Sumario
Para expresar sus opiniones, hacen uso de la palabra los diputados:
Joaquin Húmberto Vela González
Jesus J. Ortega Mátínez
Fernando Antonio Lozano Gracia
José Natividad González Paras
Honores de ordenanza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.
Hace uso de la palabra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.
Presidencia del diputado
Humberto Roque Villanueva
ASISTENCIA
El Presidente del Congreso: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de diputados.
El secretario diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los diputados.
Señor Presidente, hay una asistencia de 490 diputados.
El Presidente del Congreso: Se ruega a la Secretaría de la honorable Cámara de Senadores, proceda a pasar lista de asistencia.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los senadores.
Hay una asistencia de 125 senadores.
El secretario diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández: Señor Presidente, hay una asistencia de 490 diputados y 125 senadores. Hay quorum de Congreso General.
El Presidente del Congreso (a las 9.15 horas): Se abre la sesión de Congreso General.
DECLARATORIA DE APERTURA
El secretario diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández: Se suplica a todos los presentes ponerse de pie.
El Presidente del Congreso: El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, abre hoy, 1o. de noviembre de 1994, el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, del Primer Año de Ejercicio de la LVI Legislatura.
COMISIONES DE CORTESIA
El Presidente del Congreso: En virtud de que cada una de las cámaras al instalarse designó las comisiones de cortesía a que se refiere la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, esta Presidencia ruega a los legisladores integrantes de las mismas, procedan en su oportunidad a cumplir con el cometido asignado por sus cámaras.
Ruego a la Secretaría dar lectura a la relación de los integrantes.
El secretario diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández: Para acompañar al Presidente de la República de su residencia al recinto del Congreso, se designa a los siguientes senadores: Hugo Andrés Araujo de la Torre, Miguel Alemán Velasco, Víctor Manuel Tinoco Rubí, Luis H. Alvarez Alvarez, Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Augusto Gómez Villanueva, Dionisio Pérez Jácome, Salvador Hernández Vélez, Cecilia Romero Castillo, Guillermo Luján Peña y Marcos Carlos Cruz Martínez.
Para recibir al señor Presidente de la República en el acto de apertura de sesiones del Congreso, senadores: Manuel Cadena Morales, Gustavo Carvajal Moreno, José Murat, Emilio Goicochea Luna, Ernesto Navarro González; diputados: Ismael Orozco Loreto, Tito Rubén Cruz, Eric Rubio Barthell, Fructuoso López Cárdenas, José Manuel Meléndez Franco, Horacio Pereznegrón, Rodolfo Elizondo Torres, José Iñiguez Cervantes, José Narro Céspedes e Isidro Muñoz Rivera.
Para acompañar al señor Presidente, del recinto del Congreso a Palacio Nacional, después de la lectura del informe, senadores: Fernando Ortiz Arana, Gabriel Jiménez Remus, Héctor Sánchez López, María de los Angeles Moreno Uriegas, José Luis Soberanes Reyes; diputados: Juan José Osorio Palacios, José Ramírez Gamero, Francisca Ana Krauss Velarde, Ricardo García Cervantes, Jorge Dávila Juárez y Alberto Anaya Gutiérrez.
ARTICULO 8o. DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente del Congreso: Sírvase la Secretaría dar lectura al artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández: Artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: "El 1o. de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.
Antes del arribo del Presidente de la República, hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de 15 minutos.
El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República presente su informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores.
Las cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.
Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al Presidente de la República para su conocimiento."
INTERVENCIONES PARTIDISTAS
El Presidente del Congreso: Por lo tanto, harán uso de la palabra, los siguientes legisladores: Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Antonio Lozano Gracia, del Partido Acción Nacional y José Natividad González Parás, del Partido Revolucionario Institucional.
En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Joaquín Humberto Vela González.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Honorable Congreso de la Unión; pueblo de México; señoras y señores: Carlos Salinas de Gortari rendirá en unos minutos su último informe de Gobierno. Inició su mandato fuertemente cuestionado en su legitimidad, lo terminará en medio de una profunda crisis social y política cuyo epicentro está en Chiapas, pero no se limita a esta entidad y cercado por los antagonismos y la corrupción al interior del aparato que lo llevó al poder: el partido gubernamental. La conjunción de la crisis, sumada a los límites y a las contradicciones de la política económica practicada, amenazan con provocar una situación de consecuencias impredecibles.
La meta de la administración fue impulsar la modernización del país y el combate a la miseria. ¡A partir de esto se le debe juzgar! Entre 1989 y 1994, la administración saliente obtuvo importantes avances. Durante una parte del sexenio, logró mantener un crecimiento relativo de la economía, a diferencia de la administración anterior; saneó las finanzas públicas; consiguió reducir la inflación, reinsertar una parte del aparato productivo en el mercado mundial y moderar el derrumbe de la inversión y del gasto social.
Pero, la modalidad que el Gobierno le impuso a la reestructuración, condujo a la concentración de los beneficios en manos de una nueva oligarquía de grandes financieros, en detrimento de la mayoría de trabajadores, campesinos, pequeños y medianos empresarios y con una creciente masa de desempleados y subempleados. Este sexenio se recordará como el que inicia la transición a un nuevo proyecto de nación, pero cuyos primeros resultados han sido la aparición de unos pocos nuevos ricos y la generalización de la miseria social.
Esta modalidad, cupular y excluyente, de modernización, se materializó con la privatización de innumerables empresas estatales, la desregulación económica, la reconversión productiva y la apertura externa sin límites.
Aunque el régimen abrazó la idea de que el mercado es el supremo regulador económico, las políticas supuestamente de mercado generaron enormes distorsiones de ese mercado y favorecieron la formación de grandes monopolios. El ejemplo más claro lo hallamos en la intermediación bancaria sustentada en intereses usureros, que estrangulan el consumo, a los medianos y pequeños productores de la industria y del campo y que han provocado la aparición de una enorme cartera vencida, problema que va a cargar el próximo Gobierno.
Pareciera que la globalización es el camino obligado para una nueva fase del desarrollo mundial. La firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, es un ejemplo y establece condiciones que podrían facilitar el crecimiento de la economía nacional. Sin embargo, hay hechos que permiten dudar que el tratado que se firmó haya sido el más beneficioso para México. Ejemplo de ello es que dejó de lado problemas de tanta importancia como los derechos de los trabajadores inmigrantes, problema que hoy se ha agudizado con la propuesta 187 del gobierno californiano y frente a la cual la actitud gubernamental ha carecido de firmeza y no cuenta con el auxilio de instrumentos legales que debieron ser incluidos en el tratado.
Si bien la globalización afecta parcialmente la soberanía de las naciones, esto no justifica la adopción de criterios comerciales de corto plazo para regir la política exterior, ni la falta de defensa consecuente de los principios de no intervención y respeto a la soberanía de las naciones, que durante décadas rigieron acertadamente la política exterior mexicana.
En lo que respecta al campo, la convergencia entre el derrumbe de los precios internacionales, las tasas usureras de interés y la apertura externa, han tenido consecuencias verdaderamente devastadoras. Las modificaciones al artículo 27 constitucional que pretendían remediar la falta de inversión productiva y abrir las puertas al capital privado, han demostrado su ineficacia. El sacrificio del derecho de los campesinos a la tierra ha sido inútil. El problema agrícola sigue pendiente en la agenda nacional.
Como resultado de la política del régimen, la economía nacional tiende a fracturarse entre un reducido núcleo muy próspero de grandes empresas internacionalizadas y otro en crisis, formado por la mayor parte de las empresas nacionales.
La propia recuperación económica alcanzada en 1990 y 1991, tendió a agotarse rápidamente y dio paso a una recesión que cuestiona severamente la forma en la que se ha pretendido llevar al cabo la modernización, privilegiando la especulación financiera y bursátil, que busca la obtención de ganancias rápidas y elevadas, en detrimento de la inversión productiva de mediano y largo plazos.
Si en el plano económico la promesa gubernamental de modernización no se cumplió cabalmente, menos logró hacerlo en los planos social y político.
En el curso del sexenio la población que vive en la miseria extrema aumentó a niveles sin precedentes. Otro sector, igualmente importante, simplemente se encuentra en el límite de la miseria.
El desempleo y el subempleo, según datos del Banco de México, alcanza ya el 23% de la población económicamente activa. Las políticas del régimen impidieron una recuperación salarial generalizada, demostrando que en México cada vez se trabaja más y se gana menos.
El poder adquisitivo del salario mínimo representa ahora menos de la mitad que en 1982. Las dos terceras partes de la población vive con un ingreso comprendido entre uno y dos salarios mínimos. Todo esto sin hablar de la inmensa cantidad de personas que sobreviven en la llamada economía informal o subterránea. Frente a estas realidades se alzan las inmensas fortunas acumuladas en dos sexenios por 24 supermillonarios.
Además, enfrentamos el enorme rezago educativo que da como promedio para nuestra población un cuarto año de primaria. En estas condiciones, evidentemente, nuestros trabajadores no están capacitados para enfrentar los retos de una tecnología más avanzada y una competencia feroz por el mercado mundial. Estamos también ante la degradación de las instituciones y equipos de salud y la crítica situación laboral de médicos y trabajadores de todos los niveles.
El Programa Nacional de Solidaridad representó una mejoría frente a la nula política social del sexenio anterior, aunque fue un programa asistencial insuficiente. Sólo abarcó a ciertos núcleos de la población, fomentó poco la organización productiva y careció de mecanismos de control popular e institucional que impidieran su manipulación política y su centralización.
A los rezagos tradicionales en el ámbito social, se ha sumado la inseguridad pública provocada por la corrupción de una parte del aparato judicial y la ausencia de una política eficiente de seguridad pública. Esta situación se ha agravado por una de las lacras del fin de siglo: el narcotráfico. Las elevadas ganancias que acompañan a esta ilícita actividad han permitido que se acentúe la corrupción de algunos cuerpos policiacos, de parte del aparato judicial e incluso ha permeado el ámbito político. Por encima de tabúes y prejuicios deben buscarse soluciones nuevas que nos permitan combatir a los delincuentes más organizados y poderosos de la historia mundial.
Mientras que el Gobierno daba pasos para transformar la economía, en la política sólo con la presión social se realizaron tres reformas electorales, mismas que no cumplieron cabalmente las demandas democratizadoras, como se evidenció durante el proceso electoral de 1994, donde perduraron las condiciones inequitativas para la competencia electoral en beneficio del partido oficial. Irregularidades y vicios mancharon la limpieza del proceso. Para el futuro, la discusión de cualquier tipo de reformas debe ser incluyente, incorporando a todas las fuerzas políticas y no sólo a dos o a tres, invitan al PRD.
El presidencialismo prácticamente no tuvo contrapesos ni controles. El federalismo fue avasallado, baste señalar, que más de la mitad de los gobernadores de las entidades fueron interinos, designados al margen de la voluntad popular.
La estabilidad política, tan necesaria para el desarrollo económico del país, ha sido rota, tanto al interior del partido oficial, como en la sociedad. Si el asesinato de Luis Donaldo Colosio pudiera hacer pensar a algunos que se trató de un hecho aislado, la ominosa muerte de José Francisco Ruiz Massieu demostró que los conflictos al interior del sistema han rebasado los marcos de la política para ubicarse en el peligrosísimo terreno de la violencia. Nadie puede alegrarse de esto. Al contrario, constatamos con preocupación que la prolongación del sistema político actual pone en riesgo la paz del país.
La rebelión indígena y campesina de Chiapas expresa el grado extremo a que han llegado las contradicciones sociales en el país, representa una lucha contra injusticias ancestrales, agudizadas por la falta de reformas sociales y políticas en la entidad y por el abandono relativo de la Federación. Hoy existe una tregua precaria acordada certeramente por las partes, pero persiste el peligro de una guerra civil. El conflicto chiapaneco requiere una urgente solución social y política, que parta del justo reconocimiento de las demandas de los oprimidos y explotados. Para el bien del país no hay otra alternativa.
La compleja y crítica situación nacional nos obliga a entender que no pueden demorarse más las reformas democráticas anunciadas tantas veces, pero siempre frustradas. Estamos en una encrucijada histórica de inmensa trascendencia. Asumiendo su compromiso con los trabajadores y los ciudadanos, el Partido del Trabajo sostiene que es imperiosa la reforma democrática del Estado, la reorientación de la política económica para que los beneficios de la modernización incluyan a las mayorías y la más amplia participación de la sociedad en todas las cuestiones que le son vitales.
La reforma democrática del Estado debe comprender una legislación y práctica electorales libres de cualquier duda; la reforma profunda del Poder Judicial, que garantice su real independencia y la vigencia del estado de derecho; el restablecimiento del equilibrio entre los tres poderes con la dignificación del trabajo legislativo y la desaparición del excesivo poder presidencial; el respeto a la soberanía de las entidades federativas y municipales, garantizándoles la obtención de los recursos necesarios para su desarrollo; la separación entre el partido oficial y el Gobierno y la garantía de la organización independiente y libre de los tra bajadores del campo y la ciudad.
No puede continuar la modernización del aparato productivo sacrificando a los trabajadores.
El Partido del Trabajo sostiene que para elevar el nivel de vida de los mexicanos, se necesitan más empleos, mejores salarios y la urgente capacitación de los trabajadores. Sólo es productivo un pueblo con una educación sólida y un nivel de ingresos digno.
Para lograr la reforma democrática del Estado, es indispensable la amplia participación ciudadana. Para convertir a México en un país económicamente moderno, es indispensable la participación consciente y activa de los que crean la riqueza social. Estas reformas deben incluir a las diferentes expresiones de la sociedad.
Tenemos presentes a los indígenas mexicanos, siempre discriminados, siempre marginados, siempre oprimidos. Hoy reivindican la dignidad que se les ha negado y exigen el respeto de toda la sociedad. Si queremos en verdad democracia, debemos reconocerlo así.
Las modificaciones al artículo 4o. constitucional y sus leyes reglamentarias, deben recoger las iniciativas de las propias comunidades indígenas. Es necesario reconocer la inmensa deuda que todos los mexicanos tenemos con ese sector de nuestra sociedad.
Cuando la violencia política toca a nuestras puertas y la crisis del sistema político obsoleto es evidente, es obligación de todos los mexicanos contribuir a encontrar los mecanismos de transición a un nuevo sistema político.
El Partido del Trabajo convoca a todas las fuerzas políticas y sociales a iniciar con rapidez el diálogo nacional que garantice a nuestro pueblo libertad, justicia, democracia y vida digna.
El Presidente del Congreso: Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez.
El diputado J. Jesús Ortega Martínez:
Señor Presidente; señoras y señores diputados; señoras y señores senadores: Hoy, como lo manda la Constitución, el encargado del Poder Ejecutivo deberá presentar ante esta representación, el informe de sus gestiones durante el sexto año de su Gobierno.
Bien. Se ha iniciado la sesión de Congreso General, pero el informante no está presente. Lo que sucede, es que el encargado del Poder Ejecutivo de la República, con arrogancia de monarca, no se digna escuchar de frente lo que los diputados y senadores opinamos sobre su gestión.
Esta actitud de desprecio a los representantes populares, demuestra la intolerancia que más allá de las palabras ha caracterizado al sistema político mexicano y define con nitidez lo que fue durante seis años el Gobierno de Salinas de Gortari.
Así, cuando en unos minutos terminen los discursos de los diputados, veremos nuevamente el fastuoso ritual apenas digno de su serenísima Antonio López de Santa Anna, pero muy lejano, abismalmente lejano de la sobriedad republicana de don Benito Juárez, al que con ese espectáculo se le deshonra, aunque su nombre aparezca aquí mismo en letras de oro No, hoy no tendremos el cumplimiento de la obligación de que el Presidente rinda cuentas ante la representación nacional; más que eso, lo que observaremos es a un hombre que intentará justificar seis años de un Gobierno que mal comenzó y muy mal está terminando.
El actual Gobierno se constituyó sobre un crimen de lesa patria, esto es, sobre la burla a la voluntad popular expresada el 6 de julio de 1988 y hoy está terminando con inauditos asesinatos que agravian la conciencia nacional.
El 1o. de diciembre de 1988, un diputado decía ante esta representación que el origen de este Presidente y de su Gobierno fue ilegítimo y lo seguiría siendo hasta el fin de los tiempos. Con esto sólo estaba rescatando el principio básico de nuestra Constitución, aquel que establece que todo poder público legítimo sólo puede dimanar de la voluntad soberana del pueblo.
Por lo tanto, ni grados de honoris causa negociados, ni pleitesías compradas, ni falsos reconocimientos, ni sobornando conciencias, ni aun maquillando los libros de historia de nuestros escolares, con nada de esto se logrará la legitimidad que no se pudo conquistar en las urnas.
Pero seamos prácticos, dirán los infaltables palafraneros. ¿Para qué sirve hablar de legitimidad si tuvimos un gobernante que logró controlar la inflación y también, que no se olvide nadie, seis años de estancamiento económico y de creciente desigualdad? Para qué reclamar ahora legitimidad si Salinas de Gortari llevó a México a ingresar al club de los países ricos y, también a que tengamos a más de 8 millones de desempleados, más de la mitad de los mexicanos en la pobreza y de ésos, cuando menos 20 millones viviendo en condiciones de extrema pobreza.
Para qué demandar elecciones limpias que legitimen el poder público, si Salinas logró que haya 24 mexicanos en la lista de los 100 hombres más ricos del mundo y, también logró que esos 24 ganen en un año, lo mismo que ganan 25 millones de mexicanos.
Lo que cuenta, dirá la infatigable servidumbre, es que con Salinas acordamos el TLC y, también se logró que en seis años quebraran miles de grandes, medianas y pequeñas empresas y que se tenga en la más desesperante agonía a 15 millones de campesinos y productores agrícolas.
Necedades de la oposición, porque Salinas conquistó autoridad y prestigio en el mundo, dirán otros, pues hasta una afamada revista extranjera lo nombró hombre del año y también Salinas logró que en el preciso momento en que esté frente a las cámaras de televisión, en ese exacto momento, se están muriendo de hambre los niños en la sierra tarahumara.
Yo me pregunto si después de ver las dramáticas escenas de los niños rarámuris falleciendo de inanición y las de los tojolobales muriendo de enfermedades gastrointestinales y los de otros miles y miles de niños desnutridos, podrá Salinas portar sin rubor la medalla que le otorgó la UNICEF por su labor en favor de la niñez mexicana.
Esta es la realidad que hace caer estrepitosamente los castillos que sobre la propaganda construyó el actual Gobierno; éste es el dramático contraste entre los logros ficticios y los hechos lacerantes de su gestión económica.
¿Y qué sucedió con la administración de justicia y con las promesas de garantizar seguridad en las vidas y el patrimonio de los mexicanos? Ciertamente el servilismo y la complicidad anulan toda memoria, pero frente a esta especie de arteriosclerosis colectiva en la corte, tercamente una pregunta recorre este recinto y el país entero: ¿ quién y por qué razones asesinó a Luis Donaldo Colosio?, ¿ quién a José Francisco Ruiz Massieu? La pregunta aún se queda sin respuesta, aunque no sin sospecha. Esos asesinatos, como también el del cardenal Posadas y los crímenes de decenas de periodistas y los de otros cientos de ciudadanos anónimos y los de los 290 perredistas, quedan, junto con las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, como marca indeleble en la historia del régimen que hoy despedimos.
Crímenes sin castigo, atropello a los derechos humanos, secuestros, corrupción que ahoga a la nación, narcotráfico asociado al poder político, corporaciones policiacas que más actúan como reguladoras del productivo negocio del tráfico de estupefacientes que de protectoras de la sociedad; jueces e instituciones públicas y financieras cómplices de las mafias, todo esto es el triste legado del actual Gobierno en materia de justicia. Nunca hubo mayor paradoja.
En seis años tuvimos tres reformas políticas y aún seguimos necesitando una verdadera. ¿ Por qué todos los sectores del país están ahora demandando esa reforma política? Porque durante el sexenio sólo se cambió la ley para que todo en esencia quedara igual y en algunos aspectos peor.
En la última elección el Gobierno continuó apoyando ilegalmente con recursos públicos de todo tipo a los candidatos oficiales; el Gobierno continuó controlando para beneficio de sus candidatos, el aparato organizador de las elecciones, prosiguió utilizando ilegal e inequitativamente los medios masivos de comunicación puestos al servicio del partido oficial y de las razones de estado, para calumniar a los candidatos opositores y desinformar a la población. Hubo de todo esto y sin embargo hay comparsas que para ocultar el latrocinio, afirman que todo ello no alteró el resultado electoral.
Tres cambios y ninguno verdadero, pues en México seguimos padeciendo un régimen de partido de estado y un sistema a cuya naturaleza el fraude es connatural e indispensable para su sobrevivencia. No habrá elecciones au ténticas en este país y por lo tanto tampoco habrá poderes públicos plenamente legitimados, mientras persista el sistema de partido de estado y ésa es la principal causa de la inestabilidad política y social que vive el país.
No debe engañar a nadie esta faraónica ceremonia, que simplemente hace ver la gastada eficiencia de los tramoyistas políticos. Recuerden las fiestas del Centenario de la Independencia.
El sistema político mexicano está en crisis irreversible. Los lamentables asesinatos políticos, el desprestigio de la autoridad pública, la guerra en el sur, los fraudes en las instituciones financieras y el narcotráfico invadiendo las entrañas del Estado, son sólo la evidencia de un intenso proceso de descomposición del sistema político.
¿Alguien es tan ingenuo para pensar que la guerra en Chiapas es resultado de la acción de un grupo de desestabilizadores y que se le pue de controlar aislándola o terminar el conflicto distribuyendo despensas o repartiendo cheques de Procampo? ¿Alguien es tan necio para pensar que el conflicto en Chiapas puede terminar con una acción militar y que no se reproducirá en otras regiones del país, simplemente creando a la nueva brigada blanca, como lo es la Coordinación Nacional de Seguridad? No, la guerra en Chiapas y la existencia de grupos guerrilleros en otras partes del país y los "ya basta" de pueblos enteros que a la manera de Fuenteovejuna se hacen justicia por mano propia y la indignación de capitalinos que incendian patrullas como recurso desesperado ante la arbitrariedad de las autoridades, son sólo consecuencia de la indiferencia del Gobierno ante la indefensión en que se encuentran los ciudadanos cuando se atenta contra su vida, sus derechos y su patrimonio. Resultado de la permanencia de este sistema antidemocrático y profundamente injusto, que permite que mientras millones de mexicanos apenas sobreviven, 300 familias concentren la mayor parte de la riqueza nacional.
Se estará cometiendo un error de graves consecuencias si se piensa que en las pasadas elecciones los ciudadanos sufragaron porque se mantenga el mismo estado de cosas. No se autoengañen, las cifras son sobre todo resultado de una contienda electoral inequitativa y fraudulenta. ¡No!, la gran mayoría de los mexicanos demandamos el cambio profundo y lo queremos sin confrontaciones, en la paz y de ser posible, con el diálogo constructivo entre las diversas fuerzas políticas del país.
México está demandando transformaciones y sólo atendiendo a esta exigencia es como se encontrarán las grandes respuestas a los grandes problemas nacionales. Ya no sirven los cambios superficiales y los reacomodos de intereses; debemos estar dispuestos, principalmente el Gobierno, a encarar y lograr una verdadera reforma democrática del Estado mexicano, de tal alcance que conduzca en primer lugar a terminar con el sistema político de partido de estado y orientar al país a la construcción de un auténtico régimen democrático de partido.
La transición hacia la democracia es la gran asignatura pendiente que tenemos en el marco de esta gran reforma nacional, que requiere terminar con el presidencialismo casi absolutista para recuperar y enriquecer un sistema de verdadero equilibrio entre los poderes, que garantice el verdadero federalismo, la autonomía municipal y la participación permanente de los ciudadanos en los asuntos públicos.
La nación ya no resiste un Poder Judicial dependiente del Ejecutivo y por ello mismo ineficiente. Tampoco se puede consentir que el Poder Legislativo siga actuando sólo como legitimador de las decisiones presidenciales. Debe recuperar su independencia, para que ejerciendo plenamente sus facultades constitucionales, sirva de indispensable contrapeso político.
El destino del país no puede estar más en las manos de un solo individuo. La otra gran decisión que se deberá adoptar en el periodo inmediato, es la de detener el acelerado proceso de polarización social, poniendo en práctica cambios sustanciales en la política económica, que permitan la reactivación de nuestra estructura productiva y al mismo tiempo logren una justa distribución del ingreso nacional.
No pretendemos, como ligeramente piensan algunos, volver al pasado. Tenemos puesta la mirada en el futuro, pero en un futuro en el que esté plenamente asegurada una vida digna para todos los mexicanos. Un futuro que aliente la creatividad, que afiance los espacios de nuestra soberanía y que defienda nuestra dignidad y preserve nuestros recursos.
Aquí está nuestro balance a seis años de un Gobierno que fue incapaz de encontrar respuestas efectivas a los grandes y graves problemas nacionales, pero también aquí está de nueva cuenta nuestra propuesta para contribuir a lograr una sociedad justa y democrática. No modificaremos nuestra actitud de congruencia con nuestros principios y como antes, ahora también combatiremos cualquier acción que violente la ley y afecte los derechos y los intereses del pueblo de México.
Por ello mismo mantenemos nuestra crítica y ofrecemos nuestra propuesta en el rumbo de construir un nuevo país. Gracias por su atención.
El Presidente del Congreso: Tiene la palabra el diputado Fernando Antonio Lozano Gracia.
El diputado Fernando Antonio Lozano Gracia:
Gracias, señor Presidente; honorable Congreso de la Unión; distinguidos invitados; pueblo de México: Una vez más comparecemos ante esta tribuna, la más alta de la patria, para expresar nuestro sentir, nuestro mensaje, nuestra propuesta, nuestro compromiso.
Una vez más, al inicio de un periodo de sesiones, hacemos profesión de fe en México, en su pueblo, en su destino.
Una vez más, ante todos los mexicanos, queremos refrendar nuestro compromiso de lucha por alcanzar la patria, generosa y justa con sus hijos y comprometida y solidaria con todos los pueblos de la Tierra.
Puesto que en unos momentos escucharemos el VI Informe de esta administración, esperaríamos que fuese un análisis sereno y objetivo del trabajo realizado, que por ser el último presente un balance ponderado de los seis años que transcurrieron y, de acuerdo con los requerimientos de cambio, contenga la verdad, que es en estas circunstancias en sí misma muestra de cambio y puede ser cimiento de una nueva relación entre pueblo y autoridad.
Estamos viviendo una nueva etapa en la vida política del país. El destino nos ha alcanzado con requerimientos inaplazables. El Siglo XXI ya comenzó en México, porque los siglos no inician con el calendario; comienzan con los cambios fundamentales y el rompimiento de estructuras caducas y asfixiantes para una sociedad que quiere evolucionar, que anhela arribar a mejores estadios culturales, políticos, económicos y sociales.
Hoy percibimos, con toda claridad, esa actitud de cambio de los mexicanos, gran exigencia a las autoridades y hacia ellos mismos, mayor compromiso y amplia participación. Prueba de ello, se ha dicho ya cientos de veces, es la votación del 21 de agosto que muestra, sin dudas, la exigencia de cambio.
Los resultados preliminares de la votación nacional para la elección de presidente de la República, establecen que ningún partido obtuvo la mayoría absoluta de los votos. Ello implica la necesidad de fortalecer la unión de los mexicanos a través de consensos, mediante el trabajo político y por el ejercicio mismo de la democracia.
Nuestro problema consiste en que no hemos logrado un régimen plenamente democrático y la realidad impone ya vivir en democracia.
Sólo la conciencia plena de la responsabilidad que todos compartimos, autoridades, partidos políticos, medios de comunicación, grupos económicos y el pueblo todo, puede ser base firme para lograrlo.
En Acción Nacional tenemos claridad de que el problema toral de nuestro país es la existencia de dos Méxicos, el México formal y el México real, en ocasiones de una realidad lacerante que durante mucho tiempo se avino con la indiferencia o bien con la inconformidad callada, generada por el convencimiento de la imposibilidad de cambio, por fortuna ambas circunstancias quedaron superadas.
Esta dualidad perversa que por desgracia cruzó todas las instituciones que tan caro han costado a nuestro país, por ejemplo, el discurso hablaba de justicia social, empero en la realidad muestra a 40 millones de desposeídos, no de pobres, porque nuestro país tiene innumerables riquezas que a todos pertenecen. La proclama era la estabilidad política, sin embargo la realidad nos refleja una paz no fincada en la justicia ni en la aceptación expresa del pacto social fundamental.
El orden normativo define una república democrática, federal, con clara división de poderes, estados autónomos, municipios libres. En realidad, vivimos todavía un sistema centralista que no ha querido reconocer límites.
Los legisladores de Acción Nacional proponemos hoy una definición clara y terminante, optar por el estado de derecho, optar por el valor de las instituciones, optar por nuestra historia con todos los claroscuros que tiene un devenir humano. Optemos por la ley, que salvaguarda los valores que refrendan la cuestión nacional. Optemos, señoras y señores, por lograr la transición pacífica hacia la democracia, para poder vivir en paz, con justicia y en libertad.
Hemos pugnado durante muchos años con lealtad y honestidad por elevar el orden normativo, tratando de que coincidan realidad y régimen jurídico. Hemos tratado durante todo este tiempo de llevar a cabo una reforma legal que preserve valores, los valores tan caros al pueblo de México.
En Acción Nacional hemos luchado por el voto de la mujer, por la libertad y propiedad del campesino, por un salario justo que exprese la dignidad del trabajo, por el respeto y la libertad del ejercicio de credo de los mexicanos, por la instauración de un verdadero y profundo sistema de seguridad social, por el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos, porque los funcionarios públicos enfrenten su responsabilidad oficial, por la humanización de la economía, por la vida, por el respeto a los derechos humanos.
Ahí están las propuestas, ahí están las iniciativas, ahí está la crónica de nuestra lucha, ahí está también por desgracia la crónica de la cerrazón y de la intransigencia.
Nuestra lucha no ha sido inútil, ha dado frutos importantes, tal vez el mejor de ellos logrado a través de la insistencia de Acción Nacional durante sus 55 años de vida, es el convencimiento de que el camino de cambio, de mejoramiento, es el ejercicio del poder ciudadano expresado a través del voto, que no lo es todo en una democracia, pero sí es el principio de todo.
Siempre hemos entendido que la lucha no es fácil ni el camino corto, hemos trabajado al lado de quien debíamos de trabajar: el pueblo de Méxic,o que cada vez más nos da un claro y decidido apoyo.
Carlos Castillo Peraza en su obra El ogro antropófago acota: "Cuando se dice política, se dice vida en sociedad y quien dice vida en sociedad dice cuando menos dos cosas: armonía entre sus miembros y finalidad del conjunto". Esto significa, que la justicia social, cuyo objeto es el bien común, sólo puede lograrse cuando la autoridad encabeza la búsqueda de la armonía. No pueden obtenerse los fines de la política sin un orden social.
La misión es lograr un auténtico estado nacional y de derecho. Concebimos a los poderes de la Unión con una real y respetuosa división, en la que cada uno ejerza cabalmente y conforme a la ley la importante función estatal encomendada y en colaboración actúen con absoluto respeto a sus facultades y límites, sólo así tiene sentido la división que la Constitución estatuye.
Entendemos al federalismo como la concurrencia en el interés de todos y el respeto a los ámbitos estatales a fin de que con armonía, pero también con autonomía, se actualicen y se potencialicen todas las posibilidades que tienen los rincones del país y se establezca como primera lealtad del gobernante, su responsabilidad con el pueblo y no la complacencia y sumisión hacia el centro.
Creemos que en el municipio de manera natural, se da el primer espacio democrático, por ello rechazamos los cacicazgos y los controles estatales y del Ejecutivo Federal que ahogan democracia, progreso y libertad. Reiteramos nuestra exigencia de una coordinación fiscal distinta; es decir, equitativa, que se finque en la colaboración y propicie el avance; debe terminar la injusticia y los controles legales y extralegales que hoy se ejercen a través de montos, tiempos y formas de las participaciones fiscales que repercuten en contra de estados y municipios.
La reforma del Poder Judicial es el paso necesario para crear un verdadero estado de derecho, pues no puede concebirse el equilibrio que da el ejercicio de la función jurisdiccional realizada de manera autónoma y congruente con su propia naturaleza.
El Congreso de la Unión, desde este momento debe ser el motor y centro del debate político nacional. Es aquí donde debe iniciarse un cambio profundo, por ende, es necesario enviar, desde hoy, un mensaje claro al pueblo de México. Pensamos que es derecho del ciudadano enterarse de lo que aquí ocurre, por ello pedimos difusión amplia a nuestro trabajo para corresponder a ese derecho. Creemos que todo mexicano debe tener la posibilidad de conocer de la actividad legislativa, así como del sentido del voto de cada uno de los legisladores.
Para que una institución tenga veracidad, necesita la identificación, el sentido de pertenencia, de continuidad y de reflejo con lo que anhelan, sienten y piensan los mexicanos. Que todos, pero fundamentalmente los legisladores de la mayoría, entiendan y se responsabilicen de la trascendencia histórica que significa la LVI Legislatura.
Durante mucho tiempo, hemos demandado la vigencia real del régimen democrático y sabemos bien que esto no podrá darse mientras prevalezca lo que hemos llamado el sistema político: prácticas al margen o en contra de la ley. Es cuestión inaplazable, la separación auténtica y total del PRI y el Gobierno. Lo que hoy es materia de discurso debe traducirse en hechos concretos y comprobables; esta realidad antidemocrática ha sido obstáculo insuperable para una verdadera transición democrática.
Estamos terminando un proceso electoral trascendente, marcado sobre todo, por una presencia ciudadana sin precedentes. El proceso registró importantes avances que por lo demás constituyen logros de la oposición. En este proceso, los ciudadanos reconocieron la posibilidad de la alternancia en el poder; pero, por otra parte, y precisamente por esa competitividad electoral, el sistema cerró sus controles y reprodujo condiciones gravemente injustas en la contienda. En este proceso, las condiciones de lucha fueron evidenciadas precisamente por el interés que demostró el pueblo de México a través del cual se obtuvieron datos objetivos e incuestionables.
La realidad quedó al desnudo, el sistema entró en contradicción con su propia circunstancia y discurso político, se niega a transformarse y recurre a las viejas prácticas que se suponían ya superadas.
La contienda electoral llevada a cabo precisa por supuesto un análisis profundo de la totalidad de todas sus etapas, desde la preelectoral, que debe estar marcada por la equidad y que incluye el financiamiento a partidos y, los topes a los gastos de campaña, las condiciones de acceso a los medios de comunicación que corresponden al derecho a la información; en ambos rubros, se produjeron condiciones gravemente inequitativas e inaceptables.
Debe revisarse también la integración de los organismos electorales, las prácticas viciosas en la jornada electoral y, además, los ilegales apoyos a ciertos partidos políticos.
Se han querido minimizar las ineptitudes y problemas electorales, con reconocimientos superficiales de que las normas electorales, se dice, no son todavía totalmente justas y equitativas, o aduciendo, por otra parte, como defensa de la actuación de los organismos electorales, de que no se puede, por buscar neutralidad, caer en el exceso de que los funcionarios públicos no tengan derechos políticos.
No, no, señores, no es así. El funcionario público, por supuesto que tiene derecho a su convicción política, con tal de que entienda cabalmente el espacio de su ejercicio y rechace la concupiscencia que ha marcado en mucho, la parte negra de nuestro caminar político. No podemos, no debemos minimizar éste como tampoco los demás problemas reales, porque por lo demás, a nadie se engaña; ni podemos exacerbarlos creando grave riesgo de desbordamiento.
Inseparable de lo anterior, es el trabajo nacional que debe asumir los desarrollos estatales y para ello es necesario el cambio de prácticas políticas electorales en los estados, para que se respete el derecho a elegir autoridades y representantes legítimos en cada una de ellas y, por supuesto, esto se aplica también en la democratización cabal del Distrito Federal.
Capítulo aparte merece el análisis de la utilización de programas nacionales, como Pronasol y Procampo, con fines electorales. Hemos denunciado una y otra vez, que el factor determinante en la aplicación de recursos de esos programas, son los intereses de conservación del poder, a través de formas que pervierten y propician la descomposición de la sana y libre participación ciudadana. Esta práctica vulnera la esencia misma de un régimen democrático, al trocar por interés o por necesidad, un recurso al que se tiene legítimo derecho, pero que se da presionando la manifestación ciudadana a través del voto, que debe ser por definición, universalmente aceptada, expresada de manera libre.
Reclamamos, pues, la vigencia de las instituciones, el valor de la República, el federalismo, la división de poderes, la reforma económica, la reforma a la seguridad pública, la reforma a la procuración y administración de justicia.
Manifestamos al pueblo de México nuestra solidaridad con los mexicanos que están siendo vejados en el Estado de California, de los Estados Unidos de América, debido a promociones de leyes y actitudes discriminatorias que atentan contra su dignidad de personas y lesionan sin posibilidad de defensa, sus más elementales derechos humanos.
El Partido Acción Nacional señala enfáticamente que el fenómeno de la emigración de connacionales al país del norte, tiene como causa fundamental y profunda, la errónea política económica y social del Gobierno Federal, al aplicar con criterios políticos las participaciones fiscales y genera, por tanto, una injusta dis tribución a los estados y municipios, además de que les impide crear condiciones de vida para que nuestros conciudadanos trabajen, se arraiguen y progresen en nuestra patria.
Este hecho que amenaza en convertirse en un conflicto internacional, es reprobable a la luz del humanismo, del derecho y de la obligada reciprocidad de la buena vecindad que debe existir entre países que tienen firmados pactos políticos y económicos de los que se derivan beneficios mutuos.
Exigimos que el Ejecutivo Federal agote las vías diplomáticas y políticas correspondientes para proteger a los mexicanos y sus familiares que allende la frontera sufren los efectos de la intolerancia. Y en este mismo sentido, de la injusta distribución de los ingresos que el país obtiene a los estados y a los municipios, vemos también reflejado el grave conflicto que vive Chihuahua el día de hoy y a quienes, a nuestros hermanos de Chihuahua enviamos desde aquí también toda nuestra solidaridad.
Entendemos a la política como la actividad que permite al hombre elevarse sobre sus propios intereses, extender su mirada hacia los demás y hacia el futuro; entendemos a la política como una actividad humana indispensable y superior, no como oportunidad de dominio sobre los demás, sino como capacidad y obligación de servir al hombre y a la comunidad; entendemos a la política, como la capacidad de llegar a acuerdos que vinculen a las partes y generen bienes públicos.
Entendemos a la política como el camino que permite en la diversidad encontrar puntos de coincidencia que lleven a la concordia. Entendemos a la política como aquella actividad que preservando valores nos permite construir una verdadera patria; es decir, el espacio de libertad, justicia y desarrollo para los hombres y mujeres de este país.
Para Acción Nacional, el Estado y sus instituciones no pueden tener otra finalidad que no sea el hombre. Que los mexicanos de hoy y de mañana somos autores de una historia que nos conduce a esta realidad y nos otorga la enorme obligación de entregarla a los mexicanos por venir.
Nuestra realidad nos lleva a sentimientos contradictorios. El orgullo de lo que legítimamente tenemos como país y la vergüenza de las enormes injusticias, de los vicios y prácticas que producen el enriquecimiento de unos cuantos y la desesperanza y miseria de muchos.
Ante nosotros hoy se abre la posibilidad y la disyuntiva. Los legisladores federales de Acción Nacional optamos por el esfuerzo, por el trabajo, por la política, por la vida digna y con esperanza. Optamos por México, no por la guerra ni la confrontación.
Muchas son las circunstancias que deben cambiar. La tarea es larga y compleja. No nos engañamos, tendremos muchos obstáculos que vencer, pero ahora más que nunca tenemos un pueblo empeñado en decidir su destino. Al pueblo le decimos: ¡que hoy como siempre cuenta con Acción Nacional y con sus legisladores federales! La reforma del Estado implica la vigencia objetiva de las instituciones que nos hemos dado, así como el cambio sustancial de algunas ya anquilosadas, que se dieron ante un sistema que todo lo abarca y optaron por el camino fácil del acomodo o la sumisión; es decir, se han hecho a los tiempos y son de manera permanente obedientes a las modas y a los vientos que soplan.
Demos vigencia a las instituciones para perfeccionarlas. Logremos que coincidan con sus fines. Démosle al pueblo de México la confianza en ellas y a través de su funcionamiento hagámoslas creíbles para fortalecer la esperanza. Digamos hoy, lo que muchas veces hemos expresado en esta tribuna: ¡reiteramos nuestro llamamiento a todos los mexicanos, a fin de conformar un auténtico Estado nacional y de derecho! ¡Ejerzamos plenamente las facultades que nos definen como un poder soberano! Muchas gracias.
El Presidente del Congreso: Tiene la palabra el diputado José Natividad González Parás.
El diputado José Natividad González Parás:
Señor Presidente; compañeras y compañeros de la LVI Legislatura; señoras y señores: Después de escuchar con respeto la opinión de los distintos grupos, que ponen de manifiesto la pluralidad de esta legislatura, hago uso de la palabra a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido para dar a conocer nuestro punto de vista en esta sesión formal del Congreso General en la que el Titular del Ejecutivo presenta su VI Informe.
A ninguno de nosotros escapa que se trata de un informe significativo, puesto que sin duda en él se hará referencia no sólo a lo acontecido en el transcurso del último año, sino también a lo realizado y a lo vivido por nuestra comunidad nacional en un sexenio. Un sexenio que ha representado una época de transformaciones profundas, de cambios insospechados en nuestro país y en el mundo.
Quizá las primeras reflexiones deberían de llevarnos a considerar la magnitud de estos cambios y desde esa perspectiva inscribir los juicios de valor que los mexicanos podemos hacer respecto a lo que éramos, a lo que eran nuestras instituciones nacionales y a lo que hoy, por una acción conjunta de sociedad y Gobierno, somos y seremos como país en este último trecho de siglo y de milenio.
En 1988, la renovación de poderes se daba en un marco de difíciles circunstancias. Nuestro país se encontraba agobiado por el excesivo peso de la deuda externa, que nos impedía ejercer con plenitud nuestra soberanía económica y financiera y crear condiciones de confianza para la estabilidad y el crecimiento. Una inflación cercana a los tres dígitos. Un déficit de la cuenta pública asfixiante. Un Estado todavía obeso, que dificultaba con su carga burocrática el funcionamiento eficaz de la administración púbica. Un aparato productivo, aún sobreprotegido, poco competitivo y sujeto a las veleidades comerciales del exterior, impuestas por la ley del más fuerte.
En el ámbito social, nuestro país vivía los problemas de un crecimiento inestable, sin mecanismos que articularan la participación y la atención de los grupos marginados y con un sentimiento colectivo en donde todavía no se diluían los recuerdos dolorosos de los desastres naturales que nos afectaron en la segunda mitad de la década pasada.
En el campo de la política, México no era ajeno a las consecuencias que generaron el fin de la división bipolar del mundo y el agotamiento de regímenes cuyos modelos anunciaban la inminencia de su colapso histórico. La globalización de la economía y del comercio, la demanda de profundizar en el perfeccionamiento de las democracias, el surgimiento de las causas ecológicas y de los derechos humanos, así como la aparición más vívida de los problemas del narcotráfico, se presentaban como escenarios de lo que, efectivamente, habríamos después de vivir todos.
Casi seis años han pasado desde entonces. Otras son las circunstancias que imperan en nuestro país. Se han producido reformas en el Estado y en la sociedad y en la manera en que se dan las relaciones entre sociedad y Estado. Ha habido en este proceso, cierto, aciertos y errores y han surgido en el camino nuevos e inesperados problemas.
Suele muchas veces suceder que lo que nos falta nos agobia más que lo que nos conforta, haber alcanzado lo que ya se tiene. Sin embargo, en la suma final de lo que somos cuenta el debe y el haber, lo que hemos resuelto y lo que no, lo que nos enaltece y mejora y lo que nos mueve a seguir luchando.
Mil novecientos noventa y cuatro ha sido un año difícil. Nos sorprendió a todos los mexicanos Chiapas, con escenarios de violencia que no estábamos acostumbrados a ver en nuestro pasado reciente. Una rebelión de un grupo que nos hizo recordar no sólo que las armas no son el camino mejor para resolver los conflictos entre hermanos, sino también que haya atrasos inconcebibles e injusticias sociales en comunidades indígenas y grupos de población que no deberían de existir en estos nuevos tiempos.
Ante este problema difícil, se ha preferido explorar el camino del diálogo, del rechazo a la violencia, de la tolerancia razonable, del reconocimiento de insuficiencias públicas y rezagos sociales, así como de la bésqueda de soluciones que permitan resolver el conflicto pacíficamente y en la legalidad.
Mil novecientos noventa y cuatro ha sido un año en donde, como a veces pasa en la vida de las familias, el impronto de la fatalidad se ha presentado por el camino de la delincuencia. Se han cometido crímenes que no se justifican, crímenes que han atentado no sólo contra la vida de personajes respetables de nuestra comunidad y de nuestro partido, sino también contra el sentimiento nacional, que reprueba tajantemente estas expresiones deformadas e inadmisibles de gente o grupos perversos que deben ser sancionados. Ahí está también la lucha contra el narcotráfico, que corrompe y contamina; una batalla que nos debe llevar a reformar y reforzar, como ya se ha propuesto, los sistemas de procuración y administración de justicia.
Mil novecientos noventa y cuatro ha sido también un año de intensa actividad política, de campañas electorales que se dieron en un marco de exposición libre de las ideas, de movilizaciones proselitistas, de debates innovadores que han enriquecido nuestra cultura política. Las instituciones electorales y la legislación en la materia también fueron objeto de transformaciones importantes, que nos permitirán avanzar con mejores expectativas en el perfeccio namiento de nuestra vida política.
Los acontecimientos lamentables de este año y la prueba de enfrentar circunstancias inéditas, no han generado sobresaltos mayores ni crisis profundas en el ánimo de participación política de la ciudadanía, que acudió, como nunca, a expresar masivamente su voto en las urnas y refrendar su confianza en nuestro destino común, en la paz social y en nuestra pluralidad democrática.
Tampoco los momentos difíciles de este año han trastocado las finanzas públicas y las expectativas de una economía sana que se consolida creando con ello condiciones más favorables para reactivar el crecimiento, la inversión productiva y el bienestar público.
Dejando de lado este año de 1994 con todas sus vicisitudes y retos, en el balance sexenal habremos de conocer, con este informe, qué grandes metas hemos cumplido y cómo hemos enfrentado los desafíos de los cambios externos e internos. No cabe duda que nuestra política exterior ha sido activa e intensa. En un mundo que se globaliza crecientemente nuestro país no se ha rezagado, lo que para muchos era utopía, se ha logrado; contamos ya con un Acuerdo de Libre Comercio con nuestros vecinos del norte, que establece reglas más equitativas en la relación comercial.
También se han establecido acuerdos similares con otros países latinoamericanos, México es un país más respetado en el concierto de las naciones, ello le ha valido, entre otras cosas, ser reconocido como miembro de prestigiadas asociaciones y grupos de carácter supranacional. Nuestro Gobierno ha impulsado de manera sobresaliente la unidad iberoamericana y el latinoamericanismo, los intercambios económicos y comerciales y las relaciones diplomáticas con la Unión Europea, el sureste asiático, América latina y Norteamérica, se han robustecido y con Estados Unidos se ha logrado aun en los campos más difíciles y controvertidos, una relación digna y congruente con nuestro sentido de identidad nacional y con nuestra soberanía.
Se han saneado las finanzas públicas, la inflación ahora de un dígito sigue decreciendo, no hay déficit público, el Estado no carga ya con el fardo pesado de una burocracia hipertrofiada, se ha hecho de la concertación y de los pactos sociales una práctica de Gobierno, los índices de competitividad de la planta productiva crecen aceleradamente y las exportaciones han aumentado significativamente.
En materia económica, el reto mayor está en crecer y en que los éxitos de la macroeconomía se traduzcan cada vez más en beneficios concretos para las clases populares y sus familias.
En materia social aunque falta mucho por hacer, también es mucho lo que se ha realizado; es cierto, una distribución más equitativa del ingreso y de la riqueza nacional debe seguir siendo prioridad de la República, pero debemos reconocer que los presupuestos públicos para el sector social han alcanzado en los últimos años cifras históricas.
No podemos tampoco ignorar que se han establecido mecanismos participativos para que un número creciente de grupos marginados vayan encontrando caminos solidarios de incorporación a la vida económicamente activa y a los satisfactores más elementales.
Al recorrer el país y tomar contacto con los grupos populares en las poblaciones, en los barrios o en las zonas rurales, podemos encontrar innumerables muestras de este trabajo conjunto de sociedad y Gobierno. El esfuerzo habrá que multiplicarlo, ampliarlo, enriquecerlo, pero señala la ruta por la que debemos seguir transitando en este compromiso ineludible de lograr más justicia social, de lograr más para los que menos tienen.
En estos seis años nuestras instituciones políticas y su marco constitucional también se han transformado, se han transformado en materia de derechos humanos, de procesos electores y de relaciones con la sociedad civil y sus diversos grupos. El estado actual de estos campos dista bastante de aquel que prevalecía a finales de la década de los 80, los avances obtenidos han sido producto de la participación de todos, sabemos que en este capítulo hay que seguir avanzando, consolidar lo que se ha significado con sus resultados positivos e innovar en aquellos otros que aún pueden perfeccionarse.
En una sociedad plural como la nuestra, con diversas corrientes de opiniones partidistas, es natural que existan maneras distintas de percibir los tiempos, los cambios y los resultados de la gestión pública. Nuestra percepción es que en el balance general, no obstante los problemas, los rezagos y las angustias que como país hemos vivido, hoy somos un México mejor que el de hace seis años; hoy somos una nación más grande y más respetada; hoy somos un país con mejores expectativas hacia el futuro.
En seis años, Estado y sociedad han cambiado con la participación de todos. En el sexenio que se iniciará muy pronto, también todos debemos de seguir participando. Los mexicanos formamos una nación, una gran nación en la que habremos de vivir juntos, de padecer juntos y de disfrutar juntos del esfuerzo de todos. Muchas gracias.
RECESO
El Presidente del Congreso (a las 10.30 horas):
Se declara un receso en espera del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. (A las 11.00 horas) Se reanuda la sesión.
Honores de ordenanza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.
El Presidente del Congreso: Se ruega a todos los presentes ocupar sus lugares.
VI INFORME DE GOBIERNO
El Presidente del Congreso: Tiene la palabra el ciudadano Carlos Salinas de Gortari, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari:
Honorable Congreso de la Unión; mexicanos:
Asisto, por última vez, a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. Asimismo, entrego ahora el informe escrito sobre el estado general que guarda la administración pública del país. Hoy, con la misma emoción y convicción que al tomar posesión en 1988, cumplo con el mandato constitucional y el deber de dar cuenta al pueblo de México de lo realizado.
México ha cambiado intensamente en estos años como resultado del esfuerzo de millones de mexicanos y el mérito fundamental está en ellos. Los cambios fueron para establecer una nueva relación entre el Estado y la sociedad y para ubicar a México, con ventaja, en la nueva realidad mundial. Mil novecientos noventa y cuatro no ha sido la excepción. Los cambios han seguido adelante y se consolidan en la vida de la nación, pero este año hemos enfrentado hechos insólitos que han traído momentos de desconcierto, preocupación y dolor. Las instituciones republicanas sufrieron graves embates y las convicciones íntimas de los mexicanos fueron puestas a prueba. No obstante, por las reformas realizadas y la respuesta serena de la población, el compromiso con el cambio se ratificó y la vida institucional del país salió fortalecida.
Los signos del cambio son claros. México participa en los foros mundiales más importantes y cuenta con el reconocimiento y el respeto de la comunidad internacional. Internamente, el diálogo entre las principales fuerzas políticas permitió dar los pasos más significativos en decenios hacia la construcción de una sociedad democrática. Los nuevos consensos entre partidos reformaron las instituciones electorales y muchas prácticas políticas. Por primera vez este año hubo en México debates públicos entre candidatos presidenciales, que fueron televisados a toda la nación. Tenemos instrumentos mejores y acuerdos más amplios para avanzar en la vida democrática del país.
Por lo que hace a la economía, en estos años se ha controlado la grave crisis que en la década pasada tanto lastimó las expectativas y las oportunidades de la mayoría. México saneó sus finanzas, mejoró la competitividad del aparato productivo y detuvo el deterioro de los salarios, iniciando su recuperación. La sociedad amplió su participación en el planteamiento y resolución de metas colectivas. La inversión en infraestructura carretera, en electrificación, agua potable, educación, vivienda, alimentación y salud, recibió su mayor impulso en más de un decenio y, en ciertos rubros, en lo que va del siglo.
Al mismo tiempo, se reformó la operación del Estado para transferir recursos, como nunca antes, al gasto social. El espíritu de solidaridad arraigó en muchas comunidades y multiplicó las capacidades colectivas para enfrentarse a la carencia de servicios básicos e iniciar programas productivos.
Todos éstos son hechos verificables que, ciertamente, no satisfacen todas las necesidades, pero demuestran que hay condiciones para avanzar en su solución y dan sustento a la esperanza.
Sin embargo, frente a las realizaciones constructivas del cambio, desde enero de este año el país ha vivido momentos de violencia localizada, de origen distinto pero con efectos similares. Fueron hechos inesperados y aun trágicos, que causaron dolor y despertaron inquietud, pero también, no lo olvidemos, encontraron una clara y firme respuesta en toda la sociedad...
El Presidente del Congreso: Permítame, señor Presidente, un momento.
La disposición extrema y expresa del artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General, es muy clara en cuanto a que no proceden intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores. Nadie más obligado al cumplimiento de las leyes, que quienes tienen la delicada responsabilidad de elaborarlas por mandato del pueblo. Así pues, respetemos la ley.
Continúe, señor Presidente.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari: El 1o. de enero un grupo armado atacó cuatro cabeceras municipales en Chiapas y el cuartel del Ejército mexicano en Rancho Nuevo. Fallas en la información política, deficiencias en la respuesta social y política de las autoridades locales y también, hay que decirlo, un cuidado excesivo durante los meses anteriores en no emprender acciones preventivas de seguridad en una zona tensada por viejos y nuevos conflictos sociales, étnicos y religiosos, hicieron posible que sorprendiera al país y también lo entristeciera esta irrupción violenta en el inicio del año.
El conflicto armado que surgió en la selva de Chiapas tiene rasgos singulares: se dio en una zona de población reciente, en su gran mayoría de indígenas que habían migrado desde Los Altos durante las dos décadas anteriores, buscando colonizar nuevas tierras y dejando atrás tradiciones y comunidades. Es una zona geográficamente aislada, con alrededor de 70 mil habitantes dispersos en pequeñas comunidades y que, además, coincide con la diócesis correspondiente.
Colinda con una región donde la guerrilla centroamericana ha operado durante 35 años. Pertenece la mayor parte al municipio de Ocosingo, el segundo más extenso del país, donde la simple distancia entre la cabecera y los centros de población significa, en ocasiones, días de traslado por veredas, cañadas y montañas y se transforma en lejanía entre la autoridad y las propias comunidades. Existen añejas desigualdades, caciquismos locales, viejas tensiones incubadas por años, quizá siglos, de abandono, agravio y maltrato a los indígenas.
Paradójicamente Chiapas es el Estado de la República que más apoyo federal ha recibido en estos años de la administración, 1000% más que en 1989. En salud, en educación, en electrificación y agua potable, en apoyos a la producción y a los grupos indígenas, en esquemas novedosos de financiamiento para compras de tierras, en caminos y carreteras, Chiapas ha sido notablemente apoyado entre los estados de la República. Sus rezagos así lo justificaban y lo siguen haciendo. Más del 8% del presupuesto de solidaridad se destina a Chiapas, que sólo tiene un poco más del 3% de la población nacional.
A partir de agosto de 1993, se inició un programa social especial, con recursos adicionales para la región de la selva y la de Los Altos de Chiapas. Todo este gran esfuerzo abrió esperanzas en el Estado, pero no fue suficiente. Por un lado avanzaban las expectativas de cambio, por otro persistían rezagos, rigideces y fracturas.
Todos los aspectos anteriores pueden invocarse como causas sociales del conflicto, pero no son suficientes para explicar el movimiento.
Con el rezago social de la zona, confluyó el trabajo de un grupo armado y entrenado, con dirigentes locales y foráneos y con un claro proyecto político, antagónico al institucional. Si la sola pobreza provocara levantamientos, otras regiones del país y gran parte de la humanidad que vive en condiciones similares o peores estarían en revuelta permanente. No, la pobreza en sí no explica la violencia armada.
Se trata, y éste es un hecho importante, del primer levantamiento armado surgido después del final de la guerra fría. Antes, cualquier movimiento de esta naturaleza se ubicaba en el contexto del conflicto este oeste y frente a los riesgos de una confrontación nuclear bipolar, la respuesta de los países afectados siempre fue la misma: el aniquilamiento a cualquier costo y con la menor difusión posible. Esos términos de referencia han cambiado. Ya no puede pensarse en un movimiento de esa índole como secuela de la lucha bipolar. Las respuestas pueden entonces ser distintas y acordes con las sensibilidades políticas nacionales.
El levantamiento de Chiapas no careció, sin embargo, de una clara intención internacional. Fue iniciado el día de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo debate había acaparado la atención mundial; sucedió tras la celebración del Quinto Centenario del Encuentro entre Dos Mundos, evento que revaloró el interés por lo indígena en los encontrados sentimientos del viejo continente. Finalmente, se movilizó, escudándose en el nombre más popular y noble de las luchas sociales en México, el del zapatismo.
Con un diseño llamativo y una estrategia de difusión que amplió su resonancia, el grupo armado buscó rápidamente vincularse a medios de comunicación dentro y fuera del país y a movimientos sociales urbanos, en especial en la capital de la República, donde inicialmente tuvo una cierta acogida. La respuesta del Gobierno tenía que ser diferente, diferente a la manera como se habían enfrentado situaciones parecidas en otros países y también diferente a como se enfrentó en México en el pasado. Primero, en unos días, el Ejército mexicano rechazó el ataque a sus instalaciones, disolvió los contingentes ubicados en las cabeceras municipales, forzó el repliegue del grupo armado hacia la selva, estableció un cerco y contuvo la amenaza.
Constitucionalmente, es obligación del Gobierno guardar y hacer guardar la paz interna y pública del país. A partir de este momento, decidimos no optar por la persecución del grupo dentro del territorio de la selva, en busca de su aniquilamiento; eso hubiera dañado la vida misma de las comunidades y hubiera sido incompatible con nuestros valores. Además, hubiera sido ceder a la provocación del grupo armado que buscaba, con la violencia generalizada, el descrédito de nuestras fuerzas armadas, la repulsa social en el resto del país, el aislamiento internacional de México y un escenario de tensión política que pusiera en riesgo la realización de los comicios federales.
Lo que debemos al Ejército mexicano por el éxito de la acción militar inicial debe medirse por las vidas mexicanas no perdidas y las opciones políticas que su acción hizo posibles. Mi reconocimiento permanente está con ellos. Gracias a su efectiva intervención, a sólo 10 días de iniciado el conflicto, el Gobierno pudo tomar decisiones que, en otras latitudes y frente a conflictos similares, han requerido años para gestarse. Nosotros, por así decirlo, empezamos por el final.
Ordené el cese unilateral del fuego por parte del Ejército mexicano, designé un comisionado para la paz y se promovió la amnistía ante el Congreso de la Unión, aprobada por todos los partidos políticos. Se fortalecieron, además, las acciones sociales inmediatas en la región y se buscó el diálogo político para encontrar una solución negociada al conflicto. El resultado fue un amplio respaldo social a la iniciativa de paz, que elevó considerablemente el costo político del recurso de la violencia por parte del grupo armado.
En lugar de endurecerse y de reducir el ejercicio de libertades, el Gobierno las protegió plenamente. Garantizó los derechos fundamentales de libre expresión y libre tránsito, de reunión, petición y manifestación. Hicimos nuestro mayor esfuerzo por evitar nuevos episodios violentos en esa zona y por dirimir las diferencias por la vía del diálogo. Con voluntad de paz y dentro de las instituciones no hay límite para debatir en el foro de las ideas, no de las armas, las razones y la dirección del cambio. La democracia no es un lema que pueda apropiarse un grupo armado; es un proceso nacional del que se dirime y así se ha comprobado, en el marco de la legalidad y de las instituciones.
En cumplimiento de las legítimas demandas sociales planteadas en las negociaciones de San Cristóbal se dio una inversión extraordinaria adicional para aminorar las presiones por la posesión de tierras de cultivo, para establecer servicios y resarcir los daños que la violencia causó a miles de chiapanecos desplazados. A pesar de lo hecho hasta ahora, más se necesita y por eso el esfuerzo continúa; pero seguirá siendo insuficiente mientras no haya paz en la zona y mientras no se cumpla la ley en el Estado. Sólo condiciones de respeto, tolerancia y legalidad permitirán que en lugar de divisiones, las comunidades violentadas cosechen unidad y armonía para construir la justicia que demandan y a la cual, desde luego, tienen derecho.
Reitero que transformar la confrontación armada de los primeros días de enero en una negociación política desde fines de ese mismo mes no fue una respuesta usual en la historia del continente, pero era la única acorde con los esfuerzos de modernización que hemos realizado los mexicanos. Requirió flexibilidad, prudencia y de atención concentrada. La prioridad era evitar la expansión del conflicto a otras regiones del país y que pudiese impedir la celebración de las elecciones federales. El conflicto no está resuelto, está acotado. Se mantiene el cese al fuego, se detuvo la violencia, se evitó la pretensión de internacionalizarlo, se dio el proceso electoral chiapaneco en toda la entidad y se avanza en la solución de los problemas de fondo. Hago aquí, ante la representación de la nación, un nuevo llamado al diálogo, a negociar términos para convertir el conflicto en programa de soluciones, en respeto, civilidad y progreso. Esto es lo que desean los mexicanos. Hasta el final de mi mandato seguiré empeñado en promover una paz digna para esa zona de Chiapas.
En 1994, sufrimos también otros ataques a la legalidad y a la tranquilidad que inquietaron a grupos amplios de la población. Se realizaron secuestros, entre ellos de connotados empresarios, con el propósito de obtener dinero. Las actividades delictivas parecieron ir en aumento. Fue un nuevo reto al mandato de la autoridad y a la libertad de los ciudadanos, que demandaron y demandan una renovada eficacia de los cuerpos de seguridad.
Las procuradurías han hecho un esfuerzo excepcional para responder a los reclamos de la sociedad. La capacidad del Estado para actuar frente a las amenazas criminales, con apego a la ley, se ha incrementado. La solución de muchos secuestros, los golpes al narcotráfico, eficacia en la persecución de delitos fiscales, así lo acreditan. Pero es claro que falta mucho por hacer. La procuración de justicia ha podido esclarecer el 88% de esos casos de secuestros y cada vez es más frecuente la detención de los delincuentes. Otros casos están aún pendientes de solución jurídica, pero no del compromiso de capturar a los responsables.
Hacia finales de marzo, México recibió otro severo golpe a su tranquilidad, a su legalidad, a su voluntad de edificación institucional. Un atentado criminal segó la vida de Luis Donaldo Colosio, lo cual sacudió hasta sus cimientos la vida pública y entristeció a toda la nación. Su asesino confeso fue detenido, sometido a proceso y sentenciado a 42 años de prisión. Las investigaciones no se han cerrado. En el esclarecimiento de este crimen aberrante está comprometida la subprocuraduría especial, sin cortapisas y sin más límite que la ley. Las fuerzas políticas, los grupos y los medios de comunicación, la sociedad entera han resentido este golpe que habíamos visto en otros países, pero del que nos creíamos exentos. Con igual firmeza todos lo han rechazado. La nobleza de los propósitos de Luis Donaldo Colosio son ahora más, mucho más fuertes en nuestra sociedad; su mensaje democrático alienta el compromiso de seguir cambiando, seguir avanzando, seguir construyendo la grandeza de la nación.
La calidez de su sonrisa y la firmeza de sus propuestas calaron hondo en el sentimiento popular; más hondo de lo que algunos suponían hasta antes de marzo. Al mantenerlo en su memoria y en su afecto, el pueblo ratifica la fuerza de su candidatura y el carácter superior de ser humano que Colosio alcanzó. Su ejemplo es imperecedero, su bondad, su capacidad de conciliar y su generosidad, el enorme compromiso que él tenía con las mejores causas de la nación, especialmente con la democracia, nos hacen falta ahora y siempre.
A pesar de los trágicos acontecimientos del primer trimestre del año, la vida institucional siguió su curso. Se intensificaron las campañas políticas y se arribó a la elección del 21 de agosto. La contundente expresión popular de ese día hizo ceder inquietudes y disipó la incertidumbre. Sin embargo, cuando una vez más parecían imponerse la tranquilidad y la calma, a 40 días de esa jornada cívica excepcional, un grupo de delincuentes arrebató la vida de José Francisco Ruiz Massieu, político brillante, de inteligencia y cultura excepcionales y hombre de ideas democráticas y transformadoras. El hecho reavivó la indignación y la preocupación de todos, pero la respuesta invariable de la sociedad fue de repudio. La investigación del crimen avanza con eficacia y están a disposición del juez competente el responsable material directo y varios copartícipes confesos. La autoridad indagatoria tiene todo el apoyo para continuar a fondo sus tareas.
En nuestro continente, México había vivido décadas de excepción al no enfrentar, por lo general, hechos como los mencionados. A finales de 1993 nadie anticipaba lo que ocurriría. Por eso, muchos mexicanos se preguntan: ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos hechos ocurren uno tras otro, cuando reagrupábamos fuerzas y empezaban a fructificar los esfuerzos? Con la información y las pruebas disponibles hasta ahora sabemos que los acontecimientos violentos de 1994 tienen distintas causas; sin embargo su contexto es similar, suceden en medio de circunstancias internacionales inéditas y en momentos de gran trascendencia para la República.
En el exterior, el hecho más significativo ha sido el giro que tomó la gran transformación mundial. El fin de la guerra fría significó el final de la lógica bipolar que permeaba todas las relaciones internacionales. Fue también el fin de los equilibrios que daban al mundo aquella terrible estabilidad basada en el temor a la guerra nuclear. Hoy vemos enfrentarse fuerzas liberadas por el descongelamiento este-oeste y por el colapso del bloque socialista; entre ellas los fundamentalismos excluyentes, las actitudes xenofóbicas, las migraciones masivas, la agudización y multiplicación de conflictos locales. Renació, con gran intensidad, el debate entre modernización y tradicionalismo, entre globalización y localismo, entre el anhelo del futuro y la añoranza por el pasado. Es un debate de resonancia mundial del que México no puede escapar.
Dentro de nuestras fronteras, el momento no era menos decisivo. Los cambios profundos realizados en estos años despertaron esperanzas; también resistencias y afectaron intereses tan profundos como lo han sido los propios cambios. A esto se sumó, en 1994, la inevitable tensión que genera la renovación constitucional del Poder Ejecutivo. Es un proceso que combina gran expectativa en la sociedad y distensión en las estructuras del Estado. Por ello, la significación de cada uno de los hechos de violencia debe enmarcarse en el riesgo que significaron para el país y éste no puede comprenderse sin reconocer que estaba en juego el mantenimiento institucional de la República.
El clima que generaron la irrupción de la violencia en Chiapas y su antagonismo discursivo contra las instituciones, creó condiciones propicias para la sinrazón de los demás hechos de violencia. Un mismo efecto-demostración entre las acciones que tienen como consecuencia intranquilizar a la población y pretender retrasar su modernización. Lo verdaderamente trascendente ha sido, en cambio, la respuesta de los mexicanos; la indignación y la condena, la unidad en torno de las instituciones, la participación política en favor de la ley y de la paz. Han probado sus bondades la serenidad, el diálogo y la expansión de las libertades. La política, la economía y las instituciones sociales mostraron fortaleza ante estos hechos inéditos. Grande, muy grande, demostró ser el pueblo de México.
No invoco como explicación general a estos hechos de violencia la fácil salida de la conjura, tan atractiva para desviar la atención como carente de sustancia. Estos graves sucesos reflejan la acción de individuos o grupos aislados, pero se pueden nutrir también de reacciones de rechazo a los cambios realizados. El cambio beneficia a los más, pero también puede perjudicar a los menos. La reestructuración económica, inevitablemente, afecta intereses y privilegios de grupos y personas. El cambio social supone una gran movilización comunitaria que desarma rigideces, cacicazgos y clientelismos. El cambio político remueve cotos de poder, abre la sociedad a la crítica, modifica los términos y las expectativas de la lucha institucional por el poder.
En un año en que las articulaciones del Estado se abren para dar paso, como nunca antes, a la competencia política, es tentador para algunos ver falta de voluntad o de firmeza; donde sólo hay prudencia y negociación; donde sólo existe diálogo que siempre conlleva gradualidad; donde hay sólo el deseo explícito de evitar rompimientos que el pueblo no desea ni debe sufrir. En esas circunstancias, algunos pueden sentir propicia la ocasión para actuar y tratar de impedir que se consoliden cambios que les afectan, simplemente sacar beneficios de la coyuntura.
No todas las acciones adoptadas para enfrentar lo inesperado fueron comprendidas en su momento. Se escucharon voces que pedían dureza o, en otro extremo, abandono. Varios sugirieron una cerrazón de la autoridad; acciones espectaculares sobre individuos connotados, sin fundamento en la ley; suprimir libertades, arguyendo como excusa la emergencia, privilegiar actos de fuerza; en síntesis, enfrentar la violencia con el atrincheramiento de los intereses creados y su defensa a ultranza. No percibían que el Gobierno, de caer en la provocación o al renunciar a sus tareas, podía poner en riesgo lo esencial en la vida de la nación; su estabilidad institucional, su viabilidad como Estado, su sentido de patria.
Optamos por el camino de la tolerancia y la democracia, por el respeto sin límite y sin precedente a la libertad de expresión y manifestación; por el reconocimiento al vigor de la crítica; por la decisión de mostrar los hechos; explicar sus causas y actuar en consecuencia, sin negar su existencia o desestimar su alcance. Actuamos convencidos de que, ante situaciones extremas, la gobernabilidad no está en el uso de la fuerza, sino en el método universal que es la política y en el propósito fundamental de nuestro tiempo que es la democracia. Gobernabilidad significó conducir situaciones extremas sin arbitrariedad, con apego a la ley; evitar la cerrazón y abrir los procesos democráticos a la participación, sin precedente, de la sociedad civil. Nuestro propósito fue dialogar, explicar, negociar y reconocer la pluralidad creciente de México, avanzar en la construcción de una sociedad más tolerante con la diversidad, menos ritualista, más crítica hacia el poder, más comprometida con la igualdad básica de cada persona frente a la ley.
En México existen leyes para la solución de los conflictos, instituciones para encauzar diferencias, ánimo de tolerancia para que corrientes plurales dialoguen y encuentren puntos en común. Los signos de una crisis de gobernabilidad no se podrían ocultar, sólo en una economía enferma de inflaciones altas, déficit crónico, desabasto, creciente desempleo abierto, caída del salario, inestabilidad monetaria. Nada de esto sucede en nuestro país; también, repudio al Gobierno, huelgas y conflictos laborales agudizados, suspensión de garantías y libertades, particularmente las de prensa y expresión, imposibilidad de llevar a cabo campañas políticas y realizar elecciones pacíficas. Esto tampoco sucede en nuestra patria. Por el contrario, en los últimos años hemos dado importantes pasos hacia una economía sana y en crecimiento, fortaleciendo libertades y llevando más justicia a la sociedad. Asumimos, dentro de la ley, la contención de la fuerza, el respeto a toda opinión y la búsqueda del acuerdo racional que expresa la cultura de que estamos hechos. Los resultados acreditan las decisiones. Estamos unidos contra la violencia, estamos unidos a favor de la ley, estamos convencidos de que es con más libertad y con democracia como la nación enfrenta mejor sus retos.
Nuestros cambios dan cuenta de una nación que rechaza el inmovilismo, que se renueva permanentemente para enfrentarar sus problemas y alcanzar sus grandes metas colectivas. Ello no significa que estemos satisfechos. Nadie puede estarlo cuando han habido actos que a todos nos lastimaron, cuando aún se necesita crecer más, ampliar el combate a la pobreza, luchar más eficazmente contra la impunidad, mejorar las condiciones de la competencia electoral. Pero sí nos da una medida equilibrada de cuál es la situación real que debemos enfrentar con confianza en nosotros mismos, porque hay motivos que le dan sustento; con firmeza, porque los retos que aún enfrentamos así lo exigen, siempre en el marco de la ley, porque ésa es nuestra convicción compartida. Si los hechos violentos de 1994 tuvieron un sello de tragedia, la respuesta de la sociedad civil, de los partidos y fuerzas políticas y el cumplimiento de las responsabilidades del Estado, abrieron cauce con la elección del 21 de agosto a una perspectiva de esperanza.
En enero de este año, cuando aún estaba la conmoción producida por la violencia en Chiapas, partidos políticos, candidatos a la presidencia y al Gobierno promovieron un Acuerdo Nacional para la Paz, la Justicia y la Democracia. Se ampliaron así, notablemente, los espacios democráticos para la competencia electoral. Esos acuerdos y la conducción ejemplar por el Consejo General del Instituto Federal Electoral y en particular por su presidente, el Secretario de Gobernación, permitieron que, como nunca antes, millones de mexicanos acudieran a las urnas.
En los días previos a la jornada electoral corrían versiones de que era mejor no salir de casa y observar a distancia lo que sucedería. Distintas voces promovían el temor. Pero el día de la elección, en lugar de quedarse en sus hogares y dejar que otros decidieran por ellos, más de 35 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para hacer sentir su presencia. Muchos lo hicieron acompañados de sus familias; una obligación ciudadana, se convirtió en una fiesta cívica. Votó casi el 78% del padrón, un porcentaje sin precedente en México y con pocos paralelismos internacionales; los electores votaron masivamente, porque sabían que, además de elegir a sus autoridades, estaba de por medio la República. Al expresar su voto pacífica y ordenadamente, cada quien asumió que su acto individual se convertía en una expresión social y política de la mayor trascendencia. La jornada electoral, por su fuerza cívica y por la hazaña colectiva, devolvió a la nación la serenidad interrumpida.
Se lograron avances importantes que no restan mérito a la demanda de nuevas mejoras; por primera vez se dispuso de cifras oportunas por la vía de métodos de conteo rápido y de encuestas a la salida de casillas, realizadas por organizaciones sociales independientes. La autoridad, por su parte, preparó un Programa de Resultados Electorales Preliminares. El Consejo General del IFE, la máxima autoridad administrativa electoral, dejó de ser un órgano controlado por el Gobierno y por los partidos, los cuales incluso quedaron sin voto y se erigió en mayoría dentro de él, a los consejeros ciudadanos independientes. Se integraron las casillas con ciudadanos elegidos mediante dos sorteos, para evitar inclinación a favor de un partido; en más del 90% de las casillas se acreditaron, cuando menos, representantes de dos o más partidos políticos, que ejercieron una más estricta vigilancia. Además, se acudió a las urnas por primera vez con una credencial para votar con fotografía y un nuevo padrón electoral que fue verificado por 36 auditorías, una verificación muestral nacional realizada por ocho partidos políticos, una auditoría externa vigilada por un consejo técnico integrado por 10 distinguidos científicos mexicanos que laboran en instituciones académicas. El padrón fue calificado por expertos de la Organización de las Naciones Unidas, como de los más avanzados en esta materia a nivel internacional. Se es tableció una nueva legislación sobre delitos electorales y una fiscalía especial. El Tribunal Federal Electoral, ha realizado con responsabilidad sus funciones. Participaron por primera vez, observadores electorales nacionales y visitantes extranjeros, se incrementaron en 180% los tiempos gratuitos en los medios de comunicación electrónica para los partidos; por primera vez en la historia del país se dio un debate televisivo entre los principales candidatos a la presidencia de la República y se transmitieron en vivo y en directo los cierres de campaña.
No fue un proceso perfecto ni exento de irregularidades, aunque no existió en sus fallas ningún patrón intencional. Los avances electorales son parte ya del patrimonio democrático de la nación. El mérito compartido es de la sociedad, los partidos y el Gobierno. Repito, la relevancia histórica de esta elección, está en el muy elevado nivel de participación ciudadana. Un pueblo que acude así a las urnas, es un pueblo al que no se puede engañar, que tiene íntimas convicciones democráticas y un enorme sentido de nación. Con su actitud el día de la elección, ese pueblo dejó atrás temores, violencia e incertidumbre y dio un paso irreversible e irrenunciable a la nueva dimensión de un país más democrático, más sólido, más responsable. Sí, un México nuevo amaneció el 21 de agosto: ¡el de la esperanza! Hoy, como ayer y como siempre, la tarea es que abracemos todos, con patriotismo, las causas de México: soberanía, libertad, justicia y democracia. Mil novecientos noventa y cuatro puso a prueba a la nación, la nación salió avante. México es hoy más fuerte en su soberanía, su libertad, su justicia y su democracia. Lo que juntos hemos realizado en seis años así lo demuestra. En esas tareas nadie queda al margen. Ahí, en ese compromiso, se sigue fincando la unidad permanente de la nación.
Sirva el recuento de lo hecho estos seis años, para los siguientes propósitos; primero, como testimonio de lo que son capaces de alcanzar los mexicanos, sin memoria del esfuerzo realizado no hay comprensión de la fuerza con que enfrentamos los retos de nuestro tiempo y segundo, ofrecer argumentos a este honorable Congreso, no para negar insuficiencias o injusticias, sino para comprobar el cumplimiento de la responsabilidad encomendada.
Desde 1989, sobre la base histórica de una clara y firme política de principios, iniciamos una estrategia activa para promover los intereses de México en el mundo. Así lo demandaba el contexto internacional en pleno cambio y también las necesidades internas de bienestar en nuestra patria. Hace seis años, al anticipar algunas consecuencias de la gran transformación mundial, prefiguramos nuevas oportunidades y retos para el país, nos propusimos actuar en consecuencia. Nuestra estrategia de política exterior tuvo dos elementos centrales: reafirmar nuestros principios y diversificar nuestros vínculos y relaciones. Frente a la distensión de la bipolaridad, era necesario un nuevo emplazamiento de México en el mundo. Frente a la globalización económica, era indispensable romper aislamientos, alejarse del proteccionismo y conducir la vinculación del país hacia los centros de la dinámica mundial y en particular, hacia América latina.
La transformación mundial fue más lejos que lo anticipado; en unos cuantos meses terminó la guerra fría y se desintegró la Unión Soviética; avanzó la conformación de zonas económicas regionales, pero también se llegó a la resolución de la Ronda Uruguay del GATT. Estos desarrollos confirmaron la pertinencia de las nuevas iniciativas de la política exterior mexicana.
En 1994 redoblamos esfuerzos en la misma dirección. México desplegó ante la ONU, los organismos internacionales, el Grupo de Río y la Cumbre Iberoamericana, la determinación de encontrar nuevas fórmulas de coordinación política y económica y de fortalecer el derecho internacional. A fines del año pasado estrechamos lazos con China y con Japón e ingresamos a la Conferencia Económica de los países de Asia-Pacífico (APEC); a partir de este año somos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a las economías más industrializadas del planeta.
En enero entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y avanza en sus objetivos de regular con claridad el creciente comercio entre nuestros países, alentar la inversión y la creación de empleo. Por todo ello diversificamos, con hechos concretos, nuestras relaciones al exterior y la posición de México en el concierto de naciones se ha vuelto más fuerte.
El esfuerzo en 1994 se suma al trabajo realizado desde 1989. En el curso de estos seis años establecimos relaciones diplomáticas con 29 países, sostuve 392 encuentros con jefes de Estado y de Gobierno; realicé 66 visitas a otros países y recibí la de 53 mandatarios de diferentes latitudes. Firmamos 306 tratados y convenios y 227 acuerdos interinstitucionales. Ha sido una intensa y activa presencia de México en el mundo.
Hacia América latina construimos un diálogo político más fluido, promotor de la paz y de nuestros intereses comunes; acordamos vínculos económicos concretos y en franco crecimiento y desplegamos una más intensa cooperación cultural y contra el narcotráfico; 30 viajes presidenciales, más que a ninguna otra región y a cada uno de los países de América latina y los acuerdos de libre comercio prueban que nuestro interés es sustantivo. ¡La integración la promovemos con hechos concretos, no con invocaciones simbólicas! En lo político, resaltan las iniciativas de la Cumbre Iberoamericana, de la cual fuimos iniciadores y de la expansión del Grupo de Río; en la creación de la Asociación de Estados del Caribe y en las distintas propuestas de reforma a las organizaciones multilaterales de la región. También, contribuimos a la firma, por los salvadoreños, de los acuerdos de Chapultepec en enero de 1992 y a las conversaciones entre guatemaltecos, celebradas en nuestro territorio, en busca de la paz y la reconciliación. Hemos mantenido el rechazo permanente al embargo económico impuesto a Cuba, apoyamos las negociaciones migratorias entre esa gran nación y Estados Unidos y nos opusimos a una violenta invasión militar a Haití.
En lo económico, sostuvimos con el Grupo de los Tres los acuerdos de San José, de apoyo energético a Centroamérica y promovimos con estas últimas naciones acuerdos de libre comercio, basados en las resoluciones de la reunión de Tuxtla Gutiérrez, de enero de 1991. Ahí están ya, vigentes y positivos, los acuerdos de libre comercio con Chile en 1992, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Bolivia, firmados en 1994 y la participación de México en el Banco de Desarrollo del Caribe.
Con respecto a los grandes centros del comercio, las finanzas y las tecnologías, emprendimos acciones decisivas que ya han cosechado resultados; el más próximo es el de América del Norte. La compleja relación con los Estados Unidos encontró un cauce constructivo y de respeto, impidiendo que diferencias en asuntos particulares complicaran una amplia agenda de cooperación. Destacan, sobre todo, el Tratado de Libre Comercio, ya en vigor; los acuerdos en materia jurídica, y también la creación de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, del Banco de Desarrollo de América del Norte y del plan integral de ambiente fronterizo. Desde luego, una relación tan diversa y compleja no está exenta de serias dificultades. Intereses políticos, locales, de California, tienden a culpar a los trabajadores mexicanos de los males de esa sociedad; ¡México ratifica su rechazo a esa campaña xenofóbica y seguirá, en los hechos, defendiendo los derechos laborales y humanos de nuestros trabajadores migratorios! La existencia de los 50 consulados de México en Estados Unidos permite proporcionar apoyo legal sistemático a los mexicanos, como no se había dado antes. También intensificamos el diálogo entre los dos países a través del Grupo de Trabajo Bilateral sobre Migración y Asuntos Consulares, la Comisión Binacional, y las reuniones de alto nivel sobre violencia fronteriza, para prevenir incidentes. Hemos probado que la compleja y en ocasiones históricamente traumática relación con Estados Unidos puede tener espacios de respeto, cooperación y beneficio mutuo y, al construirlos, simultáneamente emprendimos nuevas iniciativas a otras regiones, porque cuando se decide tener relaciones más intensas con una nación tan poderosa, se debe a la vez acercar a los amigos lejanos. ¡Con esta estrategia diversificamos nuestras relaciones internacionales! Este año celebramos el L aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Canadá, tradicionalmente amistosas y hoy muy intensas. Durante estos seis años México ha pasado a ser el socio comercial más importante de ese país en América latina. Sumamos nuestros esfuerzos para crear, junto con los Estados Unidos, un amplio espacio comercial que nos permitirá enfrentarnos a los desafíos del Siglo XXI.
La Europa unida es centro importante de la dinámica económica mundial y factor político insoslayable en el mundo. México firmó el Acuerdo Marco de Cooperación con la Unión Europea, uno de los más completos en su género. En relaciones bilaterales firmamos con España un Tratado General de Cooperación y Amistad; con Alemania creamos la Comisión 2000 y con Francia la Binacional. El Reino Unido se convirtió en el segundo inversionista en México. Con las naciones del centro y este de Europa, avanzamos en la definición de un nuevo marco de relación. México es socio fundador del Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento.
La Cuenca del Pacífico es el área más dinámica del mundo. Representa el 40% de la po blación total y del comercio mundial, así como 50% de la riqueza global. Tenemos siete representaciones diplomáticas más que hace seis años. Particular atención se dio a nuestra relación con Japón y también con China, una de las potencias del futuro. México, por la importancia que concede a esta región, es miembro de los Consejos Económicos de la Cuenca del Pacífico, de Cooperación Económica del Pacífico y del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, respectivamente. Hasta 1988, las relaciones de México con Asia y Afri ca se desarrollaban principalmente en el marco multilateral; ahora, además, avanzamos en los contactos bilaterales también con Israel y los países árabes, con Marruecos y, más recientemente, con Sudáfrica.
En los foros multinacionales hemos rechazado, por historia y geografía, que éstos se arroguen atribuciones que pretenden cancelar soberanía. Propusimos reformas para contar con un sistema de seguridad colectivo, legítimo y transparente, basado en los principios del derecho internacional; fomentar la cooperación entre las naciones para enfrentar la pobreza extrema; buscar la consolidación de un régimen comercial abierto que propicie la expansión de la economía mundial; conceder prioridad a la adopción de acuerdos en materia de protección ambiental, proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, establecer un régimen internacional más amplio, eficaz y multidisciplinario para el control de las drogas. En todo momento hemos manifestado la necesidad de coordinar, con respeto a cada nación, las acciones contra el narcotráfico.
Impulsamos las negociaciones encaminadas a suscribir el Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares y las tareas del comité preparatorio responsable de establecer la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, institución que comenzará a funcionar a principios de 1995. México participó eficazmente en la Cumbre Mundial de la Infancia, de la que fue coiniciador, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y en la Conferencia Internacional sobre Población. En el curso de los siete años que duraron las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, México se convirtió en uno de los precursores de importantes propuestas que ahora forman parte del acta final de dicha ronda, ya ratificada por el Senado de la República.
Han transcurrido seis años decisivos para la política exterior de México. Hemos enfrentado los retos que plantean el fin de la guerra fría y la globalización económica. Ha sido un periodo excepcional que exigió una estrategia efectiva para situarnos al ritmo de los procesos contemporáneos de cambio, con base en principios y diversificando nuestras relaciones. Nuestra capacidad de acción se ha ampliado, nuestra voz es escuchada con respeto, nuestra presencia tiene significado en el mundo. La imagen, el prestigio y la influencia de México se han consolidado, todo ello ha fortalecido la soberanía nacional.
Somos más fuertes afuera por el enorme esfuerzo que realizamos adentro. Este trabajo pudo llevarse a cabo porque sabemos que ahí están los centinelas de la soberanía, atentos, leales, profesionales, listos para dar sus vidas en defensa de la nación. Las fuerzas armadas han cumplido con valor y honor la responsabilidad de defender la integridad territorial; preservar la soberanía de la nación, los recursos naturales y las instalaciones vitales, así como mantener la paz de los mexicanos. Cuando fue necesario, el Ejército mexicano garantizó la tranquilidad de los habitantes del país, en donde azotaron las inclemencias de la naturaleza o irrumpió la violencia armada. Rindo un sincero homenaje a los soldados mexicanos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.
Por México, cada soldado arriesga su seguridad en el combate al narcotráfico. En más de 8 mil 500 operaciones, las fuerzas armadas destruyeron casi 90 mil hectáreas de mariguana y amapola, decomisaron casi 40 toneladas de cocaína, inutilizaron 1 mil 349 pistas clandestinas y aseguraron más de 21 mil armas de diversos calibres. Durante estos seis años el Ejército auxilió a cerca de 340 mil damnificados en los siniestros provocados por la naturaleza en 23 entidades federativas, para reforestar y revitalizar el ecosistema en sus viveros ha producido más de 150 millones de árboles. La Armada de México realizó poco más de 1 millón de inspecciones para combatir la pesca furtiva, detuvo 251 embarcaciones y a más de 5 mil 700 infractores.
Las fuerzas armadas se modernizan para seguir enfrentando eficientemente sus tareas. Hoy tienen mejor capacidad de respuesta en cualquier momento y circunstancia y sus integrantes están mejor adiestrados para desempeñar su misión y tienen mejores y más modernas instalaciones y equipo, su moral es alta. En esta administración se construyeron para sus miembros más de 14 mil viviendas, casi el doble de las edificadas para ellos en los 76 años previos.
El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México son ejemplo de lealtad, disciplina, voluntad y dedicación, Han cumplido bien y seguirán velando con honor y patriotismo por la seguridad e integridad de nuestra nación. Han defendido, como es su deber, a la patria y a las instituciones de la República, siempre con apego a la Constitución. Reciban el respeto y afecto del pueblo de México y el reconocimiento permanente de su comandante supremo, el Presidente de la República.
En la política interior, tres fueron las prioridades de mi Gobierno: construir mejor equilibrio en la división de poderes y en el federalismo, extender las libertades, ampliando su protección y avanzar en la democracia del país.
Durante mi mandato las relaciones entre los poderes de la Unión han sido respetuosas y de amplia colaboración, ello propició el ejercicio adecuado de las funciones que cada uno tiene encomendadas. Atendí cada año los planteamientos del Poder Judicial en su importante función de impartir justicia. Ahora, cuatro miembros de ese poder son parte de la segunda sala del Tribunal Federal Electoral, fortaleciendo a ese órgano jurisdiccional. Durante estos años, las renumeraciones de los jueces y magistrados se incrementaron en 54% en términos reales. Además, se llevó a cabo un programa especial de vivienda para ellos, fortaleciendo así la dignidad de su nivel de vida. Esta soberanía ha recibido de la Contraloría General de la Federación detalladas explicaciones de las principales acciones de Gobierno y de cada dependencia, proporcionadas en los llamados libros blancos, en particular sobre la desincorporación de empresas públicas, el Programa Nacional de Solidaridad y las obras comprometidas y realizadas durante mis 420 giras de trabajo a lo largo del país, todo esto en adición a la presentación en tiempo de las cuentas públicas que la Constitución ordena.
En estos años, el trabajo legislativo fue particularmente intenso. El cambio fue a través del derecho, también para cambiar el derecho y, con ello, transformar la realidad, abriendo horizontes de bienestar para los mexicanos. De ahí las trascendentales reformas a nuestra Constitución y a las leyes reglamentarias correspondientes.
Cambios importantes se dieron para limitar o reducir las facultades constitucionales y legales del Presidente de la República y así mejorar el equilibrio de los poderes. El propósito fue limitar la discrecionalidad y ampliar la legalidad. Así, el Presidente dejó de ser autoridad agraria, depositándose ésta en las asambleas ejidales y comunales y en los tribunales agrarios, autónomos e independientes. La creación de la comisión de competencia, también autónoma, regula ahora la eliminación de prácticas monopólicas y oligopólicas. La autonomía plena del Banco de México es un paso fundamental en la estabilidad del poder de compra de nuestra moneda. Ninguna autoridad, incluyendo al Presidente, puede exigir que emita dinero para financiar el gasto público; esto da consistencia a políticas que aseguran la salud financiera del país.
En materia electoral, debido a la autonomía del IFE, el Ejecutivo ya no tiene facultades decisorias en la organización de las elecciones ni en materia de lo contencioso-electoral. Tampoco interviene en el nombramiento de los consejeros ciudadanos del consejo. En relación al Gobierno del Distrito Federal, las reformas han acotado las facultades del Presidente a aquéllas de clara indicación federal. Una amplia gama de materias de interés ciudadano queda ahora en manos de su Asamblea de Representantes, de órganos colegiados delegacionales y de un jefe del Distrito Federal con facultades propias.
Todas éstas son, entre otras, modificaciones al peso y a las atribuciones del Presidente en la vida de la República; esta transformación es consecuencia del proceso de modernización.
El federalismo también se ha fortalecido en estos años. Contamos con un nuevo sistema de participaciones, más eficaz y sobre todo más justo, que considera la población de cada entidad, su grado de desarrollo y los esfuerzos realizados en materia de captación de impuestos locales.
Los cambios fiscales nos han permitido incrementar, entre 1988 y 1994, las participaciones a los nueve estados con menor desarrollo relativo. Estas se elevaron en un 55% real, 2.3 veces más que la media nacional.
La descentralización educativa tuvo un notable impacto en nuestra vida federal; los gobiernos estatales tienen ahora facultades reales dentro del sistema educativo nacional; además, los libros de texto incluyen ahora temas locales elaborados en los mismos estados.
Para dar mayor equilibrio al desarrollo de las regiones más necesitadas, se reorientaron los programas de atención social y de solidaridad. Se han transferido a los estados reservas territoriales, inmuebles y concesiones carreteras. Dentro de su pluralidad partidista, es fluido y constante el diálogo entre el Ejecutivo Federal y los ejecutivos de los estados.
Existe hoy un clima de mayor respeto al ejercicio de las libertades. Se ejercen a plenitud las de tránsito, reunión y petición, las de industria y oficio, de creencias y, sobre todo, las libertades de expresión y prensa.
Para contar con una nueva relación de civilidad que garantizara la libertad de creencias se promovieron reformas constitucionales en la materia, no modificada desde 1917 y a su legislación, producto del arreglo posterior a la guerra cristera en 1927.
Las reformas lograron dar plenas garantías a la libertad de creencias y culto público, otorgaron personalidad jurídica igual a las agrupaciones religiosas, consolidaron de manera transparente la separación entre el Estado y las iglesias, cuidando el laicismo en la educación pública y prohibiendo las conductas partidistas o de concentración de riqueza de las iglesias fuera de sus fines explícitos.
Hoy, 2 mil 272 iglesias y asociaciones religiosas hacen uso de las prerrogativas que otorga el nuevo marco legal. Consecuentes con nuestra actual norma, establecimos relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
Respecto a la libertad de expresión y prensa se abrió la libre importación de papel, se creó un capítulo especial en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la defensa de periodistas. Se ha brindado protección a los periodistas que lo han solicitado.
Mi Gobierno ha mantenido el mayor respeto a la libertad de expresión, sin ninguna interferencia con ella. El despliegue de opiniones y de indagaciones sin censura alguna, es transparente para todos. Reitero, la libertad de expresión es siempre valiosa, y son preferibles sus excesos a la pretensión de restringirla; no se debilitará esta voluntad hasta el éltimo día de mi administración.
Mi Gobierno ha comprometido un esfuerzo invariable para erradicar la impunidad y proteger los derechos fundamentales del hombre. Desde su creación en 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de 31 mil quejas, y desahogado el 94% de ellas.
Con todo, el cumplimiento pleno y satisfactorio de sus recomendaciones es aún insuficiente; además, promovimos reformas constitucionales a las leyes penales, que amplían la protección de los derechos de las víctimas y las garantías procesales de los inculpados.
Incrementamos al mismo tiempo, la cooperación entre las procuradurías de Justicia de los estados y la General de la República para perseguir de manera más efectiva la delincuencia. Para promover estas tareas, se sumó en 1994, la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación. En este año, en el ámbito federal, se concluyeron 44% más averiguaciones previas y se ejecutaron 94% más órdenes de aprehensión respecto al inicio de esta administración.
En el Distrito Federal, se concluyeron siete veces más averiguaciones respecto a 1989. Para avanzar en las metas de rehabilitación y evitar la sobrepoblación de reclusorios, en este mes entran en funcionamiento nueve de los 12 nuevos centros de readaptación social, con capacidad para 11 mil 500 internos.
En materia de procuración de justicia, nunca aceptamos la falsa dicotomía entre seguridad y protección a los derechos humanos; ambos reclamos constantes y crecientes durante mi Gobierno.
Hemos aplicado la ley ahí, donde debiendo salvaguardarse, se ha violado. Aprovecho esta ocasión para brindar un homenaje a todos aquellos que desde las distintas trincheras de esta lucha contra la impunidad, dentro de nuestras corporaciones policiacas, desde el Sistema Nacional de Derechos Humanos, desde organismos no gubernamentales o individualmente, han dado su mejor esfuerzo para terminar con este flagelo que tanto nos lastima como colectividad.
La ineficacia en la seguridad pública tiende a impulsar demandas de dureza y resultados a toda costa. Elevar la capacidad de respuesta para combatir el delito, sí, ahora y siempre; pero hacerlo a cualquier costo, al costo de los derechos humanos, no, ni ahora, ni nunca.
Es evidente que falta más por hacer, pero México ha iniciado un movimiento por los derechos humanos y por la seguridad personal que no tiene retroceso, porque el pueblo lo exige, lo valora y lo ha hecho suyo.
De todos, el combate al narcotráfico es el más importante. Se ha mezclado este maligno negocio con la violencia que hemos padecido. Por eso hemos incrementado los recursos para la atención de los delitos contra la salud, en 230% con relación a 1989. Desde el inicio de mi Gobierno y hasta agosto de este año han sido destruidas más de 128 mil 500 hectáreas de mariguana y amapola, se han asegurado más de 2 mil 850 toneladas de mariguana, 243 toneladas de cocaína pura, más de una tonelada de goma de opio, casi una tonelada de heroína y se han detenido un poco más de 102 mil personas por delitos contra la salud.
La lucha contra el narcotráfico es nuestra, porque este mal afecta a nuestras instituciones, la armonía social y la vida familiar. El negocio en los países de consumo es tan lucrativo, que aunque detuvimos a muchos de los principales narcotraficantes, su vacío es llenado por otros, dada la alta rentabilidad de este perverso negocio.
Mientras no se reduzcan las utilidades del narcotráfico en los países de alto consumo y no se avance más en desarticular bandas y capturar cabezas allá, cada éxito que alcancemos aquí será temporal. Por eso nuestra lucha ha sido y seguirá siendo permanente.
Mantenemos invariable la tradición de México en materia de refugiados. Contamos hoy con un nuevo marco regulatorio, al cual se han aco gido más de 42 mil campesinos guatemaltecos. En coordinación con el alto comisionado de las Naciones Unidas, se han otorgado las mejores condiciones de seguridad a los más de 13 mil centroamericanos que de manera voluntaria han sido repatriados en estos seis años.
Si bien promovemos la estancia legal de ciudadanos extranjeros, también vigilamos que éstos cumplan con nuestras normas vigentes. Se ha deportado a más de 688 mil personas que violaron la ley. También hemos actuado con todo rigor en contra de aquellas bandas que lucran con el tráfico de personas. Durante este último año se ha puesto a disposición de la autoridad competente a 1 mil 400 integrantes de estas bandas.
Hemos fomentado una actitud nueva frente a los desastres naturales, para proteger la vida de los mexicanos y sus pertenencias. Este es el papel del Sistema Nacional de Protección Civil. De 1990 a 1994 se han canalizado 2 mil 378 toneladas de diversos apoyos, en particular, en este mes, a Nayarit y a Chihuahua. A la población desplazada, más de 20 mil, por el conflicto en Los Altos de Chiapas, se brindó protección y ayuda en tanto pueda regresar a sus comunidades de origen.
Cuando protesté como Presidente de la República, propuse un nuevo acuerdo político para avanzar en nuestra democracia. El intenso y apasionante diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, logró renovar nuestro marco electoral en reformas sucesivas. El sistema de representación, organización y calificación de las elecciones, se ha transformado en favor de la democracia.
En lo que hace a la vía electoral, debemos recordar de dónde venimos. En la ley sobre la materia de 1918 y durante los siguientes 30 años, no se planteó la existencia de autoridades federales especializadas, ni la necesidad de un padrón o recursos para inconformarse; ni siquiera se preveía la existencia legal de partidos políticos. La ley electoral de 1946 permitía integrar las casillas con los primeros cinco ciudadanos que se presentaran, y los partidos no tuvieron más garantías que ser parte minoritaria del consejo electoral, aunque se creó entonces el registro de electores.
La reforma más significativa de los años siguientes fue la creación de los llamados diputados de partido, que en 1964 permitió la entrada al Congreso, en proporción al voto obtenido, a los partidos minoritarios. No fue sino hasta 1977 y 1978 que, en una gran reforma, el órgano electoral y la Cámara de Diputados se abrieron a la representación proporcional, se dió régimen jurídico a los partidos políticos como entidades de interés público y se regularon las distintas etapas del proceso electoral.
En 1986, una nueva reforma ajustó el sistema de representación y la integración del órgano electoral, amplió las prerrogativas de los partidos y creó un tribunal especializado para resolver controversias y hacer recomendaciones.
Hoy tenemos un nuevo sistema de representación, más equilibrado y adecuado a un más maduro sistema de partidos. Se suprimió la clausula de gobernabilidad y la posibilidad de que un solo partido pueda reformar la Constitución. El Senado de la República cuenta ahora con el doble de los miembros; de ellos, 32 se nadores provienen de la segunda fuerza electoral en cada Estado y en el Distrito Federal.
Actualmente, el control de la organización de las elecciones está en manos de ciudadanos independientes, electos por la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios representados en ella. Así, la organización electoral es más imparcial y autónoma. Tenemos hoy un nuevo sistema de calificación de las elecciones. Los órganos electorales colegiados son los que declaran la validez de las elecciones de diputados, senadores y asambleístas, eliminándose la llamada autocalificación. Tenemos un tribunal de plena jurisdicción para la resolución de las controversias electorales.
En la ciudad de México se introdujo un sistema de elección indirecta del jefe del Distrito Federal, que entrará en vigor a partir de 1997. Además, la Asamblea de Representantes amplió sus facultades normativas y hacendarias; se crearon órganos democráticos delegacionales, que alientan la participación de la ciudadanía en la resolución de sus demandas.
Como he señalado, los avances en la ampliación de la vida democrática de nuestro país pueden y deben mejorarse, pero los pasos dados son un firme sustento y un aliento profundo para realizar nuevos avances.
En materia económica, el reto que asumí al iniciar mi mandato fue claro: reducir la inflación y recuperar el crecimiento sobre bases perdurables, para crear empleos y elevar el nivel de vida de la mayoría. Hoy, al realizar un balance y sin dejar de reconocer lo que falta por hacer, podemos sentirnos alentados por la solidez de nuestros logros. Hemos consolidado el abatimiento de la inflación, el más injusto y regresivo de los impuestos y el que más castiga la economía de las familias. Hemos eliminado el déficit fiscal y fortalecido la competitividad del aparato productivo. Comenzamos una etapa de crecimiento económico gradual y sostenido, que promueve la creación de empleos permanentes, el aumento de los salarios reales y fortalece el combate contra la pobreza extrema. Atrás quedaron los problemas de deuda, déficit, inflación y crisis. Asumimos los retos de aumentar la productividad, promover la inversión y mejorar la distribución del ingreso. Avanzamos en lo importante, en ampliar oportunidades en justicia y en bienestar.
En febrero de 1988 la inflación anual alcanzó un máximo histórico: 180%. En 1994 será cercana al 7% anual, con pleno abasto de los bienes de consumo básico. En estos seis años creció el producto interno bruto (PIB). En los primeros cinco, el incremento promedio anual fue de 2.9%, cifra superior al crecimiento de la población; en 1994 volveremos a tener un crecimiento económico superior a la dinámica demográfica. La inversión privada creció, de 1989 a 1993, a un promedio anual de casi 10% en términos reales.
En el primer semestre de 1994 el producto registró un aumento anualizado de 2.2% en términos reales. La producción industrial, en julio de este año, fue 4.5% superior a la de julio de 1993, con un incremento acumulado de 2.8% durante los primeros siete meses de 1994. De enero a julio de este año, la industria de la construcción ha crecido 6.4% y el sector de electricidad 6.6%.
Diversas divisiones de la industria manufacturera también muestran crecimientos acelerados, como es el caso de los productos metálicos, la maquinaria y el equipo, con un incremento acumulado en los primeros siete meses del año de 7.2% y el de industrias metálicas básicas con 8% en el mismo periodo. Para todo el año se espera una tasa de crecimiento real de la economía de casi 3%, lo cual implica que la economía, en su conjunto, crecerá a una tasa de alrededor de 4% en el segundo semestre. Dados los difíciles acontecimientos que el país ha vivido en 1994, estas tasas de crecimiento son alentadoras a la luz de las metas planteadas originalmente.
Más importante que las cifras en sí mismas, lo distintivo de la actual reactivación es su solidez y permanencia. Por primera vez en un cuarto de siglo, México comienza una fase de expansión económica que no está apoyada por endeudamiento excesivo, por el incremento artificial de la demanda. Tiene un carácter permanente, porque su impulso proviene de mejoras sustanciales en la productividad de las empresas, del dinamismo de la inversión privada y del crecimiento de las exportaciones manufactureras. La sana naturaleza de esta reactivación permite que el crecimiento sea sostenible en el largo plazo, sin generar presiones inflacionarias.
Para crear los empleos que los jóvenes de México demandan, es necesario aumentar la tasa de crecimiento de la economía. Por ello, en mi administración emprendimos una reforma estructural del aparato productivo del país que eleva el potencial de crecimiento económico sostenido. Celebramos tratados de libre comercio y renovamos el marco regulador de la actividad económica interna para crear condiciones de mejor competencia; eliminamos subsidios injustificados y promovimos reglas claras que norman el desempeño de los agentes económicos.
Durante 1994, en materia de inflación y crecimiento alcanzaremos, en lo fundamental, los resultados propuestos hace un año. A pesar de las adversidades internas y externas continuó la reducción de la inflación, se mantiene la disciplina en las finanzas públicas y la actividad económica y la inversión se fortalecen. Contra muchas expectativas, los mercados financieros, en particular el cambiario, mantienen su evolución ordenada. La solidez que ha alcanzado nuestra economía, la profundidad con la que han calado las reformas y la confianza que todos tenemos en México, lo han hecho posible.
La estabilidad macroeconómica se funda en la corrección estructural de desequilibrios fiscales y monetarios. La adecuada formulación y ordenada ejecución de las políticas de ingreso y gasto públicos permitieron reducir el déficit de niveles de 12.5% en 1988 a resultados superavitarios equivalentes al 0.5% y el 0.7% del PIB en 1992 y 1993, respectivamente; estos resultados no incluyen los recursos provenientes de la privatización de empresas públicas. Este año se cumplirá la meta de lograr un presupuesto equilibrado y por tercer año consecutivo no habrá déficit fiscal. La eliminación del déficit se logró mediante la corrección estructural de las finanzas públicas. El equilibrio fiscal es sostenible en el futuro. El Gobierno ha dejado de absorber el ahorro de la sociedad, consolidando la estabilidad macroeconómica y liberando recursos para financiar proyectos productivos de los particulares.
Para institucionalizar la permanencia de una política monetaria prudente, en 1993 el Congreso de la Unión otorgó autonomía al Banco de México y estableció entre sus objetivos procurar la estabilidad de precios. Reitero que ninguna autoridad puede obligarlo a conceder financiamiento.
El fortalecimiento de los ingresos fiscales se sustentó en una profunda reforma fiscal, la reforma combinó menor número de impuestos y menores tasas impositivas con un mayor número de contribuyentes y con un combate efectivo a la defraudación fiscal.
Destaca la modificación al impuesto sobre la renta en beneficio de los trabajadores de menores ingresos. Se exentó del pago de este impuesto a trabajadores que perciben hasta dos veces el salario mínimo y se redujo el impuesto hasta en un 50% adicional para los estratos de menores ingresos. Así, a partir de octubre de 1993, los trabajadores con ingresos menores a dos salarios mínimos reciben una bonificación fiscal y los trabajadores que devengan un solo salario mínimo incrementaron sus percepciones en alrededor de 10%.
El número de contribuyentes activos, distintos de los trabajadores asalariados, pasó de 1.76 millones en 1988 a 5.66 millones en este año. Entre 1989 y agosto de 1994 se presentaron alrededor de 700 querellas por evasiones fiscales, con montos que equivalen al gasto en infraestructura educativa y escuela digna de este año. Recordemos que en los 72 años anteriores sólo se registraron dos sentencias por defraudación fiscal.
Con menos impuestos, tasas más bajas, sistemas más simples y mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales, fortalecimos la recaudación del Gobierno Federal, que aumentó 32% en términos reales entre 1988 y 1994. Incrementamos el poder adquisitivo de la población de menores ingresos y fomentamos el ahorro, la inversión y la competitividad de las empresas nacionales.
En materia de gasto público propusimos gastar menos, pero gastar mejor. Gastamos menos en intereses de la deuda pública e invertimos más en programas de bienestar social y en infraestructura básica. A lo largo de mi administración, el gasto neto total del sector público habrá acumulado una reducción del 25% en términos reales por el menor pago sobre intereses de la deuda pública. Al mismo tiempo, entre 1988 y 1994 duplicamos, en términos reales, los recursos del gasto social.
La reforma del Estado implicó la reestructuración del sector paraestatal. Se fortalecieron las empresas estratégicas y se desincorporó a la mayoría de las restantes, 415 entidades paraestatales, el 67% del total. A partir de diciembre de 1990, con los recursos generados por el aumento temporal de los precios del petróleo y los provenientes de la venta de empresas, creamos el Fondo de Contingencia. En la medida en que se consolidó la estabilización económica, decidimos utilizar la mayor parte de estos recursos para amortizar y reducir la deuda. Al cierre de septiembre, el fondo presentaba un saldo de 521 millones de nuevos pesos.
Con recursos provenientes del fondo y del superávit fiscal hemos reducido radicalmente el endeudamiento público. La deuda neta total del sector público consolidada con el Banco de México, pasó de 68% del PIB en 1988 a 22% este año; su valor real se redujo en más del 60%. Ello ha permitido abatir el pago de intereses por adeudos totales del 18% del PIB en 1988 a únicamente 2.5% en 1994. En términos del presupuesto, esta disminución de la deuda implica que el pago de intereses se redujo de 44% del gasto público en 1988 a sólo 10% en la actualidad. Con ello abrimos espacios para aumentar el gasto social y el de infraestructura básica en forma permanente.
En los últimos cuatro años el Gobierno Federal ha mantenido una posición acreedora frente al Banco de México, en contraste con la crónica situación deudora de años anteriores. Actualmente, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal es alrededor de 5% del PIB, menor en 15 puntos porcentuales a su nivel de 1988.
La renegociación de la deuda externa logró lo que nos habíamos propuesto, abatir la transferencia neta de recursos al exterior, disminuir el monto de la deuda histórica acumulada, asegurar recursos netos durante un periodo amplio y reducir el valor real de la deuda y su proporción respecto al PIB. Este menor saldo histórico de nuestro adeudo se acompaña de una mejor estructura de vencimientos; al primer semestre de 1994 sólo el 6% está documentado a plazos menores a un año. En la actualidad, la deuda externa neta del sector público representa alrededor del 17% del PIB; en 1988 representaba casi la mitad de todo lo que producíamos los mexicanos.
México ha consolidado su retorno a los mercados voluntarios del capital. La estabilidad macroeconómica y los cambios estructurales en el aparato productivo han aumentado el potencial de crecimiento de la economía mexicana y han dado viabilidad a numerosos proyectos de inversión. México ha dejado de transferir recursos al exterior y hoy se registra la entrada de importantes flujos de capital. Recordemos, pasamos de transferir recursos al exterior equivalentes al 6% del PIB anual a recibirlos por 3.2% del PIB en promedio anual entre 1990 y 1993. Entre 1989 y julio de 1994, los flujos de inversión extranjera ascendieron a casi 50 mil millones de dólares, con lo cual se duplicó la meta sexenal. Globalmente, el superávit en la cuenta de capital de la balanza de pagos fue de 31 mil millones de dólares en 1993, el flujo de recursos foráneos que combina inversión extranjera y otros fondos en el primer semestre de 1994 ha sido de más de 12 mil millones de dólares.
La contrapartida natural del superávit en la cuenta de capital es un déficit de la cuenta corriente. Este déficit es la manifestación de que el país está haciendo uso de recursos del exterior, que hacen posible la expansión de la planta productiva nacional a mayor velocidad que si se utilizara exclusivamente financiamiento de origen interno. A diferencia de lo que sucedió en el pasado, los recursos del exterior se utilizan para financiar proyectos de inversión del sector privado y ello se ha traducido en el aumento de la inversión privada respecto al PIB, permitiendo avanzar en la modernización de la planta productiva y en el cambio estructural de la economía, sin afectar reservas. Al día de ayer, las reservas internacionales depositadas en el Banco de México sumaron 17 mil 242 millones de dólares. Conviene destacar que este monto de reservas no incluye recursos de las líneas de apoyo recíproco que se tienen contratadas con las autoridades financieras de varios países y los cuales no están siendo utilizados. El nivel de las reservas nos permite fortalecer la solvencia de nuestra moneda.
Consolidamos fuentes permanentes de ahorro interno para apoyar el financiamiento de la inversión productiva. El saldo del ahorro financiero en 1988 representaba el 29% del PIB, mientras que en 1993 fue de 49%; este año continúa en ascenso y en los primeros nueve meses registró un crecimiento promedio anual de 14% en términos reales.
La eliminación del déficit público y el fortalecimiento del ahorro financiero permitieron ampliar el financiamiento a los sectores privado y social, que pasó de representar el 14% del producto en 1988 a 39% en 1993, continuando con esta tendencia en 1994, al registrar en los primeros nueve meses un crecimiento real anual promedio de 18%.
El manejo congruente de la política monetaria y los avances en la estrategia de estabilización permitieron un descenso en las tasas de interés a partir de 1988. El rendimiento nominal de los Cetes a 28 días pasó de 52% en diciembre de 1988 a 13.6% en octubre de este año. Las tasas reales mantienen su tendencia decreciente de largo plazo.
La introducción de la nueva unidad monetaria a partir de 1993, transitoriamente denominada "nuevo peso", ha simplificado notablemente los procedimientos contables y de registro de las cifras en moneda nacional. En este año hemos avanzado en la sustitución gradual de los antiguos pesos por la nueva unidad, proceso que se espera concluir el 31 de diciembre de 1995. Desde octubre de 1994 circula en el mercado una nueva emisión de billetes y es la primera vez en la historia del papel moneda en México que se pone en circulación una nueva familia completa de billetes.
La política cambiaria otorgó certidumbre a las decisiones de inversión, contribuyó a disminuir la inflación y mantuvo la competitividad de la economía. En el marco del pacto concertamos un mecanismo de deslizamiento gradual. En noviembre de 1991 eliminamos el control de cambios que se encontraba vigente desde 1982 y, de manera simultánea, establecimos una banda de flotación del peso frente al dólar. Esta nueva estrategia otorgó mayor flexibilidad al tipo de cambio en el corto plazo y fomentó una mayor estabilidad en el largo plazo con menor intervención del banco central.
La modernización del sistema financiero es parte del cambio estructural. La reforma financiera abarcó cuatro aspectos fundamentales; adecuación del marco jurídico, liberación y mayor competencia, modernización de la banca de desarrollo y fortalecimiento de la supervisión.
El Constituyente permanente aprobó la modificación constitucional que restableció el régimen de propiedad mixto en la prestación de servicios bancarios. El Congreso aprobó y modificó leyes que regulan el sistema financiero, entre las que destacan la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y las disposiciones tendientes a internacionalizar el mercado de capitales.
La desregulación y la creación de nuevos intermediarios financieros ha propiciado una mayor competencia. Se liberó la fijación de tasas de interés y de plazos, se eliminaron los cajones selectivos de crédito y desapareció el encaje legal. Entre 1991 y 1992 se llevó a cabo la enajenación de los activos del Gobierno Federal en las 18 instituciones de banca múltiple.
Para aprovechar economías de escala e impulsar el desarrollo de un sistema de banca universal competitiva se autorizó la creación de 29 grupos financieros, que integran a 181 instituciones. Entre 1993 y 1994 se autorizó también la creación y operación de 18 nuevas instituciones de banca múltiple, propiedad de mexicanos. El número de uniones de crédito se ha más que duplicado durante la actual administración, y se han autorizado más de 300 instituciones financieras diversas, como casas de bolsa, aseguradoras, arrendadoras y casas de cambio.
Se autorizó el establecimiento de 52 filiales financieras del exterior, con una inversión equivalente en nuevos pesos a más de 1 mil 200 millones de dólares. La negociación de la apertura financiera dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte asegura que el control del sistema de pagos siempre estará en manos de mexicanos. Se modificó el marco regulatorio del mercado de valores, se promovió la internacionalización del mercado bursátil y se realizaron ofertas públicas por montos sin precedente.
La banca de desarrollo reorientó sus operaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas, mejoró sus fuentes de fondeo y eliminó subsidios injustificados. Para fortalecer a la banca de desarrollo se estableció un estricto régimen de capitalización, de calificación de cartera crediticia y de creación de reservas preventivas.
El proceso de apertura y liberalización del sistema financiero ha generado mayor competencia que obliga a los intermediarios a ofrecer mejores servicios y a reducir márgenes de ganancia y, por tanto, a otorgar mejores condiciones de tasas y plazos a sus usuarios.
Ahora, la autoridad financiera dispone de un marco legal congruente con la apertura y puede intervenir de manera preventiva para disminuir los riesgos a los inversionistas y ahorradores, o hacerlo de manera correctiva y con todo el rigor de la ley, cuando se comprueben ilícitos. Una supervisión adecuada por parte de las au toridades es el eslabón que permite lograr, simultáneamente, una competencia intensa entre los intermediarios y la estabilidad del sistema.
En los tiempos actuales de creciente globalización se hace necesaria una amplia interrelación con la economía mundial para lograr pleno aprovechamiento de las ventajas competitivas del país a fin de asegurar la rentabilidad de las inversiones, la creación de empleos y la elevación sostenida de los niveles de vida. No hay duda, la protección privilegia al capital y concentra el ingreso; la apertura favorece el empleo y la redistribución del ingreso.
La estabilidad macroeconómica, la apertura comercial, los acuerdos promovidos por el Gobierno para abrir mercados externos y la desregulación del mercado interno han elevado la capacidad exportadora del país. Así, las exportaciones pasaron de poco más de 30 mil millones de dólares en 1988 a casi 52 mil millones en 1993 y, en los primeros ocho meses de este año, alcanzan 39 mil millones de dólares. Las importaciones también han presentado un crecimiento importante, de 28 mil millones de dólares en 1988 a 65 mil millones en 1993, su mando ya casi 51 mil millones en agosto de 1994; las importaciones de bienes intermedios y de capital representan casi el 90% de la factura de importaciones.
Hemos avanzado en la creación de una nueva cultura exportadora basada en el notable dinamismo de la manufactura. La participación de las exportaciones de manufacturas en el total pasó de 56% en 1988 a casi 70% en 1994. Las exportaciones petroleras representan sólo el 12%, la economía mexicana está ya despetrolizada.
En estos años establecimos una regulación más clara y transparente del comercio internacional. Casi todos los permisos previos de importación han sido sustituidos por aranceles; hemos reducido la dispersión arancelaria, reforzamos, también, los instrumentos de fomento a las exportaciones y fortalecimos los mecanismos de defensa contra las prácticas desleales del comercio internacional. El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorgará, durante 1994, un total de casi 16 mil millones de dólares, a fin de incorporar a más de 20 mil nuevas empresas a la actividad exportadora.
La Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones se consolidó como una instancia legal de coordinación y concertación entre las autoridades y la comunidad exportadora. Los acuerdos de libre comercio han permitido diversificar mercados, captar capitales y acceder a tecnologías avanzadas. Desde un principio claramente establecimos que negociaríamos no un mercado común, sino un tratado de libre comercio que, por una parte, preservara plenamente la soberanía del país y se apegara a lo establecido por la Constitución y, por otra, creara condiciones estables y permanentes para el acceso de los productos mexicanos a dichos mercados.
En el periodo que cubre este informe, las instancias legislativas de México, Canadá y los Estados Unidos, aprobaron y ratificaron el Tratado de Libre Comercio suscrito en 1992 por los jefes de Estado de los tres países, así como los acuerdos paralelos firmados en 1993. Gracias a ello, el tratado entró en vigor el 1o. de enero de 1994.
El tratado ha creado condiciones inéditas para el crecimiento de nuestras exportaciones; los primeros datos así lo confirman. Entre enero y agosto de 1994 las ventas totales de México a los Estados Unidos, comparadas con el mismo periodo del año anterior, crecieron en un 22%, las exportaciones no petroleras lo hicieron en un 25% y el mayor incremento lo registraron las exportaciones de manufacturas que aumentaron en un 27%. Este ritmo de crecimiento duplica el de las exportaciones del resto del mundo a los Estados Unidos. Las ventas de Canadá, a su vez crecieron en el primer semestre del año en un 36%. Las inversiones extranjeras también observaron un incremento sustancial; entre enero y septiembre de 1994, sólo por este concepto ingresaron al país más de 10 mil millones de dólares. Estos resultados muestran, por una parte, que México está enfrentando con éxito los desafíos de la apertura y, por otra, que ha sabido aprovechar las ventajas que brinda el tratado para allegarse capitales y tecnologías, incrementar su productividad y competir con éxito en los mercados de América del Norte. El tratado se ha convertido, así, en un poderoso instrumento para atraer nuevas inversiones, crear empleos productivos y elevar el bienestar de los mexicanos.
Al interior, en los últimos seis años, aplicamos interiormente con gran vigor un conjunto de reformas al marco regulador de la actividad económica. De 1989 a 1994 se desregularon aproximadamente 60 áreas. La nueva Ley Federal de Competencia Económica completó el programa de desregulación, al incluir diversas disposiciones que permiten la acción correctiva del Estado para evitar prácticas monopólicas.
En el campo, a través del diálogo y el trabajo conjunto, realizamos una profunda reforma para reactivar la producción con más libertad y más justicia. Los campesinos cuentan ahora con plenos derechos sobre sus tierras a raíz de las reformas al artículo 27 constitucional. Cuentan también con instituciones renovadas e instrumentos de apoyo directo. En conjunto, estas reformas fortalecen la capacidad productiva de los campesinos en un marco de libertad. Hay un nuevo trato con el Gobierno; el paternalismo burocrático cede el paso al respeto y al apoyo a las iniciativas individuales y comunitarias; los campesinos pasaron a ser sujetos de su propia transformación.
En los últimos seis años, el crecimiento de la producción de los 10 principales cultivos agrícolas duplicó al de la población nacional. Hoy, todo el maíz y frijol que consumimos se producen en México. Se incrementó sustancialmente el cultivo de frutas y de hortalizas. En materia pecuaria, aumentó la oferta y se mantuvo, hasta junio de este año, un saldo superavitario en la balanza comercial, armonizándose las regulaciones sanitarias y agilizándose las transacciones. Sin duda, aún estamos lejos de lo que necesita y merece el campo, pero las bases para que realmente se eleve la calidad de vida campesina están ya puestas.
Apoyados en el nuevo marco jurídico, se dio cauce al abatimiento del rezago agrario, logrando desahogar el cúmulo de expedientes dotatorios que teníamos rezagados. Atendimos en su totalidad las resoluciones presidenciales ejecutables, formalizando al término de mi administración la entrega de 5 millones 514 mil 900 hectáreas a 169 mil 234 compatriotas.
La Procuraduría de los Tribunales Agrarios está trabajando con tenacidad en todo el territorio nacional promoviendo y vigilando que los ordenamientos legales se cumplan. De 1992 a junio de 1994 el Tribunal Superior Agrario resolvió 1 mil 223 expedientes, instaurados antes de la reforma al marco legal y dictó resolución favorable para la entrega de 1.1 millones de hectáreas a 71 mil campesinos.
Emprendimos un muy ambicioso programa de titulación de tierras, el Procede, para que los campesinos estén en posibilidad de ejercer plenamente los derechos que les otorga la actual legislación y con ello estimular la inversión y la producción. A través del Procede se integrará el catastro de los 29 mil ejidos del país y, este año, más de 15 mil ejidos ya están incorporados por decisión de sus asambleas. Al concluir la presente administración se habrán entregado 1 millón 250 mil certificados y títulos que cubren una superficie aproximada a los 7.5 millones de hectáreas. A los productores rurales, que ocupan terrenos nacionales en el campo mexicano, les dimos certeza jurídica al entregarles, durante los seis años de mi Gobierno, 581 mil 693 títulos. La titulación de predios termina con los conflictos de límites entre comunidades y familias, da certeza al patrimonio de ejidatarios y comuneros y hace justicia a los avecindados que durante tantos años vivieron en la incertidumbre y el agobio. Procede es acto de justicia y también garantía de armonía social.
En los últimos seis años se concluyeron 32 presas, con una capacidad conjunta de más de 12 mil millones de metros cúbicos, 8% más que la capacidad de almacenamiento existente en 1988. Destacan las presas de almacenamiento Miguel de la Madrid en Oaxaca; Constitución de Apatzingán, en Michoacán; Ramón Corona Madrigal, en Jalisco; el sistema La Zurda, y la más grande en el país para agua potable, El Cuchillo-Solidaridad, en Nuevo León. Entre 1989 y 1994 se abrieron al riego 206 mil hectáreas nuevas, 646 mil rehabilitadas, 325 mil mejoradas y 293 mil hectáreas de temporal se beneficiaron con la infraestructura de drenaje y caminos. Los programas de infraestructura hidroagrícola se realizaron con la participación de los usuarios. En estos seis años se entregaron el 75% de los distritos de riego a sus usuarios organizados.
En el sexenio el financiamiento bancario al campo se incrementó, en términos reales, en 127%. Mejoramos la eficiencia del seguro agropecuario al incrementar de 1991 a 1994 la su perficie habilitada en 40%, duplicando casi la suma total asegurada. En los últimos seis años el gasto público destinado al desarrollo rural creció en 44% real. Desde el inicio modificamos la política de precios al sustituir gradualmente el régimen de precios de garantía, que apoyaba principalmente a los productores con excedentes, por uno de apoyos directos, que este año ya abarca a todos los campesinos productores de granos básicos. Los precios de garantía no eran justos ni transparentes y originaban distorsiones a lo largo de las cadenas productivas.
Procampo ha contribuido al cambio y a mejorar la situación de los campesinos. Una cuarta parte del ingreso monetario del 60% de los hogares de las zonas rurales proviene ahora del Procampo. Por ello, la nueva política contribuye a una distribución más equitativa del ingreso y promueve la reconversión productiva hacia aquellos productos en los que podemos competir mejor. Por primera vez, 3.4 millones de campesinos recibieron apoyos directos por 4 mil 700 millones de nuevos pesos. En julio de 1994, expedí el decreto que regula la operación de Procampo y establece su permanencia por 15 años.
Con objeto de dar dinamismo a la actividad pesquera ampliamos la participación privada y social en la explotación de especies anteriormente restringidas. Se incorporaron 47 mil hectáreas a la acuacultura y este año la producción de camarón de acuacultura, fue de más de 15 mil toneladas, volumen sin precedente en la producción acuícola total. Al mismo tiempo el Estado reforzó su presencia estratégica en las áreas de promoción y ordenación, apoyó la capitalización de las cooperativas, triplicó la inversión pública destinada al desarrollo de la infraestructura pesquera y aplicó estrictamente la regulación de vedas para la protección de especies marinas, como delfines y tortugas. Con la nueva Ley de Pesca se dieron concesiones particularmente al sector social; también se reestructuró la deuda de las sociedades cooperativas, tanto del litoral del Pacífico como del Golfo de México.
En el ámbito industrial, las reformas estructurales se han traducido en notables incrementos en el nivel de productividad de las empresas mexicanas. En 1988 la productividad laboral de la industria manufacturera se incrementaba a una tasa anual de 3.5%. Durante 1994 la productividad de este sector aumenta a tasas superiores al 8%, muy por encima de las de nuestros principales socios comerciales. Las mejoras en la productividad son el elemento fundamental para lograr una recuperación sostenida de los salarios reales, incrementando la competitividad internacional de nuestra economía.
La promoción de la industria micro, pequeña y mediana ha sido una tarea prioritaria. Nacional Financiera (Nafin) ha apoyado en estos seis años a más de 415 mil empresas y el Banco de Comercio Exterior a más de 50 mil. Medio millón de pequeños y medianos empresarios han sido apoyados. Para incrementar el acceso de las empresas pequeñas a los distintos mercados, especialmente a los internacionales, se auspició la creación de 350 uniones de crédito y 90 empresas integradoras.
Petróleos Mexicanos (Pemex) experimentó, en estos años, una profunda reestructuración administrativa y, por eso, continúa siendo un pilar del desarrollo nacional. Se revirtió la tendencia decreciente observada en la década de los 80 en el gasto de inversión. La producción promedio de petróleo crudo y de gas natural se elevaron. En enero de 1994 las reservas se ubicaron en casi 65 mil millones de barriles de petróleo crudo, garantizándose, al actual ritmo de explotación, el abasto de hidrocarburos hasta el año 2043. ¡Mantenemos la sexta posición mundial por el monto de nuestras reservas! No obstante el adverso entorno internacional de la industria petroquímica, se elevó la producción. La integración de cadenas productivas se mejoró y se promovió la inversión privada, nacional y extranjera, mediante una amplia reclasificación de la petroquímica básica. Se atiende el cuidado del medio ambiente y se privilegia la elaboración de gasolinas y de gas licuado de alta calidad ecológica. ¡Con su nueva Ley Orgánica, Pemex logró consolidarse como la gran empresa nacional de todos los mexicanos! Los cambios en Pemex han sido para su fortaleza, para hacer de ella una industria eficiente y competitiva que sirva mejor a los mexicanos. ¡Mi reconocimiento a los trabajadores y autoridades de esta industria, que con su actividad vigorizan esta conquista histórica de la nación! La industria eléctrica es otra de las columnas vertebrales del desarrollo nacional. Por ello, hemos alentado su fortalecimiento a través de mayores recursos de inversión para satisfacer las altas tasas de crecimiento de la demanda. Se cuenta con un nuevo marco jurídico y una nueva comisión reguladora que alientan la participación de los particulares, sin alterar la responsabilidad constitucional del Estado de otorgar este servicio público a través de la Comisión Federal de Electricidad y del nuevo organismo: Luz y Fuerza del Centro. Durante mi Gobierno, la capacidad instalada de generación se incrementó en 35% y en seis años se concluyeron 18 nuevas plantas, entre éstas destacan la carboeléctrica Carbón II; la segunda unidad de la central nucleoeléctrica Laguna Verde; la central dual Plutarco Elías Calles, en Petacalco; la termoeléctrica Adolfo López Mateos y las hidroeléctricas Valentín Gómez Farías, Zimapán y Aguamilpa-Solidaridad, siendo esta última una de las plantas de mayor importancia, con capacidad para atender al 10.2% de la demanda de los habitantes de la región occidental del país y la primera hidroeléctrica cuya construcción se inicia y concluye en un sexenio. Por lo que se refiere a la red eléctrica, para noviembre de 1994, se habrán incorporado 103 mil kilómetros de líneas de transmisión y distribución, 22% más que en 1988, lo que equivale a una longitud de 2.5 veces la circunferencia de la Tierra.
Promovimos la modernización de la minería, a través de la adecuación del marco regulatorio, la simplificación administrativa, la modificación del régimen fiscal, la liberación de zonas en reservas mineras, así como la desincorporación de empresas públicas. Se han abierto nuevas posibilidades a los inversionistas nacionales y del exterior. En el transcurso de mi Gobierno se han desincorporado 5.2 millones de hectáreas de zonas en reservas mineras, 97% del área retenida por el Estado hasta 1988. El país se mantiene entre los 10 primeros lugares en la producción de minerales.
Se amplió y modernizó la infraestructura de las comunicaciones y transportes con la participación de particulares en su construcción y operación. Al mes de noviembre de 1994 se tendrán en operación 6 mil 294 kilómetros de nuevas autopistas; con ello se superó en 58% la meta establecida al inicio de esta administración, y se multiplicó por seis su extensión.
Las carreteras concesionadas a particulares se revertirán a la nación al término de las concesiones. Se trabajó en conservación y rehabilitación de 44 mil kilómetros de la red troncal de carreteras. En el medio rural se construyeron 10 mil kilómetros de carreteras alimentadoras y de caminos vecinales.
El sistema ferroviario mexicano tiene un severo rezago, pero cuenta con bases para su transformación. Mediante una política comercial y además flexible, recuperamos los niveles de carga anteriores a 1988. La participación del sector privado ha contribuido a la construcción y puesta en servicio de las terminales interiores de transferencia de carga. Hoy se dispone de avanzados dispositivos de comunicación vía satélite para el control de tráfico.
Disponemos de un nuevo marco jurídico, moderno y flexible para la reconstrucción integral de los puertos, conviertiéndolos en entidades autónomas, financieramente autosuficientes. A la fecha se han constituido y puesto en operación 17 administraciones portuarias integrales. Respecto al sistema aeroportuario nacional, se ampliaron y remodelaron, con participación de particulares, los 17 aeropuertos con mayor demanda y se concluyeron los aeropuertos de Tepic, Colima y El Bajío. En octubre pasado se lanzó y puso en órbita el satélite Solidaridad II. Se apoya así la expansión de los servicios de telefonía rural a comunidades con menos de 500 habitantes, a un costo no igualado por sistema alguno; además se ampliará nuestra oferta de servicios en el mercado internacional de las telecomunicaciones.
Avanzamos significativamente en la reconversión de la actividad turística, con nuevos atractivos en ciudades coloniales, en turismo ecológico y en centros arqueológicos, como el denominado Mundo Maya. Actualmente ocupamos el octavo lugar en el mundo en captación de turistas. El desarrollo de 15 megaproyectos turísticos, en todo el territorio nacional, ha contribuido a ampliar la oferta de hospedaje que, para 1994, rebasó los 374 mil cuartos.
La actividad turística tiene una balanza favorable, entre 1988 y 1994, de 11 mil millones de dólares. Esto colocó al sector turístico mexicano en el primer lugar por este concepto entre los países latinoamericanos. Cerca del 13% de la inversión foránea total se canalizó a este sector, que representa hoy en día el 3.2% del producto nacional y emplea a casi 2 millones de personas.
Promover más justicia y ampliar el horizonte de bienestar para las familias es el propósito de los cambios. Sin duda, abatir la inflación ha sido vital para cancelar una de las principales fuentes de concentración del ingreso; es indispensable pero no suficiente. El Estado tiene que proponerse una política social deliberada, para elevar el nivel de vida, beneficiando más a los que menos tienen y esto requiere de recursos, de organización y de compromiso. En ello hemos trabajado invariablemente a lo largo de estos seis años.
En 1988, por cada peso erogado por el sector público para el pago de intereses, se destinaban sólo 34 centavos al desarrollo social; hoy, por cada peso gastado en el pago de la deuda, se destinan más de 4.00 pesos al gasto social y al abatimiento de la pobreza extrema. Esto permitió que el gasto en educación se duplicara en términos reales, en salud creciera 81%, en desarrollo urbano, agua potable y ecología 51%, en abasto más de 77%, en justicia y se guridad 68%, en desarrollo rural 44% y en solidaridad más de dos y media veces. Este es el cambio más importante en la orientación del gasto en los últimos 25 años y refleja un firme compromiso con el bienestar de los mexicanos.
Hoy somos alrededor de 90 millones de mexicanos, ello significa que en seis años se agregaron 10 millones más a la población total. La tasa de crecimiento de la población pasó de 3.2% en 1970 a 1.8% en 1994. Para lograr este menor ritmo de crecimiento demográfico impulsamos una política eficaz de población, respetuosa de la dignidad y la libertad de las personas. A este resultado contribuyó el trabajo de los consejos nacional, estatales y municipales de población. No obstante el incremento poblacional, la política social logró revertir la caída en el bienestar de la población de acuerdo con el índice que construye el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Entre 1984 y 1989 ese índice registró un deterioro promedio anual de 0.6% y entre 1989 y 1992 alcanzó una tasa promedio de mejora anual de 1%, tendencia que continuó en menor medida en 1993, debido al menor crecimiento de la economía de ese año; en 1994 tendremos un mejor resultado.
El empleo es la base más firme contra la pobreza y el mejor camino a la justicia. Hemos creado más pero reconocemos que no hemos conseguido crear los empleos que nos propusimos. El proceso de modernización y reconversión en las empresas requiere de tiempos de maduración y coincide con el crecimiento histórico más elevado de mexicanos en edad de trabajar. Con todo, en los ultimos seis años, el número de trabajadores asegurados permanentes por el IMSS con categoría de asalariados aumentó en 26%.
Los indicadores que miden el desempleo abierto del país mostraron a partir de 1988 reducciones consecutivas, excepto en 1993, para retomar a partir de mayo de 1994 una tendencia positiva. Las políticas activas de empleo y fomentadas en esta administración permitieron mitigar los efectos desfavorables del proceso de reconversión industrial y de la desaceleración económica. El servicio nacional de empleo canalizó el 77% de cerca de 1.9 millones de solicitantes a un centro de trabajo. Se otorgaron 465 mil becas de capacitación a trabajadores desempleados.
La disminución de la inflación y el crecimiento sostenido en la productividad han permitido iniciar la recuperación de las percepciones reales de los trabajadores. El salario promedio de cotización al IMSS creció entre diciembre de 1988 a agosto de 1994, 22% en términos reales. Los sueldos y salarios en las manufacturas promediaron, en los primeros cinco años, un crecimiento real anual del 6.6% cuando en la década anterior fue negativo en una proporción similar y en los primeros seis meses de 1994 se hicieron 4.8% real. Las remuneraciones de los asalariados se incrementaron como proporción del PIB, llegando en 1993 a la cifra más elevada de 1988.
Como resultado de la concertación del pacto suscrito en octubre de 1993, se incrementaron los salarios mínimos conforme a la inflación estimada y a los aumentos de la productividad promedio de la mano de obra. En adición, se estableció un tratamiento fiscal que permite incrementar entre 7.5% y 10.8% el ingreso disponible de los trabajadores que obtienen este salario. Adicionalmente, se amplió la cobertura de subsidios al consumo de leche y tortilla, se ejecutaron programas especiales como el de Solidaridad Obrera. En 1994, en la concertación del pacto se planteó el otorgamiento de otro apoyo fiscal adicional al ingreso de los trabajadores que perciben hasta estos dos salarios. Con estos apoyos fiscales en efectivo más los incrementos normales, el salario mínimo ha recuperado lo que había perdido en los cinco años anteriores.
El incremento de la productividad es una de las fuentes primarias para la generación de mayores ingresos. Se han promovido programas de productividad y calidad que han abarcado 216 mil empresas medianas y pequeñas, con más de 6 millones de trabajadores. De 1989 a 1993 la productividad promedio de la mano de obra en la industria manufacturera, acumuló un crecimiento de aproximadamente 38%, acelerándose en lo que va del año, lo que derivará en una recuperación sostenida de las percepciones.
Se reformaron las leyes del IMSS y del ISSSTE para incrementar gradualmente las cuantías mínimas de las pensiones, las cuales pasaron, en el IMSS, del 35% del salario mínimo en 1988, al 95% actualmente y al 100% a partir del 1o. de enero próximo y en el ISSSTE al 100% desde 1989. Con la creación del SAR en 1992, establecimos bases sólidas para fomentar el ahorro a largo plazo y mejorar la situación económica de los trabajadores al momento de su retiro.
Actualmente, se encuentran incorporados al sistema, alrededor de 12 millones de trabajadores, con un monto total de recursos acumulados en las cuentas bancarias individuales de 24 mil millones de nuevos pesos, ahora bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
En el marco de la estrategia nacional de concertación, empresas y sindicatos negociaron la resolución de disputas con responsabilidad, respeto y plena libertad. De los emplazamientos a huelga, registrados entre 1989 y 1994, estallaron el 2.1%. En estos seis años se crearon 61 mil 117 comisiones mixtas de seguridad e higiene, que beneficiaron a más de 2 millones de trabajadores.
La educación es una prioridad nacional y así fue atendida. Propuse reformas a los artículos 3o. y 31 constitucionales para incorporar la obligatoriedad hasta el nivel de secundaria, dar sustento explícito al sistema nacional de educación y eliminar prohibiciones hoy injustificadas, todo ello, manteniendo los principios de educación pública laica y gratuita.
El sistema educativo se ha federalizado al depositar la coordinación, los recursos financieros y los planteles bajo la autoridad de los estados; se promovió una mayor interacción de las familias con las autoridades municipales y escolares. Como lo prometí, los recursos para la educación crecieron en términos reales cada año de esta administración; por ello, el gasto nacional en educación respecto al PIB, pasó del 3.6%, en 1988, a 6.1% en 1994. Esta es la proporción más alta en lo que va del siglo.
Igual resultado arroja el gasto nacional por alumno en educación, 11%, 11% más en términos reales que en 1981, el año de mayor gasto por alumno. Con solidaridad se constru-yeron 81 mil 350 aulas y laboratorios.
Fortalecimos un desarrollo educativo más equilibrado entre regiones y grupos sociales. Se trabaja para elevar el aprovechamiento escolar en 14 estados donde se presentan los más elevados niveles de marginación; además, se atendió a 3.3 millones de personas analfabetas, lo que redujo el índice de 13.7% a 9.8%.
En la búsqueda de una educación básica de calidad, se renovaron los planteles de estudio, los contenidos de la enseñanza y se promovió una revaluación social de la labor del maestro.
Se amplió el calendario escolar a 200 días efectivos de clases y en septiembre del presente año se entregó el último paquete de libros de texto gratuitos.
Año con año, se han incrementado las percepciones del magisterio, con lo cual la plaza de menor remuneración ha pasado de 1.5 a 3.3 salarios mínimos generales. La mayoría de los maestros percibe más de cuatro salarios mínimos; aumentamos en 100% sus percepciones en términos reales, entre 1988 y 1994.
Adicionalmente, en 1993, se creó la carrera magisterial para la promoción y el mejoramiento profesional, material y social del maestro. A la fecha, se ha incorporado casi medio millón de maestros a la carrera magisterial, dos terceras partes del total. A ellos, a las maestras y a los maestros de México, nuestro más amplio reconocimiento y sincera gratitud.
Mi Gobierno sostuvo el compromiso asumido de fortalecer el desarrollo de las universidades públicas y las instituciones de educación tecnológica. En este año, el presupuesto destinado a la educación pública del nivel superior, rebasa en 53% real al de 1988. Se descentralizaron los servicios de educación tecnológica y se crearon 114 planteles de bachillerato tecnológico y 16 de educacion superior.
Se ha fundado la nueva alternativa de Universidad Tecnológica y operan ya siete planteles en diversos estados de la República.
El avance científico y tecnológico, es elemento esencial para una economía competitiva y una sociedad educada.
Desde 1989, el presupuesto asignado a estas actividades se incrementó año con año hasta acumular en 1994, un crecimiento real superior al 95%. Adicionalmente, se han apoyado através del Conacyt, más de 2 mil 500 proyectos de investigación científica y sólo durante el presente año se otorgaron alrededor de 14 mil becas, ocho veces más que en 1988. El Sistema Nacional de Investigadores ha cuadruplicado el número de sus integrantes y con los estímulos establecidos, se han repatriado numerosos investigadores mexicanos.
Con pleno respeto a creaciones y creadores, hemos fomentado la preservación y el desarrollo cultural y artístico del país. Este ha sido el propósito del consejo y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
El nuevo Sistema Nacional de Creadores de Arte, dirigido a quienes han contribuido a fortalecer la cultura nacional, es un reconocimiento y un estímulo a la creación en libertad y a las condiciones para alentar esa creatividad.
Para fomentar el hábito por la lectura, casi se duplico la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. En unos días más, contaremos ya con nuevas instalaciones en el Centro Nacional de las Artes, un proyecto arquitectónico magnífico que permitirá una nueva interacción entre estudiosos de diferentes disciplinas artísticas, como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas.
Para reafirmar nuestras raíces prehispánicas, se han impulsado 14 proyectos arqueológicos integrales. La magnitud de los trabajos de exploración, investigación, restauración, mantenimiento, creación de museos y servicios que comprende el programa, no tiene precedente en nuestro país.
En los últimos seis años se ha logrado la participación de más de 25 millones de personas en actividades deportivas, tanto en los juegos nacionales estudiantiles, del deporte obrero, como en las competencias de alto rendimiento. Los recursos programados para el deporte por el Gobierno Federal ascendieron en 1994 a un monto 13 veces superior en términos reales a lo asignado en 1988.
Me comprometí al inicio de la administración, a avanzar en la infraestructura y en la calidad de los servicios de salud, en particular para los más necesitados y para los niños. Nuestra población aumentó su promedio de vida a 68.7 años para el hombre y 74.6 para la mujer. La tasa de mortalidad general se redujo de 5.2 en 1988, a 4.7 defunciones por mil habitantes en los últimos cinco años.
Destaca la atención destinada al grupo materno-infantil, que permitió disminuir la tasa de mortalidad infantil en más de 30%. Creció la cobertura de los servicios de salud, el IMSS y el ISSSTE alcanzaron en 1994, 45.5 millones de derechohabientes, 3 millones más en comparación de 1988. La Secretaría de Salud y el IMSS-Solidaridad, atendieron a la población de las áreas rurales, urbanas marginadas y en especial de los lugares donde habitan los grupos sociales más vulnerables, alcanzando una cobertura de 39.5 millones de habitantes, 11.2 millones más que en 1988.
Durante los últimos seis años, el gasto público en salud y seguridad social se incrementó en 81% en términos reales, alcanzó el 4.1% del producto y casi el doble que en 1988, para apoyar la construcción de más de 2 mil 500 nuevas unidades médicas, equivalentes a una diaria en estos seis años y 120 hospitales, equivalentes a uno nuevo cada 18 días. Asimismo, se incorporaron más de 27 mil médicos y más de 34 mil enfermeras. La calidad se muestra por un aumento del 33% en consultas de especialidad y 54% más en exámenes de laboratorio. Contamos ahora con el Centro Médico Siglo XXI, reconocido entre los más modernos de América latina y del mundo y se concluyó la reestructuración integral del Centro Hospitalario 20 de Noviembre del ISSSTE.
Mediante el programa de vacunación universal, se lograron coberturas hasta de 93% en niños menores de cinco años. Así, México ya alcanzó la meta mundial de inmunización propuesta para el año 2000. Como resultado de estas acciones no se registran casos de poliomielitis desde hace cinco años y de difteria desde hace cuatro. Otras afecciones han reducido su presencia al nivel más bajo de la historia sanitaria del país. El paludismo se redujo en 95% y logramos reducir en 67% la mortalidad por enfermedades diarreicas en menos de cinco años en relación a 1988. Esto último permitió controlar y reducir el problema del cólera.
Durante 1994, el DIF otorgó atención con eficacia y responsabilidad a poco más de 10 millones de habitantes de escasos recursos, especialmente menores, adolescentes, mujeres embarazadas, ancianos desamparados, minusválidos e indigentes, lo que representa un crecimiento de 28% en relación a los atendidos al inicio de esta administración.
Especial mención merece el desempeño del Voluntariado Nacional. Las mujeres que en él trabajan, apoyan los esfuerzos comunitarios y comparten su ánimo social. Mi reconocimiento a quien las encabeza y a todas las damas promotoras voluntarias.
El Programa Cien Ciudades ha contribuido a moderar el crecimiento de las zonas metropolitanas de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla y a ordenar el desarrollo de las ciudades medias. También impulsó la oferta pública del suelo y de reservas territoriales. Mediante la actualización de registros catastrales, fue posible incrementar en 3.5 veces la recaudación en beneficio de las administraciones municipales, con respecto a la que se registró en 1992, cuando se inició este programa. Se fomentó la inversión en renovación urbana de las zonas centro de las ciudades. A través del Programa Ambiental Fronterizo, mejoró la atención a los problemas en 16 ciudades de la frontera norte.
En materia de vivienda, y en beneficio de más de 13 millones de mexicanos, hemos efectuado un programa de construcción de 2.7 millones de viviendas, que significa prácticamente el doble de lo realizado en la década anterior. Sin duda, el problema no está concluido, pero tenemos mejores bases para hacerlo.
En los tres últimos años de mi administración, la inversión para vivienda llegó a un porcentaje superior al 3% del PIB. A partir de 1993 y producto de una importante reforma, el Infonavit pagó rendimientos superiores a la inflación a cada una de las cuentas de ahorro de los trabajadores y, a su vez, el trabajador puede ahora aplicar libremente su crédito a la vivienda de su elección. Durante esta administración, el Infonavit ha otorgado 550 mil créditos, que se comparan con los 750 mil otorgados en los 16 años anteriores. Además, entregó más de 880 mil títulos de propiedad.
México ha logrado definir y aplicar una nueva política ecológica. La protección a nuestro medio ambiente es condición del desarrollo; el cuidado y el aprovechamiento racional de nuestros recursos, son imperativo moral en nuestra relación con las generaciones presentes y futuras. Hoy se ha completado y actualizado el marco jurídico y normativo, las ins tituciones se han modernizado, para hacer más ágil la gestión ambiental. Hemos puesto en operación políticas preventivas y correctivas.
Así, se ha realizado la evaluación previa del efecto ambiental de casi 5 mil proyectos de inversión, con el propósito de que toda actividad y obra de infraestructura no pongan en riesgo el medio ambiente. Durante los últimos tres años, hemos levantado un inventario de 763 empresas de alto riesgo, que han realizado los estudios correspondientes y en su caso los programas de prevención de accidentes. En lo correctivo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente efectúa, a partir de su creación en 1992, más de 34 mil visitas de inspección a industrias y áreas naturales protegidas, con la aplicación de las medidas correspondientes.
Se impulsó la inversión pública y privada para la instalación de tecnologías limpias, particularmente en la pequeña y mediana empresa. En pocos años se ha reducido el deterioro ambiental a través de acciones en las que el Gobierno y sociedad han sido corresponsables. Falta por hacer, pero los pasos que se han dado nos acercan a satisfacer la sentida demanda por un ambiente sano y limpio.
En cumplimiento del compromiso de sanear nuestros ríos, lagos y acuíferos, se instalaron 415 plantas de tratamiento de aguas negras; ahora tenemos 3.3 veces más la capacidad instalada en 1988. En cuanto a la cobertura en el suministro de agua potable a nivel nacional, ésta pasó de 76% en 1988 a 86% de la población en 1994.
Para mejor preservar nuestra biodiversidad, decidimos ampliar la extensión de nuestras áreas protegidas, conocer mejor nuestra riqueza y propiciar su aprovechamiento racional. Así, en estos seis años, más que se duplicó la superficie protegida en las reservas naturales. Hoy supera los 10 millones de hectáreas. Mejoramos así el cuidado de nuestra gran diversidad biológica, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la que ha permitido avanzar en la identificación de las más de 30 mil especies animales y vegetales presentes en nuestro territorio.
México ratificó su compromiso con la conservación de las especies, al apoyar la persistencia de la moratoria internacional que impide la captura de las ballenas y la protección de las tortugas marinas. Un mejor conocimiento y una mayor protección de nuestras riquezas naturales, permiten ya su aprovechamiento racional en proyectos de ecología productiva.
Durante este sexenio se invirtió en la ciudad de México más que en las tres décadas anteriores. El Distrito Federal saneó sus finanzas públicas y los ingresos propios del Departamento crecieron un 82% en términos reales. Se demostró con hechos la voluntad política para proteger el medio ambiente y la salud de la población. Se cerró la Refinería 18 de Marzo y se introdujeron mejores combustibles y sistemas de control de emisiones en industrias y vehículos. Asimismo, se expropiaron importantes zonas para recarga de acuíferos en el Ajusco y en la Sierra de Guadalupe. Se puso en marcha una estrategia integral de abastecimiento y distribución, uso racional y reutilización del agua. El servicio se incrementó para atender al 98% de la población, mediante la red de distribución y sólo el 2% por vivir en zonas muy altas, se abastece mediante carros, cisternas y tanques portátiles.
Para esto se pusieron en servicio 11 kilómetros del acueducto periférico, 122 kilómetros de red primaria, 52 plantas de bombeo y 30 tanques de almacenamiento. Se sustituyeron 635 mil muebles sanitarios en escuelas, industrias, comercios y edificios públicos, con lo que diariamente se ahorran 120 millones de litros.
La infraestructura del drenaje avanzó al mayor ritmo histórico que haya tenido la ciudad de México. Se construyeron 31 kilómetros de drenaje profundo, 20 plantas de bombeo, 367 kilómetros de red primaria, 63 kilómetros de colectores marginales, cinco lagunas de regulación. Destaca el entubamiento de mil metros del gran canal, obra exigida por la ciudad. Así, se incrementó la cobertura del drenaje en 20%, de manera que el 94% de la población ya cuenta con este servicio, es decir, 2 millones más que en 1988.
De notable importancia fue la recuperación del entorno agrolacustre de Xochimilco y Tláhuac, que estaba condenado a la desaparición. La superficie rescatada abarca 1 mil 100 hectáreas e incluyó el saneamiento de los canales Nacional y Chalco, los cuales ahora conducen agua limpia tratada.
Por su valor arquitectónico el Centro Histórico de la ciudad de México es uno de los más destacados de América. Conserva 1 mil 500 inmuebles coloniales y el más importante centro ceremonial azteca. Con objeto de rescatar esta zona, se realizaron obras de revitalización con una inversión pública y privada de 1 mil 500 millones de nuevos pesos.
Con la construcción de las líneas 8 y la línea "A", se amplió la red del Metro en 38.5 kilómetros; es decir, 26% más que en 1988; éstas obras indujeron la transformación a vías rápidas de 11 kilómetros de la calzada Zaragoza, misma que junto con la ampliación de las salidas a Toluca, Pachuca, Puebla y Ajusco, mejoraron la fluidez del tránsito. Recientemente se inició una nueva línea, la "B", que constará de 21 kilómetros de longitud con 21 estaciones y se desplazará hasta Ecatepec, Estado de México. La vialidad primaria se incrementó en 85 kilómetros, se terminaron siete ejes viales con longitud de 31.5 kilómetros y se amplió el Periférico al oriente y al norte en una longitud de 35 kilómetros, con lo que finalmente se cerró el circuito de 80 km.
Se reconstruyó el Auditorio Nacional para 10 mil espectadores y es uno de los más modernos del país. También se renovó el Zoológico de Chapultepec y se inauguraron el Museo del Niño, el Parque Tláhuac, casas de cultura, plazas, centros deportivos y corredores ecológicos.
En materia educativa se construyeron 205 escuelas de nivel básico y se reforzaron 1 mil 472 para proporcionar mayor seguridad a los niños. De 1989 a 1993 se construyeron 89 mil 465 viviendas en el Distrito Federal y en 1994 se terminaran 40 mil más. Se construyeron hospitales generales en Milpa Alta, Tláhuac y Cuajimalpa, y se rehabilitaron otros nueve de los Servicios Médicos del Departamento del Distrito Federal.
Importantes transformaciones se lograron en el manejo de la basura, con la modernización y construcción de nuevas estaciones de transferencia, con la clausura de aquellos a cielo abierto, y éstos en extensas áreas verdes con instalaciones recreativas.
La ciudad de México, nuestra gran capital, tiene una gran vitalidad y esta atendiendo las necesidades de sus habitantes con mas participación, con más animo, con la grandeza que siempre ha demostrado.
Solidaridad dio respuesta directa al reto social de superar la pobreza. Estableció una nueva relación entre sociedad y Gobierno, basada en la iniciativa comunitaria, en la corresponsabilidad, en la participación democrática y en el uso transparente de los recursos.
Solidaridad es el balance moral de la modernización. A lo largo de estos seis años se ejercieron recursos del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y de los propios beneficiarios, por 52 mil millones de nuevos pesos, para llevar a cabo más de 523 mil obras de solidaridad que resolvieron grandes carencias y rezagos en todo el país. Cada día, nuevas comunidades se sumaron a solidaridad; se formaron 250 mil comités en todo el país y se capacitaron más de 228 mil vocales de control y vigilancia.
En 1988 el Programa Nacional de Solidaridad inició sus acciones en infraestructura de servicios para el bienestar familiar y pronto la iniciativa comunitaria promovió otros proyectos de carácter productivo para ampliar oportunidades de ingreso. Trabajó en todos los estados y municipios del país, destacando la atención a Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entidades con un grado mayor de marginación y a las cuales se canalizó casi la quinta parte de la inversión federal de solidaridad.
Se electrificaron 14 mil poblados rurales y 5 mil 230 colonias populares para beneficio de más de 20 millones de habitantes. Hoy, la cobertura del servicio eléctrico alcanza casi el 95% de la población. En materia de salud, con solidaridad se construyeron o renovaron 355 hospitales, 4 mil 377 centros de salud y 1 mil 241 unidades médicas rurales, para aumentar en un 53% las unidades respecto a 1988. El Programa de Cirugía Extramuros ha tenido un impacto notable, al llevar mejor atención médica a las poblaciones más distantes.
Reitero que Solidaridad logró la construcción de 81 mil 350 aulas y laboratorios en beneficio de casi 3.3 millones de alumnos, para abatir el rezago que existía en 1988. Además, se rehabilitaron y dignificaron 120 mil escuelas públicas, beneficiando a más de 19 millones de alumnos en todo el país. En apoyo a los menores que más lo requerían para continuar su educación básica, Niños en Solidaridad otorgó casi 1.2 millones de becas en efectivo, entregó cerca de 18.2 millones de despensas y proporcionó más de 4.4 millones de consultas médicas.
Más de 2.5 millones de familias, asentadas irregularmente, recibieron escrituras notariales para regularizar su patrimonio y asegurar su tranquilidad. La meta alcanzada equivale a haber expedido mil 141 escrituras diariamente en beneficio de igual número de familias. Representa también nueve veces más que las escrituras expedidas por la Corett durante 15 años de operación.
Con ello, se realizó un esfuerzo sin precedente en la titulación de la propiedad y en la seguridad jurídica de patrimonio familiar. Con los programas de apoyo a la vivienda y Solidaridad Obrera, se beneficiaron casi cuatro millones de habitantes de escasos recursos.
Con los pueblos indígenas hemos establecido una nueva relación a partir del reconocimiento en la ley y en las acciones del Estado, de su diversidad social y cultural como componente de la unidad de la nación. Se consagraron y fortalecieron los derechos con la protección y promoción para el libre desarrollo de lenguas, tradiciones, costumbres y formas de organización social; reconocimos constitucionalmente sus derechos para que forjen su propio destino en el marco plural y generoso de nuestra gran nación.
Nuestros códigos penales garantizan a todos los indígenas la asistencia legal en su propia lengua y obligan a la autoridad a conocer y tomar en cuenta los usos y prácticas jurídicas para impartir una sentencia justa. Superamos el paternalismo con el compromiso de justicia, de combate a la desigualdad, de respeto a la diferencia. En ese marco emprendimos un nuevo camino para el desarrollo de los pueblos indígenas afectados por rezagos ancestrales y por desigualdades moralmente inaceptables. El trayecto es largo, indudablemente difícil, pero tenemos las bases para recorrerlo en paz y con confianza.
La nueva relación se traduce en hechos. Con estricto apego a derecho y en el marco de solidaridad, se logró la preliberación de 8 mil 849 presos indígenas. También se conciliaron 552 problemas agrarios de indígenas para dar certidumbre jurídica sobre la posesión de 623 mil hectáreas distribuidas en cinco estados del país, con lo cual se superaron conflictos por la tenencia de la tierra que tenían en promedio más de 34 años de duración. Mediante los 142 fondos regionales establecidos se apoyó a 4 mil 250 organizaciones indígenas que con libertad deciden y ejecutan sus propios proyectos. Con Solidaridad se completan esos proyectos con obras de infraestructura social y productiva. La inversión en las zonas indígenas se multiplicó casi por 20 veces, no basta, pero gracias a ella podemos ir más rápido, con mayor participación y con respeto pleno a los grupos involucrados.
Desde 1990 se apoyó con crédito a la palabra a más de un millón de campesinos temporaleros que producen principalmente alimentos básicos en 2.9 millones de hectáreas con alto riesgo y baja productividad. Estos recursos son adicionales al Procampo. También en tres años, solidaridad respaldó con capital de riesgo temporal y créditos flexibles las iniciativas productivas de los grupos populares para incrementar y consolidar su patrimonio. En este periodo se crearon y desarrollaron cerca de 20 mil empresas de solidaridad, el doble de la meta establecida, generando 85 mil empleos adicionales en todo el país.
En la lucha contra la pobreza, los mexicanos hemos dado un paso adelante. La movilización y la energía social generadas para combatirla es un movimiento de grandes proporciones. Con solidaridad incrementamos la infraestructura de servicio, las oportunidades de empleo e ingreso en los lugares que más lo requerían, pero sobre todo, se ha logrado renovar la confianza de los participantes y desplegar las iniciativas del pueblo. Con dignidad, responsabilidad y firmeza avanzamos en el esfuerzo conjunto de construir una sociedad más justa. En las 420 giras de trabajo que realicé en el país, encontré siempre la disposición, la iniciativa y el trabajo generoso de quienes menos tienen. Con solidaridad encontraron un medio para seguir expresando la grandeza nacional.
Reitero, del programa han salido fuerzas para el cambio y más justicia para la nación. Estamos frente a un nuevo movimiento social y popular surgido de la democracia participativa, de la libertad y la dignidad. En los hechos, solidaridad ha contribuido a crear un nuevo piso de justicia para México. Partimos de una nueva y firme base para proseguir en lo más grande de las tareas: erradicar la pobreza con la justicia, con el trabajo, con la participación, con el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Solidaridad ha permitido cumplirle mejor a la nación.
Honorable Congreso, hace casi seis años protesté guardar y hacer guardar la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Me comprometí a defender, con lealtad y patriotismo, los intereses supremos de la nación, a gobernar para todos los mexicanos y a respaldar con hechos mis promesas. En todo momento he puesto mi mayor dedicación, lo mejor de mí, para que así fuera.
Al inicio de mi Gobierno propuse a la nación una reforma en tres vertientes, cuyo cumplimiento habría de transformar cualitativamente las relaciones de la sociedad con el Gobierno y también del país con el mundo. Estas vertientes de la gran reforma nacional fueron planteadas como tres acuerdos: acuerdo para el crecimiento, acuerdo para la justicia y acuerdo para la democracia.
En la primera vertiente, la económica, nos propusimos crecer con estabilidad de precios. Avanzamos efectivamente abatiendo la inflación hasta niveles muy cercanos a los del mundo desarrollado. Durante esos seis años registramos también un crecimiento económico positivo y en cinco de ellos mayor al de la población. Un crecimiento menor a la meta propuesta, sí, pero fue un crecimiento firme y sano, con buenas perspectivas para los próximos años. Ciertamente, el entorno internacional no fue favorable. Hubo una evolución negativa de los términos de intercambio y bajo dinamismo en las economías más desarrolladas. Desde el punto de vista interno, la estrategia de cambio estructural del aparato productivo se dio a un ritmo mayor al inicialmente previsto. Cuando quedó resuelto el problema de la deuda, con la perspectiva de una mayor fortaleza financiera, optamos por enfrentar aceleradamente el reto que la rápida globalización económica le imponía al país; decidimos reestructurar más a fondo en estos años para crecer más rápido después. Una decisión con perspectiva de largo plazo.
Decidimos también, en ese mismo horizonte, emprender la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y al entrar en vigor casi un año después de lo planeado afectó la dinámica económica en 1993. Paralelamente, aceleramos la reforma del Estado y creamos las condiciones internas de una mejor competencia. Lo hicimos convencidos de nuestra capacidad de adaptación al presente y ciertos de que se abrían oportunidades benéficas para el futuro. Si necesitábamos como país una vinculación eficiente con la economía mundial, qué mejor manera de lograrla que mediante una apertura efectiva y recíproca, debidamente calendarizada, con la mayor economía del planeta. Si el objetivo era sustentar el dinamismo productivo sobre la competencia entre particulares y la adecuada regulación gubernamental, qué mejor manera de lograrlo que privatizar áreas públicas no estratégicas, abatir con estos recursos la deuda interna, liberalizar mercados y dar un nuevo fundamento al marco regulador.Fue un curso de acción exigente para los productores nacionales, porque los obligó y los obliga a ajustar planes obsoletos, modernizar su capacidad instalada, multiplicar la capacitación e invertir en las oportunidades del cambio, más que en la repetición de los caminos probados. El Gobierno, al reformarse, asumió su propia responsabilidad de acompañar la reestructuración, cierto, repito, de que sentaría así las bases de un crecimiento más sano y duradero, acorde con las exigencias de nuestra dinámica demográfica. El camino no estuvo exento de dificultades ni de tensiones, pero el resultado ha sido al final favorable. El sólido piso alcanzado por la reforma en esta vertiente fue un escudo de la nación para enfrentar a la adversidad en 1994, sin mayores turbulencias económicas y es una firme plataforma para un futuro de más oportunidades.
La vertiente económica de la reforma avanza y se consolida; pero como afirmé desde el inicio de mi Gobierno, el compromiso de justicia no podía esperar ni aplazarse el imperativo moral y político de responder a las demandas sociales.
Este fue el propósito de la vertiente social de la reforma, el acuerdo para el bienestar productivo que propuse en diciembre de 1988 y de la puesta en marcha, el primer día de mi Gobierno, del Programa Nacional de Solidaridad, embrión de un nuevo método de combate a la pobreza que encontró su propia forma de sumar los esfuerzos de la sociedad y el Gobierno. Desde el inicio, en efecto, empezamos a buscar respuestas, no desde las oficinas, sino en el contacto directo con las propias comunidades, y canalizamos recursos crecientes a las pequeñas obras que dan enorme esperanza a las familias. El Gobierno amplió de manera y en monto sin precedente los porcentajes reales de su gasto, dedicados a la cuestión social. Ahí está la nueva infraestructura en salud y la enorme atención a los niños en estos años. Ahí está la reforma en la educación para abrir el futuro a nuestros hijos. Ahí están las reformas al campo, el apoyo directo a los campesinos y agricultores y la seguridad patrimonial que se consolidó.
Hoy tenemos más gasto social, más infraestructura de bienestar y los logros del Programa Nacional de Solidaridad para respaldar, con hechos, el compromiso asumido hace seis años en la vertiente social de la reforma. En un país como el nuestro, de injusticias lacerantes, acumuladas por generaciones, la acción económica y social llevada a cabo detuvo el deterioro del ingreso y mejoró el entorno social y los servicios básicos de millones de mexicanos. La evidencia está a disposición del honorable Congreso.
La vertiente política de la reforma quedó planteada en el acuerdo para el avance democrático, que durante estos años permitió dar pasos en la construcción de los consensos para reformar nuestro sistema electoral, en el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y en la mayor participación de los grupos sociales en las principales decisiones de Gobierno. Todos esos factores sentaron las bases de una nueva relación política entre el Estado y la sociedad, una base ampliada de libertades, tolerancia y democracia.
Entre 1989 y 1994 el sistema electoral cambió sustancialmente, en pasos decisivos resultantes no sólo de la voluntad del Gobierno sino del diálogo permanente con las fuerzas políticas. Vivimos un debate similar al de otras democracias avanzadas, en temas como el de los recursos para los partidos y el acceso de los contendientes a los medios masivos de difusión.
La democracia mexicana no tiene carácter de excepción, se consolida y avanza en un proceso irreversible de expansión de las libertades públicas, particularmente las de expresión y crítica. Al ampliarse el marco de la participación política, al construir instrumentos objetivos y reglas imparciales, se elimina una causa de tensión y la pluralidad efectiva del país encuentra cauces creativos. Ha avanzado la democracia, la sociedad la impulsó y el Gobierno ha encauzado hacia ella el camino del país.
Reformamos la economía, reformamos la atención a las demandas sociales, reformamos las instituciones democráticas en la libertad, fortalecimos así las posibilidades internas del desarrollo de México y su presencia en el exterior. ¿Cómo realizamos estas reformas? ¿Por qué unas vinieron aparentemente antes que otras? Las tres vertientes de la reforma se inscriben, con tiempos y modalidades distintas, en un mismo proceso general de modernización. Todas se apoyan en lo edificado por quienes nos antecedieron. Reitero, el país no empieza ni termina con una administración.
Los cambios económicos, sabemos, tienen largos tiempos de maduración; no pospusimos su profundización, pues hacerlo habría tenido costos sociales mayores que los de la transformación misma. Los cambios económicos dieron solidez y estabilidad al país, fueron prioridad en la acción del Gobierno, porque la fortaleza económica es siempre condición necesaria del progreso social y la armonía política. Más aún en razón de nuestra demografía; 10 millones más de mexicanos nacieron este sexenio; sería irresponsable no pensar en su destino o suponer que pueden esperar por siempre. Al consolidar el cambio económico se sientan las bases para ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan y para dar bases materiales a la satisfacción de las expectativas democráticas. Reitero, la democracia no florece y el beneficio social se anula cuando el desorden financiero, el déficit y la inflación se exacerban, porque esos desequilibrios siempre afectan más a los que menos tienen.
La acción social de la reforma atendió necesidades urgentes y abrió nuevas esperanzas precisamente entre quienes menos tienen. Se inició en forma simultánea la reforma económica, se profundizó junto con la renegociación de la deuda y se aceleró el paso más que ningún otro esfuerzo gubernamental. En 1994 lo social fue ya más de la mitad de todo el pre supuesto y también en las conciencias de cientos de miles de mexicanos organizados solidariamente a lo largo y lo ancho del país, en busca de progreso y de una nación mejor para sus hijos. Hay una reforma social en marcha que alteró cualitativamente las prioridades presupuestales del Estado y dio a las comunidades un presente mejorado y la esperanza de un futuro con dignidad.
La transformación política garantizó la conducción ordenada del cambio, preservó la unidad básica del país y evitó rupturas. Emprender uni lateralmente, desde el Gobierno, la reforma democrática, hubiera marginado a las fuerzas políticas y alejado a los electores; aplicarla de manera brusca o irreflexiva, en un país con la historia y las tradiciones de México, hubiese creado reacciones contrarias. La experiencia muestra que los cambios políticos abruptos, promovidos desde la autoridad, sin el consenso de los partidos y el apoyo de la sociedad, provocan sólo rupturas de lo viejo, pero no la con solidación de lo nuevo. Por eso, los cambios políticos de estos años no fueron producto de iniciativas individuales ni de ideas generales sobre el avance democrático; su ritmo y su densidad fueron definidos por los acuerdos a que pudieran llegar las principales fuerzas políticas desde 1989. Una de mis primeras acciones de Gobierno, fue reunirme con diversos partidos políticos para empezar a construir los consensos que dieran estabilidad a la reforma, para que generara la adhesión que reclama toda transformación política duradera. En todo momento tuvo que hacerse política, mucha política para construir esos consensos, política entendida como actuación prudente y decidida para cambiar el mundo. Por eso más que debatir si la vertiente política de la reforma fue posterior a las otras, lo importante es que llegó a tiempo, para el momento crucial de su expresión: la jornada electoral del 21 de agosto, que condensa los avances de estos años y marca al tránsito hacia una mejor democracia.
Los cambios mencionados fueron propuestas explícitas al comenzar este Gobierno y son ahora la referencia con la cual se ha de medir la contribución del mismo Gobierno al devenir de la nación. Las tres vertientes de la reforma: económica, social y política, han acelerado la modernización del país, han dado fortaleza y también sentido de rumbo. Por la reforma, México está hoy en capacidad para acometer nuevos retos, definir nuevas prioridades y adoptar nuevos enfoques. Los mexicanos saben dónde nos quedamos cortos, dónde se necesita corrección o avanzar más rápido. A ellos me debo, en ellos deposité mi plena confianza, de ellos, de los mexicanos, espero el veredicto.
Mexicanos: los cambios de la reforma en que empeñé mi administración, se hicieron en el marco de la ley para fortalecer la vida institucional del país. El estado de derecho exige que la ley impere y donde la realidad necesita nueva conducción, que la ley se reforme por los caminos que prescribe la propia ley. Así ha sucedido; reformamos la Constitución para ampliar nuestras libertades, para fortalecer nuestra economía y para impulsar nuestros derechos políticos y humanos; sin embargo la protección cotidiana de la ley sobre la seguridad de las personas y su patrimonio, demanda aguda en 1988 y nuevamente reiterada en 1994, queda en el temario de la nación.
El diálogo y la negociación, es decir, la política, fueron el medio para cambiar. Diálogo para reducir la inflación a través de pactos sucesivos con las organizaciones obreras, campesinas y empresariales; diálogo para incorporarnos a los flujos mundiales de comercio e inversión y en particular para negociar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, mediante una consulta amplia y un debate libre; diálogo para modernizar nuestro sistema político, para ofrecer al campo nuevas oportunidades de capitalización, libertad y esperanza; diálogo para ofrecer un nuevo sustento educativo a la formación de nuestros hijos y de nuestros nietos; diá logo para combatir de raíz nuestra peor calamidad, que es la pobreza extrema. En todos estos caminos hemos avanzado, porque nos hemos sabido poner de acuerdo y en todos ellos la vía ha sido democrática y participativa. Cambiamos dialogando y negociando por la vía política y lo hicimos juntos.
Al lado del compromiso con la ley, las instituciones y el diálogo para el cambio, hay otras grandes lecciones derivadas de este año de 1994. Son lecciones fundamentales para la vida del país que debemos apreciar y recoger, porque son garantía de un futuro mejor para la nación.
En los últimos meses acudimos a un surgimiento notable de los sentimientos cívicos del pueblo, que mostró una nueva vitalidad y fortaleza frente a la adversidad. A pesar de comentarios y rumores adversos, superando la descalificación anticipada de su voto, los mexicanos mostraron valor y serenidad, balance de espíritu y confianza en sus instituciones. La elección presidencial de agosto de 1994, no fue un hecho aislado, sino un proceso largo, intenso y apasionante. Convergieron en él la negociación de los partidos, las campañas de los candidatos, la preparación logística, el libre debate público, el compromiso de cientos de miles de ciudadanos sirviendo en las casillas, la presencia de decenas de miles como observadores voluntarios hasta en los rincones más apartados del país, a veces incluso con riesgo personal; pero su momento estelar fue la extraordinaria afluencia de votantes. Independientemente de cómo votaron, millones se decidieron a concurrir a las urnas convirtiendo un acto individual en contundente decisión colectiva sobre el destino democrático e institucional del país. Fue una muestra ejemplar de civismo, una clara decisión de convertir la política no en coto particular de los políticos, sino en cosa pública, asunto del pueblo, interés general de la República. La jornada del 21 de agosto probó que hay correspondencia entre lo que señala la Constitución y los sentimientos del pueblo; es la nación la que es soberana; es la nación la que manda.
La elección de agosto mostró también que el país está lejos de la uniformidad. Hay diferencias de opinión y de pensamiento; la pluralidad es una norma de nuestra vida pública. Probamos que las virtudes cívicas no se fundan en la uniformidad social y cultural ni en la homogeneidad política a toda costa. El país mostró capacidad para debatir sobre los temas públicos fundamentales, para dirimir sus diferencias en libertad, para tolerar la diversidad política y la opinión ajena. Esa es la práctica cívica en un país democrático. ¡La tolerancia política y el respeto mutuo en la efectiva pluralidad son la expresión más elevada de una comunidad política moderna! Como Gobierno, el reconocimiento de la participación cívica nos llevó a abrir nuevos espacios democráticos frente al conflicto de enero, y a crear condiciones más favorables para la participación ciudadana en la elección de agosto y su organización. La presencia en las urnas del 78% de los electores evidencia la enorme reserva democrática de México. A quienes pensaban que el país era incapaz de una participación cívica libre, por su larga tradición de clientelismo y corporativismo, la elección de agosto les probó que existe un México profundamente cívico en las zonas populares y rurales, en los barrios, en las colonias, a lo largo de la nación. Se superó la lógica pesimista que inhibe la acción colectiva. En México se ha probado el poder de las virtudes cívicas, reflejadas en el interés por las causas colectivas. Son virtudes vitales para la salud de la República. La participación electoral mostró un nuevo capital social y político del país. Comprobó que los recursos morales crecen cuando se usan y disminuyen cuando se dejan de lado. Probó también que fortalecer la democracia no significa poner en riesgo la gobernabilidad. Invocar la falta de gobernabilidad por parte del Gobierno es buscar un pretexto para no cumplir su responsabilidad; invocarla por miembros de la sociedad civil es pretexto para justificar su falta de participación, lo que termina debilitando a la República.
La gran jornada cívica de agosto modificó también los términos del debate sobre el ámbito de lo estatal. La sociedad no quiere menos gobierno, sino un Gobierno que funcione; quiere un Gobierno eficaz que asuma sus responsabilidades con la sociedad, no al margen o en sustitución de ella. El Gobierno funciona mejor con la participación ciudadana, sea ésta en los partidos políticos o a través de organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, el individuo se convierte en ciudadano a través de su participación social y política. Por ello el reclamo ciudadano no es desaparecer al Estado, sino que funcione mejor; no es debilitar al Gobierno, sino que éste sea eficaz, capaz de realizar los cambios necesarios.
El liberalismo social dejó atrás la lógica autoritaria de que la sociedad sólo funciona con un Gobierno omnipotente y la lógica neoliberal de que la sociedad y el mercado pueden resolver los problemas sociales sin el Gobierno. El liberalismo social exige que el Gobierno funcione, que sea eficaz en el marco de la acción ciudadana colectiva; reconoce y alienta, por ello, la importancia de los movimientos cívicos, de los grupos sociales interesados en la política general y en el buen Gobierno. La participación cívica significa redes de confianza institucional ampliada, de solidaridad social fortalecida. La construcción de la democracia en México, que significa más libertad, mejor Gobierno y más justicia, requiere de la participación cívica que, como nos lo muestra 1994, florece en los momentos más difíciles. Hay que reconocer y respetar esa comunidad cívica que ya existe en México. Es buena para la nación.
Vivimos hoy la confianza derivada de la fuerza de la participación ciudadana, solidaria, disciplinada y generosa. Con ella, México ha fortalecido su democracia en el parteaguas del siglo que termina y en el que está por iniciar. El llamado "México bronco" fue este año la expresión de unos cuantos. ¡El verdadero despertar de estos meses fue el del México cívico y solidario que se hizo presente en la participación organizada de millones de ciudadanos! Compatriotas: la reforma modernizadora que llevamos a cabo estos seis años tuvo como guía las mejores luchas de nuestra historia y como propósito el bienestar del pueblo soberano. Fue nuestra tarea promover la reforma de la Revolución mexicana, transformando al Estado y fortaleciendo a la comunidad y a la so ciedad civil. Reafirmamos la soberanía de nuestra patria como el valor supremo. Somos nación soberana por el sentido de pertenencia que tienen nuestras tradiciones y valores y por nuestra voluntad deliberada de ser y permanecer mexicanos y, la soberanía de México se ha fortalecido por la reforma que nos ha permitido cimentar el crecimiento económico, ensanchar la justicia, reafirmar libertades y promover una nueva y vigorosa permanencia de México en el mundo.
La reforma de la Revolución mexicana exigió recoger, actualizar y proyectar lo mejor del liberalismo social, que es propuesta y no doctrina. Con Otero y Arriaga se probó que una sociedad civil vigorosa fortalece a un gobierno democrático. Con Juárez se confirmó el propósito republicano y nacionalista por la libertad y la soberanía y con Zapata el legado de las grandes luchas sociales y la transmisión de los valores fundamentales. Ellos inspiraron la modernización nacionalista y popular de estos seis años.
La reforma modernizadora se materializó en la reforma del Estado, que significó un cambio cualitativo en la relación de la sociedad con el Gobierno. Tuvo consecuencias políticas enormes; condujo a nuevas reglas y se expresó en el cambio económico, en el cambio social y en el cambio político. Fue una reforma diseñada desde el Gobierno, pero llevada a la práctica con la sociedad civil y junto a ella. Se pagaron costos elevados, equivalentes a su profundidad. A este amplio proceso de cambio dediqué mi energía y mi pasión. No obstante, quien realmente materializó en la realidad las potencialidades de la reforma modernizadora fue el México cívico, con su decisión política de participación y su jornada ejemplar del 21 de agosto.
La reforma nos permite una nueva perspectiva económica, sin agobio de deuda, inflación o déficit; un nuevo horizonte de equidad social, sin iniquidades crecientes y una nueva institucionalidad política, plural, cívica y democrática.
Nos abre, también, un nuevo lugar en el mundo, donde la voz de México se escucha y su presencia se respeta. No fue una reforma que actuara en busca de resultados inmediatos para la próxima elección, sino en busca de resultados duraderos para la próxima generación. Sabíamos que al cambiar correríamos riesgos; al tocar intereses de décadas habría una fuerte reacción, pero México no alcanzaría la viabilidad económica y política que hoy tiene, si no hubiéramos cambiado.
Los retos que enfrentamos estos seis años provenían, en lo interno, del agotamiento de una forma de hacer las cosas que había funcionado bien durante un largo ciclo, pero el reto ya no se circunscribía a las fronteras del país y mucho de lo que antes tenía arreglo entre mexicanos cobraba ahora carácter global. Desafiado por los cambios imperiosos del mundo, el Estado mexicano, esa gran construcción histórica y estratégica, se veía emplazado a cambiar, con riesgos, o a la inmovilidad con crisis permanente. Como gobernante mi convicción fue abrir nuevos caminos, reafirmar la confianza nacional en la capacidad de la República.
El contacto y la cercanía con la gente mantuvieron alta mi fe y firme la convicción entrañable de que, en el cierre del siglo, el Estado y la sociedad tenían la capacidad para acometer la nueva perspectiva. Igual que todos los mexicanos, como ciudadano comprometido en el destino nacional, aprendí que los cambios que el país ha de vivir para tener cauce y futuro, tienen que responder a la herencia viva, inherente a nuestra forma de ver el mundo y de enfrentarlo. La visión y sensibilidad de nuestro pueblo, su arrojo sin aspavientos, fueron determinantes en mi Gobierno. La reforma fue ideario y convicción durante mi ciclo como gobernante, pero en todo momento y en cada decisión, tuve plena confianza de que México tiene enormes reservas, sobre todo morales, suficientes para trascender el desafío mundial, en cuyo oleaje muchas naciones naufragaron, por retraso, precipitación o por una selección equivocada de los medios y sacrificaron su unidad, debilitaron sus estados y perdieron viabilidad y soberanía.
El punto de partida fue reconocer con franqueza y honestidad que, para poder conducir y sumar las voluntades de la sociedad mexicana, tendría que emprenderse un cambio de fondo, estructural, de largo aliento, en el ámbito mismo del Estado. Impulsé la recuperación de sus equilibrios políticos y de sus principios fundadores, puse toda mi confianza en el potencial futuro del país y en el ascenso, la madurez y el patriotismo de las fuerzas sociales que he visto día con día construir y defender a México. Con el proyecto y la convicción de una amplia reforma del Estado, fui al encuentro de las nuevas fuerzas y actores sociales y políticos que actuaban ya, en los hechos, en el cambio de nuestra vida colectiva.
El núcleo ético de mi Gobierno fue la política social. Todas y cada una de las piezas de la reforma mexicana tuvieron como fin último recuperar y multiplicar el sustrato social de la nación, dignificar las condiciones de vida y de trabajo de quienes constituyen la fuente de cohesión, identidad y riqueza de México.
Quisimos ir más allá de una acción compensatoria y dimos prioridad en los hechos, al combate a la pobreza, a la organización autónoma de la sociedad y al ejercicio creciente de la democracia comunitaria.
Trabajé, convencido, por una política dinámica que hiciera compatibles los ritmos de la sociedad, la reforma productiva y el avance democrático. La reforma modernizadora encontró y amplió su curso en la sociedad y la sostienen hoy instituciones democráticas cada vez más sólidas, de las que la Constitución de la República es referente privilegiado y la pluralidad un signo reversible que fortalece y enaltece nuestra vida política. Serví al país convencido de que en el movimiento diverso y plural de la nación, en el esfuerzo colectivo y fraternal de nuestro pueblo, y en su despliegue de innovación y su disposición a cambiar en tantas áreas, hay una fuerza superior de cohesión nacional y de pertenencia cívica. Siempre sentí el aliento de la ancestral sabiduría popular y una serenidad a toda prueba que nos dio a todos prudencia y firmeza para alcanzar logros y para enfrentar pérdidas y afrentas que fueron dolorosas, pero no suficientes para doblegar nuestro ánimo y nuestra vocación de cambio nacional.
Ir hacia el frente significó un principio cuyo único equilibrio intocable fue la relación profunda entre la Constitución General de la República, la preservación del andamiaje institucional del país y la ampliación de los espacios para la expresión, organización y representación de nuestra sociedad civil. Los cambios obedecieron a ese principio organizativo y articulador, sustentado en nuestras leyes e instituciones. El ritmo de los cambios, hay que decirlo con toda claridad, emanó de la suma de voluntades de los mexicanos, del temple para negociar generoso y prudente que distingue a nuestra sociedad, tanto en su tradición política como en su tradición cultural e intelectual, que manifestó en estos años de manera admirable su vitalidad y su capacidad de propuesta.
Gobierno y sociedad han crecido y enfrentado duras pruebas, muchas de ellas dolorosas y aun trágicas, pero no suficientes, lo reitero, para detener el paso de la modernización de México sobre sus nuevas corrientes democráticas y plurales. Mucho se ha hecho y falta mucho por hacer.
Nuestra sociedad, de cara al fin de siglo, es más justa, pero tiene un gran reto de justicia que cubrir. Nuestra economía es más sana pero tiene muchos nuevos empleos y nuevos satisfactores que entregar a los mexicanos de hoy y de mañana. Nuestras libertades son mayores e irreversibles pero tienen aún rigideces e iniquidades que tienen que ser enmendadas para constituir la nación democrática y moderna que deseamos.
México es una gran nación de cambio, tiene un amplio futuro y una identidad añeja, no sólo una lengua, sino una cultura nacional que resume, en un fruto único y entrañable, la rica diversidad de su historia. México tiene orgullo sustentado en su pasado, reconocido por las naciones del mundo y posee la cualidad del respeto para dialogar con otras culturas.
Comprometí mi Gobierno y mi voluntad toda con la reforma de nuestro viejo y joven país, no para negar su historia, sino para enriquecerla, porque como todos los mexicanos, he aprendido en esta misma historia los riesgos de no cambiar y la sabiduría de cambiar a tiempo. Me llevo, como la más preciada de mis recompensas, la cálida memoria del contacto cercano y directo con mis compatriotas.
Nada se compara con la cercanía del pueblo, por eso nadie puede ser el mismo después de haber gobernado a una nación sensible, original y generosa como la nuestra. Nadie tampoco puede aspirar a la unanimidad, porque la riqueza de México es su diversidad. Gracias, muchas gracias al gran pueblo de México por haberme permitido servirle. ¡Viva México, compatriotas!
RESPUESTA
El Presidente del Congreso:
Hace uso de la palabra el diputado Humberto Roque Villanueva.
Ciudadano Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; ciudadano presidente de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación; honorable Congreso de la Unión; señoras y señores: México ha vivido a través de la historia de su Congreso, el resumen vital de las ideas universales adaptadas y templadas al calor de la lucha social. Este Congreso democrático y plural, portador de la voz y el voto de los mexicanos en el diálogo nacional que es la tarea parlamentaria, está comprometido con el mandato popular de legislar para las mayorías.
En el seno de las cámaras, se debaten principios doctrinarios; la filosofía de las representaciones políticas y sus proyectos y en última instancia, se confrontan concepciones de la nación mexicana.
La razón de las ideas políticas, su vigencia en cada ciclo en nuestra historia y la filosofía que entrañan, guían el análisis crítico que sustancia a la función legislativa. Este es el sentido de la democracia en la que los mexicanos construimos nuestra propia realidad en el estado de derecho.
El mundo se ha transformado vertiginosamente y ha puesto en práctica formas de convivencia e intercambio que apuntan hacia una concepción global. Se ha pronunciado por hacer prevalecer los valores de libertad y democracia y ha derribado barreras construidas con una mezcla de intolerancia e irracionalidad.
Es preciso reconocer que este largo y azaroso proceso de transformación dista aún de erradicar desigualdades.
El pueblo de México, así lo interpreta y ha trabajado ardua y tenazmente con proyecto definido para fincar las bases sólidas de un futuro con mayor justicia social. No existe una apreciación acabada de los logros, pero es evidente la convicción generalizada de que, por cuanto han significado de esfuerzo y sacrificio, deben ser consolidados y enfocados con prioridad a lograr el proyecto de un país justo y moderno al que aspiramos los mexicanos.
En un país como el nuestro, donde el pensamiento tiene la garantía de libertad de expresión y la tolerancia como norma y práctica de nuestra convivencia política, no mueren las ideologías, tan sólo se transforman. La democracia es el ámbito por excelencia para la renovación ideológica producto de una dialéctica que pondera y sintetiza.
El sistema político mexicano ha sido expresión de aglutinamiento y equilibrios, por eso, en nuestra vida política es importante la representación de todas las fuerzas que, aun ubicadas en extremos opuestos por su filosofía, son por voluntad popular, parte del debate y dan contenido al proyecto nacional.
Como producto de los tiempos y las circunstancias, se ha transformado al Estado y adecuado a su función para abrir espacios a la iniciativa individual, para transferirle responsabilidad que potencia a la sociedad toda, porque así lo exigía la realidad y lo demandaban amplios sectores; esto, en la permanente perspectiva de los valores que consagra la Constitución.
La historia contemporánea del Estado mexicano es incesante búsqueda de esta síntesis social. Su permanencia y legitimación no son acotables en el pragmatismo; han sido producto de una concepción amplia y una oportuna aceptación respecto de las ideas que permean nuestra convivencia política.
Esta visión del Estado mexicano aplicada al periodo sexenal que concluye, se confirmó al reconocer los espacios institucionales que se exigen en una sociedad que aspira a modernizarse y a transformar sus retos en oportunidades de justicia social.
Señor Presidente de la República, ha cumplido usted con el mandato constitucional de informar al pueblo de México, del estado general que guarda la administración pública corresponde a las cámaras analizar el informe en los términos de ley.
Próxima a concluir su gestión, complétase un ciclo sexenal en la vida política y administrativa de nuestro país.
Por lo que se refiere al cumplimiento de la norma y a lo que significa de institucional el entrelazamiento de los tiempos históricos y sexenales, este honorable Congreso de la Unión ratifica su indeclinable compromiso con el espíritu de la República.
Ponerse de pie, por favor, para los honores de ordenanza.
Se ruega a la comisión designada para acompañar al Presidente de la República al retirarse de este recinto, cumpla su cometido.
(A las 13.55 horas) Se levanta la sesión de Congreso General. Se recuerda la sesión de Cámara de Diputados, del próximo tres de noviembre, a las 10.00 horas.