Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva

ASISTENCIA

El Presidente:

Proceda la secretaría a pasar lista de asistencia.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Se va a proceder a pasar lista de asistencia.

El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Hay una asistencia de 434 diputados, por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.

DECLARATORIA DE COLEGIO ELECTORAL

El Presidente (a las 11.09 horas):

Se abre la sesión de Colegio Electoral.

ORDEN DEL DIA

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.—LVI Legislatura.

Orden del día

8 de noviembre de 1994.

Colegio Electoral.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto relativo a las elecciones que para presidente de la República, se celebraron el 21 de agosto.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, correwspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado Alejandro Moreno Berry

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta minutos del día siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de cuatrocientos treinta y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.

Para referirse al conflicto entre el periódico Reforma y la Unión de Expendedores y Voceadores de Periódicos, hacen uso de la palabra los diputados: Teresa Gómez Mont y Urueta, del Partido Acción Nacional; Antonio Tenorio Adame, del Partido de la Revolución Democrática; Adolfo Miguel Aguilar Zinser, del mismo partido; Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo; Ofelia Casillas Ontiveros, del Partido Revolucionario Institucional y Manuel Marcué Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar, quien informa a la Asamblea de su decisión de actuar con independencia de cualquier grupo parlamentario.

También se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Castellanos Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien informa que hoy mismo se presentará en la explanada de la Cámara de Diputados el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, para realizar una reunión de análisis de la elección presidencial y solicita a los cuerpos de seguridad y otras autoridades, garantías y respeto para dicha reunión.

Para fundamentar el criterio de sus respectivos grupos parlamentarios en relación con el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, en materia de política exterior, se concede el uso de la palabra a los diputados: Oscar González Yéñez, del Partido del Trabajo: Mara Robles Villaseñor, del Partido de la Revolución Democrática; Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional y Carlos Reta Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.

Debaten, sobre el mismo tema, los diputados: Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo, en contra; Gustavo Salinas Iñiguez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Martina Montenegro Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y presenta una proposición y una declaración política que se turnan a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política; Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Jorge Catalán Sosa, del mismo partido, para rectificar hechos; Alfonso Molina Ruibal, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Rodolfo Elizondo Torres, del Partido Acción Nacional, en contra; Adolfo Miguel Aguilar Zinser, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Gabino Fernández Serna, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del Partido Acción Nacional, en contra; Víctor Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Efrén Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Pasa a la tribuna el diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone la integración de la comisión plural que se encargue de la organización de la ceremonia de transmisión de poderes que deberá realizarse el primero de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Terminan el debate sobre política exterior del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, los diputados: Luis Felipe Mena Salas, del Partido Acción Nacional y Carlos Flores Vizcarra, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

A las diecisiete horas con nueve minutos, el Presidente, con fundamento en la fracción primera del articulo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; diecinueve y quinto transitorios de la Ley Orgánica del Confreso General de los Estados Unidos Mexicanos, declara que la Cámara de Diputados se erige en Colegio Electoral para conocer el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, respecto a las elecciones que para Presidente de la República, se llevaron a cabo el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

Los diputados secretarios dan lectura al dictamen y a las veinte horas con cincuenta y cinco minutos, agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy, citando para la que tendrá lugar mañana, ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

Aprobada, señor Presidente.

FIRMAS DEL DICTAMEN

El Presidente:

Ruego a la Secretaría dar lectura a los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, precisando quiénes firmaron el dictamen y quienes no.

El secretario Juan Salgado Brito:

Diputados que firmaron: Dionisio Pérez Jácome, Presidente; Fructuoso López Cárdenas, secretario; Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escabedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Ignacio Ovalle Fernández, José Ramírez Gamero, Isidro Muñoz Rivera, Víctor Samuel Palma César, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.

Diputados que no firmaron: Ricardo García Cervantes, secretario; Salvador Beltrán del Río, Hiram Escudero Alvarez, Jan Antonio García Villa, Juan Guerra Ochoa, Antonio Lozano Gracia, Leonel Godoy Rangel, José Mauro González Luna Mendoza, José Narro Céspedes, Francisco José Peniche y Bolio, Jesús Ortega Martínez y Fernando Pérez Noriega.

FE DE ERRATAS

El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Se va a dar lectura a una fe de erratas presentada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Fe de Erratas (pdf)

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):

Señor Presidente, quisiéramos saber de qué se trata esto.

El Presidente:

Ya fue aclarado al comienzo por parte de la Secretaría, que se trata de una fe de erratas de la primera lectura.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):

Señor Presidente, con todo respeto, no es posible que los diputados estemos tomando cifras aquí, ¿qué también la suma va a entrar por una fe de erratas?

El Presidente:

Se instruye a la Oficialía Mayor, reparta por escrito lo que está leyendo el Secretario.

Compañero diputado, me están señalando que ya se ha repartido.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):

Una pregunta más. ¿Con base en qué se está haciendo toda esa fe de erratas, que ya tenemos casi media hora en fe de erratas?

El Presidente:

¿Desea usted que se dispense esta lectura?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):

No; las fe de erratas se hacen en la comisión, no se pueden hacer en el pleno. Si el dictamen está mal, o está incompleto, el pleno no es lugar para hacer fe de erratas.

El Presidente:

Le recuerdo que en la práctica parlamentaria las hemos hecho en otras ocasiones. Continúe la Secretaría.

ELECCION PRESIDENCIAL

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a las elecciones que para presidente de la República, se celebraron el 21 de agosto.

En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a laa Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

Dictamen (pdf)

Es de segunda lectura.

MOCION SUSPENSIVA

El diputado J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para presentar una moción suspensiva.

El Presidente:

Adelante.

El diputado J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Se ha presentado al pleno un proyecto de dictamen que fue elaborado de una manera irregular y con graves vicios de procedimiento. La verdad es que no sabemos de dónde salió este proyecto y quiénes lo elaboraron.

Los diputados de oposición, a pesar de nuestro interés por participar activamente en su elaboración, fuimos excluidos sin explicación alguna. En nuestra opinión se rompieron las prácticas democráticas plurales que deben animar el espíritu de este cuerpo colegiado y se ha sentado un precedente negativo que se hace más grave si se considera la trascendencia del asunto que estamos juzgando.

Siendo la calificación de la elección presidencial uno de los actos políticos de mayor trascendencia y repercusiones en la vida nacional, es una exigencia no utilizar mecanismos excluyentes y mantener una sana participación plural en los trabajos de las comisiones.

Pero no sólo reclamamos por la exclusión de que fuimos objeto, sino porque la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó un trabajo irregular e incompleto que hoy se confirma con esa supuesta fe de erratas y el dictamen no debe discutirse hasta en tanto no se subsanen esas irregularidades.

Al seno de la comisión se realizaron planteamientos que no fueron resueltos y que a nuestro juicio vician el procedimiento e impiden que el dictamen contenga los elementos de juicio que permitan una calificación objetiva.

Los planteamientos son la propuesta presentada a este pleno para que comparecieran ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales los ciudadanos que fueron candidatos a la presidencia de la República y en especial la proposición que hicimos los diputados miembros de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, para que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas presentara sus alegatos y pruebas sobre el proceso electoral.

Esta propuesta, como sabemos, fue turnada a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, sin que hasta la fecha haya presentado su resolución a este pleno, impidiéndonos ejercer el derecho de audiencia.

Existe el precedente aplicable de la comparecencia del ciudadano Manuel Clouthier, ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, quien en esa ocasión destacó el avance político que ese hecho representaba.

Tampoco se permitió la comparecencia de los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral, para que con base en el informe que por ley remitieron a esta cámara, erigida en Colegio Electoral, abunden en su caso sobre el cúmulo de anomalías e irregularidades expuestas en dicho informe, ya que debe ser de previo y especial pronunciamiento realizar la más amplia y objetiva evaluación sobre el efecto que dichas irregularidades tuvieron sobre el resultado electoral.

Huelga decir que este examen constituye un elemento esencial para calificar la legalidad del proceso y la legitimidad de sus resultados.

Considerando que la resolución de este colegio es definitiva e inatacable, pero sobre todo considerando que es necesario el desahogo de pruebas, alegatos y testimonios, antes de emitir un juicio definitivo e inapelable, es que los diputados que suscribimos la presente en los términos del artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos una moción suspensiva a la discusión de este dictamen y solicitamos que se devuelva a la comisión dictaminadora, para que verdaderamente sean subsanadas las irregularidades que han viciado esta etapa del procedimiento.

Procedo ahora en los términos del artículo 110 del Reglamento a fundamentar y razonar esta moción.

Deseamos, en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hacer las siguientes consideraciones que fundamentarán la moción, en torno a la naturaleza de la calificación de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de las funciones de este Colegio Electoral, con el fin de contrastarla con el procedimiento arbitrario e inconstitucional observado por la mayoría oficialista de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

De acuerdo con el artículo 74 de la Constitución general, una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, es la de erigirse en Colegio Electoral, para calificar la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en la forma que determine la ley.

El citado artículo añade que la resolución del colegio será definitiva e inatacable. La naturaleza de esta calificación, como cualquier otra en derecho, radica en el razonamiento fundado que realice la instancia calificadora acerca de la conformidad o no de una serie de eventos a una norma. Se trata, por lo tanto, de un juicio soberano e informado.

En el caso que nos ocupa, las cuestiones de la soberanía, la fundamentación y la documentación plena, revisten una trascendencia muy especial, por cuanto el sentido constitucional profundo, primero de crear y después de conservar, la institución de este Colegio Electoral, es el de hacer participar a un poder de la Federación, el Legislativo, en la integración de otro poder, el Ejecutivo.

Por lo tanto, a fin de calificar la elección de Presidente, con pleno acatamiento de la letra y el espíritu de la Constitución, el Colegio Electoral debe analizar en su integridad la preparación, el desarrollo y los resultados de las elecciones, con objeto de valorar en que medida se apega el conjunto del proceso al espíritu y a la letra de la Carta Magna y de la ley secundaria.

Para ello, la interpretación de la ley electoral, no puede ser estrechamente letrista, tal circunstancia se reconoce desde el Cofipe, que establece en su artículo 3o. en la interpretación del código, que será gramatical, sistemática y funcional.

Este último término engloba no sólo el espíritu del Cofipe mismo, valga decir, a la intención del legislador secundario, sino que abarca también, y esto es fundamental, a los valores constitucionales profundos, al más alto espíritu de la Carta Magna, a la intención del constituyente.

Lo anterior, implica que este Colegio Electoral evalúe no sólo la validez formal de la elección de Presidente de la República, es decir, la correspondencia del acto a la sola letra de la ley, sino que juzgue asimismo la validez material del proceso, o sea, la correspondencia de su preparación, desarrollo y resultados con el principio constitucional en el que descansa la legitimidad del poder: la soberanía popular.

Y precisamente, compañeras y compañeros diputados, fue lo que no hizo la supuesta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, porque de acuerdo al artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso, procede que: "para producir su dictamen la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se basará en los resultados consignados en las actas oficiales de cómputo distrital y, en su caso, en las resoluciones de la sala central y regionales del Tribunal Federal Electoral, recaídas sobre los recursos de inconformidad previstos en la ley de la materia".

Las resoluciones del tribunal que están aquí incorporadas no fueron valoradas, no fueron analizadas por esta comisión, bajo el absurdo fundamento del principio de definitividad. Entonces a pesar de que ahí con florituras se dijo que no íbamos a meramente hacer una sumatoria, es decir, a realizar el cómputo, sino una verdadera calificación, lo que se hizo y hoy se confirma, es realizar un cómputo sin la previa calificación de la elección presidencial.

Quisiera fundar esta afirmación de que el espíritu de esta fracción, de este párrafo del artículo 20 de la Ley Orgánica, significa no dar por supuestas las resoluciones del tribunal, sino que la palabra, la frase: con base, o se basará en los resultados, debe interpretarse en el sentido de que es a partir de las resoluciones del tribunal que se hace la calificación y no por causa de las resoluciones, como pretendidamente quieren imponer los de la mayoría priísta.

El artículo 41 de la Constitución es muy claro al respecto. Dice en su párrafo 14 que: "el Tribunal Federal Electoral será órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial garantizarán su debida integración".

En el siguiente párrafo se dice que: "el Tribunal Federal Electoral, y suplico atención a este punto neurálgico de la argumentación, tendrá competencia para resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos, en los términos, señores priístas, de esta Constitución y la ley, las impugnaciones que se presenten en materia electoral federal..."

Y ¿cuáles son los términos de la Constitución al respecto? El artículo 74, fracción I de la misma, establece con claridad meridiana la facultad de esta cámara para erigirse en Colegio Electoral y calificar la elección presidencial cuya resolución será definitiva e inatacable. Es decir, este Colegio Electoral, una vez fijada la litis, se erige en un tribunal de instancia última, para decidir sobre la validez o no validez de la elección presidencial. Ese aparente principio de definitividad, es falso, es infundado y no puede proceder.

Pero no basta con argumentar de esta manera. También en el seno de la Comisión de Gobernación, se esgrimió el siguiente argumento que fortalece el razonamiento que se está haciendo. Un número muy grande de resoluciones, 150, fueron dictadas por ese tribunal fuera del término establecido en el Cofipe. Esto violenta flagrantemente el principio de legalidad consagrado en el artículo 41 de la Constitución, al exigirle al tribunal, incondicionalmente, el apego al principio de legalidad.

Se argumentó en forma sofista y en ocasiones silvestre, que la Ley Orgánica en su artículo 20, derogaba lo establecido en el Cofipe en su artículo 331, que fijaba como plazo máximo, el 10 de octubre para la resolución de los recursos de inconformidad, aduciendo, insisto, infundadamente, que este artículo de la Ley Orgánica, insisto del Congreso, exigía la remisión de las constancias con las resoluciones, por lo menos tres días antes al que se iniciara el periodo ordinario. Este, como ustedes pueden notar, es un sofisma palmario. La ley específica que regula el procedimiento electoral y que es reglamentaria del artículo 41 de la Constitución, es precisamente este ordenamiento llamado Cofipe, en su artículo 1o. establece, d):

"Las disposiciones de este código son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos."

"Este Código reglamenta, dice el párrafo segundo, las normas constitucionales relativas."

"d) Al sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales."

¿Cómo es posible que se argumente que la Ley Orgánica que regula la vida interna del Congreso, sea la que prevalezca sobre la ley específica que regula precisamente las impugnaciones interpuestas ante el tribunal electoral?

Pero afortunadamente me han facilitado la tarea los compañeros de la mayoría priísta, porque en el dictamen o supuesto proyecto de dictamen o no sé ya cómo llamarlo, después de la fe de erratas, se dice que el Tribunal Federal Electoral resolvió conforme a derecho, es decir, dentro de los términos legales de conformidad con el Cofipe. Es decir, rectificaron el criterio sustentado en la comisión de que el Cofipe no era aplicable y simultáneamente en el dictamen afirman que también de conformidad con los términos de la Ley Orgánica.

Yo les agradezco que hayan tomado en cuenta mi argumentación en la comisión. Precisamente no son términos contradictorios, no son términos antagónicos los establecidos en el Cofipe y en la ley reglamentaria y por ello el 10 de octubre vinculaba al tribunal indefectiblemente.

Esta argumentación quiero completarla con una serie de irregularidades de procedimiento que se dieron en esa "llamada" Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; digo "llamada", porque no se abocó a la tarea de calificar, sino simplemente fue una especie de torneo doctrinario para luego invitarnos, aproximadamente a las 2:00 de la tarde del domingo el Presidente de la misma, una vez decretado un receso indefinido, a que saliéramos porque posteriormente se presentaría un proyecto de dictamen proveniente de las filas priístas.

Yo les pregunto a ustedes, ¿si es posible que una comisión encargada de redactar un dictamen se preste a este tipo de movimientos nebulosos y ambiguos, en cuanto al origen de la elaboración de ese dictamen? ¿Quién preparó, señores priístas, ese proyecto de dictamen? ¿Quién lo preparó?

¡Voy a terminar! La propuesta se fundamenta en el derecho, se fundamenta en la razón y se fundamenta en la moral. Este desorden, esta especie de comedia de las equivocaciones que fueron las sesiones de la Comisión de Gobernación, se ratifica con la idea de que una vez presentado a la prensa el proyecto de dictamen, se tuvo a bien decirnos: "¡que ya no era necesario que se reinstalara la comisión, porque con la sola firma de los priístas seria suficiente para presentar el dictamen al pleno de la cámara!".

Y después, en un acto de rectificación, ya muy pasada la noche, se convoca a algunos diputados que todavía estaban en los pasillos para que regresen y subsanen esa imperdonable omisión.

¿A qué se debe, compañeras y compañeros, este desorden? ¿A qué se debe el desdén por el derecho?

Hay una profunda crisis moral en México. ¡El divorcio entre la ética y la política, entre el bien personal de cada uno y el bien común de la comunidad y de la patria, es lo que explica este desorden que violenta los cimientos mismos de la patria!

¡Es la hora, como dijera hace algunos años un enorme pensador, es la hora de la inhumana hipertrofia del Estado y de la capitulación vergonzosa de una élite mayoritaria!

¡Es la hora en que todos los cuellos se inclinan indignamente ante un Estado autoritario, llámese o no revolucionario!

¡Es la hora en que el interés personal, insisto, está por encima del interés de la patria; que es primero!

Por ello, pido que se apruebe esta moción, porque una vez fijada la litis de que se tiene que partir de las resoluciones del tribunal, en el sentido del artículo 20 y que es improcedente por frívolo el argumento de la definitividad y el argumento de que las normas de orden público no producen la nulidad de las resoluciones extemporáneas, eso es necesario que se tome en cuenta y que se asuma la responsabilidad moral y jurídica, de devolver este supuesto dictamen, para que en la comisión los diputados integrantes verdaderamente asuman el compromiso de responder al mandato incondicional de la Constitución!

¡Y mientras ello no se haga, también solicito que se cubran con crespones los nombres grabados con letras de oro de estos próceres de la patria! Muchas gracias.

El Presidente:

En virtud de que esta moción suspensiva se rige por los artículos 109 y 110, ha solicitado el uso de la palabra, para hablar en contra de la moción presentada, el diputado Dionisio Pérez Jácome.

El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul):

¡Señor Presidente, pido la palabra para hablar en pro! El Presidente: Pedro Etienne, primero en pro.

Ruego a la Secretaría proceda a dar lectura al artículo 110.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

"Artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso de moción suspensiva se leerá la proposición y sin otro requisito que oír a su autor, si la quiere fundar, y a algún impugnador, si lo hubiere, se preguntará a la cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra. Pero si la resolución de la cámara fuese negativa, la moción o proposición se tendrá por desechada".

El Presidente:

Por lo tanto, corresponde al impugnador. Tiene usted la palabra, diputado Pérez Jácome.

El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul):

Señor Presidente, pregunto: ¿se dijo que se inscribió en contra?, ¿se está cambiando el trámite?

El Presidente:

Es lo mismo impugnación que en contra, compañero diputado. Continúe, diputado Pérez Jácome.

El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:

Muchas gracias, señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros diputados: En el sentido más literal de la expresión, la impugnación a la moción suspensiva prácticamente la escuchamos ya, la hizo el propio orador al pretender fundarla. El inició su interesante planteamiento preguntándose de dónde salió el dictamen. Recordé, tuve el privilegio de asistir en 1988 a otra calificación presidencial, recordé cómo en aquella época y ante la dificultad de que la comisión tocara todos los temas calificatorios, que seguramente nuestros amigos de la oposición y nosotros deseábamos también, se argumentó que el texto final del dictamen contenía una versión de origen misterioso. Se dieron, inclusive, un tanto para orientar, para procurar la búsqueda de ese origen, datos de calles; se habló de Bucareli, se habló de constituyentes. Se mencionaron muchos orígenes de ese documento.

El señor orador que me antecedió ha hecho una enumeración a su manera, tiene todo el legítimo derecho de hacerlo así, de una serie de temas que se plantearon, los planteó él, los planteó su fracción, que se debatieron en el seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; temas que constituyen, lo advertiremos seguramente horas adelante, precisamente la materia del dictamen que estamos ya discutiendo.

Comentarios que con una decisión, no de la presidencia de la comisión, sino de todos sus respetables miembros, en su versión estenográfica, se ha empezado a distribuir ya a los muy respetables señores de los medios de comunicación. Ahí está, junto a la historia del Diario de los Debates, en esas versiones, la modesta historia del trabajo de preparación del dictamen integral, mérito de todos evidentemente, que se dio durante las fatigosas pero extraordinarias horas que vivimos juntos en los días precedentes.

Se mencionó también que se habían roto las prácticas reglamentarias, no es el momento de debatir en torno a ello, queremos ser respetuosos de lo que la ley y el Reglamento disponen y si tenemos oportunidad de fundar el dictamen sin entrar a materias de fondo, tocaremos estas cuestiones en las que escuchamos y la versión también las recogió, planteamientos muy interesantes definitivamente plausibles de considerar, en su caso de debatir, de discutir sobre ellos y ésa será la tarea que nos incumba si tenemos también la oportunidad de votar sobre este tema.

Desde ahora lo afirmo, en nuestro concepto procuramos, afortunadamente, apegarnos absolutamente a todas las normas legales y reglamentarias, inclusive en su más extensiva interpretación y ya hablaremos también de ello, extendimos métodos, sistemas parlamentarios, aplicables por lo general exclusivamente al pleno de la cámara, al trabajo de la comisión, porque así nos lo pidieron y, porque evidentemente en interés de la materia que nos tocaba abordar, correspondía al sentido de esta propuesta y de esa preocupación.

El Presidente:

Perdóneme señor orador, preguntan si acepta usted una interpelación.

El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:

Conforme a la práctica que sostuve en la legislatura anterior y espero tener la oportunidad de hacer en esta, aceptaré todas las interpelaciones una vez concluida mi intervención.

El Presidente:

Continúe usted, señor diputado.

El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:

El señor orador inclusive ha mencionado y había planteado elementos de crítica al tema de las erratas; en efecto, hubo erratas en la primera versión del documento que se circuló, conforme a las prácticas reglamentarias las mismas se han corregido y creo que ello señores diputados, es también una evidencia de que se trabajó por los señores diputados y por los elementos muy esforzados pero modestos con que cuenta el personal administrativo todavía de nuestro parlamento, en un trabajo de aritmética y de mecanografía, que para los días o para las horas de que disponíamos, seguramente tuvo limitaciones en su instrumentación.

Se han corregido, están ya en el documento que circuló, pero de tal manera se acreditan que no sólo se intentó calificar sino hacer el cómputo por los diputados a quienes nos corresponde esa extraordinaria, en su honor, tarea parlamentaria.

Se mencionó y aunque pudiera tocarse posteriormente el tema, como se hizo dentro de lo que se tituló una moción suspensiva, vale la pena referirme brevemente un comentario.

La invitación que se giro por ellos en el seno de la comisión y se presentó a la consideración de la comisión en pleno, de que asistiera el señor ingeniero Cárdenas a invitación expresa de la comisión, a informar, así se dijo, sobre lo que había ocurrido en la contienda para darnos su punto de vista, seguramente interesante, en torno a lo que había ocurrido y a lo que posteriormente podría pensarse que se había realizado en las tareas posteriores a la jornada.

Se les dijo, cuando se decidió por la mayoría de la comisión, desechando esa invitación, que de ninguna manera se pretendía dejar en indefensión o sin garantía de audiencia a un hombre respetable y ameritado, como es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que el informe que nos hiciera llegar a través de su partido, nos comprometíamos no sólo a estudiarlo, a considerarlo con todo cuidado, sino a referirlo en el texto de un proyecto que eventualmente se llegase a hacer de dictamen para la consideración de la Asamblea.

En cuanto a los consejeros ciudadanos, cuando también prácticamente para finalizar nuestro trabajo de comisión, se nos planteó la posibilidad de que asistiéramos, les manifestamos que nos merecen todo el respeto y consideración.

Han sido ciudadanos ejemplares, han aportado una extraordinaria lección de civilidad y han ilustrado a todos los partidos, en el seno del Consejo y fuera de él, sobre un camino válido para avanzar en la práctica democrática de nuestro país. Nuestra respuesta fue: los señores consejeros ciudadanos nos han informado con una extraordinaria bastedad, que ojalá tuviéramos oportunidad de revisar todo el acopio rico, evidentemente, de documentos que nos aportaron, inclusive con la generosa disposición que tuvieron de que aún siendo ellos comisión y eventualmente mayoría, comisión redactora y eventualmente mayoría en el Consejo General del IFE, no se cerraban a su informe para cumplir con la disposición del artículo 82, del Cofipe e informar a la Cámara de Diputados constituida en Colegio Electoral sobre el cumplimiento que el instituto había dado a su tarea institucional en el curso del proceso, sino que se abrieron e invitaron a que todos los documentos que se aportaran, las autoridades administrativas, de vigilancia y todos los partidos, aunque ya no con voto, con voz en ese seno, se nos hicieran llegar.

Más de 100 documentos, a la fecha deben ser cerca de 130 ó 140, tienen ese origen y de ninguna manera los despreciamos, al contrario, constituyen y son en el dictamen, objeto de una valoración especial y sobre todo expreso en esta tribuna, en lo personal, que representan para mi, en todas las opiniones que dan, en todas sus expresiones, una materia de atención, de respeto e inclusive de admiración profesional.

Se hizo por el orador, negando precisamente, quizá de manera involuntaria el objetivo que tenía, ya una toma de posición política, muy respetable, la habremos de debatir.

No debe suspenderse una reunión si se tiene un dictamen, inclusive en segunda lectura, si se han hecho planteamientos como los que aquí hizo el orador que me antecedió, políticos o supuestamente jurídicos, que son materia y han sido ya de tesis y de debate.

Indudablemente, tocó también temas de detalle, confirmó con sus palabras que habían sido abordados en la comisión, pero será, seguramente en las próximas horas, cuando habrá oportunidad de referirse al tribunal, a su trabajo, a la validez de sus resoluciones y al ámbito de acción de nuestra Cámara de Diputados.

Me queda al formular nuestra propuesta, nuestra propuesta para desechar al impugnar esa moción suspensiva, nuestro reconocimiento también al señor diputado que me antecedió, porque he encontrado en él como en todos los miembros de la comisión, un espíritu de civilidad y de deseo de contribuir con opiniones que pueden ser distintas a la nuestra, pero de contribuir al fin en una práctica plural, a la búsqueda de consensos, a la precisión de divergencias, y en su caso, a la decisión democrática de los temas que se nos planteen.

Muchas gracias, señor orador, muchas gracias por permitirme el uso de la palabra.

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o se desecha la moción suspensiva...

El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu (desde su curul):

Señor Presidente, el orador me había aceptado una interpelación.

El Presidente:

Olvidaba que había aceptado la interpelación.

El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:

Lo hago con mucho gusto, siempre y cuando tratemos de ser breves en ocasión de esta misma pretensión suspensiva que se ha planteado.

El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu (desde su curul):Muchas gracias, señor diputado.

Por práctica parlamentaria, quiero que me diga usted, me responda como Presidente de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los nombres de la subcomisión... Los nombres de los diputados, de legisladores, de esta comisión que redactaron el proyecto de dictamen que está a consideración de este pleno; cuándo se constituyó esta subcomisión y quiénes la integran.

Y le pido también a usted me responda, puntualmente, quién le da valor a este documento de fe de erratas y si no le parece a usted que es fácil, quizá esto para un nuevo dictamen. Muchas gracias, señor diputado.

El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:

En principio, señor diputado, el dictamen lo redactamos todos, todos los compañeros a través de las aportaciones que se hicieron y que se encuentran en la versión estenográfica.

Si hubo un proyecto tentativo de texto, si hubo un documento de trabajo, que con el propósito de incorporar la mayor modernidad y transparencia a nuestras acciones, se circuló la noche del domingo, evidentemente emanaba y así lo dijimos, de la fracción priísta de la comisión.

Fue enriquecido, señor diputado, fue enriquecido con aportaciones muy valiosas, me referiré a ellas en la fundamentación del dictamen, de dos de los partidos políticos que junto con nosotros concurrieron; nos expresaron opiniones, no compromisos, nos expresaron consideraciones críticas, intentamos recogerlas, con base en lo que ellos nos dijeron y nosotros interpretamos que podría coincidir con nuestro planteamiento, se redactó el proyecto final de dictamen.

Las comisiones subredactoras a que usted alude, ni son materia de disposición normativa en la ley, ni constituyen una práctica reglamentaria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Le agradezco.

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o se desecha la moción suspensiva.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

En votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el diputado.

Los diputados que...

El Presidente:

Primero es el trámite, continúe.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén porque se deseche... Gracias. Desechada, señor Presidente.

El Presidente:

En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. ¿Quién quiere hacer la moción de orden?

El diputado Jorge Urdapilleta Núñez (desde su curul):

Señor Presidente, la señorita diputada que hable correctamente, en el momento que se puso a consideración, fue totalmente ilegible, permita por favor que se repita.

El Presidente:

Adelante, compañera secretaria, repita usted, por favor...

Dijimos que estamos en medio de un trámite de excepción, al término daremos la palabra. Continúe la Secretaría.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Pudo haber sido inaudible, señor Presidente, que no ilegible la votación tomada. Se repite.

Se pone a consideración de la Asamblea, la moción suspensiva presentada por un compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática.

Los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén en contra de la moción presentada, sírvanse manifestarlo... Denegada, señor Presidente.

DISCUSION EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR DEL ARTICULO UNICO DEL PROYECTO DE DECRETO

El Presidente:

Ha sido cumplido el requisito de solicitar la reposición del trámite, en consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Se va a proceder, por instrucciones del señor Presidente, a contar la votación de los diputados, con votación económica. ¿Me ayudan a contarlos?

El Presidente:

Ayuden a la Secretaría los correspondientes secretarios y prosecretarios.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Los diputados que estén por aprobar la moción suspensiva, sírvanse manifestarlo manteniendo su mano extendida para poderlos verificar, fila por fila si son tan amables.

Los diputados que estén por desechar la moción suspensiva, sírvanse manifestarlo manteniendo su brazo en alto.

De acuerdo a la votación económica tomada por esta Secretaría y verificada por todos los que la componemos... Desechada, señor Presidente.

El Presidente:

Lea las cifras la Secretaría.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Bien señor, no le di lectura en atención de ser y tratarse de una votación económica.

El Presidente:

Dé las cifras la Secretaría.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Sumando el voto del diputado Marcué, que acaba de emitir en este momento, son 186 votos a favor de la moción suspensiva y 304 en contra.

El Presidente:

En contra, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Han solicitado el uso de la palabra para emitir su voto particular o fijar la posición de su grupo parlamentario, los siguientes diputados: Leonel Godoy, del PRD; Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional; José Narro, del Partido del Trabajo; Fructuoso López Cárdenas, del PRI y Crisóforo Salido.

Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Con su permiso, señor Presidente:

Antes le solicitaría se guarde silencio, por favor en esta Asamblea.

El Presidente:

Esta Presidencia ruega a la Asamblea prestar la atención que merece el señor diputado orador.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Voto particular que los suscritos: Jesús Ortega Martínez, Juan Guerra Ochoa, Mauro González Luna y Leonel Godoy Rangel, diputados federales del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentamos al pleno de la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral, para calificar la elección presidencial. Lo anterior, con fundamento en los artículos 56 de la Ley Orgánica y 88 del Reglamento, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello nos basamos en los siguientes hechos:

Primero. El 21 de agosto de 1994, se realizaron elecciones federales, entre otras para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el periodo del 1o. de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del año 2000.

Segundo. Para esta elección presidencial se registraron los siguientes candidatos: Diego Fernández de Cevallos Ramos, del Partido Acción Nacional; Ernesto Zedillo Ponce de León, del Partido Revolucionario Institucional; Marcela Lombardo Otero, del Partido Popular Socialista; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del Partido de la Revolución Democrática; Rafael Ignacio Aguilar Talamantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Alvaro Pérez Treviño González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Pablo Emilio Madero Belden, del Partido Demócrata Mexicano; Cecilia Soto González, del Partido del Trabajo, y Jorge González Torres, del Partido Verde Ecologista de México.

Tercero. Del cómputo nacional hecho con base en las actas del cómputo distrital para dicha elección de Presidente de la República, en los 300 distritos en que se divide México, resultó: Partido Acción Nacional, 9 millones 224 mil 519 votos; Partido Revolucionario Institucional, 17 millones 337 mil 921 votos; Partido Popular Socialista, 168 mil 609 votos; Partido de la Revolución Democrática, 5 millones 903 mil 987 votos; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, 301 mil 549 votos; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 195 mil 085 votos; Partido Demócrata Mexicano, 99 mil 227 votos; Partido Verde Ecologista de México, 30 mil 532 votos; candidatos no registrados, 18 mil 553 votos; votos válidos, 34 millones 555 mil 470 votos. Votación emitida total, 35 millones 556 mil 516 votos.

Cuarto. Contra ese resultado de la elección presidencial, el Partido de la Revolución Democrática presentó 545 recursos de inconformidad dentro del término legal y cumpliéndose todas las formas del procedimiento establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, otros partidos políticos contendientes en la misma elección presentaron recursos de inconformidad.

Con los recursos de inconformidad interpuestos por el Partido de la Revolución Democrática, contra la elección de Presidente de la República, se impugnaron los resultados en 234 de los 300 distritos electorales del país, por diversas anomalías.

Sexto. Las salas regionales y central del Tribunal Federal Electoral resolvieron extemporáneamente, esto es, fuera del término establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 331, párrafo tercero en concordancia con el párrafo primero del artículo octavo transitorio del mismo ordenamiento legal.

Efectivamente, como se prueba plenamente en las notificaciones respectivas, las resoluciones recaídas a 150 recursos de inconformidad contra la elección presidencial, presentados por nuestro partido y otros, fueron emitidas después del 10 de octubre de 1994, plazo máximo permitido por el código.

Séptimo. Las 150 resoluciones extemporáneas dictadas por las diversas salas del Tribunal Federal Electoral, afectan la validez y los resultados de la elección presidencial en 92 distritos electorales federales de los 330 existentes, ya que su contenido es ilegal por carecer de validez jurídica y por lo tanto son nulas.

Octavo. Pese a lo expresado en el punto anterior, la mayoría de los diputados priístas integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, responsables por ley para elaborar el dictamen de la calificación presidencial, decidieron hacer el cómputo nacional, utilizando para ello la suma de los votos consignados en las actas de cómputo de los 300 distritos electorales, pese a seguir suspendido el resultado consignado en 92 de ellos, ya que son ilegales y por ello son nulas las resoluciones extemporáneas recaídas en esos distritos.

Aun más, restaron los votos anulados en dichos distritos, producto de esas resoluciones que carecen de valor jurídico, sin embargo, es de mayor gravedad legal, la decisión de dicha mayoría priísta de no entrar al examen y de resolver lo procedente en esos 92 distritos los 150 recursos de inconformidad interpuesto, para así calificar con pleno valor jurídico la lección de Presidente de la República, ya que consideraron que las resoluciones del tribunal electoral son inatacables y por ello no podíamos entrar al estudio de las mismas.

Haciendo caso omiso de que las transitadas resoluciones extemporáneas carecen de validez y que la Cámara de Diputados erigida en colegio electoral es un tribunal soberano.

Noveno. El colegio electoral debió también revisar todas las demás resoluciones del Tribunal Federal Electoral, que violaron la ley y la Constitución.

Décimo. Conforme a lo anterior, es absolutamente ilegal el cómputo, producto de las resoluciones de las salas regionales y centrales del Tribunal Federal Electoral, pues en el 30.6% de los distritos electorales no se resolvieron conforme a derecho, por lo tanto subsisten las impugnaciones presentadas en los distritos y debería, en los términos de los artículos 74, fracción primera de la Constitución y 19 y 20 de la Ley Orgánica del Congreso General, esta honorable Cámara de Diputados erigida en colegio electoral, resolverlas para darle plenitud jurídica a la calificación presidencial, pues es de explorado derecho y por todos reconocido la soberanía definitiva de la resolución que acuerdo.

Señor Presidente, le voy a solicitar que los compañeros tomen atención.

El Presidente:

Esta Presidencia ruega que sean tan amables de guardar el orden suficiente para que el orador pueda continuar, realmente lo interesante es conocer el fundamento y todo el voto particular que está presentando el diputado.

Les rogamos por favor, sobre todo a las personas que se encuentran en los pasillos, que sean tan amables de tomar su lugar.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Muchas gracias, señor Presidente. Por ello es procedente hacer las siguientes consideraciones:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, erigida en colegio electoral para calificar la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 74, fracción I, constitucional, 252, párrafo primero, 253, párrafo primero B, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 16, 19 y 20 de la Ley Orgánica del Congreso General.

Por tal motivo, está plenamente facultada para emitir una resolución sobre la elección presidencial, que será definitiva e inatacable por ser un tribunal político soberano.

Segundo. Que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, es competente para emitir un dictamen para calificar la elección de Presidente de la República, según se desprende de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso y que este dictamen se presentará al pleno de la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, a fin de que acuerde una resolución que declare la validez o no de la elección presidencial.

Tercero. Que en las sesiones de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, convocada con el fin de elaborar el dictamen sobre la calificación de la elección de Presidente de México, celebrada los días 3, 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 1994, en el Palacio Legislativo, se debatió sobre el proceso electoral presidencial de 1994, valorando y emitiendo juicios sobre su legalidad, esto es, sobre su apego a las disposiciones de la Constitución Política Mexicana, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Congreso General, su Reglamento Interno y otras leyes relativas.

El diputado J. Jesús Ortega Martínez (desde su curul):

Señor Presidente, ponga orden en la Asamblea.

El Presidente:

Una vez más esta Presidencia obsequiando al orador, suplica a la Asamblea que guardemos el orden, respecto para poder escucharle. Suplicamos por favor a los reporteros para que puedan efectuar su trabajo y a los compañeros ocupar sus curules, dejar bien limpios los pasillos. Adelante diputado.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Gracias, que los diputados del Partido de la Revolución Democrática al igual que los del Partido de Acción Nacional y Partido del Trabajo, vertimos nuestras opiniones apoyadas en las pruebas respectivas mayoritariamente opuestas a las que sostenían los diputados del Partido Revolucionario Institucional, concretamente impugnamos los puntos de vista de ellos sobre las reformas electorales constitucionales y legales, la integración de los órganos electorales, el padrón electoral, los gastos de campaña, el acceso a los medios de comunicación, la instalación y clausura de las casillas, el nombramiento de los miembros de sus mesas directivas, las listas nominales de electores, las irregularidades en la jornada electoral, del 21 de agosto, las sesiones y cómputo de los consejos distritales, la integración del Tribunal Federal Electoral, el trámite y los fallos de las salas regionales y central del tribunal, así como la definitividad de sus resoluciones sobre los recursos de la elección presidencial.

Cuarto. Dado que a juicio nuestro, con apego a la legislación aplicable y sustentado en las pruebas respectivas, el proceso electoral presidencial no se apegó al estado de derecho vigente, resolvimos votar en contra del dictamen de la mayoría y presentar nuestro voto particular al pleno del colegio electoral, conforme al derecho que para ello nos otorga el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso.

Del presente voto particular, se desprenden suficientes argumentos legales y pruebas y resultando:

1o. Que el Instituto Federal Electoral, es el organismo público autónomo que por mandato Constitucional organiza las elecciones federales que, por lo tanto, la composición de los órganos electorales en los meses de enero y febrero del presente año, el Partido de la Revolución Democrática propuso la sustitución de 820 funcionarios del servicio profesional electoral, ya que éstos habían tenido nexos de militancia en el partido oficial y ocuparon cargos de dirección en la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, contraviniendo con ello los principios rectores en el ejercicio de la función electoral, como son los de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, que deberían caracterizar la actuación de los órganos electorales, según lo dispone la Constitución en su artículo 41.

De estas 820 impugnaciones únicamente se logró que se sustituyeran a 246 funcionarios electorales, quedando intocables 574.

En lo referente a la ciudadanización de los órganos electorales, podemos manifestar que el único órgano en donde operó dicho procedimiento fue precisamente en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, sin dejar de precisar que esta modificación en la integración del máximo órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral, se llevó a destiempo en virtud de que la gran mayoría de las decisiones trascendentes para la jornada electoral, en la etapa de preparación de la elección, se habían materializado y ya eran irreversibles.

En relación a la composición de los órganos electorales, distritales y locales, de un total de 1 mil 992 consejeros ciudadanos, tan solo fueron sustituidos 122, quedando subsistentes 1 mil 870 consejeros ciudadanos que se han distinguido en los pasados comicios electorales y confirmado en el presente por su voto sumiso y subordinado a las decisiones gubernamentales.

b) En la integración de las mesas directivas de casilla, encontramos que una situación que manifiesta la problemática generada por el Instituto Federal Electoral en torno a la integración de las mesas directivas de casilla, es el acuerdo que el consejo general tomara el 6 de agosto para el procedimiento de sustitución por causas supervenientes. Este acuerdo faculta a las juntas distritales a intervenir aún más en la integración de las mesas directivas de casilla, afectando el espíritu de equidad en la designación de los mismos.

En base a dicho acuerdo resulta que al 18 de agosto, según el informe que presentan los consejeros ciudadanos, se habían realizado 82 mil 261 sustituciones de funcionarios designados legalmente, los cuales fueron sustituidos por otros ciudadanos en base a un acuerdo que como los consejeros ciudadanos aceptan, no está previsto por la ley, es decir, el 10.7% del total de funcionarios designados legalmente fueron sustituidos por funcionarios designados fuera de la ley.

Este acuerdo ofreció al IFE, la posibilidad de garantizar la siembra de ciudadanos confiables para ellos hasta en 82 mil 261 casillas; confiables en la medida que en las juntas tuvieron la facultad de hacer esas propuestas, escogiendo entre las diferentes relaciones, que el procedimiento acordado les permitía a aquellos ciudadanos de quienes ya tenían conocimiento del tipo de función electoral que desempeñarían, generalmente ciudadanos que ya habían participado en otros procesos electorales con antecedentes de militancia en el partido oficial, caciques o representantes comunitarios vinculados a los organismos del PRI.

De la información que presentan los consejeros ciudadanos, podemos destacar que además del 10.7% de los funcionarios que fueron sustituidos ilegalmente hasta el 18 de agosto, el porcentaje que se incrementó con los 13 mil 631 funcionarios sustituidos durante la jornada electoral para alcanzar al menos el 14.2%, del total de los funcionarios que actuaron, los cuales fueron sustituidos, designados, según el Instituto Federal Electoral y los consejeros ciudadanos por procedimientos extralegales.

Esta cifra es suficiente para incorporar en casi el 100% de la casillas de todo el país, por lo menos a un funcionario de casilla probadamente fiel a los designios del partido oficial, todo a partir de las acciones y acuerdos de las diferentes instancias del IFE. Esta situación desvirtuó y pervirtió el mandato original de la ley sintetizado en el procedimiento de la doble insaculación para la integración de las mesas directivas de casilla. Esta actuación, por lo tanto desvirtúa y pervierte la integración de la mesa directiva de casilla, lo desvirtúa como un órgano legítimo para la recepción del voto; se acredita la actuación de sustitutos que en la mayoría de los casos no fueron designados conforme a los procedimientos legales que dicen los consejeros, sin demostrarlo que así se siguieron. Este aspecto fue omitido en el análisis de las impugnaciones por el Partido de la Revolución Democrática ante el Tribunal Federal Electoral.

En la mayoría de los casos, sin apegarse a las pruebas, el tribunal acepta, sin constancia de ello, que los sustitutos se designaron conforme a derecho.

La revisión de las mismas actas de los expedientes acredita esta aseveración, se demuestra la existencia de la causal de nulidad prevista por el artículo 287, del Cofipe, desestimada frívolamente por los supuestos tribunales de Justicia Electoral, con la excepción de la resolución de la Sala Central del Tribunal en torno al expediente del III distrito de Hidalgo, con cabecera en Tula.

2o. Que del padrón electoral se desprende que: las listas nominales y las credenciales para votar, son elementos fundamentales para la realización de los comicios. Su grado de verosimilitud y confiabilidad, depende de que los ciudadanos puedan ejercer dentro del marco de la ley, sus derechos constitucionales de elegir a sus gobernantes y representantes.

Los listados electorales utilizados en la jornada electoral del 21 de agosto, son el resultado de múltiples procesos en los cuales los partidos políticos no tuvieron la responsabilidad de vigilar la actuación de las autoridades del Registro Federal de Electores, como lo marca la ley, por responsabilidad de estas últimas.

Los partidos políticos nunca dispusieron de una base de datos actualizada en la Comisión Nacional de Vigilancia para su consulta y seguimiento, llegándose al extremo de que durante los meses de febrero y marzo, ya en pleno proceso electoral sólo se tenían a disposición para consulta los listados electorales correspondientes al mes de enero.

La actual lista nominal de electores tiene su origen en el padrón electoral elaborado en 1991. Diversas verificaciones que varios partidos políticos le practicaron, dieron como resultado un nivel de inconfiabilidad entre el 10% y el 12%. El propio Registro Federal de Electores efectuó una verificación durante el mes de enero de 1992 y reconoció la existencia de irregularidades e inconfiabilidad que afectan de distintas maneras la limpieza electoral, que resultaron del orden del 4.63%.

La credencial de color naranja, que fue expedida por la autoridad electoral para las elecciones federales de 1991, se desechó como base para los nuevos comicios. El padrón electoral que debió de haber sido sometido a un profundo programa de depuración integral, a efecto de que sirviera de base para que la expedición de una nueva credencial para votar con fotografía, sólo fue depurado en una parte mínima, y en cambio, se continuó adulterando debido a que en 1991, 1992 y los primeros meses de 1993, no fueron dados de baja como lo marca la ley, los ciudadanos que fallecieron y estaban empadronados, generándose la situación que de más de 600 mil difuntos reportados por los registros civiles en ese periodo, sólo fueron dados de baja el 28%. Tampoco fueron dados de baja los ciudadanos que perdieron sus derechos civiles por su ciudadanía.

El programa de homonimias para la detección de posibles duplicados, reveló que, por ejemplo, en Chiapas, existe un 35% de homonimias que no fueron verificados para establecer la posible duplicidad. Además, dicho programa no sólo fue incompleto, sino amañado, ya que, por ejemplo, en el Distrito Federal, el Registro Federal de Electores informó de la existencia de 20 mil homonimias, cuando según se demostró después, existían más de 1 millón. A este respecto, se pudo establecer que un alto porcentaje eran de homonimias falsas que pudieron haber sumado 4 millones 800 mil en todo México, quedando al descubierto la falsedad de los informes oficiales del programa de depuración de nombres dobles mediante el proceso de homonimia del Programa de Depuración Integral del Padrón y nueva credencial con fotografía.

El manejo de las inscripciones al padrón y la producción y entrega de fotocredenciales a los ciudadanos, se efectuó con discrecionalidad de la autoridad registral y fuera del control de los partidos políticos, lo cual provocó una adulteración ilegal del nuevo programa de fotocredencialización, que sirvió de base para la configuración de los listados nominales de electores, utilizado el pasado 21 de agosto.

Así, el día 1o. de abril de 1994, fecha señalada por la ley para que las autoridades electorales exhibieran los listados para su revisión por los ciudadanos y los partidos, 2 millones 895 mil 518 inscripciones fueron presentadas tardíamente, además de que se trataba de registros no válidos, como les llamó el Registro Federal de Electores, es decir, registros exhibidos al margen de la ley.

Asimismo, un día antes de que concluyera el periodo de fotocredencialización, el Registro Federal de Electores produjo 1 millón 298 mil 448 formatos de credenciales, ¡que jamás llegarían a sus legítimos destinatarios, por responsabilidad legal atribuible a la autoridad electoral! Además, de 2 millones de credenciales que se generaron y no fueron reportadas a los partidos políticos.

El Registro Federal de Electores reconoció, en el mes de marzo del presente año, la existencia de más de 915 mil ciudadanos registrados fuera de su sección electoral. Al 1o. de mayo se informó que esa situación ya había sido corregida y que sólo había 122 mil 787 ciudadanos que seguían padeciendo ese problema.

Durante la revisión de los listados electorales en el mes de abril, pudimos constatar que la corrección sólo había sido en papel, mas no en la realidad.

Se ha dicho que el padrón electoral ha sido objeto de 36 auditorías y que en todas ellas pasó la prueba. No se puede hablar de auditorías cuando la propia institución se revisa a sí misma sus estados contables. Así sucedió, incluso, con la verificación que realizaron ocho partidos políticos. El Registro Federal de Electores la dirigió.

Sin embargo, esa misma verificación reconoce la existencia de aproximadamente el 20% de ciudadanos no enlistados, cifra que después no es tomada en cuenta para la evaluación final que ha hecho y difundió la autoridad electoral. Vale resaltar aquí que después ya no hubo otras verificaciones, ésta fue la última.

El hecho mismo de que el consejo general haya declarado válidos y legítimos los listados electorales para su utilización durante la jornada electoral, cuando todavía no estaban terminados de confeccionarse, habla ya de suyo de una evidente irregularidad, amén de que los consejeros ciudadanos no tenían bases suficientes para conocer a fondo la verosimilitud de los listados. Pero además, resulta que esos listados que aprobó el consejo general no fueron los mismos, ni en la misma magnitud que los que el Registro Federal Electoral envió a las casillas, según consta en los archivos magnéticos que nos proporcionó la autoridad electoral y que obran en nuestro poder.

Por ello mismo, los catálogos de casillas que proporcionó el Registro Federal de Electores, son distintos en varios miles a los que informó el Instituto Federal Electoral y a su vez, ambos son diferentes de los que manejó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (mejor conocido como PREP), lo cual constituye también una violación a la ley.

Los efectos políticos inmediatos de toda esta situación, la padecieron miles de ciudadanos mexicanos el día de las elecciones. Se trata de un número incuantificable de quienes poseían una credencial, sin dejar de lado a los que, por responsabilidad de la autoridad electoral, nunca pudieron obtener su identificación comicial.

Este es el fondo de los problemas que se generaron en las casillas especiales. Eran personas que fueron literalmente rasuradas de las listas correspondientes a su sección electoral y dando tumbos fueron a dar a una de estas casillas especiales y ya no pudieron votar.

Tenemos como evidencia las miles de denuncias presentadas todavía en las últimas horas por ciudadanos valientes e indignados, por haber sido privados de sus derechos constitucionales de votar. Ante la inoperante e incapaz Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales.

Todos estos aspectos que hemos circunscrito a lo esencial de los problemas que tuvo el programa de fotocredencialización y el proceso electoral en su conjunto, es en lo que hace a los listados, son violatorios de la legalidad; tenemos las pruebas documentales oficiales probatorias de nuestro dicho. No puede, por lo tanto, decirse que las elecciones se hayan realizado con base en listados nominales de electores legales, verosímiles y confiables. Es decir, por lo que se refiere a los listados electorales, que son la base fundamental para garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos mexicanos para el ejercicio soberano de elegir a sus gobernantes y representantes, las elecciones federales del 21 de agosto no estuvieron apegadas a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y certeza, establecidos en la Constitución General de nuestro país.

Tercero. Que hubo iniquidad evidente en el proceso electoral, ya que hay por lo menos tres rubros que el diseño gubernamental implementó para la contienda electoral y que dieron como resultados unas elecciones inequitativas: primero, el trato a los partidos en los medios de comunicación; segundo, la ejecución de programas gubernamentales con fines electoclientelares y, tercero, el desmedido gasto del Partido Revolucionario Institucional.

En relación a los medios de comunicación, es generalizada la opinión de que entre todos los medios masivos de comunicación, los medios electrónicos, son los que mayormente informan, es decir, a los mexicanos. En efecto, el 86% de los habitantes de este país se informan por estos medios; el 74% televisión y 12% la radio. Sin embargo, no es de desestimar el papel de la prensa en ese sentido.

Respecto a la prensa escrita, tenemos el estudio realizado por Cipro Prodato y la Fundación Arturo Rosenblueth, acerca de los 10 diarios capitalinos y la utilización de sus espacios, y que se realizó del 2 de enero al 2 de julio; y de ello tenemos:

Páginas: de las páginas dedicadas a los partidos, el Partido Revolucionario Institucional, se llevó dos quintas partes, por lo menos, en otros casi la mitad.

Espacios: la diferencia entre el espacio dedicado al PRI, es de dos a uno respecto al partido que le sigue.

Fotos: dos tercios de las 4 mil 792 fotografías corresponden al PRI.

Primera plana: al Partido Revolucionario Institucional se refieren más de la mitad de las primeras planas de los diarios.

Ahora, por lo que respecta a los medios electrónicos y tomando como referencia los monitoreos efectuados a los noticieros de radio y televisión, el trato fue absolutamente desproporcionado a las distintas campañas de los partidos y sus candidatos. No sería ocioso mencionar que los partidos políticos pueden tener acceso a los medios electrónicos de tres maneras: utilizando el tiempo del Estado, a través de la contratación de espacios y los noticieros.

Lo primero está regulado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde cada partido tiene programas por más de 15 minutos cada uno, en televisión y radio, y durante la campaña un programa más y uno especial para todos.

Del segundo, el acceso no es igualitario, dada la desproporción de recursos.

Y respecto al tercero, es donde se hace evidente la iniquidad del trato dado a la duración y a la calidad de la información que ofrece; esto es, en los noticiarios.

Partiríamos diciendo que el marco jurídico ha sido sistemáticamente violentado, se transgrede el artículo 6o. constitucional, que se refiere al derecho a la información. También los artículos 5o. y 77 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que nos hablan sobre la función social, el fortalecimiento, las convicciones democráticas y la unidad nacional, como medio para orientar a la población. Además, el artículo 4o. del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, que dice que la información deberá sustentarse en la veracidad y oportunidad.

Asimismo, se han violentado los títulos de concesiones, los cuales obligan por mandato constitucional a los concesionarios, a cumplir la ley.

En este sentido, si acudimos una vez más a los monitoreos arriba señalados, vemos que las ofertas políticas de los partidos importantes fueron parte de una campaña de ensalzar más al partido del Gobierno y detractar a los opositores. Tanto la distribución de tiempo como de darle voz e imágenes a los candidatos, de ventajas mínimas que el Partido Revolucionario Institucional obtuvo, fue de dos a uno.

Por otro lado, cabe hacer mención que el poco tiempo destinado a la oposición en los espacios noticiosos, fue más para hacer comentarios desfavorables que para cubrir las campañas con veracidad. Esto quiere decir, que la gran mayoría de los medios en vez de informar sobre las opciones políticas, realizaron una vasta campaña de desinformación, haciendo una propaganda abierta en favor del PRI, en contra de las dos oposiciones independientes.

Fundamentalmente la televisión, pero también la mayor parte de la radio y de los diarios nacionales y locales exaltaron sistemáticamente al PRI y a sus candidatos, de tal forma que los mexicanos vieron sus derechos fundamentales restringidos, porque no disfrutaron del derecho a la información, situación que, al decir de la Comisión de la Verdad, fue determinante en el ejercicio de sus derechos al sufragio.

Esta política de desinformación, así como la actitud parcial de los medios electrónicos en los desequilibrios mostrados en materia de cobertura noticiosa, no pudo ser defendida e instrumentada, sino en la cúspide del Estado.

Del Programa Asistencial del Gobierno. De todo lo que se ha dicho acerca de los programas de Gobierno que son primordialmente el Pronasol y el Procampo, pero que también se incluyen los programas estatales y municipales de obras y servicios, haremos estas breves consideraciones.

Dice la Comisión de la Verdad: primero, no pudieron los mexicanos expresar libremente su votación, porque las presiones a las que estuvieron sometidos fueron descomunales, el fraude tiene dos dimensiones: primero, presiones, segundo, manipulaciones; segundo, un sector muy amplio de votantes fue objeto de una política de coerciones que fueron desde las amenazas con retirarles licencias, permisos, concesiones o becas, hasta la compra de votos utilizando recursos del Estado en particular del Pronasol y del Procampo; tercero, hay mucha información sobre las promesas de otorgar créditos, escrituras, trabajo etcétera, a los votantes que sufragaran a favor del PRI, lo que contrastó con las expresiones de represión y amenazas a los opositores. Estas evidencias muestran una estrategia política de Estado que fue posible porque existe un manejo discrecional de los recursos públicos sin que haya controles auditables; cuarto, todo ello constituyó, sin lugar a dudas, un elemento central en el marco antidemocrático que prevaleció el 21 de agosto.

Dice el informe de los consejeros ciudadanos en su parte 8.1: "cuando se le da un uso ilegítimo a los recursos públicos durante un proceso electoral, con objeto de beneficiar a un partido o candidato de la contienda, ello tiene un fuerte impacto negativo sobre la equidad en las condiciones de desarrollo de la misma.

2. El Pronasol y el Procampo, siendo que son programas de alivio a la pobreza, no pueden interrumpirse con motivo de las elecciones, sino sólo la propaganda que de ello se hacen.

3. No existen los mecanismos efectivos de control que garanticen su correcta aplicación.

4. Es claro que el esquema legal vigente propicia el uso de los programas y gestiones gubernamentales como instrumentos electorales en beneficio de un partido."

Al respecto Alianza Cívica dice:

1. La presión generalizada a través de los mecanismos de compra y coacción del voto dio como resultado una cantidad significativa de casos en donde el sufragio no fue libre ni secreto.

2. Los actores de estos delitos formaron parte de una estructura piramidal teniendo en la cúspide al partido del Estado y en la base a los promotores del voto del PRI.

3. El partido de Estado es quien crea, reproduce, lleva a cabo la compra y coacción del voto, aprovechando los recursos y programas producto de los impuestos de todos los mexicanos. La relación existente entre el PRI y el Gobierno representa una iniquidad para la competencia leal con respecto a los otros partidos políticos, por lo que si bien no se puede cuantificar el número de votos que se emitieron fuera de la ley, sí se puede afirmar que la calidad de la elección está manchada y por tanto, sus resultados no son confiables.

A todo ello podemos agregar, que el diseño de esa política asistencial fue para desarticular la demanda de la oposición y para generar una clientela electoral a cambio de los favores gubernamentales.

La estructura implementada sirvió para destinar recursos en aquellos lugares en los que la votación opositora iba en ascenso, los dineros públicos sirvieron para darle voz y figura a los candidatos del PRI. ¿Hay algo más inequitativo en ello?

En relación a los topes de gastos de campaña, el desmedido gasto que el PRI efectuó en su campaña, se debió a que ese partido actuó, una vez más, como un organismo público; utilizó de manera ilegal recursos materiales, financieros, logísticos, de información y propagandísticos del Estado.

Sobre el monto gastado por el Partido Revolucionario Institucional, tenemos estos cuatro elementos:

a) Recursos de toda índole;

b) El límite fijado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, que fue rebasado en forma desmedida;

c) Hay demasiadas lagunas legales en cuanto al financiamiento, y

d) Los mecanismos de auditoría son insuficientes.

Todo eso hace que fuese imposible la elección, la celebración de una elección justa y competitiva.

4. Que fue una reforma legal importante... que hubo una reforma legal importante para el mejor desarrollo de las elecciones... Que una de las reformas, perdón, legal e importante para mejorar el desarrollo de las elecciones, fue el tipificar conductas y hacerlas delitos electorales; sin embargo, dicho ordenamiento especial no se cumplió y así encontramos 119 denuncias penales por delitos electorales que han sido presentadas por miembros del Partido de la Revolución Democrática ante la fiscalía electoral o ante agentes del Ministerio Público Federal y que a ellas habría que sumar por lo menos otras 20 presentadas por alianza cívica, encontramos lo siguiente:

Que las denuncias se refieren a autoridades electorales, reiteradamente al licenciado Arturo Núñez Jiménez, director general del Instituto Federal Electoral, así como a otros funcionarios del IFE, como Carlos Almada, director del Registro Federal de Electores; servidores públicos: el Presidente de la República, los gobernadores, el jefe del Departamento del Distrito Federal, diversos funcionarios estatales y varios presidentes municipales, candidatos, dirigentes priístas, en particular, líderes de las centrales obreras, campesina y de comerciantes.

Los delitos por los que se les acusa están contemplados en el Título Vigesimocuarto del Código Penal en sus artículos del 401 al 413. Para sustentar estas denuncias, las pruebas que se han presentado son de tipo documental, incluyendo documentos oficiales de gobiernos estatales, material electoral, encontrado en basureros y vehículos, así como fotos, videos, grabaciones y testimonios personales.

Este material probatorio que en muchos casos es abundante y difícilmente controvertible, no ha sido tomado en cuenta por la fiscalía electoral, pues apenas ha dado curso a algunas averiguaciones previas. Mucho menos se han realizado diligencias o presentación de pruebas por supuesto y por supuesto, no hubo investigaciones ni hay ninguna consignación importante.

Sin embargo, el material presentado ante la fiscalía y el Ministerio Público Federal no dejan lugar a dudas de por lo menos las siguientes conclusiones, que son de extremada importancia política para calificar el proceso electoral.

Primero. Las autoridades electorales ejercieron un manejo discrecional y faccioso de la papelería escolar, sobre todo credenciales de elector y boletas electorales; hubo pues un tráfico clandestino que es imposible cuantificar, pero que pudo haber sido en grandes proporciones.

Las autoridades electorales, los funcionarios públicos y los candidatos priístas, diseñaron planes muy detallados, celebraron acuerdos secretos y destinaron grandes cantidades de recursos públicos para designar y cambiar funcionarios electorales, monitorear y manipular la votación en centros clandestinos, organizar grupos de funcionarios y empleados públicos con objeto de inducir el voto e identificar a votantes opositores; sustituir autoridades y usurpar funciones del Instituto Federal Electoral, e incluso, organizar grupos de observadores electorales.

Servidores públicos, principalmente a nivel estatal y municipal, apoyaron abiertamente al PRI y a sus candidatos mediante la entrega, el chantaje o coerción de recursos públicos a amplios sectores de la población; estos recursos consistieron en dinero en efectivo, despensas, obras públicas, entre ellas, pavimentado de calles, construcción de drenajes, dotación de agua potable, materiales de construcción y desde luego, cheques del Procampo.

Esta maniobra se completa mediante la vigilancia en las casillas electorales de la intención del voto, violando la secrecía consagrada en la ley.

También vamos a hacer las siguientes consideraciones en relación a los delitos electorales. Antes de la jornada electoral...

Señor Presidente, ruego a usted que informe a esta Asamblea que en cuanto a presentador de un voto particular, no tengo límite de tiempo, para que dejen de hacer esas expresiones.

El Presidente:

Ruego a la Asamblea escuchemos con toda atención al orador, en virtud de que se trata de un voto particular.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Muchas gracias, señor Presidente:

Antes de la jornada electoral, en este caso hay muchas denuncias del PRD y de Alianza Cívica, entre otras, denuncia de Oscar Martínez contra diversas personas, en el municipio de Villaflores, Chiapas; expediente 422 contra funcionarios de la Secretaría y Recursos Hidráulicos por entregar cheques del Procampo en Michoacán, condicionado a votar por el PRI y recogiendo credenciales de elector; de Liliana Flores contra Sócrates Rizzo, por repartir cheques, despensas y tractores llamando a votar por el PRI.

Hay varias denuncias contra presidentes municipales de Jilotepec, Puebla, Morelos, Quintana Roo, en Apaxtla, Guerrero; José Azueta, Guerrero; Pachuca, Hidalgo; Alamo, Veracruz, entre otros.

Por parte de Alianza Cívica se tienen testimonios y pruebas de San Luis Potosí, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Distrito Federal.

La conclusión de Alianza Cívica es contundente: aun cuando la mayoría de las acciones de presión y amenazas a los votantes fueron tipificadas como delitos electorales, este tipo de prácticas se hicieron presentes en todo el proceso electoral; dada su magnitud, influyeron en los resultados de la elección.

Durante la jornada electoral Alianza Cívica recabó varios testimonios de compra y coacción del voto en Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Quintana Roo, Tlaxcala, Chiapas, Puebla, San Luis Potosí, México, Michoacán y Veracruz. De todo ello, Alianza Cívica sacó la siguiente conclusión: nuestra observación de la jornada electoral nos permite constatar que el 21 de agosto se instrumentó un operativo que tenía como finalidad verificar que aquellos ciudadanos que se habían comprometido a votar previamente por el PRI, realmente lo hicieran.

Lo anterior deja ver que en los pasados comicios hubo un reparto de tareas claramente establecido, para llevar a cabo diversos operativos, con el propósito de alterar el conjunto del proceso electoral, consistente en que autoridades del IFE cubrieron la parte relativa a la documentación electoral, para dotar de credenciales múltiples a gente a su servicio y simpatizante a su causa y al mismo tiempo, rasurar a posibles votantes opositores, permitieron igualmente que circularan boletas electorales fuera de los registros oficiales.

Estas credenciales y boletas fueron entregadas mediante las autoridades estatales, a grupos que estas mismas autoridades organizaron para que votaran ilegalmente. En algunos estados este operativo fue realizado directamente por dirigentes y funcionarios del PRI, para controlar los resultados, maquillar el fraude y evitar dejar huellas; organizaron centros de cómputo alternativos y una vigilancia minuciosa que cubrió todas las casillas electorales, destinando una gran cantidad de personas pagadas.

Por si esto no fuera suficiente, funcionarios públicos y candidatos del PRI se dedicaron alegremente, y sin ningún recato, a comprar votos y a ejercer coerción sobre los ciudadanos. Esta fue la parte más visible del conjunto de hechos delictivos. La absoluta impunidad que gozaron estos últimos realizando sus acciones a la luz del día, pudo ser conocida gracias a los hechos que informaron a esta Cámara de Diputados los consejeros ciudadanos del IFE y que citamos textualmente a continuación: "Dos grupos de ciudadanos abocaron sus esfuerzos a observar la fiscalía especial para la atención de delitos electorales. Estos grupos fueron: uno, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y, dos, Alianza Cívica.

En los informes que presentaron ambos grupos sobre dicha institución, se concluye que si bien existió un interés por parte de los partidos políticos y de la sociedad civil en general, de denunciar hechos posiblemente delictivos en materia electoral, los recursos humanos y materiales que se invirtieron en la fiscalía especial no dieron el fruto que la sociedad espera, prueba de ello es que hasta el mes de octubre se haya ejercido acción penal en sólo tres denuncias de un total de 521, es decir, un raquítico 0.57% de ellas."

Finaliza el informe de los consejeros: "en resumen, la reforma al Código Penal y la creación de la fiscalía, supuso un avance en el sentido de garantizar la legalidad en el proceso electoral, sin embargo, hechos vinculados con su organización y funcionamiento, tales como el nombramiento tardío de su titular, la falta de consenso político en torno a dicho nombramiento, la controversia sobre la falta de infraestructura para llevar a cabo su mandato y la tardanza en la resolución de los asuntos plenteados, hicieron que la fiscalía especial no funcionara adecuadamente".

A mayor abundamiento, en lo anterior y tomando en consideración lo manifestado por el Procurador General de la República, en el sentido de que la fiscalía para la atención de los delitos electorales efectivamente contaba con los recursos para actuar de manera expedita y eficaz, es difícil de entender que a dos meses de haber concluido la jornada electoral, aún se encuentran pendientes de resolver el 72% de las averiguaciones.

Debemos considerar que los propósitos de la creación de la fiscalía especial era para dar una mayor garantía de legalidad al proceso electoral y disuadir a la ciudadanía de llevar a cabo conductas delictivas que afectaran la calidad y la legitimidad del proceso; sin embargo, ambos propósitos fueron incumplidos.

En síntesis, la impunidad con la que actuaron los delincuentes electorales se deben mucho a la fiscalía electoral, que no mostró ningún interés en averiguar ni mucho menos buscar sancionar los delitos electorales que se denunciaron antes del proceso electoral y durante él. Con ello se dio el banderazo de salida a los delincuentes electorales, ya que estaban preparados en los distintos niveles del Gobierno.

Es necesario señalar que la actitud asumida por el fiscal especial en la averiguación de los delitos electorales, viola lo dispuesto por el artículo tercero del artículo 2o. del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece que dentro del periodo de la averiguación previa el Ministerio Público Federal deberá buscar las pruebas de la existencia de los delitos del orden federal y de la responsabilidad de quienes en ellos hubieren participado.

La intención dolosa de dejar de buscar dichos elementos para promover y proteger a los delincuentes electorales, constituye un aspecto que lesiona la validez del proceso electoral, además de que constituye una causa de responsabilidades oficiales que deberá encarar.

A lo anterior debe sumarse la protección y seguridad que sintieron, por parte de autoridades estatales y federales, que les facilitaron los recursos o los alentaron. Se generó un ambiente de confianza para la actuación de los delincuentes, pues consideraron con razón, que todo el aparato de Estado estaba implicado en la comisión de delitos electorales a diversos niveles.

En conclusión, el control de autoridades y funcionarios del Gobierno y del PRI sobre el proceso electoral, así como el clima de impunidad e involucramiento generalizado por parte de las autoridades, con el propósito de hacer ganar al Partido Revolucionario Institucional, permitió adulterar sustancialmente y de manera comprobadamente ilegal, el voto que los mexicanos emitieron el 21 de agosto.

Quinto. Que del análisis de resultados electorales encontramos, primero la inconsistencia en el catálogo de casillas.

Al final de cuentas no sabemos cuántas casillas se instalaron en el país el 21 de agosto, ya que las establecidas en el catálogo del Registro Federal de Electores, en el documento llamado "Estadística de ciudadanos en la lista nominal, por listado", impreso el 30 de junio de 1994, presenta un total de 94 mil 267 casillas.

Luego, el catálogo del IFE, entregado a los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla al 30 de junio, establece un total de 95 mil 659 casillas.

Por su parte, el PREP informa acerca de 93 mil 333 casillas, de las cuales 5 mil 643 están mal referenciadas, se ubican en secciones que no existen. De esta forma tenemos un universo de 87 mil 690, de las cuales, 1 mil 837 no se encontraron en ninguno de los catálogos mencionados.

Agregamos a esto las irregularidades siguientes: el catálogo del Registro Federal de Electores establece que existen 63 mil 539 casillas básicas, en las que se encuentran l70 secciones en las que la población de electores es menor a 50 y, por lo tanto, éstos debieron ser incorporados al listado de secciones vecinas.

Otro dato notoriamente irregular, es que se incorporen dos casillas contiguas a dos. Mil 420 extraordinarias y 34 casillas especiales, donde el listado nominal es la duplicación de las casillas básicas y contiguas de las secciones correspondientes, o bien, como las especiales, donde no cuentan con un listado nominal.

El catálogo del Instituto Federal Electoral establece contar con 95 mil 569 casillas, sin embargo, resulta que de éstas, 1 mil 204 se encuentran en secciones inexistentes en el catálogo del Registro Federal de Electores, además añade 57 casillas básica-1 a las 63 mil 589 existentes, de esta forma creó 57 secciones nuevas.

El catálogo del PREP, por su parte, informa de cerca de 93 mil 335 casillas, sin embargo, de ellas, 5 mil 543 están mal referenciadas. Es decir, se ubican en secciones inexistentes en el país, de manera que tenemos un universo real de 87 mil 690 casillas, de las cuales 1 mil 837 no están reportadas en ninguno de los catálogos anteriores.

Otro elemento que se ha encontrado en la clasificación de casilla urbana y rural, usada en los catálogos del Instituto Federal Electoral y del PREP, es la siguiente, en los estados de Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, donde no existen casillas rurales en el catálogo del PREP.

El PREP incluye en su información 2 mil 450 casillas que no existen en los catálogos mencionados. Además la participación rebasa el listado nominal y el Partido Revolucionario Institucional obtiene el 52% de la votación, la que es mayor a su promedio nacional.

En 952 casillas el número de votantes rebasa en 44% al listado nominal.

2. Funcionamiento del Programa de Resultados Preliminares (PREP). El IFE instaló dos centros de cómputo nacional de recepción de resultados preliminares, Cenarep-1 y Cenarep-2, que funcionarían como centros espejos. La información se captaría en forma simultánea en ambos. El Cenarep-2, tuvo la información de 99.53% de las casillas el 22 de agosto, a las 16.00 horas. El Cenarep-1 señaló contar con el 88.88%, el día 24 a las 15.19 horas. Esto es, hay una diferencia entre uno y otro a pesar de que el primero fue antes.

Por otro lado, el flujo de información no fue continuo, ya que por largo tiempo se interrumpió y en éstos variaron los montos de casillas reportadas, así como las recibidas por los dos centros y las cantidades entregadas a los partidos.

La información de los diferentes cortes muestra que los resultados de las casillas se incorporaron selectivamente. Por ejemplo, el corte del 22 de agosto, 41 mil 290 casillas; el 28 de agosto, 92 mil 390 casillas; el 9 de septiembre, 87 mil 690 casillas.

Como se puede observar, la versión final no incluyó a 4 mil 700 casillas que se encontraban en el corte del 28 de agosto. La explicación fue que hubo error de validación para su retiro, pero entonces se presenta la contradicción de que los mismos procesos de verificación usados en ambos cortes detectan errores selectivamente .

Sólo se entregó información de resultados de los partidos políticos, no incluyó la referencia a boletas recibidas, extraídas en urnas, inutilizadas, lista nominal y número de votantes.

El Instituto Federal Electoral declaró haber entregado resultados de 92 mil casillas, cuando en realidad el total validado es de 87 mil 690 casillas para la elección de presidente, lo que reduce a 86 mil 565 al eliminar 1 mil 125 que sólo tienen ceros.

3. Manipulación de boletas. Una manipulación sistemática y dolosa de boletas electorales, las cuales desaparecieron o se generaron espontáneamente durante la jornada electoral, fenómeno que afectó a más de la mitad de las casillas.

Analizando 29 mil 521 casillas, encontramos que en 7 mil 429 el número de votantes es mayor al de las boletas extraídas de las urnas y en 7 mil 805 casillas existieron más boletas que votantes; en 14 mil 287 casillas las cifras coinciden, la no coincidencia representa el 51% de las casillas analizadas.

Utilizando el mismo universo de casillas, se presenta el caso de 17 mil 123 casillas en las que el número de boletas resultantes al final de la jornada no coincide con las recibidas por los funcionarios de casilla durante la apertura de la misma; en 7 mil 90 existe un promedio de 53 boletas de más; en 10 mil desaparecen 26, en todos los casos la tendencia de la votación no se altera a pesar de las irregularidades, lo que indica la necesidad de mantener estable el nivel de votación.

4. Comparación del cómputo distrital por el PREP. Para conocer la distribución de la votación en alrededor de 10 mil casillas no entregadas por el PREP, se restó del cómputo distrital el monto parcial de votación del PREP. Se encontró que en estos 210 distritos para lograr la votación definitiva, fue necesario "rasurar" los votos de al menos un partido.

El caso extremo es el distrito XXVIII del Distrito Federal, en el que se recortó la votación de todos los partidos con excepción del PRI y del Partido Acción Nacional, así como de los candidatos no registrados e incluso votos anulados.

5. Alteración de los listados impresos por casilla. El Registro Federal Electoral Informó al Consejo General del IFE que existía en la lista nominal definitiva, 45 millones 729 mil 53 ciudadanos. Estos ciudadanos deben estar repartidos en las 63 mil 589 secciones en la que está dividido el país, de tal suerte que debían existir 63 mil 589 casillas básicas.

Posteriormente se detectaron aquellas secciones con una población mayor a 750 electores para instalar ahí una casilla contigua, en ese caso se encuentran 29 mil 222. No hay más. Pues bien, si sumamos la lista nominal de las casillas básicas y contiguas de todas las secciones electorales del país, tenemos un listado nominal impreso para las casillas por 44 millones 921 mil 5 ciudadanos, esto es, 808 mil 48 ciudadanos menos que los que integran el listado definitivo.

6. El Tribunal Federal Electoral, conforme al artículo 41 de la Constitución, establece que será un órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral.

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial garantizan su debida integración, asimismo el diverso artículo 264 del Cofipe, contiene que el Tribunal Federal Electoral al resolver los asuntos de su competencia, garantizará que sus actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

El artículo 17 constitucional consagra la garantía de impartición de justicia por tribunales que resuelvan de manera pronta, completa, imparcial y expedita, en términos de la ley. Pese a lo anterior, los integrantes del tribunal, en sus salas central y regionales, fueron propuestos por el Presidente de la República, de lo cual se desprende que existe una vinculación y dependencia, que contraviene los principios de autonomía e imparcialidad constitucionales.

La ley de la materia otorga facultades discrecionales a la autoridad jurisdiccional que transgrede los principios de certeza y seguridad jurídica consagrados en el artículo 41 constitucional. La Sala de Segunda Instancia únicamente tiene competencia para conocer de algunos supuestos sobre resultados y no de violaciones de procedimiento que se cometan en primera instancia.

Los excesivos requisitos y formalidades para la presentación de los recursos, imposibilitan el acceso fácil a la justicia electoral, tanto a los partidos políticos como a ciudadanos en general.

El papel del tribunal en la etapa de preparación de la elección sirvió para legitimar el padrón electoral y otros actos. En la etapa de resultados y la declaración de validez de la elección, convalidó las irregularidades cometidas durante la jornada electoral.

Las salas central y regionales del Tribunal Federal Electoral, dictaron resolución en 463 recursos de inconformidad dentro del término a que se refiere el artículo 331 del Cofipe y 150 recursos de inconformidad dejaron de resolverlos en tiempo y forma, contraviniendo la disposición anteriormente invocada correspondiente a 92 distritos electorales.

Por lo que es de verse, que la negligencia e incompetencia demostrada por el Tribunal Federal Electoral, se traduce en una violación a los principios de certeza y legalidad a que se refieren en el artículo 41 constitucional, en relación con los diversos del Cofipe.

El Partido de la Revolución Democrática superó estas restricciones, acreditando y comprobando en tiempo y forma ante el tribunal, la anticonstitucionalidad, injusticia e ilegalidad al sufragio impuesto por la autoridad electoral, antes de la jornada y después de ella; de la nulidad de los resultados oficiales de la elección presidencial en 234 de los 300 distritos electorales del país, en los términos del propio Cofipe.

Sin embargo, el órgano jurisdiccional extrajurídicamente, más allá de los plazos legales establecidos, emitió 150 resoluciones que afectan a 92 distritos electorales .

Esta Cámara de Diputados constituida en Colegio Electoral y en el desempeño de su responsabilidad constitucional de calificar conforme a derecho la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a desechar por notoriamente improcedente las 150 resoluciones emitidas extemporáneamente y en consecuencia violatorias de la Ley Electoral, en los mismos términos que el tribunal desecha los recursos interpuestos ante él, por los agravios cometidos por la autoridad electoral, cuando exceden aunque sea en un segundo, los plazos mucho más restrictivos que impone el propio Cofipe a los partidos y ciudadanos.

Por otro lado, el Colegio Electoral debe desestimar los razonamientos y consideraciones expuestos por las salas central y regionales del Tribunal Federal Electoral, referidas a la exclusión de miles de ciudadanos del padrón electoral, así como de los miles de votantes falsos, que es claro que para ejercer el derecho del voto es indispensable contar con la credencial para votar y si no se entrega la credencial, o se entrega a persona distinta a su legítimo depositario, se altera e incluso con anticipación el resultado de la elección y, en consecuencia, la no entrega de credenciales, es decir, la exclusión ciudadana del padrón o la entrega incorrecta de las mismas y votantes falsos, es un hecho que incide en el resultado final de la elección y, por lo tanto, funda una inconformidad que el tribunal está obligado a conocer.

7. La responsabilidad que a este Colegio Electoral le impone el artículo 74 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al calificar la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 21 de agosto de 1994, es asegurar que el Poder Ejecutivo Federal sea el resultado del ejercicio del derecho al sufragio expresado en elecciones, garantizado en su artículo 35 mediante el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad e independencia en la conducta del proceso electoral que previene el artículo 41, para que la soberanía del pueblo de México sea la fuente de autoridad de acuerdo con lo establecido en su artículo 39.

En caso de que las elecciones se hayan ajustado a esos fundamentos constitucionales, el Colegio Electoral debe declarar la validez de la misma y expedir la constancia respectiva a quien haya tenido la mayoría de los votos válidos o, en su caso, este Colegio Electoral está obligado a declarar la nulidad de la elección para que el Congreso General, a su vez, constituido en Colegio Electoral, nombre a un presidente interino y dentro de los 10 días siguientes convoque a elecciones a celebrar en un plazo no menor de 14 meses ni mayor de 18, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Constitución.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales omite la referencia específica a las hipótesis de nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su conjunto, lo que de ninguna manera impide el ejercicio de la responsabilidad constitucional y legislativa de este Colegio Electoral, de calificar dicha elección y de determinar consecuentemente la validez o la nulidad de la misma, según sea el caso. Es evidente que interpretar el código en el sentido de que dicha omisión impide el ejercicio de esta responsabilidad, es un contrasentido que rompe de plano con el orden constitucional y jurídico del país, no sólo a la luz de la disposición constitucional referida, sino incluso en la de los ordenamientos legales consecuentes que norman el procedimiento electoral y la responsabilidad de este Colegio Electoral en el mismo.

El propio Cofipe, en su artículo 286 previene que las disposiciones establecidas en este título de las nulidades, podrán afectar la votación emitida en una casilla y en consecuencia los resultados del cómputo de la elección impugnada, como lo acredita el expediente respectivo que obra en esta cámara. La votación emitida en la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, fue impugnada por recurso de inconformidad admitido por el tribunal en 228 de los 300 distritos electorales del país; de acuerdo con las causales de nulidad previstas en el 287, que afectan la inmensa mayoría de las casillas del país, su procedencia en el 20% de las casillas instaladas de acuerdo con las reglas aplicables para la declaración de nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa en un distrito y aplicables por analogía de razón para cubrir la laguna del código, respecto de la elección presidencial, determinaría la nulidad de la elección presidencial en su conjunto.

Por otra parte, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso General al reglamentar la responsabilidad impuesta por el 74, fracción I de la Constitución, dispone en primer lugar que esta Cámara de Diputados calificará los votos emitidos en todo el país en la elección presidencial; subsecuentemente dispone que hará el cómputo después de la calificación a fin de declarar electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano que hubiese obtenido mayoría de votos en las elecciones que al efecto se hubieren celebrado.

La calificación es el razonamiento por el cual se decide que una serie de hechos quedan referidos a una norma, en la especie de vigencia del derecho al sufragio libre, universal e igual expresado en elecciones auténticas, como fundamento del Poder Ejecutivo Federal para determinar los votos válidos e inválidos de la elección. Consecuentemente, la declaratoria de Presidente electo sería improcedente si la votación emitida en 20% o más de las casillas o de los distritos electorales es declarada nula por este Colegio Electoral.

Este Colegio Electoral debe de considerar todos los elementos significativos que se le ofrezcan y exhiban para informarlo sobre el proceso electoral respectivo y si ellos resultan insuficientes, debe requerir los que necesite para calificar la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los fundamentos constitucionales primigenios del estado democrático de derecho referidos en el considerando anterior.

No tiene razón legal el alegato de que este Colegio Electoral está vinculado por el sentido de las resoluciones del Tribunal Federal Electoral, recaídas sobre los recursos de inconformidad interpuestos en contra de los cómputos de los consejos distritales; el alegato es enteramente contrario a las disposiciones constitucionales y legales aplicables referidas; ni la Constitución ni la ley atribuyeron a dicho tribunal la calificación de la elección del titular del Ejecutivo, sino que la reserva para este Colegio Electoral.

El pretender que la calificación sea en función de las resoluciones de dicho tribunal, equivale a pretender que ese Colegio Electoral no tiene la competencia para hacer los razonamientos procedentes para la calificación, privándolo de su atribución constitucional exclusiva e imponiéndole a un órgano que no lo tiene más que en una primera instancia y cuyas resoluciones son plenamente revisables y revocables por este Colegio Electoral, no sólo con base en los errores de procedencia y razonamiento en que pudo haber incurrido dicho tribunal al emitir sus resoluciones, sino también con base en las constancias a que se hace referencia en los artículos 54 de la Ley Orgánica del Congreso y el artículo 88 párrafo primero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El mandato del artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General, de que la base de la calificación sean los resultados consignados en las actas oficiales de cómputo distrital y en su caso las resoluciones de las salas del tribunal de referencia, recaídas sobre las impugnaciones a la validez de dichos cómputos, ciertamente obliga a que el punto de partida para la calificación sea la consideración de dichas actas de cómputo y dichas resoluciones, como lo hace este dictamen, pero de ninguna manera obliga a confirmar resultados y resoluciones que precisamente están sujetos a la calificación superior de este Colegio Electoral.

8. Resulta evidente que del análisis serio y apegado a derecho sobre el proceso electoral, especialmente en la elección presidencial, se dan los supuestos en la interpretación analógica y por mayoría de razón, establecidos en la Constitución en su artículo 41 párrafo octavo y el Cofipe en su artículo 287 y las relaciones con el 288 y 289 del mismo ordenamiento, que por ello dichas elecciones se realizaron violentando la legislación aplicable a la materia y que por lo tanto carece de validez jurídica siendo nulas de pleno derecho.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 19 y 20 de la Ley Orgánica del Congreso General, se resuelve:

Primero. Carecen de validez legal las elecciones celebradas el 21 de agosto de 1994 para elegir presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por no haberse apegado el proceso electoral correspondiente al marco jurídico vigente, ya que se incumplieron los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Segundo. Es de declararse nula la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos realizada el 21 de agosto de 1994.

Tercero. Procede nombrar presidente interino de los Estados Unidos Mexicanos en los términos previstos por la Constitución Política de México.

Cuarto. Deberá, conforme a lo dispuesto en nuestra Carta Magna, convocarse para la elección de presidente de la República que deba de concluir el periodo que finaliza el 30 de noviembre del año 2000.

Notifíquese la resolución que antecede al honorable Congreso de la Unión, para los efectos constitucionales y legales que procedan.

Firman: diputados Mauro González Luna, Juan Guerra Ochoa, Jesús Ortega Martínez y Leonel Godoy Rangel.

Dado en el Palacio Legislativo en la ciudad de México, Distrito Federal, el 7 de noviembre de 1994.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ricardo...

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Permítame señor... permítame señor Presidente, no he concluido.

El Presidente:

Adelante.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Solicito a usted que este documento se agregue al dictamen de la mayoría, para que en los términos de la ley obre en el Diario de los Debates.

Asimismo, solicito a usted instruya a la Oficialía Mayor para que nos reciba el anexo de las pruebas que al respecto estamos mencionando y el documento que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas leyó el día de ayer afuera del recinto legislativo, dado que no tuvo el derecho de ser escuchado en esos términos aquí en esta Cámara de Diputados.

El Presidente:

Tome nota la Oficialía Mayor.

Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes.

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; pueblo de México:

El Partido Acción Nacional, por medio de su representación en este Colegio Electoral, responsable de calificar la elección presidencial, cumple con el deber moral y político de expresar de frente al pueblo todas las opiniones y juicios que le merece el proceso electoral federal, que hoy culmina en su fase legal.

El Partido Acción Nacional, cumple una vez más su compromiso con la nación, sus militantes y los millones de ciudadanos que aceptaron su oferta política y votaron por sus candidatos y programas, al manifestar nuestra opinión en este acto que debe ser de gran solemnidad y trascendencia republicana. Lo hacemos, en primer término, en estricto cumplimiento de un deber jurídico que desde nuestra condición de integrantes del Poder Legislativo, con el derecho de representar a la nación, merced del voto de más de 9 millones de mexicanos.

Lo hacemos con la convicción de que, en una comunidad que aspira a dar plena vigencia al estado de derecho, las normas que rigen nuestra vida institucional deben ser observadas puntualmente para dejar a la ciudadanía testimonio del respeto por las leyes.

Lo hacemos también con la convicción que significa ser protagonistas y corresponsables de construir el bien común de todos los mexicanos.

Porque en Acción Nacional, desde su fundación en 1939, entendemos el quehacer político como una noble y superior tarea de quienes por vocación se dedican al servicio de los ciudadanos.

En Acción Nacional también entendemos la actividad política como la oportunidad de construir los espacios públicos de discusión, donde el ciudadano tenga la opción de elegir a los gobernantes que mejor le garanticen sus aspiraciones.

Expresamos que desde hace 55 años, Acción Nacional ha luchado por construir la democracia, considerada no sólo como fórmula jurídico-electoral, sino como verdadero estilo de vida, donde pueda discutirse sobre el hombre y su circunstancia y se propongan las mejores alternativas de solución a los grandes problemas nacionales.

Acudimos, pues, ante esta tribuna nacional con la autoridad moral que nos otorgan 55 años de lucha y oferta política, asimismo, los mismos compromisos con México, que desde el origen de Acción Nacional han venido calando conciencias y conquistando voluntades, nuestro compromiso con la verdad, nuestro compromiso con la justicia, nuestro compromiso con la libertad.

Este compromiso con la verdad, nos obliga, hoy, a manifestar que desafortunadamente, a pesar del gran esfuerzo y vocación democrática del pueblo de México y con él, Acción Nacional, nuestro país no cuenta aún con un sistema plenamente democrático.

Es preciso decir que el pasado proceso electoral que hoy se califica, fue un proceso inequitativo e injusto. Igualmente debemos reconocer que la jornada electoral se destacó por una gran participación ciudadana, producto de las expectativas de competencia democrática, generadas por avances y cambios en las prácticas electorales.

Asumimos nuestro compromiso jurídico, político y moral. Lo asumimos libremente, reconociendo con honradez intelectual los avances que han tenido nuestras instituciones. Empero, también señalamos enérgicamente las deficiencias y errores pendientes de superar.

Hoy puede concluir la calificación legal de la elección presidencial, pero quedará para el futuro inmediato, en los hechos, concluir la calificación moral y política.

Del simple análisis de las cifras arrojadas en la jornada electoral, debemos destacar dos realidades: la primera muestra que el voto de más del 77% de los ciudadanos equivale a un plebiscito en favor de las vías pacíficas para resolver los problemas de México. La segunda realidad es que no votó por el PRI-Gobierno más de la mitad de los electores. La conclusión es que uno de cada dos mexicanos resistió al corporativismo, a las presiones, a la propaganda abrumadora y desproporcionada, a la coacción, a los temores inducidos y a la estrategia de la atención paternalista; a la manipulación noticiosa, en suma, a la política arcaica.

Estos resultados expresan también que más de la mitad de los mexicanos no quieren más presidencialismo exacerbado, no quieren más PRI-Gobierno, no quieren más un país sin equilibrio de poderes; tampoco queremos más un país sin la vigencia de los principios del federalismo y la autonomía del municipio. En suma, la mitad de los mexicanos no quieren continuar con el tipo de régimen que han tenido hasta ahora.

La votación, que expresa la voluntad de millones de mexicanos, da hoy al Partido Acción Nacional una nueva dimensión. Somos la primera fuerza de oposición en el país, somos una gran fuerza política, con nuestros más de 9 millones de votos libres y razonados. Somos la primera fuerza política partidista, pues la que aún ostenta la mayoría de votos no es una organización partidaria, no es un partido político, es el Estado mismo.

Por ende, nos enfrentamos a un partido de Estado. Aún se derrocha el dinero del pueblo para apuntalar muchos millones de votos en favor del candidato del partido oficial, programas sociales como solidaridad y el Procampo han estado dirigidos intencionalmente a capturar el voto de los desposeídos, también operan programas gubernamentales como proyecto dirigido a los hombres más ricos de México, para hacerles sentir que pueden hacer durar lo que ya no debe durar, a ésa, plutocracia le decimos; allá ellos y su responsabilidad, cada quien tiene que responder por lo que hace y por lo que deja de hacer. Compitiendo en condiciones desiguales frente al partido de Estado, Acción Nacional duplicó sus votos en términos absolutos, ello nos impone la enorme responsabilidad de asumir la víspera de nuestro acceso al poder.

La calificación electoral, última etapa del proceso, necesariamente implica una evaluación cualitativa del mismo, de su apego a la ley, de las condiciones particulares en las que se desarrolló, de la participación ciudadana, de la efectividad del sufragio, de las resoluciones e impugnaciones, de la sanción a los delitos electorales y del conteo de votos.

Este acto de calificación debe ser racional, fundado en derecho e inspirado en la justicia, es el juicio que los representantes de la nación emiten sobre quien debe ocupar el Poder Ejecutivo y como todo juicio debe basarse en los elementos de la realidad, en consideraciones jurídicas y en la ética para que constituya una expresión de un bien, de un bien público, del bien común.

Acto seguido procedemos a enjuiciar lo que para nuestro grupo parlamentario significó todo el proceso electoral que hoy se califica. Por respeto al tiempo convenido y con la intención de ser claros y precisos, expondremos sólo las cuestiones capitales en la inteligencia de que nos reservamos el derecho para ampliar nuestros juicios y opiniones en el orden del debate correspondiente.

Respecto del padrón, juzgamos positiva su permanencia, que para su movimiento se exija prueba documental, que esté vinculado al domicilio del elector, aceptamos que el padrón electoral tuvo un buen grado de consistencia. Tal instrumento, base del proceso electoral, debe ser perfeccionado con listados que reproduzcan la fotografía del ciudadano, lo que asegura la confiabilidad y certeza en la coincidencia del elector con el Estado que se expida.

Deploramos los rasurados electivos y la inflación que todavía en algún grado, afectó al padrón. La credencial con fotografía resultó un gran avance y un legítimo triunfo del PAN que demostró su viabilidad técnica y operativa, a partir de la experiencia en Baja California.

Aseguramos, sin temor a equivocarnos, que un padrón confiable y un listado nominal con fotografía le darán a los futuros procesos electorales, mayor certeza y confiabilidad. La incorporación de consejeros ciudadanos al Consejo General del IFE constituyó un avance democrático; asimismo consideramos saludable la posibilidad que se dio de sustituir algunos consejeros ciudadanos que no resultaron idóneos por su filiación partidista en los consejos locales y distritales.

En relación al servicio profesional electoral, señalamos, como lastre, la herencia de personal operativo con actitudes incondicionales al sistema.

Por otra parte, resultó aceptable el procedimiento aleatorio para insacular funcionarios de casilla, deploramos la notificación selectiva, la irregularidad en la capacitación de los mismos y el marcado favoritismo al partido oficial de muchos funcionarios.

Especial preocupación de nuestro partido merece el tema de la contratación y acceso a los medios de comunicación social.

Constituye un avance que hayamos podido acceder a los medios de comunicación, particularmente a los electrónicos; pensamos que la tendencia política debe ser que la ley regule con mayor claridad los derechos y obligaciones de las partes contratantes. Es del dominio público, está en la conciencia ciudadana, la manera y términos en que se condujeron las empresas televisivas de cobertura nacional, cuando favorecieron al candidato del partido oficial y minimizaron a los de oposición.

Es cierto, la equidad es la balanza de la justicia; la ley su continente y medida, empero más allá de la norma jurídica está la ética que orienta nuestra conducta particular al bien común nacional. En los medios de comunicación social, lo ético implica conducirse con objetividad y honradez, sobre todo de quienes tienen y detentan un mayor poderío económico y social.

Es descarado favoritismo político de algunos medios al partido oficial y sus candidatos, tiene connotaciones más de carácter económico y de factura, de autoprotección y privilegio, que de ideológico y cultural.

Con esta conducta negativa de algunos empresarios, no lograron que pierda la oposición, consiguieron en cambio que el agraviado sea el pueblo de México al negarle la oportunidad de ejercer su derecho a la información y no permitirle votar libre, informada y conscientemente. ¡Cuidado porque el pueblo se cansa!

Acción Nacional, cree en la rectificación de conductas equívocas, pero si en materia de comunicación social hubiese irredentos, la perfección de la ley y la revisión del marco de concesiones, serán temas nacionales de debate público. En Acción Nacional, estamos comprometidos a construir "Un México sin mentiras".

Como positivo se aprecia haber plasmado en la ley un tope de gastos de campaña, ello resultó una intención política de buena voluntad pues son tan altos, que, en la práctica son totalmente inequitativos; además, es una norma imperfecta por no tener sanciones. En su oportunidad propondremos el debate correspondiente.

También consideramos saludable los elementos aprobados para foliar los talones de boletas electorales. El uso de tinta indeleble, el rubricado de boletas y la instalación de canceles o elementos modulares, todos ellos tienden a garantizar el secreto y la libertad del voto.

Por otra parte destacamos que los citados elementos son perfectibles, sobre todo el rubricado de boletas que debe volverse obligatorio y no potestativo.

En lo referente a medios de impugnación expresamos nuestro reconocimiento por la instalación de la segunda sala del Tribunal Federal Electoral. A mayor revisión, mayor justicia y legalidad.

Sobre el tema delitos electorales, opinamos que la mejor calificación, la mejor clarificación de la tipicidad, la creación de nuevas figuras y el aumento de sanciones para los delincuentes electorales, fue un avance; sin embargo, la tardanza en la creación de la fiscalía especial y sobre todo la falta de resultados, propiciaron nuevamente la impunidad electoral.

Consideramos justo admitir que hubo algunos avances. Suspender la propaganda de programas sociales de Gobierno como solidaridad y el Procampo; sin embargo, señalamos la inmoralidad gubernamental de entregar obras, cheques, escrituras y condicionar servicios al sentido del voto ciudadano.

Asimismo, la suspensión de campañas políticas 10 días antes de la elección, el debate entre candidatos y la apertura de paquetes en cómputos distritales, puesto que tales acuerdos no pueden permanecer sujetos a la discrecionalidad, deberán quedar incorporados en la ley.

El debate entre candidatos televisado en todo el país, contribuyó a crear un estilo abierto y democrático en las campañas políticas; no obstante, lamentamos la negativa del candidato oficial a sostener el segundo debate. Por lo anterior, el Partido Acción Nacional considera que los debates deben ser, en lo sucesivo, obligatorios en los procesos electorales.

Podemos apreciar como positivo, el programa de resultados electorales preliminares, empero debemos señalar la carga negativa que constituyó, en que después de conocer los resultados del 15% de las casillas instaladas en el territorio nacional, la información no fluyó constantemente, el acceso al mismo estuvo restringido y envuelto en escándalos aún no resueltos.

Como resultado final del proceso, ahí quedaron las cifras, los resultados, pero sin franca coincidencia de entusiasmo popular. Una vez despejada la incógnita, más bien campeó el asombro, el escepticismo y la duda fundada por los resultados.

No podemos dejar de mencionar cuestiones que condicionaron y permearon los resultados electorales, a saber:

La unión del PRI-Gobierno, que permanentemente se traduce en desvío de recursos públicos, favoritismo y notorias imparcialidades; la utilización de los colores nacionales en emblemas electorales y propaganda oficiales, más que una inducción subliminal, es una franca manipulación del ciudadano, al mezclar propósitos partidistas con sentimientos patrióticos.

El uso indigno de la estructuras corporativas del PRI para forzar el voto de los ciudadanos; el empleo claramente parcial, con grandes despliegues publicitarios del Pronasol y el Procampo.

Los citados elementos, sumados, cumplieron cabalmente su objetivo: hacer triunfar a toda costa al candidato oficial.

Para nosotros en Acción Nacional, la conclusión del presente análisis de posicionamiento, reside en que a pesar de las notorias irregularidades ya señaladas, que sin duda se ampliarán en el debate, lo rescatable cívicamente es la gran participación ciudadana, apreciable en las campañas políticas y en la gran afluencia de votantes.

Este balance final implica para nosotros, una congruencia doctrinal y jurídica. Aceptamos las reglas del juego con toda buena fe, pues queremos ofrecerle al pueblo de México la esperanza y la vía permanente de cambio pacífico y democrático.

El bien superior de la nación reclama que, por encima de intereses particulares o de grupos, se conserve la paz y la concordia entre los mexicanos.

Compañeros diputados, que haya claridad. Participamos en este Colegio Electoral, responsables y conscientes del deber que tenemos, de defender los avances y denunciar los rezagos. Por honestidad intelectual y política, no emitiremos un voto que descalifique todo el proceso y sus resultados; tampoco lo daremos como aval para soslayar injusticias e iniquidades que aún prevalecen.

Estamos listos para construir con todos, un nuevo acuerdo que conduzca a la nación al destino de grandeza que le corresponde. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado José Narro.

El diputado José Narro Céspedes:

Estamos reunidos hoy para dictaminar sobre el resultado de las elecciones para Presidente de la República. La decisión que tome esta legislatura afectará la vida del país en los próximos seis años. Llegamos a esta sesión después de un proceso de más de un año de esfuerzos para concretar cambios democráticos en México.

Los resultados de ese proceso, como es conocido, no satisfacieron a todas las fuerzas políticas, sin embargo, es justo reconocer que hubo cambios importantes. Todo ese proceso, aun con sus contradicciones, mostró una voluntad de cambio de la mayoría de los que en ella participamos; no obstante la reticencia, exclusiones críticas y regularidades y exclusiones que la atravesaron, ese esfuerzo, en esta etapa final, se está viendo empañado otra vez por la actitud intransigente en la mayoría de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La representación del PRI, con una visión, desde nuestro punto de vista limitada, no aceptó ninguna propuesta de la oposición y optó por emitir su propio dictamen.

Lo significativo de esa actitud política, es que muestra que dentro del partido del Gobierno aún existe gran distancia entre el discurso y su actuar, lo que plantea serias dudas sobre su voluntad de cambio.

Por lo anterior, y en virtud de que se cerró cualquier posibilidad de llegar a consensos, es que presentamos nuestro voto particular al no compartir la fundamentación del dictamen de la mayoría.

El año de 1994 quedará marcado en nuestra historia como un año de exigencia por llevar adelante cambios democráticos a fondo en el país. La rebelión chiapaneca, como caso extremo en contra del carácter excluyente del proyecto de régimen, la participación masiva de los ciudadanos en las elecciones, los cambios en los términos de competencia entre los partidos políticos y la puesta en escena de la impunidad, la ilegalidad y la corrupción que carcome al sistema político, son expresión de las contradicciones de una sociedad que pugna por encontrar un camino que le permita garantizar a todos justicia, igualdad, bienestar y libertad.

Es hasta este año, y a raíz de la insurrección en Chiapas, que el Gobierno y el PRI se ven obligados a aceptar cambios de cierta importancia en el terreno electoral. Sin embargo, estos cambios y el proceso electoral mismo, están marcados negativamente por las iniquidades, la exclusión y las irregularidades ocurrida e incluso promovidas o aceptadas durante el mismo:

A) Las condiciones políticas de exclusión, desigualdad e iniquidad en que se desarrolló el proceso. Un primer elemento fundamental fue la exclusión impuesta por el Gobierno y los partidos para la reforma política. En efecto, previo al proceso electoral, la legislación correspondiente fue sometida a dos reformas sucesivas que buscaron hacer la contienda de 1994 confiable. La negociación de esta reforma se hizo en 1993 entre el PRI y el PAN y en 1994 se incluyó al PRD.

De este último proceso, en las conversaciones de la ya tristemente célebre Casa de Barcelona, se marginó de manera deliberada a todos los demás partidos, incluido el del Trabajo y por supuesto se obvió cualquier consulta directa a la ciudadanía.

En este mismo terreno, se ubicó la exclusión de los candidatos presidenciales del debate público, ya que éste se llevó a cabo, como es conocido por todos, sólo por tres de los contendientes y lo propio se hizo en el nombramiento de los consejeros ciudadanos.

Lo anterior, tiene como base una concepción excluyente del quehacer político, que buscó y busca establecer las bases de un tripartidismo para encaminarse al bipartidismo en México, sin esperar el juicio de los ciudadanos. Esta intención se reflejó en la política informativa de los medios de comunicación. Las opiniones de los consejeros ciudadanos del Consejo General del IFE no estuvieron exentas de dicha concepción. El PT, fue el único partido que se sobrepuso a las exclusiones deliberadas y refrendó con cerca de 1 millón de votos su trabajo y opción política.

Limitaciones de la reforma electoral. Independientemente de la política de exclusión señalada y de los avances relativos en materia electoral, fueron dejados de lado cambios necesarios y fundamentales de la misma, enarbolados por nuestro partido y otras fuerzas políticas, con lo que se limitaron sus alcances.

En este sentido, destaca lo siguiente: la autonomía real del organismo electoral del Gobierno Federal, con la supresión del papel prominente del Estado en el mismo y establecimiento de mecanismos y criterios claros y objetivos para garantizar la imparcialidad de los funcionarios electorales;

B) Eliminación de las restricciones establecidas para la presentación de candidaturas comunes y la realización efectiva de coaliciones entre los partidos políticos;

C) Establecimiento de las posibilidades de presentar candidaturas ciudadanas y por las organizaciones sociales;

D) No modificación de la forma de asignación de diputaciones de representación proporcional en la Cámara de Diputados, al mantenerse una sobrerrepresentación del partido mayoritario y la subrepresentación de los demás partidos políticos;

E) Desacuerdo con los altos topes de gasto de campaña, ya que es una agresión a la economía del pueblo de México y establecimiento de criterios equitativos para el otorgamiento del financiamiento público;

F) Simplificación de los recursos de impugnación para hacerlos realmente vigentes y el establecimiento del amparo en materia electoral;

G) Reconocimiento jurídico y político a las organizaciones sociales.

Iniquidad en la contienda electoral. En este terreno señalamos tres aspectos que consideramos relevantes: la iniquidad en cuanto a financiamiento público consignado en la legislación, ya que permite que el partido mayoritario obtenga una desproporcionada cantidad de recursos, y

H) De manera relevante y determinante en el proceso electoral, destaca la iniquidad en el acceso a los medios masivos de comunicación. Los costos en los mismos resultan prohibitivos para la mayoría de los partidos y la presencia en ellos dependió en lo fundamental de la cobertura informativa.

Los diversos monitoreos realizados por organizaciones independientes y el propio IFE dan cuenta del comportamiento parcial y desproporcionado que se hizo en favor del PRI. No obstante que, según los reportes, se registró una mejoría en cuanto a la equidad, el problema no se superó, de tal suerte que hacia el final de la campaña la proporción del tiempo destinado a los partidos favoreció en promedio al PRI en una proporción de tres a uno, con respecto al PAN y al PRD; y de seis a uno con respecto al Partido del Trabajo.

En el análisis particular de algunos medios, la proporción entre el PRI y el PT se ubicó en la proporción de 20 a uno. Como se aprecia, se dio un doble nivel de iniquidad del cual no dan cuenta de manera objetiva los partidos que reclaman para sí un trato equitativo.

Parece ser que la equidad debió circunscribirse, según ellos, sólo a tres partidos políticos. No obstante lo anterior, el Partido del Trabajo participó de manera activa en los trabajos de preparación del proceso electoral, desde la obtención de su registro en 1993.

Como parte de lo anterior, diversas ocasiones presentó consideraciones, planteamientos y críticas a los procesos de reforma electoral que se llevaron a cabo. En este contexto, consideró que a pesar de las insuficiencias y limitaciones, las reformas y acuerdos permitieron participar en el proceso electoral.

No se puede soslayar el efecto electoral que se derivó del uso clientelar y parcial de programas públicos como el Procampo y el Pronasol por parte del Gobierno en favor del partido oficial, lo que propició una mayor iniquidad en la campaña electoral.

Los órganos electorales. La estructura y funcionamiento del IFE están supeditadas a las condiciones reales en que se organiza el poder en México, la insuficiente autonomía de los órganos electorales con respecto a un sistema político presidencialista del Poder Ejecutivo, que decide el nombramiento del director general de este instituto y lo convierte en su representante, situación a la que se suman los pocos cambios de los consejeros ciudadanos que se dieron en los consejos locales y distritales, ocasionando que el control quedara en manos de los grupos tradicionales de poder.

La composición administrativa del IFE, se integra fundamentalmente por personas que simpatizan o participan en el partido oficial, quienes detentan el control de la información, de la infraestructura y de las decisiones sobre las formas y tiempos en que se realizan las actividades relacionadas con el proceso electoral, provocando imparcialidad en el comportamiento y en el manejo de las instancias electorales y que muchas veces estén por encima de los órganos de decisión política.

El representante del Ejecutivo ostenta la presidencia del consejo y las atribuciones que le otorga la ley son excesivas.

La composición de los consejos locales fue casi idéntica a la existente en las elecciones de 1991.

El tribunal, habría que reconocer, fue un logro que permitió que las controversias relativas a las elecciones de senadores y diputados se resuelvan por una instancia legal y no política.

La fiscalía especial prácticamente no funcionó debido al nombramiento tardío de su titular, la falta de consenso político en torno al nombramiento, la controversia sobre la falta de infraestructura para llevar a cabo su mandato y la tardanza en la resolución de los asuntos planteados.

Irregularidades de la jornada electoral. En este aspecto se manifestaron vicios del pasado de la cultura del fraude, algunas de ellas documentadas y otras apoyadas en testimonios de ciudadanos y organizaciones civiles.

Tales acciones tienen que ser evidentes para evitarlas en el futuro; si bien en mucho menor que en el pasado, se conoció de los cambios de ubicación de casilla mediante cambios en la integración de las mesas directivas, actitudes parciales de funcionarios y asistentes electorales, agresiones abiertas o veladas de caciques y jefes políticos, violación de la secrecía del voto, ciudadanos que no se encontraban en las listas nominales, no correspondencia entre las boletas y votantes entre otras.

Durante la jornada electoral no se obtuvo información sobre la instalación de 2 mil 162 casillas. Asimismo, los datos que se proporcionaron posteriormente resultaron contradictorios.

La capacitación brindada a los funcionarios de casilla fue insuficiente, lo que se reflejó en los numerosos errores cometidos en el desempeño de sus funciones.

Otro elemento que influyó en el resultado electoral fue el carácter de los asistentes electorales. En muchos casos se nombraron a los responsables municipales de solidaridad o a los vocales ejecutivos del Procampo, favoreciendo la votación hacia el partido oficial al no cumplir con sus funciones de manera profesional, imparcial y objetiva.

Aun con el PREP los datos se vertieron lentamente. Los resultados del 98.5% de las casillas se dieron a conocer 38.5 horas después de que el primer sistema de cómputo tenía ya el 99.4% de la información.

Hasta le fecha, las autoridades correspondientes han ocultado la información acerca de los posibles responsables del virus que se pretendió introducir en el sistema de cómputo del PREP para alterar su funcionamiento, aplazando con esa actitud la aplicación de la ley y quedando en duda si los resultados no tienen elementos irregulares.

Como producto de lo anterior, se anuló la votación en más de 900 casillas en dos distritos electorales; lo anterior si bien no invalida el proceso electoral en términos legales, ya que está lejos de ser el 20% de las casillas, sí requiere de una evaluación política al respecto al presentarse estas irregularidades.

A nivel central el IFE se ha dado relevancia a conflictos derivados de la puesta en marcha del Programa de Resultados Electorales Preliminares y al debate en torno al incumplimiento de alguno de los acuerdos del Consejo General por parte de la dirección del instituto.

Participación del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo participó en las actividades públicas designadas a efectuar una revisión integral de las condiciones en que se estaba preparando el proceso electoral, incluyendo el padrón electoral. Tales actividades tuvieron un peso prioritario para valorar si dichas medidas e instrumentos contenían elementos necesarios de garantía y de confiabilidad.

En particular, considerando que la inscripción al padrón electoral ha sido definida como un trámite de buena fe, era necesario desarrollar mecanismos que permitieran detectar acciones en contrario.

En el marco de tal necesidad, se describe la realización de la verificación nacional muestra del padrón electoral. El Partido del Trabajo participó desde el momento en que se diseñó el proyecto, la metodología, el tamaño, la muestra seleccionada y la realización de las actividades en 32 entidades del país y la conclusión de las actividades a nivel central.

Detectamos un porcentaje de inconsistencias del 3.91%, dicho porcentaje fue considerado como aceptable, así fue considerado en su momento al padrón electoral como un instrumento confiable. Los resultados de dicha actividad fueron coincidentes con la auditoría externa al padrón electoral, supervisada por el Consejo Técnico del Padrón Electoral. Se tuvieron a la mano los resultados de la misma, los cuales finalmente fueron analizados y valorados.

Adicionalmente se participó en otras actividades: análisis de los reportes, de los reportes de los diversos organismos de observación electoral, tanto nacionales como extranjeros, así como de la misión de la ONU; participación en la supervisión para la impresión y distribución de boletas electorales; supervisión del programa de resultados electorales preliminares; cotejo de las listas nominales en manos de representantes de casillas y los representantes de partidos políticos; análisis de la existencia de homonimias tanto en el Distrito Federal como a nivel nacional; posición respecto a la problemática general en las casillas especiales y actividades de capacitación para la interposición de recursos de impugnación.

Además de este proceso habría que señalar positivamente la gran presencia ciudadana en la figura del observador electoral. Más de 8 mil ciudadanos, de distintas asociaciones profesionales y estratos sociales, se dieron a la tarea de vigilar las casillas durante la jornada. Cerca de 238 asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, participaron como observadores electorales en estas importantes tareas.

Los representantes de las casillas acreditados por los partidos políticos, aseguraron una presencia de cuando menos dos de ellos en más del 93% de las casillas instaladas el 21 de agosto pasado. Por primera vez el nombramiento de funcionarios de casilla se realizó mediante el procedimiento de la doble insaculación, permitiendo garantizar mayor imparcialidad en ellos.

El cambio necesario. Uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país es el de modificar el arcaico, antidemocrático y corrupto sistema político institucional vigente para sustituirlo por otro democrático, participativo y moderno.

Es necesario que las fuerzas sociales progresistas del país, contribuyamos a desmontar el sistema que hoy prevalece y sus mecanismos de sustentación: el presidencialismo, el corporativismo político-social, el régimen de partido de Estado, la inexistencia de la división de poderes y la seudodemocracia representativa, la desaparición de cacicazgos y, como un elemento relevante, la prepotencia, corrupción e impunidad de la burocracia, de los cuerpos policiacos y el aparato judicial, es algo que tenemos que cambiar.

Una verdadera reforma político-democrática debe ir mucho más allá de los cambios políticos y gubernamentales, para abarcar la estructura y funcionamiento del Estado mexicano en un sentido amplio a la sociedad civil y a la relación entre ambos.

Por tanto, un cambio verdadero en un sentido democrático, tiene que concluir en el establecimiento de bases firmes, para una nueva relación entre gobernantes y gobernados, entre las organizaciones sociales, sus miembros y el Estado; entre Gobierno central, los estados y los municipios. En suma, una nueva relación política y social, un cambio en los estilos de gobernar acorde con la realidad y necesidades actuales del pueblo mexicano.

Una propuesta de reforma política real en nuestro país, tiene que contemplar las reformas legales, administrativas y sociales, que contribuyan a la democratización de las instituciones y relaciones al seno de la sociedad en los niveles siguientes:

1. Una reforma democrática que genere el régimen de las instituciones sociales públicas y civiles;

2. Vigencia real y ejercicio pleno a la división de poderes y disminución del excesivo poder presidencial;

3. Instauración de un nuevo pacto entre la Federación, estados y municipios;

4. Reforma y saneamiento del Poder Judicial y los cuerpos policiacos;

5. Modernización y dignificación de la administración pública;

6. Democratización plena y perfeccionamiento del sistema electoral y,

7. Reforma agraria integral revisando el artículo 27 y el 4o. constitucional.

Una transformación de esta magnitud no puede llevarse a cabo con exclusiones; en este sentido, un primer paso para lograrla es el reconocimiento explícito del Gobierno, los partidos, las organizaciones sociales y la sociedad civil en su conjunto, de su pertinencia.

Es necesario contar con un amplio consenso para lograr que los cambios sean e fondo y realmente democráticos. De esta manera, se puede arribar a un nuevo pacto social que se concrete en una nueva constitución.

Marco de referencia para lograr lo anterior son los 20 compromisos para la democracia y, sobre todo, tomar en cuenta que no es posible ni creíble un avance democrático que excluya, que deje fuera del proceso en forma deliberada a partidos o fuerzas políticas. Una actitud contraria a este espíritu es muestra de una visión autoritaria del quehacer político y fortalece una tendencia retrógrada en el ambiente político nacional. La permanencia de la misma haría evidentes, las limitaciones para crear una verdadera democracia en México.

La reforma electoral integral. Los cambios inmediatos al ámbito electoral tienen que considerar por lo menos los siguientes aspectos:

a) Sentido integral destinado a poner fin al control gubernamental de los procesos electorales; asegurar el establecimiento de elecciones transparantes y garantizar la libre asociación ciudadana;

b) Creación de un cuarto poder en el ámbito electoral con las características siguientes:

1. Independencia del Gobierno del PRI y de cualquier partido;

2. Eliminación de la presencia preeminente del Gobierno, reduciendo su participación en los órganos electorales. Autonomía y facultades plenas de los órganos electorales;

3. Garantía por parte del Estado de financiamientos sin condicionamientos;

4. Perfeccionamiento del mecanismo para la designación de los consejeros ciudadanos. Es menester que en el mismo intervengan en forma ponderada el Poder Legislativo y organizaciones civiles, profesionales y ciudadanos, mismos que tendrán la facultad de formular propuestas;

5. Nombramiento del presidente y director general con procedimientos dentro del propio organismo electoral, y

6. Presencia equitativa de los partidos políticos con derecho a voz y voto.

c) Establecimiento de un régimen de competencia igualitario para todos los partidos en la utilización y acceso a los medios de comunicación masiva;

d) Finiquito a la polémica en torno al padrón electoral y listado nominal, llevando adelante el programa permanente de depuración y verificación, permitiendo acceso sin condicionamiento a la base de imágenes e impulsar la elaboración de listado nominal con fotografía y contar con una credencial de identidad única;

f) Modificar los términos en los que están legisladas las coaliciones, retirando las limitaciones que actualmente existen en la ley para su concreción; incluir de nueva cuenta la figura de las candidaturas comunes y las independientes;

g) Simplificación de los mecanismos de creación e inscripción de los partidos políticos y derecho a la libre asociación entre organizaciones con o sin registro;

h) Recurso de impugnación, queja y nulidad. Simplificar y ampliar los procedimientos y las pruebas, con el fin de hacer efectiva la vigencia de los recursos legales. Incluir la suplencia de la queja y el amparo en materia electoral y,

i) Ampliar el plazo que los partidos políticos tienen para acreditar a los representantes ante las mesas directivas de casilla.

La democratización de nuestras instituciones es una tarea que no puede esperar más, con el grave riesgo de que ocurra un deterioro aún mayor de la convivencia política y social en nuestro país.

Por esta razón, el Partido del Trabajo está convencido de que la revitalización de nuestras instituciones debe provenir del diálogo y del acuerdo político entre las fuerzas políticas que sustentan al sistema hoy vigente; reivindicamos el legítimo derecho al surgimiento y fortalecimiento de nuevas, frescas y vigorosas fuerzas políticas, que se encuentran enraizadas en legítimos sentimientos populares.

En el país siguen existiendo muchos mexicanos que no participaron eligiendo a sus gobernantes y que otros más se inclinaron por otras opciones políticas que hoy no tienen representación parlamentaria. Estos ciudadanos y fuerzas políticas, tienen que ser tomadas en cuenta necesariamente.

Estando por concluir el proceso electoral federal de 1994, sus resultados están a debate hoy. Nuestra organización participó en todas las actividades necesarias para construir lo necesario, a fin de dar garantía y certidumbre al resultado electoral, sea el que éste fuere; lo hizo donde tuvo posibilidades de incidir, donde no se le permitió o donde se le hizo creer que participó al igual que otros, cuando debe a una decisión predeterminada ceder el contrapeso de la balanza.

Los resultados serían diferentes si las cosas se hubieran realizado de manera distinta, lo que en la realidad sucedió fue el resultado de un voto inducido y promovido bajo acuerdo político entre tres partidos políticos y el Gobierno; fue la construcción, en la sociedad, de un ambiente que promovió que la pluralidad fuera igual a tres, que equidad en los medios era deseable sólo para tres, que a quienes había que promover era a tres y que finalmente la gente votara por tres.

El Partido del Trabajo, reivindica en contrapartida una de las consideraciones previas enarboladas en el acuerdo del 27 de enero de 1994, firmada por ocho partidos políticos; no puede haber democracia, planteamos, en un sistema de partido de Estado. El avance democrático para cerrar el paso a todas las reformas de violencia, debe procesarse en los espacios de los partidos políticos y las instituciones republicanas. Ninguna fuerza política debe quedar fuera de este proceso. En vez de excluir, la nación requiere consensar con honestidad y sin ventajas indebidas para nadie, las principales decisiones políticas con estricto apego a la ley.

Planteamos nosotros como Partido del Trabajo, la siguiente propuesta:

Para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad que se requiere de una reforma política del Estado, dada en el marco de una discusión democrática, es necesario transitar hacia un sistema de partidos diferenciados por programas y ofertas políticas que permitan la alternancia en el poder, a través de elecciones libres y procesos plenamente democráticos, sin exclusiones, sin iniquidades ni desigualdades.

Para lograr lo anterior, se necesita llegar a un gran acuerdo político nacional que exprese la voluntad de realizar una reforma del Estado y dotarnos de reglas para los procesos electorales. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Fructuoso López Cárdenas.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra, para hechos. Quiero tomar la palabra.

El Presidente:

Diputado Marcué, estamos en las fijaciones de posición; cuando entremos ya prácticamente a los oradores, con todo gusto. Diputado López Cárdenas, por favor.

El diputado Fructuoso López Cárdenas:

Señor Presidente; honorable Cámara de Diputados:

Más de 34 millones de mexicanos señalaron el destino de México a través del voto libre y razonado; más de 34 millones de ciudadanos mexicanos, conscientes de la trascendencia histórica que significa el voto, decidieron en una extraordinaria jornada cívica sin precedente, marcar el camino de México en la paz y en la certidumbre.

Nadie puede negar que el 21 de agosto constituyó un momento histórico, ya que independientemente de por quien hayan votado, los mexicanos contestaron con el sufragio a quienes presagiaron tormentas y pretendieron sembrar la división y la discordia.

Por eso es menester, señores diputados, comentar algunas cuestiones importantes que sucedieron en esta etapa de la vida de la República y que contribuyeron, sin lugar a dudas, a que la jornada del 21 de agosto, se haya podido realizar con un marco jurídico que permitió que se avanzara en la emisión del voto con mayor respeto y claridad.

El marco jurídico establecido fue sustentado en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad y constituyó el basamento que permitió instrumentar todo el proceso electoral.

Las reformas constitucionales y legales que se realizaron, a las que habré de referirme en seguida, constituyeron avances considerables en las disposiciones normativas aplicables a las elecciones presidenciales y así se reformaron los artículos 51, 54, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma del 51, norma un nuevo sistema de medios de impugnación, a fin de otorgar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales. Garantiza que los actos y resoluciones se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Señala la autonomía del Tribunal Federal Electoral y su jerarquía como la máxima autoridad jurisdiccional electoral. Se crea la sala de segunda instancia para resolver los recursos de los partidos políticos. En este mismo artículo se establecen las reglas a que se debe de sujetar el financiamiento de los partidos políticos y su campañas electorales.

En el 54 se regulan las bases para el sistema de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales.

En el 56 se contempla, por primera vez en la historia electoral del país, la existencia de cuatro senadores por entidad federativa, de los cuales tres son electos por el principio de votación mayoritaria relativa y uno asignado a la primera minoría. Se abre así el Senado de la República, de tal manera que esté representada en él la fuerza política de quien obtenga el segundo lugar en votación en las entidades federativas, lo que sin duda le permitirá adquirir mayor fortaleza como entidad legislativa.

El artículo 60 se reformó a fin de terminar con la autocalificación de diputados y senadores. Subsistiendo conforme al artículo 74 constitucional fracción I, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de erigirse en Colegio Electoral para calificar la elección presidencial, figura que algunos estudiosos del derecho denominan heterocalificación.

Por otra parte, en agosto de 1990, fue promulgado el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que significó en sí mismo un avance cualitativo de ordenamientos anteriores, posteriormente, en sucesivas reformas aprobadas en septiembre de 1993 y mayo de 1994, se incorporaron elementos y disposiciones destinadas al perfeccionamiento de las instituciones y de los mecanismos procesales electorales, abarcando diversas áreas, entre otras, la recomposición de los integrantes del Consejo General del IFE, con la intención y el interés de que los ciudadanos estuviesen ampliamente representados en la estructura de dicho órgano electoral.

Los consejeros magistrados previstos en la anterior ley, fueron sustituidos por consejeros ciudadanos, a propuesta y con el consenso de diversas fracciones parlamentarias. De tal manera que de los 11 integrantes del Consejo General del IFE, son seis consejeros ciudadanos que tienen en sus manos una franca mayoría en las decisiones de ese organismo electoral.

En ese mismo sentido, los consejos distritales y locales tuvieron modificaciones importantes. Seis de siete votos posibles son de consejeros ciudadanos, el restante lo tiene el presidente de la junta local ejecutiva o el presidente de la junta distrital ejecutiva, con lo que la representación ciudadana tiene también absoluta mayoría.

Señalo esto, porque el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es la columna vertebral del proceso electoral de 1994 y para ello, hubo necesidad de modificar más de 170 artículos.

Habrá que añadir el trabajo desarrollado en las cámaras, tanto de Diputados como de Senadores, para enriquecer su propio soporte legal, que ha permitido mayor agilidad en los trabajos que la República les encomienda. Fue un esfuerzo plural el que se realizó para dotar al Congreso de una nueva Ley Orgánica para su Gobierno Interior.

La plataforma jurídica como base, guía y control del proceso electoral fue establecida para que en el marco del derecho pudiesen llevarse a cabo las elecciones federales con mayor nitidez.

Tuvimos unas elecciones con una alta participación ciudadana; el 77.73% de los ciudadanos mexicanos con capacidad para votar, acudieron a las urnas, dentro de un ambiente pacífico, tranquilo, en armonía, con una gran conciencia cívica, respondiendo así a quienes apostaron al catastrofismo. Nadie puede negar que el México cívico, reflexivo y consciente, fue el vencedor.

Para el proceso electoral se capacitó y seleccionó a 385 mil 660 ciudadanos, de los cuales el 98.1% se eligieron a través de dos sorteos; uno en razón del mes de su nacimiento y otro en razón de la primera letra de su apellido, esto, de acuerdo al procedimiento que señala el artículo 193 del Cofipe y sólo el 1.9% restante se aprobó de acuerdo a los criterios de sustitución que diseñó el propio consejo general.

En conclusión, el 1.9% de los funcionarios se seleccionaron bajo criterios de excepción, lo que indiscutiblemente ofreció mayor imparcialidad a los votantes. Además, de las 96 mil 415 casillas autorizadas, se instalaron y funcionaron el 99.97%, es decir, sólo 22 casillas en todo el país no se instalaron.

Conviene hacer una reflexión en este punto. Siempre se señaló por algunos actores políticos en el país, que el fraude electoral empezaba en los funcionarios de casilla, quienes tenían de antemano prefigurada una serie de acciones para distorsionar la voluntad popular. Afortunadamente hoy la forma en que se dio su nombramiento, su integración y la participación activa y entusiasta de los funcionarios en las mismas, no deja duda cuál fue la verticalidad en la intención de los mexicanos, para decidir libremente el futuro del país, a través de las urnas y por la vía democrática.

En el 93.9% de las casillas se acreditaron dos o más partidos políticos. Es importante destacar la figura que hace su aparición por primera vez en la legislación electoral mexicana: la de observador electoral, tutelada por el artículo 5o. del IFE y la de visitante extranjero. Ellos coadyuvaron conjuntamente con el equipo técnico de la ONU para dar mayor confianza a las elecciones del 21 de agosto; 81 mil 620 personas actuaron como observadores electorales, mismos que fueron acreditados por el IFE; 74 mil 38 observaron como integrantes de 238 diferentes organismos y los 7 mil 182 restantes lo hicieron a título personal.

En cuanto a visitantes extranjeros, fueron 775 personas acreditadas por el IFE provenientes de 233 organizaciones diferentes y representaron a cerca de 40 países.

Otro aspecto importante que conviene señalar es el padrón electoral. Ocho partidos políticos en la verificación nacional muestral determinaron que el nivel de inconsistencia de este instrumento iba de un mínimo de 2.73% a un máximo de 3.91%.

Por tal razón, el padrón en el momento de la verificación tenía un nivel de confiabilidad del 96%.

Mención específica merece la formación del consejo técnico del propio padrón, que incluyó a destacados científicos mexicanos que verificaron lo antes señalado.

Las listas nominales estuvieron a la vista de todos, públicamente, en los consejos distritales y en las oficinas municipales, para que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de hacer, si así lo quisieran, su propia auditoría. Se entregaron copias por sorteo de las listas nominales de electores para que se pudiera verificar, se hizo un cotejo entre la base de datos del padrón y las listas nominales entregadas a los partidos políticos y las que se utilizaron en las mesas directivas de casilla. Aquí también hay concordancia del 100%. Lo anterior, independientemente de las auditorías internas y verificaciones que el propio padrón tuvo.

Cuando algunas fuerzas políticas señalaron la supuesta parcialidad de consejeros locales o distritales, se procedió en consecuencia y según mi personal apreciación, en ocasiones injustamente, por supuestas parcialidades aduciendo representaciones partidistas, esto motivó que se dejaran fuera en los consejos a muchos ciudadanos que cumplían eficazmente su labor y así se sustituyeron a 34 vocales locales, 212 vocales distritales y a 122 consejeros ciudadanos en un afán de aumentar la imparcialidad.

La emisión del voto tuvo como nunca una protección especial, existieron mamparas, urnas, boletas foliadas, la publicación de los resultados al término del cómputo se dio profusamente y con toda libertad, esto permitió que los mexicanos se enteraran del resultado electoral en su sección inmediatamente y permitió a los observadores, a los medios de comunicación y a quienes quisieron hacerlo, verificar a su vez del resultado de las elecciones.

Se ha dicho que algunos medios de comunicación fueron parciales, pero nadie puede negar que se incrementaron en un 180% los tiempos gratuitos para los partidos en los medios de comunicación electrónica, independientemente de que el Consejo General del IFE estableció acuerdos para que los medios de comunicación en general tuvieran en forma cada vez mayor, tiempos en favor de los partidos y de los candidatos. Algunos de ellos cedieron gratuitamente estos tiempos.

En otro orden de ideas, habrá que mencionar que a sugerencia del Consejo General del IFE y los representantes de partidos políticos, se acordó la creación de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Hecho inédito en la historia de este país. Y algo importante, ante miembros del IFE, con la certificación correspondiente, se pudo comprobar la eficacia del líquido o tinta indeleble que se utilizó en las elecciones.

Un total de 28 personas, entre ellos el director general del IFE, el consejero ciudadano Miguel Angel Granados Chapa, fueron marcados con la tinta y posteriormente se les aplicó de un grupo de 14 posibles solventes que ellos mismos eligieron, para intentar remover la propia tinta, misma que no se quitó.

Ahora se pretende desvirtuar este hecho, mencionando que con el uso de ciertos productos antes de aplicar la tinta, ésta no es efectiva. Conviene señalar aquí que esto no demuestra lo que se busca, sino los subterfugios que se pueden realizar para violar la disposición legal, lo que cae dentro del capítulo de delitos electorales.

De los principios que orientan las fusiones totales de las elecciones, el que más ha contribuido a generar un clima de confiabilidad de lo que dieron prueba los propios resultados de la elección, es el principio de legalidad; en las reformas constitucionales y legales, en la adopción de acuerdos con fuerza jurídica, en la integración imparcial de los órganos electorales, en la creación de una sala de segunda instancia que incorporó a la función electoral al Poder Judicial, cuyo prestigio e imparcialidad enriquecen jurídica y éticamente nuestros procesos electorales; en fin, todas las reformas de orden jurídico, desde las de orden comicial hasta las jurisdiccionales y penales.

En la instrumentación del proceso se llevaron a cabo grandes esfuerzos que significaron avances importantes; lo que no quiere decir que los procedimientos actuales constituyan un sistema electoral acabado; lejos de eso, asumimos que hay un largo trecho que recorrer en materia de procedimientos y prácticas electorales, mismas que todos juntos habremos de superar.

Ciertamente logramos avances sustanciales en los procedimientos electorales, pero también es justo reconocer que un proceso democrático está permanentemente sujeto a mejorar; sin embargo, la fracción priísta comparte con el resto de las fuerzas políticas aquí representadas, la necesidad de profundizar en el esfuerzo para depurar estos mecanismos y contar con métodos más eficaces que fortalezcan el proceso electoral.

La fracción priísta asume, desde ahora, que la reforma electoral es un proceso permanente que a todos nos corresponde impulsar, mejorar y perfeccionar. Juntos haremos que la certidumbre sea un factor de concurrencia, juntos haremos del perfeccionamiento de nuestras instituciones y procesos electorales, la mejor respuesta al anhelo siempre vigente, compartido de la democracia.

Señores diputados, quiero concluir afirmando: Zedillo ganó, porque supo trasmitir a través de sus propuestas a la nación mexicana, lo que él quiere hacer para que este país siga avanzando con responsabilidad y con certeza. Zedillo tuvo en su partido, el PRI y, en los candidatos a senadores y a diputados, un formidable ejército cívico que difundió sus pensamientos, sus ideas, y juntos constituyeron un gran conjunto de mexicanos coincidentes en un solo pensamiento: México, por sobre todas las cosas.

Zedillo supo interpretar el sentimiento de un pueblo que quiere caminar en la paz y en la concordia, por mejores senderos de progreso, por caminos de justicia y libertad que conlleven a construir una nación cada vez más solidaria, fuerte y vigorosa.

Zedillo fue el candidato sencillo, sereno e inteligente, que convenció a la mayoría del pueblo de México. Por eso ganó Ernesto Zedillo.

Estoy seguro que esta Cámara, al refrendar la legalidad del voto soberano del pueblo, aprobará este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Crisóforo Salido.

El diputado Manuel Marcúe y Pardiñas (desde su curul):

Señor Presidente, yo pedí la palabra en primer lugar.

El Presidente:

Diputado Marcué, únicamente estamos terminando la ronda que tiene que ver con las fijaciones de posición.

El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:

Con su venia, señor Presidente.

Voy a hacer una propuesta a título personal. Soy diputado miembro de la bancada del Partido de la Revolución Democrática.

Creo que en el ánimo de establecer esa nueva relación, ese nuevo trato del que hablaron nuestros compañeros del PRI, es necesario hacer planteamientos que tiendan los puentes necesarios para que esta nueva relación comience a transitar por un nuevo camino de entendimiento que nos permita avanzar en el sentido en el que siento que todos quienes formamos parte de esta LVI Legislatura, estamos empeñados en transitar.

La razón por la que yo me encuentro hoy aquí en este recinto, es la de mi decisión personal de asumir una lucha por la legalidad, la justicia y la democracia y no podría ser congruente con mi conciencia si mi voto fuese contrario a la calificación aprobatoria de un proceso que incluyó la elección de la cual yo mismo soy producto.

Tendría que renunciar a mi curul, fruto del mismo proceso, si creyera que éste debiera ser descalificado.

No estoy de acuerdo con el texto del artículo único del dictamen al llamar legítimas las elecciones, ni legítimo el triunfo del doctor Zedillo, como lo establece la redacción del documento que propone la comisión dictaminadora, pues en ningún momento nos hablan ni la Constitución ni la ley orgánica invocadas, de que estaremos calificando la legitimidad, pues solamente se ordena la declaración de validez o invalidez en su caso de la elección, de quien hubiese obtenido más votos y su consecuente declaración como presidente electo.

Hago una clara diferenciación entre los términos válido y legítimo y considero que en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 20 de la ley orgánica que rige este procedimiento y que en su parte conducente dice: "Verificados los requisitos de elegibilidad de los candidatos y hecho el cómputo a que se refiere el artículo anterior, la Cámara de Diputados declarará la validez de la elección y que es Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos en los comicios que se califican".

En ningún momento se habla de legitimidad, por lo que propongo se corrija el dictamen, para que se apegue a lo dispuesto por la ley.

Por otra parte, llamar legítimo el resultado de un proceso a todas luces injusto, inequitativo y plagado de vicios inveterados, en una cultura electoral que por más que se quiera no lo es, no sería una posición razonable, pues el hecho de que no existan pruebas legales que esgrimir contra el dictamen, ya que éste, según el propio artículo 20 debe basarse en: "...Los resultados consignados en las actas oficiales de cómputo distrital y en su caso en las resoluciones de las sala central y regionales del Tribunal Federal Electoral, recaídas sobre los recursos de inconformidad previstos en la ley de la materia".

No lo hace digno de la calificación de legítimo, aunque fuese apegado a la letra de la ley. Personalmente viví en carne propia un proceso en que la víctima de la injusticia de nuestra legislación electoral fui yo mismo. En 1993 fui candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Baja California Sur y a pesar de que evidentemente había ganado en la voluntad popular la elección, no fue posible sustanciar nuestro reclamo de triunfo con bases legales, aun existiendo el hecho de que el partido a cuyos colores competí, obtuvo el triunfo en tres de los cinco municipios de la entidad y en ocho de 15 distritos electorales.

La magia del sistema arrojó un resultado diferenciado que violentó la voluntad del electorado. No pude entonces, como no puedo ahora, llamar legítimos esta clase de procesos.

Es nuestra obligación como cuerpo legislativo, modificar radicalmente el ámbito en el cual se dan los procesos electorales en nuestro país y nuestros compañeros priístas son los más obligados a ello, pues eso le prometieron al pueblo.

El mandato ha sido claro en ese sentido. El tránsito a la democracia es hoy la máxima prioridad nacional.

La propuesta concreta es la siguiente: Que del dictamen propuesto por la comisión dictaminadora, se eliminen las palabras "ilegítimo" y "legítimo", son dos palabras del primer párrafo del artículo único y, la palabra "legítimo", del segundo párrafo por no estar en términos de ley. Muchas gracias.

El Presidente:

Para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul):

Señor, ¿me va a dar la palabra en mi turno?

El Presidente:

Una vez que esté establecido el cumplimiento del artículo 108, con todo gusto, diputado Marcué.

El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Intentaré ser muy breve en lo que no constituye para estos efectos, sino un trámite reglamentario y que no ha sido materia de requerimiento expreso por parte de nuestra respetable oposición.

En efecto, el artículo 108 ha implantado en nuestro mecanismo parlamentario, la práctica de fundamentar, por parte de la comisión, los dictámenes que presenta a la consideración del pleno. Pero aunque pudiera desprenderse de una interpretación netamente jurídica, el que la fundamentación tuviese que acudir a lo dispuesto en las normas constitucionales o legales sobre la materia, que en este caso han sido múltiplemente invocadas, el artículo 74 fracción I y el 19 y 20 de la ley orgánica, la práctica ha derivado en hacer que en esa fundamentación se intente dar una justificación, no tanto sobre el fondo del dictamen, que es objeto posteriormente de todo el planteamiento diverso de ideas y de propuestas de los distintos grupos parlamentarios, sino sobre la misma mecánica de trabajo a la que acudió la comisión para poder llegar a formalizar su propuesta en definitiva.

Y digo que es tal vez innecesario el que ahora nos refiramos a esta materia, puesto que ya al plantearse una cuestión incidental fue posible establecer sobre ese particular alguna tesis y tuvimos después la oportunidad de escuchar, en un voto particular bien redactado, una expresa mención a los trabajos que se habían realizado en el seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y que culminaron en su oportunidad con la redacción misma del dictamen.

Quizá lo único que valdría destacar, y no es mérito de la directiva de la comisión, sino que fue una de las primeras y más importantes decisiones de consenso que se adoptaron en la comisión misma, fue el haber dispuesto de común acuerdo que nuestra revisión rebasara el límite tradicional de un mero reconocimiento del cumplimiento de disposiciones en la materia y proceder a la sumatoria de los votos, sino que intentáramos hacer un ejercicio crítico, de calificación del proceso en su conjunto.

Nos dividimos tareas, señalamos tiempos y procuramos abordar en toda su magnitud y diversidad, el proceso electoral, la jornada electoral, la votación que hoy calificamos.

Hablamos de actos previos, hablamos de campañas, hablamos del día de los comicios, de los actos posteriores, de los requisitos de elegibilidad y establecimos inclusive principios de acuerdo para poder formalizar un mecanismo de cómputo.

Se nos hizo una sugerencia muy valiosa de uno de los grupos parlamentarios, que a fin de poder dar un mejor orden a nuestra discusión, procurásemos tomar como modelo la secuencia, los planteamientos, las sugerencias hechas por el Consejo General del IFE, a través del informe que en cumplimiento a mandato legal nos presentó.

Eso enriqueció evidentemente nuestro diálogo y nos permitió concurrir de una manera más positiva a la pluralidad y al debate que todos procuramos.

A solicitud de algunos compañeros de fracciones parlamentarias diversas, se llevaron a nuestra sala de trabajo expedientes de los remitidos y custodiados en la bóveda de este recinto, a efecto de que en ellos, como afirmaron con pleno conocimiento de la ley y de su interpretación, pudieran advertirse en su momento temas vinculados a la calificación y no al cómputo, cuanto que la ley expresamente refiere la manera de trabajar sobre esta materia final del dictamen.

La complejidad de las diversas tareas que el cómputo nos representaba nos llevó, y lo hicimos hace unos minutos en este mismo recinto, a practicar también ejercicios de revisión de las 300 actas de los recursos interpuestos de las casillas anuladas.

Di ya una explicación hace unos minutos, la reitero a la paciencia de esta Asamblea, por habernos permitido, antes de la segunda lectura, rectificar lo que no eran sino variaciones, aún de poca monta, importantes para el reconocimiento válido de estos comicios, a través de la fe de erratas que presentamos a la consideración de ustedes.

Nos quedaría pues simplemente expresar un reconocimiento a toda la apertura, a todo el libre juego de ideas que en el marco de la comisión se ofreció y a su vez testimoniar ante todos ustedes que independientemente de las muy respetables versiones que han sido transmitidas a los medios y de la muy objetiva también que puede hacerse llegar por conducto de la versión estenográfica de los debates de la comisión, nuestra intención, cumpliendo con el muy honroso cargo que se nos ha dispensado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que no fue otro que el tratar en los días que disponíamos para hacerlo, toda la materia que pudiera constituir un interés específico, no sólo para la integración del documento mismo, sino para dar base a lo que respetable y democráticamente están ustedes haciendo, el debate, la discusión, la búsqueda de coincidencias y la precisión de diferencias entre los planteamientos de nuestro partido.

Esta es evidentemente una de las primeras jornadas de la cámara y creo que puede ser una jornada histórica, ha campeado el respeto, lo proclamo así, en el seno de la comisión, lo está viviendo el pleno en esta ocasión también y por ello creo que estamos dando una muestra de civilidad, de propósito mutuo de acercamiento y estamos cumpliendo ante nuestros representantes con la función tan importante que ellos nos concedieron.

Creo que no se necesita fundamentar más un documento que va a ser materia, por algunas horas todavía, de discusión y de debate, muchas gracias.

El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul):

El diputado Pérez Jácome habló a nombre de la comisión, quiero rectificar hechos también como integrante de la comisión.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, diputado Ortega.

El diputado J. Jesús Ortega Martínez:

Gracias, señor Presidente.

El diputado Pérez Jácome, como es conocido de todos ustedes, fue diputado en la LIV Legislatura y algunos de nosotros, del grupo parlamentario del PRD y otros compañeros de los otros grupos parlamentarios del PAN y del PRI, fuimos compañeros de él en esa legislatura y afortunadamente conocemos su, por no llamarle de otra manera, estilo al abordar el debate en la tribuna. Se necesita, compañeras y compañeros, tener verdadera "caradura" para venir a esta tribuna y, sin rubor alguno, sin rubor alguno, decir lo que acaba de decir el diputado Pérez Jácome.

Dice Pérez Jácome: "Hubo respeto en las discusiones de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales...". ¿Se le puede llamar respeto a suspender unilateralmente las reuniones de la comisión y entregar un dictamen, como vulgar mensajero, no a los integrantes de la comisión, sino en las oficinas de los grupos parlamentarios? ¿Se puede llamar, como dice el diputado Pérez Jácome,que permeó la civilidad en la Comisión de Gobernación, cuando los integrantes de la comisión son testigos de la actitud grosera y prepotente ante las propuestas que planteamos los diputados del PRD y los diputados de Acción Nacional y del PT, desechándolas, reitero, de manera grosera y de manera prepotente?

Se puede hablar de pluralidad, como lo vino a decir aquí Pérez Jácome, cuando los integrantes de la comisión somos testigos y la prensa también lo es y con ello la opinión pública, que entrega el proyecto de dictamen primero en conferencia de prensa y después a los miembros de la comisión. ¿Eso es pluralidad, respeto y civilidad, con la que vino aquí a nombre de la Comisión de Gobernación, el diputado Pérez Jácome?

Yo creo, compañeras y compañeros, por último, que si de verdad queremos establecer una nueva relación política, en primer lugar, en primerísimo lugar, necesitamos subir a la tribuna, diputado Pérez Jácome, con vergüenza, para no decir las mentiras y las falsedades que usted vino a decir en esta tribuna. Gracias por su atención.

El Presidente:

Si, señor diputado, ¿para rectificar hechos? Adelante, tiene usted cinco minutos, diputado Oscar Villalobos Chávez.

El diputado Oscar Villalobos Chávez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:

Deseo hacer uso de la palabra en este momento, como miembro que soy, que participé en tal calidad de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Se ha venido a hablar a esta tribuna, porque me antecedió en el uso de la palabra para hablar de verdades con mentiras y voy a sustentar lo dicho en estos términos, porque no solamente un servidor, los miembros que representamos a nuestras respectivas fracciones parlamentarias en dicha comisión, somos todos testigos del respeto que todos nos tuvimos durante los trabajos que antecedieron a la elaboración del dictamen que hoy discutimos.

Indudablemente que entendemos con claridad como una postura y posición política lo aquí aseverado por los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, lo entendemos como una táctica política de descrédito y difamación. Sin embargo, seguramente, nadie de este organismo, nadie de la Cámara de Diputados habrá de justificar.

Durante las discusiones, el análisis, el muy amplio debate sostenido en los trabajos de la comisión, invariablemente fue el respeto lo que caracterizó a nuestras acciones, y lo digo por todas las fracciones, incluida la participación de algunos de los miembros del Partido de la Revolución Democrática. Aseveraciones como la que hoy escuchamos en la tribuna sobre actitudes silvestres, fueron afortunadamente, y me sobran dedos de la mano para contarlas, mínimas en los trabajos de esa comisión, ese tipo de actitudes del diputado que así lo refirió en esta tribuna, nuevamente, fueron pocas, del resto de los compañeros y, reitero, incluidos algunos del propio Partido de la Revolución Democrática, fueron de respeto.

Lo que se entregó y nunca en conferencia de prensa ni a los medios, y aquí están los señores de los medios para atestiguarlo, fue un proyecto de trabajo, un documento de trabajo que efectivamente como ya ha sido sostenido en esta tribuna, fue elaborado por diputados de mi fracción parlamentaria, como una opción que fue enriquecida, que fue analizada, que fue modificada conforme a lo que en la Comisión y en el acuerdo y en la concertación se dio por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Hubo sí, un proyecto ya de dictamen en momento posterior que fue entregado formalmente a los diputados miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en momento posterior y un dictamen, finalmente, que se sujetó a la votación de los miembros de la comisión en reunión a la que, con respeto, los señores del Partido de la Revolución Democrática por las razones respetables que hayan tenido, no asistieron; sin embargo, dicho proyecto fue analizado, fue discutido y ahí están las versiones estenográficas que no nos dejarán mentir, en el seno de la comisión, por los diputados que a ella asistimos y no fuimos únicamente los de mi fracción parlamentaria.

De manera tal, lo que aquí hemos escuchado es una tergiversación evidente de lo que sucedió en los trabajos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova (desde su curul): Señor Presidente: ¿podría preguntar al orador si acepta una interpelación?

El Presidente:

¿Acepta usted una interpelación?

El diputado Oscar Villalobos Chávez:

No, señor Presidente. Si me permite el diputado terminar.

El Presidente:

No la acepta, señor diputado. Continúe usted, señor diputado.

El diputado Oscar Villalobos Chávez: Gracias, señor Presidente; compañeros:

Hemos aseverado en esta tribuna y lo volveremos a hacer, la seriedad con la que la fracción parlamentaria priísta ha abordado estos trabajos. Hemos escuchado aquí aseveraciones contrarias a este espíritu, en las que se ha dicho por el diputado que inicialmente, si mal no recuerdo habló a nombre del Partido de la Revolución Democrática, cuando se discutió la moción que votamos hoy por la mañana, que en la Comisión de Gobernación no se había analizado, ni discutido, ni valorado el contenido del dictamen. Luego escuchamos, también de un diputado del PRD, cómo nos hizo aquí un listado de aquellos puntos de vista en los que no habíamos logrado llegar a un acuerdo, a un consenso con lo que ellos no coincidían y que fueron tema de las discusiones e indudablemente del análisis. De estas dos versiones que conocimos en esta tribuna, evidentemente podremos llegar a una conclusión. La primera y ésta reciente, son evidentemente faltas de verdad.

Con respeto, pues, concluimos los trabajos de la comisión y a ellos podremos seguirnos refiriendo durante el resto del día.

El Presidente:

Ha solicitado el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Fernando Pérez Noriega.

El diputado Fernando Pérez Noriega:

Con su permiso, señor Presidente.

Como miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, es necesario que participe en esta tribuna. Es necesario también el reconocer que dentro de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al estudiarse y prepararse el dictamen, incurrieron en irregularidades; sí hubo violaciones en el procedimiento; sí hubo también problemas internos al momento del llamado debate. No podemos decir que dentro del seno de la comisión hubo propiamente un debate; hubo más bien un monólogo por parte de los representantes del Partido Revolucionario Institucional.

También debemos de reconocer que el documento que fue presentado a la consideración de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, como proyecto de dictamen, no fue presentado en forma ortodoxa; no fue presentado dentro de la comisión; fue presentado en forma equivocada.

Compañeras y compañeros diputados: seamos objetivos; debemos de iniciar reconociendo nuestras equivocaciones, debemos de iniciar pensando que si nos equivocamos, debemos de hacerlo en forma adecuada.

En Acción Nacional consideramos que el debate no debe ser sobre la forma; queremos que sea de fondo, queremos que se analice la calificación presidencial. Queremos nosotros ver si efectivamente dentro del dictamen están analizados todos los puntos sujetos a debate. Queremos entonces que todos nosotros nos olvidemos en un momento determinado, del procedimiento interno en la comisión. Veamos si efectivamente la calificación es adecuada.

Entonces, primero reconozcamos nuestras equivocaciones, seamos objetivos y de ahí procedamos a analizar si efectivamente podemos calificar de legales o no esa elección. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Godoy, por cinco minutos.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Con su permiso, señor Presidente.

El objeto de mi intervención, también como miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, es con la finalidad de precisar qué es para nosotros el asunto del respeto parlamentario.

Nosotros participamos en estos trabajos, somos diputados, efectivamente, como individualidades, como seres humanos, como mujeres y hombres y con ese motivo tenemos relaciones personales con muchos de los diputados presentes, de nuestro partido y de los demás partidos, incluyendo a los miembros del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jesús Ortega, evidentemente que no se refirió al respeto personal, que se da por estas relaciones humanas de trabajo constante que tenemos aquí y que vamos a tener durante tres años. No es a ese tipo de respeto al que se refirió el diputado Jesús Ortega y es precisamente sobre el que quiero fijar o profundizar nuestra posición, porque es muy importante deslindarlo: el respeto personal del respeto parlamentario.

Debemos, por esta necesidad de diferenciar el trato, la camaradería personal, el trato parlamentario. Debemos señalarlo, porque si nos enredamos siempre en la forma y no vamos al fondo, nunca podremos hacer un verdadero debate de ideas en esta tribuna y se confundirá constantemente con nuestras relaciones personales de amistad o de rencor o de alejamiento.

Efectivamente, señor Presidente de la Comisión, el asunto para nosotros es que no hubo respeto en el fondo, en el documento que conforme a nuestra ley orgánica se está discutiendo el día de hoy.

Todos los diputados miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sabemos que es cierto, que así ocurrió, que el proyecto fue presentado después de la conferencia de prensa que dio el diputado presidente de la comisión. ¡Eso lo sabemos! ¡Así ocurrió! ¡Fue motivo del reclamo de todos los diputados de oposición miembros de esa comisión, que se nos entregó ese proyecto!

¡Ojalá ésa sea la práctica y no la excepción, motivada por una protesta que violenta el procedimiento reglamentario de las comisiones en las que se divide esta honorable Cámara de Diputados!

Pero no terminó ahí el asunto de la falta de respeto. Se nos envía el día de hoy una fe de erratas en 16 de las 50 hojas de las que consta el dictamen aprobado por la mayoría. Que por cierto fueron 16 de los 30 miembros de esa Comisión.

De esta votación de 16 miembros, todos del Partido Revolucionario Institucional, que votaron este dictamen, deja clara la unilateralidad del proyecto de dictamen que se votó.

No era nuestra intención participar en esa votación, porque no estábamos de acuerdo. Primero, porque el proyecto no supimos donde se redactó, por que para ello, sí es cierto, no es motivo de legislación, pero sí de práctica parlamentaria. Se nombra una comisión redactora, cuestión que no ocurrió. No sabemos dónde se elaboró ese proyecto de dictamen.

Tampoco sabemos de dónde vino esa fe de erratas: en 16 de las 50 hojas. Yo le preguntaría eso al señor presidente de la comisión: ¿Dónde se redactó este proyecto y dónde redactaron esa fe de erratas?

Para nosotros es muy importante... ¡Ya voy a terminar! Para nosotros es muy importante entonces que se construyan relaciones parlamentarias de respeto, independientemente de que también mantengamos relaciones personales de respeto. Son las relaciones parlamentarias de respeto las que nos permitirán construir una práctica parlamentaria más democrática. A eso nos referimos. Muchas gracias.

REGISTRO DE ORADORES

El Presidente:

Los grupos parlamentarios han hecho llegar a esta Presidencia la siguiente relación de oradores:

Por el Partido Acción Nacional: Patricia Garduño Morales, Alejandro González Alcocer, Andrés Galván Rivas, Martín Hernández Balderas, Alejandro Zapata Perogordo, María Teresa Cortez Cervantes, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Javier Gutiérrez Robles, Fernando Garza Cabello, Abel García Ramírez, Víctor Manuel Palacios Sosa, Agustín Torres Delgado, Gerardo Gabriel Nava Bolaños, Francisco Limón Tapia, Gerardo de los Cobos Silva, José Alberto Castañeda, Audomaro Alba Padilla, Armando Salinas Torres, Alejandro Villaseñor Tatay, Fernando Pérez Noriega, Hiram Escudero Alvarez, Salvador Beltrán del Río, Juan Antonio García Villa, Antonio Lozano Gracía.

El Partido de la Revolución Democrática nos hace llegar los siguientes nombres: Juan N. Guerra Ochoa, Jesús Zambrano Grijalva, Javier González Garza, Pedro Etienne Llano, Arnoldo Martínez Verdugo, Rosa María Cabrera Lotfe, Graco Ramírez Garrido, Anselmo García Cruz, Adriana Luna Parra, Raúl Castellano Hernández, Armando Quintero, Tonatiuh Bravo Padilla, Everardo Martínez Sánchez, Alfonso Solórzano Fraga, Graciela Rojas Cruz, Carlos Núñez Hurtado, Leticia Calzada Gómez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Marco Rascón Córdoba, Crisóforo Salido Almada, Gloria Sánchez Hernández, Víctor Quintana Silveyra, Rafael Jacobo García.

El Partido del Trabajo nos hace llegar los siguientes nombres: Serafín Núñez Ramos, Alberto Anaya Gutiérrez, César Humberto González Magallón, Joaquín Humberto Vela González, Oscar González Yáñez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Alejandro Moreno Berry.

El Partido Revolucionario Institucional nos hace llegar la siguiente relación: Ignacio Ovalle Fernández, Jorge Moreno Collado, Eduardo Escobedo Miramontes, Ignacio González Rebolledo, Samuel Palma César, Oscar Villalobos Chávez, Isidro Muñoz Rivera, José Castelazo y de los Angeles, Ernesto Luque Feregrino, Píndaro Urióstegui Miranda, José Ramírez Gamero, Franciscana Krauss Velarde, Armando Ballinas Mayes, Luis Garfias Magaña, Jorge Emir, José Natividad González Parás, Augusto Gómez Villanueva, Sofía Valencia Abundis Alfonso Reyes Medrano, Rubén Calderón Cecilio, Oscar Cantón Zetina, Sebastían Lerdo de Tejada, Gustavo Cárdenas Monroy, Francisco Maldonado Ruiz, Martina Montenegro Espinoza.

Y también se ha inscrito en la lista de oradores el diputado Luis Sánchez Aguilar.

DEBATE

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Patricia Garduño.

La diputada Patricia Garduño Morales:

Señor Presidente; diputadas, diputados:

La elección federal de 1994 es ya una de las más importantes de la historia política del país. Los resultados del proceso arrojan saldos mixtos que no pueden ubicarse en una perspectiva simplista de análisis y que por ello requieren de una reflexión más serena.

No podemos ni debemos descalificar los avances que se han logrado en esta materia, toda vez que son el resultado de la presión cada día más vigorosa de la opinión pública y del esfuerzo de la oposición. Pero tenemos también que señalar que en la práctica falta mucho por avanzar, pasar de la reforma formal a la reforma real.

Este proceso sin duda se desarrolló en circunstancias particularmente sensibles en el ámbito políticonacional. Tenemos que recordar el levantamiento armado en Chiapas y el homicidio del cardenal Posadas y de Luis Donaldo Colosio, todavía sin esclarecer.

No fue, pues, un proceso sencillo. Por lo mismo se hace necesario un análisis de la etapa lectoral y de todos los elementos que influyeron, empezando por la forma en que fueron postulados los candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos.

Fue claro y evidente el modo tan distinto en que fueron seleccionados estos candidatos. El candidato del partido oficial, tanto el primero, como el que necesariamente tuvo que ser nombrado después, fueron designados por el poder presidencial, sin tomar en cuenta la opinión de la militancia priísta.

Por lo que hace al candidato del PRD, fue resultado de un proceso interno antidemocrático, que más pareció una coronación que una verdadera elección.

Nuestro candidato a la presidencia, Diego Fernández de Cevallos, fue electo en una convención democrática, con la participación de 15 mil delegados. De acuerdo a nuestros estatutos, de entre cuatro precandidatos que contaron con las mismas oportunidades y el acceso igual a todos los medios y recursos que el partido pudo poner a su disposición.

En materia de financiamiento, reconocemos que hubo avances que establecieron bases más claras y transparentes que las que operaron en elecciones anteriores. Sin embargo, resulta que el partido oficial violó las reglas establecidas provocando con ello la iniquidad en la competencia electoral. Las autoridades electorales tienen en su poder denuncias de delitos electorales en contra de funcionarios públicos tanto federales como estatales y municipales por desviación de recursos públicos hacia el partido del Gobierno y desde luego la fiscalía especial los encontró en casi todos los casos, improcedentes.

Después, en la intervención de algunos de mis otros compañeros, hablaremos específicamente del tema de la fiscalía especial en materia de delitos electorales.

A petición de la oposición se redujo el tope originalmente propuesto para la campaña presidencial. No obstante, dicho tope fue sobrepasado en la campaña del partido oficial porque únicamente en la partida de prensa, radio y televisión, se gastó por arriba de dicho tope. El tope establecido era ya de por sí excesivo, sin tomar en cuenta la realidad social y la necesaria equidad entre partidos y éste por supuesto no fue respetado por el partido oficial.

Además es público y notorio que los programas sociales como el Procampo y el Pronasol se utilizaron para inducir el voto de los mexicanos a favor de un candidato y de un partido. Acción Nacional nunca ha estado en contra de este tipo de programas asistenciales que tiendan a resolver las grandes carencias de la población; por el contrario, pensamos que es una obligación ineludible del Gobierno en todos sus niveles, sin necesidad de designarlos con algún nombre y estando previstos en los respectivos planes de desarrollo, dar prioridad a los programas de inversión social destinados a recuperar la trasmisión generacional de la pobreza.

Pero no podemos dejar de mencionar que en el caso concreto del Pronasol y el Procampo, creados en este sexenio, fueron instrumentados y ejecutados con fines distintos a los que naturalmente les correspondía. Por una parte el Pronasol y el Procampo fomentaron el paternalismo centralista acrecentando la ya de por sí avasalladora figura presidencial cuyo Titular dispuso a su antojo y conveniencia de los fondos respectivos tratando de beneficiar al partido que indiscutiblemente dirige como líder máximo y, por otra, los fondos, obras y recursos de estos programas fueron utilizados de manera a veces descarada para beneficio de las campañas priístas y la captura del voto de los más necesitados en la mayoría de los casos ofendiendo a la dignidad de las personas.

Además, los programas como el Pronasol y el Procampo otorgan dádivas de corto plazo en lugar de poner las bases de un crecimiento económico, sostenido, que verdaderamente erradique la pobreza.

Mención especial requieren los medios de comunicación. En esta jornada electoral los medios electrónicos jugaron un papel determinante y preponderante; la parcial publicidad a favor de un solo partido dejó claro testimonio del pernicioso y malévolo binomio PRI-Gobierno a través del control férreo sobre todo de algunos medios electrónicos de comunicación, especialmente la televisión, particularmente Televisa. Fue Televisa quien se encargó de promover como el órgano de difusión del PRI la figura de sus candidatos, las estadísticas lo demuestran, los monitoreos realizados por la Academia Mexicana de los Derechos Humanos Alianza Cívica, observación 94 y la Comisión de Radiodifusión mencionan que la distribución de tiempo entre los partidos no fue equitativa. Al PRI y a sus candidatos se les otorgó el 43% del total de tiempo con una ventaja aproximadamente de tres a uno en relación a los contendientes más cercanos, es decir, al PAN y al PRD, y una ventaja de seis a uno frente a otros partidos; así en un solo mes, Ernesto Zedillo, recibió la misma cantidad de espacio que el desaparecido Luis Donaldo Colosio recibió en los meses anteriores.

La tendencia de privilegiar al PRI, no solamente se manifiesta en cuanto a la cantidad de la cobertura noticiosa, sino también a la parte cualitativa.

Así, en la presentación de las noticias se incluyó en más ocasiones la voz e imagen del candidato del PRI.

El predominio y manipulación de los medios electrónicos de comunicación, marcaron la pauta de la desigualdad e iniquidad en este proceso electoral, máxime si tomamos en cuenta que el 86% de los mexicanos se informan a través de estos medios.

En relación a la fotocredencialización y padrón electorales, es justo que nosotros mencionemos que en esta parte encontramos avances significativos, aunque cabe destacar que desde el año de 1947 fue Acción Nacional, que en una iniciativa de la Ley Nacional del Registro Nacional Ciudadano, propuso la implementación de la credencial con fotografía para votar, siendo éste el antecedente primario más remoto que se propuso de una manera más completa.

El primer antecedente de esta fotocredencialización, fue sentado por la administración estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Baja California, demostrando con ello su factibilidad y la voluntad política de avanzar en la democracia; precedente que superó en credibilidad al proceso federal, al contarse también con un listado nominal con fotografía.

No obstante los avances, algunos significativos, persistieron rezagos, como lo fue la integración de la base de imágenes que generaría un listado nominal con fotografía y permitiría la impresión de cédula de identidad para el registro nacional ciudadano.

Señoras y señores diputados, estamos en la importante etapa de calificación de elección presidencial y nosotros entendemos por calificar, el valuar actos juridiccionales dentro de un proceso, en el caso concreto, uno de carácter electoral, formado por bases políticas y jurídicas y también por principios éticos.

De conformidad con el espíritu de nuestra Carta Magna, en todo proceso, incluyendo los electorales, debe existir el principio de igualdad entre las partes, a ello corresponde la obligación legal de otorgar las mismas oportunidades a los contendientes y con ello garantizar en plenitud la libertad, el secreto, la universalidad y la personalísima emisión del sufragio.

Por lo anterior, se hizo un esfuerzo enorme de las instituciones políticas de oposición, anteponiendo por encima de sus divergencias ideológicas, de sus antagonismos personales, de sus radicalizaciones, dejando de lado la brecha de separación, invocando la verdadera y profunda voluntad democrática, de cuya consolidación el pueblo de México aún continúa ávido.

Se admite y reconoce que la reforma electoral cumplió algunas expectativas, pero falta todavía mucho por avanzar. De esta manera Acción Nacional apunta sólo algunas propuestas para la necesaria reforma política que tendrá que efectuarse en 1995 y que son las siguientes:

Primero. Ampliar las facultades de la comisión revisora sobre los informes de gastos de campaña de los partidos, a efecto de que ésta pueda realizar auditorías de los mismos;

Segundo. Proponemos ajustar los topes de gastos de campaña a la realidad social, obligando a los partidos a respetarlos y estableciendo sanciones a quienes no los cumplan;

Tercero. No se podrá hablar de una reforma política real, sin la separación del PRI y el Gobierno, lo que constituye un reclamo nacional y es requisito indispensable para la democracia en México;

Cuarto. Es indispensable despolitizar y canalizar los recursos destinados a los programas de asistencia social, a través de los gobiernos municipales y estatales, a fin de fortalecer su soberanía;

Quinto. Insistimos en la propuesta de la instalación de centros de votación, lo que permitirá una mejor y mayor vigilancia de las votaciones que se reciban en los siguientes procesos y posibilitará y garantizará el acceso a la información de los resultados, y

Sexto. Se acabe de una vez por todas el monopolio de Televisa y se elimine la exención de impuestos que esta empresa tiene a cambio de tiempos de televisión al Gobierno.

México debe arribar al Siglo XXI como nación dueña de su destino, fiel a su vocación y segura de su presencia en el mundo, con un régimen de libertades y estructuras sociales juntas, así como un Estado democrático que aseguren una vida digna a todos los mexicanos.

No deben ser los odios, ni las pasiones revanchistas desbordadas, ni las obsesiones simplistas del asalto al poder, como tampoco la perversión de la política y la corrupción, lo que puede inspirar programas de solución a los problemas del país.

Algo ha quedado claro ahora a los mexicanos: el sistema político priísta ha llegado a un callejón sin salida, la corrupción y la simulación de la legalidad lo caracteriza. Muchas gracias.

El Presidente:

Diputado Marcué, para hechos, rectificación de hechos, adelante, tiene usted cinco minutos.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

No vaya a ser que me vaya a dar un infarto y aquí me quede, quiero vivir todavía muchos años.

Señores, yo quisiera que el que sea, el señor que sea Presidente de esta República, de este país cuyo pueblo tanto ha sufrido, arribara a la presidencia de la República con una fuerza plena, limpia, que tuviera toda la autoridad moral sobre sus conciudadanos, para hacer un buen Gobierno por este México. Pero no es así, señores.

Me voy a permitir y quiero que me lo concedan, hacer una breve historia rápida de hechos muy importantes que se sucedieron en la elección de los candidatos, particularmente por parte del PRI, no voy a hablar más que de los dos candidatos del PRI, del señor Colosio, mi amigo, joven inteligente que se preparó y lo prepararon para llegar a la presidencia, y después hacer un esbozo brevísimo de la situación en que va a subir a la presidencia el señor Zedillo, también mi amigo.

El compañero Colosio, camino a la presidencia, tuvo estos puestos: diputado federal, después director de una dirección importantísima de la Secretaría de Hacienda; posteriormente regresa al PRI como oficial mayor, donde conoce la estructura de su partido, donde conoce a los hombres viejos y nuevos de esa institución, recorre el país, conoce su geografía; después llega a la presidencia del PRI y es responsable de la campaña electoral del señor Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Tiempo después es nombrado Secretario de la Sedue, ahora llamada esa secretaría Sedesol. Posteriormente, como sabemos todos, el Gobierno, desgraciadamente no el PRI, lo nombra candidato a la presidencia.

Empieza a recorrer el país, empieza a trabajar en su campaña y se encuentra en un momento dado, que yo no sé lo que pasó y seguramente a ustedes les pasa lo mismo, esa campaña que se inició con empuje, dejó de tener ese empuje.

Todos nos preguntamos ¿qué pasa con el candidato Colosio? ¿Dónde está? No se le ve por el país con el empuje con que arrancó. ¿Y qué sucedió, compañeros? El Presidente: Señor diputado Marcué, tenemos el tiempo vencido. ¿Podría usted hacer uso de un minuto para concluir su intervención? El diputado Manuel Marcué y Pardiñas: Señor, ya estoy terminando.

El Presidente:

Adelante, para comprensión a la Asamblea.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Señores, hubo tal confusión, que el Presidente de la República, el señor Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, tuvo que llamar a todos los diputados, senadores, gobernadores y a todos los directivos del PRI y les dijo esto que van a oír y que ustedes mismos lo recuerdan: no se hagan bolas, el candidato es el señor Colosio.

Siguió el señor Colosio y lo digo con respeto para él, siguió su campaña. ¿Pero qué sucedió? Rápidamente les voy a decir: tomo el papel porque no me quiero salir, ni me quiero enojar, en ese momento y antes, en todo el país señores, había tensión grave, se preguntaban ¿qué va a suceder? Cuando en un país, cuando los ciudadanos que integran una nación se ponen en tensión y se preguntan eso, es que hay incertidumbre, hay preocupación del porvenir de la nación y de la política que se va a seguir y eso lo saben muy bien los señores del PRI, y no hicieron nada.

Meses de obstáculo para el candidato y viene después un discurso del candidato que les quiero recordar principalmente a los señores del PRI y se los recuerdo con respeto, el discurso de Colosio el 6 de marzo. La interpretación la hizo cada uno, la hizo la prensa, pero la hizo con preocupación profunda, profunda porque la gente que piensa políticamente, cuando hace política y se preocupa por el país, debe profundizar en su conciencia qué significa eso.

El Presidente:

Diputado Marcué, le ruego concluya su intervención...

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Ahorita la concluyo.

El Presidente:

O solicite usted a su partido lo inscriba en la lista de oradores.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Permítame tantito. El discurso del 6 de marzo, todo el mundo lo decía, estaba en contradicción el criterio del candidato oficial con el criterio de su presidente y de gente del PRI. Eso es muy grave, señores.

Viene el problema de Marcos en Chiapas y venir y caminar de Camacho y de otras cosas que ustedes conocen mejor que yo. Diez días antes de que sucediera esto, les quiero platicar brevemente una anécdota y aquí hay diputados que lo oyeron. Aquí, en mis manos, en mi cuerpo sentía la situación que vivía el país. Reuní al comité de campaña de Cárdenas y aquí está el coordinador de Cárdenas y ocho o 10 diputados que lo acompañaban, lo llamé y le dije en Monterrey o en Guadalajara: señores, debemos cuidar a nuestro candidato.

Ahí estaba toda la comitiva de Cárdenas y estaban sus hijos. ¿Por qué?, me preguntaron. Porque siento, siento después de haber recorrido el país, que algo grave va a suceder con nuestro candidato o con el candidato del PRI. Eso fue 10 días antes de que se asesinara al señor Colosio.

Les dije después del asesinato, que me hizo llorar de pena, les dije: señores, esto no termina ahí, eso va a traer otras consecuencias y para no alargar la cosa, viene el asesinato del secretario general de su partido.

Señores, para terminar. Aquí se está cometiendo un error gravísimo y lo están cometiendo los señores del PRI, para no decir otra cosa me comprometí a ser respetuoso de esta tribuna y lo voy a hacer, están cometiendo un error gravísimo que ya se ha dicho aquí: presentar un dictamen sin que lo hubiese dictado la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Eso es muy grave. Más grave, entiéndanme señores, y no lo estoy diciendo con maldad, más grave es para el país que sepa que fue nada más el PRI el que redactó ese dictamen.

¿Cuál es la fuerza que en esa forma, la autoridad moral cuál es, que le van a dar ustedes a su candidato? ¿Podrían después decir, cuando cualquier mexicano le dijera: tú fuiste impuesto por el PRI, tú fuiste impuesto a base de chanchullo al hacer el dictamen? ¿Esa es la fuerza, señores, que le van a dar a su candidato? ¿Esa es la vida que le van a dar a Zedillo, que es hombre bueno y honesto? ¿Cuál es la fuerza para tener autoridad moral en la presidencia de la República, y que pueda ayudar a este país a salir del lodazal en que ustedes lo han metido?

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Ignacio Ovalle Fernández.

El diputado Ignacio Ovalle Fernández:

Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea:

Quiero comenzar mi intervención expresando un sincero reconocimiento al profesionalismo y empeño que pusieron cada uno de los compañeros diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con los que correspondí, a la banca de que formo parte, debatir, reconozco que pusieron en las deliberaciones talento, conocimiento y no pongo en duda tampoco la buena fe.

Sin embargo, debo señalar también que muchos de sus argumentos, que fueron discutidos y analizados todos, sin excepción se referían en una alta proporción no a la Constitución y la ley vigente, también a éstas, pero en una gran proporción se referían a una ley deseable, a una ley posible, a lo que desearían llegue a ser una nueva reforma electoral, a la que nuestro partido, el PRI, no se opone, la habremos de promover juntos en el Congreso de la Unión todos los partidos.

Pero esos preceptos están hoy todavía en la mente y en el corazón de los hombres, no es ley en vigor.

Por ello, en nuestras deliberaciones por momentos daba la impresión, no de que recordábamos los hechos electorales, sino que hablamos de lo que bien se podría llamar recuerdos del porvenir y no es eso a lo que debía estar abocada la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

No hubo, quiero decirlo, mayoriteo, como se ha llamado a la votación de la mayoría, cuando no existe discusión y análisis argumental.

La versión taquigráfica de las deliberaciones de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, es un legajo que cuenta con 456 páginas.

Vengo aquí a dar mi testimonio de que no se impuso una mayoría ciega, sino que la bancada mayoritaria argumentó y contraargumentó en relación a todos los aspectos que ahí fueron tocados en torno al proceso electoral.

Quiero referirme también al hecho, que ahí fue planteado en el sentido de que vinieran a la comisión a informar personalmente los candidatos presidenciales y particularmente en el hecho de que los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, insistieron mucho en que conforme a la ley el señor ingeniero Cárdenas seguía siendo candidato.

Ya el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales explicó las razones por las que esa petición fue desechada.

Ahora yo diré que al menos como candidato no podía concurrir, por una razón muy simple. El 27 de agosto, seis días después, reconoció solemnemente que renunciaba a esa condición en un mitin con sus seguidores efectuado en el zócalo, el ingeniero Cárdenas dijo textualmente: "terminó el proceso electoral y he dejado de ser candidato". Entregaré a la Secretaría...

El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):

¿Me permite el orador una pregunta?

El Presidente:

Diputado Ovalle, ¿aceptaría usted una pregunta de parte del diputado Godoy?

El diputado Ignacio Ovalle Fernández:

Desde luego que sí, al concluir mi intervención.

El Presidente:

Así se hará. Continúe usted por favor.

El diputado Ignacio Ovalle Fernández:

Desde luego, entregaré a la Secretaría, copia del discurso del ingeniero Cárdenas, publicado en papel membretado de su campaña, donde en la página 16 aparecen estas afirmaciones.

No creo que este candidato diga, no lo creo, sinceramente una cosa en los motínes populares y plantee otras a nivel institucional. "He dejado de ser candidato", dijo y como la renuncia está contemplada expresamente en el artículo 181 del Cofipe, es éste un acto personal que no puede ser contradicho por nadie, especialmente por un partido.

Como ese mismo artículo 181 de la ley, a partir de una fecha ya vencida, la sustitución de candidatos, resulta que el PRD llegó ya al inicio de este proceso sin candidato. Malamente podría pedirse que compareciera personalmente con ese carácter.

Por otra parte, ¿a qué escuchar una lista de quejas sobre detalles que en su hora, cuando pensó que podía ganar, el propio ingeniero Cárdenas consideró intranscendente?

Una semana antes de las elecciones había afirmado que la respuesta que la gente había dado, garantizaba que al tener una votación muy alta, sería imposible, dijo, realizarse cualquier trampa. "Estamos seguros, agregó, cito textualmente, que ante un voto masivo, no hay fraude que pueda imponerse, simulación que pueda ocultarse ni trampa que pueda prevalecer".

Y el mismo día de ir a votar, ante el flujo masivo a las urnas, dijo que tenía quejas sobre el proceso, pero que ante tan amplia votación, perdían significación de conjunto. Votó, recordémoslo más del 77% de los votantes posibles. Frente a esa afluencia excepcional, los juicios anteriores debían reforzarse, no es válido que se rectifiquen, ni por él, ni por su bancada, cuando el triunfo marchó por otro lado.

También se solicitó que comparecieran personalmente los consejeros ciudadanos del IFE ante esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

El diputado Pérez Jácome, ha dicho que fue muy abundante y completa la información que dicho consejo remitió y que ello justificó la decisión de la comisión. Quiero agregar que a pesar de su abundancia, el informe que remitió el consejo del IFE contiene, como corresponde a un buen informe, un capítulo concluyente que aparece en el fascículo número 19 que nos fue remitido. En ese documento se habla de avances y de lo que los consejeros estimaron un camino todavía por recorrer para concluir este último punto de lo que consideran pasivos del proceso electoral.

Dicen: "hemos logrado un proceso electoral en el que el voto contó. Las irregularidades mencionadas, dice el informe, son reportadas en forma fragmentaria y no existen pruebas que hayan afectado los resultados generales de las elecciones a nivel nacional".

Y agregan todavía de manera más definitiva y contundente el siguiente juicio sobre esas presuntas irregularidades. Dicen textualmente: "no logran alterar lo fundamental de la votación".

La opinión de los ciudadanos consejeros, sin ser definitiva, pues el órgano calificador es esta cámara, fue útil para nuestros trabajos, pero su fase está agotada para estos efectos y totalmente cumplida.

No coincido, por otra parte, con el argumento que aquí ha sido planteado, de la extemporaneidad de los recursos interpuestos ante el Tribunal Federal Electoral. Sin abundar en la lectura de los textos, debo señalar que la remisión de las resoluciones del tribunal ha sido enviada, como lo dice también el texto del dictamen, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de nuestro Congreso General y que esta ley fue expedida con posterioridad a el Código Federal Electoral, mismo que como un respetable e inteligente compañero del Partido de la Revolución Democrática, hizo aquí notar, debe ser interpretado en lo que hace a sus disposiciones jurídicas de conformidad con los criterios gramatical, sistemático y funcional; pero faltó agregar: atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 14 de la Constitución en la parte señalada? que la interpretación de las leyes y la aplicación de las resoluciones, que es a lo que está remitiendo el IFE, en ellas deben tenerse en cuenta los principios generales del derecho.

Uno de los principios generales del derecho, de reconocimiento más universal y aceptado, lógico además por otra cuenta, es aquel de que la ley posterior deroga a la precedente. Los plazos que esa comisión y esta cámara está obligada a tomar en cuenta, son los de la ley posterior, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. No hay pues tal extemporaneidad en las resoluciones del tribunal que nosotros hemos tomado en cuenta.

No coincido tampoco con la afirmación de un respetable diputado panista, en el sentido de que el 50% de la población votó contra el PRI. Sin responder a los calificativos con que se adjetivó a mi partido, diré simplemente que ésa es una perspectiva errónea para valorar el voto popular. Yo estimo que el voto es, sobre todo, un acto en pro. Negarlo, es descalificar la simpatía que hubo hacia sus propios candidatos. ¡Cuidado, señores! Analizada así la contabilidad electoral, es inevitable concluir que el 74% de los electores, salió el 21 de agosto para rechazar al PAN, y el 83%, para decirle ¡No! al PRD. Para que no haya quejas justificadas por parte del PT, de que es marginado, diré que también tiene su porcentaje, pero prefiero omitirlo.

Hay muchos otros temas que ameritan respuesta...

El Presidente:

Diputado, dispone usted de un minuto para terminar su intervención.

El diputado Ignacio Ovalle Fernández:

Muy bien. Diré, saltando otras minucias, como la vacilada de que la tinta indeleble no sirve, señalaré que en relación a los medios electrónicos de comunicación el informe que mandaron los ciudadanos consejeros, indica que a lo largo de toda la campaña hubo una tendencia decreciente en favor del Partido Revolucionario Institucional y además, que en la última semana previa a las elecciones, la preferencia estuvo cargada a favor del PRD.

No es eso, sin embargo, lo que quiero señalar, sino que en el seno de la comisión se señaló que no era la distribución de tiempos lo que preocupaba, sino la objetividad, el apego a la verdad. Pero lo que se estaba discutiendo era el sentido editorial con el que se presentan las noticias.

Yo aquí quiero decir y con eso concluyo: ¡cuidado..! Al ocuparnos de revisar nuestra legislación electoral, porque no gustó el tratamiento que se les dio a algunos de los protagonistas políticos, no abramos las puertas al siniestro personaje de la censura; sabemos que hay quienes preferirían que todo se comunicara a través de boletines uniformes al estilo bolchevique; no porque una línea editorial no sea del agrado, demos pie a poner en riesgo la libertad de expresión que consagra el artículo 6o. constitucional.

Dice el dicho que tanto quiere el diablo a su hijo, hasta que le saca los ojos. No vaya a ser que buscando más democracia y más libertad, terminemos por sepultarlas.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado García Cervantes, para contestar alusiones.

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:

Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hemos visto, quienes participamos en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, cómo de la falsedad se quiere construir una realidad particular, como se le atribuye el nombre de debate y deliberación a una serie de monólogos preparados estratégicamente, para llenar horas de trabajo y miles de cuartillas.

El diputado que me antecedió en el uso de la palabra ha traído a este pleno, esa misma estrategia: tratar de crear en la falsedad su propia realidad particular.

Acepto su observación, señor diputado y hagamos en positivo la lectura. Los resultados electorales dicen: ¡que menos de la mitad de los mexicanos quieren seguir soportando el binomio PRI-Gobierno!

No traiga su realidad particular basada en la falsedad a esta tribuna... al decir que el ochenta y tantos por ciento vota en contra de una opción o el sesenta y tantos por ciento vota en contra de otra opción, porque si usted lo suma, no le van a dar las cifras, ¡como no dieron en el dictamen!

Señor diputado: la realidad basada en los hechos, dicen que ustedes ya no ostentan la mayoría en los resultados electorales... a pesar que introduzcan en un dictamen un porcentaje de votos válidos, que la ley establece exclusivamente para la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional.

¡Lo demás es la votación nacional! ¡El 77% de los mexicanos que fueron a las urnas, todos ellos votaron! Y si quiere usted y yo revisamos las causas de la anulación de más de un millón de votos y veremos, veremos si está contenido en el dictamen todo lo que sucedió el 21 de agosto! Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Marco Rascón.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Señor Presidente; señores diputados:

Pediría a la Secretaría, por favor, que diera lectura al artículo 48 del Código Federal de Procedimientos Electorales.

El Presidente:

Proceda la Secretaría.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

"Artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

Primero. Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo. Los candidatos sólo podrán hacer uso de los tiempos que les asignen su partido político o coalición, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 59, párrafo primero, inciso c.

Fracción II. La Dirección General del Instituto Federal Electoral, solicitará oportunamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su intervención, a fin de que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, tanto nacionales como de cada entidad federativa, le proporcionen un catálogo de horarios y sus tarifas correspondientes, disponibles para su contratación por los partidos políticos para dos periodos, el primero del 15 de enero al 15 de abril del año de la elección (15 de marzo al 15 de junio de 1994, en términos del párrafo primero del artículo octavo transitorio, DO 24 del IX de 1993) y el segundo, del 16 de abril (del XVI de junio de 1994 en términos del párrafo primero del artículo octavo transitorio, DO 24 del IX de 1993) y hasta tres días antes del señalado por este código para la jornada electoral. Dichas tarifas no serán superiores a las de publicidad comercial."

Y a petición del diputado orador, el punto 10. "El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos se reunirá a más tardar el 15 de diciembre del año anterior al de la elección (15 de febrero de 1994, en términos del párrafo primero del artículo octavo transitorio, DO 24 del IX de 1993), con la Comisión de Radiodifusión y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, para sugerir los lineamientos generales aplicables en sus noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de campaña de los partidos políticos."

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

¿Esta fracción del artículo 48, preguntaríamos, una intervención sobre el derecho de expresión de los concesionarios de radio y televisión?

El Secretario de Gobernación, en la última Asamblea Nacional de la Cámara de la Industria de la Radio, hizo una propuesta sobre un código de ética informativa a los concesionarios de la radio y la televisión. Ellos respondieron que los concesionarios y la cámara tenían una ética, desde 1935, y ante la propuesta de un ombudsman para medir y mediar en torno a los derechos de los concesionarios y de los ciudadanos, la cámara respondió que no se podía atentar de ninguna manera contra su derecho a la libertad de expresión. Es el mismo argumento que ha venido a esgrimir el diputado Ignacio Ovalle el día de hoy y que, sin embargo, a lo largo de la campaña ni se respetaron los acuerdos establecidos en el artículo 48 entre los partidos políticos y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

Esto, ya la diputada Patricia Garduño había expresado algunas cuestiones en torno al comportamiento de la política de noticieros y es obvio que el comportamiento de los mismos no fue de manera equitativa. ¡Iniquidad es ilegalidad! Y hoy nada más quisiéramos señalar...

¡Tiempo de infamia!

No sabemos que la idea de los boletines de prensa, que precisamente desde Comunicación Social de la Presidencia y particularmente el PRI ha de tener muchísima experiencia en eso; acabar con la política de boletines, acabar con las censuras, acabar con todo lo que fue el papel de los medios de comunicación en torno al comportamiento de los candidatos a lo largo de toda la campaña. Sería y tiene que ser necesariamente un cambio que tendría que estar contemplado en cualquier nueva relación del Estado con la sociedad y de los medios de comunicación con la sociedad.

El Presidente:

Señor diputado, dispone usted de un minuto para redondear su intervención. El único tiempo que se le descuenta es el de la pérdida en la búsqueda del libro, diputado. Adelante.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Quisiéramos decir, nada más, para terminar, que la actitud, los recursos que se manejaron en torno a la política de medios, fue sumamente significativa, el PRI únicamente de lo que fue del 1o. de agosto al 11 de agosto, gastó en spots 16 millones de nuevos pesos, 11 millones únicamente en Televisa, lo mismo que significó la erogación del todo el PRD, a lo largo de toda la campaña.

Se dice que el debate al final definió la elección; si así fuera, no estaríamos aquí calificando al señor Ernesto Zedillo, es obvio que la derrota, la derrota y el papel de Ernesto Zedillo en todo lo que fue el debate, trató de ser recompensados a través de la política de medios y los vastos recursos que se erogaron en favor de su campaña.

La Cámara de la Industria de la Radio, en contubernio con el PRI y con el Gobierno, fueron al final los grandes electores que hoy han querido ser sustitutivos, sustituir lo que son las facultades de esta cámara, este Congreso, para calificar la elección presidencial. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:

Señor Presidente, con su venia y le participo que voy a intervenir en términos del artículo 103 del Reglamento.

Compañeras y compañeros diputados: Es muy difícil dejar pasar algunas de las expresiones del diputado Ovalle, pero tampoco pienso caer en el juego de seguir el curso de su intervención; en primer lugar, porque me parece que las expresiones a Cárdenas, si el español no lo ofenden, son una provocación a la bancada del PRD, toda vez que el tema fue tratado en comisiones, es un hecho ya consignado que propusimos la intervención del ingeniero en comisión y que ustedes los del PRI lo rechazaron. Venir a blandir argumentos, eso o es provocación o es carencia de los mismos.

Espero que sea la última vez que nos amenaza con que se va a acabar la democracia en este país o van a sepultar la democracia en este país, si tenemos posiciones diferentes a las de ustedes.

Ahora, hemos recibido agravios también; también como miembros de la comisión, quisiera consignar hechos que no admiten discusión, no hubo y esto debe de quedar consignado, señor Presidente, no hubo comisión redactora del proyecto de dictamen, es una falacia decir que todos lo hicieron, no sé si en bola, agarrándose las manos o cómo, pero francamente no tiene ni sentido.

Este es un hecho, les guste o no les guste, hay que aceptarlo, pero hay otro hecho, la fe de erratas que se presenta aquí no la elaboró ninguna comisión, porque no se ha citado a reunión a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. ¿Quién la hizo? Quién sabe, ¿cómo?, ¿quién hizo el dictamen?, también quién sabe, pero ¿cómo le van a hacer con la fe de erratas?, porque y se lo voy a dejar aquí a la Secretaría, en el distrito II de Puebla, se da como corrección ya en la fe de erratas, una cantidad de votos para el PDM, diferente a la que aparece en esta acta donde vienen consignados, correspondiente al distrito para la elección presidencial, los resultados de la votación.

Pediría a alguno de los secretarios que me auxilie nada más, yo lo voy a leer, pero que si quiere observar conmigo.

Tiene como votación el PDM, 349 votos y en la fe de erratas aparecen 549 y lo pueden checar; no sé que vayan a hacer, no hemos podido revisar todas sus fe de erratas y a ver cómo le hacen para seguir corrigiendo.

Pero uno no deja de asombrarse y de sorprenderse. Hace rato tuvimos una votación donde... sobre la moción suspensiva, para rechazarla hubo 304 votos. Pregunté a las bancadas del PT, dijeron nosotros votamos todos por aprobar la moción suspensiva; he preguntado a la bancada del PAN y es la misma respuesta; todos observamos que también la bancada del PRD, votó por aprobar esta moción suspensiva, de dónde, señor Presidente, salieron 304 votos, si el PRI aquí sólo tiene 298 votos... Si aquí nos hacen fraude, ¿qué nos pueden hacer en las elecciones?.

Hechas estas aclaraciones, vamos a empezar con las cosas de fondo e invito a la bancada del PRD, a que se salga de los sofismas, de las medias tergiversaciones y entremos a los asuntos... del PRI, perdón... y entremos a los asuntos de fondo.

Y el asunto de fondo que nos ocupa, es, lo queremos decir y lo tomamos incluso como un reto, a ver si acepta, nosotros queremos demostrar que la elección cursa tal cúmulo de irregularidades y está tan al margen de la ley, que lo único procedente es la invalidez y lo vamos a demostrar, si además de escuchar y lo vamos a discutir, si además de silbar, demuestran tener por lo menos algunos argumentos para este debate.

Voy a entrar, voy a entrar... inventados, no se engañen... Voy a entrar por un asunto que fue un reclamo de todos los partidos hace mucho, necesitamos, decíamos, tener resultados el mismo día de la elección, lo consideramos cuando se constituyó un avance, ese famoso "PREP"; sin embargo, cuál es el balance que hace no el PRD sobre el PREP, sino el informe de los consejeros ciudadanos que son la mayoría del Consejo General del IFE. El balance que hace, realmente deja muy mal parado al PREP.

Supuestamente para seguridad, se instalaron dos sistemas de acopio de información y dice: "se observó un importante desfasamiento entre el porcentaje de casillas cuyos resultados se fueron recibiendo en el Cenarep I, y la información que se iba recibiendo en el Cenarep II, hecho que ocasionó extrañeza e inconformidad por parte de algunos partidos políticos. El retraso de información entre ambos centros de cómputo se hizo evidente, pues mientras en el Cenarep II se había alcanzado el cómputo de 15% de las casillas el día 21 de agosto entre las 23.30 y las 24.00 horas, en el Cenarep I se obtuvo y se hizo público hasta las 3.00 horas del día 22. El retardo fue aumentando conforme transcurrió el tiempo al grado que el 22 de agosto a las 16.30 horas, se había recibido la información del 99.53% de casillas en el Cenarep II y en el Cenarep I en esos momentos se contaba con la información correspondientes a menos del 50%. Los virus, diría Carpizo, pero hay una demanda del PDM y de Acción Nacional, sobre un centro que estuvo administrando y filtrando esta información en Puebla y hasta el momento no resuelven nada y estamos aquí en el Colegio Electoral.

Hubo, no sabemos qué pasó, misteriosamente han desaparecido 9 mil 165 actas correspondientes a misma cantidad de casillas, que no se han entregado del PREP. Dónde están, ¿quién las tiene?, quién sabe.

Pero resulta, y esto es un trabajo que hicimos y lo vamos a dejar aquí como prueba, que estuvimos comparando los resultados casilla por casilla de las actas con las que se hizo el cómputo distrital, con los resultados del PREP. No coinciden, ciudadanos diputados, no coinciden, son más o son menos y lo que es más, si se entregaran las actas que faltan del PREP, habría en algunos distritos, en 57 distritos, que contener votaciones por arriba de las listas nominales de electores.

Es un desacierto en que convirtió esta maquinaria de fraude, lo que fue una demanda de los partidos, el contar con resultados inmediatos y que siga Carpizo ahí diciendo que va a entregar los resultados del virus. No pueden esconder de todas maneras la desvergüenza de habérseles caído, incluso el sistema del PREP y dejo esto de constancia, de esta comparación donde vienen todas estas casillas que he mencionado.

Sobre la instalación de casillas, ¿cuántas hubo, ciudadanos diputados? El Registro Federal de Electores en su catálogo nos dice que hubo 94 mil 267; el IFE en un momento, que hubo 95 mil 659; el PREP, 87 mil 690, por las mal referenciadas. ¿A quién le creemos?, ¿cuántas casillas hubo en este país?

Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante, cruzamos los domicilios, la ubicación de cada casilla. El resultado es sorprendente, porque si nos atenemos a la ubicación de las casillas en todos estos catálogos, debió de haber habido 104 mil casillas, ¿cuántas casillas hubo realmente? Por eso no les cuadran las cifras tampoco aquí y tendrían que seguir corrigiendo. Quién sabe realmente cuantas casillas hubo.

Pero hay otra cosa más y esto viene en el informe de los consejeros ciudadanos. Se dice que se instalaron el día de la jornada, 94 mil 253 casillas; de las restantes, dice el informe de los consejeros ciudadanos, 2 mil 162, tomando como base ese número de 96 mil 415, no se obtuvo información durante la jornada electoral. Lo discutimos en la comisión y un diputado graciosamente nos decía que bueno, estaban muy lejos, no había radio en algunos lugares, no se pudo informar o que a la mejor se informó al otro día, cuando ya estaba concluida la jornada. ¿Pero ustedes creen que los paquetes electorales no aparecieron? Claro que esos más de 2 mil 200 paquetes electorales también aparecieron y dejamos esto también como prueba, para ver si algún día saben o sabemos realmente cuántas casillas se instalaron en este país el día de la jornada electoral.

Analizaremos otro asunto: la manipulación de las boletas en casilla. En el informe de los consejeros ciudadanos se consigna un dato muy importante; dijéramos, para quien lo quiera localizar, está en el cuaderno dos, en las páginas 41 y 42. Se habla de que se hizo un ejercicio, una muestra para ver si había boletas de más y obviamente se instaló esta muestra en la mayoría de los distritos.

En 168 casos el 66% del total de las 268 donde se hizo la muestra, se corresponden plenamente; solamente en el 66% de una muestra que conocían incluso los órganos electorales corresponde la cantidad de boletas que fueron con las que se instaló las casillas, con las que salen al final como resultados.

Aquí hay un error que nos corrige el informe; en algunos casos se pudo haber sumado, dice, una de más o una de menos. Se corrige esta tendencia y de todas manera el informe tiene que reconocer que por lo menos en el 15% no corresponde las boletas con las que fue instaladas las casillas, con las boletas que surgieron al final de la jornada electoral.

Es cosa de magos, ya no de alquimia; es cosas de ingeniería. Brotan de alguna manera boletas de más que no tienen compasión de las boletas con las que fue instalada las casillas.

Claro que nosotros también trabajamos este aspecto y lo comentamos aquí ya en el voto. Analizamos 29 mil actas de casilla y obtuvimos que en el 50% no se corresponden. De esto tenemos que en el 24%, 7 mil casillas, aparecen un promedio de 53 boletas de más al final de la jornada y en el 34%, 10 mil 33 desaparecen también.

En el 25% los votantes registrados excedieron en un promedio de 27 a las boletas extraídas y en el 26% de las casillas hubo una media de 21 boletas más que votantes.

Tenemos también y lo dejamos aquí como anexo, todas las casillas para el que quiera ver y habrá paquetes todavía durante seis meses para el investigador, para el diputado con dignidad que los quiera analizar, dejamos aquí todos los datos y las casillas correspondientes, y las dejamos aquí, para que puedan ser consultadas cuando se quiera.

Vamos a otro aspecto muy importante, que es el de los funcionarios de casilla. Este asunto lo extraemos del propio informe de los consejeros y lo que se reconoce en el informe de los consejeros es que cuando menos el 10%, más de 80 mil sustituciones fueron en los plazos posteriores a los que por ley estaban previstos, después de haberse cursado la segunda insaculación, después que ya se habían publicado las listas.

¿Saben ustedes que la sustitución ilegal de funcionarios de casillas es causal de nulidad? Con estos resultados que vienen aquí y que podríamos investigar y está emplazado el Consejo a darnos los resultados, porque no nos quieren dar las listas que se publicaron de funcionarios de casilla con las que realmente operaron el día de la jornada. Cuando menos el 10% de las casillas instaladas, con este 10% de funcionarios ilegales, debió de haberse analizado.

¿Por qué ocurrieron todas estas irregularidades?, alguien se preguntará. Yo no acuso por supuesto de mala fe a los consejeros ciudadanos, antes al contrario, han sido un aporte muy importante para la vida política del país. Mi reconocimiento para ellos, por ellos hoy podemos conocer muchas de las cosas y de las irregularidades y no establecerlo sólo como dichos del PRD, sino establecerlos dentro de un informe que es de ellos, pero ellos también habrán de darnos pistas en su primer cuaderno sobre qué es lo que pasa.

Ellos señalan que el consejo general, la estructura organizativa, cómo se va construyendo al margen de ello, cómo se va convirtiendo en un poder paralelo a la máxima autoridad que es el consejo general. Ellos habrán también de referirse en este aspecto a un hecho que no puede analizarse, una elección al margen de las condiciones políticas que vive este país; no puede analizarse la legalidad de una elección al margen de un fenómeno que tenemos: el régimen de partido de estado que todo lo pervierte, que todo lo destruye y que se expresa en esos órganos paralelos y en esas actitudes hipócritas, también de quien debe ser, de quien es su Presidente.

El financiamiento, y aquí todavía Ovalle, realmente se requiere mucho valor para decir cosas, nos hablan del financiamiento, de la equidad. No estamos nosotros contra una empresa televisiva y eso lo queremos aclarar, estamos por la liberad y porque participen, pero por la verdadera libertad, que se acabe ese control faccioso de las concesiones de radio y de televisión que fincan voluntades a favor del régimen de partido de Estado y de los candidatos que presenta a través del PRI, que se abría la competencia en los medios para que verdaderamente exista libertad y no exista tolerancia y displicencia hacia un monopolio.

Y sobre los recursos, qué podemos decir. ¿Saben ustedes cuánto puede gastar el PRI y éstos son los topes que nos presumen en el dictamen? El PRI puede gastar, sumando los gastos autorizados en la campaña de Presidente, de diputados, del senado, de asambleístas, puede gastar 923 millones de nuevos pesos.

Hay una dependencia base para los alimentos en este país, es la Secretaría de Pesca. El PRI puede gastar tres veces el presupuesto anual de la Secretaría de Pesca. Por favor, ¿topes y equidad? Hay que tener, yo digo, algo más que ganas para poder decir esas cosas.

Obviamente todas las irregularidades ocurridas en la jornada tenían que expresarse en las casillas. No había manera, tenía que expresarse en los resultados, por eso nos dimos a la tarea, y nosotros sí revisamos algunos expedientes, no toda la comisión, lo queremos aclarar, algunos compañeros de Acción Nacional, del PT también, los compañeros que fueron del PRI no fueron a revisar, en eso falsea también las cosas Pérez Jácome, no fueron a revisar, fueron de vigías a ver qué veíamos. Y ¿qué veíamos?, pues lo mismo, veíamos actas de cómputo de casillas que corresponden con las boletas que fueron entregadas. Veíamos todas estas irregularidades.

Hicimos un estudio en la medida de lo posible y también en nuestro centro de cómputo y tenemos aquí 60 distritos que en derecho, establecidas las causales de nulidad, deberían de ser anulados y esto es el 20% de los 300 distritos.

Yo quiero también dejar esto como prueba aquí en esta tribuna, para quien lo quiera consultar.

Algún aspecto sobre el Tribunal es importante. No es cierto que el Tribunal podía entregar después del 10 de octubre, podía fallar después del 10 de octubre. Eso es una falacia. La ley que regula la actividad del Tribunal, diputado Ovalle, no es la ley orgánica que regula las actividades de esta cámara y del Congreso. Aplicar ese criterio de la ley posterior, realmente estamos hablando de dos leyes, una es la ley fundamental que regula todos los procesos electorales y las actuaciones del Tribunal, y otra es la Ley Orgánica, que regula el comportamiento aquí en la cámara. El plazo fatal, de acuerdo al artículo 331, para que el Tribunal hubiese fallado esos 150 recursos recaídos sobre 92 distritos conforme a derecho era, de acuerdo a este artículo, el 10 de octubre y se excedió y lo que sucede, lo dijimos en la comisión, es que dejó viva la impugnación y lo que debió haber hecho este colegio es haber entrado en materia, pero este colegio no quiso entrar en materia. Esperemos que aquí se atrevan a entrar en materia realmente, de todas las irregularidades que cursan este proceso electoral.

Pero al Tribunal no es eso solamente de lo que se le puede acusar. Nosotros, con las demandas que interpusimos, logramos la nulidad de un distrito de Puebla y el otro en Veracruz. Mucha de la base de esta nulidad, buena parte, es la sustitución ilegal de funcionarios de casilla y así presentamos estos casos en otros distritos, pero el tribunal, cosa curiosa, y a veces la misma sala, paradójicamente falló a favor en un caso y falló en contra de otros casos que eran exactamente los mismos, lo cual también pone en entredicho la imparcialidad con que debió haber obrado el tribunal.

Quisiera referirme por último a un aspecto que es legal y que tiene que ver con este colegio. Este colegio está obligado a analizar si en el proceso electoral se actuó conforme a derecho, está obligado a revisar si se cumplieron los criterios rectores del proceso electoral, cuya responsabilidad principal es atribuible a los órganos electorales.

Dice una resolución muy interesante del Tribunal, recaída sobre el IV distrito de Puebla, es muy importante en eso de las tesis de jurisprudencia, después de analizar las inconformidades nos contesta: "Sin embargo, –dice–, es indiscutible que otras consideraciones que atañen al fondo de una elección son de tanta importancia o más que el criterio puramente aritmético; conforme a lo dispuesto por la parte final del párrafo octavo del artículo 41 constitucional, los principios rectores de la función electoral son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad".

A juicio de esta sala, la correspondiente a Puebla, basta que no se satisfaga uno solo de los citados principios para que una elección sea inaceptable.

El cúmulo de irregularidades en la jornada es tal que las elecciones son inaceptables y son inválidas, tanto por el criterio cuantitativo, por el cúmulo de irregularidades causales de nulidad, que es superior al 20%, como por el desfasamiento que hay, la ilegalidad en que se incurre al violar los principios rectores de la jornada, no podemos asistir ante un resultado que podamos decir legal y válido. Este es el hecho concreto, así es que no nos presuman ni anden con ese triunfalismo, la verdad es que seguimos en un país donde el régimen de partido de estado pervierte todo y mientras persista esto lo único que vamos a tener son fraudes de estado.

Háganle loas a su fraude de estado; sigan con su corrupción; sigan con su cinismo; sigan con lo que quieran, pero habrá de abrirse la legalidad en este país en algún momento y ésa, les guste o no, va a ser producto también de la oposición y de la presión que al respecto hemos ejercido. Muchas gracias por su atención.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jorge Moreno Collado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Señor Presidente; honorable Asamblea:

Las impugnaciones al dictamen que hemos escuchado constituyen la expresión prolija de argumentos reiterados, manidos, de cartabón, que no expresan sino impotencia, no expresan sino también, como aquí se nos imputaba a nosotros, falta de imaginación.

Las impugnaciones al dictamen que discutimos pretenden fundarse en cuestiones de forma, en supuestos términos incumplidos y aun en la insólita adopción de un principio jurídico de prosapia está sí creo que silvestre por espontánea e inopinada, que podría formularse de esta manera: tribunal que calla otorga. Esa es la peregrina idea que nos vienen a exponer aquí.

Ni la legislación vigente ni la más descabellada doctrina jurídica y procesal, contemplan la aceptación ficta de las pretensiones del actor por notificaciones y resoluciones hechas fuera de tiempo, pero sobre todo no anuladas por ninguna instancia y no probadas suficientemente por quien así lo afirma.

El alegato se funda en la supuesta facultad que se atribuye a este colegio de erigirse en tribunal máximo de las elecciones y muchas de esas imputaciones que hemos escuchado se derivan de ese error y es necesario aclararlo debida y definitivamente.

Este colegio no es tribunal de casación, no es tribunal de alzada ni segunda instancia de las salas del Tribunal Federal Electoral. En primer lugar, en nuestro país opera un sistema mixto de calificación de elecciones, por órgano administrativo y jurisdiccional, en el caso de las elecciones de diputados y senadores y por vía política, a través de un órgano representativo como esta Asamblea, en el caso de la elección de presidente de la República.

Este Colegio Electoral es de naturaleza política, no de sustancia jurisdiccional, que quede muy bien claro. Si el Constituyente hubiese querido que la calificación de la elección presidencial fuese hecha a manera de un juicio, el artículo 74 fracción I de la Constitución no facultaría a la Cámara de Diputados para erigirse en colegio, sino constituirse en máximo tribunal. Su función no sería calificar sino enjuiciar y su resolución no sería una declaratoria de validez sino una resolución judicial o una sentencia.

Pero no, no estamos aquí ejerciendo una tarea procesal sino un acto efectivamente político de soberanía. Es cierto, pero que con base, la calificación es un acto de evaluación entre realidad y norma, pero con base en datos objetivos, en resultados electorales debidamente validados, dentro de etapas procesales debidamente observadas y legalmente recluidas.

Si lo que se reclama es la legalidad, tenemos que asumir las consecuencias completas de ella. No puede conciliarse con la lógica, que se exigen resoluciones legales y se apele a la nulidad aquí, en una instancia incompetente para ello.

El Colegio Electoral tiene bien acotadas sus facultades. Si recibe en su seno las resoluciones de la sala del Tribunal Federal Electoral, no es para que sustancie una nueva instancia contra los fallos recaídos en recursos de inconformidad contra los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de las elecciones de Presidente de la República.

Si nuestro jurisdiccional electoral es de pleno derecho, resultaría absurdo que la última y suprema instancia actúe de oficio y como tribunal no sujeto a ninguna regla de procedimiento, pues no hay norma alguna que determine como instruir y sustanciar una supuesta reconsideración en este colegio para concluir en una nulidad, nulidad que por otra parte no está contemplada en el Cofipe ni en la Constitución ni en ninguna ley para las elecciones de Presidente de la República, porque el principio superior que se quiere garantizar es de que no haya nulidad, sino calificación de validez de elecciones para respetar antes que nada en beneficio de la nación, el principio de la gobernabilidad de nuestro país.

Se exige la plena legalidad para impugnar a la mayoría, pero se contemporiza con una máxima flexibilidad queriendo que el trato a la minoría se enmarque en la generosa discrecionalidad del Colegio Electoral en calidad de tribunal de conciencia. Esto sí sería, señores diputados, una petición de iniquidad inusitada e improcedente; por el contrario, sin necesidad de mayor exégesis legislativa, el tercer párrafo del artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General ordena que se reciban aquellas resoluciones a los recursos de inconformidad porque de ellas pueden derivan variaciones en la votación presidencial al confirmar que hay nulidades en las casillas electorales.

En consecuencia, contrariamente a la interpretación que aquí se ha querido esgrimir, que nos tratan de vender los diputados perredistas que aquí han participado, el único propósito de que este colegio conozca dichos fallos es tomarlos en cuenta en el cómputo de la elección de presidente, como lo hizo con acuciosidad y pulcritud, con la laboriosidad incansable de todos estos días durante muchas horas, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Los diputados que impugnan el dictamen afirman que la falta de notificación oportuna de acuerdo con el Cofipe, afecta a 150 recursos de inconformidad no resueltos en tiempo y en forma correspondientes a 92 distritos electorales y subrayan que eso es el 30% del total como para justificar una petición de nulidad que es, a todas luces, improcedente en este colegio.

Pero no, tampoco en esto tienen razón, ya lo probamos en comisión y ya lo dijo con claridad mi compañero el diputado Ovalle. Es falso también que el dictamen le dé la razón al diputado perredista que afirmó que el documento en consulta, que nuestro dictamen se apoya en el Cofipe y no en la ley orgánica. Quiero leerle ese párrafo de la página 35 del dictamen que dice textualmente: "El Tribunal Federal Electoral, sujetándose a los procedimientos y tiempos señalados en el Cofipe y en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resolvió todas las inconformidades", con lo cual se prueba que tampoco en esto tienen la razón.

Para responder a las impugnaciones que se nos han hecho y para defender el dictamen quiero afirmar, que en la historia política del México moderno, ningún proceso comicial estuvo tan acotado por la ley y tan vigilado por la acción ciudadana, como las elecciones que hoy toca calificar a este colegio electoral de 1994. Así lo reconoce el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que estamos debatiendo. En él se describen y precisan, se evalúan con objetividad y sentido crítico todos los pasos que en una sucesión de etapas previstas por la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales constituyen este complejo y trascendental fenómeno de la democracia que son las elecciones.

Al hacer el balance de lo realizado en los meses que ocuparon la preparación, ejecución y evaluación de las elecciones, no podemos menos que reconocer que ésta ha sido una proeza de la civilidad del pueblo mexicano.

Sufragaron más de 35 millones de ciudadanos mexicanos; el 77.75% de las listas nominales de electores. En conjunto, esta cifra fue un mentís al catastrofismo de agoreros despistados que inducían al miedo, pero que se encontraron frente a una ciudadanía valiente, decidida a ejercer su voto, a demostrarse a sí misma y al mundo, que en México podemos dirimir nuestras controversias por la vía de la paz y la civilidad y que la democracia, escúchenlo bien todos, compañeros diputados, sí está al alcance de la soberanía y del voto inalienable de cada ciudadano mexicano.

Todos estos logros y las miles de actividades a las que convocó la elección que estamos calificando, fueron en gran medida el producto de la acción institucional que enmarca las elecciones mexicanas, de la concertación política y la presencia vigorosa de un sistema cada vez más definido, de partidos políticos nacionales, del trabajo persistente de los candidatos y desde luego, de la legalidad, que fue el hilo conductor de estas elecciones, cuyo triunfo primero, es el triunfo de la nación, de la Constitución y de la legalidad mexicana.

No se trata de exaltar una victoria con fanfarrias triunfalistas, sino de valorar la verdadera dimensión de nuestras decisiones fundamentales como lo es una elección presidencial. ¡No!, no invocamos a la perfección para calificar este proceso.

Con objetividad crítica, frente a deficiencias, desviaciones e inseguridades subsistentes que constituyeron un fenómeno menor y aislado, nuestro proceso de elecciones transcurrió en escenarios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, establecidos como principios rectores en la Constitución y en la ley.

La comisión pudo, por todo ello, emitir un juicio valorativo en su dictamen respecto a las elecciones presidenciales, pero que no es sino la ratificación del veredicto originario del electorado mexicano, veredicto que determinó, sin lugar a dudas, el triunfo del Partido Revolucionario Institucional, y que optó porque nuestro próximo Presidente de la República sea, sin lugar a dudas, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Conducido por la legalidad, según el criterio de la fracción priísta, Ernesto Zedillo entra a la máxima representación nacional, por la puerta grande de un triunfo legítimo, acceso que le ha abierto una mayoría de más de 17 millones de votos, para que el Gobierno que encabece tenga la fuerza indestructible de la legitimidad. El triunfo de Ernesto Zedillo, es inobjetable, legal, contundente, definitivo. El mandato que ha recibido, es en realidad un enorme desafío, porque el pueblo quiere que se mantenga el cambio, que la transformación se realice en la paz, con justicia social, con más democracia, con compromisos de solidaridad con los más pobres y desposeídos. El triunfo del PRI y de Ernesto Zedillo, es también una exigencia de que la democracia acreciente su capacidad concertada.

¡No!, no podemos permitir que juicios apresurados, que conculcaciones de la lógica pretendan deslegitimar esta elección. Se pretende pasar, nada menos, que por encima de 35 millones de votos legalmente emitidos. ¡Esto no es impugnación, es cinismo!

¡Borrar de un "plumazo" todo lo actuado, ignorar que detrás de cada voto hay un ciudadano con dignidad y en la naturaleza de la elección hay un pueblo con soberanía que no admitiría tamaña ofensa, es insólito e improcedente!

¡No, las elecciones no fueron la suma de errores e inconsistencias, cuyo agregado en la lógica disparatada de nuestros adversarios constituye el gran fraude!.. La elección de presidente de la República fue parte del mismo proceso que nos invistió a todos nosotros! ¡No aleguemos la legitimidad de lo nuestro y de la otra mitad aleguemos la ilegitimidad! ¡No hagamos..!

El Presidente:

Dispone de un minuto para redondear su intervención.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

¡Ernesto Zedillo encarna desde hoy como presidente electo, si esta soberanía así lo decide, el aliento de una nueva etapa de la sociedad mexicana; porque en él se conjuntan, por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, la fuerza y el vigor institucional de la legitimidad! ¡Porque Ernesto Zedillo triunfó en unas elecciones objetivamente limpias, las elecciones son válidas! ¡Y si está investido de la legitimidad del voto, la validez es legitimidad!

¡Por ello pido a la honorable Asamblea, al Colegio Electoral, a las señoras y señores diputados, otorguen su voto aprobatorio al dictamen que se les consulta! Muchas gracias.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde su curul):

Señor diputado Moreno Collado: deseo hacerle una pregunta.

Usted dice, diputado Moreno Collado, que de acuerdo con las atribuciones de este Congreso al erigirse en colegio electoral, debe calificar la validez de la elección y que por ello no podría proceder, porque sería algo insólito y anticonstitucional llegar a un juicio de nulidad en su caso.

Pero si califica la validez, ¿qué sucede si califica, de acuerdo con el examen que debió haberse hecho, la no validez de la elección?

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Con su permiso, señor Presidente.

No es un supuesto que esté contemplado ni en la Constitución ni en la ley.

¡El Colegio Electoral tiene que realizar el cómputo de los resultados electorales y calificar la validez conforme a las cifras, conforme a los resultados, que se dan de todos los distritos electorales del país en materia de elección presidencial!

¡Pero si ustedes revisan el Código Federal Electoral, en donde no existe el recurso de nulidad para el total de la elección, lo único que puede hacer este colegio es realizar el cómputo! iY así estuvieran anuladas la mitad de las votaciones, tendría que resultar de ello un triunfador!; no se contempla constitucionalmente la declaración de nulidad por este colegio, porque no es un tribunal de alzada!

Ya lo dijimos: ¡La verdadera soberanía es la soberanía del pueblo! ¡No puede ser un recurso de leguleyos el que le dé el triunfo a un candidato a la presidencia de la República!

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Manuel Arciniega, para rectificar hechos, por cinco minutos.

Detengan el cronómetro, por favor.

Por favor, señores diputados, ruego que permitan al orador iniciar su intervención. Les recuerdo que debemos guardar el orden para escuchar al orador.

Puede usted comenzar diputado.

El diputado Manuel Arciniega Portillo:

Diputado Moreno Collado: hablando de cinismo y de no expresar impotencia la oposición, y ustedes manifestar completa prepotencia, le quiero recordar que tiene un expediente pendiente en la fiscalía electoral, el número 169/CPADE/94,... en la que usted y su compañero de fórmula en la Asamblea, Julio Alemán o Julio Méndez Alemán, porque todavía no sabemos cómo se llama, porque en la boleta electoral le pusieron Julio Alemán y después le hicieron un acta notarial, encontramos algunos panistas unas camionetas instalando propaganda de ustedes, unas camionetas del Departamento, no creo que la de Marcué.

En esas camionetas, quitándole los panistas y tomando la fotografía con la evidencia periodística de Reforma y con todo el cinismo el regente de la ciudad comentando de la foto, cuando quitaba el panista la calcomanía, decía que no se sabía si la estaba poniendo o la estaba quitando.

Además de eso, una compañía constructora asumió la responsabilidad de que le ponían ellos emblemas del Departamento del Distrito Federal a sus camionetas. ¡Eso es cinismo! No Zedillo, no-ce-dí-yo a la tentación de avalar un proceso tan cochino como éste. ¡Además de los votos inducidos, comprados, pronasoles, procampos, además de los votos manipulados, están los de miedo, esos 17 millones! ¡De esos, millones y millones fueron por miedo, pero no por miedo a que ganara la oposición, sino por un miedo a la ruptura interna de ustedes mismos, porque como dijo Mafalda: "Lo importante no es romper la estructura sino saber qué hacer con los pedazos"! Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Carlos Navarrete.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz:

Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:

Resulta más que evidente comprobar que el diputado Moreno Collado no sabe dónde se encuentra.

Ha confundido este tribunal, que es el Colegio Electoral, con una instancia sumatoria que sólo suma cifras para hacer una declaratoria de triunfo de un candidato, pero pretende negar la facultad constitucional del Colegio Electoral para calificar una elección.

¡Este tribunal, este Colegio Electoral, compañeros, consideramos nosotros que es un tribunal de plena soberanía, con facultades para declarar incluso la nulidad de la elección presidencial. ¡Puede, de así resolverlo, modificar las resoluciones de los órganos electorales y del propio tribunal electoral; somos última instancia política para calificar la elección, porque esa facultad es constitucional y a ella nos estamos acogiendo aquí, a pesar de los argumentos tramposos del diputado Moreno Collado!

Por eso es que nos hemos ido allá, en el edificio "G", a revisar los expedientes de varios distritos del país; por eso es que hemos podido cruzar cifras del PREP con las actas electorales; por eso es que hemos podido hacer lo que no hicieron o no pudieron hacer por falta de información los consejeros ciudadanos en el IFE y por eso tenemos aquí las pruebas diputados. Más allá de los discursos grandilocuentes, pueden decirnos los diputados del PRI, por qué, ésa es la pregunta, ¿por qué al comparar los resultados del PREP con los documentos fuente originales que están aquí en esta cámara, aparecen en cuanto distrito se revisan, resultaron diferentes? Pongo un ejemplo y aquí están los diputados de Guanajuato que nos vieron trabajar, el X distrito de Dolores Hidalgo, aquí están 51 casillas revisadas en presencia de ellos adquieren en este colegio. ¿Por qué hay más boletas requeridas extraídas de boletas recibidas en las casillas? ¿Por qué hay diferencias entre las boletas extraídas de la urna y los votantes que se dice acudieron a la casilla a votar? ¿Por qué hay más votantes que boletas recibidas? ¿Por qué hay esas diferencias? Y aquí están, explíquenoslo con cifras, estamos dispuestos a que nos convenzan, pero explíquenoslo y no nos vengan con discursos que tapan las realidades, tapan las pruebas y tapan las cifras.

Yo quisiera decir, para terminar mi intervención, que este dictamen que hoy discutimos es producto más que de una fracción parlamentaria es producto de la acción de un personaje siniestro, de un hombre truculento, acostumbrado a obedecer al poderoso en turno y a hacer piruetas verbales y de actuación para cumplir la encomienda, ese personaje se llama Dionisio Pérez Jácome, él ha sido el autor para imponer el procedimiento de este dictamen, no nos extraña su comportamiento, ya a Pérez Jácome lo conocemos en sus actuaciones y también hemos conocido y escuchado, como tendremos que hacerlo durante tres años, sus argumentos de tinterillo de pueblo, eso no es nada novedoso, pero lo que sí sorprende, respeto para muchos pero Jácome no lo merece señores, pero lo que sí sorprende son los argumentos del diputado Ignacio Ovalle y de Moreno Collado, sorprende realmente y sorprende desagradablemente, creíamos a estos diputados en otra posición política, suponíamos que por su paso en importantes responsabilidades del Gobierno Federal en el gabinete y particularmente en la Secretaría de Gobernación. Tenían otra visión del momento político, es una lástima que vengan aquí a demostrar lo contrario, es muy lamentable que al querer hacerle un servicio a su candidato, lleguen a los extremos de afirmar las cosas que han sido capaces de afirmar aquí.

Esta tribuna muestra a todos, esta tribuna muestra lo que cada quien es y lo que cada quien vale, lástima por estos diputados. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Carlos Núñez Hurtado, para rectificar hechos por cinco minutos.

El diputado Carlos Núñez Hurtado:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Soy un diputado ciudadano, invitado por el PRD, me unen a él principios éticos, principios políticos, pero soy un ciudadano que durante muchos años ha trabajado desde las posiciones más cercanas a los intereses populares por la dignidad y la reivindicación de todos los sectores más marginados de la patria.

Hago uso de esta tribuna, la más alta de la patria, conciente de esa responsabilidad para compartir ante ustedes algunas reflexiones.

Algo muy grave está pasando en México, poco a poco nos hemos ido acostumbrando a que todo puede pasar, aún lo más insólito y nada parece ya conmover a la mayoría de los mexicanos. Es la cultura del cinismo que estamos incluso viviendo en esta tarde, se ha venido instalando lentamente como una enfermedad progresiva en la cultura política de este país.

Es esta misma cultura el sustento antiético e inmoral del proceso electoral cuyo análisis y validación hoy nos ocupa, en México a la muerte, a la violencia generalizada y a los asesinatos políticos se les llama paz social; en México a la pobreza creciente y a la miseria extremas, ya ampliamente señalada y demostrada durante el debate de los días pasados, se les llama "desarrollo y bienestar para tu familia"; al mismo tiempo que aparece la hambruna en la Tarahumara, escuchamos un informe plagado de elogios.

A las consecuencias de la explotación, la reflexión y el cacicazgo instalado en Chiapas, se le llama "retrasos ancestrales"; como si no fuera el mismo PRI-Gobierno que ha tenido más de 65 años para superar la herencia que efectivamente nos dejaron siglos de atraso. ¿A quién le quieren cobrar la factura? ¿Quieren que resucite Hernán Cortés, señores del PRI?

Pero muchísimos en México aceptan normalmente que no hay responsabilidades. Guadalajara explotó el 22 de abril; Salinas fue esa misma noche y prometió resolver el caso, estamos cerca del tercer año y no ha cumplido su palabra, es la cultura del cinismo; la frase se vuelve el lugar común.

Para justificar lo injustificable se dice "retrasos ancestrales". Esta cultura del cinismo es el cáncer que corróe el sustento ético de nuestra sociedad, el fraude electoral dicho así, sin ambigüedades, fraude electoral, se le llaman "pequeñas irregularidades sin importancia" y todo mundo repite el discurso amañado y mentiroso justificando así el sofisticadísimo fraude de Estado que estamos viviendo.

No hay fraudes buenos o fraudes malos, hay sencillamente fraudes. No puede haber fraudes legales o más o menos legales. Por más que fueran pequeñas las violaciones de la ley y no lo son y aquí están las pruebas de quienes sí hemos trabajado en el análisis, son violaciones a la ley y punto. ¿Qué clase de ética y moral se instala en esta sociedad, que justifica la mentira, la violación a la ley y al fraude? ¿Porqué al fin de cuentas dicen ellos mismos, que al fin de cuentas no afecta el resultado final?

Esto, que además no es cierto y aquí están las pruebas insisto, es inaceptable, con esa lógica uno podría robar, asaltar, o violar, con tal de que no quebráramos a los bancos o embarazáramos a las víctimas.

El castigo, la pena, es la que se aplica en relación a la magnitud del delito, pero nunca se justifica el delito. ¿Cómo pueden decir aquí, ustedes, que muchos, cómo pueden decir incluso muchos sectores, que ha sido legal, legal no tanto, pero al final de cuentas más vale aceptarlo, parece ser el argumento de la bancada del PRI, para decir que esto es por el bien del país y por el bien de la patria? Estos son hechos injustificables y gravísimos. Una sociedad que pierde su sustento ético es una sociedad en descomposición. Lo estamos viendo y viviendo todos los días.

Me refiere al aspecto ético aunque aparentemente no tenga que ver con lo que estamos discutiendo, porque ése es el fondo del problema que está detrás de la validación o no de un proceso electoral ilegítimo. ¿Qué clase de país vamos a heredarle a nuestros hijos?

Es el régimen que producen 24 nuevos millonarios y 50 millones de pobres. Miren, si aplicamos estas cifras solamente, 32 mil...

El Presidente:

Tiene un minuto para redondear su intervención, por favor.

El diputado Carlos Núñez Hurtado:

Como no, aunque por último, yo he estado consciente de cómo manejan el reloj en esta sala y ha sido muy discrecionalmente y además, aunque voy a hacerlo, me parece que sería una pequeña irregularidad que no modificaría el resultado final del debate.

Bien, con el capital de los 27 millonarios, se podrían construir más de 12 millones de viviendas que resolverían el problema total de la vivienda en México; y solamente hablamos de 27 de los multimillonarios.

Sí, qué queda entonces para ustedes, por qué avalan con esa falta de ética esa indignidad; las migajas que sustentan a quienes están realmente manejando, llevando, al país a un caos.

No podemos nosotros de ninguna manera aceptar esta situación. Tenemos todas las maneras del fraude electoral, las conocidas, las exportables por el PRI y todas las nuevas ligadas al proceso electrónico. Este fraude es un fraude de Estado y no es importante el juego legalista, legaloide, sino el juego legal profundo y ético que está detrás de la calificación de este proceso que pone en riesgo la paz y la estabilidad de este país.

No es cuestión de volumen, no es cuestión de que si fueron pocos o muchos los fraudes y fueron muchos, es un problema de ética y de dignidad de este país.

Termino diciendo que somos los diputados garantes de los principios y normas jurídicas, pero estas expresas lo debían hacer los principios éticos y valores humanos acordes con la dignidad personal y socialmente entendidas.

Ustedes, señores del PRI, cuando sigan con esta argumentación que no tiene sustento, cuando sigan con sus mañas a la manipulación que han sido denunciadas aquí, cada vez que hagan eso se hunden más moralmente en esta tribuna y eso lo sabemos nosotros y lo sabe el pueblo de México. Tienen la oportunidad de reivindicarse y hacer de este país y de esta legislatura, realmente un nuevo espacio de trabajo.

El Presidente:

Concluya por favor, señor diputado.

El diputado Carlos Núñez Hurtado:

Concluyo. Podrán imponernos e imponerle a México su dictamen, pero nunca podrán derrotar la terca e indeclinable convicción de rescatar la dignidad ofendida de la patria, como hacemos todos los que tenemos dignidad y creemos de verdad que aquí lo que se nos recuerda a diario es cierto: la Patria es primero y no los intereses partidarios.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer.

El diputado Alejandro González Alcocer:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Iba a entrar yo al tema, porque parece que no hemos finalmente acabado de aterrizar en lo que es la calificación de las elecciones, pero no puedo dejar pasar ciertas afirmaciones y aberraciones que aquí se han sostenido.

Por una parte, qué lástima que siga predominando en este recinto la subcultura de la política mexicana contenida en esa frase que dice "contra razones, votos". Hemos sido testigos desde hoy en la mañana, en que el señor González Luna, del PRD, planteó esa moción suspensiva, quien fundó jurídicamente su propuesta y vino aquí el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a decir generalidades y no refutó ninguno de esos argumentos jurídicos esgrimidos en esta tribuna.

Después, otro señor diputado miembro del PRD, Crisóforo Salido, vino a hacer una válida y puntual aclaración al dictamen, para distinguir los términos de validez o de legitimación y tampoco el señor Pérez Jácome, contestó nada absolutamente sobre estos términos y no los aclaró y aquí va a venir la importancia de esto que estaba señalando el señor Crisóforo Salido, con lo que acaba de sostener el señor diputado Moreno Collado.

Permítame decirle, señor diputado Moreno Collado, que a usted me refiero cuando digo que se asentó aquí una aberración jurídica, desde luego y esto ha sido materia de muchos debates a lo largo de la historia parlamentaria, respecto a la naturaleza de lo que es este Colegio Electoral.

Para recordarle y para ver si podemos entrar en debate en lo que ya sea materia del análisis y del juzgamiento de la elección anterior, me voy a permitir leer la definición que la enciclopedia jurídica Omebas entiende por calificar o calificación. La palabra calificación designa aquí la calificación de una relación jurídica, o sea, la ubicación de ésta en el cuadro general del derecho; en otras palabras, es la determinación de la naturaleza jurídica de una institución. Haciendo nuestro el concepto admitido por el repertorio de Laprevel Iniboyet, estamos pues, en presencia de uno de los aspectos de la actividad normal del jurista y sobre todo del juez, obligados como están a encajar hechos y relaciones jurídicas, en el casillero legal a los fines de la determinación de la ley aplicable, tantos en los casos de puro derecho interno como en los de carácter privado, internacional.

Entonces, señores diputados, aquí estamos en presencia precisamente de la última instancia jurisdiccional que va a juzgar no sobre la nulidad, señor diputado, Moreno Collado, porque esto nadie lo había afirmado, es sobre la validez o la invalidez. No se puede pensar que solamente vengamos aquí a ser comparsa para calificar la elección del seis al 10 y no podamos reprobarla como se merece.

Hechas estas aclaraciones, quisiera entrar al tema y espero que ahora sí haya respuesta con argumentos respecto a un punto que influyó e incidió en este proceso electoral.

Políticas populistas y me voy a referir al Pronasol y al Procampo, políticas populistas han buscado palear situaciones de pobreza extrema, de manera tendenciosa e incompleta. Su principal objetivo no ha sido liberar a los pobres de la miseria, ni siquiera reducir estructuralmente la pobreza, sino tan sólo apaciguar irritaciones y comprar votos de núcleos de población políticamente inestables.

Las principales necesidades: nutrición, salud, educación y vivienda, se proveen de manera parcial, por lo que sus efectos netos sobre los individuos y la sociedad resultan mínimos o nulos. El Pronasol y el Procampo son la representación misma de una estrategia de este tipo. Parece una cruzada personal cuyas connotaciones son eminentemente políticas y electorales. Lejos de ser un programa de combate a la pobreza, se muestra como la institucionalización del neopopulismo. En efecto, estos programas que fueron creados para favorecer a un partido político, en la contienda electoral propiciaron claros desequilibrios e iniquidades en el proceso. Debemos mencionar que en el dictamen que hoy se discute no se tomaron en cuenta realmente los puntos de vista vertidos por los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral respecto al pasado proceso.

Se destaca de sus opiniones sólo lo que favorece al desarrollo de las distintas etapas electorales, que sin duda ha de reconocerse que hubo avances importantes, pero omite mencionar el contenido crítico de los mismos. Unicamente en el último párrafo de la foja 30 del dictamen, en dos líneas se dice: "...se enfatiza también la necesidad de establecer condiciones más equitativas de competencia política..."

Uno de los puntos en los que más insisten dichos consejeros respecto a la iniquidad y desigualdad en el juego electoral, es precisamente el abuso de los programas del Pronasol y el Procampo, para favorecer a un partido.

De todo lo anterior se desprende claramente que lo asentado por el Presidente en su VI Informe de Gobierno, cuya glosa terminamos en la sesión de ayer, respecto a que el Ejecutivo se desprendió de facultades para favorecer el federalismo, resulta una quimera, pues el manejo de los programas del Pronasol y el Procampo lo desmienten.

Si verdaderamente el Presidente quería abdicar de algunas de sus facultades excesivas que le otorga la Constitución y sobre de las metaconstitucionales que ha arrebatado, debería de empezar por dar vida real al federalismo, aportando lo que le corresponde a los estados y municipios, que son los niveles de Gobierno que directamente están conscientes de los problemas que los aquejan y las obras que se requieren.

Si bien es cierto que en materia electoral hubo claros avances, principalmente por la férrea exigencia de los partidos políticos de oposición y de la opinión pública en general, más que por la intención del régimen, también lo es que una reforma política integral real, en la que el Gobierno y su partido abandone, su contubernio, no se ha dado. Habrá una real reforma política cuando el PRI se decida a ser, porque no lo es, un auténtico partido político, que juegue en igualdad de condiciones con los demás actores políticos.

No puedo dejar pasar también esta ocasión para hacer referencia a algunas menciones que se han hecho desde esta tribuna por diputados del PRI, respecto a los programas precisamente del Pronasol y el Procampo.

En primer lugar, aquí se ha dicho en diversas ocasiones que hablar de compra o inducción del voto a través de esos programas, es insultar al pueblo, pero debe decirse sinceramente que más lo insultan quienes, abusando de su necesidad, ofrecen las dádivas y compran conciencias, y no aquellos que afirmamos que el partido oficial ejecuta para su beneficio, esas acciones.

Por otro lado, en días pasados aquí se hizo mención por un diputado del PRI, de que en Acción Nacional criticamos los programas del Pronasol y el Procampo en general y por las razones ya expuestas, pero que en los estados de Chihuahua y Guanajuato nada decimos, y esos gobiernos se benefician de los recursos correspondientes.

No señor diputado, aquí, en esos estados y en todas partes manifestamos nuestro rechazo y criticamos los aspectos oscuros y perversos de esos programas, por cuanto politizados y electoreros, pero eso no quiere decir que los gobiernos emanados de Acción Nacional no aprovechen en lo posible los fondos de estos programas, pues se trata de dinero del pueblo que debe emplearse para el beneficio de sus poblaciones.

Debe decirse que al señor diputado que hizo este señalamiento se le olvidó, por quién sabe qué extraños lapsus volunario, creo yo, el gobierno de Baja California, y esto lo hizo porque sabe bien que en este Estado particularmente se ha dado el enfrentamiento de supuestos comités de solidaridad, creados al margen de la normatividad aplicable, para y con el fin de provocar problemas a las autoridades locales y utilizar con fines electorales esas manifestaciones.

Por último y a este respecto, para no abundar sobre lo que ya han dicho mis compañeros de Acción Nacional, Ricardo García Cervantes y Patricia Garduño, quiero dejar sentado que Acción Nacional también propone, a grandes rasgos lo siguiente:

Primero. La urgente necesidad de separar al PRI del Gobierno, para que pueda existir la democracia en México y el abandono de ese partido de las viejas prácticas corporativistas que obligan a las centrales obreras y campesinas a pertenecer al mismo.

Segundo. El abatimiento del presidencialismo exacerbado con el que se haga posible la auténtica división de poderes y tenga vigencia el federalismo, cuestión que importa principalmente a esta cámara para recuperar su dignidad.

Tercero. La despolitización de todos los programas federales y la canalización de los recursos necesarios a los estados y municipios, para salvaguardar su soberanía y autonomía.

Termino diciendo que ojalá que ahora sí se acabe el diálogo de sordos y podamos entendernos. Esperamos razones, no votos. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Aguilar Zinser. Cinco minutos.

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:

Muchas gracias; señor Presidente:

El diputado del PAN, se ha referido en efecto a las posiciones asumidas por los consejeros ciudadanos. Yo quiero abundar al respecto, porque me parece incalificable que el dictamen del consejo, el dictamen de la Cámara de Diputados, de la comisión respectiva, no haya ponderado ni incluido las posiciones presentadas por los consejeros ciudadanos, que es la documentación oficial que debió de haber sido examinado y conforme la cual debió haber sido redactado ese dictamen.

La ausencia de juicio sobre los elementos de ponderación de los consejeros ciudadanos en torno a los elementos problemáticos del proceso electoral me perece una omisión incalificable y cito al consejero ciudadano Miguel Angel Granados Chapa, el día de hoy en su columna del periódico La Jornada, dice: "el dictamen cita en abundancia pero con sesgos porciones del informe que los consejeros ciudadanos prepararon como parte, del más general rendido por el consejo del IFE, especialmente en lo que se refiere al comportamiento de los medios y al financiamiento en que la apreciación de tales consejeros subraya la inquietud prevaleciente, el dictamen se queda sólo en la parte donde se reconoce los avances y omite el de los señalamientos de los rezagos. ¿Acaso por ello la mayoría priísta prefirió no dar de viva voz a dichos consejeros, como lo propuso la oposición, aunque no haya fundamento legal que apoye la iniciativa y limitarse la lectura selectiva que hizo de sus aportaciones?

Son los propios consejeros ciudadanos, señores miembros de la comisión del PRI, quienes están impugnando la manera como ustedes prepararon este dictamen y me refiero a algunos de los párrafos de los informes presentados por los consejeros ciudadanos a esta soberanía.

Se ha constatado, dicen, que hay profundas iniquidades en las condiciones de la competencia electoral, en la cobertura noticiosa del proceso y en el acceso a los recursos económicos.

Se ha expresado también la percepción respecto del uso de los recursos públicos y programas oficiales con fines electorales.

Cabe también destacar que ni la Constitución, ni el Cofipe han definido ni desarrollado el principio de equidad, que es una cualidad básica para la contienda electoral y continúan diciendo: "la nueva estructura de la autoridad electoral y la que rige su funcionamiento, son producto de un acuerdo que se dio en la víspera de la contienda electoral, con prisa y discordancia. El elemento político que organiza toda la estructura de la organización electoral es la desconfianza". Señores, la desconfianza.

Y el propósito de este proceso de calificación era dotarlo de confianza, de confianza y ustedes, ustedes, perdieron la oportunidad de establecer las condiciones de confianza por esa actitud unilateral con la que quisieron dictaminar sobre esta elección.

Señores, lo lamentamos muchísimo, hubieran ustedes escuchado a los consejeros ciudadanos y quizá al escuchar su apreciación de la elección hubiese sido más justa. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Joaquín Vela.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En el Partido del Trabajo, hemos estado en estos días en un intenso debate y discusión, interno para poder llegar a una conclusión de balance global sobre el proceso electoral. Nuestra conclusión es que tenemos un balance en el que señalamos que aún persisten muchos vicios, que existe un fuerte proceso de iniquidad en el acceso a las condiciones de competencia electoral. Hemos llegado también a la conclusión de que en este país todavía las fuerzas políticas necesitamos hacer un esfuerzo muy importante para poder cambiar las condiciones que todos quisiéramos para que los procesos electorales se desarrollarán en las mejores condiciones; que hubo sin duda todavía algunas irregularidades, producto de los vicios que son resultado de la propia dinámica que viene persistiendo.

Pero que el proceso electoral también tiene y significó avances importantes; que los partidos políticos, que la ciudadanía ejercieran una presión muy importante que hizo que algunas de estas viejas prácticas pudieran ir siendo superadas; que tenemos que evaluar objetivamente todo lo que tenemos que erradicar, pero también que tenemos que hacer un reconocimiento a algunos de los avances que los propios partidos y la propia ciudadanía consiguieron.

En tal sentido, consideramos que es importante que podamos concluir en un consenso generalizado de que es necesario una nueva reforma política, y que es necesario realizar y profundizar un diálogo nacional importante.

En nuestro partido tenemos la opinión de que las últimas reformas políticas, parten de las dificultades que enfrentamos en el proceso de 1994, es resultado de que no fueron reformas políticas incluyentes, que son procesos excluyentes, el propio proceso electoral, en si mismo plantea un debate solamente entre tres candidatos, nuestra candidata a la presidencia de la República no participó en ese debate. Hubo una lógica también en los medios de comunicación que privilegió a los tres candidatos de los partidos por todos conocido.

Es importante que en la próxima reforma política sea incluyente y que efectivamente puedan participar el conjunto de partidos políticos y de organizaciones sociales y en una actitud abierta, que nos permita esto tener como resultado una reforma política importante.

En tercer lugar, queremos señalar y así constó en la votación que nosotros hicimos, que no compartimos de ninguna manera las actitudes que asumieron los miembros del partido mayoritario en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Esa actitud de cerrazón a incorporar muchas de las visiones que los partidos de oposición propusimos, nos señala muchas de las prácticas que debemos erradicar, que no podemos seguir reproduciendo en nuestro país para beneficio de los propios mexicanos.

Por lo tanto no compartimos de manera global, digamos, el cuerpo fundamental de la argumentación que tiende a sostener este dictamen. Sin embargo con este análisis que tenemos de carácter general, en el Partido del Trabajo, una cantidad mayoritaria de nuestros candidatos, a pesar de todos estos elementos consideran que en este marco de participación donde estaban claras las reglas, a pesar de no estar de acuerdo con la argumentación, considera que las elecciones deben ser consideradas válidas.

De igual manera, queremos señalar que con las características democráticas de nuestro partido hay una minoría importante, representa el 40% de nuestra fracción, considera que con el mismo análisis que hemos hecho, con el análisis crítico, con todas las observaciones que tenemos, por esas características de nuestro partido, los compañeros van a tomar una determinación de abstención. Esa es una muestra del comportamiento democrático que tenemos en nuestro partido, donde a pesar de tener, digamos, un mismo análisis, como ustedes lo han escuchado y lo van a seguir escuchando en las intervenciones, democráticamente hemos señalado esta libre decisión de sus miembros, para que la posición del partido, digamos, de manera mayoritaria considere válidas las elecciones y este porcentaje importante, el 40%, repite su abstención para la calificación del presente decreto. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Oscar Villalobos...

Cabría la posibilidad, diputados, está a consideración de los grupos parlamentarios, porque esto puede sucederle a cualquier grupo, el de que sea sustituido o que se aplique el artículo 99. Pero aquí está ya el diputado Oscar Villalobos, pase usted, diputado.

El diputado Oscar Villalobos Chávez:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

Culminamos conforme a la ley, una vez constituidos en Colegio Electoral, con la última etapa de este proceso electoral. Hemos vivido y estamos viviendo un proceso singular no sólo por lo que tiene de significativo e importante para la vida democrática del país, el hecho de que más del 77% de los electores inscritos en el listado nominal hayan votado del padrón electoral más completo y mejor elaborado con el que hayamos contado.

Sobre dicho padrón electoral, citaré textualmente lo que la misión técnica de la ONU expresó en su análisis del Sistema Electoral Mexicano este año. Cito:

"El tema del padrón electoral ha sido uno de los aspectos más cuestionados en la vida pública mexicana en los últimos años. Los logros conseguidos en esta materia, puede afirmarse, que se tratan de los más significativos que se hayan obtenido en el ámbito internacional con una población y una situación de partida con las características de las existentes en la realidad mexicana." Hasta aquí la cita.

La experiencia altamente positiva de este Proceso Electoral debiera satisfacernos a todos, implica avances y actualización en los procedimientos, prácticas y valores electorales que fueron caracterizados de manera permanente por la concertación entre las fuerzas políticas del país.

La normatividad electoral mexicana, ha experimentado a partir de la promulgación del Cofipe, reformas importantes, cuantitativa y cualitativamente destinadas al perfeccionamiento de las instituciones y los procesos electorales.

Se ha privilegiado la participación ciudadana en la organización y conducción de la función electoral que corresponde realizar al Estado; se ha fortalecido y consolidado el régimen de partidos políticos.

En este desarrollo se contemplan propuestas, principios e ideas de todos los grupos parlamentarios que hoy estamos representados en este órgano colegiado y de otros partidos políticos y mexicanos, a quienes aquí, con dignidad y respeto, debemos hoy representar.

Por haber sido materia ya de diversos análisis en esta tribuna, no entraré al detalle de las reformas electorales; sobre ellas encontramos aquí actitudes congruentes y lamentablemente también, actitudes contradictorias de algunos que después de proponerlas, una vez conocidos los resultados de un proceso que no les fue favorable y en el que las mismas reglas se aplicaron, hoy no impunemente pretenden descalificarlas, e incluso pareciera, hasta negarlas. He dicho que no impunemente, porque en mi opinión personal, se han descalificado a sí mismos en el afán de persistir en actitudes que el pueblo de México ha conocido y que provocan día a día una reacción de menor apoyo en la ciudadanía.

Hago referencia a continuación, a breves aspectos de pretendida descalificación del proceso de los que hemos escuchado este día.

Se ha dicho que el proceso se desarrolló al margen de los partidos políticos. Nada más ajeno a la realidad. Basta de ejemplo, que para la conformación del padrón electoral y con la participación paritaria de los representantes de los partidos políticos en los órganos de vigilancia, se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país, más de 15 mil sesiones, en las que se tomaron un gran número de acuerdos que fueron luego puestos en práctica para concluir con un padrón, base del proceso, con una confiabilidad reconocida de más del 96% en un país con características migratorias internas, como las del nuestro. Esto, avalado por muy distintas fuentes, entre ellos, los propios partidos políticos.

Se participó, a través de esta misma Cámara de Diputados y directamente por los partidos políticos, entre otras muchas formas de participación, en el nombramiento de quienes presiden el Tribunal Federal Electoral, de los consejeros ciudadanos que componen en forma mayoritaria los órganos de decisión en los distintos niveles del Instituto Federal Electoral, así como funcionarios del organismo, revisados y condensados con criterios tan críticos y exigentes, que con mucho, excedieron los requisitos que por ley les eran exigibles, con la supervisión directa de los partidos políticos.

Se nombraron, registraron y capacitaron, en su caso para operar, cuidar y observar la jornada electoral, a cientos de miles de mexicanos que como nosotros conocieron una realidad distinta de la que hoy algunos parecieran querer desvirtuar.

La materia electoral, como actividad humana, será permanentemente perfectible; no desconocemos ni negamos errores o deficiencias, pero pretender magnificarlos o generalizarlos, es tanto como oponerse a un claro mandato de la sociedad. Los votos han sido un mandato indubitable de cambio, indubitable de cambio, sí, pero el cambio con rumbo y responsabilidad que con claridad, viabilidad y congruencia lleven la vida social, económica y política de México, a mejores estadios en la paz social.

De manera contundente y clara, la mayoría de los votos válidos en esta jornada electoral determinaron que estas características las reunió el candidato, al que hoy debemos declarar presidente electo de los mexicanos, al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Jesús Zambrano.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Este Colegio Electoral, no solo se está negando a calificar la elección presidencial por decisión de una mayoría que no quiere ver, ni oir, ni razonar, y no sólo eso, no sólo se está negando a calificar, sino que nos está llevando a que tengamos que hacernos escuchar de verdaderas tesis doctorales, obviamente propias de un doctor en derecho, sobre lo que podríamos catalogarle: ¡las tesis de la defensa del fraude patriótico!

Dice el diputado Moreno Collado, que como en ningún lado está establecida la posibilidad de declaratoria de nulidad de la elección presidencial, luego entonces, es imposible llegar a esa conclusión, sí se ha demostrado en un momento determinado que existen causales suficientes de nulidad. No solo eso, llega al extremo de decirnos: ¡que incluso puede hasta anularse el 50% de las casillas y la elección debe declararse válida, sean cuales fueran sus resultados!

Yo no esperaba escuchar esto de un compañero diputado, a quien como funcionario conocí y traté en otros momentos. Pero cuando se trata de defender lo indefendible, ¡pues se llega al terreno de lo irracional y de lo in-sos-te-ni-ble!

Dice el artículo 1o. del Cofipe: "que las disposiciones de este código son de orden público y de observancia general", y la teoría general de las nulidades, doctor Moreno Collado, compañero diputado, establece: "que los actos cometidos en contra de las normas de interés público no producen efectos jurídicos y por tanto son nulos".

Y el artículo 74; fracción I de la Constitución, determina calificar la elección de presidente en la forma que establecen las leyes. Una de estas leyes es justamente la ley fundamental que rige a los procesos electorales y nos establece un conjunto de normas que son válidas para algunos de los tipos de elecciones y no se explicitan para el caso de la elección de Presidente de la República.

La declaración de validez de la elección de diputados y senadores están establecidas en los artículos 247 párrafo primero, fracción hay 256 párrafo primero, inciso c, cuyo procedimiento, según ahí se señala, es en primer lugar verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la elección.

Por otro lado, el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso, su párrafo segundo, que leímos y discutimos su interpretación, aunque está muy claro cuál debe ser el sentido de la interpretación, en múltiples ocasiones en el seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a la cual no pertenezco, pero en la cual estuve trabajando permanentemente durante todos los días que nos antecedieron, como parte de la bancada del PRD, dice que: "para producir su dictamen, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se basará en los resultados consignados en las actas oficiales de cómputo distrital y, en su caso, en las resoluciones de las salas central y regionales del Tribunal Federal Electoral, recaídas sobre los recursos de inconformidad previstos en la ley de la materia".

Son las dos cosas. No fue hacer sólo el cómputo sobre la base de las actas de cómputo distritales. A lo segundo no se quiso entrar y a lo primero se le entró muy mal, porque como ya vimos nos trajeron aquí fe de erratas; erratas con "e".

Es imposible sostener lo que vino y sostuvo aquí nuestro compañero diputado Moreno Collado. Eso sí es en verdad "agarrarse, como alguien les dijo en la Comisión de Gobernación, de un chorro de agua" para tratar de subir.

Aquí se ha traído, por otro lado, hace unos momentos, la referencia al tema del padrón electoral. El padrón electoral, como lo reconocen las legislaciones de prácticamente todo el mundo, constituye prácticamente el 50% de lo que son la base de la realización de elecciones democráticas confiables e incuestionables. Por ellos es que ha sido también motivo de tanta discusión.

La historia del padrón, de los padrones electorales en México, del "moderno" padrón electoral, arranca prácticamente de los cuestionamientos que se le hicieron desde 1988. Durante la consulta popular para la reforma política realizada en 1989, hubo un consenso de todos los partidos políticos, a excepción hecha del PRI, de que necesitábamos un nuevo padrón y que necesitábamos, además, avanzar hacia la creación de una cédula de identidad que sirviera de base para la elaboración del padrón electoral.

No fue, sino hasta principios de 1990, cuando se reconoció la necesidad por parte de la autoridad electoral, de que fuéramos a hacer una depuración del padrón de 1988, el que se utilizó en 1988. Pero hubimos de soportar nuevas monstruosidades y nuevos atracos electorales, como el que sufrimos en la elección extraordinaria municipal en Uruapan, en junio de 1990, para que por parte de la autoridad electoral se reconociera, en boca de su propio presidente, en aquel entonces de la Comisión Federal Electoral, que era necesario ir a un nuevo padrón, partiendo absolutamente de cero, porque el que se utilizó en las pasadas elecciones de 1988, era totalmente inconfiable y estaba adulterado, según sus propias palabras.

Sin embargo, cuando quisimos entrar a discutir todo lo concerniente a la instalación del Registro Nacional de Ciudadanos, se nos dijo que ya no había tiempo para que se construyera para la elección federal de 1991 y se tuvo que entrar a crear un nuevo padrón electoral y a emitir la llamada credencial naranja.

Esta, que le costó cerca de medio billón de viejos pesos al país, sólo hubo de servir para una sola elección federal. Según los cuestionamientos mismos de que se dieron cuenta por parte de ciudadanos y partidos políticos en la elección de 1991, el 18 de agosto y según lo reconoció el propio Registro Federal de Electores, al hacer una verificación conducida por ellos mismos, había un 4.63% de irregularidades, que les llevaba a partir de cuestionamientos que dos de los partidos políticos hicimos sobre la confiabilidad de esos listados y sobre la inconfiabilidad de la credencial naranja, tuvieron que admitir la necesidad de una depuración, que se llamó integral del padrón y a crear otra credencial, apenas a casi 10 meses de que se había usado la anterior y que era también nueva.

Exigimos, peleamos hasta el final, porque se creara un Registro Nacional de Ciudadanos, que ya estaba establecido en la Constitución, por cierto y se nos dijo de nueva cuenta: ¡Ya no hay tiempo señores! ¡Espérense otro ratito, vamos a pasar la elección de 1994 y luego después la echamos adelante!

¿Por qué? Pues, porque al final de cuentas lo que estaba en el fondo es que no se quería avanzar hacia la creación de listados y de instrumentos electorales que sirvieran de base para los comicios electorales de 1994, que fueran confiables. Se quería tener el margen de maniobra, que al final de cuentas se tuvo, para adulterar estos instrumentos electorales.

Nunca, como dice el dictamen de la Comisión de Gobernación, los partidos políticos tuvimos acceso permanente, real y directo a la base de datos viva en el padrón electoral, ¡no es verdad! Y ésta es una verdad que ya se hizo oficial y que la asumió como suya el Partido Revolucionario Institucional, que fue el que al final de cuentas se convirtió en Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados.

El programa de nueva credencial para votar con fotografía, tampoco cumplió con permitir el acceso de la ciudadanía a hacer sus propias verificaciones antes de la elección. No se logró lo que a final de cuentas se quería, en el sentido de que contáramos con una credencial inviolable, con un instrumento electoral que no se adulterara. ¿Por qué decimos que el proceso de fotocredencialización no fue, no estuvo apegado al cumplimiento de la ley? Porque a partir de una forma amañada en la que se hizo la llamada planeación a detalle para la creación e instalación de módulos en donde se iba a desarrollar el proceso de fotocredencialización, se logró una exclusión importante de ciudadanos, en este caso concreto por ejemplo, de cada tres campesinos, uno fue excluido del padrón y tenemos las pruebas para demostrarlo. Un conjunto de domicilios falsos se introdujeron y se sembraron en el padrón electoral para posibilitar también la existencia de fantasmas.

La exhibición de listados no se hizo ni en los tiempos establecidos ni en la forma en que establece la ley en este terreno, también lo fundamentamos y lo demostramos en el seno de la Comisión Nacional de Vigilancia y en el Consejo General del IFE.

Podemos hablar de muchos de los aspectos que no fueron cumplidos y que fueron violatorios en su momento de la legalidad. Las auditorías que se realizaron, incluso se habla de 38 auditorías, es otra de las innovaciones de este sistema político mexicano al hablar de auditorías, de cuando una institución se hace sus propias revisiones y se dice que se hizo una auditoría y sale siempre que uno la hace porque está muy bien el estado contable de esa institución, y eso es lo que hizo en el caso de 34 verificaciones, el Registro Federal de Electores; no es verdad, lo que se consigna por ello mismo en el dictamen de la mayoría priísta e incluso las verificaciones que hicieron McKinsey y la que hicieron los partidos políticos; ocho partidos políticos dirigidos por el registro nos hablan de la existencia de cerca de 20% de ciudadanos que debiendo estar en el padrón, no aparecían en los listados y eso lo dicen los propios documentos; yo voy a dejar una copia de esta documentación aquí en la Secretaría.

Esta es, junto con el hecho de más de 1 millón de ciudadanos a los que según también consta en documentación oficial, se les generó la credencial un día antes de que concluyera el proceso de fotocredencialización y, que por lo tanto, tampoco pudieron tener en sus manos la fotocredencial; son la causa del problema que vivimos el día 21 de agosto en las llamadas casillas especiales. Esos fueron los que aparecieron rasurados, que fueron a las casillas a votar y que no pudieron hacerlo, porque habían sido rasurados del padrón.

Yo voy a dejar en manos de la mesa directiva, a través de la Secretaría, un legajo, que no les moleste la verdad, compañeros, yo voy a dejar en manos de la mesa directiva a través de la Secretaría, un legajo de cerca de 1 mil denuncias presentadas por ciudadanos del distrito V, del D.F., que interpusieron, tuvieron la valentía de presentar ante la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, su queja por haber sido eliminadas de los listados electorales, teniendo su credencial para votar. Esta es la verdadera auditoría ciudadana que se negaron a hacer antes del 21 de agosto y tengo pruebas también para señalar cómo en el Estado de Chiapas, en varios distritos, tengo documentos públicos que debieron haberse revisado, si este Colegio Electoral hubiera querido examinar y calificar la elección, haber revisado y si hubieran revisado también este otro conjunto de actas que establecen las denuncias de ciudadanos de carne y hueso que fueron rasurados del padrón. Eso es lo que no quiso analizar la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y esto es lo que no quiso y no quiere analizar el Colegio Electoral, porque según la tesis doctoral del diputado Moreno Collado, solamente debemos venir a hacer el cómputo de la elección y no tenemos otra más que declarar la validez de la elección en defensa de la tesis del fraude patriótico. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Luis Sánchez Aguilar .

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hemos escuchado hoy aquí, la lectura de un dictamen que se inició ayer por la tarde, que presenta un divorcio absoluto con la realidad; trata de esconder un fraude electoral realizado por razón de Estado: mantener la continuidad de un modelo autoritario antidemocrático en lo político, neoliberal en lo económico y dispuesto a consumar el genocidio social que se inició hace 12 años.

Para ello, el régimen no ha tenido empacho en recurrir a todas las formas primitivas de la defraudación electoral y desde luego las innovaciones, la modernidad. La Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo, la ADESE, fundada en 1987 y que en 1988 emitió su primer dictamen, ha dado a conocer sus análisis sobre los comicios del 21 de agosto. Ellos revelan que del total de casillas, 64 mil 506 de ellas estuvieron afectadas por modalidades diversas de defraudación, lo que equivale a un índice del 66.9%.

En términos de proporción directa, en el total de casillas ocurrieron más de 12 millones de violaciones a la seguridad del sufragio; tomando en cuenta que la votación nacional efectiva fue de aproximadamente 35 millones, se tiene un grado de afectación del 37%.

La ADESE logró desentrañar, en los sótanos del hampa electoral, la denominación de esta operación, se le llamó "operación contadora". El principio básico de la contabilidad, todos lo sabemos, es la partida doble, el fraude en esta elección también lo fue por doble partida: por un lado se restan votos a la oposición real, por el otro se suman votos falsos en favor del candidato oficial.

De conformidad con el censo de población, en México hay 50 millones de ciudadanos. El Registro Federal de Electores desde luego, no los empadronó a todos, dejó fuera a tres; no a todos les entregó credencial, y no todos los que tenían la fotocredencial, aparecieron en el listado nominal. Total, 9 millones de rasurados, fundamentalmente en secciones de alta votación previa en favor del cardenismo, lo anterior sin computar otros 7 millones de compatriotas que por la desdicha temporal de radicar en Estados Unidos como indocumentados, no pudieron ejercer su derecho, porque el Gobierno no los empadronó.

Todos sabemos que el artículo 41 de la Constitución, establece los criterios a que debe sujetarse una elección federal: certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.

Esos principios, desde luego, no han sido respetados ni satisfechos.

Dice el informe que nos presenta la Comisión de Gobernación, que fue transparente la captación y utilización de los recursos que el Cofipe impuso, que se respetaron los montos. Esto no es más que un engaño y una falsedad, porque en el mismo Cofipe, hecha la ley, hecha la trampa, se permitió la donación anónima. Si anónima la donación, desconocido el nombre y el monto de la aportación.

Y es así como el partido de Estado pudo financiar, inspirados por Antonio Ortiz Mena y su pase histórico de charola a los magnates de este país, la captación de recursos para financiar la más dispendiosa campaña de la historia.

El Instituto Mexicano de Opinión Pública (IMOP) hizo el seguimiento, recorrió el país tras el candidato oficial, participó en todos sus actos, computó el costo, subrayo, no hablaré del gasto que oficialmente el PRI dice haber erogado, sino lo que le cuesta al pueblo esa campaña, porque el secretario de finanzas del PRI podría decir que en sus balances no aparece tal erogación, es un regalo de los banqueros, o de Televisa, pero había que preguntarle a los señores de Televisa o de Banamex, a cambio de qué han hecho esas donaciones.

El Instituto Mexicano de Opinión Pública llegó a la siguiente cifra: 1 mil 250 millones de dólares, 25 veces más de lo que gastó Bill Clinton en su campaña electoral, cuando la economía de México es 25 veces más pequeña que aquélla.

El candidato, triunfante en las recientes de un país más grande que éste, en Brasil, el señor Cardoso acaba de someterse a una auditoría, 30 millones de dólares costó la campaña presidencial que él acaba de realizar.

Dice la Comisión de Gobernación que por primera vez en un proceso electoral, pudieron observar la jornada observadores independientes. Esto también es otra falsedad, el Cofipe introdujo la figura de la observación y creó la del observador, mas no para promover y alentar la observación libre e independiente, sino para controlar a los observadores; para pagarles, inventó la observación mercenaria, que impone desde luego condiciones y requisitos.

Había que irse a registrar a las nóminas de Gobernación. Resultó falso también que la ONU estuviese patrocinando. El Gobierno mexicano, el IFE, constituyeron en Nueva York, un fideicomiso a nombre de la ONU, para que de allá viniera lavado el dinero de los contribuyentes en beneficio de esos observadores que tenían que someterse a los dictados del IFE. Prácticamente pueden observar todo lo que quieran a cambio de no decir casi nada.

El IFE también innovó, dijo que todo aquel que quisiera hacer observación, encuestas, conteo rápido, tenían que ir a registrar sus métodos y presentar sus estudios ante la dirección jurídica del IFE. Eso es un despropósito porque viola la Constitución. La Carta Magna establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, artículo 6o., y establece que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura artículo 7o. y esto es lo que hizo el IFE.

El día de la elección el IFE inclusive llegó al exceso el IFE de decretar un embargo informativo: nadie puede informar nada hasta que yo diga, así dijo el monarca y estableció horarios. Esto es lo que desde luego se hace en regímenes fascistas, esto hacía Goebbels, esto hacía Franco, lo hizo Oliveira Salazar, también Somoza y desde luego, Pinochet. Que no se nos venga a hablar entonces del clima de libertad y de respeto a las garantías individuales.

Dice el reporte de la Comisión de Gobernación: "la participación de las fuerzas armadas, antes, durante y después del proceso electoral, fue totalmente, reitero, totalmente apegada a derecho". Y quiero recordar junto con ustedes que el artículo 129 de la Constitución dice a la letra: "en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". Y yo me pregunto, ¿qué hacía el general Domiro García Reyes el día del asesinato de Colosio como su guardaespaldas? Y me pregunto si no ofende la dignidad del Ejército que los soldados del glorioso Ejército sean usados como ayudantes, choferes, maleteros de un candidato presidencial. Por más respetable que sea el partido, su candidato es un ciudadano común y corriente, es un simple mortal y no creo que esa actividad de los militares del estado mayor presidencial, tenga exacta conexión con la disciplina militar. Tampoco estamos en tiempo de guerra, como no sea la de Chiapas, que el Gobierno no reconoce puesto que se niega a aceptar la calidad de beligerante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que comanda el insurgente subcomandante Marcos.

También dice el reporte de la Comisión de Gobernación, que en los resultados y los análisis no encontraron mayores pruebas de irregularidades. Tengo a la vista listas nominales de cinco casillas de Maravatío, Michoacán, cuatro de Tarandacuao, Guanajuato. En dos entidades diferentes aparecen en nueve listas nominales los mismos 27 mapaches, como los denomina el ingenio popular. Aquí están sus nombres, aquí están sus credenciales de elector y fueron seguidos por la red ADESE-IMOP en su recorrido por ambos municipios.

ABC concluyó que hubo un millón y medio de electores fantasmas, que habrían votado en promedio cinco veces para darle al candidato oficial más de 7 millones de votos falsos. Ahí no hay transparencia, no hay legalidad, no hay objetividad, se ha violentado el proceso electoral...

Son dos ciudades muy cercanas, compañero, no más de 40 kilómetros. Invito a que haga usted el recorrido.

El Presidente:

Diputado Sánchez Aguilar, tiene un minuto para redondear su intervención.

EL diputado Luis Sánchez Aguilar:

Muchas gracias, señor Presidente:

Consideramos nosotros que en estas condiciones esta cámara debe reflexionar en la trascendencia de sus actos. Permitir que aquí se acepte el criterio peregrino de una cámara estéril y castrada, como lo ha propuesto la bancada priísta, que no pueda tomar determinación alguna, sería violentar el derecho supremo de la soberanía nacional para decretar la nulidad de la elección.

Nosotros demandamos como representantes populares, que esta soberanía se pronuncie:

Uno. Por la nulidad de la elección, por cuanto han sido violentados todos y cada uno de los principios establecidos por el artículo 41. Repito, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Ni por separado, ni mucho menos todos juntos, fueron satisfechos en este proceso electoral.

En esa virtud demandamos que se proceda a la convocatoria a una nueva elección presidencial en los términos constitucionales y desde luego, a la elección de un presidente interino, el 1o. de diciembre.

Estamos convencidos de que por la vía de mayoriteo priísta, como ya se ha demostrado aquí, refutando la tesis de Levín Coppel, en el sentido de que habría un nuevo pacto político, esta oferta duró 24 horas, ciertamente podrían los diputados priístas sacar adelante un dictamen denominado "de legal", pero que ante la historia será rotundamente ilegítimo. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Eduardo Escobedo.

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Ni 7 millones, ni 17 millones de votos que ha recibido Ernesto Zedillo son fantasmas; son personas de carne y hueso que merecen respeto de parte de este Colegio Electoral y de la sociedad toda.

No puedo antes de empezar la exposición, sobre varios temas que aquí se han tocado, dejar de reprobar con energía los calificativos, las injurias, el denuesto, en contra de mi compañero Dionisio Pérez Jácome.

Me parece, compañeros, que todos en este recinto tenemos una obligación de respeto elemental que nos debemos unos a otros y en ese sentido es que hacemos esta reprobación de lo que aquí hace tan sólo unos minutos se dijo sobre el diputado.

Pasemos, compañeros, sobre algunos de los puntos que aquí se han mencionado para tratar de desvirtuar la calificación y los resultados que se establecen en el dictamen que nos ocupa y empecemos, compañeros, con lo relativo a la instalación de casillas que aquí se tocó, es un punto fundamental que aquí vino a señalarse como una de las graves irregularidades tenidas, acaecidas el 21 de agosto.

No hay más que ver los datos que se desprenden del informe de los consejeros ciudadanos del Consejo General del IFE, para observar ahí un dato contundente que expresan los propios consejeros ciudadanos: 96 mil 415 casillas aprobadas, 96 mil 393 instaladas y la aprobación de esas casillas, decididas por unanimidad en los consejos distritales en 296 casos de los 300 distritos electorales uninominales del país.

No hay lo que se ha pretendido señalar como el operativo de fraude monstruoso a partir de la sustitución de 82 mil funcionarios de casilla, esto es parte de la argumentación que se vino a decir sobre el particular, y para eso veamos entonces el informe que presenta el presidente del Consejo General del IFE y que remite a este Colegio Electoral, en donde en su página 39, relativo a la sesión del 6 de agosto, señala: "...acuerdo del Consejo General del IFE por el que se establecen los procedimientos que deberán seguir los consejos y juntas distritales y ejecutivas para la designación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, en lugar de aquellos que por causas supervenientes no puedan desempeñar el cargo designado".

Aprobado por unanimidad y sobre todo, de las versiones de lo dicho en esa sesión, tenemos que la curiosa propuesta sobre el particular parte del señor Del Villar, que pertenece al PRD.

Este señor, Del Villar, señala que hace tres propuestas para complementar el proyecto del acuerdo, desarrolla las tres propuestas, está aquí la versión respectiva y la dejo en poder de la Secretaría, la complementa otro partido político, se somete a consideración del consejo general respectivo, se aprueba por unanimidad y se dicta un acuerdo que es la base para llevar a cabo las sustituciones respectivas a las que aluden después los consejeros ciudadanos, señalando que en virtud de ese procedimiento aprobado, que partía de tomar de las listas de insaculación a los propios sustitutos y de incrementar con la propuesta de otro partido político a partir de la letra A, se hacen entonces esas 82 mil 261 sustituciones, de las cuales en 67 mil 602 se recurrió a los ciudadanos de la lista de la primera insaculación y ya capacitados, atendiendo al criterio alfabético correspondiente, 12 mil 755 casos que hace a los ciudadanos que resultaron seleccionados en la primera insaculación, aunque no hubieran sido capacitados, y en 1 mil 913 la sustitución se basó en el total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de la sección correspondiente.

Esta cuestión que ahora se viene aquí a objetar de la sustitución que se hizo para prever un caso que efectivamente debiera de considerar el IFE, para tratar de cubrir las eventualidades sobre los riesgos de que por ellos supervenientes los funcionarios designados y capacitados no se presentaran el 21 de agosto, esta cuestión surge por unanimidad y consejo a propuesta paradójicamente del partido que viene aquí a alegar que ésta es la causa de uno de los motivos del fraude electoral del 21 de agosto. Dejamos este documento en poder de la Secretaría respectiva.

No podemos nosotros dejar de considerar tampoco ni de minimizar el esfuerzo tremendo de los ciudadanos que estuvieran ahí el 21 de agosto. Este tipo de argumentaciones que se vienen a señalar aquí independientemente de caer por su propio peso por los documentos que aquí hemos mencionado, vienen a poner en entredicho un esfuerzo ciudadano impresionante que los propios consejeros ciudadanos mencionan y con el cual ellos terminan diciendo que:

"Se puede decir que en el proceso electoral federal de 1994 se dio un avance importante en la confiabilidad de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de las mesas directivas de casilla, así como de su capacitación. Los mecanismos de designación y control de estos funcionarios, aseguran un alto índice de imparcialidad en sus actuaciones, con lo cual se cumple con el propósito de objetividad de todos los órganos electorales que informa a toda la legislación electoral. Junto con lo anterior y de manera muy destacada, debe darse cuenta de la importante labor de capacitación y participación ciudadana, que se dio a través de los funcionarios de casilla, que en total fueron más de 700 mil ciudadanos."

Otro de los puntos, además de la ubicación y de la instalación de las casillas y de la integración de este ejército, de cerca de 384 mil 588 ciudadanos que estuvieron ahí el 21 de agosto, es el que se refiere a la cuestión de las boletas electorales. Y me parece que si aquí se vienen a señalar también cifras y datos entresacados del informe de los consejeros, vale que también el Colegio Electoral sepa, que en las amplias discusiones que tuvimos en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se hizo un análisis pormenorizado de este tema. Que aquí se vengan a decir parcialidades es otra cosa.

Efectivamente en la página 41 del informe de los consejeros ciudadanos identificado en el cuaderno dos se menciona que en 178 casos de los 268 de los 300 distritos examinados, había una coincidencia plena entre las boletas recibidas por los consejos distritales y entregadas a los presidentes de las mesas directivas de casilla, y habla que en 50 casos y en 11 casos, en total 61 casos, había diferencias de más uno o de menos uno y explica puntualmente las razones a las que se debían esas diferencias.

Esta cuestión de un error en México de más uno o de menos uno, llegan al porcentaje de las coincidencias prácticamente plenas a cerca del 90%, y los 29 casos restantes los explican puntualmente los consejeros ciudadanos. Señala concretamente cuáles son las diferencias de más de dos y hasta menos de 165 y qué es lo que hubiera pasado si a las menores se les suma al partido que obtuvo el segundo lugar y a las demás se les resta al partido que tuvo el primer lugar.

Y explica en la página 43 las cuatro razones contundentes que se refieren a ese señalamiento que el propio Consejo General del IFE está mencionando.

Hay otro punto, compañeros, central, que me parece indispensable tocar. La parte fundamental de la argumentación del PRD en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y aquí lo estamos viendo en este colegio electoral, ha sido el señalamiento de esa pretendida extemporaneidad de las resoluciones del Trife por las cuales las impugnaciones que ellos habían planteado en los recursos de inconformidad subsistían.

Aparte de haber cuestiones de cifras que no checan, mientras el documento de Samuel del Villar habla de 123, ellos hablan de más de 154, pero independientemente de la cuestión de cifras, hay un punto que aquí ha sido reiterado y que nosotros queremos reiterar porque es la base precisamente para que la comisión realizara la calificación y el cómputo tal como lo ordenan los artículos 19 y el 20 de la Ley General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. No se trata, como aquí se vino a decir, con todo respeto por un señor diputado, que es una cuestión de criterio que la ley posterior deroga a la anterior.

Es, efectivamente, un principio general de derecho, pero es una disposición, compañeros, legal, establecida en el artículo 9o. del Código Civil y que dispone: "La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior..."

Y ambos ordenamientos, desde luego que no podría tratarse de otra manera, porque ambas son leyes. La Ley Orgánica y el Cofipe son emanadas del mismo Congreso de la Unión y esta Ley Orgánica del Congreso, publicada el 20 de julio de 1994, establece con precisión en el penúltimo párrafo que las salas del Tribunal Federal Electoral deberán resolver y notificar las resoluciones de los recursos de inconformidad a más tardar tres días antes que se instale el Congreso de la Unión.

Y eso, señores, es indiscutible para que con base en ese principio general de derecho y con base en esta disposición del artículo 9o. del Código Civil venga a derogar lo dispuesto por el artículo 331 del Cofipe. Pero aquí hay un punto además adicional, aquí el punto es que el PRD está por él mismo atrapado en un punto sin salida y si nosotros examinamos, compañeros, un artículo que creo que ha pasado desapercibido, que es el 335-A del Cofipe, en el inciso b, señala con toda precisión que el recurso de reconsideración puede caber para modificar o revocar las resoluciones a que se refiere el anterior artículo que es el 335 y el 335 en un inciso f, establece con precisión que se puede, vía el recursos de inconformidad, obviamente declarar la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas y en consecuencia modificar el acta de cómputo distrital.

En consecuencia, ese artículo del Cofipe, 335-A inciso b, que remite al f, del artículo 335, está permitiendo que se presentaran recursos de reconsideración en contra de las resoluciones a los recursos de inconformidad del Tribunal Federal Electoral respecto de la elección presidencial. Es claro el artículo que se refiere a la elección presidencial. Este precepto, compañeros, este 335-b también está derogado por el artículo 20 del Congreso de la Unión, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Si no fuera así y cayéramos entonces en la tesis que se ha mencionado, de que nada tiene qué ver la Ley Orgánica del Congreso con el Cofipe, estaríamos ante la perfecta conclusión de que pudieron entonces intentar un recurso de reconsideración y que efectivamente no se intentó ninguno y por lo tanto, en los términos del mismo Cofipe, serían definitivos e inatacables los actos que el PRD está impugnando. Me parece que no hay duda en esto; está claro que no hay ninguna extemporaneidad. Aquí se hablaba de cuestiones de teorías de nulidades y yo quiero señalar simplemente que esas nulidades no tendrían...

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo (desde su curul):

¿Me permite una pregunta?

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

No le permito ninguna pregunta.

El Presidente:

Perdón. Las preguntas se formulan por conducto de la Presidencia. Diga usted.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo (desde su curul):

Pregunte al orador si acepta una pregunta.

El Presidente:

Preguntan, señor orador, si acepta usted una pregunta.

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

Con gusto. Rectifico y sí la acepto.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo (desde su curul):

Para ver si entendí bien. Usted está diciendo que para la elección presidencial la sala central del Tribunal Federal Electoral aceptaba reconsideración de fallos que previamente se habían aceptado en las salas regionales. ¿Es eso lo que usted está diciendo?

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

Le voy a decir, señor diputado, que si usted es tan amable de leer el artículo 335-A del Código, inciso b, dice que:

"Las resoluciones de fondo del Tribunal Electoral que recaigan a los recursos de reconsideración podrán tener los siguientes efectos:

b) Modificar o revocar la resolución impugnada en los términos de los incisos b al f."

Y si usted ve el f, del artículo anterior, que es el 335, dice:

"Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas para la elección presidencial..."

Luego entonces, si nos atenemos estrictamente a lo que dice esto, hubiera cabido el recurso de reconsideración, señor diputado, contra la elección presidencial hubiera el recurso de reconsideración. No cabe porque está derogado ese artículo 335-A, inciso b, está derogado por el penúltimo párrafo del artículo 20 de la ley orgánica, que establece que solamente son resoluciones de inconformidad que se emiten por la sala central y regional.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo (desde su curul):

Perdóneme, está usted equivocado.

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

Por favor, señor diputado, lea usted el artículo y lo va a ver.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo (desde su curul):

Lea el artículo 60 de la Constitución.

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

Si usted lee el artículo 60 de la Constitución, señor diputado, con mucho gusto. Lo puede usted seguir... No lo tengo aquí, pero bueno, creo saberlo. Démelo... Muchas gracias. No le voy a leer el 60, le voy a leer el 41, porque el 60 no es aplicable.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo (desde su curul):

¡Lea el 60, lea el 60!

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

No, señor diputado, el 60 no es aplicable. El 60 es aplicable, señores diputados, si estuviéramos en un procedimiento de autocalificación de las cámaras, que ya no existe.

Mire, le voy a leer el 60:

"El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaratoria de validez y asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de la Constitución y la ley.

La declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnados ante las salas del Tribunal Federal Electoral, en los términos que señale la ley.

Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, exclusivamente podrán ser revisadas por la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, mediante el recurso que los partidos políticos podrán interponer cuando hagan valer agravios debidamente fundados, por los que se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de esta sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación."

Ya sé, señor diputado que dice "exclusivamente". Pero también ya sé que esto, señor diputado, está referido al artículo 60 que habla de diputados y senadores. Por eso le decía yo que el aplicable es el 41, no el 60. Entonces si usted me permite, y la Presidencia me lo permite, entonces voy a acudir al artículo 41 de la Constitución.

El Presidente:

Adelante, diputado.

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

Gracias, señor Presidente y mire usted lo que dice el doceavo párrafo del artículo 41 de la Constitución, dice, cuando habla del tribunal, y fíjese en las comas, ¿eh?, porque creo que aquí el punto clave es eso:

"El Tribunal Federal Electoral tendrá competencia para resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de esta Constitución y la ley (coma) las impugnaciones que se presenten en materia federal electoral". Ese es un supuesto, señor diputado.

Segundo supuesto, porque dice (coma) "las que establecen los párrafos segundo y tercero del artículo 60 de esta Constitución que ya vimos (coma)" y tercer supuesto, "las diferencias laborales que se presenten con las autoridades electorales establecidas por este artículo".

Son tres supuestos. El segundo se refiere a diputados y senadores. El primero, obviamente, se refiere a cuestiones que podrían caber tanto en la elección de representantes a la Asamblea, que está regulada en el último título del Cofipe, como la cuestión de la elección presidencial.

El Cofipe por eso, en el 335 inciso b, que estoy citando y que habla expresamente de la elección presidencial, sería absurdo que entonces en el recurso de reconsideración para qué cita el 335-A, expresamente la elección presidencial. Sería absurdo que lo citara, ¿verdad? Deja la puerta abierta, pero esta disposición secundaria se deroga porque el artículo 20 precisamente lo deja sin efecto, por ser la ley posterior ¡Y por lo tanto, aplicarse el mismo criterio para echar abajo la argumentación de ustedes de la extrapolaridad de los recursos dictados por el tribunal, respecto a las resoluciones del recurso de inconformidad que ustedes presentaron! Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Ha solicitado la palabra, para rectificar hechos, la diputada Graciela Rojas.

La diputada Graciela Rojas Cruz:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

En un momento pasará el compañero Saúl, para que hable puntualmente sobre lo que aquí decía el señor Escobedo.

Yo lo que les quiero decir es que aquí...

El Presidente:

Diputados, les recuerdo el principio de orden y respeto que merece este local.

La diputada Graciela Rojas Cruz:

Que los miembros del PRI se han ufanado de que ha habido certeza, legalidad e imparcialidad en las elecciones, en el proceso electoral. ¡No es cierto, señores!

¡No es cierto! ¡Lo que pasa es que ustedes mienten con una gran facilidad!

¡Y para muestra, señores, bastan algunos botones!.. El día 2 de junio de este año, se encontraron en botes de basura en la calle, 5 de febrero, se encontraron nueve credenciales electorales.

Al verificar esas credenciales electorales, al ir a los domicilios, se encontró que tres personas no vivían, no las conocían. ¡Ah!, sin embargo estaban en el listado nominal. Es decir, recibieron las credenciales. Y también estaba una persona que había fallecido año y medio antes y también consignaba el listado nominal su nombre y dirección. Y es decir también recibió su credencial. Es decir, ¡el Registro Federal de Electores inventa ciudadanos en domicilios y entrega credenciales a los muertos!

¡Pero no sólo eso, señores, no sólo eso señores! ¡También se encontró en un trailer 17 toneladas de credenciales destruidas! ¡Esas credenciales son de los ciudadanos que fueron vuelta y vuelta a los módulos y que jamás se las dieron! ¡Son las credenciales de los ciudadanos que fueron "rasurados" del padrón y de la lista nominal! ¡Y aquí están, aquí están señores! ¡Y pueden venir a verlas!

¡Y yo les quiero decir, ríanse, síganse riendo, que más temprano que tarde este país será democrático y ustedes y su partido de estado serán una página negra en la historia de este país! ¡Así se leerá la historia, señores!

¡Pueden decir y hasta echar montón y venirse, como vienen allá! ¡No tienen una pizca de decencia!

¡Algunos diputados del PRI, como el señor Ovalle, por lo que dijo, o el señor Collado, que dice que el Colegio Electoral es una calculadora para sumar! ¡Qué es eso, señores!

¡La Constitución, el artículo correspondiente, dice que el Colegio calificará, no dice que es una calculadora! ¡Ah, pero en la ley orgánica en el artículo 20 sí dice, sí, que hará la sumatoria, el cómputo; contraviene la ley orgánica el aspecto central de la Constitución! ¡Por eso les digo, no se ufanen, no hubo certeza, no hubo legalidad, no hubo imparcialidad, no hubo objetividad, que deberían ser los principios rectores para llevar una elección!

¡Sí, síganse riendo, digan lo que quieran, insulten, que lo hacen bastante bien! Gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Andrés Galván Rivas.

Rogamos orden en la sala para escuchar con atención al señor orador.

El diputado Andrés Galván Rivas:

Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:

Es una honra estar en esta tribuna, la más alta de la nación y dirigirse a este honorable Colegio Electoral, compuesto por gente libre, compuesto por gente que quiere ser libre y compuesto por gente que no la dejan ser libre.

Acción Nacional desde su fundación y especialmente desde 1988, ha participado en un diálogo plural, tendiente a ensanchar los caminos y los cauces hacia la transición democrática. Con este ánimo participamos en la elaboración de nuevos instrumentos legales, a fin de que sus resultados fuesen satisfactorios a todos, independientemente de quién o quiénes resultaran beneficiados; obviamente, con el voto limpio del pueblo de México.

Por ende, buscamos que la pluralidad sea reconocida de manera cabal, mediante el voto de todos los mexicanos.

Hace unos días, aquí, en esta gran tribuna de la nación, escuché de un compañero del grupo del partido dominante...

El Presidente:

Permítame, señor diputado.

A los señores diputados que están distrayendo la atención en la sala, se les ruega comportarse para escuchar con atención al orador.

El diputado Andrés Galván Rivas:

Hace unos días escuchaba en esta tribuna a un miembro del grupo dominante y quiero aclarar aquí que es falso lo que decía; que la oposición considera limpias las elecciones, cuando las ganamos y quiero decir, en primer término, que en México aún todavía no hay elecciones limpias. Quiero decirles, compañeros diputados, que mientras se dé el binomio partido-gobierno, impide que haya una genuina y limpia democracia porque cuando la oposición gana para el que gritó que en Chihuahua, óiganlo bien, cuando la oposición gana y se reconoce su triunfo, como se reconoció en algunos lugares de México, esto significa que el pueblo de México ha superado las prácticas ilegales de este corrupto sistema y compañeros diputados, en el fondo lo que siempre sucede, lo que siempre ocurre, en todas las elecciones de nuestro país después de un proceso electoral fraudulento nos piden las pruebas, señores, las pruebas, pero déjenme decirles, señoras y señores diputados, que el ladrón no deja factura pero regresa en cada elección.

Por otro lado cabe señalar que el fenómeno defraudatorio moderno, (entre comillas) se vale de métodos sofisticados que dificultan cada vez más su comprobación. Ahora bien, urge hacer la revisión del contexto general en que contienden los partidos políticos de México, así como lograr la superación inmediata de las iniquidades e injusticias que obstaculizan la vida democrática, al favorecer con todo esto contra toda ley y derecho, al grupo dominante; lamentablemente todavía en México se vive una lucha desigual entre los partidos de oposición contra el Gobierno y su partido. Aunado a ello existe el monopolio de los medios televisivos en favor del partido oficial y el aprovechamiento que el gobierno y el partido hacen para fines políticos de los programas de solidaridad y del Procampo.

Y esto, señores diputados, si queremos que en México las cosas sean diferentes tendrán que cambiar; en toda democracia, en toda democracia auténtica, los medios de comunicación, así como los recursos del estado deben estar al servicio exclusivamente de la sociedad, por ende no de los gobernantes. Estos medios deben de garantizar la competencia equilibrada y justa entre los contendientes y no favorecer el interés conjunto del gobierno y su partido.

Pero, señores diputados, nada de eso acontece en México, por lo contrario, el abuso faccioso de los medios controlados de comunicación, el despilfarro insultante de los dineros del pueblo en las campañas electorales del candidato del Gobierno a la presidencia de la República, así como la publicidad partidista que hace con los recursos millonarios del Pronasol, quiero hacer esta referencia y esto ya se ha mencionado hace un momento en esta tribuna y se sustenta en un diario de circulación nacional, ahí en esta gráfica ustedes podrán observar los gastos desmedidos que usó el partido en el Gobierno, no obstante que Acción Nacional se opuso al tope de las campañas. Un mil doscientos cincuenta millones de dólares, señores, por favor, esto es una burla, es una burla al pueblo de México.

Yo quisiera preguntar, yo quisiera preguntar al diputado Moreno Collado, si esto no es cinismo. Eso representa una total afrenta al pueblo de México, en especial a todas las clases más desprotegidas de nuestra sociedad. Entonces, señores diputados, es impostergable que todas las fuerzas políticas y el Gobierno hagamos un replanteamiento de esta lacerante realidad, a fin de lograr que la equidad sea la norma, porque es hoy una exigencia necesaria y mientras esto no se logre, las contiendas electorales se verán afectadas y contaminadas por luchas y confrontaciones.

Amigos diputados, vamos a hacer un paréntesis, vamos a ver la realidad, yo los invito a los del partido oficial, que hagan una reflexión, que miremos por nuestros hermanos desprotegidos, que miremos por nuestros hijos y nosotros, los de oposición, vamos a hacer la reflexión que tengamos que hacer, vamos a unirnos, vamos a dejar de perder el tiempo, vamos a luchar por México.

Amigos, compañeros diputados, en Acción Nacional, habremos de insistir próximamente en la propuesta que les presentaremos para avanzar a una mejor ley en materia electoral que contribuya a liquidar la historia y abusos y violaciones que peligrosamente confrontan a los mexicanos y violentan la paz como único cambio de lograr la convivencia armónica que debe prevalecer en toda sociedad civilizada. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ignacio González.

Dígame, diputado... Se ruega a los diputados guardar orden para escuchar al orador...

El diputado Rodolfo Elizondo Torres (desde su curul):

Señor Presidente,... le pedimos por favor, señor Presidente, una moción de orden. Cuando el diputado esté haciendo uso de la palabra, no permitir que otro diputado tome la tribuna para hacer el escándalo que hacen.

El Presidente:

Procederemos con el mismo cuidado en todos los casos, diputado. Continúe, diputado Ignacio González...

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo (desde su curul):

Señor Presidente, me parece que está usted extralimitándose en sus funciones. Le pedí la palabra para hechos, señor Presidente...

El Presidente:

Perdone, diputado, ¿pidió usted la palabra?..

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo (desde su curul):

Le pedí la palabra para hechos hace un momento y no me la concedió, yo le quiero pedir que vigile bien el desarrollo de la reunión...

El Presidente: Adelante, señor diputado.

El diputado Ignacio González Rebolledo:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Venir a esta tribuna a demandar la no validez de las elecciones del pasado 21 de agosto, es, en primer término...

El Presidente:

Permítame, señor diputado.

Acaba de solicitar el diputado Elizondo, que tengamos una moción de orden, veo en este momento a un diputado dando una conferencia de prensa e interrumpiendo al orador. Les ruego por favor guardemos todos compostura y escuchemos al orador.

El diputado Ignacio González Rebolledo:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Venir a esta tribuna a demandar la no validez de las elecciones del pasado 21 de agosto, es, en primer término, muestra evidente de una profunda frustración de quienes alejados de la realidad, fueron impotentes para ofrecer una plataforma electoral que les permitiera arribar al triunfo y en segundo término, grave ofensa a un pueblo que se volcó a las urnas para sufragar en favor de la paz y de la democracia.

Venir a esta tribuna a demandar la no validez de esta elecciones, es pretender hacer a un lado la gran lección cívica que nos dieron 385 mil 582 ciudadanos investidos de autoridad electoral, asignados a 96 mil 396 casillas debidamente instaladas. Es una lección de civismo que pretenden ignorar quienes ante su evidente fracaso, no paran mientes en que con tal actitud sólo vienen a incrementar la deserción de sus filas.

Saber en qué lugar del vasto universo nos encontramos, qué tierra pisamos y qué y quiénes nos rodean, es el primer requisito para actuar bajo los principios de la cordura y la prudencia; no hacerlo así, nos conduce necesariamente a sobrevalorarlo y por ende, a despreciar a quienes, hombres al fin y al cabo, sienten, piensan y actúan.

Quienes aquí demandan la nulidad de la elección presidencial olvidan que el 21 de agosto, 17 millones 162 mil 13 ciudadanos, sintieron, pensaron y actuaron, votando mayoritariamente en favor de Ernesto Zedillo.

Afirmar que el Revolucionario Institucional no es un auténtico partido, no es, sino dar pruebas de cuán alejados están de nuestra realidad y qué poco conocen al país que pretenden gobernar.

Somos un partido de estructuras firmes, sólidas y convencidas. No hay municipio en todo México en que no contemos con nuestro correspondiente comité y a nivel seccional, se cuentan por decenas de miles. No hay, le duela a quien le duela, mejor estructura partidista que la nuestra.

Tal parece que estamos condenados a la paradoja, mientras observadores de los actos previos de la Organización de las Naciones Unidas, mientras 81 mil 620 observadores nacionales, así como visitantes de más de 40 países, atestiguaron la claridad y transparencia de las recientes elecciones, mientras 35 millones 129 mil 3 ciudadanos fueron testigos de la paz y la concordia con que estos comicios se celebraron, el día de hoy ellos sí, sin pudor, vienen a pretender arrebatarnos un triunfo que no es, en última instancia, sino un triunfo del pueblo de México.

Y la paradoja continúa, impugnan las listas nominales definitivas de electores, cuando la Dirección Ejecutivo del Registro Federal respectiva entregó a cada uno de los partidos políticos copia de ellas en medios magnéticos y contaron, tanto en la Comisión Nacional de Vigilancia, como en los centros estatales de consulta del padrón electoral, con terminales de computación.

Pero no les es suficiente. A pesar de que el PRD acreditó nueve, 240 representantes generales el día de la elección, lo que implica un universo del 74.63%, se llaman robados.

Esta cámara, y con ella todo el país, está siendo testigo de los últimos antihéroes de la jornada electoral del 21 de agosto y este espectáculo me hace recordar a las viejas religiones paganas que demandaban el sacrificio de víctimas propiciatorias. Hasta aquí llegan estóicamente a defender lo indefendible, a decir que el pueblo no salió de sus casas, que no salió a formar largas filas, que no salió a sufragar. Sí, llegan hasta aquí a decir: perdónalos Señor, no saben oír tu palabra.

No importa, no importa. Entonen tantas cuantas veces quieran su letanía anticívica. No importa, porque entre más la entonen, más alejados estarán de un pueblo que quiere vivir en la paz y en la concordia, de instituciones forjadas por una revolución de la que somos legítimos herederos.

Toda contienda trae implícita la posibilidad de no ser los triunfadores, pero una cosa es no ser triunfador y otra muy distinta ser un perdedor. Si las candidatas y los candidatos de todos los partidos hicieron su mejor esfuerzo, pasada como está la jornada electoral, no tenemos más que dos caminos, el primero, reconocer el triunfo de Ernesto Zedillo y ser un buen ganador, o no reconocerlo y ser un perdedor. La elección, señores de la oposición, está en sus manos.

Por cuanto hace al trailer a que ha hecho mención la diputada del PRD, dizque descubierto, correspondía a desechos de impresión de formados de credencial no plastificados, que por acuerdos y en presencia de los partidos políticos y notario público, había sido destruido mediante trituración entre el siete y el 14 del mes de julio. Los acuerdos que sustentan esta actividad se tomaron el 31 de mayo y el 23 de junio en el comité de supervisión y evaluación del padrón, conocido como ANAP.

El notario público que atestiguó este acto fue el licenciado Carlos A. Sotelo Regíl, del Distrito Federal. Se trata de desechos de impresión, no de credenciales para votar, consecuentemente agradecemos mucho que hayan traído esta "basura" a esta Cámara de Diputados.

El Presidente: Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Saúl Escobar Toledo.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:

Simplemente para terminar con una polémica que quedó inconclusa, porque parece que los compañeros del PRI, no sólo hacen trampas, sino que además tampoco conocen la ley, pero quiero decirles que eso no disculpa. El desconocimiento de la ley no disculpa la Comisión de Delitos ni las violaciones a la ley. Son ustedes culpables de cualquier manera.

Y quiero recordarle al diputado Escobedo, que no leyó, como yo se lo había pedido, completo, el artículo de referencia que se refiere justamente a las facultades del Tribunal Federal Electoral, en donde dice con toda claridad que ese Tribunal Federal Electoral, que se podrán presentar ante ese Tribunal Federal Electoral los recursos de reconsideración para diputados, senadores y asambleístas, nada más, no habla de la posibilidad de meter o de hacer recursos de reconsideración para la elección de presidente de la República.

No hay pues, en el caso de presidente de la República, segunda instancia, como lo hay en el caso de senadores, asambleístas y diputados y justamente, la segunda instancia es este Colegio Electoral.

Señores del PRI, están ustedes coleccionando ante la nación un conjunto de aberraciones jurídicas fabuloso. Están ustedes siendo derrotados por ustedes mismos. Primero, dijeron que este Colegio Electoral no podía más que sumar votos a pesar de que hubiera 50% o más de irregularidades. Después dijeron que este Colegio Electoral no podía en ningún caso declarar la elección de Presidente de la República nula por ninguna causa jurídica o legal, y después dijeron, ahora, para completar su razonamiento absurdo, que la sala central del Tribunal Federal Electoral podía reconocer de reconsideraciones en materia de la elección de Presidente de la República.

Yo reto al diputado Escobedo a que consultemos al Presidente de la sala central del Tribunal Federal Electoral, si es posible o no es posible meter un recurso, si hubiera sido posible o no meter un recurso de reconsideración sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y lo reto a que juntos vayamos a consultarlo y tenga la razón quien tenga la razón, aquí en esta misma tribuna, aclaremos las cosas después de consultar al mismo Presidente de este Tribunal Federal Electoral.

Compañeros del PRI, yo les suplico, por favor, que cuando hagamos un planteamiento jurídico, no se hagan bolas y realmente digan lo que dice la ley y me estoy basando justamente en un documento, en un folleto editado por el Tribunal Federal Electoral. No estoy interpretando la ley, estoy diciendo lo que dice este folleto editado por el propio Tribunal Federal Electoral. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Consuelo Botello Treviño, para rectificar hechos, por cinco minutos.

La diputado Consuelo Botello Treviño:

Señor Presidente; señores diputados:

Voy a referirme al señor diputado del partido oficial que hizo uso de la palabra antes del diputado Saúl. Dijo una serie de afirmaciones que a mí no me toca defender, la defenderá el partido aludido en su momento, seguramente, o no le hará caso.

A lo que me quiero referir, es a una afirmación que no es el único que la ha hecho, han querido tratar de convencernos, no lo lograrán, tampoco han convencido al pueblo de México a quien todos representamos, de que... Bueno, el que crea que no representa al pueblo de México que abandone su curul; es lo menos que podemos esperar.

Entonces, una referencia que hace el diputado, y que ha sido insistencia de muchos otros, de, ¿por qué la oposición y gran parte de la opinión pública dice, que el PRI no es un partido de estado, que el PRI no es un partido político, ellos se niegan a reconocer tal aseveración? No quieren admitir lo que se dice por todos lados, que es un partido de estado, que es el PRI-Gobierno.

Y a mí me parece que esas afirmaciones, tan rotundamente como la hizo aquí el diputado que me precedió en el uso de la palabra del partido oficial, esa afirmación es una falta de lealtad a su candidato presidencial al que hoy calificamos, puesto que él mismo lo dijo públicamente y apareció a ocho columnas, que iba a separar el Partido Revolucionario Institucional del Estado, que no volvería él, como Presidente de la República si el voto lo favorecía, no volvería a permitir que el PRI estuviese unido al Estado.

Ese es uno de los argumentos que yo considero de mucho peso puesto que lo mencionó su propio candidato.

Pero además, señores, la opinión pública entera a través de todos los medios, como la televisión y la prensa, sabe quien nominó a los dos candidatos que tuvieron en esta elección presidencial.

¿Para qué nos hacemos? Es un partido de Estado.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:

Las victorias de la oposición no son una muestra de democracia. Esos triunfos se consiguen a pesar de la antidemocracia que existe en el país.

Quisiéramos, efectivamente, que hubieran estado presentes los consejeros ciudadanos cuando menos en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, nos hubiese ahorrado muchas intervenciones el poder lograr que los consejeros ciudadanos informasen de viva voz a esa comisión y, por qué no, al pleno de la cámara.

Vamos a tener que hacer referencia a su informe. En su discurso de toma de posesión, el licenciado Salinas declaró: "...mi administración dará respuesta a la exigencia ciudadana de respeto a la pluralidad y efectiva participación. La garantía más urgente en el ámbito político, es la transparencia de los procesos electorales, nos urgen confianza, apertura y aceptación de los otros.

Seguramente esta primeriza declaración de buenas intenciones, fue el resultado de la necesidad de obtener credibilidad y generar consenso en torno a su propio y controvertido ascenso a la presidencia de la República, mediante uno de los fraudes electorales más escandalosos que recuerda la historia de México.

Hasta finales de 1993, y después de tres reformas legislativas electorales, el gobierno de Carlos Salinas, se sentía satisfecho respecto al cumplimiento de sus promesas en el plano político.

Fueron los acontecimientos del 1o. de enero en Chiapas y el cese al fuego del día 12, los que revelaron las limitaciones de la reforma política salinista y crearon las condiciones para un acuerdo político nacional. De ese levantamiento surgió, entre otras cosas, la necesidad de nuevos cambios a las leyes e instituciones electorales en el país. Se realizó así una nueva reforma política en el presente sexenio.

Las voces de la sociedad se dejaron sentir a través de las organizaciones políticas y sociales, demandando como en 1910 sufragio efectivo y reclamando además, la independencia de los órganos electorales con respecto al Gobierno y los partidos políticos y que la contienda entre los candidatos se diera en condiciones de equidad y sin ventajas para ningún partido. Sin embargo, estas demandas no fueron satisfechas, como lo atestiguan los tristes hechos de este proceso electoral y como muestra basta señalar la desproporción en el uso de medios masivos de comunicación y la desproporción en el monto de los recursos de campaña.

El avance más significativo de esta reforma, fue la creación de la figura de consejeros ciudadanos. Es cierto, los consejeros ciudadanos lograron abrir un ostión, lograron que se conociera lo que pasaba dentro de ese mecanismo electoral y además con una participación muy importante en todo, en el seno del Consejo General del IFE. Pero también es cierto que esto dio pié para que el Gobierno desatara una campaña publicitaria, para vender la idea de lo que llamaban "ciudadanización de los organismos electorales", implicando una supuesta autonomía e independencia frente al Gobierno.

En realidad no contamos ni conocemos un informe único del Consejo General del IFE como tal, sino varios informes contradictorios entre si y lo relevante es que la ausencia de un solo informe del consejo general muestra el deterioro y las discrepancias entre el propio consejo general, máximo organismo del instituto y la junta general ejecutiva del IFE.

Estas discrepancias se presentan claramente en la página 17 del informe de los consejeros ciudadanos relativo a la autoridad electoral, cuando afirman: "El Director General del IFE, es el representante legal del instituto y concentra en sus manos el manejo y coordinación de la administración del mismo en todos sus niveles, central, local y distrital".

También es determinante en la designación de funcionarios. Maneja el presupuesto que, como veremos en un momento, no es pequeño y provee los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones del instituto además de otras atribuciones.

De hecho el director general con todos los elementos que controla, más que un subordinado al Consejo General del IFE, es una autoridad paralela, que influye decisivamente en el desarrollo del proceso electoral. Es una cita de los consejeros ciudadanos.

Digo, "por lo anterior, puede distinguirse una dicotomía en la organización del IFE, una de sus partes la constituye el consejo general y los consejos locales y distritales que por ley están facultados para fijar las normas que rigen el IFE y al proceso electoral y la otra, integrada por la administración del instituto con una estructura jerarquizada y cohesionada que, por ello posee dinámicas e inercias propias y distintas a las fijadas por los consejos que por ley rigen la vida del IFE".

En ese mismo documento destacan varios problemas de carácter estructural y funcional derivados de la ley. Dicen: "si bien es cierto que los 11 consejeros con derecho a voto tienen formalmente el mismo poder para influir en la toma de decisiones en el seno del Consejo General del IFE, jurídicamente los poderes del Representante del Poder Ejecutivo (Secretario de Gobernación) resultan excesivos. Por ejemplo, el representante del Ejecutivo ostenta siempre por ley, la Presidencia del Consejo, sin que ninguno de los otros 10 miembros con voto pueda en algún momento asumirla. Ese monopolio de la Presidencia da a quien la ejerce ventajas legalmente establecidas sobre los otros consejeros.

"Otro ejemplo, es la instalación del consejo general que depende de que su Presidente agende los temas, convoque a las sesiones y asista a las mismas. Si él no va, no hay consejo". Ninguna sesión puede legalmente instalarse, aunque estén presentes todos los demás miembros. "Por ende, para efectos prácticos, el Consejo General del IFE no puede actuar ni cumplir sus funciones si no lo decide así el Secretario de Gobernación. El director general fue quien de acuerdo a la ley vigente designó a los directores ejecutivos del IFE y éstos deciden, a su vez, el nombramiento de los más altos funcionarios de la autoridad electoral."

"De las observaciones del informe de los consejeros ciudadanos, se desprende con claridad el control del Poder Ejecutivo Federal sobre las decisiones fundamentales del órgano electoral; control que adicionalmente puede imprimir parcialidad a las decisiones del IFE y de hecho lo hace. El consejo general tiene por ley el carácter de órgano supremo, contando para ello con importantes atribuciones.

"Sin embargo, un estudio de las normas que rigen, tanto al propio consejo como a los demás órganos del IFE, nos permite descubrir que muchas de esas atribuciones deben tomarse de acuerdo con las propuestas que haga el director y la junta general ejecutiva y a partir de los informes y datos que éstos le proporcionan, con ello, la administración del instituto puede orientar la toma de decisiones del consejo."

Fueron muy caballeros con esta aseveración. Afirmamos que la Dirección General del IFE ni siquiera le proporcionaba esos informes a los propios consejeros ciudadanos.

"El Director General del IFE decidió enviar su propio informe pretendiendo descalificar los señalamientos de fondo planteados por los consejeros ciudadanos quienes, a su vez, se vieron obligados a responder, en un documento titulado: "Comentarios en torno a las consideraciones de la junta general ejecutiva, respecto del informe que presenta la comisión de consejeros ciudadanos". Dicen: "Pensamos que en términos generales, las consideraciones hechas por la junta general tienden a descalificar las afirmaciones sostenidas por los consejeros ciudadanos en su informe. Las críticas y juicios que se hacen en el documento antes aducido, muestran la dualidad que se vive en el Instituto Federal Electoral".

En los consejos locales y distritales, es peor todavía la situación. Si bien es cierto que las reformas electorales de marzo le otorgaron un papel preponderante a los llamados consejeros ciudadanos, en estos órganos no es menos cierto que los titulares de esos cargos siguen siendo, en la inmensa mayoría, personas vinculadas al PRI y que a lo largo del proceso electoral, se comportan como comparsas de las decisiones y actuaciones de los vocales ejecutivos del IFE.

Aparte de lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las facultades operativas en el manejo del material electoral, incluidas las boletas, así como los recursos financieros y humanos, siguen siendo competencia exclusiva de los funcionarios profesionales del IFE, designados verticalmente desde la dirección general de ese organismo.

Los consejeros ciudadanos en su informe establecen que en el proceso electoral no se condujo a unas elecciones libres y justas, por la existencia de un partido hegemónico, no suficientemente diferenciado de la estructura estatal; por la falta de autonomía del IFE y de condiciones realmente equitativas de competencia política.

Evidentemente, el conjunto de las reformas legislativas electorales del sexenio no lograron ni la transparencia de las elecciones ni su limpieza; lo que sí han logrado, es la creación y consolidación de un enorme y costoso aparato burocrático administrativo que controlado por el propio Gobierno, mantiene la estructura del sistema de partido de Estado.

Según datos del VI Informe de Gobierno, el gasto neto devengado en el rubro de órganos electorales en 1993, asciende a 1 mil 973.9 millones de nuevos pesos y es equivalente ese gasto, al gasto devengado por cuatro secretarías de Estado y la Contraloría General de la Federación, juntas. Es impresionante. Es más de tres veces el gasto del Poder Legislativo y casi dos veces el gasto del Poder Judicial. Sería difícil encontrar en algún país del mundo, algo parecido. En países democráticos como Canadá, el número de personas contratadas permanentemente para estas labores, no llega a 100. En México, es un ejército de miles de personas contratadas permanentemente para atender elecciones federales, cada tres años, independientemente de otros miles de empleados públicos a los que se comisiona en tareas electorales en los periodos de elección.

Se reconoce, en relación con las elecciones federales del 21 de agosto, que existieron irregularidades, cuya magnitud no ha sido ni suficiente ni exactamente cuantificada, ni tampoco se ha valorado el impacto global de los mecanismos del fraude; iniquidad e inducción, defraudación y control oficial de los organismos electorales.

Pero ¿qué efecto tuvo sobre los resultados electorales el ilegal control directo y efectivo del Gobierno y de su partido, sobre las instancias operativas? ¿Cuánto modificó el resultado electoral el monopolio técnico burocrático oficial de los sistemas computarizados de fotocredencialización, registro y almacenamiento de millones de datos, de información circular? Esto es, que retroalimentan con información controlada por la misma tecnoburocracia. ¿Qué efecto tiene la impunidad en la delincuencia electoral, la expulsión de representantes de partido en las casillas el día de las elecciones, la existencia de electores cuyo nombre no apareció en las listas nominales a pesar de que habían obtenido su credencial para votar?

Las elecciones en México, como hemos visto en esta sesión, continúan siendo una operación de Estado en beneficio del partido oficial y esta afirmación no es exclusiva del Partido de la Revolución Democrática, la comparten múltiples organizaciones políticas y organismos sociales como, la comisión por la verdad, Alianza Cívica, observación y las procuradurías y el Tribunal Electoral del pueblo chiapaneco, entre otras.

Chiapas, señores, para terminar quiero dejar constancia en esta mesa de varias pruebas. En Chiapas, se vive mucho más que un problema electoral. En Chiapas el problema social que hoy se vive, está a punto, el 8 de diciembre, de entrar en una conflictividad enorme.

Dejo aquí actas de casillas en donde se nombraron dos presidentes. Llegaron personas con nombramientos de presidentes duplicados en varias casillas. Sólo me resta dejar aquí, de la Secretaría de Obras Públicas y comunicación del Estado de Chiapas, dejo constancia en esta mesa de lo que hace el Gobierno en las elecciones. La lista de los asistentes electorales, la capacitación para el personal de la representación distrital, nombres de los auxiliares responsables de los municipios. Todo controlado por una Secretaría de Estado.

Compañeros; termino, no se requiere una quinta reforma electoral. ¡Lo que se requiere hoy, es que es necesario en este país una reforma de las estructuras del Estado! Al final de cuentas podemos llegar y basta con que tengamos por cada ciudadano un voto y que los votos se cuenten bien. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Samuel Palma.

El diputado Víctor Samuel Palma César:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

Voy a intentar hacer referencia a algunos de los puntos que aquí se han venido planteando y que ocupan este debate.

En primer lugar me quisiera referir a la reiteración que se ha venido haciendo respecto del impacto del gasto social y su relación con los votos. Yo quisiera decirles que éste es un punto que se ha analizado detalladamente y los resultados de estas elecciones de 1994, demuestran que lo que no hay es precisamente una relación entre gasto social y voto a favor del PRI.

Quiero decirles que, por ejemplo, en los estados de Oaxaca y Guerrero, que por sus condiciones de marginación son a los que solidaridad destina una parte importante de sus recursos, ahí los resultados electorales no muestran crecimiento en votos y que por contraparte en estados en que se destina menor gasto social, porque tienen mejores condiciones de vida, como son los casos de Chihuahua y Baja California, el PRI incrementó sus votos.

Lo que se demuestra es que efectivamente no hay una relación entre gasto social y votos a favor del PRI.

Yo sí creo que la ciudadanía decide libremente y no es posible que se le compre su voto. No podemos pensar que cuando la ciudadanía vota por las oposiciones lo hace de manera libre y que cuando vota por nosotros por el PRI, lo hace con una conciencia comprada.

Yo no estoy de acuerdo con eso. Tal vez lo que ha fallado en algunos de los pronósticos, que no explican ahora satisfactoriamente, la realidad de los resultados electorales, son supuestos no acertados.

Se habla del informe de los consejeros ciudadanos y se hacen citas.

Y yo también quiero hacer algunas citas, porque se afirma que sólo tomamos de él lo que nos conviene, pero también otros toman en cuenta aspectos aparentemente críticos.

Debemos notar que el informe de los consejeros ciudadanos dijo: "hemos logrado un proceso electoral en que el voto contó y porque el voto contó nosotros tenemos que calificar estas elecciones y contar los votos".

También el informe de los consejeros, en el cuaderno número dos, en la página 41, en el último párrafo, se refiere al aspecto de las boletas y dice textualmente: "la diferencia de una boleta de más o de una boleta de menos recibida en las casillas, se explica fundamentalmente por el error que se presentó cuando la determinación del número de boletas a entregar se hizo mediante operaciones aritméticas de suma o resta de los folios, sin contar boleta por boleta y a título de ejemplo se registró que del folio 300 al folio 600, se entregaban 300 boletas, cuando en realidad se trataba de una dotación de 301 boletas, por incluirse tanto el folio inicial como el final".

Y aquí también se ha hablado de padrón electoral y quiero hacer referencia a una parte del informe también de los consejeros ciudadanos, que se refiere precisamente a una de las impugnaciones que se han hecho. Dice en el cuaderno cinco, en la página número 14, dice así: "por otra parte, fue el propio Partido de la Revolución Democrática, el que sostuvo la existencia de un 20% de ciudadanos excluidos indebidamente del padrón electoral. En una presentación posterior, la diferencia que encuentra el PRD, quitando el efecto de los domicilios conocidos, es del 11.19%. El PRD partió del estudio realizado por ocho partidos políticos y la Comisión Nacional de Vigilancia."

El Presidente:

Permítame, señor diputado.

Ruego a los asistentes a esta sala, mantener el clima de respeto que nos merece el orador.

Continúe usted, señor diputado..

El diputado Víctor Samuel Palma César:

Gracias, señor Presidente.

Y continúa el informe: "pero el Registro Federal de Electores siguió la búsqueda de estos casos y encontró que de los 21 mil 302 ciudadanos del apartado 3 mil 20,392 están efectivamente en la base de datos y de ellos sólo 238 no se les encontró soporte documental. El resto, 910 casos, es decir, el equivalente al 1.5% del padrón, no se encontraron en la base de datos y caen en los supuestos de personas que dijeron estar empadronadas, cuando en realidad no lo estaban. esto lo dicen los consejeros ciudadanos, no lo digo yo, son respuestas puntuales a estas impugnaciones y citas exactas a lo que aquí se pretende argüir.

Pero yo he venido a esta tribuna a manifestar mi voto a favor del dictamen y quiero decirles que llegamos a este punto de la calificación de las elecciones con la conciencia de que las decisiones se tomaron en el sentido correcto, porque más allá de la diversidad de puntos de vista, consustanciales a la pluralidad en que vivimos, pudimos avanzar y este hecho queda de manifiesto con la masiva participación de los electores.

Se superaron atavismos y resistencias. Sin duda la ciudadanía calificó favorablemente el esfuerzo realizado por todos. Los mexicanos se pronunciaron por resolver la competencia política en las urnas y, al mismo tiempo, repudiaron otros medios, los de la violencia, los de las presiones, los de la intimidación.

Hoy queda claro que el esfuerzo valió la pena. Las campañas fueron intensas y muchos de sus eventos forman parte del basamento para alentar la nueva cultura democrática que está presente en nuestra sociedad.

En esta campaña presidencial, se inauguró la época de los debates entre candidatos y pudo demostrarse que la intensidad de la confrontación democrática no significa amenaza para la vida ciudadana, sino que al contrario, la enriquece.

El 21 de agosto, se acreditaron pacíficamente las diferencias de puntos de vista y de visiones entre fuerzas políticas. Los partidos representados en esta cámara surgen del proceso electoral con un gran potencial político, por que demostraron estar presentes en el ánimo de la ciudadanía, pero toda gran tarea realizada, cuando apenas se ha transitado un camino se abren otros, es imperativo aprender de nuestra propia experiencia y mantener nuestro compromiso con los reclamos democráticos de México. Los electores le otorgaron el triunfo al PRI y a su candidato a la presidencia de la República, el doctor Ernesto Zedillo, pero también había un gran reconocimiento a otras fuerzas políticas, por eso, con estas elecciones se inscribe una nueva etapa en nuestro sistema de partidos.

En muchos de nosotros dependerá aprovechar su más alta dimensión, los nuevos horizontes que se nos presentan. Antes que un partido y un candidato, el gran triunfo de estas elecciones corresponde al pueblo de México, quedó demostrado que la perseverante participación social de las últimas décadas en la vida pública del país, es también expresión política, madura y resuelta. Por eso, nadie puede asumir con frivolidad o comodidad, los resultados electorales alcanzados, ellos obligan a todos a mantener las iniciativas y a cumplir compromisos. Una ciudad muy resuelta en sus reclamos, es el antecedente actual de la conformación del poder político, la primera obligación que tenemos con ella es cumplir con su voluntad expresada en las urnas, esa voluntad, la posibilidad de ejercer su derecho y de ser parte de los resultados, califica a todo el proceso electoral; calificar varias de las elecciones es el resultado de haber comprobado que los ciudadanos pudieron ejercer el voto y de que decidieron hacerlo mediante una participación histórica.

Quedó debidamente acreditado el fenómeno maravilloso que lleva a que la expresión individual de cada voluntad como acto libre y secreto de la conciencia, se constituyera en un sentimiento colectivo para manifestar así un mandato que obliga a todos en sus designios.

Ejercicio del voto y concurrencia masiva a las urnas, dan cuenta de que las elecciones cumplieron su propósito de crear las mejores condiciones posibles para la participación electoral. Con ello se puede afirmar que las etapas previas a la jornada electoral y los procedimientos e instrumentos en ellos inscritos, fueron adecuados, los resultados acreditados en los documentos considerados válidos para ello y de los fallos a través de los recursos interpuestos y de la verificación de resultados por medio de métodos y análisis de opinión y del cómputo realizado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, muestran que esos resultados son veraces y objetivos. La calificación de esas elecciones es punto de llegada y es punto de partida; punto de llegada, porque en él culmina un proceso, punto de partida porque el nuevo tramo habrá de caminarse teniendo presente las expresiones de la voluntad popular.

Los partidos aquí representados estamos convocados al acuerdo y a mantener diferencias leales a fin de promover un debate vivo como medio para estar abiertos a las nuevas respuestas. El mayor de los éxitos alcanzados es junto con la gran participación de los electores, el que los resultados electorales reflejen con veracidad la voluntad de los ciudadanos. Diversos mecanismos puestos en marcha para analizar el comportamiento electoral el día de las elecciones, muestran grandes coincidencias entre sí y con el sistema de resultados oportunos.

Nuestras elecciones son válidas, ése es el punto de vista del PRI, no se trata de una posición que pretende olvidar que existen cauces por recorrer para mantener el perfeccionamiento de nuestra vida democrática, pero también asume que ese cauce es el más generoso y más fuerte que antes y que en ese hecho mucho han contribuido las elecciones del 21 de agosto pasado.

Hoy, cuando está a punto de concluir el proceso electoral, es ocasión para reconocer la contribución de los diversos partidos y sus candidatos. Los comicios indican con claridad quién ganó, pero los demás no perdieron, con su esfuerzo contribuyeron vigorosamente a consolidar nuestra vida política por el sendero de la democracia. Los puntos de vista de las oposiciones constituyen hoy, con más fuerza que ayer, elementos fundamentales para consolidar el México plural y democrático que quieren nuestros hijos.

Por eso, las razones de todas las fuerzas políticas están llamadas a sumarse con generosidad, sin demérito de la entidad de cada una de ellas, estamos ante un nuevo momento en la vida de la República, así lo ha querido la ciudadanía. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Kurt A. Thomsen y después Antonio Tenorio Adame.

El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie:

Gracias, señor Presidente:

Vengo aquí a hacer uso de esta tribuna para precisar dos hechos que se han mencionado aquí.

Primero, un diputado del PRI, vino a decir que su organización estructural del partido era la mejor. Pero quién ha dicho que sea mala, al contrario, decimos que es la mejor, porque está sustentada en toda la organización del Gobierno para tener esa estructura orgánica, con membresía libre no tendrían esa organización.

También, se acaba de decir que los recursos económicos usados en la campaña del PRI, fueron equitativos y fueron los correctos. Señores, esto no lo podemos aceptar.

Acción Nacional, ha insistido en que reconocemos los avances que en materia electoral hemos tenido. Pedimos, desde hace muchos años, el padrón permanente, ya está; pedimos credencial con fotografía para votar; pedimos consejeros ciudadanos y ya están; en fin, hemos tenido realmente avances en materia electoral, pero también, como reiteradamente lo ha dicho mi partido, para que se cumpla y lleguemos a una efectiva democracia se requiere no nada más la ley, sino se requiere indispensablemente la voluntad política del Gobierno y de su partido para respetar la ley.

La calificación de la elección presidencial que tiene que realizar este Colegio Electoral, no puede circunscribirse sólo a examinar el cumplimiento de formalidades, sino que debe calificar políticamente las condiciones en que se realiza el proceso electoral y por ello el dictamen debió analizar la iniquidad en que se llevó a cabo en lo económico y la falta de competitividad en los medios de comunicación, lo que lamentablemente no se hizo.

La situación económica del país refleja grandes carencias de las clases más necesitadas que conforman la inmensa mayoría del pueblo. Siendo un país del tercer mundo, se gastó como si fuéramos parte del mundo feliz del que habla el presidente Salinas en su Vl Informe.

Ciento treinta cuatro millones de nuevos pesos en que se autorizó el tope de la campaña presidencial, ya es de por sí una cantidad que constituye una bofetada a los 40 millones de pobres y sin embargo ya hemos visto que lo gastado por el PRI-Gobierno es más de 30 veces superior a lo autorizado, pues a lo gastado por el partido oficial hay que agregar los apoyos gubernamentales que recibió y así concluimos en un solo gasto de la campaña oficial que violenta las leyes en su aspecto de financiamiento que es el renglón que en este momento estamos analizando.

¿Vamos a convalidar una elección en estas condiciones? ¿Qué pensarían en tal caso los millones de mexicanos que carecen de los mínimos servicios municipales y los que se están muriendo de hambre? No señores, el PAN, no puede convalidar esta elección por un mínimo de respeto a esos compatriotas.

En México, vivimos un régimen de inseguridad y el aumento creciente de ésta, nos ha obligado a ir desde la aldaba hasta las rejas protectoras y modernas alarmas instaladas en casas, para protegernos de los amantes de lo ajeno y ni aún así estamos seguros.

En materia electoral estamos en la misma inseguridad, pues las últimas reformas implementadas, han estado encaminadas a cuidarle las manos al Gobierno y a su partido y no acabamos de lograr unas elecciones dentro del marco de equidad, de justicia y de respeto al sufragio.

Por ello, es ya un clamor en todo el país la necesidad de una nueva reforma política que finalmente garantice plenamente la separación del Gobierno de su partido y se establezcan nuevos y más eficaces candados para concluir en elecciones verdaderamente democráticas.

En su oportunidad mi partido propondrá, entre otras reformas, las correspondientes al control sobre finanzas de los partidos, especialmente del renglón de campañas, ya que los que existen son totalmente imprecisos y las posibilidades de violar la ley son muchas, además de que en los términos en los que están redactados, no permiten que sus controles o falta de ellos incidan en la calificación de las elecciones.

El Presidente:

Diputado, tiene un minuto para redondear su intervención.

El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie:

Señor Presidente, con mucho gusto.

Por último, señores diputados, en razón de que en esta tribuna se ha negado la afirmación de los partidos opositores de que no vivimos un estado de derecho, me permito leer lo siguiente:

"Destaca su compromiso para encabezar un Gobierno, entre comillas, con gente decente, un Gobierno de gente honrada y dedicada a cumplir con su responsabilidad, porque, dijo, en México el estado de derecho deja mucho que desear". ¿Esto lo dijo un candidato de la oposición? No, señores, lo dijo precisamente el candidato del partido oficial, Ernesto Zedillo.

Además añadió que para que sea en verdad un país de leyes, porque no puede haber progreso en una sociedad si no existen leyes justas y tribunales que las hagan cumplir.

Agregó que ya no habrá más sacrificio de los mexicanos, en aras de la estabilidad de precios y reiteró que no podemos volver a las políticas del pasado, ni a tropezarnos con la misma piedra.

Señores, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Antonio Tenorio Adame, para rectificar hechos, por cinco minutos.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:

Señor Presidente, ya llevo siete segundos y no he empezado.

El Presidente:

Que se ponga apenas el cronómetro.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:

Con todo respeto, señor Presidente; compañeros diputados de todos los partidos con todo respeto.

Las elecciones del 21 de agosto carecen de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalidad, porque son hijas de la corrupción y el espionaje político, son nulas de pleno derecho, como lo muestran las pruebas que ofrezco.

Estos son los formatos de un programa que se llamó programa de seguimientos de campañas políticas, bajo el cual estuvimos bajo vigilancia de la Secretaría de Gobernación todos los candidatos a diputados, incluidos los del PRI.

Señores, el fraude no legitima, el espionaje político no legitima, como dice el dictamen; la legitimidad solamente la otorga el consenso de la comunidad, la voluntad manifiesta y expresa de la comunidad.

Quiero señalar que la Secretaría de Gobernación instrumentó un programa de espionaje contra los partidos políticos, observadores electorales, jefes de fuerzas de seguridad, personal de órganos electorales, ministros de culto religioso; todo funcionario con injerencia en el proceso electoral estuvo bajo vigilancia: presidentes municipales, fedatarios públicos y líderes sociales.

El programa de espionaje político fue de seguimiento de campañas políticas; Procedi en sus siglas, inaugurado en el mes de marzo por el propio Secretario del ramo y a la vez presidente del Consejo General de IFE, con lo cual le quita su imparcialidad, su objetividad para ser autoridad de pleno derecho y viola así el artículo 41 de la Constitución, porque se hace acreedor de delitos de responsabilidad pública.

La inauguración del citado programa se realizó en el hotel Benidorm, en el mes de marzo y sus primeros funcionarios de alto nivel fueron conocidos operadores electorales vinculados a Gobernación. En primer término se menciona a Marco Antonio Velázquez, como responsable nacional; a Servando Portillo, responsable de la zona norte; a Jorge Martínez, ex director de Gobierno del Estado de Morelos, que por cierto tengo noticias se encuentra en este recinto para dar testimonio de si la víctima fue ultimada, el victimario en caza de la víctima, y nosotros sin poder hacer nada, sin poder inhabilitar en cargos públicos. Esta es una burla, compañeros, que no debemos tolerar por el bien de la nación y por el bien del Poder Legislativo.

Así también en la zona centro Daniel Herrera, empleado de seguridad nacional junto con Catalina Lavín.

El espionaje político violenta el estado de derecho y el libre ejercicio de las libertades públicas y derechos humanos.

En marzo de 1992 la Dirección Nacional del Partido Nacional descubrió que estaba siendo espiado en Morelia y acusó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Sin embargo no se actuó como correspondía. Se requiere que se someta al control del Legislativo y se definan las responsabilidades del Cisen, que por cierto su ley orgánica es anticonstitucional, porque no tiene el refrendo del Secretario de Gobernación. Se le debe de controlar así como a las actividades ilícitas que desde Bucareli instrumenta Carpizo en contra de los mexicanos, precisamente un Secretario de Gobernación incapaz de responder con la legalidad al espionaje telefónico.

El nunca dio los nombres de los narcoperiodistas que lesionaron al Poder Legislativo al acusar de narcotráfico al diputado Cesáreo Morales, priísta, compañeros.

El Presidente:

Diputado Tenorio, tiene usted un minuto para concluir su intervención.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:

Para responder al crimen del cardenal Posadas y renunció sin renunciar, así como se reserva la información oficial como es la propaganda de la introducción del virus.

Quiero dejar en la Secretaría para que conste en el Diario de los Debates, cómo existe un control sobre funcionarios electorales que incluye las violaciones con grupos políticos, relaciones con dirigentes políticos, familiares que ocupan un puesto político y la participación en procesos electorales, entre otros muchos.

Esto parcializó el proceso electoral y lo hace nulo de pleno derecho, por origen y por procedimiento. Por lo mismo estas elecciones deben ser declaradas nulas de pleno derecho.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Martín Hernández Balderas.

El diputado Florencio Martín Hernández Balderas:

Señor Presidente; diputadas y diputados de este Congreso de la Unión:

No podemos ocultar, bajo el riesgo de caer en baja objetividad, la extraordinaria importancia que tienen hoy en día los medios de comunicación en la política moderna, dependiendo cada vez más, en buena parte, de su actuación, el desarrollo mismo de cualquier campaña electoral.

La batalla por el poder político es en gran parte una lucha por llegar al electorado a través de los medios de comunicación y dentro de éstos resalta, sin menoscabo de los medios impresos, la importancia que tienen los medios electrónicos. Basta recordar las cifras proporcionadas por el Consejo General del IFE, desprendidas de investigaciones sobre el caso, las cuales arrojan que un importantísimo 86% del electorado se informa de los candidatos y sus propuestas a través de la radio y de la televisión.

México avanza cada vez más en su vocación democrática y provoca que los medios se vuelvan cada vez más importantes en la labor política y que sean fieles transmisores de las imágenes de los partidos, de sus propuestas y de sus candidatos.

Por el peso de estas consideraciones, es que los mismos partidos políticos han alzado la voz, exigiendo una reglamentación adecuada para que la labor informativa de los medios responda a las condiciones y a las necesidades de hoy.

Desde hace tres años, investigaciones y monitoreos realizados por organismos civiles, evidenciaron con profunda claridad una verdad que ya era sabida por todos; en México casi todos los medios estaban al servicio de la confusa relación PRI-Gobierno.

Si en una palabra pudiéramos resumir la relación y actuación de los medios electrónicos con los diferentes partidos, en su labor de informar a la sociedad, esta palabra sería la iniquidad.

Hago aquí un amplio reconocimiento a los medios que actuaron con independencia, porque en México actuar con independencia y decir la verdad requiere valor. Esto plantea un problema que atañe directamente a la responsabilidad de los propios medios, que tienen la gravísima obligación de informar veraz y objetivamente a la ciudadanía, como está plasmado en el artículo 4o. del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, de contribuir a la construcción de la convicción democrática de México, artículo 5o. de la mencionada ley y que a la vez garantice los derechos de manifestación de ideas consagrados en el artículo 6o. de nuestra Carta Magna. De esta forma decimos que esta función atañe, si, directamente a la responsabilidad de los medios, pero que corresponde también a una línea de endurecimiento del Gobierno, que desde siempre ha bloqueado la prosperidad de una reglamentación del derecho constitucional a la información y que además se encarga de hacer algunas otras presiones.

Recordemos que la vida de los medios electrónicos de comunicación es precaria y que de tiempo, en tiempo el mismo Gobierno se encarga de estárselos recordando. El año pasado el propio director de Radio, Televisión y Cinematografía ejerció presiones que, como todos sabemos, desembocaron en el despido de comunicadores de diversas empresas. La continuación entonces de las empresas de comunicación electrónica está en función de que sepan servir al Gobierno y a sus intereses partidistas.

Diego Fernández de Cevallos, ha expresado una profunda insatisfacción por la iniquidad en el trato que los medios proporcionan y proporcionaron en la pasada campaña federal a los candidatos de oposición. Pero la iniquidad está también en la dificultad que tiene la mayoría de los partidos de acceder a la difusión pagada debido a los altísimos costos que impiden que los contendientes puedan pagarlos.

Urge también aquí una reglamentación que anteponga los derechos generales de la sociedad y los partidos, a los válidos intereses particulares comerciales. Sí, que anteponga la salvaguarda del derecho de ser informados al negocio mismo.

La comunicación veraz y objetiva no puede ser reducida a una cuestión puramente económica.

Este es un asunto complicado. Sabemos los innumerables vasos comunicantes existentes entre el poder político y económico. Los medios monopólicos, Televisa concretamente, es un gigante económico, pero es también un gigante político y al estar en medio de una elección tan competida como lo fue el proceso anterior, el resultado pudo haberse afectado por el trato que se dio a los diferentes candidatos, lo cual hizo abrir las válvulas que pusieran a trabajar estos vasos comunicantes.

Si se piensa que esto es exagerado veremos que no es así. El estudio encargado y dado a conocer por el IFE es claro: el PRI recibió el 36% del tiempo, el PAN el 21%, el PRD 25% mientras que en televisión el PRI tuvo 33%, Acción Nacional sólo 14% y el PRD 18%.

Esto pudiera hacer pensar que el mayor problema está en la radio, por su mayor desproporción en favor de un candidato, pero no es así, ya que la televisión al llegar a un mayor número de escuchas, cubriendo un 74% contra un 12% de la radio, tiene con ello una mayor responsabilidad con la ciudadanía. Esto es lo referente a lo cuantitativo y no todo queda ahí.

Veamos lo cualitativo. La Academia Mexicana de Derechos Humanos publica un documento en el que da a conocer cifras reveladoras: En televisión el candidato oficial recibió arriba del 43% del total de las notas positivas y en la radio el 51%; en el caso de las notas que pueden considerarse como negativas, el PRI tuvo sólo el 13%.

Ni qué decir de los resúmenes y de las primeras apariciones: el 91% fueron para el PRI.

Esto hace necesario decir a los señores que ostentan monopolios, que por encima de su derecho a informar está el derecho de la sociedad a ser informada y bien informada, está el derecho de conocer con veracidad y objetividad los acontecimientos.

Las cosas no han cambiado, queda la prueba contundente el día de ayer. Quienes tuvimos el infortunio de ponernos frente a un televisor, fuimos testigos de cómo el noticiero 24 Horas mostraba imágenes parciales que no correspondían objetivamente al acontecer de esta cámara, burlando una vez más los derechos de la ciudadanía a ser bien informada y violando también los principios de objetividad y veracidad propios de la ética comunicativa.

Televisa es un maestro de la manipulación y transmite información a medias.

Exigimos la verdad, la equidad y la objetividad; basta de que monopolios estén manipulando la información y con ella desinformando y confundiendo a la ciudad.

Emplazamos a las autoridades correspondientes para que actúen al respecto.

Ni qué decir del trato que se dio en algunos estados de la República que bien gobierna Acción Nacional, que en algunos casos recibieron campañas de más de un año de desprestigio previos a las elecciones, buscando influir en el electorado.

El Consejo General del IFE y organismos civiles emitieron en por lo menos siete ocasiones diversos acuerdos y pronunciamientos, instando a los medios a conducirse con los principios de objetividad, veracidad, imparcialidad y equidad.

Los resultados no fueron satisfactorios; no se puede tener el poder de un micrófono para actuar con irresponsabilidad.

¿Qué se puede hacer? Hemos escuchado una propuesta sobre la creación de un ombudsman informativo, un organismo nombrado y dotado de independencia, avalado por los partidos políticos y participando ellos en su nominación, que esté en posibilidad de emitir recomendaciones vinculatorias con base en criterios previamente fijados que garanticen veracidad y objetividad y que estos elementos sí sean tomados en cuenta para la renovación de las concesiones.

No se pretende decir que en materia de comunicación todo esté mal, no. No es nuestra posición ni nuestra intención. En Acción Nacional, reconocemos avances como pueden ser la realización de los debates televisivos, los programas otorgados a los partidos por parte de la televisora, los tiempos otorgados por parte del Estado y del Instituto Federal Electoral. Pero lo que afirmamos también es que esto es insuficiente y que el gran signo que sigue figurando en los medios electrónicos en su relación con los partidos políticos es la iniquidad.

¡Ya basta! Exigimos la verdad para la imparcialidad y la responsabidad para la equidad. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Ana Lilia Cepeda, por cinco minutos.

La diputada Ana Lilia Cepeda de León:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Como acertadamente comentó el diputado de Acción Nacional que me antecedió en la palabra, uno de los aspectos de la elección, en donde la iniquidad se hace más patente, es la del acceso que tuvieron los partidos a los medios electrónicos de comunicación.

Los observadores, los ciudadanos, los partidos, e incluso el Consejo General del Instituto Federal Electoral, pudieron constatar la ilegítima ventaja que tuvo el partido de Estado sobre la oposición. Hay acuerdo y así lo sostienen tanto los monitoreos ordenados por el IFE como los realizados por organismos ciudadanos independientes, en que la radio y la televisión, otorgaron al partido oficial tres veces más de atención y de espacio que a los partidos opositores.

Lo que resulta penoso es que a pesar de esa proporción de tres a uno en los medios electrónicos, el PRI haya obtenido apenas un voto por cada uno que obtuvo la oposición y eso si concediéramos el 50% de votos oficiales, que no necesariamente reales, a Ernesto Zedillo. Estoy segura de que ni en el PRI, ni su candidato, hubieran obtenido el 30% de los votos que le han querido adjudicar, si el acceso a los medios electrónicos hubiera sido igual para todos los partidos. Es evidente que esto lo sabrán tanto el jefe del Ejecutivo, como su Secretario de Gobernación y presidente del IFE.

Es por ello que el doctor Carpizo no quiso utilizar los recursos legales a su alcance para permitir el acceso equitativo de los partidos a los medios. En efecto, en su calidad de Secretario de Gobernación, el doctor Carpizo disponía de miles de horas en radio y televisión, correspondientes a los tiempos legales y fiscales que la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento le otorgan al Estado mexicano.

Precisamente en el VI Informe de Gobierno, por cierto sospechosamente parco en lo que se refiere a los medios de comunicación, se nos reporta el número de horas de transmisión que correspondieron al Estado en los seis meses anteriores a la elección.

De haberse dado una elección equitativa, hubiera podido disponer para repartirlo entre los partidos, de 481 mil horas de radio y 3 mil horas en televisión. Permítanme repetir, 481 mil horas en radio y 3 mil en televisión.

El señor Carlos Salinas de Gortari no nos informó como se utilizó todo ese tiempo, si es que se utilizó, pero está claro que hubiera podido ser utilizado por el Secretario de Gobernación para fomentar una elección limpia y equitativa. Lo grave del caso es que los partidos de oposición no pudieron acceder a la televisión para presentar a los ciudadanos sus ofertas políticas en igualdad de circunstancias que el PRI.

Si el Secretario de Gobernación hubiera utilizado tan sólo una cuarta parte de este tiempo legal y fiscal, es decir, si en realidad hubiera tenido una vocación democrática, a cada partido le hubieran correspondido, sin costo alguno para nadie, 293 horas diarias en las radiodifusoras del país y casi 30 minutos diarios en las seis cadenas de televisión nacional. Repito: 293 horas diarias en radio y casi 30 minutos en televisión para cada partido, si el doctor Carpizo hubiera querido ejercer sus atribuciones legales y hubiera destinado tan sólo una cuarta parte del tiempo del Estado, es decir, de la nación, para lograr que los comicios más importantes de nuestra historia reciente tuvieran un mínimo de equidad.

Por ello, el Secretario de Gobernación es cómplice por omisión de unos comicios que pueden ser calificados de inválidos si nos atenemos a las condiciones de iniquidad total en las que se realizaron. Por esta grave omisión del presidente del IFE en las elecciones de agosto, no perdió el Partido Acción Nacional, no perdió el Partido de la Revolución Democrática, ni el Partido del Trabajo, perdimos los ciudadanos que luchamos por un juego limpio; perdió la legalidad y el estado de derecho. Perdió de nuevo la credibilidad en el Gobierno, perdió el PRI que pasa una vez más a la historia como el gran obstáculo que enfrentamos los mexicanos que queremos arribar a la verdadera democracia en nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado José Castelazo.

El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:

Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:

En nuestra democracia el acceso y la permanencia en el poder lo hemos establecido a través de elecciones por medio de partidos políticos.

Es en el presente siglo cuando en nuestro país nacen y crecen gradualmente los partidos políticos, hoy en día establecidos como instituciones de interés público en nuestra Carta Magna. Evolucionamos de un régimen de partido único, en los años treinta, a un régimen de partido dominante, de los años cuarenta a la mitad de los setenta, hacia el todavía en desarrollo sistema competitivo de partidos que realmente inauguró, a plenitud, el electorado, hasta la pasada elección federal.

El sistema de partidos requiere de condiciones de competencia electoral y los principios que la estimulan, aquí se han mencionado, son los de certeza, legalidad, independencia, parcialidad y objetividad, consignados en un conjunto de normas constitucionales y legales, sustentando la voluntad política de los participantes.

Es así como han cristalizado reformas constitucionales al Cofipe, emisión de decretos y acuerdos, compromisos políticos específicos entre partidos, candidatos y autoridades para dotar de notable transparencia y credibilidad a las pasadas elecciones federales.

Los principios y normas han vaciádose en instrumentos mediante los cuales ha sido posible traducirlos en decisiones, funciones, operaciones y actividades, mostrando una nueva actitud cívica y política frente al fenómeno electoral tal y como fue manifiesto el pasado 21 de agosto.

Dentro de los instrumentos aludimos a tres en esta tribuna: la estructura de la organización electoral, el servicio profesional electoral y la ciudadanización del manejo del proceso. En estos tres instrumentos cobran vida los principios rectores del nuevo sistema de partidos en México, hecho realidad por todos nosotros.

Por lo que toca a la estructura, ésta se establece en dos órganos autónomos en sus decisiones y acciones; son órganos de Estado, no de Gobierno. El primero de ellos es el Instituto Federal Electoral, regido por un consejo general y desagregado en las 32 entidades de la federación y en los 300 distritos electorales. Ese instituto contiene en su estructura al Registro Federal de Electores.

El IFE demostró agilidad y eficacia por su amplia desconcentración y penetración social, aunada a la correspondencia programática, casi exacta, evidenciada a lo largo y ancho de la República, en los eventos previos a la jornada, durante la misma y en los actos posteriores.

El organismo público de Estado, tiene una configuración con más de un poder legítimamente establecido, y en su caso, se configura también, junto con la sociedad organizada. Su función es garantizar los intereses de la nación, no los del Gobierno. Las elecciones son un asunto de Estado.

El segundo organismo de Estado es el Tribunal Federal Electoral, mecanismo jurisdiccional igualmente desagregado en cinco salas regionales y una de segunda instancia. La cualidad fundamental de este órgano es que resuelve en definitiva, las controversias derivadas de un complicado proceso electoral; adicionalmente se designó un fiscal electoral para atender las denuncias de presuntos delitos en la materia.

En su conjunto, IFE y Trife cumplieron en tiempo y forma con su cometido, no obstante las dificultades naturales y deliberadas que enfrentaron.

Ya nuestros compañeros diputados Ovalle, Moreno Collado y Escobedo, han demostrado, apegados a la interpretación de la letra y espíritu de la ley, que todo fue derecho.

La estructura descrita se nutre con personas sujetas a reglas establecidas en un servicio profesional electoral, cuyos requisitos, métodos y programas de reclutamiento, selección, capacitación, contratación, permanencia y separación de personal, desarrollan una actitud y un compromiso de imparcialidad.

Al tercer instrumento destacable en esta nueva organización electoral, se le conoce como el de la ciudadanización del mismo, lo cual significa la participación social, sistemática, organizada, responsable y seria, en el proceso electoral.

Tomando en consideración que la emisión del sufragio es el punto nodal de la democracia moderna, se partió de la construcción de un padrón electoral confiable; su correspondiente listado nominal verificable y una credencialización con foto del elector perfectamente identificable, dotando de certidumbre a los ciudadanos, quienes acudimos a las urnas en una impresionante afluencia de casi 36 millones, alcanzando prácticamente el histórico nivel del 78% de participación con respecto del padrón.

Los partidos políticos, como en ninguna ocasión anterior, hubieran de aclarar la naturaleza, el grado y las formas de su intervención en la elección, su registro, desde las plataformas, sus candidatos, la celebración de sus campañas, el origen y destino de sus recursos financieros, el uso de los medios de comunicación, la designación de sus representantes en casi 97 mil casillas operantes, entre otras cosas, permitieron darle transparencia a la competencia. Hubo tanta transparencia que la oposición cuenta, como nunca, con datos para su crítica; de lo que carece es de argumentos sólidos y de pruebas contundentes que avalen sus dichos.

La figura de los consejeros ciudadanos es inédita en nuestra cultura política. Los seis del Consejo General del Instituto Federal Electoral fueron designados por la Cámara de Diputados a propuesta de los partidos políticos y no como antes, cuando el Presidente de la República proponía consejeros magistrados.

Los consejeros de las juntas locales y distritales ciertamente no variaron porque la ley les establece serlo hasta por dos elecciones. Lo que sí cambió y es muy importante es que tanto a nivel federal como particular las decisiones en cada una de estas instancias recaen en los consejeros ciudadanos, en razón de que los demás miembros del consejo tienen voz pero no voto.

Además cada casilla electoral estuvo dirigida por la sociedad, a través de funcionarios electorales reclutados al azar, vía el proceso de insaculación, 2 millones 514 mil 828 ciudadanos. De la capacitación de los mismos y la selección de 771 mil 320 mexicanos. Todo un ejército cívico que adquirió una experiencia de por vida.

Como remate de este proceso de ciudadanización estuvieron los observadores nacionales atestiguando la elección en lo particular o como parte de una organización no gubernamental. Inclusive hubo visitantes de 40 países para el mismo fin.

En el terreno de las especulaciones al que recurren tanto nuestros adversarios, cabe aventurar que los más de 80 mil observadores no tenían miedo y que observaron "a 36 millones de temblorosos electores", según el PAN, o "a 10 millones de tramposos", según el PRD, emitir su voto.

Ironías aparte, estamos en presencia de una nueva cultura política ciudadana e institucional. Ante la misma es importante rechazar la perversa idea de fraude. La evidencia así lo establece.

¿Se realizaron las elecciones en un clima de tranquilidad en todo el territorio, aun en la zona de conflicto chiapaneco y ejercimos, los que quisimos, nuestro derecho y obligación de sufragar? ¡Francamente así fue!

¿Se pudieron presentar impugnaciones y reconsideraciones, resolverlas conforme a derecho? ¡Francamente así fue!

¿En términos generales los problemas surgidos, antes, durante y después de la jornada electoral, alteraron los resultados? ¡Francamente no los alteraron!

¿Hay posibilidades de mejorar el proceso electoral? ¡Definitivamente sí las hay, porque la sociedad cambia, las condiciones cambian y el proceso es perfectible!

Los primeros interesados en conciliar al proceso electoral con la realidad somos los del Partido Revolucionario Institucional. Que nadie lo dude, mi partido seguirá cambiando en fondo y forma para continuar legítimamente sustentando y sosteniendo el poder del Estado! Desde esta privilegiada tribuna reiteramos que la calificación de la elección presidencial ha estado sujeta a la ley, invocándola en todo momento. Para evaluar si el proceso, absolutamente en todas sus fases, fue legal.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales trabajó por alrededor de 50 horas. ¡Consignada tal labor en la versión estenográfica de más de 700 cuartillas! A diferencia de otras ocasiones en dicha comisión:

1. No hubo rompimiento entre las fracciones.

2. Se abrieron los paquetes con las actas a disposición de los diputados interesados.

3. Se entregó la noche del domingo el proyecto de dictamen elaborado por la fracción mayoritaria a las otras tres fracciones.

¡No es posible que el PRD continúe con el doble juego del filo de la navaja: en veces como fuerza legítima y en veces pretendiendo ser fuerza beligerante!

¡O que el PAN no se comprometa: "se dedique a pegar, escondiendo la mano! ¡Bueno, eso les permite recoger saldos!

¡Ninguna concertación puede estar al margen de la ley! ¡Sólo así podremos fortalecer nuestra viabilidad de país soberano, dueños absolutos de nuestras decisiones! ¡No más concertaciones!

Señoras y señores diputados: las elecciones en México cuentan hoy con una red institucional de principios, normas y estructuras, correspondidos en todo momento.

Está en desarrollo un servicio profesional electoral y existe una indudable ciudadanización del proceso. ¡Que la calificación de Ernesto Zedillo Ponce de León sea plataforma de cambio!

Hagamos un nuevo pacto político entre todas las fuerzas. Sigamos avanzando en el perfeccionamiento de esa red institucional ante la inminencia de continuar celebrando elecciones en paz. Que nuestras diferencias no nos perturben al grado de erosionar y vulnerar el camino de la democracia. Gracias, compañeros.

El Presidente:

Han solicitado la palabra para rectificar hechos, los siguientes diputados: René Arce, Rosario Robles, Audomaro Alba y Tonatiuh Bravo.

Pase René Arce, por favor, para rectificar hechos, cinco minutos.

El diputado René Arce Islas:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Hemos vuelto a escuchar en esta tribuna un llamado a un pacto político, pero antes se golpea a los partidos, a los que se llama a ese pacto político y nuestro problema es que en este monólogo que el día de hoy estamos teniendo todos, es que no sabemos con quién hacer el pacto político, porque lo que tenemos enfrente no es un partido político con el que podamos hablar de partido a partido. Tenemos todavía a un órgano del Gobierno enfrente, que está haciendo esfuerzos, según lo han declarado públicamente, en separarse del Gobierno, pero todavía no lo están, separados y todavía actúan como parte del Gobierno y por eso vienen aquí con un doble lenguaje, el lenguaje de ser un partido de gobierno y a eso mismo fue a lo que nos enfrentamos en estas pasadas elecciones, nos enfrentamos no a un partido político, nos enfrentamos al partido del Gobierno y en el Gobierno. Entonces, ése es el problema y ésa es la contradicción fundamental que tenemos aquí.

Entonces, yo le diría al diputado que acaba de pasar, que si realmente ellos desean arribar a este pacto político, que yo creo que está siendo cada vez más impulsado y planteado por todas las bancadas o por la mayoría de los integrantes de todas las bancadas, entonces requerimos ir aclarando las cosas y requerimos, de entrada, que no quieran convencernos de una legalidad, de una legalidad que no se puede dar, cuando que lo que tenemos enfrente, compañeras y compañeros, es simple y sencillamente el mismo esquema político del pasado, de un pasado que queremos entre todos terminar ya para dar inicio a lo nuevo, a lo que viene.

Y en ese sentido, me parece que lo que debe ir cambiando ya aquí, es el espíritu de las cosas. Tenemos que ir planteándonos ya una actitud diferente todos, aun cuando todavía tengamos leyes que no correspondan a la realidad política que ya vive nuestro país.

A mi me parece, compañeros, entonces, que no sigamos en este monólogo en el que cada quien dogmáticamente creen su verdad y luego simple y sencillamente nos estemos golpeando y luego planteemos el pacto político.

Yo quiero decirles a los compañeros de la bancada del PRI, que hace muchos años alguien escribió lo siguiente, y me parece que es aplicable en este momento; alguien dijo: "No señores, los grandes acontecimientos no nacen de los mecanismos legales, sino del espíritu del Gobierno. Conservando las leyes si queréis conservadlas, aunque al hacerlo cometeréis un grave error. Conservadla los mismos hombres, si eso os place, pero ¡por Dios, cambiad el espíritu del Gobierno!, porque, repito, es el espíritu lo que os está conduciendo al abismo". Esto, compañeros, que se escribió en la Asamblea Nacional en 1848 por Tocqueville, es algo que tenemos que recuperar nosotros. Veamos el espíritu de las cosas ya y hoy el espíritu de las cosas nos dice que la democracia la tenemos que construir entre todos, que ya no estemos apelando aquí a reglamentos, a leyes, a una serie de procedimientos que no nos va a convencer porque para convencernos se necesitan hechos, acciones, nuevas formas de hacer la política en este país, yo los llamo a que lo hagamos, compañeros, pero en serio, no hagamos de esto un ritual como el que ha sido todas las veces que han asumido gobiernos, los presidentes en turno; basta de rituales, basta de simulaciones, vayamos a hacer política diferente entre todos, creo que lo podremos lograr. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, la diputada Rosario Robles.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga:

Señor Presidente, le solicito a usted pida a alguno de los secretarios que dé lectura a estos documentos.

El Presidente:

Ruego a la Secretaría proceder a leer esos documentos.

El secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:

Es un oficio del Departamento del D.F., que dice en la parte superior derecha. Dependencia: Delegación Cuauhtémoc, subdelegación Tepito, Guerrero. Sección: Unidad Administrativa. Número de Oficio: SZTG/939/94. Dice después: México, D.F., a julio 15 de 1994. Licenciado Federico Sánchez Guerrero, coordinador de asesores en Cuauhtémoc, presente. Anexo al presente me permito remitir a usted la relación del personal que labora actualmente en el proceso electoral desde el día 15 de junio del año en curso en esta subdelegación de Tepito, Guerrero. Esperando vernos favorecidos, aprovecho la oportunidad para enviar un cordial saludo. Atentamente. El subdelegado en Tepito, Guerrero, José Luis Zúñiga. Va con copia a la doctora María de Jesús Zavala, jefa de la Unidad Administrativa en Tepito.

Y luego viene una relación que también trae un mismo sello de la Delegación Cuauhtémoc que dice: Nombre: Rodolfo Angeles Domínguez y en la parte derecha trae su Registro Federal de Causantes. Carlos Edmundo Cortés, Priscila Torreblanca, Aarón Servín, Estela Loria, Saturnino Zárate, Lilia Gallegos, Ezequiel Eduardo Medina y Manuel Navarro.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga:

A propósito del diputado del PRI que nos antecedió y que fue precisamente delegado en una de las delegaciones del D.F, estos documentos prueban la intervención de funcionarios y de todo el aparato estatal al servicio del partido oficial. Anexo al presente me permito remitir a usted la relación de personal que labora en esta subdelegación y que estará actualmente en el proceso electoral desde el 15 de junio del año en curso en esta subdelegación de Tepito, Guerrero.

Estos hechos, estas pruebas son más contundentes que la retórica y la falsedad de algunos exponentes del Parque Jurásico que aquí han desfilado; no se hagan bolas, estas pruebas reafirman que la votación del 21 de agosto carece de legitimidad, ética y política.

Por ello quiero entregar, como lo hizo Jorge Carpizo, en este sobre cerrado, el nombre de uno de los responsables más evidentes de esta nueva burla a la nación.

Y le pido a la secretaria Carlota Botey que lo abra en este momento y no en febrero, que lea el nombre, porque nosotros los del PRD no estamos dispuestos a encubrir a delincuentes electorales.

La secretaria Carlota Angela Rosa Botey y Estape:

El nombre es Arturo Núñez.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Audomaro Alba.

El diputado Audomaro Alba Padilla:

Señor Presidente; señores diputados.

Estamos en esta alta tribuna de la nación con objeto de llevar a cabo la calificación de la elección presidencial. Es por ello que debemos centrarnos en los hechos que nos conciernen. No debemos permitir que nos distraigan dichos o hechos de compañeros diputados de la bancada oficial que solamente vienen a perder el tiempo.

Al diputado del PRI, que hizo uso de la tribuna anteriormente, le pido que tenga respeto por un partido político que ha tenido la capacidad de vivir y crecer haciendo democracia a pesar de ellos y que está teniendo éxito porque sabe oponerse, dialogar y gobernar en este país.

Me voy a referir a la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales.

El tiempo y desgaste realizado en las modificaciones legales, hechas al título vigésimo cuarto del Código Penal, nominado delitos electorales y en materia de registro nacional de ciudadanos, para incorporar nuevos tipos penales e incrementar las sanciones a las figuras delictivas ya establecidas, fue en la práctica infructuoso e inoperante.

Como antecedentes podemos encontrar que dicha reforma surgió del acuerdo por la paz, la democracia y la justicia, para garantizar una elección imparcial y para dar una mayor garantía de legalidad al proceso electoral y que llegó a ser la cuarta reforma política en materia de delitos electorales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo del año en curso, previa la sesión del Consejo General del IFE celebrada el 28 de febrero y que culminó con la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, la cual fue una realidad hasta que se alcanzó el consenso de los partidos políticos el 19 de julio, fecha en que el Presidente de la República, expidió el decreto para reformar diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Los supuestos de la inoperancia e infructuosidad de tales reformas en la práctica, son:

1o. Puesto que no se le dio una verdadera autonomía técnica;

2o. Puesto que no se otorgó al fiscal un nivel equivalente al subprocurador;

3o. Puesto que no se dotó en tiempo, de la infraestructura y recursos humanos necesarios;

4o. Puesto que a las denuncias nunca se les dio la agilidad requerida, y

5o. Puesto que no se informaba mensual y puntualmente al IFE y al Procurador General de la República sobre los asuntos encomendados a la fiscalía.

Los recursos humanos y materiales que se invirtieron en la fiscalía no dieron el fruto que la sociedad esperaba, fue en la práctica una gran pérdida de tiempo y sin trascendencia real. Tal fiscalía no funcionó adecuadamente por varias circunstancias, entre ellas primordialmente lo tardío del nombramiento del subprocurador; la controversia sobre la falta de estructura y la tardanza en la resolución de los asuntos.

En consecuencia, los propósitos de dar mayor garantía y legalidad al proceso electoral y disuadir a la ciudadanía de llevar a cabo conductas delictivas, no se logró.

Los casos concretos. Al momento en que el fiscal especial tomó posesión de su cargo, habían sido presentadas 84 denuncias en materia de delitos electorales y a las que no se les dio seguimiento y la agilidad requerida.

Para el día 17 de agosto, a cuatro días de la jornada electoral, los consejeros ciudadanos Santiago Creel, Ortiz Pinchetti y José Woldenberg, emitieron un comunicado de prensa en el que hacían notar que la fiscalía no había presentado algún reporte oficial al consejo y que se desconocía si hasta este momento se había ejercitado alguna acción penal en las más de 130 denuncias presentadas.

El Presidente:

Diputado Alba, tiene usted un minuto para redondear su intervención.

El diputado Audomaro Alba Padilla:

Surgió controversia en torno a los recursos necesarios para que la fiscalía llevara a cabo sus funciones: en un lado el fiscal Ricardo Franco sostuvo que el 16 de agosto aún no contaba con la infraestructura necesaria para actuar eficazmente, sin embargo el procurador Benítez sostuvo que a partir de que fue nombrado, se le dispuso de que se le dotara de todos los medios necesarios para su función.

Dos grupos ciudadanos, Alianza Cívica y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, se abocaron esfuerzos a observar la fiscalía. En sus informes concluyeron que si bien existió un interés de los partidos y de la sociedad en general para denunciar hechos delictuosos en materia electoral, los recursos humanos y materiales que se invirtieron en esta fiscalía no dieron el fruto que la sociedad esperaba. Prueba de lo anterior es que hasta el mes de octubre se haya ejercido acción penal sólo en tres denuncias, de un total de 521; es decir, el 0.57 de ellas. A más de dos meses de haber concluido la jornada electoral, aún se encontraban pendientes de resolver el 72% de las averiguaciones.

El Presidente:

Diputado Alba, le ruego concluir su intervención.

El diputado Audomaro Alba Padilla:

Sí, señor Presidente; concluyo con las siguientes propuestas:

Es positiva la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, pero debe difundirse su existencia y sus funciones, tanto entre los partidos políticos como a la ciudadanía.

2o. Es preciso también se dé a conocer a la ciudadanía la tipificación de los delitos electorales y cómo presentar las denuncias correspondientes, dónde se recibirán y el trámite que seguirán tales denuncias hasta una resolución definitiva.

3o. Es indispensable que en razón de los hechos denunciados en este pasado proceso electoral, sean incluidos nuevos tipos penales en materia electoral y se aumenten penalidades, a fin de lograr la prevención y disuasión de la comisión de tales delitos, y

4o. Se agilicen y resuelvan con prontitud las averiguaciones que se presenten y sobre todo las que se encuentran pendientes de analizar y en trámite, aun cuando los indiciados sean autoridades municipales, estatales o federales y aun diputados federales que se encuentran en este lugar. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Tonatiuh Bravo, por cinco minutos.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:

Con todo respeto, pero aquí me ha impresionado la forma en como algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional han expresado en sus intervenciones su gran satisfacción, porque ahora se hayan ciudadanizado algunos de los órganos directivos del Instituto Federal Electoral y verdaderamente me ha impresionado esto, porque hasta Ovalle, el diputado Ovalle, mencionó el cuaderno número 19 del informe que presentan los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral.

Y me impresiona porque no me explico cuál es la razón por la cual se impidió que estos consejeros ciudadanos vinieran aquí al pleno de la cámara o al pleno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a hablar. Si tanta satisfacción le genera a estos diputados la presencia de estos consejeros ciudadanos, por qué no se les permitió hablar en esta plenaria o en la propia comisión.

Pero por otro lado, el cuaderno 19 que mencionan tiene dos partes sustanciales: la de avances y la de irregularidades y en la parte de irregularidades dice lo siguiente:

"Sin embargo a pesar de que el proceso en su conjunto tuvo los avances ya enunciados, diversos partidos políticos, organizaciones de observación electoral y ciudadanos en general, detectaron diversas irregularidades que se encuentran documentadas en los informes presentados por los observadores y por los visitantes extranjeros."

Y así se dice que los documentos dan evidencia de la inducción del voto, de la expulsión indebida de las casillas de los representantes de los partidos, de la anulación indebida de boletas y falta de inutilización de las sobrantes, de la insuficiente o nula aplicación de la tinta indeleble en algunas casillas el día de la jornada electoral, de la existencia de electores cuyo nombre no apareció en los listados nominales, a pesar de tener su credencial para votar, de votación de algunas personas no registradas y de una serie de irregularidades más, que de igual manera no me explico por qué no se incluyeron en el dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Igualmente quisiera hacer referencia a la intervención del consejero ciudadano Granados Chapa. El señala: "En un sistema que reverencia y sacraliza al poder, hablar de ilegitimidad parece blasfemia, ofensa cual soberano o en el mejor de los casos pobreza de espíritu, falta de elegancia para acatar el mandato de las urnas. De modo que el primer asunto que debemos atender en la contienda democrática, es no descalificar a quienes discrepan y a quienes se afanan por ejercer criterios más allá de los formales, como si fuera ilícito, delito de lesa majestad el sólo poner en duda y con mayor razón negar la legitimidad de las autoridades.

Un poder puede provenir del cumplimiento puntual de las formalidades, sin ganar con ello necesariamente legitimidad. En efecto, un poder puede ser legal y no legítimo; un poder puede ser ejercido en su propio provecho, no en el de la sociedad y permitir con ello su reproducción y eternizamiento. Las reglas de la contienda electoral sirvieron en México como instrumento de dominación política, de modo casi absoluto durante casi medio siglo. Cuando esas reglas se acataron, lo que no solía suceder, los poderes podían proclamar su legalidad, pero no pudieron hacer lo mismo respecto de su legitimidad, pues ha sido notoria la pérdida de asentamiento social del poder emanado de elecciones regulares y formalmente válidas.

La existencia de este partido-Gobierno, ha permitido y propiciado una cultura política, un ambiente político y una estructura electoral que hacen posible su perpetuación. La idea de pluralidad, el respeto al adversario, se ha ido abriendo paso dificultosamente en un medio donde la disidencia y la oposición eran contrarias a la construcción de la unidad nacional, privilegiada por encima de los derechos políticos de los ciudadanos.

El uso de los colores patrios en el emblema de ese partido, revela esa pretensión totalitaria de abarcarlo todo, y por lo tanto de excluir a quienes no se avengan a esa cobertura universal sin fisuras ni resquicios". Esto dice el consejero ciudadano Granados Chapa, a quien se le impidió el uso de la tribuna por parte de la Comisión de Gobernación, de los miembros del partido oficial de esta comisión.

Cierro mi intervención señalándoles a ustedes que en este momento se encuentran dos consejeros ciudadanos en este pleno, Santiago Creel y Ortiz Pinchetti, y si tanto ustedes han hablado y presumido la ciudadanización de los organismos del IFE, entonces sean congruentes y aprueben a continuación que ellos vengan a hacer uso de la tribuna en su calidad de autoridades.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar para rectificar hechos, cinco minutos.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

La intentona de cátedra jurídico-política que nos ha querido dar aquí el diputado Castelazo, desde luego ha sido un acto fallido y es sólo comparable con la intentona previa del diputado Ovalle.

Veamos: el diputado Castelazo nos quiere convencer aquí del cumplimiento de las condiciones o criterios que el artículo 41 de la Constitución impone para los comicios, y nos repitió aquí los principios consabidos de objetividad, imparcialidad, transparencia etcétera. Estamos dispuestos a concederle al diputado Castelazo que sólo en uno tiene razón: el profesionalismo, sí, pero para defraudar. En eso son profesionales y además lo han descentralizado.

En cualquier punto del territorio nacional se puede ya defraudar electoralmente al pueblo sin que necesariamente los caciques den instrucción alguna. Este es un logro de la modernidad priísta. También nos quiere convencer el diputado Castelazo de las supuestas bondades de la ciudadanización, cuando los propios consejeros ciudadanos han emitido consideraciones sobre la limitaciones a las que fueron sujetos. Y no podía ser de otra forma, porque el verdadero poder no está ni en los consejeros ciudadanos, ni en el consejo general, está en las facultades que indebidamente la ley le atribuye a la estructura ejecutiva del IFE, el poder lo tiene Núñez, no los consejeros. Como el poder en la banca lo tienen los directores de los bancos y no los accionistas.

El banquero Legorreta es el que manda en el banco, el que disfruta de los vehículos, de los aviones, de los inmuebles y generosamente decreta un dividendo, según el interés de la dirección y no necesariamente de los accionistas.

Aquí los priístas han dicho, seis de 11 consejeros, son ciudadanos para decir son mayoría, yo diré que ya podrían ser 11 de 11, pero cuando hay pocas facultades y las facultades están en otro órgano, a ese grupo se le usa, se le reduce a figura de ornato y eso hicieron finalmente con los consejeros ciudadanos. Porque aun siendo la totalidad del consejo de 11 ciudadanos, 100%, dicho gráficamente, de cero facultades, de cero poder.

Nos viene a decir también aquí el diputado Castelazo que hubo equidad. ¿Sabe usted diputado Castelazo, cuánto le costó al PRI cada voto por usted?, esto es, cuánto le costó al pueblo? Le costó 72 dólares y le perdono los 10 centavos de dólar. Esta es la división exacta entre los mil 250 millones de dólares que costó, no gastó el PRI, costó al pueblo, 30 veces más de lo estipulado en el tope oficial, 72 dólares por cada voto priísta, contra 20 dólares por cada voto petista, 3.8 dólares por cada voto panista y 0.68 dólares, menos medio dólar, por cada voto del PRD. Así los votos más caros, aprendan a dividir, compañeros priístas, son los del PRI, que cuestan 105 veces más que los del PRD.

Respecto al diputado Ovalle, que no se midió, vino aquí a hacer sofismas y marrullerías jurídicas para descalificar la presencia del ingeniero Cárdenas. Debo decirle al diputado Ovalle que en el discurso que mencionó del ingeniero Cárdenas, él se dirigía a una concentración popular en el Zócalo, no estaba dando cátedra, ni pretende hacerlo nunca, jurídicamente, a nadie, y cuando él anuncia que deja de ser candidato, en estricta verdad así era porque se aprestaba, terminada la campaña, pasada la votación, a iniciar una nueva etapa patriótica: defender el sufragio popular y eso ha estado haciendo el ingeniero Cárdenas; él es el único, lo subrayo, el único ex candidato presidencial que ha tenido los "tamaños" y el valor civil de acercarse hasta esta representación nacional, hasta esta Cámara de Diputados, lo hizo ayer, para defender el voto del pueblo. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra en su turno normal, el diputado Pedro Etienne Llano.

El diputado Pedro René Etienne Llano:

Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados.

Ya son varias las ocasiones en las que miembros de estas cámara, que posiblemente toda su vida han sido o han formado parte del Gobierno, vienen a hablar aquí con la prepotencia de quienes forman parte del Ejecutivo y se olvidan que en la cámara el principio que rige es que estamos entre pares. Por eso quisiera que la forma y el tono en que han hablado Ignacio Ovalle y Jorge Moreno Collado, se dejara, al subir a la tribuna, acordándose de que ahora no son empleados del Ejecutivo, sino que son diputados y como tal ahora debemos estar entre pares.

Aparte de las provocaciones en su intervención, tenían sin embargo la intención nuevamente de limitar las funciones del colegio electoral y se volvió a repetir por parte de Jorge Moreno Collado, que veníamos a calificar la validez conforme a las cifras, conforme a los resultados. Ya habíamos pensado que se superó la pretensión de que la calificación se hiciera atendiendo sólo a la base documental, como también algún otro abogado trató de imponer a esta soberanía.

Sin embargo, compañeros, recordemos que la calificación es una atribución constitucional exclusiva de esta cámara que, por lo tanto, podemos hablar del colegio electoral como un tribunal constitucional, podemos hablar de la calificación no como una simple suma, puesto que debe atender y valorar la legalidad y sobre todo la constitucionalidad del proceso, ésa es la verdadera función de un colegio electoral que se ha tratado de escamotear con argumentos formalistas y con recursos de leguleyo usados en esta esta tribuna.

Compañeros, no sólo en los términos que señala la Ley Orgánica se debe de verificar los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 82 de la Carta Magna, eso lo damos por obvio, sino sobre todo debe de examinarse si la organización del proceso electoral se da conforme a los principios establecidos en el artículo 41 de manera especial en su párrafo octavo y más aún porque no ha sido mencionado y a nosotros nos parece que es la esencia de la calificación. Debe valorarse si el proceso electoral se dio en condiciones que permitieron la expresión libre de la voluntad ciudadana, esto es, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 39 constitucional.

La calificación debe valorar si la constitución del Poder Ejecutivo dimana libremente de la soberanía popular. Esa es a nuestro juicio la función que debe configurar la verdadera calificación de la elección presidencial.

Ahora bien, ya se ha mencionado por varios oradores, y sólo paso a precisar, que ha habido falta de imparcialidad en la actuación de funcionarios electorales. Se ha mencionado desde la actuación del director ejecutivo, Arturo Núñez, quien hay que decirlo también, no sólo fue prominente, es prominente miembro del PRI y en el proceso anterior fue el representante del PRI ante el organismo electoral.

Y se ha señalado, cómo toda la estructura operativa del Instituto Federal Electoral, ha sido personal seleccionado, no por sus méritos profesionales, sino por su lealtad partidista.

Por los informes de los consejeros ha quedado evindenciada una verdadera contradicción, ya que el consejo discute, da la cara, acuerda, pero son las instancias ejecutivas en un 96% ocupadas por miembros seleccionados del PRI, quienes realmente mandan y con ello, en el nivel de los distritos y de los estados, se ha visto afectada la imparcialidad y la objetividad del organismo electoral.

Aquí mismo también han sido señaladas nuevamente las fallas y las irregularidades en el padrón electoral. Aun las cifras de un 4% de error es una cantidad considerable, sobre todo si han sido errores inducidos, movimientos marginales en el padrón, que tienen sin embargo un efecto en la votación.

Los movimientos marginales que se acumulan tienen un efecto en el resultado de las elecciones.

Aquí mismo han sido presentadas nuevamente pruebas de por qué se han detectado documentos, formas y hasta credenciales, como las que aquí planteó la diputada Graciela Rojas, en fechas posteriores a la elección y todas en el fondo parten de un mismo problema estructural.

Los mandos operativos del Registro Federal Electoral tienen el mismo problema y vicio de origen que el personal que forman las estructuras del IFE. Organismo electoral y padrón electoral en manos del partido oficial, significan vicios a los principios de imparcialidad, de objetividad, de certeza y de legalidad.

Por eso el Partido de la Revolución Democrática considera difícil hablar de este proceso electoral tratando de hacer un esfuerzo de encontrar avances y de señalar retrocesos, cuando el problema de fondo es que las irregularidades son consustanciales a este problema de fondo, sigue vigente el sistema de partido de Estado y sigue vigente el control faccioso de los organismos y las instancias electorales en la instancia operativa en donde realmente afectan al resultado de la elección.

Durante este sexenio y en las sucesivas reformas electorales, el Gobierno, y en particular el Ejecutivo, han sido muy hábiles para vender una imagen, para vender una idea cuando la triste realidad de nuestras condiciones y de la operación del partido de Estado pervierten esas ideas. Se ha hablado de la ciudadanización de los organismos electorales y, compañeros, no le demos vueltas, es una estructura controlada por priístas con cachucha de ciudadanos. Se habla de la fotocredencialización y se ha vendido esa idea como si fuera un mecanismo para evitar la manipulación en el padrón y, sin embargo, esta estructura sigue estando controlada y en manos de personas que toda su vida han sido parte del sistema y que tienen una dependencia absoluta con el sistema.

Se ha vendido también la idea de los delitos electorales y muchos compañeros consideran un triunfo haber logrado tipificar los delitos electorales. Pero, al mismo tiempo, el nombramiento en forma irregular y al margen de las disposiciones legales del fiscal especial, ha hecho nugatorio este avance y tenemos denuncias y delitos que permanecen en la impunidad y tenemos a los mismos alquimistas de siempre, a los que han hecho del fraude una profesión, riéndose de estos balances en los que hablamos de avances parciales, de aspectos positivos y negativos.

Se ha hablado también y se ha vendido la idea de la profesionalización del servicio electoral y nos encontramos con la triste realidad que se ha formado una estructura burocrática que prácticamente se convierte en el principal obstáculo a la democracia aquí y ahora, porque tal parece que se nos condena a tener que establecer estructuras paralelas de la misma magnitud, para estar vigilando en cada etapa del proceso que no se cometan maniobras e irregularidades y están condenando de esta forma a los candidatos no a buscar el voto del ciudadano, sino a dedicar una parte considerable del tiempo y de los recursos, a cuidarle las manos a los alquimistas y a los llamados operadores electorales.

Estos aspectos han sido suficientemente expuestos en tribuna por compañeros que nos antecedieron en la palabra, pero consideramos que es sobre todo necesario valorar si en el proceso que estamos calificando se dieron las condiciones para una expresión libre de la voluntad ciudadana.

Se ha manejado ya la utilización facciosa de los programas de Gobierno; se ha señalado el manejo del Pronasol. Nosotros en Tamaulipas conocemos en qué forma se utilizaron los recursos del Procampo, también para coaccionar y para inducir el voto de los ciudadanos. En forma pública, en un acto en donde se entregaron los primeros subsidios a los campesinos en Bustamante, el propio gobernador del Estado, Manuel Cavazos Lerma, habló de estos recursos exigiendo a los campesinos lealtad al presidente Salinas, exigiendo reciprocidad al presidente Salinas. Nosotros preguntamos si el manejo de los recursos públicos exige alguna lealtad a quien no dispone de estos recursos como propios, sino como dinero del pueblo de México y a la par que exigía reciprocidad, demandaba a los campesinos que en estas elecciones no fueran a cambiar camino por vereda; no fueran a votar por otras opciones políticas.

Compañeros, pero no sólo el manejo faccioso de los programas de Gobierno que ya han sido denunciados. Nos preguntamos si la falta de equidad y la desproporción de recursos permitieron efectivamente la expresión libre de la voluntad ciudadana. Ha trascendido que en un solo acto, en una sola cena se recaudaron 750 millones de dólares para destinarlos a las campañas del PRI. Una cena en donde el propio titular del Poder Ejecutivo pasó la charola y cobró favores, para destinar estos recursos a las campañas oficiales. No sabemos cuántas más cenas, comidas y desayunos hubo, pero en la prensa han sido consignadas, incluso algunas con hombres prominentes del narcotráfico; unas que se detectaron a tiempo y no sabemos cuántas otras se llevaron a cabo. Estas contribuciones no se dan sólo por las propuestas políticas o las tesis del candidato. Estas se dan por la connivencia que hay entre el poder público y estos grandes capitales que no son 24 millonarios, son 24...

Señor Presidente; estoy hablando con base en el artículo 103 del Reglamento. Quisiera que los arrieros de atrás dejen de silbar y permitan terminar mi intervención.

Quisiéramos saber cuántos millones de dólares se recogieron en estos pases de charola y cuáles fueron los favores y concesiones que desde el poder se dieron para recaudar estos fondos.

El Presidente:

Nos ha aclarado el señor diputado Etienne que se acoge al principio de la media hora que tiene el artículo 103. Como esta sesión está regulada parcialmente en función del interés que manifestaron los coordinadores de las fracciones parlamentarias y en esto el PRD no participó, no podemos exigirle en este momento al diputado Etienne que se acoja a este acuerdo parlamentario.

El diputado Pedro René Etienne Llano:

Voy a tratar de terminar, pero sí quisiera, por favor, un mínimo de respeto y que se debata con razones, no con silbidos o con gritos anónimos. Está la tribuna abierta para todos y hay que debatir con ideas, no con prepotencia ni con imposiciones. Gracias, señor Presidente y continúo.

Cuántos han recibido concesiones y favores, y de manera especial, nos preguntamos si los tiempos destinados por los medios electrónicos no fueron también moneda de cambio de las concesiones que el Estado renovó a los grupos televisivos. Han sido verdaderamente impactantes los datos que aquí se han presentado, como lo hizo la diputada Ana Lilia Cepeda, de la gran desproporción en los tiempos de radio y televisión y esto, compañeros, sin duda ha afectado la libre expresión de la voluntad ciudadana.

Hoy podemos decir que se han superado algunos de los problemas de los caciques del pueblo. Pero que este sistema de partido de Estado ha generado un nuevo cacique: ¡un cacique electrónico, que tiene una influencia en millones de mexicanos! ¡Un cacique electrónico que utiliza una concesión pública para pagar servicios, para pagar concesiones, para regresar favores!

¡Esto es parte del sistema de partido de Estado! ¡Esto es parte de las denuncias que hemos hecho, que impiden verdaderamente esta vigencia del artículo 39 constitucional: la expresión libre de la voluntad soberana del pueblo para constituir los poderes de la Unión!

Examinados por eso desde el punto de vista de la constitucionalidad del proceso, son evidentes los vicios y las irregularidades. Ya nos hemos referido a los vicios que afectan la imparcialidad y la objetividad, a los vicios que afectan en el padrón electoral la falta de certeza y legalidad, ¡y a estos otros, verdaderos delitos, que han impedido la expresión libre de la voluntad ciudadana!

¡Pero para evitar que alguien diga que hablamos sin dar pruebas, hago entrega aquí mismo, en acto público, de 60 expedientes que contienen las pruebas de estas irregularidades y que afectan, por los vicios señalados, la validez de las elecciones en estos distritos y por tanto fundamentan la nulidad de la elección presidencial!

Cuatro expedientes de Coahuila, dos expedientes de Chiapas, ocho expedientes del Distrito Federal, ocho expedientes del Estado de México, uno de Guanajuato, cinco de Guerrero, uno de Hidalgo, dos de Jalisco, tres de Michoacán, uno de Morelos, dos de Nayarit, cuatro de Oaxaca, 10 de Puebla uno de Querétaro, uno de Sinaloa, uno de Tabasco, dos de Tamaulipas, tres de Veracruz y dos de Yucatán.

Termino. En su intervención, al final, el diputado Ignacio Ovalle afirma: "no vaya a ser que buscando más democracia y más libertad, terminemos por sepultarlas".

Y yo le digo con todo respeto y entre pares: ¡Necesitamos sepultar al sistema de partido de Estado, del cual usted es producto, para tener verdadera democracia y libertad en nuestra patria! Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado César Humberto González.

El diputado César Humberto González Magallón:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Instalados como Colegio Electoral este día no realizaremos una votación formal o una votación más. Es hoy la culminación de las elecciones del 21 de agosto para Presidente de la República.

Cabe mencionar también, que ese mismo día, 21 de agosto del presente año, se efectuaron las votaciones para senadores y diputados integrantes de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

A todos nos queda claro que fue la votación más importante en la historia contemporánea de México, en cuanto a concurrencia de electores se refiere. Es cierto, nuestro pueblo manifestó inteligencia y valentía, optando por la paz social, a pesar del cúmulo de provocaciones en contra de él, a pesar de la carga de miseria que sobre sus espaldas llevan más de 45 millones de compatriotas.

El 21 de agosto afloró el sentimiento nacionalista y antiimperialista de nuestro pueblo, razón por la cual no aceptó un cambio regresivo. El 21 de agosto no es cierto que el pueblo ganó, como se presume triunfalistamente. Nuestro pueblo resistió en espera de un verdadero pluripartidismo más sólido y más viable para garantizar el desarrollo democrático de la vida política nacional.

¿Cómo votar teniendo como marco de referencia un proceso político integral que inició no el 21 de agosto, sino más allá del 6 de julio de 1988? Proceso político marcado por la existencia de un centralismo aberrante, que a fuerza de privilegiar intereses de una minoría social ancestralmente sectaria, ha destruido importantes porciones de democracia popular en la realidad regional del país.

Estamos frente a un centralismo que ha aprisionado no sólo las riquezas, sino decisiones políticas fundamentales, como si el pueblo y la nación fuesen de su estricta propiedad.

¿Cómo votar sin preguntarse las causas que han dado origen a un bipartidismo burgués de Estado, agresivo y por naturaleza excluyente del pluripartidismo democrático que hoy tanto pregonan quienes se han autopublicitado como abanderados de la flexibilidad política, pero que en los hechos demuestran lo contrario, con actitudes persecutorias?

¿Cómo dejar clara nuestra actitud ideológica y política respecto de aquellos que propugnan por un cambio de Gobierno, pero no de este sistema social capitalista que debilita el entorno de la soberanía nacional y que hunde a amplios sectores de nuestro pueblo en la extrema miseria y que está provocando una peligrosa crisis económica, social y política, encaminada a enfrentar a los mexicanos en una lucha fratricida, donde sólo México sería el único perdedor?

Negar que el Gobierno actual, como cerebro del Estado mexicano, toma posición por un partido y utiliza mecanismos fraudulentos para mantenerse, sería pecar de ingenuidad política o de mala fe.

A pesar de los limitados avances en cuanto a la voluntad política del régimen para depurar el aparato electoral del Estado, la verdad es que aún se aferran a sobrevivir connotados asaltantes de la voluntad popular. Se suma ahora, también, el fraude ideológico que pretende imponer la mentira de que el pueblo ganó, cuando la realidad es que, sus condiciones de vida son ahora más difíciles que antes del 21 de agosto.

Está claro, esta situación la comprende perfectamente el ciudadano común y corriente; sí, fue una votación histórica, no hay duda, pero fue una votación inducida en forma desproporcionada por la iniquidad en cuanto al financiamiento público y desigualdad en el acceso a los medios masivos de comunicación.

Por eso señalamos que aparte de la supuesta votación histórica y la masiva participación de la ciudadanía, estuvo presente la sicosis de guerra civil, la sicosis del asesinato político, la sicosis del secuestro de personas, la certeza de la inseguridad pública; esto como parte de la mercadotecnia electoral y por supuesto, estuvo también la presencia del clero político militante que llamó a votar desde los púlpitos a favor de las prácticas más retrógradas del anticomunismo.

Estamos, compañeras y compañeros, de cara a un reacomodo de fuerzas políticas desfavorable a los intereses del pueblo y la nación. A fuerzas políticas como el PT, del cual formo parte como diputado, producto de una alianza con el partido del pueblo de Jalisco; nos duele que no esté presente el Partido del Frente Cardenista o el Partido Popular Socialista y compañeros y compañeras, basta voltear para ver a la derecha como se ha nutrido el bipartidismo burgués del Estado y cómo los intereses de los trabajadores han disminuido en sus niveles de vida producto de una agresiva política encabezada por los grandes empresarios y por el clero político, como nos consta en Jalisco, a través de la voz de quien es obispo en estos momentos en ese espacio del territorio nacional. Se han dedicado a hacer política desde los púlpitos y esto, el PAN que ha venido a esta tribuna a decir que habla con honestidad, no lo ha denunciado y ésa es una práctica anticonstitucional, compañeras y compañeros diputados.

El principal promotor del voto panista, por lo menos en Jalisco, ha sido el actual obispo, hoy cardenal y compañeras y compañeros, ¿por qué negar las propuestas políticas democráticas?, ¿por qué coincidimos con Cecilia Soto? Por su propuesta de defensa al interés popular, por su propuesta de defensa a la soberanía nacional, por su propuesta de la reconstrucción del federalismo por la vía popular y democrática, por la defensa de los derechos del hombre y los derechos humanos pero, sobre todo, compañeros, por la propuesta de paz social, que un partido como el PRD también la avala, un partido como el PT también la avala y hay partidos que dicen que están por la paz social y la están quebrantando con una política para socavar los intereses de los trabajadores, compañeras y compañeros.

Nosotros pensamos compañeras y compañeros, que producto de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, se acrecentó una política de inducción del voto por un rumbo que está perjudicando ya los intereses del pueblo de México y estamos ciertos que Zedillo está aprisionado... el doctor Zedillo, compañeros, para que no se molesten... está aprisionado en la conformación de un gobierno que tiene las características de centro-derecha.

Y tiene que rectificarse esa conducta, porque al pueblo de México le conviene un gobierno fuerte, un gobierno constitucional, pero que tenga una orientación a favor de la democracia, a favor de la izquierda, a favor de los trabajadores, compañeras y compañeros.

Yo quiero decirles cómo voy a votar y les voy a decir por una elemental actitud de ética política. Mi voto, es en contra del bipartidismo y en contra del avance de la reacción y del anticomunismo en este país, y en mi carácter de presidente del partido del pueblo de Jalisco, partido que hizo alianza respetuosa con el Partido del Trabajo, mi voto será a favor de que se apruebe el dictamen... en fin, en fin, no soy reventador; reventadores, paleros, se han beneficiado de la alianza con el PRI, se han beneficiado de la alianza con el PRI, ¿sí o no? ¿sí o no?

Yo creo, compañeras y compañeros, que es importante discernir por qué el voto ciudadano el 21 de agosto, se dio por una determinada posición política, pero ahora, compañeros, no podemos negarnos nosotros como parte de este Congreso y parte de esa elección. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José Alejandro Zapata

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Gracias, diputado Presidente; compañeras, compañeros diputados:

En primer lugar, quisiera decirles que en el Partido Acción Nacional, tenemos ideología definida, queremos hacer un debate de altura, no venimos aquí a rebatir jacobinismos a ultranza; pensamos que esa política arcaica ya no tiene lugar en este Congreso.

Respetamos todas las ideologías, respetamos a todos los partidos, pero también creemos conveniente y necesario que ellos tengan la representatividad necesaria para que en esta tribuna se puedan manifestar reflejando el sentimiento del pueblo mexicano.

Nos corresponde, a esta legislatura, la complejidad que entraña el juzgarlo. Estamos calificando el desarrollo de un proceso electoral cuya trascendencia será reflejo en el futuro de la nación, por ello, resulta necesario el llevar a cabo un análisis responsable y a fondo, elementos indispensables para estar en posibilidad de otorgar una respuesta seria al pueblo mexicano.

De manera objetiva debemos dar una resolución, no producto de la pasión partidista, menos aún de la arbitrariedad oficialista, sino de la razón.

Evaluar consiste en analizar el correcto equilibrio de la legalidad; calificar es el resultado que en su justa medida le corresponde a la evaluación. En todo proceso, aun en los de carácter electoral, como el que ahora nos ocupa, cuyas particularidades necesariamente encierran bases sociales, jurídicas y éticas, existe un principio fundamental, recogido por cierto en nuestra Constitución, que es el de la igualdad entre las partes, de que tengan las mismas oportunidades. Algunos autores atinadamente lo han llamado el principio de la equidad.

Durante muchos años, la historia de nuestra patria, se han levantado las voces ciudadanas exigiendo democracia, bandera que ha recogido desde su inicio el Partido Acción Nacional, y concluyó con fuerzas oposicionistas en la búsqueda, para hacer realidad ese reclamo social, sumando esfuerzos para tener mejores condiciones; siguiendo un modelo internacional, cuyos resultados en otras naciones con vocación democrática han sido positivos, se utilizó el sistema de consejeros ciudadanos, adaptándolo desde luego a la mexicana.

La conformación de consejos ciudadanos, modalidad contemporánea para despartidizar y otorgar autonomía a los órganos de autoridad electora, estuvieron, evidentemente, rebasados por la hegemonía del Estado y su partido hasta este año; no tuvieron una verdadera autonomía, convirtiéndose en entes normativos, llevando la carga ejecutiva las manos del Estado, prerrogativa conservada indebidamente en el Cofipe.

Se reconoce que los consejeros ciudadanos del consejo general, son personas respetables, con honorabilidad y que hicieron su mejor esfuerzo. También, en contrapartida, debemos recalcar que en los consejos distritales y locales, fueron impotentes para mantener el equilibrio procesal entre las partes contendientes en el desarrollo del proceso electoral. Lo anterior, como consecuencia de la simbiosis PRI-Gobierno, provocando iniquidad, injusticias, rezagos y atropellos.

Lo anterior refleja la inminencia de que a este órgano se le dote de verdadera autonomía e independencia. No obstante, como ya se ha mencionado, el enorme esfuerzo de instituciones políticas de espíritu democrático y de la gran participación ciudadana, prevaleció la cultura de la ventaja ilícita, rompiendo y corrompiendo los esquemas trazados para garantizar una verdadera limpieza electoral.

Cuando existe iniquidad en un proceso, elemento que se dio en el electoral, cuya calificación nos ocupa y no solamente porque sea una conclusión del Partido Acción Nacional, sino adicionalmente, así lo manifiestan expresamente los consejeros ciudadanos y se desprende del informe realizado por el Secretario de Gobernación, doctor Jorge Carpizo McGregor, en su calidad de presidente del Consejo General del IFE.

Resulta evidente que no se trata de un proceso imparcial, menos aún apegado al espíritu constitucional, pues se volvió a imponer la cultura del partido de estado como sistema antidemocrático, sustentando la supervivencia en los privilegios de mantener el poder y con ello los recursos que satisfacen intereses fundamentalmente privados y condicionados, todo ello a favor del ungido como su candidato.

Vale la pena en este apartado, invocar a don Daniel Moreno, quien en su obra Los Partidos Políticos en el México Contemporáneo, señala: "los partidos políticos representan las tendencias, convicciones y programas de los diversos grupos existentes en la comunidad y los esfuerzos organizados de los mismos para alcanzar o conservar el poder, lo cual presupone la existencia de posibilidades objetivas, legales y prácticas debidamente garantizadas de cumplir tales fines.

Son antidemocráticos los sistemas de partido único o de partido oficial, sostenidos política y económicamente por el Gobierno, porque tales partidos son instrumento de un poder totalitario o autocrático y son artificios que intentan nulificar o impedir que se manifieste la diversidad de corrientes de opinión que necesariamente existen en toda sociedad.

En una democracia, ni en teoría ni en la práctica deben identificarse el Estado o el Gobierno con un partido político; por eso resulta inadmisible la existencia de un partido oficial que mediante privilegios y con características inequívocas de dependencia administrativa se mantienen en México, para asegurar la continuidad de un grupo en el poder con los pretextos de la estabilidad política, de la impreparación y subdesarrollo político del pueblo, o de la necesidad de una eficacia gubernamental, de la que el régimen pretende tener el monopolio". Hasta aquí la cita.

No podemos hablar de una justicia electoral en el pasado proceso electoral si estuvo presente la iniquidad, la desigualdad, la ventaja, los atropellos, la utilización de recursos del Estado y otras tantas irregularidades, menos aún de limpieza y transparencia.

Resulta necesario el reconocimiento mediante los espacios que le corresponden a una sociedad pluralista, para que se pueda expresar en todos los ámbitos que la propia comunidad requiere. Somos un todo formado por diferentes partes y no se puede identificar a éste solamente con una de ellas, que pretende tener el monopolio del Estado, de lo que resulta necesario, no sólo la expresión legal del texto de la ley, sino la verdadera voluntad política en la práctica.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Moreno Berry.

El diputado Alejandro Moreno Berry:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El diputado que me antecedió en el turno en la tribuna, mencionó que ya no es lugar aquí para jacobinismos a ultranza. Indiscutiblemente quienes son aparentemente faltos de ideología, en la práctica se convierten en la cara amable del fascismo.

El día de ayer, en sus gritos que proferían al término de la Asamblea, gritaban algunos de ellos: prófugo.

Nos ha tocado vivir en Baja California un gobierno de corte fascista. Los señores que dicen que hoy no hay que venir a traer ideología a la tribuna olvidan que la formación ideológica y política de cada uno de los presentes y los votos que fueron depositados por el pueblo en las urnas, es producto de plataforma, de programa de gobierno.

El Partido del Trabajo, tiene definida su ideología como un partido socialista, que lucha por el bienestar social y que no se arrepiente de su ideología, ni esconde falsas caras.

Cuando hablan aquí se vanaglorian de que en Baja California, las elecciones fueron democráticas; habrá que recordarles que ciertamente la lista nominal de electores tiene impresa la fotografía de quien porta la credencial de elector, pero olvidan también que la máquina con la que sacan las fotografías es propiedad del gobierno panista y olvidan también que a las 12.00 horas del día de las elecciones en 1992, enviaron un fax a todos los comités distritales para que se admitiera a quien no apareciera en el padrón y en la lista nominal, se admitiera su sufragio. Y entonces podemos decir aquí que podrán maquillar los fraudes electorales que quieran, podrán invitar a quien quieran como observadores, pero lo cierto es que el fraude electoral se hizo en Baja California y no podemos negar que en muchos estados y en muchos distritos en esta elección lo hicieron sus comparsas y parientes.

Acostumbrados como están, a las concertaciones, seguramente perdieron Chihuahua, seguramente perdieron Baja California y seguramente perdieron Guanajuato y ahora resulta que ganaron 10 distritos por mayoría en Jalisco.

Podemos estar hablando aquí de democracia y esconder las verdaderas intenciones. ¿Qué decir de la persecución contra todos aquellos dirigentes sociales que han actuado por el beneficio social de diferentes siglas en los estados de Baja California y Guanajuato?

Compañeras y compañeros diputados, ayer que hablaba el diputado Oscar Levín Coppel, perdón, no el día de ayer, cuando discutíamos la glosa del informe y que contestara...

El Presidente:

Diputado Moreno Berry, tiene usted un minuto para concluir su intervención.

El diputado Alejandro Moreno Berry:

Y que contestara el diputado Carlos Navarrete, que estaban dispuestos los compañeros del PRD al diálogo, que estaban preparados, seguramente que las actitudes de Acción Nacional no son las adecuadas. Lo que se pretende es reventar la posibilidad de caminar hacia caminos diferentes en este país. Seguir manteniendo la alianza PRI-PAN será responsabilidad también del resto de las bancadas y del resto de los diputados.

Si nosotros permitimos que estos individuos, con su formación ideológica que choca con nosotros, que choca con la izquierda, si permitimos que siga persistiendo el bipartidismo, sin ningún objetivo nuestro, práctico, ideológico, hacia el rumbo que estamos persiguiendo, estamos avalando que la explotación, que el número de pobres aumente, que la explotación capitalista se acreciente y que el grupo de oligarcas de este país siga acumulando capital, que lo sigue acumulando a grandes pasos.

Compañeras y compañeros diputados de la izquierda, estamos ante la oportunidad de empezar a denunciar irregularidades, sí, pero también mantener una actitud de distancia con la derecha, de distancia con quienes el objetivo es diferente al nuestro. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Píndaro Urióstegui Miranda.

El diputado Píndaro Urióstegui Miranda:

Señor Presidente; honorable Asamblea:

Con toda humildad, quiero decirles que las elecciones se ganan con votos, no con mentiras, no con calumnias. Estamos conscientes que este Colegio Electoral, órgano político de calificación electoral, es el último escenario para desahogos de una campaña política derrotada hace seis años y sepultada hace dos meses y medio.

El triunfo de Zedillo es limpio e inobjetable; mientras nuestro partido, el PRI, se prepara para triunfar en un proceso electoral legal y transparente que realmente contribuyera a perfeccionar nuestra democracia, otro se preparó desde un principio para inventar, para crear en la fantasía, un fraude electoral que nunca ha podido demostrar legalmente.

A Cuauhtémoc Cárdenas, no sólo lo derrotó Zedillo con casi tres votos a uno, también Diego Fernández de Cevallos y el PAN con casi dos votos a uno. Estas son verdades irrebatibles.

Todos los argumentos que aquí se han expuesto para convencer de un supuesto fraude electoral, han sido los mismos que reiteradamente se ha dicho desde hace seis años. Nada nuevo se ha aportado.

El proceso electoral vigente cuenta ya con una etapa jurisdiccional donde se presentaron antes, durante y después de las elecciones, quejas y recursos que en sus términos fueron ya resueltos por las salas del Tribunal Federal Electoral.

Vivimos un estado de derecho, o lo respetamos para asegurar el destino de este país o nos hundimos todos en un mar de bajezas que viola los valores esenciales de la democracia, de la libertad y de la justicia.

Ustedes, no nosotros, están empujando las puertas de la dictadura o de la anarquía. En ningún país han sobrevivido las dictaduras de minoría porque carecen de un respaldo popular mayoritario. Esa es la más aberrante antidemocracia.

El 21 de agosto, el PRI ganó, repito, limpiamente, con un 50.12% de la votación nacional. ¿Por qué manchar? ¿Por qué deformar? ¿Por qué distorsionar un evento ciudadano, que significó un gran avance en la vida democrática de nuestro país?

El 21 de agosto, el pueblo de México votó mayoritariamente por la paz, no por la violencia. Votó por el derecho a vivir, a creer, a trabajar y a crecer en paz y con estabilidad política y económica. Por eso votó por el PRI y por Zedillo.

No existe mentira por grande que sea que venza a la verdad por pequeña que nos parezca. Todos sabemos que el mentado fraude de Estado, es una mentira, a menos que se hayan confabulado a nivel nacional, 384 mil 588 funcionarios de casillas y 400 mil representantes de todos los partidos, que firmaron las actas de esas casillas, además 1 mil 988 consejeros ciudadanos, 675 observadores visitantes extranjeros y 82 mil 620 observadores nacionales, a los que se sumaron 35 millones de votantes. El fraude no es del Estado, sino de quienes lo han inventado para engañar a la opinión pública.

Sentemos todos, partidos, ciudadanos y autoridades electorales, las bases de una democracia pacífica y convincente, como es a la que ha convocado Ernesto Zedillo.

El Presidente:

Han solicitado la palabra, para rectificar hechos, los diputados Armando Quintero, Edgard Sánchez y Alejandro Higuera Osuna.

Armando Quintero, para rectificar hechos por favor.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

Compañeras y compañeros diputados:

La intervención del diputado Píndaro Urióstegui, sin lugar a dudas, uno de los legisladores que ocupa de manera más claramente ilegítima una curul en esta Cámara de Diputados, porque en el II distrito de Guerrero perdió abrumadoramente ante la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

Pero además, compañeras y compañeros, nos dice que el fraude es una fantasía, aquí están más de 25 distritos con las actas adulteradas a favor del PRI. Venga, señor diputado Píndaro, y cheque usted, la falsedad de las actas, entre las cuales está el distrito que ilegítimamente lo tiene usted ocupando una curul en esta Cámara de Diputados.

Nos dice, compañeras y compañeros, que las elecciones se ganan con votos, pero los señores priístas sacan en esta misma Cámara de Diputados, donde ellos no tienen 300 diputados, 304 votos. Esos son los votos fraudulentos que en esta Cámara de Diputados a los ojos de la prensa nacional, practicaron que conductas no llegan a lo largo y ancho del país en donde se aprovechan de la falta de infraestructura.

Dice que son los mismos elementos que se han utilizado siempre. Tiene razón, señor diputado. Porque no hay hasta el día de ahora una elección presidencial después de la de Francisco I. Madero, que haya sido limpia y legítima y ustedes, los del Partido Revolucionario Institucional, anhelan y quisieran las votaciones fraudulentas del 90%, pero ésas el pueblo y la aspiración democrática de la mayoría de los mexicanos ha impedido y los coloca cada vez más en aprietos para poder demostrar que tienen una mayoría, y hacen maniobras evidentes a los ojos de todos, para poderse garantizar por lo menos una pizca de más del 50%.

Nos dice el diputado Píndaro que los estamos empujando los demócratas a la dictadura. ¡Qué más dictadura que la que han practicado los gobiernos de Figueroa, padre y de Figueroa, hijo, matones del pueblo de Guerrero, asesinos de colonos, de campesinos, de indígenas y de universitarios! Gobernadores conocidos que resuelven a través de la amenaza, del encarcelamiento, de la desaparición de militantes que se oponen a esos gobiernos antidemocráticos.

Y sí se gana con votos, señor Píndaro Urióstegui y Guerrero es el Estado junto con Michoacán más o menos al 85% perredista y ahí si hubiera elecciones limpias, ustedes serían una infinita minoría.

Dicen que el voto por el PRI, fue el voto por la paz, ¿cuál paz?, la paz se oyó cuando mataron a Colosio, la paz se oyó cuando mataron a Ruiz Massieu, la paz se oyó cuando asesinaron al cardenal Posadas, la paz se oye con más de 2 mil secuestros a lo largo y ancho del país, la paz se oye en los niños y en las mujeres muriéndose de hambre en la tarahumara. Esa es la paz del PRI. La paz que queremos los demócratas es la paz de la libertad, de la democracia y de la justicia. Hoy nos pueden ganar, pero no nos van a ganar en la perspectiva histórica de hacer a México libre, democrático y justo y de eso estén convencidos que será más temprano que tarde.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Edgard Sánchez.

El diputado Edgard Sánchez Ramírez:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Ya en más de una ocasión, diputados priístas vienen a decirnos acá que las elecciones se ganan con votos, incluso irónicamente un par de diputados, entiendo que uno de ellos también del Estado de Guerrero, con alguna fama pública similar a la que ya ha sido señalada en relación al diputado Urióstegui, tuvieron la ironía de pararse aquí con una manta diciendo que el pueblo votó y quisieron poner: "Zedillo ganó", y pusieron "Zedillo gano", como si estuvieran cobrando algo.

Y ahora nos dice el diputado Urióstegui, que las elecciones se ganan con votos. Ciertamente, si hubiera un régimen democrático y el problema que estamos argumentando acá, es precisamente que no se respetaron los votos y que a diferencia de lo que decía esa manta desafortunadamente traída aquí por los priístas, el pueblo, sectores muy grandes del pueblo no fueron permitidos de votar y estamos presentando pruebas, no es simplemente un discurso repetitivo sobre el fraude, sino pruebas contundentes como las que han presentado aquí otros compañeros del grupo parlamentario del PRD, y como otras pruebas que dejo aquí ante la mesa de varios cientos de ciudadanos mexicanos sin filiación partidaria explícita y que han presentado su denuncia ante el Fiscal Especial para Asuntos Electorales, precisamente para señalar que habiendo obtenido su credencial de elector, el día de las elecciones fueron impedidos de votar; aquí están nuevas pruebas adicionales de que en efecto las elecciones se ganan con votos, pero el problema de las elecciones del 21 de agosto, es que miles y miles, millones, podemos decir, de ciudadanos, fueron impedidos de ejercer este derecho al voto y no es ninguna exageración decir que son millones, porque precisamente un argumento fundamental para demostrarlo, ha sido el análisis del padrón electoral, que incluso, según la auditoría interna del Registro Federal Electoral, implicó que había 9 millones 496 mil ciudadanos excluidos del padrón.

Y en el estudio que hizo el Partido Acción Nacional en 1991 del listado nominal, había 4 millones 380 mil ciudadanos también excluidos de ese padrón.

El padrón, entonces, de conformidad con la información aportada tanto por la auditoría externa como por la auditoría interna al mismo, primero, excluyó a casi 8 millones de ciudadanos, es decir, 17% del total del padrón, que legítimamente solicitaron y obtuvieron su credencial para votar, pero ilegalmente les fue cancelado su registro en la lista nominal. El fenómeno fraudulento que conocemos como "rasurado" y segundo, registró también ilegalmente a casi cuatro y medio millones de ciudadanos, es decir, el 10% del total del padrón, con domicilios inexistentes o desconocidos, es decir, el fenómeno que conocemos como "fantasmas". Es de elemental lógica que los 8 millones de ciudadanos ilegalmente "rasurados" tuvieron que ser sustituidos también ilegalmente, por un número igual de "fantasmas" o como se les dice, de "super tocayos" falsos, personas que coincidían su nombre y sus dos apellidos, de manera de no alterar el total de ciudadanos de la lista nominal usada el 21 de agosto.

Ello implica que por cada "rasurado", el padrón tiene un "fantasma" o un "super tocayo" falso que tomó su lugar y que de los 6.4 millones de "super tocayos", al menos 3.5 millones son falsos.

Así el hampa electoral, desde antes del 21 de agosto, se aseguró 8 millones de votos fraudulentos, registrando en el padrón cuatro y medio millones de "fantasmas" y 3 millones y medio de "super tocayos".

Todo lo anterior quiere decir, simplemente, que primero, al menos 8 millones de los 17.3 millones de votos que se le atribuyen a Ernesto Zedillo, son fraudulentos y que en consecuencia, es absolutamente falso que haya ganado las elecciones.

Y segundo, que es imposible saber quién ganó realmente, porque nunca sabremos ya por quién hubieran votado los 8 millones de ciudadanos a los que se les conculcó el derecho constitucional de votar al ser "rasurados" del padrón. Por eso es que esto fundamenta nuestra propuesta de nulidad de las elecciones presidenciales del 21 de agosto y en efecto, por qué ha de ser...

El Presidente:

Diputado Sánchez; tiene un minuto para terminar su intervención.

El diputado Edgard Sánchez Ramírez:

Gracias, señor Presidente.

¿Por qué manchar el proceso electoral?, dice el diputado Píndaro Urióstegui. Sí, ¿por qué mancharlo?, ésa es la pregunta que cabe a la conciencia de los priístas, ¿por qué mancharlo?, porque la fórmula de Ernesto Zedillo de que el voto por Zedillo era el voto por la paz, a los 100 días posteriores a las elecciones está mostrando lo que quiere decir: no la paz, la violencia, los asesinatos, los crímenes, como todo el terreno preparatorio para un intento de imposición del próximo 1o. de diciembre. Eso es lo que desde muchos sectores, por ejemplo, desde la Convención Nacional Democrática, se prevé como el reinicio de la guerra en el Estado de Chiapas, si se llegara a imponer el supuesto triunfo de Ernesto Zedillo, como Presidente de la República. Por eso, señoras y señores diputados, es una responsabilidad histórica la que tenemos enfrente.

La única solución para evitar la violencia, la única solución para evitar la guerra, es precisamente anular las votaciones que pretende darle la presidencia a Ernesto Zedillo.

En lo único que tiene razón el diputado Píndaro Urióstegui, es que en ningún país han sobrevivido las dictaduras de minorías. Eso es cierto y por eso el sistema del PRI acabará pronto. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Alejandro Higuera Osuna.

El diputado Alejandro Higuera Osuna:

Diputadas y diputados, ya a estas horas un poco trasnochados:

Cuando el candidato oficial, oficioso y oficialista sacó el slogan: "el sabe como hacerlo", yo creo que a la Comisión de Gobernación "no le llegó el veinte".

El dictamen que presentó esa comisión y la fe de erratas que han presentado, necesitamos, señores, ¡que se vuelva a hacer la fe de erratas de la fe de erratas! ¡Hay graves irregularidades asentadas en este documento! ¡Quiere decir que los resultados de la votación de una manera u otra cambian!

¡Vengo a denunciar nuevamente errores inaceptables en este dictamen y en esta fe de erratas!, ¡Comisión, la de Gobernación, tan delicada como hacer el dictamen para la calificación presidencial; comisión que no se ocupó siquiera de revisar las operaciones aritméticas! Errores, diputado Píndaro, que más de debe de ser ¡Errores que pueden calificarse de desvergüenza!

¡Y le doy datos! ¡Y lo reto diputado a que ahorita, sin pruebas ahí, con éstas en la mano me venga a decir que tengo un error!

En el Estado de México, en el IV distrito, en la hoja 41, columna cuatro, dice: 24 mil 480, según la fe de erratas, debe decir: 24 mil 470.

Diputado Píndaro: no existe ese dato en el dictamen, porque no corresponde al IV distrito; corresponde al I distrito del Estado de México.

En el IX distrito del Estado de México dice: 1 mil 462 de la columna nueve y, debe de decir: 1 mil 452 No existe este dato en el dictamen, porque corresponde también a otro distrito.

En el XIV distrito, en la columna del Estado de México también, dice: 13 mil 766 y, debe decir: 13 mil 556.

Diputado de la Comisión de Gobernación: en el dictamen el número fuente, véalo, es de 13 mil 756, no de 13 mil 556, con una diferencia de 10 votos.

En el I distrito de Nuevo León, el dictamen asienta 128 votos y la fe de erratas asienta cero.

En el I distrito de Tamaulipas, en la columna ocho, dice 9 mil 32 la fe de erratas y debe de decir 2 mil 32.

En el dictamen el dato fuente, diputado, es 3 mil 32 y no de 9 mil 32. Aquí la pregunta es: ¿Cuáles son los datos reales?

Pero no solamente esto es lo delicado. En el dictamen que nos presentaron ayer, dice que la votación válida para el PRI, 17 millones 160 mil 11. Se establece en la página 47 y en el considerando del dictamen se establece como artículo único que el voto del ciudadano Ernesto Zedillo tiene 17 millones 164 mil 42 votos; 4 mil 42 votos de más que no se asientan, que no se asientan aquí y que al final del artículo sí se establece.

¡Ahora sí "ya se hicieron bolas"! ¡Y lo reto a que ahorita me diga cuáles son los datos y las cifras oficiales o cuáles son los resultados oficiales! ¡Porque si partimos también de que hubo una fe de erratas, quiere decir, que los resultados también se debieron cambiar en el artículo único! ¡Y no nos ha presentado, hasta esta hora, todavía no nos han presentado la rectificación al artículo único para que los resultados absolutos no deban de ser igual! ¡Porque en matemática y ya decía alguien que el fraude fue de la partida doble, como se hace en contabilidad!

Quiero concluir, señores. Hay dos tipos de matemáticos o de ingenierías: a los que no les checa la suma y a los que les checa, pero con diferencia. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Pérez Jácome.

El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:

Mi moción de orden, señor Presidente, es ya para estas alturas doble. Primera: y la más importante, mi moción de orden va dirigida a la persona que me antecedió, a la persona, estimo que el señor diputado, si así se quiere llamar, que se permitió faltarnos al respeto a todos, empezando por pretender faltarle al respeto a nuestro Presidente.

Mi segundo concepto de moción de orden, es simplemente pedirle al señor diputado que lea bien los documentos antes de venir a decir, lo menos que le podría llamar, tonterías a esta tribuna. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Graco Ramírez.

El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:

No sé quien dijo: "Píndaro, levántate y camina".

Píndaro vino a esta tribuna, nos quitó el aburrimiento y nos recordó las viejas glorias del priísmo histórico, que se niega a morir por las buenas o por las malas.

Píndaro, he tenido la oportunidad de estar y coincidir con él en varios colegios electorales.

Que te platique Píndaro.

Y déjenme decirles, que Píndaro cuando estábamos en los procesos de autocalificación, en la tribuna no menos de 150 veces dijo que el triunfo era limpio e inobjetable, que el PRI ganó limpiamente.

Y antes al PAN y ahora al PRD, que están empujando las puertas de la dictadura, y... ¡Píndaro, hombre!

Parece que no pasa el tiempo, sigues siendo el mismo. Debo decirte que hasta el sordo y el ciego reconoció el papel de Cuauhtémoc Cárdenas en la lucha por la democracia en México. ¡Fíjate, un sordo y un ciego reconoció publicamente eso!

Y Píndaro, quiero decirte con mucho afecto...

¡Bueno, le tengo afecto después de mucho tiempo, déjame la oportunidad de decirle que lo estimo!

Píndaro déjame decirte que Cuauhtémoc te seguirá quitando el sueño, porque no se va a ir a su casa, seguirá luchando por la democracia en México. Gracias, Píndaro.

El Presidente:

Tiene la palabra en el turno normal, el diputado Arnoldo Martínez Verdugo.

El diputado Arnoldo Martínez Verdugo:

Señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:

A estas alturas del debate, un debate sin duda significativo, yo me estaba haciendo la pregunta de ¿qué papel va a jugar en el desarrollo de la vida política nacional la elección del 21 de agosto?, pero también el sentido que tendrá el debate que está en curso sobre estas elecciones. De eso es que quiero decir algo.

Creo que para todos resulta claro que las elecciones que examinamos tuvieron lugar en una situación que presentaba graves y también se podría decir gravísimos síntomas de descomposición del sistema político dominante. La idea de articular una reforma de la legislación electoral, la aceptó el Gobierno como resultado de un hecho inesperado, sorprendente, que naturalmente conmovió a nuestro país, que fue la insurrección de los indígenas de Chiapas.

Es cierto que los partidos de oposición y el conjunto de las fuerzas democráticas del país habían desarrollado un movimiento por una reforma electoral democrática, este movimiento iba en ascenso, seguirá en ascenso, pero los sucesos de Chiapas fueron un detonante fundamental para conmover la situación nacional. Después aparecieron los asesinatos políticos y ésta no es una referencia caprichosa, porque según todo indica, estos asesinatos son una forma de dar salida a contradicciones políticas agudas y cuando estas contradicciones no tienen una forma de canalización vamos a decir natural por la vía política a través del ejercicio de determinadas libertades, las que son propias de los sistemas democráticos, entonces, se canalizan en la forma que lo hemos comenzado a ver en nuestro país y quizá los sigamos viendo, en un sistema donde rijan las mínimas libertades políticas, es decir, las libertades de afiliarse a partidos, de crear partidos, de sustituirlos por otros, etcétera.

Estas discrepancias, por agudas que sean, se dan por lo general por una vía partidista y cuando así aparecen en la forma que las estamos presenciando, esto para mí, es un signo más de que la falta de aspectos fundamentales de las libertades democráticas, conduce a una descomposición cuando hay además motivaciones todavía no claras, pero quizá profundas, que llevan a que en un mismo partido se produzcan signos de controversia como los que se han venido presenciando. Al pactarse la reforma electoral con la que fuimos al proceso electoral del 21 de agosto, los partidos de oposición, aceptaron, aceptamos unas reformas parciales, que no cambiaban la naturaleza del sistema electoral, pero que parecían ser un avance.

Los partidos de oposición en este aspecto de aprobar un tipo de reforma como la que se dio a partir del 10 de enero, se comenzó a dar a partir del 10 de enero, se comenzó a generar y a trabajar, parecía ser un avance. Los partidos de oposición le dieron al Gobierno el beneficio de la duda, se equivocaron; nos equivocamos.

La lección es clara, esta experiencia no la debemos repetir. México está ansioso de transitar el camino que la gran mayoría de los países han transitado ya hace muchos años y vivir en un régimen de competencia política normal, habitual, pero nosotros vivimos en un régimen de excepción.

En lo que se refiere a la cuestión de las elecciones, a la cuestión de la disputa del poder, pero también a otros aspectos muy importantes de la vida social y política de México. ¿Pero bien, qué pasó en realidad? El Gobierno y el PRI aceptaron aquellas reformas que no les impedía poner en juego los recursos principales de la fusión de partido y Estado y también un amplio margen de manipulación de los votantes y de los votos.

Pienso que reflexiones de este tipo tendremos que hacer a partir de la experiencia de las elecciones que aquí estamos analizando. Yo estoy dando aquí un punto de vista particular de lo que significaron las reformas y de lo que implicó el acuerdo con ellos, el consenso que se formó a partir de estas reformas.

Quiere decir lo que estoy afirmando que ha terminado la fase de las reformas, de los acuerdos entre los partidos, de las discusiones y las búsquedas de aquello que podría ahorrarle a nuestro país y a nuestro pueblo problemas y dificultades extras, como son las que resultan de que un sistema claramente periclitado, ya cuyas fuerzas vitales positivas se terminaron hace tiempo y que por lo tanto no puede generar ninguna de aquellas necesidades y urgencias de este país, pero que sin embargo, siguen presentes y tenemos que abordar las cuestiones de darles solución.

Quiero decir pues, que no ha terminado la fase de las reformas y de los acuerdos, sino que es necesario tomar la experiencia de nuestra lucha política general y conjunta para dar nuevos pasos.

La experiencia del 21 de agosto, en cuyo examen ha sido rico ya este debate, enseña claramente que ya no estamos frente a cualquier clase de reformas, que el país necesita efectivamente nuevas e importantes reformas en su sistema político y social, pero los nuevos acuerdos entre partidos y entre otras organizaciones sociales y políticas, tendrán que girar en torno de otros aspectos centrales que siguen pendientes, que siguen generando falsificaciones y violaciones a la aspiración democrática de la mayoría de los mexicanos, tiene que girar en torno de las medidas precisas que garanticen la solución del problema de fondo que está viviendo el país en el aspecto político y que es, ya se ha dicho aquí, yo lo retomo en otra forma, el problema de la existencia del sistema de partido de Estado. El gran problema que tiene que resolver México, es el problema de si va a subsistir o va a ponerle término la lucha política de las fuerzas democráticas, a este sistema que ha condenado a los mexicanos desde hace ya muchos años, a padecer y a que se forme por este sistema, oligarquías que no están dispuestas a someterse efectivamente al juicio de los electores, al juicio de la opinión de la ciudadanía y ése es lo más grave que nos padece, pero lo que tenemos que resolver y ahora hemos adquirido una experiencia nueva en este sentido.

Lo que hay que resolver, no solamente debe garantizar la igualdad de derechos de los partidos, que no existe, sino asegurar la libertad de organización, la libertad de opciones políticas para la gran mayoría de los mexicanos, que son los obreros organizados sindicalmente, los campesinos, los colonos, todos aquellos que tienen necesidad y que proceden por su iniciativa, a organizarse de alguna manera. El sistema que padecemos ha elaborado una serie de mecanismos para impedir el ejercicio de las libertades de muchos millones de mexicanos, precisamente de aquellos que viven de su fuerza de trabajo. Se ha creado un sistema corporativo que no ha desaparecido por el hecho de que le hayan hecho algunas pequeñas modernizaciones, sigue imperando en las centrales sindicales principales adheridas al PRI, en las organizaciones campesinas incorporadas, en las de colonos que en muchas otras, un sistema de negación de los derechos de organización y de los derechos de opción política. Esa es la gravedad de la situación que vivimos en el problema de los derechos y da la idea de la magnitud del despojo que ha sufrido el pueblo mexicano, de derechos elementales como éste.

Yo estoy seguro que la conclusión de este debate debería ser la anulación de las elecciones del 21 de agosto y abrirle paso a lo que prevén nuestras leyes, en el caso de la anulación de unas elecciones.

Pero ya sabemos para qué sirven las mayorías prefabricadas, están hechas precisamente para estos momentos, no van a cambiar mientras no cambien otros aspectos que son aquellos que deben tomar en sus manos, que debemos tomar en nuestras manos, todas las fuerzas de la democracia en este país, cualquiera que sea el problema que los distinga en otros aspectos de la perspectiva nacional. La cuestión que debemos tomar en nuestras manos es la de la eliminación del sistema de partido de Estado, y esto es posible porque ahora tenemos un pueblo movilizado, con una moral alta y con una experiencia que debe conducirnos a todas las fuerzas de la oposición democrática, a emprender lo que es su responsabilidad mayor: unirse en el objetivo histórico de ponerle fin al caduco sistema de partido de estado.

El Presidente:

Para rectificar hechos, por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Antonio Tallabs.

El diputado Jesús Antonio Tallabs Ortega:

Gracias, señor Presidente, con su venia.

En primer lugar, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, señor Presidente, solicito respetuosamente sea retirado del Diario de los Debates, las expresiones manifestadas por nuestro compañero Alejandro Higuera. Esto lo hago con su consentimiento. Si fuera tan amable en aceptar esta rectificación.

El Presidente:

La mesa toma como suya esta sugestión y le pedimos al Diario de los Debates, que sean retiradas las palabras ofensivas.

El diputado Jesús Antonio Tallabs Ortega:

Señor Presidente, señores diputados:

Para hacer el bien, decía el maestro Antonio Caso, se requiere la concatenación de dos elementos fundamentales: primero, tener voluntad, segundo tener capacidad, capacidad subjetiva y material, que implica tener los conocimientos bastos y contar con los medios necesarios para lograr el propósito. Sin embargo, es una desgracia que el partido en el poder cuente con la ambivalencia en varios casos, del segundo de los elementos citados y se resista a satisfacer plenamente la exigencia primaria. No se ve voluntad.

El padrón electoral es el cimiento donde se construye un proceso de elección, de ahí su importancia. Hablando de historia el padrón electoral de 1988 presentaba inconsistencias de alrededor del 50%, en tal virtud fue que se dio paso a la elaboración de un nuevo padrón que produjo la credencial anaranjada y bajo cuyo listado nos sujetamos a la contienda de 1991.

Acción Nacional demostró posteriormente que en este padrón se encontraban por lo menos tres millones de credenciales en poder de ciudadanos diversos a su titular. Además, se evidenció estadísticamente una serie de errores cartográficos y técnicos que restaban certeza y autenticidad a este padrón.

Demostrados que fueron estos vicios, Acción Nacional, se dio a la tarea de implementar en el ámbito nacional, las acciones político-electorales iniciadas por el gobernador panista Ernesto Ruffo. Lucha ésta que logró su propósito con el inicio del programa Depuración Integral del Padrón y Nueva Credencial para Votar con Fotografía.

Sin embargo, en el curso de este programa, se presentaron una serie de dificultades en los aspectos de vigilancia y verificación, auspiciadas por la voluntad política de algunos funcionarios del Registro Federal de Electores y por la intromisión de algunos gobernadores en este programa federal, con clara intención de manipulación y reducción de márgenes de cobertura.

La fotocredencialización, como elemento coadyuvante a las tareas de depuración del padrón y como instrumento de confiabilidad en la emisión del sufragio, cobró dimensiones de gran importancia. Por ello, Acción Nacional implementó una serie de acciones y medidas para dar seguimiento al desarrollo de este programa.

Las medidas de Acción Nacional lograron en cierta forma su cometido, a pesar de varias resistencias y en este sentido, con base en una auditoría al padrón y en diversas prácticas de índole verificador y depurativo, pudimos observar que el grado de inconsistencia del padrón se había reducido sustancialmente.

No obstante, los avances significativos, en Acción Nacional consideramos que persisten rezagos, uno de ellos es la integración de la base de imágenes que generaría el estado nominal con fotografía y permitiría en un momento dado la impresión de la cédula de identificación para el Registro Nacional Ciudadano.

Por otro lado, también hay que señalar que persistió en este padrón, utilizado el 21 de agosto, una duda, la relativa al crecimiento del padrón. Este crecimiento se dio en un 21%, cuando las tasas de crecimiento poblacional manejadas oficialmente, de acuerdo a lo proporcionado, a la información proporcionada por el presidente Salinas, son muy inferiores al porcentaje señalado.

Bajo estas condiciones, repito, fue que nos sujetamos al proceso federal de agosto de 1994.

Señores diputados, en Acción Nacional hacemos crítica, pero constructiva, nuestra posición es propositiva. Por la conformación de un México nuevo, donde la libertad, la dignidad, la seguridad y la paz sean eje motriz del desarrollo, en términos de la aritmética política, la suma de nuestra voluntad. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Isidro Muñoz.

El diputado Wilfrido Isidro Muñoz Rivera:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El Partido de la Revolución Democrática realizó un planteamiento inicial relativo al hecho de que en el informe elaborado por los consejeros ciudadanos integrantes del Consejo General Electoral, se señala que durante la jornada electoral no se recibió información respecto a la instalación de 2 mil 162 casillas electorales.

Este planteamiento inicial y objetivo de los consejeros ciudadanos lo han venido paulatinamente distorsionando, hasta llegar al alegato de que no saben ya de dónde salieron más de 2 mil paquetes electorales y cómo lo aseveran en rueda de prensa el pasado día domingo, no tienen tampoco idea de su origen, de su instalación y el desarrollo de las actividades de éstas más de 2 mil casillas.

Sólo pretenden en ese hecho, como en otros casos, alterar hechos que le permitan deslegitimar un resultado en las urnas, les resultó desfavorable y lejos a sus expectativas preelectorales. Habré de fundar mi argumento.

El informe que elaboraron los consejeros ciudadanos y que fue remitido a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y que fue ciertamente un informe vasto con suficientes anexos y que dejaban suficiente también claridad en sus planteamientos, no señala que no se instalaron el total de estas casillas, lo que dicen es que no se reportó su instalación durante la jornada electoral, lo cual es muy diferente.

El Instituto Federal Electoral desarrollo un programa denominado Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, para recibir la información relativa a la instalación de casillas, el desarrollo de la votación o la presentación y atención de incidentes.

Se requiere siempre de un mecanismo de recepción y sistematización de información mediante líneas telefónicas, fax, radios, entre otros, esto facilita que se atienda oportunamente y eficaz cualquier contingencia que pueda darse durante la jornada electoral.

En la instalación de las casillas, por ejemplo, se dio el reporte de 97.8%, de las 96 mil 415 casillas, que en total fueron aprobadas por los 300 consejos distritales, hubo por tanto 2 mil 162 restantes, que no se reportó su instalación durante la jornada electoral y que constituyen un 2.7% del total.

Se trata pues de reportes informativos que sólo tienden a coadyuvar a la eficiencia y buen desarrollo de las elecciones no tienen por tanto ningún valor jurídico.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las causas por las que no se obtuvo el total de estos reportes informativos? Son muy claras y entendibles, se trata de las casillas instaladas en las zonas rurales más alejadas de las cabeceras distritales, son razones de distancias y de deficiencias de comunicación.

Como candidatos en su momento, supimos lo que significa el esfuerzo de lograr que nuestros representantes generales y de casilla nos reporten de manera rápida y oportuna la instalación de las diversas casillas que integran cada uno de los distritos y también experimentamos que en el desarrollo de la jornada electoral terminamos privilegiando la información sobre la que no se han instalado o bien en aquellas que existen incidentes.

Esto es lo que logramos en nuestros trabajos de las jornadas electorales, es atender las excepciones y no la regla y lo ordinario que es el reporte de que están ya debidamente instaladas.

Por ello valoramos el hecho de que se hayan logrado reportes de instalación de casillas en 94 mil 235 casos y con sólo un reducido margen de error.

Pero por este simple margen de error el PRD intenta, en sus reclamos públicos y en este recinto, impugnar la validez de las elecciones, incluso llegar al reclamo de la nulidad de la elección presidencial. Esto es absurdo, pretenden incluso hacer creer que repentinamente surgieron más de 2 mil paquetes electorales sin saber de donde provenían, nada es más falso.

De conformidad con los artículos 194 y 195 del Cofipe, las juntas ejecutivas distritales, entre el 15 de abril y el 15 de mayo, definieron y ubicaron los lugares para integrar la propuesta de ubicación de las mesas directivas de casilla. Una vez cumplido esto, el viernes 13 de mayo, sesionaron los 300 consejos distritales para conocer las propuestas de ubicación de las casillas formuladas por estas juntas distritales y lograron un total nacional de 94 mil 147 y que fueron revisadas de acuerdo a la ley por un espacio de cinco semanas.

Para determinar el número de casillas, la ley dispone como lo sabemos, que se instalará una por cada 750 electores o fracción. El total de casillas aprobadas por los consejos distritales, en sesión el 25 de junio, se incrementó a 96 mil 439, la aprobación se obtuvo por unanimidad en 296 consejos, lo que significa un porcentaje del 98.690, mientras que sólo los cuatro restantes consejos los aprobaron por mayoría.

Posteriormente, derivado de los datos a conocer por el Instituto Federal Electoral y derivado también de los ciudadanos inscritos en las listas nominales, se suprimieron algunas casillas, de tal manera que el total de éstas aprobadas, autorizadas fue de 96 mil 415.

Eso aclara de paso las cifras que presentó en su discurso de ayer Cuauhtémoc Cárdenas, quien hizo referencia a diversas cifras de números totales de casillas autorizadas y que le causan confusión, por ser emitidas por diversas autoridades electorales. No debe tener dudas, los números totales de casillas variaron en diferentes momentos de la etapa preelectoral por las razones que ya he expuesto.

Por lo que no se vale ahora, es que como referencia a cualquiera de estas cifras, a cualquiera de éstas que tomó de diferentes etapas del proceso electoral Cuauhtémoc Cárdenas, ahora resulta que no solamente aparecieron más de 2 mil paquetes electorales, sino que sus cifras ya las proyecta entre el seis y más de 10 mil paquetes electorales que no sabe de dónde surgieron. A nadie confunden.

Para mayor abundamiento, los partidos políticos acreditaron representantes en más del 96% de las casillas autorizadas. El PRD mismo acreditó 114 mil representantes propietarios, tuvieron una amplia cobertura en las casillas, una amplia presencia y por tanto saben por los reporteros, de sus propios representantes generales y ante casillas, que no se registró de ninguna manera la falta de instalación de las miles de casillas a que hacen referencia.

Una información estadística nada tiene que ver con la validez o invalidez de una elección. Ningún valor tiene ante la existencia de las actas de instalación y de escrutinio y cómputo de estas casillas, firmadas incluso en su mayoría por los representantes de diversos partidos políticos, incluyendo el PRD.

Saben bien que no se dio este hecho, tratan sólo de magnificar un error estadístico, lo utilizan entre otros propósitos, para justificar la grave derrota electoral que el pueblo les ha conferido.

No puede el perredismo llamar a la democracia sin antes estar dispuestos a aceptar el riesgo de perder. ¿Cómo llamar a la defensa de las urnas sin la predisposición a reconocer el mandato de los sufragantes?

Tengamos presente la reflexión misma hecha por Heberto Castillo, militante perredista, cuando en la última Asamblea de su partido, a principios del mes de septiembre expresó una reflexión que sintetiza en los siguientes hechos. Dice él: "No basta la presunción de que hubo fraude para exigir la anulación de las elecciones. En la imposibilidad de probarlo, dice él y si sólo contamos, dice, con presunciones e inferencias, no podemos alegar la nulidad de las elecciones presidenciales" y, cito nuevamente: "Debemos reconocer que la elección si bien injusta e inequitativa, fue determinante y no podemos reclamar la nulidad del proceso". Hasta aquí la cita textual.

La práctica política no puede ser, compañeros diputados, prisionera de una sola moralidad, de una sola teoría social, de una sola versión de la historia. Nadie puede creerse poseedor monopólico de la verdad. Nadie puede afirmar que lo que dice el adversario son mentiras, mentiras y sólo mentiras como expresaba algunos de los líderes de las fracciones parlamentarias.

Esto solamente muestra grados de intolerancia y complica que la pluralidad se consolide en definitiva en esta casa del diálogo. Podemos actuar siempre al compás de argumentos y refutaciones, dar paso sólo a las tesis y a las antítesis, al poder de la crítica, a la flexibilidad, a la proposición. Todos sabemos que es la mejor forma de dirimir las discrepancias y no las acusaciones estériles y degradantes que a todos nos daña y por tanto a nadie beneficia.

Estamos todos convocados al deseo de entender y hacerse entender, de escuchar en la misma medida de hacernos escuchar. Penoso resulta que en aras del dogmatismo, del escepticismo, se falsifiquen los hechos, se distorsione la realidad, las actitudes dogmáticas restan calidad ética al trabajo político.

Existen incuestionables avances democráticos, existen también aún deficiencias, existen también materias de la democracia aún por acreditar. Los avances son irreversibles, los cambios por realizar inaplazables. No puede alegarse ausencia de la democracia ni puede afirmarse que ésta es perfecta. Mucho habrá que hacer juntos por el cambio, mucho habrá que aportar derivado del consenso en materia de reforma del poder, en el impulso de un nuevo federalismo, en el ánimo por encontrar una auténtica y más lograda descentralización política, un mayor equilibrio en la división de poderes, un fortalecimiento de este Poder Legislativo con mayores facultades de supervisión y control, una mayor capacidad de decisión de los gobiernos estatales y municipales, un replanteamiento de competencias constitucionales con la federación.

¿Quién puede rechazar que es ésta la hora de la democracia? Habremos juntos de hacer, en su momento, la agenda del cambio, una agenda por cierto no impuesta, sino compartida.

Compañeros diputados: la cerrazón política no sólo obstruye, la proclividad al diálogo por el contrario alienta el espíritu crítico y aleja de las actitudes dogmáticas. Actuemos en el espacio de lo que Norberto Bobio dice y llama, las virtudes del diálogo democrático. Muchas gracias.

El Presidente:

Han solicitado, para rectificar hechos, los siguientes diputados: Ifigenia Martínez, Everardo Martínez Sánchez, Saúl Escobar Toledo, Leticia Calzada Gómez, Mara Robles Villaseñor, Gloria Sánchez Hernández y Alfonso Solórzano Fraga. Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández.

La diputado Ifigenia Martha Martínez Hernández:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

A estas altas horas de la noche y después de este rico debate en que nos hemos comprometido, quisiera ser muy breve y simplemente explicar por qué cosa es que habemos muchos ciudadanos, yo aquí estoy como simple ciudadana, no como economista, como representante de numerosos ciudadanos que no podemos creer en los resultados oficiales. Es decir, se nos hace imposible pensar que 35 millones de ciudadanos acudieron a las urnas. Aun considerando que esta elección fue mucho más nutrida que la de 1988, lo primero que nos da desconfianza es el dato oficial de la elección de 1991, en donde según datos oficiales, votaron 5 millones más de ciudadanos que en la de 1988, cuando que a todos nos consta que la de 1988 fue mucho más concurrida. Por eso, sin negar que esta también fue más concurrida, no podemos creer en la cifra de 35 millones. Podrían ser 25, que ya serían cinco más, pudieran ser 30, pudieran ser 26, 27.

Tampoco podemos creer, se nos hace muy difícil pensar que 17.2 millones de ciudadanos votaron por el PRI, cuando que nos consta, en nuestra vida diaria, que cantidad de gente repudia al PRI y no votó por el PRI.

Entonces yo quisiera razonadamente y con toda calma y sin querer ofender a nadie, decir tres razones fundamentales por las cuales no hay credibilidad. Esa es la verdad. No hay credibilidad y no se recuperó.

En primer lugar, ya se dijo, la falta de independencia y autonomía del Instituto Federal Electoral, a pesar de los consejeros ciudadanos, a pesar de las dobles insaculaciones para formar las mesas directivas de casilla, es un hecho que sigue estando administrado y operado por los consejos locales, por las juntas ejecutivas distritales y por los 300 consejos distritales en donde se instalaron 300 centros de acopio de información, los cuales capturaron los resultados de las actas de escrutinio y cómputo correspondientes a las casillas ubicadas en su demarcación territorial y las transmitieron a través de un sistema de red de telefonía. ¿Por qué no las transmitieron por fax? Es decir, todo esto simplemente da lugar a que la operación, manejo y administración del instituto, está hecho por personas del servicio profesional electoral, es decir, por personas dentro de la administración pública que obedecen y están contratadas y siguen toda la linea de mando de la administración pública.

Y como ya dijo el compañero Sánchez Aguilar, éstos son los que verdaderamente administran y operan el Instituto Federal Electoral y carece de autonomía para darle credibilidad.

La segunda razón, es la del padrón electoral. Se había dicho cuando recién se aprobó la reforma de 1989, que se iba a instituir el registro nacional ciudadano como un órgano independiente, en donde se llevara a cabo, se formara el padrón electoral. Esto nunca sucedió. Nunca se estableció el registro nacional ciudadano.

En su lugar se estableció el Instituto Federal Electoral y el Registro Federal de Electores, que es el que forma los padrones y que obviamente adolece de la misma falla del Instituto Federal Electoral; falta de autonomía y por lo tanto falta de credibilidad en cuanto a sus resultados. Lo imperfecto del padrón está dado por el hecho de que haya ciudadanos, así haya sido uno, que no fue uno sino fueron muchísimos, que habiendo estado en las listas, habiendo verificado cuando se verificaron los padrones que estaba, aparece el día de la votación con su credencial y no está en las listas.

Eso ya indica que hay fallas graves, además de todos los "rasurados" y demás que hay. Entonces es la segunda razón de peso.

La tercera razón por la cual no tiene credibilidad el sistema electoral de México es el cerco informativo...

El Presidente:

Diputada Martínez: tiene usted un minuto para concluir su intervención.

La diputada Ifigenia Martínez Hernández:

Sí, señor Presidente.

Es el cerco informativo establecido por los medios, sobre todo los medios masivos de comunicación: radio y televisión. ¡Me consta! Me consta porque lo vi y lo oí! ¡Que dos o tres días antes de las elecciones estábamos en una verdadera catarata de mensajes por radio y anuncios por televisión, anunciando si no la elección sí la obra del Procampo y solidaridad que hace el Gobierno! ¡Contradiciendo lo que se establece en el dictamen! Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Everardo Martínez.

El diputado Everardo Martínez Sánchez:

Compañeras y compañeros diputados:

Se ha estado discutiendo muy ampliamente un dictamen que ya se argumentó, con razonamientos, con ideas, que no está claro el origen de quién y dónde se elaboró. Pero yo creo que al margen de discutir un dictamen cuya trascendencia atañe a la vida política de todo el pueblo de México, lo que aquí, lo que aquí está prevaleciendo, no es exclusivamente si se aprueba o no el dictamen. Ya sabemos de antemano cual va a ser el resultado. El fondo de la discusión es que este Poder Legislativo, por actitudes de sometimiento tradicionales que han propiciado los legisladores del partido oficial hacia el Ejecutivo, lo que aquí se discute es: si este Poder Legislativo va a recuperar la dignidad y va a recuperar las atribuciones que constitucionalmente le corresponden.

Por tal motivo, quiero hacer con ustedes la siguiente reflexión:

Aquí se han cuestionado con mucha precisión la parcialidad de los órganos electorales, se ha puntualizado la iniquidad, se ha puntualizado un sinnúmero de delitos electorales. Pero no se ha dicho nada de que el producto de todas esas irregularidades aquí está también en la Cámara. ¿O acaso los órganos que calificaron la elección de presidente y de diputados y senadores fueron órganos diferentes? ¿No será mencionado que los diputados de la mayoría del partido oficial son el producto de todas esas irregularidades?. Eso de origen le da una ilegitimidad a esta cámara y no es precisamente por obra de los legisladores de los partidos de oposición.

Por tal motivo, hago la siguiente reflexión. El régimen autocrático representado por Carlos Salinas de Gortari, se ha extralimitado en sus atribuciones que le otorga el artículo 71 de la Constitución, haciendo con esto nugatorio lo dispuesto en el artículo 49 constitucional, relativo a la división de poderes, creando un vicio del sistema al haber convertido el Poder Legislativo en un par de órganos colegiados subordinados a la voluntad autocrática del jefe del Poder Ejecutivo, o sea, a la prepotente decisión del señor Presidente, quien es simultáneamente jefe de la nación, jefe de las fuerzas Armadas y jefe del partido político del Estado.

El Presidente:

Diputado Martínez, tiene usted un minuto para concluir su intervención.

El diputado Everardo Martínez Sánchez:

Hay que liberar a este órgano legislativo del sometimiento.

El ejercicio de la soberanía se realiza por medio de los titulares de los poderes, pero en la medida en que la prepotencia del Poder Ejecutivo y el dominio del partido de Estado, con las trampas y marrullerías en los procesos de elección, los manchan e invalidan.

Un Congreso integrado por miembros espurios, por no haber sido electos legalmente, al menos en su mayoría que representan los del partido oficial, este cuerpo legislativo no puede aspirar a la legitimidad que deriva de su poder. De esta manera, cuando el Congreso elegido espuriamente aprueba dictámenes como el que se pretende aquí, que no se ha clarificado dónde y quién lo elaboró, los representantes del partido oficial se meten en un gran dilema; por una parte, por no tener legitimidad deben acatar la voluntad suprema del señor Presidente que los impuso o atreverse a lo contrario, que los coloca en la desgracia política.

El Presidente:

Diputado Martínez, le ruego concluya su intervención.

El diputado Everardo Martínez Sánchez:

Concluyo. Aunque parezca un sacrilegio pretender que muera el presidencialismo autocrático y prepotente, el Congreso de la Unión, convencido de que sus dos cámaras son espurias e ilegalmente integradas, se encontraría obligado en rigor jurídico a negarse a formar parte de este cuerpo colegiado, viciado de ilegitimidad y por lo tanto negarse a emitir su voto, sino también exigir la disolución de tal cuerpo y a convocar a un proceso legal, fundamentando dicha acción en el artículo 39 constitucional, que otorga al pueblo el derecho inalienable de la soberanía y de alterar o modificar la forma de su gobierno.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Serafín Núñez.

El diputado Serafín Núñez Ramos:

Señor Presidente, señores diputados.

Yo no sé si en serio ésta sea una propuesta de disolución del Congreso, como no sé si sea en serio también otra frase escuchada con suma claridad, en relación a si Zedillo es Presidente, habrá guerra. Yo aquí la escuché, yo no estoy hablando de paz, aquí se habló de que si Zedillo era Presidente habría guerra, eso fue lo que se dijo.

Bien, yo quiero decir a ustedes que aquí se habla frecuentemente de diálogo, todos hablan de diálogo, pero acercándose con cautela a esta cámara, lo que uno encuentra es más bien algo parecido a un gran monólogo o un diálogo de sordos. Cada quien habla sobre su asunto, desde sus dogmas, desde sus convicciones, esto es natural, es correcto, pero no se abre para escuchar al otro, no se abre para escuchar pensamientos que puedan cuestionar la convicción de quien habla y yo no sé, a la mejor esto ciertamente es parte de la tradición parlamentaria de este país y yo no lo sabía. Nadie conoce además aquí errores ni autocríticas, no he escuchado un solo pensamiento autocrítico; aquí nadie comete errores, nadie, la responsabilidad de los fracasos siempre está en la contraparte. A mí me parece que sería sano comenzar a pensar en lo que hacemos, en cómo lo hemos estado haciendo, en revisar nuestras políticas, en revisar nuestras políticas de alianzas de masas, el carácter de nuestros liderazgos y muchos otros componentes del quehacer político.

Por otra parte, otros se empecinan en una defensa a ultranza de una limpieza electoral inexistente; orador, tras orador insisten en tratar de hacer, de convencer sin conseguirlo, obviamente, acerca de la limpieza del proceso electoral y acerca también de la limpieza del procedimiento para elaborar el dictamen que aquí se está discutiendo y, claro, aquí es evidente que tal limpieza no existe.

Yo quiero decir a ustedes que hemos participado en el proceso electoral reciente, convencidos de que el camino de las elecciones es la única forma de cambiar el proyecto de nación sin caer en el vértigo de la guerra y esto es una convicción porque la democracia es un proyecto que requiere de esta convicción, los resultados de las elecciones confirmaron nuestras expectativas y el pueblo de México impuso, óigase bien, impuso a los actores políticos de agosto su decisión de cambio en estabilidad.

Ni los priístas pueden pensar que el voto ciudadano fue un cheque en blanco para hacer con el Gobierno lo que se les pegue la gana, ni tampoco se puede decir que todos esos millones de votos ciudadanos, fueron votos comprados.

Una consecuencia se puede sacar entre otras muchas, de estas elecciones y es que aunque nos hemos empecinado muchos en tratar de negar la existencia de un núcleo estable y duro de votación priísta, esta elección ha demostrado que existe un priísmo histórico e ideológico que vota por el PRI y que no son votos comprados; esto le ha costado no reconocerlo mucho a las oposiciones y a las izquierdas de este país.

Cambiar este sistema político, anacrónico y sustituirlo por otro sensiblemente más democrático es el mandato, por un sistema mejor que el que hoy agoniza, por un sistema que no pretenda absolutos, sino simplemente ser mejor:

El pueblo no votó por miedo al cambio, sino por el cambio pero en paz y en estabilidad. Por eso allá donde la paz no existe todavía, allá donde late la guerra todavía, allá donde está amenazada la paz nacional, es una grave responsabilidad de la nación de este Poder Legislativo y del Gobierno, el de encontrar las formas de desmantelar el peligro de la guerra escuchando las demanda de los pueblos indígenas.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul):

Yo te pregunto cuáles son las razones que existen del peligro de una guerra.

El Presidente:

No se permiten los diálogos, diputado Marcué.

El diputado Serafín Núñez Ramos:

La votación de agosto, ordenó alejarnos de la lógica de la confrontación y reforzar el escenario de conciliación y negociación que todos hemos ido construyendo, a pesar de los dinosaurios de todos los siglos; ordenó conducir la transición por el camino del acuerdo y no por el camino del antagonismo radical y visceral.

Los partidos políticos aquí representados, seguramente que ya han elegido el papel que jugarán en la transición mexicana, pero es necesario que la nación conozca con plena claridad y sin duda alguna cuando esta claridad no está plenamente establecida, cuál es la naturaleza de este compromiso.

El PT se propone ser catalizador de la democracia y no detonador de la violencia, por eso no se busca intensificar las confrontaciones ni radicalizar la difíciles condiciones políticas actuales del país. Compartimos cualquier intento de desarrollar las posibilidades de la democracia y fortalecer la confianza en que la política, la pluralidad y la disposición al diálogo son las vías para alcanzar la convivencia entre los mexicanos.

Después del proceso electoral y aún en este preciso momento en que esta Cámara se empeña en calificar la elección presidencial, ha vuelto a mostrarse en toda su realidad la naturaleza del régimen caduco que se erige ya en un México cada vez más plural y diverso social y políticamente, en un estorbo a los esfuerzos sociales y políticos por la democracia. Este estorbo debe ser alejado del camino de este país, porque también se ha convertido en un grave riesgo para la paz y para la vigencia del estado de derecho.

En las elecciones recientes y aún ahora, su presencia se manifiesta en la atmósfera que se respira, como la permanencia de hábitos, de actitudes, de prácticas que son parte constitutiva de una cultura rancia, muy arraigada, del fraude, del autoritarismo, y que para arrancar de esta sociedad van a tener que pasar años porque es un proceso largo, de carácter cultural y civilizatorio.

Esta cultura está vinculada a los orígenes mismos del partido del gobierno, existe esa cultura y todos podemos tocarla porque es una espesa red de control político, de corporativización, que no acaba por ser desmantelada.

Por eso aquí quiero yo ratificar los compromisos del Partido del Trabajo, en relación a las tareas del movimiento social y político maduros en este momento y que independientemente de los resultados de esta calificación, tienen que ser las banderas que enarbolen todos los partidos políticos verdaderamente interesados en un cambio político significativo en este país.

Me refiero a la reforma democrática general, la vigencia real y el ejercicio pleno de la división de poderes y muchas otras reivindicaciones que no viene al caso señalar, porque ya todo mundo las ha repetido.

Lo que está por verse ahora es si seremos capaces verdaderamente de llevar todos estos propósitos a la práctica, porque la presencia de todo un conjunto de prácticas que no quieren ser abandonadas, aun en su simplicidad, aún con su carácter elemental, que cualquier persona pudiera decir que fácilmente podrían ser superadas, nos enfrenta a la realidad de la verdadera dificultad de poder transitar en condiciones de acuerdo a un régimen de democracia.

De cualquier manera, ratifico aquí el llamado que mis compañeros han hecho a esta Asamblea, para que estos propósitos comiencen a hacerse realidad, no solamente al tratar de conseguir este paquete de reformas, sino en el trato cotidiano entre las fracciones, que se aleje la soberbia y el autoritarismo de los más fuertes, que se demuestre en la práctica la disposición a una transición pactada hacia la democracia, que vaya más allá de la retórica.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Marco Rascón, por cinco minutos.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Gracias, señor Presidente.

Los zapatistas en Chiapas llamaron a votar el 21 de agosto, esforzándose por la paz y los que llamaron a votar por la paz, a los pocos días fueron protagonistas y escenario de la violencia.

¿Cómo calificar la elección de Ernesto Zedillo? La elección presidencial del 21 de agosto no fue una contienda entre partidos en igualdad de condiciones y por tanto es difícil referirse a Ernesto Zedillo. Si el candidato del PRI hubiese sido Aguilar Talamantes, Talamantes gana y aquí lo estarían defendiendo.

Más allá del fraude ustedes ya perdieron el rumbo profundo del país. En la bancada priísta no campea el espíritu de Zarco ni de Guillermo Prieto, ni de Mújica, sino el fantasma de Muñoz Rocha.

Civilidad, nuevo acuerdo; ustedes no pueden llegar a ningún acuerdo porque no los dejan. Ustedes no responden a nada y no han respondido a nada a lo largo de todo este debate, ni sobre recursos, ni sobre órganos electorales, ni sobre medios de comunicación, ni sobre el padrón, ni sobre las erratas de las erratas; no han respondido a nada. Hemos estado planteando a lo largo de todo este debate y toda esta discusión, la posibilidad de una discusión objetiva sobre la elección del 21 de agosto.

Compatriotas, ya no se hagan bolas, porque ahora son diputados boligoma, ya aprendieron la consiga: no ver, no oír, de una manera sumamente rápida.

Si ya el PRI se va a independizar del Gobierno, más importante es que se independice esta legislatura del Poder Ejecutivo y haga un juicio objetivo de la elección; un juicio objetivo sin duda anularía la elección del 21 de agosto. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa María Cabrera en su turno normal.

La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:

Con su venia, señor Presidente.

Para contar con una verdadera reforma, una reforma democrática, se requiere de iniciar con la justicia electoral, pero en este momento y en el inicio de mi intervención difícilmente podría dejar pasar por alto algunos de los dichos y de los hechos que han manifestado algunos diputados, por ejemplo: por más que el diputado Fructuoso López floreó el accionar del Tribunal Federal Electoral, me voy a permitir disentir de su posición; él fue quien inició la danza de las cifras que hoy hemos visto, pues con su intervención, a todas luces leguleya, pretende hacer de la cantidad sinónimo de calidad, pretenden los priístas en consecuencia, hacer de la cantidad sinónimo de triunfo, clásico recurso de un agotado repertorio.

Cincuenta punto quince por ciento de votos que se atribuyen no significa calidad de la elección, y éste es precisamente el punto que aquí debiera estar en cuestión, por lo menos para poder proceder a declarar si es a su vez procedente la validez o no de la elección presidencial.

Aún más, el propio presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en una aberrante equivocación, nos dice que la fe de erratas no es, a mi juicio, como él lo aseveró, nos dice que es una cosa de poca monta. Seguramente él está convencido de que sí lo es, pues qué les podría significar un voto más o un voto menos. El punto central aquí será conocer si los votos que se atribuyen son votos reales o falsos.

En esta tribuna, y con anticipación, se ha señalado ya que la violación a la ley no es pequeña ni es grande, es simple y sencillamente violación. Por ello, la ilegalidad en la que se ha incurrido con el procedimiento impuesto por la fracción priísta es sólo una muestra más del comportamiento que les caracteriza: ilegalidad en la forma para ratificar la ilegalidad de fondo, verdad pequeña o grande, según lo vea el diputado Urióstegui.

Hace unas horas y aquí habría que decir antes que la ilegalidad, ésa sí es, lo digo por la intervención del diputado Pérez Jácome, una reverenda falta de respeto a esta instancia soberana. Hace unas horas el diputado Moreno con su intervención dejó claro que esta instancia soberana es, a su juicio, algo menor que el propio Tribunal Federal Electoral, pues supedita su acción a una mera sumatoria de votos. Se equivoca el diputado Moreno, el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados es la instancia única, soberana y política, como lo mandata la ley fundamental y la reglamentaria, que obliga entre otras cosas, a la revisión de las resoluciones del Tribunal Federal Electoral.

Esta instancia, ésta, señor diputado Moreno, es la encargada de la calificación, léase examen, y de hacer el cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. No es en consecuencia una asamblea electoral de su partido en donde ahí sí, seguramente sin que medie juicio, sin que nadie examine nada ni a nadie, probablemente elijan por aclamación a sus candidatos.

Leamos al respecto. Señor Presidente, solicito instruya por favor a la Secretaría, a fin de que dé lectura a la fracción I del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso General.

El Presidente:

Proceda la Secretaría.

El secretario Juan Salgado Brito:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Fracción I. "Erigirse en Colegio Electoral para calificar la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la forma que determine la ley. Su resolución será definitiva e inatacable."

Artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: "La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión calificará y hará el cómputo total de los votos emitidos en todo el país en las elecciones para Presidente de la República, para lo cual se erigirá en Colegio Electoral a fin de declarar electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano que hubiese obtenido mayoría de votos en las elecciones que al efecto se hubiesen celebrado.

La declaración relativa a la calificación de la elección presidencial, deberá emitirse antes del 30 de septiembre del año de la elección.

La resolución de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, erigida en Colegio Electoral, es definitiva e inatacable."

La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:

Legisladoras y legisladores que integramos este colegio, tenemos un compromiso ante la

nación y la oportunidad histórica de enmendar el agravio cometido el pasado 21 de agosto en contra de los derechos ciudadanos, razón por la cual me permito expresar nuestra posición sobre la actuación del Tribunal Federal Electoral, en el presente proceso de elección.

Evidentemente, es contra de la expresada hace ya varias horas por algunos de los diputados.

Para nosotros, para el Partido de la Revolución Democrática y en estricto apego a derecho, esta soberanía es eso, una instancia soberana que no sólo puede, sino tiene que ir más allá de una mera sumatoria. Es, reitero, una instancia soberana que por ética y en ejercicio de campear la verdad, debe proceder a una verdadera calificación, pues el argumento que en esta tribuna el día de hoy han esgrimido algunos diputados, implicaría el sometimiento de esta soberanía a un órgano jurisdiccional que no está facultado para estar por encima de la misma.

Esta es la más alta tribuna de la nación, lo que obliga a la emisión de la declaratoria de la validez o no de la elección presidencial.

Como ya todos sabemos, el poder revisor del Constituyente Permanente aprobó la iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución, entre los que figura por su importancia el artículo 60, el cual ciertamente sufrió transformaciones sustanciales. La principal se refiere a la eliminación de la autocalificación por cuanto hace a las elecciones de diputados, senadores, y en el caso del Distrito Federal de asambleístas, pero reserva la facultad del colegio electoral, este Colegio Electoral, para calificar la elección presidencial.

Esa fue la meta ideal del legislador sin embargo, dejó prácticamente fuera la reforma de fondo al órgano encargado de impartir la justicia electoral, que en primer instancia tiene competencia para conocer y resolver sobre la inconformidad de los cómputos distritales sobre la elección presidencial.

Como veremos, en los hechos la actuación del Tribunal Federal Electoral dejó mucho que desear.

Es evidente que las reformas electorales emprendidas hasta la fecha no han logrado satisfacer las necesidades de justicia electoral que requiere nuestro régimen político.

El que los respectivos colegios electorales no hayan modificado prácticamente ninguna de las resoluciones dictadas por el pasado Tribunal Federal Electoral en 1991, ni la de los antecesores jurisdiccionales que han actuado en elecciones federales, como lo fue el Tribunal de lo Contencioso Electoral, dieron como resultado que se robusteciera la propuesta formulada por diversos partidos políticos para que se abandonara la autocalificación y desaparecieran los colegios electorales y en su lugar se consolidara el Tribunal Federal Electoral, con el propósito de que todos los actos del proceso de elección, incluida la calificación de la elección, se ajustaran escrupulosamente al principio de legalidad.

Lo anterior implica, que los magistrados y jueces instructores del Tribunal Federal Electoral, debieran ser los responsables directos de garantizar la observancia y aplicación, tanto del 6o. constitucional como de la legislación electoral vigente, ya que en ellos recayó la responsabilidad de dirimir y sustanciar las controversias y puntos litigiosos que los partidos políticos les plantearon para las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa, senadores, representantes a la asamblea para el caso del Distrito Federal y finalmente para elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, la actuación de dicho tribunal no se apegó a los principios rectores que deben regir el proceso electoral mexicano: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Tan sólo recordemos que las diversas salas centrales y regionales del mismo, al sustanciar los recursos de que conocieron, solicitaban a los partidos recurrentes documentos cuya obligación primaria debían ser entregados y satisfechos por la autoridad señalada como responsable en los diversos recursos de inconformidad interpuestos por los partidos, como lo establece el artículo 253, fracción I, inciso A, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El Tribunal Federal Electoral atropelló masivamente la legalidad de la que constitucional y reglamentariamente debiera ser garante, pues la negligencia, la incompetencia el dolo y la parcialidad fueron normas que sustituyeron los mandatos legales. Prueba de ello son las reposiciones que dictó sobre la mayoría de los recursos de inconformidad, por medio de los cuales impugnaban diversas elecciones federales de diputados por el principio de mayoría relativa en las diversas salas regionales y central en primera instancia.

Destacan por su importancia y trascendencia en la integración del Poder Legislativo Federal, los incalificables actos de revocar las reposiciones recaídas a los recursos de inconformidad, interpuestos en tiempo y forma, sustanciados y puestos en estado de resolución, para los casos del distrito XXIII electoral federal con sede en Jaltipan, Veracruz y para senadores de la República por el Estado de Tamaulipas, ambos ya resueltos por la tercera sala con residencia en Jalapa y revocados por la sala de segunda instancia, esgrimiendo argumentos contrarios a los principios fundamentales del derecho en lo general y del derecho electoral en lo particular.

Por cierto hace unas horas también escuchamos al diputado Escobedo y quiero decir abiertamente, el PRI, que aprecié su lectura del Cofipe, sobre los cambios de funcionarios de casilla. Pero quiero decirles que el Partido de la Revolución Democrática, tan acreditó en tiempo y forma en un sinnúmero de escritos en el país, los cambios ilegales de dichos funcionarios, que tan sólo en el distrito XXII, con sede en San Andrés Tuxtla, precisamente por haber acreditado cambios ilegales en un número de 1 mil 192 funcionarios, vamos a ir a elecciones extraordinarias, van a ir por la legalidad electoral.

Y por otro lado, quisiera aprovechar este momento, para señalar que no escuché si el diputado Escobedo aceptó el reto que le hiciera el compañero Saúl Escobar, para confirmar si es o no, legalmente como lo establecen las propias normas del tribunal, admisible el recurso de reconsideración para impugnar las resoluciones sobre los recursos de inconformidad en la elección presidencial.

El reto que leyó o que hizo el compañero Saúl Escobar al diputado Escobedo del PRI, lo hago mío y lo invito a que nos conteste afirmativamente. De otra manera me permitiría sugerirle que aprendiera a leer mejor el Cofipe, las propias normas que rigen este proceso de elección y ¿por qué no?, quizá aprendiera también derecho.

Pero el esquema de ilegalidad no terminó ahí desafortunadamente, pues el Tribunal Federal Electoral emitió extrajurídicamente, es decir, fuera del término legal del 10 de octubre, 150 resoluciones recaídas a recursos de inconformidad interpuesto contra los resultados oficiales fraudulentos...

Señor Presidente, me permito solicitarle que informe a la plenaria, que a quienes no siendo diputados que están allá atrás, están chiflando, que yo estoy amparada en el artículo 103 del Reglamento.

El Presidente:

La diputada Cabrera, anuncia escoger su tiempo en función del artículo 103, por lo cual tiene derecho.

La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:

Ciento cincuenta resoluciones decía yo sobre recursos de inconformidad que afectan a 91 distritos electorales, el 30.06% del total de los instalados en el país, con lo cual el tribunal desfirme la nulidad de los cómputos distritales comprobado en los recursos respectivos y la nulidad consecuente de los resultados oficiales de la elección presidencial en su conjunto.

Ante esta situación de hecho, es claro que este colegio puede dar por no resueltos dichos recursos, pues las resoluciones recaídas sobre los mismos, fueron altamente violatorias de la legalidad electoral.

Vale la pena decirle y aclararle al diputado Moreno, que nosotros mismos fuimos inconformados sobre la fecha de la notificación de dichas resoluciones. Nos hemos inconformado porque dichas resoluciones fueron emitidas fuera de los plazos legales.

Me voy a permitir entregar como anexo uno de mi intervención aquí a la Secretaría, una relación dada por el propio Tribunal Federal Electoral, sobre los recursos de inconformidad de la elección presidencial, que el propio tribunal resolvió extemporáneamente.

En las columnas se advierte a qué circunscripción pertenece, a qué distrito, el número de expediente y sus siglas, las casillas correspondientes relacionadas en los mismos y la fecha de resolución.

El código federal omite la referencia específica a las hipótesis de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en su conjunto, lo que de ninguna manera impide el ejercicio de la responsabilidad constitucional y legislativa de este Colegio Electoral de calificar dicha elección y determinar consecuentemente la validez o nulidad de la misma, según sea el caso.

Es evidente que interpretar el código en el sentido de que dicha omisión impide el ejercicio de esta responsabilidad, es un contrasentido que rompe de plano con el orden constitucional y jurídico del país, no sólo a la luz de la disposición constitucional referida, sino incluso a la luz de los ordenamientos legales consecuentes que norman el procedimiento electoral y la responsabilidad de este Colegio Electoral en el mismo.

El propio Cofipe, en su artículo 286, párrafo primero, previene que: "las disposiciones establecidas en este título de nulidades, podrán afectar la votación emitida y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la resolución impugnada". Como lo acredita el expediente respectivo que obra en esta cámara, la votación emitida de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos fue impugnada por recursos de inconformidad admitidos por el tribunal en 228 de los 300 distritos electorales del país, de acuerdo con causales de nulidad previstas en el artículo 287 del mismo ordenamiento, que afectan a la inmensa mayoría de las casillas instaladas en todo el territorio nacional.

Su procedencia, en el 20% de las casillas instaladas, de acuerdo con las reglas aplicables para la declaración de nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa en un distrito electoral y aplicables por analogía y por mayoría de razón para cubrir el vacío jurídico del código respecto de la elección presidencial, determinaría la nulidad de la elección presidencial en su conjunto.

De acuerdo a lo establecido por la fracción I del artículo 74 constitucional, al cual ya se le ha dado lectura, es nuestra facultad erigirnos en colegio y calificar en una acción consecuente y de ética.

Por lo tanto, para el Partido de la Revolución Democrática entender, y eso es lo que proponemos aquí que debemos entender, la calificación como el razonamiento por medio del cual se decide que una serie de hechos se apeguen a una norma que no podría ser en este caso sino la vigencia del derecho al sufragio libre, universal e igual expresado en elecciones auténticas como fundamento del Poder Ejecutivo Federal para determinar los votos válidos e invalidados de la elección.

Consecuentemente, la declaratoria de presidente electo sería improcedente si la votación emitida en las casillas en el 20% o más de los distritos es declarada nula por este Colegio Electoral. En esa lógica, quiero reiterar aquí que ya en el voto particular de mi fracción, que fue presentado por el compañero Leonel Godoy, más los 60 distritos debidamente acreditados cuyos expedientes se encuentran abajo de esta tribuna, nosotros seguimos sosteniendo nuestra demanda: la nulidad del proceso de elección presidencial.

Por otro lado, y ante la desestimación que el tribunal hizo sobre nuestros argumentos y probanzas relacionados en nuestras inconformidades sobre los millones de ciudadanos excluidos del padrón electoral y, en su momento, los excluidos de los listados nominales de electores que el día de la jornada se vieron impedidos de ejercer su derecho a la emisión del voto, como expresión máxima de libertad política, así como nuestra acreditación de los millones de votantes falsos que concurrieron a las urnas, hechos todos que llevaron a la concreción de una acción fraudulenta en detrimento de los derechos ciudadanos y de los partidos. Por ello, el Tribunal Federal Electoral incurrió, como órgano jurisdiccional, en parcialidad y dolo al violentar el incumplimiento de los principios rectores que se establecen en el artículo 41 de la Constitución y rige en los procesos de elección.

En síntesis, el Tribunal Federal Electoral se prestó, en los hechos, a convalidar el fraude como estrategia de Estado. El tribunal no ha cumplido con el fin de dar certeza a los gobernados y hacer prevalecer el derecho. Al contrario, es ejemplo claro de la miniindependencia de los órganos jurisdiccionales en nuestro país, órganos que sin pena ni gloria acatan la consigna.

Vale la pena recordar que el Tribunal Federal Electoral es un órgano que depende formalmente del Poder Ejecutivo. Esto, de origen, lo descalifica para administrar justicia en forma imparcial, pues sólo con ingenuidad puede concebirse un juez imparcial que sirva a la ley y a su vez, cuide su carrera.

El tribunal carece de independencia orgánica y de autoridad moral para salvaguardar el sufragio de los mexicanos. Con todo y ello, nosotros concurrimos en tiempo y forma por la defensa de nuestros legítimos derechos.

El 21 de agosto, se violó el ejercicio del derecho al sufragio libre, universal e igual de los ciudadanos mexicanos, expresado en elecciones auténticas, garantizado en el artículo 35 de la Constitución, consolidando la parcialidad y legalidad, subjetividad en la conducción del proceso electoral, en contravención al artículo 41 del mismo ordenamiento, e impidiendo que la soberanía del pueblo de México sea el fundamento de la autoridad del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de nuestra Carta Magna.

Eso, diputado González Rebolledo, es lo que el PRD ha acreditado. Ustedes no nos han robado nada. Ustedes le robaron al pueblo de México la oportunidad de transitar a un orden en democracia. En todo caso, ese hecho los pone a ustedes como ladrones.

En unos días más, habremos de concurrir a las urnas en Tabasco, Veracruz y Tlaxcala, para la renovación de los poderes locales. De respetarse el voto ciudadano, será innecesario enfrentarse de nuevo al órgano jurisdiccional correspondiente, que también localmente reproduce los vicios de origen que hemos narrado respecto del Tribunal Federal Electoral.

Vamos por la legalidad electoral y en ese sentido, compañeras diputadas, compañeros diputados, con lo ahora expresado, el Partido de la Revolución Democrática, en defensa de los derechos ciudadanos, ratifica que el sexenio salinista llevó a que la nación no tuviera, efectivamente, esa oportunidad de vivir y conocer la democracia.

Estamos convencidos del reclamo ciudadano de justicia electoral; las mujeres y los hombres de México, demandan de esta soberanía, nuestro concurso para que la República transite a una etapa en la que ya sin salinismo, podamos romper con el esquema del sistema de partido de Estado presidencialista y prevalezca en su lugar, un nuevo orden emanado del respeto al voto en elecciones libres y auténticas; porque seguimos empeñados, de manera intransigente, pero al mismo tiempo, propositiva, en construir la democracia ya y la patria para todos.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Marta Alvarado, para rectificar hechos.

La diputada Marta Alvarado Castañón:

Buenas noches, soy la diputada Marta Alvarado.

Tengo en mis manos un documento que nos hicieron llegar los consejeros ciudadanos: Santiago Creel Miranda, Miguel Angel Granados Chapa y José Agustín Ortiz Pinchetti.

Pido al señor Presidente, sea tan amable de ordenar a la Secretaría para que sea leído.

El Presidente:

Proceda la Secretaría.

El secretario Juan Salgado Brito:

"A la opinión pública: al acudir a la sesión celebrada hoy por la Cámara de Diputados, erigida en Colegio Electoral para la calificación de las elecciones presidenciales, hemos conocido el dictamen preparado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Al darle sucinta lectura, hemos advertido con preocupación inexactitudes en la glosa que el dictamen hace de varios puntos del informe que los consejeros ciudadanos aportaron, al que remitió el Consejo General del Instituto Federal Electoral a dicha cámara. Al señalarla y deplorar que hayan ocurrido, no pretendemos interferir en la esfera de atribuciones del Colegio Electoral y la comisión legislativa que preparó el dictamen. Somos respetuosos del Congreso y por esa razón dirigimos este comunicado a la opinión pública, a través de los medios de comunicación.

Pero no podemos dejar de lamentar que citas del informe mencionado se dirijan a probar afirmaciones en sentido contrario de aquéllas en que están insertas.

Damos sólo un ejemplo, en aras de la brevedad, para probar nuestra afirmación. En la página 31 del dictamen, se interpreta la opinión de los consejeros ciudadanos como si ellos afirmaran que en el proceso se presentaron aun ciertas condiciones de iniquidad en la contienda electoral y sobre todo por cuanto al acceso a los medios electrónicos de comunicación y a la persistencia de algunas irregularidades que, sin haber influido en forma determinante en los resultados electorales, es preciso evitar su recurrencia en un proceso posterior.

La posición del informe es otra, como se desprende de la reproducción literal de nuestras opiniones al respecto. Citamos sólo algunas de ellas.

Se ha constatado que hay profundas iniquidades en las condiciones de la competencia electoral en la cobertura noticiosa del proceso y en el acceso a los recursos económicos (cuaderno 19, página 3).

El proceso estuvo marcado por profundas iniquidades en la competencia, que será necesario remontar y por irregularidades que por ningún motivo deben ser soslayadas, aunque no logren alterar lo fundamental de la votación (cuaderno 19, páginas 4-51). Los subrayados son nuestros.

Santiago Creel Miranda, Miguel Angel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti".

La diputada Marta Alvarado Castañón:

Pido que este documento quede como una prueba, aquí en la mesa y que sea anexado a ese dictamen que tan injustamente y en forma tan, verdaderamente tan primitiva, nos quiere ser impuesto esta noche.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Javier Gutiérrez Vidal, en su turno normal.

El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:

Muy buenas noches, compañeros diputadas y diputados:

En lo social, la jornada electoral del pasado 21 de agosto se caracterizó por una alta participación de los mexicanos, quienes como nunca en la historia, acudimos a las urnas electorales a emitir nuestro sufragio. Unos con verdadero fervor cívico y entendiendo que es por la vía electoral como suelen darse los grandes cambios pacíficos. En lo político, por ser los comicios presidenciales más reñidos en la historia de México, en el que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta de los votos emitidos. En lo jurídico, la jornada fue caracterizada por contar con elementos nuevos en su desarrollo; elementos que en el ánimo de dar confiabilidad a los comicios, fueron incluidos por las reformas electorales de 1993 y 1994.

Entre los elementos de referencia encontramos la insaculación de quienes fungieron como funcionarios de casilla. Boletas electorales con talón foliado desprendible. El uso de tinta indeleble, mampara cubierta para guardar el secreto del voto. Publicación de los resultados en el lugar de la casilla. Observadores electorales y visitantes extranjeros. Credencial para votar con fotografía.

Pero estos elementos de nada sirven cuando en quien recae la responsabilidad del manejo de los procesos electorales no priva la voluntad del respeto al voto ciudadano, como muestra de soberanía, pues a pesar de todos ellos se dio un porcentaje de irregularidades el día de la jornada electoral. Entre ellas podemos mencionar: ciudadanos que votaron con el dedo ya entintado, el uso de tinta no adecuadamente indeleble, la práctica de proselitismo electoral en las casillas, no anotar la palabra "votó" en el listado nominal, no marcar la credencial del elector cuando éste hubo sufragado, faltantes de material electoral en las casillas.

Pero estas pequeñas irregularidades en nada son comparables con otras que se dieron y que constituyen verdaderos delitos electorales, hechos denunciados oportunamente por todos los partidos de oposición y por miembros de la sociedad civil. Hubo casillas que abrieron después de la hora debida, casillas que no se instalaron o fueron instaladas en otro lugar, violación al secreto del voto, acarreo de personas para que votaran por un partido determinado, coacción para que ciudadanos votaran en favor de un partido, autorización para votar a personas que no contaban con su credencial de elector, listados nominales rasurados y anulación de boletas con voto a favor de un solo partido. Estas acciones no solamente son dichos del Partido Acción Nacional, sino coincidencias con los informes aportados por las organizaciones civiles que fungieron como observadores electorales, mismos de los que dio cuenta en su oportunidad el Consejo General del IFE.

Debo resaltar el uso por primera vez en una elección federal, de una credencial para votar con fotografía, elemento de confiabilidad que por años los partidos de oposición exigimos al Gobierno de la República, el cual dio prueba de su efectividad en el Estado de Baja California, en donde se utilizó el instrumento similar en el año de 1992. Sin embargo, es lamentable que a pesar del ejemplo puesto en esa entidad federativa, al utilizar también un listado nominal con fotografía, la Federación no haya aceptado la exigencia del equivalente en el pasado proceso del 21 de agosto. Prueba más de que se sigue teniendo una actitud cerrada a todo aquello que pueda dar transparencia a las elecciones y se persiste en dejar sólo aquello que la aparenta.

Por lo que se refiere a la actuación de quienes participaron como funcionarios de las mesas directivas de casilla, es loable, por lo que corresponde a quienes desinteresadamente dieron un día de su vida a la patria y cumplieron con esa honrosa labor cívica. Sin embargo, contrario a la actitud de ellos, podemos señalar de verdadera traición a la patria, la actuación de aquellos ciudadanos que se prestaron para participar en un fraude electoral, desempeñándose en forma desleal a la norma jurídica.

Mucho nos ha llamado la atención que en algunos distritos se diera un sinnúmero de cambios o sustituciones de funcionarios de casilla. Pudiéramos ejemplificar con lo ocurrido en el II distrito federal electoral del Estado de Guanajuato, en el que participaron como funcionarios 460 ciudadanos que no aparecían en los listados que fueron publicados, conteniendo quienes fueron insaculados para ello, lo que equivale a un 33% del total de funcionarios.

Cabe destacar que a pesar de los programas de capacitación del Instituto Federal Electoral, en muchos casos, la actuación de los funcionarios de casilla fue deficiente; responsabilidad que recae en la dirección ejecutiva de capacitación del propio instituto.

En cuanto al novedoso Programa de Resultados Electorales Preliminares, podemos señalar que si bien es cierto puede llegar a ser un elemento de confiabilidad de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas electorales, pues únicamente nos señala el total de votos que dice el acta que se emitieron. Esta afirmación tiene fundamento en los 21.4 votos, que en promedio se computaron por exceso en las casillas y los 21.3 votos, que en promedio se computaron por defecto en las mismas.

El programa de conteo rápido, lejos de cumplir como un instrumento que nos diera un acopio de resultados electorales, fue utilizado por algunos grupos, como la Organización Nacional de Observación Nacional del Magisterio y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, para manipular el sentido del voto en favor del candidato del partido oficial, confundiendo a la opinión pública.

Acción Nacional ya ha manifestado su opinión en cuanto a que la participación de grupos sociales en el programa de conteo rápido en general, ha sido positiva pero creemos que debe perfeccionarse. Del cúmulo de irregularidades que se ha señalado existieron durante el desarrollo de la jornada electoral del 21 de agosto pasado, han sido testigos mudos 81 mil 620 ciudadanos mexicanos que se desempeñaron como observadores electorales y 775 visitantes extranjeros, quienes a pesar de haber sido testigos hasta de la Comisión de Delitos Electorales, son limitados por el artículo 5o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Qué cosa más aberrante, señores, encontramos en dicho precepto, pues en él se reconoce el derecho de los mexicanos a participar como observadores electorales y en el mismo se les limita su función al grado de establecer lo siguiente: en ningún caso los informes, juicios, opiniones o conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos por el proceso electoral y sus resultados.

Esto constituye una verdadera mordaza que enmudece a quienes con buena voluntad y en el ánimo de ser útiles a la patria, deciden participar como observadores de un proceso electoral.

Mención especial debo hacer del proceso electoral realizado en el Estado de Chiapas, una entidad federativa convulsionada por el levantamiento armado y la insurrección, de quienes consideraron que no les quedaba otro camino más que el de las armas para buscar una mejora en su situación personal y familiar. Para los chiapanecos, la limpieza electoral será factor fundamental para volver su confianza en las instituciones y en los comicios electorales como la única manera viable de lograr un cambio pacífico para ellos. Lamentablemente, señores diputados, los hechos nos hablan de que ni en este delicado rincón de la patria, fue posible que el Gobierno y su partido actuara en forma equitativa y honesta para lograr el respeto irrestricto de la voluntad popular.

Muy atentos deberemos estar, nosotros representantes populares, de la conclusión que se dé al proceso local desarrollado simultáneamente al federal, que hoy calificamos.

Ante todas estas circunstancias y con la firme convicción de que únicamente con el desarrollo de comicios electorales limpios y transparentes nuestro país podrá avanzar hacia una vida mejor y más digna para todos, es que el PAN, por mi conducto se permite proponer a esta soberana Asamblea, lo siguiente:

1. Que la capacitación electoral proporcionada por el IFE sea permanente, lo que contribuirá a la mejor preparación de quienes participan como funcionarios de casilla, además de incrementar la cultura cívica de nuestros conciudadanos.

2. Que se notifique el contenido del artículo 5o. del Cofipe, a efecto de que lo señalado por los observadores electorales pueda ser jurídicamente utilizado como prueba de lo ocurrido durante la jornada electoral.

Para el efecto, señor Presidente, me permito entregar a la Secretaría copia de la propuesta de Acción Nacional realizada el pasado 11 de septiembre de 1993, respecto a ese tema.

3. Se integre como elemento de seguridad y confiabilidad de los comicios, el uso de un listado nominal con fotografías en las casillas electorales.

Señoras y señores diputados: cabe recalcar, los diputados de Acción Nacional, están conscientes del deber que entraña nuestra participación en este Colegio Electoral. Con honestidad debemos defender los avances, pero condenar la práctica antidemocrática, con verdadera convicción y principios no emitiremos un voto que descalifique todo, tampoco lo daremos en apoyo para justificar un proceso sumamente injusto e inequitativo. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Franciscana Krauss.

La diputada Franciscana Krauss Velarde:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; honorable Asamblea:

El pasado proceso electoral, constituye una de las más enriquecedoras experiencias dentro de las que han forjado en nosotros los mexicanos, una grandeza de pueblo único. Vivimos una profunda reforma electoral que estoy segura, habremos de seguir perfeccionando, pero en la que ya se dieron muy importantes reformas entre las que quisiera destacar: las reformas constitucionales, la ciudadanización del proceso electoral, la nueva conformación del IFE, el Tribunal Federal Electoral, la depuración al padrón, la credencial con fotografía, 40 millones la obtuvieron, los debates de candidatos televisados, observadores, la insaculación de funcionarios de casilla, tipificación de delitos electorales, topes de campaña y muchos más que han sido reconocidos aquí, en esta misma tribuna por diputados de todos los partidos políticos. Compañeros, reconozco en ese aspecto su honestidad y su honradez política. Los felicito, compañeros.

La jornada electoral, fue ejemplo de un México y de una nueva cultura democrática. Una ciudadanía valiente que ejerció su derecho a votar, sin detenerse ante el rumor, ante el temor, ni tampoco ante los pronósticos de catástrofe. Más de 35 millones de ciudadanos, más de 35 millones, señores, el 77.75% de las listas nominales de electores y a esa ciudadanía y a ese mandato popular, es por lo que estamos aquí y por lo que deberemos de aprobar el dictamen que hoy nos ocupa.

A una ciudadanía que nos merece respeto, porque el 21 de agosto ya votó, ya decidió y decidió bien. Por un México con más democracia, con más justicia social y que le dio un triunfo a Ernesto Zedillo Ponce de León. Gracias, compañeros.

El Presidente:

Tiene la palabra, la diputada Leticia Calzada, en su turno.

La diputada María Leticia Calzada Gómez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Pareciera que en la cultura política de nuestro país, todo es blanco o todo es negro, pero la realidad tiene sus claroscuros.

Como las posiciones de los que nos oponemos al Gobierno y su partido, a menudo se disminuyen o se descontextualizan, exhorto a los medios y al área de comunicación social de esta cámara que respete la integridad en el texto y no saque descontextualizados algunos párrafos.

Efectivamente, más de 35 millones de ciudadanos votamos el 21 de agosto; 77.75%, como lo mencionó la diputada que me antecedió, votaron aquellos que se registraron en el padrón electoral y obtuvieron su credencial con fotografía. Este porcentaje es superior a la participación en elecciones que se presentan en países tales como Bélgica, Alemania o Dinamarca.

Los ciudadanos fuimos a ejercer nuestro voto conscientes de que vivíamos un proceso electoral muy competido, pero también de que estábamos viviendo situaciones inéditas en muchos años. Así, más de 35 millones de ciudadanos preocupados por el futuro inmediato, depositamos cada uno un voto y con él dejamos nuestra esperanza.

No todos llegamos, sin embargo, con la misma libertad a votar, no todos votamos en igualdad de condiciones, un abismo establece la diferencia entre las condiciones en las que llegaron a votar los ciudadanos de las Lomas o los de San Pedro Garza García, N.L., y los que acudieron a hacerlo en las rancherías de los estados de Guanajuato o de Zacatecas, en las colonias pobres de las ciudades de León, Querétaro o Villahermosa.

Los primeros fueron a votar en libertad, bien informados, seguros de cómo votar y de por quién hacerlo; saludaban a sus vecinos, reconocían a los funcionarios de su casilla, seguramente todos se encontraron en la lista de los electores, seguramente votaron en la privacidad requerida para proteger el secreto de su voto, seguramente salieron comentando el respeto con el que se seguían los ordenamientos del Cofipe.

Los segundos votaron en condiciones diferentes, desde que estaban en las filas se toparon con los que, recorriéndola, les animaban a votar por la banderita. Al mostrar su credencial de elector, encontraron cómo funcionarios de casilla a los que tradicionalmente cumplen esta función en los procesos electorales. Los más viejos pensaron: lo mismo de siempre.

Los que acudieron por primera vez encontraron a los promotores del voto, que les indicaban dónde votar por el Gobierno y su partido, para que el Pronasol o el Procampo les cumpliera lo prometido. Hubo quienes no se encontraron en las listas de votantes y preocupados regresaron a casa.

En esta desigualdad, reflejo de nuestras profundas desigualdades, se ejerció el voto el 21 de agosto, en medio de un espeso velo de engaños y de mentiras electorales. Así, la manipulación, la presión para lograr el voto por el partido del Gobierno y la coacción, estuvieron presentes en la jornada electoral.

Las elecciones no fueron claras, ni transparentes y si éstas hubiesen sido como se afirma, las elecciones más limpias de la historia, habría que evaluarles en el marco de la historia electoral en nuestro país, historia que incluye las elecciones gubernamentales de Guanajuato y San Luis Potosí, en el presente sexenio.

No es posible negar la realidad, recuperemos la responsabilidad social, restauremos la credibilidad de la palabra pública, no podemos seguir en el México imaginario, no podemos dejar que la simulación y la mentira sigan presentes en nuestro sistema político. Terminemos ya de tapizar nuestro México con un irremediable velo de mentiras históricas.

Los procesos electorales de 1994, fueron dramáticamente inequitativos. La iniquidad se construyó así:

1o. La desigualdad nacional, pobreza, marginación, falta de educación, represión e intimidación, todo ello permeado en la corrupción del Gobierno y los grupos dominantes.

2o. Hasta hoy no hay argumento objetivo alguno que demuestre que el Gobierno y su partido, no son lo mismo.

3o. En consecuencia, el Instituto Federal Electoral, IFE, es un organismo gubernamental y la ley que lo sustenta viene a ser la más complicada del mundo en materia electoral, con el obvio propósito de evadirla por parte del Gobierno y su partido.

Todo ello explica las irregularidades que cometió el IFE, que asientan claramente los consejeros ciudadanos en su informe, y que especifican en el documento comentarios en torno a las consideraciones de la junta general ejecutiva respecto del informe que presenta la Comisión de Consejeros Ciudadanos.

4o. La Ley Electoral y sus últimas reformas, el diseño mismo del IFE, los nombramientos del Tribunal Federal Electoral y el Fiscal Especial para Delitos Electorales, fueron impuestos por el Gobierno y su partido en condiciones de chantaje para los demás partidos. De no haber aceptado esto, sacrificar parte de sus derechos, el país se iría irremediablemente a la ingobernabilidad. Así fue señores.

Los partidos respondieron responsablemente ante el interés nacional, mientras que el Gobierno y su partido no vaciló en arriesgar la salud de la nación para obtener sus fines.

5o. La iniquidad se materializó en el uso sin límites de los recursos económicos, materiales y humanos del Gobierno a favor de su partido, sumándoles la aportación sin medida del gran capital privado y la planificación de una mercadotecnia electoral, con la integración de los medios masivos de comunicación que por su volumen en tiempo y cobertura alcanzó un costo sin precedentes en la historia de la venta de producto alguno en el mundo. Así se actuó sobre el pueblo de México.

El fraude tradicional fue sustituido por un fraude moderno y la iniquidad aumentó exponencialmente.

¿Las elecciones del 21 de agosto inauguraron la cultura electoral de la inequidad? ¿Los procesos electorales se volverán un rubro del programa económico del próximo Gobierno? ¿Debemos estimar el porcentaje del producto interno bruto, que se aplicará a los procesos electorales? ¿En qué porcentajes se aumentó la deuda pública por efecto de los procesos electorales?

A lo largo de los últimos años, los proyectos personales de unos cuantos se impusieron como proyectos nacionales.

Compañeros diputados: invitada por el Partido de la Revolución Democrática llegué a esta legislatura sin ser militante de ningún partido político. Con independencia crítica pretendo ser voz de la sociedad civil. Valoro en todo lo que vale la paz social y la delicada situación política por la que atraviesa nuestro país. Respeto y me apego a la ley.

Tengo como proyecto personal, el ser promotora, delegada, emisaria de los proyectos personales de los ciudadanos de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro. Hoy, en este recinto, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se impondrá nuevamente el voto aplastante de la mayoría. He tomado la decisión de votar en contra de este dictamen que corrobora ampliamente las razones que he expuesto antes.

Quiero creer sin embargo, que somos capaces de tener la sensatez que nos permite el diálogo para la concertación nacional, que lleve a esta LVI Legislatura al cambio y a la transformación democrática.

Ante la delicada situación por la que atraviesa nuestro país en este momento, resultado de un sexenio, en el cual los proyectos personales de unos cuantos, se impusieron como proyectos nacionales, debemos acabar con el monopolio de la responsabilidad social.

Quiero creer en el compromiso asumido por el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León durante su campaña, para la transformación democrática y la paz. Su palabra está empeñada ante los 35 millones 556 mil 516 ciudadanos que votamos por la esperanza. Si así no lo fuere, esta legislatura deberá de demandarlo ante la nación. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Gerardo de los Cobos.

El diputado José Gerardo de los Cobos Silva:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La materia de lo contencioso electoral, es familiar para todos los que militamos en un partido político, pues es parte medular del proceso electoral. Las instancias juridiccionales que resuelven las controversias en los procesos electorales, son por naturaleza tribunales especiales y por tanto su actuación se rige bajo normas y procedimientos especiales.

En México este tema ha sido materia de un debate, el cual aún no termina. Ha habido ciertamente una evolución, pero debemos ser honestos, ha sido una evolución solamente formal, porque reforma tras reforma nos enfrentamos con que el fondo sigue siendo el mismo.

El avance del marco legal no se discute. Las bondades que se expresan en la nueva conformación del Tribunal Federal Electoral, son evidentes, pero dónde está la eficacia, eficacia que debe expresarse en la prevención de irregularidades y en la reposición de los derechos cuando aquéllas se presenten.

El 21 de agosto pasado, vemos que se presentaron una serie de irregularidades. Grave es que alguien viole un precepto, pero más grave es que no se repare el daño.

Hay interrogantes respecto de la eficacia en materia de lo contencioso electoral. ¿Cómo es posible que los recursos que presentan los partidos políticos a través de sus representantes, por lo regular distintos al PRI, no encuentren por norma general respuesta distinta a: desechado, infundado, sobreseído? ¿Cómo es posible que los que se suponen ciudadanos en activo, es decir, aquellos que no se conforman solamente con ver y oir, sino que son verdaderos actores de la vida política, varios con muchos años, otros herederos de un acervo que cada día se acrecenta? ¿Cómo en un instante se convierten en verdaderos ignorantes, cuando pretenden defender sus derechos?

Finalmente, hay que preguntarse, ¿cómo es posible que se pretenda que el derecho, no sólo en lo electoral, sino prácticamente en todas las materias, sea un patrimonio exclusivo, que además de estar distante al pueblo, también lo está de todo aquel ciudadano que se inconforma?

Es una realidad, la justicia está al servicio del poderoso, no del pueblo y haría falta hacer un replanteamiento. No sólo lo decimos nosotros, también lo ha dicho el abanderado priísta en su campaña.

Para hablar de la ineficacia en materia de lo contencioso electoral, revisemos la estadística que resulta del análisis de la información del IFE.

Nos encontramos con que se interpusieron 1 mil 230 recursos de inconformidad, de los cuales 428 impugnaban la elección que nos ocupa, la presidencial y de éstos no procede plenamente ninguno, pues del 100%, tenemos que desecharlos hay alrededor del 25%, infundados alrededor del 46% y parcialmente fundados alrededor del 27%. El resto se reparte entre sobreseimientos y recursos que no se tienen por interpuestos.

Como se ve, no hay ningún recurso que impugnando la elección presidencial haya encontrado plena procedencia y valoración, lo que va contra toda lógica, pues no puede ser que de la cantidad de recursos presentados no haya procedido plenamente ninguno. Lo anterior nos indica que algo está fallando. ¿Será la totalidad de los recurrentes con todo lo que esto implica? ¿Será la ley? ¿Será el Tribunal Federal Electoral?

Reflexionemos: debemos llegar a un estadio donde la justicia esté al alcance de todos, donde la norma, sea primero accesible y consiguientemente respetada, donde se prevengan irregularidades, pero sobre todo si se viola una norma, se repare el daño.

Basta de impunidad. Ya en su momento el Partido Acción Nacional propondrá hacer una reforma a fondo en materia de lo contencioso, revisar términos, tipos de prueba y su valoración, casuales de nulidad, pero sobre todo insistimos en el saneamiento de la práctica política.

Quisiera terminar citando textualmente dos párrafos: "Independientemente del debate en torno a la dimensión de las irregularidades, es decir, a su número y cuantía y a lo que significaron en forma aislada o en su conjunto no deben ser minimizadas, de hacerlo se fomentaría una cultura de impunidad electoral.

Es necesario terminar de una buena vez con la cultura que argumentando que las irregularidades no alteran de manera significativa la distribución del voto, las avala.

El conculcar un solo derecho político nos afecta a todos, afecta a la legalidad y por lo tanto a la legitimación de proceso.

"Proyecto de informe a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que presenta al consejo general, la Comisión de Consejeros Ciudadanos sobre el desarrollo de los trabajos realizados por el Instituto Federal Electoral y los recursos interpuestos.

Finalmente, compañeros diputados, que haya claridad. Participamos en este Colegio Electoral, responsables y conscientes del deber que tenemos de defender los avances y denunciar los rezagos. Por honestidad intelectual y política, no emitiremos un voto que descalifique todo el proceso y sus resultados; tampoco lo daremos como aval para soslayar injusticias e inequidades que aún prevalecen.

Estamos listos para construir con todos un nuevo acuerdo, que conduzca a la nación, al destino de grandeza que le corresponde". Párrafo final de la postura que fijó mi partido hoy por la mañana. Gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Anselmo García.

El diputado Anselmo García Cruz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Al evaluarse aquí la validez de la elección presidencial, estamos obligados a vigilar que los principios que rigen el proceso electoral se cumplan escrupulosamente, las certezas, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo, que debieron regir la conducta individual o colectiva de quienes participamos en el pasado proceso electoral, que son requisitos indispensables para obtener comicios, en los que el carácter universal, libre y secreto del voto, se manifieste.

La fuente de legitimidad del poder público en nuestra República, sólo puede ser la suma de las voluntades individuales, que sin restricciones, de manera libre y secreta, se pronuncien de manera mayoritaria. Es necesaria la intimidad del voto que permita reflexionar en el momento de la emisión del sufragio, ¿cuál será la decisión más acertada, bajo la responsabilidad única, individual, personalísima e insustituible del elector, sin el temor de represalias, amenazas de pérdidas de beneficios materiales de la libertad, el trabajo o incluso la vida misma?

Ejercer en libertad el derecho al sufragio ha merecido y merece las reflexiones más profundas, ya que ante la ausencia de ellas, se han cometido innumerables atropellos a los derechos ciudadanos, para justificar la búsqueda y obtención del poder por el poder mismo. El respeto no de esta libertad, es lo que legitima o no a los poderes de una nación.

Quiero citar un principio constitucional que desde esta tribuna ha sido citado cientos de veces, el cual es una de las fuentes originales de la representación popular de este país y es aquel que dispone, que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. "Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste".

En tal virtud y por la cita de los principios constitucionales que he mencionado, el pueblo no podrá transmitir su soberanía a quien pretende representarlo si éste ha cometido graves violaciones a la legalidad e incumplido de manera reiterada y sistemática estos principios constitucionales que son la fuente originaria y única del poder público. No legitiman ni el transcurso del tiempo, ni acciones posteriores al momento de la emisión del sufragio cuando éste no se ejerce con libertad.

Compañeros diputados: Salinas de Gortari nunca legitimó el ejercicio de su poder en estos principios constitucionales, ni con sus acciones posteriores, ni con la voluntad de sus corifeos lo han legitimado. El espíritu que movió originalmente a la sociedad y posteriormente a los legisladores al aprobar la vigencia del Título Vigesimocuarto del Código Penal Federal, que reglamenta las sanciones a quienes incurren en conductas delictivas en el ámbito electoral, fue el de garantizar que la emisión del voto fuera efectivamente universal, libre y secreto.

En cualquier país del mundo, la modificación de una ley conlleva de manera simultánea la modificación masiva de conductas individuales o colectivas de los ciudadanos que integran una nación o un Estado. La implementación de esta legislación fue la respuesta legislativa a las denuncias y presiones de la sociedad y los partidos de oposición por el aprovechamiento ilegítimo de recursos, bienes y servicios públicos en favor del Partido Revolucionario Institucional y por el comportamiento institucionalizado de organizaciones sociales y gobierno del propio partido oficial, orientando a distorsionar la voluntad popular de los ciudadanos que pueden ser afectados en su trabajo, en sus bienes, en su libertad, por las acciones de los integrantes de este partido.

La aprobación de las modificaciones recientes al Código Penal, castigan la coerción, la amenaza, la compra de votos, la falsificación y, en general, cualquier conducta que implique alterar o suplantar el carácter universal libre y secreto del voto ciudadano.

No obstante, la reforma al Código Penal y la creación de la fiscalía para la atención de los delitos electorales que podría considerarse como un avance en la legislación para la constitución de un régimen de derecho, este avance no podrá concretarse si no es acompañado por una serie de medidas políticas y legislativas que tiendan a desmantelar el sistema institucionalizado del control de voluntades creado, promovido y consolidado por el Partido Revolucionario Institucional.

Para el caso particular que nos ocupa, de la elección del 21 de agosto, la conclusión textual a la que llegaron los comisionados ciudadanos del Consejo General del Instituto Federal Electoral, es muy elocuente y dice: "debemos considerar que los propósitos de la creación de la fiscalía especial era dar una mayor garantía de legalidad al proceso electoral y disuadir a la ciudadanía de llevar a cabo conductas delictivas, de afectar la calidad y legitimidad del proceso. Sin embargo, ambos propósitos fueron incumplidos, es decir, para los comisionados ciudadanos representantes de la sociedad en la organización nacional del pasado proceso electoral, el proceso electoral fue ilegítimo y en consecuencia, los poderes que de ella emanen, tendrán este mismo carácter, pues no puede haber legitimidad a medias o legitimidad otorgada por un partido político a cambio de "pronasoles" o "procampos".

Aquí hace un momento un diputado del PRI mencionó que la creación de la fiscalía, es un hecho insólito en nuestro país. Pero lo que no ha dicho es que de 521 denuncias recibidas por la fiscalía especial, sólo se han hecho cuatro consignaciones, todas ellas intrascendentes y marginales, como es el caso de la consignación del modesto campesino de Chiapas, o bien, la consignación del director de una escuela primaria en Baja California. Pero el autor intelectual, el beneficiario del delito, probablemente siga o esté en esta sala de manera impune.

Tampoco dijo que aquellas denuncias que se hicieron en contra de secretarios de Estado, gobernadores, altos funcionarios o candidatos de gran relieve del PRI, no prosperaron.

La sorprendente actitud pasiva de quien supuestamente representa a los agraviados, ha sido la constante en la investigación y persecución de delitos.

El tamaño y la dimensión de muchos de los delitos electorales, denunciados, hablan de un amplio operativo del partido de Estado en la utilización de recursos de programas sociales, tales como: solidaridad y el Procampo. Por ejemplo, participaron desde los secretarios de Estado, gobernadores, delegados, presidentes municipales y representantes de las comunidades del Partido Revolucionario institucional.

Fue un operativo propio de un régimen de facto, de quien detenta el poder de manera incompartida, desde una modesta delegación municipal, hasta la presidencia de la República.

Es frecuente y reiterada la denuncia de utilización de recursos federales, estatales y municipales para favorecer a los candidatos del partido oficial. Esta meticulosa, organizada, institucionalizada conducta colectiva de delincuentes electorales, es asombrosamente impactante por su alta sofisticación para la Comisión de Delitos, que cualquiera de las bandas criminales organizadas del mundo, palidecería de pena por su modesta organización.

No podemos dar el voto de validez a elecciones en las que gran cantidad de los beneficiarios directa o indirectamente de la comisión del delito sigan sin ser investigados y castigados. La gravedad de la imputación, imputaciones de todos los partidos políticos de oposición impiden que aprobemos la elección presidencial, independientemente de los resultados.

La fiscalía especial ha sido incapaz, materialmente de evaluar, hasta el momento, las denuncias y pruebas aportadas de delitos electorales, mucho menos ha sido capaz o le ha faltado voluntad de elaborar estrategias de investigación o pesquisas, instrumentando acciones que permitan llevar a la fiscalía a las fuentes de pruebas documentales o testimoniales que arrojen luz sobre los casos denunciados y sus acciones se han orientado, fundamentalmente, a solicitar informes verbales o escritos a los acusados, como si éstos fuesen a reconocer sus delitos en que se encuentran involucrados, dejando la carga de la prueba fundamentalmente a los denunciados.

El fiscal ha omitido la utilización de instrumentales de investigación consideradas en el Código Federal de Procedimientos Penales, tales como la inspección ocular o el aseguramiento de expedientes o archivos de dependencias federales, estatales o municipales, donde se encuentran las verdaderas fuentes, inclusive documentales de probanza de los delitos señalados por miles de ciudadanos en nuestro país.

La ejecución de conductas electorales delictivas en el pasado periodo electoral, fundamentalmente por parte de políticos, funcionarios y dirigentes del PRI, no se deben solamente a la convergencia de individuos, con mentes y personalidades delictivas o personajes de alta peligrosidad criminal, sino que fundamentalmente se debe a que estas personalidades criminales y otras no tanto encuentran en la legalización de la afiliación partidaria forzosa, en la ausencia de fórmulas cotidianas permanentes, de fiscalización de recursos públicos federales, estatales y municipales, en la certeza de la complicidad militante de jueces, ministerios públicos y autoridades en general. En la seguridad que da la manipulación informativa en la pobre cultura democrática y la propia aspiración del ejercicio del poder para beneficio personal o de grupo, las principales motivaciones y estímulos para cometer los peores ilícitos en detrimento de la moral, la legalidad y la democracia de nuestras instituciones republicanas.

El fraude electoral no comenzó cuando se denunció la conducta ilícita del candidato del PRI al I distrito de Tijuana o cuando se denunció la consigna del gobernador Chuayffet a sus presidentes municipales de ganar a toda costa.

El Presidente:

García: ¿Podría usted concluir su intervención en un minuto?

El diputado Anselmo García Cruz:

Señor Presidente, si me permite, me acojo al artículo 103.

El Presidente:

Correcto.

El diputado se acoge al beneficio del artículo 103. Tiene derecho a seguir en el uso de la palabra.

El diputado Anselmo García Cruz:

El problema detrás del delito electoral se llama partido de Estado. La amplia gama de intereses que se tejen entre "dinosaurios" y "tecnócratas", repartiéndose el botín del poder nacional y beneficiándose del partido de Estado, se sustenta en:

Uno. El manejo sin controles de los recursos públicos.

Dos. El sometimiento de la soberanía del congreso y del Poder Judicial.

Tres. La concentración de funciones en la Presidencia.

Cuatro. La subordinación jurídica y política de las organizaciones sociales al Gobierno.

Cinco. El control de los medios de comunicación.

Seis. La nulidad de la soberanía de los estados.

Siete. La filiación forzosa al PRI de los organismos gremiales.

Ocho. En el uso de la Presidencia de la República, no como árbitro del conflicto, sino como instrumento a favor de sus aliados económicos y/o políticos y

Nueve. El sometimiento de los órganos electorales. La existencia de un partido-obierno. La deformación de los resultados y la sobrerrepresentación del partido oficial y la marginación de la oposición competitiva.

Los procesos electorales no representan los factores reales de poder que existen en la sociedad, son más bien la representación de los intereses políticos y económicos que subsisten a altas esferas de la clase política y económica.

Por tal razón, propongo lo siguiente:

Declarar que por la cantidad y calidad de los delitos electorales, así como de los acusados que afectan sustancialmente la transparencia del proceso electoral, procede declarar nulas las elecciones para presidente de la República, celebradas el 21 de agosto en nuestro país.

Determinar modificaciones legislativas que aseguren elecciones en las que el voto sea verdaderamente universal, libre y secreto, tales como las siguientes:

La independencia y autonomía plena de los órganos electorales, en todos los niveles, así como la elaboración de normas que aseguren su integración de manera consensada entre los partidos y autoridades, para poner fin de una vez por todas al principio de que el que cuenta los votos gana las elecciones.

La instalación de una fiscalía especial para la persecución de los delitos electorales, que asegure imparcialidad y profesionalismo, propuesta por consenso por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como el aprovisionamiento de todos los recursos para la persecución de los delitos en todos los estados, distritos y municipios.

Otorgar facultades únicas y plenas a la Contaduría Mayor de Hacienda, para fiscalizar la utilización de recursos públicos ejercidos por representantes o funcionarios de la Federación, otorgando el derecho de encabezar tal órgano a los representantes de los partidos de oposición; a los partidos que obtengan el primero y tercer lugar en la elección de diputados.

Promover el otorgamiento de facultades únicas y plenas a las contadurías de glosa de los congresos locales, para vigilar que los estados, facultando a los partidos que obtengan el segundo y tercer lugar en la elección de diputados, para encabezar dichas comisiones.

La desaparición de los programas asistenciales del el Pronasol y el Procampo, y el traslado automático de estos recursos para su administración, control y fiscalización por parte de los ayuntamientos, haciendo modificaciones a las leyes de Coordinación Fiscal, Federal y Estatal respectivas, y castigar como delito la práctica de la filiación corporativa, masiva, de los integrantes de organizaciones sociales o sindicatos a algún partido político.

Promover que la representación proporcional que corresponde a los partidos políticos minoritarios en los ayuntamientos, sea ocupada en primer lugar por las sindicaturas existentes. La libertad de asociación sindical debe estar garantizada, desapareciendo con ello el control y manipulación que hay sobre estas organizaciones.

Una legislación que permita el acceso de organizaciones culturales, gremiales, políticas, sociales, universitarias, empresariales y comunitarias, a los medios masivos de comunicación; así, la legislación que garantice una utilización equitativa de los espacios informativos.

Cualquier diálogo para los que han insistido en esto, que no toque el fondo de estos problemas, será un diálogo estéril, castrado, que no crearía más que ficción de racionalidad y formas civilizadas enmedio de la impunidad, complicidad y compras de conciencias, como sucedió en la pasada elección del 21 de agosto. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Reyes Medrano.

El diputado Alfonso Reyes Medrano:

Con su permiso, señor Presidente:

En honor a la verdad y a salud de los compañeros, voy a ser muy breve, pero quiero ser conciso.

Cuando los compañeros diputados de la oposición se han referido a la iniquidad en lo que se hace en medios electrónicos de comunicación, no se han referido a los tiempos oficiales ni a los tiempos pagados, sino enfáticamente a la información de noticieros que es la que es libre para los locutores.

Al respecto, cabe señalar que en primer término no debe de confundirse equidad con igualdad, las coberturas noticiosas varían lógicamente en razón el peso social y a la presencia de los partidos o de los asuntos que tengan pendientes los noticieros, el interés que tengan en la vida pública. Dicho de otro modo, o en otros términos con todo respeto para aparecer en los noticieros se necesita ser noticia.

Creo que los candidatos presidenciales de los partidos que compitieron en estas elecciones fueron noticia, pero no todos en el mismo grado, es la verdad, esto depende del interés que despierten en la propia sociedad. Cuando se ha dicho aquí que de acuerdo al informe de los consejeros ciudadanos, el PRI tuvo mejor cobertura que sus más cercanos competidores, se omite mencionar que a su vez el informe cuenta, da cuenta de que el PAN y el PRD superaron en más de 10 veces a los partidos pequeños; es cierto, dijeron, dijeron en el cuadernillo número siete, que el PRI superaba en dos veces al PAN y al PRD, pero que superaba en 20 veces a los partidos pequeños, en consecuencia, partidos del PRD y del PAN superaron 10 veces a los partidos pequeños, porque no dicen que no hay equidad y yo me pregunto, ¿es porque el PAN o el PRD son abusivos o son simplemente porque representan para la sociedad un interés mayor que los partidos pequeños? Es la verdad compañeros, ustedes representan ciertamente poco más de interés que los partidos pequeños, si no que lo diga, por ejemplo el resultado, si no, por ejemplo que lo diga el resultado del debate televisado, ahí francamente compañeros del PAN su candidato superó al PRD. Es un abuso, no fue un abuso de parte de ustedes, fue la capacidad tal vez de su candidato, la inteligencia, la bondad o lo demás, qué sé yo, pero superó. También nuestros opositores se han cuidado de recordar que el propio informe de consejeros ciudadanos del IFE, este cuadernillo, en la carpeta siguiente, que remitieron a esta cámara, se ocupan los medios electrónicos de comunicación, señala justo al concluir el último párrafo del informe, antes de las gráficas, que en lo que se hace a calidad de las mediciones, ésta fue uniforme en radio y televisión para todos los partidos, sobre todo en las últimas tres semanas.

Y lo principal, uno de mis compañeros diputados dijo aquí, con base en el propio informe de los consejeros ciudadanos, que en la encuesta que ahí se muestra y que fue levantada el 12 de mayo, las tendencias del voto mostraban que el PAN estaba por encima del PRI. Dijo además, que si al final ganó el PRI ello fue gracias al uso preferente de los medios electrónicos de comunicación. Compañeros, es el mismo argumento, el mismo argumento que ustedes utilizaron para ver cómo su candidato también se iba hasta las nubes. Es que el informe de los consejeros ciudadanos dice, que precisamente en el apartado 6.3 del segundo párrafo, "que el tiempo otorgado al PRI, tanto en radio como en televisión, tuvo una tendencia general a la baja", eso lo refleja en este cuadernillo.

Desde luego compañeros diputados es necesario subrayar que esta información deriva de ocho monitoreos, que éstos se iniciaron el 22 de junio y concluyeron el 16 de agosto, mucho después del debate aquél famoso.

Antes estos datos, es imperioso preguntarse cómo se explica que si el candidato priísta iba abajo, según el consejo del IFE, el 12 de mayo, terminaba encabezando todas las encuestas, sondeos y los resultados oficiales casi, casi ya para llegar a las elecciones.

La respuesta, compañeros, la verdad, la respuesta a esta pregunta consiste en que el triunfo, lo mismo que como levantó el requiem el candidato del PAN, el triunfo de mi candidato Zedillo, no se debió a los medios, sino a la calidad y credibilidad, a la plataforma de principios, a su intensa campaña que desarrolló durante todo el tiempo que pudo hacerla por el Partido Revolucionario Institucional y que le significó el triunfo que ahora vamos a ratificar. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, el diputado Alejandro Moreno Berry.

El diputado Alejandro Moreno Berry:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Le contestaría al diputado Reyes Medrano que repita su mentira otras 99 veces y va a acabar por convencernos que solamente hay tres opciones políticas en este país. Lo remitiría al documento que hiciera lectura, que le diera lectura el diputado José Narro por la mañana y que empezaba con el cuestionamiento siguiente: "los resultados serían diferentes si las cosas se hubieran realizado de manera distinta".

Lo que en la realidad sucedió en este proceso electoral fue el resultado de un voto inducido y promovido bajo acuerdo político entre el PRI, el PAN, el PRD y el Gobierno. Fue la construcción en la sociedad, de un ambiente que promovió que la pluralidad era igual a tres, que equidad en los medios era deseable sólo para tres, que a quienes había que promover era a tres, que el debate era para tres y que finalmente, la gente votaría por tres.

Plagado de exclusiones este proceso electoral, había que ser consecuente. Cuando venimos aquí a hablar de democracia y no la practicamos, en el Partido del Trabajo insistimos en que es necesario un gran acuerdo político nacional, sin complicidades, sin contubernios, por más democracia y sobre todo por beneficio social para los 40 millones de mexicanos pobres que esperan que el voto haya sido útil, que haya servido para algo, no sólo para que ellos vean en los negocios que venden aparatos electrónicos, vean en las televisiones cómo los diputados se desgarran las vestiduras y voltean a ver sólo las urnas electorales y no volteamos a ver la contradicción del capital y el trabajo.

No volteamos a ver la miseria provocada por la política neoliberal del régimen y no voltean a ver que la nación pierde su perfil de nación independiente frente a la globalización en un mundo unipolar.

Mi voto es a favor, porque creo todavía que podemos dar la pelea por una nación que descanse su defensa en un pueblo con beneficio social, con educación, salud, vivienda y democracia, que hasta hoy se le ha negado al pueblo.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, el diputado Salvador Martínez Della Rocca.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:

Compañeras diputadas, compañeros diputados, compañeros visitantes en esta cámara que se supone que es la sala de la representación del pueblo de México.

Existe un concepto que se conoce como cretinismo parlamentario y en ese concepto del cretinismo parlamentario es un concepto que nos intenta explicar cómo un conjunto de parlamentarios consideran o creen que toman decisiones cuando no es exactamente aquí el lugar donde las decisiones se toman.

Hemos participado en un proceso de discusión, en donde el momento histórico que estamos viviendo tiene una particularidad para todos nosotros. Estamos discutiendo en torno a algo, la calificación presidencial, que está previamente definido desde hace mucho tiempo y que el lugar y el momento de la definición no está en este parlamento.

Recursos, poder, televisión, radio, prensa, en general medios masivos de comunicación, todo esto es ajeno a nosotros, es una otredad, es ajeno al pueblo, es ajeno a las mujeres, es ajeno a los hombres, a los niños y a las niñas del pueblo de México.

¿Cómo fue la elección presidencial, compañeros mexicanas y mexicanos que estamos aquí presentes? La mera verdad yo no sé cómo fue la elección presidencial. ¿Cómo fue una elección presidencial como fenómeno político que nos debe de preocupar a todos los aquí presentes? No lo sé y tampoco creo que lo sepan los compañeros diputados del partido que sea que están gritando.

Parece ser que en este país, compañeros diputados, sólo entendemos la política y sólo entendemos que existe un pueblo de México diferente, cada vez que se dan acontecimientos como los de 1968, como la matanza de Tlatelolco, como la matanza del 10 de junio o como la rebelión armada de Chiapas; sólo cuando esas cosas suceden hay silencio y hay atención para preocuparnos por los problemas de este país que se llama México y que es de todos nosotros, priístas, panistas, petistas y los partidos que se extinguieron como el PPS, como el PARM y como otros.

Y llamo la atención sobre un problema. Estamos en 8 de noviembre de 1994, definiendo una elección presidencial. O se pone atención a los problemas que se han venido a plantear a través de las instituciones legales y constitucionales de este país, o los problemas se van a presentar por otros caminos que han definido la historia de este país, desde el levantamiento de Madero en 1910, desde el movimiento de 1968, desde los conflictos de 1988 y los conflictos que estamos viviendo aquí.

¿Qué sentido tiene, me pregunto, haber estado desde las 11.00 de la mañana discutiendo cuando nadie escucha o nadie quiere escuchar? ¿Qué sentido tiene cuando en los pasillos, adentro y afuera, a todo mundo le importa un comino lo que aquí se esté planteando?

Parece ser que sólo escuchamos cuando pensamos a fuerzas en la democracia en la calle y últimamente por desgracia para nuestro país, en algunos lugares de este país, con armas y en el monte y no es para que nadie silbe ni para que nadie chifle. El tiempo lo vas a conocer dentro de muy poco si no te callas.

Compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, para concluir señor Presidente, al inicio de un libro considerado un clásico de la literatura latinoamericana Las Venas Abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, el autor, señala: "Hasta hoy hemos guardado un silencio similar a la estupidez". Hoy, la bancada del Partido de la Revolución Democrática ha llegado a la conclusión de romper dicho silencio y en reconocimiento por lo siguiente:

1. Por haber logrado con particular cinismo fusionar de manera magistral al PRI-Gobierno.

2. Por haber logrado controlar y apropiarse del grupo Televisa para todos sus fines electorales.

3. Por haber logrado un invento para rasurar ciudadanos que ni la fábrica Gillette ha podido hacer.

4. Por haber logrado refuncionalizar el desarrollo de la computación en instrumento mágico para canalizar científicamente los procesos electorales, pasando del premoderno método de alquimia electoral al posmoderno de ingeniería electoral.

5. Por haber sobrevivido a la caída de Papa Doc, de Somoza, de Pinochet y del Muro de Berlín; por haber sobrevivido al Partido Comunista de la ex Unión Soviética, PECUS; por haber logrado que los muertos voten, por haber logrado la amalgama, la fusión que ni el genio de Steven Spielberg logró en Parque Jurásico, o sea por haber logrado la unidad del tirano con el dinosaurio. El Partido de la Revolución Democrática reconoce al Partido Revolucionario Institucional y le obsequia siete tiranosaurios para que se los entreguen a quien más se lo merecen. Muchas gracias compañeros. ¡Adelante, carajo, adelante!

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Lozano Gracia.

Ruego a los presentes guardar orden y compostura para escuchar con atención al orador en turno.

El diputado Fernando Antonio Lozano Gracia:

Gracias señor Presidente.

Estamos al final de una larga jornada que es seguramente histórica por su contenido, por su competencia, pero que desgraciadamente no será histórica porque marque una nueva forma de actuar de la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral.

Hemos escuchado un sinnúmero de intervenciones, muchas de ellas que intentaron aportar a la discusión elementos sacados de la realidad, que reflejan el proceso electoral que hemos vivido. Yo quisiera referirme sólo a dos puntos.

Se ha dicho aquí que debemos tener respeto a las instituciones y en una de nuestras jornadas anteriores, en la glosa del informe, cuando el diputado Marcué y Pardiñas denunció aquí la utilización del magisterio para fines electorales, algún diputado priísta vino a la tribuna y pidió respeto a la institución. El diputado Salvador Fernández Gavaldón, de mi partido, informó al Colegio Electoral de las denuncias que hemos presentado, en donde con toda claridad se ve la transferencia de personal de la Secretaría de Educación de los estados, para hacer trabajo proselitista al PRI con cargo al erario.

Este hecho, uno de ellos en San Luis Potosí, probado ya, consignada la averiguación, otro de ellos en Michoacán, en donde el gobernador del Estado dijo que había tomado las medidas para que esto no volviera a suceder, refleja pues una situación ambivalente, una situación de dos valores: lo que se dice y lo que vemos que sucede y en ese sentido ha ocupado un buen tiempo el día de hoy en esta tribuna la discusión sobre el Programa Nacional de Solidaridad y se ha dicho aquí que ese programa tiene como finalidad el auxilio a los necesitados y que de ninguna manera tiene un enfoque electoral.

Yo quiero citar el trabajo realizado por el doctor Juan Molinar Horcasitas, del Colegio de México y por el investigador Weldon, de la Universidad de California, que se llama "Programa Nacional de Solidaridad, Determinante, Partidarios y Consecuencias Electorales".

El modelo que desarrolla este estudio dice lo siguiente: "Para estudiar el asunto planteamos un modelo simple de asignación de gastos del Pronasol entre los diversos estados. El modelo consiste en evaluar el impacto de tres tipos de variables sobre el nivel de gasto del programa. La primera variable consiste en las dimensiones estatales de pobreza. La segunda mide la capacidad económica propia de cada Estado. La tercera variable estima el impacto de ciertas consideraciones políticas y electorales.

La conclusión de este trabajo es la siguiente: nuestro análisis da sustento empírico a quienes han sostenido que en el proceso de asignación de recursos del Pronasol se toman en consideración variables políticas y electorales.

Es claro que la asignación interestatal de recursos del Pronasol per capita no puede ser explicada solamente como efecto de las dimensiones de la pobreza en cada Estado. De hecho, encontramos que esta asignación está negativamente correlacionada con los indicadores de pobreza y marginación estatales.

Este estudio serio, este estudio que parte de los datos oficiales de la asignación de los recursos y de los datos oficiales también del grado de marginación de los estados, demuestra sin lugar a dudas cuál es la finalidad principal de este programa y con este argumento, podemos ver en muchas de las circunstancias que rodearon al proceso electoral, estas dos realidades: la realidad del discurso y lo que vimos que pasó allá.

Hemos dicho, hemos insistido en todas nuestras intervenciones, que no podemos negar los avances, que los avances en todo caso los hemos arrancado, con mucho esfuerzo y con mucha constancia de muchos años, pero que están ahí y que los reconocemos. Lo que no podemos pasar es que esta realidad se siga dando y es que sigamos inmersos en estas dos realidades.

Hemos discutido también mucho acerca de este dictamen y de cuáles fueron las fuentes que lo nutrieron. Cuando el dictamen hace suyo, toma parte del informe que rinden los consejeros ciudadanos, tenía la obligación, por la más mínima honestidad, de reflejar con claridad lo que el propio informe decía y no fue así. Cuando este informe se presentó en el Consejo General del IFE, nosotros manifestamos que era un documento histórico, porque por primera vez un informe oficial trataba de contemplar la realidad en todas sus dimensiones y si ustedes ven todos los cuadernos que contiene el informe de los consejeros ciudadanos, encontrarán en ellos la ponderación, me parece, exacta de los avances, pero también de los retrocesos.

¡Qué difícil es!, ¡qué trabajo cuesta cambiar una realidad así! Por eso dijimos que era un documento histórico, porque era la primera vez que lo lográbamos. No sucede así con este dictamen, que vuelve otra vez a la estrategia fácil de tratar de minimizar todos los problemas que sabemos ocurrieron en el proceso electoral.

Y alguien podría decir: ¿qué esperan los diputados de oposición? ¿Qué esperan de una realidad que se dibujó desde las primeras horas de este día, con una votación, con un número de diputados que es suficiente para sacar un dictamen? ¿Qué quieren los diputados de oposición, qué buscan los diputados de oposición? Buscamos dar un testimonio, buscamos aquí dejar constancia de lucha, buscamos aquí dejar constancia de razón y de argumentos, eso es lo que buscamos.

Hace tres años en esta tribuna, cuando terminaba el colegio electoral de la Cámara de Diputados, Diego Fernández de Cevallos dijo que no todo lo que había pasado en el colegio estaba mal, que una cosa buena podría rescatarse, y es que con la actitud cerrada los diputados priístas habían cavado la tumba de la autocalificación.

Yo esperaría que fuese la última vez que la Cámara de Diputados viera un Colegio Electoral como el que hemos visto el día de hoy.

El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Graco Ramírez, para rectificar hechos, por cinco minutos.

El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:

Estimados compañeras y compañeros diputados:

Llegamos al final de esta calificación y observamos que de la manera como acordó la mayoría este proceso y este dictamen, pierde aquí lo que dice haber ganado en las urnas.

¿Por qué tanto apresuramiento? ¿Por que tanta intolerancia? ¿Porque avasallar si hablan de un triunfo rotundo? Pareciera ser que ni cuando dicen ganar confían en la legitimidad de su victoria. Si hubiera certeza en esa victoria, estarían aquí y en comisiones serena y prudentemente demostrándolo con pruebas y con argumentos.

Estamos ciertos que no se cumplieron plenamente los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que debieron guiar este proceso electoral y la calificación.

Queda el precedente de la denuncia de una parte de los consejeros ciudadanos que representan a la máxima autoridad del organismo encargado de organizar estas elecciones.

Nadie aquí de los diputados con congruencia y más allá de siglas partidistas, con decoro y dignidad, podría aceptar como válidos estos resultados y este dictamen.

Votar en contra representa demostrar la convicción y mandato de millones de ciudadanos que demandan un cambio democrático, que haya división de poderes y autoridades legítimas en nuestro país.

Votar en contra es afirmar que en este recinto hay una representación legislativa que no acepta validar fraudes medianos o fraudes chiquitos, que no valida el fraude como tal.

Votar en contra de este dictamen, dejará establecida nuestra demanda de constituir un verdadero sistema electoral democrático, donde los principios que hemos señalado se cumplen y donde quede claro que en este país no queremos una elección más así.

Votar en contra ayudará paradójicamente a que se ponga fin al régimen de partido de Estado y al presidencialismo autoritario.

Estoy cierto que no es posible llevar a cabo nuestra demanda de anular y restituir la elección, porque aquí hay una mayoría que impondrá un resultado contrario, pero la victoria moral de mujeres y hombres libres, tarde que temprano se impondrá. Por tanto, es deber de mujeres y hombres dignos rechazar este dictamen.

La ironía es la crítica más aguda y esta expresión última del compañero Salvador Martínez Della Rocca, nos lleva a entender un mensaje: "Que ese pasado, dinosaurios, no viva más en este país, de mujeres y hombres libres". Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado José Natividad González Paras.

El diputado José Natividad González Paras:

Señor Presidente de la mesa directiva; compañeros diputados:

La mayoría de los grupos más representativos de la sociedad civil, agrupaciones sociales y sindicales, cámaras, iglesias, asociaciones no gubernamentales, organizaciones de profesionistas y técnicos, medios de comunicación, con sus declaraciones sobre el futuro de nuestro país, con sus puntos de vista sobre los retos y desafíos que enfrenta el Estado mexicano a partir del 1o. de diciembre, dan por un hecho la presidencia de la República de Ernes-to Zedillo Ponce de León.

Eso sucede así, porque para ellos como para nosotros, no hay duda pública sobre la contundencia del triunfo de nuestro candidato. Sabemos desde luego que jurídicamente se requiere que este Colegio Electoral, de carácter evidentemente pluripartidista, califique en última instancia sobre lo ya decidido, primero por los electores en las casillas, luego por los comités distritales y finalmente por el tribunal electoral.

Aunque a nosotros no nos queda duda de los resultados de la elección, sería sin embargo interesante saber, al margen del proceso electoral, qué pensaban, ya no los grupos sociales, sino la ciudadanía y el electorado antes y después de la elección. La única forma de escrutar con método científico de manera más o menos objetiva el sentir de la comunidad, fuera de su expresión en las urnas, es a través de las encuestas de opinión. Con todo y el valor relativo que ellas representan, yo quisiera traer a esta tribuna algunos elementos de información respecto a encuestas de opinión que hablan sobre el sentir del pueblo en relación a las distintas opciones de candidatos a la Presidencia de la República.

Antes de la elección, las encuestas mostraron tendencias que variaron a lo largo de la campaña. Hubo eventos, como el debate entre candidatos, que marcaron un cambio en las tendencias; tendencias que para algunos partidos decrecieron y ya no variaron y que para otros fueron modificándose en la medida en que transcurrieron los tiempos de campaña. Haré referencia, sin embargo, sólo a las tendencias dominantes en las semanas anteriores a la elección y a las que se registraron el día de la jornada electoral mediante el sistema de conteo rápido o en los exteriores de las casillas con encuestas conocidas como Exit-Pools.

Permítanme citar los resultados de algunas de las instituciones más representativas que realizaron estas encuestas. En las semanas previas a la elección, durante julio y principios de agosto se registró en la ciudadanía una preferencia efectiva de la manera siguiente: la empresa Harris-lndermerg patrocinada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y de Televisión, registró una preferencia de: 54% para nuestro candidato a la presidencia de la República 28% para el PAN; 13% para el PRD. La Agencia Covarrubias, patrocinada por Voz y Voto: 63% para el PRI; 23% para el PAN; 11% para el PRD. El Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara: 46% para nuestro candidato, 32% para el del PAN y 15% para el PRD. La empresa Mori, filial de una prestigiada agencia de opinión inglesa, patrocinada por Excélsior y este país, arrojó una preferencia de 50% para nuestro candidato; 29% para el del PAN y 15% para el del PRD. Belden y Aragón, patrocinada por el Consejo Mexicano de Inversión: 58% para nuestro candidato; 24% para el PAN y 11% para el PRD. El periódico Reforma, 61% para el candidato del PRI; 24% para el del PAN y 12% para el PRD y, finalmente, el Grupo de Estudios de Opinión, patrocinado por etcétera: 51% para nuestro candidato, 29% para el del PAN y 13% para el del PRD.

El día de la elección, mediante los esquemas de conteo rápido y encuestas de salidas, realizadas por grupos institucionales o partidos cuyas metodologías fueron aprobadas por el Consejo General del IFE, se registraron las siguientes preferencias en el electorado: En el conteo rápido del IFE, que no en el programa PREP: 28.20% para el PAN; 50.70% para el PRI y 17.10% para el PRD.

Para el Consejo Nacional de Asociaciones de Observaciones Electorales: 26.6% para el PAN; 50.49% para el PRI; 17.63% para el PRD.

La Organización Nacional de Observación Electoral del Magisterio: 25.83% para el PAN; 48.89% para el PRI; 16.91% para el PRD; 2.62% para el PT.

La Alianza Cívica, una organización donde participan muchas asociaciones, que se registró como observador nacional, en donde por cierto participa la Asamblea de Barrios y la Fundación Lázaro Cárdenas, registró: 27.75% para el PAN; 47.85% para el PRI; 15.24% para el PRD.

Televisión Azteca: 24.10% para el PAN; 51.80% para el PRI; 17.30% para el PRD.

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y Televisa: 27% para el PAN; 50% para el PRI; 16% para el PRD.

La Coparmex: 27.90% para el PAN; 49.10% para el PRI; 13.70% para el PRD.

Cruzada Democrática Nacional: 26% al PAN; 50.30% al PRI; 17.10% al PRD; 3% al PT.

Presencia ciudadana: 29.30% al PAN; 48.90% al PRI; 13.80% al PRD.

Y finalmente del diario Reforma: 29.70% al PAN; 49.70% al PRI; 14.70% al PRD.

Debo decir que el promedio general de estas encuestas fue de 49.4% al PRI; 27.4% al PAN; 17.30% al PRD y 5.9% para otros partidos políticos. Alrededor del 1% de error en comparación con los resultados oficiales.

Debo decir también que después de la elección, el periódico Reforma, un prestigiado diario que ha hecho de la técnica de las encuestas una técnica de trabajo, con nueve diarios locales, hizo una encuesta en 2 mil ciudadanos en 23 entidades de la República, los días 23, 24 y 25 de agosto. Los resultados fueron: 29.7% al PAN: 49.%7 al PRI y 14.7% al PRD.

Compañeros diputados: las encuestas también han dictaminado. Conforme a estos instrumentos técnicos de medición de la opinión pública, que aunque sin validez jurídica sí son de considerarse, no sólo triunfó por amplio margen nuestro candidato, sino que se observó una enorme coincidencia en las tendencias generales de preferencia, con los resultados de la elección.

Reconocemos que el proceso electoral es perfectible; reconocemos que en este campo juntos, como ya se hizo en años recientes podemos seguir avanzando para mejorar nuestras instituciones democráticas. Pero admitamos también que en materia electoral mucho se ha avanzado.

Hay y habrá muchos foros para seguir discutiendo y avanzando en materia electoral. Esta Asamblea será, sin duda, uno de los más indicados.

Compañeras y compañeros: reconozcamos los resultados de una elección en la que participó como nunca, la ciudadanía; reconozcamos los resultados de una elección seguida puntualmente por más de 380 mil funcionarios ciudadanos; reconozcamos los resultados de una elección convalidada por la inmensa mayoría de los observadores nacionales y visitantes extranjeros que le dieron seguimiento; reconozcamos los resultados de una elección que en las encuestas de opinión y en la gran mayoría de los grupos representativos de la sociedad civil, es considerada ya como un hecho.

No vayamos contra el sentir general que campea ampliamente en nuestra comunidad nacional y en el extranjero.

No vayamos por razones partidistas contra el sentido común a desconocer en este Colegio Electoral, lo que para nosotros y la inmensa mayoría del pueblo es incontrovertible.

El Presidente:

Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

La secretaría María Claudia Esqueda Llanes:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

APROBACION DEL DICTAMEN

El Presidente:

En virtud de la importancia que reviste la votación del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que califica la elección de Presidente de la República, se solicita a todas aquellas personas que no son diputados, abandonar la zona de curules y despejar los pasillos, a fin de que los diputados secretarios recojan la votación nominal.

Proceda la Secretaría a recoger la votación en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

La secretaría María Claudia Esqueda Llanes:

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Tomará por la afirmativa, el diputado Víctor Hugo Islas Hernández.

Tomará por la negativa, el diputado Gerardo Arellano Aguilar.

Se ruega a los diputados atentamente ponerse de pie, decir su nombre y apellido y el sentido de su voto, en pro o en contra.

El Presidente:

Ruego a la Secretaría les facilite a los señores diputados un micrófono inalámbrico, para que sea más audible el sentido de su voto.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Sí, señor Presidente.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 300 votos en pro y 66 en contra.

El Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto relativo a las elecciones que para Presidente de la República se celebraron el 21 de agosto.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Para al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

DECLARATORIA

El Presidente:

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

La Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confieren los artículos 74, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 y 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, declara: Es Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para el periodo que comienza el 1o. de diciembre de 1994 y termina el 30 de noviembre de 2000, el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León.

COMISIONES DE CORTESIA

El Presidente:

Esta Presidencia designa las siguientes comisiones de cortesía, para notificar la aprobación del decreto y la declaración hecha.

Al Presidente de la República, los siguientes diputados: los integrantes de la mesa directiva de esta cámara: Juan José Osorio Palacios, José Natividad González Paras, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Ramírez Gamero, Rosario Guerra Díaz, Roberto Pedraza Martínez, Cecilia Hernández Ríos, Francisco Martínez Rivera, Martín Montaño Arteaga, José Narro Céspedes y Alberto Anaya Gutiérrez.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los siguientes diputados: Walter León Montoya, Joaquín Cisneros Fernández, Gerardo Ordaz Moreno, Ricardo Pacheco Rodríguez y Manuel Hinojosa Juárez.

A la Cámara de Senadores, los siguientes diputados: Eustaquio de León Contreras, José Santos Ramos Damián, Héctor San Román Arriaga, María Virginia Betanzos Moreno, Gustavo Salinas Iñiguez y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

A la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los siguientes diputados: Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Sánchez Gochicoa, José Luis Leyson Castro, Fernando Flores Gómez, Sebastián Lerdo de Tejada, Irma Eugenia Cedillo y Amador.

Al Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, los siguientes diputados:

Los integrantes de la mesa directiva de esta cámara: Juan José Osorio Palacios, José Natividad González Paras, Dionisio Pérez Jácome, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Ramírez Gamero, Rosario Guerra Díaz, Alicia González Cerecedo, Manuel Pacheco Arjona, Martín Montaño Arteaga, Armando Gamboa Enríquez, Serafín Núñez Ramos, Alejandro Moreno Berry, Joaquín Humberto Vela González y los demás diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados que deseen asistir a esta notificación.

La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera del Colegio Electoral.

El Presidente (a las 4.00 horas del día 9 de noviembre de 1994): Se levanta la sesión de Colegio Electoral y se pasa a sesión de Cámara.

SESION ORDINARIA

Presidencia del diputado Netzahualcóyotl de la Vega García

ASISTENCIA

El Presidente:

Con la asistencia de 300 diputados, se abre la sesión de Cámara de Diputados.

SENADO DE LA REPUBLICA

El Presidente:

Proceda la Secretaría a dar lectura a la minuta que remite la Cámara de Senadores.

El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

«Escudo Nacional.– Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– México, D.F.

Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.

Para los efectos constitucionales, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 1994, a fin de que acuda a la Reunión de Líderes de las Naciones Miembros del Mecanismo de Cooperación Económica AsiaPacífico, que se realizará en la ciudad de Bogor, Indonesia.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 8 de noviembre de 1994.– Senadores secretarios Guilebaldo Silva Cota y Judith Murguía Corral.»

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

«Unico. Se concede permiso al Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 1994, a fin de que acuda a la Reunión de Líderes de las Naciones miembros del Mecanismo de Cooperación Económica AsiaPacífico, que se realizará en la ciudad de Bogor, Indonesia.

TRANSITORIO

El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.– México, D.F., 8 de noviembre de 1994.– Senadores: Silvia Hernández, presidenta; Guilebaldo Silva Cota y Judith Murguía Corral, secretarios.»

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. México, D. F. a 8 de noviembre de 1994. licenciado Mario Alberto Manrique. oficial mayor.

De conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

El Presidente:

En consecuencia, proceda la Secretaría a poner a discusión, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto.

El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Está a discusión en lo general y en lo particular el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se concede permiso al Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 1994, a fin de que acuda a la reunión de líderes de las naciones miembros del Mecanismo de Cooperación Económica, AsiaPacífico, que se realizará en la ciudad de Bogor, Indonesia.

Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente:

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de decreto.

El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de decreto.

(Votación.)

Se emitieron 300 votos en pro, ninguno en contra.

El Presidente:

Aprobado el proyecto por 300 votos.

El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

ORDEN DEL DIA

El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

De la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.– LVI Legislatura.

Orden del día

15 de noviembre de 1994.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y Jalisco.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el teniente coronel de infantería diplomado de estado mayor Edgar Armando Acata Paniagua, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Javier López y Barredo, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, Estrella de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno del Japón.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 4.20 horas del día 9 de noviembre):

Señores diputados, a fin de que la comisión que se ha designado para participar al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León el acuerdo del Colegio Electoral, esté en posibilidad de cumplir con su encargo, se cita a las 17.00 horas del día de hoy en la sede de Cuicuilco.

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 15 de noviembre, a las 10.00 horas.