Presidencia del diputado
Roberto Robles Garnica

ASISTENCIA

El Presidente:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El secretario Serafín Núñez Ramos:

Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los diputados.

El secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:

Señor Presidente, hay una asistencia de 413 diputados. Hay quorum.

El Presidente (a las 11.15 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:

Se va a proceder a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— LVI Legislatura.

Orden del día

5 de noviembre de 1994.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Jalisco y Puebla Comunicaciones de la honorable Cámara de Senadores.

Análisis del VI Informe de Gobierno.

Política social.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco José Peniche y Bolio

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y dos minutos del día cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de cuatrocientos veintinueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.

Se da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Campeche, con el que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Dieciocho oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los informes de labores correspondientes al periodo mil novecientos noventa y tres mil novecientos noventa y cuatro, de las secretarías de: Agricultura y Recursos Hidráulicos; Comercio y Fomento Industrial; Comunicaciones y Transportes; Defensa Nacional; Desarrollo Social; Educación Pública; Energía, Minas e Industria Paraestatal; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Marina; Pesca; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Trabajo y Previsión Social; Turismo; de la Contraloría General de la Federación y del Departamento del Distrito Federal. Remítanse a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

El Presidente informa que para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, en materia de política económica, concede el uso de la palabra a los diputados Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo; Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional y Antonio Sánchez Gochicoa, del Partido Revolucionario Institucional, quienes fundamentan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios.

Se abre el registro de oradores y, para debatir respecto de la política económica del Sexto Informe de Gobierno, hacen uso de la palabra los diputados: Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo, en contra; Jaime del Río Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Humberto Andrade Quezada, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Alfonso Reyes Medrano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados: Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; Armando Quintero Martínez, del mismo partido y Alfonso Reyes Medrano, del Partido Revolucionario Institucional.

Continúa el debate y pasan a la tribuna los diputados: Claudio Coello Herrera, del Partido Acción Nacional; Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo sentido; Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo, para contestar alusiones personales y Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, en el mismo sentido.

Continúa el debate y hacen uso de la palabra los diputados: Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo, en contra; Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; para rectificar hechos, los diputados: Alejandro Díaz Pérez y Duarte, del Partido Acción Nacional; Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Díaz Pérez y Duarte, del Partido Acción Nacional y Raúl Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.

Presidencia del diputado Netzahualcóyotl de la Vega García

Analizan la Política Económica del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, los diputados: Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos;

Presidencia del diputado Francisco José Peniche y Bolio

Alejandro Higuera Osuna, del Partido Acción Nacional, en contra; Roberto Campa Cifrián, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta a una interpelación del diputado Villanueva Mukul; para rectificar hechos, los diputados: Jorge Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional; Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Marcué y Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática; Ifigenia Martínez Hernández, del mismo partido; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional; Matilde del Mar Hidalgo y García Barna, del Partido Revolucionario Institucional y Manuel Marcué y Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo sentido.

Continúan debatiendo los diputados: José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, en contra; Eric Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; David Vargas Santos, del Partido Acción Nacional, en contra; Luis Sánchez Aguilar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Francisco Suárez y Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Antonio Tenorio Adame, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.

Agotada la lista de oradores, el Presidente concede el uso de la palabra al diputado Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional, quien propone que se integre una comisión plural para auditar el proceso de licitación y venta de las empresas que el Gobierno hizo al sector privado, incluyendo bancos y la compañía de Teléfonos de México. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con cuarenta y tres minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, sábado cinco de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.» Está a discusión el acta...

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

ESTADO DE JALISCO

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Se va a dar lectura a varias comunicaciones.

El secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:

«Escudo Nacional.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Para los efectos del artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a ustede(s) que en sesión de fecha 30 de septiembre del presente año, se realizó la elección de presidente y vicepresidente, para el mes de octubre del segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura de Jalisco.

Diputados: Juan Delgado Navarro, presidente y Francisco Javier González García, vicepresidente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 3 de octubre de 1994.— Diputados secretarios: Francisco Javier Gómez Díaz y Gregorio Arrieta López.»

De enterado.

ESTADO DE PUEBLA

El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

«Escudo Nacional.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— México, D.F.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica y Reglamentaria del Poder Legislativo, me permito informar que el día 15 de octubre del año en curso, el LII Congreso Constitucional del Estado, iniciará su tercer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio legal.

Asimismo, hago saber los nombres de los diputados que integraran la mesa directiva, que actuará del 15 de octubre al 15 de diciembre del presente año.

Diputados: José Luis Abed Cesín, presidente; Felipe Flores Mena, vicepresidente; Daniel Limón Vázquez y María del Rocío García Olmedo, secretarios; Arturo Carranco Blanca y Francisco Salas Hernández, prosecretarios.

Lo que me permito hacer del conocimiento de ese honorable Congreso por disposición de esta legislatura, reiterándoles la seguridad de mi consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Honorable Puebla de Zaragoza, 13 de octubre de 1994.— La secretaría de la comisión permanente del Congreso del Estado.— Diputada América Soto López.»

De enterado.

CAMARA DE SENADORES

La secretaria Carlota Angela Rosa Botey y Estape:

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, D.F.

Presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados— Presente.

Para conocimiento de esa honorable colegisladora, tenemos el honor de comunicar a usted que en sesión pública ordinaria celebrada en esta fecha, rindieron la protesta de ley, como oficial mayor de esta Cámara de Senadores, el licenciado Mario Alberto Navarro Manrique; como tesorero, el contador público Armando Mejías Zepeda; como coordinador general del cuerpo técnico profesional de apoyo, el licenciado Arturo Garita Alonso y como director general de comunicación social, el ciudadano Héctor González Pérez.

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración.

México, D.F., a 3 de noviembre de 1994.— Senadores secretarios: María Elena Chapa Hernández y Guillermo del Río Ortegón.»

De enterado.

El secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, D.F.

Presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Nos permitimos informar a usted que en sesión pública ordinaria celebrada en esta fecha, quedaron constituidos los tres grupos parlamentarios que integran la LVI Legislatura, a saber:Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coordinador senador Fernando Ortiz Arana; grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, coordinador senador Gabriel Jiménez Remus y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, coordinador senador Héctor Sánchez López.

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración.

México, D.F., a 3 de noviembre de 1994.— Senadores secretarios: María Elena Chapa Hernández y Guillermo del Río Ortegón.»

De enterado.

VI INFORME DE GOBIERNO POLITICA SOCIAL

El Presidente:

Con fundamento en el artículo 8o. párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con la comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que fija el procedimiento para el análisis del VI Informe de Gobierno, en esta sesión se hará el análisis del capítulo de política social.

Se han registrado para tal efecto, los siguientes diputados, para fijar posiciones:

Por el Partido del Trabajo, el señor diputado Marcos Carlos Cruz Martínez; por el Partido de la Revolución Democrática, el señor diputado Eliseo Moyao; por el Partido Acción Nacional, el señor diputado Rafael Ayala López y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Abelardo Carrillo Zavala.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Marcos Carlos Cruz Martínez.

El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Por alguna razón que muchos de nosotros no comprendemos, el presidente Salinas llama a la política social el núcleo ético de su Gobierno. La situación de millones de mexicanos, probablemente la mayoría de la población, que vive peor que antes, contradice abiertamente sus palabras.

Es cierto que no todo es culpa del régimen, ya que en algunos casos existen situaciones que se remontan a décadas. Es cierto también que a diferencia del régimen delamadrista, el Gobierno que en estos días termina, trató de esbozar algunas iniciativas, como es el caso del Pronasol, al que nos referiremos más adelante.

Pero es un hecho que estos seis años de Gobierno terminan en medio de miseria y crisis social; Chiapas y la tarahumara son testimonio dramático y extremo de ello. De norte a sur, de sur a norte, la miseria y la desesperación recorren México. Hay quienes sostienen que ello se debe a la combinación de dos factores: los atrasos históricos o que las políticas modernizadoras por ser recientes aún no arrojan todos sus resultados positivos.

Algo hay de verdad en esos argumentos. Pero también es verdad que es el propio partido gobernante el responsable de los atrasos históricos o, ¿acaso no es el PRI el que con distintos nombres viene gobernando desde hace casi 70 años?

Por otra parte, es cierto que las políticas modernizadoras son jóvenes y que muchos de sus resultados aún están por verse, aún se ubican en el futuro. Sin embargo, las políticas modernizadoras, con todo y su juventud, han integrado tres ingredientes que son los causales más directos de la agravación de la miseria social. Esos tres ingredientes son: primero, la concentración del ingreso; dos, insuficiencia o nula creación de nuevos empleos y tres, contención y depresión del salario.

Estos tres componentes no son insuficientes, inadecuaciones o accidentes desventurados, son componentes necesarios de la estrategia neoliberal adoptada. La agudización de la miseria social es consecuencia inevitable de las políticas modernizadoras impulsadas por este régimen y en particular por algunos secretarios de Estado, como el doctor Aspe. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en declararlo, al doctor Aspe, bien exportable; que se vaya a generar miseria a otro lado.

Vemos algunos datos acerca de la concentración del ingreso de acuerdo a los datos del propio INEGI, que tan eficientemente se ha dedicado a maquillar más de una estadística, como la del desempleo y subempleo. En 1984, el 10% más rico de los hogares recibía un ingreso 19 veces más alto que el grupo más pobre; en 1992 la diferencia aumentó a casi 25 veces, habiendo continuado esa tendencia en los últimos dos años y el sentido común no está equivocado en esto, lo que pasó es que el ingreso de los hogares ricos aumentó más que el de todos los demás, que el de los pobres y de los medios.

En 1984 el grupo de hogares de ingresos medios, otro 40% del total de los hogares, recibía el 36.14% de los ingresos; en 1992 sólo el 33.14%.

Esta brutal transparencia de ingresos hacia los ricos a costa de los pobres y los medios, fue el pedestal de los que surgieron los 24 supermillonarios del régimen, que juntos poseen una riqueza igual a 44 mil 100 millones de dólares, ¡44 mil 100 millones de dólares!

Esto es el 14.4% del producto interno bruto, o mejor dicho, el equivalente a la participación en el ingreso nacional de 35 millones de mexicanos.

Los cálculos oficiales hasta 1992 ubicaron a 40.3 millones de mexicanos como pobres y a 17.3 millones como extremadamente pobres; las cifras resultaban virtualmente aterradoras, casi la mitad de la población total correspondía a este rango. En medio de un casi escándalo que pone en tela de juicio la seriedad de las instituciones, tanto nacionales como internacionales, un informe conjunto de la CEPAL e INEGI en 1993 borró de las estadísticas a una buena cantidad de pobres e indigentes, los nuevos datos se dieron a conocer con bombos y platillos, pero la realidad es terca, el balance final aun maquillado, tampoco dio resultados positivos, la extrema pobreza había disminuido en 8.7% en el periodo de 1989 a 1992.

De acuerdo a estos datos, en 12 años de políticas neoliberales, hubo un crecimiento absoluto de 2.6 millones de indigentes, de 11 millones en 1994 a 13.6 millones en 1993. Sólo en el campo, antes y después del Pronasol, las políticas modernizadoras produjeron más de 2 millones de nuevos miserables.

Obviamente, prácticamente todos los indígenas mexicanos están estadísticamente en estos niveles. ¿Cómo no van a desear reformas integrales al Estado y autonomía si éste es el Estado que nunca los consideró más que para rellenar urnas y obtener el 110% en cualquier votación? En las estrategias del régimen estas situaciones son las que se deberían atacar mediante el Pronasol y luego el Sedesol. Más allá de las palabras y de la retórica, el Pronasol nació reducido a un gasto directo de 34 nuevos centavos diarios en promedio para cada mexicano pobre.

En el caso de Chiapas, la entidad más pobre del país de acuerdo al Consejo Nacional de Población, Conapo, el promedio de gasto por cada indígena o campesino pobre fue de 39 nuevos centavos diarios, esto es, 70 veces menos que los 3 nuevos pesos diarios, que de acuerdo con el propio Conapo se requiere para satisfacer las necesidades esenciales de una familia. Muchísimo menos que los 24 nuevos pesos que el Banco Mundial define para la línea de la pobreza.

Mientras tanto, sólo en 1992 el principal accionista de Telmex, Carlos Slim, quien se dice tiene alrededor del 20% de las acciones, obtuvo ganancias cuatro veces más que todo lo que se canalizó a Chiapas mediante el Pronasol en los últimos cinco años.

Pero sería erróneo sostener que las fallas fundamentales de este programa y de estrategia de combate a la pobreza en general provienen exclusivamente de la escasez de recursos asignados. Hay más, importantes, profundas fallas de concepción y diseño; la inversión se dio por goteo y con techos por monto ejercido generalmente bajos, que difícilmente sirvieron para cumplir objetivos de desarrollo y avance productivo.

El porcentaje mayoritario de la inversión realizada por el Pronasol, se dirigió al rubro "Solidaridad para el bienestar": banquetas, drenaje, agua, escuela digna etcétera; estas inversiones son evidentemente necesarias, pero están muy por encima de lo que se gasta en solidaridad para la producción y en infraestructura básica de apoyo. Ello significa que no hay una política sólida para a través del Pronasol contribuir a generar unidades productivas y empleos, por lo que el gasto aplicado no ayuda a la reconstrucción profunda de las condiciones de vida de los estratos pobres; éstos siguen siendo pobres con banquetas o en la banqueta, como quiera decirse.

Porque otra cara de la política social del sexenio, ese enorme crecimiento de lo que ahora con elegancia se denomina economía informal, está constituida por los desempleados y subempleados, que se ven obligados a rascarse con sus propias uñas, o como también se dice con elegancia, en el autoempleo o en dependencia laboral en algunos tipos de microempresa.

En ambos casos en nivel mínimo de subsistencia, sin prestaciones de ningún tipo, en la insalubridad más extrema.

El más reciente censo económico del país dado a conocer en la segunda quincena de octubre y por el INEGI, o sea apenas unos días antes del VI Informe, indica que por lo menos 10.6 millones de mexicanos en edad de condiciones de trabajar se encuentran, llamémosle, ocupados en actividades relacionadas con el sector informal de la economía; esto equivale al 46.6% del universo ocupacional del país.

De esta manera, el número de trabajadores ocupados en el sector informal de la economía, registró un crecimiento del 80.9% a partir de 1990 y esto es terrible y lo dice el propio INEGI, tan dócil al sistema.

El fenómeno del desempleo abierto y encubierto, tantos años ocultado por el Gobierno y al parecer otros mitos geniales del genial y exportable doctor Aspe, ha tendido a agravarse, tanto por el crecimiento demográfico, como por el continuo despido de personal, en especial a partir de 1992.

El Banco de México, que es una institución oficial, lo estima en el 23% de la población en aptitud de trabajar, es decir, unos 5 millones de personas. Se trata de mexicanos que de una u otra manera encuentran ocupaciones para allegarse medios de subsistencia en lo que propiamente corresponde a la economía subterránea, de la cual la economía informal es sólo una parte, por ejemplo, se desconoce el número de personas en actividades como la producción, procesamiento, transporte y venta de drogas. Tampoco se cuenta con datos confiables sobre la prostitución, el contrabando, el comercio ambulante, los niños en la calle y los talleres que operan al margen de las actividades formales, pero que crean ocupación y generan valor agregado.

Sólo se sabe que son muchos más que antes, el incremento del narcotráfico y la prostitución ha elevado el número de niños en la calle, sin hablar de los niños rarámuris muertos por hambre, son también saldos de la política social.

Podríamos hablar de los salarios, sobre el campo, pero lo haremos en otro momento. Simplemente queremos hacer referencia al desastre educativo: 46 niños de cada 100 que ingresan a la secundaria no la terminan, el nivel de escolaridad en el país es de 4o. año de primaria, dato que lo dice todo.

En suma, el mayor éxito de la política social del Gobierno que está por concluir, es en el mejor de los casos el haber congelado el problema de la pobreza; es decir, haber estabilizado en lo relativo el número de pobres y miserables, en un momento en que las políticas de libre mercado, aplicadas en su mayor intensidad, concentraron prácticamente toda la enorme cantidad de riqueza que creó el país en estos años dorados en pocas manos.

Por lo tanto, la tarea de crear una verdadera política social es una tarea que deberá comenzar prácticamente de cero.

Para terminar, yo quisiera hacer un breve comentario acerca de lo que hace algunos días planteó aquí el diputado Levín y nosotros pensamos, como fracción parlamentaria, que lo que se requiere es crear una nueva cultura política.

Los priístas hablan de que van a hacer algunas reformas, que piensan separar el partido del Gobierno y bueno, nosotros esperamos que su fracción parlamentaria, su actuación esté en función de los intereses de la nación, no en función de los intereses del Ejecutivo.

Pensamos también que la oposición tenemos que legislar no en función de los partidos o en función de las élites que gobiernan los partidos, sino también en función de la nación.

De manera que aquí pensamos nosotros que debemos de convertir este espacio en un espacio de debate, de concertación, de diálogo para construir y no un espacio donde con políticas contestatarias se venga a crear una situación de caos, de anarquía, porque las posiciones contestatarias no construyen, las posiciones contest... vienen aquí nada más a protestar y no a construir. Es todo, muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señor diputado Cruz Martínez.

A continuación tiene el uso de la palabra el señor diputado Eliseo Moyao.

El diputado Eliseo Moyao Morales:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Quisiera en primer lugar adherirme a las opiniones expresadas desde esta tribuna por otros legisladores, en el sentido de que necesitamos cambiar la relación entre las diversas fracciones políticas, para mejorar la calidad del trabajo legislativo.

Debemos ser capaces de escucharnos con tolerancia y respeto; debemos comprometernos a transformar durante esta legislatura, el ejercicio parlamentario, dignificando al Poder Legislativo, haciéndolo que cumpla en esta etapa histórica que el país vive, la necesaria función de concertación y diálogo para la transformación democrática de la sociedad, del Estado y del régimen político.

Sin embargo, no puedo dejar de decir que la discusión que hemos dado estos tres días, en que hemos revisado el informe del ejercicio del último año del Gobierno de Salinas de Gortari, me ha parecido la revisión de la misma práctica parlamentaria, que nos parece a algunos que hoy debe de cambiar, en la que unos defienden a ultranza y acríticamente lo realizado por el Ejecutivo Federal y otros lo cuestionamos, sin intentar encontrar los puntos de acuerdo o los consensos necesarios para influir o recomendar realmente las políticas adecuadas para solucionar los grandes problemas de este país.

Debemos de examinar con objetividad, con seriedad y por tanto con espíritu crítico, el informe presidencial.

No dejo de preguntarme si no estamos ejerciendo la revisión del informe como un mero trámite, si en realidad las opiniones que aquí se han vertido servirán para algo, si en efecto el presidente en turno o el entrante leerá, ya no digo si tomará en cuenta, las opiniones que aquí se han venido planteando desde hace dos días.

Esto tiene que cambiar, señores y señoras. Espero que en los próximos años las cosas sean distintas. En un régimen democrático los consensos se construyen sobre la base del diálogo, la confrontación de ideas, la búsqueda de acuerdos.

En un régimen antidemocrático se impone la hegemonía, avasallando a los demás, imponiendo la mayoría mecánica, sin tomar en cuenta la opinión de los otros. Ojalá logremos avanzar para que esta representación plural logre incidir realmente en la vida de la República.

Mientras tanto, paso a fijar la posición de mi partido, el de la Revolución Democrática, sobre el tema que nos ocupa el día de hoy: el balance de la política social del Gobierno salinista.

Efectivamente, como ya se ha señalado aquí, en el VI Informe de Gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, éste realizó un ejercicio filosófico al calificar la política social del sexenio como el núcleo ético de su Gobierno y al Programa Nacional de Solidaridad como el balance moral de la modernización.

Por ello, la invitación del actual Presidente de la República a ubicar las acciones emprendidas a lo largo de los últimos seis años en materia de política social, en su dimensión ética, exigen de nuestro grupo parlamentario una respuesta puntual.

En el debate teórico y político contemporáneo de las políticas públicas y de su vertiente social, la ética en las decisiones de Gobierno es una cuestión que adquiere mayor relevancia, por tal motivo diversas voces autorizadas han propuesto elaborar un discurso más completo y una visión integral de las opciones disponibles para el funcionamiento y el progreso de la sociedad, que incluya una reflexión acerca de los valores e ideales que animan a la humanidad.

Pobreza, empleo y desarrollo social, son problemáticas que ya empiezan a mirarse desde una perspectiva ética.

Una visión de conjunto de la política social mexicana debe incorporar esta concepción novedosa, como se hace ya en algunos lugares de América latina, en donde la efectividad de la gestión gubernamental no se observa únicamente a partir de las asignaciones presupuestales, sino en la orientación que anima a la administración pública.

En efecto, Salinas puso el dedo en la llaga; sin embargo, a contrapelo de lo expresado por él, su Gobierno no se ha caracterizado justamente por su calidad ética en la tarea de gobernar y proporcionar bienestar a la población mexicana. Un ejemplo irrecusable, la profundización de la desigualdad en México, la profunda desigual distribución del ingreso ha aumentado en este sexenio.

¿No es verdad acaso, que estos seis años se ha provocado la polarización de la sociedad?, ¿no es verdad que 24 mexicanos, que todo mundo conoce, porque ha sido difundido públicamente, poseen una riqueza comparable a los ingresos obtenidos durante un año por 35 millones de ciudadanos?, es decir, estamos hablando del 40% de la población nacional.

En estas condiciones, ¿de qué ética hablamos?, para entendernos. Como igual pregunto, ¿acaso son falsos los datos del INEGI?, que pública en 1984, el 10% más rico de los hogares recibía un ingreso 19 veces más alto que el grupo más pobre y que en 1992, la diferencia había aumentado casi 25 veces.

En estas circunstancias vale preguntar, compañeros, ¿qué ética anima a esta nueva política social que se ha empezado a diseñar en el sexenio pasado?, el sexenio que estamos analizando.

Colocar el debate en el terreno de la cifra es una inclinación particularmente cultivada por la tecnocracia. Intentar con ella distorsionar la realidad social, al grado de querer transformarla en mitos geniales, ha sido una práctica constante del Ejecutivo y sus encargados de despacho.

No sorprende entonces que volvamos a encontrar en el Informe de Gobierno reiteraciones presupuestales en busca de apuntalar un modelo de desarrollo que no consiguió, y hay que decirlo, resolver los problemas cruciales generadores de la pobreza. No resolvió el problema del empleo, no resolvió el problema salarial.

Los recursos destinados al gasto social y al abatimiento de la pobreza extrema pueden observarse desde un ángulo distinto al analizado en el informe.

Aceptando que la inversión pública se incrementó en términos reales en el curso de los pasados seis años, es preciso apuntar que no fue suficiente para restaurar los daños causados en vastas zonas del ámbito social, por la drástica reducción del gasto público en esta materia durante la década de los ochenta.

Pensemos, compañeras y compañeros diputados, que la famosa década perdida dejó rezagos que no han sido superados; por lo tanto, plantear que como porcentaje del producto el gasto social ha aumentado en este sexenio, para llegar a un porcentaje similar al que existía hace 12 años, en realidad es reconocer que no se ha sido capaz de responder a la necesidad de los mexicanos, que han aumentado en su número en una cifra alrededor de 12 millones en este lapso.

Con los mismos recursos se pretende atender las necesidades de una población acrecentada.

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 estableció el compromiso explícito de crear un millón de empleos al año. Estamos hablando de los ciudadanos mexicanos que demandan trabajo y que por lo tanto en su Plan Nacional de Desarrollo este sexenio se comprometía a garantizar el trabajo a quienes lo iban a demandar. Sin embargo, de acuerdo a fuentes oficiales y diversos estudios de instituciones públicas y privadas, en el mejor de los casos se crearon entre 1.5 y 1.8 millones de fuentes de trabajo durante todo el periodo sexenal.

Un análisis minucioso del anexo estadístico arroja que de 1988 al primer semestre de 1994, el personal ocupado en la industria manufacturera disminuyó en 132 mil 194 plazas. Asimismo, entre 1988 y 1993, fueron despedidos un millón 113 mil 637 trabajadores al servicio del Estado, cantidades que hicieron crecer la masa de desempleados y subempleados en México, calculada en 12 millones de ciudadanos que deambulan por las calles.

El propio anexo contradice el optimismo presidencial. En 1992, las remuneraciones de los asalariados representaron el 27.3% del PIB, porcentaje superior al obtenido en 1988, pero muy inferior al conseguido en 1981, que fue del 37.4%.

Según nuestras cifras, coincidentes con las proporcionadas por un organismo fuera de toda duda, en términos de su relación con la oposición, no en términos de otros aspectos, la CTM, meses atrás el salario mínimo alcanzó su mayor nivel en 1976. Para 1993, la pérdida acumulada real era cercana al 65%, más de la mitad del poder adquisitivo perdido, arrastrando los salarios contractuales, a pesar de lo que digan algunos otros compañeros que seguramente no viven de su salario.

De esta forma, los datos sobre mejoría salarial detallados en el informe, palidecen ante la abrupta caída del ingreso de los trabajadores mexicanos; empero, el aumento de los salarios mínimos, anunciado para 1995, como todos sabemos, es apenas de 60 centavos diarios.

Ni los créditos fiscales ni los incrementos por productividad, van a conseguir lo que no puede conseguir una política salarial deliberada, que vea por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Sobra decir que la política laboral del salinismo tuvo como blanco de ataque a las organizaciones sindicales.

El artículo 123 constitucional y su Ley Reglamentaria, así como los contratos colectivos de trabajo, en esa labor de desmantelamiento sindical los patrones encontraron a un aliado insuperable, personaje que hoy los miembros del PRD pedimos que comparezca, en su momento pediremos, ante esta tribuna, Arsenio Farell Cubillas, que hoy dirige los sótanos de la seguridad nacional.

Los incrementos al monto de las pensiones y jubilaciones fueron absolutamente insuficientes, los sucesivos aumentos desde 1988 no constituyen una concesión graciosa del Ejecutivo, sino que estuvieron precedidas de fuertes movilizaciones realizadas, incluso a las puertas de este recinto en la legislatura pasada.

Pese a su bajo monto, se cometió la injusticia de integrar en la reforma de 1989 a la Ley del Seguro Social, las asignaciones familiares y ayudas asistenciales a la cuantía total.

Nadie podrá aceptar aquí que con 435 pesos al mes alguien pueda sobrevivir una vejez digna, después de haber contribuido a la riqueza de este país.

Particularmente los jubilados del ISSSTE, por iniciativa de Carlos Salinas de Gortari, recibieron un duro golpe al ser reformado el artículo 57 de la Ley del ISSSTE.

Este ordenamiento establecía que las pensiones aumentarían al mismo tiempo y a la misma proporción en que aumentaban los sueldos básicos de los trabajadores en activo.

A raíz de la contrarreforma salinista, la cuantía de las pensiones se incrementa conforme aumenta el salario mínimo, lo que provoca obviamente la baja en las percepciones.

En la dinámica de las contrarreformas fueron modificadas las leyes del Seguro Social, el ISSSTE, Infonavit, para introducir una especie de doble aseguramiento con la participación del capital privado, con el Sistema de Ahorro para el Retiro, se transfirieron fondos comunes a cuentas individuales y su manejo, antes público, está ahora en manos de las instituciones financieras.

De esa manera, el principio de solidaridad que alentó el nacimiento de nuestro sistema de seguridad social, fue trastocado por la capacidad de ahorro del trabajador en renglones tan importantes en vivienda y el retiro.

En esa lógica, al recortar el gasto social, el modelo económico neoliberal tampoco podía dejar de desplazar la responsabilidad estatal de garantizar el derecho constitucional a la salud de todos los mexicanos; financiamiento, descentralización y privatización selectiva de los servicios, son los tres aspectos principales que exhiben la redefinición del modelo neoliberal de la política de salud.

El impacto diferencial de financiamiento entre los distintos sistemas del sector, así como el proceso descentralizador, desde la visión de un nuevo federalismo, profundiza las desigualdades en la orientación de la atención a la población.

Bajo el amparo de un discurso de corresponsabilidad que hace explícito el propósito de trasladar los costos de atención y del mantenimiento de los servicios a la población usuaria.

En el rubro de financiamiento se hace un uso engañoso de los gastos en el VI informe, al señalar que se dedica 4.1% del producto al gasto público en salud y seguridad social cuando en realidad es apenas del 2%.

El saldo del proyecto neoliberal se cifra a la vez de la iniquidad de acceso a las instituciones públicas de salud y en su deterioro. Ya hablamos del rezago durante la década perdida, debido a su prolongado desfinanciamiento.

Contrasta con el ahorcamiento de los servicios públicos de salud el florecimiento de los servicios privados. Durante el sexenio que concluye, que representan actualmente alrededor del 70% del PIB de los servicios médicos. Esto da una idea de como se va configurando el nuevo modelo de política social del régimen modernizador, la privatización, transferir la responsabilidad que el Estado tiene sobre la seguridad y el bienestar de los mexicanos a la iniciativa privada, al mercado, es el puntal de esta nueva política social.

Las reformas legislativas en el ámbito de la educación aludidas en el informe, reflejan una concepción muy distinta a la que tuvo el Constituyente de 1917, cuando redactó lo que fue la primera versión del artículo 3o. de nuestra Carta Magna. En la práctica los ideales del proyecto educativo de la Revolución mexicana y los generados en los años posteriores al movimiento estudiantil popular de 1968, han sido sustituidos por una visión neoliberal.

Uno de los mayores retrocesos, la virtual supresión de la gratuidad en la enseñanza de nivel superior, fue impulsada por el Titular del Ejecutivo a través del entonces secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo Ponce de León. En eso se tradujo el compromiso de Salinas hacia las universidades. El artífice de esa reforma intentará ser ungido el próximo 1o. de diciembre.

En el rubro presupuestal el presidente en turno vuelve a sufrir el vértigo de las cifras. Según el texto leído: "El gasto nacional en educación respecto del producto interno bruto pasó del 3.5% en 1988 al 6.1% en 1994". Lo que sucede es que el dato engloba los gastos federal, estatal, municipal y privado. Nos han introducido un nuevo concepto de gasto nacional para poder sostener que efectivamente han incrementado hasta el 6% el producto interno bruto del gasto en educación.

Sin embargo, no es maquillando las cifras como se resuelven los problemas. No se puede ocultar la realidad manipulando la información estadística, porque los problemas ahí están.Por lo que hace al gasto federal ejercido en ciencia y tecnología, su participación respecto al producto interno de 1994 de conformidad con el anexo será de .44%, cantidad menor que la ejercida en 1981. Asimismo la matrícula de posgrado, base del desarrollo científico de una nación representa apenas el .2% de la matrícula total.

En cuanto al medio ambiente, en razón de los graves problemas con que se encontró el régimen y de la perspectiva de reformas jurídicas y administrativas que lo profundizarían, el Gobierno salinista utilizó una estrategia con dos vertientes: una, que consistió en promover acciones espectaculares y eventos nacionales e internacionales de corte ambientalista, así como una política de relaciones públicas para obtener reconocimientos y condecoraciones que cubrieran de un manto ecologista a su administración, pero que no modificaron ni un ápice la dinámica de deterioro ambiental del país.

De otra parte, la verdaderamente importante del punto de vista de la política ambiental, el salinismo desdibujó el perfil institucional, tanto porque le asignó el presupuesto más pequeño del gasto público, como porque le atribuyó un nivel de segundo piso al sustituir la Sedue por la Sedesol, por una dirección de la Sedesol para atender el problema ambiental. Además, y he aquí lo grave, como eje en el TLC y el acuerdo ambiental paralelo, impulsó las reformas al artículo 27 constitucional y a las leyes agrarias de bosques y selvas, aguas nacionales, asentamientos humanos, pesca, minería y del equilibrio ecológico, entre otras, que significan desde el punto de vista ambiental, la entronización de la ley de la oferta y la demanda como rectora del desarrollo sustentable, desdeñando así los criterios sociales y ecológicos en el manejo de los recursos naturales. Significa también un ataque frontal a las bases constitutivas y de subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas, reconocidas por su manejo de métodos productivos de sustentabilidad.

Además, en aras de atraer masivamente capitales extranjeros, no sólo se abrieron de par en par las puertas de acceso a nuestro capital ambiental, sino que cedimos soberanía nacional al permitir que sin contrapesos, legislaciones y organismos supranacionales nos apliquen sanciones en caso de violar los acuerdos del TLC.

El nudo de amarre fue la simulación del combate a la pobreza, la parodia de la democracia y la cooptación de algunos grupos ambientalistas. El juicio popular a este respecto está hecho. Ningún Gobierno había hecho antes tanta política con la ecología y tan poca ecología con la política.

La inversión en vivienda está orientada cada vez más hacia sectores de ingresos medios y altos, baste ver que en 1989, la banca comercial producía el 11% de las viviendas con el 40% de la inversión, para 1994, con el 56% de la inversión produce el 22% de las viviendas. Un hecho más grave aún es que los organismos públicos han adoptado los mecanismos de la banca comercial para conservar la adquisición de viviendas, o en el caso de los organismos destinados a sectores de bajos ingresos como el Fonhapo han adecuado sus necesidades para satisfacer los requerimientos mercantiles. Fonhapo, que realizaba acciones de vivienda progresiva y terminada para una población potencial de al menos 72% del total nacional, maneja tan solo el 1.5% de los recursos y produce el 6% de la oferta de vivienda cuando en 1990 y 1992 producía alrededor del 17% y 9.5%, respectivamente.

En suma, la gran inversión en vivienda no estuvo destinada a la población que requiere la acción del Estado. Además de que la reestructuración de los organismos de vivienda se basó en orientar la adquisición de vivienda de acuerdo al ingreso del solicitante y no a las necesidades de la población.

Pero además, para terminar, compañeros, déjenme decirles que un organismo de naciones unidas concluyó lo siguiente respecto al tema de la política de vivienda del Gobierno mexicano, aquellos que ponen mayor atención a lo que se dice fuera del país. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomienda que se deben dar pasos urgentes para superar la grave crisis de vivienda en el país, además recomienda la adaptación inmediata de políticas y medidas diseñadas para asegurar servicios sociales adecuados, seguridad en la tenencia y la disposición de recursos para facilitar el acceso a una vivienda digna a la población de bajos ingresos. El comité también recomienda el incremento de la construcción de vivienda en renta, así como la adopción de otras medidas para que México cumpla cabalmente con sus obligaciones.

Estos son, señoras y señores, los rasgos de la nueva política social. Por eso es justo el reclamo que hemos hecho los perredistas, de que se ha excluido a una gran cantidad de mexicanos, a cerca de la mitad de la población, de acuerdo al nuevo modelo de desarrollo que nos ha impuesto la tecnocracia. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado Eliseo Moyao Morales.

A continuación hará uso de la palabra el señor diputado Rafael Ayala López.

El diputado Rafael Ayala López:

Con su venia, señor Presidente; honorables diputados de esta LVI Legislatura:

Hace dos sesiones escuchaba a una compañera diputada del Partido Revolucionario Institucional mencionar que en la oposición se escatimaban elogios a los aciertos que ha tenido la administración del Presidente de la República.

Nosotros en Acción Nacional queremos decir que nunca hemos vertido elogios; a lo más, expresamos reconocimientos, porque los elogios son peligrosos para el gobernante y sobre todo, cuando los elogios rayan en el servilismo. Tampoco hemos sido críticos acerbos ni por sistema, de las cosas que consideramos mal.

En política, como en la vida, consideramos que medir en forma maniquea las circunstancias, no se vale. Es matizando y aceptando que hay claroscuros, como se llega con justicia a la verdad.

En este VI Informe de Gobierno, el apartado de política social se titula: "Un Estado más justo y solidario". Título que está muy lejos de hacerse realidad, ya que la justicia no puede ser el resultado de procesos tecnocráticos que en la vida real se transforman en injusticias y profundas desigualdades.

No todos han compartido hombro con hombro el sacrificio para sacar al país del estado lamentable en que lo dejaron muchos años de demagogia, populismo, despilfarro y corrupción. Y aun cuando en este sexenio se han dado signos favorables de recuperación, muchos, sobre todo los más débiles, han sufrido las consecuencias de los ajustes: bajos salarios, inadecuados servicios públicos, precaria atención de la salud y la educación, pensiones de afrentosa miseria y ante esto, el ostentoso enriquecimiento de un grupo privilegiado.

En este capítulo de política social, el informe presidencial no cumple a satisfacción el ordenamiento constitucional de informar sobre el estado que guarda la administración pública del país, ya que es omiso en señalar algunos marcos de referencia para comparar en qué medida se han satisfecho las necesidades y cuál es la demanda que falta por satisfacer.

Esta representación, nuestro grupo parlamentario, en su oportunidad solicitará de los diversos grupos que componen este congreso, un punto de acuerdo para solicitar que los informes presidenciales sean presentados siguiendo un formato, un diseño de planeación en el que sea posible comparar la totalidad de requerimientos reales con los objetivos señalados y con lo que finalmente se logró. De otra manera, no es posible llegar a una valoración adecuada de lo informado.

Con esta limitante haremos la glosa del área de política social: salario, empleo y productividad. Una verdad que no admite discusión, fue señalada en el informe y dijo el Presidente: "El empleo es la base más firme para abatir la pobreza y el mejor camino hacia la justicia". Pero México está muy lejos de abatir la pobreza y de establecer la justicia.

Si el desempleo y el subempleo alcanzan en nuestro país el 20% de la población económicamente activa, tiene razón el Presidente en afirmar. "Que no alcanzó a conseguir lo que en este aspecto se propuso", aun cuando tampoco señala cuál era su propósito original.

Suponemos que era el de abatir el desempleo, ya que esta carencia además de imposibilitara la persona a alcanzar su desarrollo integral origina la inseguridad y desestabilidad social.

El informe da cuenta de que se incrementaron los salarios mínimos conforme a la inflación estimada y a los aumentos de productividad promedio de la mano de obra. Pero de todos es sabido que el salario mínimo no cumple con lo señalado en el párrafo sexto del artículo 123 constitucional que establece: "El salario mínimo general del que disfruten los trabajadores deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia, en el orden social y cultural. Asimismo servirá para proveer la educación obligatoria de sus hijos".

El salario mínimo en México no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de una persona, menos aún para cubrir las necesidades de una familia.

El Presidente informa de las reformas de las leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para incrementar gradualmente las pensiones. Pero no habló del fracaso de planeación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que lo llevó a una crisis de reservas para responder a la jubilación justa de sus afiliados, que sufren no pobreza, sino miseria.

Dijo haberse ampliado la cobertura de subsidios a alimentos básicos. Pero omitió decir que estos apoyos se merman por la gran corrupción de algunos funcionarios que lo manejan y omitió también hablar de la afrenta que sufren los mexicanos que se ven obligados a solicitar estos servicios y al condicionarles los mismos a cambio de apoyo político.

La defensa del salario, el empleo y la productividad necesitan, además de un auténtico sindicalismo que en verdad luche por los intereses de sus agremiados y que propicie un ambiente de productividad corresponsable, con bases de justicia y de equidad.

Educación. La educación de un país es la clave y es factor indiscutible para su desarrollo y su progreso. Al inicio del sexenio, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Planeación, se establecieron diversos objetivos en materia de educación en el Plan Nacional de Desarrollo, así como las acciones para el logro de los mismos.

Al analizarlos podemos observar que el VI Informe de Gobierno, es excesivamente triunfalista y parcial en la información.

Por otra parte, en documento de la Secretaría de Educación Pública, se establece que de cada 100 niños que ingresan a la primaria sólo 58 la terminan. De ellos, ingresan 48 a secundaria; y de estos 28 ingresan a educación media, concluyéndola solamente 15. Para culminar que de esta cifra solo nueve se inscriben en la licenciatura y de ellos únicamente la concluyen cuatro, es decir, cuatro de cada 100 mexicanos acceden a la cultura superior.

Señalamos también que el informe presidencial manifiesta haber disminuido en un 4.1% el índice de analfabetismo y que en el país estamos en este renglón en un 9.8%. Este porcentaje está aún muy alejado de las recomendaciones de la UNESCO, que son de una tolerancia de un 5%. En realidad este problema se agrava con el número de analfabetas funcionales que sólo poseen rudimentos de cultura, pero de los que no se tiene ninguna garantía de que sean estimulados para un posterior autoaprendizaje y mucho menos sean capacitados para un trabajo digno.

El informe que estamos analizando omite dos problemas capitales aún no resueltos: la vertebración académica entre niveles y la vinculación del sector educativo con el aparato productivo. Reconocemos que se hicieron esfuerzos importantes en la materia, pero los asentados en el informe aún resultan insuficientes.

La capacitación para el trabajo en el nivel medio superior y superior es muy deficiente. Los planes y programas son demasiado teóricos y poco prácticos. Los comités de vinculación con el mundo productivo no han funcionado según se esperaba y las recomendaciones que de ahí emergen, se estrellan contra el largo y tortuoso camino de la Secretaría de Educación Pública, para cambiar planes de estudio.

El VI Informe presidencial privilegia la información económica y desdeña analizar con mayor realismo los grandes temas educativos que interesan a toda la nación. La educación superior, por ejemplo, merecía un análisis más amplio.

El Partido Acción Nacional expresa su preocupación porque el debate de esta temática no se limite a los aspectos cuantitativos y formales, sino que se vaya al fondo de cómo enfrentar el reto de una educación verdaderamente moderna, auténticamente integradora, que nos ponga a la altura de las circunstancias del milenio por venir.

Consideramos oportuno presentar algunas propuestas, para que a partir de un verdadero entusiasmo por la educación y voluntad política por avanzar en este renglón, creemos que es posible llevarlas a la práctica para que de una buena vez por todas, México salga del eufemismo de ser considerado país en vías de desarrollo y se inscriba en la necesaria competencia y la necesidad de reafirmar la identidad nacional en los tiempos por venir.

1. Participación de la sociedad en la educación, sin manipulación, sin condicionamientos político-partidistas.

2. Orden en la Secretaría de Educación Pública, alejando su trabajo de la influencia política sexenal, para construir un verdadero plan nacional de educación con metas a corto, mediano y largo plazos, que detecte las deficiencias e incorpore soluciones aportadas por todos los sectores.

3. El Estado, sin perder su carácter rector, debe estimular fiscal y económicamente a la sociedad civil, para que participe y sostenga la oferta educativa, volviendo, por ejemplo, gastos educativos deducibles de impuestos, créditos blandos a educadores profesionales y otros que aligerarían la carga estatal, que en última instancia recae sobre el propio pueblo.

4. Educación con formación en valores y tradiciones, sin temor ni prejuicios, considerando que el signo de los tiempos es la búsqueda de la unidad en la diversidad. Hay que abrir los contenidos educativos a la enseñanza de valores de carácter universal, que impriman en el educando el aprecio por su dignidad de persona, el aprecio por la familia, el amor a la patria, la verdadera solidaridad humana, el sentido de unidad nacional y la ambición por dar continuidad histórica y generacional a la gran patria mexicana.

La moral pública en nuestro país todavía está esperando que los mexicanos que se educan en las aulas se conduzcan en la comunidad con valores y actitudes que la familia y la escuela deben transmitir a cada persona que pasa por ellas.

5. Dada la globalización que ya se vive intensamente en nuestra realidad cotidiana, proponemos se establezca un pacto: Gobierno, educadores, padres de familia, sector productivo y medios de comunicación, para que juntos emprendamos una gran campaña nacional de reforzamiento y concientización sobre el impacto que acusa en las nuevas generaciones los medios de comunicación y su papel como coeducadores, para que su actuación sea consecuente.

Salud, seguridad y asistencia social. El compromiso adquirido al inicio de la administración de avanzar en la infraestructura y en la calidad de servicios de salud no se cumplió como se había prometido. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, las estrategias generales que regirían las acciones del sector fueron: mejorar la calidad del servicio, atenuar las desigualdades sociales, modernizar el sistema de salud, descentralizar y consolidar la coordinación de los servicios de salud. Al primero de los rubros se advierte que la calidad de los servicios médicos no sólo no ha mejorado, sino que ha declinado por falta de recursos, tanto humanos como materiales especialmente en el campo y en las zonas urbano marginadas.

En la segunda estrategia, a pesar del incremento del gasto público en salud y seguridad social, la inversión en este renglón es insuficiente para las necesidades actuales de la población, cuya demanda de servicios de salud se ha incrementado por el deterioro del poder adquisitivo en grandes sectores de la población.

Llama la atención el hecho de no mencionar con precisión la epidemia del cólera que es una enfermedad originada por la pobreza y la ignorancia y que en alguna forma denota un retroceso en el diagnóstico del estado que guarda este problema de salud en nuestra nación. El informe es omiso de la grave enfermedad del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, que continúa avanzando en nuestro panorama epidemiológico como lo comprueba el hecho de que en estos seis años se han diagnosticado más de 18 mil nuevos casos de este mal, según fuentes oficiales.

Desarrollo urbano. Señala el informe que el Programa de las Cien Ciudades ha moderado el crecimiento de las zonas metropolitanas y de las ciudades medias; sin embargo, es común denominador que en todas ellas se siguen autorizando desarrollos habitacionales y edificaciones, sin tomar en cuenta la infraestructura de vialidad y de más servicios y sin valorar adecuadamente el impacto ambiental que ocasionará.

En esta materia es inaplazable que todas las ciudades del país cuenten con un sistema de planificación permanente dirigido por un consejo ajeno a los intereses de personas o grupos que miren solamente al bien común, integrado este consejo por autoridades y técnicos especializados a fin de que las comunidades mantengan el desarrollo equilibrado alejándolos del devenir político.

El presidente Salinas informa que aumentó en 3.5 veces la recaudación del impuesto después de la actualización de los registros catastrales. Este dato si lo compara con el de 1992, nos parece que es un aumento poco significativo ya que hay ayuntamientos, por ejemplo gobernados por la oposición que con sólo actualizar los registros catastrales, sin aumentar la tasa impositiva, han logrado sustantivos aumentos. Es necesario en esta materia brindar un mayor apoyo a los municipios para que todos ellos estén en posibilidad de recaudar este impuesto dando plena vigencia al artículo 115 constitucional.

En materia de vivienda, el presidente Salinas, dice haber beneficiado a más de 13 millones de mexicanos con una construcción de 2.7 millones de casas. Como no se señala cuál es la demanda, es imposible cuantificar el déficit, por lo que simplemente nos quedamos en estado de indefensión para emitir un juicio crítico de esta materia. Dato positivo se aprecia en que la política del Infonavit permitió que el trabajador pueda aplicar libremente el crédito a la vivienda de su elección, esto es benéfico, pues se podrán evitar las habitaciones palomares de pésima calidad de materiales y en la estética de las poblaciones.

Protección del campo. En los últimos años el Gobierno ha canalizado grandes recursos financieros al problema ecológico, sus resultados dejan mucho que desear, por la generalidad de las leyes en la materia, porque las decisiones se toman desde las cúpulas sin la participación de grupos afectados y conocedores y por la falta de ética de los responsables en la conducción de estos programas.

Los municipios no han podido resolver el problema de la basura y sus consecuencias ambientales, dado que carecen de recursos económicos para afrontar la problemática ecológica tan grave en la materia.

Aumentar participaciones económicas a los municipios es necesario para mejorar el bienestar social y disponer de las condiciones y recursos que garanticen realmente la protección del ambiente.

Los estados y municipios tienen pocas facultades reales para participar en la formulación y ejecución de la política ecológica. Las instituciones federales no han confiado en la iniciativa que pudiera tomar la sociedad y lo que para unos es basura y desperdicio, para otros es un medio de vida.

El Plan Nacional de Desarrollo reconoce que existen innumerables especies de animales en peligro de extinción, de las cuales algunas son únicas en México.

Por lo que hace a la flora, hay cientos de especies de plantas también amenazadas o en peligro de extinción. Los bosques y selvas no escapan al deterioro ambiental. Anualmente se pierden grandes extensiones por deforestación o quemas naturales o provocadas; las especies acuáticas también corren el peligro de extinguirse, por prácticas de explotación inadecuadas e ilegales y por la contaminación de cuencas y de litorales, pero el informe omite datos sobre estos temas, por lo que será necesario cuestionar a la Secretaría de Desarrollo Social, para una mayor precisión en confinamientos industriales, controlados, rellenos sanitarios, ampliación de rellenos en operación y acciones para proteger la flora y la fauna.

La deforestación de bosques y selvas, como la selva lacandona donde sólo queda una tercera parte de su riqueza y la región de los chimalapas en Oaxaca, casi destruida en su totalidad, deberán ser temas abordados de inmediato por las comisiones correspondientes.

Solidaridad. El Programa Nacional de Solidaridad, eje central de la política del sexenio que analizamos, tuvo como objetivo primordial erradicar la pobreza extrema a través de la realización de obras, sin embargo su diseño acentuó el estilo centralizado, providencial y pródigo de gobernar.

El manejo directo de los recursos por parte de los comités sustituyó la naturaleza del programa que originalmente planteaba su administración directamente por los beneficiarios.

Cuando se menciona en el informe, "solidaridad dio respuesta directa al reto social de superar la pobreza y además ha sido el balance de la modernización", hay una contradicción y gran inexactitud ya que en el país existen 40 millones de mexicanos sumidos en la pobreza.

El informe sobre este programa es contradictorio entre las cifras triunfalistas y la realidad nacional y además en virtud de que el Pronasol mantiene una estructura paralela, burocrática y centralista, ha violado la Constitución al suplantar a la autoridad municipal.

En el informe, se hace referencia a la integración de 250 mil comités de solidaridad, pero no dice cuántos se fundaron para ser estructuras paralelas de confrontación política a la organización social de los municipios, tampoco menciona cuántos fueron nombrados antidemocráticamente y son presididos por los mismos dirigentes del partido oficial en las comunidades, que las utilizan como trampolín político. Se afirma que se crearon y desarrollaron 20 mil empresas en solidaridad, pero el informe omite mencionar cuántas ya no funcionan por abandono, por irresponsabilidad de los dirigentes priístas y sobre todo, por falta de apoyo y emoción popular de quienes no fueron tomados en cuenta para formarlas.

El informe destaca la atención privilegiada a Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero por supuesto no explica por qué entonces, la inconformidad social en estos estados va en aumento.

El informe señala que el Estado ha establecido una nueva relación con los pueblos indígenas, que se basa en el reconocimiento, en la ley y en las acciones del Estado, de su diversidad social y cultural como miembros de la unidad nacional. En realidad, esta nueva relación se inició con el levantamiento armado en Chiapas el 1o. de enero de este año.

Desvirtuada la finalidad esencial de un programa de ayuda para aminorar los efectos de la pobreza, terminó sirviendo de apoyo a campañas políticas del partido del Gobierno; aumentó el centralismo presidencial con la asignación de recursos importantes para cumplir compromisos que adquiría en su gira por los estados; promovió en muchos ayuntamientos el control político de los presidentes municipales y la selección de obras se hizo más con un afán populista que por un real estudio de necesidad.

Al concluir su mensaje el Presidente, afirma que la política social fue el núcleo épico de su gobierno. Tal aseveración constituye una auténtica falta de respeto al pueblo de México, pues, aunque ayudó a remediar algunas necesidades, para nadie es desconocido que solidaridad ha sido una cruzada personal, cuyas connotaciones son eminentemente políticas y electorales.

Lejos de ser un programa de combate a la pobreza, el Pronasol se mostró como la institucionalización del neopopulismo, que de manera centralista viola el pacto federal y la autonomía de los municipios, los cuales son los encargados legalmente de ejecutar dichos programas sin la necesidad de estructuras burocráticas paralelas.

Es urgente pues, una verdadera reforma social cuyos fundamentos serían:

1. Los mexicanos deben ser considerados como seres humanos, con una eminente dignidad; no sólo como electores a los que se puede manipular abusando de la miseria en que se encuentran.

2. Habrá de revisarse a fondo la economía nacional para corregir la desigualdad social que aumentó en este sexenio y dejó como saldo a 24 supermillonarios frente a 40 millones de pobres.

3. Debe ponerse fin al presidencialismo centralista y respetarse en serio y cabalmente, la división de poderes, la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios.

4. Se haga efectiva la prohibición legal de utilizar, con propósitos partidistas y facciosos, los colores de la bandera nacional.

El signo de la reforma social futura deberá cambiar, como decía don Efraín González Luna, de destructora en creadora, de opresora en liberadora, en dispensadora de bienes materiales, pero también y sobre todo, de libertad, de dignidad y de justicia. Así pues, el saldo de la política social del sexenio de Carlos Salinas, es negativo. Hoy sólo se critica y juzga, puesto que muchas cosas ya no tienen remedio. El próximo sexenio deberá estar atento para no incurrir en los mismos errores en esta materia. Esta soberanía, propondremos a ustedes, demandará mayor participación en la gran planeación del Ejecutivo y que esto sea un verdadero signo del cambio y de la renovación del estilo personal de gobernar del Presidente de la República. Muchas gracias.

El Presidente: Muchas gracias, señor diputado Rafael Ayala López.

A continuación hará uso de la palabra el señor diputado Abelardo Carrillo Zavala.

El diputado Abelardo Carrillo Zavala:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

La dimensión de la política social es totalizadora, se entiende y se extiende a todas y cada una de las acciones del Gobierno y lleva implícita la necesidad de que se reflejen en el bienestar colectivo, tanto el crecimiento económico como la estabilidad política de la nación.

La política social nace junto con el Estado y comparte con esta institución la naturaleza de producto del consenso del pueblo. El Estado y la política social son creados, delineados, conducidos y preservados por el pueblo mismo, para su propia supervivencia como nación y progreso como comunidad que se reconoce a sí misma en cada uno de sus integrantes.

En nuestro sistema de gobierno, el camino que recorremos los nacionales, se examina también desde tramos de tiempo. Hoy estamos frente, precisamente, a la culminación de uno de los periodos constitucionales establecidos para el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal. Son seis años que hoy se agolpan ante el análisis, la evaluación y el juicio de quienes hemos sido, a un tiempo, protagonistas de lo hecho y mandantes en lo hecho, corresponsabilidad y derecho a responsabilizar, la inevitable paradoja, puede que aparente, por lo demás, de un pueblo que se gobierna a sí mismo por medio de las instituciones.

La institución presidencial ha entregado el recuento de lo hecho, de lo iniciado, de lo no alcanzado, de lo que hubo que rectificar, avances, retrocesos, desvíos y correcciones, exactamente igual a los que encara la vida humana, seguramente porque es una organización humana encarnada por humanos. Cuestión de método.

La política social del sexenio por terminar, ha sido dividida en renglones escritos en materia de educación, de salud y seguridad social, de empleo y protección al salario, de vivienda, de grupos indígenas y de ecología y medio ambiente y en los que habita, sin excepción, el Programa Nacional de Solidaridad fundado en el sentimiento del deber, de prestarse ayuda mutua, de hacer en cada quien un convencido de que su propia felicidad no puede darse sin la de los demás, de intuir que el solitario es cualquier cosa, menos humano.

La otra característica principal de esa política social, se encuentra asimismo en la de haber dado a la nación un rumbo que no tenía, en haber señalado a la sociedad mexicana un camino practicable en el mundo de hoy, esa ruta que como todas, tiene recovecos y llanuras, pero que sí es transitable y sí está a la altura de los retos modernos.

Hace seis años ciertamente privaba la certidumbre de que había que hacer ciertas reformas que ya resultaban impostergables. Sin embargo, también se tenía la certeza de que esos cambios podrían tener un elevado costo político. Después de estos seis años, sabemos que el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, asumió a plenitud la tarea y el precio.

La deuda externa fue renegociada para hacerla manejable y despojarla de su carácter de obstáculo para el crecimiento económico del país. El Estado propietario cedió su lugar al Estado solidario, que así dejó de ser empresario para ser más emprendedor. El gravamen más injusto y devastador, la inflación pasó a cifras de un dígito que no conocían nuestros connacionales menores de 20 años.

La inversión extranjera en nuestro país fluyó en un volumen importante y se convino un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que resultó modelo para otros acuerdos comerciales con distintos países y que abrió la posibilidad de que el consumidor nacional tenga más de donde escoger y el empresario nacional tenga más en donde colocar sus productos y servicios.

Pasó México de una economía cerrada, aislacionista y por ello empobrecedora, a una economía abierta, integracionista y por ello ascendente y progresiva. En el campo el presidente Salinas promovió reformas que abrieron la posibilidad de que las tierras ejidales afirmaran su carácter de factor de la producción; en lo laboral, integró la noción de productividad a las negociaciones sindicales. Tantos cambios, pero aquí abajo, cielos aparte, vivir es cambiar, y el llegar a la perfección implica haber cambiado muchas veces.

Tantos cambios y todos, necesariamente todos, tuvieron efectos en la política social, por ello es que resulta dificultoso hacer una evaluación justa de lo acontecido en estos seis años y esta complejidad alcanza sin remedio, y lo reconozcan o no, a quienes por negar cualquier luz acaban en la densa sombra del reproche sin pausa y sin razón. De ahí los desencuentros con la opinión de otros, pero nadie de buena fe puede esperar que se haga todo de una vez y se acierte para siempre, como tampoco puede negarse de buena fe, que el presidente Salinas enfrentó a plenitud la reforma y que las resistencias al cambio fueron su costo, no su propósito.

La verdad es que aun la especie de que la reforma democrática no fue a la par de la economía, acepta que hubo reforma, pues no se puede comparar lo que se produjo con lo que no se dio. La verdad es también que el gobierno del presidente Salinas afirmó en el centro mismo de un año turbulento como pocos, el rumbo de la negociación política y apertura democrática, que tuvo su momento estelar el pasado 21 de agosto, cuando la jornada electoral dio fe de la asistencia de un 77% de ciudadanos empadronados que votaron por la paz social y por la democracia.

Hay que reconocer los buenos resultados, los que son consecuencia de una política social que optó por el desarrollo responsable, no fincado en el endeudamiento ni en el déficit presupuestal, ni en el gasto inflacionario, desarrollo que a sí mismo se apoyó en los beneficiarios a quienes se convocó a una iniciativa comunitaria como lineamiento fundamental para las soluciones de los problemas comunales. Un desarrollo que se expresó en todas las regiones del país y vinculó las metas sociales y los objetivos de productividad.

Un desarrollo que puede expresarse someramente es el hecho de que en 1988, se destinaban al gasto social 34 centavos de cada peso de amortización de la deuda externa y que hoy, una vez reordenado ese gravamen, se aplican más de cuatro pesos al gasto social por cada peso entregado para el pago de ese débito exterior.

Nunca antes, nunca antes en la historia de nuestro país se había destinado tanto presupuesto y tantos recursos para el gasto y bienestar social efectivo de los mexicanos. Así, en educación pudo duplicarse el gasto. Estamos en niveles cercanos a los países más desarrollados, por ejemplo: Estados Unidos destina 6.7; Canadá 7.2 y México 6.1 del producto interno bruto.

En salud, las erogaciones crecieron en 81%. Se redujo efectivamente la mortalidad infantil en un 20%; no hay poliomielitis desde hace cuatro años; tampoco hay difteria. Así las enfermedades contagiosas, éstas y otras, han sido combatidas.

Las erogaciones crecieron en 81% en salud; en desarrollo urbano, agua potable y ecología, se registró un alza de 51%; en abasto se obtuvo un incremento de 77%; en justicia y seguridad de 68%; en el desarrollo rural se creció 44% y en solidaridad dos veces y media más que al principio de la administración del presidente Salinas.

En materia de vivienda se ejecutó un programa para beneficiar a 2.7 millones de familias, casi el doble de lo realizado el decenio anterior y esto fue para todos los niveles sociales de la población.

Por su parte, el Infonavit ha entregado 550 mil créditos, que se comparan con los 750 mil otorgados en los 16 años anteriores. Además entregó más de 880 mil títulos de propiedad a otras tantas familias mexicanas; en materia de ecología, bajo el compromiso de sanear nuestros ríos, lagos y mantos acuíferos, se instalaron 415 plantas de tratamiento de aguas negras, ahora tenemos 3.3 veces más de capacidad instalada que en 1988.

En cuanto a la cobertura nacional en el suministro de agua potable, ésta pasó de 76% en 1988 a 86% de la población en 1994.

Y por lo que hace a las reservas naturales, en seis años se triplicó la superficie protegida que hoy supera los 10 millones de hectáreas; más de 2.5 millones de familias asentadas irregularmente recibieron escrituras notariales para regularizar su patrimonio y asegurar su tranquilidad. Fue un haber expedido 1 mil 141 escrituras diariamente en beneficio de igual número de familias mexicanas. Se dice pronto, pero lo hecho en este renglón representó nueve veces más que las escrituras expedidas por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett, durante 15 años de operación. Se dice pronto, pero fue un esfuerzo sin precedente en la titulación de la propiedad y en la seguridad jurídica del patrimonio familiar que abarcó programas de apoyo a la vivienda y solidaridad obrera para llevar beneficios a casi 4 millones connacionales de escasos recursos.

Fueron, en fin, los pasados seis años de una historia que se hizo aprisa y a fondo y que se escribirá con pausa y reconocimiento a la tarea del hombre a quien hicimos los ciudadanos presidente de la República y haremos sus conciudadanos un compatriota respetado que cumplió con su deber y así cumplió con México y con los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señor diputado Abelardo Carrillo Zavala.

Queda agotada así la primera lista de oradores que fijaron las posiciones de sus partidos.

A continuación hacen uso de la palabra los oradores en pro y en contra del informe presentado por el señor Presidente de la República, en su capítulo de política social.

En primer término hará uso de la tribuna el señor diputado Ezequiel Flores Rodríguez.

El diputado Ezequiel Flores Rodríguez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados:

En su pasado informe presidencial, el presidente Salinas de Gortari sostuvo que la política social había sido el núcleo ético de su gobierno. Desde el comienzo de su administración, Salinas había definido como uno de sus objetivos el erradicar la pobreza extrema, ése es el marco a partir del cual debe evaluarse la política social del presidente saliente.

México, al finalizar la década de los ochenta estaba por encima de la media de pobreza en América latina y concentraba al 23% de todos los pobres del continente. Un estudio conjunto del INEGI y la CEPAL, revelan que para 1992, 37.4 millones de personas, que equivale al 44% de la población, eran catalogados como pobres y de éstos, 13.6 millones, o sea, el 16.1% eran pobres extremos.

La población en extrema pobreza disminuyó entre 1989 y 1992 en 1 millón 300 mil personas, pasando de representar el 18.8% de la población en 1989; a 16.1% en 1992; pero aumentó en 2 millones 600 mil entre 1984 y 1992. Los pobres extremos representaban en 1984, al 15.4% de la población y en 1992 representaban al 16.1%.

La pobreza es mayor en las áreas rurales que en las urbanas. En las ciudades que para 1992 absorbían una población de 50 millones, habitaban 18.4 millones de pobres, o sea el 36.9%, de los cuales 4.8 millones, o sea el 9.8% estaban en niveles de pobreza extrema.

En las áreas urbanas, la población de más de 15 mil habitantes, los extremadamente pobres crecieron en números absolutos de 4.3 a 4.8 millones entre 1984 y 1992, pero aparece un descenso importante de 1.7 millones entre 1989 y 1992.

El total de población rural para 1992, calculada en 34.4 millones de personas, 18.9 millones, o sea el 55.9% son considerados pobres y de éstos, 8.8 millones indigentes, o sea el 26.7%.

En el campo mexicano, los extremadamente pobres crecieron antes y después de la existencia del Pronasol. Entre 1984 y 1989, la cantidad de indigentes se incrementó 1.7 millones, pasando de representar al 25.4% de la población en 1984 a representar el 27.9% en 1989. Más aún, a pesar de Pronasol los pobres extremos en el campo aumentaron en 400 mil personas y los simplemente pobres en 1 millón 300 mil entre 1989 y 1992.

La política aplicada en el periodo 1984-1992 produjo 2.1 millones de pobres extremos y 2.6 millones de pobres en las áreas rurales. Otros datos dan cuenta del proceso de creciente empobrecimiento de los sectores sociales mayoritarios dentro de un marco de mayores niveles de polarización. Entre 1982 y 1991, los salarios de los obreros de la industria manufacturera perdieron 36% de su poder de compra. Los sueldos de los empleados de esta misma industria disminuyeron en 22% y las prestaciones en 23%. Las remuneraciones promedio pagadas a los trabajadores agrícolas perdieron el 51% durante el mismo lapso.

Simultáneamente se incrementó la polarización social. Con datos de 1990, se observa que 2.84% de la población mexicana se benefició con el 78.55% del total del ingreso nacional; por el contrario, el 41.46% de la población trabajadora obtuvo entre uno y dos salarios mínimos que representan el 6.52% del ingreso nacional.

El 21.81% de la población trabajadora percibió entre cero y un salario mínimo, que representa el 1.31% del ingreso nacional.

La distribución del ingreso nacional muestra que el 20% de la población, o sea, alrededor de 17 millones absorben el 54.18%, en tanto que el 20% de menores ingresos absorbe únicamente el 4.28%. El restante 41.5% del ingreso se distribuye entre el 60% de la población, o sea, alrededor de 52 millones de personas.

La concentración del ingreso ha aumentado como resultado de la política económica que distribuyó el ingreso nacional a favor del 10% de la población. Las cifras oficiales indican que mientras en 1984 este 10% de la población obtuvo 32.77%, en 1992 llegó a 38.16%.

La riqueza conjunta de los 24 mexicanos considerados dentro de los 350 hombres más ricos del mundo, asciende a 44 mil 100 millones de dólares, equiparable al 14% del producto interno bruto de 1994. Es comparable a los ingresos de 35.5 millones de personas que representan al 40% de la población nacional y 13 veces al monto total de los recursos presupuestales destinados al Pronasol durante este Gobierno.

La pobreza tiene en México tendencias similares a la media de América latina; sigue siendo predominantemente rural y afecta particularmente a mujeres y niños, así como al mundo indígena.

Las 10 entidades más pobres de México, de acuerdo al índice y grado de marginación, son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Tabasco y Campeche. De estas, Chiapas tiene el índice de marginación más alto en el país; con déficits dramáticos en las condiciones de vida de sus pobladores mayoritarios; 30.12% de su población mayor de 15 años, es analfabeta; 62% no completó la primaria; 42.7% de ocupantes de vivienda, no contaba con drenaje; 34.9% carecía de energía eléctrica; 74.1% vivía en hacinamiento; 66.6% vivía en localidades de menos de 5 mil habitantes; 80.1% de la población ocupada tenía ingresos menores a dos salarios mínimos.

Al mismo tiempo, la sociedad chiapaneca no es sólo la que registra los mayores rezagos en el país, es también la que tiene los mayores niveles de desigualdad: 68% es de clase alta; 80.3% es de clase baja popular.

La pobreza en México es un grave problema. Para enfrentarlo, se creó el Pronasol, que aumentó su presupuesto de un mil 640 millones de nuevos pesos en 1989, a 7 mil 615 millones de nuevos pesos en 1993, lo que equivale en términos reales, a un aumento de 156%. Sin embargo, lo ejercido por el Pronasol entre 1989 y 1991, resulta inferior en términos reales a lo ejercido para dicho objeto entre 1980 y 1982. La inversión total del Pronasol desde 1992, dividida entre el número de pobres oficialmente reconocidos, o sea, 40.3 millones, dio por resultado que a cada uno de ellos les correspondió 160 nuevos pesos al año, o 45 centavos nuevos por día.

El Banco Mundial considera como línea de pobreza, tres nuevos pesos diarios.

Los programas de combate a la pobreza. Las políticas de combate a la pobreza son en América latina, contemporáneas a los procesos de ajuste, de esencia neoliberal y constituyen un componente indispensable de estos procesos. Estos programas de combate a la pobreza, en un principio se trató de programas de emergencia para neutralizar los efectos más agresivos de las políticas de ajuste. Más adelante sirvieron como instrumentos para operar el cambio estructural. No fueron creadas para erradicar la pobreza, sino para mitigar sus costos sociales.

Las políticas de ajuste redinamizarán la economía, creando las condiciones de equidad y de justicia económica. Estos programas de combate a la pobreza procuran evitar que los recursos impacten las variables macroeconómicas, salarios o precios relativos, eliminando sus posibilidades redistributivas. Tienen además un contenido político, pues no se evalúan en términos de capacidad para erradicar la pobreza, sino de evitar que la miseria creciente tenga consecuencias políticas.

El modelo mexicano, representado por el Pronasol, recoge esas características en su formato y estrategia. Son recursos dirigidos a pequeñas inversiones locales, más que a obras de rees-tructuración o rehabilitación social y económica.

Sustenta la canalización de recursos por vía de la demanda, para dar la vuelta a las burocracias y bajar costos administrativos. Sin embargo, aplica una mayor centralización política bajo el mando discrecional de los poderes ejecutivos.

La inversión es por goteo, con techos bajos, por unidad de inversión, que difícilmente cumplen objetivos de desarrollo. Su lógica es asistencialista y opera dentro del marco de una estrategia clientelar. En términos de los recursos derivados, el grueso de la inversión se dirige a solidaridad para el bienestar. Arriba de lo que se gasta en solidaridad para la producción 20.3% y en el de estructura básica de apoyo 15.6%.

No hay por tanto una consistente política de generación de empleo y las inversiones no tienen consecuencia en la rehabilitación de las condiciones de vida de los sectores sociales menos favorecidos.

El Pronasol tampoco modificó la relación Estado-sociedad que se llevaría cabo por los 150 mil comités de solidaridad registrados en 1993. Tal como habían propuesto sus diseñadores, los comités agrupan tanto a organizaciones sociales constituidas previamente, como a grupos temporales efímeros que funcionan durante el periodo de realización de la obra. Otros involucran muy limitadamente a la participación directa de la población.

La formación de comités tiene que ver en mayor medida con necesidades político-electorales que con requerimientos de combate a la pobreza.

No existe correlación entre las entidades con mayores índices de marginalidad y el número de comités constituido.

En resumen el fracaso de la política social impulsada a partir del nuevo modelo de desarrollo económico, gestiona una matriz de ataque a la pobreza, que fomentada y alimentada económicamente por organismos internacionales como el Banco Mundial, se ha desarrollado en los últimos años en no menos de 10 países de América latina.

La propuesta ética de la actual administración evidencia así su vocación asistencial. Los hechos muestran que más que con los pobres, este Gobierno se ha comprometido con los que más tienen.

El manto de humo de las declaraciones oficiales y de las campañas propagandísticas no pueden ocultar lo obvio: la miseria moral de una propuesta, que no resuelve la pobreza de fondo. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado Ezequiel Flores Rodríguez.

A fin de que los siguientes oradores puedan conocer el turno que les corresponderá para abordar la tribuna, doy a conocer el orden en que están inscritos; diputados: Javier Pineda Serino, Rosario Robles Berlanga, René Juárez Cisneros, Abel García Ramírez, Jaime Martínez Veloz, Oscar González Yáñez, Jorge Meade, Salvador Martínez Della Rocca, Marcos Parra Gómez, Salvador Mikel, José Narro, Carlota Botey, Guadalupe Flores, Manuel Baeza González, Ofelia Casillas, Antonio Hernández, Florentino Castro, Salvador Fernández Gavaldón y Marco Michel.

A continuación hará uso de la palabra el señor diputado Javier Pineda Serino.

En vista de que son 20 los oradores que habrán de usar la tribuna esta mañana, les rogamos dentro de lo que les sea posible, tomar en cuenta el tiempo que está señalado en la propia tribuna.

El diputado Javier Pineda Serino:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Vengo a tratar de hacer algunas precisiones sobre los salarios.

En el periodo de 1989-1994, el entorno macroeconómico presentó un comportamiento relativamente favorable para la consecución de dos objetivos centrales de la presente administración, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994: la estabilización de la economía y la recuperación del crecimiento con estabilidad de precios.

El Plan Nacional de Desarrollo reconoció que el fortalecimiento en la creación de empleos y el aumento de los salarios reales, sólo se producirían sobre la base de una estabilidad económica, de un aumento en la oferta de empleos, de los avances en productividad y del estímulo a la participación de los trabajadores en el proceso de cambio económico.

Asimismo, sostuvo que una inflación elevada dificultaba el crecimiento económico, además de que no garantizaba que los aumentos en la producción beneficiaran equitativamente a los grupos más amplios y desprotegidos. Por este motivo, el objetivo central que se planteó al inicio de la presente administración, fue de carácter económico, con profunda justificación social.

A principios de la presente administración, el salario mínimo acumulaba una pérdida significativa en su poder real, generada durante los años de crisis económica. En 1988 el salario mínimo real promedio fue equivalente al 53% de lo observado en 1982. Sin embargo, se advirtió que tanto la participación relativa como el número absoluto de trabajadores que perciben el salario mínimo, se venía reduciendo.

En las cotizaciones, asalariados permanentes al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, esta proporción bajó del 46.1% en diciembre de 1982 al 31.3% en diciembre de 1988. Asimismo, de 2.3 millones de trabajadores cotizantes en diciembre de 1982 que percibían este salario en diciembre de 1988, se registraron 2.2 millones.

La actual administración propuso, en primera instancia, detener el deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo y en una segunda etapa incrementar y preservar su poder real de compra, lo cual podía alcanzarse sólo mediante incrementos nominales; que era necesario, ante todo, lograr la estabilidad de precios y reiniciar el crecimiento gradual y sostenido de la economía.

En el caso del salario mínimo general, que ha sido tradicionalmente el indicador salarial más conocido entre la población, no se ha presentado una recuperación, aun cuando en los últimos cinco años y medio su ritmo de descenso ha sido menor. En 1988 el salario mínimo real promedio fue equivalente al 53% del observado en 1982; en los últimos cinco años y medio acumuló una pérdida de 26.8% con lo que en el primer trimestre de 1994 se situó en 38.8% con respecto a los 12 años y medio antes. Se advierte, sin embargo, que tanto la participación relativa, como el número absoluto de trabajadores que perciben salario mínimo, se ha ido reduciendo significativamente. En los cotizantes asalariados permanentes al IMSS esta proporción bajó del 46.1% en diciembre de 1982, al 15.1% en junio de 1994. En este mismo mes los trabajadores de salario mínimo cotizantes al IMSS en la industria de la transformación representan el 10.4%.

Lo anterior es sin considerar el crédito al salario. De los 2.3 millones de trabajadores cotizantes en diciembre de 1982 percibían este salario, en junio de 1994 se registraron 1.3 millones. Lo anterior significa que el salario mínimo es cada vez menos representativo de la tendencia general del salario en la economía del país.

El informe sobre este tema es apegado a la realidad, aunque desde luego nos demuestra que hay mucho que hacer al respecto, porque nos manifiesta que el salario mínimo ha recuperado lo que había perdido en los cinco años anteriores; sin embargo, recordemos que traía el salario un rezago del 50% de la pérdida del poder adquisitivo. Los cuatro primeros años todavía los salarios mínimos siguieron cayendo hasta llegar a un momento dramático, pues llegó la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo hasta un 64%.

Pero, a partir de 1993, al haberse otorgado un aumento al salario mínimo de un 17.5% volvió a recuperarse y llegar hasta un 53.8%. Esta fórmula fue muy especial porque fue un aumento directo al salario de un 7%, 5% calculada la inflación, 2% al promedio de productividad nacional y 10.8% al subsidio fiscal y ya está concertado que el salario mínimo para el próximo año tenga un aumento de entre un 9% ó 10%, autorizando el mismo procedimiento, teniéndose calculada una inflación de un 4%, 2.5% a productividad y 3% de subsidio fiscal, lo que le llevará a ganar el 5% real en favor de la pérdida del poder adquisitivo. Naturalmente que esto no es satisfactorio, pero se han sentado las bases para el despegue.

Quiero aclarar que los trabajadores de salario mínimo, son los menos de este país, afortunadamente y que los salarios contractuales no han sufrido tanta pérdida como los salarios mínimos, ya que los contractuales están sujetos a revisión colectiva y es responsabilidad de los sindicatos el obtener los mejores resultados para sus agremiados.

En lo que respecta al desempleo, sabemos que ése se dio también muy fuerte en los primeros años y como se manifiesta en el informe, tuvo reducciones consecutivas hasta 1993. Todo esto a causa de la recesión tan especial que se presentó en los años anteriores, que no fue una satisfacción interna, sino a nivel mundial. Pero ya sentadas las bases de una economía sana, en el segundo semestre de este año, empieza a tener una tendencia positiva; se nos manifiesta la verdad y ésta nos hace reflexionar que hay que hacer mucho en este campo; afortunadamente con las bases económicas que están sentadas y a futuro, tenemos la esperanza de superar este gravísimo problema. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado Javier Pineda Serino. A continuación, hará uso de la palabra la diputada Rosario Robles Berlanga.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga:

Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Los leprosarios y las casas para locos y de asistencia de la época colonial y el porfiriato, envidiarían la salinista manera de tratar a los pobres y a los extremadamente pobres en la denominada época moderna.

Aquella forma de exclusión social tenía el grave defecto de ser demasiado grosera y evidente. La nueva política de exclusión social gana en fondo y en forma, lleva el nombre de "solidaridad"; se extiende sobre capas mucho más amplias de la sociedad y como si se nos informara sobre otro país, le permite a Carlos Salinas endosarnos una rebuscada prosa señalando que dio prioridad al combate a la pobreza y que el núcleo central ético de su Gobierno fue la política social.

Falso. En México no hay política moderna, ni la pretendida redención de los pobres, ni mucho menos renovadas relaciones entre gobernantes y gobernados. Hay fiasco y engaño, más de lo mismo desde que en el país se impuso la aristocracia neoliberal. Se maquillan en el discurso las realidades escandalosas de una miseria que se extiende por todos los rincones de la patria y que el cinismo gobernante no tiene empacho en rendirla como cuenta a su favor y no como déficit o falta.

En 1988, Carlos Salinas de Gortari reconoció que en México más de 40 millones de mexicanos podían considerarse como pobres y que de éstos, un poco más de 17 millones podrían catalogarse como extremadamente pobres. En 1993 nos cambiaron las cifras, pero ni siquiera en éstas pudieron ocultar lo inocultable, que de 1984 a 1992, los regímenes neoliberales habían producido por sí mismos, sin la ayuda de nadie, más de 2 millones de nuevos pobres en los medios rurales y que de éstos, más de medio millón se generaron a pulso en el periodo en que se aplicó ni más ni menos que el Programa Nacional de Solidaridad.

Por supuesto, ésta es la cifra oficial, muy, pero muy por debajo de la real, porque aunque ustedes no lo crean, en el padrón de los pobres, al igual que en el electoral, también hay rasurados.

El Pronasol no vino a redimir a los pobres, vino acaso a paliar un poco el brusco impacto de las grandes políticas macroeconómicas, cuyos efectos sobre la población mexicana han sido tan nocivos como las grandes epidemias de siglos anteriores.

No en balde en el presente sexenio se acuñó una frase muy popular: "Aspe los crea y Rojas pretende redimirlos". No cabe duda, habría que aceptar que por lo menos en eso sí mostró una mayor eficiencia el Secretario de Hacienda, porque por mucho que se diga, el Pronasol jamás rebasó el 1% del producto interno bruto y representó tan sólo cuatro centavos de cada peso destinado al gasto, porque no estuvo vinculado en lo fundamental a la reestructuración productiva, sino a la lógica asistencialista en gran medida determinada por el establecimiento de techos financieros y programas micro de escaso impacto en la comunidad.

Paradójicamente, con sus declaraciones al principio del sexenio, Carlos Salinas no nos dice en su informe lo que sería primordial para evaluar el verdadero impacto de su programa de combate a la pobreza.

¿Cuántos pobres menos hay en México desde que se puso en marcha el Pronasol?

¿Qué tienen que ver los 85 mil empleos generados por empresas en solidaridad, con la demanda anual de más de un millón de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo?

¿Cuánto ha disminuido el porcentaje de mujeres que obtienen menos de un salario mínimo como ingreso para mantener a sus hogares o para complementar el gasto familiar? Las únicas cifras que se nos ofrecen se refieren a la construcción de aulas, de laboratorios, a becas, escrituras y despensas.

¿Acaso los asesores del ITAM y de Harvard del Ejecutivo no le han informado que la pobreza no se mide por el color de las paredes de las escuelas, ni tampoco por el número de banquetas remozadas, sino por el acceso de las mexicanas y mexicanos a los mínimos de bienestar?

¿De qué sirven las escuelas barnizadas si los niños están desnutridos o tienen que dejarlas porque requieren ir a trabajar?

¿Cómo se puede hablar de éxito si sólo México tiene el 23% de los pobres de toda Latinoamérica?

¿De qué ética estamos hablando si el 40% de la población de nuestro país está por debajo de los mínimos nutricionales¿, ¿si la tasa de mortalidad infantil es de 38 niños por cada mil? y ¿si 42 de cada 100 niños abandonan la escuela primaria por falta de recursos?

¿Cuánta pobreza se ha erradicado si los fondos otorgados apenas representan la cantidad de 34 centavos diarios para cada pobre o extremadamente pobre de nuestro país?

Salinas habló de las grandes paradojas. Una de ellas es que al Estado de Chiapas se han canalizado los mayores montos de recursos del Pronasol. ¿Cómo explica entonces la insurrección campesina y su gran fuerza y extensión en todos los rincones de la entidad? Qué tienen que ver los fondos erogados que apenas si representan 39 centavos diarios por cada pobre, con las enormes carencias de la región y con el hecho de que más de dos terceras partes de sus habitantes ganan por debajo del salario mínimo?

La pobreza es la única causa de la sublevación y entenderlo así es absolutamente necesario para emprender acciones de fondo, estructurales, relacionadas con la propiedad agraria, la distribución del ingreso, la autonomía y el poder municipal, para atacar las profundas desigualdades económicas y sociales de sus habitantes.

No nos engañemos, la explosión rebelde de miles de indígenas, del 1o. de enero de este año, deberá cargarse a la enorme deuda social que tiene el Gobierno salinista, a lo que deberá sumarse sin duda la muerte por inanición, desnutrición, pobreza y enfermedades curables, de miles de mexicanos en el periodo reciente y cuidado, es absolutamente urgente responder a estos grandes retos, no sólo en esa entidad, sino también en Oaxaca, en Guerrero, en Hidalgo, Chihuahua, en la zona ixtlera y candelillera y en tantos lugares más en los que nuestros compatriotas apenas pueden sobrevivir.

¿O acaso para ello hace falta que la violencia surja en todos los rincones de la patria? ¿Cuánto es necesario para combatir a la pobreza? Las cifras brutas calculadas en billones de viejos pesos o en miles de millones de los nuevos, parecen una enormidad cuando se disparan en seco en un discurso retórico, pero resultan extremadamente raquíticas si se piensa que por ejemplo, una sola de las 24 familias de la gran aristocracia mexicana tiene una fortuna semejante a todo el gasto social dirigido al Estado de Chiapas desde 1989 y esas cifras son definitivamente ridículas si consideramos que de 42 supermillonarios registrados en América latina, más de la mitad son mexicanos, encabezados por ejemplo por Carlos Slim, 6 mil 600 millones de dólares, o Emilio Azcárraga, 5 mil 400 millones de dólares, cuya fortuna en conjunto es equivalente a todo el presupuesto destinado al Pronasol.

Mucho se habla también en el discurso de que solidaridad ha inaugurado una nueva relación del Estado con la sociedad y que sus características se fincan en las raíces más profundas del pueblo de México. Por el contrario, poco de singular tiene el Pronasol. En toda América latina y por recomendación del Banco Mundial, se pusieron en marcha este tipo de programas como mecanismos compensatorios ante las políticas de ajuste llevadas a cabo desde 1982.

Los fondos de inversión social hicieron su aparición en Bolivia para recorrer toda latinoamérica y sentar sus reales en nuestro país, bajo el nombre de "solidaridad". Por supuesto el ingrediente mexicano no podía faltar. A diferencia de sus homólogos, en México es el único país en que se ha convertido en un instrumento eficaz para comerciar políticamente con la miseria; ha sido fuerza y herramienta discrecional del Ejecutivo, arma política contra la oposición, reserva de recursos para preparar elecciones y reforzar a los candidatos del partido oficial, como sucedió en la pasada contienda electoral.

Esa utilización del recurso público, lejos está de promover una nueva relación del Estado con la sociedad y sí por el contrario ha acentuado los rasgos más negativos del sistema político mexicano, el presidencialismo, el corporativismo y patrimonialismo, que tanto daño le han hecho y le hacen a la nación.

Por ello, para el Partido de la Revolución Democrática el combate efectivo a la pobreza tiene como condición la transformación democrática del Estado y la sociedad y la puesta en marcha de nuevos proyectos de desarrollo. No se trata, como lo dirían nuestros detractores, de volver al pasado imponiendo esquemas paternalistas en lo social o proteccionistas e intervencionistas en lo económico, sino de asumir la responsabilidad de un crecimiento justo, equilibrado y sostenido, que se traduzca realmente en bienestar para la mayoría de nuestro pueblo.

Se requieren cambios profundos. Para ello es fundamental ciertamente iniciar un gran diálogo nacional que nos conduzca a un nuevo pacto entre las mexicanas y los mexicanos, que abra las puertas a esa gran reforma social que el conflicto chiapaneco nos plantea como urgente.

Pero para ello son necesarias nuevas estrategias y entender que nuestros debates, en tanto que corresponden a proyectos distintos de nación, no pueden ser reducidos a simples pleitos de familia.

Por lo pronto debemos concluir que en relación a la pobreza el saldo es negativo, por la sencilla razón de que la muerte de miles de indígenas en la selva lacandona o de los niños en la sierra tarahumara pesan más que las palabras del discurso oficial.

Concluyo con lo siguiente, compañeras diputadas y compañeros diputados. Como hemos visto, con el Pronasol no ha habido política moderna, ni política política, ni mucho menos redención de los pobres. Tenemos, en consecuencia, una gran responsabilidad; debemos garantizar que nunca más se vuelvan a gastar 750 millones de nuevos pesos, que es lo que ha costado en los últimos 10 meses la movilización militar en Chiapas para combatir, aquí sí, a los pobres.

Debemos plantear que es necesario combatir y erradicar la pobreza, porque con las políticas actuales no se quiere combatir la pobreza, se quiere acabar con los pobres. Por todas estas razones hagamos un compromiso: salinismo nunca más. Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada Rosario Robles.

A continuación, escucharemos al señor diputado René Juárez Cisneros.

El diputado Jesús Esquinca Gurusquieta (desde su curul):

Pido la palabra para hechos.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, señor diputado, por cinco minutos.

El diputado Jesús Esquinca Gurusquieta:

Con permiso, señor Presidente; distinguidas damas, caballeros diputados:

El dime y te diré, la provocación a la violencia, el agravio, no son aspectos que manejamos los elementos de las fuerzas armadas. En esta legislatura existimos miembros de la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército y les rogamos a todos ustedes, señores diputados, que cuando tratemos asuntos de este apasionante tema de política militar, lo hagamos en la consulta de razonamiento, de diálogo, por lo cual deseamos ponernos a sus órdenes para que en una forma general evitemos el agravio a las fuerzas armadas y a las instituciones y partidos que ustedes representan.

Deseo agradecerle al diputado Graco la referencia que hizo en relación con el Ejército. Deseo expresarles también que no hemos combatido a pobres. Estamos de acuerdo con el cese al fuego que ordenó el mando supremo de las fuerzas armadas.

No sé si por la tecnología o por la conciencia de los militares se cesó el fuego al instante, pero sí estoy en contra de los cabecillas, el de la cúpula y el de la selva, que mandó carne de cañón con armas de madera al frente de un ejército.

Estoy de acuerdo con el diálogo establecido y al respecto, la legislatura anterior dejó un expediente, creo que debemos conocerlo y también debemos saber el avance del diálogo.

Estoy de acuerdo con la reunión de los obispos para que los cabecillas reconsideren su actitud.

Existe una propuesta para que estos transgresores se conviertan en un grupo político, existe el apoyo de un líder, don Fidel, aprobándola.

No estoy de acuerdo, de ninguna manera estoy de acuerdo con la oveja negra del rebaño sagrado, con el encapuchado, con ellos no estoy de acuerdo, por eso no puedo hacer mención a la que en días pasados dijeron compañeros del EZLN, están ocupando un territorio como transgresores, no están basándose en los principios de la Constitución, que es la que manejamos nosotros, señores legisladores. Gracias.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Rosario Robles Berlanga, para contestar alusiones personales.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga:

Quiero decirle con todo respeto al diputado que me antecedió, que el Partido de la Revolución Democrática respeta profundamente la decisión de las fuerzas armadas de respetar el cese al fuego; que mi intervención lo único que señaló es que los diputados de esta legislatura tenemos una gran responsabilidad, una responsabilidad histórica con el pueblo de México y que tenemos que promover políticas reales y efectivas de desarrollo y de combate a la pobreza.

Si se instrumentan estas políticas no será necesario, nunca más, que recursos que debieran ser destinados a los programas de desarrollo, se canalicen para la movilización de efectivos en cualquier lugar del país.

Cada quien tenemos una enorme responsabilidad, el Ejército por velar por la paz y la seguridad de la patria y estos legisladores por generar políticas de desarrollo y bienestar para esta nación. Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada Rosario Robles. En seguida el diputado Antonio Hernández.

El diputado Antonio Hernández Cruz:

(Comienza hablando en lengua maya-tojolab'al)

maklayon b' ankindal jmoj jumasa ixuk' winike' (Traducción):

Señor Presidente, compañeros diputados; señoras y señores:

No me entienden seguramente, porque las leyes que dice Salinas no se están cumpliendo. ¿Dónde está la cabina de traducción? ¿Dónde están los hechos concretos, la infraestructura para que los pueblos indios, como dice en su reforma política, podamos entender nosotros, las nacionalidades de este país, los pueblos indios, lo que aquí se trata?

Y voy a leerles, por última ocasión, en el idioma que nos impusieron, lo que yo quiero decir durante los tres años que voy a ser diputado.

Escuchamos un VI Informe de Gobierno, en el que se advierte poca comprensión sobre la situación en que vivimos nosotros, los pueblos indios de México. Tampoco es claro entendimiento acerca de las causas profundas de la rebelión de nuestros hermanos zapatistas, que surgió el 1o. de enero en el estado de Chiapas. En el informe se evalúa el estallido de rebeldía zapatista como un fenómeno particular, aislado y limitado en sus alcances geográficos y en sus demandas. Esta apreciación equivocada es lo que permitiría explicar el que el Ejecutivo no preste atención en su informe al importante hecho de la insurgencia civil de los pueblos indios del Estado de Chiapas y de todo el país.

A los pueblos indios nos parece que el encargado del Poder Ejecutivo no ha alcanzado a entender que los hechos que iluminaron al país el 1o. de enero, son apenas un eslabón de una larga cadena de resistencias y luchas que venimos desarrollando sin cesar y sin pausas por todas las formas y vías a nuestro alcance.

Como sus causas se encuentran no sólo la pobreza en que nos ha sumido el mal gobierno, sino la pretensión permanente de destruirnos como pueblo, como identidades específicas, como conglomerados humanos con una forma de vida propia.

Con gran sorpresa hemos escuchado los pasajes de su informe en los que el señor Salinas se presenta como un gran defensor de los indios, nada más alejado de la realidad y la verdad. Veamos, durante los últimos seis años los pueblos indios hemos observado el más reciente intento encaminado a realizar el mencionado propósito de destruir nuestra existencia, como forma contemporánea de los viejos métodos colonialistas.

En primer lugar, buscó sentar las bases jurídicas para debilitar el fundamento de nuestra existencia como pueblo; es decir, el control sobre nuestros territorios, tierras y recursos. A pesar de sus supuestos objetivos modernizadores no otra fue la intención de la reforma al artículo 27 constitucional. Con esta reforma quiso introducirnos en el oscuro laberinto de la privatización, del individualismo y la desunión. Si no lo logró el salinismo, fue por nuestra resistencia y la clara comprensión que tuvimos de que se nos tendía una trampa de la que jamás hubiéramos salido.

Para dar un barniz indigenista y benévolo a su política antindígena, el Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma al artículo 4o. constitucional, en el que reconoció lo que todo el mundo ya sabía, que México es una sociedad pluricultural y pluriétnica, además incluyó limitados derechos culturales, pero dejó deliberadamente de lado los fundamentales derechos económicos, sociales y políticos de nuestros pueblos.

Así, tenemos en México una de las situaciones más paradójicas y bochornosas de la historia, esto es, un país en donde se reconoce de palabra la pluralidad de su composición, pero no se saca la consecuencia lógica que a esa pluralidad debe corresponder el reconocimiento de derechos sociopolíticos y económicos a la población india. Hablamos de nuestros derechos económicos a controlar y a manejar nuestros recursos, a procurar nuestro bienestar como seres humanos, a defender nuestro medio ambiente, a desarrollar nuestros sistemas productivos con los apoyos necesarios etcétera. De nuestros derechos políticos, entre los cuales destacan, la prerrogativa que tenemos como pueblos a autogobernarnos, a defender y mandar en nuestros territorios de acuerdo con normas pactadas con la nación.

En fin, hablamos de nuestro derecho fundamental a existir como pueblos en pleno ejercicio de nuestra autodeterminación, lo que significa, en suma, nuestro derecho a la autonomía en nuestras respectivas regiones...

A estas expresiones, el diputado Antonio Hernández Cruz expresa: son 500 años que no tenemos palabra los pueblos indios.

Pese el triunfalismo gubernamental y los elogios del Ejecutivo en su informe, la política del llamado Programa Nacional de Solidaridad no es precisamente algo de lo que los mexicanos y menos los pueblos indios, debamos enorgullecernos; ha sido menos que una aspirina. La pobreza no sólo no ha disminuido, sino que ha empeorado. El caso de las decenas de niños rarámuris o tarahumaras muertos por hambre ante los ojos de la nación, una verdadera vergüenza para todos los mexicanos de bien, es apenas un ejemplo. Por cierto, señores, compañeros diputados, a cuestiones como éstas, no se refirió el informe del Ejecutivo Federal.

Pero el Pronasol ha servido para que el Gobierno presente lo poquísimo que hizo en simple ejercicio parcial de su responsabilidad, como si fuera un regalo a los pueblos indios, por lo cual, para colmo, espera agradecimiento. Los llamados fondos regionales a que se refiere el informe no contribuyeron en nada a impulsar el desarrollo de las regiones indígenas; si un saldo destacado resulta de esos fondos, éste no es precisamente positivo, provocó la destrucción de muchas organizaciones políticas de los indígenas, sustituidas por comités creados por el Gobierno, como parte de sus objetivos clientelares y llevó la división y el desaliento a las comunidades.

En su informe, el señor Salinas se enorgullece de los miles de indígenas que fueron liberados de las cárceles del país durante su gestión. Nos preguntamos, sin embargo, ¿quién encarceló a esos indígenas? ¿Por qué motivo se tuvieron ahí? ¿Y cuántos siguen injustamente encarcelados? Las prisiones de México son una expresión, en pequeño, de lo que es el país; para los pueblos indios, un cáncer de pueblos. Los pueblos indios estamos empeñamos en abrir esa gran cárcel y liberar la diversidad, pero para ello hay que abrir la nación a la pluralidad, a los plenos derechos para los indígenas, no queremos recorrer solos este camino, esta lucha, queremos marchar con todos los sectores del país que deseen construir una nación mejor. Hacemos un llamado desde lo más profundo de nuestro corazón a que comprendan nuestras justas y legítimas demandas. Este llamado se dirige particularmente a la actual legislatura, la que tiene la gran oportunidad histórica de dar pasos reales hacia el reconocimiento e impulso de nuestra autonomía. ¡Ahorren a los pueblos indios las agotadoras jornadas de luchas que estamos dispuestos a realizar para alcanzar la ansiada meta de un México plural no excluyente!

"Muy poco tiempo, pero ya iniciamos; 500 años no habíamos hablado". Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señor diputado Antonio Hernández Cruz. A continuación, para rectificar hechos, escucharemos a la diputada Matilde del Mar Hidalgo y García Barna.

La diputada Matilde del Mar Hidalgo y García Barna:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Antes que nada, quiero aclarar que no me gusta ser protagónica y que en esta ocasión vengo con el mandato de 63 mil votos directos, que fueron los que obtuve en un distrito en el cual soy la primera mujer diputada federal; un distrito que está formado por serranos; el 70% de los indígenas del Estado de Puebla, se encuentran ubicados precisamente en el distrito que por mandato de ellos me honro en representar.

Durante mi campaña, solamente hice una promesa: "Estar atenta en la cámara a todos los aspectos que pudieran tocarlos."

Señores: creo y quisiera yo decirle a la diputada Rosario Robles, que lástima que no hizo campaña directamente... que al hablar directamente con los pueblos, aunque no maneje yo tristemente su lenguaje, siempre buscaba yo tener intérpretes y esos pueblos no los conocí ahora, ni ayer, ni antier. Manejé el Programa de Abasto Rural para todo el Estado durante siete años; durante nueve años tuve el honor de ser la delegada del INEA en mi Estado y por lo tanto, también lo conozco, puesto que visité las comunidades más apartadas, constantemente.

También me honro en decirles que nosotros iniciamos pioneramente los proyectos indígenas de alfabetización y eso me mantuvo en contacto precisamente con nuestros admirados y si es cierto, más vale que no hablemos ahora de justicia, puesto que en 500 años venir a hablar ahora, no se vale; mas no todo es la culpa del PRI. Señores, se inicia, y nuestros gobiernos inician el deseo de servir, atender el problema de tan respetables y tan ciertos, como que son nuestras raíces en esta patria, y respeto a los indígenas, porque no trabajé para ellos, trabajé con ellos y así se puede testificar el que fue mi contrincante por el PRD, quien, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo y realmente él trabajó siendo yo delegada del INEA, en los proyectos totonacos.

Aun así, compañeros, con esa admiración y respeto que tenemos a sus tradiciones, a su leyenda, sobre todo a su idioma muy respetable, idioma, digo, no estoy hablando de dialectos, quiero decirle al compañero que ojalá y continuemos en esta época no trabajando para ustedes, sino con ustedes.

Es anterior ahora la formación del teocalli y la forma en que se organizaba; la faena realmente es tradición. Veamos la Guelaguetza y muchas cosas. Por eso son admirables y respetables.

Pero, señores, creo que no fue culpa de los gobiernos emanados de la Revolución el que estén ellos así. Si bien llevamos 70 años en el poder, también es cierto que 430 años no estuvimos y que fuimos manejados en cualquier parte.

Quiero decir que sí nos tienen que disculpar los indígenas; pero que tratamos de ayudarlos, equivocadamente, tal vez, porque queremos trabajar para ellos y ahora trabajamos con ellos, para ayudarlos a que realmente sean autosuficientes, que salgan adelante y no por ser indígenas, sino porque fueron los primeros mexicanos que tienen realmente el patrimonio de nuestra patria. ¡Y así lo piensa el licenciado Salinas! ¡Y así lo piensa el doctor Zedillo!

Y quiero decir a ustedes que esos votos, esos 63 mil votos que le otorgaron al señor Presidente, fueron realmente estos indígenas los que avalaron que en sus comunidades se les están dando muchas respuestas.

Una palabra más: señores, gracias por escucharme.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Manuel Marcué y Pardiñas, y en seguida, para contestar alusiones personales, la diputada Rosario Robles.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Señores diputados:

Yo quisiera que esas curules que están vacías y que en gran número están ausentes los señores diputados del PRI, la presencia de ellos estuviera aquí, porque es muy importante recordar hechos.

Quiero decir que por razones familiares conozco todo el Estado de Chiapas. ¿Por qué digo eso? Durante 54 años recorrí el Estado de Chiapas, casi municipio por municipio, para conocerlo y quererlo. ¡Mi compañera era chiapaneca! ¡Y ella me pidió que recorriéramos su Estado, para ver en qué podíamos ayudar a algunas personas del Estado!

Señores, no les tengo que decir a ustedes que la pobreza de los campesinos de Chiapas es profundamente dolorosa. ¡Hay que recorrerlo para sentir que la Revolución y los gobiernos han hecho nada por Chiapas!

Señores, hubo muchos avisos sobre la situación de Chiapas. Recuerdo yo que hace 30 años, fíjense lo que les estoy diciendo: hace 30 años, en este Congreso de la Unión, era el último informe del señor presidente Echeverría, encomendaron al señor Fedro Guillén que contestara el informe del jefe del Ejecutivo. Traía el informe en sus manos y el señor, el poeta Fedro Guillén hizo esto (arroja unos papeles sobre la tribuna), y le dijo al Congreso: señores del Congreso; señores diputados; señores senadores: ¡También Chiapas es México! ¡Y ustedes lo han olvidado! ¡Y en mi pueblo hay miseria y hay pobreza! ¡El año de 1842 mi pueblo, Chiapas, se unió a México por voto directo de todos los pueblos indígenas, pensando que ustedes nos iban a ayudar a que lleváramos mejor vida a que aprendiéramos a escribir, a que nos uniéramos a que la miseria no fuera tan lacerante!" Y siguió adelante.

"¡Y seguramente aquí, entre los diputados que han sido seis o siete veces diputados, como el compañero Osorio, lo han de recordar!

Señores... primer aviso. Si los señores del PRI...

Esos son los señores del PRI, los que contestan esto.

¡Señores, ése fue el primer aviso! Los libros de Rosario Castellanos, si es que los del PRI los han leído, también eran un segundo aviso, donde hablaba de la miseria y de la pobreza de su pueblo!

¡Señores: no nada más Rosario Castellanos, mucha gente se ha ocupado de la miseria, de la miseria tremenda que han vivido los campesinos mexicanos, los campesinos chiapanecos! ¡Hay que ver la estatura de los campesinos, porque tienen siglos y siglos de no nutrirse y México, los gobiernos no han hecho absolutamente nada por ellos, por eso es que en rebeldía... por eso es la rebeldía de los campesinos; ésta es la razón y ustedes lo deben entender!

¡Qué han hecho por Chiapas? ¿Qué hemos hecho por Chiapas? ¿Qué han hecho los gobiernos después de la Revolución, por Chiapas? ¡Yo no estoy de acuerdo con la guerra, no estoy de acuerdo en que nos matemos mexicanos contra mexicanos, pero creo que es justa la rebeldía de los campesinos, como el compañero que ha venido a esta tribuna a hablar sobre ello, la creo justa! ¿Qué hizo el Gobierno de Echeverría?

¿Qué hizo el Gobierno que le siguió? ¿Qué hizo el urraco Miguel de la Madrid por Chiapas? ¿Qué hemos hecho por Chiapas? ¡Señores, los chiapanecos tienen razón! ¡Mi partido y yo no queremos la guerra, queremos la paz, queremos hacerle un llamado a todos los partidos para que contribuyan a que no haya guerra; es muy delicado y muy grave!

¡Desde esta tribuna hago un llamado al Ejército mexicano, un Ejército que debemos respetar y para respetarlo este Congreso, el Ejecutivo y todos los poderes de la nación, deben decirle que en su trato en el problema de Chiapas debe tener mucho cuidado! ¡Que no haya una gota de sangre del pueblo chiapaneco asesinado por nuestro Ejército! El Presidente: A continuación, para contestar alusiones personales, hará uso de la palabra la diputada Rosario Robles.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga (desde su curul):

Quiero declinar, señor Presidente y proponer que regresemos a la altura del debate que teníamos antes de la intervención de mi compañera diputada. Gracias.

El Presidente:

Gracias a usted, diputada.

En seguida, para rectificar hechos, ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Roberto Pedraza.

El diputado Roberto Pedraza Martínez:

Con su permiso, señor Presidente.

(Comienza hablando en lengua: hñahñu) zi kuhu de ga'tho maxogue ra hai m'onda, diguekua ha ra t'ets'i dega hmunts'a da ts'utui; hanse n'a ra zi hangutho tsots'e ne da metsa n'a ra nsu; de ñu'u zi hangu sta tsots'ehe ha nuna hmunts'a nfeni, ma ga nuhe de hangutho ya n'u, pa ra hño ma haihu, ne ya hoga hnute de ya n'angu dra hyoya de ya hai m'ui de maxogue m'onda.

(Traducción: Hermanos indígenas de todo el país, en esta alta tribuna de la patria, pocos indígenas tenemos la oportunidad de llegar, pero los pocos que estamos ahora en esta legislatura, velaremos por sus intereses, por sus demandas y por la dignidad de los pueblos indígenas.) Quiero decirles que durante mi campaña hice un compromiso con mis representados de hablar en mi lengua materna, que es el hñahñu, que es el otomí; otomí le pusieron los aztecas, hñahñu nos decimos nosotros.

Quiero felicitar al compañero Antonio y qué bueno que me acabo de enterar de que su esposa pertenece a la misma etnia que yo y que le pueda traducir mi mensaje y decirle que hay muchas coincidencias en la pelea de ustedes, en la lucha de ustedes y la nuestra. ¡Qué bueno que se da esta pluralidad de que compañeros indígenas de varias etnias estemos en esta casa, en esta Cámara de Diputados!; pero muy poquitos.

La lucha para nosotros los ñañus ha sido muy larga, no se remonta a una campaña política de hace tres meses, han sido muchos años los que nos han agobiado problemas ancestrales, pero la pluralidad ahora nos une y nos une como indígenas, la pluralidad dada en esta sala nos hace confrontar nuestras ideas en un plan de paz y de concordia como indígenas.

Mi pueblo, de donde soy originario, de 200 habitantes, tiene muchas carencias ancestrales y en eso coincidimos, tenemos más de 500 años sufriendo esas ancestrales carencias; sin embargo, ahora que nos dan la oportunidad de estar aquí, queremos decirles que ojalá en paz, con tranquilidad y armonía, podamos los indígenas dirimir nuestras diferencias. No queremos que se repita lo de 1492, cuando otras personas vinieron y nos echaron a pelear y ellos salieron ganando; no queremos, como sucedió en la Revolución, que los criollos y los indígenas la hicieron, los criollos ascendieron y los indígenas ahí están todavía postrados.

No queremos interlocutores, somos ya mayores de edad, pocos hemos tenido la oportunidad de llegar a las universidades o de llegar a las escuelas de enseñanza superior. Nuestra obligación es regresar por nuestros hermanos de sangre, por las 56 etnias que habitan en nuestro país, casi todas ellas marginadas. Invito a que todos los compañeros diputados, de los cuales seis de ellos, tres de Chiapas y tres de Oaxaca, me han pedido hablar a nombre de ellos, indígenas también como su servidor, hablantes de su lengua, para decir que queremos sentarnos a la mesa de las discusiones sin interlocutores; a nosotros nos eligieron por mayoría en nuestros distritos, hay quienes quieren ser nuestros interlocutores y no tienen la validez de una elección de los indígenas de México.

No desconocemos que hay pobres en México, ni queremos venir a hacer una alabanza de los regímenes como se acostumbra; somos críticos los indígenas, somos analíticos, decimos lo que está bien y lo que está mal, así nos enseñaron nuestros padres, algunos monolingües por cierto. Queremos hacer desde esta alta tribuna de la patria, hacer un llamado a todos los indígenas de México, sentémonos a la mesa, en paz y en tranquilidad, dirimamos nuestras diferencias, pero no volvamos a traer corteses y malinches que nos quieran venir a decir cómo se hacen las cosas; ya tenemos la mayoría de edad, ya sabemos qué cosa hacer.

Hace algunos años que veníamos luchando por las modificaciones y adiciones al artículo 4o., lo hemos logrado, hemos asistido con compañeros de Chiapas y de Oaxaca a las conferencias internacionales de la OIT que coincidentemente son de los foros mundiales, de los poquísimos que hay, donde nos dan la oportunidad de externar nuestras opiniones; ahí pudiéramos tener coincidencia y evitar los problemas que están sucediendo en Los Angeles.

Las actas de la Septuagésima Reunión de la OIT lo dicen en su parte séptima y la ha firmado los Estados Unidos y la hemos firmado nosotros, ahí podemos entrar como indígenas a defender a nuestros connacionales, sobre todo indígenas, que están sufriendo lo indecible en esta tribuna.

He pedido la palabra para eso, la intención quería también referirme al Pronasol, ojalá tenga la oportunidad de hacerlo, en nuestra región se ha dado un buen cambio, nos hemos dado a la tarea de aprovechar los programas, no de que se aprovechen de los indígenas. En Hidalgo ya tuvimos nuestro Chiapas y los que se acuerdan en 1980 o años antes, si mal no recuerdo, ya tuvimos nuestro Chiapas; qué lamentable que en ese entonces no se hizo el eco que se está haciendo ahora y lo superamos los indígenas dialogando entre sí.

Y muchos de los que participaron como interlocutores ahora los hemos encontrado políticamente y algunos de ellos en otros partidos muy respetables además; no vengo aquí a ofender a ningún partido, no quiero que ofendan a mi partido y sobre todo a mi etnia, sobre todo a mi etnia, que está por encima de cualquier ideología de partido. No nos dejemos dividir por las siglas, por los logotipos de los partidos; antes que los partidos, está la política indígena, no indigenista, indígena, la que debemos hacer nosotros, el proyecto que debemos elaborar nosotros.

Hay un dicho entre los hñahñus, que dice: nadie va a hacer por los indígenas lo que, los indígenas nos corresponde hacer. Creo que cabe en este momento.

Finalmente, quiero decirle al compañero Antonio, al que celebro mucho que esté en este foro también, aunque no sea ideológicamente compatible con la ideología de mi partido, sentémonos a la mesa y vamos a demostrar al hombre blanco que los indígenas podemos platicar en paz y en tranquilidad en este México plural. Muchas gracias.

El Presidente:

A continuación hará uso de la palabra, para rectificar hechos, la diputada Alicia González Cerecedo.

La diputada Alicia González Cerecedo:

Soy diputada del Estado de Veracruz, de un distrito en donde existen cinco etnias diferentes. Quiero decirles que, en primer lugar, las etnias en México son eso, etnias y no nacionalidades; en segundo lugar, los indígenas de hecho tienen sus propios gobiernos, sus instituciones sociales, tienen sus consejos de ancianos, tienen sus gobernadores tradicionales; propiciar el autogobierno en los términos en que lo planteaba el compañero Antonio Hernández, es propiciar la segregación étnica y esto ya no se usa ni siquiera en lo que fue la Rusia.

Ya ni siquiera ahí. Propiciar el segregacionismo creo que sería mucho más grave que en las condiciones en que están ahora nuestras etnias en México.

En tercer lugar, los indígenas en México no han escogido como sus representantes a los encapuchados de Chiapas. Los indígenas, nosotros, todos, estamos conscientes de que ellos tienen graves carencias a pesar de los grandes esfuerzos de nuestro Gobierno, pero la violencia no es el camino que los indígenas quieren para estar en mejores condiciones.

Creo que existen otras maneras como es este debate, para que nosotros podamos, en realidad, hacer mejor la vida de nuestros compañeros indígenas, no solamente de Veracruz, sino de México. Muchas gracias.

El Presidente: Gracias, diputada González Cerecedo.

Enseguida, para rectificar hechos también, el diputado Ramón Sosamontes y en seguida la diputada Consuelo Botello.

El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:

Con su permiso, señor Presidente:

El debate que estamos teniendo ahora, surgió a partir de un mal entendido que tuvo un señor diputado del PRI, en referencia al Ejército mexicano. De ahí se ha derivado, después de la intervención de nuestro compañero Antonio Hernández, de Chiapas, tojolobal, a discutir acerca de derechos más o menos que aquí, en dos ocasiones, han referido diputados del PRI acerca de derechos más o menos de los diputados y también de los derechos de las etnias.

Yo creo que para que no estemos aquí un poco en balde hablando simplemente de cosas sin llegar a algunas propuestas y acuerdos, podríamos bien hablando de las etnias y sus derechos, ir trabajando en conjunto para que logren su autonomía como lo están exigiendo en los hechos y en la práctica en muchos lugares de la República.

Parte del conflicto en Chiapas, como bien se ha reconocido fuertemente, es la exigencia de que se le reconozca como nación. No olvidemos que ellos mismos se llaman hasta naciones y que en alguna ocasión Lázaro Cárdenas se refería, incluso, a la nación yaqui, cuando el reconocimiento de sus tierras, que por cierto después otros gobiernos oficiales, el partido oficial, se han encargado de quitárselas poco a poco, como ha ocurrido en Sonora.

Vamos creando, con apoyo de la Cámara de Diputados, una comisión que empiece a estudiar, como alguna vez lo mencionó Ruiz Massieu, cómo integrar las autonomías en nuestra nación mexicana, en nuestro territorio, en nuestra República, para que tenga y se respeten sus derechos, sus costumbres y demás cosas que ellos luchan por tener y mantener. Vamos haciéndolo tal como lo propone el compañero diputado hñahñu, junto con el compañero Antonio Hernández y otros que puedan estar, para que esta idea de las autonomías realmen-te no sea un asunto político de ningún partido, sino un asunto de ellos y un asunto de la nación mexicana en su conjunto, para respetar a su vez las diferencias que hay en nuestra patria.

Vamos creando, incluso, una comisión especial para que se empiece a trabajar, porque es parte, incluso, para la paz en Chiapas, garantizar la autonomía que ellos piden y exigen. Vamos entrándole por ahí. Esto es lo que hay que empezar a concretar y supongo que no habrá oposición por parte de la mayoría aquí, puesto que es condición de paz, no solamente en Chiapas, sino en todo el país.

Y vamos hablándole en conjunto, sin que uno tenga más derechos que otros, sino igual, y por cierto, me quiero referir también, porque aquí se ha dicho y voy a seguirle por ahí, como anteriormente desde 1979 se les ocurría a algunos priístas querer menos valorar a los diputados que entramos de manera proporcional a la votación nuestra.

Dos diputados del PRI ya se refirieron a esto, de que una dice, la compañera, con todo respeto, que ella trabajó y le dice a nuestra compañera que ella no supo y no estuvo en contacto con sus electores, de su pueblo, y luego nuestro compañero ñañu también hace referencia de que él de alguna manera trabajó directamente en su distrito y hace una indicación indebida a nuestro compañero Antonio Hernández, indirectas por ser diputado plurinominal.

Habría que revisar esto, porque hombre por hombre contando la votación, podríamos nosotros demostrar que tenemos mucho más representación directa que muchos de los que vinieron por vía distrital.

Pero yo no quiero entrarle a eso, para que se calmen. El asunto es otro. El asunto es que aquí los diputados todos, todos, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, no hay diferencia ya aquí en la Cámara de que si alguien es plurinominal o alguien es uninominal, como nos señalaba la compañera de Puebla, o ¿Humberto Roque tiene menos derechos por ser plurinominal, tiene menos derechos él? Tiene iguales derechos que todos nosotros. ¿O tenía menos derechos Ruiz Massieu? Creo que no, tenemos los mismos y en eso vamos acostumbrándonos, somos diputados, diputados todos, parejitos, iguales obligaciones, iguales y en ese sentido vamos a trabajar juntos, juntos, incluso en esta cuestión que está a debate que es sobre las autonomías. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Gracias, diputado Sosamontes.

En seguida tiene el uso de la palabra la diputada Consuelo Botello.

La diputada Consuelo Botello Treviño:

Señor Presidente; señores diputados:

Ciertamente México, nuestro país, y yo diría un hermoso mosaico de grupos étnicos y de integración después de la Conquista, es cierto que hay orígenes tarahumaras, mayas etcétera, pero también es cierto que formamos una sola nación, una sola nación en donde bajo una misma bandera, bajo unos mismos principios y sobre todo, bajo un mismo marco jurídico, vivimos y tratamos de vivir armoniosamente todos los mexicanos.

Es muy respetable que las distintas etnias tengan orgullosamente sustentados sus valores, sus tradiciones, que el Estado que está obligado a establecer las mejores condiciones para la vida y la realización de todos los mexicanos, garantice a esas etnias esos valores, para que lo sigan fomentando y para que sigan viviendo en muchas de esas hermosas tradiciones, pero yo me pregunto: ¿vamos a hacer en nuestro país diferencia?, ¿vamos a realizar reservaciones para las distintas etnias? Sería lamentable, sería catastrófico para nuestra identidad nacional.

Todos somos mexicanos y como mexicanos todos tenemos que exigir y nosotros que somos los legisladores y establecemos el marco jurídico para esta nación, tenemos que lograr que todos los grupos mexicanos de todas las etnias, todos aquellos que hemos integrado a un solo país que es México, tengamos derecho a todos los satisfactores.

Yo insisto, desafortunadamente nuestros gobiernos hasta ahora, con todo y su muy nombrada "solidaridad", no sólo han marginado a los indígenas en las distintas regiones del país, también han marginado a muchos otros tipos de mexicanos que por la pobreza, por la falta de acceso al estudio y al trabajo, están también en ínfimas condiciones humanas.

Pero tenemos nosotros que luchar no por hacer grupitos, no por hacer reservaciones; respetar, insisto, valores y tradiciones de los indígenas, pero viviendo bajo una sola bandera, bajo un solo marco jurídico y bajo un solo status de pueblo que es México. Eso es lo que considero que deberíamos hacer, respetando con todo el amor que como mexicanos tenemos, a todos nuestros conciudadanos, provengamos de donde provengamos. Eso es lo que un Estado moderno, consciente... y con ganas de buscar el bien común y la realización de sus nacionales debe hacer. Gracias.

El Presidente:

A continuación hará uso de la palabra, en el turno que le corresponde, el diputado René Juárez Cisneros.

El diputado René Juárez Cisneros:

Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas, señores legisladores:

El presidente Salinas reconoce responsablemente en su VI Informe de Gobierno, que la política social, efectivamente, ha tenido avances importantes, pero también reconoce que no satisface todas las necesidades.

La reforma del Estado permitió sin duda, que la acción pública se concentrara en la política social. Esta constituye hoy el eje de las tareas del Estado, con una característica fundamental: hoy la sociedad concurre participativa y corresponsablemente en la construcción de su propio desarrollo.

La primacía de lo social se expresa con claridad en la orientación del gasto. Ahí están las cifras, ahí están las cifras y no están maquilladas. Las cifras dicen que el gasto social creció en más del 100%. Las cifras dicen también, y están ahí, y no están maquilladas, que en 1988 sólo 36 centavos se destinaban al gasto social de cada peso que se canalizaba al pago de intereses de la deuda. Hoy, en 1994, por cada peso al pago de intereses, cuatro más van a acciones sociales, a acciones de bienestar social, a acciones que elevan, sin duda, el bienestar del pueblo de México, de todos nuestros compatriotas.

Ahí están las cifras, y no están maquilladas. El gasto social en 1988 representó 6.3% del producto nacional, ahora representa 10.2% y podemos mencionar otras cifras, que son relevantes también. En materia de desarrollo rural, un incremento en el gasto de 44%. En educación y en salud se observa también un crecimiento importante. Ahí están las cifras y no están maquilladas.

Yo quiero en esta oportunidad al hacer uso de esta tribuna, la más alta tribuna política de la nación, hacer algunas precisiones. Primero reiterar que efectivamente éstos, los tiempos de ahora, no son tiempos de triunfalismos. No venimos aquí sin duda, estamos seguros, a asumir una actitud triunfalista; son tiempos de trabajo, son tiempos de paz, son tiempos de armonía, son tiempos de trabajar más duro, mucho más duro para seguir avanzando. Lo que falta por hacer, y así se ha reconocido, evita festejos, evita declaraciones irresponsables.

Venir aquí para decir que todo está hecho sería incongruente, sería incongruente definitivamente. No podemos negar que aún existen profundas desigualdades, como también es innegable, innegable definitivamente, que hay avances, que hay un jalón importante en materia de política social, que hay ahí en los hechos avances que pueden constatarse.

Sin duda que uno de los programas que constituye el eje central de la política social, es el Programa Nacional de Solidaridad, un programa que sin duda es un programa que está corroborado en los hechos, está avalado por el pueblo de México, por millones de mexicanos, porque ha sabido responder en los hechos y con acciones concretas a muchas demandas, a muchas aspiraciones, históricamente postergadas.

Yo no acepto definitivamente que el Programa Nacional de Solidaridad no haya tenido una eficacia en el combate a la pobreza. No todo está hecho y hace falta mucho por realizar, pero hay avances, y quisiera reseñarlos con cifras reales, con cifras constatables en la realidad.

Más allá de las cifras, más allá de lo que aquí se ha llamado cifras maquilladas, está también la filosofía del programa; querramos o no, los que hemos tenido la oportunidad de vivir en los hechos, de instrumentar acciones concretas en las comunidades y en las colonias populares en materia de solidaridad, sabemos que eso es cierto, sabemos que solidaridad ha dado respuesta en los hechos a muchas demandas sociales y sabemos precisamente que solidaridad ha permitido una nueva relación entre el Gobierno y la sociedad, basada fundamentalmente en el respeto a la iniciativa de las comunidades, en la corresponsabilidad, en la participación democrática, en la participación fundamental de que se haga lo que aspira el pueblo, que se respete la decisión de las comunidades y fundamentalmente en la transparencia, en el manejo de los recursos del pueblo.

Se ha dicho aquí que hay comités de solidaridad que se han formado con métodos antidemocráticos; se ha dicho aquí, incluso se pone en duda, que hay muchos comités que se han utilizado con fines partidistas o electoreros. Ahí están los comités, han surgido estos comités como una expresión de los avances en la organización social, en la construcción de un nuevo espacio para la participación democrática, la democracia directa, la de la participación fundamentalmente en el trabajo compartido y corresponsable, la democracia de la asamblea, la democracia de todos los días de las comunidades y ahí están a lo largo y a lo ancho de la nación y van a seguir funcionando, y van a seguir operando más allá de nosotros, porque han surgido precisamente de la entraña misma de las comunidades.

Negar que solidaridad permitió sin duda alejarnos de paternalismos y populismos también es inaceptable; solidaridad ha cerrado el paso a prácticas burocráticas, voluntaristas y autoritarias; solidaridad no es sin duda un programa partidista y mucho menos electorero.

La afirmación de que solidaridad es un programa partidista y electorero, es refutada en muchas expresiones, por muchos gobernantes, por muchas autoridades que hoy gobiernan municipios y que militan en otros partidos diferentes al Revolucionario Institucional, le han reconocido la pluralidad y la eficacia en los hechos al Programa Nacional de Solidaridad.

Solidaridad, sin duda, eso lo reconocen propios y extraños, es un espacio en el que todos tenernos cabida. Ahí en las comunidades participan todos por igual, en un espacio abierto, siempre con un objetivo común: avanzar en la solución de los problemas de las comunidades.

Es un espacio en la tarea común para superar carencias y rezagos, desde luego por eso participa el pueblo, por eso decide el pueblo, por eso en ejemplos que yo he vivido, en miles de ejemplos que he vivido, son directamente los comités quienes deciden cuáles son las obras que han de realizarse, cuáles son las acciones que hay que realizar, cómo hacerlas y cuándo hacerlas.

Afirmar también que el Pronasol ha servido para comprar conciencias y condicionar votos, constituye una falta de respeto al pueblo de México y a su alto sentido de responsabilidad cívica.

La madurez de los mexicanos es indiscutible, es innegable. Ahí quedó refrendado en el proceso del 21 de agosto y en sus resultados, eso lo demuestra. Solidaridad es un programa de hechos, de hechos concretos. Cincuenta y dos mil millones de nuevos pesos aplicados en más de medio millón de obras de beneficio colectivo ilustran los alcances del programa. Falta por hacer, pero ahí hay un jalón importante.

En materia educativa, más de 180 mil espacios educativos. Más de 120 mil escuelas públicas rehabilitadas y dignificadas y más de un millón de niños que hoy tienen y cuentan con una beca de solidaridad.

En materia de salud, 355 mil hospitales. Más de 4 mil centros de salud y más de 1 mil 200 unidades médicas rurales. Ahí están en las comunidades, muchas comunidades, que muchas veces ni siquiera tenemos idea donde se ubican.

O qué decir de un hecho irrefutable, de 2 millones 500 mil escrituras, que fueron entregadas a familias que habían vivido mucho tiempo en la zozobra, ahí están los hechos, hay más avances. Hay muchos más avances que se han reseñado y que son importantes.

Quiero fundamentalmente terminar mi intervención haciendo este comentario: solidaridad sin duda es un programa arraigado en el corazón de todos los mexicanos. Es sin duda un programa político, porque incentiva, porque estimula la participación colectiva, si entendemos a la política como la capacidad de la suma de esfuerzos, de voluntades para hacer cosas en beneficio de las mayorías y si entendemos que la política es precisamente eso, entonces solidaridad es un programa político pero no un programa partidista.

Si entendemos también que la política es además pasión, entonces esta pasión que se expresa en solidaridad para servir, para ayudar y para sumar al esfuerzo a los que menos tienen, también ahí se expresa la filosofía del programa. Pero si también reconocemos que además de pasión la política es también paciencia, también veremos que esta paciencia se expresa precisamente para llegar a consensos y acuerdos, para llegar ahí, en el seno de la comunidad y de la colonia, a decidir cuándo y cómo construir su propio desarrollo.

Si la política además es generosidad, también en solidaridad se expresa esa generosidad en la que todos debiéramos involucrarnos. La generosidad y el desprendimiento de odios, de rencores, de sinsabores, para avanzar en un esfuerzo conjunto y colectivo, seguir avanzando en el progreso de la nación.

Solidaridad es sin duda un programa que ha tenido resultados muy importantes. La política social del presidente Salinas ha sido también una política que le dio un jalón a lo social; falta mucho por hacer, nunca se ha negado. Así ha quedado establecido. Muchas gracias.

COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

El Presidente:

Honorable Asamblea: por acuerdo de los cuatro grupos parlamentarios que constituyen esta cámara, la Presidencia hace un paréntesis del informe presidencial, para dar paso al planteamiento de una propuesta por parte del diputado Mauro González Luna.

Tiene la palabra el diputado González Luna.

El diputado J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los diputados integrantes de las fracciones del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática, hicieron la propuesta de correr una invitación a los señores candidatos que contendieron en la elección presidencial. La mayoría de los diputados integrantes de dicha comisión, pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, votaron en contra de esta razonable propuesta, haciendo nugatorio el ejercicio de los derechos constitucionales de petición y de audiencia.

Por esa razón, procedo a dar lectura al siguiente documento: "Con fundamento en lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales ante esta legislatura, nos permitimos someter a esta honorable Asamblea, por su amable conducto, la siguiente proposición de

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con motivo de los trabajos que lleva a cabo para producir dictamen en torno a la calificación y cómputo de la elección presidencial, correrá invitación para recibir en audiencia a los candidatos que contendieron en la referida elección y deseen aportar la información al respecto.

Atentamente.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 5 de noviembre de 1994".

Y lo firman los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática y otros diputados de estas fracciones.

Quisiera pedirle al señor Presidente, que con fundamento en la fracción I del artículo 58 del Reglamento, me permita, en forma breve, exponer los fundamentos y las razones de esta propuesta.

Para ello le solicito se sirva dar instrucciones al señor Secretario, para que dé lectura al artículo 54 de la Ley Reglamentaria del Congreso.

El Presidente: Señor diputado Mauro González Luna: Voy a pedir a la secretaría, dé lectura al artículo 58 del Reglamento Interno, que no al 54; es el que procede, para que tenga lugar el desarrollo de su propuesta.

El diputado J. Mauro del S.C. González Luna Mendoza:

Señor Presidente: con todo respeto, el argumento para citar el 54, es el haber considerado por conocido el fundamento para comparecer y directamente empezar la argumentación de mi propuesta; pero estoy de acuerdo.

El Presidente:

Proceda la Secretaría.

El secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:

Artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: "Las reuniones de las comisiones ordinarias de dictamen legislativo no serán públicas; sin embargo, cuando así lo acuerden, podrán celebrar reuniones de información y audiencia a las que podrán asistir, a invitación expresa, representantes de grupos de interés, perito u otras personas que puedan informar sobre determinado asunto".

El Presidente:

Se acaba de dar lectura al artículo correspondiente de la Ley Orgánica, que no del Reglamento. ¡Adelante, señor diputado!

El diputado J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

El artículo 54 de esta Ley Orgánica, habla de las comisiones ordinarias de dictamen legislativo; conforme a una sana interpretación de los artículos 42 y 43 de la misma ley, se puede afirmar categóricamente, que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en el proceso de elaboración de su dictamen, con relación a la calificación electoral, emitirá un dictamen formalmente legislativo.

Por otro lado, desde el punto de vista de su materialidad, esta comisión encargada de dicho dictamen, emitirá un dictamen de naturaleza político-jurisdiccional. Por estas razones, por aplicación directa del artículo 54 interpretando la comisión como formalmente legislativa y desde el punto de vista de su contenido material como materialmente jurisdiccional y política, es viable afirmar que por analogía y por mayoría de razón, es un fundamento sólido para hacer esta propuesta.

Finalmente, la negativa de la mayoría priísta a esta propuesta de las fracciones de los partidos aludidos, hace, insisto, nugatorio el derecho constitucional de audiencia y de petición.

Exhorto a esta honorable Asamblea, a que no se cree un precedente que sería nefasto, de negarles este derecho elemental a los candidatos que contendieron, cuando recordamos que hace seis años compareció ante dicha comisión el inolvidable Manuel Clouthier. Ojalá que así se respete inviolablemente el derecho a ser oído en esa comisión. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias a usted, diputado González Luna.

Se han inscrito para debatir sobre esta propuesta, los siguientes diputados:

En pro, Fernando Pérez Noriega, del Partido Acción Nacional; en contra, Jorge Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional; en pro, Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática; en contra, Eduardo Escobedo, del Partido Revolucionario Institucional.

Y para rectificar hechos, finalmente, el diputado Alfonso Primitivo Ríos, del Partido del Trabajo.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega, del Partido Acción Nacional.

El diputado Fernando Pérez Noriega:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Me permito hacer uso de esta tribuna para apoyar el punto de acuerdo presentado por diputados de grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, en el sentido de que se instruya a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta cámara y se invite en forma expresa a los candidatos a la presidencia de la República que contendieron en las elecciones del pasado 21 de agosto.

Es necesaria la intervención de este honorable pleno, en virtud de que por mayoría de votos, todos los diputados del Partido Revolucionario Institucional, se acordó, en contra de un sano precedente y en contra de normatividad expresa, el no invitar al seno de la comisión a los citados candidatos a la presidencia de la República.

Como la mayoría de ustedes lo recordarán, al calificarse las elecciones del año de 1988 para la presidencia de la República, se invitó al seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales al ingeniero Manuel Clouthier, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República.

Este precedente, que trajo como consecuencia que en el seno de la comisión en el año de 1988 se pudieran escuchar de viva voz las experiencias directas de un candidato a la presidencia de la República, permitió que los miembros de la comisión tuvieran mayores elementos para elaborar el dictamen correspondiente y, en su caso, emitir el voto debidamente razonado.

Para la invitación de ese candidato en el año de 1988 se utilizó como fundamento el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho artículo ha sido ya leído por la Secretaría. Del análisis de este precepto que aún está en vigor al igual que en el año de 1988, es clara la facultad de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de poder invitar a los candidatos que contendieron en la elección presidencial que vamos a calificar.

No hay duda que los candidatos cuya elección vamos a calificar, pueden informar sobre la materia del dictamen que en la comisión se va a elaborar y luego se pondrá a consideración de este pleno en su carácter de Colegio Electoral.

Ahora bien, a pesar de que existe esta disposición expresa en la legislación y de la existencia de un precedente sobre esta materia, en forma por demás inexplicable y sin fundamento legal alguno, se votó por la mayoría de los votos del PRI, que por esta ocasión no era conveniente invitar a los candidatos a la presidencia de la República, cuya elección se va a calificar.

El Partido Acción Nacional considera que la decisión de la mayoría de los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, es un claro retroceso en una práctica política que el día de hoy busca no sólo una mayor pluralidad, sino una mayor certeza y transparencia sobre el resultado de un proceso electoral.

Ante esa falta de congruencia de la mayoría de los diputados del PRI, miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y ante su falta de sensibilidad política, nos vemos en la necesidad de acudir a este pleno a solicitar su intervención como máximo órgano de esta Cámara de Diputados, para que avancemos y consolidemos las prácticas políticas y eso sólo se puede hacer si reconocemos la necesidad no sólo de continuar con prácticas parlamentarias adecuadas, sino avanzar en su fortalecimiento.

En forma adicional, debe señalarse que al invitar al seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a los candidatos a la presidencia de la República, que va a elaborar un dictamen sobre la calificación de su elección, es otorgable el elemental derecho de audiencia, un derecho humano que todos reconocemos y por lo tanto consideramos que por elemental justicia se debe escuchar al candidato que desee comparecer para exponer sus puntos de vista.

Otro precedente que no debemos olvidar, es la comparecencia de los presuntos diputados federales ante el pleno del Colegio Electoral, cuando en la legislación se establecía la competencia de la Cámara de Diputados para calificar la elección de sus miembros. En ese entonces no existía discusión alguna sobre el derecho de audiencia que tenían los presuntos diputados para argumentar personalmente su caso ante el pleno del colegio. Luego entonces, bajo la misma razón y por lo tanto el mismo derecho, debe permitirse a los candidatos a la presidencia de la República, el comparecer ante la comisión dictaminadora para exponer sus puntos de vista.

Por todo lo anterior, señoras y señores diputados, solicito se acepte el punto de acuerdo presentado, en el sentido de que se invite en forma expresa a los candidatos que contendieron en la elección presidencial, para que si así lo desean, comparezcan ante el seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y manifiesten ante la misma sus consideraciones sobre las elecciones en las que participaron. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Gracias, señor diputado Pérez Noriega.

A continuación escucharemos al diputado Jorge Moreno Collado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Señor Presidente, honorable Asamblea:

Vengo en nombre de la fracción de mi partido el Revolucionario Institucional y de la fracción priísta misma de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en razón de que su presidente y su secretario, diputados Dionisio Pérez Jácome y Fructuoso López Cárdenas, están reunidos en este momento con los integrantes de ese cuerpo, realizando la tarea que tienen encomendada, para oponerme a la proposición presentada aquí por el diputado del PRD y para precisar las condiciones en que se desarrollan las tareas correspondientes y los diversos acuerdos que se han adoptado en el seno de la comisión y que llevaron a rechazar la propuesta que motivó esta proposición que ahora debatimos.

Para empezar, quisiera yo señalar que la comisión no ha negado a nadie el derecho de audiencia alguno, como ya lo podremos demostrar jurídicamente. Si procediera frente a una comisión del Congreso el derecho de petición al que se refiere el artículo 8o. de la Constitución, yo quisiera decir que este derecho de petición no ha sido de ninguna manera denegado, al contrario, a la petición formulada le recayó de inmediato un acuerdo sobre la petición hecha, de tal manera que esa petición fue resuelta por la mayoría de la Comisión de Gobernación en los términos constitucionales y en los términos de la Ley y del Reglamento que nos rigen.

Quisiera yo relatar algunos aspectos que expliquen nuestra posición. Durante la jornada que tuvimos aquí el jueves 3, fueron muy numerosas las actividades realizadas; aprobada su integración por esta honorable Asamblea al medio día del propio jueves, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales quedó instalada, tomó posesión de sus oficinas, recibió la documentación, vasta documentación que obraba en poder de la cámara y que se integra con todos los expedientes, documentos e instrumentos jurídicos a los que aluden el artículo 16 y la parte final del inciso d, del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General. La directiva de la comisión, integrada por Dionisio Pérez Jácome, Fructuoso López Cárdenas y Ricardo García Cervantes, del PAN, acompañado de un diputado del PRD y otro del Partido del Trabajo, miembros también de la comisión, se apersonaron en la bóveda de este recinto para confirmar la existencia de los expedientes electorales de los 300 distritos electorales del país y se hicieron acompañar por un notario público que dio fe de lo conducente.

La comisión acordó, una vez reunida en sesión de análisis, estudio y debate del asunto que le concierne, mantener bajo su propia custodia esos documentos, con el auxilio de la Oficialía Mayor de la Cámara, asegurarlos y vigilar la entrada y salida de personas y de los documentos a ese archivo, durante el curso de sus trabajos.

Al rendir un informe inicial el presidente de la comisión, hizo alusión al importante acopio de información que oficialmente le han allegado a la misma, lo cual permitirá un estudio exhaustivo y sistemático del proceso de la elección presidencial que debemos calificar. Se comentó asimismo, la importancia de desarrollar una agenda precisa y una metodología eficaz y apropiada para que la comisión pueda discernir su dictamen en el tiempo y forma que lo determinan nuestras reglas y prácticas parlamentarias.

O sea, para presentar el dictamen de la calificación en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso, dentro de los siguientes cinco días a aquél en que esta honorable Asamblea nos lo encomendó, en los términos de la Ley Orgánica, emitir ante el Colegio Electoral la calificación correspondiente.

Aludo a estos elementos de precisión reglamentaria y legal, porque es criterio de la fracción priísta que debemos de ser muy cuidadosos y sumamente exigentes en el cumplimiento de las reglas, de las normas que nos rigen en el interior de esta Cámara.

También, a juicio del presidente de la comisión, convenía precisar el alcance de la calificación, según lo determinan la fracción I del artículo 74 de la Constitución y el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso; artículo este último que hace una diferencia gramatical pero importante entre calificar y hacer el cómputo de los votos emitidos.

Fue criterio del presidente de nuestra comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, adoptado por la comisión en su conjunto, que la calificación es más que el solo acto mecánico de realizar operaciones aritméticas de sumas y restas, sino que debe entrañar asimismo descripciones objetivas de todo el proceso electoral, análisis ponderados de las etapas que éste incluye y desde luego juicios de medición que concluyan con la valoración de las elecciones y sus resultados definitivos.

Acto seguido, la directiva de la comisión propuso la metodología de trabajo a seguir, la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes, no sin antes precisar y dejar asentado que corresponde al presidente de la propia comisión solicitar a las dependencias públicas la documentación e información que sean adicionalmente necesarias para ilustrar su juicio, según lo determina la propia ley.

Después de haber sido aprobadas por unanimidad, método y agenda de trabajo, el diputado Jesús Ortega, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, propuso a la comisión se invitara al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, para que en el seno de la misma expusiera su opinión, sus puntos de vista, que por otra parte ya conocemos, acerca del proceso electoral, cuyos resultados aún no calificados por el Colegio Electoral, también son ya de nuestro conocimiento y del dominio público.

Esta honorable Asamblea debe de saber que el debate de todos los asuntos enumerados mereció el jueves en la tarde, 39 intervenciones de los señores diputados integrantes de la comisión; la fracción perredista, al igual que la panista, argumentaron para favorecer la comparecencia de quienes fueron candidatos de esos partidos, el precedente de la presencia del ingeniero Clouthier en el Colegio Electoral de 1988.

No está por demás recordar la heterodoxia de aquél colegio, cuyas circunstancias y entorno, cuyos escenarios y factores difieren cuantitativa y cualitativamente de los que ahora nos rodean. La nueva legalidad y constitucionalidad de las elecciones, los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que han regido a la función electoral; la existencia de una muy abundante información que está disponible, el vasto conocimiento de los hechos en los que todos hemos sido actores y participantes, hacen improcedente, innecesario y aún prolijo, escuchar en comparecencia no a uno o dos, sino probablemente a los nueve ciudadanos que fueron candidatos a la presidencia de la República.

La fracción parlamentaria de mi partido, fue del criterio que ni jurídicamente, ni políticamente, ni prácticamente, se justifica aquella presencia. Jurídicamente, primero, no está claro ni definido el interés jurídico que sustente el derecho de audiencia en la comisión, de cualquier ciudadano que la solicite, así sea por conducto de una fracción parlamentaria. No estamos de acuerdo los priístas que la calificación de la elección afecte en cualquier sentido el derecho de los supuestos candidatos, la calificación que declara la validez de la elección, opera en favor del interés superior de la nación, opera en favor de la soberanía popular que se hizo efectiva a través del voto; la calificación no se dirige a investir a nadie de un cargo, eso lo hace el voto soberano, por lo cual nadie, ni quienes fueron candidatos, pueden reclamar el derecho de audiencia en un acto de soberanía que trasciende los meros derechos personales.

Jurídicamente, aun como se demostró el jueves en una muy larga sesión en el trabajo de la comisión, es discutible también que quienes fueron candidatos conservan aún ese status, y si de la lectura del artículo 54 de la ley que aquí ya se invocó, se puede desprender alguna prerrogativa para ellos; por el contrario, se infiere de esa lectura que la regla general del trabajo de comisiones es que las reuniones de las mismas no serán públicas; lo excepcional, a juicio de la propia comisión, cuyas decisiones se toman por mayoría de votos de sus miembros, independientemente de si pertenecen a uno, a dos o a más grupos parlamentarios, porque la ley no distingue en ese sentido, es invitar a representantes de grupos de interés, peritos u otras personas que puedan informar sobre determinado asunto, es decir, que aporten elementos técnicos, objetivos, para enderezar juicios que ayuden al dictamen.

Adicionalmente, la comisión, de acuerdo con el propio artículo 54 de la Ley Orgánica, no está en capacidad de violar ningún derecho de audiencia, porque no es, por lo que ha dicho, un foro público al que pueda llegar quien así lo solicite; por el contrario, es la comisión quien está facultada para solicitar, cuando así lo considere conveniente, la presencia en su seno, de personas avezadas en el asunto que esté analizando, para que la favorezcan con su juicio, criterio y peritaje, lo cual obviamente no es el caso.

El acceso de candidatos para exponer su juicio sobre las elecciones, en el seno de la comisión, por lo contrario, provocaría agregar a las discusiones opiniones parciales, partidarias, que nos alejarían de la concurrencia necesaria de puntos de vista para un trabajo tan delicado e importante como éste, concurrencia que no implica que no pueda darse en el seno de la propia comisión una sana disidencia que los priístas seríamos los primeros en respetar.

Además de que una presencia como la solicitada y propuesta, vendría a repetir elementos que en muy buena medida están ya contenidos en los documentos que debemos evaluar, en las discusiones ininterrumpidas que estamos celebrando, donde se han tocado todos los temas posibles y que seguramente aparecerán en el propio debate del Colegio Electoral.

Aunque el Colegio Electoral tiene facultades soberanas para calificar, no puede partir de cero; no se trata de que el Colegio Electoral cree artificiosamente una realidad distinta a la que ya operó y fue palmaria. No puede echar por tierra y desconocer los pasos que le anteceden, lo ocurrido en la preparación de las elecciones, lo acontecido en cada casilla electoral, donde los ciudadanos depositaron como nunca su decisión, con claridad y contundencia, su decisión que su voto, lo realizado en el cómputo y escrutinio de cada casilla, lo analizado, discutido, aprobado y asentado en el cómputo de cada consejo distrital, lo discernido en las salas del Tribunal Federal Electoral, lo confirmado o variado y resuelto en las salas de segunda instancia, lo discutido y evaluado por el Consejo General del IFE, por el registro del padrón, por las comisiones de evaluación, por los cientos de miles de funcionarios electorales, por los millares de representantes de partido, por los millones de ciudadanos que acudieron a las urnas.

A este respecto, la comisión posee para analizar más de 100 documentos que aportan, con objetividad, los elementos con los que debe discernir su juicio y su dictamen. Por ello y porque en los pocos días que tenemos por delante, no podríamos desahogar nueve posibles audiencias, y esto es un argumento de carácter práctico y los múltiples comentarios que ello suscitaría, la comisión determinó la noche del jueves, por mayoría de votos y éste es el criterio que ahora asienta la opinión y decisión que asienta la fracción priísta en esta cámara, rechazar la propuesta de que venga a la comisión a comparecer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y los candidatos, en uso esa decisión, en uso de la atribución que se asigna precisamente al multicitado artículo 54 de la ley.

Finalmente, señores diputados, es mi criterio que todas las fuerzas políticas están corresponsabilizadas de generar desde esta cámara, un ambiente de armonía dinámica. Evitemos que nuestros disensos le cierren las avenidas a los entendimientos y urgencias de consensos que requiere la República y necesita la sociedad mexicana para acelerar su desarrollo y bienestar y que desde luego no hagamos de un asunto de orden práctico y de limitación reglamentaria, una causa beli que nos mantenga en una inercia de confrontación perniciosa, cuando el momento de cambio constitucional de Gobierno nos aconseja sentar las bases de un nuevo pacto político, los cimientos de nuevos acuerdos de convivencia política civilizada y las reglas de un juego político de auténtica pluralidad, sin maniqueísmo, sin los signos ominosos de la fabricación a ultranza de escenarios de enfrentamiento, ilegitimidad y sosobra contra los cuales se ha expresado en las urnas y en la opinión cotidiana el pueblo mexicano. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Es importante de entrada aclarar que la original propuesta presentada por el diputado Jesús Ortega, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que se le invitara ante ésta al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no quedó solamente ahí. El grupo parlamentario de Acción Nacional y el representante del Partido del Trabajo definieron bien la litis en el asunto y nosotros coincidimos absolutamente en ello.

No se trata de que esté presente exclusivamente Cuauhtémoc Cárdenas, sino de que estén presentes todos los candidatos y que obviamente es un derecho al cual pueden en su momento acudir o no, aceptar o no, estos mismos candidatos y ello es importante resaltarlo, porque precisamente hay una cuestión de fondo en el debate que se dio el jueves en la noche en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que debemos de mencionar y a eso incluso nos referimos no nada más en el, a mi juicio, brillante debate jurídico que se dio, encabezado fundamentalmente por el diputado Antonio García Villa y por los diputados del PRD en el seno de la comisión, sino que el asunto también tiene otro tinte, es un asunto de prejuicios, es un asunto de mezquindad, es un asunto que debe de ser tratado de otra manera y por ello nosotros quisiéramos señalarlo así y es la aclaración para el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Es una invitación a todos los candidatos, no sólo a Cuauhtémoc Cárdenas.

Ya se dijo aquí muy bien, por los diputados del PAN y del PRD, que tenemos antecedentes en relación a la petición atenta que hicimos en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y, efectivamente, como bien lo dijo el diputado que hizo uso de la palabra hace un momento, nos basamos primero en una garantía constitucional, que es la de audiencia y después en el precedente exacto, jurídicamente aplicable al caso, que fue en 1988 y que es actualmente y que está redactado y que sigue vigente en los mismos términos, que es el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso General.

También señalamos como antecedentes la presencia en esta tribuna de los candidatos a diputados, que en 1988 y en 1991 en la autocalificación subieron a defender su caso. Entonces antecedentes legales tenemos, existen.

Dijimos ahí y lo volvemos a reiterar aquí, no debemos dar marcha atrás en avances que se han conseguido. La presencia del ingeniero Manuel Clouthier en 1988, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue un avance político para la democracia en este país.

Se quiere desandar lo caminado. Los intereses, las visiones, son otras a pesar de que la ley sigue siendo la misma.

En el artículo 54, por favor compañero, si no sabe consulte por favor. Hay abogados que le pueden asistir en su propio partido.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se rige para sus actividades en la Ley Orgánica del Congreso y de su Reglamento, por si no lo sabía.

Está, pues, queriéndose dar marcha atrás en un paso adelante que ya en 1988 se había dado. Lo curioso es, me lo acaba de comentar un diputado del Partido Acción Nacional, de Baja California Norte, que allá en cuanto a oposición, en cuanto a minoría, tienen otra visión.

En Baja California, a petición de los diputados priísta, participaron en el Colegio Electoral de 1989 y de 1992 los candidatos a diputados del Partido Revolucionario Institucional y de otros partidos, como ocurrió también aquí en 1988 y 1991. Esto no es una cuestión de mentiras, es una realidad.

La pregunta entonces: Ante esta argumentación que nos acaba de dar el diputado priísta que me antecedió, por ejemplo, de que la garantía de audiencia está preservada por el solo hecho de que se conoce la posición públicamente de un candidato. Con este criterio jurídico yo no sé a dónde iría nuestro sistema, nuestro estado de derecho en México.

No podría ser así. ¿O qué acaso no supimos de antemano la posición de Mario Aburto en relación al homicidio de Luis Donaldo Colosio, y por eso se le negó su derecho a defenderse?

Yo creo que éste no es un criterio jurídico de que ya se conoce la posición política de uno o de todos los candidatos en relación a la elección presidencial, es un criterio político.

Por ese motivo nosotros nos preguntamos: Hay dos lenguajes en la fracción parlamentaria mayoritaria. Uno que se mencionó aquí de una manera a mi juicio democrática, positiva, correcta, por el diputado Oscar Levín Coppel y hay otro lenguaje también aquí que se está presentado por otro grupo o por otra posición al interior de la fracción parlamentaria mayoritaria que se mantiene en la cerrazón.

Esa pregunta debemos de hacérnosla porque si no estaremos perdiendo una oportunidad de avanzar más y no de retroceder en la construcción de la democracia en México.

Por ello yo los invito a los diputados del Partido Revolucionario Institucional, respetuosamente, a que reflexionen y revisen la decisión que sus compañeros tomaron en la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Es éste el momento para aceptar, a mi juicio, el puente que propuso se tendiera el diputado Levín Coppel. Debemos de caminarlo, hay precedentes, elevemos la mira, quitemos prejuicios y mezquindades, demos calidad jurídica y sensibilidad política a la calificación presidencial.

El rechazo de los diputados priístas en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el día 3, a pesar del esfuerzo de los diputados del PAN, del PT y del PRD, no sirve para demostrar, no es el camino para intentar demostrar la legalidad y la justeza, la equidad de la elección presidencial.

Invitar a los candidatos presidenciales para que asistan los que deseen, nos permitiría no nada más preservar una garantía que estamos obligados a cumplir, que es la de audiencia, sino que fundamentalmente le daría otro tono, le daría otro ambiente, le daría otro contenido al debate en la calificación presidencial.

Y no tanto porque vengan a decir los candidatos que deseen asistir a la invitación expresa que se les hiciera, no tanto por lo que ellos vengan a decir, para que nos sirva, nos sea de utilidad, para elaborar el dictamen y para resolver como Colegio Electoral lo que proceda, sino fundamentalmente porque permitiríamos, estaríamos modificando el espectro político en este país, haciendo de esta Cámara de Diputados un verdadero tribunal político, soberano. Ese es el punto y ése es finalmente el asunto por el que nosotros estamos invitándolos a que reflexionen y encontremos la salida.

Jurídicamente está fundada la petición, es un asunto de sensibilidad política. Jurídicamente ya hay el precedente, de candidatos a diputados y de candidato presidencial. Es un asunto político. Por ello me he extendido en mi intervención, buscando no reforzar los argumentos legales que nuestros compañeros del PAN y del Partido de la Revolución Democrática han esgrimido, primero en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y luego aquí en el seno de esta cámara, sino es el interés de nosotros, el mío en este momento, de sensibilizarlo, de si nos tendieron la mano de que la tomemos.

Cambiemos el ambiente, modifiquemos la actitud busquemos entendimiento, evitemos las groserías, evitemos los gritos. Hagamos esta tribuna, digna de un debate que espera el pueblo. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Eduardo Escobedo Miramontes.

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

No venimos el grupo de diputados de la fracción del PRI, ni con prejuicios ni con mezquindades, venimos con un absoluto respeto para exponer ante este pleno cuales son las consideraciones de carácter jurídico, político, por las cuales los que somos integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales votamos en contra de la propuesta que nos ocupa.

No es el punto central, compañeras y compañeros diputados y en esto difiero de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, no es el punto central el artículo 54 de la Ley Orgánica. El punto central, compañeros, es el compromiso expresamente externado en el seno de la comisión, en más de 17 horas de trabajo en estos días, sobre el marco jurídico expreso que la comisión debe de tener para llevar a cabo el dictamen de calificación y cómputo y someterlo a esta Cámara de Diputados, una vez que se erija en Colegio Electoral.

Y ese marco es expreso y claro, ese marco dirige, apunta la legislación electoral mexicana hacia considerar una base de análisis fundamentalmente documental y no testimonial física, ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En la misma sesión de la comisión donde se planteó esto, nos permitimos, muy respetuosamente, varios diputados del PRI, a hacer el señalamiento expreso de esos artículos y preceptos, invocados por compañeros de otros partidos políticos, miembros de esa comisión. Primero, el artículo 16, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 19 y el 20 y, en segundo lugar, el 252, inciso d y 253 inciso b del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Son esos dos ordenamientos y ese conjunto de preceptos quienes están diciéndole a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales lo que debe tomar en cuenta como base documental.

Expedientes de cómputo distrital, integrados por: 1) actas de casilla, 2) actas de cómputo distrital, 3) actas circunstanciadas de la sesión de cómputo distrital y 4) informes circunstanciados del presidente de cada uno de los 300 consejos distritales sobre cómo se desarrolló el proceso. Son esos ordenamientos de la Ley Orgánica y del Cofipe los que vienen a establecer, como otro elemento, las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal Electoral, de acuerdo con ese penúltimo párrafo del artículo 20 de la Ley Orgánica.

Y son, finalmente, compañeros, los informes que ha remitido el Consejo General del IFE en base al artículo 89, inciso t, que tanto se discutió, y se está discutiendo en el seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el acervo documental que debe tomar en cuenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Me parece, por tanto, que el punto central del debate jurídico no es el artículo 54, el debate jurídico y el punto medular es esta legislación y este compromiso expreso de poder observar estas disposiciones a las que yo he hecho referencia.

En segundo lugar, lo comentamos, lo reitero aquí como miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, hay un interés primordial de carácter legítimo de los partidos políticos en toda la estructura orgánica del Cofipe. Son los partidos quienes tienen el interés y quienes gozan de las prerrogativas y derechos de carácter jurídico que da el Cofipe. Son ellos los que pueden postular candidatos, son ellos los que reciben el financiamiento, son ellos los que tienen las prerrogativas, son ellos los que tienen representantes de partido ante coórganos distritales, locales y en general del IFE. Son ellos los que tienen representantes en casilla, no los candidatos como antes existía. Son ellos los legitimados para poder acudir, vía recurso de inconformidad, para impugnar las resoluciones que se hayan dado en los cómputos distritales.

Por lo tanto, compañeros, esta cuestión de la reclamación o de la violación del derecho de audiencia, del derecho de petición, me parece, con todo respeto, totalmente improcedente, totalmente equivocada porque independientemente de lo que ha dicho mi compañero diputado Jorge Moreno Collado al respecto, está la presencia permanente de los partidos políticos en las instancias del proceso, está la presencia en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, está la presencia y la intervención del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.

Yo diría, compañeros, que además de esto, como un tercer elemento importante que debemos de considerar, es el relativo a esa oportunidad que ya pasó, que tuvieron en su momento los candidatos, de poder presentarse como coadyuvantes en la etapa jurisdiccional. Entonces, ahí no solamente pudieron hacer un informe, juicios de valor, opiniones de carácter general, sino de acuerdo con lo que establece el Cofipe, figurar como coadyuvantes de sus partidos y presentar impugnaciones, cuestionamientos, juicios de valor, casilla por casilla de las 96 mil 393 casillas presentadas. Eso, compañeros, ya pasó; quien lo haya hecho, lo hizo y quien no lo hizo, ya no lo hizo.

Me parece entonces fundamental que podamos nosotros centrar la valoración jurídica que debe de hacer la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en ese marco expreso, cuantitativa y cualitativamente muy vasto; en estos momentos se están consultando ya los primeros paquetes electorales que han pedido los diferentes partidos políticos y que entonces hagamos ese análisis, esa valoración del proceso electoral, en base al marco jurídico expreso que nos está dando. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Hay varias personas que se han anotado para rectificar hechos y los solicitantes que desean registrarse, los tomaré en cuenta en este momento.

Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes.

El diputado José Narro Céspedes:

Nosotros queremos hacer algunos señalamientos. Participamos y somos miembros también de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y participamos en la discusión del jueves.

Nosotros planteamos varios hechos que son importantes darlos a conocer al pleno:

1o. El Colegio Electoral, la Cámara de Diputados se transforma en Colegio Electoral para calificar las elecciones presidenciales. El Colegio Electoral, fundamentalmente funciona como un tribunal político, que va a decidir sobre un proceso electoral, los problemas, las irregularidades, los avances que se hayan tenido. Nosotros pensamos, planteamos y fundamentamos nuestra petición en base a los siguientes:

Uno. Al artículo 8o. constitucional, que es el derecho de petición y de audiencia, en este caso de los que tienen interés político o interés jurídico, que son los candidatos, sobre este juicio, que este tribunal o este Colegio Electoral va a emitir sobre un proceso electoral; sobre un proceso, una serie de hechos que atañen a la vida política nacional.

Dos. El artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso, sirvió en 1988, como el elemento para que en este Congreso se presentaran otros candidatos a la presidencia de la República.

Entonces tenemos antecedentes de que esto se puede hacer y se ha hecho aquí en nuestro país y como dicen, los hechos son la base fundamental del derecho; los hechos que por propia voluntad de este Congreso en épocas anteriores se dieron, son la base, en buena medida, para solicitar que este Congreso reciba a los diferentes candidatos a la presidencia de la República y puedan plantear sus puntos de vista sobre el proceso electoral.

El artículo 54 señala: "que las comisiones cuando lo acuerden podrán celebrar reuniones de información". Para que vengan los candidatos no hay impedimento legal alguno; a la mejor tampoco hay procedimiento, lo autoriza o lo señala con precisión. Pero no hay impedimento legal para que si este Congreso así lo autoriza se pueda llevar adelante.

El artículo 54, no nada más autoriza para que peritos asistan, sino también para que "u otras personas que puedan informar sobre determinado asunto, asistan". Así dicen las últimas palabras del párrafo de ese artículo 54.

Por eso creemos que la Comisión de Gobernación debe de, después de escuchar a los candidatos o a las personas, que así lo decida la Comisión de Gobernación o este pleno, para tener la información, datos y elementos que permitan elaborar un dictamen más apegado a la realidad, a los sentimientos y a las expresiones de los diferentes grupos políticos que hay en este país.

Creemos que tampoco es válido lo que se señala: "que se tienen cinco días para el dictamen y que por eso no pueden asistir los nueve candidatos". Porque el artículo 91 del Reglamento señala, "que son cinco días, pero que si este Congreso lo autoriza esos cinco días se pueden ampliar" ¡Entonces hay un elemento de falsedad en eso que se señala!

En el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que las audiencias... que este Congreso deberá erigirse en Colegio Electoral, para calificar la elección presidencial de los Estados Unidos.

Nosotros le planteamos y le pedimos a la fracción mayoritaria del PRI, en una discusión que fundamentalmente no es técnica ni legal, sino una discusión política y una decisión política; de voluntad política. Nosotros pensamos que hay que abrir e impulsar una nueva reforma política y una forma de actuar de los actores políticos en este país y que esa voluntad la debe mostrar como centro de la discusión y del debate político de este país, este Congreso de la Unión.

Por eso planteamos y solicitamos en este Congreso que esto puede hacerse una realidad. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos; el diputado Pedro Etienne.

El diputado Pedro René Etienne Llano:

Con su venia, diputado Presidente; compañeros diputados:

Realmente no entendemos por qué tantas vueltas y tantos argumentos, para mantener una cerrazón que no resiste un análisis político y menos resiste el análisis jurídico de los antecedentes de otros colegios electorales.

Creo que el debate jurídico no puede reducirse a cuales son las leyes o artículos de leyes secundarias aplicables. El debate jurídico que plantea esta propuesta es cómo entendemos la soberanía de esta cámara y cómo entendemos su elevada función de calificar la elección presidencial.

¡Eso es lo que está en el fondo del debate! Por eso pedimos que no se vengan a utilizar argumentos y sofismas para hablar de las leyes secundarias, que supuestamente nos limitan a examinar una base documental y si en la base documental esta soberanía haya errores, ¿no es posible modificarla?

Lo que están reflejando las intervenciones de la mayoría, es que quieren llamarle colegio a un acto que no tiene las características de un juicio de esta soberanía, que en el fondo es la calificación de la elección presidencial.

Pero compañeros, no se trata, tan solo aquí de invocar también el derecho de audiencia, un derecho constitucional consagrado y vigente en nuestra Carta Magna, sino se trata también de ver la tradición anterior de los colegios electorales. Y aquí se han referido por varios diputados, entre ellos Leonel Godoy, el hecho de que en los colegios electorales no sólo existía el derecho de audiencia, sino también el derecho a intervenir en el pleno de la cámara, en el momento de discutirse los casos y ésa es una tradición de la cámara que forma precedentes y sabemos que alguien podría mencionar que estos precedentes no son aplicables al caso.

Pero compañeros, no nos olvidemos que sí hay un precedente inmediato y aplicable al caso, que fue precisamente la calificación de la elección presidencial en 1988. Aquí ya se ha mencionado la comparecencia en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del ingeniero Manuel Clouthier y es precisamente la misma petición que hoy hacemos el PRD y su candidato, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En aquella ocasión fueron los diputados de la mayoría priísta, recuerdo la argumentación del propio José Luis Lamadrid, para fundamentar que no procedía la participación de los candidatos en tribuna en el pleno. Pero él mismo argumentó que procedía la participación de los candidatos ante la comisión y esa fue la base que aquí mismo se esgrimió para la comparecencia del ingeniero Manuel Clouthier ante las comisiones, en 1988.

Por eso compañeros, ahora nos preguntamos: si todos estos argumentos para la cerrazón ¿se dan porque ahora los plantea el PRD? ¿Tienen dedicatoria porque la solicitud es para la comparecencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano? Las preguntas caben y nos las hacemos en el PRD y en la opinión pública, porque existe este antecedente directamente aplicable.

Nos preguntamos también ¿si éste es el nuevo trato al que han hecho referencia y al que nos han invitado?, un trato en el que se mantienen las mismas fobias y la misma cerrazón. Compañeros de la mayoría priísta: ¡no hereden el temor a ver!, ¡no hereden el temor a escuchar al PRD!; ésa es la base para un nuevo trato entre nosotros.

El Presidente:

Finalmente hará uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Juan Antonio García Villa.

El diputado Juan Antonio García Villa:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

En la reciente reforma constitucional para modificar el marco relativo a la calificación de las elecciones, subsistió por lo que hace a los comicios de Presidente de la República el Sistema de Calificación Política. Todos sabemos que esta cámara erigida en Colegio Electoral va a conocer un dictamen, que nuestra Ley Orgánica le asigna formular a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y en el seno de esa comisión, como ya se ha dicho aquí, se planteó la solicitud de que esta comisión con fundamento en lo establecido en el artículo 54 de su Ley Orgánica, invite expresamente a los candidatos que contendieron para la presidencia de la República y le aporten la información que ellos mismos le pueden allegar a la comisión y cuente ésta con mayores elementos, datos, juicios y en general información, para la preparación de su dictamen.

Es lamentable que yo tenga en lo personal que apoyar lo afirmado aquí por el diputado Leonel Godoy, él afirmó y con razón, que los miembros del PRI que forman parte de la Comisión de Gobernación, actuaron de manera prejuiciada, son testigos de que no se terminaba aún de formular la proposición y estaban rechazando la solicitud. Se pidió una fundamentación a los proponentes y se les dio con base en el artículo 54 y tuvieron que acudir, lo digo sin ánimo de ofender a nadie, a una serie de artificios jurídicos de interpretaciones francamente muy jaladas de los cabellos, de argumentos especiosos para rechazar esta petición perfectamente fundada.

Para el diputado de cualquier partido político que piense que no estoy diciendo la verdad, le pediría que leyera la versión estenográfica de esta larguísima reunión, celebrada anteayer por la Comisión de Gobernación.

Primero, algún diputado del PRI llegó al absurdo jurídico de sostener que la Comisión de Gobernación, no es de dictamen, le demostramos con fundamento en los artículos 23, 24 de la propia Ley Orgánica, que es la Comisión de Gobernación, una comisión ordinaria de dictamen legislativo. Luego tratando de encontrar sofismas y no estaban prejuiciados, dijeron que en todo caso el dictamen no era de carácter legislativo.

Admitimos nosotros que el proyecto de decreto que formule la comisión no es materialmente legislativo, es cierto, pero por ser resultado de los trabajos de una comisión que es parte del Poder Legislativo, lo sabrán los abogados, es una resolución sin duda formalmente de carácter legislativo.

El tiempo se me agota, podría abundar con mayor información para demostrar y lo lamento que sí fue una reacción prejuiciada, lo que aquí el último diputado del PRI, vino a sostener que se trata de formular un dictamen exclusivamente a partir de información documental. Esa es su interpretación del artículo 19, que dice que se formulará, que la comisión con base, no dice exclusivamente, ni sólo, dice: "con base en las actas de cómputo distrital y en las resoluciones dictadas por las salas central y de segunda instancia del tribunal, formulará su dictamen, que además, entre paréntesis, llegamos al acuerdo que el dictamen no es sólo el cómputo o la suma de los resultados de cada distrito electoral, sino calificar, es decir, cualificar el proceso de la elección.

Si no queremos realmente actuar de manera prejuiciada, apelo a lo que algunos diputados han señalado como nuevas fórmulas de actuar y ésta es sinceramente una nueva, a pesar de que tenga su precedente hace seis años. Gracias.

El Presidente:

La proposición del señor diputado Mauro González Luna, debatida ya por seis oradores y con fundamento en la fracción III del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente:

Sírvase la Secretaría, dar lectura a la declaración política suscrita por las cuatro fracciones parlamentarias que constituyen esta cámara.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

"Declaración política: los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PT, aprobaron el pasado 3 de noviembre, una resolución en la que expresan su rechazo a la propuesta 187 promovida por el actual gobernador de California, Pete Wilson y que será votada el próximo martes 8 de noviembre.

Los grupos parlamentarios integrantes de esta LVI Legislatura, acuerdan que en caso de que dicha propuesta no sea rechazada en la votación de referencia, se integrará de inmediato una comisión pluripartidista que evalúe los resultados de dicha votación, los impactos que tendría en la comunidad mexicana y le dé seguimiento para los efectos pertinentes al curso que tomen los acontecimientos.

Firma por el Partido Revolucionario Institucional, José Natividad González Parás; por el Partido Acción Nacional, Rodolfo Elizondo; por el Partido de la Revolución Democrática, Mara Robles y por el Partido del Trabajo, Joaquín Vela.

Palacio Legislativo, 5 de noviembre de 1994."

VI INFORME DE GOBIERNO (II) POLITICA SOCIAL

El Presidente:

Se reanuda la discusión sobre el capítulo de política social del informe presidencial y a continuación escucharemos al señor diputado Marcos Parra.

El diputado Marcos Efrén Parra Gómez:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados.

Al igual que en las sesiones de los días precedentes, nos corresponde hoy continuar con la glosa del Informe presidencial del 1o. de noviembre próximo pasado. Ahora, continuamos con el análisis del capítulo de política social.

Por cuanto a la importancia del tema, el Pronasol merece una atención especial debido al monto que ejerció en este sexenio; equivale al doble del Presupuesto de Egresos para el pago del servicio de la deuda del Gobierno Federal de 1994. Aquella erogación requiere un examen exhaustivo y cuidadoso de su aplicación.

En lo que toca a objetivos, el Pronasol pretendió, al menos así se nos informó, erradicar la pobreza extrema de nuestro país. Esta es tarea por demás difícil de conseguir, si tomamos en cuenta los rezagos que en todos los órdenes padecemos y que se han venido acumulando principalmente en los últimos tres sexenios; sin embargo, más que erradicar la pobreza extrema, cuyo fin es por demás encomiable y deseo de todos los gobernantes, cualquiera que sea su filiación política, el Pronasol escondió en sus entrañas y lo consiguió en la práctica, la institucionalización del neopopulismo, aplicada por el Presidente, quien a su paso por los estados, atendía las peticiones de los habitantes o gobernantes, mediante compromisos que asumía. En muchas de esas visitas, efectuadas en campañas electorales, Salinas aplicaba, con criterios políticos, las participaciones fiscales. Con ello generaba una injusta distribución de los recursos a los estados y municipios.

Si bien es cierto que se hizo un gran esfuerzo por resolver carencias durante el sexenio, se atenuó parte de la multiplicidad de rezagos respecto de electrificación, agua potable, pavimentación de calles, alcantarillado, remodelación o construcción de escuelas, etcétera. El objetivo, sin embargo, quedó inconcluso al no otorgar mayor cantidad de recursos a proyectos productivos de empresas agropecuarias y demás que, si bien fueron susceptibles de formalizarse, poco interés se brindó a su ejercicio.

Con respecto a los programas de Crédito a la Palabra y del Procampo, tuvieron desde su origen un enfoque y actitud paternalista. En el primer caso no se estableció una sanción para quien aún después de tener una buena cosecha, no devolviera el importe del crédito otorgado. En el segundo, se obsequiaba dinero para subsidiar el fertilizante a los campesinos; ambos programas se convirtieron desde luego en el medio de manipular a los trabajadores del campo, a quienes frecuentemente se les condicionó la asignación de recursos al resultado electoral. Baste recordar las colas que había en los centros del Procampo, días antes y después de las elecciones.

A pesar de las actitudes triunfalistas señaladas en esta tribuna por algunos compañeros diputados de la bancada priísta, el 37% de los campesinos están sumidos en la pobreza extrema. Es de todos conocido que ellos buscan alternativas de subsistencia y trabajo con los vecinos del norte, o bien toleran en sus parcelas un control político indignante.

En el caso de los alcaldes emanados del partido oficial, para la aprobación de obras, el centralismo les permitió ejercer un mayor control político. Asimismo, rechazaban o congelaban solicitudes de sus adversarios políticos. Por el contrario, en los municipios gobernados por partidos de oposición, los programas de solidaridad fueron estructuras paralelas que confrontaron a la población con sus munícipes, debido a que los recursos eran administrados por funcionarios de filiación priísta. En ambas administraciones municipales se le hizo sentir a la ciudadanía que se les atendía.

Habrá también que cuestionar, investigar y conocer cuánto de los 52 mil millones de viejos pesos erogados en este sexenio para el Pronasol, fueron destinados a cubrir la inmensa publicidad que, usando un logotipo con los colores de la bandera, le sirvieron de propaganda subliminal al partido oficial. Baste recordar la recomendación de un ex gobernador del Estado de México: envió un comunicado previo a las elecciones de 1991 que se publicó en la revista Proceso, a todos los comités de campaña priísta, para que hicieran notar, destacar o presionar a los ciudadanos las bondades del Pronasol.

Cabe mencionar y reconocer, por supuesto, el valor que se tiene de aceptar la existencia de actos que el actual Gobierno no pudo consumar o poner en práctica, al citar en su informe, hago la cita: "Gobierno y sociedad han crecido y se han enfrentado a duras pruebas, muchas de ellas dolorosas y aún trágicas, pero no suficientes. Lo reitero para detener el paso a la modernización de México de acuerdo con sus nuevas corrientes democráticas y plurales. Mucho se ha hecho y falta mucho por hacer".

Además, cuando afirma que se corrigieron o arreglaron rezagos acumulados por lustros o que en este sexenio se lograron duplicar o triplicar las acciones y trabajos de gobiernos que le precedieron. Tácitamente acepta que estaban mal o que habían operado con ineficacia.

Seguramente en su momento la bancada priísta de las legislaturas anteriores, que les tocó hacer las glosas respectivas, defendieron como ahora lo hacen, los errores u omisiones de los anteriores presidentes de la República.

Compañeros diputados, dado que es obligación de esta LVI Legislatura hacer el análisis, la discusión, evaluación y crítica de éste y muchos otros asuntos del país, convocamos a todos los legisladores para que en muchas acciones, en nuestras acciones, evaluaciones y decisiones futuras, opinemos con juicios de valor.

No obstante, debemos reconocer también que la figura presidencial, como un ser humano, es susceptible de cometer equivocaciones y omisiones, por tanto en nuestras críticas no nos mueve el interés, más que otro interés que el superior de la nación.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Valorar en esta cámara, la política social del Gobierno mexicano, significa una continuación del debate popular, en donde a juicio de la inmensa mayoría de la población, solidaridad ha cumplido un importante papel en la construcción de una nueva relación entre el Estado y la sociedad.

En el juicio popular solidaridad ensambló voluntades, estimuló iniciativas y permitió el reencuentro con las formas más avanzadas de la lucha social.

Convencido del alto valor de la pluralidad y de la necesidad de confrontar ideas como camino para fortalecer acciones, expreso ante todo mi respeto hacia quienes han vertido desde esta tribuna opiniones críticas acerca de la política social aplicada por el presidente Carlos Salinas de Gortari. No obstante, en ese marco y como contribución al debate, pretendo rebatir juicios que considero equivocados, vertidos por algunas compañeras y compañeros diputados de la oposición.

Obviaré referirme a lo que en sus términos comparativos y en su efecto, representa la decisiva magnitud de los recursos económicos que fueron canalizados a la política social.

Si algo fundamental hemos aprendido en el trabajo de años junto a obreros, colonos y campesinos, es la agudeza de su percepción del fondo en las cosas, el rechazo constante, explícito o no, al paternalismo en la acción oficial, y una desconfianza acumulada hacia las políticas públicas. Razones hay para ello y habrá momentos para analizarlo.

Sin embargo, lo sobresaliente de la experiencia inicial en solidaridad fue constatar cómo esa desconfianza natural comenzaba a ceder, como resultado inmediato de un diseño de trabajo social de nuevo tipo que incorporó a las propias comunidades y les entregó un alto nivel de decisión.

Como cualquier acción humana, el diseño de solidaridad es perfectible y de la propia confrontación de ideas que ahora desarrollamos, deben surgir nuevas formas que permitan consolidar avances y superar deficiencias. Para lograrlo debemos comenzar por aceptar que los principios básicos del programa tuvieron el acierto de sintetizar y traducir en una política de Gobierno, valores fundamentales ya existentes en las propias comunidades del país.

A partir de esa virtud, solidaridad logró el mayor de sus éxitos: que el pueblo lo haya hecho suyo y continúe protagonizando un nivel de acción social que ha permitido transformaciones sustanciales en materia de política social. De ellas, vale destacar la reformulación del modelo tradicional de bienestar social asistencial, paternalista y no participativo, en paralelo a la sustitución de un modelo de desarrollo nacional centrado en el mercado interno y en la acción predominante del Estado en la economía.

También vale destacar la aplicación de nuevas modalidades de concertación comunitaria en la formulación de los proyectos, en el ejercicio de los recursos institucionales y en el desarrollo de los programas sociales.

Y cuestión de la mayor trascendencia es el respeto a los principios de pluralidad, participación y corresponsabilidad, con impulso a nuevas formas de organización y trabajo comunitario.

Los análisis académicos y políticos acerca del Programa Nacional de Solidaridad son vastos y tocan cada uno de esos aspectos, en una polémica rica en matices, que lo confirma como una política gubernamental que ha dado paso a uno de los fenómenos sociales más relevantes del México de nuestros días.

No existe, en cambio, igual profusión en el análisis a nivel de la aplicación concreta de solidaridad, donde se han dado las más ricas lecciones de nuestro pueblo para quienes hemos tenido la honrosa responsabilidad de concretar esa política social y para quienes buscan conducirlo.

En ese sentido, el balance de solidaridad, más allá de las estadísticas, registra un acervo de experiencias sociales que representan el rescate de las mejores virtudes comunitarias del pueblo mexicano, canalizadas hoy en forma natural a la solución eficaz de una multiplicidad de demandas y de necesidades.

Miles de agrupaciones vecinales activas en todo México canalizan recursos a obras definidas como prioritarias, por las propias comunidades; sistematizan las distintas modalidades de participación comunitaria y hoy representan nuevos espacios de expresión directa para una sociedad a la que las viejas políticas mantenían sin rostro ni voz.

Asumido por el pueblo mexicano como instrumento de solución inmediata y colectiva de los problemas comunitarios, apto para la participación protagónica de la propia ciudadanía, sin distingos, solidaridad se concretó como uno de los factores esenciales que permitió mantener y acrecentar la cohesión en una etapa en que el saldo acumulado de la crisis nacional acrecentó los costos sociales de la necesaria reforma del Estado.

Las críticas que han externado respecto a la política social y concretamente al programa de solidaridad, se refieren a aspectos económicos, a su filosofía y hablan de su limitación como concepción política para resolver la pobreza de los mexicanos.

Coincido plenamente con quienes han sostenido que los recursos destinados al combate a la pobreza a través de solidaridad son insuficientes. Por supuesto que son muy pocos frente a la magnitud de nuestros rezagos, pero solidaridad no ha sido el único esfuerzo público para enfrentar las carencias más dolorosas y los costos sociales del proceso de cambio.

Nunca se concibió a solidaridad como un instrumento para resolver una problemática que sólo será posible erradicar cuando avancen los resultados de las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas que se han puesto en marcha en México.

Reconozcamos que cualquier política de atención social habría resultado insuficiente frente a la magnitud de los rezagos sociales en el país, pero también reconozcamos con honestidad que sin este programa de bienestar la crisis social habría desembocado seguramente en situaciones de la mayor gravedad para el país.

Un argumento descalificador repetitivo ha sido el supuesto uso partidario de solidaridad en favor del Partido Revolucionario Institucional.

Como norma general, solidaridad fue un espacio abierto a la participación social de ciudadanos de todos los partidos y no actuó dentro del programa quien no quiso hacerlo y ejemplos hay muchísimos.

Hoy, al término de un Gobierno y cuando se trazan las líneas de la nueva conducción nacional que encabezará el doctor Ernesto Zedillo, de acuerdo a su propuesta global, sancionada por el voto ciudadano mayoritario, lo que nos cabe es mirar hacia la futura política social.

Por el mínimo sentido lógico, en ese nuevo diseño de la acción del Estado para enfrentar las necesidades inmediatas de la población, debe tomarse como base la experiencia lograda en estos años, experiencia de solidaridad para acrecentar sus aciertos, superar debilidades y corregir errores.

Sólo a título de mención y dada por ejemplo los señalamientos en relación a problemas de verticalidad en su administración, es necesario encontrar una fórmula apegada al principio del federalismo y sin menoscabo del marco programático para que otorgue a los municipios y a los ciudadanos un papel más decisivo que el actual en el desarrollo de la política social.

Más allá entonces de esta reflexión sobre lo realizado, creo necesario que en el seno de esta nueva legislatura y en razón de nuestra representación popular, adelantemos una reflexión colectiva, plural en lo ideológico y en lo geográfico, de la que deben surgir valiosos aportes para el diseño de la inmediata acción social del Estado.

Por eso creo que hay muchos aspectos que debemos abordar más allá de toda discusión estéril o descalificatoria, que sólo perjudica a los ciudadanos que confían en este honorable Congreso, para avanzar a niveles superiores de desarrollo y aportan su esfuerzo para ello, pero también demandan en estos momentos apoyo para el mejoramiento de sus comunidades.

Por ello, y por último, quiero hacer un reconocimiento a los millones de mexicanos que fueron los que hicieron realmente con sus manos los cientos de miles de obras de solidaridad.

Por eso solidaridad ya no es un programa de Gobierno, hoy es un método de trabajo que ha hecho suyo el pueblo mexicano, el cual con la experiencia surgida por su participación en este programa, plantea formas superiores de trabajo y demanda una política social donde el principal protagonista sea el propio ciudadano y éste tenga facultades constitucionales para participar no sólo en la ejecución de las obras, sino también en la planeación de los programas de obra pública y en todos los que tengan que ver con la vida ciudadana. Muchas gracias.

El Presidente:

A continuación escucharemos al señor diputado Jorge Meade Ocaranza.

El diputado Jorge Armando Meade Ocaranza:

Señor Presidente, con permiso; compañeros diputados:

Los integrantes de esta legislatura representamos sin duda la nueva pluralidad y realidad de la sociedad mexicana, compleja, exigente, demandante y realista.

Vivimos en un país con grandes retos, hoy entreverados en un mundo que, aunque estemos de acuerdo o no, lo que sucede en distintas partes del mismo tarde o temprano en mayor o menor medida nos impacta.

México, aquí se ha dicho, lo formaban en el año 1940, 20 millones de mexicanos, con altas tasas de mortandad y con una tasa de crecimiento de 2.3% al año.

Para el año 1970, reducido el índice de mortandad, éramos 51 millones de mexicanos aproximadamente y nos convertimos en una de las naciones de mayor crecimiento del mundo. Junto con ese crecimiento el país pasó de ser de una ciudad con características rurales a urbanas.

Estos datos que todos conocemos y junto con ellos el presidente Salinas en su último informe citó que hoy somos alrededor de 90 millones de mexicanos y que durante su periodo gubernamental se agregaron 10 millones más a la población total, lo cual nos hace pensar que el vaticinio que para el año 2000 sobrepasaríamos los 100 millones de mexicanos no sólo va a cumplirse, sino quizá va a quedar rebasado.

Todo este marco de referencia ejerce el Gobierno mexicano y ante todos los sectores sociales una gran demanda de empleos, educación, salud, vivienda y servicios. Esas nuevas demandas se irán sumando a las existentes para su atención, por ello al hacer el análisis de la política social del presidente Salinas, su impacto y beneficios, debemos hacerlo sin ingenuidad o manipuleos, reconociendo insuficiencias y deficiencias y dando con honestidad la razón y la solución a estas demandas, a los aspectos que muchas veces se enlazan construyendo escenarios difíciles de resolver.

Por ello, no debe verse el problema de la política social del Gobierno de la República como un aspecto meramente coyuntural y sujeto a soluciones voluntaristas.

Afirmamos que avanzamos en mejoramiento y nivel de la vida de importantes sectores de los mexicanos, cuando en conjunto para la atención de estos problemas en la estructura de servicios y atender carencias y rezagos, nuevos y acumulados, los 51 millones de nuevos pesos ejercidos por el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y los beneficiarios, permitieron la realización de 520 mil obras, que son acciones de estructura de servicios para el bienestar familiar, que son respuesta a los retos sociales que el país está enfrentando.

La política social del Gobierno de la República ha tenido como objetivo elevar el nivel del bienestar de la población, para ello se ampliaron programas de Gobierno para atender primordialmente a grupos sociales de menores ingresos.

El incremento demográfico que hemos señalado ha implicado una edificación sistemática de vivienda, con la participación de los sectores privado y social, por lo que igual que en el empleo, el crecimiento en número de viviendas fue real pero insuficiente, visto desde otro punto de vista.

En los años recientes, en atención a la evolución favorable que ha mostrado la economía mexicana a través del control de la inflación, el saneamiento en las finanzas públicas, la renegociación externa, la apertura comercial y la desregulación económica, se ha ampliado la capacidad para resolver las necesidades de vivienda de la población, a través de una mayor disponibilidad de recursos por parte de organismos financieros públicos y privados que han aumentado la oferta habitacional. Hoy, dadas las reformas realizadas, éstos se han transformado de ser constructores y propietarios a instituciones de fomento para encauzar y dar respuesta a los esfuerzos y demandas de habitación para la sociedad. Sin embargo, los recursos públicos destinados a la vivienda, como en cualquier otro país, han sido, son y serán insuficientes para satisfacer la demanda en esta materia.

Por ello, acciones en política de desarrollo urbano han aumentado el nivel de los mexicanos, superando en muchos casos la inseguridad en la tenencia de la tierra. En los últimos seis años 2.5 millones de mexicanos recibieron sus escrituras notariales, asegurando su patrimonio y seguidad.

La política social de los seis años de Gobierno del presidente Salinas tuvo alcances con base en las posibilidades de los presupuestos y de nuestras realidades, con un aumento del gasto social ampliado a niveles históricos. Sin duda, pueden existir propuestas de programas más radicales; el proyecto de Gobierno del presidente Salinas buscó hechos realizables y que las inversiones sociales llegaran a quienes más lo necesitan, aquellos que han observado carencias ancestrales. Buscar engañarnos es como meternos en una trampa de la que no podamos salir. El presidente Salinas vino aquí a informarnos lo que se hizo en su tiempo. Se ha avanzado. Tenemos mayores bases para el gasto social productivo, se amplió la estructura de servicios, pero mucho tenemos que hacer.

A nadie, compañeros diputados, se le engaña, la mejor evaluación de lo que se ha hecho, la ha dado el pueblo, nos dio su voto el 21 de agosto para seguir siendo el partido en el Gobierno.

El presidente Salinas vino a informar lo que se avanzó, cuál es la realidad que guarda nuestro país y guarda el mundo. Hoy, la humanidad entera y todos los pueblos se debaten en una lucha económica y social buscando nuevas formas para combatir la pobreza y en México hoy existen mejores elementos para hacerlo. El gasto social del Gobierno del presidente Salinas se ejerció indiscutiblemente en las zonas de mayor pobreza del país.

Todos los diputados que estamos aquí, queremos conquistar mejores posiciones para nuestro país y para los mexicanos y su bienestar, por ello debemos seguir buscando alternativas que puedan asegurar un efectivo mejoramiento en el nivel de vida de nuestra población de manera constructiva. Una buena conclusión de estos debates es que a partir de que cada quien pueda expresarse y dé solución a las cosas, las coincidencias sean tomadas en cuenta. Las posiciones intolerantes e inflexibles nos convocan a los extremos y a las rupturas; mantengamos una actitud positiva.

Compañeros diputados: trabajaremos juntos tres años, no invalidemos, de antemano, cualquier resultado. Edifiquemos el debate, hagámoslo de altura, todos tenemos razones y justificaciones para estar aquí, recordemos que ningún partido político representa hoy a la totalidad de la nación, ello implica que mantengamos un diálogo constructivo y una actitud respetuosa y transparente.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:

Miren ustedes, compañeros diputados; compañeras diputadas:

Hace exactamente un poco más de seis años, el actual subsecretario de Educación Pública, Olac Fuentes Molinar, diagnosticó con certeza, públicamente, en un brillante artículo analítico, que el sistema de educación pública era un territorio devastado. Así lo definió hace un poco más de seis años, Olac Fuentes Molinar, actual subsecretario de Educación.

Esta realidad, esta verdad fue asumida en una proclama que hizo el 12 de mayo de 1988, en Chalco, Estado de México, el candidato Carlos Salinas de Gortari. Declaraba Salinas de Gortari, como candidato, ese 12 de mayo de 1988, textualmente lo siguiente:

"En materia educativa -decía Salinas-, mi compromiso es fortalecer la cobertura y sobre todo elevar la calidad de la enseñanza. Esto es ya un reclamo generalizado de toda la población y un imperativo para nuestro desarrollo. Las demandas de educación y cultura de nuestro pueblo no admiten demoras, ya que satisfacerlas es el medio de superación por excelencia". Y agregaba contundente el entonces candidato a la presidencia: "que no haya confusión alguna, el artículo 3o. constitucional es el principio y fin de toda acción educativa".

Pero ya ejerciendo como Presidente, la primera vocación educativa que nos mostró Salinas de Gortari, fue escoger como Secretario de Educación Pública, no a un humanista ni a un educador mexicano como fue Vasconcelos, como fue Justo Sierra, como fue Ignacio García Téllez, como fue Torres Bodet, sino escogió al exsecretario de la Secretaría de Gobernación: Manuel Bartlett. Ya aquí los mexicanos veíamos la preocupación del presidente Salinas por la educación y la cultura en este país.

A continuación escogió también a otro ciudadano que no se caracterizaba bajo ningún concepto ni por su obra, ni por sus antecedentes, ni por su especialidad, en ser un educador de la talla que la historia de la educación en México ha tenido con personajes como; Moisés Saínz u otros. Escogió a Ernesto Zedillo Ponce de León.

Lo primero que el doctor Zedillo hace, es hacer todo lo contrario a lo que Salinas había dicho textualmente en su proclama de Chalco; que en materia educativa no iba a haber confusión alguna. El artículo 3o. constitucional sería el principio y fin de toda acción educativa. Lo primero que se hace es cambiar el artículo 3o., que será una discusión muy interesante y muy importante que tendremos que desarrollar.

¿Qué fue lo que se nos dijo, para cambiar el artículo 3o? Que se nos cambiaba literalmente la educación secundaria básica, pero que el Estado renunciaba a su obligatoriedad de sustentar la educación superior en este país.

Y como dice Pedro Enrique Sureña, un ideólogo, una persona que ha aportado a la historia de la educación en nuestro país, dice textualmente en uno de sus textos:

"La educación primaria y secundaria, sólo tienen sentido si tienen como objetivo en la cima, la educación superior. La cultura no es un lujo, es una necesidad". Dice Pedro Enrique Sureña.

Desde luego que gente como Bartlett y gente como Zedillo, a quienes designó Carlos Salinas de Gortari, tienen una observación diferente.

Después de haber prometido en Chalco una observación diferente; después de haber prometido en Chalco que la educación sería prioridad para él, para Carlos Salinas de Gortari; Salinas de Gortari nos dice en su último informe de Gobierno, con un tono triunfalista, me disculpan, que había cumplido: de 3.5% del producto interno bruto en 1988 habíamos pasado a 6.1% del PIB en 1994. Dice él: "la proporción más alta que va del siglo".

Compañeros, si esto fuera verdad, los universitarios de este país, los estudiantes universitarios de este país no tendrían por qué protestar. No tendrían por qué protestar porque se inventó un concepto de gasto nacional de educación cuando históricamente el concepto que se manejaba y se sigue manejando, y se debe de manejar, es el gasto federal en educación. Pero si fuera verdad todo, todo en educación ahorita, compañeras diputadas y compañeros diputados debería ser el doble.

Deberíamos tener el doble de salario. Deberíamos tener el doble de laboratorio. Deberíamos de tener el doble de universidades. Deberíamos de tener muchas cosas al doble. Sin embargo, veamos, veamos si los números se ajustan a la realidad.

El gasto federal ejercido en la educación primaria en millones de nuevos pesos y tomando como deflactor el índice de precios al consumidor base 1978, pasó de 2 mil 260.4 millones a 14 mil 576. En términos de pesos corrientes, perdón. Pero en términos de pesos reales resulta que se vino en un 50% a la mitad el presupuesto, hablando en términos reales.

En educación secundaria en millones de nuevos pesos y tomando el mismo deflactor en 1978 igual a 100, pasamos de .29 millones en 1988, año en que Olac Fuentes consideraba devastada la educación, de .29 pasamos a .17. En términos reales el presupuesto para educación decreció también en una proporción de casi el 40%.

El gasto ejercido en educación media universitaria, millones de pesos 1988 igual a 100. En el año en que el actual subsecretario decía que la educación estaba devastada, pasamos de .105 millones a .041 millones. Más del 50% de deterioro presupuestal.

El gasto federal ejercido en la educación superior en términos reales pasó de: en 1988 teníamos .39 millones y en 1994 tenemos .14. No sólo no tenemos el doble; tenemos la mitad de los presupuestos.

El gasto federal en educación superior con respecto al PIB se mantuvo durante todo el sexenio: 5% era en 1988; .4% en 1989; .4% en 1990; .4% en 1991; .5% en 1992 y .5% en 1993. No pasamos del .5% cuando el también subsecretario Antonio Vado hace seis años sacó un artículo en la revista Universidad Futura, donde decía: "20 telegramas y un grito de desesperación". Porque nos estaban dando el .5% para educación superior y el Gobierno de De la Madrid había calculado destinar .1%. No tenemos el doble; tenemos la mitad de lo programable en 1982, compañeros diputados.

El gasto ejercido en posgrado es una verdadera vergüenza para este Gobierno. Desde la primaria hasta el posgrado, compañeros diputados. A precios constantes de 1978, en 1988 teníamos .067 millones de nuevos pesos, compañeros diputados. En 1994 tenemos 0.022-7 millones, ¡70% de deterioro en el gasto para el posgrado! Y hay coherencia, compañeros diputados en el posgrado. Mucha coherencia. Las escuelas del posgrado eran 514 en 1991 y llegaron a 468 en 1993.

El personal docente para el posgrado era 12 mil 569 en 1989 y 7 mil 452 en 1993; 40% del personal se nos fue por falta de salarios, por falta de condiciones.

El gasto federal ejercido en ciencia y tecnología en pesos constantes, compañeros diputados, en 1988 eran 203 mil 88 millones de nuevos pesos y en 1994 tenemos 111mil 540; 48% de deterioro en términos reales del presupuesto ejercido en ciencia y tecnología. El gasto federal en ciencia y tecnología se mantuvo de .27% del PIB a .44%; en 1981 era de .46%.

¡Y cosas que son sumamente graves, y llamo la atención a esta cámara para que no se diga que no se planteó, es la matrícula a nivel primaria, la matrícula de primaria no pasó al doble, se mantuvo en 25 millones 447 mil 8 en 1988 y se mantuvo, a pesar de que crecimos 10 millones de habitantes, dijo Carlos Salinas aquí, la matrícula se mantuvo exactamente igual!

Y cosas que son un verdadero crimen a la cultura para este país, compañeros diputados. ¡En 1983 teníamos 67 mil 400 alumnos inscritos en ciencias naturales y exactas; en 1994, compañeros diputados, tenemos sólo 22 mil 500 alumnos inscritos en ciencias exactas! ¡El deterioro y la fuga es terrible!

En ciencias médicas, compañeros diputados. ¡En 1983 teníamos 205 mil 900 alumnos inscritos en medicina; en 1994, compañeros diputados, sólo 82 mil!

¡En ciencias agropecuarias teníamos 102 mil 500 alumnos en 1988; tenemos sólo 38 mil 700 en 1994! ¡Esto es un crimen a la cultura! ¡Estas son cosas gravísimas que están pasando en el sistema educativo de este país!

¿Por qué los universitarios..., por qué ha decrecido la matrícula tan violentamente? ¿Por qué se nos ha ido la mitad del personal de posgrado en este país? ¡Por los salarios, compañeros diputados!, ¡por los salarios se nos han ido!

Y quiero concluir. ¡Miren, dice Salinas que se desarrolló un programa muy fuerte para repatriar cerebros, pero al mismo tiempo que se desarrolló un programa muy fuerte para repatriar cerebros, compañeros diputados, se instrumenta una política de aborto de cerebros aquí; miles y miles de jóvenes no tienen deseos de estudiar carrera universitaria y en este informe presidencial están los datos, porque con los salarios que nos pagan ven el futuro que el destino le depara y dicen: mejor me dedico a otras cosas!

Para terminar, quisiera leer un pequeño párrafo que dice así: "Por mucho tiempo la noble profesión del magisterio ha sido de las más despreciadas y esto solamente porque es de las peor pagadas. Nadie desconoce el mérito de esta profesión, nadie deja de designarla con los más honrosos epítetos, pero al mismo tiempo, nadie respeta la verdad ni guarda atención a los pobres maestros que, por lo mezquino de sus sueldos, tienen que vivir en lamentables condiciones de inferioridad social. El porvenir que se ofrece a la juventud que abraza el magisterio, la compensación que se brinda a los que llamamos abnegados apóstoles de la enseñanza, no es otra cosa que una mal disfrazada miseria. Esto es injusto. Debe pagarse a los maestros buenos sueldos, como lo merece su labor. Debe dignificarse al profesorado, procurando a sus miembros el medio de vivir decentemente".

¡Compañeros diputados, esto que acabo de leer no es un desplegado de algún grupo político izquierdoso, esto lo decía Flores Magón en el plan del Partido Liberal en 1906! ¡Todavía, a pesar que Salinas dice triunfalmente que cumplió, todavía en este Gobierno no se pudo cumplir, ni aunque sea las demandas que en 1906 enarbolaba Flores Magón! Muchas gracias, compañeros diputados y esperemos poder cambiar esta situación, gústele a quien le guste.

El Presidente:

Para rectificar hechos el diputado Serafín Núñez, por cinco minutos y después el diputado Patiño.

El diputado Serafín Núñez Ramos:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados.

Aquí se ha hecho de hombres y mujeres que pueden defenderse y expresarse a través del ejercicio del sufragio, de la libertad de expresión, del derecho de protesta callejera, del derecho a la palabra de representaciones en ámbitos como éste, de sus organizaciones sociales y políticas.

En el VI Informe ellos son los destinatarios del mensaje presidencial, pero hay muchos millones de mexicanos que son los más desamparados a pesar que en ellos vive, late el futuro de este país. El informe presidencial desmereció solo, indirectamente en algunas líneas, me refiero a los niños de México. Probablemente haya que justificar este mismo enunciado, ¿es el de la infancia realmente un problema que mereciera ser tratado en particular en un informe de gobierno y que debiera ser tratado como tal en esta alta tribuna?, ¿o es acaso un problema que debiera ser tratado solamente desde la perspectiva familiar o educativa?, o como ha podido observarse en el transcurso de estos debates, ¿es un problema que deja de ser tal cuando los tremendos problemas de la miseria, la pobreza y el desempleo se resuelvan?, ¿será quizá por eso que todos los esfuerzos intelectuales y prácticos se dirigen a ubicar las causas de la miseria infantil en las estructuras de la economía, en la vigencia de la pobreza y el desempleo, de los salarios, creyendo que si estos problemas se resuelven, los demás y entre ellos el problema de la infancia, por los problemas de la infancia se encontrarán solución casi automáticamente?

Eso creíamos muchos en los años sesenta, setenta, con la supresión del capital a propiedad privada y la explotación del hombre por el hombre eran las tareas que había que acometer como soluciones radicales de cuya concepción dependía lo demás.

Por eso cuando en los sesenta se creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, lo veíamos con desconfianza, como un centro asistencial que distribuia las migajas que distribuia a su vez en América Latina el Gobierno de los Estados Unidos de América. Decíamos que eran limosnas humillantes, paliativos de una miseria que tenía raíces más profundas. Algo hay de cierto en nuestros juicios de esos años, pero nunca tomamos en serio la iniciativa del Gobierno en relación a crear una institución que estudiara, planteara, propusiera soluciones viables a los problemas de la infancia en México.

Después en medio de los vaivenes sexenales el INPI desapareció creándose después otras instituciones, pero tanto éstas como la actual han abandonado la defensa de la infancia como objetivo central institucional. Está claro que por el significado mismo que enuncia su nombre, el problema de la infancia se ha remitido al ámbito de lo familiar, se ha constreñido la amplitud de su significado al problema de la integración familiar.

Si se revisa el VI Informe de Gobierno, sólo encontraremos ocho ó 10 líneas que también remiten el problema de la infancia al combate de la pobreza, a la sanidad pública o a la educación, pero de manera tangencial. Su contenido es significativo sin duda, la reducción por ejemplo de la mortalidad, como se señala en el informe, la mortalidad infantil en México se redujo según este mismo documento, en un 25%; sin embargo, como podemos observar en la catarata de cifras que se ha desplegado en esta sala, ese porcentaje no nos dice mucho.

Hay en México, como para ampliar un poco el conocimiento de este problema, cerca de 40 millones de menores entre cero y 17 años de edad, eso significa casi la mitad de la población total del país. Si atendemos a las cifras arrojadas por el Censo General de Población de 1990 del INEGI, para marzo de 1990 la cifra era de 37 millones 140 mil, 432 menores y se estima de manera optimista que esta población ha crecido un 2% anualmente desde entonces.

La mitad de la infancia nacional vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, unos 18 millones de menores, de acuerdo con datos de la Facultad de Economía de la UNAM, de la Comisión Económica para América Latina, y del Programa Nacional de Solidaridad.

Si bien la OCDE acaba de considerar a México como la novena economía más fuerte, al mismo tiempo ocupamos el penoso catorceavo lugar entre los 32 países con más alta mortalidad infantil absoluta entre menores de cinco años, con un total de 183 mil muertos anuales en esa población; 183 mil niños muertos cada año, según documento de trabajo interno del UNICEF Internacional.

La desnutrición afecta al 40% de los niños mexicanos y en zonas como Yucatán, Chiapas y Oaxaca, la desnutrición afecta hasta el 75% de los menores. Como ustedes pueden ver, las cifras no dicen nada. Según... la pobreza económica y cultural se suman y potencian afectando al sector de población que debiera ser el más privilegiado, ya que entre los cero y cinco años de edad, el cerebro crece en un 90%, de tal manera que el aborto de cerebros al que se refería mi antecesor en el uso de la palabra, no se está dando solamente entre la juventud, como él lo planteaba, sino que hay un proceso de este mismo carácter en la infancia, de tal modo que esto resulta verdaderamente grave para la sociedad en su conjunto.

Hay una serie de propuestas que en el Partido del Trabajo se han comenzado a discutir en relación a este asunto. En primer lugar, la posibilidad de que se nombre un ombudsman de la infancia que demandan la técnica jurídica administrativa y humanitaria, defienda los derechos humanos y económicos de todos y cada uno de los niños mexicanos; un programa emergente de nutrición para la población menor de 12 años.

Por la relevancia del desarrollo mental durante los primeros seis años de la vida, debe darse carácter obligatorio a la educación preescolar y la urgencia de reformular la escuela primaria en cuanto a su auténtica gratuidad y obligatoriedad, ampliando sus horarios y mejorando su calidad, a fin de convertirla en un verdadero centro comunitario para la infancia que responda a la nueva composición de la familia popular y que sirva de muro de contención al fenómeno de los niños callejeros.

Otro punto es el de abolir definitivamente el trabajo infantil y reformular los consejos tutelares en donde miles de niños son tratados de manera brutal.

La fracción parlamentaria del PT propone a las demás fracciones de los partidos representados en este parlamento, iniciar una serie de contactos que podrían conducirnos a proponer la creación de una comisión para la infancia en el seno de esta representación nacional, después de todo aquí se han estado haciendo gestiones para formar la comisión de la juventud, solamente que los jóvenes tienen, pueden hablar por sí mismos y los niños no pueden acceder a esta tribuna.

Por último, en la infancia se determina en lo esencial el destino de los individuos y también el de las naciones; el derecho de todo niño a vivir y a que su vida sea digna de ser vivida, son condiciones básicas para la vida democrática de cualquier país.

En la omisión y violación constante a los derechos de los niños, el proceso democrático de México sufre un trastorno de base. Es inminente generar nuevos modelos de respuesta a problemas tradicionales; indispensable que sindicatos y partidos políticos participen en la protección y defensa de los derechos humanos y económicos de los niños. En la lucha por los derechos humanos, es evidente que la infancia debe ocupar un lugar privilegiado, porque es el sector más desprotegido.

Un país, señores diputados, que abandona su infancia a su suerte, está condenado, sin esperanzas, a subdesarrollo social, a la mediocridad, a la tristeza y a perpetuar la injusticia. Gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, el señor diputado Francisco Patiño, que hará uso de la palabra.

El diputado Francisco Patiño Cardona:

Compañeras diputadas, compañeros diputados.

Me parece que el VI Informe de Salinas de Gortari sobre educación, ciencia y tecnología, como en otras asignaturas de la vida nacional, exhibió un tono triunfalista, de alcances que no corresponden a nuestra nación. Yo pregunto: ¿de qué país hablaba, de Suecia, de Alemania o de Francia?

Voy a abordar un aspecto no menos importante de la política y la economía del país. Me parece que la burocracia política de este país no ha comprendido y no ha querido entender que la ciencia y la tecnología es una parte fundamental en el desarrollo de la vida política y económica del país.

El informe de Salinas en materia de ciencia y tecnología, sugiere avances sin precedentes en la historia de México. Afirma que el presupuesto asignado a ciencia y tecnología se incrementó año con año hasta acumular, en 1994, un crecimiento superior al 95%, que se otorgaron 14 mil becas para posgrado y que el Sistema Nacional de Investigadores cuadruplicó el número de sus integrantes. Me parece que el señor Salinas no ha querido escuchar las voces de la comunidad científica mexicana. Esos argumentos de Salinas de Gortari nuevamente rayan en la demagogia y pasó a demostrar su falsedad.

A nivel nacional existen 6 mil 233 investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales el 52% está ubicado en la ciudad de México. Muy grave esta situación.

En otras palabras, existen en el país 0.8 investigadores por cada 10 mil habitantes, mientras que países similares al nuestro, como Argentina o como Brasil, tienen del orden de tres y, países industrializados como Estados Unidos o Japón, llegan a 56 y 49, respectivamente.

Es totalmente falso que el número de investigadores nacionales reconocidos por el SNI se haya cuadruplicado a partir de 1989; al contrario, en 1993 disminuyó y lo que es peor, esa cantidad representa menos de la cuarta parte de investigadores no reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores.

El Estado mexicano destina el 0.4% del producto interno bruto, y si alguien tiene una duda, puede revisarse en la revista Indicadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

De ese 0.4%, el 52% corresponde al Distrito Federal, el 42% se distribuye entre 11 estados privilegiados y el 6% que corresponde a 20 estados, se distribuye justamente en esos 20 estados. Esto representa una aplicación teórica del PIB, de aproximadamente el 0.001% y en algunos casos, por citar solamente un ejemplo, el Estado de Hidalgo alcanza valores del orden del .005% en términos porcentuales del producto interno bruto; es decir el 5 por 10 a la menos 3 del producto interno bruto para un Estado como Hidalgo, lo cual me parece una vergüenza nacional.

Esto se traduce en un abandono total de la ciencia y la tecnología en el 70% del territorio nacional, mientras que el gasto público en Estados Unidos y Canadá asciende al 6.9% del producto interno bruto.

Miente cuando dice que el gasto en ciencia y tecnología se ha multiplicado por dos. Para muestra basta un ejemplo: en 1987 se destinó el 0.35% del producto interno bruto, mientras que en 1994 apenas alcanzó el 0.4% del PIB, porcentaje muy alejado del 1.5% del PlB recomendado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

El panorama anteriormente descrito deja bien claro que hasta hoy los gobiernos de nuestro país, no han aceptado a la ciencia y a la tecnología como elementos importantes en el desarrollo o en la modernización de México. Todas sus promesas de comprensión y apoyo se transforman en pura demagogia.

La incongruencia de la política mexicana sobre ciencia y tecnología en años recientes, ha sido que mientras se vocifera la necesidad ingente de modernizarse, no da la prioridad estratégica al sector que posee el secreto de la modernidad, que es la comunidad científica del país. Lo anterior traduce una ceguera triple.

Histórica, porque ignora que la ciencia y la tecnología son las fuerzas que cambiaron al mundo medieval y moderno. Política, porque pasa por alto que en las urnas lo que a la larga cuenta no son los discursos o los fraudes, sino los hechos. Económica, porque no toma en cuenta que la modernización es imposible e impensable sin sus principales protagonistas: la ciencia y los científicos, que la conocen y la realizan.

Esto es una verdadera tragedia de la ciencia y la tecnología del país, donde no son consideradas una prioridad nacional, pese a la creación de organismos como Conacyt, Fomet y el Sistema Nacional de Investigadores, este último frena un poco la fuga de cerebros que a últimas fechas continúa siendo preocupante, pese a lo pomposo del programa de repatriación a que hizo referencia el señor Salinas de Gortari en su informe presidencial.

Indudablemente que el problema de la ciencia en México es de tipo ideológico, ya que si realmente se quiere un país independiente, la ciencia debe elevarse a nivel estratégico. Si previamente la burocracia política elige un país dependiente, la ciencia entonces se ve severamente frenada.

Desafortunadamente hay una fuerte tendencia en este sentido en nuestro país, aunque aún no se escribe la última palabra. Gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, por cinco minutos, por favor, el diputado Alejandro Audry.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Con su venia, señor Presidente; honorable Cámara de Diputados:

Quiero rectificar aquí unas cifras dadas sobre mortalidad infantil. Es un índice muy importante, porque es un índice con el cual se califica la calidad de salud de un pueblo.

Había apuntado. El esquema de vacunación cubrió el 93% de la población infantil menor de cinco años; se han erradicado importantes enfermedades contagiosas; la infancia mexicana está ahora mejor protegida; se redujo la mortalidad infantil de 38 por cada mil, como se mencionó aquí, a 18 por cada mil. Es decir, se redujo en 20.

Me voy a permitir leer directamente un informe del Sector Salud, del doctor Kumate, en el libro La Política Social en México 1989-1994, de Arturo Barman como compilador, del Fondo de Cultura Económica. Y dice así:

"En la última década, la mortalidad infantil descendió de 39.9 defunciones por cada mil nacidos vivos, registrados en 1980, a 24.1 en 1990. Las cifras más recientes correspondientes a 1992 señalan un descenso todavía más significativo al ubicarla en 18.8. Lo que equivale a una reducción del 53% respecto a 1980."

Quiero agregar que desde 1990 no se ha presentado caso alguno de poliomielitis y el caso más reciente de difteria ocurrió en 1991. El sarampión y la tos ferina se han reducido significativamente: 75% y 85%. Las defunciones por enfermedades diarreicas han descendido en 67%, de 1988 a 1994. Hemos alcanzado la meta mundial de inmunización propuesta para el año 2000. En verdad, en el sector salud se ha cumplido, nos hemos adelantado.

El gasto en salud creció en 81%, se construyeron 2 mil 500 nuevas unidades médicas y 120 hospitales. También se incorporaron cerca de 27 mil médicos y 34 mil enfermeras. Creció la cobertura de los servicios de salud para abarcar a 45.5 millones de derechohabientes. La atención proporcionada a casi 10 millones de habitantes de escasos recursos experimentó un crecimiento del 28% con relación a 1988.

El promedio de vida es hoy 68.7 años para el hombre y 74.6 para la mujer. De 1940 a la fecha ha aumentado en 13 años el promedio de vida en México. Claro, esto se debe en gran parte al avance científico y tecnológico, pero también a las instituciones de salud que ofrecen sus servicios.

Disminuyó la tasa de crecimiento poblacional al pasar del 3.2% en 1970, a 1.8% en 1994. Es un hecho que a mejor nivel de vida, menor es el índice de crecimiento demográfico. Esto está indicando que la calidad de vida está mejorando.

En materia de pensiones, que es mucho muy interesante y que sería un capítulo más, sólo quiero mencionar que la cuantía mínima que se otorgaba equivalía, en 1988, al 35% del salario mínimo del Distrito Federal, para 1994 alcanzó el 95%; y será del 100% el año próximo.

La verdad, el informe presidencial es una verdadera síntesis, muy resumida, valga la redundancia, de la labor desempeñada en el régimen salinista. Digna de mención es la inauguración del Museo del Niño (Papalote), donde diariamente 4 mil niños experimentan el aprendizaje.

A continuación expresaré palabras del doctor Jesús Kumate. La historia de México registra acciones en favor de los niños: casas-hogar, la escuela patriótica del capitán Zúñiga, las casas para niños expósitos, los desayunos escolares o las visitas a parques recreativos, han sido muestras de bondad humana más que apreciables, pero conseguir que todos los días más de 4 mil niños, con su alborozo y algarabía, expresen regocijo y asombro al interaccionar con la vida, es una de las aportaciones más importantes al desarrollo del bienestar de los niños mexicanos.

Por iniciativa del Presidente de México, licenciado Salinas, se realizó la histórica Cumbre Mundial en favor de la Infancia; los resultados en México están a la vista, los hechos, que ya mencioné y las reducciones en la mortalidad infantil y preescolar también, así como las 2 mil defunciones evitadas anualmente al atender las infecciones agudas de vías respiratorias.

El Programa "Agua Limpia", de 1991 y el Programa Nacional para el Control de Enfermedades Diarreicas, han sido importantes en la disminución de la legalidad por diarreas en lactantes y preescolares: 4 mil defunciones menos por año.

Las becas para niños en solidaridad, conocen por la televisión, más de 1 millón en 1993, han sido aportaciones valiosas para asegurarles un porvenir digno y cumplir con deber indeclinable de abrir puertas a su crecimiento y desarrollo.

En verdad, compañeros diputados, se puede decir con razón que la mejor calificación de la política social del presidente Salinas, la dio el pueblo de México el 21 de agosto por el extraordinario triunfo a nuestro partido. Muchas gracias.

El Presidente:

Continuamos con la lista de oradores. Yo quisiera solamente hacer una reflexión con mis compañeros diputados; todavía nos faltan ocho oradores de la lista original, que son: diputados, Salvador Martínez Della Rocca, Abel García, Salvador Mikel Rivera, José Narro Céspedes, Carlota Botey y Estape, Guadalupe Flores Valdez, Salvador Fernández Gavaldón y Marco Antonio Michel Díaz.

Aun descontando al diputado Salvador Martínez Della Rocca, que se nos informa que ya habló, si nos limitáramos a los 15 minutos del acuerdo original de los grupos parlamentarios, todavía nos quedarían alrededor de 2.00 horas para terminar con la lista.

La sugerencia a nuestros compañeros oradores, es que ojalá sea posible que se limiten a los 15 minutos.

Tenemos pues en su orden al diputado Abel García.

El diputado Abel García Ramírez:

Señor Presidente; señoras y señores legisladores:

El titular del Ejecutivo, de acuerdo al mandato constitucional, se presentó por última vez a este recinto para informar sobre el estado que guarda la administración pública del país, lo hizo para de alguna manera realizar un balance de toda su gestión. Por ello, la glosa que en este momento estamos haciendo representa una evaluación del mismo periodo.

Dice el licenciado Salinas que al inicio de su Gobierno propuso a la nación una reforma en tres vertientes, las cuales fueron planteadas a través de tres acuerdos: para el crecimiento, para la justicia y para la democracia.

Más adelante señala que la vertiente económica avanza y se consolida, ayer mismo, lo mismo que no es así. Pero, y cito textualmente: el compromiso con la justicia no podía esperar ni tampoco aplazarse el imperativo moral y político de responder a las demanda sociales.

Es más, posteriormente en el texto del informe se indica, cito: "el núcleo ético de mi Gobierno fue la política social".

El grupo parlamentario de Acción Nacional, ante lo expuesto afirma que en lo relativo a la política social, el Gobierno actual no avanzó ni se consolidó, aún más, este punto está aplazado y esperando su cabal cumplimiento. ¿Cómo podrá avanzar si el núcleo central de su política social, el llamado Programa Nacional de Solidaridad, se desvirtuó y terminó siendo un programa electoral más del sexenio? Por otro lado, el licenciado Salinas de Gortari señala en este informe, que la educación fue atendida como la prioridad nacional que es. Es cierto, Acción Nacional reconoce los grandes cambios jurídicos que se dieron, más aun, señalamos y queremos dejar constancia en que en términos sustanciales nuestro partido es el único que en absoluta coherencia histórica, sostuvo la importancia y la trascendencia de los cambios señalados, los cuales hoy se reconocen en el informe, fueron prohibiciones injustas. No obstante esos cambios son en última instancia para el bien de todos los mexicanos.

Al inicio del sexenio, en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, el Gobierno se planteó como meta la modernización de la educación, enumero algunos objetivos que ahí se señalan:

1. Garantizar el acceso de la población a la educación, asegurando su permanencia.

2. Superar la escolaridad promedio de la población.

3. Proporcionar atención prioritaria a las poblaciones rural, indígena y marginada.

4. Mejorar la calidad de la educación y sus servicios.

5. Descentralizar la educación.

6. Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer histórico.

Esto dice el Plan Nacional de Desarrollo.

Pero, por ejemplo, respecto del primer punto, el anexo del informe reseña que la atención a la demanda en el nivel básico es de tan sólo el 60%, es decir, .6% menor a la tenida en 1988. Todavía más es de considerar el 5.3% de deserción, la matrícula escolar en primaria ha bajado permanentemente desde el ciclo escolar 1993-1994, que fue de 15 millones 376 mil 200 alumnos, hasta llegar a la cifra en la actualidad de 14 millones 397 mil alumnos en el actual ciclo escolar, sumado al 17.3% de reprobación en el nivel básico. A esto debemos de agregar el limitado 6.4% de eficiencia terminal en este nivel.

Podemos, por lo tanto, señalar, como lo hicimos al principio, que en el aspecto educativo en este sexenio se postergó. Es más, va en franco retroceso.

Respecto al objetivo de superar la escolaridad promedio de la población, el mismo anexo del informe reseña el pobre, pobrísimo incremento del nivel de escolaridad en el país, que en 1988 era de 6.25% y ahora es de 6.94%, es decir, solamente 0.7% de desarrollo. Esto sin considerar lo expuesto por el doctor Carpizo en un análisis nacional que realizó la Universidad Nacional, de que México es un país de reprobados. Esto es, señores, estancamiento.

En el aspecto de proporcionar prioridad a la población indígena, es de tal modo importante para el Gobierno, que en el texto del documento no se dan datos de esta prioritaria meta, pues solamente en el anexo del informe se señalan: "otros servicios de educación extraescolar para la población indígena". Asimismo, en el rubro de total de población atendida en este aspecto, en 1988 los datos indican que fue de 246 mil 100 personas atendidas; además, indica que en su estimación de 1994 será de 100 mil 126. ¿Será acaso que la población indígena cada día necesita menos apoyo en este aspecto? ¿O a caso estamos presenciando el aniquilamiento de la población indígena? Estos son sólo tres muestras del mínimo avance y desarrollo de este aspecto prioritario del sistema.

Y todavía nos viene a decir un diputado en la mañana, que México está a niveles cercanos de los países desarrollados. No en balde habrán pasado tres diferentes secretarios de Estado en esa dependencia, cada uno de ellos llegó con diferente visión y diverso personal que modifican todo y casi todo lo desarrollado por su antecesor. Entonces yo pregunto, dado que como se nos mencionó por la mañana, nunca antes en la historia del país se ha destinado tanto en el gasto social, ¿dónde se ha aplicado el 2.5% de aumento de la inversión en gasto educativo respecto al PIB en este sexenio del que tanto se enorgullece el Ejecutivo en el mismo texto del informe, ¿acaso ha sido mal aplicado? ¿Fue quizás una administración ineficiente?

El grupo parlamentario de Acción Nacional cuenta con documentación que acusa el desvío de fondos educativos para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional. ¿Es por casualidad éste el destino de los recursos del erario público que están asignados a este prioritario sector?

El Partido Acción Nacional en su plataforma política 1994-2000, reitera su convicción de que la educación del pueblo de México es tarea de todos, es deber del Estado, pero nunca puede ser monopolio suyo. Se requiere democratizar la educación, esto es, procurar a todos los miembros de la colectividad iguales oportunidades de educación; ello, también le compete a la autoridad.

Compañeros legisladores: Acción Nacional afirma que la educación en este sexenio es una asignatura pendiente, toda vez que el balance es de un franco estancamiento. El pueblo mexicano exige y sigue esperando una serie de acciones decididas, eficaces, permanentes y agresivas para saldar esta cuenta que se tiene con el país y en particular con los indígenas y con los más marginados. Muchas gracias.

El Presidente:

En su turno, el diputado Salvador Mikel Rivera.

El diputado Salvador Mikel Rivera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Aquí, hoy al inicio de la sesión, algún diputado señalaba y se comprometía a elevar el debate. Pero veo que algunos de sus compañeros, de su propio partido, no están de acuerdo.

En el Constituyente de 1917, al discutir el artículo 3o., Mújica dijo que era el momento más solemne de esa Asamble; y hoy, aquí, en este Congreso, nos vienen a hacer una evaluación del Sistema Nacional de Educación, tomada de recortes periodísticos, que son, bueno, fuentes muy valiosas de información, pero no son para hacer una evaluación de un sistema nacional. Eso es poco serio y no tiene nada de académico.

Y ahora paso a darle algunos datos de lo que se ha hecho en estos seis años en materia de educación y que naturalmente no han sido tomados de periódicos, sino de publicaciones especializadas de la Unesco y de la propia institución responsable de la educación en el país.

Y quiero decirles que hay un programa de modernización que está vigente desde el inicio de este Gobierno y que fue hecho no en un gabinete; ahí participaron, sí, especialistas, académicos, científicos, representantes de ANUIES, representantes de las instituciones de educación superior, que son, indudablemente, quienes tienen que participar en la elaboración de un programa de esta magnitud y de esta importancia.

Y quiero decirle que hay en todo el país, 401 universidades e instituciones tecnológicas de educación superior; 334 escuelas normales. Quiero decirle también que hay un programa llamado contes, que es un órgano de formación de políticas en el que participan rectores, servidores públicos y especialistas; y que existe también una comisión nacional para evaluar la educación superior, pero también ahí, insisto, hay especialistas, hay gente que se ha dedicado al tema. Hay también un fondo para la modernización de la educación superior, que sirve para promover proyectos de innovación, transformación y sobre todo, de investigación y desarrollo académicos. Hay un sistema también nacional de investigadores y este sistema opera con bases que aprobó obviamente la propia comunidad científica y también quiero decirle que dentro de este Sistema Nacional de Investigación, hay también un programa de becas al desempeño académico; hay un programa de estímulos a la productividad académica, el cual prácticamente triplica el ingreso de cualquier maestro, pero claro, se requiere cumplir con ciertos requisitos y claro, el que no los cumple, no puede acceder a estos beneficios que exigen requisitos para una labor tan delicada, tan importante como es la investigación y la educación. Pero el hecho de que alguien no participe en este sistema, en este programa de becas, no es un asunto de responsabilidad del Estado ni del sistema, sino simple y sencillamente de que seguramente no se cumple con los requisitos académicos.

Y sólo quisiera decirle que éstos son los logros, que éstos son los avances del sistema de educación del país y los otros ya usted los señaló, usted mismo los manejó, los datos de la participación del PlB que se dedica a la educación. Lo que no dijo es que hay atención para más de 25 millones de mexicanos en todos los niveles de educación.

Y le corrijo. La obligatoriedad de la educación está desde la Constitución de 1917 y lo que se hace con la reforma es ampliarla a lo que conocemos como educación secundaria.

Y claro, tenemos que reconocer que hubo un retroceso en el sistema de educación y este retroceso sucedió cuando el señor, que hoy es Presidente de su partido era secretario de Educación Pública y lo tuvimos que correr por ineficiente y porque no servia para dirigir y coordinar un sistema nacional de educación.

Finalmente, quisiera nada más agregar que una política educativa como parte de una política social no se inventa de la nada ni puede ser producto de voluntarismo. Tampoco puede construirse apelando a la violencia o jugando con los ánimos sociales para exacerbarlos. La violencia es reaccionaria y no tiene nada qué ver con la academia ni con la investigación.

Efectivamente no estamos aquí para hacer apologías, pero tampoco para demostrar todo porque no nos parece o porque lo leímos en un periódico. Creo que esto rebaja el debate en este Congreso, que esto no aclara a nadie y sobre todo no nos hace ser congruentes con la representación que nos confirieron a nosotros nuestros electores el 21 de agosto.

Aquí se dijo en la mañana y lo reiteramos y fue una propuesta de nuestro partido desde el primer día de sesiones, que lo que debía de imperar seria el diálogo, la tolerancia, el debate para fijar posiciones. El debate para decir lo que está mal, porque para eso estamos; pero también para reconocer avances Pero lo más importante y que aquí yo no lo he visto: no he escuchado propuestas, no he escuchado qué es lo que quieren hacer, qué es lo que proponen.

Tal vez por eso es que no votaron por ustedes más del 80% de los mexicanos.

Y repito, los mexicanos votaron por un proyecto por un proyecto que es el proyecto que les ofreció el PRI. Que es un proyecto que mereció la confianza de casi el 50% de los mexicanos, de la mayoría de los mexicanos.

Y por último, quisiera aquí nada más diciendo que una compañera diputada dijo hace algún rato "salinismo nunca más". Yo le diría que más del 80% de los ciudadanos dijeron: "PRD nunca más". Gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:

Estoy verdaderamente sorprendido con lo que el compañero viene a decir aquí.

Lo que yo dije, compañeras diputadas, compañeros diputados, es que en el informe presidencial se dice que del 3.5% del PlB en 1988 pasamos al 6.1%, pero que se inventó un concepto que se llama Gasto Nacional en Educación. Lo cual implicaría, si esto fuese verdad, que el presupuesto para educación primaria se duplicó, que el presupuesto para educación secundaria se duplicó que el presupuesto para educación superior se duplicó, que el presupuesto para posgrado se duplicó y que el presupuesto para ciencia y tecnología se duplicó.

Y entones yo señalé, que contrariamente a eso, deflactado para tener terminos reales,pesos constantes de 1978, contador y deflactador que lo tomé del informe presidencial, resulta que el gasto federal en educacion primaria decreció de 1988 a 1994, decreció en 31 mil 838%. El gasto federal ejercido en la educacion secundaria decreció de 1988 a 1994 en menos 39 mil 675%.

En educacion media universitaria en los mismos años de 1988 a1994 decreció en menos 60.42% El gasto federal ejercido en educación superior decreció de 1988 a1994 en menos 63.4% y el gasto ejercido en posgrado decreció de menos 66.52%.

Compañeros diputados: los datos estan tomados, señor diputado del PRI, de este libro que se llama VI Informe de Gobierno. Perdone ¡yo no lo considero un panfleto, pero si usted lo considera un panfleto asuman las consecuencias de sus juicios!.

¡Al menos tenga la dignidad de leer el informe, venga a leer lo que se vino a informar aqui! ¡Mire usted, podemos hablar al Instito de Educación para adultos, para que le enseñén un proceso muy elemental, que se llama "deflactar"!

¡Mire, diputado, las páginas son: de la 374, los puede encontrar estos datos hasta la página 393-95 todavía, hasta la 397, ahi podrá usted encontrar, primero cuando dice: "Gasto Federal ejercicio en posgrado".

Luego, va usted a ver un cuadro aqui que dice "millones de pesos" y cuando dice millones de pesos usted va aencontrar una cifra, que se la voy a dar señor diputado, para que no batalle mucho para leer se la voy a dar, dice "349.4". Entonces, usted en las primeras paginas del informe agarra usted un deflactor que viene aqui, que dice: "Indice Nacional de precios al consumidor "; lo agarra por sector y en donde dice: "sector educación y servicios", ahi va a ver 1988 y un numerito, entonces con una calculadorcita como ésta mire, una calculadora como ésta, divide, porque si tiene problemas para dividir aqui nada mas pinta los numeros y luego le pone a donde esta la rayita con dos puntos, uno arriba y otro abajo, lo pone y le va a salir el término real, lo que se llama pesos constantes!

¡Ya que saca usted todo el sexenio en pesos constantes, entonces aplica una regla de tres simples y dice: 1988 igual a 100, pone la cifra; 1994 igual a X, hace una regla de tres simple y el resultado le resta 1 y va a encontrar que todas las cosas que vino a decir Salinas de Gortari aquí están equivocadas!

¡Y mire, señor diputado, no es competencia, estoy profundamente preocupado, por que en esta país la educación ha sido, como dice Olac Fuentes, su subsecretario, que todavía no lo han corrido, dice: "la educación es una zona devastada"; estoy preocupado por eso, por eso vengo aqui a decir y llamar la atención porque soy universitario! ¡No han decresido los presupuestos, nos han contraido los salarios, el personal de posgrado la mitad se fue, la gente no se quiere inscribir; en ciencias medicas teniamos 205 mil alumnos en 1983 y hoy tenemos 42 mil, se ha ido mucha gente; en ciencias exactas tenemos una matricula equivalente a la que teniamos en 1971; no podemos transitar a una modernidad así!

¡No saqué los datos de un panfleto, saqué los datos que se le vino a informar a usted aquí el dia 1o.!, y por último, el licenciado Levín Coppel, efectivamente, amigo mío hace muchos años, desde 1968, vino hacernos una oferta. Como dice el viejo Antonio Granchi, señor diputado del PRI, uno de los filósofos en la hostoria del pensamiento politico italiano mas importante del pensamiento filosófico, dice el viejo Granchi: "desconfio de los politicos que se niegan a negociar, porque la politica es por definicion negociacion".

¡Desde luego que nosotros venimos aquí a hacer politica. Lo que necesitamos es que se establezca cuáles son los temas de la negociación, las formas de la negociación y los metodos de la negociación y tendremos que empezar a negociar resolviendo estos problemas tan graves que vive la nación!

Y, por ultimo, una cosa señores diputados, ¡no hay peor inversión, no hay peor inversión que la inversión que no se hace en ducacion! Muchisimas gracias y hay que leer.

El Presidente:

Para rectificar hechos,el señor diputado Francisco Patiño y después usted; por cinco minutos, por favor.

El diputado Francisco Patiño Cardona:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Definitivamente jamás he negado los aspectos muy positivos que el Conacyt ha tenido en materia de ciencia en nuestro país y me dirigo ahora al diputado de la bancada priista. Yo no puedo soportar la meentira, el engaño y la falsedad con la que Salinas de Gortari vino a esta Camara de Diputados, a querer engañar a la nación sobre lo que estaba haciendo en materia de ciencia y tecnologia, me niego rotundamente a aceptar esos argumentos.

Cómo se atreve a decir este señor que la aplicación de los recursos ecomomicos en materia de ciencia y tecnologia se han multiplicado por dos, ¿donde, cuando?, aquí están los datos señores, el informe de Salinas de Gortari están fundamentado en este documento del consejo nacional de ciencia y tecnologia y si alguien tiene un argumento contrario, que pase aquí al frente.

Desde 1986 en este país se aplicó el 0.35% del producto inteno bruto a la ciencia y la tecnologia; sin embargo, en1994 solamente se aplica el 0.4% del PIB, ¿entonces en dónde está esa multiplicacion por dos, en dónde está el incremento del 100%? Por lo tanto el informe de Salinas de Gortari, es totalmente falso.

Y para que no le quede ninguna duda la diputado priista de que no tenemos propuesta sobre ciencia y tecnologia, yo le voy a decir que la estructura del conacyt debe transformarse profundamente para afrontar los grades retos frente al nuevo orden internaional de acortar la distancia respecto a los países desarrollados. Este es el sentimiento de la comunidad científica nacional, es ahí justamente en donde los países del primer mundo han invertido, porque saben que es la única manera de ganar independencia y soberania.

¿Cuales la propuesta de nuestro partido? Primero, elevar la ciencia a nivel de Secretaría de Estado, que tenga asu cargo la politica cientifica y tecnologia del país y considerarla como una prioridad nacional. Segundo, la administracion y direccion de la ciencia y la tecnologia debe de estar a cargo de los cientificos mexicanos más prestigiados y no como Yakaman que en alguna ocacion se enfreto a golpes con amigos y compañeros estudiantes de la Universidad Nacional Autonoma de México. Tercero, elevar la inversión pública al 1.5% del PIB, tal como lo recomienda la OCDE, para calalizar el desarrollo científico en los próximos seis años que permita incrementar sensiblemente el número, calidad y nivel de vida de los investigadores. Cuarto, se tiene que hacer, es urgencia una revision y transformación profunda de los posgrados del país con la indiscutible, participación de los investigadores del sector productivo, posgrados que deberán responder a los retos de desarrollo y modernidad del país en los proximos años. Gracias.

El Presidente:

Por cinco minutos, el señor diputado Torres Delgado

El diputado Agustín Torres Delgado:

Señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Hoy, en el transcurso de toda esta sesión, hemos escuchado repetidamente la inversión que hace el Estado en favor de la educación y aquí, algún diputado que me antecedió en la palabra, manifestaba con gran entusiasmo sobre la inversión educativa en México y hablaba en su participacion con respecto a la modernizacion educativa.

Se establecía en esta tribuna que esa modernización educativa no se hizo en el escrito ni mucho menos sobre las rodillas; pero hasta donde han ido esos alcances de la modernización educativa. Lo que hemos tenido experiencia dentro de la educación, lo que hemos dedicado algún tiempo para mejorar el niveleducativo en México, sabemos bien, que en esa modernizacion educativa solamente quedó en ese escritorio y en algunos funcionarios de la educación.

A los maestros, a los directivos, no se les dio la orientación correspondiente sobre el alcance de esa modernizacion educativa; tuvieron que estar propiciando entre los mismos educadores, estarse preparando ellos en forma personal y de exponer a nivel de direcion de los educadores, la reforma educativa que ni siquiera se había establecido y explicado a los centros educativos y mucho menos a la autoridades correspondientes.

Les dejaron el compromiso a los coordinadores de supervisión, a los supervisores que establecieron de la mejor manera que ellos la entendieran y las transmitieran a los directivos y por lo consiguiente alos propios educadores.

No es justo que se diga aquí que se ha invertido gran parte del dinero de los mexicanos en favor de la educación, cuando esto no llega a una educación eficiente que necesitamos todos los mexicanos para elevar el nivel educativo de nuestro país, México.

No podemos tolerar más estar hablando en esta tribuna del crecimiento en la educación desde el punto de vista cuantitativo, tenemos que establecer también de que la inversión debe ir auna educacion eficiente y en forma cualitativa, porque precisamente la inverión que se ha hecho no ha ido a cumplir eficientemente la estructura en cuanto a institución públcas que permitan verdaderamente al estudiante superarse para la vida profesional y en Accion Nacional nos preocupamos precisamente tanto de lo cuantitativo, pero principalmente en lo cualitativo.

Queremos más escuelas y más inversión, porque ése es el factor importamte del progreso de un país.

Y para ilustrar a esta legislatura, en Accion Nacional, para injuiciar el rumbo de la educación, es necesario organizar, sistetamizar nuestro idedario educativo. Permitaseme adoptar una fecunda definicion y explicacion de la educación.

La educación en su esencia, es un proceso cultural permanente que consiste en el desarrollo integral de la personalidad humana. Es proceso, porque la educacion tiene condición dinámica; la educación es permanente porque dura tanto como la vida del hombre, es un esfuerzo genuinamente existencial, es un estado de tensión entre lo que puede realizarse sistemáticamente, formal o informar, con método o sin él, pero simpre está en el hombre como parte de su propia vida; es un proceso cultural porque siempre se ayuda ala naturaleza en su desarrollo, se realiza una acción cultural y se obtiene además una manifestación objetiva de la cultura misma.

Manifestando que es un proceso cultural, porque consideramos que educar es ejercer una accion sobre la naturaleza humana para auxiliarla en su desarrollo y perfeccionamiento; no basta solamente en crecer por crecer en la educación como aquí se ha manifestado, desarrollarse es mucho más que crecer, el crecer es casi siempre cuantitativo, el desarrollo es invariable algo cualitativo.

Crecer es agregar, sumar, acomular, pero cuando se trata del desarrollo, es preciso pensar en un cambio evolutivo, que tenga un sentido de progreso y hablar de progreso, es hacer referencia al perfeccionamiento del ser, como actualización de todo lo que potencialmente existe en él.

Por eso, consideramos que la educación no es simplemente un crecer cuantitativo, sino un desarrollo cualitativo del ser humano en la inversión educativa debe inclinarse. La educación lleva consigo necesariamente un cambio en la persona del educando, pero un cambio por el cual las potencias y facultades se actualizan, progresan, se fortalecen y cobran una realidad superior siguiendo la linea asedentes para llegar a su plenitud y es por eso que fue necesario hacer mención en cuanto a la cualidad de la educación.

Seguiremos insistiendo que la educación es y debe ser impartida por los distintos gobiernos o fracciones en inmensa mayoría, es y debe reprobar que la educación dada por el estado, es ideologizada, ideologizante, porque no a partido de un concepto fincado en ser del hombre mexicano y en ser de la humanidad, sino en un sistema abstracto de ideas, sin correspondencia de la realidad.

Por eso nosotros pugnamos, por que la edución sea cualitativa y se invierta más, no solamente en crecer en infracestructura, sino también en crecer en cualidades educativas. Gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, señor diputado.

El diputado Salvador Mikel Rivera:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Solamente para puntualizar algunas cifras y discúlpeme, señor diputado, si lo ofendí, pero sí quiera hacer nada más alguna aclaraciones.

Los datos que manejé sondatos en términos reales. Dice: el gasto nacional de educación respecto al PIB es en términos reales, pasó del 3.5% en 1988, al 6.1% en 1994. El presupuesto destinado a la edución pública del nivel superior, rebasa el 53% en términos reales al de 1988.

Y tres indicadores que aparecen en el anexo, uno es el grado promedio de escolaridad, pasó de 6.5% en 1988, a 7.3% en 1994. La eficiencia terminal se incrementó de 55% al 61.9%, y la población analfabeta se redujo a 6.1 millones de ciudadanos.

Y finalmente, los datos no están en la página que usted señaló, diputado, sino adelante, pero con mucho gusto en comisiones podemos revisar los datos, estoy en la mejor disposición, con tal de que prevalezca aquí el ánimo de la tolerancia, del debate y la altura. Muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, el diputado Salvador Martínez Della Rocca.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:

Miren compañeros, cuando yo señalé las páginas, señalé todo el rubro, o sea, lo que es el rubro de educación y lo que es el rubro de ciencia y tecnología.

Evidentemente lo que yo estoy tratando de demostrar, son con datos del Informe Presidencial, las cosas que están graves, las cosas que tenemos que resolver en esta cámara.

Es extraordinariamente grave que en educación superior hayamos tenido un deterioro de menos 63.4% con respecto a 1988. Es muy grave, porque es un crimen a la cultura.

Este problema, señor diputado, tiene un sexenio atrás, aparte del sexenio de Salinas, que Olac Fuentes, el actual subsecretario, lo definió como zona devastada y el problema es tan extraordinariamente grave, que si queremos transitar a que este país mejore, la peor inversión que podemos hacer, decía yo, es no invertir en educación.

Yo no sé si a ustedes no les parezca grave digno de que esta cámara tome en sus manos el problema, cuando les estoy dando datos que vienen en el informe presidencial.

Evidentemente nos entregaron el informe un día o dos días después de que se dio el informe, no hubo oportunidad de estudiarlo a fondo; yo lo estoy empezando a estudiar a fondo, es un tema que trabajo, pero es muy grave, pero muy grave que de 1988 a 1994, la matrícula de primaria se haya mantenido en 25 millones en promedio o 25 millones 200, cuando el mismo Salinas de Gortari dice que hubo un incremento de 10 millones de habitantes. Es sumamente grave eso y es extraordinariamente grave señor diputado, que en 1983 teníamos 67 mil 400 alumnos inscritos en ciencias exactas y naturales y hoy tenemos 22 mil 500 en ciencias exactas y naturales.

Los ciudadanos se nos están yendo, los jóvenes no quieren estudiar, esto es una política de aborto de cerebros. Si nosotros queremos que el sistema de educación superior público produzca lo mejor de este país, como dijo Ruiz Pérez Tamayo, un investigador de primera de la Universidad Nacional Autónoma de México, si queremos que se produzca la crema y nata de la intelectualidad, para que haya más crema señor diputado, necesitamos más leche y lo que queremos es dar las condiciones para que la leche hierva y haya crema y que haya más leche quiere decir que estudien muchísimos estudiantes; estudiar es un derecho de la humanidad.

¿Qué es lo que pasó y qué es lo que está a fondo señor diputado? Con todo respeto, cuando nombraron secretario al doctor Ernesto Zedillo, a escasos dos meses de que lo nombraron, hubo una reunión de ANUIES en Colima y declaró que las universidades públicas no tenían futuro y que había otras alternativas.

Esa declaración se hizo porque durante los seis años anteriores en el Gobierno de Miguel de la Madrid, se destinó mucho dinero para otras opciones educativas, recortando los presupuestos del sistema público de universidades. Doce años después se dan cuenta que es un fracaso, que estuvo muy mal no haber apoyado a las universidades públicas y José Angel Pescador, secretario de Educación declara en el periódico El Financiero, por el mes de mayo, que el 95% de los profesionistas de este país egresan de las universidades públicas y Miguel Yacamán, en una entrevista que le hace Elena Gallegos, en La Jornada, declara que sólo a través de las universidades públicas podemos sacar adelante el rezago científico y tecnológico de este país, y yo les estoy dando los datos de que a las universidades públicas les han recortado mucho los presupuestos, desde educación superior hasta posgrado.

Lo que pido es, a ver si nos podemos poner de acuerdo con base en algunas ofertas de política muy civilizada que debemos de retomar, de empezar a discutir estos grandes problemas. Propondría que esta cámara, dada la importancia que tiene la educación, que esta cámara fije una semana, dos o tres días para discutir a fondo el problema y proponer alternativas y proponer alternativas compañeros.

El Presidente:

Para rectificar hechos, señor diputado.

El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

En esta discusión para mi también, y coincido con mi compañero del PRD, más grave problema nacional, porque como él decía y decía bien, la inversión en los recursos humanos de un país es lo que le da libertad y lo que emancipa realmente a un pueblo de sus opresores.

Durante muchos años el país ha tenido sistemas educativos reconocidos como un fracaso nacional y a las pruebas me remito señores diputados del PRI, especialmente la persona que antecedió en el uso de la voz al señor del PRD, al Presidente del PRD, perdón, al diputado del PRD, con el que disiento un poco en lo siguiente. El habla de 25 millones 215 mil 500 educandos, nada más que está tomando el total de toda la educación básica. El total de la primaria es todavía menor, es de 14 millones, 580 mil 300 y ha disminuido permanentemente desde 1982 a la fecha, sin contar con el fracaso educativo que durante 30 años el sistema, por meter el sistema de globalización, tuvo que retroceder para volver otra vuelta a los primeros orígenes de aquel sistema por materia, porque resultó con que éramos un país de reprobados, como ya se dijo en esta tribuna.

Este descenso en la educación básica en forma permanente, a pesar de haber aumentado la población, es un problema que el régimen tiene que abordar en forma armónica y general. ¿Por qué nuestros niños hoy no están en las escuelas y se tienen que ganar la vida en la calle o en el surco?, no hay dinero para mantenerlos, y está bajando la matrícula nacional de educación básica.

La LV Legislatura modificó e hizo obligatoria la secundaria. Estamos totalmente de acuerdo y ojalá el país estuviera en condiciones de hacer obligatoria toda la instrucción, inclusive la profesional, pero simplemente las cifras, las cifras de un país sumido en la miseria, las cifras de un país que en educación no ha atendido adecuadamente a su pueblo, nos demuestran con plenitud que es el problema prioritario de la nación. Un país sumido en la pobreza no puede estudiar.

Quiero con esto también dejar clara la posición del Partido Acción Nacional, que ya se ha venido repitiendo. El problema educativo en México es de toda la nación. Las autoridades educativas, llámense Secretaría de Educación Pública, sus correspondientes en los estados, o el mismo sindicato de maestros, tienen que oír al pueblo de México. Es tan poca la educación y mala la educación, necesitamos levantarla, es un reconocimiento general y si no hay las bases en la primaria, si no tenemos a los niños estudiando porque tienen hambre y están trabajando fuera, menos podemos llegar a la profesional o a estudios superiores.

Señores, hago un llamado a nosotros los diputados de esta LVI Legislatura, para que nos aboquemos conscientemente al problema. Es el problema nacional prioritario. No podemos salir de la pobreza ni habrá participación ciudadana, ni podemos hablar de democracia, si no se ha democratizado en el término más amplio nuestra educación. Nuestros niños deben dejar las calles como tragafuegos para dedicarse a estudiar, y esto es una solución en la que todos estamos involucrados. Muchas gracias.

El Presidente:

A continuación el diputado José Narro Céspedes.

El diputado José Narro Céspedes:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:

La política social de este Gobierno en estos seis años que hemos tenido, nosotros vemos que surgió, como Partido del Trabajo, inicialmente como parte de programas como el Pider, como Coplamar, que fueron los inicios de una política de solidaridad, que fueron los embriones de una política de solidaridad, pero también fueron los cambios que la sociedad empezó a exigir, cambios necesarios de una nueva relación, ya no corporativista ni clientelar con el conjunto del pueblo. A pesar de esto, éstos programas no han dejado su esencia neocorporativa y neoclientelar. Este tipo de vicios no han sido erradicados de este tipo de prácticas.

La política social que está aplicando el Gobierno no ha logrado resolver la miseria ni la pobreza que la política económica ha originado.

La política social para nosotros debe de generar las bases de desarrollo económico del sector social, del conjunto de la población, de los campesinos.

Nos enfrentamos a una política social que ha puesto mayor énfasis al bienestar, descuidando dos áreas que son importantes, como se decía, en el desarrollo nacional porque el bienestar permanente es fruto del empleo productivo, del pueblo y para lograrlo y elevar el nivel de productividad, es importante y vital la educación. No se puede optar por bienestar si no hay empleo y no hay educación.

En el campo nos damos cuenta nosotros y con la reforma del 27, después que los campesinos decidieron o apoyaron y les sustrajeron sus riquezas para el crecimiento de la industria y de las ciudades, ahora con la reforma del 27 a los campesinos les quieren quitar sus propias tierras. Es algo que no vamos a permitir ni a dejar.

Después que a los campesinos les extrajeron sus riquezas para el crecimiento de las ciudades, ahora con el artículo 27 constitucional, que era la base del desarrollo del sector social del campo y la base para la vida de 27 millones de mexicanos que todavía en el campo y en el medio rural actualmente han diseñado una política que únicamente permite que sobrevivan 10 millones de mexicanos y los demás sean arrojados al desempleo, a la miseria, a la pobreza ruin por parte de este Gobierno.

Los dueños del dinero ahora y los usureros en el campo y los caciques, ahora buscan apoderarse de esas tierras de los campesinos.

Los granos, apoyados por el Procampo o por solidaridad, son recursos totalmente insuficientes para lograr la reconversión productiva y el bienestar de los campesinos.

Es una reforma, esa reforma del 27, que pone en riesgo a la propia soberanía de la nación, porque pone en riesgo a la propia soberanía alimentaria, a la producción de los granos y a los campesinos que se dedican a producirla.

No hay crédito para los campesinos, el Procampo y solidaridad no son alternativas ni siquiera para sobrevivir, por eso no puede haber una política social que no ponga énfasis en la gran deuda social que tenemos todos los mexicanos con los campesinos.

Se habla de mayor inversión en el campo. Una reforma del 27 que pone a la venta las tierras ejidales y comunales en el momento de la peor crisis económica ocasionada por las políticas de este Gobierno, pone en venta las tierras y el patrimonio de millones de mexicanos, el sacrificio y el logro que han tenido a partir de las conquistas de la Revolución de 1917.

Nosotros, como Partido del Trabajo y como parte y miembro también de una organización campesina nacional, queremos plantear que las bases del desarrollo para los campesinos han sido rotas con esa reforma del 27, que es importante que volvamos a discutirlas y a sellar las heridas que han sido abiertas en este sexenio.

Este Gobierno para lograr parte de sus propósitos planteó la necesidad ineludible de medidas drásticas que superaran de inmediato el grave deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Esos sectores de la población resultaron afectados por la grave crisis económica de los años ochenta. Asimismo el Programa Nacional de Solidaridad de un programa sectorial, tuvo que surgir como un programa nacional, ante las enormes necesidades del país, los enormes rezagos sociales que había en nuestro país y ante el proceso de reconversión, la enorme pobreza que se estaba generando en México.

Para cumplir esos objetivos era preciso activar en el plano estructural de mediano plazo instrumentos que permitieron hacer crecer el empleo y de inmediato un programa que amortiguara el descontento social, eso es solidaridad. Un programa que amortiguara el descontento social.

El primer aspecto, parte medular de su eje eco nómico, fue totalmente insatisfactorio, la generación de empleo, proporcionalmente al crecimiento de la población.

El segundo propósito, básicamente asistencialista cubrió de manera menos que mediana los graves desniveles que provocaron los programas de ajuste de este Gobierno.

Los magros resultados de la política de empleo se sustentan en las propias cifras del informe, no hay en el documento que se presentó a esta soberanía el 1o. de noviembre un dato concreto del número de empleos generados en el sexenio. Se dice de manera extraoficial que para todo el periodo presidencial se crearon un poco más de 1 millón de empleos, cifra que dista mucho de los 6 millones de empleos que se requerían para absorber la mano de obra que está en condiciones de trabajar. Esto nos dice, que en este sexenio cerca de 5 millones de mexicanos, con edad de ingresar a trabajar, quedaron en el desempleo o en el subempleo. En relación a otros indicadores sobre el empleo, el informe nos presenta información en torno a la reducción de la tasa de desempleo abierto, el incremento salarial en diversos sectores, a las medidas de orden fiscal que inciden en una mejoría del salario, al incremento del número de afiliados que se registraron en las instituciones de seguridad social, pero poco nos dice sobre la calidad de los servicios asistenciales o a la capacidad real del poder adquisitivo del salario.

En consideración a este último aspecto, por ejemplo, existen investigaciones realizadas en centros de investigación y docencia de nivel superior, de reconocido prestigio, en donde se ha observado que cierto tipo de salario; los industriales y en algunas ramas, han mostrado una recuperación evidente, pero también se afirma que la recuperación del salario mínimo, el cual percibe alrededor de un tercio, de una tercera parte de la población asalariada, está muy lejos todavía de los niveles anteriores a la crisis de los años ochenta.

No cabe duda, los grandes perdedores de la implantación del esquema neoliberal han sido los trabajadores y sus empleos. La fuerza de trabajo fue una de las pocas mercancías que no estuvo sujeta al relativo juego de la oferta y la demanda, sino que por tratarse de una mercancía especial, tuvo el trato preferencial de los pactos los cuales la tuvieron constreñida a los llamados topes salariales.

Sólo por abajo de estos trabajadores en activo están los trabajadores jubilados o pensionados, los cuales tuvieron que salir a la calle para ponernos una muestra de dignidad y de lucha para exigir una percepción decorosa que les permitiera resolver sus mínimas necesidades básicas. Las amplias movilizaciones de este sector sólo sirvieron para que a los pensionados más mal pagados del IMSS se les otorgara, para el año de 1995, únicamente una pensión correspondiente al 100% de un salario mínimo que no sirve para nada. Ellos estaban percibiendo alrededor de un 35% de ese salario mínimo. Los resultados tan poco favorables al empleo y al salario se festinan por el régimen al expresar que a lo largo del sexenio, del total de emplazamientos a huelga sólo estallaron el 2.1%.

La educación, dentro de la política social del salinismo fue particularmente favorecida, eso señala. Con timbre de orgullo se indica el crecimiento en la inversión del producto interno bruto, en congruencia con la perspectiva de la apertura externa y de la globalidad, se impuso un renglón básico para llegar a un nivel de competitividad similar al de nuestros principales socios comerciales. El esfuerzo presupuestal viene, además, acompañado por un conjunto de medidas complementarias entre las cuales destaca el acuerdo sobre la modernización de la educación básica, la carrera magisterial y los programas de estímulos e incentivos a la docencia e investigación en la educación media y superior.

Los graves limitantes a este importante esfuerzo educativo residen en su carácter cupular y selectivo. Para modernizarnos, como queremos la mayoría de este pueblo, necesitamos que el conjunto de la población tenga acceso a la educación universitaria; si queremos una modernización nacional, necesitamos que el pueblo en su conjunto se eduque y tenga acceso a la educación superior como una demanda necesaria para poder estar en los niveles de competitividad que se exigen.

Nuestra fracción parlamentaria, el Partido del Trabajo, pondrá su empeño, su mejor empeño para mantener e incrementar el nivel de gasto en este renglón. Asimismo buscará los mecanismos que permitan la participación y la gestión de los maestros mexicanos, de los estudiantes y de la sociedad en su conjunto en este proyecto. Muchas gracias.

El Presidente:

A continuación, escucharemos a la diputada Carlota Botey.

La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:

Con su venia, señor Presidente; señor vicepresidente; compañeras y compañeros:

Según dice James Joyce: "Existe un soñado país donde todos sienten más de lo que hablan". Naturalmente que el famoso escritor irlandés no se refería a México, ni mucho menos a sus informes presidenciales, y porque James Joyce no se refirió a México ni a sus informes presidenciales, me veo obligada a venir aquí, ante los representantes del pueblo mexicano, para hablar y no mentir.

¿Cómo analizar el tema agrario que durante el VI Informe presidencial fue abordado con mentiras y sesgadamente, como se ha hecho durante todo el sexenio? Lo abordaré sencillamente, diciendo la verdad, hablando sin mentiras, diciendo cómo afecta y afectará la nueva legislación agraria, "moderna", al campo mexicano. Lo que verdaderamente acontecerá a miles, millones de campesinos pobres, indios, campesinos sin tierra, jornaleros agrícolas y esto para mí, más que un compromiso político, es una responsabilidad ética y moral, porque la riqueza proveniente del campo, México se hizo urbano y pudo industrializarse, porque el campo nos alimenta a precios que nunca llegan a los productores rurales, porque en el campo están fincadas nuestras más profundas raíces históricas y porque en esta tierra mexicana y en sus luchas, radica la posibilidad de conquistar un futuro como el que prefiguró Emiliano Zapata, un México en que todos disfruten de libertad y los campesinos, además de tierra y donde la convivencia se rija por los principios de justicia y democracia.

El 27 de noviembre de 1991, como respuesta a la convocatoria de un debate que no lo fue, sino simplemente un monólogo sobre el artículo 27, desde el recinto parlamentario intervine para advertir sobre los peligros de modificar la legislación agraria posrevolucionaria. No sólo eran leyes, sino era la representación de un pacto social entre el Estado mexicano y los campesinos de este país. Señalé entonces que la reforma al 27 constitucional que ponía fin al reparto agrario y privatizaban el ejido y las tierra comunales, iban a provocar una situación de inestabilidad y violencia.

Hoy, tres años después, los hechos lamentablemente nos han empezado a dar la razón, en Chiapas, en donde ha surgido un levantamiento indígena y campesino, por la democracia y la tierra.

No fue mi voz la única; desde entonces alertó sobre los peligros y consecuencias de una reforma anticampesina, junto con los académicos y especialistas agrarios, los propios campesinos agrupados en el Consejo Agrario Permanente, el CAP, organización oficial, manifestaron su inconformidad con un proyecto que tampoco les había sido sometido a su conocimiento y discusión.

Como es costumbre, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, a los campesinos de México ni los vio, ni tampoco los escuchó.

El Estado mexicano, sojuzgado por un presidencialismo desmesurado y haciendo uso abusivo de sus facultades que le confiere la Cons titución de la República, promovió reformas constitucionales cuyo contenido esencial niega los principios del derecho social, instaurados por el Constituyente de Querétaro de 1917.

La norma fundamental del pueblo, emitida por el constituyente originario, fue prácticamente derogada con la iniciativa del Ejecutivo Federal, sin que existiera fundamento legal para ello. Así la razón del Estado se colocó encima de la soberanía nacional.

La plutocracia a nombre de la nación expropió a la nación. Los cambios promovidos obedecieron a las exigencias de un modelo de desarrollo transnacionalizador y excluyente, y no respondieron a interés e inspiraciones nacionales, sino que se implementaron por presión e imposición de los grandes centros financieros internacionales, en particular, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Se planteaba la apertura económica indiscriminada, alegando que la inversión extranjera era la salvación de la nación, considerando que sólo la inversión privada es capaz de promover el desarrollo y se puso a toda la estructura jurídica nacional acorde con esta idea regresiva y por ende, reaccionaria.

Esa visión excluyente y reduccionista de la vida de los pueblos y sus posibilidades de desarrollo, marginó a las fuerzas sociales nacionales cuya visión es contraria con esa orientación del desarrollo. Prácticamente se confió el desarrollo nacional a los grandes capitales nacionales y extranjeros, en tanto que las fuerzas sociales no olvidados con ellos se verán paulatinamente expropiados. No tan sólo en lo jurídico, sino también en lo económico, en la acción política y en su vida social.

Las reformas introducidas en materia agraria conceptualizadas en este modelo excluyente, profundizan la desigualdad social y expropian a numerosos productores agrícolas sin ofrecer alternativas reales para la sobrevivencia del hombre del campo, lo arrojan al escenario económico y social, condenándolo a la indigencia o a la rebelión social.

El neoliberalismo, sin comprender la cuestión agraria, ha trastocado su condición social, creando condiciones de inestabilidad cuyos alcances aún no son predecibles y es que el problema agrario cruza toda nuestra historia patria. Desde la conquista por los españoles, ya hace 502 años, el problema de la tierra y sus formas de tenencia han sido fuente permanente de conflicto social. Diferenciándose claramente en cada etapa histórica las fuerzas sociales que asumen el problema de la tierra, como ése de sus reivindicaciones, que son ya tan antiguas que pueden remontarse hasta los pueblos originales denominados Indias.

Ojo. Existen dos vías para resolver la cuestión agraria. La primera es donde el eje del desarrollo del medio rural eran las grandes extensiones de tierra en manos del sector privado, con fuertes capitales nacionales y extranjeros. A ésta le apostó el PRI. A ésta le apostó Salinas. A ésta donde el eje es el capital es donde se modificó el 27 constitucional.

Existe otra vía: la de fortalecer al sector social de producción en el campo, a los ejidos, a las comunidades, a los pequeños propietarios. Esa es nuestra vía; una vía donde el eje del desarrollo sean los campesinos.

La primera vía, esta del proyecto neoliberal, impuesta, impuesta a la nación a través de las modificaciones del 27 constitucional, implica lo siguiente: la renuncia expresa por parte del Estado a su papel rector del desarrollo rural; la cancelación del reparto agrario como vía de acceso por parte de una población rural carente de recursos; la supresión... señor Presidente, pido... si todo el mundo se pasa, para que no tenga el chiflido atrás.

¿Le sigo? ¿La asamblea me permite?..

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul):

Bueno, es una vergüenza que haya diputados del PRI que se dediquen a silbar a unos y a otros. ¡Estamos tratando de cambiar las condiciones de esta Cámara, por favor!

La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:

Bueno, agradezco su benevolencia y como anteriormente eran como 13 minutos, yo calculé más tiempo.

La supresión de todas las trabas para que el capital, incluido el extranjero, que estaba plenamente prohibido anteriormente, pueda concentrar la tierra por medio del arrendamiento, la compra directa, la participación de ejidos como socios nominales de las compañías mercantiles; el brindar seguridad al inversionista privado que ahora no tendrá que preocuparse por los reclamos agraristas y a lo sumo estará obligado, en caso de que sus propiedades rebasen los máximos legales, de vender su tierra a quien le parezca; esto es más que un cheque en blanco para la simulación agraria.

La presencia del interés privado por encima de los intereses nacionales, pues ahora al retirarse la obligatoriedad de mantener las tierras en explotación, se abre el paso a la especulación y la llamada soberanía alimentaria deja de ser un objetivo nacional; el poner en franco riesgo la soberanía y aun la integridad nacional, al no existir limitaciones para que los ejidos ubicados en fronteras y litorales, pasen a manos extranjeras; la existencia de medios que tiendan a la salvaguarda del entorno ecológico y, sobre todo, para nosotras la pérdida del carácter de patrimonio familiar de la parcela ejidal y la supresión de los derechos de la mujer campesina.

La responsabilidad política y operativa de la ruinosa política agraria de la nación, corresponde al propio titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Agricultura, al profesor Hank González y al licenciado Luis Téllez, subsecreatrio de Planeación de la SARH y asesor del candidato del PRI. Son ellos, que con el auxilio de un reducido equipo de jóvenes tecnócratas y educados en el extranjero, que desconocen la realidad de la vida del campo, la conocen a través de las computadoras, han instrumentado y llevan adelante una política que tiene a largo un saldo muy desfavorable: la pérdida de la soberanía y autosuficiencia alimentaria, el desmantelamiento de todo el sistema de promoción, financiamiento y comercia lización en el campo; la entrega a los intereses del gran capital nacional y extranjero, las ramas completas del sector primario, por ejemplo el forestal, que no fue mencionado en el VI Informe.

Por todo ello, y muchas más cosas que no dije, las reformas salinistas intentaron remediar el abandono, la baja productividad y la pobreza rural. Sin embargo, el remedio resultó peor que la enfermedad. Los indios de Chiapas que vienen de lejos, del pasado remoto del país, gritaron a dos años de la reforma: "¡Ya basta!" Y los indios chiapanecos siguen ahí, en rebeldía, sin importarles que Salinas ni los vea ni los escuche; son portavoces del México profundo, que se niegan a desaparecer y que afirman su derecho a una existencia digna.

Por todo ello, los fundamentos del derecho social instaurados por el Constituyente de Querétaro, demanda ser renovado, esta necesidad social exige una nueva reforma, una nueva Constitución General de la República, que incorpore las nuevas normas tomando en cuenta las nuevas condiciones internacionales, tanto nacionales, este proyecto de nación debe surgir, en un debate amplio de las fuerzas sociales que la componen, por ser la única posibilidad para revertir las tendencias aniquilantes.

Urge llevar a la dirección del Estado a una fuerza renovadora realmente representativa de los intereses de les diversos grupos sociales que hoy conforman la nación mexicana, a manera de posdata.

Finalmente, como diputada de la fracción parlamentaria del PRD e integrante de la presidencia colectiva de la Convención Nacional Democrática de Aguascalientes de 1999, demandaré, en su momento, una convocatoria para la realización de un nuevo Congreso Constituyente que asuma la importantísima e inaplazable tarea de darle vida a un nuevo orden constitucional y una nueva forma de gobernar este país, más humana y que permita el desarrollo de una nación mexicana plural en su composición política, social y cultural. Gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada Carlota Botey.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Manuel Marcué y Pardiñas.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Al señor que por ahí gritó: "la camioneta", todavía la tengo, está vieja y se la voy a dar a su mamá.

Señores, a pesar de que hay algunos señores diputados provocadores, yo les voy a pedir a los que no son provocadores que me oigan con respeto como yo he oído a los señores del PRI.

Yo nada más quiero recordar aquí, lo que los gobiernos de la Revolución hicieron en relación a la educación.

Y para eso voy a ser muy breve como en todas mis intervenciones, recordando los nombres de los que fueron secretarios de Educación, después de la Revolución armada, para que podamos hacer una comparación de la calidad, de la cultura y de la perspectiva que tenían para mejorar a este país en el problema de la educación. Los nombres son los siguientes, y ustedes van a poder hacer una comparación con los que hemos puesto en la última época a partir de cuatro o cinco periodos gubernamentales: don José Vasconcelos, hombre respetabilísimo; el señor licenciado Narciso Bassols, hombre de gran talento y de gran preocupación por este México; el gran profesor distinguidísimo que no fue secretario de Educación, pero que contribuyó, ayudó y fue gran colaborador de Vasconcelos, de Bassols y de algún otro Secretario de Estado, el gran maestro de los mexicanos, el señor Jaime Torres Bodet; don Gilberto Bosques, que tuvo también una importancia vital en la colaboración de la educación en México, nuevamente el señor Torres Bodet, que es el autor de que los libros de texto se dieran gratuitamente y que hizo esfuerzos por elaborarlos con la verdad de la historia de este país, particularmente los libros de historia que se distribuyeron por miles en toda la República.

Después, señores, comparen ustedes a un José Vasconcelos con un señor Bartlett; comparen ustedes señores, a un señor Moisés Sáenz o a un señor Bassols, con Miguel González Avelar; comparen ustedes señores... mejor me paro y ya no sigo adelante.

Pero hay otro problema, señores... estuvo muy poco tiempo porque lo corrieron... y no lo corrieron por malo, lo corrieron por problemas entre el señor presidente López Portillo y el señor licenciado, ex presidente también, Echeverría.

Voy a recordar algo muy breve, así como fecundo, de la tarea que realizaron en esas épocas altamente positivas para México los maestros. Antes, voy a decir que en la época de las personas que he citado como talentosas, positivas, preocupadas por los problemas de educación en este país, se fundaron algunas escuelas... Yo suplico al señor de la Gran Comisión, que seguramente le hacen más caso a sus borreguitos, esos que están silbando, que por favor, tengan respeto para el que habla y este mismo respeto lo exijo para los señores del PRI que vengan a esta tribuna o para los de cualquier partido.

Quiero recordarles a ustedes que en aquella época se fundaron las escuelas rurales. El país estaba sembrado de escuelas rurales en toda la República; les quiero recordar a ustedes las escuelas centrales agrícolas, muy importantes; quiero recordarles a ustedes los centros culturales nocturnos, porque el Gobierno de aquella época, los gobiernos de la Revolución y después, un poco después de la Revolución, se preocuparon también por darle escuela y cultura a los obreros.

Señores, pero aquí hay un gran problema que tiene que ver con el problema de la educación, yo nada más les pregunto a ustedes, y no voy a decir adjetivos como lo he hecho y que por ese hecho les ofrezco una disculpa; recuerden la tarea que los maestros de primaria, de secundaria, realizaron por mucho tiempo. El gremio de los maestros era un gremio con sentimiento, con ideología, con decisión de hacer por este país y levantar la cultura de este país en todas las formas y en todos los sentidos.

Y, ¿qué fue lo que han hecho los gobiernos, que no quiero recordar, con ese sindicato de maestros?, ¿para qué los ocuparon por mucho tiempo?, ¿para qué los corrompieron?, ¿quiénes fueron los que los corrompieron?, ¿los Secretarios de Estado y el Gobierno Federal?, los ocupó para las cosas electorales, los ocupó para muchas cosas ajenas a la educación.

Yo nada más quiero que reflexionen en eso, para que vean lo que ha sucedido cuando hay un Gobierno... no sé cómo nombrarles, no quiero decir el adjetivo por ahora, pero qué han hecho de la educación; la educación anda muy mal y como los compañeros que hablaron antes que yo, tanto del Partido Acción Nacional como de mi bancada y los señores del PT: la educación está en crisis. ¿Cuál va a ser el porvenir de nuestros hijos y de nuestros nietos?

Yo le pregunto a aquellos señores que a veces silban, si no tienen hijos y si no van a tener nietos.

El Presidente:

Para rectificar hechos, señor diputado, por cinco minutos.

El diputado Rafael Jacobo García:

Compañeras y compañeros diputados:

Vengo a abordar la tribuna de esta honorable Cámara de Diputados, porque quiero referirme de manera muy concreta al problema del campo, que lacera la dignidad de este sector social de nuestra población mexicana.

Quiero decir que desde que tomó posesión Carlos Salinas de Gortari como Presidente de la República, en el campo vimos con mucha preocupación cómo se fueron retirando los apoyos crediticios, de seguros agrícolas, de precios de garantía de los productos agrícolas y pecuarios.

En los hechos los campesinos fueron abandonados a su suerte cuando el ejido estaba y sigue estando descapitalizándose, con carteras vencidas y con un atraso tecnológico de más de 20 años, en comparación a nuestros vecinos del norte.

El lastre de la corrupción que han venido heredando y practicando los mal llamados gobiernos de la Revolución, es, si no la causa principal, sí la más importante que motiva las reformas del artículo 27 constitucional y decimos que es la causa principal porque el campo también fue contaminado de ese llamado cáncer de corrupción que corroe a cualquier estructura organizativa. Lo sentimos en el campo, lo vimos, lo vivimos.

En este sentido, en lugar de limpiar de corruptos y malos funcionarios al Banrural y ANAGSA y de políticos que tuvieron que ver con el campo y de implementar un sistema productivo que beneficiara a los productores y al país, se castigó a los campesinos, como si fueran los culpables de la baja producción y de la crisis que vive el país, retirándoseles los créditos y demás apoyos necesarios para obtener mejor producción.

O díganme, compañeros diputados, ¿cuándo se han implementado programas de producción agrícola de parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para abastecer a nuestro país en forma planificada de los alimentos básicos que se requieren y en donde los campesinos hayan obtenido utilidades? Hasta ahora nunca ha habido una planeación, y por el contrario, todo ha sido anarquía, sometimiento y marginación, con el maldito propósito de seguir manteniendo a los campesinos e indígenas hundidos en la miseria, para de esta manera tenerlos bajo control, a través de programas como el Procampo y el Pronasol y seguir garantizando el voto verde en favor del partido oficial.

Nada más indigno y ofensivo en contra de los campesinos y de los comuneros indígenas; basta de políticas paternalistas, emboscada cínicamente en un discurso que pretende hacernos mayores de edad, como si no lo fuéramos.

Por otro lado, el señor Presidente se ufana de la firma del Tratado de Libre Comercio para bien de los campesinos en materia agropecuaria. Esto es y fue una puñalada que nos dieron por la espalda. En las condiciones actuales de descapitalización, de falta de infraestructura y tecnología apropiada, es muy difícil poder competir con los productores agropecuarios de Estados Unidos y Canadá, pues mientras que en esos países se producen entre ocho y 10 toneladas de maíz por hectárea, en México el promedio general de tierra de riego es de tres toneladas por hectárea.

Los precios de producción de estos productos son cuatro veces mayor en nuestro país que a los que hacemos referencia. Los altos costos de producción en comparación a los precios de garantía a la producción agrícola y pecuaria hacen incosteable estas actividades.

Se me ha terminado el tiempo, pero quiero proponer a esta cámara que luchemos todos, porque tenemos una responsabilidad nacional derivada del desarrollo de nuestro país, promoviendo leyes, mecanismos que permitan que haya un banco de desarrollo, un banco de fomento que ayude al desarrollo productivo del país para no depender de los granos o de los productos alimenticios de los Estados Unidos, que luchemos por precios, porque se impongan a la producción agropecuaria precios justos, precios que garanticen la recuperación de las inversiones al campo y una ganancia mínima de un 30% a los campesinos, para que salgamos de la pobreza y capitalicemos el campo, por que haya también un seguro rico que garantice también la recuperación cuando haya pérdidas y porque la cartera vencida que ahora tenemos los campesinos, que no es culpa de nosotros, sino de los bajos precios que se nos han impuesto, esa cartera sea cancelada para que no sigamos cargando con esos 3 mil 600 y pico de pesos nuevos que se deben como resultado de la cartera vencida y porque haya educación suficiente como lo han dicho los compañeros que me antecedieron, suficiente no solamente para los niños de las áreas urbanas, sino del campo para que el campo, pueda florecer, pueda levantarse con gente preparada, como muchos de los que están aquí presentes. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Miguel Angel Islas Chio.

El diputado Miguel Angel Islas Chio:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputadas y diputados:

Para el diputado Marcué y Pardiñas mi respeto, no mi coincidencia. Creo que no es válido señalar de un sindicato de maestros que se ha transformado y que lejos, muy lejos de ser un instrumento electoral, se ha convertido en un medio plural para poder, dentro de la construcción de consensos, buscar las posibilidades en que todos los partidos políticos puedan participar.

Fuimos y somos un sindicato en el que participaron trabajadores de la educación de diferentes partidos: del PRD, del PT, del PAN, del PRI, del Partido Verde Ecologista, es decir, de las nueve representaciones partidistas existentes en la elección; en los nueve hay búsqueda y construcción de consensos que nos permiten avanzar en educación.

Quisiera señalar asimismo, que tampoco es válido que pudiéramos utilizar la tribuna para pretender difamar a instituciones serias, que únicamente buscan la elevación de la calidad de la educación.

Se ha señalado de manera reiterada que en educación existen grandes fracasos y graves crisis. Yo quisiera precisar lo siguiente. Mucho nos falta por hacer en educación, grave sería no decir que no hay cosas que construir y en qué avanzar, pero más grave sería precisar que los avances que existen en educación en este sexenio no tienen por qué manifestar su relevancia.

No creo en la crítica que únicamente sirva para destruir, creo que es la búsqueda de coincidencias con el PAN, con el PRD, con el PT y con las demás fuerzas sociales, lo que nos puede permitir encontrar que todos los mexicanos tengamos mejores condiciones de vida por la vía de la educación.

Valdría la pena precisar. El acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, entre otras cosas señala características propias de lo que es un federalismo educativo, al haber trasladado los presupuestos, los inmuebles, la administración de los recursos materiales, humanos y financieros, a las entidades federativas.

Valdría la pena señalar que si bien es cierto que los maestros aún no ganamos el salario que debe tener un maestro, ha habido avances sustanciales. Se ha reconocido el salario profesional del maestro. Se estableció la carrera magisterial, que permite, bajo este tenor, establecer el reconocimiento a la eficiencia, a la preparación, a la productividad de los trabajadores de la educación. Hemos logrado dentro de la educación, entre otras cosas, los programas de solidaridad, el programa becas para niños en solidaridad.

En los programas de escuela digna, señalo, primero, que había escuelas en las que difícilmente podía habérseles pasado una mano de pintura durante mucho tiempo. Gracias a los programas de escuelas en solidaridad, muchas escuelas se pudieron rehabilitar. Gracias a los programas de becas para niños en solidaridad, muchos niños pudieron gozar de este beneficio y tuvieron posibilidades para poder estudiar, si no en igualdad de circunstancias, sí en condiciones mejores.

Reitero mi respeto a los partidos de oposición. Mi reclamo para que busquemos consensos, para que busquemos coincidencias, no es el señalamiento y la crítica del todo por el todo, tampoco venimos aquí con la finalidad de ver quién gana a quién en un concurso de oratoria donde la retórica más brillante pueda ganar sobre otros. Es el análisis objetivo, es el análisis crítico y real, hay que reconocer lo que falta, hay que plantear cómo poder resolverlo, pero también tenemos que reconocer en lo que hemos avanzado y en educación mucho nos falta por hacer, pero en ese sexenio mucho hemos avanzado. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Crisóforo Salido.

El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El tema que se estaba tratando, previo a la intervención del último orador, se refería a los aspectos de la situación agrícola del país.

Yo quiero referirme a un solo tema y seré sumamente breve, yo sé que la sesión ha sido ya muy prolongada.

El tema que yo quisiera tocar y que seguramente será materia de un análisis mucho más profundo en comisiones, es uno de los factores que ha venido a agravar seriamente la situación del campo mexicano. Me refiero a la compañía de seguros que atiende al campo, me refiero a Agroasemex.

Agroasemex, heredera de la que previamente estaba al cargo de atender este rubro y que fue cerrada porque en ella privaba una corrupción rampante y que representaba un sangrado de recursos del Estado.

Esta nueva empresa ha tomado las cosas en un sentido totalmente inverso al que tuvo la compañía aseguradora oficial anterior y se ha convertido en una verdadera explotadora del campo de México.

Yo presido un fondo de aseguramiento, que es uno de los organismos que se crearon para que los propios campesinos tengan su autogestión en materia de aseguramiento agrícola.

Hoy los fondos de aseguramiento que existen en México están siendo vilmente explotados por una empresa que nadie sabe al final de cuenta si es estatal o es privada.

Agroasemex es una filial de Aseguradora Mexicana y no sabemos en manos de quién está, pero sí sabemos muy bien lo que hace con los campesinos y con los agricultores.

Se han aumentado enormemente los costos de las primas, del aseguramiento agrícola y al mismo tiempo se han reducido las coberturas a las que está obligada a amparar dicha compañía.

Para darles un ejemplo, que creo que es fácil para que lo entiendan ustedes, en el costo de una hectárea de algodón, el costo de la póliza de seguro, que además es condición sin la cual la banca oficial y mucha de la banca privada no presta para créditos agrícolas, el costo del aseguramiento de una hectárea de algodón por pago de la prima asciende a más de 1 millón de pesos, mil nuevos pesos.

Esto incide gravísimamente en el costo de los cultivos y sin embargo no hay correspondencia de la compañía aseguradora, porque ella ha bajado las coberturas, y hoy en día Agroasemex lo único que hace es sacar dinero de un campo que ya de por sí está depauperado, llevarlo a las arcas de empresas que no sabemos si son privadas o son oficiales o son mixtas, pero que definitivamente están ayudando a sangrar más el ya muy decaído campo mexicano.

Es necesario que en política agraria, en política agrícola, se tomen cartas en el asunto en forma muy seria.

El deterioro del campo está en las mentes de todos y el campo es la base de la economía de México.

Yo creo que es obligación de esta legislatura abocarse con toda seriedad y con toda profundidad a estudiar y a resolver problemas. Uno de ellos es ahora Asemex, pero son muchos los problemas que aquejan hoy al campo mexicano.

Espero que mi intervención no les haya cansado. Desafortunadamente ha habido desorden, los temas se han tocado sin mucho orden, viene alguien y toca un tema, luego se brinca otro, pero en fin.

Señores, les agradezco mucho la atención y a la presidencia la oportunidad de haber intervenido. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado Crisóforo Salido.

A continuación hará uso de la palabra la diputada Guadalupe Flores Valdez.

La diputada Anastacia Guadalupe Flores Valdez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Es mi propósito hacer un análisis razonado, invitar a la reflexión, de cuál es a mi juicio, así como el juicio de miles de campesinos, del impacto de la política social de Carlos Salinas de Gortari en el campo y lo hago sí consciente de la realidad que se vive, reconociendo avances, logros y sobre todo reconociendo que se han establecido las bases legales, factor indispensable para el despegue del desarrollo en el sector agropecuario.

Consciente sí también de que falta mucho por hacer y no porque lo digan los analistas económicos o los analistas sociales, sino lo hago por las vivencias diarias de quien es parte actuante de la familia rural, como un miembro más, como una ejidataria, como un productor rural.

En el campo mexicano en estos seis años mediante el diálogo con las organizaciones campesinas, con los propios campesinos de manera directa, se realizó una gran consulta nacional, que concluyó aquí en esta Cámara de Diputados en la pasada legislatura, en donde se vio y se analizó una profunda reforma para reactivar la producción con mayor justicia y libertad.

Fruto de esta reforma es la consecución del pleno derecho del productor hoy sobre sus tierras, fruto de esta reforma son las instituciones, que como aquí se ha mencionado, fueron renovadas y también se vieron instrumentos inéditos de apoyo.

Este nuevo marco legal para el desarrollo rural sentó las bases para eliminar el paternalismo burocrático y liberar así la iniciativa de los productores, propiciando la autonomía para organizarnos y convirtiéndonos en sujetos y actores de la propia transformación.

Las decisiones de qué sembrar, cómo producir, dónde y a quién vender, en qué invertir, qué hacer inclusive con la tierra, son ahora tomadas libre y conscientemente por nosotros, los ejidatarios.

Bajo este nuevo marco legal se emprendieron acciones necesarias y ¿por qué no decirlo?, también acciones valientes.

Se eliminó el reparto agrario, que se había dado por años por el Estado, ante la irrealidad física de continuar con algo que ya no existía en los términos de la anterior, de la actual le gislación. Se promovió un programa de abatimiento del rezago agrario para resolver, de una vez por todas, problemas ancestrales que propiciaban el enfrentamiento muchas veces violento entre los propios mexicanos.

Bajo el lineamiento del respeto pleno a la determinación de la voluntad ejidal, expresadas en las propias asambleas, se implementó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales Procede, programa único en el mundo, que nos permite a los productores rurales del sector social, tener ahora sí la certeza jurídica, amparada por la Constitución, de que la tierra ahora sí es nuestra y que podemos, libre, razonada, responsablemente, darle el uso o destino que mejor convenga a nuestros intereses o a nuestras comunidades.

Contando ya con este nuevo marco legal y la seguridad en la tierra, recibimos el apoyo del Estado a través de una reforma institucional profunda. Ciertamente nuevos esquemas de financiamiento, modernización en los caminos rurales, apoyos a la comercialización, a través de Aserca, a la organización y capacitación productiva, esquemas de reconversión y de diversificación de actividades, el programa de apoyos directos y los programas para la creación de empresas y asociaciones con la iniciativa privada, complementaron así las modificaciones hechas al artículo 27 constitucional.

A la par de la reforma institucional, las organizaciones de productores también nos transformamos, nuevas figuras productivas surgieron como expresión de la voluntad de nosotros los productores. El manejo del crédito, la aplicación del seguro agrícola, como aquí se ha mencionado, con la creación de los fondos de autoaseguramiento, la asistencia técnica, la comercialización y el sistema del manejo en sí de todas las decisiones en el proceso productivo, quedó en nuestras manos y lo estamos ejerciendo.

Nuestros fondos de autoaseguro formados por decisión nuestra, protegen las inversiones campesinas; ciertamente, necesitan una revisión para que cumplan con el compromiso para el que fueron creados. Las uniones de crédito y las cajas de ahorro, los fondos de garantía, los fondos regionales y la presencia misma de la banca de desarrollo, configuran un nuevo esquema financiero más acorde con los tiempos modernos. La conformación de empresas en el campo con la asociación a la iniciativa privada, administradas por nosotros, han permitido la creación de empleos para ejidatarios y para hijos de ejidatarios.

La administración de los sistemas de distrito de riego, están ya en su mayoría, en manos de los propios productores rurales.

Se está incursionando con experiencias favorables en la comercialización, en el manejo y aprovisionamiento de insumos, en la modernización tecnológica de nuestros sistemas de producción, pero sobre todo, compañeras y compañeros, existe ya una nueva cultura más autónoma, más autonomía, más propositiva, más corresponsable del campesino mexicano que sabe que ahora solamente el trabajo y la utilización adecuada de los apoyos institucionales le garantizan resultados favorables en sus actividades productivas.

Estos son, compañeros legisladores, el producto de un proceso aún inacabado, pero altamente positivo hasta estos momentos.

Los avances alcanzados no nos hacen olvidar el marco general nacional e internacional en que estamos inmersos los productores rurales. Pero hemos demostrado que con mentalidad abierta, iniciativa y determinación, responsa bilidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones y libertad en la exigencia de nuestros derechos, es posible construir alternativas viables, justas y permanentes, para el desarrollo y bienestar de las comunidades rurales.

Es justo, real y además fundamental, evaluar los avances y detectar los errores; insuficiencias y rezagos en un afán de encontrar conjuntamente con la sociedad rural, conjuntamente con el Gobierno, la mejor manera de seguir construyendo un mejor campo mexicano, necesario no solamente para el interés individual, sino también para el bien de nuestro país.

Reconocemos la voluntad de cambio del Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, el apoyo que se le ha brindado al campo y a sus habitantes al implementar acciones que han permitido desahogar el cúmulo de expedientes dotatorios reservados, ejecutando resoluciones presidenciales añejas que permitieron la entrega de más de 5 mil 514 millones de hectáreas, beneficiando alrededor de 160 mil compañeros; a la conclusión de 32 presas, como aquí se hizo referencia, el aumento en términos reales del financiamiento, en un 127%. Los recursos destinados a la reestructuración de las carteras vencidas, la implementación del Procampo, confirman el aumento que el gasto público destinado durante el sexenio, para el desarrollo rural, creció en un 44% en términos reales.

Y sin lugar a dudas que un programa de gran impacto social ha sido el Procampo, porque más allá de definirse claramente como un mecanismo de apoyo directo al ingreso de los productores agrícolas y que serviría para ir sustituyendo gradualmente el subsidio a los precios de garantía equivalente a los precios internacionales, permitió que productores de autoconsumo que en ocasiones ni el beneficio del precio de garantía les llegaba, hoy, en un hecho sin precedentes, se entregaron cheques personales, con nombre y apellido, a 3.5 millones de productores, arrojando un total de 4 mil 700 millones de nuevos pesos.

Presentando con este acto una verdadera justicia para éste que ha sido no de ahora, el sector más golpeado de nuestra economía.

Compañeras y compañeros legisladores: veamos con claridad, con serenidad, con pa triotismo, veamos por el bien de todos, sumémonos a las inquietudes y a las manifestaciones que aquí se han pronunciado. Vayamos a las comisiones con esa convicción de seguir construyendo entre todos un mejor bienestar para la familia rural. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Víctor Manuel Quintana.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Con todo respeto para la compañera que me acaba de anteceder en el uso de la palabra y a las vivencias y a los campesinos que representa, yo quiero decirle que yo vengo de una organización de varios miles de campesinos de todas las extracciones políticas. ¡Y que esta organización está totalmente en desacuerdo con lo que Carlos Salinas de Gortari dijo aquí el día 1o,! ¡La política salinista no ha traído ni más justicia, ni más libertad al campo!

Las pruebas son claras y las han dicho con toda precisión otros compañeras y compañeros. ¡Cómo es posible que haya más justicia en el campo, cuando hay 2 millones 100 mil más nuevos pobres en las zonas rurales de nuestro país!

¿Hay más libertad en el campo? Yo diría: ahora los campesinos de Chihuahua tienen la libertad de decir vamos a emigrar a Denver o a Phoenix o a Los Angeles. ¡Esa es la única libertad que les queda!

Decía que había un acuerdo de los campesinos después de una gran consulta nacional. ¡Seguramente son como las grandes consultas nacionales que se hacen antes de firmar cada pacto de estabilidad y crecimiento o el nombre que tenga cada año! Siempre preguntan los campesinos: ¿Y quién autorizó al dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina para que aceptara a nuestro nombre que se bajaran los precios de garantía?

¡Si esas consultas son las que se hicieron para el artículo 27, felices consultas!

Se dice que el Gobierno ha asumido una actitud valiente. ¡Ha sido muy valiente para quitarle las tierras a los campesinos mediante las reformas al artículo 27! ¡Pero cuando se trata de enfrentarse a los latifundistas, le tiemblan las corvas al Gobierno Federal! Cuando se trata de enfrentarse a los ganaderos, que le tienen invadidas 25 mil hectáreas en tan sólo tres ejidos de Chihuahua, hace 45 años que le están temblando las corvas al Gobierno Federal!

Se dice que el Procede ha brindado certeza jurídica. Yo les quiero decir que el Procede no procede o que procede por medio de la corrupción. Me consta de muchos casos en que con engaños se cita a asamblea únicamente a los fieles al partido oficial, para que firmen ahí la titulación de parcelas.

Ahora, viéndolo bien, yo creo que el régimen salinista ha dado dos certezas al campo. Por una parte la certeza jurídica a unos cuantos y a la mayoría les ha dado la certeza de morirse de hambre si siguen trabajando en la agricultura en las condiciones en que el régimen la ha sometido.

Se habla de las figuras, se habla de los nuevos programas, de las figuras asociativas, pero ¿qué pasa con la gran figura asociativa promovida por el mismo licenciado Salinas de Gortari en su tierra? ¿Qué pasa con aquel gran proyecto "Vaquerías". Ahorita es un huérfano del cual todos niegan su paternidad. El proyecto más acariciado por el régimen es el gran fracaso del régimen.

Sin embargo, a pesar de todo el rechazo, de todo el repudio que provocan en los campesinos las medidas salinistas, yo quiero hacer un llamado, yo quiero hacer un llamado porque yo trabajo con campesinos priístas, con campesinos perredistas, panistas y petistas y yo quiero hacerles un llamado a todos ustedes, compañeros y que es un llamado fundamentalmente ético.

¡Esta legislatura debe abocarse a salvar la agricultura campesina! ¡La agricultura campesina no es cosa del pasado, los campesinos son los guardianes del paisaje, son los depositarios de la agricultura y el desarrollo susten table! ¡Las reservas culturales que tienen ellos no las tienen muchos medios urbanos de nuestro país!

Compañeras y compañeros diputados: por sobre nuestras ideologías y fidelidades partidarias salvemos al campo, no nos dejemos llevar por los espejismos de que en Estados Unidos únicamente el 2% de la población económicamente activa trabaja en el campo; no nos dejemos llevar por los espejismos de que hay que comprimir nuestra población económicamente activa a un 8% de población trabajando en el sector primario. Nosotros tenemos el gran desafío de hacer unos campesinos muy modernos pero muy campesinos, muy adelantados tecnológicamente pero tan tiernamente amadores de su tierra como lo son ahora.

Esta legislación tiene que salvar a los campesinos de México, porque es un imperativo ético, porque salvando a los campesinos salvaremos el porvenir de la patria y el porvenir de nuestros hijos. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Para rectificar hechos, la diputada Carlota Botey...

Para rectificar hechos, el señor diputado Fernando Garzacabello.

El diputado Fernando Garzacabello García:

Con su permiso, señor Presidente:

La diputada María Guadalupe Flores Valdez, nos acaba de decir que el campo mexicano está estable. Realmente yo quisiera que viera el panorama real cómo se encuentra el campo en México.

En Chiapas, por ejemplo, está cundido de invasiones, ¿y a eso ella le llama estable? En toda la República tenemos carteras vencidas, ¿a eso se le llama productividad? La marginación del crédito no es para todos, los créditos a la palabra que se han ofrecido son créditos miserables para nada más el autoconsumo y no para la productividad del campo, que es lo que necesita nuestro México. La irracionalidad con que se dan los créditos muchas veces se juzga a los campesinos de que están reforestando, de que están excavando bosques y selvas, pero, sin embargo cuando ellos van a las instituciones de crédito para conseguir un crédito sobre algo en especial, se les dice que nada más hay para el maíz y, señores, en la sierra no se debe de sembrar maíz, en la selva no se debe de sembrar maíz y sin embargo, los créditos son única y exclusivamente para sembrar maíz, el Tratado de Libre Comercio, señores, para los agricultores, para los campesinos mexicanos ese tratado es injusto, porque es una competencia desleal con Estados Unidos y Canadá, los créditos con tasas más bajas en Estados Unidos y Canadá que aquí en México, la maquinaria más barata, los precios allá, la técnica con se produce más por hectárea que aquí.

¿Cómo vamos a competir? ¿Dónde está el apoyo al campo señores? Estamos empobreciendo así con estas figuras de Gobierno sexenales, se está empobreciendo y acabando al campesino. De ahí la inmigración, de ahí la cantidad de braceros, de ahí la cantidad de gente que viene a formar los cinturones de miseria en las urbes.

Hemos visto cómo se ha tratado de mantener el voto de los campesinos, en estas eleccio nes realmente es vergonzoso como un Procampo sirvió para que pudieran tener lo que dicen los priístas, la mayoría para que pudieran tener los votos necesarios para presentarse ahora como virtuales ganadores.

Señores, hay que ver la realidad, diputada Guadalupe Flores Valdez, la invito a que vaya al campo. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, el señor diputado Sergio Ramírez, cinco minutos.

El diputado Sergio Inocencio Ramírez Vargas:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los secretarios de las ligas de comunidades agrarias y sindicatos campesinos de varios estados que estamos aquí como diputados, he mos venido analizando la política agropecuaria del licenciado Carlos Salinas de Gortari y hemos discutido también a profundidad sobre el Procampo y sin duda nosotros los de la Confederación Nacional Campesina, representamos a la inmensa mayoría de los campesinos de México y nosotros estamos conscientes que el sector agropecuario es uno de los sectores que enfrenta los más grandes retos sobre el Tratado de Libre Comercio.

Estamos conscientes de que hay rezagos y que México en el sector rural es un mosaico, pero también estamos ciertos que la realidad de México es otra y que hay que hacer una serie de ajustes a la política agropecuaria y que la administración salinista ha hecho un gran esfuerzo para hacer estos ajustes y para sentar las bases de una política económica en el campo más realista.

Mi compañero aquí, creo que es del partido del PRD, hablaba del problema de liberar los precios de garantía, y pues yo creo que son apreciaciones muy ligeras, porque los estímulos vía precio de garantía son estímulos que ya no funcionan hoy en día y no funcionan por varias razones y podríamos hablar del maíz, no funcionan, porque al dar estímulo vía precios de garantía al maíz, se apoya aproximadamente 1 millón de productores y se encarece el producto para millones y millones de mexicanos.

Y después, el Gobierno debe de subsidiar a los molineros con más de 600 nuevos pesos por tonelada para que las tortillas estén al alcance. Ahí hay una contradicción, pero no nada más eso. A través de ese esquema se quedan sin recibir estímulos todos aquellos productores que no producen excedentes, y son más de 2 millones y medio de campesinos que no producen excedentes nada más en maíz.

Entonces, ese esquema de subsidios a través de precios de garantía, ya no funcionan la realidad de hoy; funcionó en sus tiempos, hoy no funciona y es injusto, por ello entra el Procampo. Dentro de uno de los objetivos de el Procampo entra el Procampo y ese subsidio le llega en forma directa a todos los productores que llenan las normas que marca este programa.

Y se ha dicho, se ha mencionado también que el Procampo y aquí lo volvió a decir la persona, que Procampo es un programa que obedece a situaciones extranjeras, que obedece a que dejen de producir maíz, dejen de producir otros productos. Yo le expreso que el Procampo es un instrumento más moderno, es un instrumento de política económica y por eso es que el Procampo se ha diseñado para 15 años y lo que sí yo quiero expresar aquí, lo que deberían de decir los compañeros, es de que se deben de generar programas y estímulo a la alta productividad y a la producción para los productores que producen excedentes.

Hay y muchos estados, el Estado de México, tiene programas de estímulo a la producción y productividad. Es importante pues que también los productores que tienen excedentes, se les debe apoyar y podemos seguir comentando varias de las cosas que aquí han planteado que considero, con todo el respeto que me merecen, considero que muchas cosas son de planteamientos muy superficiales.

Consideramos que si bien es cierto en el campo de México hace falta mucho por hacer y hay que buscar la forma y todos ustedes nos pueden ayudar, a que el Procampo se amplié más a otros cultivos, se abra más su cobertura y su cantidad por hectárea, que son instrumentos de la economía que tenemos que seguir perfeccionándolos, que hace falta mucho por hacer en el medio rural y que éste es el sector que más atención y más cuidado se le debe de ir dando en este nuevo sexenio.

En eso estamos de acuerdo, pero no coincidimos y somos la representación mayoritaria de los campesinos de México, no coincidimos en la apreciación que se hace de la política agrarista de Carlos Salinas de Gortari; ha hecho su mejor esfuerzo y no tengo más tiempo, pero hay evidencias claras de los avances importantes que se han hecho, a pesar de que el contorno mundial no favorece al sector agrope cuario. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Alejandro González Alcocer; después, el diputado Eric Villanueva.

El diputado Alejandro González Alcocer:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

He pedido el uso de la voz para hacer dos precisiones, no podía dejar pasar esta oportunidad para hablar de nuestro campo y me voy a referir en primer término, a lo aseverado aquí por la compañera diputada, miembro de la mesa directiva por el PRD, en donde creo yo y a mi modo de ver y con todo respeto dicho el PRD tiene una falsa apreciación, una concepción equivocada de lo que significaron las reformas constitucionales al 27 constitucional en esta materia.

Y lo decía la diputada, que el espíritu del Constituyente de 1917, se había trastocado, cuando esto es una apreciación que no se ajusta a la realidad. Usted dijo, diputada, que aquí venía a manifestar la verdad, pero depende desde qué punto de vista se vea, esa verdad corresponde o no a la que es única y sola.

Nosotros consideramos que la verdad es que el espíritu de 1917 no es como se venía manejando la política agraria en México, en México se trastocó completamente el espíritu de 1917 y con mayor razón lo que le dio origen, que era la ley de 1916, pugnada y hecha por don Luis Cabrera, en donde el espíritu era precisamente el que no había elegido como un régimen permanente de tenencia de la tierra, sino que el espíritu era para ayuda del campesino, una ayuda a su jornal y de esto hay testimonio de varios tratadistas. El espíritu de 1917 no era darle como un sistema permanente de tenencia de la tierra al ejido, sino como una ayuda al campesino. Entonces estas reformas al artículo 27 que en gran medida Acción Nacional venía pugnando por ellas desde hace tiempo, aunque no de esta manera, de una manera mucho más acabada y más a fondo, estuvo de acuerdo con esta reforma, porque devolvió el sentido del constituyente, precisamente de 1917, de darle a los campesinos en propiedad sus tierras.

Cuando se pensó en el Constituyente de 1917 en el ejido, fue, repito, como una ayuda aparte de su jornada al campesino.

Entonces creo que el PRD, con todo respeto lo digo, parte de una falsa premisa. Estamos de acuerdo con usted en muchas de las preocupaciones en el campo, con su otro compañero que pasó aquí, porque sentimos también en carne propia lo que nos está sucediendo en el campo.

Por otro lado quiero referirme a lo que aquí se ha manifestado por dos diputados pertenecientes al PRI, respecto al Procampo. Creemos que el Procampo, tanto como el programa de solidaridad, han sido creados con una finalidad propia electoral, especialmente dedicada a ganar los votos, comprometer los votos que se han reflejado en este 21 de agosto, porque a todos nos consta que se estuvieron repartiendo estos fondos poco antes de las elecciones, en su mitad o en una parte, para después de la elección entregar lo siguiente.

Estos programas, no es cierto como se ha afir mado aquí, que hayan sido para fortalecer el federalismo o para que hayan reducido el poder presidencial, por el contrario, este señor es quien dice en qué se destinan, a dónde da y a dónde no y normalmente sabemos a dónde va dirigido.

Ya por último y porque yo sí quiero ser respetuoso del tiempo, quiero referirme a una intervención de hoy en la mañana del señor dipu tado Abelardo Carrillo, en donde dijo, que el Presidente asumió la tarea y asumió el precio, y nada más para terminar yo quiero decirle que sí asumió su tarea en el sexenio, que hubo avances, pero que de ninguna manera ha asumido el precio, el precio lo está pagando el pueblo de México y no se diga nuestros campesinos. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Eric Villanueva.

El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

Tendría que dar respuesta a los dos diputados que me antecedieron en la palabra. En principio ciertamente el concepto de los presidentes, de los dos presidentes posrevolucionarios, Obregón y Calles, era el ejido como apoyo al ingreso del campesino, pero eso era de alguna manera un concepto de justicia social, pero que no tomaba en cuenta la lógica productiva de los pequeños productores campesinos y aún de los pequeños productores de tipo empresarial.

Eso es aún muy discutible. Tendríamos que decir algo que nos ha causado a la bancada perredista o a la izquierda en general, tendríamos que invitar a los señores de la bancada priísta y a los compañeros muy fraternalmente de Acción Nacional, a desidiolustizar la discusión, a irnos al análisis histórico, al análisis empírico y decir: los pequeños propietarios no son empresarios pequeños; es lo primero que hay que decir. Tiene una lógica productiva y tienen una lógica productiva que lejos de lo que se piensa hoy en el mundo, son la corriente que va tomando fortaleza.

El viejo esquema de la gran producción, el viejo esquema de la producción anglosajona de miles de hectáreas, es una producción en decadencia, porque tiene altos costos de producción, que no reditúan en productividad y que son altamente desgastantes de los recursos naturales y que no son sustentables a largo plazo.

Hoy los proyectos sustentables son proyectos integrales que integran las cadenas productivas, con altos usos de tecnología y de capital. Cito nada más, el ejemplo de Japón, para no meternos en un esquema en el que pudiera haber diferencias, pero voy a otro punto.

Voy a la respuesta al señor secretario de la Liga de Comunidades Agrarias, si no me equivoco del Estado de México.

Ciertamente en algún tiempo, cuando menos hace 20 años, la Liga de Comunidades Agraria, era la organización más representativa de los campesinos de México, pero cuando los diputados del PRI, cuando los secretarios generales de la Liga de Comunidades Agrarias en ese entonces eran diputados, votaron por el proyecto neoliberal, abandonaron el proyecto de la Revolución mexicana, abandonaron el proyecto de los campesinos de México y hoy formalmente lo siguen representando. En la realidad ya no los representan, representan el proyecto neoliberal, el proyecto salinista que ha desheredado a los campesinos de México y que hoy, después de 12 años, representa un desastre en el sector agropecuario de México.

Nadie que pueda revisar las cifras puede decir lo contrario. Es un desastre el campo mexicano.

Y ayer en mi intervención decía que el Procampo no era suficiente y no es suficiente porque el Procampo no es una propuesta integral de desarrollo, es una falacia para evitar los conflictos tipo Chiapas. El Procampo nos lo propusieron como un proyecto que entraría a equilibrar las diferencias de productividad entre los Estados Unidos y Canadá, pero el mercado no tiene esas capacidades.

Tenemos que integrar proyectos integrales que signifiquen capital, infraestructura, asistencia técnica, comercialización, industrialización y exportación.

El Procampo no tiene eso. Después de 15 años estaremos lamentando que los productores habrán sido arrasados y no habrá habido reconversión económica de los productores. Hoy aquel que venga y afirme lo contrario está min tiendo, tiene que caminar, como lo dije ayer, por el campo mexicano y ver el desastre. Ningún productor de temporal, de minifundio, tiene la posibilidad hoy de hacer la reconversión, le dará cuando mucho para algunos años paliar las difíciles condiciones de vida. El Procampo se habrá convertido simplemente en un programa para paliar la pobreza y no en un proyecto de reconversión económica.

El PRD propone discutir un nuevo proyecto de desarrollo para el campo, donde sí se contemplen todos esos elementos que aquí hemos mencionado, si no, todo lo dicho es demagogia. Gracias.

El Presidente:

A continuación, para rectificar hechos, la diputada Carlota Botey.

La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:

Con la venia de la Presidencia:

Señor diputado del PAN, tendremos tiempo para discutir la historia agraria de este país. En este país siempre ha habido dos grandes corrientes: la privatizadora y la de engendro del medio rural real, que ha sido la propiedad comunal.

En 1917 prevalecieron las dos corrientes, entraron en una lucha fuerte, pero ganó la agrarista y la tierra se repartió a grupos sociales y la tierra se confirmó a comunidades, que era la historia y la reivindicación real del campesino.

Yo diría, y reconozco, que las reformas del 27 son fundamentalmente tesis del Partido de Acción Nacional y que nunca necesitaron tener atrás a Zapata para mencionar sus tesis y sí el Estado y el Gobierno salinista necesitó a Zapata para pronunciar un proyecto anticampesino, para engañar, por eso decía que yo venía con la verdad, porque el proyecto como se manejó y el proyecto liberal hubiera dicho para mis propósitos: necesito privatizar la tierra y a los campesinos les hubiera dicho: el Prosede es para privatizar la tierra y posteriormente para que entre a otros sectores y a otras manos, hubiéramos estado con la verdad.

No hay justicia y menos libertad. El Prosede está siendo impuesto y los campesinos no saben en realidad y yo invitaría a la compañera con todo cariño a que recorriera otro, México, a que recorriera el México de San Quintín, donde están las mujeres campesinas y niños de cuatro y seis años cosechando el tomate. Que recorriera el sur de Sonora, donde las mujeres les impusieron la figura de solaridad y ellas no quisieron tener los apoyos antes de romper sus organizaciones, porque solidaridad es un elemento desestructurador de las verdaderas organizaciones autónomas de este país.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Pablo Moreno Cota.

El diputado Pablo Moreno Cota:

Señor Presidente:

Aquí hemos estado precisando en torno a un asunto que por las expresiones de todos los diputados que han participado, sí tenemos una coincidencia, que es la preocupación por resolver o por aportar soluciones al problema del campo.

No es nuestro propósito abordar esta tribuna, compañeros diputados, con la finalidad de profundizar una polémica que a veces resulta más estéril que positiva.

Esto nos lleva indudablemente a que hagamos reflexiones en torno a la verdadera realidad del campo.

No es propósito de nuestra fracción parlamentaria y ninguno de los diputados del PRI ha venido a decir aquí que en el campo mexicano prevalece una situación color de rosa, todos, yo me uno a ellos, sabemos que tenemos problemas serios, sabemos que se están haciendo esfuerzos también por el poder público, por las organizaciones sociales, por los productores, que necesitamos pues en definitiva, con el mejor de nuestros esfuerzos, de nuestras inteligencias resolver estos problemas.

No se trata de ninguna manera de recorrer campos como si se tratara del campo de golf, pero tampoco este país se está cayendo en pedazos, aquí todos estamos naciendo esfuerzos, considero, por superar los momentos de crisis.

Pero yo quisiera referirme, para precisar de manera muy contundente y como parte también de esa realidad, soy productor rural, de lo que sucede con un instrumento que ha sido creado no sólo por el esfuerzo institucional, sino también por el esfuerzo del sector social y decirles que en relación con el Procampo, es en definitiva un instrumento justiciero de redistribución del ingreso orientado a los más pobres de los pobres, a los que no beneficiaban los precios de garantía; es un instrumento no acabado, por eso fue concebido para una operatividad de 15 años, pero que es perfectible; que tiene limitaciones, lo sabemos; que en concreto vivimos en los dos ciclos anteriores que ha operado algunas limitaciones, pero que se han ido superando.

Y en definitiva el Procampo, instrumento que si bien por sí sólo no resuelve los problemas estructurales del campo mexicano, sí constituye un basamento que no debe ser abandonado, sino que debe de ser perfeccionado y enriquecido. Eso es precisamente lo que nos debe llevar a todos y yo creo que en futuras faenas legislativas, tanto en comisiones como en el pleno de esta cámara, tenemos que seguir ahondando por mejorar los instrumentos de beneficio social del campo.

Pero definitivamente hablar del Procampo como un programa electorero, es una mención que ofende a los campesinos. En qué poca estima se tiene su dignidad y entereza; ello significa que está en venta su integridad ciudadana, sus más profundos sentimientos de lealtad con la nación.

Que nadie se equivoque, ellos tienen memoria histórica; su voto no es de ignorancia ni de oferta, es un voto de conciencia y de lealtad histórica. Les dejo, compañeros, estas reflexiones.

El diputado Rafael Jacobo García (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, diputado Rafael Jacobo García.

El diputado Rafael Jacobo García:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:

Creo que cada tema que se aborda aquí es de suma importancia y tiene importancia, porque desde luego hay diferentes posiciones o concepciones sobre el problema de la tenencia de la tierra y lo que tiene que ver con el uso de la tierra.

Quiero decir al respecto, por la situación que se ha presentado, por la intervención de la compañera del Partido Revolucionario Institucional que les habló de la bondad de las re formas al 27, que las reformas al 27 tienen su origen y el origen es un origen jurídico resuelto por el Constituyente de 1917.

Que hicieron otras reformas antes en que lo dejaban endeble, como señaló otro compañero diputado del Partido Acción Nacional, pero el que quedó firme y el que es firme es el del 27, es el que nosotros defendemos los campesinos.

Lo defendemos porque en esencia el 27 otorga un derecho a la tierra, el derecho a la tierra y para ejercer ese derecho se otorgan certificados de derechos agrarios. Se impide en este certificado es cierto, la enajenación de la tierra, a través de la renta o la venta y da el derecho el 27 de 1917 al derecho como una cuestión imprescriptible, una cuestión inalienable también al derecho de la tierra.

Y la diferencia que hay en las reformas de enero del año de 1971, es que esto se elimi na. Se eliminan, eliminándose las fracciones del Xl al XVII del artículo 27 y ahora ya no hay esa garantía de que la tierra ejidal o comunal es la propiedad social, ganada en una revolución que costó más de un millón de vidas, pueda estar firme como patrimonio de las familias campesinas.

Es el rechazo de muchas organizaciones, entre ellas a la que yo pertenezco, la Central Independiente de obreros, agrícolas y campesinos que nos opusimos, como se oponen miles, cientos de miles de campesinos de la Confederación Nacional Campesina, nos consta. Ahora que nos han hecho firmar para recibir, firmar de acuerdo con el Procede acuerdos, actas, para recibir los títulos, es otra cosa, pero la base, la base no está de acuerdo.

Están de acuerdo los dirigentes, ¿por qué? Porque siguen una política del que manda arriba, ésa es la realidad compañeros. Yo creo que no debemos hacernos tontos en esta cuestión.

Otra cuestión, el Procede, como se ya se dijo aquí, también ese da garantías y no es cierto, no da ninguna garantía. El Procede es un título efectivamente que da la propiedad, pero con esta político de escasos recursos, muy pocos y no a todos, en momentos muy seleccionados, al campesino lo están orillando a la venta de la tierra y aquí hay muchos dirigentes campesinos en esta cámara que saben eso.

Vayan a mi tierra, la comarca lagunera, en el municipio de Gómez Palacio, no hay un ejido donde cuando menos cinco campesinos no hayan ya rentado la tierra y no por tres años, ni por un año ni por cinco, por 20 y 25 años la tienen rentada, ¿quién garantiza que la van a recuperar? Al contrario la están comprometiendo más y así vamos a otros lugares.

Pero vayamos a Michoacán o a Guanajuato, ¿pero que será de los campesinos, la vamos a seguir vendiendo, porque no tenemos otra cosa qué hacer? Pero ahorita la vendemos y mañana se las volvemos a quitar, ¿a dónde nos lleva esto? A un problema que no va acabar con eso, con la privatización, que eso es lo que quieren.

Ese fue el espíritu de las reformas al 27, como es el objetivo también del TLC, para que entre las negociaciones que hay del Tratado de Libre Comercio, una cuestión es la posibilidad de la renta de ejidos completos, como se están rentando en Sinaloa y se rentan en otros estados, y aquí hay compañeros de Sinaloa y hay zonas donde ejidos completos se rentan y hay personas que dicen: yo no rento parcelas, yo rento ejidos y así la tierra ejidal está pasando otra vez a manos de los particulares.

Está bien, tienen mucho dinero y a nosotros nos obligan a eso, a venderla, a enajenarla, a rentarla, porque ése es el camino que nos es tán dejando, porque no es cierto que en los programas como el Procampo, que sea muy bien, ¡bienvenidos los 330 pesos por hectárea! Pero eso no lo resuelve, porque una hectárea para cultivarse bien de maíz, de trigo o de otro cultivo requiere mínimo entre 1 mil 600 y 2 mil pesos, eso es lo que necesita una hectárea, no 330 pesos y además no da para toda la parcela, da para dos y tres hectáreas.

Entonces, con todo respeto, compañeros diputados que defienden el Procampo, el Procampo no es la panacea. Es parte, bienvenido, repito, pero eso no es lo que queremos. Queremos créditos al 100%. Gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Rafael Núñez Pellegrín.

El diputado Rafael Núñez Pellegrín:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

El campo indudablemente que es un problema nacional. Aquí hay algunos diputados que en una reunión del 6 de octubre de 1988, en las comisiones unidas de Agricultura, Comercio, Reforma Agraria, tratábamos de establecer una nueva mecánica para reordenar lo referente a los precios de garantía y prácticamente se llegó a un acuerdo que al día siguiente se hicieron para atrás todos los diputados del PRI, porque el señor Presidente no estaba aquí en México.

¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué sucede con el campesino? ¿Cuál ha sido su participación? Pudiéramos darnos muchas respuestas, pero en el fondo lo que hace el campesino es un gran trabajo y por ése gran trabajo recibe una miseria de ingresos. Esa es su participación en el ingreso, ése ha sido su destino y por eso estamos inconformes, no estamos de acuerdo con esas políticas populistas que ha llevado a engrosar la cartera vencida a grados que ya no es posible la reestructuración, incluso en gran porcentaje en la cartera vencida de los productores agrícolas.

Y toda esa falsedad que se maneja, solapada por aquellos que manejan la agricultura o los destinos de esta actividad, pues ahí están creando más miseria en México.

¿Qué dice el Gobierno? El Gobierno dice muy poco en su informe. Le dio la vuelta a lo que es el problema del campo y lo que alcanzó a decir de manera muy populista, por cierto, es que en maíz y frijol somos autosuficientes, todo el maíz y el frijol que se consume de 1992 a la fecha es producido en México y eso es falso; de 1992 a la fecha, ahí está el anexo, se han importado 374 millones de dólares y eso es un informe que dio el licenciado Salinas.

Hoy nos dicen que el Pronasol y el Procampo son la salvación del mismo, pero no dan ninguna alternativa en ése que ni es programa, el Procampo, para empezar. Lo he leído todo y no tiene una sola solución sería para sacar al cam po de ése gran problema, y por eso sostenemos nosotros que es un programa electorero y allá en los municipios rurales de Sinaloa y especialmente el municipio de Sinaloa donde es originario el diputado Pablo Moreno Cota.

En 1991 tenían como a 300 campesinos encerrados en la presidencia municipal y no los dejaban salir, porque ahí andaba el candidato del PAN al Senado, que era un servidor; hasta que se fuera, para entregarles los cheques del Procampo, desde luego, con la promesa de que tenían que votar por ellos y así lo hacen en todos los municipios rurales.

Afirma también otro diputado de la CNC, que los estímulos no han funcionado, porque favorecen a unos mil productores. Se le olvidó o no quiso decir que el gran problema de los estímulos es la gran corrupción que se da en la esfera oficial; eso no lo quiso decir.

Para entender a el Procampo y el Pronasol, tenemos que analizar la agricultura desde dos puntos de vista o dos perspectivas: la agricultura de autoconsumo, que es la que está en las zonas rurales o en la zona de temporal y la agricultura de riego o la agricultura tecnificada. No podemos dar el mismo tratamiento, son dos cosas distintas. Nosotros no nos oponemos a que les llegue el Procampo o el Pronasol a la gente de los ejidos rurales, porque necesitan apoyo.

Lo que sí es ofensivo y denigra a los hombres del campo, es que se les trate de esa manera condicionada la participación que les dan a través de esos dos programas electoreros.

Y aquí ha quedado muy claro a lo largo y ancho de nuestra patria, condicionan el Pronasol y el Procampo vía votos.

¿Cuál es la mecánica del Procampo? Voy a darles un ejemplo nada más para ubicar a aquellos que no entienden o no quieren entender que el Procampo no se puede aplicar totalmente a la agricultura:

En Sinaloa, la media de producción de maíz es de ocho toneladas por hectárea. En el ciclo 1992-1993 se obtuvo ese rendimiento más o menos, hablando en números cerrados. El precio por tonelada era de 750 pesos. En el ciclo 1993-1994, bajaron a 650 pesos por tonelada es decir, ahí el productor tuvo una disminución de 800 pesos. ¡Ah!, pero le reintegraron vía el Procampo 330. Ahí el productor no ocupa ser muy inteligente para entender que de 330 que le da el Procampo es menor que 800 pesos. Eso es una realidad. Y esto no lo han querido entender y han seguido insistiendo en que el Procampo y el Pronasol es el gran beneficio para los productores y eso lo dijimos cuando se implementó el Pronasol allá en Tlaxcala, que era un programa generador de miseria, generador de corrupción y que era un programa electorero.

Para finalizar, señores, no los quiero cansar, yo creo que tenemos que dejarnos de demagogia y entender que los problemas del campo se van a resolver cuando los campesinos, el Gobierno y sus dirigentes hagamos una tarea seria, responsable, buscando la producción y que los recursos de el Pronasol y el Procampo, tendrán que ser instrumento para el desarrollo, no para crear votos y generar más miseria. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Hildiberto Ochoa.

El diputado Hildiberto Ochoa Samayoa:

Compañeras y compañeros miembros de esta legislatura:

Mi intervención es con respecto a los problemas del campo y he notado que desde el inicio, cuando se habló por primera ocasión, cuando se hizo referencia en esta glosa de las cuestiones del campo, los compañeros priístas, con todo respeto se los digo, noté que silbaban o gritaban para que se callaran por el tiempo que se excedía; pero no lo hacían así con sus compañeros. ¡Los invito a que tratemos de ser iguales! Compañeros, las reformas al artículo 27 se dieron precisamente en el año de 1991 y es algo que precisamente yo, para que nadie diga que venimos a acá sin el respaldo del pueblo, vengo como uninominal del Estado de Chiapas.

Compañeros, dentro de la campaña que hacía mención de como el Gobierno y su partido, a espaldas del pueblo, se atreven a hacer reformas a nuestra Constitución; reformas que consideramos que formaban o deben formar parte de la columna vertebral.

Compañeros, en campaña los diputados, los que eran candidatos en ese tiempo, jamás al pueblo le hicieron saber de que ellos estaban aspirando llegar a este lugar precisamente para hacer reformas que les iban a ser contraproducentes a su desarrollo. Las reformas, compañeros sus consecuencias.

Su servidor, aun cuando logró un nivel académico, soy originario del campo y las consecuencias son de que muchas personas, endeudadas con la banca privada y con Banca Serfín, la banca privada en general, ha tenido que dar casi regaladas sus tierras para poder solventar esas deudas; porque la situación en el Estado así lo requería en los tiempos de Patrocinio González Garrido. ¡Mal recuerdo que tenemos en el Estado de Chiapas!

Compañeros, se habla también de como las reformas traen justicia y libertad. La justicia consiste compañeros, en que como en nuestro pueblo, que tenemos que reconocerlo, hay una enorme ignorancia. Porque al Gobierno así le ha convenido a sus intereses.

El Procede, como ejemplo puedo citarles de que uno de mis hermanos es el comisariado ejidal de la comunidad de la cual soy originario. Llegaron las personas, precisamente las autoridades del Procede, a tratar de sobornarle para que él se encargara de que la Asamblea aprobara y que firmara de acuerdo a ese programa y que así pasaran a ser auténticos propietarios.

Compañeros, ésa es la auténtica justicia y ésa es la libertad; de ir con los dirigentes de cada una de las comunidades a comprarles, para que entonces sí pasen a formar o a engrosar las políticas encabezadas por Salinas de Gortari.

En cuanto al Procampo efectivamente ya está trillado. Es un instrumento electoral. Sólo sirve precisamente para allegarse de votos. Nos consta, en el Estado y en la región en particular de la costa, la frontera con Guatemala, de que los presidentes municipales, que es a los que se les encargó el reparto de este efectivo, lo hacían diciendo que eran las benevolencias y los resultados de un buen Gobierno y de su partido.

Compañeros, ellos lo hacían a espalda de los que éramos dirigentes de las organizaciones campesinas. Lo hacían así, citándoles a las oficinas particulares de los presidentes municipales y compañeros, ahí tienen la justicia.

Yo para lo que los invito es de que reflexionemos, independientemente de los estratos sociales de los cuales provengamos; ya sean los del campo; ya sean los que se encuentren en el término medio o los de arriba: los capitalistas.

Los exhorto a que nos preocupemos por el campo. Significamos un buen porcentaje del grueso o del universo del México del cual nosotros también correspondemos.

Compañeros y les digo que reflexionemos, porque todos, todos los que incluso estamos acá, nos alimentamos todos los días de los productos que precisamente, aun cuando muchos nos llaman los huarachudos o los apestosos, ustedes están disfrutando de los productos que ahí nosotros eneramos a través del trabajo en la tierra. Gracias compañeros.

El Presidente:

Para rectificar hechos hará uso de la palabra el diputado Víctor Hugo Islas.

El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En efecto, se ha señalado aquí que cada uno de los oradores no ha seguido el orden y algunos compañeros han venido a hablar de algunas cosas y algunos más han señalado otras.

Sin el ánimo de iniciar una polémica, he tenido la oportunidad de estar muy cerca de cada uno de los oradores y ver la vehemencia y la pasión con que han venido a defender sus tesis y sus planteamientos y en base a esa misma pasión quisiera reflexionar sobre las siguientes cosas.

Se han señalado deficiencias en la educación; nadie las niega. Se han señalado que se conocen los problemas, porque se han leído en el documento que aquí se les entregó y porque se han visto en las declaraciones periodísticas muy respetables, como también los planteamientos de algunos estudiosos y filósofos que las han hecho. Pero la realidad es que los que hemos tenido la oportunidad, porque aquí se ha hablado de ejemplos claros de entidades, la oportunidad de ir en nuestros recorridos, en nuestra trayectoria política, nos hemos dado cuenta realmente de la educación que hace falta.

No negamos que la educación superior necesita mayores apoyos y que necesitamos prepararnos más para que este país con educación salga adelante. Pero no negamos que esa educación hace falta en los lugares más apartados, en donde con muchas dificultades se han podido construir escuelas rurales que han permitido a muchos hermanos nuestros que no tuvieron el privilegio de haber nacido en unas grandes ciudades y de haber utilizado los recursos del pueblo para prepararse en las grandes universidades.

Los que los conocemos y hemos visto no podemos negar que durante ese cuestionamiento que se hace de la educación, se hizo una des centralización y se inició un proceso de modernización, un proceso de modernización para que en los municipios existan comités de educación interesados en la atención directa de sus hijos, interesados en las necesidades primarias de la escuela digna, del pizarrón y de que acuda el maestro a cumplir con sus funciones.

Y no negamos tampoco que dentro de esos esfuerzos se ha tenido la oportunidad de ampliar los programas para nuestras etnias, que eran de un número determinado y que ahora son en 39. Se han ampliado los sueldos a los maestros, empezará el ¡uh! y el ¡ah!; no estamos conscientes de que con eso se les esté apoyando y respaldando en sus necesidades, incluso aquí que ustedes son grandes estudiosos, lean la declaración de principios y programas de acción en donde habla de la educación. Lo que hemos venido planteando y lo que ha venido planteando nuestro virtualmente candidato triunfante Ernesto Zedillo.

Y si también yo quisiera, porque después de ver de unos y otros, me ha dado tristeza leer las columnas periodísticas y darnos cuenta cómo nos catalogan, porque aquí no hemos tenido el respeto mutuo en esta alta tribuna parlamentaria.

Y es así como dentro de ese proceso de modernización se han tratado de dar instancias para que nuestra educación resuelva sus problemas vitales y nosotros seguiremos apoyando la educación, pero desde la educación primaria, desde la educación rural.

Aquí se ha señalado que solidaridad es un programa electorero. Solidaridad tiene muchos años y quienes conocen cómo se organiza solidaridad sabrán que los comités son electos democráticamente por los ciudadanos de una calle, colonia, barrio, comunidad o asamblea y que cuando se hacen estas asambleas no se les pide una credencial de identificación para ver a qué partido pertenece, simple y sencillamente se tiene una necesidad y se lucha por esa necesidad. Aquí algún compañero cuando se ha hablado de solidaridad ha dicho que es dinero del pueblo, en efecto, es dinero del pueblo, como es dinero del pueblo el de Chihuahua, el de Baja California Norte y el de Guanajuato, también es dinero del pueblo y que en determinado momento no se ha empleado, como han sido las expectativas de esos ciudadanos en la solución de sus necesidades.

Este programa no es electorero, es un programa en donde ha participado la sociedad, es un programa que incluso la propia gente ha te nido el manejo directo después de presentar estudios y proyectos que en determinado momento les permita la solución de sus necesidades.

Se ha hablado del Procampo, que también es un programa electorero, aquí hay experiencias de que les ha tocado decir que en determinado momento se ha llamado solamente a los campesinos de una organización, pues a mí me ha tocado estar en asambleas en donde tampoco se ha pedido una credencial de identificación de un partido político y se han inscrito compañeros de todos los partidos políticos, porque los campesinos van a votar por el partido que quieren, pero en su interior ellos no señalan la ideología cuando van a solicitar la perforación de un pozo, cuando van a solicitar el crédito de un tractor, o cuando van a solicitar el Procampo.

Qué curioso es escuchar acá que cuando el partido de ustedes ganan las elecciones, es democracia y cuando las ganamos nosotros, es un fraude o es un programa electorero, el Procampo. Compañeras y compañeros de partido, con un gran respeto vengamos a la tribuna más alta del pueblo a ver las causas y los efectos, nadie está satisfecho con lo que se tiene, nadie está consciente de que hemos resuelto los problemas, todos sabemos que debemos de dar más de nosotros mismos para luchar por la solución de nuestras necesidades, para luchar porque el Procede y otros instrumentos del Gobierno cumplan al pie de la letra sus funciones y sus responsabilidades.

Si hay conciencia de que muchos de esos programas no son efectivos, los invito a que vayan a sus comunidades a hacerlos efectivos y a hacerlos realidad. Gracias.

El Presidente:

A continuación, hará su intervención, el diputado Salvador Becerra Rodríguez.

El diputado Salvador Becerra Rodríguez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Históricamente el PAN, ha señalado que el problema del campo básicamente es un problema de tipo político y esto es bien conocido por muchos de nosotros, que un miembro del sistema político ahora ex secretario de Agricultura, el doctor Oscar Brower Herrera, siendo secretario de Agricultura señaló, que los campesinos habían sido organizados para votar, pero no para producir.

Señores, seamos sinceros, el problema del campo es un problema grave, añejo, de tipo político. El manejo que se ha hecho del campo, usando para ello algunos argumentos que se dicen que son herencia de la Revolución mexicana, ha sido para controlar a los campesinos.

Es conocido el control político que ha tenido el sistema a través de la organización de los ejidos. El hecho de que la tierra no sea propiedad de ellos, ha permitido que sean manipulados, atemorizados, sometidos; para todos los trámites de esos agricultores que ciertamente tienen dignidad, pero han sido sometidos por el terror.

Ese terror, nosotros, los miembros de la oposición bien la conocemos. Vamos a sus ejidos y nos dicen que sí votarán por nosotros, pero no se atreven a ayudarnos en las campañas, vamos, ni siquiera se atreven a poner una pequeña calcomanía de nuestro partido. Eso, es la verdad. Han estado atemorizados, sometidos, si a eso le agregamos la corrupción que ha campeado en las instituciones oficiales, no es necesario que abunde sobre lo que pasó con ANAGSA, afortunadamente ya no existe.

También son proverbiales los abusos, los fraudes de Banrural, ésos son los apoyos que se le han dado al campo. Se ha dicho de que las reformas al artículo 27 han sido regresivas; por el contrario, el Partido Acción Nacional desde un principio, desde hace mucho, las ha promovido, ha promovido los cambios, porque tal como estaban organizados los agricultores no podían obtener créditos individuales; para ello tenían que asociarse, organizarse y ser manipulados.

Tampoco, muchas parcelas eran abandonadas. Todos los que estamos en el campo y yo también, tengo 25 años de trabajar directamente con los agricultores y me ha tocado ver la gran cantidad de parcelas abandonadas, porque debido otra vez a la corrupción del sistema, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, proporcionaban parcelas, ya lo decía Maquío, a sastres, a músicos y a muchas personas que no tienen amor por la tierra y la ren taban. De modo que la renta de la tierra no es nueva, no es debido a las reformas del artículo 27, éstas desde mucho tiempo han existido pero han cerrado los ojos, los han vendado para seguir con esa manipulación de mucho tiempo y que tan buenos resultados les ha dado al sistema.

Las reformas al artículo 27 han permitido que verdaderos agricultores las posean, las trabajen, y que aquellas personas que son sastres, que son músicos, las vendan realmente a personas que amen la tierra. También permiten las reformas al artículo 27 que los agricultores, individualmente, cada uno, sin ir en montón, acompañados de sus líderes, que cada uno de ellos pueda obtener el crédito; también ha permitido revalorar el valor de la tierra siempre, en los ejidos que se vendían las parcelas; la superficie, el valor de la tierra era inferior a la misma tierra, de la misma calidad de los pequeños propietarios, pero con las reformas al artículo 27 se dice que no han dado resultados.

Pero señores, el problema sigue siendo de tipo político, con estas reformas hagan de cuenta que a una persona se le regala un automóvil, pero no sabe manejar el automóvil, tenemos que enseñar cómo manejarlo para que rinda beneficios y que tenga utilidad; sin embargo, parece que estas modificaciones en el manejo político no han cesado.

Otra vez se cierra los ojos, se quiere cegar la vista diciendo que Procampo no es electorero. Señores, cómo me lo pueden decir a mí, si yo fui testigo de que una semana antes, en el Estado de Colima, una semana antes de las elecciones, se dio el 50% del Procampo diciendo que el 50% restante se daría después.

Entonces sigue el mismo problema. Lo que hace falta señores es que se deje de hablar del campo y realmente se haga algo, que los agricultores sirvan de algo más que oropel, que decoración en los mítines políticos; que dejen de ser el payaso, que dejen de ser el gran garric de la poesía, que siguen dando alegría a los que lo rodean, pero en su alma, en el corazón, llevan el dolor, la desesperanza. Gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Manuel Marcué y Pardiñas.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Siento mucho, señores, y voy a ser sincero conmigo y con mis compañeros de bancada, que hasta ahorita no les hemos contestado las mentiras que los señores del PRI vienen a decir sobre el campo.

A mí no me gusta hacer esos rollos que hacen muchos compañeros, podría yo venir aquí con 20 ó 30 cuartillas a leerlas, pero yo tengo la impresión que cuando se hace eso, claro que es necesario hacerlo fríamente y profundizar, no se hace con la razón y la pasión con que se deben defender problemas como los del campo.

Señores del PRI, yo quiero preguntarles a ustedes: las tierras desde sus inicios a quién pertenecían, pertenecían a los indígenas, a los verdaderos campesinos o a nosotros cruzados de español o de francés o de inglés o de lo que ustedes quieran, recuerden a quién pertenecían las tierras.

Recuerden cómo poco a poco los campesinos de toda la superficie del territorio nacional de este país, han sido desplazados. Recuerden la historia, señores, recuerden en qué esclavitud vivieron los campesinos en las antiguas haciendas, por qué, y desgraciadamente, se tardaron tanto los mismos campesinos para levantarse en armas o protestar.

Recuerden ustedes, ¿por qué los mayos de Sonora, en la época de Porfirio Díaz, eran transportados al sur de México y cómo se les trataba, para quitarles sus tierras? ¿Qué sucedió en muchos lugares de la República? Pero eso es historia.

Pero les quiero recordar algunas cosas. ¿Quién corrompió al campo mexicano? Si los señores del PRI están hablando con la verdad, quiero oír que me digan ellos quién corrompió el campo mexicano, quién rompió sus organizaciones campesinas, fueron los señores de Acción Nacional o fuimos nosotros. ¿Qué no recuerdan, no saben, no sienten en conciencia quién ha corrompido no nada más el campo, sino muchos aspectos de la economía nacional y de la cultura nacional?

Señores del PRI, tengan conciencia, tengan conciencia porque les quiero recordar que las tierras en México, en muchos lugares, se hicieron con el dinero del pueblo, los distritos de riego, los caminos, y como yo soy muy breve, les pregunto a los señores del PRI: ¿las tierras mejoradas de los distritos de riego se las regresaron a los campesinos dueños de esas tierras? ¿A quién se las dieron? Me apena decirles que con el dinero del pueblo, en la época de Miguel Alemán, se mejoraron y se hicieron distritos de riego, pero a quién se las dio Miguel Alemán y el régimen de los señores del PRI. Se las dieron a sus amigos, se repartían en las oficinas, extendían los planos y les decía: 200 hectáreas para ti, 100 para ti, 50 para ti. Y les está hablando un hombre que le querían regalar tierras en esa época.

Qué sucedió con las cosas que hicieron para mejorar la agricultura en Yucatán. ¿Qué, no recuerdan? ¿Qué sucedió, qué hicieron los señores del PRI y los funcionarios del PRI en el Banco Ejidal? ¿Qué hicieron en el Banco Agrícola? ¿Qué han hecho en todas aquellas instituciones que eran para elevar la situación económica de los campesinos? Señores, se robaron el dinero, se robaron el dinero.

¡Qué desgracia que esta palabra se tenga que usar para decirles que sus gobiernos, a partir de Miguel Alemán, no han hecho más que eso!

¿Qué hicieron con el seguro social, que en la época de Cárdenas se estableció el seguro social del campo, el seguro agrícola? Señores, lo destruyeron. ¿Qué hicieron de La Laguna, que era una ciudad bellísima y alegre, porque había trabajo, porque se veían centenares de campesinos caminar en sus pickup por todas las carreteras de La Laguna, alegres porque tenían trabajo y lo iban a desempeñar al campo? ¿Qué hicieron con las sociedades de crédito? Díganme señores del PRI, ¿qué hicieron con las sociedades de crédito formadas, integradas en la época de Cárdenas, que formó en muchos lugares unidades económicas para que las explotaran los campesinos en grupos unidos de trabajo? ¿Qué hicieron señores? Las destruyeron, las robaron, las corrompieron, las dividieron.

Señores, por favor, no vengan aquí a decir que lo que ha hecho el Gobierno actual es lo correcto. Hubiera sido lo correcto si hubiera acabado con la ratería del Banco Ejidal y le hubiera dado otra forma de manejo; hubiera sido lo correcto si el Pronasol y el otro organismo, el Procampo, lo hubieran dedicado efectivamente a organizar el campo.

Lo que sucedió, señores, y es penoso tener que subir constantemente a esta tribuna a decirles lo que es la verdad. ¿Qué hicieron? Se asustaron en 1988 en las elecciones pasadas, y se prepararon creando sus dos organismos para juntar el voto, para corromper la conciencia de los campesinos que tenían hambre y que por esa razón tuvieron que aceptar.

Les voy a poner un ejemplo, les voy a contar una anécdota histórica. Señores, cuando llegó Cárdenas a La Laguna, esa vez me impresionó tremendamente que en uno de los mítines hubiera pocos, muy pocos hombres y miles y miles de sus mujeres de esos hombres. Aquí acaba de decir un compañero que los campesinos a veces no actuaban conforme a su conciencia, porque el Pronasol y el otro organismo los amenazaban de no darles dinero para que pudieran hacer algo en sus tierras.

¿No es una vergüenza eso señores, no es una vergüenza que no pudiendo ganar por el desprestigio que ha tenido el PRI a partir de Miguel Alemán, de rateros, ladrones, destruyendo las organizaciones campesinas y los sindicatos, creando sindicatos charros, hayan destruido la organización obrera?

¿Quién destruyó la organización obrera, los señores de Acción Nacional, nosotros o fueron ustedes? Díganme quién. Aquí hay hombres que conocen las cosas del campo y que me da pena que no se paren a defender a las personas que liderearon. Esa es la verdad señores, los organismos que ustedes crearon fue porque se asustaron, porque el pueblo iba a votar en contra de ustedes.

Ustedes dicen que ganaron. ¿Ganaron señores? sí, utilizando los recursos del pueblo, gastando millones y millones de pesos para comprar la conciencia de los mexicanos ¿Qué ganaron? Ganaron el desprestigio, ganaron el oprobio del pueblo mexicano.

El PRI es lo que ha hecho, ladrones con cádilacs, bribones que han destruido los sindicatos en México y otras muchas cosas que han hecho. A mí no me vengan a decir que ustedes han ganado.

Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas ha dicho: yo no digo que gané. Pero tampoco la votación es la que me dicen que ustedes sacaron para beneficiar, y lo digo con respeto para Zedillo, para que Zedillo saliera.

¿Qué hicieron ustedes, señores, cómo es posible que con todo el oprobio y con todos los errores que han cometido, cómo es posible que vengan a decirnos eso? Cuando el desmadre que hay en el PRI; asesinato de su candidato, asesinato del Secretario General del PRI, ¿cómo ustedes pueden venir a defender lo in defendible? El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura (desde su curul): Para hechos.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Olivares, para rectificar hechos.

El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura:

Con su permiso, señor Presidente:

He solicitado, compañeras y compañeros diputados...

El Presidente:

Ruego a los señores diputados que están en el corredor, se sirvan tomar sus lugares.

El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura:

He solicitado hacer uso de la palabra, no para venir a avivar la polémica que provoca un problema, todos estamos conscientes, fundamental para la nación, sino para tratar de poner el tema en una justa dimensión que nos permita continuar con los trabajos que el día de hoy está desarrollando nuestro cuerpo colegiado.

Quiero, en primer término, afirmar que el número de participaciones que ha habido sobre el tema y el problema del campo muestra lo vital del tema, y la presencia que en el ánimo de todos despierta este tema, fundamental para el desarrollo justiciero de nuestro país.

El Presidente:

Compañeros que están en el pasillo, señores diputados, por favor, tomen sus asientos, debe continuar la sesión en orden.

El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura:

Quiero, en segundo lugar, que no nos llamemos a engaño. Los temas vitales para la nación, tal es el caso del que hoy debatimos, despierta pasión, multiplicidad de visiones, de versiones y desde luego, de posiciones de carácter político ideológico.

Mi compañero Pablo Moreno Cota, de Sinaloa, y junto con él, varios participantes del debate de las distintas fracciones aquí representadas, han abundado, y quiero subrayarlo porque me parece que esto es lo que tenemos que rescatar, en la idea y en el compromiso de abrir un impasse y una oportunidad para abordar el asunto del campo, abordarlo con la serenidad y la responsabilidad que su realidad demanda, que sus problemas demandan que lo abordemos y tiempo habrá para ello durante los tres años de trabajo legislativo, con ánimo propositivo para lograr avances con la visión plural que aquí se ha manifestado.

Dos últimas cuestiones, quisiera referir en esta corta intervención de hechos. La primera de ellas es que si ciertamente en la glosa de la política social ha habido referencia constante a programas como Pronasol y Procampo, acusándolos de programas electoreros, nadie puede negar, nadie, que siendo medidas de carácter justiciero, como lo refería Pablo Moreno Cota, no resuelve a fondo los problemas estructurales que están enfrentando los productores del campo mexicano.

Pero sí quisiera sumarme a la opinión de Pablo Moreno, cuando refiere que nos parece ofensivo calificar a los campesinos como ciudadanos prestos a vender su dignidad ciudadana.

Me parece que el mejor ejemplo que contradice esta versión, y lo digo en tono de respeto, es el que aquí nos daba el compañero diputado representante de la costa de Chiapas, cuando hablaba de que él estaba aquí por un triunfo logrado con votos ciudadanos y que era diputado uninominal, y después nos refería que en su distrito también se habían vendido los votos campesinos. Hay una contradicción de fondo en el abordamiento de la cuestión.

Y la última referencia. Ciertamente en alguna etapa de la vida política del país, un ex secretario de Agricultura llegó a aseverar que los campesinos estábamos organizados para votar, pero no para producir y a mí, en lo personal me parece, sin ánimo de polemizar en el tema, que fue un pronunciamiento, una tesis y una posición profundamente reaccionaria.

No se puede producir si no se está organizado políticamente para avanzar en las reivindicaciones de los productores del campo. Sólo con organización política puede haber avance productivo, organización productiva, organizarse es un derecho que los campesinos van a seguir usando, y lo van a hacer en sus organizaciones sociales de carácter plural.

Termino mi intervención haciendo mía también la convocatoria, para que en el futuro inmediato de esta legislatura, abordemos con los claroscuros que la cuestión requiere este problema fundamental de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente:

La fracción del PRD ha hecho saber a esta Presidencia que retira los oradores que aún no hacían uso de la palabra, con el objeto de irnos aproximando al final de esta sesión.

Está en uso de la palabra, porque así estaba enlistado desde hace tiempo, el diputado Salvador Fernández Gavaldón.

El diputado Matías Salvador Fernández Gavaldón:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Previa a mi intervención sobre el problema del medio ambiente, quiero hacer referencia a la participación del compañero diputado Manuel Marcué y a la frustrada réplica del compañero diputado del partido oficial.

Efectivamente, se ha deteriorado la labor de los maestros, y el responsable de esto ha sido el Partido Revolucionario Institucional. Pruebas, en San Luis Potosí, se consignó por la fiscalía especial a quien al mismo tiempo que cobraba en la SEP, desarrollaba acciones proselitistas en favor de los candidatos del PRI. Actualmente está otro proceso en el Estado de Michoacán.

Mi pregunta a la diputada María Guadalupe Flores es: ¿en qué día se repartieron los cheques de Procampo y Pronasol, después del 21 de agosto, diputada?

Ahora, ya voy sobre el tema, sobre el medio ambiente. En el actual sexenio, el Gobierno ha canalizado grandes recursos financieros al problema ecológico, sin embargo, es alarmante la situación actual de los recursos naturales. Según datos del Programa Nacional para la Protección del Medio Ambiente, se deforestan 500 mil hectáreas anualmente de bosques, 342 especies de faunas se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, de las cuales, 169 son únicas en México, por lo menos, 582 especies superiores se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

En lo que respecta al agua, ya se observan insuficiencias críticas de agua limpia en muchas regiones, cinco cuencas están severamente deterioradas y merecen especial atención.

La destrucción de selvas tropicales en nuestro país es alarmante, de la selva lacandona sólo queda una tercera parte. Asimismo, la región de los Chimalapas, en Oaxaca, se haya destruida casi en su totalidad.

Ha dicho un líder moral de la humanidad, mis compañeros de partido saben a quién me refiero. La tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben ser para beneficio de todos, es injusto que pocos privilegiados sigan usando bienes superfluos, despilfarrando los recursos disponibles, cuando una gran multitud de personas viven en condiciones de miseria en el más bajo nivel de supervivencia.

Es la misma dimensión dramática del desequilibrio ecológico que nos enseña ahora cómo la avidez y el egoísmo individual y colectivo son contrarios al orden de la creación.

La degradación ambiental se debe en gran parte al proyecto económico neoliberal del Gobierno mexicano que se ha adherido al sistema económico de la codicia, el capitalismo salvaje.

Por eso, el Partido Acción Nacional propone en su plataforma política 1994-2000 legislar para que se considere el aprovisionamiento sostenible de los recursos naturales como parte fundamental de la seguridad nacional y así fortalecer nuestra soberanía; analizar las leyes y reglamentos vinculados al tema, a fin de hacerlos compatibles con este propósito para exigir y cuidar su cumplimiento o castigar su violación.

La democracia no es sólo un asunto de relaciones humanas, sino que adquiere contenidos de plenitud. La democracia cósmica que implica:

a) Cambio de estructuras para buscar nuevos modelos de desarrollo que tengan como su centro, al homosapiens y no al homoeconomicus.

b) Conversión hacia estilos de vida donde la austeridad y la sobriedad sean elementos constitutivos y constituyentes.

La democracia cósmica permite un cambio de orientación en la relación hombre-naturaleza, en cuanto posibilita una sensación de gran intimidad con todas las cosas en la medida que el hombre borda lazos de consanguinidad con ellas; cantar con las criaturas y no a través de ellas, y en fin, aprender a estar con las cosas, con la naturaleza y no sobre de ella.

Optamos por una ecología de la vida real; con tra una ecología de la dominación o una falsa ecología del primer mundo; optamos, como decía Bartolomé de las Casas, contra la muerte antes de tiempo.

Paz entre los hombres; paz con la creación.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Everardo Martínez.

El diputado Everardo Martínez Sánchez:

Con su permiso, señor Presidente:

Después de haber estado escuchando durante tres días la discusión de estos tres temas, y haber escuchado el día primero el mundo feliz que nos vino a plantear el licenciado Carlos Salinas de Gortari, que han continuado tenazmente su visión sus compañeros de partido; y haber escuchado el mundo real que todos los compañeros de oposición han estado argumentando con razones, con hechos, con cifras.

Entiendo que el que se enoja pierde, y Carlos Salinas de Gortari el día primero, perdió, al perder la máscara detrás de la cual había estado escondiendo durante seis años una ficticia propuesta de diálogo y donde confiesa públicamente de que no escucha ni ve al PRD.

Es falso, es ficticia la propuesta que había estado haciendo de diálogo, y lo hacía ante las cámaras y era real lo que planteaba la oscuridad, que trajo represión y muerte.

Pero no solamente no ve ni escucha al PRD. No quiso ver ni escuchar en el aspecto de salud, tres cosas fundamentales, tres problemas de salud a nivel nacional.

El primero, ya lo refirió un compañero del PAN, en el cual ignoró o padeció amnesia el problema grave de la inmunodeficiencia adquirida, que se ha estado incrementando en su tasa de incidencia y de mortalidad en nuestro país.

Otro problema que también no quiso ver a lo largo de seis años, es lo que le planteaban nueve millones de compatriotas indígenas que reclaman se le proporcionen servicios de salud, servicios de bienestar. Tampoco quiso ver en esos indígenas los "focos de alerta" que desde de abril y mayo de 1993 era público que se estaban organizando grupos guerrilleros en Chiapas. No lo quiso ver para que no se le entorpeciera la negociación del TLC.

Y no quiso ver tampoco un problema de salud pública, aun cuando en su programa de desarrollo planteó que incrementaría las campañas contra las adicciones y las farmacodependencias. No lo quiso ver. Será porque en estos tiempos el narcotráfico le está trayendo muchos dolores de cabeza.

Así como quiso aniquilar al Partido de la Revolución Democrática durante seis años y fue infructuoso hacerlo, esperamos que no sea la misma tónica con la que quiera abordar el problema de Chiapas. Porque aparte de que va a fracasar, va a traer consecuencias nefastas para todo el país.

Y es en el aspecto de salud donde también quiero expresar que la imposición del proyecto neoliberal impuesto a la mayoría de los mexicanos, ha provocado el deterioro de la calidad de vida y un incremento en la desigualdad social. Esto se traduce en diferencias muy importantes entre grupos y regiones con respecto a los riesgos y daños a la salud y en el acceso a los servicios médicos.

El impacto adverso de esta situación sobre las condiciones de salud se prolongará durante un periodo largo, porque ha dejado a la población en malas condiciones físicas, sea por la mala nutrición o por el excesivo desgaste que con el tiempo se mostrará en un incremento en la morbilidad y la mortalidad.

Hoy día tenemos un panorama complejo en donde coexisten enfermedades de la pobreza, como son los padecimientos infectonutricionales, con las de la modernidad como son las crónico degenerativas, los accidentes y violencias. Estos padecimientos se distribuyen diferenciadamente entre zonas y grupos sociales, dando por resultado una gran desigualdad ante la enfermedad y la muerte.

Así, la muerte infantil es entre cuatro y cinco veces más frecuente en los grupos más pobres que en los grupos acomodados. La diferencia en la esperanza de vida entre un grupo y otro llega a ser de 15 años. La mortalidad materna en Chiapas y Oaxaca duplica el promedio nacional de por sí alto.

Aquello que es un episodio de enfermedad insignificante en un grupo, se constituye en una amenaza a la vida en otros. Aunque las muertes por causas infecciosas ha disminuido globalmente, hemos asistido durante el sexenio a brotes epidémicos de enfermedades consideradas desaparecidas o bajo control, como el cólera, el paludismo, el sarampión e incrementos en las diarreas, las infecciones respiratorias y la tuberculosis. Detrás de ello está el deterioro nutricional de los mexicanos; en el extremo está la hambruna en Chihuahua.

El saldo del proyecto neoliberal se cifra también en la desigualdad de acceso a las instituciones públicas de salud y en su deterioro, atendiendo a los datos de uso de los servicios públicos de salud y no a una cobertura potencial reportada en el informe. Resulta que apenas el 70% de la población accede a ellos, dejando fuera a 25 millones de mexicanos.

El deterioro y el difícil acceso a las instituciones de salud, se debe a su prolongado desfinanciamiento que empezó en 1983, cuando Salinas recortó drásticamente el gasto público de salud desde la Secretaría de Programación y Presupuesto y que sigue hasta la fecha. También es este rubro donde se hace un uso engañoso de los datos en el informe al decir que hoy se dedica el 4.1% del producto al gasto público en salud y seguridad social, cuando en realidad poco más del 2% es para salud, o sea, una cuarta parte del 8% del producto interno bruto gastado por las naciones, con cobertura universal de servicios.

Además de este porcentaje, sólo el 30% es gasto público propiamente hablando, ya que el otro 70% corresponde a las cuotas obrero-patronales, lo que significa que el Gobierno gasta menos del 1% en servicio de salud para la población.

Analizando el presupuesto de salud per capita, encontramos otro panorama. En los institutos del seguro social la pérdida llegó al 54% en el peor año y fue todavía en 1994 del 25% y en la secretaría de salubridad fue de 69% y 50% respectivamente. A esto se suma el efecto de la creciente corrupción en la administración de las instituciones, que hizo que el incremento relativo del gasto nunca llegó a reflejarse ni en mejores servicios ni en salarios del personal.

Contrasta con el ahorcamiento en los servicios públicos de salud, el florecimiento de los servicios privados durante el sexenio salinista; han madurado y empezaron a crecer más rápido que los públicos a partir de 1983 y representan hoy alrededor del 60% del producto interno bruto. Su rentabilidad es alta, unos 17 millones de nuevos pesos, y creciente. Su excedente bruto de operación creció del 28% al 40% de 1980 a 1991.

El elemento clave y novedoso en esta privatización creciente de la salud, es la entrada de las compañías de seguros en el sector salud, pues sólo así se puede garantizar el pago de los servicios y la rápida expansión de la gran empresa médica.

El Gobierno Federal está impulsando el crecimiento privado con dos tipos de subsidios: uno es el subsidio fiscal, ya que los gastos médicos y seguros privados son deducibles en el pago de impuestos; su monto es desconocido, pero debe ser por lo menos del orden del 10% del producto interno bruto de servicios médicos privados, o sea, una cantidad cercana al presupuesto total de la Secretaría de Salubridad.

El otro subsidio es la compra creciente de seguros médicos privados para los empleados del sector público. Nótese que el Gobierno Federal simultáneamente redujo sus obligaciones financieras con el IMSS, argumentando que significaban un subsidio a un grupo privilegiado.

El PRD vuelve a alertar al pueblo que está en marcha esta reforma, señalando como la reforma pendiente por Salinas en una entrevista antes del informe. Este tipo de reformas ha mostrado tener efectos muy adversos donde se ha instrumentado incremento de la desigualdad en el acceso a servicios de calidad. Transfiere recursos del sector público al privado, dejando al primero con la responsabilidad de atender la mayoría de la población, pero sin los medios necesarios.

Por todo lo anterior, concluyo diciendo, en respuesta a un diputado del PRI que hizo uso de la tribuna, donde dijo que el sistema de salud había cumplido, consideramos que el sistema de salud se encuentra en un estado de deterioro por la corrupción pública y privada y no ha cumplido ni mínimamente con las obligaciones de proporcionar a la población los servicios de salud a que tiene derecho y a la cual el sistema estaría obligado en un sistema de justicia y de paz y de seguridad.

Por eso es obligación de esta legislatura que se presenten iniciativas que destraben la duplicidad en los servicios de salud como tradicionalmente se ha venido haciendo y se corrija de una vez por todas la desigualdad en el acceso a los servicios a que tienen derecho todos los mexicanos.

El Presidente:

Finalmente llegamos al último orador, el diputado Marco Antonio Michel Díaz.

El diputado Marco Antonio Michel Díaz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En primer lugar, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, quiero dejar constancia de que no estamos de acuerdo con las agresiones de que hemos sido objeto así como tampoco lo estuvimos con las agresiones e insultos que hace dos días sufrió otra de las fracciones parlamentarias.

Exigimos se mantenga el espíritu de diálogo y respeto que debe caracterizar una auténtica vida parlamentaria, no defraudemos a la ciudadanía compañeras y compañeros diputados, no defraudemos a la ciudadanía que representamos, ni traicionemos la esperanza que tiene en todos nosotros de construir el México más justo y democrático que queremos todos y que quieren nuestros hijos.

En segundo lugar, si me permiten ustedes señoras y señores diputados, procederé a dimensionar la política social del presidente Salinas en el contexto de la realidad que ha venido enfrentando. Como todos sabemos, la política social del Estado mexicano ha estado orientada en dos vertientes; por un lado, aquella realizada por las instituciones creadas para dar cumplimiento a los derechos sociales del pueblo mexicano consagrados en la Constitución; y por la otra, la que tiene lugar para atender a los grupos más rezagados de la sociedad. A lo largo de nuestra historia, de manera permanente, se han cuestionado ambas vertientes por su insuficiente cobertura y por la carga que representan para el sector productivo de la sociedad; frente a estos cuestionamientos, la mayoría de los mexicanos hemos coincidido una y otra vez en la necesidad de mantener su vigencia y ampliar los beneficios de la política social, aunque en ocasiones ello representara desequilibrios presupuestales o endeudamiento excesivo.

Frente a las circunstancias de recesión económica y restricciones financieras por las que atravesaba el país a principios de esta administración, se pudo haber optado por la disminución de los programas sociales, como se hizo en casi todos los países, incluyendo los del hoy desintegrado bloques socialistas, y sin embargo, el Gobierno del presidente Salinas, haciendo eco de lo que creemos la mayoría si no es que todas las fuerzas políticas aquí representada, no solo mantuvo los programas sociales, sino que decidió renovarlos y consolidarlos dándole una nueva dimensión a la política social.

En efecto, la política social ya no es una práctica residual del quehacer del Gobierno, ahora forma parte de una estrategia que busca simultáneamente un país con mayores niveles de desarrollo económico, competitivo en lo externo y más justo y equitativo en lo interno.

Se han puesto las bases de una política social que gradualmente va rindiendo puntos. Para alguno sigue siendo insuficiente, para otros gravosa y excesiva, cuestión de enfoques; lo que es innegable es que el sexenio del presidente Salinas no tiene precedente en materia de gasto social.

Por otro lado, el incremento alcanzado en el gasto social se ha establecido con gran responsabilidad, tal vez hubiera sido más fácil aumentarlo con mayores cargas impositivas, con endeudamiento que el país hubiera tenido que pagar tarde o temprano o desatando más inflación.

Por primera vez no hemos tomado el camino fácil, en estos tiempos difíciles tenemos el mayor gasto social sin que podamos decir que hubo despilfarro y que éste se revertirá, causará más inflación o desequilibrios. Se dice fácil ahora, pero los riesgos de tomar otros caminos siempre han existido; quisiera recordar junto con algunos de los aquí presentes, que hace poco más de seis años, cuando trabajábamos en los programas de reconstrucción de la ciudad de México, alguno sectores le exigían al Gobierno declarar la moratoria para aplicar los grandes recursos que se transferían al extranjero en los programas sociales.

En este informe, el presidente Salinas reporta que por cada peso que se paga en la deuda, cuatro se aplican en la política social. Pregunto a esta soberanía: ¿no es un logro importante del actual Gobierno pagar menos por el servicio de la deuda a la vez que se dedican mayores recursos a satisfacer las necesidades de los que menos tienen?

Como se ha dicho aquí, los programas, la nueva concepción de los programas sociales de solidaridad, involucran a la población beneficiaria, son ellos, los habitantes de las colonias populares, los que deciden el destino del gasto y son los miembros de esas comunidades los que se han convertido en los propios contralores del programa. No es esto un logro que permite mayor eficacia y eficiencia en el gasto público como todos queremos, ¿no es un avance en las prácticas de la democracia que millones de personas en todo el país se hayan constituido en comités de solidaridad para trabajar por su bienestar?

¿No son estas prácticas de convivencia y trabajo comunitario las que pueden erradicar, de una vez por todas, inercias burocráticas que durante mucho tiempo imponían verticalmente lo que pretendía ser el progreso? Esa es la nueva concepción de los programas sociales que hoy analizamos, tiene que ver efectivamente con una nueva manera de ver las cosas, como es también la realidad a que se está enfrentando con toda decisión. Sabemos todos, aquí se ha dicho a lo largo de este día que los problemas de México son muchos en esta materia y si no los podemos corregir en seis años, que hay millones de mexicanos que requieren de educación de mejor calidad, de mejores niveles de alimentación y salud, es algo que nadie trata de ocultar.

El Presidente lo ha reconocido y todos estamos de acuerdo, pero en este México inmerso en un mundo plagado de injusticias, en donde efectivamente siguen existiendo millones de pobres, no podemos quedarnos en el muro de las lamentaciones. El camino que hemos escogido pueblo y Gobierno para enfrentar el atraso y la injusticia social que nos ofende a todos, es el trabajo, es la organización, es la democracia, es el fortalecimiento de nuestras instituciones republicanas.

El pueblo así lo ha manifestado con su actitud cívica el 21 de agosto, y esa responsabilidad es la que debemos asumir en el Poder Legislativo. Después de la contienda electoral, nadie puede dudar que nuestro pueblo quiere resolver los grandes problemas de la nación en paz, con cordialidad y con trabajo serio y respetuoso. Nos toca a nosotros, los diputados, corresponder a nuestros electores, defender las instituciones con dignidad, porque la dignidad no se negocia; vigilar que los recursos de la nación se ejerzan con honestidad, eficacia y eficiencia, pero sobre todo, a nosotros nos corresponde dignificar nuestra propia vida parlamentaria.

Como decía en un principio, compañeras y compañeros diputados, yo los invito a que consolidemos este espacio político, como reflejo de un país plural que somos, diverso y heterogéneo, como aquí se ha manifestado, en donde podemos lograr los acuerdos y consensos que reconociendo nuestras diferencias, nos permitan avanzar en ese México a que aspiran legítimamente nuestros hijos. Muchas gracias.

El Presidente:

Agotada la lista de oradores, continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

El secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:

Señor Presidente, se ha agotado el análisis del VI Informe de Gobierno en el tema de política social y los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— LVI Legislatura.

Orden del día

7 de noviembre de 1994.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Análisis del VI Informe de Gobierno.

Política Exterior.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

El Presidente (a las 21.45 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el lunes 7 de noviembre a las 10.00 horas.