enviaron el día de ayer por fax, que tiene su sede esta sección en la ciudad de Empalme, Sonora, queremos dejar en la Secretaría de esta mesa directiva, la propuesta de que con fundamento en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del reglamento correspondiente, someter a la consideración de este pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

" Unico. En los términos del segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitar la comparecencia del ciudadano Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes, y del ciudadano Luis Antonio de Pablo Cerna, director de Ferrocarriles Nacionales de México, ante las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Patrimonio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, con el objeto de que informen sobre la situación financiera y operativa del sistema ferroviario, la adjudicación de contratos de mantenimiento de locomotoras y coches de pasajeros, así como del arrendamiento de los talleres respectivos y su impacto en la organización, prestación del servicio, relaciones laborales y las finanzas de Ferrocarriles Nacionales de México, además de detallar los planes futuros de la entidad paraestatal."

Lo entrego en este momento a la Secretaría para que se sirva dar el trámite correspondiente.

La privatización, como se ha señalado correctamente aquí por otros compañeros de mi bancada, no es la panacea para la solución de los problemas económicos tan graves que hoy enfrenta el país, tampoco lo es, como lo señaló muy bien mi compañero Navarrete, una política estatista; pero nosotros reclamamos congruencia, no sólo congruencia con lo que ayer discutíamos, que ya de suyo es muchísimo, sino congruencia también para que en una idea general, de reforma del Estado mexicano entre a discutirse también el por qué de las razones para hoy desincorporar dos áreas estratégicas, y seguir dejando como área estratégica las demás que están contempladas en el mismo párrafo cuarto del artículo 28.

No sólo porque con las argumentaciones que hasta hoy se han dado, se pretende abrir la puerta para la futura privatización de Pemex, lo sostenemos y lo subrayamos, y no nos hagamos ingenuos, sino las razones por las cuales se argumenta que dos áreas pueden salir, y se siguen dejando: correos, radiotelegrafía y telégrafos, como áreas estratégicas. ¿Cuáles son las razones para desincorporar unas, y para seguir desincorporando a otras?

Esto no ha sido contemplado en el debate, lo planteamos en el seno mismo de las comisiones unidas el día de ayer, y tampoco tuvimos respuesta, porque había premura por sacar adelante el acuerdo, como tienen hoy la premura por no discutir las cosas de fondo en este momento, en este pleno de la Cámara de Diputados.

Se dice, para fortalecer la argumentación en el sentido de la privatización de Ferrocarriles, que esto ni siquiera en la Constitución más avanzada que ha tenido nuestro país, que fue la de 1917, que es la de 1917, estaba contemplado incorporar a Ferrocarriles como sector estratégico, y no fue sino hasta 1983, pero tampoco estaba Pemex, compañeras y compañeros diputados, en la Constitución original del 1917.

Mañana se nos va a decir también, que en congruencia con la Constitución de 1917 hay que desincorporar Pemex. Estos son los argumentos que ustedes están utilizando y que es tán manejando en el dictamen que hoy nos sometan a la consideración. Me quedan 19 minutos aproximadamente.

¿Cuál es la realidad que hoy enfrenta la problemática de los ferrocarriles centrándome en esto? Yo quiero empezar diciendo que la privatización que se inició en 1993, al concesionar siete talleres de mantenimiento y de reparación de locomotoras y algunos tramos de vía, es anticonstitucional; hasta hoy está pretendiendo la Cámara de Diputados concluir un proceso legislativo en el plano nacional, para posibilitar la privatización de los ferrocarriles o de la participación de la inversión privada en esta área tan importante.

Y desgraciadamente esta privatización ni siquiera se hizo a partir de algún lineamiento de carácter legal, sino fíjense ustedes, a partir del contenido de la cláusula 3 del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros.

Un asunto de tanta importancia porque está contemplado en la Constitución, es violado a través de una Cláusula en contubernio de los dirigentes del Sindicato Ferrocarrilero a nivel nacional con la administración de Ferrocarriles Nacionales de México.

La fracción lll de la cláusula de referencia dice: "La empresa podrá concesionar uno o varios de los servicios conexos a particulares, conexos, como si fueran sin importancia, tales como talleres, vías, zonas de abasto, telecomunicaciones y señalización". Estos son los servicios conexos que supuestamente no estarían violando el texto constitucional, razón de más para que vengan o hubieran venido, aunque consideramos que por las cosas que continúan, que vienen para adelante en la reglamentación, el Secretario de Comunicaciones y Transportes y el director de Ferrocarriles Nacionales de México tenga que comparecer a explicar lo que nosotros hemos propuesto en esta petición de comparecencia.

¿Qué es lo que ha pasado con esta privatización, que anticonstitucionalmente ya se hizo en algunas áreas de Ferrocarriles Nacionales de México? La comunicación que nos enviaron los dirigentes de la Sección 8 del Sindicato Ferrocarrilero, nos dice que en el caso del retiro voluntario de trabajadores, se propuso adecuar la plantilla laboral a sus propias necesidades, implementándose en los hechos de manera anárquica, ya que no se realizaron, los estudios técnicos necesarios, trayendo como consecuencia, que en el mantenimiento de la vía quedaran desprotegidos, es decir, sin mantenimiento, tramos de hasta 30 kilómetros, siendo ésta la causa fundamental para la provocación de accidentes que han arrojado grandes pérdidas para Ferrocarriles, tal es el caso de los accidentes ocurridos en Aguascalientes, a finales del año de 1993, donde una jurisdicción de 30 kilómetros de vía quedó como responsable para su mantenimiento un solo trabajador, cuando normalmente corresponde a una cuadrilla de 19 trabajadores. Por causas similares, se han provocado accidentes en el resto del país de algunos trenes que transportan productos químicos como es el caso de Sonora.

Por otro lado, la implementación de este programa en las poblaciones donde Ferrocarriles es la más importante fuente de empleo, no se presentaron alternativas para los trabajadores retirados, trayendo como consecuencia un fuerte impacto en la economía local, así como un alto costo social.

En el caso de los talleres concesionados, el porcentaje de locomotoras disponibles al servicio es mucho más inferior y a un costo mucho mayor que en los talleres no concesionados. Además, de que se realizaron violando lo establecido en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo que plantea el patrón sustituto, ya que se dio por terminada la relación laboral con lamentables pérdidas de prestaciones considerables como la antigüedad entre otras, que aquí mencionó el diputado Moyao.

Y en los tramos concesionados de vía, a pesar de contar con vía moderna, el costo del mantenimiento es mucho más superior al de Ferrocarriles con su propio personal; además, los beneficiarios de la concesión resultan en no pocos casos ser funcionarios del propio Ferrocarriles Nacionales de México.

En los talleres no concesionados, se le ha dado participación, como ya se ha señalado a la iniciativa privada, a través de la firma de contratos de asesoría técnica para mantenimiento y reparación de locomotoras, significando esto para Ferrocarriles una fuerte inversión millonaria en dólares, sin que se haya reflejado en una mejoría sustancial del porcentaje de locomotoras disponibles al servicio, sino por el contrario, ojo, dicho porcentaje ha disminuido. Tal es el caso del contrato firmado entre Ferrocarriles Nacionales de México y General Electric, según el cual, General Electric ofrece el 90%, 91% y 92% de disponibilidad de locomotoras para los años 1995, 1996 y 1997 respectivamente, cuando que Ferrocarriles sin dicha asesoría mantuvo hasta el año pasado, de 1994, una disponibilidad de locomotoras al servicio del 94.96%.

¿Esta es la modernización que nos ofrece la privatización? ¿Este es el estudio que hizo la diputada Franciscana Krauss cuando nos vino a ilustrar aquí de que dijo que ella sí había estudiado mucho y a fondo? ¿Y éste es el estudio que hizo el compañero del PAN que me antecedió en el uso de la palabra? ¿Se acercaron a caso a consultar con los directamente implicados y que van a ser los principalmente afectados de manera inmediata para conocer la situación real que priva en Ferrocarriles?...

Me quedan 10 minutos con 36 segundos, de acuerdo con el reglamento.

Los reto a los compañeros que gritan, que venga y me refuten todo lo que yo he dicho aquí. Si tienen los suficientes argumentos, y si son verdaderamente patriotas y están verdaderamente preocupados por la defensa de la soberanía nacional.

¿Qué es lo que va a suceder entonces? Nosotros no estamos necesariamente empeñados en una posición, como lo dijo aquí el diputado Navarrete, de defensa a ultranza de la permanencia de esta área, en los términos en que hoy se encuentra en el 28 constitucional; pero lo que no podemos hacer es actuar con irresponsabilidad, sin conocimiento de causa y solamente porque nos llega línea de otro lado.

¿O a caso existen elementos hasta hoy que nos permitan, después de lo que he establecido en esta tribuna acerca de lo que ha significado la privatización de algunas áreas de Ferrocarriles que no se ha hecho más que sobre la base de la utilización de la infraestructura que ya tiene, sobre la base de trabajar a partir de la experiencia que ya tienen los propios trabajadores que han adquirido en muchos años de desempeño en sus labores, que no han propiciado ni siquiera una pizca de inversión en equipo nuevo? ¿Acaso ésta va a ser la solución para posibilitar la introducción de México en el área de comunicación por ferrocarril, diputado Moreno Collado, la vía para posibilitar entrar a la competencia? ¿Esto es lo que se nos ofrece como elemento sustantivo para caminar en el sentido de la modernización incuestionable que requiere México?

¿Va a invertir la iniciativa privada en la construcción de doble vía a sabiendas de que al construir estos nuevos tendidos serán de facto patrimonio federal, en virtud de lo que significa el cambio de régimen de estratégico a prioritario? ¿Quién nos garantiza que esta inversión para la modernización se hará en donde realmente se necesita y no en áreas en donde no propiciarán la tan necesaria modernización? ¿Quién nos garantiza que no se centrarán en las vías más rentables para acoplar más a nuestro país y hacerlo depender, aún más, de la economía de los Estados Unidos, cuando sabemos perfectamente de donde van a venir principalmente las inversiones? ¿Y provocar también con ello un mayor desequilibrio del sistema de transporte nacional, especialmente el sistema ferrocarrilero?

¿Quién nos garantiza que se respetarán los derechos laborales, cuando hasta hoy, como lo señalaba hace un momento, ha venido sucediendo exactamente lo contrario?

¿Hay razones para creerles a quienes nos dicen ésto, cuando han estado actuado exactamente en sentido contrario?

No podemos nosotros dar "cheques en blanco", no queremos ser ingenuos. Por eso, compañeras y compañeros, yo los convoco a que como nos lo plantea también esta sección de ferrocarrileros, rechacemos la iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional, en los términos que ha sido turnada por las comisiones unidas, después de que nos la turnó el Senado de la República.

Que propongamos, en su caso, al Ejecutivo Federal a que junto con el conjunto de la sociedad y de la organización sindical, se busquen otras alternativas de solución a la crisis del sistema ferroviario, que no afecte la soberanía ni la economía del país, ni los derechos de los trabajadores mexicanos plasmados en las leyes, como tampoco el propio contrato colectivo de trabajo que habrá de realizarse sin duda en muchos de sus aspectos.

Cerremos de esta manera, así, el paso a la privatización de Pemex, que es lo que está detrás de esta cortina de humo, que hoy con sofismas se nos quiere venir a convencer, y cuya tentación se fortalece en las actuales condiciones tan difíciles que en la economía vive el país.

No es rechazándola el caer en el juego artificioso que nos planteó aquí el diputado Moreno Collado, asemejando esta posición con un nacionalismo "anacrónico y de chatarra", como desgraciadamente le llamó. El no rechazar esta iniciativa es empezar a ceder peligrosamente porciones sustanciales de nuestra soberanía nacional. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Eric Rubio Barthell, hasta por 15 minutos.

diputado Eric Luis Rubio Barthell:

Con su permiso, señor Presidente; Cámara de Diputados:

Con el convencimiento de que el voto a favor de este cambio constitucional será para bien de México y de todos los mexicanos. Y por respeto a esta Asamblea, señor Presidente, le suplico se inserte este documento en el Diario de los Debates y declino mi intervención.

«Cámara de Diputados.- Periodo de Sesiones Extraordinarias.- Iniciativa para reformar el artículo 28 constitucional.

Intervención del diputado Eric Luis Rubio Barthell, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Con su permiso señor Presidente; Cámara de Diputados:

En esta sesión del actual periodo extraordinario, se presenta una iniciativa de primordial importancia, en la que se propone modificar el artículo 28 en su párrafo cuarto. Conscientes de esto, los diputados y senadores de las comisiones correspondientes, de todos los partidos, asumimos la alta responsabilidad de someter a esta soberanía un dictamen que ha sido producto del trabajo serio y a fondo que resume los conceptos y análisis realizados con gran minuciosidad.

Durante las últimas semanas los integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes nos hemos avocado a la tarea de celebrar reuniones con los diversos funcionarios y grupos involucrados, a fin de contar con la información que nos permita valorar las ventajas e inconveniencias de esta transcendente reforma; buscando con ello nutrirnos de aquellos elementos que nos garanticen que la soberanía nacional no sufrirá menoscabo alguno, y en cambio contribuirá verdaderamente al desarrollo nacional.

El contenido de esta iniciativa, propone permitir la inversión social y privada en las áreas de ferrocarriles y telecomunicaciones, a fin de que se puedan inyectar los capitales que impulsen la modernización del sistema ferroviario por un lado, y que además, satisfaga las necesidades de modernizar en forma constante el sistema satelital mexicano, y de esta manera, fortalecer nuestra soberanía en este renglón.

En resumen se propone modificar el concepto jurídico de las áreas de ferrocarriles y vías de comunicación por vía satélite, considerándose a partir de la reforma, en caso de ser aprobada, servicios prioritarios que permitan la participación privada y social además de la pública, sin que esto demerite el control del Estado mexicano sobre estos importantes rubros.

Del análisis realizado por los diputados y senadores, se agregaron en la iniciativa los aspectos necesarios para que no quede ninguna duda sobre la rectoría del Estado en la materia que nos ocupa.

En términos generales el espíritu de este cambio respecto al sistema ferroviario es el de propiciar su modernización con nuevas inversiones provenientes de los sectores antes mencionados a fin de optimizar su calidad y cobertura en beneficio de un mayor número de mexicanos, lo que beneficiaría el transporte de nuestro país para ser más competitivos.

En el caso de la comunicación satelital es el Estado quien ha detonado su uso, haciendo las inversiones necesarias en los equipos orbitales para que su operación se multiplique en México a través de los usuarios públicos y privados y así, por medio de concesiones, se esté en posibilidades de utilizar las vías de comunicación del espectro radio eléctrico para su explotación en las diferentes áreas de la comunicación.

Estas inversiones, como lo dice el dictamen, son cada vez mayores, el Estado mexicano no está en condiciones de continuar con su financiamiento de manera exclusiva, corriéndose de que nuestro país vaya rezagándose en este importantísimo renglón, siendo que en este momento se encuentra con la más avanzada tecnología a través del sistema solidaridad.

Cabe destacar que los satélites mexicanos prestan servicio a 380 empresas y usuarios en muy diversas areas como señales de radio y televisión, sistemas privados de radio de voz y datos, telefonía fija y móvil, larga distancia, telefonía rural, educación a distancia, entre otros.

Se espera que la demanda de este servicio tenga un crecimiento geométrico que permita que la comunicación entre todos los mexicanos sea cada día más efectiva y, en virtud de que el sector privado es el principal demandante de servicios satelitales, consideramos conveniente que se propicien las condiciones legales para comprometer e incentivar la participación de este sector. Necesitamos contar ahora con proyecto; garantías de financiamiento que permitan iniciar negociaciones para la adquisición de nuevos satélites y, al mismo tiempo, obtener sus posiciones orbitales.

En 1985 México fue uno de los primeros países del mundo en establecer y explotar un sistema doméstico de satélites, los Morelos I y II. La decisión para el establecimiento de este primer sistema satelital doméstico considero:

El grado de saturación y obsolescencia de la red federal de microondas, que era la principal infraestructura de telecomunicación a nivel nacional desde 1968.

El crecimiento en el número de transpondedores que se estaban rentando a Intelsat y a satélites domésticos norteamericanos para las trasmisiones de las cadenas nacionales de televisión en toda la República.

Por último, y más importante, la necesidad de ocupar las posiciones orbitales de 113.5 grados y 116.8 grados de longitud oeste de las que disponíamos.

En el momento de lanzar aquella primera generación de satélites, la experiencia satelital de nuestro país era larga. Desde 1968, como signatarios de la Organización Internacional de Comunicaciones por Satélite, Intelsat, se transmitían de manera regular señales de televisión y telefonía.

Los satélites Morelos tuvieron una ocupación limitada en sus primeros años de operación, con servicio de telefonía troncal, trasmisiones de televisión a las repetidoras del interior de la República y las primeras redes privadas. El reglamento de telecomunicaciones de 1989 contribuyó de manera notable a la ocupación plena del sistema al permitir a los usuarios establecer sus propias redes privadas satelitales, reteniendo la propiedad de los equipos; de esta manera en el lapso de un año se pasó de una ocupación del 12% al 100% del sistema.

El sistema solidaridad representó la continuidad del servicio, se ocupó la tercera posición orbital de 109.2 grados y se introdujeron importantes mejoras tecnológicas al sistema, al destinar el 80% de su capacidad a servicio doméstico y el 20% restante a servicio internacional. Se incorporó la banda "L" para la banda móvil, cuyas frecuencias son tal limitadas que a nivel mundial se distribuye en sólo cinco países.

El sistema nacional de satélites cubre una necesidad básica de telecomunicación, pero el ritmo del avance tecnológico que se está experimentando hace muy difícil mantener la vanguardia en este campo.

A nivel mundial se están manifestando nuevas tendencias en este campo como son la incursión de operadores domésticos de satélite en el campo regional e internacional, así como el efecto contrario de la creciente participación de consorcios internacionales en las comunicaciones satelitales domésticas.

La mayor potencia de los satélites y la utilización de tecnologías digitales permite además que se piense ya en aplicaciones satelitales que alcanzara al público usuario en su domicilio, como es el caso de la distribución de televisión directa vía satélite DBS y en su persona a través de los nuevos sistemas de comunicación móvil vía satélite utilizando terminales similares a los pequeños teléfonos celulares de la actualidad.

Claramente existe una diferencia entre los operadores satelitales actuales y los del futuro, el trato antes era con otras empresas de telecomunicación telefónica o televisiva o con empresas para el establecimiento de redes privadas. Sin que en el futuro esto deje de existir; habrá además el trato de los operadores satelitales con el público usuario, una diferencia que sin lugar a dudas es importante.

En la presentación de estos servicios habrá de dos tipos de sistemas satelitales; los que utiliza la órbita geoestacionaria, esto es, que los satélites se encuentran relativamente fijos respecto a un punto de la tierra y los que utilizarán las órbitas baja y media, que estarán en constante movimiento y que por su costo sólo serán operados por dos o tres consorcios mundiales para comunicaciones móviles personales, también mundiales, donde es importante que México esté presente.

La lógica indica que participaremos en este último tipo de sistema, pero lo relevante será el uso que, como país, demos a las posiciones orbitales geoestacionarias.

Disponemos de cuatro posiciones orbitales para servicio fijo; las tres antes mencionadas y una más en banda "KU" ubicada en 138 grados oeste y está por concluir la negociación de otra más; contamos también con dos posiciones DBS.

La órbita geoestacionaria a 36 mil kilómetros de altura es un recurso natural limitado, que como toda circunferencia, está limitado a 360 grados. Dependiendo de la frecuencia que empleen y del área de servicio a cubrir, los satélites deberán tener una separación en la órbita de algunos grados, a fin de evitar interferencias.

Desafortunadamente para México, compartimos las mismas coordenadas de longitud que los Estados Unidos y Canadá, países que fueron los primeros en operar satélites de comunicación y lo han hecho de manera masiva. Al haber entrado ellos antes que México a la carrera espacial ocuparon o registraron un gran número de las posiciones orbitales que podrían ser útiles para México.

El satélite de comunicaciones que se coloca en estas posiciones orbitales debe ser mantenido en ellas por un sistema de telemetría, control y comando, que se operan, en el caso de México, desde los centros de control de Iztapalapa y Hermosillo por técnicos nacionales.

La capacidad de comunicaciones que es el recurso para lo cual está destinado un satélite, es controlado por el usuario, limitándose la participación del operador a que los parámetros técnicos de la trasmisión se encuentran en los límites establecidos y a que el usuario disponga de las autorizaciones necesarias de operación y licitud de sus trasmisiones.

Desde un punto de vista técnico es perfectamente posible separar la operación y control de una plataforma espacial de una posición orbital dada, de la operación y control de las comunicaciones que se establezca a través de la misma.

Las ondas hertzianas utilizadas para estas comunicaciones entre estaciones terrenas mediante un satélite, son una vía general de comunicación y el satélite un medio para su existencia.

Los cambios que hemos comentado en el entorno tecnológico y comercial de los satélites, exigen también un cambio de nuestro marco regulatorio que permita, por un lado, mayor flexibilidad para que empresarios mexicanos puedan participar en el mercado de comunicación vía satélite, en condiciones similares a lo que ocurre en otros países y, por otro lado, establecer la regulación sobre el uso de frecuencias en el territorio mexicano tanto de satélites nacionales como extranjeros.

Al eliminar la exclusividad del Estado en materia de comunicación vía satélite, se podrán otorgar concesiones a empresas mexicanas para el establecimiento de sistemas satelitales que, siempre y en todo momento, quedarán bajo el dominio y control de la nación a través de los centros de control.

Se considerará siempre la salvaguarda y desarrollo de aquellos servicios que por su naturaleza deberán conservarse bajo control estatal, como son los dedicados a programas prioritarios de telefonía rural, educación a distancia, seguridad pública y nacional, así como los servicios de entidades gubernamentales, asegurando siempre que una empresa comercial tenga en contraparte un claro beneficio social.

Además, podrá permitir a telecomunicaciones de México mayor flexibilidad de gestión empresarial, la cual podría establecerse con una estructura accionaria de participación privada, para construir alianzas estratégicas en nuevos proyectos satelitales especializados o en consorcios internacionales privados, que desarrollen sistemas satelitales con cobertura mundial.

Asimismo, Telecomm podría vender traspondedores, por toda la vida útil del satélite a distintos operadores de servicios de comunicación vía satélite, ya sea para televisión, telefonía móvil, telefonía fija de larga distancia y para redes privadas intracorporativas.

Disponemos del recurso limitado de posiciones orbitales, importantes mercados potenciales de interés de inversionistas nacionales y extranjeros en estas tecnologías y de la seguridad de que el campo de las comunicaciones por satélite es tan nuevo y vigoroso que permitirá la existencia armónica de distintos sis temas.

Lo anterior merece una reflexión profunda de todos nosotros, señores legisladores; hoy por hoy, el país cuenta con tecnología de punta, con capacidad para dar servicio a nuestros usuarios y con una demanda cada día más creciente para el uso de este medio. Si no es establecemos ahora estrategias para continuar en los primeros lugares durante los siguientes años, cuando nos demos cuenta estaremos rezagados sin poder atender a los demandantes y requeriremos de utilizar los servicios de satélites propiedad de extranjeros con todo lo que esto conlleva. Para colocar satélites se re quiere de muchos meses de anticipación para hacer los pedidos, encargarlos y hacer los pagos correspondientes.

Por eso estamos ahora a tiempo de que se planeé adecuadamente cómo se va a sustituir el Morelos II y como vamos a responder a las necesidades cada día mayores de los usuarios.

Durante los debates en las reuniones de las comisiones respectivas, hemos escuchado preocupaciones de compañeros de otros partidos y de nuestro mismo partido. Quiero decirles que muchas de ellas, las debidamente fundadas, las compartimos con ustedes y así lo hemos externado a los funcionarios correspondientes, por eso se ha incorporado al texto de la Constitución, por iniciativa de los legisladores, los términos legales que resguardan la soberanía del país a través del principal rector del Estado en estas dos áreas.

Por eso, en el texto del dictamen consideramos la necesidad de salvaguardar los derechos de los trabajadores; de evitar prácticas monopólicas, de asegurar el servicio eficiente y suficiente a todos los mexicanos; de asegurar un precio accesible a través de la libre competencia; de evitar que nuestro país siga endeudándose por ser propietario inecesariamente de los activos de estos servicios; de que este Congreso participe y sea vigilante constante de la reglamentación correspondiente y de la aplicación de esta reglamentación; de que se garantice la capacidad satelital para las redes de seguridad nacional y los servicios de carácter social; de que el Estado conserve los mecanismos adecuados para tener un buen control del uso y orientación de los servicios. Por todo esto, compañeros diputados, y porque estamos seguros de que este cambio será de beneficio para la nación, esperamos contar con el voto aprobatorio del dictamen que hoy se presenta.

Señores diputados, con objetivos claramente definidos y explicados y sobre todo con un decidido apoyo de todos los mexicanos en esta situación tan difícil que atraviesa nuestro país; se busca remover estructuras anquilosadas que en su momento fueron justificadas, es importante que en estos momentos se eliminen los obstáculos que puedan frenar el desarrollo económico de nuestro país y lograr una sociedad más dinámica, plural y abierta, buscando estrategias que satisfagan las exigencias internas de desarrollo reafirmando siempre nuestra soberanía y nuestra identidad nacional.

La búsqueda permanente de niveles superiores de competitividad es el motor dinámico de la economía contemporánea y nosotros no podemos quedar rezagados, por eso; para alcanzar mejores condiciones de vida es importante tener acceso a los adelantes tecnológicos, adoptando patrones eficientes en la producción. Sólo de esta manera, realizando cambios internos y aprovechando las nuevas oportunidades, nuestro país será atractivo para la inversión, por lo tanto, es importante la modernización en el servicio de transporte de pasajeros y de carga, como son los ferrocarriles y aprovechar las oportunidades para continuar a la vanguardia en materia de telecomunicaciones.

Para fortalecer la competencia nacional e internacional de manera que éstas sean un mecanismo para la estabilización económica de México, que permita crear un mayor número de empleos y, sobre todo, propiciar condiciones de progreso y de una mejor distribución del ingreso. Muchas gracias.

El Presidente:

El diputado Martínez Della Rocca tiene el uso de la palabra.

Diputado Martínez Della Rocca: deje que su compañero pase primero.

Tiene la palabra el diputado Marcué. Le rogaría que se sujetara estrictamente a los cinco minutos.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Tal vez sean tres.

Señores: quiero decirles que espero vivir muchos años más, a pesar de mis 80. Ni estoy enfermo de cirrosis ni tengo espíritu protagónico, lo que vengo a hacer, a contestar, a aunar a los que dicen los compañeros de mi bancada o a lo que dicen los compañeros de las otras bancadas, hechos de carácter histórico que refuerzan su dicho.

Y voy a decirles a ustedes y a contestarle lo que algún señor del PRI dijo hace unos días. Dijo que mi dicho en la tribuna no serviría para nada, que no tenía ninguna personalidad ni ningún trabajo hecho a favor de mi país. Es la primera vez que lo digo y lo voy a decir. ¡He hecho la mejor revista que hasta ahora se ha hecho en mi país sobre los grandes problemas nacionales, nada más que los ignorantes, los ignorantes no la conocen! ¡He hecho la mejor revista política de este país durante 10 años, nada más que los ignorantes del PRI no la conocen!

¡Y he tenido una conducta de honradez cada vez que es necesario defender los intereses de este país!

¡Quiero decirles a ustedes que la Constitución de 1917 no prohibía que se vendieran o se nacionalizaran lo que el país construía! ¡Quiero decirles que la Revolución Mexicana lo que hizo cuando estuvo Lázaro Cárdenas, que nos pertenece a todos, no nada más a su familia, a todos los mexicanos nos pertenece la obra de Lázaro Cárdenas, lo que hizo en su momento, señores, fue rescatar, porque así lo exigían las circunstancias de la guerra, petróleos, ferrocarriles y un priísta distinguido, que desgraciadamente estaba enfermo, rescató la electricidad, que fue el señor presidente López Mateos y ustedes lo aplaudieron a rabiar, como aplaudieron a Cárdenas, como aplaudieron cuando el petróleo fue nacionalizado y cuando los ferrocarriles también fueron nacionalizados!

Han dicho aquí que necesitamos un país fuerte, y el que lo dijo fue uno del PRI. ¡Tiene razón!, dijo que necesitamos un país fuerte, partidos fuertes y presidentes fuertes, eso es verdad, eso es verdad. ¿Pero cómo vamos a ser un país fuerte y partidos fuertes y un Presidente que tenga una investidura fuerte para defender este país en contra de los hombres de las finanzas, en contra de los que han vendido a México en el extranjero, en contra de los que han hecho posible en este país que estemos a punto de perder nuestro derecho a mandarnos a determinar nuestras cosas?, ¿quién tiene la culpa de eso señores?

¡Para que no vengan aquí por hechos a contestarme, porque no pueden, aquí termino!

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Martínez Della Rocca, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:

Se ha hablado aquí y parece que hay prisa por concluir la discusión de un tema tan profundamente delicado. Se ha hablado aquí del bien común por un conjunto de diputados de Acción Nacional y del PRI.

¿Cuál fue el bien común que obtuvo el pueblo con la privatización de las carreteras? Los costos de la carretera a Acapulco, los costos de la carretera a Culiacán-Mazatlán, las rebeliones que ha habido por los costos de las carreteras de Sonora. ¿Qué bien obtuvo el pueblo de México, ya que se habló del bien común con la privatización de las líneas aéreas? ¿Qué bien común obtuvo el pueblo de México con la modificación al artículo 3o. constitucional, con la privatización de la banca y de teléfonos? ¿Qué bien común se quiere garantizar aquí por ustedes, señores legisladores que apoyan estas modificaciones, con que nosotros también de alguna manera privaticemos telecomunicaciones y ferrocarriles?, ¿aumento de cuotas para hacerlas inaccesibles al pueblo, restricciones en el personal y aumento del desempleo?

Compañeros, parece ser que de un viejo estado de bienestar estamos transitando a un moderno estado de malestar para la población de este país. Si ustedes aceptan la incapacidad que ha tenido el Gobierno para administrar todas estas empresas, la mera verdad ¿por qué no proponen también privatizar Palacio Nacional?

Quiero concluir diciéndoles a todos ustedes, compañeros legisladores, que hoy estamos viviendo en este recinto parlamentario la realidad de lo que Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos le señaló a Ross Peroth en aquel célebre debate sobre el Tratado de Libre Comercio, cuando Al Gore volteó y le dijo a Peroth: ¡Señor Peroth, si es como si hubiéramos comprado Alaska!

Yo les propongo antes de que se retiren, que la soberanía que están defendiendo parece ser que es la soberanía de Estados Unidos de América y que efectivamente a ese letrero le pongan que el "Tío Sam" es primero porque son la ausencia de argumentos, la ausencia de argumentos que no han tenido capacidad que debía plantear aquí para convencer a todos los parlamentarios que sí es correcto hacer y votar a favor de las modificaciones que están ustedes planteando.

No han convencido, lo único que están planteando es la continuidad de una política económica que sustituye valores como los de equidad, empleo, desarrollo, justicia social por una política de supuesta eficiencia, libertad económica y competitividad.

Aboguen a favor de una reforma de Estado y al elevar la libertad económica a objetivo fundamental parece ser que el mejor estado es el que menos hace, que el que se desembaraza de las funciones sustantivas de asistencia social y defensa de la soberanía nacional; sin embargo no sé, la mera verdad, qué es lo que vamos a discutir en la sesión ordinaria con lo que ayer se aprobó de entrar a la discusión de la reforma de Estado.

Yo les pregunto, ¿qué Estado nos están dejando al pueblo de México? Están destruyendo este Estado y están debilitando a la nación y están hipotecando la soberanía y como dijo Al Gore parece ser que es como comprar Alaska y aquí en este recinto parlamentario todo indica que hay un conjunto de vendedores legítimos herederos de Santa Anna, un conjunto de vende patrias que no quieren venir a dar argumentaciones de fondo, compañeros.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Javier González Garza en turno y hasta por 15 minutos.

El diputado Javier González Garza:

Gracias, señor Presidente:

Parece efectivamente que hay deseos de terminar. Un diputado del PRI decía que por convencimiento de que será benéfico para el país la aprobación de esta nueva modificación a la Constitución, cedía el uso de la palabra. Quiero decirles que por convencimiento de lo contrario yo no puedo ceder el uso de la palabra.

Quiero decir que los argumentos que se han utilizado, específicamente en el terreno de la comunicación vía satélite, son argumentos falsos; cuando menos habría que reconocer que son argumentos falsos.

El Gobierno mexicano planea abrir el campo de la comunicación por satélite al capital privado.

Permitirán a empresarios privados nacionales y extranjeros operar y construir satélites que prestarían servicio dentro del territorio nacional; actualmente esa atribución es exclusiva del Estado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28, el Estado es la única entidad facultada en México para tener en propiedad y operar satélites de comunicación. El jueves 5 de enero de este año, según información de la Agencia Notimex, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz habría anunciado en la ciudad de Nueva York, ante inversionistas de diversos países, que el Gobierno esperaba obtener una cifra aproximada de 14 mil millones de dólares mediante la venta al sector privado de un conjunto de empresas o entidades estatales, entre las cuales estaría el sistema de satélites mexicanos por el cual aspira el Secretario de Hacienda, a obtener 1 mil 500 millones de dólares.

También circularon informes en el sentido de que la entrada del capital privado al campo de los satélites no se limitaría a la venta del actual sistema Solidaridad, sino que consistiría en la posibilidad de que empresas privadas colocaran en órbita nuevos artefactos de su propiedad.

Con los lanzamientos y puesta en órbita de los satélites, México ha dado un nuevo e importante paso de su infraestructura que son sustento fundamental para la integración nacional y son presencia de nuestro país en el ámbito mundial; abre nuevas expectativas a las comunicaciones domésticas y regionales pues, sin lugar a dudas constituirá un nuevo impulso para distintos ámbitos de la industria, la educación y la cultura.

Contar con satélites de comunicaciones al servicio de todos los mexicanos y países vecinos, nos coloca a la vanguardia en esta materia. Son pocos los países que cuentan con eso. Además la propiedad de estos equipos nos permitiría seguir ahorrando cientos de miles de dólares en divisas.

El ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa, señaló que los satélites Morelos I, que ya dejó de funcionar y Morelos II, así como el de Solidaridad I, generaron recursos hasta por 1 millón 502 mil nuevos pesos y el de Solidaridad II, conduce señales a más de 340 redes privadas, 35 canales de televisión, que vinculan a 500 estaciones de televisión por cable y 35 redes de radiodifusión, que enlazan a 1 mil 500 de radio en todo el país.

El sistema de satélites Solidaridad, es en su género de los mejores y más avanzados del mundo, cuenta con tres bandas de transmisión diseñadas para conducir señales de video, voz y datos.

El control de los satélites mexicanos está totalmente a cargo de técnicos mexicanos, quienes se capacitan permanentemente y la calidad de sus servicios está a la altura de las mejores del mundo. Si el sistema Solidaridad brinda sus servicios a su máxima capacidad, permite atender la demanda de servicio de los 25 países a los que proporciona cobertura.

Es probable que la reforma legal que se plantea, incluya la venta de los satélites, lo cual podría llevar un destinatario único en México: Televisa. Recuérdese que dicha empresa acaba de ver frustrado su propósito de colocar en el espacio un satélite de su propiedad. En noviembre pasado, el artefacto llamado Paz III, en la que Televisa tenía el 50% de acciones, explotó unos minutos después de haber sido lanzado, con lo que la inversión estimada de 170 millones de dólares se perdió.

El Gobierno Federal debería tener presente que en esta privatización hay enormes riesgos. Piénsese en las consecuencias de que una buena parte de los satélites que utilizarán para contratar señales de televisión extranjera, perdón, se utilizarán para eso, en lugar de aplicar dicha tecnología a otros sectores como la telefonía rural o la educación; o bien, en los efectos que provocaría el hecho de que las televisoras estatales, si ya de por sí tenían problemas para asentar por algunas horas sus transmisiones, con esto las posibilidades se reducirían por completo.

Pero sin duda, el proyecto que podría resultar más afectado, es el proyecto de educación vía satélite, que serviría este año para apoyar a más de 10 mil telesecundarias en el país, estoy hablando de 10 mil telesecundarias en el país. Lo más seguro es que la iniciativa privada no lo considere redituable ni atractivo para sus fines lucrativos.

No parece haber razón para que el Estado se deshaga de un recurso de una gran utilidad para la nación. Aceptar estas condiciones equivaldría a hipotecar nuestra riqueza y soberanía.

El espacio electrónico es considerado en el mundo parte del territorio nacional de cada país. Poner en manos de privados el uso de satélites, no garantizará entonces la soberanía, pues comienzan a entrar en juego las fronteras electrónicas, según los intereses económicos.

El respeto irrestricto a la soberanía y a la defensa del patrimonio nacional de los mexicanos, es condición indispensable para lograr la inaplazable transición a la democracia.

Quiero decir que en primer lugar no existe un argumento económico para poner en venta telecomunicaciones vía satélite, no existe. En primer lugar, los servicios de telecomunicación vía satélite se pagan en dólares, como lo explicó el compañero Joaquín Vela, del PT, es un servicio que no hay que modernizar, estamos en punta. Resulta que es un servicio mexicano, con personal calificado; resulta además que es un servicio que ha pagado la inversión y los beneficios de los mismos son beneficios crecientes, de acuerdo a los informes del Secretario de Hacienda. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué si no hay razones económicas para esto, qué tipo de razones hay?

Puede ser que existan razones políticas, estrictamente, presiones de grupos económicos y presiones del exterior. El problema fundamental señores, es que así como van las cosas, podremos dentro de un tiempo estarle vendiendo los aeropuertos a gente ligada con el narcotráfico. Así.

Se va a someter a la venta aeropuertos que pueden entrar, ahí vienen ya varios postores; imagínense lo que significaría, lo que está significando eso en México; se están vendiendo efectivamente, se han privatizado carreteras, teléfonos; se van a privatizar los puertos, aeropuertos, aerolíneas, telecomunicaciones, ferrocarriles, todo lo que es comunicación, todo.

Entonces, ¿cuál es el problema? Nos parece que estamos entrando en un asunto estrictamente ya no de soberanía nacional, además de seguridad nacional.

Vamos a tener, todos lo saben, satélites que hoy el Ejército mexicano utiliza para vigilar narcotráfico, van a estar en manos privadas. ¿Cuál es entonces, si todo lo que significa las comunicaciones en el país estarán en manos privadas, cuál va a ser el trabajo del Ejército mexicano para defender la soberanía nacional, si esta cámara está entregando la soberanía nacional?

Quiero decir a los compañeros del PAN, que ellos pugnan porque en la ley reglamentaria, porque están de acuerdo que ahora se vote a favor, se vigile y se conserve la soberanía nacional. Les preguntamos compañeros, muy sinceramente, ¿qué no sería mejor que eso fuera estrictamente hablando, en el terreno constitucional?

Por otra parte, ustedes lo saben, para poder hacer una reforma constitucional se requiere de una votación calificada, para una ley reglamentaria no. La bancada del PRI lo puede hacer sola, por eso les hemos propuesto efectivamente que este tema pueda discutirse a profundidad, el tema de las comunicaciones, que este tema se discuta y se dé información de lo que estamos discutiendo, que no sea un asunto de 12 horas de discusión, como parece ser que va a ser en este caso. Que se discuta y que se suspenda la votación, esta votación, hasta discutir la ley reglamentaria y no demos un cheque en blanco, sino que discutamos la Ley Reglamentaria y veamos cómo va a quedar, porque con esas confianzas que se han tenido con el partido de Estado, lo que ha venido pasando es que se privatizan servicios tan importantes como Teléfonos de México y no pasa nada, no hay ninguna forma de poder vigilar cuál es su conducción.

¿Qué pasó con la privatización de la banca? Hoy todo mundo sabe, la banca privada tiene una deuda contraída en dólares en el extranjero, de cerca de 50 mil millones, ¿y ustedes creen que hay algún banquero pobre por eso? No, ¿quién creen que va a responder ante esa deuda?, va a ser el pueblo de México, señores.

No demos más cheques en blanco, hoy se puede evidentemente frenar esta posibilidad absurda. Hoy es absolutamente fundamental frenar la entrega de un sector que sabemos a dónde va a ir, lo sabemos de antemano, un sector que es no solo económicamente rentable, es un sector fundamental para la educación y la identidad nacional.

No es posible dar un cheque en blanco a esa bancada, son presiones externas. Frenemos esas presiones externas y digamos no por ahora a esta nueva entrega del país. Gracias.

El Presidente:

Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Jaime Arceo Castro, hasta por 15 minutos.

El diputado Jaime Jesús Arceo Castro:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hago uso de esta tribuna, porque siento una obligación moral y personal de participar en este importante debate y lo hago porque considero que esta legislación y sus integrantes tenemos como función propia, entre otras cosas, desbrozar lo técnico de lo político y formular los valores sociales que encierra una propuesta, de forma que sea comprensible para los ciudadanos, trasladando así a la sociedad los planteamientos políticos que están en el origen de las regulaciones de carácter técnico.

No voy a insistir mucho en los argumentos con respecto al sistema ferroviario, creo que es un tema más digerible, es un tema en el que todos parecen estar interesados y en el que han hecho alguna aportación, pero en el que en general todos han coincidido la necesidad de la intervención de la iniciativa, del sector privado y social para obtener su modernización.

Yo siento que esto va justamente con la idea de todos de lograr que la calidad de los servicios públicos se acerque a estándares internacionales y estemos en posibilidad de una competencia por los mercados que en este momento se encuentran brutalmente competidos en el mundo.

Por otra parte, yo les voy a rogar compañeros legisladores, que tal como lo hice en la comisión, me permitan exponer mis razonamientos, y decirles, señor Presidente, que no voy a aceptar ninguna pregunta todas éstas las aceptaré en el seno de la comisión donde podemos razonar largamente con respecto a cualquier pregunta que tengan los legisladores.

Quisiera expresar, diputados, un hecho evidente. Actualmente los satélites Solidaridad cubren parte del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, Centroamérica y parte de Sudamérica. Son los satélites más modernos y con mayor diversidad de aplicación en el mundo de los que se encuentran en órbita, por lo que se clasifican como de usos múltiples y éstos, compañeras y compañeros, no se dejen engañar, no están en venta.

Por otro lado, el mercado nacional y regional justifica el lanzamiento de satélites especializados de difusión directa que requieren de mayores inversiones de una operación integrada y de administraciones sumamente ágiles para su comercialización.

En este campo es donde las empresas mexicanas podrían participar en la industria internacional de servicios de telecomunicación.

Compañeras y compañeros: el desarrollo tecnológico en este campo parecería no tener límites, está ya en proyecto la colocación en el espacio del Sistema Satelitales de Orbita Baja, los cuales estarán constituidos por una constelación de pequeños satélites que a diferencia de los actuales que se ubican en posiciones orbitales ecuatoriales, estarán situados en órbita polar y cubrirán a todo el mundo, y no es ciencia ficción. Las empresas interesadas en el proyecto están ya negociando la obtención de frecuencias y la obtención de los recursos financieros.

Ante el hecho de que en el campo de las telecomunicaciones, la tecnología ha rebasado el marco legal nacional, lo cual hace urgente actualizar la legislación y prever que, querámoslo o no, ya existen satélites extranjeros situados en órbita, regulados por las leyes internacionales que le permiten proporcionar servicios a nuestro país; que nuestros satélites Solidaridad también tienen la misma posibilidad y que los países afectados exigirán reciprocidad; que los sistemas de satélites de órbita baja cubrirán un mercado sumamente importante del presente y del futuro y que por ello, insisto, necesitamos una legislación que nos permita ejercer la soberanía en el espacio exterior y posibilitar que empresas nacionales participen en la industria más dinámica y productiva de éste y el próximo siglo que es el de las telecomunicaciones.

Hay un detalle que quisiera dejar bien claro: cuando se habla de cómo se puede ejercer la soberanía si se permite la participación del capital privado y social en este importante campo, yo les diría que tal parece que queremos desconocer cuáles son los mecanismos de regulación y control que se tiene sobre este campo.

No es, compañeras y compañeros, el tener un instrumento llamado "satélite", lo que permite tener el control. Que quede bien claro, para los que no lo han entendido. Lo que permite tener el control y preservar la soberanía es la autorización del uso de las frecuencias y ésas, compañeras y compañeros, no están en venta. Por eso de manera razonada, la bancada de mi partido votará a favor de este dictamen que se propone. Muchas gracias.

El Presidente:

Ha solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Guerra.

Nada más que yo quisiera aclarar varios puntos: llevamos varias horas de debate y sí creo que obedece a técnicas dilatorias que a participar en un debate. Yo considero que si el diputado Guerra hizo oportunamente el uso de la palabra para rectificar hechos, la utilice, pero pido a los compañeros reflexionen si también quieren hacerlo adicionalmente por el mismo motivo.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:

Le voy a pedir, señor Presidente, con su venia, compañeras y compañeros, que no prejuzgue...

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca(desde su curul):

Me parece muy grave que usted como Presidente, esté haciendo imputaciones que las participaciones de nosotros son como tácticas dilatorias. Yo creo que usted debería abstenerse de ese tipo de opiniones y restringirse a sus funciones como Presidente, y no hacer juicios de esa naturaleza. Por favor.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:

Con todo respeto le digo y también a los compañeros, que si debatir esta reforma al artículo 28 que nos ha llevado el día de hoy, es táctica dilatoria, tal vez se pongan de acuerdo, usted, señor Presidente, los del PAN y los del PRI, para hacer un reglamento y no tengamos ni que debatir y simplemente voten.

Pero la prisa mayor no es aquí en el debate, la prisa mayor e inexplicable, es porque en una situación en crisis del país, con la quiebra ésta financiera, estamos discutiendo estas reformas. Uno se preguntará, ¿qué relación tienen?

¿Qué relación tiene la reforma al 28 constitucional con la emergencia financiera que hemos vivido? Teóricamente, aparentemente ninguna, ¿por qué entonces de meter esta reforma a contrapelo en la circunstancia de violar por parte del presidente Zedillo los 20 compromisos por la democracia que suscribió? ¿Por qué esta prisa?

¿No habría la prisa, y no hay que ser ingenuos, si esto no fuera parte también de las condiciones, de la famosa privatización exigida por Estados Unidos para seguir apoyando a México? ¿No estaría tampoco el Secretario de Gobernación ahora hablando de que México le va a hacer el trabajo a Estados Unidos para detener la inmigración centroamericana y de nuestro propio país, si no fuera también parte de las condiciones?

Este Congreso resolvió autorizar o no definir las condiciones, pero por parapelos, de una forma vergonzante, el Gobierno ya no las está sacando. Si tienen mucha prisa y ésa es la verdad, no solamente aquí, tienen mucha prisa por demostrarle a los intereses de los norteamericanos que están con ellos, que se siguen portando bien.

Y, compañeros del PAN, por favor no le llamen a eso patriotismo, simple y sencillamente, nomás no le llamen así. Háganlo por lo que quieran, pero simple y sencillamente no se escuden en esas palabras.

Palabras que por lo demás, es mi punto de vista y lo estoy sosteniendo aquí, palabras por demás, patriotismo, nacionalismo, que algunos diputados, entre ellos, uno del PT ha considerado etéreas y otros han hablado de nacionalismo trasnochado, y nos han dicho que el único argumento que tenemos ése es. Compañeros, el nacionalismo es un sentimiento, se tiene o no se tiene, el amor por la familia, el amor por la patria, por una comunidad, el amor por un futuro, el amor por un país se siente o no se siente. Hay en efecto culturas, como la anglosajona, que no promueven este tipo de valores, se promueve más el individualismo, es cierto, son sentimientos y son etéreos en la medida en que se expresen o que señalen como sentimientos, pero éstos se demuestran o no se demuestran.

Yo le quiero decir al diputado Serafín y a los que han hablado de esto, que el nacionalismo es un amor que podríamos comparar con el amor que puedan sentir algunos diputados por su madre. Se siente o no se siente y no es un problema de discusión teórica, no es un problema de si esos conceptos son cuestionables, no es un problema de venir a discutir teóricamente aquí, porque yo no le voy a discutir a ningún diputado si está en crisis el amor hacia la madre, si están en crisis esos valores, si son cosas etéreas, si simple y sencillamente ya no se vale, porque ahí no valen explicaciones. Si los diputados quieren a su madre, la quieren y si no la quieren, no la quieren. Así es el amor también a la patria. Se siente o no se siente. Muchas gracias.

El Presidente:

Habiendo hecho uso de la palabra todos los oradores inscritos, con base en el artículo 115 del reglamento, instruyo a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

El secretario Andrés Galván Rivas:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente:

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

La secretaria Ana María Adelina Licona Spínola:

Se va a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.

El secretario Abel García Ramírez:

(Votación.)

Señor Presidente: se emitieron 327 votos en pro y 29 en contra.

El Presidente:

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 327 votos.

El secretario Abel García Ramírez:

Pasa a las legislaturas de los estados, para sus efectos constitucionales.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, para rectificar hechos.

Les agradecería a todos los diputados tomaran sus lugares y despejaran los pasillos.

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:

Señor Presidente; señores vicepresidentes; señores secretarios y prosecretarios:

Ustedes, como mesa directiva, son la representación institucional de la Cámara de Diputados una cámara cuya conformación plural exige también un comportamiento democrático de todos quienes la integramos, principalmente la conducción democrática de las sesiones por parte de la directiva.

Más allá del origen partidario y de los grupos parlamentarios a los que pertenecen los integrantes de la directiva, deben de asumir la función de dirigir las sesiones de la cámara, haciendo valer las normas y disposiciones que regulan la vida interna de este cuerpo colegiado.

Es por ello que queremos dejar sentado que todos los derechos que están consagrados por las normas que rigen la vida interna de esta Cámara de Diputados, son responsabilidad de la directiva en turno.

El grupo parlamentario Acción Nacional reconoce el derecho de todos y cada uno de los diputados para hacer uso de las disposiciones reglamentarias en el curso de los debates.

No queremos dejar como un precedente aceptado por el grupo parlamentario de Acción Nacional, que a ningún diputado se le impida hacer uso de la palabra cuando se acoge a una norma del reglamento.

No es responsabilidad más que personal e institucional de la directiva, que debe tener de contrapartida de los miembros de la Asamblea, la mejor colaboración para la conducción de las sesiones y deliberaciones de la cámara. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega, para rectificar hechos.

El diputado J. Jesús Ortega Martínez:

Le agradezco al diputado García Cervantes su intervención, porque finalmente contribuye a que se respeten los derechos de los diputados en cualquier debate.

El día de ayer, cuando los diputados de Acción Nacional, en un debate también, notificaron que retiraban la lista de oradores inicialmente propuesta y que en lugar de ello se sujetaban a lo que establecía el reglamento, en primer lugar respetamos su decisión, y en segundo lugar, nos sujetamos claramente a lo que específica el reglamento para el debate del día de ayer.

Cuando hoy los compañeros del PRI nos preguntan, a mí particularmente, de cómo vamos a orientar el debate. Les dije con toda claridad que nos sujetábamos a lo que establecía el reglamento, y el reglamento en su artículo 115 con toda claridad establece que: "Cuando hubieren hablado todos los indiviudos que puedan hacer uso de la palabra, el Presidente mandará preguntar si el asunto está o no suficientemente discutido".

Un compañero del PRD, en todo su derecho como diputado, solicitó el uso de la palabra para rectificar hechos. El Presidente de la cámara arbitrariamente, al margen del reglamento, le negó el uso de la palabra. ¡Y aquí el Presidente de la Cámara está actuando de manera incorrecta y de manera ilegal!

Yo creo que si queremos conducir los trabajos de la cámara, en primer lugar, quien debe cumplir con el reglamento es usted, señor Presidente. ¡En un asunto tan importante como el que estamos debatiendo, el Presidente de la cámara "no debe servir de tapadera" para aquellos que se quieren ir temprano a su casa, que se les va el avión! ¡Estamos discutiendo aquí el destino del país y el Presidente de la cámara, insisto, "no puede servir de tapadera" para esas irresponsabilidades!

¡Por eso es que elevamos, desde esta tribuna, una enérgica protesta por el comportamiento del Presidente!

Y podemos llegar a acuerdos en otros debates, pero sabemos cumplir nuestra palabra...

¡Nosotros sí! y, dijimos: " no Roque, no Roque" y no compañeros. Hemos demostrado que cumplimos nuestra palabra, a diferencia de otros que nos ibamos a sujetar desde un principio a lo que establece el reglamento.

Por lo tanto, por lo tanto le digo al Presidente que ha cometido una irresponsabilidad y que para próximos debates ojalá y esto sirva de experiencia, para sujetarse estrictamente a lo que establece el reglamento para continuar con nuestros debates. Gracias por su atención.

El Presidente:

Dionisio Pérez Jácome, para rectificar hechos.

El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En el avance de los trabajos de esta LVI Legislatura, evidentemente que ha crecido la pluralidad, la democracia y el respeto a todos, de todos los grupos parlamentarios en esta cámara.

Si independientemente de esa afirmación, que la sustento, en lo que ha ocurrido desde el primer día de labores de esta cámara y de lo que consta en los diversos Diarios de los Debates que amparan mi dicho, me refiero específicamente a la sesión de hoy, quiero sustentar a nombre de mi partido también la afirmación de que lo que se ha hecho y lo que la directiva, que en este caso no fue presidida por un compañero de mi bancada, sino de la muy respetable también bancada del Partido Acción Nacional, se apegó también al reglamento, aunque claro, a un precepto reglamentario que en este caso no fue citado y que debe hacerse para no des virtuar, respeto mucho la opinión también de la bancada del PRD y de su coordinador, que es en lo personal mi amigo, sino de una interpretación que pudiera estar tomando solo una fase, una vertiente, un lado y no advirtiera la integridad de la disposición y el apoyo o el sustento que por tanto tuvo.

El artículo 114 del reglamento, de un reglamento que tendrá todos los defectos del mundo y que podrá en mucho haber sido superado ya por la Ley Orgánica, pero que sigue sustentando también en mucho los trabajos camarales, dispone que: "antes de cerrarse en lo general la discusión de los proyectos de ley y en lo particular cada uno de sus artículos, éste es el caso de un proyecto con un solo artículo a reformarse, podrán hablar seis individuos en pro y otros tantos en contra, además de los miembros de la comisión dictaminadora y de los funcionarios a que alude el artículo 53 de este reglamento. En los demás asuntos que sean económicos de cada cámara, bastará que hablen tres en cada sentido, a no ser que éste acuerde ampliar el debate".

La interpretación debe ser integral, el 115 rige, opera, debe respetarse, pero en congruencia también por lo dispuesto por el 114. Habían hablado ante nosotros, los habíamos escuchado, inclusive en algunas ocasiones sobre temas diversos, pero temas evidentemente interesantes para la marcha democrática de la nación, más de seis diputados en pro, más de seis diputados en contra.

Nos encontrábamos ante una situación, que incluso, de la que todos quizá somos reponsables, puede pensarse que se hubiera abusado; no es en lo personal mi opinión el aludir a rectificaciones de hecho para tener oportunidad de hacer uso de la palabra. Habíamos dividido en jornadas tempranas de esta misma sesión, en momentos tempranos, otra interpretación que pude no haber compartido y así lo expresé, pero que respeté en su sentido y en el deseo que todos teníamos de que pudiera transitar con apertura y con pluralidad el debate.

Yo asumo en lo que corresponde a mi bancada, al Partido Revolucionario Institucional, la decisión que la Presidencia tomó, la tomó un hombre de buena fe que ha tratado de conducir los trabajos de este periodo extraordinario con dignidad y con respeto. Muchas gracias.

El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel.

Tomen sus asientos, por favor, señores diputados.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Muchas gracias, señor Presidente:

El asunto compañeras y compañeros diputados, no es en relación a la personalidad o a la conducta personal del compañero que está presidiendo el día de hoy esta mesa directiva, de eso no se trata y sería mal interpretada nuestra participación en ese sentido; éste es un asunto de discusión reglamentaria, de apegarnos estrictamente a lo que disponen los reglamentos y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de lo que regula nuestra participación en los debates en esta Cámara de Diputados.

Por ello, dejemos a un lado el asunto personal del diputado que preside hoy, que nos merece todo nuestro respeto, éste es un asunto de reglamento y a él me quiero referir, porque si dejamos esta interpretación que hace un momento hizo del reglamento y de la Ley Orgánica, el diputado Pérez Jácome, después puede quedar ahí y dicen que el que calla otorga, nosotros no podemos estar de acuerdo con esta interpretación, independientemente que suscribo en lo personal la decisión que dio aquí nuestro coordinador, de que en ciertos momentos hay que sujetarse a los acuerdos que se tomen para darle mayor agilidad y mayor avance a los debates parlamentarios, pero en este caso es importante señalar, primero que no tuvo la razón el señor Presidente de la mesa directiva en no darle la palabra al diputado del PRD, Rafael Jacobo y tampoco tiene la razón el diputado Dionisio Pérez Jácome al venir a dar esta interpretación, porque así como él dice que Jesús Ortega olvidó lo que dispone el artículo 114, él olvidó lo que dispone el artículo 102.

Efectivamente está a discusión un dictamen y efectivannente se pueden inscribir oradores a favor y en contra, pero también está establecido en el artículo 102, que cualquier diputado puede hacer uso de la palabra para rectificar hechos o para alusiones personales, la rectificación de hechos evidentemente es de una valoración subjetiva del diputado que quiere hacer uso de este recurso y tiene derecho a él, diputado Dionisio Pérez Jácome, no necesariamente e incluso aunque sea de su propio partido y si él no está de acuerdo con sus hechos que está narrando el diputado de su propia bancada, incluso puede subir a rectificar lo que él considera pertinente para hacer valer su libertad de expresar sus ideas en lo individual como tenemos ese derecho innegable en la Constitución General de la República.

Esa es la interpretación correcta al artículo 102, yo creo que lo que conviene es que todos, eso si es cierto, hagamos uso de este derecho de una manera razonada y racional, pero no, ésa ya es decisión propia del diputado que quiere hacer uso de ese derecho que le concede el 102, pero no puede ser de ninguna manera conculcado por la mesa directiva o por la Asamblea de esta Cámara de Diputados. Es todo, señores.

El Presidente Alejandro Díaz y Pérez Duarte:

Señores diputados:

Este Presidente acepta todas las opiniones que han vertido aquí y pide una disculpa a aquellas personas que intervienen en la palabra, pero quiero hacer una sola defensa en mi favor, una proposición porque creo que es importante.

Algunos artículos del reglamento le permiten a uno hacer unas cosas y otros artículos del mismo reglamento dicen lo contrario, son equívocos, contradictorias, la misma discusión que en la mañana tuvimos, el diputado Ortega y el suscrito, él se basaba en un artículo y yo en otro, eso creo que tiene que ser corregido y yo pediría a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que procediera a nombrar una comisión para renovar este reglamento que no solamente es del año de 1934, sino que además es sumamente equívoca, yo pude haber tomado algunos reglamentos con los cuales ustedes no estaban de acuerdo y ustedes otros con los que yo no estaba de acuerdo; creo que sí podemos encontrar la forma que haya una sola interpretación como es el caso de la Ley Orgánica, podremos todos estar mucho más contentos y mucho mejor saldrían las discusiones. Yo pido disculpas en lo que a mí me corresponde, pero sí quiero solicitar en esto... para que no se repita, sea revisado el reglamento. Muchas gracias.

RECTORIA DEL ESTADO EN MATERIA DE COMUNICACIONES

El Presidente:

Nos llegó un punto de acuerdo que voy a pedir a la Secretaría haga el favor de leer:

El secretario Andrés Galván Rivas:

Señores diputados:

La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones, la iniciativa del Presidente de la República, que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional en materia de ferrocarriles y comunicaciones vía satélite. Hoy, esta Cámara de Diputados ha votado por la aprobación de la reforma. A partir de esta modificación constitucional, la comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de la Constitución y el Estado, al ejercer en ellas su rectoría, protegera la seguridad y la soberanía de la nación, por lo que al otorgar concesiones o permisos, mantendrá a establecer el dominio de las vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

Ante las reformas que esta Cámara de Diputados deba hacer a las leyes reglamentarias del artículo 28 y otros preceptos constitucionales, los grupos parlamentarios representados en esta cámara, proponen el siguiente

«PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, asume el compromiso de precisar en las leyes reglamentarias de la materia, las facultades que el Congreso de la Unión debe tener a efecto de que intervenga en los términos constitucionales en el otorgamiento de concesiones o permisos en las áreas de comunicación vía satélite y ferrocarriles con el objeto de garantizar la rectoría del Estado, proteger la seguridad y la soberanía de la nación y promover el beneficio social además de proteger los derechos laborales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de enero de 1995.- Firman: por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Oscar Gustavo Cárdenas Monroy; por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional: Fernando Pérez Noriega; por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: Carlos Navarrete y por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: Alejandro Moreno Berry.»

COMISION ESPECIAL DE COMUNICACION SOCIAL

El Presidente:

La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política ha acordado proponer al pleno, el establecimiento de una comisión especial de comunicación social que tendrá los objetivos y alcances que solicito a la Secretaría dé lectura:

El secretario Andrés Galván Rivas:

"Comisión Especial de Comunicación Social.

Objetivo general

Realizar consultas con los medios de comunicación, con los expertos y con los miembros de la sociedad civil que permitan con su aportación la actualización de la legislación en materia de comunicación social.

Objetivos específicos

1. Proponer y desarrollar un programa de audiencias y consultas a nivel nacional en materia de comunicación social.

2. Recopilar información sobre la legislación comparada y estudios técnico-jurídicos, que permitan ser el punto de partida para enriquecer el marco legislativo relacionado con la materia.

3. Preparar en su momento con grupos de expertos, así como con las comisiones correspondientes de estudios y dictamen de la Cámara de Diputados, los anteproyectos de iniciativas en este campo.

Temas fundamentales de la consulta

Los temas fundamentales que comprendería la consulta nacional en materia de comunicación social serían los siguientes: I. Derecho a la información, II. Prensa escrita, III. Radio, IV. Televisión, V. Cine, VI. Edición y distribución de revistas y publicaciones, VII. Edición de libros, VIII. Grabación y distribución de discos y videos, IX. Teatro, X. Espectáculos, XI. Satélites, XII. Antenas parabólicas, XIII. Régimen de concesiones, XIV. Publicidad, XV. Informática, XVI. Sistema de telecomunicaciones, XVII. Comunicación y su entorno urbano y ecológico y XVIII. Nuevas y próximas tecnologías.

Estrategia de trabajo

a) La estrategia para el cumplimiento de los objetivos de esta comisión implica la participación de distintas comisiones de estudio y dictamen de la cámara, relacionadas con la comunicación social como serían entre otras las de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; Educación; Ciencia y Tecnología; Comercio; Hacienda; Cultura; Derechos Humanos; Participación Ciudadana y la de Gobernación y Puntos Constitucionales.

b) La comisión considera de fundamental importancia realizar una intensa interacción con las organizaciones y grupos de la sociedad civil y con el Estado.

c) Esta comisión iniciará sus trabajos de consulta a partir de su constitución y deberá estar preparada para presentar la propuesta de los anteproyectos de iniciativas correspondientes en el transcurso de este mismo año."

En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

El Presidente:

Los integrantes de la Comisión Especial de Comunicación Social, son los siguientes diputados: Netzahualcóyotl de la Vega, José Natividad González Paras, Oscar Levín Coppel, Heriberto Lizárraga, Ricardo Meneses, Jesús Manuel Meléndez Franco, Abel Eloy Velasco, Oscar Cantón Zetina, Mario de la Torre Hernández, María Claudia Esqueda, Heriberto Galindo, Miguel Lucero Palma, Gustavo Salinas Iñiguez, Juan Salgado Brito, Samuel Palma, María Lucero Saldaña Pérez, Abelardo Carrillo Zavala, Carlos Reta Martínez, Jaime Arceo, Gabino Fernández, Héctor San Roman, María Teresa Gómez Mont, Rafael Ayala López, Patricia Mendoza Peña, José Luis Torres Ortega, María del Carmen Segura Rangel, Martín Hernández Balderas, Claudio Coello Herrera, Cruz Pérez Cuéllar, Tarcisio Navarrete, Ana Lilia Zepeda, Ramón Sosamontes, Marco Rascón Córdova, Adolfo Aguilar Zinser, Antonio Tenorio Adame y José Narro Céspedes.

AGRADECIMIENTO

El Presidente:

Honorable Asamblea:

Hoy concluimos un fructífero periodo de sesiones extraordinarias. Ha sido extraordinario por varias razones, porque legislamos sobre asuntos de gran importancia para la vida de la nación. Lo hicimos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación, para regular las agrupaciones financieras y para modificar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores.

Fue extraordinario porque discutimos, enriquecimos y aprobamos las reformas al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, en materia de ferrocarriles y comunicaciones vía satélite; fue extraordinario, porque además de haber desahogado asuntos legislativos de la mayor trascendencia, compareció ante esta Asamblea, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, para hacer un análisis de la situación de emergencia económica que vive el país y sus efectos en materia de Ingresos y Egresos de la Federación, al tiempo que, conforme al temario de la convocatoria, se debatieron importantes temas de indiscutible interés nacional, como los relativos al diálogo y la conciliación en Chiapas, la propuesta para establecer las bases de discusión y realización del diálogo nacional para la reforma de Estado, así como la resolución para crear una comisión especial de medios de comunicación.

Fue finalmente extraordinario, por la aprobación que hiciera esta Asamblea, para que se incluyera una adición al artículo 2o. de la Ley de Ingresos, la cual faculta al Congreso mexicano a ser corresponsable de las decisiones que tome el Ejecutivo, cuando se trate de la contratación de créditos o emisión de valores en el exterior y se haga con la garantía de un Gobierno extranjero, para lo cual, ambas cámaras, de Diputados y Senadores, conocerán acerca de los condicionamientos correspondientes, a efecto de someterlo a su aprobación. En otras palabras, con esta determinación se reintegra al Congreso de la Unión, el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales en materia de endeudamiento externo, se fortalece la dignidad de este Congreso, se da en los hechos un cabal cumplimiento de la división de poderes, se refuerza el Poder Ejecutivo en su negociación con el exterior y, sobre todo, reivindicamos cabalmente nuestra responsabilidad ante el pueblo de México.

Para dar cumplimiento al mandato del párrafo cuarto del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, aprobado el pasado día 26 de los corrientes por esta soberanía, los integrantes de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión nos mantendremos atentos a conocer los términos en que el Gobierno de los Estados Unidos de América habrá de otorgar su aval financiero a nuestro país.

Si éste es el caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión habrá de convocarnos a un nuevo periodo de sesiones extraordinarias para estudiar y analizar las condiciones de dicho aval, para que de esta manera tengamos las determinaciones que más favorezcan a los intereses superiores de México.

Tras este periodo de sesiones extraordinarias saldremos fortalecidos como uno de los poderes de la Unión. Hemos legislado con elevado sentido de responsabilidad. Lo hicimos no para lo inmediato, sino también para el mediano y largo plazos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación.

Durante nuestros trabajos campeó la tolerancia, el diálogo y la concertación. Cada quien dijo su verdad. Se habló en cada debate con profunda convicción partidaria, buscando interpretar los verdaderos sentimentos de la nación, con lo cual queda ratificado una vez más que esta Cámara de Diputados es una genuina escuela de democracia.

Aprovecho la oportunidad para hacer público el reconocimiento de esta Presidencia, a los cuatro coordinadores de las fracciones parlamentarias por su desempeño eficaz en el arduo trabajo legislativo y de concertación política. Agradecemos el apovo valioso, eficaz y callado del equipo de la Oficialía Mayor, del grupo de señoritas edecanes y de los trabajadores de los medios de comunicación, que con su trabajo hacen posible que la opinión pública nacional conozca de los importantes y trascendentes asuntos que esta cámara aborda.

Finalmente agradezco a los miembros de la mesa directiva su desempeño, particularmente agradezco la colaboración eficaz y esforzada de los compañeros vicepresidentes, los diputados Abelardo Carrillo Zavala, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Raúl Castellano Hernández y Serafín Núñez Ramos. También de los secretarios, los diputados José Rosas Aispuro, Andrés Galván Rivas, Sergio Prieto Gamboa y Graciela Rojas Cruz y de los prosecretarios, los diputados Ana María Licona Spínola, Abel García Ramírez, Pascual Ramírez Córdova y Oscar González Yáñez.

Gracias a todos compañeras y compañeros diputados, por su apoyo y su voto de confianza para que esta mesa directiva que hoy concluye, condujera los trabajos de este importante periodo de sesiones extrarodinarias.

No son estos tiempos para el desánimo o el abandono, menos aún para adoptar actitudes inmovilistas. Son sí, circunstancias que exigen de todos los mexicanos entereza para enfrentar los enormes desafíos derivados de la crisis financiera que hoy nos afecta, tiempos para reafirmar nuestra convicción de que México es un gran país, que a lo largo y ancho de su historia ha dado puebas indubitables de fortaleza para sortear con éxito cualquier problema, por difícil que éste sea.

No es ésta ciertamente, la primera ocasión en que nuestro país se encuentra en dificultades. Las páginas de nuestra historia están llenas de episodios difíciles, de momentos graves que han puesto inclusive en riesgo la integridad de la nación. Sin embargo, no obstante las vicisitudes, hemos sabido salir adelante. Por ello hoy no abrigamos la menor duda que superaremos este difícil trance en que nos encontramos y más que eso, habremos de salir fortalecidos para seguir avanzando en la construcción de un México nuevo, más próspero y sobre todo más justo.

Unidos todos los mexicanos, priístas, panistas, perredistas y petistas, estoy cierto que lo lograremos. Muchas gracias.

El secretario Sergio Emigdio Prieto Gamboa:

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

CLAUSURA

El Presidente:

"Hoy 28 de enero de 1995, la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al periodo de sesiones extraordinarias del primer receso del primer año de ejercicio."

ACTA DE LA PRESENTE SESION

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copias de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

El secretario Segio Emigdio Prieto Gamboa:

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea en votación económica, si autoriza que el acta de clausura se dé por leída y copias de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se da por leída, señor Presidente.

«Acta de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el sábado veintiocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LVI Legislatura.

Presidencia del diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta minutos del sábado veintiocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de doscientos ochenta y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En virtud de que el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto, que reforma el párrafo cuarto del artículo veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados. La Asamblea le dispensa la segunda lectura.

Para fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra al diputado Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, del Partido Revolucionario Institucional e inmediatamente despúes al diputado Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta moción suspensiva y, durante su intervención, es interrumpido por el Presidente, quien considera que está fuera de reglamento y el orador afirma que está expresando los fundamentos de su moción.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo ciento diez del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En contra de la moción expresa su opinión el diputado Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde su curul, el diputado Etienne Llano solicita el uso de la palabra para rectificar hechos y, también desde su curul, el diputado Dionisio E. Pérez Jácome, propone una moción de orden.

Se produce desorden en el salón de sesiones y el Presidente concede el uso de la palabra al diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y, posteriormente, al diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del mismo partido, quien presenta el voto particular de su grupo parlamentario, en contra del dictamen.

A discusión en lo general y en lo particular, se concede el uso de la palabra a los diputados: Alejandro Moreno Berry, del Partido del Trabajo, en contra y Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional, en contra.

Desde su curul, el diputado Moreno Berry, solicita la verificación del quorum y el Presidente, en los términos del artículo ciento nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, declara que hay quorum.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados: José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional, quien contesta a una interpelación del diputado González Luna Mendoza; J. Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrá tica; Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional, quien contesta una interpelación de la diputada Robles Berlanga; Graco Ramírez Garrido Abreu, del Partido de la Revolución Democrática; Madrid Salvador Beltrán del Río, del Partido Acción Nacional; Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; David Vargas Santos, del Partido Acción Nacional; Carlos Navarrete Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática; Ramón Miguel Hernández Labastida, del Partido Acción Nacional; Alejandro Moreno Berry, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional.

En pro del dictamen se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional y, posteriormente, para rectificar hechos, a los diputados; Raúl Armando Quintero Martínez, Leonel Godoy Rangel y Eliseo Moyao Morales, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio; Manuel Marcué y Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones; Serafín Núñez Ramos, del Partido del Trabajo, quien contesta a una interpelación del diputado Godoy Rangel; Jorge Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Franciscana Krauss Velarde, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen y en otro turno, para rectificar hechos; Carlos Navarrete Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen; Apolonio Méndez Meneses, del Partido Acción Nacional, en pro y contesta una interpelación de la diputada Márquez Cabrera; María del Rosario Robles Berlanga, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos;

Presidencia del diputado Abelardo Carrillo Zavala

Jesús Zambrano Grijalva, en contra; Eric Rubio Barthell, del Partido Revolucionario Institucional, en pro;

Presidencia del diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte

Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática; Javier González Garza, del mismo partido, en contra; Jaime Jesús Arceo Castro, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y, desde su curul, el diputado Martínez Della Rocca, hace aclaraciones.

La Secretaría recoge la votación nominal, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintisiete votos en pro y veintinueve en contra. Se turna a las legislaturas de los estados para los efectos constitucionales.

Para rectificar hechos en relación con la conducción de la sesión, se concede el uso de la palabra a los diputados: Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional; José de Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional y Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente ofrece disculpas a la Asamblea y comenta las incongruencias del reglamento, por lo que solicita que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, lo revise.

Por instrucciones del Presidente, la Secretaría da lectura a un punto de acuerdo, en el que la Cámara de Diputados asume el compromiso de precisar en las leyes reglamentarias de la materia, las facultades que el Congreso de la Unión deba tener en el otorgamiento de con cesiones o permisos en las áreas de comunicación vía satélite y ferrocarriles, a fin de garantizar la rectoría del Estado, proteger la seguridad y la soberanía de la nación, promover el beneficio social y proteger los derechos laborales.

También se da lectura a la proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto de la creación de una comisión especial de comunicación social, sus objetivos y sus alcances. Se aprueba en votación económica.

Presidencia del diputado Gustavo Salinas Iñiguez

El Presidente hace un resumen de los trabajos del periodo extraordinario y agradece la colaboración de los miembros de la mesa directiva, de todos los diputados y de los trabajadores de la Cámara de Diputados, para el buen desempeño de las tareas legislativas.

Puestos todos de pie, el Presidente declara: "Hoy, veintiocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, la Quincuagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, declara formalmente terminados los trabajos del primer periodo de sesiones extraordinarias, del primer receso del primer año de ejercicio, al que fue convocado por la Comisión Permanente."

La Asamblea autoriza a que el acta de esta sesión se dé por leída y que copias de la misma se distribuyan en los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

Agotados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión a las diecinueve horas con diecisiete minutos y se cita a la sesión de Congreso General que se llevará a cabo este mismo día.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 19:16 horas):

Se levanta la sesión de Cámara de Diputados y se cita para las 19:20 horas a sesión de Congreso General.

APENDICE 1

«Diputado Jesús Ortega Martínez.- Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con base en lo dispuesto por los artículos 56 de la Ley Orgánica y 88 del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos

VOTO PARTICULAR

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sobre el dictamen de la iniciativa de decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Compañeras diputadas;compañeros diputados:

Discutimos una iniciativa cuyo procedimiento legislativo y contenido son altamente cuestionables. Nos ocupamos de ella en el curso de un periodo de sesiones extraordinarias que la Carta Magna reserva para aquellos asuntos de obvia urgencia nacional que no puedan esperar los periodos ordinarios, con el objetivo de satisfacer la "inexplicable" premura presidencial, con la que coincide la alianza parlamentaria mayoritaria que impulsa esta transformación neural para nuestro sistema económico.

No ha esperado mucho Ernesto Zedillo para romper una de sus promesas de campaña por él rubricadas junto con el resto de los Veinte Compromisos por la Democracia: la de promover reformas constitucionales previa consulta pública y observando plazos mínimos de 30 días para su aprobación.

Nos oponemos a la reforma por su esencia, no porque añoremos el estatismo, sino debido a que no aprobamos el traspaso de la propiedad pública a socios y prestanombres eufemísticamente llamados sector privado, ni a capitales que lejos de satisfacer el interés nacional y las necesidades sociales, usufructúan la propiedad y los servicios públicos para su exclusivo beneficio y en detrimento del bien común.

Tanto de la iniciativa como de las discusiones senatoriales queda claro el carácter estratégico que juega la comunicación vía satélite. La evolución y la extrema importancia cobrada durante los últimos 10 años por las comunicaciones en la vida política y social de las naciones, torna especialmente preocupante la presente iniciativa. Las comunicaciones son hoy, más que nunca y a futuro, un elemento indispensable de la vida política de los pueblos y, como en el caso de México, un elemento fáctico primordial para el ejercicio de la soberanía popular establecida en el artículo 39 constitucional.

La privatización de la telecomunicación vía satélite, entraña un alto riesgo para la identidad nacional. De permitirse la injerencia privada en este sector, que como se perfilan los hechos sería indudablemente de origen norteamericano, se expondrá la cultura nacional al embate aún mayor de una comunicación cuyas orientaciones no coinciden ni histórica, política o socialmente con nuestro perfil de nación.

Si la soberanía es capacidad de decisión, y esta capacidad reside original y esencialmente en el pueblo, hoy día la disponibilidad de información es pieza vital de esa capacidad de decisión. Y, puesto que la tecnología de las comunicaciones depende señaladamente de los satélites, el dominio y empleo de éstos se convierte en asunto ya no de sólo interés general, o sola soberanía económica, sino de la soberanía política fundamental del pueblo mexicano.

Más aun: las perspectivas de la democracia en un país como México, atravesado por abismales diferencias de ingreso, integración social y educación, radican en gran medida en un sistema de comunicación social que contribuya a salvar dichas diferencias. Un sistema que cree para todos oportunidades iguales de acceso a la información y la comunicación y que limite la capacidad de las grandes entidades económico-políticas para imponer sus criterios.

Ante la crisis económica que vive el país, Ernesto Zedillo insiste en profundizar y avanzar en el modelo neoliberal de desarrollo que se ha puesto en práctica en el país desde hace 12 años, pese a que los cambios estructurales que caracterizan a éste no han impulsado ni el desarrollo ni la justicia social en nuestro país. Al contrario, ha provocado estancamiento económico y una mayor concentración del ingreso. En 1982, por ejemplo, los sueldos y salarios representaban el 40.3% del PIB, esta participación baja al 37.2% en 1988, para llegar al 23.5% en 1993.

Pieza clave de los "cambios estructurales" que han dado lugar al modelo neoliberal es la privatización de empresas y actividades esta tales.

En el proceso de privatización de actividades y empresas estatales que se ha realizado en México en los últimos años, se ha insistido siempre, como lo hace el presidente Zedillo en su iniciativa, en proponer la "participación social y privada". Esto es un eufemismo, pues en realidad la única participación que se ha logrado en la adquisición de empresas estatales es la de grandes corporaciones financieras del sector privado. A pesar de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en el sexenio pasado, de las 228 empresas vendidas sólo 23 fueron adquiridas por organismos del llamado sector social, y éstas fueron de las más pequeñas, ya que representan sólo el 2.2% del valor total de la venta de empresas estatales. En cambio, 15 grupos financieros adquirieron 91 empresas que representan más del 50% del valor total de las empresas privatizadas.

De los "motivos" argüidos en la iniciativa destaca el de la necesidad de modernizar Ferrocarriles. De lo afirmado por el Presidente en su iniciativa se derivan varias cuestiones: ¿a qué se debe el estancamiento, el abandono, el deterioro incluso de los Ferrocarriles Nacionales? Aquí hay una responsabilidad concreta de Gobierno que ha realizado una administración ineficiente de esta importantísima empresa nacional. Se debe hacer una evaluación y un juicio al respecto. Hay mucho que investigar al respecto: como los recursos gastados en la corrupcion de los líderes sindicales para ahogar la lucha de uno de los sectores obreros más combativos, las bajísimas tarifas en el arrastre de carga, a precios de subsidio, que benefician a las grandes compañías, principalmente norteamericanas y, últimamente, los gastos que se han tenido que hacer para despedir injustificadamente a trabajadores.

El tránsito de la gestión económica empresa pública a privada se ha posibilitado porque intencionalmente se ha dejado caer en el estancamiento a la empresa pública, para luego propalar la imagen de que toda empresa estatales, en sí misma, un fracaso. La iniciativa misma nos da la prueba de la responsabilidad que tienen las anteriores administraciones en el abandono del ferrocarril, y sin embargo, no se reconoce que el mal que la aqueja está en la gestión y no en el carácter estatal de esta empresa.

El pretexto de que el Gobierno no se hace ni se ha hecho cargo de la modernización en este sector para no "distraer recursos del gasto social" es un argumento muy bonito pero, falso. Ferrocarriles es una empresa que como a cualquier otra se le puede aplicar con una buena administración la ingeniería financiera para obtener recursos para su desarrollo y modernización que puedan pagarse íntegramente con el producto de su propia actividad. No se requiere que el Estado distraiga recursos de otra parte, si la empresa es rentable. Esta es la única condición. Condición que vale igual para el sector privado. Por definición una empresa rentable es capaz de autofinanciar su propio desarrollo.

Tampoco es cierto el supuesto de que al entregarse al sector privado se garantiza la modernización de Ferrocarriles. Al respecto tenemos el caso de los ingenios azucareros. Se privatizaron y, sin embargo, no hubo en ellos en términos generales ninguna modernización productiva. Recortaron personal e hicieron otras reducciones de costos para poder obtener una ganancia, pero casi en ninguno de ellos se han hecho las inversiones productivas necesarias para su modernización. ¿Qué tanto se avanzó en la modernización de la banca a partir de su reprivatización? Muchos bancos están ahora en una situación financiera tal, que si no los salva el capital extranjero, los tendría que salvar el Estado.

Es necesario reconocer que la privatización de empresas no ha sido ninguna panacea para la solución de los problemas financieros del país, ni del sector público ni del privado.

Uno de los objetivos expresos de la oleada de privatizaciones, que alcanzó las proporciones de un verdadero síndrome de ventas compulsivas privatización fue canalizar los recursos financieros que resultaran hacia el gasto social. Objetivo que no se cumplió ya que esos recursos se canalizaron a un llamado Fondo de Contingencia. Este fondo tenía como propósito ayudar a superar emergencias económicas, como la que hoy vive el país, pero tampoco pudo cumplir esta función. Al 31 de diciembre de 1993, por el producto de la venta de empresas, incluyendo los intereses, había ingresado a ese fondo la cantidad de 70 mil 852 millones de nuevos pesos. Este dinero se destinó en un 81% a amortización de deuda pública, y en un 7.2% al financiamiento que realizó el Gobierno de la pérdida cambiaria del sector privado, a través de Ficorca. El resto que queda a esa fe cha, 31 de diciembre de 1993, era de 8 mil 025.7 millones de nuevos pesos. Y cuando es talló de nuevo la crisis, en el Fondo de Contingencia ya no había prácticamente nada, 500 millones de nuevos pesos, ni el 1% de los ingresos captados por la privatización de empresas.

Los beneficios para el país de la participación de capital privado nacional y extranjero en las actividades relativas a las comunicaciones vía satélite son aún más dudosas. En este campo hay cuestiones muy importantes para la seguridad nacional y el desarrollo de servicios de comunicación de comunidades, y el desarrollo educativo y cultural del país. En la misma iniciativa se reconocen estas cuestiones y no obstante contrariamente a lo razonado, se propone la privatización.

El presidente Ernesto Zedillo se compromete, y habría duda que va a cumplir, a que en la propuesta legislativa que enviará posteriormente para regular la comunicación vía satélite, se cumplirán estos principios:

Primero. "El Estado mantendrá la rectoría en las comunicaciones vía satélite a fin de salvaguardar, en todo tiempo, la seguridad y los intereses soberanos de nuestra nación."

Si aquí existe algo que tienen que ver con la seguridad nacional, nosotros preguntamos: ¿La propiedad de las comunicaciones vía satélite en poder de capital extranjero no implica un peligro al respecto? ¿No es más seguro para el Estado garantizar la seguridad en este campo mediante el dominio directo del sistema de comunicaciones vía satélite, que mediante la reglamentación del mismo?

Segundo. "Los contenidos de las trasmisiones vía satélite deberán contribuir al fortalecimiento de los valores culturales y de los símbolos de nuestra identidad nacional."

Nosotros sabemos que el capital no tiene patria, lo único que le interesa es la ganancia, y la mejor muestra de lo que se afirma son las condiciones que pretende imponernos el Gobierno de norteamérica para darnos su aval. Si el Estado ya tiene bajo su control directo esos satélites y con ello puede garantizar esos valores, ¿qué necesidad hay de poner la conservación y el fomento de los valores de la cultura nacional en manos del capital, que siempre y por necesidad de los tiempos de globalización que vivimos será trasnacional?

Tercero. "Deberá mantenerse la disponibilidad de capacidad satelital, para las redes de seguridad nacional y la prestación de servicios de carácter social, como son la telefonía rural y la educación a distancia".

Nuevamente, para qué llegar a depender de terceras personas en el cumplimiento de funciones esenciales del Estado relativas a la seguridad nacional y a servicios comunitarios, si el instrumento para cumplir esas funciones ya se tiene en propiedad, y es ya rentable.

A no ser que con los recursos financieros que se podrían obtener de la enajenación de los satélites se vayan a resolver los problemas financieros del país. ¿De cuánto dinero se trata? Es siquiera algo cercano a los 40 mil millones de dólares que se están solicitando para enfrentar la actual emergencia de las flnanzas públicas?

La soberanía, como potestad del pueblo para autodeterminarse y autolimitarse, no sólo se sustenta en la viabilidad política para ejercerla, sino también, en la real capacidad económica de la nación para decidir su destino. Es por ello que las áreas estratégicas constituyen la base patrimonial de nuestra soberanía, y su privatización nos coloca en una situación de menoscabo de nuestra independencia.

En 1983, cuando se establecieron las áreas estratégicas, el Constituyente Permanente rechazó de forma categórica la participación de los particulares por considerarla incompatible con la rectoría de la economía.

El cuarto párrafo del artículo 25 constitucional, en la iniciativa de Miguel de la Madrid decía:

"El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas definidas por esta Constitución. Para un mejor cumplimiento de sus fines, la ley precisará las formas de participación social en estas áreas, conservando el Estado en todo tiempo el control sobre su conducción y operación.

"Al respecto, la comisión hizo un cambio en el texto propuesto a fin de señalar claramente que el Gobierno Federal mantendría siempre "la propiedad y el control sobre los organismos con que cuenta para atender las áreas estratégicas de la economía", y por tal razón en el dictamen de aquella Cámara de Diputados se estableció:

"Esta modificación a la iniciativa es consecuente con la doctrina constitucional mexicana, con el concepto del Estado como rector de la economía y con la responsabilidad política y social que la historia y las demandas populares han otorgado al Estado nacional."

Ahora, la responsabilidad del Estado intenta ser mermada con esta iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional, cuya autoría es de origen extranacional y carácter antinacional.

El origen de la iniciativa zedillista, lo encontramos indudablemente en el proyecto de Ley de Estabilización de México de 1995, enviada por la Casa Blanca al Senado y a la Casa de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en la sección 5, titulada: "Precedente de condiciones" en cuyo punto cinco se dice:

"El Gobierno central de México se compromete a implementar un programa de privatización para transferir empresas, actualmente propiedad o controladas por el Gobierno, a la propiedad privada."

Por ello, la promesa de Ernesto Zedillo de garantizar en la ley secundaria lo que pone en peligro con su reforma constitucional debe considerarse como un gancho para ingenuos...o para quienes no tengan empacho en legislar a ciegas. Incluso, dentro de la lógica zedillista, ningún parlamento respetable modifica la ley fundamental sin ver y negociar el resto.

En el debate que hoy sostenemos, es preciso adoptar un principio orientador, que a la luz de la experiencia en la administración pública de bienes y servicios y de lo que se pone en riesgo con el cambio constitucional que el Ejecutivo impulsa, nos lleve a la formulación de una adecuada resolución.

Este principio radica en reconocer de entrada la naturaleza del problema, acotando las soluciones que se le han dado en otros tiempos, destacando los errores y ponderando los aciertos. Y el problema es de orden político.

Antes de dar curso a esta iniciativa, debemos partir de la discusión de la reforma del Estado, de la transformación de las estructuras políticas que nos puede llevar a diseñar un nuevo modelo de toma de decisiones, en donde pese la representación popular y la intervención ciudadana en los asuntos públicos.

Cómo decir hoy sobre un patrimonio que no es nuestro, que pertenece a generaciones presentes y futuras, con un sistema que excluye la intervención del titular de esos derechos. De entrada, nuestra discusión está ayuna de participación social.

En conclusión, sostenemos el criterio de mantener a Ferrocarriles y a la Comunicación Satelital como áreas estratégicas de la actividad nacional, en el mismo nivel en que lucharíamos por mantener el precepto que establece que la soberanía radica en el pueblo y que todo poder dimana de él.

Por las anteriores consideraciones, sometemos al pleno de esta cámara el siguiente

PROYECTO DE RESOLUCION

Unico. Se desecha la iniciativa presidencial de decreto de reforma al párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la que propone excluir a Ferrocarriles y a la Comunicación vía satélite de las áreas estratégicas que se encuentran bajo control exclusivo de la nación.

Rúbrica.»