Sumario
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficio con el que remite los expedientes de las resoluciones del Tribunal Federal Electoral, respecto de los distritos en los que se anularon las elecciones en los estados de Puebla y Veracruz. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Proposición sobre la integración de las comisiones legislativas. Se aprueba.
Proposición sobre la creación e integración de nuevas comisiones. Se aprueba y se turna a esta comisión para su integración.
Expresan sus respectivas opiniones sobre la actuación y renuncia del subprocurador general, los diputados:
Héctor Hugo Olivares Ventura
Fernando Antonio Lozano Gracia
J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, quien informa sobre la solicitud de juicio político en contra del Procurador General de Justicia de la Nación.
Procurador General de Justicia de la Nación.
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
Manuel Marcué y Pardiñas, para rectificar hechos.
Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos.
Jorge Humberto Padilla Olvera, para rectificar hechos.
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Salvador Pablo Martínez Della Rocca
Hiram Escudero Alvarez
Serafín Núñez Ramos
José Rafael Castelazo y de los Angeles
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova
Continúa el debate los diputados:
Consuelo Botello Treviño
Raúl Armando Quintero Martínez
Marcos Carlos Cruz Martínez
Marcelo Ramírez Ramírez
Luis Alberto Rico y Samaniego, para rectificar hechos.
Ana Lilia Cepeda de León
José Narro Céspedes
Juan Salgado Brito
René Arce Islas
J. Jesús Ortega Martínez
Saúl González Herrera
Gaspar Eugenio Ortiz Walls, para rectificar hechos.
Propuesta de los grupos parlamentarios para la integración de las comisiones especiales de seguimiento de los asuntos relacionados con los atentados en contra de los licenciados Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, así como la de los asuntos del Estado de Chiapas. Se aprueba.
Comentan la reforma electoral en esa entidad, los diputados:
Miguel Alberto Segura Dorantes
José de Jesús Padilla Padilla
Jorge Enrique Dávila y Juárez, para rectificar hechos.
Humberto Meza Galván, para rectificar hechos.
Jorge Enrique Dávila y Juárez, para rectificar hechos.
En contra del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta, motu proprio, el diputado Luis Sánchez Aguilar.
Expresa sus opiniones sobre el mismo asunto el diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome.
Para rectificar hechos, el diputado Luis Sánchez Aguilar.
Denuncia de hechos en contra de Petróleos Mexicanos, en esa entidad, la diputadaMaría Rosa Márquez Cabrera. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado
Alejandro Moreno Berry
ASISTENCIA
El Presidente: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: Se va a proceder a pasar lista de asistencia.
Señor Presidente, hay una asistencia de 437 diputados, por lo tanto, hay quorum.
El Presidente (a las 11.48 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria María Claudia Esqueda Llanes: Se va a dar lectura al orden del día. «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- LVI Legislatura.
Orden del día 24 de noviembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Aguascalientes.
Comunicación de la Oficialía Mayor.
Propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Fijación de posiciones del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la Reforma Electoral de Guanajuato.» El Presidente: Pido a la Secretaría agendar tres asuntos más que fueron solicitados a esta Presidencia. Una propuesta sobre Teotihuacán, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, una denuncia de juicio político que va a presentar el diputado Luis Sánchez Aguilar y una denuncia contra el Departamento del Distrito Federal, por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
La secretaria María Claudia Esqueda Llanes: Se toma nota, señor Presidente.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández: Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior. «Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Roberto Robles Garnica En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con veinticinco minutos del día veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de cuatrocientos cincuenta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría, da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con sendas comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes y Chiapas, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a un punto de acuerdo firmado por diputados de los cuatro grupos parlamentarios que integran la Quincuagésima Sexta Legislatura, con el que se rinde homenaje a la señora Diana Laura Riojas de Colosio y, puestos todos de pie, se guarda respetuoso minuto de silencio.
La Secretaría da cuenta con una solicitud para que se designen a la brevedad posible, las comisiones plurales de seguimiento a las investigaciones de los crímenes en contra de los licenciados Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, así como de los asuntos del Estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Réimen Interno y Concertación Política, que tiene los antecedentes.
Un oficio del presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, con el que solicita que se designe a los representantes de la mayoría y primera minoría de la Quincuagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De enterado.
Una comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, proponiendo a los representantes de mayoría y primera minoría de la Cámara de Diputados, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. En votación económica se aprueba. Comuníquese.
También se da lectura a la solicitud de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que por el conducto legal competente, se invite al Estado Mayor Presidencial a colaborar con los órganos de administración interna de la Cámara de Diputados en las tareas previas de logística y seguridad que requiera el recinto oficial en los trabajos previos y durante el desarrollo de la sesión de Congreso General del primero de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Se autoriza.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a la diputada Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley sobre el uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para hacer comentarios acerca de las elecciones locales celebradas el veinte de noviembre en el Estado de Tabasco, hacen uso de la palabra los diputados: José de la Cruz Martínez López, del Partido Revolucionario Institucional; Octavio Romero Oropeza, del Partido de la Revolución Democrática; José Alberto Castañeda Pérez, del Partido Acción Nacional; Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo; Francisco Peralta Burelo, del Partido Revolucionario Institucional; Julieta Uribe Caldera, del Partido de la Revolución Democrática; Oscar Cantón Zetina, del Partido Revolucionario Institucional y Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, del Partido de la Revolución Democrática.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, pasan a la tribuna los diputados. Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática; Oscar Cantón Zetina, del Partido Revolucionario Institucional; Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, del Partido de la Revolución Democrática; César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido Revolucionario Institucional; José Alberto Castañeda Pérez, del Partido Acción Nacional y Carlos Mario de la Fuente Lazo, del Partido Revolucionario Institucional.
Comentan las elecciones en el Estado de Tlaxcala, los diputados: María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo y Joaquín Cisneros Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Para referirse a las investigaciones del asesinato del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, se concede el uso de la palabra al diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, quien hace una proposición que se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que tiene los antecedentes.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que se ponga a votación el punto de acuerdo.
La Secretaría, por instrucciones del Presidente, da lectura a la fracción tercera del artículo veintiuno del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, desde su curul, propone una moción de orden el diputado Jesús Ortega
Martínez, impugnando el procedimiento. El Presidente hace las aclaraciones pertinentes.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales sobre este tema, se concede el uso de la palabra a los diputados: Luis Sánchez Aguilar, a nombre propio; Fructuoso López Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Guerra Ochoa; Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, quien hace una proposición que se turna a la misma comisión que tiene los antecedentes; Salvador Beltrán del Río Madrid, del Partido Acción Nacional; Oscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Marcué y Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del mismo partido; José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional y Ramiro Javier Calvillo Ramos, del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre los acontecimientos políticos en el Estado de Chiapas, debaten los diputados: Antonio Hernández Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; Tito Rubín Cruz, del Partido Revolucionario Institucional; Hildiberto Ochoa Samayoa, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Fernando Garzacabello García, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Tito Rubín Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; Antonio Pérez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional y Antonio Hernández Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
El Presidente hace un exhorto a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que a la brevedad posible se integre la comisión plural de seguimiento de los asuntos del Estado de Chiapas.
Para denunciar hechos que calificó de violatorios a la ley en el Estado de Hidalgo, hace uso de la palabra el diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática.
Para rectificar hechos sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados: Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Moreno Berry, del Partido del Trabajo y Miguel Angel Islas Chío, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Zambrano Grijalva.
El Presidente da lectura a una solicitud para que se integre una comisión plural que investigue los hechos en la huasteca hidalguense. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar, quien informa de la solicitud de amparo que presentó ante las autoridades competentes, en contra del Congreso de la Unión y su Presidente, en relación con la fracción tercera del artículo octavo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con veintinueve minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manisfestarlos... Aprobada señor Presidente.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
«Escudo Nacional.— Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.
Presidente de la Cámara de Diputados.— Av. Congreso de la Unión s/n.— México, D.F.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que la honorable LV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en sesión de esta fecha eligió su mesa directiva que presidirá los trabajos correspondientes al mes de noviembre del presente año, misma que quedó integrada de la siguiente manera: diputados: Enrique Pasillas Escobedo, presidente; Armando Guel Serna, vicepresidente; Francisco
Jáuregui Dimas y Rafael Macías de Lira, secretarios y Raúl Rangel Macías, prosecretario.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección. "Año del centenario de Alfonso Esparza Oteo." 31 de octubre de 1994.— diputados Antonio Ortega Martínez, presidente; María del Consuelo Altamira Rodríguez y Ricardo Avila Martínez, secretarios»
De enterado.
OFICIALIA MAYOR
El secretario Jesús Siller Rojas:
Oficio con el que remite los expedientes de las resoluciones del Tribunal Federal Electoral, respecto de los distritos en los que se anularon las elecciones en los estados de Puebla y Veracruz. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Remito a ustedes las resoluciones dictadas por la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, en relación con las elecciones de diputados federales por el principio de mayoría relativa, realizada el 21 de agosto de 1994 en los distritos: IV de Puebla y XXII de Veracruz.
Atentamente.
México, D.F., a 21 de noviembre de 1994.- El oficial mayor, licenciado Artemio Meixueiro S.» El Presidente: Túrnese la documentación relativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que emita el dictamen correspondiente.
RECESO
El Presidente (a las 12.01 horas): Se decreta un receso de 30 minutos, en virtud de que las cuatro fracciones parlamentarias han solicitado un espacio de tiempo para poder integrar la documentación respectiva a la propuesta del siguiente punto del orden del día, que es la comunicación de propuesta que tiene la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Receso.) (A las 14.24 horas) Se reanuda la sesión. Prosiga la Secretaría con los asuntos en cartera.
COMISION DE REGIMEN INTERNO Y CONCERTACION POLITICA
El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:
Proposición sobre la integración de las comisiones legislativas. Se aprueba.
«Honorable Asamblea: La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Cámara, en uso de las facultades que le otorgan los artículo 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 65 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a la consideración de la Asamblea, a los siguientes diputados para integrar las comisiones y comités, para el desempeño de los trabajos de este cuerpo legislativo.
Atentamente.
México, D.F., a 24 de noviembre de 1994.— Diputados Humberto Roque Villanueva, por el Partido Revolucionario Institucional; Fernando Lozano Gracia, por el Partido Acción Nacional; Jesús Ortega Martínez, por el Partido de la Revolución Democrática y Joaquín Humberto Vela González, por el Partido del Trabajo.
Comisión de Agricultura: diputados Rafael Ceballos Cancino, presidente; Salvador Becerra Rodríguez, Miguel Ortiz Jongitud, Eric Eber Villanueva Mukul, Jorge Kondo López y José Narro Céspedes, secretarios; Manuel Pérez Bonilla, Alfonso Garzón Santibáñez, José Luis González Aguilera, Juan Leyva Mendívil, Germán Jiménez Gómez, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Sergio Inocencio Ramírez Vargas, Enrique Romero Montaño, Gerardo Roberto Flores González, José Santos Ramos Damián, Jesús Siller Rojas, Ezequiel Juan de Dios Espinosa Mejía, Anastacia Guadalupe Flores Valdez, Héctor Hugo Olivares Ventura, Rodimiro Amaya Téllez, Jorge Ricardo Nieto Guzmán, Max Tejeda Martínez, Fernando de Jesús Rivadeneira y Rivas, Lauro Norzagaray Norzagaray, Zenen Xochihua Valdez, Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, Víctor Manuel Quintana Silveyra, Carlota Angela Rosa Botey y Estape y Martín Equihua Equihua.
Comisión de Artesanías: diputados Sofía Valencia Abundis, presidente; María Teresa Cortez Cervantes, Virginia Hernández Hernández, Froylán Velázquez Hernández y Victoria Eugenia Méndez Márquez, secretarios; Virgilia Nogueda Corona, Antelmo Alvarado García, Lázaro Hernández Vázquez, Antonio Pérez Hernández, Fernando Cruz Merino, Abel Eloy Velasco Velasco, Roberto Pedraza Martínez, Gaspar Avila Rodríguez, Jaime Rodríguez López, Baruc Efraín Alavez Mendoza, Edgar Román Benítez Gálvez, Joaquín Cisneros Fernández, Erasmo Delgado Guerra, Filemón Ramírez Pérez, Severiano Pérez Vázquez, Miguel Acosta Ruelas, José Luis Aguilar Martínez, Nohelia Linares González, Héctor Miguel Bautista López, Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo y Guillermo González y Guardado.
Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas: diputados Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presidente; Daniel Quintero Peña, Augusto César Leal Angulo, Carlos Núñez Hurtado y José Rafael Castelazo y de los Angeles, secretarios; Joaquín Rodríguez Lugo, Fernando Salgado Delgado, Mario Enrique Vázquez Hernández, María del Socorro Ramírez Ortega, Roberto Rafael Campa Cifrián, Ricardo Padilla Martín, René Juárez Cisneros, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Mario Alberto Viornery Mendoza, Rodolfo González Macías, Antonio Hernández Reyes, Wilfrido Isidro Muñoz Rivera, Juan Salgado Brito, Rolando Hernández Castillo, Francisco Javier Hernández Armenta, Carlos Mario de la Fuente Lazo, Florencio Martín Hernández Balderas, Arnulfo Cueva Aguirre, José Alberto Castañeda Pérez, José Enrique Patiño Terán, Luz de Jesús Salazar Pérez, Luis Felipe Mena Salas, Martín Gerardo Longoria Hernández, Marta Alvarado Castañón y Marcos Carlos Cruz Martínez.
Comisión de Asuntos Fronterizos: diputados Oscar Villalobos Chávez, presidente; Rodrigo Robledo Silva, Marco Antonio Dávila Montesinos, Pedro René Etienne Llano, Alí Cancino Herrera y Alejando Moreno Berry, secretarios; Jaime Cleofas Martínez Veloz, Héctor Humberto López Barraza, Martina Montenegro Espinoza, Franciscana Krauss Velarde, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Héctor Armando González Mocken, Manuel Enrique Russek Valles, Sergio Vázquez Olivas, Gerardo Ordaz Moreno, Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín, Daniel Ernesto Trélles Iruretagoyena, Jesús Quillermo Acebo Salmán, Eliezar García Sáenz, Julio Felipe García Castañeda, Jesús Esquinca Gurusquieta, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Cruz Pérez Cuéllar, Julián García Noriega, Alejandro González Alcocer, Alfonso Martínez Guerra, Ricardo Francisco Carcía Cervantes, Víctor Manuel Quintana Silveyra, Adolfo Miguel Aguilar Zinser y Eliseo Moyao Morales.
Comisión de Asuntos Hidráulicos: diputados Blas Fortino Figueroa Montes, presidente; Apolonio Méndez Meneses, Ignacio Castillo Flores, Crisóforo Lauro Salido Aldama y José Luis González Aguilera, secretarios; María de los Angeles Marina Blanco Casco, José Luis Flores Méndez, J. Fidel Pineda Valdez, Sergio Emigdio Prieto Gamboa, Oscar Villalobos Chávez, Pascual Ramírez Córdoba, Mario Alejando Rosales Anaya, Heriberto Santana Rubio, Antonio Rivera Barrón, José Luis Leyson Castro, Juan Leyva Mendívil, Manuel Pérez Bonilla, Primo Rivera Torres, Tuffy Gaber Arjona, Augusto Gómez Villanueva, José Luis González Aguilera, Pablo Moreno Cota, Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas, Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, Florencio Martín Hernández Balderas, Jorge Hernández Domínguez, Alejandro Villaseñor Tatay, Desiderio Camacho Garibo, Rafael Jacobo García y María Leticia Calzada Gómez.
Comisión de Asuntos Indígenas: diputados Roberto Pedraza Martínez, presidente; Nohelia Linares González, Antonio Pérez Hernández, Antonio Hernández Cruz, Fernando Cruz Merino y Ezequiel Flores Rodríguez, secretarios; Virginia Hernández Hernández, Lázaro Hernández Vázquez, Blas Fortino Figueroa Montes, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, José Roberto Arreola Arreola, Aurelio Salinas Ortiz, Abel Eloy Velasco Velasco, José Carmen Soto Correa, José Santos Ramos Damián, María de los Angeles Marina Blanco Casco, Matilde del Mar Hidalgo y García Barna, Fidencio Romero Tobón, Roberto Alvarez Salgado, Erasmo Delgado Guerra, Alicia González Cerecedo, Miguel Alberto Segura Dorantes, Francisco José Limón Tapia, Javier de Jesús Gutiérrez Robles, Luis Andrés Esteva Melchor, Fernando Garzacabello García, Martín Equihua Equihua, Froylán Velázquez Hernández y Francisco Andrés Bolaños Bolaños.
Comisión de Bosques y Selvas: diputados Jaime Rodríguez López, presidente; Salvador Othón Avila Zúñiga, José Roberto Arreola Arreola, Víctor Manuel Quintana Silveyra y
Tomás Baños Baños, secretarios; Saúl González Herrera, Germán Jiménez Gómez, Lázaro Hernández Vázquez, Antonio Pérez Hernández, Sergio Emigdio Prieto Gamboa, Ismael Alfredo Hernández Deras, Fernando Cruz Merino, José Luis Mata Bracamontes, Ismael Orozco Loreto, Sergio Inocencio Ramírez Vargas, Victoria Eugenia Méndez Márquez, Edgar Román Benítez Gálvez, Roberto Alvarez Salgado, Erasmo Delgado Guerra, Pedro Rivera Pavón, Andrés Galván Rivas, Matías Salvador Fernández Gavaldón, José Luis Aguilar Martínez, Alicia Céspedes Arcos, Nohelia Linares González, Jorge Hernández Domínguez, Alfonso Martínez Guerra, Francisco Curi Pérez Fernández, Graciela Rojas Cruz y Francisco Andrés Bolaños Bolaños.
Comisión de Ciencia y Tecnología: diputados Manuel Jesús Fuentes Alcocer, presidente; Jesús Salvador Hernández Vélez, Javier González Garza, Ramón Cárdenas Gudiño y Manuel Hinojosa Juárez, secretarios; José Antonio Hernández Fraguas, Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Jaime Cleofas Martínez Veloz, Pascual Juárez Santiago, Alejandro Torres Aguilar, Olga Bernal Arenas, Lauro Rendón Castrejón, María Carmen Zavala Medel, Abel Trejo González, Pablo Pedro Aceves Hernández, Heriberto Manuel Galindo Quiñónes, Jorge Kondo López, Jorge Abel López Sánchez, José de la Cruz Martínez López, Jacinto Gómez Pasilla, Carlos Servando Ponce de León Coluby, Lorenzo Duarte y Zapata, Salvador Becerra Rodríguez, Javier de Jesús Gutiérrez Robles, Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, Manuel Arciniega Portillo, Francisco Patiño Cardona, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Eric Eber Villanueva Mukul y Serafín Núñez Ramos.
Comisión de Comercio: diputados Jorge Andrés Ocejo Moreno, presidente; Carlota Guadalupe Vargas Garza, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Audomaro Alba Padilla y Emma Muñoz Covarrubias, secretarios; Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Francisco Domínguez García, Héctor Humberto López Barraza, Rafael Cabellos Cancino, Walter Antonio León Montoya, Manuel Enrique Russek Valles, José Noé Mario Moreno Carbajal, Alfredo Valdez Gaxiola, Netzahualcóyotl de la Vega García, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, José Luis Salcedo Solís, Guillermo Alejandro Gómez Vega, Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, Miguel Ortiz Jongitud, Gustavo Salinas Iñiguez, Guillermo Alberto Luján Peña, Lauro Norzagaray Norzagaray, Carlos Alfonso Nuño Luna, Salvador López Orduña, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, César Antonio Chávez Castillo, Raúl Alejandro Livas Vera y Alberto Anaya Gutiérrez.
Comisión de Comunicaciones y Transportes: diputados Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, presidente; José Alberto Castañeda Pérez, Eric Luis Rubio Barthell, Desiderio Camacho Garibo y Alfonso Molina Ruibal, secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Gabriel Escalante Castillo, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo Ordaz Moreno, Cecilio Lepe Bautista, Jaime Jesús Arceo Castro, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Gerardo Roberto Flores González, Israel Reyes Ledezma Magaña, Carlota Guadalupe Vargas Garza, Ricardo Menéndez y Haces, Daniel Covarrubias Ramos, Tuffy Gaber Arjona, Miguel Rodríguez Ramírez, Apolonio Méndez Meneses, Eusebio Moreno Muñoz, Jorge Humberto Gómez García, José Jesús Durán Ruiz, Florencio Martín Hernández Balderas, José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, Carlos Navarrete Ruiz, Ramón Sosamontes Herreramoro y Alejandro Moreno Berry.
Comisión de Corrección de Estilo: diputados Ernesto de Jesús Luque Feregrino, presidente; Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, Miguel Angel García García, Gloria Sánchez Hernández y Zaida Alicia Llado Castillo, secretarios; Saúl González Herrera, Olga Bernal Arenas, Gabino Fernández Serna, Humberto Meza Galván, Mario Alberto Viornery Mendoza, María Elisa Garzón Franco, Juan Manuel Tovar Estrada, Fidel Pérez García, María Cecilia Hernández Ríos, María Lucero Saldaña Pérez, Lidia Isabel Micaela Zarrazaga Molina, Daniel Covarrubias Ramos, Genaro Alfonso del Angel Amador, Marcelo Ramírez Ramírez, Jacinto Gómez Pasilla, Víctor Samuel Palma César, Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Salvador Othón Avila Zúñiga, Francisco Antonio Tenorio Adame y Osbelia Arellano López.
Comisión de Cultura: diputados Dulce María Sauri Riancho, presidenta; José de Jesús Sánchez Ochoa, Alejandro Rojas Díaz Durán, Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, Liberato Montenegro Villa, secretarios; José Antonio Hernández Fraguas, Marcelo Ramírez
Ramírez, Florentino Castro López, Primo Quiroz Durán, Abel Eloy Velasco Velasco, Olga Bernal Arenas, Luis Alberto Contreras Salazar, Josué Valdés Mondragón, Fidel Pérez García, Virginia Hernández Hernández, María Lucero Saldaña Pérez, Vito Lucas Gómez Hernández, Yolanda Eugenia González Hernández, José de la Cruz Martínez López, Alicia González Cerecedo, Jesús Salvador Hernández Vélez, Héctor Hugo Olivares Ventura, Irma Eugenia Cedillo y Amador, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Arnulfo Cueva Aguirre, Cristian Castaño Contreras, Giuseppe Macías Beilis, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, Osbelia Arellano López y Gloria Sánchez Hernández.
Comisión de la Defensa Nacional: diputados Luis Garfias Magaña, presidente; Manuel de Jesús Espino Barrientos, Jesús Esquinca Gurusquieta, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Miguel Rodríguez Ramírez, secretarios; Felipe Amadeo Flores Espinosa, Tito Rubín Cruz, Mario de la Torre Hernández, Héctor Armando González Mocken, Marcelino Miranda Añorve, Francisco Javier Guízar Macías, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Joaquín Rodríguez Lugo, Fernando Orihuela Carmona, Raúl Ramírez Chávez, Jorge Armando Meade Ocaranza, Antonio Medina Ojeda, Fernando Jesús Flores Gómez González, Salvador Mikel Rivera, Pedro Guadalupe López y Macías, Eusebio Moreno Muñoz, Gerardo Gabriel Nava Bolaños, Cruz Pérez Cuéllar, Sergio Teodoro Meza López, Ricardo Francisco García Cervantes, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Rosario Ibarra de Piedra, Carlos Navarrete Ruiz y Alejandro Moreno Berry.
Comisión del Deporte: diputados Francisco Javier Guízar Macías, presidente; Cristian Castaño Contreras, Fernando Salgado Delgado, Anselmo García Cruz e Ismael Alfredo Hernández Deras, secretarios; Fernando Orihuela Carmona, José Luis Fernando González Achem, Marco Antonio Dávila Montesinos, Sabino González Alba, Severiano Pérez Vázquez, Primo Quiroz Durán, Pascual Ramírez Córdova, Guillermo Héctor Alvarez Cuevas, Florencio Catalán Valdés, Jorge Cortés Vences, Raúl Lara Chanes, Israel Reyes Ledezma Magaña, Néstor Molina Martínez, Jesús Olvera Méndez, Joaquín Juárez del Angel, Eusebio Moreno Múñoz, Miguel Acosta Ruelas, Alejandro Villaseñor Tatay, Luz de Jesús Salazar Pérez, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Raúl Ríos Magaña, Pedro René Etienne Llano, Roldán Alvarez Ayala, Manuel Alberto Coronel Zenteno y Marcos Carlos Cruz Martínez.
Comisión de Derechos Humanos: Diputados Oscar González Yañez, presidente; María Guadalupe Morales Ledezma, Jesús Antonio Tallabs Ortega, María del Rosario Ybarra de la Garza y Alicia González Cerecedo, secretarios; María de la Luz Lima Malvido, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, José Franciso Lozada Chávez, Francisco Peralta Burelo, Alí Cancino Herrera, Alfredo Amaya Medina, Irma Eugenia Cedillo y Amador, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, José Rosas Aispuro Torres, Severiano Pérez Vázquez, Ramiro Javier Calvillo Ramos, Agustín Martínez Maldonado, María Cristina Díaz Salazar, Antonio Medina Ojeda, Yrene Ramos Dávila, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Macario Gerardo Rodríguez Rivera, Jorge González González, Armando Salinas Torre, Audomaro Alba Padilla, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, Antonio Francisco Tenorio Adame, Edgar Sánchez Ramírez y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios: diputados José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, presidente; Juan Salgado Brito, Manuel Beristáin Gómez, Leticia Burgos Ochoa y Lidia Isabel Micaela Zarrazaga Molina, secretarios; Javier Pineda y Serino, Saulo Rubén Jiménez Leal, Francisco Domínguez García, Sergio Vázquez Olivas, Ignacio Contreras Flores, Francisco Martínez Rivera, José Sánchez Juárez, Horacio Pereznegrón Pereznegrón, José Luis Fernando González Achem, Irene Maricela Cerón Nequiz, Juan Manuel Tovar Estrada, María Carmen Zavaleta Medel, Guillermo Alejandro Gómez Vega, Emilio Solórzano Solís, Edgar Román Benítez Gálvez, Dionisio Eduardo Pérez Jácome, Tomás Baños Baños, Jorge Ricardo Nieto Guzmán, Jesús Carlos Hernández Martínez, Jorge González González, Abel García Ramírez, José Iñiguez Cervantes, Martín Gerardo Longoria Hernández, Anselmo García Cruz y César Humberto González Magallón.
Comisión del Distrito Federal: diputados Oscar Guillermo Levín Coppel, presidente; Patricia Garduño Morales, Adolfo Ramón Flores Rodríguez, Graciela Rojas Cruz y José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, secretarios; Jaime Mariano del Río Navarro, Víctor Manuel Alvarez Trasviña, José Rafael Castelazo y de los
Angeles, Ofelia Casillas Ontiveros, Florentino Castro López, Ignacio Contreras Flores, José Eduardo Escobedo Miramontes, Ana María Adelina Licona Spínola, José Noé Mario Moreno Carbajal, Carlos Alfonso Reta Martínez, Alejandro Rojas Díaz-Durán, Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, José Sánchez Juárez, Luis Alberto Contreras Salazar, Franciso Maldonado Ruiz, María Elena Alvarez de Vicencio, Armando Salinas Torre, María del Carmen Segura Rangel, Miguel Ramón Hernández Labastida, Hiram Escudero Alvarez, Manuel Arciniegas Portillo, René Arce Islas, Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, Ramón Sosamontes Herreramoro y Oscar González Yáñez.
Comisión de Ecología y Medio Ambiente: diputados Oscar Cantón Zetina, presidente; Jorge Humberto Gómez García, José Carmen Soto Correa, María Leticia Calzada Gómez, Franciscana Krauss Velarde y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, secretarios; Héctor San Román Arreaga, Sara Esther Muza Simón, Manuel Jesús Pacheco Arjona, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Ana María Adelina Licona Spínola, Ricardo Padilla Martín, Alejandro Torres Aguilar, Mario Alberto Viornery Mendoza, Luis Alberto Contreras Salazar, Juan Manuel Tovar Estrada, Joaquín Cisneros Fernández, Fernando Jesús Flores Gómez González, Joaquín Juárez del Angel, Carlos Servando Ponce de León Coluby, Calixto Javier Rivera Díaz, Matías Salvador Fernández Gavaldón, Rodrigo Robledo Silva, Giuseppe Macías Beilis, Réulo Pastor Fernández Rivera, Gonzalo Alarcón Bárcena, Alfonso Martínez Guerra, J. Jesus Ortega Martínez, Arnoldo Martínez Verdugo y Saúl Alfonso Escobar Toledo.
Comisión de Educación: diputados Miguel Angel Islas Chío, presidente; Rafael Ayala López, Ramona Carbajal Cárdenas, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, José Feliciano García Peraza y Serafín Núñez Ramos, secretarios; Primo Rivera Torres, Rolando Hernández Castillo, Manuel Hinojosa Juárez, Gabriel Aguiar Ortega, Pascual Juárez Santiago, Lauro Rendón Castrejón, Josué Valdez Mondragón, Fidel Pérez García, María de los Angeles Marina Blanco Casco, Héctor González Reyes, Vito Lucas Gómez Hernández, Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, Pedro Guadalupe López y Macías, Jacinto Gómez Pasilla, Raúl Ríos Magaña, José Luis Aguilar Martínez, Julián García Noriega, Víctor Manuel Palacios Sosa, Agustín Torres Delgado, Abel García Ramírez, Jorge Enrique Dávila y Juárez, María Leticia Calzada Gómez, Gloria Sánchez Hernández y Carlos Núñez Hurtado.
Comisión de Energéticos: diputados Francisco Curi Pérez Fernández, presidente; Fernando Pacheco Martínez, Carlos Alfonso Nuño Luna, Raúl Gonzalo Castellanos Hernández y Servando Andrés Díaz Suárez, secretarios; Tito Rubín Cruz, José Noé Mario Moreno Carbajal, Gabriel Escalante Castillo, Manuel Jesús Pacheco Arjona, Sergio Vázquez Olivas, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Jesús Salvador Hernández Vélez, Jaime Jesús Arceo Castro, Jorge Cortés Vences, Pablo Pedro Aceves Hernández, Carlos Mario de la Fuente Lazo, César Raúl Ojeda Zubieta, Jesús Olvera Méndez, Jorge Wade González, Calixto Javier Rivera Díaz, Luis Priego Ortiz, Oscar Cantón Zetina, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Carlos Pérez Rico, Aurelio Marín Huazo, Luis Alberto Rico y Samaniego, Fernando Garza Martínez, Amado Jesús Cruz Malpica, Javier González Garza y Joaquín Humberto Vela González.
Comisión de Fomento Cooperativo: diputados Javier Alberto Gutiérrez Vidal, presidente; Guillermo Héctor Alvarez Cuevas, Héctor Miguel Bautista López, Jesús Carlos Hernández Martínez y Leticia Camero Gómez, secretarios; Enrique Ramos Rodríguez, Filemón Ramírez Pérez, Leonel Efraín Cota Montaño, José Sánchez Juárez, Pascual Ramírez Córdova, Aurelio Marín Huazo, Enrique Romero Montaño, Gaspar Avila Rodríguez, Leonel Domínguez Rivero, Saulo Rubén Jiménez Leal, Virgilia Noguera Corona, Jaime Rodríguez López, Raúl Ramírez Chávez, Ezequiel Juan de Dios Espinosa Mejía, Antonio Rivera Barrón, Leobardo Aguirre Corral, Jorge Andrés Ocejo Moreno, Jorge Enrique Dávila y Juárez, Miguel Alberto Segura Dorantes, José Francisco Limón Tapia, Miguel Acosta Ruelas, Graciela Rojas Cruz, Guillermo González y Guardado y César Humberto González Magallón.
Comisión de Ganadería: diputados César González Quiroga, presidente; Fernando Garzacabello García, Alfonso Abraham Sánchez Anaya, Taide Aburto Torres y Sergio Inocencio Ramírez Vargas, secretarios; Alfonso Garzón Santibáñes, Walter Antonio León Montoya, Sergio Emigdio Prieto Gamboa, José Luis Flores Méndez, Alfredo Amaya Medina, Pedro Rivera Pavón, José Luis Mata Bracamontes,
Heriberto Santana Rubio, Tomás Baños Baños, Jesús Rafael Ruvalcaba León, Daniel Ernesto Trélles Iruretagoyena, César Raúl Ojeda Zubieta, Carlos José Verteramo Pérez, Jorge Wade González, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Gerardo Gabriel Nava Bolaños, Alfonso Martínez Guerra, Francisco José Limón Tapia, Pedro Flores Olvera, Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, José Jesús Durán Ruiz, Rafael Jacobo García, Crisóforo Lauro Salido Almada y Roldán Alvarez Ayala.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: diputados Dionisio Eduardo Pérez Jácome, presidente; Ricardo Francisco García Cervantes y Fructuoso López Cárdenas, secretarios; José de Jesús Zambrano Grijalva, Jorge Efraín Moreno Collado, Ignacio Ovalle Fernández, Franciscana Krauss Velarde, Saúl González Herrera, Oscar Villalobos Chávez, José Rafael Castelazo y de los Angeles, José Eduardo Escobedo Miramontes, Píndaro Urióstegui Miranda, Wilfrido Isidro Muñoz Rivera, Armando Octavio Ballinas Mayes, Ernesto de Jesús Luque Feregrino, Ignacio González Rebolledo, Augusto Gómez Villanueva, José Ramírez Gamero, Luis Garfias Magaña, Víctor Samuel Palma César, Fernando Antonio Lozano Gracia, Fernando Pérez Noriega, Francisco José Peniche y Bolio, Hiram Escudero Alvarez, Salvador Beltrán del Río Madrid, Juan Antonio García Villa, J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna, Leonel Godoy Rangel, Juan Nicasio Guerra Ochoa y José Narro Céspedes.
Comisión de Hacienda y Crédito Público: diputados Francisco Suárez y Dávila, presidente; Jorge Humberto Padilla Olvera, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Saúl Alfonso Escobar Toledo y Alfonso Reyes Medrano, secretarios; Gabino Fernández Serna, Dulce María Sauri Riancho, Roberto Rafael Campa Cifrián, Antonio Sánchez Gochicoa, Alfonso Molina Ruibal, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Oscar Quillermo Levín Coppel, Dionisio Eduardo Pérez Jácome, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Jorge Kondo López, Víctor Manuel Silva Tejeda, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Daniel Covarrubias Ramos, Luis Manuel Jiménez Lemus, Salvador Mikel Rivera, Manuel Beristáin Gómez, David Vargas Antos, Alejandro Higuera Osuna, José de Jesús Preciado Bermejo, Víctor Cruz Ramírez, Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ifigenia Martha Martínez Hernández, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Joaquín Humberto Vela González.
Comisión de Información, Gestoría y Quejas: diputados Ofelia Casillas Ontiveros, presidenta; Francisco Javier Santos Covarrubias, Jorge Armando Meade Ocaranza, Marta Alvarado Castañón y José Luis Salcedo Solís, secretarios; Aurelio Marín Huazo, Jesús Manuel Meléndez Franco, Alí Cancino Herrera, Adolfo Ramón Flores Rodríguez, Josefina Silvia Balleza Sánchez, Enrique Romero Montaño, Sofía Valencia Abundis, Florencio Catalán Valdés, Irene Maricela Cerón Nequiz, María Elisa Garzón Franco, Leticia Camero Gómez, Anastacia Guadalupe Flores Valdez, Jorge Wade González, Rogelio Zamora Barradas, Lidia Isabel Micaela Zarrazaga Molina, Aurelio Salinas Ortiz, Raúl Ríos Magaña, José Luis Aguilar Martínez, Luz de Jesús Salazar Pérez, Agustín Torres Delgado, Réulo Pastor Fernández Rivera, Héctor Miguel Bautista López, Manuel Alberto Coronel Zenteno y Octavio Romero Oropeza.
Comisión de Justicia: diputados Fernando Pérez Noriega, presidente; Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, Leonel Godoy Rangel, María del Carmen Segura Rangel y José Eduardo Escobedo Miramontes, secretarios; Ernesto de Jesús Luque Feregrino, Jorge Efraín Moreno Collado, María Claudia Esqueda Llanes, Manlio Fabio Gómez Uranga, María de la Luz Lima Malvido, Humberto Meza Galván, Marcelino Miranda Añorve, Ramiro Javier Calvillo, José Francisco Lozada Chávez, María Guadalupe Morales Ledesma, Juan Manuel Cruz Acevedo, Francisco Peralta Burelo, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Eustaquio de León Contreras, Yrene Ramos Dávila, Mario de la Torre Hernández, Patricia Garduño Morales, Hiram Escudero Alvarez, Alejandro González Alcocer, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, José Alejandro Zapata Perogordo, J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ramón Sosamontes Herreramoro y Joaquín Humberto Vela González.
Comisión de Marina: diputados Fernando de Jesús Flores Gómez González, presidente; José Iñiguez Cervantes, Carlos Servando Ponce de León Coluby, Roldán Alvárez Ayala, Antonio Piza Soberanis, secretarios; Jesús Esquinca Gurusquieta, Cecilio Lepe Bautista, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Gabriel Aguiar Ortega, Leonel Efraín Cota Montaño, José Luis Mata Bracamontes, Agustín Martínez Maldonado, J. Fidel Pineda Valdez, Alfredo Valdez Gaxiola, Homar Zamorano Ayala, Marcelo Ramírez Ramírez, Carlos José Verteramo Pérez,
Calixto Javier Rivera Díaz, Miguel Rodríguez Ramírez, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, María del Carmen Ricárdez Vela, Jorge Abel López Sánchez, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Alejandro Higuera Ozuna, Jorge Antonio Catalán Sosa, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Ramón Sosamontes Herreramoro, J. Jesús Ortega Martínez.
Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial: diputados José de Jesús Padilla Padilla, presidente; Fernando Garza Martínez, Alfredo Valdez Gaxiola, Carlos Navarrete Ruiz, Armando Octavio Ballinas Mayes, secretarios; Martín Aureliano Montaño Arteaga, Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, Sabino González Alba, Ismael Alfredo Hernández Deras, Fernando Pacheco Martínez, Antelmo Alvarado García, Antonio Hernández Reyes, Roberto Modesto Flores González, Ricardo Menéndez y Haces, Fidencio Romero Tabón, Ezequiel Juan de Dios Espinosa Mejía, Yolanda Eugenia González Hernández, Jesús Guillermo Acebo Salmán, Servando Andrés Díaz Suarez, Enrique Ramos Rodríguez, Jesús Carlos Hernández Martínez, Augusto Cesar Leal Angulo, Salvador López Orduña, Humberto Andrade Quezada, Alejandro Villaseñor Tatay, Manuel Arciniega Portillo, Francisco Curi Pérez Fernández, José de Jesús Zambrano Grijalva, Carlos Seferino Torreblanca Galindo.
Comisión de Pesca: diputados Humberto Andrade Quezada, presidente; Jorge Abel López Sánchez, Manuel de Atocha Chable Gutiérrez, Rafael Núñez Pellegrín y Leonel Efraín Cota Montaño, secretarios; Heriberto Manuel Galindo Quiñónes, J. Fidel Pineda Valdez, María del Carmen Ricárdez Vela, Rodimiro Amaya Téllez, Manuel Jesús Pacheco Arjona, Cecilio Lepe Bautista, René Juárez Cisneros, José Santos Ramos Damián, Víctor Manuel Silva Tejeda, María Virginia Betanzos Moreno, Sara Esther Muza Simón, José Luis Leyson Castro, Leobardo Aguirre Corral, Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín, Anastacia Guadalupe Flores Valdez, Jesús Olvera Méndez, Abelardo Carrillo Zavala, Claudio Manuel Coello Herrera, Sergio Teodoro Meza López, Jorge Antonio Catalán Sosa, Luis Run Ruis, José Jesús Durán Ruiz, Desiderio Camacho Garibo, Guillermo González y Guardado y Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo.
Comisión de Población y Desarrollo: diputados Jorge Enrique Dávila y Juárez, presidente; Emilio Solórzano Solís, Edgar Sánchez Ramírez, María Elena Alvarez de Vicencio y Héctor San Román Arreaga, secretarios; Mario Alejandro Rosales Anaya, Fructuoso López Cárdenas, Alfredo Amaya Medina, María del Socorro Ramírez Ortega, Martina Montenegro Espinoza, Rogelio Zamora Barradas, Sofía Valencia Abundis, Gaspar Avila Rodríguez, Regina Reyes Retana Márquez, Matilde del Mar Hidalgo y García Barna, Yolanda Eugenia González Hernández, Jesús Eduardo Noyola Bernal, José Feliciano García Peraza, Eliezar García Sáenz, Genaro Alfonso del Angel Amador, Zaida Alicia Llado Castillo, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Matías Salvador Fernández Gavaldón, Arnulfo Cueva Aguirre, Víctor Manuel Palacios Sosa, Javier Alberto Gutiérrez Vidal, María del Rosario Robles Berlanga y Eliseo Moyao Morales.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: diputados Antonio Sánchez Gochicoa, presidente; Marcos Parra Gómez, Jaime Mariano del Río Navarro, Raúl Alejandro Livas Vera, José Manuel García García, Alberto Anaya Gutiérrez, secretarios; Homar Zamorano Ayala, Miguel Angel García García, Carlos Flores Vizcarra, María del Rosario Elena Guerra Díaz, Marco Antonio Michel Díaz, René Juárez Cisneros, Miguel Angel Islas Chío, Carlota Guadalupe Vargas Garza, Luis Ricardo Antonio Godina Herrera, María Cecilia Hernández Ríos, Cándido Pérez Verduzco, José Luis Leyson Castro, Filemón Ramírez Pérez, Francisco Suárez y Dávila, Dulce María Sauri Riancho, Manuel Beristáin Gómez, Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie, David Vargas Santos, Eduardo Arias Aparicio, Jorge Humberto Padilla Olvera, Luis Alberto Rico y Samaniego, Pedro René Etienne Llano, César Antonio Chávez Castillo y Saúl Alfonso Escobar Toledo.
Comisión de Radio Televisión y Cinematografía: diputados Netzahualcóyotl de la Vega García, presidente; María Teresa Gómez Mont y Urueta, Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín, Ana Lilia Zepeda de León y Eliezar García Sáenz, secretarios; Carlos Alfonso Reta Martínez, Daniel Quintero Peña, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Jaime Jesús Arceo Castro, Roberto Pedraza Martínez, Ismael Orozco Loreto, Florencio Catalán Valdés, Manuel Hinojosa Juárez, Agustín Mauro Jordán Arzate, Lauro Rendón Castrejón, Abel Trejo González, Zaida Alicia Llado Castillo, Ignacio González Rebolledo, Gladys Merlín Castro, José de Jesús
Padilla Padilla, Hugo Menéses Carrasco, Cruz Pérez Cuéllar, Cristian Castaño Contreras, Rafael Ayala López, Abel García Ramírez, Gonzalo Alarcón Barcena, Marco Antonio Rascón Córdova, Francisco Antonio Tenorio Adame, Adolfo Miguel Aguilar Zinser y Oscar González Yáñez.
Comisión de Reforma Agraria: diputados Carlota Angela Rosa Botey y Estape, presidenta; Pablo Moreno Cota, Lauro Norzagaray Norzagaray, Rafael Jacobo García, Germán Jiménez Gómez y José Luis González Aguilera, secretarios; Gerardo Ordaz Moreno, Jesús Siller Rojas, Heriberto Santana Rubio, Víctor Manuel Alvarez Trasviña, José Roberto Arreola Arreola, Gerardo Roberto Flores González, María Cecilia Hernández Ríos, Miguel Ortiz Jongitud, Antonio Rivera Barrón, Jesús Rafael Ruvalcaba León, Leobardo Aguirre Corral, Leticia Camero Gómez, Roberto Alvarez Salgado, Eustaquio de León Contreras, Alfonso Garzón Santibáñez, Javier Ortega Espinoza, Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas, Julián García Noriega, Jorge González González, Zenen Xochihua Valdez, Pedro Flores Olvera, Taide Aburto Torres, Roldán Alvarez Ayala y Ezequiel Flores Rodríguez.
Comisión de reglamento y practicas parlamentarias: diputados Pindaro Urióstegui Miranda, presidente; Horacio Gutiérrez Bravo y Jaime Martínez Tapia, secretarios; Manlio Fabio Gómez Uranga, Regina Reyes Retana Márquez Padilla, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Blas Fortino Figueroa Montes, Martina Montenegro Espinoza, Alfonso Reyes Medrano, Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Dante Decanini Livas, Homar Zamorano Ayala, Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, Francisco José Peniche y Bolio, José Gerardo de los Cobos Silva, Gaspar Eugenio Ortiz Walls, Ramón Miguel Hernández Labastida, Leonel Godoy Rangel y Francisco Antonio Tenorio Adame.
Comisión de Relaciones Exteriores: diputados Augusto Gómez Villanueva, presidente; Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Carlos Flores Vizcarra, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, María Claudia Esqueda Yáñez y Alejandro Moreno Berry, secretarios; Luis Garfias Magaña, Alejandro Rojas Díaz Durán, Carlos Alfonso Reta Martínez, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Lorenzo Chávez Zavala, Alejandro Torres Aguilar, Fernando Orihuela Carmona, Emilio Solórzano Solís, José Natividad González Paras, José Antonio Hernández Fraguas, José Manuel García García, Pablo Moreno Cota, Alfonso Molina Ruibal, Eustaquio de León Contreras, Ignacio Ovalle Fernández, Augusto César Leal Angulo, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Rodolfo Elizondo Torres, Luis Felipe Mena Salas, Consuelo Botello Treviño, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, Rosa María Cabrera Lotfe y Ana Lilia Cepeda de León.
Comisión de Salud: diputados Roberto Robles Garnica, presidente; José Luis Martínez Alvarez, Lorenzo Duarte y Zapata, Everardo Martínez Sánchez y Dante Decanini Livas, secretarios; Héctor San Román Arreaga, Ana María Adelina Licona Spínola, Primo Quiroz Durán, Emma Muñoz Covarrubias, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Alejandro Iván Audry Sánchez, Saulo Rubén Jiménez Leal, Virgilia Noguera Corona, Gerardo Roberto Flores González, Pablo Pedro Aceves Hernández, Héctor González Reyes, Alfonso Abraham Sánchez Anaya, Joaquín Juárez del Angel, Gladys Merlín Castro, Carlos José Verteramo Pérez, Carlos Rubén Calderón y Cecilio, Javier Ortega Espinoza, Claudio Manuel Coello Herrera, Manuel Baeza González, Jorge Antonio Catalán Sosa, Juan Manuel Pérez Corona, María Remedios Olvera Orozco, María Rosa Márquez Cabrera, Leticia Burgos Ochoa y José Narro Céspedes.
Comisión de Seguridad Social: diputados Alejandro Iván Audry Sánchez, presidente; Jorge Urdapilleta Núñez, Armando Gamboa Enríquez, Amado Jesús Cruz Malpica y Manuel Pérez Bonilla, secretarios; José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Liberato Montenegro Villa, Leonel Domínguez Rivero, José Luis Martínez Alvarez, Marco Antonio Michel Díaz, Sabino González Alba, Aurelio Salinas Ortiz, Raúl Ramírez Chávez, Néstor Molina Martínez, Fidencio Romero Tobón, Jesús Manuel Melendez Franco, Julio Felipe García Castañeda, Ignacio Castillo Flores, Miguel Humberto Manzo Godínez, Manuel Baeza González, Luis Ruán Ruis, María Remedios Olivera Orozco, José Enrique Patiño Terán, Víctor Cruz Ramírez, Juan Manuel Pérez Corona, Lorenzo Duarte y Zapata, Everardo Martínez Sánchez, María Rosa Márquez Cabrera, Hildiberto Ochoa Samayoa y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
Comisión de Trabajo y Previsión Social: Diputados José Ramírez Gamero, presidente; José
Gerardo de los Cobos Silva, Pineda y Serino Javier, Raúl Armando Quintero Martínez, Julio Felipe García Castañeda y Marcos Carlos Cruz Martínez, secretarios; Jesús Rafael Ruvalcaba León, Manuel Enrique Russek Valles, Carlos Humberto Aceves del Olmo, María Claudia Esqueda Llanes, Armando Gamboa Enríquez, Francisco Martínez Rivera, Martín Aureliano Montaño Arteaga, Anselmo Alvarado García, María Elena Yrizar Arias, Juan Leyva Mendivil, Servando Andrés Díaz Suárez, Enrique Ramos Rodríguez, Carlos Pérez Rico, Miguel Huberto Manzo Godínez, José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Consuelo Botello Treviño, Alicia Céspedes Arcos, Alejandro González Alcocer, Jorge Urdapilleta Núñez, José Pedro Sánchez Ascencio, Gerardo Macario Rodríguez Rivera, Hildiberto Ochoa Samayoa, Amado Jesús Cruz Malpica y René Arce Islas.
Comisión de Turismo: diputados Rodolfo Elizondo Torres, presidente; Sara Esther Muza Simón, René Arce Islas, Max Tejeda Martínez y María del Carmen Ricardez Vela, secretarios; Rodimiro Amaya Téllez, Jorge Armando Meade Ocaranza, Jaime Cleofas Martínez Veloz, Ramona Carbajal Cárdenas, Adolfo Ramón Flores Rodríguez, Jaime Tapia Martínez, Antonio Piza Soberanis, Rodolfo González Macías, Ismael Orozco Loreto, Agustín Mauro Jordán Arzate, María Lucero Saldaña Pérez, María Virginia Betanzos Moreno, Jesús Manuel Meléndez Franco, Cesar Raúl Ojeda Zubieta, Joaquín Cisneros Fernández, Eric Luis Rubio Barthell, José Arturo Quiroz Presa, Andrés Galván Rivas, Alejandro Higuera Osuna, Javier de Jesús Gutiérrez Robles, María Teresa Cortez Cervantes, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Anselmo García Cruz, Manuel Alberto Coronel Zenteno y Serafín Núñez Ramos.
Comisión de Vivienda: diputados Abelardo Carrillo Zavala, presidente; Guillermo Alberto Luján Peña, José Luis Flores Mendez, Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova e Israel Reyes Ledezma Magaña, secretarios; Daniel Quintero Peña, Francisco Martínez Rivera, Florentino Castro López, Armando Gamboa Enríquez, Horacio Pereznegrón Pereznegrón, Javier Pineda y Serino, Lorenzo Chávez Zavala, Fernando Pacheco Martínez, Raúl Lara Chanes, Mario Enrique Vázquez Hernández, Antonio Medina Ojeda, Nestor Molina Martínez, Héctor González Reyes, Primo Rivera Torres, Carlos Pérez Rico, José Arturo Quiroz Presa, Apolonio Méndez Meneses, José Alberto Castañeda Pérez, María Remedios Olivera Orozco, Juan Manuel Pérez Corona, José Pedro Sánchez Ascencio, María Rosa Márquez Cabrera, Carlos Núñez Hurtado, Marta Alvarado Castañón y Ezequiel Flores Hernández.
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda: diputados Juan Antonio García Villa, presidente; Marco Antonio Michel Díaz, César Antonio Chávez Castillo, Mario Salvador Beltrán del Río y Víctor Samuel Palma César, secretarios; Marco Antonio Dávila Montesinos, Armando Octavio Ballinas Mayes, Manlio Fabio Gómez Uranga, Roberto Rafael Campa Cifrián, Jaime Mariano del Río Navarro, Alfonso Reyes Medrano, Netzahualcóyotl de la Vega García, Joaquín Rodríguez Lugo, Víctor Manuel Silva Tejeda, Baruc Efraín Alavez Mendoza, Abel Trejo González, Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Gustavo Salinas Iñiguez, José Antonio Martínez Torres, Marcos Efrén Parra Gómez, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Rafael Núñez Pellegrín, Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, José de Jesús Preciado Bermejo, Guillermo González y Guardado, Ifigenia Martha Martínez Hernández, Raúl Alejandro Livas Vera y César Humberto González Magallón.
Comité de Administración: diputados Ignacio Ovalle Fernández, presidente; Hugo Meneses Carrasco y José Manuel García García, secretarios; Francisco Suárez y Dávila, Antonio Sánchez Gochicoa, Guillermo Héctor Alvarez Cuevas, Luis Manuel Jiménez Lemus, Gabino Fernández Serna, Dante Decanini Livas, Jesús Siller Rojas, Salvador Mikel Rivera, Carlos Flores Vizcarra, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Jesús Salvador Hernández Velez, Francisco Javier Hernández Armenta, Daniel Ernesto Trélles Iruretagoyena, Eric Luis Rubio Barthell, Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, Gustavo Gabriel Llamas Mojardín, Ramón Miguel Hernández Labastida, Kurt Antonio Thomsen D' Abbadie, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Patricia Garduño Morales y Rodolfo Elizondo Torres.
Comite de Asuntos Editoriales: diputados Jesús Rodríguez y Rodríguez, presidente; Manuel Baeza González, Víctor Manuel Alvarez Trasviña e Irma Eugenia Cedillo y Amador, secretarios; Sebastían Lerdo de Tejada Covarrubias, Miguel Angel Islas Chío, José Carmen Soto Correa, Miguel Angel García García, María Elisa Garzón Franco, Prisciliano Diego
Gutiérrez Hernández, Josefina Silvia Balleza Sánchez, Jorge Cortés Vences, Cándido Pérez Verduzco, Carlos Cantón Zetina, Manuel Enrique Russek Valles, Zaida Alicia Llado Castillo, Oscar Guillermo Levín Coppel, Matilde del Mar Hidalgo y García Barna, Francisco Javier Guizar Macías, Antonio Hernández Reyes, Rodolfo González Macías, Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Jesús Sánchez Ochoa, Manuel Marcué y Pardiñas y Arnoldo Martínez Verdugo.
Comite de Bibliotecas: Diputados Gaspar Eugenio Ortiz Walls, presidente; Gustavo Salinas Iñiguez, Luis Felipe Mena Salas, Regina Reyes Retana Márquez, secretarios; José Luis Fernando González Achem, Ofelia Casillas Ontiveros, Vito Lucas Gómez Hernández, Ramona Carbajal Cárdenas, Humberto Meza Galván, Marcelino Miranda Añorve, Raúl Lara Chanes, Aurelio Salinas Ortiz, Guillermo Alejandro Gómez Vega, César González Quiroga, María Elena Yrizar Arias, Genaro Alfonso del Angel Amador, Gladys Merlín Castro, Audomaro Alba Padilla, Réulo Pastor Fernández Rivera, Luis Andrés Esteva Melchor, Luis Ruan Ruis y Manuel Baeza González.
Comité de Instituto de Investigaciones Legislativas: diputados Jorge Efraín Moreno Collado, presidente; Consuelo Botello Treviño, Ernesto de Jesús Luque Feregrino y María Elena Yrizar Arias, secretarios; María Guadalupe Morales Ledezma, Francisco Peralta Burelo, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, José Rosas Aispuro Torres, José Francisco Lozada Chávez, Francisco Maldonado Ruiz, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Martín Aureliano Montaño Arteaga, Agustín Mauro Jordán Arzate, Píndaro Urióstegui Miranda, Josué Valdés Mondragón, María del Socorro Ramírez Ortega, José Feliciano García Peraza, Carlos Rubén Calderón y Cecilio, Juan Salgado Brito, María Teresa Gómez Mont y Urueta, José Alejandro Zapata Perogordo, José Gerardo de los Cobos Silva, Sergio Teodoro Meza López, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Gonzalo Alarcón Barcena, Francisco Antonio Tenorio Adame, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y José de Jesús Zambrano Grijalva.
Comité Jurisdiccional: diputados Carlos Rubén Calderón y Cecilio, presidente; Francisco José Peniche y Bolio, Ignacio González Rebolledo y María Cristina Díaz Salazar, secretarios; Wilfrido Isidro Muñoz Rivera, Ramiro Javier Calvillo Ramos, Héctor Armando González Mocken, Fernando Salgado Delgado, Lorenzo Chávez Zavala, Roberto Modesto Flores González, Francisco Maldonado Ruiz, Juan Manuel Cruz Acevedo, José Alejandro Zapata Perogordo, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar y Javier de Jesús Gutiérrez Robles.» La secretaria María Claudia Esqueda Llanes: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:
Proposición sobre la creación e integración de nuevas comisiones. Se aprueba y se turna a esta comisión para su integración.
«Honorable Directiva de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados.- Presente.
La Comisión de Réimen Interno y Concertación Política, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, propone al pleno de esta LVI Legislatura, la creación de cuatro comisiones especiales: 1. Fortalecimiento Municipal, 2. Participación Ciudadana, 3. Atención y Apoyo a Discapacitados y 4. Desarrollo Social.
Atentamente.
Palacio Legislativo, noviembre 24 de 1994.— Diputados Humberto Roque Villanueva, presidente; Antonio Lozano Gracia, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional; Jesús Ortega Martínez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; Joaquín H. Vela González, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo; Juan José Osorio Palacios, secretario; Héctor H. Olivares Ventura, coordinador del sector campesino; Rosario Guerra Díaz, coordinador del sector popular, y José Ramírez Gamero, coordinador del sector obrero.
En votación económica, se pregunta si se aprueba la propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: Túrnese a la Comisión de Réimen Interno y Concertación Política, para la integración de las comisiones.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, para fijar posiciones del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: La historia enseña. En momentos tan caros para la República, ponderación, serenidad y buen juicio, son elementos insustituibles para que sobre la confusión y el inmediatismo prevalezca el imperio del derecho y el acatamiento puntual de la ley.
Siendo éste mi afán y convicción, abordo esta tribuna. Lo hago comprometido con los principios que dieron origen y han hecho vivir a mi partido, con lo que su presencia ha significado en la construcción de mi país, en el desarrollo y consolidación de sus instituciones, sus derechos y sus libertades. Lo hago como ciudadano y representante popular, preocupado por el avance pacífico y democrático de México, como militante real, leal y auténtico del Movimiento Agrario, del Partido Revolucionario Institucional.
No es mi propósito venir a esta tribuna para descalificar a nadie; como tampoco lo es hacer defensas oficiosas que nadie me ha pedido y nadie necesita. Vengo, si, porque creo que lo merecen, a exigir respeto para mi partido y sus dirigentes, a rechazar descalificaciones a ultranza, calumnias y denuestos proferidos sobre un hecho que todos los priístas en primer lugar repudiamos y no queremos repetido en el acontecer nacional.
En la hora que vive México, estamos obligados a una demostración contundente de solidaridad con la probidad y rectitud ciudadana y desde luego, con la justicia estricta en el país.
Para los priístas, los auténticos, los de cuota y voto y no los simulados, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, han constituido una pérdida irreparable y una sentida ofensa que agravia a la marcha pacífica y fructífera de la sociedad mexicana y que hiere también y lastima profundamente nuestra dignidad de hombres y de mujeres libres. ¡Por eso los hemos condenado como actos execrables, que no deben tener cabida entre mexicanos! ¡Por eso fuimos los primeros en exigir, con toda energía, su investigación y esclarecimiento exhaustivos, a fondo y hasta sus últimas consecuencias! ¡Así lo hemos afirmado, así lo hemos demostrado en los hechos y así lo demandamos nuevamente, hoy y aquí! El presidente y la secretaria general de nuestro partido han dado ya respuesta clara y puntual, desmintiendo todas y cada una de las graves imputaciones que les fueron formuladas en relación con supuestos actos, entrecomillas, "de encubrimiento y contubernio para entorpecer el curso de las investigaciones sobre el proditorio crimen de quien fuera nuestro secretario general, José Francisco Ruiz Massieu".
Pero que nadie olvide: en un país de leyes y de instituciones, quien acusa está obligado a probar su dicho, pues el valor de la prueba no se finca en éste, sino en su contenido y valor jurídico. Las pruebas, si es que existen, deben ser presentadas; ésta es la única forma de cumplir con la ley. ¡Nadie puede aceptar que se distorsionen los caminos del derecho en la búsqueda de la justicia! ¡Pruebas, pruebas! ¡Esa es la exigencia elemental de los priístas! ¡No se vale lanzar imputaciones sin fundamento, contra todos y contra nadie. Menos, aun cuando éstas van más allá de las personas y
afectan el prestigio de instituciones políticas, cualesquiera que éstas sean! ¡Si otro hubiera sido el partido afectado por tales despropósitos en la procuración de la justicia, igualmente protestaríamos por un atropello así, que agravia a la razón y el derecho de todos! ¡Las instituciones, señores diputados, no delinquen, lo hacen los hombres; y cuando esto ocurre, debe ser probado conforme a derecho! Esto es: ¡con pruebas!, ¡con pruebas!, ¡con pruebas! Estoy cierto que ningún partido político habría permanecido indiferente, hubiera permitido que su sede fuera allanada, para violar archivos, retener documentos y detener personas.
¿Protestar por el allanamiento de las instalaciones de nuestro partido es, entorpecer la investigación? ¿Garantizar la inviolabilidad de este recinto parlamentario es obstruir la acción de la justicia? Permítanme, señores diputados, citar un fragmento de la intervención que hace algunos días tuviera en el Senado de la República, la licenciada María de los Angeles Moreno. "¿Cuál era, preguntaba, el objetivo de la solicitud de procedencia que hacía la Procuraduría General de la República? Indudablemente poder actuar en contra de la persona del ciudadano Muñoz Rocha, para ahondar la investigación que realizaba. ¿Cuál fue el efecto jurídico y político de la licencia concedida? Precisamente levantar el fuero constitucional de que disfrutaba el entonces diputado y ponerlo de inmediato, sin obstáculo alguno para su captura, a disposición del Ministerio Público. ¿De dónde, pues, se aduce ahora que este acto tuvo por objeto demorar u obstruir la acción de la Procuraduría?"; termino la cita.
Y yo agregaría a esta referencia algo que debe quedar bien claro. En mi partido no encubrimos a nadie, no hemos interferido en el esclarecimiento de los hechos ni lo haremos.
Por el contrario, como organización hemos colaborado decididamente en todo el proceso de investigación y hemos exigido reiteradamente que se profundice en la misma, siempre dentro de los cauces del derecho y no cejamos en esta actitud. Habremos de exigir de quien tenga a cargo la investigación, que la conduzca hasta sus últimas consecuencias, con estricto apego a la ley, caiga quien caiga, señor diputado y con pleno respeto a las garantías individuales.
Señores diputados: hora es ésta de serenidad para la República, hora de convocatoria al buen juicio de la sociedad, para erradicar de una vez y para siempre prácticas de descalificación y linchamiento moral, que lejos de contribuir al fortalecimiento de la República, la degradan enrareciendo la convivencia nacional. Quede con ustedes esta respetuosa reflexión y esta convocatoria.
Quede con ustedes el testimonio de nuestra fe inquebrantable en el imperio de la ley y la constancia inequívoca también de nuestra solidaridad militante con Ignacio Pichardo Pagaza y con María de los Angeles Moreno...
Y como la historia enseña, señores diputados, ¡cuidado!, no permitamos que un macartismo infamante y persecutorio, que tan negras páginas ha escrito en diversas partes del mundo, se abra paso en la vida de la República pretendiendo suplantar los caminos de la ley. Por su atención, gracias.
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Fernando Antonio Lozano Gracia:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados: Hemos escuchado un llamado a la serenidad y lo aceptamos con mucho gusto y nosotros haríamos también un llamado a la verdad y a la transparencia, necesaria en las actuaciones de Gobierno y de partidos políticos.
Importantes son los hechos que se han dado en las últimas semanas, lamentable el acontecimiento que los originó, muchas las versiones que hemos escuchado, importantes datos que se han arrojado de la averiguación previa, importantes datos también que se han logrado a través de investigaciones periodísticas y, ante esta serie de rumores y de datos, lo único que
pueden construir las instituciones y la credibilidad de las mismas, del pueblo ante ellas, es la transparencia.
Cuando en la Comisión Permanente, última de la LV Legislatura, se presentó la solicitud de licencia ya tan famosa, hubo por los grupos parlamentarios, sobre todo los de oposición, severos cuestionamientos al procedimiento. Se dijo en los pasillos que, efectivamente, como se acaba de decir aquí, esta solicitud de licencia podría facilitar la investigación y que la intención de la misma era que en unas horas se presentara a declarar el inculpado. Nada de eso sucedió y sí en cambio ante el procedimiento apresurado, que también se comentó en la propia tribuna de esta cámara que llevaba como finalidad tratar de ocultar una realidad, en ese momento ya inocultable, de la vinculación con el hecho delictivo de personas del PRI, se siguiera, como era obligación del Congreso, de la Cámara de Diputados, el procedimiento establecido en la ley, para que se quedara muy claramente sentado, si es que ésa era la intencion de que se queria proceder conforme a derecho.
Un documento que supuestamente llega a la oficina de la cámara, que no había certeza, al menos en el momento en que se concede la licencia, de que fuera un documento auténtico y que se apresura, aun sometiendo a presión a legisladores priístas en contra del propio procedimiento. Esto, señores, está documentado, esto es un hecho, pueden constatar.
Y después de esto, nos enteramos efectivamente de una serie de fricciones entre el propio subprocurador y la dirigencia del PRI, hay circunstancias que rodean este hecho que son muy graves, hay rumores derivados de esto que son muy graves y manifiesta el señor ex subprocurador, que los documentos y las pruebas que se mencionaban hace un momento, están ahí.
Se decía, por qué no, si nosotros mismos los Legisladores de Acción Nacional y mi partido le pidieron al señor licenciado Mario Ruiz Massieu que entregara las pruebas. Evidentemente esta entrega de pruebas tendría que hacerse conforme a los términos legales y dentro del procedimiento y por las afirmaciones que hizo ayer el señor ex subprocurador, debió de haber sido, en mi opinión, a través de una consignación, toda vez que siendo Ministerio Público y considerando comprobados el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, procedía ya la consignación. Si hay impedimentos de otra naturaleza como él lo señala, la Cámara de Diputados y la sociedad mexicana en su conjunto, no podemos dejar pasar esto, señoras y señores diputados, está en juego mucho más que el prestigio de un partido político, está en juego mucho más que el prestigio de cualquier persona en lo concreto, está en juego una definición que el pueblo de México exige hoy sea clara y contundente, ¿hay el imperio de la ley o no? Mi partido, el día de ayer hizo públicas, comentarios y opiniones en relación al mensaje o al documento leído por el licenciado José Francisco Ruiz Massieu, que me voy a permitir leer, Mario, perdón, Mario Ruiz Massieu. "El PAN lamenta profundamente la renuncia del licenciado Mario Ruiz Massieu, a la Subprocuraduría General de la República, así como la consecuencia de esta decisión, es decir, su separación de las tareas de investigación en relación con el asesinato del secretario general del PRI, licenciado José Francisco Ruiz Massieu. Asimismo manifiesta su admiración por la valentía y la dignidad mostradas, por el ahora ex subprocurador para exponer las causas de su decisión y reitera su solidaridad con éste en los términos que lo ha venido haciendo desde el inicio de las pesquisas mencionadas. Además, el PAN formula, en lo que atañe a las declaraciones hechas el día de hoy por el licenciado Mario Ruiz Massieu, las consideraciones siguientes: Primero. No debe aceptarse la renuncia del licenciado Mario Ruiz Massieu, sino, por el contrario, el Presidente de la República debe mantenerlo en su cargo y continuar brindándole el apoyo que hasta ahora le ha dado, para sus labores de investigación, así como las decisiones ministeriales que de ésta se sigan.
Segundo. Las expresiones del ex subprocurador rompen con toda una cultura política de complicidad entre el Gobierno y el PRI, que implicaba el silencio, la impunidad y la intangibilidad frente a la acción de la justicia, cuando esta acción significaban afectar privilegios de los grupos en el poder. Esta ruptura de las prácticas ortodoxas a que se refirió el licenciado Ruiz Massieu, es digna de apoyo por parte de toda la sociedad.
Tercero. Las declaraciones citadas son asimismo muestra clara, al menos de parte de un sector, así sea pequeño, del aparato mexicano, de una voluntad de cambio radical que el Partido Acción Nacional ha apoyado y apoyará por el bien de la República y porque es demanda de cumplimiento inaplazable, sentida y expresada por millones de mexicanos.
Cuarto. Las acusaciones vertidas por el licenciado Mario Ruiz Massieu en contra de dirigentes del PRI, funcionarios de elección popular del mismo partido y del propio Procurador General de la República, son, a juicio de Acción Nacional, de una gravedad extrema. Las pruebas que según el ex subprocurador han sido integradas a la averiguación previa, deben ser conocidas y evaluadas de inmediato por quienes, si es el caso, asuman la responsabilidad que hasta el día de hoy fueron las del renunciante para proceder en consecuencia.
Es urgente el ejercicio de la acción penal, incluso para que los presuntos implicados puedan ejercitar su derecho a la defensa.
Quinto. Las declaraciones del licenciado Ruiz Massieu, ponen al Estado mexicano frente a la necesidad y la urgencia de una definición clara en relación con el imperio del derecho sobre todos los mexicanos, independientemente de los nexos, algunos de éstos con cualquier tipo de poder. Mantener al licenciado Ruiz Massieu en su cargo y darle el respaldo decidido y enérgico a sus labores, equivaldría a mostrar que tal definición es un hecho.
Acción Nacional exhorta a la opinión pública nacional a manifestarse en favor de esta exigencia.
Sexto. Las referencias del ex subprocurador, a partes de la clase política priísta, a un grupo político priísta superior a aquella en poder al del propio Presidente de la República y criminal éste, así como su advertencia acerca de posibles crímenes políticos ulteriores, muestran el grado de descomposición del sistema del partido de estado, o de gobierno, que obliga a una inmediata y drástica reforma de éste, en el sentido de la separación entre ambos, de sumisión de ambos a la ley y de la democratización interna del Partido Revolucionario Institucional, siendo el partido en el poder, su deterioro afecta gravemente a toda la nación.
Séptimo. Acción Nacional afirma que un Procurador General de la República, que es a su vez abogado de la nación, señalado en la medida en que lo ha sido el actual por su propio subprocurador, debe ser cesado de su encargo por el bien de la República, por la credibilidad de la institución para tranquilidad de la nación.
Octavo. Acción Nacional considera conveniente y sano que los senadores de la República, señalados por el subprocurador, soliciten licencia, con el propósito de defenderse de las presunciones que se les imputan, lo que además dejaría al Senado fuera de toda controversia.
Señoras y señores diputados. El momento político es crucial, la definición que se exige, que exigimos nosotros hoy, podrá darnos una perspectiva diferente.
Pedimos, como lo dice el documento, el que haya total claridad en la conclusión de este asunto; sólo de esta manera, sólo si verdaderamente el imperio de la ley cobra vigencia sobre cualquier persona o grupo, tendremos perspectiva política, que incluso, en esta Cámara de Diputados debe tener su espacio más propicio.
Pedimos a nuestros compañeros, los diputados del PRI, a los señores senadores priístas, que en este momento se anteponga el interés por el que todos hemos jurado actuar y defender por encima de cualquier interés de persona o de grupo. Muchas gracias.
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Mauro González Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El país nunca pensó que el vértigo de las ideas fuera superado en tan pocos días por el vértigo de los acontecimientos. La serenidad que se mencionaba hace un momento, no riñe por la pasión, por el derecho, por la ley y por la verdad.
Yo, como representante de la nación, sí vengo a descalificar, vengo a descalificar a la anticultura de la impunidad y de la mentira y por ello procedo a leer este alegato que no intenta recurrir como en otras ocasiones, a la técnica del derecho, sino a los grandes lineamientos de filosofía política y jurídica que exigen los acontecimientos.
El Gobierno afirma todos los días y hoy haré mención de lo mismo, que México vive en un estado de derecho justo y democrático, lo cual es indudablemente un espejismo que se desvanece al enfrentarse con la realidad. El sistema miente para conservar sus privilegios y destruir la libertad. La realidad que se ve cotidianamente es de injusticia, de inseguridad, de contaminación y de crimen.
México, guste o no, se ahoga física y moralmente y el sistema es el principal culpable de la situación actual, por no promover el bien común, la realización de ese bien común es su responsabilidad directa. La ruptura entre Gobierno y valores de moralidad pública, ha generado desorden y confusión, se confunde la virtud con el éxito, el ser con el tener, la verdad con la propaganda también se confunde la democracia con la componenda partidista, la justicia con los favores, el bien del pueblo con el de una facción y sus cómplices. De ese modo el país entero está sometido a una vida de mentira y corrupción.
Las muertes de mujeres y hombres importantes y la muerte también de mujeres y hombres humildes, son efectos de la enfermedad social, de la derrota moral pública, fracaso moral que tiene herida el alma de la patria, alma desgarrada por la aparente fatalidad de un poder irracional, poder irracional que ha prostituido al derecho.
La pregunta que hacía el compañero Lozano, de que si hay o no estado de derecho, se debe responder en forma categórica por un no rotundo e incondicional.
El Gobierno, insisto, es el principal responsable de esta crisis política que tiene como origen la postración, la desfiguración del derecho y los males del país provienen fundamentalmente de la tendencia al exceso de una sola fuerza sobre las demás. Cuando se concede el derecho y la facultad de hacerlo todo a un poder cualquiera, es que ha surgido el autoritarismo encubierto o descarado y ustedes pedían pruebas del autoritarismo. ¡Qué mejor prueba que las declaraciones del titular del Ejecutivo cuando señala que nada ni nadie podrá poner en duda la conducta apegada a derecho de la senadora! El mandato constitucional del señor Salinas, impone el cumplimiento irrestricto de la ley, no lo faculta para encarnar el derecho ni la ley.
La injusticia significa el derrumbe de la unidad, del honor y un país, entiéndase bien, si un país pierde el sentido del honor porque sus gobernantes lo han perdido primero, todo por desgracia se puede esperar. Que nadie del sistema se rasgue las vestiduras, porque la hora del fariseísmo ha terminado. Por fortuna ningún sistema político escapa a la ley de lo transitorio.
Tenemos la certeza de que una de las cualidades más admirables del hombre, es su capacidad de liquidar los sistemas injustos y antidemocráticos que lo oprimen. Es hora de que el Gobierno casi centenario y sus secuaces de hoy y de hace tantos años, se vayan y ya dejen prosperar, de una vez por todas al pueblo de México. El desafío es el comienzo de la esperanza.
Las imputaciones del señor Ruiz Massieu, hechas todavía señores priístas, como subprocurador, es... ahorita voy a comentarle sobre ello. En este momento quiero mencionar que esas imputaciones fueron hechas por una autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos, no por un hombre cualquiera. Ahorita las menciono.
Estas imputaciones, estos señalamientos me permiten, nervioso está el Procurador y sus secuaces, nervioso está el sistema, porque se va a enfrentar a un veredicto del pueblo que ya está harto de impunidades.
La patria está segura, porque la verdad está con el pueblo; ...no teman escuchar, no recurran a trucos que ya están pasados de moda.
Los señalamientos del señor Ruiz Massieu me permiten recordar aquel grito de antígona en la obra clásica, cuando gritó y dijo: Por encima de tu decreto están las leyes no escritas, las leyes que se arraigan en la naturaleza libre y racional del hombre, que me autorizan a enterrar a mi hermano.
Hoy, el grito del hermano de la víctima de un sistema también levanta la voz porque sabe que desde el sistema no se puede gobernar con el deber y por ello renuncia para gobernar con el derecho a través de la sociedad y de una legislatura que debe ser libre, que debe ser digna, que debe ser independiente.
La voz indignada de Ruiz Massieu no es una voz aislada, refleja, manifiesta el coraje de un pueblo secularmente humillado por un Gobierno antidemocrático, un pueblo que por encima de las falsedades, que por encima de los caprichos de un poder Todopoderoso, revestido en ocasiones con el ropaje aparente de la legalidad, por encima de la desvergüenza y de la falta de decoro, quiere desenterrar, quiere desenterrar, como se decía aquí antes, el imperio de la ley. Quiere restaurar el imperio de las finalidades esenciales del derecho, que son: justicia, seguridad y bien común.
Ya lo dijeron: los demonios se han desatado, es el momento de amarrarlos y hoy convoco a todas las fuerzas, a todas las conciencias, incluyendo a la de ustedes señores priístas, para que iniciemos la restauración de ese imperio e impidamos que sigan saliendo demonios de esa agencia calificada como agencia colocadora de puestos y de complicidades.
No son palabras mias, son palabras de un ex compañero de ustedes. Los convoco a que se rectifique. Los invito a que se sumen a esta iniciativa nuestra de juicio político contra el titular de la Procuraduría General de la República, que se ha presentado esta mañana.
No estamos prejuzgando sobre la responsabilidad, estamos invitándolos, estamos convocándolos a que se sumen a esa investigación, a esa indagación, para que después de serenamente analizar y valorar las pruebas, se dictamine y se dicte la resolución que corresponda. Los convoco al honor y no sólo a ustedes, sino a todo el pueblo de México que anhela la verdad. Muchas gracias.
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Las declaraciones del hasta ayer subprocurador de la República, licenciado Mario Ruiz Massieu, encargado de la investigación del asesinato del secretario general, del Partido Revolucionario Institucional, constituyen un hecho sin precedentes en la historia reciente del país.
Son las declaraciones más importantes efectuadas por un funcionario público de alto nivel en el ejercicio de sus funciones.
Las palabras de Ruiz Massieu tienen una trascendencia política de incalculable valor, pues representan un enjuiciamiento de la moral política del partido gobernante, enjuiciamiento del que posiblemente nadie lo podrá redimir.
Hasta ahora elementos como los que contiene la denuncia, han estado por años en boca de dirigentes políticos de oposición, de intelectuales honestos, de luchadores sociales y de centenares de observadores y analistas imparciales, nacionales y extranjeros.
Lo relevante de lo que presenciamos, es que ahora lo dijo un hombre que pertenece a una de las familias políticamente más importantes de este país.
Al reiterar la acusación de que se trata de un crimen político, de que sus autores intelectuales son personajes poderosos del sistema y que la diligencia del PRI actúa como encubridora, el ex subprocurador lanzó un golpe cuyas consecuencias se harán sentir inmediatamente, pero también serán perdurables.
Las denuncias hechas por Ruiz Massieu, evidencian la profunda corrupción existente en el sistema de procuración y administración de justicia en el país y también el alto grado de impunidad de que gozan algunos sectores de la élite política, ligada al partido gobernante.
Es evidente, que Ruiz Massieu, se vio obligado a proceder de esta manera al constatar que la investigación estaba maniatada por los altos intereses políticos y económicos involucrados.
En efecto, después de haber atrapado a los peces chicos, la investigación estaba encaminada lamentablemente a correr la misma suerte que la del crimen de Colosio, con una diferencia importante.
La prepotencia y la torpeza de la diligencia del PRI, dio lugar presuntamente a maniobras de dos altos personajes de la diligencia de ese partido y del Procurador General de la República, que se concretarían en la falsificación de la carta de licencia de Muñoz Rocha y en diversos actos de obstrucción de la justicia.
Sin embargo, todos sabemos que el problema no radica esencialmente en las normas jurídicas, sino en el ilegítimo poder que el PRI ha ejercido sobre las instituciones republicanas.
Por ello es que desde una perspectiva estrictamente política, el PRI y el presidente entrante tienen la enorme responsabilidad de afrontar estos hechos con toda honestidad y transparencia, es decir, con pleno apego al derecho y a la justicia. La sociedad mexicana ya no tolera situaciones como las ocurridas hasta hoy y exige realizar cambios profundos, que arranquen de raíz todos los vicios que se reproducen en las instancias de justicia y los abusos e impunidad existentes en el sistema político mexicano.
Compañeras y compañeros diputados, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, considera, en primer lugar, que la investigación debe continuar y llevarse a cabo hasta sus últimas consecuencias, independientemente de las personas que resulten responsables y sin importar el lugar que ocupen en la jerarquía política.
En segundo término, consideramos absolutamente prudente, que las personas señaladas el día de ayer por el ex subprocurador, otorguen todas las facilidades necesarias para que la investigación continúe y concluya en las mejores condiciones de credibilidad para los ciudadanos, para el bien de ellos en lo personal y para las instituciones que representan.
Para ello, sería necesario que el Procurador General de la República, licenciado Humberto Benítez Treviño renuncie a su cargo. Que la licenciada María de los Angeles Moreno solicite licencia para separarse de su cargo como senadora y que el licenciado Ignacio Pichardo Pagaza renuncie a la presidencia de su partido, de modo que en estas condiciones, hagan frente a las acusaciones, graves acusaciones, que recaen sobre sus personas.
En tercer lugar, es deber jurídico, ético y político, que el licenciado Mario Ruiz Massieu, presentar a la autoridad competente y que se informe de ello al Poder Legislativo, las pruebas que reiteradamente ha dicho tener y en las cuales se inculpa a los políticos antes mencionados.
Finalmente, nos manifestamos en contra de la aceptación de la renuncia del licenciado Ruiz Massieu, puesto que su persona garantiza el esclarecimiento del asesinato del secretario general del PRI.
Por lo tanto, la próxima administración federal, debiera ratificarlo en su cargo y otorgársele amplias facultades, para que con plena autonomía continúe la investigación hasta su esclarecimiento total. Por el bien de la nación, por el bien de México y de este Poder Legislativo, es en concordancia que así debe actuar la futura administración federal y los miembros distinguidos de la diligencia del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
El Presidente: Para rectificar hechos, ha solicitado el uso de la palabra, el diputado Marcué y Pardiñas.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Señores legisladores: cuando el señor general, Plutarco Elías Calles, fundó el Partido Nacional Revolucionario, su servidor tenía 14 años.
Yo le suplico al señor de la Gran Comisión, que les diga a los señores del PRI o que les ordene que no silben a cualquier orador que venga a esta tribuna. Se lo suplico, señor licenciado Roque.
Desde entonces, dentro de mi familia se hablaba ya de todo lo que sucedía en el país. Cuando el presidente Calles inventó, tuvo imaginación de cómo ayudar a hacer un alto al asesinato político a lo largo y a lo ancho de la República, su imaginación le dio el camino y fundó el Partido Nacional Revolucionario.
Tiene 65 años, señores. No voy a hacer historia porque sería largo, muy largo estar en esta tribuna, voy a ser muy breve, pero reflexionen ustedes, señores.
Señores del PRI: lo que ha sucedido en esos años y desde cuando ustedes, señores del PRI
y su gobierno, pero esencialmente ustedes, porque con su conducta han apoyado a ese gobierno, con su conducta, con su moral, con su actitud ciudadana, con su ética. Reflexionen lo que ha sucedido. Ya se los he dicho muchas veces. Han prostituido a ese organismo político que creó el Plan Sexenal con el que hizo su campaña Lázaro Cárdenas.
A partir de Miguel Alemán, y me duele decirlo, porque soy mexicano y porque quisiera yo que todos los organismos nacidos en mi país respetaran la Constitución de la República, respetaran el pensamiento de todos los mexicanos que quieren hacer de esta nación un país unido, patriota.
Señores: voy a ser breve. El señor Presidente de la República, ha cometido entre toda una serie de errores graves, uno más. ¿Como es posible, señores, que el Presidente de la República viole la ley y con la fuerza que tiene un Presidente quiera salvar a la señora María de los Angeles Moreno? María de los Angeles Moreno es una persona respetable, María de los Angeles Moreno tiene una vocación política desde hace muchos años...
El Presidente: Diputado Marcué; tiene un minuto para concluir, por favor.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas: Estoy dando una explicación.
El Presidente: Tiene usted un minuto. Es para rectificar hechos su intervención, señor diputado y es por cinco minutos. Le concedemos un minuto para concluir su intervención.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas: Yo le suplico que no me llame la atención, porque entonces las ideas se me trastocan.
¿Cómo va a ser posible que el Presidente quiera defender en la forma en que lo hizo a María de los Angeles? María de los Angeles es una persona respetable, María de los Angeles tiene una preparación política, desde niña. El padre de María de los Angeles, el doctor Moreno, fue gente de izquierda y siempre ha sido; fue gente, jefe de las juventudes cardenistas. Eso es lo que le da a María de los Angeles su vocación política y su pensamiento. Pero el Presidente de la República equivocadamente, sin pensarlo, abusando de su investidura, en lugar de hacerle un bien a María de los Angeles, le ha hecho un mal. ¿Por qué? yo les pregunto a ustedes, señores, y a su Presidente, nada más salva a María de los Angeles y no habla igual del presidente del PRI. y del Procurador General de la República. ¿Por qué...? ¿Qué María de los Angeles tiene culpa de lo que esos dos bribones hicieron? Díganme ustedes, ¿qué el Presidente de la República no tenía derecho, si es que no están involucrados, de defenderlos por parejo? El Presidente: Señor diputado: ¡Se ha concluido su tiempo! Señor diputado, se ha concluido el tiempo de su intervención. Solicitó la palabra para rectificar hechos; tiene usted siete minutos, dos minutos más...
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas: Cómo es posible que no les duela a ustedes este párrafo que voy a leer y que dice así: "Tuve que enfrentar al PRI y lo hice, sin embargo pudo más la clase príísta". "Quiero dejar claro que renuncio por un acto de dignidad, porque no existen las condiciones para avanzar, porque las investigaciones estaban siendo frenadas y porque no puedo ser cómplice de una situación en la que se determinó, óiganlo bien, apoyar a quienes opusieron resistencia y en consecuencia nunca llegar al fondo de la investigación." Señores del PRI, como dice el subprocurador, pudo más la clase priísta abanderada de la corrupcción, que la justicia y la verdad que buscan todos los mexicanos, como dice el alto funcionario.
El Presidente:
Señor diputado: vamos a solicitar... le vamos a conceder el uso de la palabra a otros diputados que la han solicitado.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas: No tiene derecho a defender a María de los Angeles y a dejar a las otras dos personas responsables, involucradas en el crimen que se cometió. ¿ Por qué no defendió también a esos dos? ¿Porque no tienen culpa? pregunto yo. ¿Porque no tiene culpa? ¿Eso es defender la justicia en México, señores? Reflexionen. Se ha cometido un error grave...
El Presidente: ¡Diputado..! Ha solicitado el uso de la palabra, para rectificar hechos y por cinco minutos, el diputado Luis Sánchez Aguilar.
Vamos a rogar a la Asamblea que dé oportunidad para que el orador pueda continuar hasta agotar su tiempo y al orador también le vamos a suplicar ajustarse al tiempo que para hechos ha solicitado, los cinco minutos, si son tan amables.
Por favor, diputado Sánchez Aguilar, si es tan amable.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea: Parece que algunos compañeros priístas en esta cámara ¡son desvergonzados!, como diría el ex subprocurador Ruiz Massieu... o duros de entendederas o no saben leer. ¡Porque es precisamente su nuevo jefe, el señor Ernesto Zedillo Ponce de León, quien ayer declaró: Urbi et Orbi, por los canales más importantes de la televisión mundial, de los Estados Unidos, que "nuestro estado de derecho deja mucho qué desear". ¡Eso dijo el jefe de esa bancada! No lo hemos inventado, es a cargo del denominado presidente electo la afirmación de que aquí no impera el estado de derecho ni existe orden constitucional y desde luego no han leído bien el mensaje del señor Ruiz Massieu. El dice que "pudo más la clase política priísta que un presidente".
En realidad el de la voz no es tan ingenuo como para creer que hay quien pueda en este país más que un presidente. Esto nos lleva a la lógica sospecha de que ¡quien ha empantanado la investigación es nada menos que el hombre que habrá de dejar, si no dejó ya, Los Pinos, circunstancialmente en estos días! ¡En el país de la dictadura perfecta no se mueve una hoja de papel, si no es por voluntad presidencial! ¡Cuando el señor Ruiz Massieu dice "que existen pruebas del contubernio entre Benítez Treviño, Pichardo Pagaza y Moreno Uriegas y que él deseaba continuar adelante esa investigación", quien lo ha frenado no es Pichardo Pagaza, no es Moreno Uriegas ni tampoco el Procurador! Viene de más arriba: ¡de quien lo puso y ahora lo cesa! ¡No es renuncia, compañeros diputados! ¡En la interpretación precisa de las palabras del subprocurador, él nos está advirtiendo, nos está diciendo: "hasta aquí llegué porque perdí el apoyo del Presidente"! Y si el señor Zedillo Ponce de León es honesto, si dice verdad al afirmar, primero, que no impera el estado de derecho, que le preocupa la procuración de la justicia, debería entonces llamar a cuentas a quien posiblemente le entregue el poder la semana entrante. Porque, como bien dijo el diputado Marcué y Pardiñas, no debió el señor Salinas decir lo siguiente: "Nada, nadie puede poner en duda la honestidad de María de los Angeles Moreno", cita textual. Repitió: "nada ni nadie puede poner en duda la respetabilidad de María de los Angeles Moreno. Nada ni nadie puede poner en duda la verticalidad, el patriotismo y la conducta permanentemente apegada a derecho de María de los Angeles Moreno". ¡Salinas se convirtió en juez y parte! ¡Se excedió en su papel! Porque ¿quién en su sano juicio, agente del Ministerio Público Federal, subprocurador o aun Procurador, osaría embestir contra María de los Angeles Moreno, una vez que el jefe del Ejecutivo, así sea encargado por la usurpación, está avalando, condenando, las acciones de un subprocurador! El Presidente: Un minuto para concluir, diputado.
El diputado Luis Sánchez Aguilar: El señor Ruiz Massieu entendió bien el mensaje, porque fue engañado. ¡Hipócritamente el Presidente de la República le dice: "adelante Mario, vas muy bien". Y más tarda en salir por esa puerta, que el señor Salinas recibir por la otra a la señora Moreno y decirle: "nadie, nada te va a tocar. Nadie puede poner en duda tu respetabilidad". ¡Y está desautorizando al Ministerio Público Federal! En este entorno yo respetuosamente me permito hacerle un llamado, dondequiera se encuentre, al señor Ernesto Zedillo Ponce de León. Porque el señor Ruiz Massieu, le ha hecho una petición. Ruiz Massieu le ha dicho: "que este gobierno se doblegó y que él espera que el nuevo gobierno, cita textual, actúe ¡ergo! Este gobierno dejó de actuar,..." El Presidente: Se agotó su tiempo, señor diputado.
El diputado Luis Sánchez Aguilar: Y agregó: "y que el nuevo gobierno no sea doblegado por la clase política"; luego este gobierno o se doblegó o fue sometido por Salinas...
El Presidente: Se ha agotado su tiempo, señor diputado.
El diputado Luis Sánchez Aguilar: Y que el señor Zedillo apoya a un nuevo Procurador...
El Presidente: Diputado Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar: Para que las líneas de investigación lleguen inclusive a la casa de Tlalpan, donde a partir de la semana entrante vivirá Carlos Salinas de Gortari. Muchas gracias.
El Presidente: Para rectificar hechos, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Jorge Padilla, por cinco minutos.
El diputado Jorge Humberto Padilla Olvera:
Este asunto es de tal gravedad que requiere una profunda reflexión.
Yo los invito, señores del PRI, que exigen pruebas a gritos, que lean por favor el artículo 16, segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales. Mario Ruiz, en respeto del imperio de la ley, obedeció a ese artículo. Lo que se requiere aquí es que la averiguación se defina en uno u otro sentido, por la persona que sea nombrada para tal efecto, que es la única manera de que las pruebas sean presentadas; para lo cual nuestro partido exige que sea precisamente Mario el que siga con la averiguación; las pruebas están en la visitaduría.
Y yo les recuerdo, señores del PRI, que si por desgracia, que espero que nunca suceda, alguna bala se atraviesa por su camino, tengan presente que todos sus compañeros van a defender al PRI, no a ustedes, a menos de que tengan la suerte de tener un hermano de subprocurador o de Procurador de Justicia.
México requiere certeza, México requiere confianza y el único que les puede dar la confianza en esa resolución que se requiere es precisamente Mario Ruiz Massieu.
Espero que reflexionen lo que acabo de comentar.
El Presidente: Tiene el uso de la palabra, el diputado Sebastián Lerdo de Tejada, para hablar sobre el mismo tema, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:
Con su permiso, señor Presidente:
Por respeto a esta soberanía, seré breve. Nos hemos enterado en los últimos días, a través de los medios de comunicación, de distintas declaraciones del entonces Subprocurador General de la República. Hemos conocido también, a través de los medios, las posiciones personales e institucionales de las personas aludidas en estas declaraciones. Que quede claro de una vez por todas: el prestigio del partido y de su dirigencia no está en tela de juicio, ni producto de ninguna negociación; el prestigio del partido son sus mujeres y sus hombres, es su historia y su fortaleza.
No podemos venir a esta tribuna a exigir el cumplimiento de la ley y violarla al solicitar extemporáneamente o quizá no extemporáneamente, sino no por las vías jurídicas, las pruebas a que tanto hemos aludido.
El conocimiento real de los hechos es una demanda no sólo de los priístas, es una demanda de una sociedad cada día más informada, crítica, demandante y contestataria. Todos queremos tener la información, queremos tener la información real, pero la información real no se logra con posiciones estridentes que descalifican de origen todo; la información real no se logra con actitudes fatuas que pretendan un fatalismo nacional; la ley no se negocia, se cumple o se infringe, pero no podemos estar pidiendo a través de mecanismos distintos, su negociación.
El presidente electo de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, ha sido muy claro al afirmar que al asumir el poder va a ampliar las investigaciones sobre dos dolorosísimos casos para todos los priístas: el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
Los acontecimientos que se han venido a referir en esta tribuna, me da la impresión de que han generado una confusión, hay tres capítulos para ver esto: político, jurídico y el afectivo. Vámonos por el jurídico, el estrictamente jurídico. Se ha dicho que hay pruebas, las queremos ver; que no vengan a descalificar a una institución de interés público, que no vengan a descalificar a sus dirigencias sin sustento, eso es infundio, eso es difamar y eso francamente para quienes con profunda convicción vienen a esta tribuna a defender el estado de derecho, la verdad de las cosas, no se traducen en un conocimiento real de los acontecimientos.
Los priístas nos pronunciamos en contra de los rumores, decimos no a los infundios y les decimos también a quienes pretenden capitalizar para su acervo de discurso estridente de este asunto, que no es haciendo escarnio de otras personas o de otras instituciones, como se construye una más amplia democracia y una vida de partidos más fortalecida; todos queremos saber la verdad, todos queremos que se vaya a fondo pero todos queremos que se actúe conforme a derecho, que se actúe conforme a la ley y que no se pretenda con actitudes estridentes, confundir a la nación.
Queremos generar un cambio, un cambio con certidumbre, un cambio con rumbo, un cambio seguro y este cambio únicamente lo podremos impulsar entre todos si construimos juntos una nueva actitud de propuesta y de camino conforme a la ley. Ya basta, ya basta de hacer escándalos sobre asuntos que se deben de mirar estrictamente bajo el ojo jurídico.
Se ha venido a esta tribuna a defender el imperio de la ley, hagámoslo juntos, hagámoslo juntos, propugnemos porque se esclarezca conforme a derecho y no capitalicemos políticamente sobre el prestigio de las personas y las instituciones. Muchas gracias.
El Presidente: Tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Salvador Martínez Della Rocca; posteriormente el diputado Hiram Escudero.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
Mario Ruiz Massieu, fue secretario de la rectoría de la UNAM durante el rectorado del doctor Jorge Carpizo, ahí lo conocí durante el conflicto del Consejo Estudiantil Universitario; fue miembro de la representación del rector en las negociaciones para resolver el conflicto. Fuimos adversarios políticos, nunca enemigos, mostramos civilidad tomando el diálogo como una práctica política. Mis condolencias a él y a su familia y mi más grande respeto para Mario por su valiente actitud.
La policía mexicana, compañeros diputados, ha demostrado en la historia, porque la historia
enseña, señor diputado Héctor Olivares Ventura, ha demostrado la policía mexicana en la historia mexicana, en la historia, una eficiencia fantástica para detener a luchadores sociales de la oposición: a Valentín Campa, a Demetrio Vallejo, a Víctor Rico Galán, a los médicos del movimiento médico de 1965, a Rous Mainers, a Gilberto Balam, asesinando a Rubén Jaramillo. Mostraron, la policía mexicana mostró una eficiencia considerada de las más altas del mundo, cuando desmantelaron la guerrilla urbana de los años setenta.
La historia enseña, afirmó el diputado Héctor Olivares Ventura, y agregó: mi partido, en mi partido, no encubrimos a nadie. Como la historia enseña, en este país hubo un asesinato masivo el 2 de octubre de 1968, señor diputado y hasta la fecha no se han esclarecido los hechos, se ha encubierto el asesinato masivo de 1968; no se apoyó en esta cámara por parte de su partido a que se abrieran los archivos para hacer la investigación del asesinato del 2 de octubre, el año pasado, que se cumplían 25 años.
Metieron a la cárcel en ese entonces, a centenas de estudiantes, profesores e intelectuales, a Heberto Castillo, al doctor Emilio Gortari, a intelectuales como José Revueltas y, señor Olivares Ventura, nunca les interesaron las pruebas, no hubo pruebas en las acusaciones que presentamos, las pruebas nuestras para demostrar que no eran verdad las acusaciones que se hacían, pero no les interesó.
Los asesinos siguen libres, los cómplices han sido incluso gobernadores; Luis M. Farías era en ese entonces, el jefe de la Cámara de Diputados de la bancada priísta y lo premiaron con la gubernatura de Nuevo León.
El 10 de junio de 1971, hubo otra masacre a una manifestación pacífica. Se señaló a un grupo, señor diputado, "Los Halcones"; se abrió una investigación y hasta la fecha, los asesinos siguen vivos. Uno de los responsables directos también fue gobernador del mismo Estado: Alfonso Martínez Domínguez, los responsables eran y fueron del Partido Revolucionario Institucional; Gustavo Díaz Ordaz nunca fue encarcelado y Luis Echeverría sigue vivo y libre.
Asesinaron a 300 miembros del PRD, asesinaron a Francisco Ovando y a Gil Heraldes y los asesinos y la investigación no han servido. Se encubre y hoy la policía muestra ineficiencia, entre comillas. Asesinaron a Luis Donaldo Colosio y a Francisco Ruiz Massieu y se está encubriendo la investigación. Me parece incorrecto, ya porque todos estos asesinatos son profundamente graves competen a la nación, no sólo al prestigio de un partido; compete a esta Cámara.
Hoy, esa eficiencia mostrada contra la oposición no aparece. Hoy no son capaces de encontrar al o los grupos que están imponiendo en México un clima de salvajismo; se pretende peruanizar o colombizar la vida social y política de nuestro país. No encubran, por el bien de México. No hablen de macartismo. ¡Qué cinismo es éste! Del atentado llamado Avendaño el 25 de julio tampoco se encuentra a los responsables. El estado de derecho, señores diputados, no espera a que Ernesto Zedillo sea Presidente de la República. El estado de derecho exige que ahorita, durante la presidencia de Salinas de Gortari, se aclaren todos estos asesinatos.
Compañeros, no sólo el prestigio del PRI está en juego. Está en juego el prestigio de la nación; todos los involucrados deben responder ante la ley, no podemos bajo concepto alguno, eludir esa responsabilidad. María de los Angeles Moreno, Pichardo Pagaza, Humberto Benítez Treviño, deben comparecer ante la ley por el bien de la nación y el responsable de la nación, Carlos Salinas de Gortari, debe responder ante la ley porque es el responsable de esta nación; si no, compañero Olivares Ventura, se estará encubriendo y de la historia parece que no aprendemos. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente: En el uso de la palabra, el diputado Hiram Escudero, para rectificar hechos y por cinco minutos.
El diputado Hiram Escudero Alvarez:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea; amigos todos: Pedí hacer uso de la palabra para referirme a hechos relacionados con las recientes
declaraciones del entonces todavía subprocurador de la República, Mario Ruiz Massieu, en las que señala y responsabiliza a dirigentes nacionales del PRI y al propio Procurador de la República, a María de los Angeles Moreno e Ignacio Pichardo Pagaza, de haber entorpecido la investigación en el grado de encubrimiento, en torno al asesinato del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general de dicho organismo político y hermano del propio hoy ex subprocurador de la República.
El entonces subprocurador, en funciones de agente del Ministerio Público, que es una institución, afirmó que dichas personas se preocupaban más por defender a los criminales que por el asunto de su secretario general, e imputó de manera categórica la comisión de diversos delitos, sin precisar los cargos ni relacionarlos con pruebas.
A este respecto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante esta legislatura, demanda que el Ministerio Público como institución cumpla cabalmente con su función, el cuerpo de los delitos se encuentran probados, existen ya consignaciones hechas ante los tribunales, en donde se ha declarado la formal prisión, porque se han cumplido a su juicio con la comprobación de los elementos materiales del tipo y con la presunta responsabilidad.
Exigimos el total y cabal esclarecimiento de los hechos en que perdió la vida Francisco Ruiz Massieu; asimismo, que se haga la investigación con estricto apego al marco constitucional, legal, procesal y orgánico, que establece y regula las facultades de la Procuraduría de la República, así como de su titular en su función de Ministerio Público, con imparcialidad e independencia.
El derecho penal, al referirse al tema de la responsabilidad delictiva, con claridad determina y establece los diversos grados de participación, desde la autoría intelectual, la material, la coparticipación, la complicidad y el encubrimiento. Corresponde al Ministerio Público llegar a la verdad histórica y legal de los hechos y consignar ante el órgano jurisdiccional, para deslindar la responsabilidad de los autores con sus nombres.
Debe la institución del Ministerio Público, independientemente de la pugna entre sus titulares, como unidad, con base en la característica de esa institución, consignar de inmediato la averiguación previa en el estado que se encuentra, ante el juez que corresponda, para que éste analice las pruebas que se dice existe y en su caso ejercite la acción penal y consigne o detenga a quienes resulten responsables.
La opinión pública demanda claridad, verdad y justicia, que se consigne a los presuntos responsables; existen imputaciones directas de todos los involucrados, independientemente de su investidura o de su cargo, que se cumpla con el principio de igualdad de personas frente a la ley y el derecho, que se actúe con firmeza, que no haya impunidad o encubrimientos producto de intereses de personas o de grupos.
Por el bien de México, por el fortalecimiento del estado de derecho, por la dignidad e independencia de la procuración de justicia, exigimos la consignación de la averiguación ante la autoridad respectiva. Muchas gracias.
El Presidente: En el uso de la palabra el diputado Serafín Núñez, para rectificar hechos y por cinco minutos.
El diputado Serafín Nuñez Ramos:
Señoras y señores diputados: Los acontecimientos de ayer, específicamente el informe rendido a la opinión pública por el subprocurador Mario Ruiz Massieu, su renuncia y las consiguientes reacciones de la dirigencia del PRI y el procurador Benítez Treviño, al igual que el reconocimiento hecho a la secretaria general del PRI por el presidente Salinas, ciertamente son acontecimientos graves que merecen nuestra atención.
Mario Ruiz Massieu ha renunciado ciertamente como aquí se ha dicho, porque el apoyo presidencial que dice haber tenido para llevar adelante la investigación sobre el crimen de su hermano, le fue retirado, retiro que fue subrayado por el desmedido halago que el Presidente hizo ayer por la mañana de la Secretaria General del PRI, a quien el subprocurador había señalado como copartícipe de encubrimiento y contubernio.
A su vez, el presidente del PRI acusó al subprocurador de actuar ilegalmente y amenaza con
presentar querellas en su contra por formular imputaciones, según dice, calumniosas y ofensivas contra personas físicas y morales, sin acreditar su dicho, poniendo de relieve tanto él como el procurador Benítez, que el subprocurador no ha aportado prueba alguna de sus aseveraciones.
La primera interrogante que planteo es: ¿por qué el subprocurador tuvo que actuar de la manera en que actuó? Seguramente esto está vinculado al profundo descrédito que rodea la acción de las instituciones que imparten la justicia y la influencia que sobre ellas ejercen ilegalmente otros poderes. El subprocurador Mario Ruiz Massieu, se vio en la necesidad de legitimar su posición, acudiendo al recursos político y a la denuncia pública. Su apelación se dirigió a la sociedad, depositaria originaria de la soberanía de las instituciones, anuladas parcialmente por interferencias e intereses particulares o de poder en el régimen actual.
Por eso, la fuerza de Mario Ruiz Massieu, se fincó y se finca en la política y la moral y se da el caso curioso de que quienes están bajo sospecha de contravenir la ley, pretenden hacer de la defensa de la ley su fortaleza. Sus argumentos son esencialmente argumentos legales, como hemos podido escuchar. ¿No es acaso esto paradójico? En países no democráticos o no plenamente democráticos, quienes tienen el poder pueden poner la ley a su servicio, pueden tener el control de las instituciones encargadas de impartir justicia, por eso los dirigentes priístas acusados encuentran su defensa en la defensa de la ley y de una legalidad que está, por lo visto, bajo control y que violan, en otras circunstancias, sin escrúpulos, cuando conviene a sus intereses, como fue el caso particular de la ya famosa licencia de Muñoz Rocha.
Esto mismo explica por qué el propio Mario Ruiz Massieu, tuvo que acudir a procedimientos heterodoxos en el ejercicio de sus funciones y convertir su alegato acusatorio en una denuncia política frente a la sociedad. Mario Ruiz sabía lo que todos sospechamos, que el proceso no podría alcanzar sus fines últimos si se dejaba correr por las vías legales corrientes. La legalidad cautiva, solamente puede ser garantía de impunidad.
Es doloroso cuando menos, ver cómo el sistema responsable de impartir la justicia en nuestro país, subordina la ejecución de sus acciones a las decisiones políticas del hombre fuerte en turno.
La justicia parece no poder alcanzarse en este sistema por la dinámica autónoma y soberana propia de las investigaciones que conducirían libres de interferencias a la verdad, al enjuiciamiento y al castigo de los delincuentes, con apego a la ley.
Aquí se anteponen a la lógica de la legalidad las decisiones políticas, pero no son las decisiones políticas de alguien en general, sino muy en particular de altos personajes de la vida política de este país, o de grupos políticos vinculados al poder público.
De aquí la necesidad de que el futuro democrático de nuestro país no sea puesto en duda por la anteposición de intereses partidarios de hombres o grupos a la vigencia de la ley. Ahora con más fuerza y con más inteligencia el país nos reclama replantear las necesidades de acotar el presidencialismo, o replantear la relación entre los poderes de la Unión, reformar el Poder Judicial, separar el PRI del Gobierno. Estos son los reclamos que hoy pueden unir a muchos mexicanos. Gracias.
El Presidente: Tiene el uso de la palabra el diputado José Castelazo, para rectificar hechos y por cinco minutos.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:
Gracias, señor Presidente: Los acontecimientos derivados de la investigación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, obligan a reflexionar sobre la ética política manifestada en la conducta de diversos participantes del sistema político mexicano.
La ética política se refiere al comportamiento de las instituciones facultadas por la Constitución y las leyes, para acceder, distribuir, administrar y vigilar el poder público.
La sociedad, no se nos olvide, nos ha otorgado con su voto esa grave responsabilidad, sobre
todo en lo tocante al ejercicio del presidencialismo y al funcionamiento del sistema judicial.
En el caso de la investigación Ruiz Massieu se ha transgredido el respeto que debe evidenciarse entre los poderes de la Unión. Se han cometido violaciones a las garantías individuales. Se han cometido abusos de autoridad y extralimitaciones por parte de la institución encargada de la procuración de justicia. Se ha privilegiado la coyuntura para enjuiciar la estructura del sistema político mexicano. Se ha promovido un clima de linchamiento contra la autoridad moral, política e histórica del Partido Revolucionario Institucional.
La confrontación ha sido víctima del rumor, la diatriba, el chismorreo, sin sujetarse al rigor y compromiso del análisis político, quizá porque ello facilite el zafarse de la responsabilidad que tienen nuestros actos sobre las causas y efectos en el devenir de este país.
En este suceso político la oposición, lamentablemente, ha sido tan oportunista como protagónico el papel del ex subprocurador general. Acusar sin pruebas y abusando de calificativos ominosos no es cuestión de políticos, ni de hombres de bien.
José Francisco, no hubiera suscrito la declaración política, que no fue informe, sostenida ayer por su hermano y festinada por los insensatos.
Por otro lado, la difusión sobre el caso ha sido distorsionada con informaciones incomprobables en los hechos, dando lugar a una gran confusión en la opinión pública.
Por su parte, hasta el día de ayer, los agraviados no han respondido más que con declaraciones. Si no hay pruebas, los priístas exigimos que los dirigentes mencionados actúen para que el perseguidor sea, en su caso, el inculpado; que se actúe con la ley en la mano y por los conductos legales establecidos, no ante notarios públicos; que no haya más concesiones a la impunidad de quien ha gozado desde el poder la facilidad de formular imputaciones.
Los ciudadanos no aceptamos provengan de quien provengan, y se refieren a quienes sean, militen o no en un partido, pre acusaciones, epítetos y adjetivos basados solamente en conjeturas.
Ignacio Pichardo y María de los Angeles Moreno, son dos mexicanos conocidos, evaluados, estimados y reconocidos por la comunidad y por los priístas.
Es moralmente injusto y políticamente erróneo involucrarlos en actos que pretendan cuestionar su indudable solvencia.
Ellos son el blanco de un ataque más perverso: desacreditar al PRI como partido en el gobierno. No prosperará ese propósito porque el gobierno de Ernesto Zedillo seguirá comprometido con las mejores causas sociales y garantizando los valores que nos protegen e impulsan.
El PRI fue la opción del electorado para gobernar de 1994 al año 2000. Si nuestros adversarios quieren gobernar, que nos desplacen con mejores argumentos que los derivados de la infame táctica del difama que algo queda, del desprestigio por el desprestigio mismo.
Si algún partido desea seguir asimilando a su organización a quienes no saben perder, a quienes carecen de disciplina, a quienes creen que todo se lo merecen, es decisión de ese partido.
Les pedimos, sí, que cuiden la civilidad en la que estamos empeñados por el desarrollo de nuestro sistema y de leal competencia partidista.
El Presidente: Un minuto para concluir, señor diputado.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles: Si algún otro partido desea continuar en la cresta de la ola, incorporándose a la responsabilidad de gobernar por la voluntad de los electores, pero al mismo tiempo erosionando la legitimidad del sistema, entonces que se despoje de los flotadores adheridos al poder que lo sostiene y mida su capacidad real de competencia.
En suma, lamentamos profundamente el hecho que la investigación...
El Presidente: Señor diputado Castelazo, ¿acepta usted una interpelación del diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte?
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles: Al terminar mi intervención.
El Presidente: Ya se le terminó el tiempo, señor diputado.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles: En suma, lamentamos profundamente el hecho de que la investigación sobre el asesinato de nuestro compañero y amigo, José Francisco Ruiz Massieu, haya derivado en un herradero político.
En consecuencia exigimos que el Ejecutivo retome con la seriedad y pertinencia que merece este prioritario caso político...
El Presidente: Señor diputado, concluya se le agotó el tiempo.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles: Este prioritario caso político, la investigación conducente para que brinde elementos suficientes y convincentes al poder judicial para que actúe y castigue con celeridad este crimen.
Como priístas, rechazamos los simples señalamientos del ex subprocurador general, lo invitamos a probar sus acusaciones. De no ser ciertas, que asuma las consecuencias políticas y, en su caso, penales.
Por la salud de la República la sociedad demanda las pruebas; de no entregarlas, la sociedad exige justicia contra la irresponsabilidad social.
Que continúe el esclarecimiento del crimen de José Francisco; que sea demanda...
El Presidente: Respete el tiempo, señor diputado...
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles: Que sea demanda permanente del PRI, caiga quien caiga hasta sus últimas consecuencias. Seamos éticos en la política, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente: En el uso de la palabra y para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Marco Rascón.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte (desde su curul): Señor Presidente, pregunte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente: ¿Acepta usted la interpelación del diputado? El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles: Con mucho gusto.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte (desde su curul): Mire, yo sólo lo que quiero es que usted explícitamente avale el comportamiento de la senadora María de los Angeles Moreno, pase lo que pase.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles: Explícitamente, claro que la avalo.
El Presidente: En el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Rascón para rectificar hechos y por cinco minutos, solicitándole por favor a la Asamblea,
sean tan amables de respetar al orador en turno. Que el orador respete el tiempo de cinco minutos.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
¿Quién trajo la carta de Muñoz Rocha a la Cámara? ¿Quién aceptó y propuso la solicitud de licencia? ¿Por qué aceptar una solicitud con una firma falsa? ¿Quién la falsificó? ¿Por qué votaron a favor si no era legítima? Testimonio que está en el documento entregado ayer por el ex subprocurador Mario Ruiz Massieu.
Muñoz Rocha, no fue desaforado porque fue protegido, como María de los Angeles Moreno, por parte de Carlos Salinas. Este debate no es escarnio del PRI, es una acusación a su respuesta y una demanda en contra de la cultura que el PRI ha construido y que hoy está agotando las reservas morales de la nación.
El diputado Héctor Hugo Olivares, ha demandado vehementemente respeto de mi partido y mis dirigentes, no se vale lanzar imputaciones. ¿Se imaginan, diputados de la fracción del PRI, siete años de calumnias diarias en contra de Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y el PRD?, calumnias que ustedes no han sostenido ni siquiera directamente en contra de la oposición, sino que han hecho de manera alevosa a través de campañas, de sus canales de televisión, de radio y jefes de prensa. Siete años de escarnio diario. Lo que están levantando es lo que sembraron.
Su actitud ante la declaración del ex subprocurador es una extensión del "no veo y no oigo", de un ejecutivo que en vez de tomar con serenidad los acontecimientos, tomó partido a favor de los acusados.
Mario Ruiz Massieu en tres ocasiones agradeció a Carlos Salinas su apoyo, simultáneamente Salinas reconocía a María de los Angeles Moreno, descalificando a un funcionario de su propio gobierno. Salinas nunca ha sabido diferenciar entre su militancia y su responsabilidad como gobernante y esto que hizo al final es una prueba más de ello.
Ustedes han demandado respeto a su partido y sus dirigentes, ¿por qué tanto encono contra sus críticos? ¿Por qué reaccionan con tanta radicalidad y coraje en el terreno político y el debate en estos momentos? ¿Por qué no han sentido lo mismo contra Aburto y los asesinos de Ruiz Massieu?, ¿Por qué contra ellos no hay encono ni linchamiento moral de lo que decía el compañero Martínez Della Rocca y que hemos sufrido a lo largo de mucho tiempo? Cualquier ciudadano que haya tenido que ver con la justicia, el pequeño ladrón que se ha robado un tapón de bicicleta, ha sido sometido a torturas y a 20 mil cosas; no estamos reclamando eso. Pero, hoy, si está muy claro, que Almoloya no es una cárcel de seguridad, sino es donde se esconden y se guardan los más íntimos secretos de este Estado que está en fase terminal.
Para concluir, la principal prueba, la principal prueba de Mario Ruiz Massieu en contra del PRI, está en la respuesta que ustedes han dado, ahí está la clave. Ruiz Massieu entró en conflicto al sostener la hipótesis del origen político del crimen y ustedes respondieron con campaña política y uniformados en contra de un funcionario de su propio gobierno.
El terreno político en la investigación y su respuesta, es hoy la principal prueba. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Ustedes hoy se dicen víctimas de la mirada acusadora del país; es lo que han cosechado como cultura política, como un sistema que está terminando.
Este es un llamado, finalmente, a Muñoz Rocha, dondequiera que se encuentre, para que se presente a salvar el prestigio de su partido, porque la respuesta que éste está dando lo hunde cada día más. Almoloya no es una cárcel de seguridad, es eso, es donde se han escondido y se esconden hoy las razones por las cuales asesinaron a Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu. Gracias.
El Presidente: En el uso de la palabra la diputada Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema y por 15 minutos.
La diputada Consuelo Botello Treviño:
Con su venia, señor Presidente; señores diputados: He pedido la palabra, porque considero que todo esto que hemos estado diciendo aquí no es sólo un ejercicio dialógico y sin sentido. Estoy aquí porque creo y estoy segura que fuera de este recinto parlamentario hay una enorme cantidad de mexicanos que como sí fuese un grupo anónimo, pero que tiene una sensibilidad y exige, ese grupo está exigiendo que se haga justicia y es un grupo que no tiene más voz que la de nosotros, los que seamos auténticos representantes populares.
Por eso, estoy aquí y quiero hacer unas reflexiones sobre este lamentable caso. Las declaraciones del ex subprocurador de ayer acerca de que un grupo político, que grupos de poder obstaculizaban sus investigaciones, son manifestaciones muy lamentables de la descompsición, como lo decía el coordinador de mi grupo parlamentario, de la descomposición que el sistema ha traído a la clase política gobernante.
Estas manifestaciones en donde se habla de una clase que no quiere que muevan nada para no perder privilegios y prebendas, es muy lamentable. Sin embargo, cuando una gente del sistema y por ende del partido oficial hace declaraciones de este tipo, se le ha encomiado, lo hemos felicitado, hemos reconocido su valentía no solamente muchos de nosotros que estamos aquí, sino grupos respetables de opinión y esto, señores, es lo que me pone a pensar. Esta actitud no debería ser extraña en un funcionario público, sobre todo alguien que se encuentra dentro del grupo que imparte a justicia. Esta actitud, estas acciones deberían ser lo natural, lo usual, lo corriente. Quien se encarga de impartir la justicia debe hacerlo por encima de todo sin que haya obstáculos de ninguna clase que impidan su labor y esto no ocurre en nuestro medio, se le encomia, se le felicita porque nuestra realidad política es esa, es esa descomposición en donde cuando un funcionario público cumple su deber, parece que está haciéndole un favor al pueblo que ahí lo ha colocado.
Por eso nosotros consideramos que esto, esta situación debe de cesar. Aquí se dice mucho, y cuando alguien viene a plantear lo que se ha expresado en la prensa a través de una autoridad, se duda y se dice: ¡pruebas!, ¡pruebas! No es a nosotros a los que nos toca dar pruebas; no somos el Ministerio Público. No es a nosotros, diputados, a los que nos toca juzgar de esas pruebas, no somos los jueces; pero sí nos toca, con una exigencia impostergable, nos toca exigir que todo lo que ahora acontece, se aclare debida y puntualmente.
Cómo es posible que por una parte oigamos las declaraciones de una autoridad que fue colocada en ese puesto, precisamente por el Ejecutivo, una autoridad que acusa formalmente a miembros prominentes del sistema y por otra parte quienes militan en el partido de tales miembros, también sin tener pruebas, avalen las conductas que no pueden ni están en facultad de juzgar ni de investigar judicialmente.
Nos toca, eso sí, debido a la muy alta investidura de esta cámara, como representación popular, nos toca exigir que se aclaren estos hechos, que se deslinden responsabilidades por el clima de cualquier grupo, persona, partido, y que no sólo en encendidos discursos donde nos rasgamos aquí las vestiduras, se trate de dimensionar elevadamente la moral de muchas personalidades. No es esta nuestra función. Al contrario, con una clara voluntad, dada la representación que tenemos con una clara voluntad de que se cumpla la ley, es como debemos trabajar en esta tribuna, en esta cámara; de que se viva plenamente el imperio de la ley, de que se logre esa definición de que hablaba el licenciado Lozano Gracia, donde exigimos que nadie, así sean los más altos funcionarios, puedan estar por encima de la ley.
Lo deseable, lo que debe ser, es que hechos como el que se suscitó ayer, no se den ya, que no se dieran en el inmediato futuro; que la separación del partido oficial y el Gobierno, no fuese una separación accidental, fortuita y hasta traumática, sino que fuese el resultado de una reforma donde converjan todas las fuerzas políticas en busca de esa adecuada democracia, de esa exigencia democrática adecuada por el pueblo que la exige; una exigencia democrática que tarda en venir y que esa tardanza trae como consecuencia hechos lamentables que no afectan solamente a las personas, al prestigio de nadie, sino que afectan realmente al país entero que ya no puede sufrir
por más tiempo una historia como la que estamos viviendo. Esto no es propiamente una exhortación, es la expresión de una responsabilidad latente y además actuante en un funcionario público que quiere, que exige que ya en la transmisión del poder que se avecina, se cumplan mejor las esperanzas de un pueblo que tiene muchas décadas, no digamos siglos, de exigir una auténtica justicia y sobre todo que esa justicia venga encarnada desde los más alto niveles jerárquicos de la nación, para que se pueda exigir justicia a todo mundo, sin distinción de categoría, de clase ni de posición social. ¡Eso es lo que mi responsabilidad me hace expresar en esta tribuna y me hace pensar que lo de ayer fue una llamada de atención para tratar de buscar esa esperanza en un futuro, que ya tiene que ser inmediato, porque ya no podemos esperar más! El Presidente: En el uso de la palabra, el diputado Armando Quintero, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el mismo tema y por 15 minutos.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: La intervención del diputado Olivares Ventura, inició convocando a la serenidad. Les pido a los diputados del PRI, que en efecto se serenen y escuchen lo que otros compañeros diputados venimos a plantear.
Los hechos que estamos discutiendo y que están en el escenario político de la nación desde hace varios días, son de tal gravedad que reclaman, de las instituciones jurídicas y políticas del país, conductas responsables y apegadas a derecho.
Hay, compañeras y compañeros, una gran preocupación en la sociedad, porque se ha dicho, tratando de revertir los hechos que el pueblo de México ha conocido estos días, que se está queriendo levantar una ola de linchamiento moral y político en contra de algunos dirigentes y subrayo de algunos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional.¡No hay nada más falso! ¡No hay nada que contravenga más a la verdad que ese hecho que se nos quiere vender como una verdad este día! El día de ayer ha sucedido un hecho sin precedentes en la historia jurídica, judicial y política del país. El día de ayer había un señor subprocurador, que se llama Mario Ruiz Massieu y que militaba en el Partido Revolucionario Institucional, y que sin duda hasta el día de ayer ustedes lo hubieran defendido a capa y espada de cualquier hecho, con razón o sin ella.
Pero hoy se han desatado los demonios también en la Cámara de Diputados, esos demonios que Mario Ruiz Massieu señalaba que estaban sueltos y que habían vencido. Como diputado, como ciudadano, me niego a pensar que en efecto, los demonios agrupados en una parte de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, van a gobernar y van a imponer el imperio de la impunidad por sobre encima del imperio de la ley.
El día de ayer se oían las siguientes palabras que retumban a lo largo y ancho de la nación: "estoy satisfecho, porque supe distinguir en todo momento entre la razón y la emoción, porque supe enfrentar los embates de priístas para que la investigación no continuara, porque rompió el molde de los usos y las prácticas abyectas de no hablar sin autorización, porque me aparto de la investigación cuando la primera parte está terminada y la segunda requiere de decisiones políticas que me sobrepasan. Tuve que enfrentar al PRI y lo hice, sin embargo, pudo más la clase política priísta que la voluntad de un Presidente, pudo más la clase política priísta que la decisión de un Presidente, pudo más la clase política priísta que la justicia y la verdad que buscaba un Presidente.
Quiero dejar claro que renuncio por un acto de dignidad, porque no existen condiciones para avanzar, porque las investigaciones estaban siendo frenadas y porque no puedo ser cómplice de una situación en la que se determinó apoyar a quienes opusieron resistencia y, en consecuencia, nunca llegar al fondo de la investigación. Como lo he dicho, éste es el momento de las decisiones políticas y no de las investigaciones policiacas. El pasado 28 de septiembre, una bala mató a dos Ruiz Massieu, a uno le quitó la vida y al otro le quitó la fe y la esperanza de que en un Gobierno priísta se
llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado". ¡Estas palabras no son de un panista irredento, no son de un perredista inconforme del oprobio de seis años de salinato! ¡Estas son palabras dignas de un priísta que se niega a ser abyecto, éstas son palabras dignas de un priísta que quiere que haya verdad en el país, éstas son palabras de un priísta que se niega a tener la cabeza gacha ante la nación cuando se ha cometido el crimen contra el Secretario General de su partido y que además y que además era su hermano! No compañeros, no compañero Olivares Ventura, no hay ningún interés de parte de la bancada del Partido de la Revolución Democrática de enlodar al PRI como institución ni de enlodar a todos los priístas como personas. Lo que hay en la bancada perredista, es la voluntad inquebrantable de que por encima, pero de verdad por encima de la impunidad y de la arbitrariedad que han campeado en el país en los últimos años, que han hecho que no se esclarezca el asesinato del cardenal Posadas, de la impunidad que ha hecho que aún esté pendiente la verdad del asesinato de Colosio.
Queremos que la impunidad que ha prevalecido y que a los perredistas hasta el último segundo de mandato salinista nos tendrá profundamente adoloridos, porque de nosotros hay 300 modestos, pero 300 grandes demócratas que fueron sacrificados en este sexenio por el delito de luchar por democracia y por justicia social con las banderas del PRD. Lo que quiere la bancada perredista, es que la impunidad que permitió que una licencia apócrifa permitiera que ustedes, los miembros del PRI en la LV Legislatura, aceptaran un documento falso llenado, ahí sí, de lodo a la Cámara de Diputados, llenando ahí sí de lodo a la ley, envenenando la verdad porque han pedido pruebas y gritan como corderos aconsejados por un pastor y no como gente con personalidad propia y dignidad, pruebas, pues muy bien señores del PRI, aquí hay un documento, aquí hay un peritaje que dice: "Conclusión única, se refiere a la evaluación de un perito que es reconocido por el Tribunal Superior de Justicia del D.F., y que dice así: es falsa, pues no procede del puño y letra del ciudadano Manuel Muñoz Rocha la firma que aparece como el mismo, al calce del escrito de fecha 3 de octubre de 1994, mostrando en su desarrollo un distinto carácter gráfico, un distinto concepto ortográfico y un distinto comportamiento. En suma, características discordantes con la verdadera firma del ciudadano Manuel Muñoz Rocha y firma la Perita, Ayló Fornassier Danaré". Aquí está la prueba, aquí está la prueba.
¿Quién, señores del PRI, dirigía a la fracción mayoritaria de esta Cámara de Diputados en la pasada LV Legislatura? La señora María de los Angeles Moreno, ¿por qué se escandalizan de que pueda comparecer y aporte, ella si, aporte pruebas de que ese documento no es falso, que apruebe, que entregue pruebas, que digan quién entregó en esta Cámara de Diputados, la carta apócrifa con la firma falsa de Muñoz Rocha?, ¿por qué se llaman a escándalo de que la senadora comparezca sin el fuero para decir la verdad sobre ese hecho ilícito que lesiona la dignidad y el derecho en la Cámara de Diputados? Pero todavía más, ustedes vienen ahora a decir con una lengua de madera, porque no es flexible ante el hecho de la realidad, con lengua de madera, porque es una lengua que distorsiona los hechos de la vida pública que la nación conoce; con lengua de madera vienen a decir que se ha desatado, vean nomás si la oposición pudiera desatar campañas de prensa y de televisión y de radio en contra de los militantes del poder, campañas de linchamiento moral.
Dicen que hay esa campaña, pero ha salido en la prensa nacional, que el día da ayer tuvieron una reunión privada en las oficinas de Ignacio Pichardo Pagaza, presidente del PRI y participaron en dicha reunión, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Gestión Social y, además, el señor Dante Delgado, de triste memoria en Veracruz y en esta reunión sostenida en las oficinas de Ignacio Pichardo, con carácter privado, resolvieron orquestar la campaña, ahora si, de linchamiento moral contra quien ha levantado una voz de dignidad en la aplicación de la justicia y que tiene nombre y apellido y que se llama Mario Ruiz Massieu.
No hay, compañeros del PRI, no hay que venir aquí con discursos de lengua de madera. La bancada perredista le reclama al próximo Gobierno, le reclama al próximo Gobierno, que el grupo que está bajo sospecha, subrayo: el grupo que está bajo sospecha y no lo acuso aquí,
sino que está acusado ante la opinión pública nacional, no puede ocupar cargo público ninguno en la próxima administración pública que empieza el 1o. de diciembre.
La bancada perredista plantea también que para garantizar la imparcialidad, la verdad que se reclama en el país de la investigación de los hechos del asesinato artero de su Secretario General, quede a cargo del señor subprocurador Mario Ruiz Massieu, como único garante de la investigación imparcial que los mexicanos reclaman.
La bancada perredista entregó hoy al mediodía en la Oficialía Mayor, un documento en el que solicitamos se dé curso a juicio político del señor Procurador General de la República, Humberto Benítez Treviño, como responsable de un acto ilegal...
El Presidente: Para concluir, señor diputado.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez: Vamos a concluir, no se preocupe, diputada. Tiempo necesitan ustedes para asimilar que dentro de sus filas haya organizadores de asesinatos. Quiero concluir diciendo lo siguiente: Hay amplio camino para construir un escenario que poniendo la ley por delante haga que los mexicanos, haga que esta Cámara de Diputados, haga que los partidos transitemos sin los enconos que sólo facilita la impunidad y la arbitrariedad que desde altas oficinas del Gobierno vienen imperando.
El señor diputado Levín Coppel en algún momento dijo, que su partido estaba dispuesto a un nuevo trato a la oposición, ese nuevo trato a la oposición...
Voy a concluir... ese nuevo trato a la oposición no son esos gritos; el nuevo trato a la oposición pasa por abrir el camino de la ley y haciendo que se investigue y que caiga quien caiga, pero no en los estratos menores, sino que caiga quien caiga, implique a los altos dirigentes del PRI involucrados en estos actos de ilegalidad, de arbitrariedad y de impunidad que han lesionado al país entero. Muchas gracias.
El Presidente: En el uso de la palabra, el diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido del Trabajo, sobre el mismo tema y por 15 minutos.
El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados: Creo que la recomendación y la exhortación que ha hecho aquí el diputado Olivares, creo que más que nada debiera hacérselo a su partido, porque precisamente ahí están las víctimas y ahí están los asesinos. La exhortación de prudencia y de tranquilidad.
El esclarecimiento cabal del asesinato de Francisco Ruiz Massieu, ha sido, desde sus inicios, un asunto de salud pública. El crimen del Secretario General del PRI, tal y como lo decían las declaraciones del subprocurador, encargado del esclarecimiento del caso, fue un hecho político, tanto por la intencionalidad con la que fue cometido, como por sus resultados, que cimbró la vida política del país y puso al descubierto la descomposición de un régimen que se niega a renovarse.
La nación entera se encuentra consternada, detrás de la muerte del político guerrerense se ha mostrado lo que desde comienzos de este año era ya evidente: en México hay una guerra al interior de la familia revolucionaria, los distintos clanes que la conforman se disputan el Estado como botín y los mecanismos que en el pasado les permitían arreglar cuentas, se han desvanecido, no se distinguen los intereses de la nación de las ambiciones de grupo o facción; para dirimir sus diferencias hacen uso de la violencia física, los asesinatos incluidos corrompen al Poder Legislativo, buscan frenar la aplicación de la justicia y no se trata pues de una lucha entre dinosaurios contra modernizadores, ni entre demócratas contra corporativos, no, se trata simple y llanamente de un enfrentamiento entre grupos distintos por el control de la administración pública y de los negocios asociados a ella; están en guerra y en su batallar han sumido a la nación entera en un estercolero digno de las peores páginas de nuestra historia.
Ciertamente los hombres del poder no inventan nada nuevo usando los crímenes y la impunidad para perpetuarse en él. Durante esta administración, sin ir más lejos, fueron asesinados centenares de luchadores políticos y sociales. Muchos de esos crímenes siguen esperando que sean esclarecidos y sus culpables castigados.
Lo nuevo de la situación no es que se hayan cometido crímenes para dirimir cuestiones políticas, sino que éstos hayan sido cometidos contra destacados priístas por distinguidos miembros de su partido; lo nuevo no es que haya impunidad, sino que ésta evite que se sancionen agravios cometidos en contra de esos priístas.
El asesinato de Ruiz Massieu y la obstrucción a la justicia promovida por los dos destacados dirigentes nacionales del PRI y el procurador de justicia, son la evidencia de lo que la oposición ha dicho una y otra vez: hay que terminar con el régimen de partido de Estado antes de que él termine con nuestra nación; hay que acabar con la fusión entre partido y Estado antes de que ella termine con nuestra maltrecha y debilitada soberanía.
Sabemos que al interior del PRI hay mujeres y hombres honestos y patriotas. La pregunta es que si seguirán participando en un instituto político como el señalado como el subprocurador. ¿No habrá llegado ya el momento de enderezar el rumbo y tratar de dignificar a un proyecto con raíces en nuestra historia? El subprocurador ha presentado su renuncia, nosotros, junto con el pueblo de México, consideramos que ésta no debe de ser aceptada, Mario Ruiz Massieu debe ser ratificado en su puesto, hasta el esclarecimiento del crimen; cualquier otra cosa alimentará la sospecha de que la impunidad sigue campeando en la vida nacional y de quienes la practican son premiados.
El subprocurador, en un acto de gallardía y valor cívico, nos ha mostrado a miles de compatriotas el camino para la dignificación de la vida política nacional. Su denuncia es un acto que lo enaltece a él pero también a la nación. Ha demostrado una verdadera estatura de honor y de dignidad.
Por el contrario, por el bien de la nación, por la salud pública, los acusados deben de renunciar a sus cargos y ponerse a disposición de las autoridades responsables. Mantenerlos en sus actuales posiciones, hará crecer la sospecha de que en este país la justicia no tiene vías legales para abrirse paso.
Mal haría el PRI si incondicionalmente pretende seguir frenando la investigación del crimen. La pasada legislatura tiene hoy en su haber el dudoso mérito de negarse a desaforar al presunto autor intelectual del crimen y haberle otorgado una licencia sobre la base de una solicitud falsa. ¡Quieren las señoras y los señores de la mayoría seguir manteniendo esta situación de encubrimiento? ¿Quieren seguir desgastando al Poder Legislativo? ¿Quieren seguir haciéndole perder su credibilidad? Mal harían si la justicia se sigue obstruyendo y se pone por delante el interés de la fracción por el interés de la nación.
¿Cómo quieren pasar a la historia señoras y señores congresistas, como cómplices o como legisladores que supieron asumir con rectitud el reto de enfrentar el destino? Compañeras y compañeros, esclarecer este crimen es un asunto de salud pública; está en juego algo más que nuestra credibilidad ante nuestros electores, está en juego la sanidad de la vida política de nuestra nación. Gracias.
El Presidente: En el uso de la palabra el diputado Marcelo Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el mismo tema y por 15 minutos.
El diputado Marcelo Ramírez Ramírez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Hoy, a lo largo de este día y durante muchas horas, hemos empleado términos grandilocuentes y adjetivos que sin duda hieren la imaginación, el sentimiento y a veces también invitan a la reflexión de todos los diputados.
Si esta tribuna ha de ser cátedra de cultura política para el pueblo de México, estamos obligados sin embargo a buscar además del efecto retórico, el espíritu de la veracidad que
vaya creando nuevas actitudes, nuevas conductas y nuevos compromisos entre los legisladores y en el pueblo de México.
Tal parece que hay una obsesión en algunos compañeros diputados de la oposición, en que el PRI desaparezca. Nos olvidamos que frente al PRI la misma oposición define su sentido y sus actitudes políticas. Nos olvidamos que el PRI, con todos los errores y defectos que los priístas somos los primeros en asumir, que el PRI ha ayudado a crear este espacio político de confrontación y de disentimiento. Que el PRI ha llevado a la agenda del gobierno nacional los grandes temas de la democracia, que con todas sus imperfecciones se ha avanzado para que aquí estemos y podamos discutir en libertad respetarnos y entendernos.
Yo sí creo, a diferencia de lo que decía una compañera del PAN, que estamos aquí para un ejercicio dialógico, porque entiendo que el diálogo no solamente es pedir que nos escuchen e imponer nuestra verdad, la visión de nuestra verdad, que siempre será parcial por ser una verdad de partido y los priístas también lo aceptamos, sino que el diálogo implica la conducta de dejarnos subvertir por el razonamiento del otro. El otro aquí ha estado presente frente a ustedes, pero tampoco, compañeros perredistas, tampoco lo han querido ver y tampoco lo han querido aceptar.
Tal parece entonces, que a partir de esta premisa simplista de la desaparición del partido de Estado quisiera construirse en nuestro país la democracia. Yo creo, al contrario, estoy convencido que la democracia es un régimen donde concurren diversos actores, y que los partidos, aún el que exprese una voluntad minoritaria, tiene el mismo derecho a existir y a expresarse, porque es precisamente la expresión de los disensos y no sólo la de las coincidencias, la que da su fuerza y su fortaleza a la democracia.
Todos los partidos están obligados a crecer en esta hora histórica de México, no sólo el PRI, que, insisto, asume esa responsabilidad moral, ética y política, no sólo el PRI está obligado a transformarse como lo exigen las circunstancias de la realidad social de México, como lo exige, sobre todo, no un partido u otro partido, sino como lo exige y lo demanda el pueblo de México y nos vamos a transformar porque obedecemos a ese principio dialéctico de que las instituciones deben reformarse como se transforma la realidad social que las contiene.
No es un privilegio de los partidos de oposición tener la verdad de su lado, tener la razón y la racionalidad de su lado. La razón milita en todos los hombres de buena fe, milita en todos los que creemos en México y pensamos sinceramente en las posibilidades de hacer de este país la patria de una vida democrática.
Pero compañeros diputados, no hagamos de la democracia una entidad ahistórica. Aquí se ha hablado y se ha confrontado las terribles realidades de nuestro momento con una democracia abstracta e imperfecta. Ese enfoque es ahistórico, porque niega que la democracia en su esencia, por ser un producto humano y ayudar al perfeccionamiento del hombre, es ella misma, como también se ha dicho perfectible.
No estamos de acuerdo con este enfoque absolutista y totalitario. Hay quienes quieren ver en la democracia de este momento el último eslabón del desarrollo histórico del país. Esa es una gran falsedad. Quizá, es una remembranza nostálgica de ese fin de la historia que se tenía hace algunos años por ideologías que distorsionaban y distorsionan el sentido mismo del acontecer histórico.
Creemos que la democracia es el reflejo de la intención y la voluntad del hombre por perfeccionar sus instituciones; creemos en esa democracia que es humilde en muchos sentidos, pero que es grandiosa, porque su fin es servir al bien público y por eso la democracia va de la mano del estado de derecho.
Queremos que los partidos políticos sean los espacios donde se dé la discusión de diferentes tesis y opciones para el pueblo y que sea el pueblo quien decida, con su voto y su adhesión, con qué partido y con qué opción está.
Queremos que todos los partidos crezcan y encuentren su propia identidad y así como a los priístas nos han deseado que nos transformemos, señores diputados del PRD, también les pedimos que encuentren su identidad, empezando con la ideológica y la coherencia de su discurso, para que haya aquí una verdadera posición ante la cual nos definamos.
Las cualidades y virtudes éticas no son adjetivos, no son cualidades ni accidentes que
pertenezcan en primer término a las instituciones, son accidentes del ser humano, lo perfeccionan o lo degradan y nosotros pensamos, como priístas, que habemos muchos priístas con dignidad y con respeto a la verdad y que aquí sabremos enunciarla y defenderla.
Más allá de la verdad de partido, estamos también de acuerdo en que existe la verdad de la nación que estamos obligados a ver y a asumirla como algo nuestro.
Eso para nosotros es la verdadera actitud dialógica y democrática de los legisladores de nuestro partido y debe o debiera ser la actitud de los legisladores en cuanto tales de todos los partidos.
Por eso que no se nos pida serenidad para venir luego a hacer un discurso parcial, unilateral y condenatorio.
Porque la democracia es pragmática; no se basa en esos absolutos totalitarios que luego se quiere manejar aquí como patrimonio exclusivo de un solo partido. La democracia es pragmática y además ese relativista. Por fortuna permite ponernos de acuerdo en cuestiones prácticas y concretas.
Acepto el planteamiento que hizo un diputado del PAN, que debemos ver aquí, sobre todas las cosas, con criterio ético, que implica entre otras muchas cosas respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones, para hacer prevalecer, por sobre todas las cosas, el espíritu de la verdad, el espíritu de la ley y el espíritu de esa verdad que nosotros queremos que campee en México, que es la verdad de una existencia en comunidad democrática.
Yo no contemplo la transición tampoco como un salto, como aquí se ha querido hacer ver. La democracia no es un salto en el vacío ni es un salto para que de la noche a la mañana empecemos a ser democráticos.
Hay una falacia en la interpretación, sacada fuera de contexto de las palabras de Ernesto Zedillo Ponce de León, que no es el jefe de los priístas, señores diputados. También pido respeto a esta soberanía, es el presidente electo de los mexicanos por voluntad popular.
Y es tesis, no sólo jurídica, sino de la más alta prosapia de la filosofía política de occidente, de donde hemos heredado esta tradición de la vida democrática, es tesis, que al Gobierno constituido se le debe respetar y apoyar para que cumpla su elevada función y no condenarlo a priori.
Yo sí espero y deseo como mexicano y como legislador hago votos y cooperaremos, espero que así sea, todos juntos, para que el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, cumpla la palabra que empeñó el candidato del PRI, que ahora ha enseñado el candidato electo y que estamos seguros habrá de cumplir el Presidente de todos los mexicanos.
Quiero decir que como príistas dignos, que conozco la dignidad como un valor de la existencia. Que pienso que la vida no tendría sentido si el hombre no es capaz de autorrespeto y de defender aquello en lo cual cree en cualquier tribuna y en cualquier momento, quiero decirles que pienso y creo, como muchos otros priístas, que aquí se ha dicho que el crimen absurdo de José Francisco Ruiz Massieu, debe ser esclarecido por las vías legales.
Creo que debe imperar aquí en México, en nuestro país, la ley sobre los intereses de grupos o individuos. Creo en el poder del estado de derecho y que finalmente éste sabrá imponerse sobre las pasiones, los vicios y los intereses de los grupos, de todos, de todas partes y en todos los lugares.
Porque creo eso, condeno esa forma bárbara en que fue asesinado una de las esperanzas y una de las realidades ya del priísmo nacional. De un hombre que estaba convencido de la misión histórica de su partido. De un hombre que quería transformarlo desde dentro y un hombre que pensaba que la democracia se construye todos los días con pensamientos y con actos de buena fe.
Pido entonces, que esta muerte sea esclarecida, para bien del quehacer político en México, no para degradar este quehacer al nivel de la disputa infecunda. Queremos un país de instituciones, no de hombres y un país que haya sido gobernado por hombres para ser sustituido por otros hombres, que anhelan ejercer el poder de la misma manera.
Esperamos que la democracia crezca y florezca en México como si fuera su suelo natural y para ello tenemos que crear las condiciones
propicias para esta vida democrática que nos exige la nación.
Creo también que esto es posible y creo que si la política es el instrumento de la lucha por el poder público, los legisladores debemos ser los primeros en dignificarla, haciéndola coincidente con el respeto ético a las personas y a las instituciones.
El Presidente electo de México ha empeñado su voluntad de profundizar en las investigaciones sobre las muertes de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Cooperemos con responsabilidad, sin estridencias a la reforma de la justicia en México, para perfeccionar nuestro estado de derecho. Muchas gracias.
El Presidente: Para rectificar hechos y por cinco minutos, el diputado Luis Rico Samaniego.
El diputado Luis Alberto Rico y Samaniego:
Señor Presidente; compañeros: Las distancias entre países y personas y los tiempos en la comunicación han quedado dramáticamente reducidos y prácticamente son ya irrelevantes.
La imagen y el sonido de la televisión y la radio, han producido el fenómeno social de la comunicación inmediata. Han llegado hasta nuestra casa u oficina las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Estamos informados de lo que sucede en el mundo y los mexicanos paradójicamente no sabemos qué pasa en nuestro país.
Si, no sabemos qué pasa en nuestro país cuando suceden asesinatos aberrantes y le es aceptada la renuncia al que valientemente los investiga, al que a contracorriente enfrenta poderosísimas fuerzas oscuras que tratan por todos los medios lícitos e ilícitos de darle "atole con el dedo" a los mexicanos.
¿Qué pasa en este nuestro México, que la mentira, la simulación, el encubrimiento de poderosos grupos, impiden conocer la verdad? ¿Por qué sus intereses están sobre los intereses de México? La historia de nuestros días da cuenta de numerosos hechos en otros países que sí han conducido a la remoción y encarcelamiento de ministros y presidentes. Díganlo si no, el caso del ministro de defensa de Inglaterra, señor John Profumo, el caso del primer ministro japonés, de la remoción reciente de un Ministro en Irlanda, de la remoción del presidente brasileño Fernando Collor de Mello, del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, del presidente de Guatemala, señor Serrano y en Estados Unidos del presidente Richard Nixon.
Sólo en México, hechos tan graves, como los asesinatos recientemente sucedidos quedan en el corazón de los mexicanos como conducidos a esclarecerse sólo en el nivel de los gatilleros o eslabones menores en la cadena de complicidades y nunca a niveles superiores.
Yo me pregunto: ¿quién fue el autor intelectual de los crímenes de Carranza, de Zapata, de Villa, de Obregón, de Francisco Serrano y de tantos y tantos más? ¿Qué, sólo en México se puede encarcelar a políticos o funcionarios como Durazo, "La Quina" o Jorge Díaz Serrano, cuando el Presidente lo ordena? ¿Caerá sobre esta legislatura la ignominia de otros dos asesinatos más sin resolverse a fondo? ¿Será el amasiato del PRI y del gobierno el que disfrace a los mexicanos estos crímenes? ¿Se impondrá la ley, el decoro y la justicia? Señores, tenemos la palabra.
El Presidente: Tiene la palabra la señorita diputada Ana Lilia Cepeda de León, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Ana Lilia Cepeda de León:
Gracias. El diputado del PRI que me antecedió en el uso de la palabra, habló aquí de democracia, de fortalecimiento, de los compromisos posibles entre las distintas fuerzas y de las reformas posibles. Yo quiero decirle al diputado del PRI, que yo subo a esta tribuna como legisladora, preocupada, porque en México se imponga y mantenga la legalidad, como él manifestó. Hablo también aquí como legisladora mujer que quiere seguir impulsando la participación de más ciudadanas en la vida política. Y quiero expresarme también y
fundamentalmente, con la voz de la mayoría de los mexicanos que hoy seguramente deben tener, como decía ya en 1973, el filósofo mexicano Luis Villoro, un sentimiento general de desencanto en materia política. Decía Villoro y, lo puede seguir diciendo hoy, 20 años después y quizá con mayor razón: "La vía para solucionar un problema en México, no suele ser confiar en principios de legalidad y justicia, sino en acudir al padrino, así lo decía Villoro, al antiguo compañero, a la palanca que puede impulsarnos." Estas prácticas políticas tan tristemente socorridas por el poder, generan compromisos inconfesables y contubernios que provocan todos los días la ruptura de las normas y formas legales.
Quiero decirle al diputado del PRI, que no es simple retórica lo que la oposición manifiesta en esta tribuna.
Como mujer, en lo personal y como mujer política, me duele que enmedio de todo este penoso escándalo, esté involucrada una de las pocas mujeres que ha logrado cargos importantes en el Ejecutivo y en el Legislativo.
Pero no debemos olvidar los legisladores una de sus intervenciones más decisivas, cuando fue Presidenta de la Cámara de Diputados, porque demostró cómo su condición de militante de un partido que no está acostumbrado a respetar el espíritu de la Constitución, que establece la plena división de poderes y la igualdad en la soberanía de cada uno de ellos, la obligó a actuar en contra de la dignidad del Poder Legislativo.
Dijo María de los Angeles Moreno, entonces, Presidenta de la Cámara de Diputados, al senador Porfirio Muñoz Ledo, que interpelaba al titular del Ejecutivo, durante la lectura del IV Informe de Gobierno, y cito textualmente: "Esta Presidencia hace notar a los señores legisladores, que en esta sesión no proceden las interpelaciones o interrupciones al Informe Presidencial. Hace notar igualmente, que las interpelaciones solamente se dan entre pares y éste no es el caso." Confundió, por desgracia, la disciplina partidaria con la subordinación política y personal, aún más lamentable en una mujer.
Las mujeres hemos dado la lucha política precisamente para no subordinarnos y que lástima llegar tan alto como mujer y subordinarse.
No es de extrañar entonces, que en un momento de crisis como el que se le presentó a su partido con el asesinato del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, su reacción haya sido nuevamente la de anteponer una mala entendida lealtad con el Ejecutivo, jefe del partido de Estado, a la saludable y deseable separación de poderes.
Es penosa también la actuación del titular del Ejecutivo y del Procurador General.
El primero, ofendiendo al Poder Judicial, exonera a la senadora Moreno.El segundo, defendiendo a su jefe político que es, por desgracia el arquetipo del político enriquecido en el poder.
Nos desalienta la renuncia del subprocurador Mario Ruiz Massieu, aunque lo podemos comprender. Pero todo lo que hoy ha pasado, nos servirá para mejorar y fortalecer la democracia y el estado de derecho.
Reafirmo aquí nuestra convicción de cumplir, lo antes posible, con la propuesta de los 20 compromisos por la democracia que un sector importante de la sociedad civil le hizo hace algunos meses a los entonces candidatos a la presidencia de la República.
De haber logrado antes el compromiso número seis que dice, cito: "sujetar el nombramiento del Procurador General de la República a ratificación de la Cámara de Diputados", nos hubiéramos logrado el penoso espectáculo de los últimos días y hubiéramos evitado lo que sucedió en este sexenio: ¡el nombramiento sin ton ni son de cinco procuradores generales y la consiguiente remoción de cuatro de ellos! Reafirmamos aquí nuestra convicción de la necesidad de lograr que se plasmen en leyes los 20 compromisos para la democracia y con su cumplimiento podremos evitar, al menos, el crecimiento ya intolerable de la corrupción y de detener de inmediato el asesinato como medio para dirimir las diferencias políticas.
Por ello ese desalienta que nos causa la renuncia del subprocurador, se compensa por lo que expresó esta mañana en un noticiero de radio.
Reconoció ahí Ruiz Massieu: " ¡los presidentes en México también se equivocan!, ¡los ciudadanos y funcionarios no estamos ciegos!." Ojalá los priístas sigan el ejemplo de su excorreligionario y puedan decir como él aseguró esta mañana: "¡Recobré mi libertad y eso no tiene precio!". Muchas gracias.
El Presidente: Para el mismo asunto y por 15 minutos, el diputado José Narro, del Partido del Trabajo.
El diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Las declaraciones hechas el día de ayer por Mario Ruiz Massieu obligan a una seria reflexión en torno al sistema de justicia en México, que como todos sabemos está marcado por la impunidad, la desigualdad y los privilegios políticos, económicos y legales, aparentemente legales a favor de los grupos en el poder. Declaraciones como las siguientes: "El móvil del atentado fue eminentemente político". Antes, dirigentes del PRI señalaron: "esto que sucedió fue cuestión de delincuentes, no de grupos políticos". Empezó la batalla por obstaculizar y por obstruir la aplicación plena de la justicia.
Posteriormente se señaló: "se pretende desprestigiar la investigación y debilitar la hipótesis del móvil político". Señaló en la pasada entrevista el propio Procurador de Justicia de la República: "el que falta de detener, el último de los implicados es Muñoz Rocha".
Para ellos la investigación prácticamente termina y se cierra ahí. Vivimos en México una sociedad profundamente injusta, en donde el derecho se aplica de manera discrecional al servicio de unos cuantos.
Sabemos que la ineficiencia, la corrupción y la deshonestidad de funcionarios de distintos niveles han oscurecido y empantanado el ejercicio del derecho, burocratizándolo y deshumanizándolo. El sistema de justicia en México está alejado de los intereses y necesidades de la población en general. Son innumerables los expedientes inconclusos, los asesinatos, los agravios no resueltos hacia los mexicanos. Esta situación se agudiza por la irreal división de poderes y la supeditación al Ejecutivo, que aplasta y subordina el funcionamiento de los otros dos, del Poder Judicial y del Poder Legislativo.
En particular, el atentado en contra de Francisco Ruiz Massieu y las dificultades en el desarrollo de las investigaciones, evidencian un poder arcaico, muestran un sistema político intolerante, en descomposición, así como la falta de capacidad de diálogo y de voluntad política para dirimir y avanzar por la vía de la democracia, las diferencias que se tengan; manifiestan el regreso a las viejas prácticas políticas de solucionar pugnas al interior de la familia priísta, vía el asesinato, vía la represión.
Las investigaciones desempeñadas en la primera etapa, a cargo del subprocurador Mario Ruiz Massieu, avanzaron gracias a las presiones y a la exigencia de una sociedad civil organizada y demandante de justicia y de esclarecimiento pleno del asesinato, cansada de la impunidad, cansada de no tener información seria, veraz y oportuna, cansada de ser tratada siempre como menor de edad.
Sin embargo, estos avances y la voluntad del subprocurador para continuar y profundizar con las pesquisas, son frenadas, entrando claramente en una fase de presiones al poner en riesgo a la clase política del partido oficial, debido a las sospechas de complicidades y contubernios.
Mario Ruiz Massieu, ha expresado y expuesto de manera clara y tajante, que el móvil del asesinato de su hermano fue político, señala: "esta reticencia pretende encubrir la participación de diversos personajes, reticencia que expresan las actitudes y declaraciones de los dirigentes del PRI. Existe la obligación política y moral de esclarecer los hechos, consignar a los responsables hasta las últimas consecuencias, no permitir que la impunidad se siga manteniendo en nuestro país".
Ante esto, ante el freno en esta segunda etapa, Ruiz Massieu presenta su renuncia como priísta y como subprocurador, cuando la solución de este caso rebasa sus posibilidades de acción, en la medida en que involucra una decisión política y no policiada y enmedio de una situación que trata de impedir que se exprese
libremente lo acontecido. Denuncia reiteradamente reticencias de la clase política priísta que no tiene interés de ir a fondo a la investigación; puro discurso.
El hasta ayer subprocurador señala que tiene pruebas y que queda pendiente profundizar la indagación de los involucrados en el atentado, en el narcotráfico y de seguir buscando a los responsables intelectuales. Señala que se tiene detectado al grupo político que está detrás de Muñoz Rocha. Declara que falta también cumplir con la orden de aprehensión en contra de Muñoz Rocha.
No sabemos nosotros si únicamente hay complicidades y confabulación en la ilegítima solicitud de licencia. No sabemos si esas complicidades son únicamente en entorpecer y frenar la aplicación de la ley. También pensamos y presuponemos que a la mejor también hay complicidades que permitieron que el responsable directo y material del asesinato pudiera y siguiera estando libre.
Después de un mes y medio de iniciada la investigación y de los primeros detenidos, después de un mes y medio apenas concurrieron los primeros ex diputados y algunos senadores. Esta tardanza se explica en esa reticencia, se explica en la posición de sus dirigentes del partido oficial, refrenar y detener la investigación. Ante esta situación, el Partido del Trabajo exige de la manera más enérgica, que la investigación se desarrolle hasta sus últimas consecuencias y nos manifestamos para que se impulse un profundo cambio en el sistema judicial del país.
No puede haber justicia mientras siga existiendo un partido de estado y mientras éste siga cobijando a grupos privilegiados cuyos intereses generan complicidades e impiden un manejo transparente de la justicia y que nuestra nación siga siendo digna. Es imperante promover una reforma del sistema judicial que integre participativamente a la sociedad en la vigilancia para la aplicación correcta y transparente de la justicia y que recupere la instrumentación de los juicios como juicios públicos y abiertos hacia la sociedad; un sistema judicial que sea democrático, que proteja el derecho social de la población más necesitada, que apoye a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los jubilados de este país; un derecho social que legisle y profundice las reformas a favor de los campesinos y de los trabajadores de este país.
Por lo anterior, exigimos la renuncia del líder nacional del PRI, Ignacio Pichardo Pagaza, del Procurador General de Justicia, Humberto Benítez y la licencia de la licenciada María de los Angeles Moreno, al senado, para proceder con transparencia y que no obtengan poder o fuero que opaque el ejercicio y la aplicación de la ley.
Pedimos que se reconsidere la renuncia de Mario Ruiz Massieu para que siga en su cargo, para que siga con la responsabilidad de la investigación como subprocurador o en su defecto se le nombre fiscal especial con autonomía para el manejo del caso.
El Poder Legislativo debe asumir un papel de mayor vigilancia sobre el aparato judicial y el cumplimiento de sus objetivos que son: la procuración y administración de justicia, debemos de participar vigilando y actuando para que se aplique celosamente la ley.
Ante esto, el Partido del Trabajo propone que como legislatura no podemos seguir inermes, tenemos y planteamos el día de hoy se reúna la Comisión de Concertación y Régimen Interno y se constituya la comisión especial para que de inmediato tome cartas en el asunto sobre el caso del asesinato vil del licenciado José Francisco Ruiz Massieu. Muchas gracias.
El Presidente: Tiene la palabra para el mismo asunto, el diputado Juan Salgado Brito, por 15 minutos.
El diputado Juan Salgado Brito:
Señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados: Todos los que venimos a legislar venimos animados por el mejor propósito de hacer leyes, de contribuir al perfeccionamiento del orden jurídico. Somos los que hacemos las leyes, de ahí que reconozco en todos y cada uno de ustedes, talento político y vocación jurídica.
Con el ánimo, con esa vocación, contribuyamos también a que el asunto que nos ocupa no se salga del marco jurídico, que se siga ventilando en el campo del derecho, conforme a derecho.
La nación está atenta del acontecer político; como representantes de la nación, los diputados tenemos ante todo un deber de ciudadania.A la sociedad, lo que más le interesa es lo que los diputados hagan y acuerden en beneficio del pueblo, no tanto lo que se digan entre sí, para denostarse y aniquilarse como grupo o como partido. Atrás deben quedar las prácticas arcaicas de acabar con los contrarios.
México espera de sus actores políticos, actitudes renovadas y comportamientos diferentes, por eso los diputados y la cámara en su conjunto debemos ver más hacia afuera que hacia adentro; ver más con el país.
Con óptica abarcadora y plural, estamos obligados a observar el mayor respeto por los derechos, intereses y causas de la sociedad, por encima de diferencias o pugnas entre individuos, grupos o partidos. Rechazamos en consecuencia cualquier protagonismo político irresponsable que desoriente y confunda a la sociedad.
México, ya se ha dicho y se reconoce, es un país de leyes e instituciones.
Lo que no funcione, cambiémoslo, pero mientras tanto, que se respeten las instancias, conductos y toda regla de procedimiento que conforme a derecho debe observarse.
Sin menoscabo de razonables lealtades partidistas y sin faltar a principios ideológicos que sustenta cada partido, es imperativo que por moral pública antepongamos la fuerza de la razón por encima de la confrontación y contribuyamos todos a mejorar el disenso, a mejorar y a manejar el disenso para lograr los consensos.
No es con gritos ni diatribas como lograremos acuerdos. La nación espera que sus representantes demuestren en los hechos nuestras formas de hacer política para servirle a México y para responderle a la sociedad.
Los priístas tenemos como premisa el compromiso con la sociedad, con los más altos valores de la patria. Esa es la mística de nuestro partido, no admitimos que en aras de satisfacer vanidades o intereses de grupo se calumnie y difame a personas e instituciones, tampoco admitimos que se prejuzgue y califique a los miembros de una institución por los hechos o por las conductas ilícitas de alguno o algunos de quienes la integran.
Por eso, exigimos no sacar del ámbito jurídico el caso de José Francisco Ruiz Massieu, cuyo crimen debe esclarecerse. Que no se encubra nada con prejuicios ni se quieran justificar incapacidades con frívolos protagonismos publicitarios; si hay pruebas para inculpar a alguien, que se presenten en tiempo y forma, que se actúe con criterio jurídico; de lo contrario, que se aplique la ley a quien escandalice con apreciaciones subjetivas que causan daño moral y confunden a la opinión pública; propugnemos todos el fortalecimiento del estado de derecho, desterremos la subcultura de la sospecha y unamos fuerzas para que nunca nos abandone el imperio de la ley.
El Presidente: Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado René Arce Islas, por cinco minutos.
El diputado René Arce Islas:
Con su permiso, señor Presidente: Compañeros legisladores del Partido Revolucionario Institucional: los legisladores de la oposición no estamos solicitando de ninguna manera que vengan ustedes a esta tribuna en una situación de que nosotros nos convirtamos en verdugos y ustedes en víctimas; no queremos tampoco rendiciones políticas incondicionales; no estamos en una situación en la que la oposición quiera que ustedes vengan aquí a sufrir simplemente el agravio de nuestros argumentos; nosotros creemos que no estamos solicitando demasiado cuando queremos que ustedes pudieran venir aquí a reconocer los errores que cualquier partido político, en el gobierno o fuera del gobierno, puede cometer, porque la política no es de puros aciertos, la política también se construye cometiendo errores.
Y yo me pregunto, si muchos de los compañeros priístas desde sus asientos no sentirán el deseo de venir aquí y poder decir: compañeros, reconocemos haber cometido errores en procedimientos y en actitudes, pero así como dicen muchos de ustedes, vayamos construyendo el camino para superarlos entre todos y devolver a las instituciones la credibilidad.
Yo digo que entre los priístas hay hombres muy talentosos que ya nos han demostrado aquí en la tribuna que tienen la capacidad suficiente para hacer razonamientos y también esos talentosos los hay en la oposición y también nosotros tenemos compañeros, como ustedes los tienen, que a veces recurren mucho a la retórica y no a la sustancia, pero nosotros quisiéramos que aquellos que recurren al razonamiento de ambas partes, tuvieran el valor de venir aquí a decirlo, porque de lo contrario, no vamos a creerles en ese deseo o propuesta que ustedes han hecho, de reformar los poderes de la nación.
No podemos creer que ustedes nos estén planteando la reforma del Poder Judicial, cuando ahora en estos momentos que se han cometido tantos errores en este suceso lamentable, no se sea capaz de decir que se cometieron errores en procedimientos, que por más difíciles que sean, seguramente las leyes observarán lo necesario para sacarlos adelante.
Y aquí es donde nos preguntamos: ¿dónde están esos juristas y dónde están esos compañeros que han hecho propuestas de diálogo y de negociación, para venir a decirlo aquí?, y ¿dónde están los diputados de Guerrero y de Sonora, agraviados seguramente entre los priístas?, aún más, para poder venir aquí y decir que ellos también lamentan que dentro de su partido y dentro del gobierno ha habido estos errores.
Son necesarios cambios de actitudes. Ustedes nos pueden reclamar a la oposición que a veces somos estridentes, que a veces decimos cosas que los puedan lastimar, pero nosotros les reclamamos a ustedes que aún se mantienen bajo la tutela del Poder Ejecutivo, porque seguramente no han podido ustedes actuar en libertad cuando no existe para ustedes una carrera parlamentaria que les asegure su lugar y entonces tienen que estar sujetos a la voluntad y a la mirada de quien finalmente decidió el que estuvieran aquí y eso nos preocupa a nosotros, porque quisiéramos tener compañeros legisladores priístas en libertad, para que en los próximos meses que tengamos que tomar los grandes temas nacionales, no estén sujetos a tener que recibir los puntos de vista de otras instancias, para decidir sobre las leyes.
Y algo que les quiero decir compañeros, es que una de las cosas que tenemos que reformar, es precisamente el papel del Ministerio Público y del procurador. No es posible que en la Constitución, aún dentro del apartado del Poder Judicial, se encuentren las funciones del procurador y del Ministerio Público, porque no son Poder Judicial, y que sea el Presidente de la República quien siga nombrando al Procurador General de la República, convirtiéndose en juez y parte y haciendo imposible que éste investigue lo que hoy se está dando.
El llamado que yo hago a los compañeros, voy a concluir, a los compañeros del PRI, es ése: compañeros, recobren algo de su libertad y vengan a esta tribuna a darnos muestras con cambios de actitudes de que podemos avanzar en los meses que vienen. Muchas gracias.
El Presidente: En el uso de la palabra, el diputado Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para el mismo asunto y por 15 minutos.
El diputado J. Jesús Ortega Martínez:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: ¿Qué es lo que en las últimas semanas o en los últimos meses hemos estado observando en el país? ¿Qué significado político y social tienen, para el futuro de la nación, los últimos acontecimientos políticos, de los que todos nosotros somos testigos? Existe la guerra en Chiapas y no es, compañeros diputados, un recurso para discursos estridentes. La guerra en Chiapas es una realidad.
¿Qué significan los asesinatos políticos, particularmente el de Colosio y el de Ruiz Massieu? ¿Qué significa que el narcotráfico y los intereses económicos más negativos estén penetrando las entrañas del Gobierno y del Estado mexicano? No son sólo estas situaciones que están sucediendo en el país; letras para llenar los periódicos, palabras para que los locutores de la televisión informen a la opinión pública. Más que eso, todos estos acontecimientos, compañeras y compañeros, o más que eso, son la indudable evidencia, la intachable evidencia de que el
Gobierno mexicano y aún más, de que el Estado mexicano se encuentra en una profunda y gravísima crisis política.
No son sólo, como algún compañero mencionaba, los barruntos de las tormentas que se presentan cada fin de sexenio. Más que eso, son la punta del iceberg, de la profunda crisis política en la que se encuentra el Estado mexicano.
¿Y cuál es, compañeras y compañeros, la consecuencia inmediata de esta notable, y reitero, incuestionable crisis del Gobierno y del sistema político mexicano? En primer lugar, la situación de ingobernabilidad en la que se encuentra el país, la ausencia práctica de gobierno en la que nos encontramos en estos momentos y la mejor evidencia de la presencia de esta ingobernabilidad, la mejor evidencia de esta ausencia de gobierno en este país es que el Presidente de la República, que era, que actuaba como factor definitivo en la solución de los conflictos políticos, el Presidente de la República, que servía para garantizar estabilidad política en este país, es ahora parte del conflicto político que hoy estamos observando.
El Presidente de la República, defiende a uno de los acusados por parte de una institución de la República.
¿Cómo entonces, me pregunto yo, si el Presidente de la República es parte del conflicto que se está dando intensamente en la estructura del poder, cómo pedirle al Presidente de la República que cese al Procurador General de la República? El Presidente, es parte interesada en el conflicto y por lo tanto solicitarle que cese al procurador es, en el mejor de los casos, tan sólo una ingenuidad.
No, el Presidente ya no tiene autoridad y por lo que vemos tampoco tiene facultades ni posibilidades para tomar decisiones. No hay gobierno con mínima autoridad para cesar a nadie, tampoco al Procurador General de la República.
Quizá el solitario de Palacio Nacional, más solitario que nunca, sólo pudiera tomar una decisión y ello porque sólo compete a él y esa decisión sería su renuncia al Poder Ejecutivo de la Federación. Pero, como sabemos, eso también es una ingenuidad y ustedes como yo sabemos que eso nunca va a suceder.
Por ello, compañeras y compañeros, es y especialmente me dirijo a los compañeros de Acción Nacional en este caso, que nuestra solicitud de juicio político al Procurador General de la República que, como ustedes saben, la acabamos de interponer hace unas horas ante la Oficialía Mayor de esta cámara, nuestra solicitud de juicio político al Procurador General de la República, ésa sí no es una ingenuidad; más bien, compañeras y compañeros, es una propuesta esperanzadora; es una propuesta que tiene la esperanza de que en medio de esta crisis política exista un poco de dignidad para poder salir en bien de la República.
Esta solicitud es con la esperanza de que en esta grave crisis política, reitero, surja la dignidad de algún lado; que en algún lugar aparezca la vergüenza; que en esta Cámara de Diputados haga presencia la vergüenza para que la ley tenga sentido en este país.
La solicitud del juicio político al Procurador General de la República, viene con la esperanza de que los diputados recuperemos nuestra condición esencial de representantes populares, con la esperanza, compañeras y compañeros, de que el cinismo no sea más la norma que guíe la actividad política en nuestro país.
¿Qué sería, a juicio mío, cinismo, compañeras y compañeros diputados? Cinismo es decir aquí en esta tribuna que se está dispuesto a la investigación, llegue a donde llegue y afecte a quien afecte y el día de mañana, cuando las comisiones de Gobernación y de Justicia atiendan la solicitud de juicio político al procurador, en esas comisiones la mayoría priísta deseche la solicitud automática y mecánicamente, sin un mínimo de reflexión. Eso sería cinismo.
Cinismo es, que aquí se venga a decir en esta tribuna que se busca el respeto a la ley y el día de mañana impedir que la ley se aplique a un funcionario tan sólo porque éste representa poderosos intereses económicos y políticos o porque este funcionario es destacado militante del PRI. Eso sería cinismo, compañeras y compañeros diputados.
Y en esta situación de crisis por la que vive el país, particularmente el Estado mexicano, seguir aplicando como fórmula para la aparente salida de los problemas políticos el cinismo, es echar estopa al fuego y eso sería de gravísimas consecuencias para la nación.
Por ello, compañeras y compañeros, esta crisis del Estado mexicano, no tiene salidas, aunque ésta se alfombre con papel periódico, como ya denunciaba aquí un compañero, comprando conciencias e intentando comprar periodistas. Tampoco es salida a esta crisis del Estado mexicano, el peligroso tobogán del autoritarismo y tampoco pensamos que la salida a esta crisis política del Estado, a esta situación de ingobernabilidad en el país, sea el exterminio de las fuerzas políticas, no. Nosotros no planteamos, ni deseamos, ni queremos la desaparición del PRI.
No queremos por conciencia democrática aplicar a otras fuerzas lo que se nos ha aplicado al PRD. Nosotros no pretendemos la desaparición del PRI; pretendemos su desaparición como partido oficial. Pretendemos y buscamos sí la terminación del régimen de partido Estado, que esto no es simplismo, sino es el gran inicio de la profunda reforma del Estado mexicano.
Por último, compañeras y compañeros, entonces ¿cuál es la salida política a esta crisis del Estado y a esta ausencia de gobierno que hoy padecemos y observamos? La salida política, compañeras y compañeros, es que todos, pero particularmente los que han gobernado en este país, se den cuenta que ya no hay respuestas en las viejas estructuras del Estado mexicano. El presidencialismo absolutista o casi absolutista ya no es la salida a la crisis; por lo tanto, no vale la pena buscar por ahí. La salida a la crisis es la profunda reforma del Estado mexicano.
El PRD no pretende construir el nuevo Estado democrático sobre las ruinas del viejo Estado. Pretendemos si consecuentemente, intensamente, participar en la profunda reforma de este Estado, para no provocar conflictos y confrontaciones entre los mexicanos. La reforma del Estado, para transitar a la democracia en paz.
Esa creo que es, compañeros, la respuesta definitiva que deberíamos de buscar todas las fuerzas políticas, pero particularmente, termino, que deberíamos de buscar en esta Cámara de Diputados, porque con ello seríamos consecuentes en nuestra condición de auténticos y de verdaderos representantes populares. Gracias por su atención.
El Presidente: Para información de los diputados en este tema, que hasta ahorita han participado 13 oradores y 10 diputados para rectificar hechos, queda solamente la intervención del diputado Saúl González Herrera para finalizar con la lista de oradores. Tiene la palabra el diputado Saúl González Herrera.
El diputado Saúl González Herrera:
Señor Presidente, con su permiso; señoras y señores diputados: Ha sido ésta, una larga e intensa jornada en que se ha debatido exhaustivamente en torno a un tema que ciertamente preocupa a toda la sociedad mexicana, que preocupa a los partidos políticos, desde luego, pero que domina por entero la preocupación de la sociedad mexicana en este momento.
Yo creo que si de todas las profusas intervenciones que hemos escuchado pudiera hacerse una síntesis, extraer de ellas lo propositivo y despojar de actitudes meramente interesadas desde puntos de vista partidistas, podríamos llegar fácilmente a la conclusión de que hay una conformidad casi absoluta entre las proposiciones de fondo, las practicables, las viables, las sensatas, que se han hecho desde el Partido del Trabajo, desde el Partido de la Revolución Democrática, desde el Partido Acción Nacional y desde el Partido Revolucionario Institucional. Tenemos una coincidencia fundamental, la coincidencia es: que todos absolutamente deseamos el esclarecimiento total de un crimen que conmovió, en su momento, a la sociedad mexicana...
¿Mande usted? Tenemos prohibido los diálogos, compañero, si quiere hacer alguna intervención pida el permiso correspondiente a la Presidencia.
Está conmovida, sí, en efecto, está conmovida.
He venido a la tribuna porque ha habido en el desarrollo del tratamiento de este problema, graves imputaciones que se han hecho al partido político al que pertenezco desde siempre, con absoluta convicción y a sus dirigentes.
Es el partido por el que ha votado, por el que vota la mayoría del pueblo de México. Es un organismo que se ha pretendido lesionar con estas actitudes, pero es un organismo en verdad demasiado vigoroso para que pueda ser lesionado severamente por la conducta aleve, la conducta aleve y el propósito destructivo, nacidos de oscuros sentimientos o de desviados resentimientos.
Cuando en el lamentable desarrollo de este penoso asunto se hicieron imputaciones tan graves a los más altos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, más allá de la intención de acusar a las personas, más allá de la intención de dañar en lo personal a Ignacio Pichardo Pagaza o a María de los Angeles Morenos, se advertía, era fácilmente perceptible el ánimo de lesionar a una institución: al Partido Revolucionario Institucional.
Así resultaba claro de expresiones ampliamente difundidas por los medios de comunicación: "Hay encubrimiento de delincuentes". "Pongan en orden a su partido". "Contubernio para entorpecer la averiguación".
Todas estas expresiones que tanto hemos leído y escuchado, hacen ver que en el fondo el propósito era precisamente lesionar a una institución política, al Partido Revolucionario Institucional.
El homicidio cometido en la persona de José Francisco Ruiz Massieu, indignó seguramente a la mayoría del pueblo de México, porque de manera brutal se segó una vida humana, que era además, una vida valiosa.
Pero indigna también que de manera injusta se lesionen otros valores humanos del más alto rango, como el honor, la reputación y la dignidad de personas que están, lo creemos firmemente, más allá de toda duda, de toda sospecha, en la observancia de conductas de esta naturaleza.
Pruebas, pruebas son las que se requieren precisamente, pruebas son las que han pedido en legítimo ejercicio de su derecho; no neguemos ahora la posibilidad del ejercicio de este derecho. Lo que han pedido, decía, Ignacio Pichardo Pagaza y María de los Angeles Moreno.
Que quede en esta tribuna constancia de nuestro indignado repudio, a las arteras aseveraciones y constancia también de nuestro apoyo y solidaridad para los respetables dirigentes del partido en el que militamos por auténtica convicción.
No es exacto, como se dijo, que éste sea solamente el momento de decisiones políticas y no de investigaciones policiacas. Es, sí, momento de decisiones políticas seguramente; pero sigue siendo el momento de ahondar la investigación, el momento de avanzar en el descubrimiento de la verdad, es el momento de satisfacer plenamente las exigencias de la opinión pública nacional y de allegar las pruebas para sancionar delincuentes, autores materiales del homicidio, autores intelectuales, pero también, para poner al descubierto difamaciones y calumnias.
Se han ofrecido una y otra vez, pruebas del encubrimiento o por lo menos, de que la investigación fue maliciosamente entorpecida; pero las pruebas no se presentan y tan sólo se echa a rodar una especie calumniosa contra la cual con mucha justificación se levantan los propios injustamente inculpados. Es muy fácil asumir el papel de un juez, papel de acusador y de juez, pensar que porque pronunciamos, porque proferimos una acusación, ésta adquiere el carácter de verdad. Esto es ver las cosas con criterio maniqueo. La verdad está de un lado, la falsedad y el entredicho está en otro. Esto no es así, y sobre esto y contra esto, nos oponemos.
Es injusto lesionar la honorabilidad de personas de las que nadie razonablemente puede dudar. Pero además resulta, he de insistir, evidente la intención de que la sesión trascienda el ámbito puramente personal de los dirigentes de un partido político para afectar al partido mismo. Contra estas dos vertientes de la actitud perversa, venimos a protestar, como protestamos también contra el innoble oportunista aprovechamiento partidario de las dolorosas circunstancias que vive el país.
Queremos el esclarecimiento de la verdad. Este es un punto de coincidencia; sobre éste insistamos, sobre éste carguemos el acento y dejemos un poco de lado las cuestiones de interés puramente partidario. En todos los partidos debe de haber un interés predominante, dominante de manera absoluta: el interés de que se ponga en claro este hecho del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y que sean sancionados los responsables, cuales quiera
que sean su rango y condición, donde quiera que se encuentren. Hasta ese punto deben llegar las investigaciones.
Por eso éste es un momento de, todavía, investigación, no solamente de decisiones políticas. La decisión política tendremos que tomarla aquí. Se ha pedido, hace un momento lo hizo el orador que me antecedió en esta tribuna, el juicio político en contra del procurador Benítez Treviño.
Que se presente la solicitud. Que se le dé el trámite correspondiente. Que se vea, se analice su procedencia con criterio abjetivo. No asumiremos, seguramente, la actitud prejuiciada en uno u otro sentido. Tenemos la convicción, porque asi lo ponen de evidencia todas las manifestaciones últimamente vertidas ante la conciencia pública, de que el procurador ha cumplido con su deber. Así lo hizo, entre otras cosas patente, ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta cámara, a la que fue convocado por acuerdo de este pleno.
Estamos, pues, en esta disposición. Subrayemos lo que hay de coincidencia, subrayemos los acuerdos, apoyémonos en ellos para contribuir a crear una sociedad mejor, donde la vida y la convivencia social se desarrolle de mejor manera.
Esta es la voluntad del Partido Revolucionario Institucional. Creemos, fundadamente, que a esta voluntad habrán de sumarse también los otros partidos. Muchas gracias.
El Presidente: Tiene la palabra, el diputado Eugenio Ortiz, para rectificar hechos, cinco minutos.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:
Con el permiso del señor Presidente; diputadas y diputados: En la intervención del diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, quedó establecido el punto de vista de mi partido y de nuestro grupo con respecto a los acontecimientos que han sido comentados en esta tarde.
Pero sí, no quisiéramos dejar pasar algunas afirmaciones que se han hecho en el curso del debate. "Ya basta de hacer escándalos y de capitalizar con discursos estridentes los graves acontecimientos recientes". Además se aseguró que "aquí no es lugar apropiado para discutir estos asuntos". Lo dijo el diputado de ilustre apellido: Sebastián Lerdo de Tejada.
Pero una de las funciones fundamentales de este poder, al que pertenecemos, además de legislar, es el de control del Ejecutivo y foro apropiado es éste, donde deben debatirse los problemas nacionales. Este recinto, la representación nacional, no tendría objeto si tuviéramos que callar nuestras propias verdades. Aquí tenemos que practicar, precisamente, muchos de los derechos que la Constitución y las leyes de México nos conceden a los ciudadanos mexicanos.
El diputado Castelazo en su intervención, con voz fuerte pero con argumento trivial, acusó de oportunista a la oposición. Vale la pena una acotación al respecto.
El oportunista es aquel que se aprovecha del tiempo y el oportuno es aquel que aprovecha el tiempo. ¿Qué de raro tiene que la oposición aproveche el tiempo cumpliendo la función opositora que nos corresponde? ¡Lo malo es que viniéramos nosotros a hacernos eco del Partido Revolucionario Institucional y nos uniéramos aquí para aplaudir todo lo que digan ustedes! La oposición, no es un peso muerto, ni un adorno para la publicidad institucional en nuestro país. La oposición es ingrediente natural, básico y necesario, del sistema democrático. Al grado que sin oposición, compañeros del Partido Revolucionario Institucional, ustedes no podrían ni siquiera hablar de democracia; pueden hablar de democracia ustedes, porque tienen a la oposición en este recinto, que es el resultado del voto de parte importante del pueblo de México.
Nadie con sentido común puede considerar democrático un régimen político en que todo fuera uniformidad, en el pensar, en el hablar y en el actuar, en todos sentidos. Realmente esto es lo que hace posible de este debate, de este
diálogo al que aluden todos, pero que desafortunadamente no le damos la consistencia que debe tener. Dialogar es precisamente que hagamos un esfuerzo, unos y otros, para entender el problema y además para expresar nuestros puntos de vista sobre determinado problema.
En el caso expresado por el diputado Jesús Ortega, debo señalarle que el PAN apoyaría la posibilidad de la celebración del juicio político del procurador Benítez, cuando se den a conocer las pruebas en que se funda la aseveración del licenciado Ruiz Massieu.
La política, nos ha dado aquí lecciones, siempre recibimos lecciones y buenos consejos, a pesar de que hablar de consejos a veces me parece inocuo, frívolo, puesto que los inteligentes no los necesitan y los necios no los entienden.
La política es un quehacer de la vida humana El Presidente: Señor diputado, tiene usted un minuto para concluir su intervención.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls: Muchísimas gracias, señor Presidente: Me voy a atener a ese minuto, si me descuenta el tiempo mientras veo la hora de mi reloj, para no estar volteando.
Miren, la política organiza a la sociedad y la organiza precisamente para completarla, trátese de una lucha por el orden de la convivencia. La política es también un arte, pero también es una técnica. Como arte es aquel sentido, el necesario para vislumbrar oportunamente lo factible y lo posible, para realizar este orden creamos, desenvolvemos y ejercitamos el poder.
Voy a finalizar, señor Presidente. Creo que en México, como en cualquier otra sociedad humana, si vivimos en una nación organizada, no es para destruirnos unos a otros. Nadie debe asociarse para degradarse o destruirse, sino para superar obstáculos y corregir fallas y disminuir limitaciones. Necesitamos pensar precisamente en este problema complejo...
El Presidente: Se ha agotado su tiempo, diputado.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls: Si me permite 15 segundos, termino, señor Presidente, este problema que plantea una cosa muy importante: lo del abogado del gobierno y lo del fiscal de la nación.
Yo creo que necesitamos ir pensando y ojalá lo logremos en esta legislatura, de desvincular estas dos figuras, a efecto que el abogado del gobierno, que es un empleado del señor Presidente de la República en nuestro país, es decir, se distinga de un fiscal de la nación, que sea designado por la representación nacional, que es el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias.
COMISIONES ESPECIALES
El Presidente: Se nos informa que se encuentra en poder de la Secretaría el documento signado por los grupos parlamentarios, para la integración de las comisiones especiales de seguimiento de las investigaciones de los crímenes en contra de los licenciados Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, así como los asuntos del Estado de Chiapas y la comisión especial en relación a la propuesta 187. Proceda la Secretaría a darle lectura.
La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:
Propuesta de los grupos parlamentarios para la integración de las comisiones especiales de seguimiento de los asuntos relacionados con los atentados en contra de los licenciados Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, así como la de los asuntos del Estado de Chiapas. Se aprueba.
"México, Distrito Federal, 24 de noviembre de 1994.— Secretario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
En relación con la integración de las comisiones especiales de seguimiento de las investigaciones de los crímenes en contra de los licenciados Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, así como de los asuntos del Estado de Chiapas y la comisión especial en relación a la propuesta 187, los grupos partidistas se permiten proponer a la Asamblea, que dichas comisiones sean integradas de la siguiente manera:
Comisión especial del seguimiento para los asuntos del Estado de Chiapas, los diputados: Augusto Gómez Villanueva, Walter León Montoya, Antonio Pérez Hernández, Juan Salgado Brito, Abel Trejo González, José Antonio Hernández Fraguas, Fernando Salgado Delgado, Tito Rubín Cruz, Rubén Calderón y Cecilio, Rodolfo Elizondo Torres, Agustín Torres Delgado, Fernando Garzacabello, José Luis Aguilar Martínez, Arnoldo Martínez Verdugo, César Chávez Castillo, Antonio Hernández, Marcos Carlos Cruz Martínez y José Narro Céspedes.
Comisión especial de seguimiento de las investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, los diputados: Alfonso Molina Ruibal, Samuel Palma César, Daniel Ernesto Trélles Iruretagoyena, Guadalupe Morales Ledezma, Fructuoso López Cárdenas, María Elena Yrizar Arias, Juan Leyva Mendívil, Tomaz Lizárraga Zataraín, Jesús Manuel Meléndez Franco, María del Carmen Segura Rangel, Antonio Tallabs, Eduardo Cárdenas Lebrija, Horacio Gutiérrez Bravo, Jesús Zambrano, Mauro González Luna, Ramón Sosamontes, Joaquín Vela González y Ezequiel Flores Rodríguez.
Comisión especial de seguimiento de las investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, los diputados: Netzahualcóyotl de la Vega, Jorge Moreno Collado, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Yrene Ramos Dávila, Jorge Armando Meade Ocaranza, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, René Juárez Cisneros, Rogelio Zamora Barradas, Hiram Escudero Alvarez, Sergio Teodoro Meza López, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Cruz Pérez Cuéllar, Carlos Navarrete, Leonel Godoy, Leticia Burgos, Serafín Núñez Ramos y Alfonso Primitivo Rios Vázquez.
Comisión especial de seguimiento en relación a la propuesta 187, los diputados: Carlos Reta Martínez, Alfonso Molina Ruibal, Humberto López Barraza, Jaime Martínez Veloz, Guillermo Acebo Salmán, Cristina Díaz Salazar, José Antonio Hernández, Héctor González Mocken, Martina Montenegro, Marco Antonio Dávila Montesinos, Rodolfo Elizondo Torres, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Cecilia Romero Castillo, Max Tejeda Martínez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Adolfo Aguilar Zinser, Pedro Etienne Llano, Mara Robles Villaseñor, Oscar González Yáñez y Alejandro Moreno Berry.
Se encuentra signado por representantes del PRI, el PAN, PRD y Partido del Trabajo.
En votación económica se pregunta si se aprueba la propuesta...
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
PROPUESTA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA LA INTEGRACIóN DE LAS COMISIONES ESPECIALES DE SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ATENTADOS EN CONTRA DE LOS LICENCIADOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y JOSé FRANCISCO RUIZ MASSIEU, ASí COMO LA DE LOS ASUNTOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. SE APRUEBA. ESTADO DE GUANAJUATO
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Miguel Segura Dorantes, para hacer comentarios sobre la reforma electoral en el Estado de Guanajuato.
El diputado Miguel Alberto Segura Dorantes:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: La anterior legislación electoral de Guanajuato, databa de 1991 y fue la misma con la cual se desarrollaron las elecciones que dieron origen a la actual legislatura. Con esa misma legislación, este año se efectuaron los comicios para renovar el Congreso del Estado y será con esta misma con la que se renueven los 46 ayuntamientos el 4 de diciembre.
La Comisión Estatal Electoral, es todavía mayoriteada por el PRI y sus partidos aliados. Habiendo llegado a un acuerdo parlamentario sobre la reforma constitucional, nuevo código electoral y fecha de elecciones extraordinarias para gobernador, el PRI de Guanajuato recibe contralínea del centro y honradez en los acuerdos cambiando unilateralmente la fecha fijada para el 21 de mayo como impostergable para el 28 del mismo mes, con el fin de empatarlas con las elecciones de Yucatán y tener mayor margen de maniobra.
Una vez más, Acción Nacional reitera que no habrá auténtico federalismo mientras la política centralista mantenga copados a los dirigentes estatales del partido oficialista.
A pesar del rezago legislativo electoral, Acción Nacional encara el reto del 4 de diciembre con madurez y realismo. Estamos listos para las elecciones extraordinarias del 28 de mayo; la fecha es lo de menos cuando se tiene convicción democrática. El gobierno interino de Carlos Medina cumplió cabalmente con el pueblo de Guanajuato.
Después de tres años de tenaz negativa de la mayoría priísta en el Congreso del Estado de Guanajuato para que no prosperara el compromiso del gobernador Carlos Medina, de dar a los guanajuatenses una legislación electoral de avanzada, que suprimiera los vicios que tanto daño provocaron al desarrollo político, el Congreso del Estado aprobó la reforma política y se fijó para el 28 de mayo de 1995 la fecha para las elecciones extraordinarias.
La LVI Legislatura local aprobó ese nuevo Código de Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y en las oficinas de Palacio de Gobierno se le entregó al gobernador Medina el ejemplar del periódico oficial en que se publican las reformas en materia electoral, por lo que procedió a quitarse el moño blanco que desde hace más de cinco meses portó en la solapa de su saco como protesta por la negativa priísta a aprobar su iniciativa.
La reforma electoral impulsada por el gobierno de Carlos Medina contempla como prioritaria la ciudadanización de todos los organismos electorales y se le considera como la más avanzada en todo el territorio nacional. El nuevo código contempla entre otras cuestiones, las siguientes: crear el instituto electoral del Estado, integrado por cinco consejeros ciudadanos.
Unificación de las elecciones de diputados locales y presidentes municipales a partir del primer domingo de julio de 1997.
Reestructuración del Tribunal Estatal Electoral, el que será autónomo para calificar y resolver recursos de las elecciones locales.
Redistritación del Estado de Guanajuato y en vez de ser 18 distritos, en adelante serán 22. Aumentó de 12 a 14 el número de diputados plurinominales.
Creación del registro electoral del Estado. Establece nuevas reglas para financiamiento público de los partidos; previene acceso equitativo de partidos políticos a los medios de comunicación y desaparece la Comisión Estatal Electoral y la famosa autocalificación de los diputados, así como la calificación política de las elecciones de ayuntamientos y de gobernador del Estado. Se incorporan criterios para evitar la demarcación arbitraria o caprichosa de los distritos electorales.
Establece también que las autoridades electorales para la elección extraordinaria se instalarán el 20 de enero de 1995. El registro de candidatos a gobernador quedará abierto a partir del 25 de febrero al 7 de marzo; del 10 al 20 de febrero, los partidos políticos deberán registrar sus plataformas políticas y del 21 al 24 del mismo mes, los posibles convenios de coalición.
Fija que los comicios se efectuarán el 28 de mayo de 1995 y que el gobernador electo tomará posesión el 26 de junio de 1995 y concluirá su ejercicio el 25 de septiembre del año 2000.
Ante los comicios electorales a efectuarse el próximo 4 de diciembre, el Partido Revolucionario Institucional vuelve a mostrarse prepotente, intolerante y arbitrario. En febrero del presente año, al instalarse la Comisión Estatal Electoral, en donde los comisionados del PRI son mayoría, se fijaron los criterios para cumplir con los requisitos que según la ley son necesarios para el registro de las planillas que contiendan por las presidencias municipales.
Para dar cumplimiento al artículo 16 del Código Electoral y al 110 de la Constitución del Estado, la Comisión Estatal Electoral fijó el criterio de requerir a cada candidato acta de nacimiento, copia fotostática de la credencial de elector con fotografía, carta de residencia personal en donde se asiente de cada uno de los candidatos que residen en municipios por más de dos años y que debe ser expedida por el secretario del ayuntamiento.
El pasado 21 de octubre venció el plazo para el registro de planillas y el día 25 de octubre se reunió la Comisión Estatal Electoral para conocer los expedientes de las planillas que solicitaron el registro.
Al iniciar dicha reunión, el Partido Revolucionario Institucional, en voz de su diputado Lara, solicitó que se fijaran los criterios para el
rechazo de los registros de las planillas. Por mayoría, con el voto en contra del Partido Acción Nacional, se aprobó el siguiente acuerdo: 1o. Si faltare documentación de los propuestos candidatos a presidentes municipales y/o de los candidatos a síndicos, el registro de la planilla será rechazado en base al artículo 113 de la ley de la materia.
2o. En caso de que la documentación faltante fuera de un presunto candidato a regidor, únicamente la fórmula de ese regidor propietario y suplente será rechazada, recorriendo la lista y supliendo en el último lugar de orden la fórmula correspondiente.
Con este criterio fueron rechazadas las planillas del PARM, en Apaseo el Grande, Celaya y Pénjamo; del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en Celaya y Ocampo; del Partido de la Revolución Democrática, en San Diego de la Unión y San José Iturbide; del Partido Verde Ecologista, en Cuerámaro, Ocampo y Romita; del Partido del Trabajo, en Apaseo el Grande y Manuel Doblado.
En la misma sesión, cuando se llegó el caso de Pueblo Nuevo, se encontró que el presunto candidato a síndico propietario, señor Saúl Razo González, de la planilla presentada por el PRI, no tenía su documentación completa; en consecuencia con lo anterior, el registro de dicha planilla fue negado, con la abstención del PRI y de los dos representantes de la mayoría del Congreso local.
El señor Saúl Razo González presentó para su registro acta de nacimiento que no concuerda con el nombre del presunto candidato asentado en los demás documentos; carta de residencia en la que no se asienta la antigüedad de la misma y que no está firmada por el secretario del ayuntamiento; no presenta copia de la credencial de elector con fotografía, en su lugar se presenta la vieja credencial de 1991, sin foto, por lo cual el presunto candidato no figura en la lista nominal a la fecha legal del cierre de la misma y publicada dos meses después, el día 7 de abril de 1994.
En la misma sesión, al pedir los representantes del PRI el expediente en cuestión, trataron de introducir subrepticiamente una copia fotostática de la nueva credencial de elector con fotografía, emitida el último día hábil para haberla expedido.
Al descubrirse la alteración del expediente y a pesar del hecho reprobable, la comisión aceptó la sustitución de dicha documentación. Sin embargo las otras irregularidades quedaron vigentes.
En contra de la resolución de la Comisión Estatal Electoral, se presentaron en tiempo y forma los siguientes recursos de revocación: el Frente Cardenista de Reconstrucción, en Celaya y Ocampo; el PRD, en San Diego de la Unión y el PRI, en Pueblo Nuevo. El recurso del PRI, como los otros recursos, fueron revisados por el Secretario de la Comisión Estatal Electoral, el ex magistrado del Tribunal de Justicia del Estado, licenciado Carlos Chico Sánchez, hombre objetivo y profundo, conocedor del derecho, el cual presentó un proyecto de dictamen rechazando el recurso por no estar apegado a derecho. Dicho proyecto de dictamen, plenamente fundamentado fue rechazado por el PRI, que decide en contra de su exigencia anterior, votando la ley y pisoteando el derecho, haciendo lo que sí saben hacer, violar la ley por el voto de la mayoría.
Ante la prepotencia mostrada por la irracional mayoría, se genera indignación entre los ciudadanos presentes, motivo por el cual, el Presidente de la Comisión Estatal Electoral y secretario de Gobierno licenciado Felipe Arturo Camarena, decretó un receso y la continuación de la sesión para el martes 15 próximo pasado.
Por lo anterior el PRI presentó una demanda por delitos electorales en contra del Presidente de la Comisión, licenciado Camarena, ya que suspende la sesión y por el desorden no le concede la voz al diputado priísta Eduardo Nap, lo que para el PRI, acostumbrado a pisar, es un delito electoral.
Es importante aclarar que en el interin, el licenciado Camarena recibió un telefonema del asesor de la Secretaría de Gobernación, licenciado Fidel Herrera Beltrán, en el que le daba prepotentemente la orden de efectuar el registro de la planilla priísta en Pueblo Nuevo a como diera lugar, lástima que el licenciado Herrera se equivocó, ya que el Gobierno del Estado de Guanajuato, es un Gobierno digno y no una sucursal de la federación del PRI.
El día 15, el caso de Pueblo Nuevo se turnó por votación mayoritaria del PRI a una subcomisión para hacer los proyectos de dictamen,
negándose los priístas a la propuesta de que intervinieran también dos juristas imparciales de la Universidad de Guanajuato, que constaran la rectitud jurídica de la propuesta contestando a la misma: nosotros solitos lo hacemos.
La subcomisión sesionó por la tarde y dicho dictamen, desde luego favorable al PRI, se va a presentar a pesar de que en la votación quedó asentado un empate entre la postura de desecharlo y la postura de aceptarlo.
Compañeros diputados, basta ya de violar la ley, basta ya de pisotear la conveniencia en el estado de derecho. En Guanajuato la actitud del PRI nos habla de que no es suficiente una reforma al marco legal de las elecciones. Hay que hacer el compromiso de cumplir lo que la norma dice. Por desgracia está visto, no podemos cambiar por decreto una cultura política de engaño, simulación e incumplimiento sistemático de las normas jurídicas. Sigue la cultura del fraude. No basta reformar la ley, es necesaria la voluntad política sin dudas ni titubeos, cumplirla. Todos estamos obligados a cumplirla, no sólo los ciudadanos y las autoridades electorales, sino también los partidos políticos, pues en el caso de Pueblo Nuevo, que he referido, del Estado de Guanajuato, el actor que ha dado testimonio de incumplimiento, desdén por la ley y prepotencia, ha sido un partido político.
Señores, la reforma política, la reforma del Estado que el país requiere, no se limita a la sola modificación del marco jurídico; no es ello suficiente, es sólo necesario tal modificación a la norma, pero insuficiente. Lo que resulta absolutamente indispensable, es la disposición de todos, ciudadanos, autoridades y partidos políticos en el orden electoral.
La disposición de acatar la ley, así de sencillo, pero qué difícil señores diputados, es de todos. Muchas gracias.
El Presidente: En el uso de la palabra el diputado José de Jesús Padilla, para el mismo asunto y por 15 minutos.
El diputado José de Jesús Padilla Padilla:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El señor diputado que me antecedió en el uso de la voz habla que la prepotencia ha sido de un solo partido político. Dice también que ya basta de violar la ley. Coincido absolutamente con el señor diputado en lo que se refiere a la Comisión Estatal Electoral de Guanajuato. Ahí la prepotencia se ha dado de un solo partido político, ahí la soberbia se ha dado de parte del Presidente de la Comisión Estatal Electoral y a la vez Secretario de Gobierno, de un Gobierno panista que no ganó un solo voto en las urnas para ejercer el poder en Guanajuato.
Ahí existe soberbia, ahí reclaman que el PRI, que mayoritariamente ganó las elecciones, el pasado 21 de agosto con el voto del pueblo de Guanajuato, sea mayoritario en la Comisión Estatal Electoral.
El pueblo de Guanajuato votó mayoritariamente por el Partido Revolucionario Institucional, señor diputado y por eso es que tiene mayoría en la Comisión Estatal Electoral. No es una dádiva graciosa el que el Partido Revolucionario Institucional, acorde con la actual ley electoral, tenga la mayoría en la Comisión Estatal Electoral. No es mayoriteo, es mayoría determinada por el voto del pueblo de Guanajuato.
Hoy aparece en los diarios de mayor circulación en el Estado de Guanajuato, una nota que a la sazón dice: por fin tuvo un desplante de congruencia el secretario de Gobierno Felipe Arturo Camarena García, y dejó de fingir un apartidismo que nadie le creía a la luz de su actuación. Anunció con bombo y platillo que se afilia al Partido Acción Nacional.
Algunos candidatos de partidos de oposición han puesto el grito en el cielo aduciendo que la decisión del Presidente de la Comisión Estatal Electoral, de afiliarse al Partido Acción Nacional antes de las elecciones, tendrá repercusiones en el proceso electoral, del próximo 4 de diciembre.
Lo verdad importante en este hecho del secretario de Gobierno y Presidente de la Comisión Estatal Electoral, es que al menos ahora el funcionario no podrá recurrir al argumento cínico de su falso apartidismo, como venía haciéndolo para tratar de limpiar sus manipulaciones como Presidente de la Comisión Estatal Electoral.
Esto es lo que el Secretario de Gobierno y Presidente de la Comisión Estatal Electoral
viene haciendo en Guanajuato. No es mayoriteo, es soberbia, es violación a la ley y es, sobre todo, un partidismo absoluto de quien debe de impartir de una manera objetiva la ley en la Comisión Estatal Electoral de Guanajuato.
La actitud del Secretario de Gobierno, el licenciado, el multicitado licenciado Felipe Camarena, puede provocar desconfianza y margen de riesgo evidente en las elecciones municipales de los 46 ayuntamientos del Estado.
Habría que destacar que en cuestión electoral el Secretario de Gobierno concentra una sobredosis de beligerancia y un manifiesto repudio por el Partido Revolucionario Institucional, así como un favoritismo absolutamente claro por el Partido Acción Nacional.
De eso se desprende que grupos mayoritarios de Guanajuato manifiesten su petición de que Felipe Camarena renuncie a su puesto y lo sustituya una persona con mayor capacidad de concertación y sobre todo, con una actitud imparcial, que es lo que requiere y merece el pueblo de Guanajuato. Esta medida sería la más prudente si no se quiere provocar una inestabilidad política.
Las acciones de Felipe Camarena no corresponden a las de una persona que tiene la responsabilidad de llevar a un buen término las elecciones en el Estado de Guanajuato.
Por todo esto, compañeros diputados, exhortamos al irregular gobernador Carlos Medina Plascencia, en ánimo de conciliación y si postula el bien común, dejarse de partidismos y postular a un abogado de prestigio que su persona vale, que las elecciones sean confliables en Guanajuato.
Mientras sigamos con un presidente de la Comisión Estatal Electoral que actúa con parcialidad hacia un partido político, seguramente que en Guanajuato seguiremos en las discusiones y se empantanarán las próximas elecciones para alcaldes en la entidad guanajuatense. Muchas gracias.
El Presidente: En el uso de la voz, el diputado Jorge Dávila, para rectificar hechos, y por cinco minutos.
El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados: Al diputado José de Jesús Padilla, se le olvido sustanciar lo que dijo. "de lengua me como un plato", dice el verso. Creo que es muy importante, Pepé Chuy, si me permites diputado, que aclares muy bien con respecto al "gobernador irregular", recuerda que fue producto de un Gobierno Federal irregular y que hoy en México tenemos 18 gobernadores irregulares y no pertenecen al Partido Acción Nacional.
Siguiente. Hoy el Partido Revolucionario Institucional se queja de prepotencia, de una prepotencia de un ogro que está ocupando la Secretaría de Gobierno y que está manipulando y que está haciendo y ya lo tienen demandado. Sin embargo, lo que oculta atrás de lo que dice, es que el Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato exige acuerdos cuando no se le aplican a él, y en el momento en el cual él incurre, faltando a los acuerdos, entonces hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre.
Recordemos muy bien que fue precisamente el Partido Revolucionario Institucional el que exigió que se fijaran las normas mediante las cuales se iba a quitar el registro de las planillas a presidentes municipales y ellos las dictaron, ellos las votaron, a través de ésta se quitó el registro a cerca de 15 planillas del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática. Pero cuando llegamos al caso de Pueblo Nuevo, el acuerdo que el PRI exigió ahora había que echarlo para atrás, porque el que había incurrido en violación a su propia norma, había sido el Partido Revolucionario Institucional y entonces, violando los acuerdos que ellos mismos exigen, buscan cambiar la situación y a pesar de haberse abstenido en la primera instancia, no encuentran otro pretexto más que el mayoritariamente e irracionalmente violar la ley y los propios acuerdos que ellos mismos exigieron, para exigir y hoy haber consumado una vez más la violación de acuerdos y tener el registro en Pueblo Nuevo. No fue el Partido Acción Nacional quien no entregó los papeles adecuados, diputado Padilla, no fue el Partido Acción Nacional, fue un problema en el que incurre el Partido Revolucionario Institucional.
Y entonces cuando no cumplen con lo que ellos exigen, echan para atrás los acuerdos, creo
que esto es muy importante aclararlo, porque hoy se quejan de prepotencia de Acción Nacional, cuando hoy, precisamente el día de hoy, ya está registrada la planilla de Pueblo Nuevo, porque la prepotencia de Acción Nacional fue tan grande que mayoritariamente, en forma irracional y violando la ley y los acuerdos, el PRI impuso el registro con irregularidades, de una planilla que él exigía que se registrara a como diera lugar.
Eso sin tomar en cuenta desde luego y que también omitió el diputado Padilla hablar de eso, que precisamente el subsecretario de Gobernación, creyendo que en Guanajuato puede dar las órdenes que da en toda la República, habla para exigirle al Secretario de Gobierno, que a como dé lugar se registre la planilla de Pueblo Nuevo, lástima que se equivocó.
Lástima que se equivocó, porque en definitiva, Guanajuato, no depende del Secretario de Gobierno, depende de la Comisión Estatal Electoral, que hoy por voto mayoritario del PRI aceptó el registro de Pueblo Nuevo, no tienen de qué quejarse, está registrado, ¿de acuerdo? Violaron sus acuerdos, ¿de acuerdo? Fueron ustedes los que lo exigieron y hoy se asustaron con el petate del muerto y hoy no queda más que decir: el espurio gobernador y el irregular gobernador.
Señores, no se trata de eso. Debemos de centrarnos que en México ya no quiere de arriba, sin fondos y sin fundamentos, lo que requiere es, la mentalidad de cumplir la ley. De nada vale la reforma política, establecida a fondo, con normas perfectamente claras y, vamos, en forma permanente a violar los acuerdos, en forma permanente prepotentemente a violar la ley. Muchas Gracias.
El Presidente: Para rectificar hechos, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Humberto Meza Galván, por cinco minutos.
El diputado Humberto Meza Galván:
Señor Presidente; señoras y señores diputados: Guanajuato es un Estado que cuenta con una tradición jurídica y política muy sólida, esta tradición no es exclusiva de ningún partido o grupo político, es patrimonio de todos los guanajuatenses sin distinción. Por esto los diputados que integramos la diputación federal del Estado de Guanajuato, que pertenecemos a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, queremos dejar manifiesto nuestro beneplácito por la reforma política del Estado de Guanajuato aprobada por su Congreso Legislativo.
Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y profesionalismo, fueron principios rectores que inspiraron, primero, a la reforma constitucional correspondiente y, posteriormente, a la Ley Reglamentaria de la misma materia.
Esta reforma política debemos reconocer que tiene antecedentes históricos y jurídicos que se localizan, tanto en esa tradición como en la legislación federal electoral. Coincidimos con otras fuerzas políticas de mi Estado, entre las que se encuentran los partidos políticos que actúan en nuestra entidad, en que esta nueva legislación presenta claros avances que permitirán regular en mejor forma los futuros comicios electorales de Guanajuato; cuenta, entre ellos, la creación de un nuevo ente autónomo y funcionalmente encargado de la rectoría del proceso electoral e integrado por consejeros ciudadanos y por representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de los partidos políticos.
La figura de los consejeros ciudadanos integrantes de dicho organismo electoral, con un gran parentesco con los órganos electorales federales, contribuye a garantizar la imparcialidad de los procesos y resoluciones electorales, pues por su origen tales consejeros son designados por el Congreso del Estado de entre las propuestas de las fracciones parlamentarias de la propia legislatura y del Poder Ejecutivo del Estado.
La esencia de sus funciones, independientemente de la conducción del proceso electoral, consiste en la declaración de validez de todas las elecciones del Estado y en el otorgamiento de las respectivas constancias de mayoría de los candidatos electos. Además, la nueva legislación electoral del Estado de Guanajuato previene un sistema de medios de impugnación cuyo propósito es dar definitividad y garantizar la legalidad de los procesos electorales, creándose para ese efecto, un Tribunal Estatal
Electoral como órgano autónomo y de máxima autoridad jurisdiccional en la materia que nos ocupa.
Por otra parte, la reforma política de Guanajuato establece un sistema que pretende ser más equitativo respecto de la integración del Congreso del Estado, pues además de conservar la elección de diputado, según el principio de mayoría relativa en distritos uninominales, perfecciona la vertiente de la elección de diputados por el principio de representación proporcional para evitar los nocivos efectos de la subrepresentación o sobrerrepresentación de los partidos contendientes, buscando que el porcentaje de votos recibidos por un partido político se refleje en el número de curules que se le asignen.
La última reforma política del Estado de Guanajuato no es un producto que se haya alcanzado fácilmente, más bien es la conclusión de un proceso difícil y en ocasiones doloroso que en algunas veces llevó a las principales fuerzas políticas de Guanajuato a confrontaciones que, en su momento, se consideraron insalvables; pero finalmente pudieron superarse, gracias a la voluntad política de la sociedad guanajuatense para salir de una situación constitucionalmente irregular, cuya transitoriedad se prolonga más allá de los límites temporales razonables, pero que estuvo condicionada por la necesidad de dar a Guanajuato un instrumento jurídico que permita llegar a una elección del titular del Poder Ejecutivo, que garantice su legitimidad y aceptación popular. Este esfuerzo de la sociedad guanajuatense, no es un logro que pueda atribuirsele a...
El Presidente: Señor diputado, tiene usted un minuto para concluir su intervención.
El diputado Humberto Meza Galván: Gracias, señor Presidente. No es un logro que pueda atribuirsele en exclusiva a ninguno de los partidos políticos. A su consenso contribuyeron 21 diputados del PRI y 33 ayuntamientos, todos ellos priístas. Muchas gracias.
El Presidente: En el uso de la voz el diputado Jorge Dávila, para rectificar hechos y por cinco minutos.
El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Regreso a la tribuna nada más porque acabo de confirmar en Guanajuato, una mentira flagrante del diputado Padilla, que dijo que: "Hoy los periódicos de más alta circulación, no sé de dónde, habían confirmado que hoy el Secretario de Gobierno se había afiliado al PAN y que era un acto de congruencia." Le quiero decir que por favor nos enseñe las carátulas de los periódicos de más alta circulación en el mundo, seguramente, porque nos acaba de confirmar que no está afiliado al PAN, el licenciado Camarena, secretario de Gobierno y por otro lado nada más quiero recordarle a mi antecesor, diputado por Irapuato, que precisamente a esta reforma política, la LV Legislatura en la que yo formé parte, se negó a hacer la reforma política porque no tenía línea del centro, y que fueron los diputados del PRI, precisamente de esa legislatura de la que aquí hay varios, los que en forma cerrada buscaron destruir los trabajos del Cofipe, en donde los partidos políticos: el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Verde Ecologista, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, junto con el Gobierno del Estado, a donde estaba llamado también el PRI y que era copartícipe en la presidencia el licenciado Carlos Arzate, que era presidente de la legislatura y presidente de la Gran Comisión y presidente y líder del PRI, se retiró del Cofipe, tratando de bloquear los trabajos de reforma política y que no fue sino hasta después de la LV Legislatura, ya en la actual en donde se aprueba la reforma política, que ya estaba perfectamente lista hace un año y medio; que fueron ellos precisamente los veintitantos diputados del PRI, los que se opusieron en forma cerrada, inclusive haciendo una contrarreforma política en la cual estábamos retrocediendo y que fue aprobada con modificaciones constitucionales todavía en
vida de la LV Legislatura. Y de esto; aquí hay testigos como lo es el diputado Navarrete, del PRD que trabajó con nosotros y otros diputados del PRI que también están aquí presentes y algunos diputados del PAN que pertenecimos a esa legislatura.
Muchas gracias, y al diputado Padilla, ojalá nos muestre los periódicos de más alta circulación en el mundo. Gracias.
DENUNCIA DE JUICIO POLITICO
El Presidente: En el uso de la voz y para otro asunto, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En mi carácter de diputado federal, fracción social-demócrata en esta legislatura y con fundamento en los artículos 74 fracción V, 108, 109, 110 y 111 constitucionales y 6o., 7o., 8o., 9o., 10 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vengo a ejercer la acción popular para demandar juicio político en materia penal en contra del servidor público Carlos Salinas de Gortari, por los hechos que a continuación se mencionan: Primero. El 1o. de diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari tomó posesión de la Presidencia de la República, no obstante que en la votación del 6 de julio anterior, el pueblo mexicano no votó a su favor. Mediante mecanismos fraudulentos, en complicidad con Miguel de la Madrid Hurtado, se hizo de un cargo, el de más alta responsabilidad en nuestro país, que el sufragio popular no le confirió.
Violó de esa forma lo establecido en el artículo 81 de nuestra Carta Magna que establece la elección directa como la única vía legal para que una persona pueda llegar a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.
Al maquinar el fraude electoral Carlos Salinas conculcó lo ordenado por el artículo 214, fracción I del Código Penal del Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia del fuero federal, mismo que tipifica el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Segundo. Durante el ejercicio del cargo que hasta hoy usurpa, Carlos Salinas realizó acciones que caen también en la tipificación penal consistentes en la reforma de decisiones políticas fundamentales de la Constitución de 1917. Entre otras materias agrarias, al modificar en sentido privatizante, el artículo 27 de la Carta de Querétaro; de subordinación de las iglesias al Estado, al cambiar los artículos 130 y conexos del mismo texto legal; de propiedad social al reformar multitud de leyes sobre temas económicos forestales mineros, de aguas, de pesca, etcétera. De propiedad nacional, al mutar la normatividad sobre inversiones extranjeras. De protección laboral, al quitar vigencia en los hechos al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo y de gratuidad de la educación superior, al contrarreformar el artículo 3o. del texto constitucional vigente.
Estas y otras modificaciones a la regulación legal se hicieron, en violación a lo dispuesto por el artículo 39 de la Constitución, que reconoce el principio de soberanía popular, pues nunca en su programa de campaña política Carlos Salinas planteó que su propuesta tuviere connotación neoliberal, lo cual fue dominante en sus actos de Gobierno.
Si bien el artículo 71 de la Carta Magna otorga a los presidentes de la República la facultad de iniciativa en materia legal, ello no los faculta para trastocar la esencia y naturaleza de la propia Constitución. Dicha modificación sólo es materia de un nuevo Congreso o Asamblea constitutiva y no del denominado constituyente permanente al servicio del PRI-Gobierno.
Tercero. Durante su ilegítimo mandato Carlos Salinas remató a particulares, algunos de ellos sus amigos más cercanos, buena parte de los bienes propiedad de la nación. Más de un millar de empresas del sector paraestatal, incluyendo los bancos antes estatizados, se entregaron a individuos y grupos económicos que hoy se ubican entre los más ricos del mundo.
A modo de ejemplo citemos a los banqueros: Roberto Hernández, Carlos Cabal, de los bancos Banamex y Unión y al industrial Roberto González, de Maseca. Todos ellos y algunos más acumularon fortunas difíciles de explicar.
Igual de inexplicable resulta la riqueza de Carlos Slim y de Alfredo Harp, copropietarios con Salinas de Telmex y Banamex, respectivamente.
Cuarto. Carlos Salinas quebrantó el pacto federal ordenado por el artículo 40 constitucional, al imponer mediante la práctica conocida como "dedazo" por el ingenio popular, a los gobernadores de los estados. Como nunca en nuestra historia movió a su capricho a los ejecutivos estatales, llegando al exceso de entregar Guanajuato a un interino del PAN. En su fatídico sexenio más de la mitad de las entidades que conforman la República, tuvo gobernadores interinos, llegando al absurdo en San Luis Potosí, de designarse a un interino, Teófilo Torres Corzo; de otro interino, Gonzalo Martínez Corbalá. La modernidad introdujo el interinato al cuadrado.
Quinto. El artículo 41, párrafo octavo, frase final, fue contumazmente violado por Carlos Salinas en todos los procesos electorales. Mantuvo la estructura de partido de Estado que impide la función comicial y que ésta se rija por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Predominó el fraude electoral que alcanzó el pasado 21 de agosto, el rango de fraude de Estado.
Sexto. La fracción VIII del artículo 73 constitucional, otorga al Congreso las facultades para aprobar los empréstitos sobre el crédito de la nación y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Además, textualmente dice: "Ningún empréstito podrá celebrarse, sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos". Violando los anteriores conceptos, Carlos Salinas, por sí y ante sí, comprometió con el peso del Ejecutivo el crédito de la nación e hipotecó a las futuras generaciones, al ordenar la contratación de empréstitos que no produjeron incrementos en los ingresos públicos.
En marzo de 1990, en acto televisivo espectacular, invitó a los mexicanos a entonar junto con sus hijos el Himno Nacional, porque según afirmó el problema estaba resuelto, la deuda ya no sería una carga para las futuras generaciones. Este discurso constituyó burla siniestra al pueblo. En 1988 la deuda ascendía, con el exterior, a 80 mil millones de dólares y no obstante la renegociación de marzo de 1990, hoy la deuda total pública y privada rebasa los 200 mil millones de dólares, lo que significa un incremento sexenal del 250% en los pasivos externos del país.
En este periodo, el déficit acumulado de la cuenta corriente de la balanza de pagos ascendió a 110 mil millones de dólares, casí el doble del histórico déficit de José López Portillo, que hundió a este país por lo que resta del siglo. El gobierno salinista se endeudó por la misma cantidad, 110 mil millones de dólares, para cubrir el citado déficit y captar 10 mil millones de dólares extras para elevar artificiosamente el nivel de las reservas.
En 1988 cada mexicano debía al nacer 1 mil dólares, hoy cada mexicano debe dos mil doscientos dólares; la deuda se duplicó.
Séptimo. La fracción X del artículo 89 de la Constitución, obliga a los encargados principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención. Dicho precepto fue también conculcado por Carlos Salinas al firmar un Tratado de Libre Comercio ruinoso para México, que propicia la intervención extranjera en asuntos soberanos y somete a la nación al imperio de tribunales del exterior y de intereses financieros y económicos distintos a los de nuestro pueblo.
La tradición histórica de México en política internacional, fue abandonada por Carlos Salinas cuando subordinó sus actos, que perjudicaron gravemente a la nación, a los dictados del exterior.
La torpe negociación del Tratado de Libre Comercio excluyó el capítulo migratorio que era fundamental para preservar los derechos de nuestros conacionales. Hoy, ellos, en California pagan el precio de tal irresponsabilidad con la ley 187, han quedado a la merced de los designios racistas y xenófobos del gobernador Wilson.
Octavo. Todo lo anterior tipifica y configura el delito de traición a los intereses patrióticos que, sumado a las infracciones graves del orden común, hacen procedente la instauración del juicio político en contra de Carlos Salinas de Gortari, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 108 párrafo segundo. de la Ley Fundamental y del 123, fracción I del Código Penal.
Para efectos de procedencia, en términos del artículo 9o., primer párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, manifiesto que, en cuanto a probanzas, se trata de documentos oficiales que no están al alcance público, de modo que me acojo al beneficio de esa norma y solicito a la subcomisión de examen que recabe los informes correspondientes en las dependencias gubernamentales pertinentes.
Conforme al artículo 12 de la citada ley, el denunciado Carlos Salinas, es sujeto de juicio político en virtud de encontrarse entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de la misma ley.
Por lo expuesto, a esta Cámara del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva: "Primero. Tenerme por presentado ejerciendo la acción popular para denunciar los hechos supradichos y ratificándola en este mismo acto y Segundo. Instruir el procedimiento de juicio político en contra de Carlos Salinas, quien detenta el cargo de Presidente de la República, seguir el procedimiento en la Ley de Responsabilidades referida y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes, remover el fuero constitucional que goza el denunciado y, por último, acusarlo penalmente ante el Senado de la República por el delito de traición a la Patria." Señor Presidente, dejo constancia ante usted y la Asamblea, ante los periodistas aquí acreditados, ante las futuras autoridades de una organización mundial cuyas siglas son OMC, que el de la voz hace directamente responsable de cualquiera dura agresión física o de cualquier otra índole, en contra del que habla o de su familia, al señor Carlos Salinas de Gortari. Muchas gracias.
El Presidente: En uso de la palabra y para el mismo asunto, el diputado Dionisio Pérez Jácome, por 15 minutos.
El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:
Con la venia del señor Presidente: El hecho de que el señor diputado Luis Sánchez Aguilar haya decidido presentar ante el pleno de la cámara su propuesta de juicio político contra el señor Presidente de la República, en vez de limitarse al procedimiento usual de hacer su planteamiento a través de la Oficialía Mayor, nos permite formular algunas consideraciones para desvirtuar categóricamente esa pretensión injustificada.
La denuncia que ha formulado el diputado Sánchez Aguilar revela, además de un profundo rencor contra el señor Presidente de la República cuyo origen ignoro, un desconocimiento absoluto del marco jurídico vigente, constitucional y legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Invoca el demandante los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Constitución General de la República, para demandar juicio político contra el señor Presidente y el evidente que en el artículo 110 que define quienes podrán ser sujetos a juicio político, no se comprende en forma alguna al señor Presidente de la República.
El diputado Sánchez Aguilar esgrime asimismo, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y entre los preceptos que cita menciona el artículo 5o, que remite a su vez al 110 constitucional que ya comentamos, para determinar limitativamente quien puede ser sujeto en un juicio político en el marco jurídico que nos rige y quien no puede ser.
El artículo 111 de la Carta Magna establece el fundamento constitucional de la declaración de procedencia que a su vez desarrolla reglamentariamente el Capítulo Tercero de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al través de sus artículos del 25 al 29.
En estas hipótesis y al enumerar contra quienes se puede proceder penalmente y solicitar ante el Congreso de la Unión su desafuero, distingue también con toda precisión, entre los altos funcionarios y servidores públicos de los tres poderes de la Unión sujetos a este procedimiento y el señor Presidente de la República a quien sólo habría lugar a procesar cuando se actualice lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 108 constitucional que a la letra dispone: El señor Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado
por traición a la patria y por delitos graves del orden.
Concediendo al diputado Sánchez Aguilar, el beneficio de la duda, o mejor aún, supliendo la evidente deficiencia de su queja ya que habla erróneamente de juicio político que en forma alguna puede seguirse contra el Presidente de la República por mandato expreso de la Constitución, podríamos contestarle también que ni con todas las falsas y temerarias imputaciones que su escrito contiene, se actualizan los supuestos jurídicos definitorios de la traición a la patria y de los delitos graves del orden común.
Dice Sánchez Aguilar, que el señor Presidente realizó conductas delictivas al reformar o contrarreformar las normas fundamentales de la Constitución en materia agraria, religiosa, de propiedad social y nacional, educativa y laboral. Para el denunciante, el ejercicio de las facultades legislativas del Congreso de la Unión, no se ha dado en este sexenio; para él, el responsable único de la emisión de las leyes es el Presidente de la República, la división de poderes de un plumazo desaparece y la razón misma de nuestra presencia en este recinto legislativo, carece de toda justificación.
Los procesos de privatización de empresas públicas, con la transparencia y participación plural que se les dio, son sólo actos imputables al Presidente.
La jornada del 21 de agosto, en la que tantos millones de mexicanos participamos, en una expresión democrática que nunca se había dado en medida similar, es sólo un fraude de Estado, y para el denunciante la opinión pública de la nación, de las instancias electorales y de esta propia soberanía, son irrelevantes. Todo, todo fue producto de la voluntad unipersonal de Salinas de Gortari.
No se detiene ahí Sánchez Aguilar, inventa o extrae de su imaginación cifras mágicas que sólo él podría explicar, lleva así la deuda exterior a un monto de 200 mil millones de dólares y el déficit acumulado de la cuenta corriente a más de 110 mil millones de dólares. Cuestiona una vez más el Tratado de Libre Comercio; con todo y la sanción de nuestro senado, para Sánchez Aguilar fue únicamente creación, irresponsabilidad histórica de Carlos Salinas de Gortari.
Finalmente, intenta configurar con supuestos absurdos la comisión del delito de traición a la patria en contra del señor presidente Salinas de Gortari, reconociendo implícitamente que su conducta no podría enmarcarse en la enumeración dispuesta por el artículo 22 constitucional de los delitos graves del orden común, conforme la doctrina unánimemente sustentada por tratadistas de la talla de Raúl F. Cárdenas, de Felipe Tena Ramírez y de Juan José González Bustamante.
Vale la pena examinar el texto del artículo 123 del Código Penal, y específicamente su fracción I que el denunciante invoca, para percatarse de que ninguna de las conductas supuestamente atribuidas al señor Presidente por el denunciante, hay la voluntad de someter la independencia, la soberanía o la integridad de la nación, a una persona, grupo o gobierno extranjeros.
Las diversas fracciones del artículo 123 del Código Penal, tienen ese ingrediente común que la doctrina jurídica de todos los países atribuye al delito de traición a la patria, los actos en favor de una potencia extraña, de un estado extranjero, de un enemigo en el curso de la lucha armada o fuera de ella.
El señor diputado Sánchez Aguilar, con la incongruencia que le caracteriza, la misma que le permite ostentarse como diputado de un partido sin registro, habiendo llegado a esta cámara como candidato plurinominal del respetable Partido de la Revolución Democrática, plantea finalmente su petición a esta Asamblea en términos de iniciar el procedimiento de juicio político en contra de Carlos Salinas de Gortari.
Además de sugerirle muy respetuosamente al señor legislador consulte cuidadosamente los propios preceptos jurídicos que temeraria y desacertadamente invoca, le sugiero analizar los dictámenes resueltos en anteriores legislaturas, con el consenso de diputados de diversos partidos políticos, los que con mucho gusto le mostraré en las oficinas de la comisión que me honro en presidir, en todos ellos se sustenta el criterio que comparten tratadistas de la materia constitucional, de que por mandato expreso de la ley el juicio político no procede en contra del primer magistrado de la nación.
Si la figura del señor Presidente de la República y su extraordinaria obra de gobierno, le
merecen a Sánchez Aguilar sólo los calificativos que se contienen en su documento, con qué claridad nos explicamos la carencia absoluta de respaldo popular para su supuesto partido social demócrata.
No es por el camino del odio o del resentimiento como se gana un lugar en el concierto plural de la democracia. Muchas gracias.
El Presidente: Para rectificar hechos, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, por cinco minutos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente: Siempre me divierte escuchar a mi amigo el licenciado Pérez Jácome. Sus galimatías jurídicas sólo son superados por sus sofismas legaloides que ya no impresionan a nadie, como no sea a la claque diputado Pérez Jácome.
Usted ha venido aquí diputado Pérez Jácome a defender lo indefendible, ha venido a defender un gobierno entreguista, no digo como pocos, como nunca ha habido en la historia de la República. Viene usted a defender, según dijo, la extraordinaria obra de gobierno. Quiero recordarle señor diputado, que el señor Salinas está confeso de haberse aplicado mucho a Chiapas, dice que ahí aplicó lo mejor del Pronasol, el 80% del presupuesto y con la novedad de que el 1o. de enero, los fusiles le contestaron al señor Salinas su opinión sobre la extraordinaria obra de gobierno.
Dice usted señor diputado Pérez Jácome, que se trata de exabruptos de un agraviado, sólo que agraviado señor diputado hay 40 millones de pobres según el INEGI, 20 millones de superpobres según el INEGI, 10 millones de marginados según el INEGI y miles ya sobre las armas en alguna región del país y ésas y los muertos y esa extraordinaria de gobierno ya la calificó las Naciones Unidas al bajarle, como dicen los jóvenes de hoy, el gas al señor Salinas en sus afanes primermundistas. Se cree que por haber ingresado a la OCD ya somos del primer mundo, a lo mejor hubo ahí como dicen en el norte, cochupo. Pero la ONU dice que México está en el lugar número 52; no está pues en la locomotora del primer mundo.
El señor diputado Pérez Jácome sin querer me ha dado la razón, el señor Salinas es imputable de dos delitos en el periodo de su encargo: por traición a la patria que es precisamente el delito que le imputamos, presuntamente cometido durante seis años y también por delitos graves. Yo considero muy grave haber hipotecado a la nación con 200 mil millones de dólares de deuda externa, haber suscrito un Tratado de Libre Comercio en absoluta desigualdad, luego estamos inscritos, insertos en la materia.
Nos habla enajenado el señor Pérez Jácome, de una idílica división de poderes. La división podría empezar hoy gracias a esta legislatura. Pero no será por obra del PRI, licenciado Pérez Jácome, será por obra de la oposición, porque usted vino aquí a defender al señor Salinas diciendo que es un demócrata; es un autócrata. El señor Salinas, es Presidente del PRI, es Presidente de los partidos paraestatales, es Presidente de la Patronal, de la CTM, de la CNC, es el jefe del Ejército, es el jefe de todo como corresponde a un Estado fascista, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado.
Por último, no quiero ser abusivo, su jefe señor Pérez Jácome se llama Carlos Salinas de Gortari. Usted está aquí por él, si no lo palomea, usted estaría en algún lugar de Veracruz o en alguna oscura oficina burocrática. No me venga entonces a decir que es gracias a la gran democracia priísta salinista que hoy nos reunimos en este recinto.
Por último, es la segunda vez que lo digo y les prometo que termino, usted me acusa de no saber cómo se presenta una demanda de juicio político y me quiere usted dar cátedra. Seguramente usted sabe que no soy abogado, pero como humilde ingeniero que soy sé leer y sé que estas denuncias se presentan ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, y me complace informarle, señor Presidente de la Comisión de Gobernación, que en esa hoja y le ruego que me crea, aparece un sello que dice: Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados, Poder Legislativo, Oficialía Mayor, 24 de noviembre, 11.21 A.M. ¿Está usted satisfecho señor diputado Pérez Jácome? Mi despedida, señor licenciado, es la siguiente. Infórmese antes de subir a la tribuna. Yo pensé
que usted, influyente, que estaba en el primer círculo de poder, concluyo que está fuera, que es uno más. Gracias.
ESTADO DE TABASCO
El Presidente: Para otro asunto, ha solicitado el uso de la palabra la diputada María Rosa Márquez, para presentar una denuncia.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Yo sé que después de largas horas de discusión, de muchos diálogos de sordos, muchos ya estamos cansados, pero yo creo que más cansados están muchos campesinos desde hace ya muchos años, en el Estado de Tabasco y por eso, abusando del tiempo, he insisto en presentar esta denuncia.
Vengo a esta tribuna a denunciar que el uso irracional de la explotación y exploración petrolera realizada por Pemex, iniciada ésta en el año de 1978, en continuidad hasta fechas recientes en la zona costera del Estado de Tabasco, particularmente en los municipios del Paraíso, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Huimanguillo, han afectado a 2 mil 800 familias campesinas causando daños irreversibles, tanto en la ecología como en la producción agrícola, ganadera, ostrícola y silvícola.
Los daños han sido ocasionados debido al aumento de agua salada en tierras fértiles de los municipios antes mencionados, colindantes con la zona lagunar. Estos, afectados también por residuos de hidrocarburos debido a la explotación y exploración del petróleo, así como también por una variedad de instalaciones petroleras, lluvias ácidas y desperdicios industriales.
Vale la pena mencionar que en 1984 había un saldo con daños irreversibles de 15 mil 709 hectáreas en siembra y tierra y actualmente existen 85 mil hectáreas en peores condiciones. Este ecocidio no sólo ha afectado a la economía de las familias campesinas, sino ha repercutido en la salud de la población de las comunidades cercanas; ésta se traduce en enfermedades gastrointestinales, como el cólera y tifoidea. Los pozos contaminados de agua de uso doméstico han repercutido principalmente en la salud de los niños y ancianos.
Para esta situación, el sector salud no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con respecto a la cuarta recomendación de la recomendación 100/92, emitida por la comisión antes mencionada.
En materia alimentaria, esta situación ha provocado el aumento de desnutrición en la misma zona.
La ausencia de la autoridad que constitucionalmente es responsable en la solución de esta problemática, no ha respondido, para variar, con apego a la ley y a la razón.
Las 2 mil 800 familias motivadas por el ecocidio, la afectación desmesurada del poder adquisitivo familiar, agobiados por 16 años de no ser escuchados, a pesar de las movilizaciones a esta ciudad, hoy están aquí en el Distrito Federal desde hace ya más de un mes y ni quien se preocupe por ellos.
Plantones, marchas y protestas, desesperados por ser víctimas de la represión a pesar de convenios, acuerdos y la recomendación 100/92 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Siguen luchando por sus justas demandas, sin embargo han sido engañados, reprimidos y amenazados por exigir el respeto al tan citado aquí estado de derecho.
Paralelamente a la recomendación 100/92 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, firmada por el entonces doctor Jorge Carpizo MacGregor, que atiende en los aspectos demandados por los campesinos, se constituyó un convenio de ejecución para el establecimiento de la Comisión Interinstitucional para la Atención de la Recomendación citada, creada por las secretarías de Hacienda y la Sedesol, entre otras, así como Pemex y el gobierno del Estado de Tabasco, representado por el ciudadano Manuel Gurría Ordóñez.
La CIAR 100/92, dispuso de la cantidad de 183 millones 311 mil nuevos pesos. Hacemos la
aclaración que ésta fue la primera partida; de las demás, se tiene poco conocimiento; sin embargo, existe la información de varias fuentes locales sobre más partidas que se cree doblan el monto inicial.
El mal manejo de los recursos por parte del vocal ejecutivo de la CIAR, el señor Noé Pascacio Domínguez y funcionarios de dicha comisión en complicidad con autoridades ejidales y líderes vendidos, así como funcionarios del gobierno del Estado, puso de manifiesto las prácticas de corrupción y prepotencia, costumbres y tradiciones del gobierno local.
En este contexto, los pagos de las indemnizaciones no llegaron jamás a las verdaderas dos mil 800 familias de campesinos. Esta situación ha generado también oportunismo por parte de dirigentes priístas locales durante las coyunturas electorales del 21 de agosto y del 20 de noviembre.
Se hizo proselitismo, como ya fue enunciado, a favor deI PRI mediante el condicionamiento de los pagos de la CIAR en los municipios afectados del Estado de Tabasco.
Por tal situación, exigimos ante esta tribuna espacio natural para resolver con justicia las demandas de la sociedad, el cumplimiento de pago de indemnización total de las tierras y cosechas a las familias campesinas en los municipios afectados.
En este sentido, exigimos la inmediata entrega del dinero que se otorgó en su momento para resolver las demandas de las familias campesinas. Esta debe hacerse por medio de una instancia federal en esta ciudad. Aquí están los campesinos exigiendo que se haga justicia, la que el Gobierno Federal considere pertinente, pero ya, antes del 1o. de diciembre.
Exigimos también se castigue a los autores del fraude y robo hechos a las comunidades campesinas de la zona costera de Tabasco; para tal caso obran las pruebas en la denuncia penal 28/94, por el delito de peculado en la modalidad de desviación de fondos.
Aquí tenemos los acuerdos y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, suscritos por los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, por lo que estas familias exigen solución inmediata a su derecho de pago.
Esta demanda la hacemos nuestra y en calidad de representantes populares exigimos, así es, exigimos, la solución justa e inmediata. Muchas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los puntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
De la próxima sesión.
El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión. «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— LVI Legislatura.
Orden del día 29 de noviembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XXI aniversario luctuoso de don Adolfo Ruiz Cortines, ex presidente de la República, tendrá lugar el 3 de diciembre a las 10.30 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Guerrero.
Oficio de la Secretaría de Gobernación Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Janett Carol
Fuentes Montero, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Elección de la mesa directiva.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría de cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 20.35 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 29 de noviembre a las 11.00 horas.
NOTAS: Siglas y abrebiaturas incluidas en esta edición: Banamex Banco Nacional de México CIAR-100/92 Comisión Interinstitucional para la Atención de la Recomendación 100/92 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales CTM Confederación de Trabajadores de México D.F.
Distrito Federal INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Maseca (Sin aclaración) OMC Organización Mundial de Comercio ONU Organización de las Naciones Unidas PAN Partido Acción Nacional PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Pemex Petróleos Mexicanos PRD Partido de la Revolución Democrática PRI Partido Revolucionario Institucional Pronasol Programa Nacional de Solidaridad Sedesol Secretaría de Desarrollo Social Telmex Teléfonos de México UNAM Universidad Nacional Autónoma de México Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--Oficial Mayor, Artemio Meixueiro Sigüenza.--Director General de Crónica Parlamentaria, Héctor de Antuñano y Lora.--Director del Diario de los Debates, Norberto Reyes Ayala.--Directora de Registro Parlamentario, María de los Angeles Durán de Neumann.--Subdirectora de Informática, Luz María Pineda Ramírez.--Subdirector de Archivo Contemporáneo, Sergio Becerril Herrera.--Subdirectora de Investigaciones Históricas, Araceli De Haro Centeno.--Subdirectora Administrativa, Silvia Zárate Maldonado.--Subdirector de Archivos, José Joaquín Salvador Zamora y Ortiz.--Jefe del Departamento de Apoyo Editorial, Oscar Orozco López.--Impreso en los Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Director General, Antonio Rodríguez Zarco.--Oficinas de la Dirección del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Palacio Legislativo: Avenida Congreso de la Unión s/n, Edificio G, 2o. piso C.P. 15969,Teléfono: 628-13-00 exts.:1367 4223 4221.--Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.