Sumario
Hace uso de la palabra el diputado Ramón Hernández Labastida, para recordar al ex legislador Abel Vicencio Tovar. Se guarda respetuoso minuto de silencio
Invitación a la ceremonia cívica luctuosa del XXI aniversano de la muerte del ex presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines. Se designa comisión
Comunicación del Congreso estatal, con el que se informa de actividades propias de su legisiatura. De enterado.
Comunicación de la colegisladora, con el que se informa de la elección de su mesa directiva para el mes de diciembre. De enterado
El diputado Ricardo García Francisco Cervantes propone la ratificación.de consejeros ciudadanos Se turna a !a Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DE COORDINAClON FlSCAL Iniciativa de reformas que presenta el diputado Juan Antonio García Villa. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Janett Carol Fuentes Montero, preste sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Iniciativa de reformas que presenta el diputado Leonel Godoy Rangel, para el nombramiento del Procurador General de la República. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Expresan sus opiniones los diputados:
María del Rosario Robles Berlanga
Florentino Castro López
Iniciativa de reformas que presenta la diputadaIfigenia Martha Martínez Hernández, respecto al nombramiento del gabinete presidencial. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
De la Comisión Especial de Seguimiento de las Investigaciones en torno al Atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, que presenta el diputado Jorge Efraín Moreno Collado.
Expresan sus opiniones los diputados:
Leonel Godoy Rangel
Efrén Nicolás Leyva Acevedo
Elección de la que actuará en el mes de diciembre de 1994.
Aviso de recepción de invitaciones.
Comunicación sobre el nombramiento de representantes de la primera minoría ante el Consejo General de ese cuerpo colegiado. Se aprueba.
Denuncia que presenta el diputado Joaquín Humberto Vela González, respecto de lo que calificó como destrucción de la zona arqueológica de Teotihucán.
Expresa su opinión el diputado José de Jesús Sánchez Ochoa.
Se turna a las comisiones de Cultura e Información, Gestoría y Quejas.
Para comentar respecto a la necesidad de apoyar a discapacitados en esa entidad, hacen uso de la palabra los diputados:
José Pedro Sánchez Ascencio
Heriberto Santana Rubio, para rectificar hechos.
Carlos Nuñez Hurtado, para rectificar.hechos.
José Pedro Sánchez Ascencio, para réctificar hechos.
José Luis Mata Bracamontes, para rectificar hechos.
José de Jesús Sánchez Ochoa, para rectificar hechos.
Debaten sobre la secuela de las elecciones en esa entidad, los diputados:
Julieta Uribe Caldera
César Raúl Ojeda Zubieta
Leonel Godoy Rangel
La diputadaMartina Montenegro Espinoza recuerda el XL aniversario de la protesta de la primera diputada federal, Aurora Jiménez de Palacios.
Debaten al respecto los diputados:
María Rosa Márquez Cabrera
José Alfonso Pascual Solórzano Fraga
Miguel Angel Islas Chío.
Para rectificar los hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
María Rosa Márquez Cabrera
Martha Guadalupe Cecilia Romero Castillo
Froylán Velázquez Hernández
Primo Rivera Torres
Proposición sobre la integración de comisiones. Se aprueba.
Designación de las que actuarán el 1o. de diciembre, con motivo de la transmisión de poderes.
Sobre la integración del orden del día de la sesión de Congreso General del 1o. de diciembre de 1994.
Presidencia del diputado
Humberto Roque Villanueva
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia.
Señor Presidente, hay una asistencia de 435 diputados, por lo tanto, hay quorum.
El Presidente (a las 12.08 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- LVI Legislatura.
Orden del día
29 de noviembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Proposición de punto de acuerdo.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XXI aniversario luctuoso de don Adolfo Ruiz Cortines, ex presidente de la República, tendrá lugar el 3 de diciembre a las 10.30 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Guerrero.
Comunicación de la honorable Cámara de Senadores.
Planteamientos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación a la elección de consejeros ciudadanos.
Iniciativas de diputados
De reformas a ordenamientos en materia económica, a cargo del diputado Juan Antonio García Villa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De ley para el nombramiento del gabinete, a cargo de la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De ley para el nombramiento del procurador General de la República, a cargo del diputado Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que la ciudadana Janett Carol Fuentes Montero, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Pronunciamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Proposiciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Comisiones protocolarias.
Informe de la Comisión Especial de Seguimiento de las Investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu.
Elección de mesa directiva.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones.
Comentarios sobre la necesidad de apoyar a los discapacitados de Jalisco, a cargo del diputado José Pedro Sánchez Ascencio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre problemática magisterial, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.
Comentarios sobre las elecciones en Tabasco, a cargo de la diputada Julieta Uribe Caldera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Jesús Siller Rojas:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Alejandro Moreno Berry
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos del día veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de cuatrocientos treinta y siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos, en votación económica.
Una comunicación del Congreso del Estado de Aguascalientes, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Se da cuenta con una comunicación de la Oficialía Mayor, de este mismo cuerpo colegiado, con la que remite los expedientes de las resoluciones del Tribunal Federal Electoral, con respecto a los distritos electorales en los que se nulificaron las elecciones en los estados de Veracruz y Puebla. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para sus dictámenes.
A las doce horas, el Presidente decreta un
RECESO
A las catorce horas con veintiún minutos, se reanuda la sesión y la Secretaría da lectura a la proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto a la integración de las comisiones permanentes, misma que, en votación económica, se aprueba.
También se da lectura a una proposición para la formación de las comisiones de: Fortalecimiento Municipal, Participación Ciudadana, Atención y Apoyo a Discapacitados y Desarrollo Social, misma que se aprueba en votación económica y se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para su integración.
Para expresar sus respectivas opiniones acerca de la actuación y renuncia del Subprocurador General de Justicia, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura, del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Antonio Lozano Gracia, del Partido Acción Nacional; José Mauro del Sagrado Corazón González Luna, del Partido de la Revolución Democrática, quien informa que su grupo parlamentario entregó a la Oficialía Mayor, solicitud de juicio político en contra del Procurador General de Justicia de la Nación; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo; Manuel Marcué y Pardiñas, del Partido de la Revolucionario Democrática, para rectificar hechos; Luis Sánchez Aguilar, motu propio, para rectificar hechos; Jorge Humberto Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional y Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, respecto del mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática; Hirám Escudero Alvarez, del Partido Acción Nacional; Serafín Núñez Ramos, del Partido del Trabajo; José Castelazo y de los Angeles, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Díaz y Pérez Duarte y Marco Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática.
Continúa el debate y suben a la tribuna los diputados: Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional; Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia del diputado Netzahualcóyotl de la Vega García
Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; Marcelo Ramírez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Alberto Rico y Samaniego, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Ana Lilia Cepeda de León, del Partido de la Revolución Democrática; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Juan Salgado Brito, del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia del diputado Alejandro Moreno Berry
René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Saúl González Herrera, del Partido Revolucionario Institucional y Gaspar Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
La Secretaría da lectura a la proposición de los grupos parlamentarios, para integrar las comisiones especiales de seguimiento de los atentados en los que perdieron la vida los licenciados Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, así como de los asuntos del Estado de Chiapas y la correspondiente a la enmienda ciento ochenta y siete, mismas que en votación económica se aprueban.
Para comentar la reforma electoral en el Estado de Guanajuato, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Miguel Segura Dorantes, del Partido Acción Nacional; José de Jesús Padilla Padilla, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Enrique Dávila y Juárez, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos en dos ocasiones y Humberto Meza Galván, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar, quien motu propio, presenta denuncia de juicio político en contra del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.
Para expresar su opinión sobre este asunto, sube a la tribuna el diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional y, posteriormente, el diputado Sánchez Aguilar, para rectificar hechos.
Para denunciar hechos en los que se involucra a Petróleos Mexicanos, en el Estado de Tabasco, hace uso de la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con cuarenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
HOMENAJE LUCTUOSO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Miguel Hernández Labastida.
El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida:
Señor Presidente, solicito atentamente se sirva poner orden en la sala.
El Presidente:
Tiene usted razón, señor diputado.
Ruego a los asistentes a este salón de sesiones guardar el orden que requiere el orador para hacer su intervención. Se ruega a las personas que no sean diputados nos hagan el mismo favor de prestarnos su atención.
El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Es para mi un gran honor recordar ante ustedes y en esta tribuna, la más alta de la nación, a un gran amigo, a un hombre y político, Abel Vicencio Tovar, quien... en este 26 de noviembre, terminó la existencia de la parte temporal de su vida eterna, como citara nuestro presidente nacional el licenciado Castillo Peraza.
Abel Vicencio Tovar fue un líder natural que acrecentó sus dotes personales con férrea voluntad que puso al servicio de las mejores causas de México y de su fe. En efecto, desde temprana edad Abel Vicencio mostraría su interés y su inquietud por un México mejor, pues mientras estudiaba derecho, abrazaría los ideales de la ACJM, Asociación Católica de la Juventud Mexicana, optando desde entonces, por vivir plenamente los principios que lo impulsarían a trabajar por Dios y por la patria, ideales que practaría hasta el fin de su vida.
En esa lucha social cristiana se encontraría con la dama que le acompañaría por el resto de su existencia, pues ella, al igual que Abel, en la ACJM, presidía la JCFM, La Juventud Católica Femenina Mexicana a nivel nacional; organizaciones de donde ambos habrían de culminar su meta de lograr una sólida familia y ejemplar, fruto de su amor y generosidad.
Pero el ser, crecer y trascender lo impulsó a entregarse a la docencia en la universidad, obteniendo tan sólo hace un mes el galardón y reconocimiento por sus 40 años como catedrático de la facultad de Contaduría y Administración, así como por sus 37 años en la cátedra de la facultad de Derecho y por sus últimos años en la cátedra de posgrado de la propia facultad de Derecho.
Como ejemplo de su labor editorial quedan sus publicaciones, Principios de Sociología, Oposición, Cambio y Poder y La Reforma del Estado, así como las innumerables colaboraciones semanales en Excélsior, a través de las cuales externaría sus profundas y doctas opiniones sobre la problemática nacional.
Vendrían después más de 40 años de entrega en la vida pública de México, como político, ideólogo y legislador, desde esta trinchera de Acción Nacional. Ahí ocuparía diversos cargos como dirigente, a todos los niveles, tanto como consejero nacional o consejero del Distrito Federal, como a nivel distrital, representante ante la Comisión Federal Electoral y ante el Consejo Local del IFE, pero su culminación sería la presidencia del partido, cargo que ostentó por seis años en los que reflejaría su espíritu indómito de servicio, su carácter, su entereza, su fortaleza moral para, como el herrero, forjar los eslabones que unieran al partido ante circunstancias adversas que amenazaban con fracturarlo.
Su profundo humanismo lo haría destacar la calidad del hombre, susceptible de elevarse a lo más excelso, ¡ah!, pero también capaz de defender a lo más abyecto, pero siempre con esa capacidad y posibilidad de recuperarse y de superarse. Así, paulatinamente iría fortaleciendo las estructuras internas del partido, los movimientos femenino y juvenil y promovería fundamentalmente, la capacitación de la membresía, dando pauta para sentar las bases hacia la profesionalización, modernización y el éxito del Partido Acción Nacional.
Su gestión como legislador lo proyectó como una figura señera, brillando con luz propia, protagonista relevante y respetable en la lucha por dignificar esta Cámara de Diputados, en su afán por lograr la reforma del Estado y en su incansable espíritu por avanzar en la democratización de nuestro México querido.
Recordar algunas facetas de Abel, el que se abran los paquetes y verlo bajar los sótanos de esta Cámara hace seis años, o esa lucha sin cuartel por democratizar y regionalizar la privatización de la banca y no podemos olvidar esa anatema cuando lo lanzó desde esta tribuna: "Usted será ilegítimo hasta el fin de los tiempos...".
Y ante la reforma electoral, constataría: "A pesar de todo seguiremos corriendo riesgos".
Los caminos tienen muchas vertientes; México, a pesar de todo, no es un árbol de una sola raíz ni de una sola corriente.
Abel Vicencio Tovar empezó su lucha como el más aguerrido de los soldados, siempre sirviendo y la terminó como el más heroico de los capitanes, sirviendo siempre.
No retrocedió ante nada, la enfermedad y el dolor, no lo vencieron y cuando la muerte se atravesó en su camino, no la rehuyó y fue hacia ella, abrazado a la cruz que le había deparado la vida.
Reciba, Elenina, su señora esposa, nuestra amiga y compañera diputada, doña María Elena Alvarez de Vicencio, así como su apreciable familia, nuestro sentimiento, nuestro reconocimiento y nuestro afecto.
Señor Presidente, en nombre de los cuatro grupos parlamentarios, del diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, del Partido Acción Nacional; del diputado Humberto Roque Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; del diputado Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; solicito a usted tenga a bien decretar el acuerdo de un minuto de silencio en memoria de tan digno y respetable legislador y gran mexicano: ¡licenciado Abel Vicencio Tovar!
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:
En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente:
Se invita a todos los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio, en memoria de Abel Vicencio Tovar, diputado a la LIV Legislatura.
(Se guarda un minuto de silencio.)
El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida:
Muchas gracias.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:
Se va a dar lectura a una invitación.
«Diputado Humberto Roque Villanueva. Presidente de la Cámara de Diputados. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del XXI aniversario luctuoso de don Adolfo Ruiz Cortines, ex presidente de la República, que tendrá lugar ante la tumba que guarda sus restos, junto al lote de las Aguilas Caídas del Panteón Civil de Dolores, Delegación Miguel Hidalgo, el día 3 de diciembre a las 10.30 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de esa Cámara de Diputados, que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva dar al presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica, licenciado Gerardo González Camarena.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta cámara, se designa al diputado Guillermo Zúñiga Martínez.
ESTADO DE GUERRERO
El secretario Serafín Núñez Ramos:
«Escudo Nacional. Honorable Congreso del Estado de Guerrero. LIV Legislatura.
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Para los efectos procedentes, me permito comunicar a usted, que previas las formalidades de ley, la LIV Legislatura al honorable Congreso del Estado, en sesión de esta fecha, tuvo a bien elegir la mesa directiva, que fungirá del 15 de noviembre al 14 de diciembre del presente año, dentro del primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, misma que quedó integrada de la siguiente manera: diputados César Flores Maldonado, presidente; Hesiquio Bravo Fernández, vicepresidente; Saúl Acevedo Dionisio y Ramiro Alonso de Jesús, secretarios propietarios; Santiago Salazar Bautista y Bernardo Ranferi Hernández A., secretarios suplentes.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chilpancingo, Guerrero, a 8 de noviembre de 1994. Oficial Mayor del honorable Congreso del Estado, licenciado Emilio I. Ortiz Uribe.»
De enterado
CAMARA DE SENADORES
El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores. México, D.F.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que en sesión pública, celebrada en esta fecha, se eligió la mesa directiva, que funcionará durante el segundo mes del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LVI Legislatura, senadores: José Luis Soberanes Reyes, presidente; José Angel Conchello Dávila y Guillermo del Río Ortegón, vicepresidentes; Mario Vargas Aguiar, Natividad Jiménez Moreno, Alicia López de la Torre y Auldarico Hernández Gerónimo, secretarios; Héctor Hugo Varela Flores, Jorge Polanco Zapata, Luis González Pintor y Margarita Gómez Juárez, prosecretarios.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de noviembre de 1994. Senadoras María Elena Chapa Hernández y Lucía Carrasco Xochipa, secretarias.»
De enterado
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer un planteamiento sobre la elección de consejeros ciudadanos.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Acudo a esta tribuna a plantear un asunto, de previa y especial resolución.
Durante el mes de mayo de 1994, el Congreso de la Unión realizó diversas reformas constitucionales y legales en materia electoral, especialmente lo referente a la nueva conformación de los órganos de dirección del Instituto Federal Electoral, creando la figura de consejeros ciudadanos que sustituyeron a los anteriores consejeros magistrados.
La reforma al artículo 41 constitucional eliminó la facultad del Presidente de la República, de proponer a esta cámara los nombres de los consejeros magistrados para su aprobación y en su lugar se otorgaron facultades a los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados, para proponer ciudadanos de reconocido prestigio, capacidad y honorabilidad, que reúnan los requisitos similares a los que se exige para ser ministro de la corte, con excepción de la profesión de abogado y fueran propuestos por consenso y aprobados por votación calificada de esta Asamblea.
De esta forma se aprobó la designación de seis consejeros ciudadanos con sus respectivos suplentes.
Para la elección de los primeros consejeros, el Cofipe, estableció un artículo transitorio que señala lo siguiente:
"Artículo tercero. Los consejeros ciudadanos que actuarán en el Consejo General del Instituto Federal Electoral para el proceso electoral federal de 1994, durarán en su cargo hasta el 30 de noviembre de 1994 y podrán ser ratificados. La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión procederá a ratificar, o en su caso nombrar, a los consejeros ciudadanos para el periodo 1994-2002 en su primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de su ejercicio." En consecuencia, esta Asamblea deberá proceder conforme al mandato legal a ratificar a los consejeros ciudadanos o a nombrar otros.
Acción Nacional ha insistido en forma reiterada que deben existir condiciones adecuadas para que los consejeros que forman parte de los organismos electorales, actúen con la imparcialidad que requiere una competencia electoral justa y equitativa para todos.
El PAN votó a favor de una reforma que iguala la participación de los representantes de todos los partidos y otorga mayores facultades en la toma de decisiones a los consejeros ciudadanos y ha señalado que la reforma deberá profundizarse a toda la estructura del servicio profesional electoral, a los consejos locales y distritales para que actúen personas idóneas y honestas.
Señalamos el acierto en la designación de los primeros seis consejeros: Santiago Creel Miranda, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg Karakowsky, Miguel Angel Granados Chapa, Fernando Zertuche Muñoz; porque han demostrado durante el desempeño de su encargo, capacidad y valor civil suficiente para afrontar y sostener con independencia de criterio sus opiniones, además de acreditar objetividad para analizar hechos e imparcialidad para tomar decisiones.
De esta forma entendieron que los principios rectores del proceso electoral, plasmados en la Constitución: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, no son solamente expresiones líricas, sino fundamentalmente principios que obligan a las autoridades electorales ajustar su conducta en sus determinaciones.
Para Acción Nacional no es solamente satisfactoria su actuación por las razones señaladas, sino que además tuvieron que enfrentar múltiples presiones de quienes aún no entienden que en este ámbito las cosas deben cambiar para que las condiciones de competencia electoral sean más justas y equitativas para todos los contendientes.
Baste recordar el informe que el Consejo General del lFE ordenó a los consejeros ciudadanos sobre el proceso electoral para ser enviado al Colegio Electoral como informe oficial. Este magnífico trabajo es el mejor testimonio de responsabilidad con el que han enfrentado su encargo.
El amplio documento es un aporte valioso de los consejeros ciudadanos para corregir deficiencias observadas durante el proceso electoral, además de ser propositivo en diversas materias para las que se plantean reformas que merecen ser tomadas en cuenta.
Aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestra solidaridad con el consejero ciudadano Santiago Creel Miranda, que en días pasados sufriera un cobarde atentado en las afueras de su domicilio particular, a manos de dos sujetos armados que lo amagaron apuntándole en la cabeza y despojándolo de su vehículo. Además ha sido víctima de una serie de amenazas telefónicas que seguramente pretenden amedrentar a quienes como él han dado testimonio de honestidad en el desempeño de su encargo.
Condenamos éste y cualquier acto de violencia o presión que pretenda intimidar a quienes dignamente ejercen sus libertades. Desde esta tribuna repudiamos los hechos y exigimos su esclarecimiento.
Por lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas por los artículos 41 párrafo decimoctavo y 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los diputados federales que integran el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se permiten proponer la ratificación de los consejeros ciudadanos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el periodo 1994-2002, de acuerdo al siguiente
«PROYECTO DE DECRETOUnico. Son consejeros ciudadanos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el periodo 1994-2002 las siguientes personas:
Propietarios: Santiago Creel Miranda, Miguel Angel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg Karakowsky y Fernando Zertuche Muñoz; suplentes: Jorge Adame Goddard, Rodolfo Fernando Peña Villanueva, Jaime González Graf, José Luis Soberanes Fernández, Rafael Estrada Sámano y Luis Ponce de León Armenta.
TRANSITORIOUnico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F. a 29 de noviembre de 1994. Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: Fernando Antonio Lozano Gracia, Ricardo Francisco García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Rodolfo Elizondo Torres, Cecilia Romero Castillo e Hiram Escudero Alvarez.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Perdóneme señor diputado, en este momento no hay lista de oradores, solamente se solicita la palabra para rectificar hechos cuando hay qué rectificar a un orador. En este caso es una propuesta de iniciativa. Le ruego esperar el turno para rectificar hechos.
LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Antonio García Villa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa de reformas a ordenamientos en materia económica.
El diputado Juan Antonio García Villa:
«Iniciativa de Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para Incrementar las Participaciones en Impuestos Federales, Estados y Municipios.
Los suscritos, diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa para reformar diversos preceptos de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de incrementar las participaciones a los estados y municipios en la tributación federal, conforme a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOSEl perfeccionamiento del sistema nacional de coordinación fiscal debe promover, como corresponde a un auténtico federalismo, el fortalecimiento de las haciendas públicas estatales y municipales, sin que ello signifique el deterioro o desequilibrio de las finanzas de la Federación. Frente a esta aspiración, nadie ignora que sigue siendo una realidad inobjetable de nuestra vida pública nacional, la excesiva concentración de facultades y de recursos a favor del ámbito federal, lo que ha representado la principal causa de atraso y desequilibrio en el desarrollo regional.
La actual política de coordinación fiscal, impulsada por el Gobierno Federal con el fin de homogeneizar el sistema nacional tributario, exigió a los estados suspender el ejercicio de su potestad tributaria, al obligarlos al sacrificio de diversas fuentes de ingreso propio. Por ello, a partir de 1980, se implantó un esquema impositivo único, en el que prácticamente todas las decisiones en materia fiscal son tomadas por el Gobierno central e impuestas a los estados en forma unilateral.
El sistema nacional de coordinación fiscal basó su éxito inicial, pues lo tuvo, en la implantación del impuesto al valor agregado, por el sacrificio que éste significó para los contribuyentes, así como en la ya mencionada suspensión de la potestad tributaria local, que representó a su vez un severo sacrificio de los poderes estatales. El sistema ha evolucionado, en los tres lustros que lleva, de forma tal que en términos reales se han estancado las participaciones que de la recaudación federal participable se destinan a las haciendas públicas estatales y municipales. Así, por ejemplo, en 1988, el ingreso total tributario de la federación representó el 12.3% del producto interno bruto, proporción que se incrementó a 13.6% en 1993; sin embargo, en este mismo lapso, es decir, de 1988 a 1993, las participaciones que de los impuestos federales recibieron los estados y municipios se mantuvieron en el 3.1% del propio producto interno bruto.
En la actualidad, además del mencionado estancamiento en los ingresos estatales y municipales provenientes de la participación en impuestos federales, la política de coordinación fiscal y la mecánica establecida por la ley para la distribución de los recursos, manifiestan la influencia de variables que obran en detrimento de estados y municipios, esto es, en perjuicio de los principios políticos del auténtico federalismo.
Como resultante de todo lo anterior, el actual sistema de participaciones presenta los siguientes defectos:
1o. Es un instrumento ineficaz y desequilibrador del desarrollo regional, pues en tanto el ámbito federal ha presentado finanzas superavitarias, las haciendas locales tienen un crónico y creciente déficit. Es aberrante y riñe con un verdadero federalismo que mientras el Gobierno central se ufana de tener recursos excedentes y del supuesto buen uso de los mismos, en medio de un mar de necesidades como padece la nación, las entidades que dieron origen al pacto federal se debatan entre la pobreza y la miseria.
2o. Ha mantenido en los mismos niveles, en términos relativos, es decir, en franco estancamiento, la proporción de la recaudación nacional participable destinada a estados y municipios.
3o. En forma unilateral, el Gobierno central ha impuesto y modificado, prácticamente a su antojo, el monto de las participaciones y la forma como éstas se distribuyen.
4o. Ha establecido una política de redistribución de recursos que en nada propicia la solución del problema financiero de las entidades de acuerdo a principios o criterios auténticamente federalistas, pues ha impulsado procedimientos conforme a los cuales se atienden los requerimientos de algunas entidades, es cierto, pero siempre con perjuicio de otras y nunca con sacrificio solidario del Gobierno central.
5o. La fórmula de asignación de participaciones a los estados ha resultado injusta, al tomar como referencia impuestos federales que no reflejan, ni siquiera remotamente, la actividad económica de las propias entidades y por ende su respectiva potencialidad contributiva.
6o. Carece de transparencia, toda vez que las entidades federativas no tienen a su alcance, la posibilidad de obtener y validar la información relativa a los impuestos federales asignables que han sido recaudados en su territorio.
Por lo anterior, los diputados de Acción Nacional consideramos urgente la aplicación de principios que hagan verdaderamente equitativa la distribución de recursos, conforme a los siguientes criterios:
Incrementar sustancialmente las participaciones a estados y municipios en la recaudación tributaria federal, no sólo para compensar el sacrificio en su potestad tributaria que se les exigió al adherirse al sistema de coordinación, sino para promover la necesaria y desde luego efectiva, descentralización que reclama nuestra vida pública, en consonancia con el principio federalista entendido en su verdadera acepción y no como un mero pronunciamiento retórico.
Contribuir a garantizar una asignación de recursos justa y equitativa a los estados de menor desarrollo.
Asignar estímulos a los estados que incrementen la recaudación participable federal en su respectivo territorio.
Considerar, en su justa proporción para la asignación de participaciones, el nivel de actividad económica de las entidades federativas, esto es, la contribución de cada Estado a la recaudación total federal.
Los autores de la iniciativa tenemos presente que una solución de fondo y de largo plazo amerita una reforma a nuestro marco constitucional. Al efecto, recordamos la iniciativa que sobre esta materia presentaron en diciembre de 1992, los diputados de Acción Nacional en la anterior legislatura. No obstante, conscientes de la urgencia de iniciar la solución al problema que para los estados representa el estancamiento de sus niveles de participación en los impuestos federales, proponemos por lo pronto la reforma a diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, en la línea de los criterios que ya hemos apuntado para dar vigencia al federalismo fiscal.
Hacemos notar que el sentido de nuestra iniciativa va también en la línea de los "Veinte Compromisos por la Democracia", que durante la pasada campaña electoral suscribieron la mayoría de los candidatos presidenciales, entre ellos, el recientemente declarado presidente electo.
Dichos compromisos corresponden a los números 11, 12 y 13 que a la letra establecen la necesidad de:
"11. Elaborar una nueva legislación tributaria a nivel nacional que redistribuya las atribuciones fiscales entre los tres niveles del Gobierno y permita duplicar, en términos relativos, los ingresos de los estados y triplicar los de los municipios.
12. Asignar el gasto federal destinado a combatir, la pobreza en proporción directa a su incidencia y grado en cada municipio del país, dejando bajo la responsabilidad directa del municipio la ejecución de los programas.
13. Descentralizar hacia los gobiernos estatales y municipales, funciones administrativas y servicios públicos que actualmente realiza el Gobierno Federal en su territorio."
La iniciativa que hoy presentamos propone incrementar el fondo general de participaciones del 18.51% actual, al 40% de la recaudación federal participable para estados y municipios. Para evitar la generación de desequilibrios difíciles de amortiguar, el aumento que se propone en favor de las finanzas locales será gradual hasta alcanzar en el cuarto año, es decir, en 1998, el mencionado 40%.
La proposición es perfectamente viable, pues está respaldada en la experiencia de otros países, tanto de similar, como de diferente grado de desarrollo al nuestro. En efecto, mediante la aplicación de diversos sistemas de reparto de sus ingresos tributarios, diferentes países han diseñado políticas de desarrollo de mayor alcance, justamente, sobre bases de independencia financiera y fiscal. Estos son los casos de Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Alemania, España, Austria y Suiza, entre otros.
La disminución en las disponibilidades financieras del Gobierno Federal, implícita en la iniciativa, podrá ser compensada mediante la transferencia a las entidades, también gradual y por supuesto coordinada, de diversas funciones ahora a cargo de la federación, pero que pueden y deben ser mejor atendidas por la autoridad local, como son las relativas a la edificación y mantenimiento de escuelas, la enseñanza para adultos, los programas ecológicos susceptibles de ser administrados por los gobiernos estatales y municipales, así como la obra pública local ahora ejecutada con fondos del Programa Nacional de Solidaridad, entre otras, el pavimentado de calles, la construcción de banquetas, canchas deportivas e instalación de alumbrado público.
La iniciativa propone, asimismo, cambios en la fórmula de distribución de participaciones, para que ésta sea expresión auténtica del desarrollo nacional y busque el reparto del ingreso de manera equitativa, racional y oportuna.
De ninguna manera, la fórmula que se está proponiendo, pretende cancelar los recursos adicionales que las entidades con desequilibrios económicos requieren, sino fortalecer la idea de que dichos recursos, en forma subsidiaria, provengan de la hacienda federal y no de ingresos que por su origen corresponden a otras entidades federativas.
Un criterio hoy relevante en la distribución de participaciones, es el poblacional, con base en el cual se reparte el 54.83% del fondo general de participaciones. La iniciativa propone disminuir gradualmente el peso específico de dicho criterio hasta hacer que llegue al 20%, en 1998.
La variable poblacional, con la ponderación que hoy tiene en la fórmula para distribuir las participaciones, ha instaurado prácticas inequitativas para unas entidades e inadmisibles ventajas para otras. Por ello, se propone que el criterio preponderante en la fórmula sea la actividad económica de cada Estado por ser, indubitablemente, la que mejor refleja su capacidad contributiva.
La nueva fórmula de distribución de recursos debe contener mecanismos de resarcimiento y compensación, en favor de los estados que pudiesen resultar afectados con la aplicación de los nuevos criterios.
Por ello, se propone que la reserva de contingencia, prevista por el artículo 4o. de la ley, sea del equivalente al 1% de la recaudación federal participable, en lugar del 0.25% que hoy la integra. Durante los primeros años, parte del incremento bien puede provenir de los recursos derivados del programa de privatización de entidades paraestatales, con los cuales se ha formado el llamado fondo de contingencia.
Además, la Ley de Coordinación Fiscal deberá adecuarse para que los fondos provenientes de dicha reserva se hagan llegar con oportunidad a las entidades, en lugar del procedimiento diferido que en perjuicio éstas se aplica conforme al sistema vigente.
Por otro lado, la iniciativa supone también el incremento de las haciendas locales por la vía de la ampliación de sus facultades en materia administrativa y de fiscalización, en los rubros cuyo control hoy se reserva la Federación.
En efecto, para que funcionen los criterios de distribución en que se basa esta propuesta, se hace necesario que las entidades y la Federación establezcan nuevos acuerdos de tipo administrativo que otorguen a los estados la administración integral de algunos impuestos federales, como el del valor agregado y el especial sobre producción y servicios, así como la fiscalización de otros, como sobre la renta, al activo y sobre automóviles nuevos.
Lo anterior, además de fortalecer la colaboración, incrementará considerablemente la recaudación federal participable, dará a las entidades un mejor control sobre sus fuentes de asignación, así como la oportunidad de aumentar anualmente su eficiencia recaudatoria, en beneficio tanto del nivel federal, como de las propias entidades.
Las ventajas del presente planteamiento residen en el esfuerzo conjunto que Federación y estados sean capaces de desarrollar. Busca el fortalecimiento de las haciendas locales, su autonomía y el incremento de sus recursos, lo que deberá reflejarse también en indudables beneficios para el ámbito federal.
El federalismo auténtico es la forma de gobierno que significa "una división de la tarea". Es la acción subsidiaria que tiene límites en las facultades y competencias de los distintos órdenes de gobierno, pero previene mecanismos que permiten la atención de necesidades y carencias que no están en condiciones de solventar las esferas a las que en principio corresponden y quedan por ello a cargo de la acción supletoria del órgano superior.
El federalismo que sostenemos y al que aspiramos es aquel que favorece el libre ejercicio de competencias, el cumplimiento eficaz de responsabilidades, la autonomía financiera estatal, la efectiva división de poderes y el respeto a la libertad municipal. No debe resultar extraño que el sistema que hace nugatorios estos valores, tenga evidentes manifestaciones de sujeción política, autoritarismo y férreo control administrativo del poder central sobre las autoridades locales.
La proposición que hoy hacemos, pretende ser un avance hacia una nueva dinámica en la relación entre la Federación, estados y municipios.
En modo alguno se pretende perjudicar a unos para beneficiar todavía más a los ya beneficiados con el actual sistema, sino hacer a todos más responsables y capaces de sus actos, derechos y atribuciones, sustento real del federalismo que la nación hoy reclama con urgencia.
Por lo expuesto y en uso de las facultades que nos confiere la fracción ll del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales del Partido Acción Nacional, nos permitimos someter a la Cámara de Diputados el siguiente:
PROYECTO DE DECRETOArtículo 1o. Se reforman los artículos 2o., en su primer párrafo y en sus fracciones I, primer párrafo y ll; 3o. en su último párrafo y 4o., primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 2o. El fondo general de participaciones se constituirá con el 40% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.
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I. El 20% del mismo, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.
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II. El 80% en los términos del artículo 3o. de esta ley Artículo 3o.
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Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los impuestos asignables a que se refiere este artículo será la recaudación de los impuestos federales sobre la renta, al valor agregado, al activo, especial sobre producción y servicios, sobre tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos.
Artículo 4o. "Se crea una reserva de contingencia consistente en un monto equivalente al 1% de la recaudación federal participable de cada ejercicio. Esta reserva se distribuirá en anticipos y ajustes con la misma periodicidad establecida por el artículo 7o. para los anticipos y ajustes correspondientes al Fondo General de Participaciones, y se utilizará para apoyar a aquellas entidades cuya participación en los fondos general y de fomento municipal a que se refieren los artículos 2o. y 2o.-A, fracción lll, inciso a) de esta ley, no alcance el crecimiento experimentado por la recaudación federal participable del año respecto a la de 1994. La reserva se distribuirá para garantizar un crecimiento en las participaciones igual al de la recaudación federal participable".
Artículo segundo. Se deroga la fracción lll del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
TRANSITORIOSArtículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1995.
Artículo segundo. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o. de esta ley, se estará a las siguientes disposiciones transitorias:
1. Durante los años de 1995 a 1997, en lugar de los porcentajes a que se refieren el primer párrafo y las fracciones I y ll del artículo 2o. de esta ley, se aplicarán los siguientes:
Año Primer párrafo Fracción I Fracción II 1995 25% 40% 60% 1996 30% 34% 66% 1997 35% 27% 73%Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 29 de noviembre de 1994. diputados Audomaro Alba Padilla, Ricardo Francisco García Cervantes, Carlos A. Nuño Luna, José J. Durán Ruiz, Juan Antonio García Villa, Salvador Becerra Rodríguez, José L. Aguilar Martínez, Salvador Beltrán del Río M., David Vargas Santos, Rodolfo Elizondo T., Miguel Alberto Segura D., Marcos E. Parra G., Hugo Meneses Carrasco, Martín Hernández Balderas, Gerardo De J. Arellano Aguilar, Nohelia Linares González, J. Antonio Tallabs, Jorge González González, Jorge H. Padilla O., Manuel Beristáin Gómez, Luis Andrés Esteva M., Jesús Carlos Hernández Martínez, Raúl Ríos Magaña, Alejandro Zapata Perogordo, Alejandro Higuera Osuna, Luz de Jesús Salazar Pérez, Alicia Céspedes, Julián García Noriega, José Arturo Quiroz P., Víctor Manuel Palacios Sosa, Luis F. Mena Salas y Javier Ortega E.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de ley para el nombramiento del gabinete....
Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel...
Continúe la Secretaría, con los asuntos en cartera.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:
Oficio de la Secretaría de Gobernación: «Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 9 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Me permito hacer referencia a su amable comunicación número 1363 del 26 de octubre del año en curso, a la que adjuntó las peticiones de dos connacionales que solicitaron, el pasado mes de septiembre, prestar sus servicios a la Embajada de los Estados Unidos de América en la ciudad de México. Sobre el particular, anexo al presente me permito enviar a usted nuestro oficio DAN-03012 con fecha de hoy, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana Janett Carol Fuentes Montero.
Lo que hago del conocimiento de usted para los fines legales procedentes y en atención a su oficio número 55-II-3-806 de fecha 26 de octubre próximo pasado, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración".
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 22 de noviembre de 1993. Por acuerdo del Secretario, el director general de gobierno, licenciado Luis Raúl González Pérez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de ley para el nombramiento del Procurador General de la República.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Con su permiso, señor Presidente; señores secretarios; Cámara de Diputados:
Los diputados federales abajo firmantes, presentamos por su conducto, una reforma y adiciones al artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Carta Magna, con base en las siguientes
CONSIDERACIONESPrimero. Es indudable que los mexicanos estamos muy perceptibles ante los desafíos que se presentan en materia de seguridad pública y justicia. Reclaman una profunda modificación a nuestro sistema de justicia, tanto en su normatividad jurídica como en su aparato.
Segundo. Todos sabemos que el sistema mexicano de justicia penal se integra por la Procuración de justicia, Administración de Justicia y la ejecución penal. El Ministerio Público es el responsable de la procuración, los jueces de la administración y los directores, alcaldes, cuerpos técnicos y custodios, del sistema penitenciario.
Tercero. Hoy vivimos la crisis más profunda en el sistema de justicia. Sin embargo, por los crímenes de destacados hombres, es más grave en materia de justicia penal. Por ello debe de enfrentarse de inmediato.
Cuarto. Reconocemos que se requiere un cambio integral del sistema de justicia penal, que debe pasar por todas sus esferas. Pero es urgente, a nuestro juicio, proceder de inmediato en el ámbito de la procuración de justicia, del Ministerio Público Federal y de quien lo preside: el Procurador General de la República.
Quinto. Vale la pena recordar que en el desarrollo histórico de la institución del Ministerio Público en México, éste ha sido miembro del Poder Judicial, después salió de su esfera e ingresó al del Poder Ejecutivo, no sin resistencias de destacados juristas, mismos que con otros nuevos, plantean que debe separarse o en su caso guardar independencia del titular del Ejecutivo.
Sexto. Indudablemente que si de acuerdo a nuestro sistema jurídico, el Procurador General de la República, preside al Ministerio Público de la Federación, con la fórmula de elección aquí propuesta, podría darle el sello de independencia hacia abajo en la institución ministerial con los servidores públicos subordinados a aquél, nombrados y removidos libremente por él mismo.
Por lo anterior presentamos el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 102, APARTADO A, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.Artículo único. Se reforma el artículo 102, apartado A, párrafo primero y se adiciona el artículo 102, apartado A, con dos párrafos, que serían el segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 102-A. La ley organizará al Ministerio Público de la Federación, que será presidido por un procurador y cuyos servidores públicos serán nombrados y removidos por aquél. El procurador general deberá reunir los mismos requisitos que la Constitución señala para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Procurador General de la República, será electo por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por el Presidente de la República. Si no se alcanza esta mayoría calificada, se presentará una nueva terna para el mismo efecto y si en este segundo caso tampoco se obtuviera la votación requerida, procederá la cámara a elegir por mayoría simple, de entre todos los propuestos.
La ley establecerá las reglas y procedimientos.
En cada periodo de sesiones ordinarias, el Procurador General de la República acudirá a la Cámara de Diputados a rendir un informe sobre el estado que guarda la procuración de justicia federal.
ARTICULOS TRANSITORIOSArtículo primero. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.
Artículo tercero. En caso de que se haya nombrado Procurador General de la República, en los términos previstos en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de la reforma y adición, continuará en su cargo, hasta en tanto se expida la ley que contemple las reglas y procedimientos de la elección, que deberá ser a la brevedad posible.
Palacio Legislativo. San Lázaro, 29 de noviembre de 1994. Rúbricas.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LABOR PRESIDENCIAL
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Rosario Robles Berlanga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un pronunciamiento.
La diputada María del Rosario Robles Berlanga:
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
El día de hoy, es el último en que sesiona esta cámara en que se encuentra al frente del Ejecutivo Carlos Salinas de Gortari. En unas horas habrá de realizarse la transmisión de poderes, por ello, el Partido de la Revolución Democrática desea hacer las siguientes consideraciones:
Tres presidentes de México compiten en el siglo, con su impopularidad, por su autoritarismo y por su capacidad para desatar procesos generalizados de violencia, dos de ellos y sin ser parientes, de apellido Díaz; el tercero se llama Carlos Salinas de Gortari, quien deja tras de sí 300 muertes del perredismo, varias decenas de periodistas victimados, un país convulsionado y al borde de la guerra civil, una pobreza generalizada y humillante, un Tratado de Libre Comercio que es partera de la 187, una reforma rural dirigida a desmontar al sector social y campesino, pactos de estabilidad y crecimientos que atentaron permanentemente contra la sobrevivencia y bienestar de los trabajadores, el homicidio de un cardenal, asesinatos magnos que aparecen como un ajuste de cuentas al interior de la clase política y de 24 a 35 multimillonarios que se hablan de tú a tú con las más grandes fortunas del planeta.
Carlos Salinas de Gortari, pudo haber escogido otros caminos, los había, pero su soberbia y su entrega a determinados núcleos del poder económico en el país, cancelaron otras opciones.
Enfermizo fue sin duda su interés por aniquilar al perredismo y al cardenismo, como enfermiza fue la orden presidencial que el 2 de octubre masacró a los estudiantes de Tlatelolco; ignorante y racista fue su opinión y forma de enfrentar la rebelión indígena de Chiapas, como racista e ignorante fue la manera en que Díaz Porfirio enfrentó durante décadas a los valientes yaquis de Sonora.
Torpe y grosera fue la forma en que se sometió a aquellos priístas que en su momento demandaron cambios, como grosera y torpe la manera en que el otro Díaz, Gustavo, aniquiló en germen al movimiento democratizador de Madrazo, el auténtico.
En su último informe de gobierno, Salinas de Gortari habló de algún otro país, no de México. En este país, el nuestro, varios millones de mexicanos se debaten en el margen de la sobrevivencia. Para citar cifras oficiales recientes, el 40% de nuestros compatriotas sufren graves índices de desnutrición, entre éstos, son las mujeres y los niños los más afectados.
Aristocratizante y frívola fue la forma en que Salinas quiso enfrentar los males de la pobreza, pues separó a los pobres de toda política de desarrollo. El Programa Nacional de Solidaridad, no pudo evitar que se diera un crecimiento absoluto de pobres y miserables en el medio rural entre 1989 y 1994. Los sueños de un repunte económico significativo, cifrado hacia 1994 en un crecimiento del producto interno bruto del 6%, terminó por no ser mayor a los tres puntos porcentuales.
Las reformas al artículo 27 constitucional iban a permitir, en la versión oficial, un flujo de capitales privados suficientemente fuerte para lograr una recuperación más o menos rápida y consistente del sector, pero la multicitada modernización del campo terminó por ser una caricatura de desarrollo, con un crecimiento sectorial negativo del menos 1.5% en 1993.
Se nos quiso vender la película de Vaquerías, en la que un fino y prototípico empresario mexicano, moderno y emprendedor, se asociaba con campesinos en una relación económica y feliz, con la rúbrica del para siempre. La experiencia, ni siquiera estuvo en condiciones de durar hasta finales del sexenio, fracasó estrepitosamente.
A lo que algunos analistas han calificado como un verdadero proceso de despojo y de descapitalización, hay que sumar lo que podría parecer como una simple paradoja.
El modernizador Salinas de Gortari, hijo de Harvard, se alió en Chiapas con Constantino Khanter, representante del sector más atrasado y depredador de los ganaderos, pero ello no obra como una casualidad, la modernización neoliberal se expresa en una industrialización subordinada y dependencia maquiladora, en una competitividad internacional sustentada en la depresión de los salarios, en una actitud de esquirolaje frente a países hermanos, en negociaciones internacionales como la que entre 1992 y 1993 se estableció en el mercado del café, en una entrega a las fuerzas especulativas del capital financiero nacional e internacional, que en el caso de México no es ajeno al narcotráfico, como lo mostró recientemente, entre otros, el escándalo Cabal.
La pretendida modernización política terminó por ser una caricatura de reforma con la aplicación, el 21 de agosto, de un fraude descomunal que expropió una vez más a los mexicanos el sentido y la fuerza transformadora de la esperanza y la acción de los mapaches y demás delincuentes electorales, se extendió hacia el sensible espacio social y político de Chiapas, se extiende ahora hacia Veracruz y se reafirma en Tabasco, como si el objetivo de este gobierno hubiera sido declarar a voz en cuello que en México no hay, ni habrá jamás tiempo, ni espacio para la democracia.
Ya antes, a lo largo del sexenio, se fue sintiendo el peso del autoritarismo y de la discrecionalidad del presidencialismo salinista, cuando cambió gobernadores e hizo todo tipo de enroques caprichosos.
No hace más de una semana vivimos el colmo y los excesos de ese poder supralegal del Presidente, cuando dio el espaldarazo a una senadora, sin reparar que estaba siendo sometida a juicio por el subprocurador y por la opinión pública, por el grave delito de encubrimiento.
Del Poder Legislativo hizo mofa y circo. No hubo propuesta del Ejecutivo que no hubiera sido aceptada sin condición. No hubo ni capacidad, ni calidad crítica de la mayoría mecánica priísta, no hubo ni un solo indicio de independencia de criterio en el legislador de la bancada mayoritaria.
También pretendió aniquilar y exterminar al cardenismo y al Partido de la Revolución Democrática. Se lo planteó como una cruzada personal. No lo logró. Nosotros aquí seguimos y él pronto se embarcará en su ypiranga y aquí sigue también Cuauhtémoc Cárdenas. Está presente en el corazón de millones de mexicanos y mexicanas, en sus rostros llenos de esperanza, porque saben que en la digna y valiente lucha que él encabeza, está la posibilidad de un futuro mejor para nuestra patria.
Compañeras diputadas, compañeros diputados: hoy Salinas de Gortari nos deja un país dividido, hipotecado, ensangrentado y humillado, pero habrá que reconstruir a la nación, empezar en muchas cosas de nuevo. Separemos y hagamos ese compromiso definitivamente al PRI de su relación con el gobierno. Generemos una reforma política que sea digna de nuestros tiempos; liquidemos las mentiras televisivas y rechacemos las palaciegas captaciones de nuestras mentes ilustres. Eliminemos el gasto clientela y asistencial hacia los pobres; canalicemos recursos generadores de empleos y reorientemos el sentido de nuestro desarrollo industrial y agropecuario.
Abrámosle nuevas opciones al sector social de nuestro medio agrario y reordenemos el sentido de la propiedad rural. Eliminemos todo tipo de tendencias extensivas y depredadoras del latifundismo ganadero y de otro tipo. Hagamos un nuevo pacto federal con los estados y los municipios, en una tendencia realmente descentralizadora. Generemos las condiciones para una verdadera igualdad de oportunidades entre los mexicanos y las mexicanas.
Pero en lo inmediato, y llamamos aquí su atención, es necesario otorgar signo y medida a la voluntad unificada de los cambios. Abramos la puerta a un gobierno de transición en el Estado de Chiapas, que camine hacia una nueva constitucionalidad y hacia profundas reformas estructurales en dicha entidad. Exijamos la desmilitarización de ese Estado, nulifiquemos las elecciones fraudulentas en el Estado de Tabasco, para dar opciones a la constitución de un gobierno verdaderamente democrático y plural.
De todos nosotros, también de nosotros como legisladores, depende transitar por nuevas rutas, las de la paz con justicia y dignidad y ése, señoras y señores diputados, es nuestro reto y también nuestro compromiso.
El Presidente:
Tiene la palabra para el mismo tema, el diputado Florentino Castro López.
El diputado Florentino Castro López:
Con su permiso, señor Presidente:
En un día importante para todos los mexicanos, importante para esta cámara, importante para los partidos políticos, importante en la construcción de un nuevo diálogo nacional, cuando todos estamos celebrando que el día de ayer se haya dado un encuentro que todos los mexicanos esperábamos, y del que todos los mexicanos esperábamos resultados en el quehacer futuro, para un diputado priísta es también hoy momento propicio para reiterar la posición de los diputados priístas, en relación con el presidente Salinas de Gortari.
No es, compañera diputada, su discurso, una fiel radiografía de lo que fue el Gobierno del presidente Salinas. Los priístas tenemos por él grandes reconocimientos, algunos mexicanos no priístas también.
Estamos convencidos que el Gobierno del presidente Salinas, pudo impulsar en materia política reformas de carácter electoral, que en esta propia cámara se discutieron, que en esta propia cámara los distintos partidos políticos de la anterior legislatura aportaron y pudimos todos en esta cámara avanzar en este terreno.
El presidente Salinas no sólo impulsa una reforma política, un paquete de reformas políticas importantes, sino que es capaz de operar con los mexicanos, de instrumentar con los mexicanos programas que aquí muchos compañeros priístas en distintos momentos hemos defendido como avances en la política de nuestro país.
Me refiero particularmente al Pronasol y al Procampo, que se han convertido en tema de discusión, porque han significado precisamente para el país, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la participación comunitaria, desde el punto de vista del desarrollo comunitario, avances importantes.
Eso ha sucedido a lo largo y a lo ancho del país. Los acontecimientos en Chiapas, preocupados todos los mexicanos por lo que nos pasó el día 1o. de enero, debemos reconocer que el gobierno del presidente Salinas fue capaz, primero de declarar un alto unilateral de cese al fuego, fue capaz de crear a un comisionado para que, por la vía pacífica, lograra el encuentro con los mexicanos que en ese momento se habían levantado en armas.
Hemos vivido en Chiapas, durante este año, grandes esfuerzos que hemos hecho todos, que han hecho las organizaciones sociales, precisamente para que no se siga derramando sangre en Chiapas.
Así pues, que me parece que es un día importante para mí en calidad de diputado priísta, en representación de la fracción parlamentaria de mi partido, reiterar nuestro reconocimiento a alguien que entregó el mejor de sus esfuerzos, que entregó lo mejor de él por el desarrollo de este país.
El día de hoy me parece fecha adecuada para que los diputados priístas pueden expresar, a través de mi persona, nuestro reconocimiento por los esfuerzos y por el trabajo de ese Presidente que fue el Presidente Carlos Salinas de Gortari.
Así pues, que me parece que el día de hoy todos los miembros de este cuerpo legislativo debemos trabajar para convertirnos en auténtico instrumento, en auténticos promotores del cambio del avance político y del avance democrático; que lo que ayer se inició se multiplique con la fracción del Partido de la Revolución Democrática y con otras fracciones y que todos seamos capaces en los próximos meses, en los próximos años, de contribuir a este cambio al que todos aspiramos.
Saludando ese cambio, saludando esa apertura, manifestando nuestra disposición de continuar por este camino, hoy los priístas reiteramos, en este último día de Gobierno, nuestra lealtad y nuestro compromiso por alguien que durante seis años puso el mejor de sus esfuerzos por el bien de este país. Ese hombre es el presidente Carlos Salinas de Gortari, que tiene en los mexicanos y particularmente en los priístas, el día de hoy esta muestra de solidaridad y de apoyo político. Muchas gracias.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (II)
El Presidente:
Esta Presidencia, explica al pleno que en virtud de algunos cambios sufridos en el orden del día y encontrándose ya presente la diputada Ifigenia Martínez Hernández, le estaríamos pidiendo que tome la palabra para presentar una iniciativa de ley para el nombramiento del gabinete.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Este proyecto de iniciativa se refiere a la ratificación por parte del Congreso del nombramiento del gabinete, basado en las siguientes consideraciones:
«Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
"El acelerado desarrollo ocurrido en México durante los últimos años, de una sociedad civil más activa, plural y participativa; más interesada y comprometida con la adecuada gestión de los asuntos públicos nacionales, ha venido siendo obstaculizado por la persistencia de prácticas y leyes que, lejos de ofrecer cauces adecuados para que esta nueva vitalidad social se traduzca en una mejor gestión de lo público, mantienen la verticalidad de las decisiones políticas y su concentración institucional.
En particular, la excesiva concentración de poderes públicos y políticos en el titular del Ejecutivo, fundada lo mismo en disposiciones legales, que en prácticas metaconstitucionales, en los hechos ha debilitado al propio Poder Ejecutivo, ya que hace recaer sobre él la responsabilidad de prácticamente todos los actos de Gobierno, debilitando además la división de los poderes de la República y la existencia de un verdadero pacto federalista entre las entidades de la nación.
Las consecuencias del excesivo verticalismo y centralismo presidencialista, son perceptibles en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y política de la nación. Entre las consecuencias más graves de esta inconveniente condición, sin duda, se registra el hecho de que, cuando la institución presidencial entra en crisis, la salud misma de la nación se coloca en riesgo.
La superación de esta delicada circunstancia que caracteriza la vida pública del país requiere, necesariamente, de una nueva ruta de fortalecimiento de los poderes federales y de la propia figura presidencial, a través de la democratización. Un programa de reformas legales que tiendan a moderar los poderes del Ejecutivo fortaleciéndolo de esta manera frente a los del Poder Legislativo y el Judicial, se impone como uno de los puntos que con mayor urgencia deben incluirse en la necesaria agenda de reforma política del país; en la agenda de transformación del régimen de partido de Estado a uno genuinamente democrático, que esté a la altura de las exigencias y requerimientos de la problemática nacional actual y de la vitalidad de la sociedad mexicana.
Entre los distintos aspectos que pueden ser incluidos en esta agenda de cambios a las leyes y las prácticas, aquí proponemos el sometimiento del nombramiento que seguirá siendo presidencial, de los integrantes del gabinete, de los directores de las empresas paraestatales de la nación, a un sano y necesario escrutinio sobre sus calificaciones para dirigir las dependencias correspondientes.
Se trata de esta manera de procurar la creación de condiciones que en el corto plazo permitan fortalecer la división y autonomía de los poderes, no a través del establecimiento de un régimen parlamentario, ni del abandono del régimen presidencial que nos rige, pero sí de encauzar las facultades del Poder Ejecutivo ante la evidencia de la creciente importancia de los miembros del gabinete en la gestión y manejo de los recursos públicos.
En este contexto general y aprovechando el hecho de que en el curso del año se produjo un acuerdo de 20 compromisos por la paz y por la democracia, afortunadamente signado por ocho de los candidatos contendientes por la presidencia de la República, entre ellos por el propio ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, los legisladores abajo suscritos, hemos decidido impulsar una primera reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la perspectiva de matizar las facultades del titular del Ejecutivo, adaptándolas a las necesidades y posibilidades de la realidad política nacional.
Se trata en particular de reforzar el enfoque republicano en el nombramiento del gabinete hoy facultad exclusiva e indiscriminada del Ejecutivo, incluyendo la vigilancia del Poder Legislativo, de la idoneidad de las personas propuestas por el Ejecutivo. No se trata de interferir en las atribuciones del titular del Ejecutivo, pero de hacer concurrente a la Cámara de Diputados en la facultad de nombrar a los secretarios de Estado (con excepción de los secretarios de los ramos Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina, por ser dichos ramos facultad del senado), y a los directores de las principales empresas paraestatales de la nación.
Al respecto existe una amplia sensibilidad entre la sociedad mexicana y la opinión pública nacional, que con frecuencia se han topado con la realidad de cambios inexplicados en la integración de los miembros del gabinete (cambios que, entre otras cosas, ponen en cuestión la continuidad de los programas de gobierno), e incluso con la misma integración original del gabinete, sin que prácticamente medie explicación o justificación alguna de parte del titular del Ejecutivo, respecto al porqué de la idoneidad de cada una de las designaciones.
No existen a disposición de la sociedad, espacios o instituciones reconocidas en las que pueda expresar su parecer sobre la idoneidad o no de cada uno de los integrantes del gabinete y del desempeño de sus funciones.
Por contraste, en las sociedades que alcanzan hoy un mayor desarrollo en su vida democrática e institucional, suelen existir mecanismos y previsiones a través de los cuales las decisiones del Poder Ejecutivo son revisadas, acotadas o modificadas por los respectivos poderes legislativos.
Considerando los elementos antes expuestos, los legisladores abajo suscritos hemos tomado la decisión de promover reformas a los artículos 74 fracción VI y al artículo 89 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el propósito de que en lo sucesivo la Cámara de Diputados ratifique la designación, por una mayoría de dos terceras partes de los diputados presentes, a todos los secretarios de despacho (con excepción de los de los ramos de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina) y ratifique también a los directores de las empresas paraestatales Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, así como del resto de los organismos descentralizados del sector público federal.
Las propuestas de candidatos para ocupar estas carteras seguirá siendo facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, quien, sin embargo, deberá proponer su ratificación a la Cámara de Diputados, justificando ante ésta la idoneidad de su selección. Se prevé en la reforma que proponemos, la forma de resolver el caso en que una o varias propuestas del Ejecutivo no sean ratificadas por la Cámara de Diputados".
En virtud de los anterior y con fundamento en lo que establece la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores abajo suscritos proponemos el siguiente
DECRETOSe reforman los artículos 74 fracción VI y 89 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 1o. Se adiciona al artículo 74 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos una fracción nueva, a continuación de la V, utilizando el espacio de la actual fracción VI (derogada), recorriéndose en su numeración las restantes, para quedar como sigue:
" Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Ratificar, dentro del improrrogable plazo de cinco días naturales y mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, los nombramientos y las remociones que realice el Ejecutivo de la Unión de los siguientes servidores públicos:
a) Secretarios de despacho, con excepción de los de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina y,
b) Los directores y administradores de las entidades paraestatales de la administración pública federal que disponga la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyos casos la cámara podrá delegar esta atribución en la comisión o comisiones de su seno que correspondan por su competencia.
En el caso de que no fuese ratificado el nombramiento, el Presidente de la República hará uno nuevo para su ratificación en el plazo señalado.
Artículo 2o. Se reforma el artículo 89, en su fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo.89.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Nombrar a los secretarios de despacho y a los directores de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Subsistencias Populares y demás organismos descentralizados del sector público federal. El nombramiento de los secretarios de despacho, con excepción de los secretarios de los ramos de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina, requerirá de la ratificación de la mayoría calificada de dos tercios de los votos de los diputados presentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74, fracción VI;"
TRANSITORIOSPrimero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 1994. Rúbricas.»
El Presidente:
Recibo y tùrnese a la Comisiòn de Gobernaciòn y Puntos Constitucionales
INFORME
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Moreno Collado, para dar lectura al informe de la Comisión Especial de Seguimiento de las Investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu.
El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
«Informe que rinde a la honorable Asamblea de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial de Seguimiento de las Investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu.
La Comisión Especial de Seguimiento de las Investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, en los términos del acuerdo de su creación, así como en el marco del artículo 70 de la Constitución General de la República, 42 y 46 de la Ley Orgánica y 70, 71, 78, 85, 89, 90 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del texto aplicable de los artículos 16 y 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, ha determinado conducir sus trabajos de acuerdo con los siguientes
LINEAMIENTOSPrimero. En tanto comisión que debe cuidar el derecho de la sociedad mexicana a conocer la verdad sobre el asunto que se le encomienda, a fin de preservar la moral pública y fortalecer la confianza de la nación en el estado de derecho y en sus instituciones republicanas, sus objetivos fundamentales son:
a) Analizar y evaluar en términos jurídicos y políticos el estado que guardan las averiguaciónes a cargo de la Procuraduría General de la República, tendientes al esclarecimiento del homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, así como los hechos que tengan relación con el atentado y los procesos que se sigan a los inculpados.
b) Realizar las promociones y actuaciones que, en el marco constitucional y legal establecido en el encabezado de este escrito, contribuyan a dar celeridad y proporcionar objetividad a las actuaciones del Ministerio Público y la actuación del Poder Judicial.
c) Realizar por sí misma las actuaciones y averiguaciones que conduzcan al esclarecimiento de hechos en los que hayan participado institucionalmente la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión.
d) Informar periódicamente a la opinión pública, a través de boletines, ruedas de prensa o entrevistas personales de sus integrantes, sobre la situación que guarda el asunto de su competencia.
e) Dar cuenta a la Asamblea, cuando lo estime conveniente o sea requerida para el efecto, de los avances del trabajo que se le ha encomendado o del resultado del mismo, a fin de que la cámara determine las acciones a seguir.
Segundo. La comisión, contará con un secretario por cada una de las fracciones parlamentarias representadas en la misma y asignará actividades a todos sus integrantes en forma individual, o a través de los grupos de trabajo que se formarán para el cumplimiento de su cometido.
Las reuniones, debates, resoluciones y acuerdos serán tomados por el pleno de la comisión en los términos que establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para su Gobierno Interior.
Tercero. Durante los periodos de receso la comisión actuará conforme a lo señalado por el artículo 85 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y dará cuenta de sus informes a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la cámara.
Cuarto. La comisión realizará sus actividades de acuerdo con el programa de trabajo que forma parte de estos lineamientos, en el cual se determinan los asuntos de atención inmediata y urgente vinculados con el caso, cuya solución permita consolidar ante la opinión pública el prestigio y elevada calidad constitucional de este cuerpo legislativo.
Quinto. La comisión hará manifestaciones públicas cada vez que sea necesario para apresurar la investigación o el proceso judicial correspondiente, así como señalar los posibles desvíos en que incurrieran las autoridades encargadas del asunto.
Sexto. La agenda de trabajo de la comisión incluirá entrevistas y conferencias con los servidores públicos que se requieran y la petición, a través de su presidente, de informaciones y copias de documentos que se estimen convenientes, siempre que el asunto a que se refieran no sea de los que deban conservarse en secreto.
La comisión podrá ocurrir a cualquier autoridad o persona, incluidos los procesados y ofendidos, para allegarse los elementos que le permitan realizar objetiva y prudentemente su trabajo, procurando evitar la interlocución oficial con autoridades involucradas.
Séptimo. El programa de trabajo será integrado oportunamente con un apartado de metodología y otro de agenda, en el que se incluyan las entrevistas convenientes a sus objetivos y las solicitudes de documentación necesaria para el trabajo de la comisión.
Sala de comisiones, Palacio Legislativo, México, D.F., a 29 de noviembre de 1994. Diputado Netzahualcóyotl de la Vega, presidente; diputados secretarios Jorge Moreno Collado, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Carlos Navarrete y Serafín Núñez Ramos.»
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra por cinco minutos el diputado Leonel Godoy Rangel.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
No quisiera dejar pasar la oportunidad en este punto que se está informando de los próximos trabajos que realizará la Comisión Especial para el Seguimiento sobre el atentado al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, para hacer algunos comentarios que me parecen procedentes.
Todos hemos estado al pendiente en estos días de lo que ya no es una divergencia de opiniones, de puntos de vista entre el ahora ex subprocurador general de la República, Mario Ruiz Massieu y la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional.
Como todos sabemos, el licenciado Ruiz Massieu, en su calidad de Subprocurador General de la República y por lo tanto como agente del Ministerio Público Federal, integró una averiguación previa penal, la dejó iniciada en términos estrictamente constitucionales y legales, en contra de varios funcionarios y varios miembros de esta legislatura.
Por otra parte también hemos leído en la prensa que Ignacio Pichardo Pagaza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y María de los Angeles Moreno Uriegas, secretaria general del mismo partido, presentaron denuncia penal por diversos delitos que consideran que cometió el licenciado Mario Ruiz Massieu en el desempeño de su cargo.Fundamentalmente los hacen consistir en aquellos que están en el capítulo contra el honor de las personas: difamación, imputaciones falsas etcétera, que así lo hemos escuchado.
Yo creo que nosotros, la Cámara de Diputados, tenemos que reflexionar y pronunciarnos en contra de estas denuncias penales, primero, porque todos sabemos que el Ministerio Público en tanto, actuando como tal es irresponsable, esto es, no puede ser imputable de responsabilidades penales.
Esto lo sabemos muy bien y a pesar de ello en un clima que pareciera ser está favoreciendo el linchamiento de Mario Ruiz Massieu, han presentado estas denuncias penales que, insisto, son de plano jurídicamente improcedentes. Porque las acusaciones que hizo Mario Ruiz Massieu en contra de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, se inscriben en sus facultades de agente del Ministerio Público Federal y, por lo tanto, no pueden entrar en el ámbito de las difamaciones o de todos aquellos delitos que están en el capítulo de atentados a la dignidad, al honor de las personas.
Por ello, a mí me parece, que nosotros debemos de pronunciarnos, más que en el sentido político, en exigir el cumplimiento estrictamente constitucional y legal de la Procuraduría General de la República. ¿Y a qué me refiero?, bueno, me refiero a que debe de concluir legalmente, esto es, ejercitando o no la acción penal en contra de las personas que señaló el licenciado Mario Ruiz Massieu en la averiguación respectiva y no lanzando boletines que son antijurídicos y no entran en el ámbito de la competencia de la autoridad ministerial.
El Ministerio Público debe de resolver conforme a derecho una averiguación previa penal que se esté integrando y no lanzar boletines informativos. Por otro lado, también debemos de insistir en que urge que se intensifique la búsqueda y la localización y futura aprehensión del ex diputado Manuel Muñoz Rocha, para que entregue, para que informe y para que rinda su testimonio en relación a la acusación que como autor intelectual del homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu se está presentando.
Igualmente debemos de exigir que se practiquen todas las actuaciones y diligencias necesarias tendientes a esclarecer plenamente el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu y, por lo tanto, también de... Señor Presidente, le ruego me permita un minuto.
El Presidente:
Tiene un minuto para terminar su intervención.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Muchas gracias.
Y, por lo tanto, solicitar al mismo Ministerio Público Federal que concluya las averiguaciones previas penales que en el libro blanco señala Mario Ruiz Massieu, que son nueve, que existen y que deben de ser resueltas.
Me parece que si actuamos en este sentido, de exigir que la autoridad responsable de la investigación de los hechos delictuosos en materia federal en nuestro país actúe en consecuencia, podremos aportar positivamente, no de palabra, nuestra colaboración a que la investigación del homicidio del licenciado Ruiz Massieu quede plenamente resuelto.
Para ello también debemos, a mi juicio, pronunciarnos porque se nombre a la brevedad posible un agente del Ministerio Público Federal especial para el caso del homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, ya que en este momento no existe y está a cargo de la estructura tradicional de la Procuraduría General de la República.
Insisto, compañeras y compañeros diputados, demos ese litigio ante la opinión pública de estos personajes, un cauce legal y para ello, a mi juicio es exigiendo, promoviendo a que la instancia que es la Procuraduría concluya las averiguaciones respectivas que están pendientes y, además, aprehenda a la brevedad posible a Manuel Rocha Muñoz. Este será el camino correcto de estricto apego a la legalidad que corresponde como cámara exigir se dé en este país para restablecer el estado de derecho. Muchas gracias.
El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo (desde su curul):
Señor Presidente; pido la palabra, para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
Mucho se ha hablado de las investigaciones del caso, del crimen al licenciado José Francisco Ruiz Massieu. Se ha conformado ya la comisión que habrá de darle seguimiento a estas investigaciones; pero debemos de hacer un análisis prudente, porque no debemos de permitir que se politice realmente la investigación, porque aquí se ha fijado la postura muy clara de los diputados del PRI. Nosotros estamos en la disposición de que se aporten todas las pruebas y que se llegue al final de esta investigación, como lo queremos nosotros, los priístas y lo queremos todos los demás diputados y lo desea todo México: claridad, que surja la verdad. Pero que no sigamos en el dime y direte de algo que nos ha desgastado y que nos ha enfrentado, que no se utilice este asunto de la clarificación de los acontecimientos para que sigamos haciendo leña del árbol caído.
Hoy es el momento de sumar los esfuerzos de todos; de que ratifique aquí el Partido Revolucionario Institucional, a través de sus diputados, de que a nosotros, más que a nadie nos interesa conocer la verdad, de que no queremos que se sigan sacrificando nombres y sigan diciendo acciones que lo único que tienden es a hacer leña del árbol caído, como lo dije anteriormente o que se siga sacrificando acciones con culpabilidades supuestas.
Ya lo dijo con claridad aquí don Manuel Marcué, aquí no hay que acusar a la ligera, hay que saber hacer las acciones concretas.
Yo les pido, amigos diputados, a todos, que nos sentemos...
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Señor Presidente: pregunte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
Señor diputado Leyva: ¿desea aceptar una interpelación del señor diputado Godoy? El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo: No, señor. Hasta que termine, señor Presidente.
El Presidente:
Al término de la intervención, señor diputado Godoy.
El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Debo de ser muy breve, porque lo que vine a fijar aquí, amigos, es de que esta comisión que se ha formado, esta comisión que se ha conformado, ha marcado los lineamientos claros de lo que se va a hacer. Vamos a darle seguimiento y vamos a tener los elementos de prueba, para que aquí también se venga a informar al pleno, como se le informó de la integración de esta comisión y que después, teniendo las bases y los fundamentos, podamos exigir como lo hemos exigido ahora y lo vamos a exigir siempre, que se castigue a los culpables, que se hable con la verdad, que se diga la verdad; pero que no se politice este caso que es tan delicado y que es tan lamentable para todos los mexicanos. Muchas gracias, señor Presidente.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
¿Sí va a aceptar la interpelación?
El Presidente:
¿Acepta usted una pregunta, diputado orador?
El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Con mucho gusto.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Señor diputado: de acuerdo a mi intervención, si usted la escuchó con atención, yo lo que estoy solicitando es que la Procuraduría General de la República concluya las nueve averiguaciones previas penales que señala en el libro blanco que entregó al Presidente de la República el licenciado Mario Ruiz Massieu, por una parte.
Y por otro lado, también le estoy solicitando que esta cámara se pronuncie para que también concluya la Procuraduría General de la República la averiguación previa penal que se inició en contra de Ignacio Pichardo Pagaza, María de los Angeles Moreno Uriegas y otros.
Usted considera que estar pidiendo esto, que la autoridad cumpla, ¿es politizar el asunto?
El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo: Bueno, yo no me estoy refiriendo a las acciones particulares ni a la mención que hizo usted. Yo lo que estoy fijando es la posición de mi partido en este caso. Mi partido exige que se clarifique de acuerdo a la ley. Si hay acciones que se van a tener que llevar a cabo y se van a llevar a cabo, la integración de todas las averiguaciones que se han hecho ahí. Aquí no vamos a exculpar, pero tampoco vamos a culpar a nadie si no tenemos las pruebas. Vámonos al fondo del asunto en el seguimiento de las investigaciones. Muchas gracias.
ELECCION DE MESA DIRECTIVA
El Presidente:
Se va a proceder a la elección de la mesa directiva para el mes de diciembre del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura.
Se ruega a los diputados pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.
El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:
Ocho para planillas diversas, 13 abstenciones y 349 votos a favor de la planilla que se enuncia:
Diputados: Carlota Vargas Garza, Presidenta; José Ramírez Gamero, Consuelo Botello Treviño, Antonio Tenorio Adame, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, vicepresidentes; Tito Rubín Cruz, Gonzalo Alarcón Bárcena, Martina Montenegro Espinoza, Ana Lilia Cepeda de León, secretarios; Pablo Moreno Cota, Noelia Linares González, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, y Ezequiel Flores Rodríguez prosecretarios.
El Presidente:
Se declara que han sido electos para integrar la mesa directiva que funcionará durante el mes de diciembre del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura, los siguientes diputados:
Carlota Vargas Garza, Presidenta; José Ramírez Gamero, Consuelo Botello Treviño, Antonio Tenorio Adame, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, vicepresidentes; Tito Rubín Cruz, Gonzalo Alarcón Bárcena, Martina Montenegro Espinoza, Ana Lilia Cepeda de León, secretarios; Pablo Moreno Cota, Noelia Linares González, Efrén Nicolás Leyva Acevedo y Ezequiel Flores Rodríguez prosecretarios.
TRANSMISION DE PODERES
El secretario Cristian Castaño Contreras:
Se hace del conocimiento de los señores diputados, que pueden pasar a recoger la invitación para la ceremonia de transmisión de poderes del Ejecutivo Federal, en el lobby de este recinto.
Asimismo, se les entregará el fistol para identificarles frente al resto de los invitados y poder brindar las atenciones que ustedes merecen, para lo cual se les solicita portarlo dentro del recinto el día 1o. de diciembre.
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (II)
El secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:
Se va a dar lectura a una comunicación.
«Diputado Humberto Roque Villanueva. Presidente de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Presente.
Por este conducto y en ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito solicitarle ponga a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la sustitución del diputado Fernando Pérez Noriega como representante suplente de la primera minoría ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ocupando su lugar el diputado Sergio Teodoro Meza López.
Lo anterior lo hago de su conocimiento para todos los efectos legales procedentes.
Le reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 29 de noviembre de 1994.
Diputado Fernando Antonio Lozano Gracia. Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente
ESTADO DE MEXICO
El Presidente:
Tiene la palabra, para una proposición sobre la zona arqueológica de Teotihuacán, el diputado Joaquín Humberto Vela González.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Venimos a esta tribuna a denunciar la destrucción de que están siendo objeto los vestigios de la zona arqueológica de Teotihuacán, patrimonio cultural de la humanidad, denuncia que nos plantearon los habitantes del Valle de Teotihuacán, de las comunidades de San Martín de las Pirámides, del Barrio de la Purificación, de San Sebastián Colalpa, de Santa María Coatlán y San Francisco Mazapan, para enterarnos a esta legislatura y a la nación, manifiestan las siguientes:
CONSIDERACIONESQue las atribuciones y objetivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, son la investigación, protección, conservación, difusión, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de las zonas de monumentos.
Que en el Diario Oficial del 30 de agosto de 1988, se declaró una zona ampliada de monumentos arqueológicos, en el que se prohibió que en la zona de monumentos, definida en este decreto, se autorizaran construcciones cuya función, diseño o ubicación alteren, afecten o distorsionen los valores monumentales o el uso educativo y de investigación a la que la misma está destinada. En las áreas central y ampliada de monumentos, no se permitirán construcciones nuevas ni ampliaciones de las existentes, con excepción de aquellas que realice el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el rescate, revitalización y difusión de los monumentos de la misma zona.
Que en el mes de enero de 1994 el empresario Isaac Ylub Alfil, empezó a construir un centro comercial en el terreno denominado "La Ventanilla", el cual se encuentra dentro de la zona ampliada de monumentos de Teotihuacán, construcción que se conoce con el nombre de "Plaza Jaguares".
Que dicha construcción se realizó sobre monumentos arqueológicos, aún sin terminarse los trabajos de salvamento arqueológico y con la autorización y complacencia de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Que la construcción de "Plaza Jaguares" se hizo sin la autorización y permisos correspondientes de las autoridades y reglamentos establecidos.
Que actualmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia se encuentra construyendo dos plazas comerciales llamadas "El Corzo" y "Manuel Gamio", actividades que no se encuentran tampoco contempladas en las atribuciones y objetivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Que las autoridades administrativas de la zona arqueológica de Teotihuacán, al ordenar limpiar al sur de la plataforma que bordea la Pirámide del Sol, introdujeron maquinaria pesada, trascabos, causando destrucción parcial de un conjunto de marcadores astronómicos.
Que al construir el paso a desnivel de acceso de la puerta cinco, se destruyó una cueva de uso prehispánico, afectando su contexto original.
Que la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Teresa Franco y Salas; el director de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Eduardo Matus Moctezuma; el coordinador administrativo del Proyecto Especial "Teotihuacán", Eduardo Ignacio Villa Camel, no han cumplido con los objetivos de la institución para la que laboran, al permitir la construcción del centro comercial "Plaza Jaguares", donde se destruyeron vestigios arqueológicos que tienen bajo su custodia.
Y en la declaración de Campeche, los antropólogos Amalia Cardoz y Ramón Arzápalo, miembros del Colegio Mexicano de Antropólogos, denunciaron que en la zona arqueológica de Teotihuacán, se habrán destruido vestigios arqueológicos y se estaban construyendo tres centros comerciales.
Que los participantes al XV Simposium Internacional de Conservación del Patrimonio Monumental, en la declaratoria de Campeche, recomiendan, en el punto ocho, que se cancele definitivamente en zonas arqueológicas los proyectos de centros turísticos y comerciales, como el llamado "Plaza Jaguares", en Teotihuacán, ya que éstos afectan tanto al conjunto mismo como a la posibilidad de efectuar futuras investigaciones arqueológicas.
Respecto al centro comercial Plaza Jaguar en Teotihuacán, se pide la cancelación definitiva de tal proyecto y la demolición de las estructuras existentes, así como el respeto total al decreto presidencial de 1988 y a la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos y a su reglamento.
Que la denuncia que se presenta está fundamentada en los artículos 12, 18, 19, 27, 28, 30, 32, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49 y 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y ante esta situación, los habitantes del Valle de Teotihuacán han presentado ante la Procuraduría General de la República, denuncia de hechos en contra de los funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de Isaac Ylub Alfil, que es el propietario del centro comercial Jaguares.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos: que por ser un asunto de relevancia nacional que afecta al patrimonio de la humanidad, se establezca una investigación de la presente denuncia y, para tal efecto, sea turnada a las comisiones de Cultura y de Información, Gestoría y Quejas, para que en el ámbito de su competencia, formulen el dictamen correspondiente.
Suscriben la presente denuncia: por los habitantes del Valle de Teotihuacán, Rogelio Pérez Martínez, Emma Ortega Moreno y Antonio Certes Sixto. Por la Cámara de Diputados, por la fracción parlamentaria del PAN, el diputado Jesús Sánchez; por el PRD, la diputada Adriana Luna Parra y por el Partido del Trabajo, un servidor, diputado Joaquín Vela González. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Sánchez Ochoa.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Quiero, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, explicar por qué el grupo parlamentario apoya esta proposición.
La cultura, como conjunto de creaciones del espíritu, encarnado a través del tiempo y del espacio, constituye un bien superior de todo pueblo con historia, identidad y futuro; por eso Acción Nacional, a través de su existencia histórica, se constituye en defensor y promotor de la cultura nacional y de la cultura humana en general.
La cultura, manifestación, la más plena de la vida humana, encarna los anhelos más caros del hombre, sus aspiraciones más profundas, sus ideales más excelsos y sus logros más acabados; por eso las comunidades humanas tienen la necesidad y el deber de preservar su patrimonio cultural como la expresión más auténtica de su identidad y de su devenir histórico. Somos una nación cuyas raíces se hunden en las profundidades del tiempo, para desde ellas extraer la savia que nutre nuestro espíritu e inspira nuestro quehacer aquí y ahora.
A partir de este hecho, Acción Nacional considera fundamental el proteger, conservar y conocer dichas raíces, puesto que conociendo nuestro origen, sabremos mejor otear nuestro destino. En esta perspectiva, las construcciones materiales ya de la época precortesiana, ya de la época colonial o de nuestra vida independiente, son un testimonio fehaciente de las vicisitudes de nuestra historia y por ello merecen nuestro respeto y una solícita conservación.
Conservar nuestros monumentos equivale a conservarnos. De los muchos restos arqueológicos y abundantes monumentos históricos que sobre nuestro territorio existen, algunos ya son parte de nuestro rostro vivo, pues su presencia y permanencia entre nosotros los han convertido en expresión genuina de la mexicanidad.
Teotihuacán, es una de esas expresiones singulares de la cultura aborigen que el pueblo mexicano ha hecho muy suya. Generaciones de niños, jóvenes y adultos mexicanos de todos los rincones de nuestro país, hemos aprendido a contemplar los misterios de nuestra historia contemplando el maravilloso conjunto de la ciudad de los dioses en la que los teotihuacanos construyeron espacio para su oración y convivencia.
Ahí, oración, economía y arte indígena, se hacen un nudo indestructible y se insertan en los cauces de nuestra historia. Por eso el grupo parlamentario de Acción Nacional considera necesario que esta cámara se entere de las angustias de un grupo de ciudadanos que habitan la zona histórica de Teotihuacán, que consideran parcialmente amenazada la zona arqueológica y sus intereses culturales y económicos por acciones realizadas con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Los representantes populares hemos de escuchar siempre con atención esas voces y analizar sus reclamos para, desde el ámbito de nuestra competencia, dar respuesta cabal a sus reclamos. Por eso, Acción Nacional apoya la proposición que ha unos momentos presentó nuestro compañero diputado de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y esperamos que dicha proposición se turne a las comisiones de Cultura, Información, Gestoría y Quejas para que debidamente estudiada esta denuncia, se le dé cabal solución a los problemas que plantea. Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Cultura e Información, Gestoría y Quejas.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Francisco Sánchez Ascencio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre la necesidad de apoyar a los discapacitados de Jalisco.
El diputado José Pedro Sánchez Ascencio:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Esta es la tierra de los tapatíos que aún sangra y tiene memoria de ese nefasto 22 de abril de 1992. Pareciera que una de tantas modalidades que el próximo sexenio en el Ejecutivo que encabezará el doctor Zedillo y que como cascada se vertirá en funcionarios del sistema, el estilo y la moda, será la justificación de la ineptitud, negligencia o corrupción, con la utilización del vocabulario tecnocrático de la palabra desagravio.
Ya lo dijo cuando en campaña por Jalisco, en mi natal Guadalajara, habló de desagraviar a los tapatíos por las explosiones del 22 de abril; pero desagraviar a los tapatíos, a los jaliscienses, compañeros diputados, no sólo es el que se donen los terrenos de Petróleos Mexicanos en la colonia La Nogalera, al gobierno del Estado de Jalisco; lo más importante es qué hacer en ellos y proponemos en Acción Nacional desarrollar un proyecto que en él se incluyan la opinión y necesidades de los ciudadanos agraviados. La verdadera reparación del daño entonces consistirá en cimentar el desarrollo de todos los pobladores y colonias que radican en torno a los terrenos de Pemex, con un proyecto de trascendencia histórica, porque hasta el momento sólo se han vertido por parte del gobernador sustituto de Jalisco, opiniones vagas al respecto de los terrenos, que fueron reclamados en primera instancia por la sociedad, como una forma de hacer buen uso de ellos y nunca como desagravio, nunca como desagravio a un pueblo, aún muy lastimado y dolido por tales acontecimientos.
He de recordar que en Jalisco aún queda una justicia pendiente. Resulta increíble que el gobernador sustituto del Estado, dé su agradecimiento a Pemex por los beneficios recibidos. Sólo la sumisión al centro puede tener el atrevimiento de ofender a la población tapatía con esa clase de manifestaciones, que no demuestran otra cosa que su más absoluta desvinculación y falta de sensibilidad política.
Qué podrán decir nuestros conciudadanos afectados por los acontecimientos del 22 de abril y qué podría opinar la comunidad tapatía, dolida todavía con Pemex, a quien todos señalan como el principal responsable de esos trágicos acontecimientos y que a la fecha ha rehuido satisfacer los más elementales reclamos materiales, dado que los daños morales le sería imposible hacerlo.
Esto es una muestra más de la poca sensibilidad del encargado del Poder Ejecutivo del Estado, que todo hace menos velar por el bien de la comunidad jalisciense.
Pero refiriéndome a esa moda que indiqué al principio de mi intervención, se suma el ingeniero Fernando Manzanilla Sevilla, director de Pemex Refinación, el cual declaró a un diario, a un prestigiado diario de Jalisco, lo siguiente:
"Yo definitivamente sí lo creo, el desagravio a los tapatíos es un hecho". Sin embargo, el alto ejecutivo de Pemex señaló además que el lavado de ofensa no tiene nada que ver con las explosiones del colector oriente a lo largo de 13 kilómetros y añade textualmente el ingeniero Manzanilla: "Yo no lo relacionaría con ese evento, desde luego del todo lamentable y trágico para Guadalajara.
El funcionario de Pemex se duele en apariencia por los sucesos del 22 de abril, pero sin embargo hay gente que sigue sufriendo en carne propia, un caso concreto es el de la familia Cervantes Franco, con la muerte de don José Cervantes Cabrera, quien sostenía en todos los aspectos a su familia. Sufren por su hijo Armando Cervantes Franco, quien a los 14 años, un 22 de abril de 1992 regresaba en su bicicleta cuando lo sorprendieron los estallidos del colector oriente, siendo éste arrojado al aire y al caer se golpeó la cabeza contra el pavimento, quedando incapacitado de por vida.
Actualmente pesa 13 kilogramos y la piel se le pega a los huesos. El Presidente del Patronato de Reconstrucción, el contador público Gabriel Covarrubias Ibarra, les prometió que iba a poner con atención de por vida al chico, que se les iba a dar una ayuda mensual y que cada mes lo internarían en un hospital particular para hacerle una revisión general. Sin embargo nada, nada de eso se ha cumplido hasta el momento.
Pero éste no es el único caso; existen más de 65 de diversas condiciones que causan dolor e inestabilidad en los hogares y tienen prácticamente a los lesionados por los sucesos dramáticos del 22 de abril pidiendo limosnas y migajas a las autoridades del Estado, siendo pisoteada su dignidad humana, de un fenómeno irresuelto, ya que han tenido las autoridades la ocurrencia de así llamarlo.
La PGR y la Judicial del Estado, no encuentran culpables a dos años y siete meses. Así como a los lesionados, a los aledaños no se les quiere reconocer por las reglas del juego en las que el patronato de reconstrucción marcó, según su criterio y que encabezados por el contador público Gabriel Covarrubias Ibarra, pretenden no reconocerlos como afectados por las explosiones. Tal parece ser que lo que busca don Gabriel fue favorecer a algunos cercanos y a los demás dejarlos fuera de la atención que en justicia les corresponde.
Quiero hacer algunas consideraciones respecto a las declaraciones del ingeniero Manzanilla y en atención al próximo inicio de un nuevo gobierno federal, a quien desde este momento solicito su responsable atención a este asentido asunto:
Uno: Guadalajara nunca podrá ser desagraviada. Se requiere reparación del daño y que se enjuicie al o los verdaderos responsables de la tragedia provocada por negligencia, ineptitud o corrupción.
Afirmo provocada, porque pudo haberse evitado o evacuado y lo remarco tajantemente, porque no fue un meteorito o cualquier otro fenómeno natural lo que ocasionó la muerte de miles, no de cientos como lo manejaron en el gobierno estatal, de vecinos del sector Reforma. Sin embargo, los gobernantes en turno sostuvieron una actitud estólida y señalo a Guillermo Cosío Vidaurri y Enrique Dauz Flores, en su momento gobernador y presidente municipal.
Dos: Es un secreto a voces en la ciudadanía o en la vida ciudadana, en la voz popular, de que quien provocó las explosiones en el colector oriente fue la paraestatal Petróleos Mexicanos, al derramar en dicho colector cantidades industriales de gasolina.
Afirmo, en el colector del fraccionamiento Alamo Industrial, que enlaza con el del área siniestrada, corría gasolina el 22 de abril de 1992, con un intenso olor en días anteriores, a dicho hidrocarburo.
Tres: El ex Procurador General de la República, licenciado Morales Lechuga, fue designado por el presidente Salinas el día 23 de abril del mismo año, para que estableciera los hechos y se encarcelara a los culpables de tantas víctimas inocentes.
Nuevamente, como ha venido ocurriendo con los asesinatos del señor cardenal, Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más, de Luis Donaldo Colosio, de José Francisco Ruiz Massieu, sólo por señalar algunos, se da el encubrimiento como método de gobernar y burlar la justicia, porque primero están los grupos políticos en el poder, que el sentir y el dolor del ciudadano común y sencillo, cuando es precisamente al pueblo a quien se le debe respeto.
Y una vez más y otra vez más y mil veces más se premia a un funcionario cobarde, que delinque por solapar y encubrir a sus padrinos en el poder y se premia al licenciado Morales Lechuga con una embajada en París.
Cuatro: Pero lo más delicado de este asunto es el estado de impunidad del que gozan muchos políticos que desacreditan a los poderes de la "nación y permiten que gobernadores como Guillermo Cosío Vidaurri, después de actuar con negligencia, como mínimo y esto por señalar algunas de sus muchas virtudes de ese hombre, importándole un comino la vida de sus gobernados, se le otorga por el presidente Salinas el representar a México como embajador en la República de Guatemala.
Cinco: El rechazo a la candidatura como diputado federal, de Gabriel Covarrubias Ibarra, por el primer distrito federal electoral, significa el repudio a la forma de gobierno estatal y federal, expresada en las urnas por los jaliscienses y en particular por los tapatíos.
A una corrupción dada desde el patronato de reconstrucción de la zona siniestrada y siendo solidaria toda Guadalajara con los damnificados, hizo sentir su voto en contra de Gabriel Covarrubias y demás candidatos del PRI, de la zona metropolitana, conurbada y rural de Jalisco.
Quiero hacer algunas propuestas:
1. Propongo ya finiquitar la agonía e inestabilidad de muchos hogares que viven aún en las consecuencias de las explosiones. Solicito que se forme una comisión plural de esta Cámara de Diputados, para que dé seguimiento y ayude a terminar con los problemas de los lesionados, damnificados y aledaños de la zona siniestrada, así como con los problemas que aún aquejan a los habitantes de la Alamo Industrial como consecuencia de las extracciones de gasolina que realizó Petróleos Mexicanos durante 60 días en su colonia, ocasionándoles problemas graves en el subsuelo.
Recuerde el nuevo Ejecutivo Federal, que en Sierra Morena, en 1983, hubo una explosión del colector al norte de nuestra ciudad, la cual se le atribuye la responsabilidad a Pemex por el descuido de sus ductos que salían de la Nogalera, pero jamás, jamás, como siempre, se investigó.
Nunca hubo culpables, más sin embargo Pemex cubrió los daños mediante el gobierno del Estado.
2. Propongo que los terrenos de Pemex en La Nogalera, sean donados a la comunidad tapatía y al pueblo de Jalisco, destinados a proyectos de desarrollo comunitario. Los colonos que habitan en el entorno a los terrenos de Pemex ya tienen una propuesta específica que el gobernador aún no tiene.
3. Propongo que la Comisión de Justicia retome el caso y tenga acceso a dialogar con el presidente del patronato de reconstrucción de la zona siniestrada, el contador Gabriel Covarrubias Ibarra, así como con el delegado de la Sedesol en Jalisco, el licenciado Oscar Navarro Garate, así también con el Procurador de Justicia en Jalisco, el licenciado Larios Guzmán, así como con funcionarios de Pemex y con quienes más fuere necesario, para saber cómo va el proceso de esclarecimiento en los hechos, tener acceso a documentación del tipo que se considere necesario, tanto en el patronato como en la PGR, en lo posible y a la brevedad que lo permitan las investigaciones.
Obtener información en este pleno para que esta LVI Legislatura contribuya a terminar con la impunidad de quienes se reservan el derecho a conocer la verdad, pero nunca a aplicar la justicia.
Próximo Presidente de la República. Si pretendemos un estado de derecho, porque del poder judicial y del gobernador sustituto, Carlos Rivera Aceves, no podemos y no creemos esperar justicia.
El Presidente:
Diputado, le ruego disponga de un minuto para concluir su intervención.
El diputado José Pedro Sánchez Ascencio:
Con mucho gusto, señor Presidente:
La justicia, una palabra tan trillada, pero que es urgente devolverle su valor y esto sólo se hará hablando con verdad y sin encubrimientos.
Solicito respetuosamente a la Presidencia y a todos los compañeros diputados, dedicar nuestro trabajo sobre estas propuestas como un homenaje y signo de respeto a los inocentes que murieron el 22 de abril.
No los invito a un minuto de silencio, sino a 36 meses de intenso trabajo. Muchas gracias.
El diputado Heriberto Santana Rubio (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
El diputado Heriberto Santana Rubio, para rectificar hechos.
El diputado Heriberto Santana Rubio:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El caso 22 de abril es un caso que puso de luto al pueblo de Jalisco y al pueblo mexicano; fue una tragedia que todos vivimos y que todos sentimos, pero no por ello vamos a culpar a quien no tiene la culpa.
El Gobierno Federal y el gobierno del Estado han puesto su mejor empeño, su mejor esfuerzo y han dedicado una gran cantidad de recursos económicos para reparar los daños materiales y morales hasta la medida de sus posibilidades, si es que éstos se pueden reparar.
Efectivamente de los siete casos de incapacidad total se atendieron y se indemnizó, aunado a los 67 casos de incapacidad parcial, en éstos hubo una derrama de más de 3 mil millones de pesos viejos.
En los demás damnificados se ha erogado o derramado una gran cantidad más, superior a los 15 mil millones de pesos viejos.
Nosotros, al igual que los compañeros de Acción Nacional, nos sumamos al esfuerzo, al dolor y pedimos que lo que el compañero propone, se turne a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Justicia, para que se les dé su seguimiento respectivo, apoyando hasta donde sea posible, que se dé una solución adecuada al caso.
Por eso nosotros también sentimos el dolor, nos sumamos al esfuerzo. Estamos en la mejor disposición de apoyar hasta donde sea posible las inquietudes que de aquí salgan, para que éstos tengan una solución lo mejor posible.
El gobierno del Estado, en su representante del Poder Ejecutivo actual, el licenciado Carlos Rivera Aceves, vivió los problemas de cerca, convivió con los damnificados y dio su mejor esfuerzo, para dar una solución favorable.
Están los daños materiales en un 100%. Están las indemnizaciones a lo que fue en un 100% y los datos existen. Las cifras ahí están.
Por eso nosotros, desde esta tribuna, que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, cumplieron. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Carlos Núñez Hurtado, por cinco minutos.
El diputado Carlos Núñez Hurtado:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es inútil defender lo indefendible, pero curiosamente cuanto tema se toca en esta tribuna que afrenta al pueblo de México, reactivamente, mecánicamente, sale algún diputado de la mayoría para defender a ciegas, sin criterio y sin conciencia, cosas que no pueden sostenerse.
En días pasados se dijo que había un linchamiento moral, porque estábamos acusando a los diputados de la mayoría de que eran cómplices de los asesinatos políticos. Nosotros no decimos que son cómplices de los asesinatos políticos directos, lo que decimos, señores, y por favor piénsenlo, es que dice un dicho popular, muy sabio, "tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata" y ustedes tienen 75 años por lo menos, deteniéndole la pata a la impunidad, a la injusticia, a la agresión.
No pueden venir, señores, por favor, a hundirse, como se los dijimos hace días, más, cada vez que suben a defender lo indefendible. No es cierto que hayan sido reparados los daños, no es cierto que fueron reparados cabalmente nunca; no es cierto que los damnificados fueron atendidos con ese corazón magnánimo del gobernador interino; él los mandó reprimir el 1o. de junio y golpeó hasta las embarazadas en la Plaza de Armas. Hasta la fecha, señores, no hay justicia. Los chivos expiatorios que fueron señalados como culpables de la acción siguen trabajando en la policía de la cuidad de Guadalajara y, además tuvo el descaro el señor Rivera Aceves, de decir que los damnificados se autogolpearon para convertirse en víctimas. Ahí están las declaraciones en la prensa.
Días después, gracias a la presión de los movimientos ciudadanos y de los propios damnificados, fue retirada esta postura, cuando la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, a solicitud de la coordinadora de organismos civiles y ciudadanos "22 de abril", la hizo presente y obligó a que el caso fuera atendido; y pagó uno de los responsables menores que fue el mayor Santa María que era en ese momento el jefe de la policía. No ha habido justicia.
El caso de las responsabilidades civiles y penales fue clausurado por el actual secretario de Gobernación Jorge Carpizo, le dio carpetazo. Resulta que explotar Guadalajara con millones de litros de gasolina es similar a si hubiera temblado la tierra o hubiera llegado un huracán, e incluso así lo puso en los libros de texto Ernesto Zedillo, estos libros de texto de tanto conflicto que luego fueron retirados, señalaban ya el caso del "22 de abril" como un accidente de la naturaleza.
Las cuentas siguen pendientes. Estamos de acuerdo con muchas de las propuestas que ha hecho el compañero del PAN que nos antecedió en la palabra, pero nos reservamos el derecho de presentar en la sesión del próximo martes una propuesta que estamos elaborando en contacto directo con los grupos de damnificados que tienen su agenda muy clara de cuáles son las cuentas pendientes y ellos son los directamente agredidos por esta situación.
No podemos seguir tolerando la mentira, no es cierto que fueron 210 muertos, ¡por favor!, oficialmente la cifra de vehículos dañados y que todos vimos, porque permanecieron como en un museo del horror, eran más de 600 y ninguna persona que viajara en ese auto podía haber sobrevivido. Sabemos que fue modificada la decisión de llevar los cadáveres al CODE, como originalmente hicieron, porque era la evidencia del número de muertos; se dieron cuenta, dieron la orden y los sacaron y hay testimonios, muchísimos testimonios de cómo fueron desaparecidos los cadáveres.
El "22 de abril" es una cuenta pendiente no solamente para Guadalajara, es una cuenta pendiente para el país. Y sólo porque no hubo radiación no se le compara, tontamente, como una tragedia como la de Chernobyl. Pero vamos a demostrar aquí el próximo martes cuáles son los daños ecológicos, materiales, económicos en vidas humanas y en la dignidad ofendida, de un caso que no ha sido resuelto y que ha sido premiado el gobernador, entonces de Jalisco, que nos dijo: "niños, no se suban a la barda porque se van caer". Así nos trató como retrasados mentales diciendo que habían advertido que había peligro. No fueron advertidos, la gente no fue señalada con anticipación, fue engañada y por eso murió.
Por favor, no suban más a hacer el ridículo en esta tribuna defendiendo lo indefendible, las cuentas pendientes serán presentadas el próximo martes. Gracias.
El diputado José Pedro Sánchez Ascencio (desde su curul):
Señor Presidente, señor Presidente: Pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Pedro Sánchez Ascencio, para rectificar hechos.
El diputado José Pedro Sánchez Ascencio:
Quiero decirle al diputado del PRI, que me antecedió, que qué bueno que se sume a que hay casos pendientes por producto de las explosiones en Guadalajara y que hasta el momento no hay un culpable, solamente hubo chivos expiatorios.
Le quiero recordar y tengo los pelos en la mano y se los puedo demostrar, de que no son solamente siete los casos que hay pendientes. Hay una asociación de aledaños y hay asociaciones de lesionados que están a punto de estar paralíticos, la señora Irene García, la recuerdo en este momento, otros muchos más de los que se me van los nombres, en el cual no han sido, en justicia, o han sido, vamos con un seguro de por vida, con una mensualidad que les sostenga y lo único que está ocurriendo es de que están pidiendo migajas, como mencioné hace un momento.
Por ello mismo propuse de que se conformara una comisión plural para que le demos salida a este asunto en que en Guadalajara, no para desagraviar, sino para que le demos salida a un asunto de justicia, a todos aquellos que sufrieron sin tener la culpa.
Usted dice que el gobernador convivió con los damnificados; pero quisiera que viera las fotografías y los recortes de los periódicos de aquel tiempo, de bajo qué condiciones convivió, en la cual sólo le reclamaban.
Pero volvamos a lo propositivo, volvamos a lo positivo, volvamos a buscarle solución a esto; vayamos, conformemos esta comisión plural, para que los ayudemos a salir de esta enramada en donde las autoridades le buscan y le siguen buscando y le juegan al tiempo, son muy hábiles, para no solucionar el problema.
Hace poco en El Alamo Industrial, tendrá un mes y medio que se realizó un estudio, si no recuerdo, por parte del SIAPA o por el gobierno del Estado, en el cual se encontraron en la calle de siderurgia huecos de más de cuatro metros. Cada ratito los están rellenando y rellenando. Vamos buscándole solución a todo esto y yo creo que es en donde debemos de entrar precisamente en esta comisión plural. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el señor diputado José Luis Mata Bracamontes.
El diputado José Luis Mata Bracamontes:
Señor Presidente; señores diputados:
A distancia del drama que vivieron los tapatíos, que vivimos los tapatíos, los jaliscienses y la nación entera, todavía se levantan voces que pretenden manipular esta tragedia como lucimiento partidista.
Es triste y aprecio mucho a mi compañero Pedro Ascencio, que siendo yo subsecretario de Gobierno en participación social, me tocó a mí personalmente entregar los cheques que él y un grupo de damnificados requerían del Gobierno Federal y del gobierno del Estado. Me tocó cumplir esa encomienda de ambas instituciones, me tocó vivir de cerca hasta donde presenté mi renuncia, para buscar la diputación por el V distrito de Jalisco, encaminados a algunas acciones, importantísimas acciones dentro del convenio único de desarrollo, dentro del Programa Nacional de Solidaridad, para que fueran ejecutadas estas acciones en beneficio de los compañeros damnificados de la colonia El Alamo Industrial, de la Nogalera, de donde procede Pedro y de un amplio sector donde afirmamos definitivamente, que los esfuerzos del Gobierno Federal, del gobierno estatal, se dieron de acuerdo a las circunstancias que prevalecían en ese momento.
Traigo datos y que bueno que se tocaron los puntos, donde se aportaron con grandes esfuerzos seguramente, donde se dejó de ejecutar obra y servicios en otros estados de la República para canalizar a las acciones solidarias para los damnificados de nuestra perla tapatía.
Las pérdidas humanas, los estados de ánimo, los daños espirituales para muchos tapatíos no podrán ser remediados por más que busquemos soluciones rápidas, soluciones de lucimiento; no podremos reparar las pérdidas humanas, pero sí bajo una visión social tenemos la obligación, moral como humanos, de hacer todo lo posible por satisfacer, en la medida de lo posible, a los compañeros que sufrieron la pérdida de deudos.
Es muy triste que se diga que el gobierno del Estado o que el Gobierno Federal no hizo nada por resolver el problema. Es innegable y todo mundo conoció los problemas políticos que se dieron a raíz de este drama tan tremendo que sufrimos los tapatíos.
Todos los aquí presentes seguramente se dieron cuenta cómo fue manipulado este desastre por elementos partidistas, tanto de Acción Nacional como Pedro Sánchez, tanto del PRD. Pero estas acciones finalmente coincidieron en la firme voluntad política de canalizar recursos del señor presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y coincidieron con la voluntad política de Carlos Rivera Aceves, para que en principio lograramos una estabilidad política que se logró y que es innegable también visualizarlo; una estabilidad política en el Estado de Jalisco que permitió ayudarles a nuestros hermanos tapatíos que estuvieron en desgracia.
Por eso rechazo los comentarios de Pedro Sánchez y a él le consta: él recibió de mi propia mano esas participaciones del Gobierno Federal y del gobierno del Estado. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, señor diputado, para rectificar hechos.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Me parece indignante que el señor diputado Mata Bracamontes venga a confundir las exigencias de justicia con una vulgar manipulación. Es verdaderamente irracional calificar como una manipulación a esa voz que de los tapatíos surge exigiendo justicia, porque la justicia en la ciudad de Guadalajara en relación a la explosión del "22 de abril", no se ha dado a plenitud, solo parcialmente se han satisfecho los daños materiales, se han atendido a personas que fueron dañadas; pero la justicia a secas en este caso no se ha dado y revela esa incapacidad del régimen actual para llegar a la satisfacción plena de la ciudadanía, cuando exige justicia, no sólo en los casos extraordinarios como este del 22 de abril o del 24 de mayo, o los más recientes de este nefasto 1994, sino en la vida ordinaria de la población mexicana.
¡No es manipulación y rechazamos, señor diputado, que Acción Nacional haya manipulado jamás esta terrible tragedia que acaeció en la ciudad de Guadalajara!; la padecimos, la sufrimos y exigimos aun con nuestros conciudadanos, que hubiese justicia, pero jamás en Acción Nacional se manipulará el sufrimiento para allegarnos hechos convenientes a nosotros.
En Acción Nacional sólo se da el compromiso, el compromiso con la ciudadanía, el compromiso con los hombres heridos por la incapacidad de este régimen, para satisfacer sus justas demandas. Rechazamos, pues, que haya una manipulación en la proposición de Pedro Sánchez y en las exigencias de la ciudadanía tapatía, para que sea satisfecha a plenitud nuestra demanda, la demanda de los ciudadanos de Guadalajara.
No hemos dicho que no se ha hecho nada, afirmamos que no se ha hecho justicia.
ESTADO DE TABASCO
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Julieta Uribe Caldera, con objeto de hacer comentarios sobre las elecciones de Tabasco.
La diputada Julieta Uribe Caldera:
Con el permiso del Presidente; señores diputados:
De nuevo me permito hacer uso de esta tribuna, para expresar aquí lo que nos agravia a miles de tabasqueños y digo tabasqueños, compañeros diputados del PRI, porque aunque no nací en Tabasco mis 16 años de residencia ahí y mi familia hecha ahí, me dan más derecho que a muchos que nacieron en Tabasco, pero que no han vivido jamás por allá.
Quiero decirles, compañeros diputados, que hoy por la madrugada llegó al Zócalo de esta ciudad la caravana por la democracia, con una buena carga de inconformidad, también de esperanza; con una gran carga de dolor por la pérdida de tres vidas que quedaron en el camino. Miles de tabasqueños, representantes de muchos miles más, han llegado al Zócalo en busca, como muchos otros sectores, por otras razones, de justicia, de justicia electoral, porque no estamos dispuestos a aceptar los resultados de una elección a todas luces ilegal.
Las dimensiones del fraude que se dieron en Tabasco, el pasado 20 de noviembre, hacen imposible cerrar los ojos a esa realidad. El fantasma de la ingobernabilidad se cierne sobre ese Estado, porque no se le puede pedir a miles de ciudadanos que acepten como legales y menos como legítimas, unas elecciones que estuvieron marcadas por evidentes y copiosas irregularidades; la danza de las boletas, los alquimistas de 1988, que entonces cerraron el paso a una oposición unida, volvieron a salir de sus cuevas y con la ayuda de los alquimistas de hoy volvieron a hacer milagros como el de que casi 100 mil electores más votaran por Madrazo, votaran en la elección de gobernador y no lo hicieran, en la elección de diputados y en la elección de regidores.
Hemos, a pesar de las ilegalidades de esa elección, hemos agotado los recursos legales, hemos dado los pasos legales necesarios, protestamos más de 1 mil casillas en la entidad, fuimos al recurso de inconformidad por los resultados en más de 600 casillas; en 16 de los 17 municipios de la entidad hemos interpuesto los correspondientes recursos de inconformidad en contra de los cómputos distritales en la elección de diputados, de regidores y de gobernador; sin embargo, es triste decirlo, pero no tenemos confianza en esas instancias y no tenemos confianza, porque a quien le corresponde resolver es al Tribunal Estatal Electoral, está conformado de la misma forma en que lo estuvieron antes, los consejos distritales, municipales, electorales y el propio Consejo Estatal Electoral; puras personas afines a los candidatos del PRI, puros incondicionales del grupo gobernante en Tabasco, violadores de la ley, ellos mismos, el Tribunal Estatal Electoral no encuentra, no tiene dentro de sus integrantes sólo uno de sus magistrados que esté apegado al derecho.
El artículo 264 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, obliga a los consejeros magistrados a dedicarse a esa función encomendada, a renunciar a cualquier empleo remunerativo y sin embargo todos trabajan; en algunas partes son aviadores, en otras litigan. Tienen sus despachos, hay uno que hasta se da el lujo de tener un programa de radio en donde diariamente hostiga y ataca a todas y cada una de las acciones del PRD.
Así las cosas, repito, no esperamos nada bueno, no tenemos confianza en los que están obligados a analizar con objetividad los recursos de inconformidad interpuestos y las pruebas presentadas.
Sin embargo, a pesar de eso, reitero desde esta tribuna, que los integrantes de la caravana por la democracia, la dirigencia estatal del PRD está abierta al diálogo, que permaneceremos en el Zócalo de esta ciudad en espera de que los recursos interpuestos sean resueltos, pero eso sí, no aceptaremos jamás que en Tabasco se dé el último proceso electoral sucio de este sexenio; nosotros planteamos que este proceso electoral realizado, el pasado 20 de noviembre debe anularse y el doctor Zedillo, quienes tengan el poder para hacerlo, deben inaugurar en Tabasco una nueva etapa, una relación distinta con el PRD; no podemos seguir siendo un partido de proscritos, porque somos un partido legalmente constituido, con los mismos derechos que tienen los demás partidos.
Queremos y demandaremos desde el Zócalo capitalino y desde esta tribuna, cuantas veces sea necesario, la primera elección limpia del régimen del doctor Zedillo, en Tabasco. Eso es lo que demandamos. Vamos a seguir insistiendo en que las elecciones de Tabasco, por lo menos las elecciones de gobernador, deben ser anuladas y debe pasarse de inmediato al nombramiento, por la instancia correspondiente, de un gobernador interino a partir del 1o. de noviembre de 1995, y que a partir de esa fecha ese gobernador interino pueda realizar, promover las reformas necesarias, tanto a la Constitución Política del Estado de Tabasco, como al propio Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tabasco.
No queremos que se invalide a nadie para la próxima elección. Estas son nuestras demandas, vamos a seguir insistiendo en ellas, vamos a seguir luchando por ellas, sólo esperamos que en unas elecciones verdaderamente limpias, con condiciones de equidad; los actuales candidatos si quieren repetir, puedan someterse en condiciones de igualdad, puedan someterse al juicio de los electores.
Esos son nuestros objetivos, sabemos perfectamente que al margen de discursos, de autonomías estatales, al margen de discursos legalistas, en este país tremendamente centralista, todo es posible cuando hay voluntad política. Apelamos a esa voluntad política antes de que en Tabasco se den condiciones mucho más difíciles y tengamos que lamentar pérdidas en vidas humanas.
Muchas gracias, compañero, por recordarme que es tiempo. Sólo quiero reiterar compañeros, que los tabasqueños que están en el Zócalo, no vienen a disputar, no vienen a pelear migajas, no venimos a pelear ayuntamientos, que quede bien claro, para quien tenga que escuchar el mensaje; no venimos a pelear ayuntamientos, venimos a demandar la nulidad en la elección de gobernador. Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Raúl Ojeda Zubieta.
El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:
Con su permiso, compañero Presidente:
Quiero en primer término precisar que esta carga de dolor que le aqueja al PRD, no es exclusiva; más allá de posiciones que no coincidan, todos, todos lamentamos profundamente el que tres tabasqueños que luchan en el ámbito y en el espacio de su partido, hayan desaparecido en condiciones trágicas que nadie, nadie hubiera deseado.
Y quiero decirle con todo respeto a la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, la compañera Julieta Uribe, que claro que nos agravia a miles de tabasqueños que se pretenda torcer nuestra voluntad y creo con todo respeto que el fantasma de ingobernabilidad no se cierne sobre Tabasco, porque hay más de 100 mil votos de diferencia en el candidato de nuestro partido, que fue precisamente una muestra de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos lo que lo ha determinado como el candidato triunfante al gobierno del Estado.
Quiero decirles que estoy muy seguro que esa última expresión que con todo respeto suena amenazante, sobre una posición que podría generar costo de vidas humanas como aquí se señaló, estoy seguro, porque conozco a muchos distinguidos militantes del PRD, que no es una posición que compartan la mayoría de los perredistas que en Tabasco están luchando en forma permanente.
Las elecciones celebradas el domingo 20 de noviembre, se realizaron bajo la guía de una legislación electoral que permitió a la ciudadanía incorporarse a la preparación y vigilancia del proceso.
Nadie puede negar el avance que significa la ciudadanización de los órganos electorales, porque pondría en duda el talento e imparcialidad de quienes en ellos participaron. El descrédito como norma no puede ser recurso de ningún partido.
La elección de presidente del Consejo Estatal Electoral, se realizó conforme a lo dispuesto en el artículo 87, del Código Electoral y correspondió al Congreso local decidir entre tres respetables tabasqueños que fueron propuestos por el Ejecutivo. Cabe hacer aquí la mención que, tanto el Partido Acción Nacional como el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional avalaron esta decisión.
Cabe señalar también que el Consejo Estatal Electoral propuso a los ciudadanos consejeros de los consejos distritales y municipales y de estas designaciones que pudieron ser impugnadas ante el Tribunal Estatal Electoral, la oposición sólo denunció su conformación ante los medios, pero no sustentó sus quejas con el ejercicio de recursos legales.
Muchos de nosotros abogamos por la necesidad del diálogo entre fuerzas opuestas; muchos de nosotros reconocemos la necesidad de reglas claras e imparcialidad en los órganos electorales y en ese sentido se dieron las reformas que se impulsaron en el Congreso local, donde desafortunadamente no participó la dirigencia del PRD tabasqueño, no obstante, la voluntad que para ello mostró su dirigencia nacional.
El Partido de la Revolución Democrática ha divulgado, en la plena conciencia de que pisó un terreno reñido con la modalidad y transparencia que tanto exige, una serie de conversaciones telefónicas entre presuntos funcionarios de mi partido y del candidato priísta a gobernador, a partir del cual se han hecho juicios equívocos y ambiguos sobre la actuación del PRI, en la jornada electoral del domingo 20.
Es muy importante reflexionar sobre el alcance, implicaciones y significados políticos y éticos que dichas informaciones tienen, porque el PRI no tiene nada que ocultar en relación con la estructura electoral que organizó para movilizar a la militancia y los simpatizantes del priísmo.
El programa de promoción del voto fue una estructura de proselitismo que se presentó públicamente desde 1993, como parte del Plan Nacional Electoral y quedó contenido en el programa "así vamos a ganar en Tabasco", a la vista de los medios de comunicación y por ende de la sociedad y de los demás partidos políticos.
Su naturaleza es y fue abierta, todos los partidos tienen una organización con la que convocan a la votación por sus siglas y programas, en todos los partidos existen con otros nombres.
El programa de promoción no fue simplemente proselitista, fue además un esquema de convivencia entre militantes y simpatizantes de nuestro partido. Los promotores antes de los comicios participaban en reuniones con los vecinos en las que se hablaba de política y recogían la demanda social de la comunidad, además de estructura electoral, una instancia de compromiso social.
En otras palabras, esto que se ha venido pregonando acerca del delito que se tuvo, pretendiendo hacer creer que se hizo un proselitismo al interior de las casillas, es falso en toda la extensión de la palabra.
Se incurre en delitos electorales, primero, cuando en el mismo lugar de la votación se presiona a los electores. En este caso la presión hubiese sido tan manifiesta, que el PRD no hubiese necesitado de grabaciones clandestinas para declarar que hubo un presumible delito. Los hechos bastarían, estarían además registradas en las actas de escrutinio de las casillas, pero en esta circunstancia, el PRD se basa sólo en mal interpretaciones sobre conversaciones coloquiales sacadas de su contexto.
La segunda situación de configuración de delito electoral, en caso de proselitismo, es cuando se cometen reuniones y traslados masivos de votantes. Nuevamente, si así hubiese sido, las evidencias hubiesen sido tan ostensibles y a la luz del día, las grabaciones serían sólo recursos secundarios a las anotaciones que sobre las mismas hubiesen hecho organizaciones de observadores y los mismos medios de comunicación. Tampoco hay hechos manifiestos.
No hay entonces, más que presunciones indebidas y diálogos informales como los que pueden darse entre los militantes y dirigentes de cualquier partido.
Con esta táctica de difusión de conversaciones fuera de contexto, sólo se ha querido divulgar una imagen de los comicios a la medida de su conveniencia, pero en el fondo de la cuestión, no es desde luego la existencia de presuntos diálogos clandestinos, sino la actitud moral y política en que cae la oposición en torno a los comicios. Desdeña el sentido de la votación expresa de los ciudadanos y apela a presunciones y no a pruebas objetivas.
La verdad, es que no tienen pruebas legales para sustentar sus posturas, primero, porque no son ciertas y segundo, porque se sustentan en la ilegalidad.
En el subsuelo de esta táctica surge la pretensión, todavía más censurable de la que se nos acusa, de forzar o torcer el mandato de las urnas en una etapa ulterior a la jornada electoral, negar los 297 mil 395 votos que depositaron los tabasqueños en favor del PRI.
Pero lo importante aquí y ahora es encontrar un camino para dejar atrás las impugnaciones sobre un proceso que en forma clara establece los pesos y contrapesos en nuestro Estado. Hay que partir de la necesaria convergencia en los puntos que nos unen, que sin duda pueden ser más que los que nos separan.
La democracia es impracticable si no se parte del reconocimiento de que en una sociedad no puede haber sólo consensos y que son los disensos los que permiten la propia evolución de la sociedad, por ello, es necesario que encontremos los caminos para que en forma civilizada, sin dañar más a un Estado que ya no puede perder más tiempo en la búsqueda del progreso, establezcamos un diálogo que nos permita armonizar nuestras diferencias, partiendo del respeto mutuo y no del propósito de aniquilamiento común.
El triunfo de nuestro candidato a la gubernatura del Estado, obedece a la decisión mayoritaria de los tabasqueños, lo mismo que los triunfos perredistas en cuatro municipios y en dos diputaciones locales. Nosotros reconocemos nuestras derrotas y acatamos la voluntad soberana del pueblo. Nuestros adversarios en consecuencia tendrán que asumir este mandato. Basta ya de aceptar como válido un proceso democrático solamente cuando pierde el PRI, y rechazarlo cuando no le es favorable a la oposición.
Negociar la voluntad ciudadana es menospreciar la capacidad de los propios electores. No pretendamos hacer prevalecer los intereses de nuestros partidos sobre el interés de los ciudadanos. Los tabasqueños sabemos que no es un clima de violencia, de inestabilidad social y de tensión permanente, en el que podremos encontrar respuesta a los problemas que padecemos. Por ello, nuestra responsabilidad, una responsabilidad histórica, es coadyuvar a encontrar el camino para que en un marco de civilidad, pongamos fin en Tabasco al tema electoral y a partir de ello, juntos y con responsabilidades compartidas, trabajemos en favor del desarrollo, de la paz y del bienestar para todos, por el que no hay duda, votamos los tabasqueños, el 20 de noviembre.
El camino de la concordia es una ruta amplia en donde por decisión ciudadana habremos de transitar todos, por sinuoso y abrupto que parezca tendremos que recorrerlos juntos y cerrar las voces, el paso a las voces de la intolerancia que todavía cuestan al desencuentro.
Nosotros reconocemos al PRD y en particular a su líder natural en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, como una corriente de propuestas y no como una fuerza de enfrentamiento. Sabemos que la transformación democrática obliga a una relación armónica entre los actores sociales. Hay, de nuestro lado, voluntad para arribar a ello de manera inmediata y esperamos que ese interés prevalezca sobre cualquier otro en nuestros adversarios. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Leonel Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Con su permiso, señor Presidente:
Indudablemente que un nuevo marco de civilidad, de respeto mutuo que todos estamos interesados en encontrar en esta Cámara de Diputados y en cualquier otro campo de la acción del Estado, significa por un lado buscar coincidencias, pero también significa debatir respetuosamente las diferencias.
Este es el punto en respuesta a lo dicho por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Han mencionado en este debate y en el anterior los diputados priístas de Tabasco, que hubo reformas constitucionales y legales que permitieron elecciones transparentes en Tabasco. Aquí, lo queremos decir, porque ellos no lo han querido mencionar a su vez, que esto no es cierto y lo voy a explicar.
Cuando se promulgó el nuevo Código Estatal de Procedimientos e Instituciones Electorales de Tabasco, no se contemplaron algunos avances que la legislación federal contenía, como, por ejemplo, no nada más la ciudadanización de los organismos electorales, sino tampoco la presencia, la sobrerrepresentación de un partido político.
En el Instituto Estatal Electoral de Tabasco prevaleció hasta el 5 de noviembre, esto es 15 días antes de la elección, un organismo electoral con una mayoría mecánica representada por el Gobierno y por el Partido Revolucionario InstitucionaI.
Efectivamente hubo una reforma que buscó ciudadanizar el Instituto Estatal Electoral, pero ésta se dio el 4 de noviembre y se publicó el 5 de noviembre, en el periódico oficial de Tabasco.
Igualmente, el Tribunal Estatal Electoral, siempre se dijo, y lo sabemos, que lo preside un académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Tabasco y esta misma facultad tiene su director como tercer candidato regidor por Villa Hermosa, Tabasco, por el municipio del centro.
El congreso del Estado actualmente, conforme a la distribución que le que le concedieron, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución, fue de por sí solo la fracción priísta modificar la Constitución.
Esto es, señores, una serie de argumentos que podemos dar para decir que, primero, el código y las reformas a la Constitución de Tabasco, no fueron en el sentido de ciertos avances que se estaban dando a nivel federal y que las reformas que se vieron obligados a hacer ocurrieron 15 días antes de las elecciones cuando ya nada se podía lograr.
El caso más patético, es el nombramiento del fiscal para los delitos electorales, se dio tres días antes de la elección y se nombró a un funcionario del gobierno del Estado.
No habrá un Estado mayor de indefensión para los candidatos de los partidos de oposición ante los delitos electorales que se haya cometido en Tabasco, si en principio se nombra a un empleado del gobierno del Estado y además tres días antes de la elección. ¿Estos son los avances que se vienen a decir?
Por otro lado, también se les olvida que presentamos escritos de protesta en 1 mil 100 casillas, esto es el 70% de las casillas en el estado, con irregulares fundamentalmente de que no cuadran las cifras entre las boletas recibidas y las boletas entregadas después de la elección. Aproximadamente en estas 1mil 100 casillas, de más de cinco boletas, superior al número de recibidas. Esto significa 50 mil votos que quién sabe de dónde salieron.
Por otra parte, vienen y plantean que nosotros lo que queremos... ¿Me permite un minuto para terminar, señor Presidente?, es torcer la voluntad popular en Tabasco, que eso es lo que busca el PRD. Nada más falso. Lo que queremos es que se respete la voluntad popular de Tabasco a través de unas elecciones limpias, equitativas, imparciales y justas. Lo que reclamamos es justicia electoral y efectivamente nosotros creemos que debe haber elecciones transparentes en Tabasco donde todos compitan en igualdad de condiciones, sin excluir a nadie, mucho menos al candidato del Partido Revolucionario Institucional.
Esta es la verdad, éstos son hechos y las pruebas están en los 16 recursos de inconformidad de los 17 distritos que se presentaron por el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco para pedir la nulidad de la elección en el propio Estado para gobernador constitucional del Estado. Eso es lo que pide el PRD y en eso estamos.
Justicia electoral y respeto a la voluntad popular. Muchas gracias.
ANIVERSARIO LEGISLATIVO
El Presidente:
Tiene la palabra, la diputada Martina Montenegro.
La diputada Martina Montenegro Espinoza:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros, honorable Asamblea:
Voy a permitirme hacer una reflexión sobre un acontecimiento que fue trascendental para todas las mujeres de México, pero especialmente para las mujeres que ejercemos el quehacer político y particularmente para las que estamos aquí en este recinto legislativo.
Hace 40 años, en esta misma Cámara de Diputados, con gran expectación, se dio paso por primera vez a una mujer, a una mujer que supo hacer valer sus derechos como tal, a una mujer que constituyó la punta de lanza que abrió los espacios políticos a las mujeres como representantes populares y que sentó sobre todo las bases de la participación femenil en este poder gubernamental con honestidad y valentía.
Me refiero por supuesto a la primera diputada federal en nuestro país, a la licenciada Aurora Jiménez de Palacios, quien con su actuación notable permitirá permanecer como ejemplo imperecedero para todas las legisladoras de hoy y de siempre.
Dos circunstancias justifican esta intervención: soy mujer y provengo del Estado de Baja California como ella, por esta razón siento doblemente el deber moral de recordar a esa gran mujer, que ha sido la meta inspiradora de superación de las mujeres legisladoras de mi partido. No pretendo menoscabar la participación de las demás luchadoras sociales que ha tenido nuestro país, sería ir en contra de la naturaleza combativa de nuestras mujeres, de cuyos ejemplos está llena nuestra historia independentista, revolucionaria y moderna.
Sólo quiero hacer énfasis en ese gran momento de hace 40 años, cuando el tiempo, el espacio y las circunstancias propiciaron la participación formal de la mujer en esta trascendente profesión, que es precisamente la carrera legislativa. Hoy continúa esta participación femenil en la vida política de nuestro país, nos ha dado una valiosa experiencia que debemos aprovechar y que a pesar de que el tiempo, el espacio y las circunstancias son cambiantes, la esencia vital del quehacer político debe ser la misma, participar y desarrollarnos, para ofrecer una mejor expectativa de la vida para todos los mexicanos.
Ese ha sido y deberá ser el fin único que nos motive a introducirnos a la vida pública y a despojarnos de los esquemas tradicionales y algunas veces anacrónicos que dicta nuestra conducta ante una sociedad. Con capacidad, con inteligencia, con tenacidad, estamos logrando una nueva cultura de igualdad.
Por todo lo anterior, deseo hacer un exhorto a todas las mujeres legisladoras, que sin importar ideologías, ni partidos políticos, valoremos en su justa medida este momento trascendental y significativo de hace 40 años, cuando una mujer por primera vez pisó esta misma tribuna y expuso ante todos la necesidad de la igualdad profesional de hombres y mujeres en la política.
Seamos un eco de la voz de la licenciada Aurora Jiménez de Palacios. Capitalicemos sus experiencias y las experiencias que las demás legisladoras nos han dejado, para que en este momento, en estas circunstancias tan especiales que hoy se dan en nuestro país, la participación de la mujer sea vital, sea significativa y sea trascendente para nuestros representantes, para esta Cámara de Diputados, para la sociedad, pero principalmente para México.
No quiero desaprovechar esta oportunidad y recordar también otro hecho histórico, hacer una breve reflexión de la transformación de Baja California como un Estado soberano, en razón de que en estas fechas también se cumplen 43 años de este importante acontecimiento.
En noviembre de 1952, se declara que los límites del otrora territorio norte de Baja California, se integra el Estado 29 de la federación. Gracias a la inteligente visión de los ciudadanos, de los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de aquella época, se logró que Baja California, se transformara en una entidad federativa plena de soberanía y de autodeterminación, de su rumbo social y de su rumbo político y económico.
Desde entonces y pese a ser un Estado joven, Baja California ha avanzado a pasos agigantados, convirtiéndose en un verdadero polo de desarrollo y cuya población politizada que detenta un alto índice de educación, genera el progreso material y cultural que podemos observar actualmente. Hoy Baja California con sus cuatro municipios conforman un verdadero estado, fuerte y soberano, que predica con el ejemplo, que el trabajo más educación han dado como resultado el progreso, la continuidad y la vigencia, que son la base fundamental para lograr el desarrollo integral de la población.
Muchos ciudadanos, venidos de todos los estados del país hemos participado precisamente y hemos vivido en el quehacer de esa historia política y de su lucha por sobresalir y distinguirse como un Estado representativo de progreso, como un Estado representativo de pluralidad política y como un Estado representativo de democracia. Muchas gracias.
PROBLEMATICA MAGISTERIAL
El Presidente:
Tiene la palabra, la diputada María Rosa Márquez Cabrera, para hacer comentarios sobre problemática magisterial.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera:
Con su venia, señor Presidente:
Vengo aquí a esta tribuna nuevamente para recordar también que la historia la hacen los hombres y las mujeres día con día, todos los días y qué mejor reconocimiento de la lucha cotidiana de las mujeres trayendo a esta tribuna la problemática que las mujeres del magisterio viven cotidianamente en todo el país.
Las mujeres y los hombres del magisterio democrático terminan este sexenio de la misma manera como lo iniciaron: luchando. Vengo a denunciar por eso, en esta tribuna, que la corrupción y el mal manejo de recursos y partidas presupuestales del Gobierno hacia los maestros de nuestro país se pone de manifiesto ante la incapacidad del Gobierno local de Michoacán, para resolver las demandas de 56 mil maestros del Estado, pertenecientes a la sección 18, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y organizados en el movimiento de base de los trabajadores del Estado de Michoacán.
El 17 de octubre de 1994, ante la crisis del poder adquisitivo del magisterio nacional, 56 mil maestros pertenecientes al Sistema Educativo Nacional del Estado de Michoacán, pusieron de manifiesto la necesidad, entre otras cosas, el aumento de 45 días de salario mínimo vigente al aguinaldo correspondiente a fin del año de 1994, lo cual sumaría 90 días de aguinaldo, ya que el que perciben hasta 1993, sólo se sustenta en 45 días de salario mínimo.
Vale la pena recordar que en este mismo recinto parlamentario ha sido denunciada con pruebas y procedimientos legales, el año pasado, la exacerbada corrupción que denota el Sistema Nacional Educativo en complicidad con el gobierno local y el SNTE, pues existen 4 mil plazas de maestros aviadores que cobran sin servir a nuestra sociedad, sin servir a nuestra nación, sin servir a México.
Este desvío de recursos resolvería más del 50% de las demandas del magisterio michoacano. Además, el presupuesto contemplado por el Sistema Nacional Educativo, ha otorgado a los estados de Baja California y Morelos, cantidades mayores al aumento exigido por el magisterio del Estado de Michoacán. En Morelos y Baja California ha otorgado 90 días de aguinaldo.
La intransigencia del gobernador empujó al magisterio michoacano a movilizaciones en la ciudad de Morelia y en todo el Estado. En un primer momento el Gobierno nombró una comisión de negociación comandada por el mismo gobernador, donde sólo manifestó la posibilidad de aumentar el aguinaldo a tres días de salario mínimo vigente, lo cuál por razones obvias no fue aceptado.
Posteriormente, en una segunda ronda de negociaciones con el mismo gobernador sólo aceptó cinco días de aumento del aguinaldo, lo cual fue calificado por algunos analistas y maestros, como una burla, dadas las pruebas públicas respecto a los mencionados "aviadores".
En tales circunstancias, se puso de manifiesta la prepotencia, la ineficiencia y la ausencia de voluntad política para combatir la corrupción, características sexenales del gobierno de Salinas. Esta situación aunada a las alianzas de líderes charros, la dirigencia del SNTE con el gobierno local ha entorpecido, amenazado y boicoteado las posibilidades de un acuerdo con el movimiento magisterial. Entre los líderes vendidos destaca Jesús Sarabia, dirigente nacional del SNTE, que en lugar de representar los intereses y demandas del magisterio, se ha dedicado a intimidar al movimiento.
Vale la pena mencionar que una marcha, caravana, que salió el día míercoles 24 de noviembre con destino a la ciudad de México para demandar la interlocución del Gobierno Federal ante la incapacidad y corrupción del gobierno local, esta marcha caravana fue desintegrada y secuestrada con lujo de violencia, mediante un impresionante operativo policiaco que reunió a más de 2 mil efectivos, entre ellos: la policía montada, la Policía Judicial Federal y helicópteros que sobrevolaban la zona. En esos momentos les fue quitado el transporte y por la fuerza fueron obligados a retroceder, de Tepeji hacia Maravatío; les fueron violadas sus garantías individuales, convirtiendo esta situación en un problema de índole nacional, ya que en un Estado soberano no se puede permitir que se violen los derechos constitucionales de los ciudadanos. Por lo tanto, el problema michoacano no sólo es un problema regional, donde inclusive el contexto de cambio de poder en un escenario de tranquilidad se encuentra enturbiado por la prepotencia y la defensa de la corrupción por parte del gobernador de Michoacán.
Por tal situación, ante esta tribuna, espacio natural para resolver con justicia las demandas de la sociedad, exigimos resolución inmediata al aumento de pago de aguinaldo al magisterio michoacano.
Proponemos la formación de una comisión plural de diputados para que reúna a la comisión de intermediación que ya existe, con el Gobierno Federal y exija la inmediata solución al problema y por último, la remoción inmediata del responsable que ordenó el secuestro y bloqueo de la marcha-caravana del miércoles 24 de noviembre de este año.
Estas demandas las hacemos nuestras y en calidad de respresentantes de elección popular; exigimos y esperamos solución justa e inmediata. Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Alfonso Solórzano.
El diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga:
Compañeras diputadas y compañeros diputados:
El movimiento de los maestros de Michoacán, que nos acaba de hacer referencia nuestra compañera diputada María Rosa Márquez, es un movimiento que se inició a finales del mes de octubre, un movimiento en donde están participando todas las tendencias de los maestros en Michoacán. No es un movimiento en particular, sino este movimiento está sumando a las diferentes tendencias sindicales de los maestros en Michoacán.
Y este movimiento se desarrolla, se inicia por la demanda de reivindicaciones laborables, entre ellas el de que se les otorgue a los maestros un bono sexenal, exista una rezonificación por la vida cara, se dé un incremento salarial a los trabajadores no docentes y se ajuste el pago a 365 días al año y no a 360 como ha venido sucediendo hasta ahora.
Estas demandas hasta el momento han sido aceptadas por el gobierno del Estado y la demanda que está trabando la solución al conflicto es la que se refiere a que se les otorguen a los maestros 90 días de aguinaldo.
Hasta el momento ellos han tenido una oferta de parte del gobierno del Estado de los 45 que ya tienen actualmente y 15 días más, diferidos. Pero a estas demandas se suman también las denuncias que han venido haciendo los maestros en Michoacán, sobre la existencia de los llamados "aviadores" dentro de la Secretaría de Educación Pública. Funcionarios y trabajadores que cobran en la Secretaría de Educación Pública y que no trabajan ahí y que no prestan servicios de educación.
En esta demanda, los miembros del movimiento democrático magisterial hablan del orden de 4 mil 000 plazas que están ocupadas por maestros que no trabajan, que no imparten la educación, que no trabajan en la Secretaría de Educación.
El Secretario de Educación en el Estado aceptó públicamente que existían cuando menos 700 de estos "aviadores" que no trabajaban en la Secretaría de Educación Pública y esto fue llevado al Congreso local para que compareciera ante la máxima representación popular en Michoacán el Secretario de Educación y ahí se aclarara y se tomaran medidas sobre esta irregularidad. Sin embargo, ha sido bloqueada, ha sido bloqueada la comparecencia del Secretario de Educación ante el Congreso del Estado y simplemente se le "está dando largas", no se ha corregido absolutamente nada la existencia de estos "aviadores" en la Secretaría de Educación.
Por otra parte se está denunciando también que se han cerrado más de 1500 escuelas rurales en el Estado por falta de presupuesto para pago a maestros y hay más de 2500 horas que están vacantes porque no hay recursos para pagarle al maestro a nivel de secundaria y esto podría ser perfectamente cubierto con las plazas de los maestros que están cobrando sin trabajar; aquellos que son "aviadores".
Este conflicto y la falta de voluntad de las autoridades para resolverlo, ya que como aquí se dijo, se formó una comisión que no buscaba acuerdos, sino simplemente entretener el problema, ocasionó que se radicalizara la lucha de los maestros en Michoacán y se llegó al extremo de cerrar centros comerciales, de cerrar bancos, de cerrar las propias entradas a la ciudad y las propias entradas al Estado de Michoacán.
Y fue hasta que se tomaron medidas más radicales que se sentaron entonces a dialogar más seriamente y que se empezó a avanzar en la solución a las demandas.
Pero se tomó el acuerdo de que saliera una marcha de maestros que viniera a la ciudad de México a entrevistarse con autoridades de la Secretaría de Educación, ya que se decía que era la Secretaría de Educación Federal, la que no estaba de acuerdo en apoyar económicamente para que se resolviera el conflicto y entonces salió una marcha de maestros de la ciudad de Morelia y el día de antier, cuando esta marcha se encontraba a la altura de San Juan del Río, Querétaro, fue desviada por elementos de la Policía Federal de Caminos, so pretexto que existía un accidente en la autopista México-Querétaro y fue desviada junto a Atlacomulco.
Al llegar a un cierto tramo de la carretera de Querétaro a Atlacomulco, fueron detenidos y ahí aparecieron más de mil elementos de la policía montada, de granaderos, de la Federal de Caminos y ahí se tuvo retenidos durante muchas horas a los maestros que venían en marcha. Ahí se les despojó de los vehículos donde venían y se les obligó a regresar a la ciudad de Morelia y esto, compañeros, esto es muy grave, esta actitud que tuvieron las policías, el de detener una marcha que estaba haciendo uso de sus derechos de manifestación, de sus derechos de tránsito, porque no solamente los despojaron de sus vehículos, sino que se les impidió que siguieran avanzando por algún otro medio hasta la ciudad de México; se les dijo que porque no podían llegar y estar aquí para el día 1o. de diciembre, en el cambio de poderes.
Esto, compañeros, es un atentado contra la libertad de manifestación, es un atentado contra la libertad de tránsito. Es necesario que esta cámara se manifieste en contra de quienes impiden a los ciudadanos el derecho de nuestras facultades constitucionales. Podremos estar o no de acuerdo con el movimiento de los maestros, podremos estar o no de acuerdo con ellos en sus métodos, pero en algo que sí debemos estar todos de acuerdo, es en que no se les debió haber parado ni se les debió haber impedido que continuaran a la ciudad de México.
Es importante que sepamos quiénes dieron las órdenes, quiénes movieron las policías, quiénes movieron a los granaderos, quiénes movieron a los helicópteros, para evitar que mexicanos hicieran uso de su derecho de manifestación, de su derecho de tránsito.
Y en estos momentos, compañeros, el conflicto sigue sin resolverse. En este momento hay miles de maestros afuera del Palacio de Gobierno en la ciudad de Morelia, la capital del Estado, que están en espera de que se dé una solución y ellos inclusive, están de acuerdo en los ofrecimientos que les ha hecho el gobierno del Estado, pero no se resuelve el problema porque el gobierno del Estado se niega a realizar estos ofrecimientos por escrito. Los maestros quieren y están de acuerdo con esas propuestas, aceptan las propuestas del Gobierno del Estado siempre y cuando se firme la minuta, la firmen las autoridades responsables y entonces ellos estarían dispuestos a levantar los plantones, incorporarse al trabajo y dar por terminada esta lucha; sin embargo, las autoridades del Gobierno del Estado se niegan a firmar la minuta, a hacer el acuerdo por escrito y entonces sigue trabado.
Por lo tanto compañeros, yo me sumo a la propuesta de la diputada María Rosa Márquez, en el sentido de que se forme una comisión plural que pueda facilitar el resolver este problema, que sirva de puente entre las autoridades federales, las autoridades estales y los otros maestros, para que se resuelva este conflicto que tiene paralizado prácticamente a Michoacán, que tiene gran repercusión en la sociedad michoacana y que los michoacanos demandan también que se resuelva este conflicto. Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, ha solicitado la palabra el diputado Miguel Angel Islas.
El diputado Miguel Angel Islas Chio:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Parece ser que cuando me toca abordar la tribuna, valdría la pena reflexionar en el sentido de que magnificar y minimizar no es el sentido de esta tribuna. También quisiera precisar que tampoco puede ser ésta una tribuna, dada la alta jerarquía que tiene, para que vengamos a insultar y a deformar la información de los hechos.
En cuanto a las demandas del magisterio de Michoacán, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación encabeza la justeza de las demandas; creo y está convencido que los maestros requerimos un mejor salario, que los trabajadores de la educación para que el pueblo de México pueda tener mejor educación, requieren de mejores salarios; pero no creemos en los argumentos que, con todo respeto le digo a la diputada, están llenos de falacias y de mentiras. Si charrismo es transformar a un sindicato que hoy milita, militan sus miembros con reconocimiento a la pluralidad y a su ideología, quiero decir que entonces se tiene un Concepto deforme de lo que es el charrismo.
Si charrismo para ella es que el SNTE encabece las demandas de los maestros con justeza, estableciendo estrategias y principios que permitan allanar el camino y resolver los problemas, creo que ella también está equivocada. Valdría la pena precisar que el federalismo educativo, que tanto han señalado los diferentes partidos políticos, es uno de los federalismos más importantes que se presentan en la gestión gubernamental presente y que, en este federalismo educativo, entre otras cosas, destaca el cambio y la sustitución patronal para no ser trabajadores federales y convertirnos en trabajadores del Estado; ése es el caso del Estado de Michoacán.
Pero valdría la pena retomar, que no se vale, que fuerzas del pasado, reaccionarias, estén buscando la manera de utilizar a los maestros para fines estrictamente políticos y personales; creo que tenemos que buscar dentro del consenso de los maestros, la posibilidad de ir encontrando las soluciones.
Quisiera precisar lo siguiente; efectivamente, los maestros de Michoacán inician un movimiento en búsqueda de mejores condiciones salariales, es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de su Comité Ejecutivo Seccional y a través del Comité Ejecutivo Nacional, quien encabeza estas demandas, busca y establece...
Con respeto, señor diputado, usted tiene más facha de charro, quisiera precisar que efectivamente, usted debe tener respeto, señor.
Quisiera precisar que efectivamente, el que se vale del insulto, el que se vale de la ignominia, lo único que merece es el mismo calificativo que profiere.
Se da este movimiento, compañeros y es a través de la organización sindical como se presentan las demandas; ¿qué ha ocurrido? ¿Si es cierto que ha habido hechos que son de carácter delictivo? Valdría la pena precisar que el SNTE no está en ninguna corrupción con el Gobierno, el SNTE a partir de 1989, establece una nueva relación que es de respeto y de coordinación, no de subordinación al gobierno; el SNTE se hace plural y establece dentro de sus militantes el reconocimiento a los del PAN, a los PRD, a los del PT y a los de todas las fracciones; los dirigentes del SNTE se eligen mediante voto secreto y directo, y es una forma de avance para poder resolver los problemas.
Quiero precisar, señores diputados, a ustedes que están hablando de esta manera, que he sido respetuoso con cada uno de ustedes y que el mismo respeto que he dado a ustedes es el mismo que exijo para la persona que está hablando. Asimismo, se ha hablado de rezonificación. Diputado del PRD que planteó la rezonificación, hay una respuesta a nivel nacional que establece que la rezonificación en todo el país se está resolviendo, en diferentes etapas, lo que habrá de permitir llegar a los trabajadores de la educación al tabulador número tres.
Segundo: el aumento administrativo fue dado, pero hay que precisar que la comisión del movimiento de base aceptó el aumento administrativo y que por esa conducta de asambleísmo que acostumbra ayudar, en ese momento fue rebasado por la propia base; hoy lo que tenemos que buscar son las coincidencias, hoy lo que tenemos que buscar es la manera de darle una solución definitiva al problema y de fondo; tendríamos que revisar primero, cómo seguir construyendo un federalismo en el que no sobresalgan las iniquidades y las desigualdades, tendríamos que establecer cómo ese federalismo educativo logra llegar realmente para resolver los problemas de educación en el país.
Tendriamos que buscar como otra coincidencia, cómo hacer que el artículo 30. constitucional puede establecer y puede garantizar en los hechos para los mexicanos, la equidad, gratuidad, cómo defender la educación pública, cómo defender la escuela pública; tendríamos que buscar la coincidencia para que los maestros que se encuentran en sus justas demandas, encuentren las vías reales de comunicadón y de solución, eso es lo que tenemos que hacer; no es la vía del insuto, lo que nos va a ayudar a resolver los problemas.
La otra que quisiera precisar: efectivamente, en la marcha que llegaba a la ciudad de Querétaro, que venía a la ciudad de México, había maestros, pero también había del Movimiento M-26, también había estudiantes de las casas de estudiantes, también existían dentro de esa organización, las denominadas organizaciones solidarias.
Ante esta virtud, yo pido que sean los maestros, que seamos los maestros y su organización sindical los que resuelvan los problemas. Yo pido que sean los maestros, los que puedan encontrar las soluciones con respeto a la autonomía de la organización sindical que tenemos, respeto a la autonomía que es el mismo respeto que merecen todas las organizaciones sindicales.
Digo no a aquellos que pretenden vulnerarla, digo no a aquellos que pretenden montarse en un problema y repito, montarse en un problema para tratar de utilizar éste como medio para ganar adeptos y no para encontrar soluciones. Si los que tenemos realmente interés en que se resuelva el problema de Michoacán, tenemos voluntad para construir la solución, sentémonos a dialogar, veamos de qué forma podemos apoyar y participar con respeto a las instituciones, con respeto a la organización sindical y con respeto a lo que representan los maestros de Michoacán.
Quisiera precisar por último, compañeros diputados, el insulto y la ignominia no merecen ni siquiera ser contestados porque no tenemos esa calidad, tenemos mayor calidad para hacerlo. La propuesta de solución, sea bienvenida de quien venga; la construcción de consenso, el respeto a la pluralidad, la búsqueda de coincidencias para resolver los problemas es lo que nos va a ayudar a resolverlos, pero no engañemos, no violentemos; basta de querer engañar a la sociedad, basta de querer venir a la Cámara de Diputados a decirle a la gente lo que no existe, basta de utilizar esta tribuna para tratar de ganar lo que no ha sido posible con el trabajo político; basta ya de que esta tribuna se convierta en dimes y diretes, porque no tengamos la capacidad de encontrar y resolver los problemas que están aquejando a la nación. Muchas gracias.
El Presidente:
La diputada María Rosa Márquez, para contestar alusiones. Cinco minutos.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera:
Con su permiso, señor Presidente:
Aquí se ha dicho basta ya y yo creo que es el reclamo de muchos hombres y mujeres en todo nuestro país.
Yo creo que no nos tienen que preocupar tanto las denuncias, sino los hechos, las realidades, no podemos seguir tapando el sol con un dedo.
Efectivamente, como resultado de una lucha democrática de los maestros, ha habido distintos cambios y avances en el trabajo sindical. No ha sido gratuito, ha sido el resultado de la persistencia de hombres y mujeres valientes, por modernizar y democratizar el sindicato nacional más grande de nuestro país.
Yo creo que lo que tenemos que poner en el centro, efectivamente si es que hay voluntad de resolver los conflictos, son las propuestas, no la defensa a ultranza de los dirigentes.
Tenemos que reconocer las grandes deformaciones que existen, que las hay. Si no partimos de reconocer estos vicios y deformaciones que existen en este sindicato, difícilmente vamos a poder avanzar, no solamente en el sindicato, sino en general; todo mundo, todos hemos hablado de las grandes transformaciones que se requieren en este país, que desde esta tribuna también es como podemos, con una actitud propositiva, avanzar en esas transformaciones, pero señoras y señores, si no hay la voluntad real de reconocer una problemática existente y este papel tan nefasto, así, así lo decimos, tan nefasto, que algunos dirigentes sindicales han actuado,en particular en Michoacán, con el conflicto en Michoacan, dificilmente vamos a encontrar soluciones.
Lo que queremos y la propuesta fue muy concreta: una comisión plural, con voluntad de solucionar las cosas, no con esconder las realidades que ahí están. Gracias.
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra, para rectiflcar hechos, la diputada Cecilia Romero.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo:
Gracias, señor Presidente; señores diputados:
Para todos los mexicanos y de manera muy especial para los que orgullosamente ejercemos la profesión magisterial, el asunto de los maestros debe debatirse de una manera serena, deben buscarse las causas profundas por las cuales hay descontento, crítica, huelgas, plantones, represiones; debe analizarse este asunto desde un punto de vista que esté alejado de la tribuna, que esté alejado del reflector, que esté alejado de aquella discusión estéril en que hay uno que llega a decir que todo está mal y hay otro que llega a decir que no es cierto, que esto está muy bien y que la Revolución les ha hecho justicia a todos los maestros. Este problema, compañeros diputados, no merece ser tratado de esta forma.
Yo quiero proponer que este asunto que se ha venido a presentar aquí, no sea tumado a una comisión especialmente hecha para el efecto, yo quiero proponer que este asunto sea turnado precisamente a la comisión que en la cámara se ha formado para estudiar los aspectos educativos.
Y a propósito de esta situación de la Comisión de Educación y de las diversas comisiones plurales y especiales, que se han venido proponiendo desde que inauguramos esta LVI Legislatura, yo quiero felicitarme y quiero que nos felicitemos todos porque finalmente han sido constituidas las comisiones de la Cámara de Diputados. ¡Bienvenida la constitución de las comisiones de la cámara! Para eso sirven, compañeros, para que en un ambiente de respeto, de serenidad, de tranquilidad, podamos de veras investigar, dialogar, preguntar y contestarnos para llegar a soluciones y que entonces sí, estas propuestas de solución sean traídas a la tribuna, porque ni los maestros de México, ni los obreros, ni los sindicalizados, ni los indígenas, ni los discapacitados, van a encontrar solución de los problemas con que aquí venga uno a decir que es negro y otro a decir que es blanco; no vamos a solucionar los problemas de México a base de abucheos o de aplausos; los vamos a solucionar a través del estudio y el análisis sereno que requiere y merece cada uno de estos asuntos.
Yo quiero decir que afortunadamente también, las comisiones legislativas en esta LVI Legislatura son todas comisiones plurales, porque hemos hablado mucho de esto y las comisiones en la cámara son plurales. Pongámonos a trabajar en nuestras comisiones, desterremos la comisionitis estéril y traigamos aquí a la tribuna respuestas que consideramos son verdaderamente soluciones a los problemas que se han planteado.
Yo quiero unirme a este problema, a esta situación grave, a esta preocupación que se ha presentado sobre el problema magisterial y quiero proponer que esta propuesta, que esta situación que se ha presentado, sea turnada a la Comisión de Educación de la Cámara, para que ahí se analice y posteriommente los compañeros de la comisión nos traigan una propuesta que pueda ser aceptada y puesta en práctica por todos nosotros y dejemos de vituperarnos o de aplaudimos y vitorearnos sin razón y sin fundamento. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectiticar hechos, el diputado Froylán Velázquez.
El diputado Froylán Velázquez Hernández:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hoy un sexenio gubemamental termina y con él el gran rezago nacional se incrementa en diversos rubros y aparece paralelamente a las necesidades insatisfechas el reclamo de la sociedad mexicana.
Hoy contemplamos en el panorama nacional, protestas tanto de habitantes de las ciudades perdidas o cinturones de miseria, colonos, campesinos, obreros, maestros etcétera y la lucha de la mujer y el hombre de la sociedad mexicana, tiene un propósito bien justificado: mejorar las condiciones de vida actuales.
Aquí en esta tribuna, modestamente, ante esta Cámara de Diputados, asunto que desde hace muchos años el gremio magisterial no se le ha prestado ni dado el apoyo requerido, con todo y que es uno de los elementos de mucha importancia en la vida de la nación mexicana.
Tratando de dibujar el panorama magisterial, comento como ejemplo, que la lucha magisterial, independientemente de las etiquetas que en su momento se le coloquen, ha tenido puntos coincidentes por las carencias que padece el docente a nivel nacional, entre ellas un clamor general por el aumento al salario del maestro, considerar lo que es el pago del aguinaldo justo, la rezonificación de la vida, por la vida cara a nivel nacional y estatal; un presupuesto que responda a las necesidades de la educación y que la misma UNESCO establece en un 8%; prestaciones y servicios entre los cuales aparece el ISSSTE, el seguro de vida, la vivienda, etcétera.
Y menciono esto, porque de hace muchos años a acá se ha pedido justicia para el magisterio y sin embargo no se le ha escuchado y por el contrario, en muchos de los casos se le ha reprimido.
El caso más reciente, aunque suene un poco redundante, es importante que los compañeros legisladores, con buena disposición ayuden a resolver o a aportar algo positivo para que esto se resuelva, el caso más reciente ha sido el de los maestros michoacanos, que con un pliego petitorio presentado ante la instancia correspondiente, en lugar de dar solución a las demandas en una forma atinada, se le reprime al maestro michoacano y que aquí en esta tribuna se ha mencionado, que el domingo 27 se dio este hecho en San Juan del Río, en que una marcha pacífica, con rumbo a la ciudad de México fue detenida por la policía judicial, por granaderos, policía federal de caminos y ahí se tnunca de hecho el derecho a la manifestación de Ios maestros michoacanos.
Señores diputados, México espera mucho de todos los aquí presentes. Hagamos mucho por ayudar a la sociedad mexicana y no permitamos que a los hombres y mujeres de nuestra patria se les atropelle de esta manera y se les coarten sus derechos.
Los del Partido de la Revolución Democrática demandamos solución a los problemas que tiene el magisterio nacional y como aquí se ha apuntado, vamos a buscar esa voluntad en todos los diputados de las fracciones parlamentarias, para aportar y apoyar mucho para la solución de problema educativo nacional, entre ellos, el del maestro mexicano. Muchas gracias.
El diputado primo Rivera Torres (desde su curul):
Pido la palabra para hechos, señor Presidente:
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Primo Rivera.
EL diputado Primo Rivera Torres:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Deseo intervenir para poder puntualizar algunas de las cosas que he escuchado en esta tribuna en relación con mis compañeros de trabajo, maestros del Estado de Michoacán.
Como trabajador de la educación quiero decir aquí, primero, que hacer comentarios, abordar comentarios sobre el magisterio, del problema magisterial, es en realidad algo muy amplio, más aún si a esto se agrega el hecho de que dentro de ese grupo de trabajadores no solamente existen docentes, maestros en sí, sino que también se agrupan trabajadores de apoyo y asistencia a la educación que son muy numerosos.
En el país sabemos que se trata de la organización más grande de trabajadores y que es una organización, que a su interior ha tenido algunas transformaciones y desde luego también algunos conflictos.
Para poder puntualizar en primer término el hecho de que me solidarizo de manera absoluta con los planteamientos que tienen que ver con el mejoramiento del salario de los maestros de México, porque la inversión educativa para nuestro país, si en algo debe ser consistente, es en darle al magisterio y a los trabajadores de la educación, la justa remuneración que su trabajo amerita, darles la oportunidad, no sólo en las condiciones salariales, sino en los recursos, en el equipamiento didáctico necesario, en los inmuebles y en la infraestructura de edificios que se requieren para que la educación de México pueda alcanzar los niveles que deseamos, para que podamos hacer ahora la inversión del futuro, para que podamos apoyar verdaderamente a nuestros niños y jóvenes que lo necesitan para el mañana.
Después quiero hacer una puntualización, compañeros, los trabajadores de la educación han luchado desde hace muchos años, lo han hecho dentro de una organización respetable que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; se han visto en diferentes circunstancias históricas y el país y la nación de manera general los ha sentido junto cuando las luchas de México, así lo han necesitado.
Dentro de esa organización han mantenido sus luchas, las ha dirigido y aquí quiero decir que yo no estoy de acuerdo con una afirmación que se hizo en el sentido de que el sindicato tiene de alguna manera arreglos o complicidad o corrupciones, como se dijo, con el gobiemo del Estado de Michoacán, no los tiene, los trabajadores agrupados en el SNTE, el sindicato no los tiene formalmente ni con el gobemador del Estado de Michoacán ni con ningún gobemador de los estados de la República. Mantiene una lucha reivindicativa por las condiciones laborales y salariales de sus agremiados. Laborales ¿por qué? Porque el personal de Educación Pública fue todo trasladado hacia la esfera de operación del gobierno de los estados y ahí laboralmente hubo un cambio de patrón que todavía mantiene algunas condidones que necesitan ser revisadas.
Quiero decirles, compañeros diputados, que el SNTE mantiene a su interior un proyecto que tiene que ver por hacer compromisos con la sociedad como sindicato y como organización, comprometerse a temas tan importantes como favorecer y elevar la calidad de la educación pública en México, porque se puedan actualizar y reformar constantemente los libros de texto y los programas y planes educativos en este país.
Porque se espera establecer un sistema nacional de actualizadón profesional para los docentes de México en servicio y por impulsar la revaloración social del trabajo de los maestros en México, con miras a lograr dentro de esa revalorización social, la justa redimensión de sus ingresos y percepciones salariales.
Le pido, señor Presidente, si me autoriza el minuto que les ha autorizado a otros oradores.
El Presidente:
Tiene usted un minuto para concluir su intervención.
El diputado Primo Rivera Torres:
Muchas gracias, señor Presidente:
Al hacer esto la propia organización de los trabajadores de la educación ante la sociedad se ha presentado también con un proyecto de propuesta educativa. Se han realizado, no sólo congresos intemacionales, que tienen que ver con la sociedad y con la educación dentro de ésta, sino muy recientemente un Congreso Nacional de Educación, para poder dar una propuesta a la sociedad y al Gobierno de México, acerca de la educación que necesitamos en estos días.
De tal manera que ésa es una estrategia, compañeros diputados, pero es una estrategia que busca lograr en la sociedad el consenso necesario para que se pueda favorecer el tratamiento adecuado para las demandas profesionales y salariales de los trabajadores de la educación. Sólo que es una propuesta que choca, esa estrategia choca con otras estrategias, que son las de ir a cerrar bancos, que son las de ir a cerrar vías de comunicación, que son las de acción directa que a veces los compañeros también han asumido y en todo caso también finalmente han encontrado el respaldo de su organización sindical.
En esa lucha de estrategia, es donde debemos encontrar nosotros los puntos de afinidad y los puntos de acuerdo, para poder resolver o dar algunas medidas que contribuyan a resolver esta problemática y esta problemática del magisterio de México.
Quiero, finalmente, sumarme a dos ideas que me han parecido positivas y que se han vertido aqui. Primera, que sea con plena serenidad y al interior de la Comisión de Educación propia de esta cámara donde se pueda ventilar el problema del magisterio o la problemática magisterial, no solamente la que se está planteando en el caso de la marcha que se detuvo de los maestros de Michoacán.
Y en segundo, de que hagamos constantemente el mayor de los esfuerzos, por encontrar los puntos en donde podamos trabajar positivamente y desechemos cada vez más las ofensas, los adjetivos que no nos ayudan en absoluto al trabajo que tenemos encomendados por todos los ciudadanos mexicanos. Muchas gracias.
COMISION DE REGIMEN INTERNO Y CONCERTACION POLITICA
El Presidente:
Proceda la Secretaria a dar lectura a las proposiciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:
Se va a dar lectura a una proposicion.
«Honorable Asamblea:
La Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica de esta cámara, en uso de sus atribuciones que le confieren los artículos 42, 45, 47, 50, 52, 53, 54, 65 y, demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a la consideración de la honorable Asamblea, las siguientes adecuaciones para completar la integración de las comisiones y comités, para el desempeño de los trabajos de este cuerpo legislativo.
Comisión de Artesanias, ingresa Walter León Montoya; Comisión de Asuntos Indígenas, ingresa Baruc Efraín Alavez Mendoza; Asuntos Fronterizos, sustituye a Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín, Leobardo Aguirre Corral; Comisión de Ciencia y Tecnología, sustituye a Carlos Servando Ponce de León Coluby, Gabriel Escalante Castillo; Comisión de Comercio, sustituye a Rafael Ceballos Cancino, Luis Femando González Achem; Comisión de Corrección de Estilo, ingresa José de la Cruz Martínez López; Comisión de Defensa Nacional, ingresa Carlos Servando Ponce de León Coluby, sale Alejandro Moreno Berry; Comisión de Fomento Cooperativo, sustituye a Leobardo Aguirre Corral, Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín; Comisión de Justicia, sustituye a Joaquín Vela González, Ezequiel Flores Hemández; Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, sustituye a Víctor Manuel Silva Tejeda, Rosario Guerra Díaz; Comité de Administración, ingresan: Guillermo González y Guardado, como tercer secretario; Salvador Mikel Rivera, como cuarto secretario; Rosa Maria Cabrera Lotfe, Graciela Rojas Cruz y Joaquín Humberto Vela González; Comité de Bibliotecas, sustituye a Fernando González Achem, Gabriel Aguiar Ortega; ingresa Serafín Núñez Ramos; Comité de Asuntos Editoriales, ingresan Gustavo Salinas Iñiguez y Ezequiel Flores Rodríguez; Instituto de Investigaciones Legislativas, ingresan Alejandro Moreno Berry y María Cristina Díaz Salazar; sustituye como primer secretario a Ernesto de Jesús Luque Feregrino, Juan Manuel Cruz Acevedo; Jurisdiccional, ingresa José Rosas Aispuro Torres; Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, ingresa Edgar Román Benítez Gálvez y Vivienda, sustituye a Ezequiel Flores Hemández, Joaquín Vela González.
Participación Ciudadana: María de la Luz Lima Malvido, presidenta; Cecilia Romero Castillo, primer secretario; Roberto Campa Cifrián, segundo secretario; María Leticia Calzada Gómez, tercer secretario; Sebastián Lerdo de Tejada, cuarto secretario; José Feliciano García Peraza, Jesús Eduardo Noyola Bernal, Luis Alberto Contreras Salazar, Irene Ramos Dávila, Jorge Meade Ocaranza, Sabino González Alba, Leonel Domínguez Rivero, María del Carmen Ricardez Vela, Carlos Aceves y del Olmo, María Virginia Betanzos Moreno, Alicia González Cerecedo, Irma Eugenia Cedillo y Amador, Josefina Silvia Balleza Sánchez, Florentino Castro López, José Natividad González Paras, Víctor Palacios Sosa, Audomaro Alba Padilla, Carmen Segura Rangel, Rodrigo Robledo Silva, Claudio Coello Herrera, Salvador Avila Zúñiga, Ana Lilia Cepeda de León, Rosa María Cabrera Lotfe, Arnoldo Martínez Verdugo y Marcos Cruz Martínez.
Desarrollo Social: Rosario Robles Berlanga, presidenta; Tito Rubín Cruz, primer secretario; Víctor Cruz Ramírez, segundo secretario; Jorge de Jesús Castillo Cabrera, tercer secretario; Martín Gerardo Longoria Hemández, cuarto secretario; Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Lorenzo Chávez Zavala, Jesús Rafael Ruvalcaba León, Femando Cruz Merino, Víctor Samuel Palma César, Jacinto Gómez Pasillas, Jaime Cleofas Martínez Veloz, Cándido Pérez Verduzco, María del Carmen Zavala Medel, Rogelio Zamora Barradas, María Elisa Garzón Rivera, Manlio Fabio Gómez Uranga, Rafael Ceballos Cancino, Carlos Mario de la Fuente Lazo, Liberato Montenegro Villa, Josué Valdés Mondragón, Gerardo Nava Bolaños, Cruz Pérez Cuéllar, David Vargas Santos, Luis Andrés Esteva Melchor, Jorge Urdapilleta Núñez, Jorge Hernández Domínguez, Erick Villanueva Mukul, Eliseo Moyao Morales y José Narro Céspedes.
Atención y Apoyo a Discapacitados: Armando Salinas, presidenie; Ana María Licona Spinola, primer secretario, María Rosa Márquez Cabrera, segundo secretario; Andrés Galván, tercer secretario; María de los Angeles Marina Blanco Casco, cuarto secretario; Alejandro Iván Audry Sánchez, Virginia Hemández Hemández, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, José Luis Martínez Alvarez, Héctor San Román Arreaga, Irene Marisela Cerón Nequiz, Horacio Pereznegrón Pereznegrón, Jesús Eduardo Noyola Bemal, Miguel Humberto Manzo Godínez, Dante Decanini Livas, Carlos José Verteramo Pérez, Javier Aguiar Ortega, Gladys Merlín Castro, Pedro Guadalupe López y Macías, Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, Arturo Quiroz, Juan Manuel Pérez C., Alicia Céspedes, Zenen Xochihua, Javier Ortega, Roberto Robles Gamica y Oscar González Yánez.
Reconstrucción del Palacio Legislativo: Javier Hemández Armenta, presidente; Luis Rico Samaniego, primer secretario; Jorge Adolfo Cejudo Díaz, segundo secretario; Desiderio Camacho Garibo, tercer secretario; Héctor Humberto López Barraza, cuarto secretario; Ricardo Padilla Martín, José Luis Salcedo Solís, Ricardo Menéndez y Haces, Mario Enrique Vázquez Hernández Rolando Hemández Castillo y Femando Rivadeneira y Rivas.
Fortalecimiento Municipal: Adrián Víctor Hugo Islas Hemández, presidente; Agustín Torres Delgado, primer secretario; Gabino Femández Sema, segundo secretario; Octavio Romero Oropeza, tercer secretario: Mario de la Torre Hernández, cuarto secretario; Guillermo Gómez Vega, Yolanda Eugenia González Hernández, José Luis Femando González Achem, Raúl Lara Chanes, Mario Alejandro Rosales Anaya, Baruc Efraín Alavez Mendoza, Anastacia Guadalupe Flores Valdez, José Luis Flores Méndez, Regina Reyes Retana Márquez Padilla, Gerardo Ordaz Moreno, Joaquín Rodríguez Lugo, José de la Cruz Martínez López, Agustín Martínez Maldonado, Jaime Martínez Tapia, Francisco Domínguez García, Francisco Santos Covarrubias, Eusebio Moreno Muñoz, Fernando Garzacabello García, Lorenzo Duarte Zapata, Apolonio Méndez Meneses, Alejandro Díaz Pérez Duarte, Saúl Alfonso Escobar Toledo, Francisco Patiño Cardona, Hildiberto Ochoa Samayoa y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.»
En votación económica se pregunta si se aprueba la propuesta...
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente
COMISIONES PROTOCOLARIAS
El Presidente:
Esta Presidencia, con motivo de la sesion de Congreso General en la que presentará la protesta de ley como presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el próximo 1o. de diciembre, el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 185, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se designan las siguientes comisiones protocolarias:
Para acompañar al licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de su residencia al Palacio Legislativo, a los siguientes diputados:
Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Luis Femando Achen, Jaime Mariano del Río Navarro, Ofelia Casillas Ontiveros, Alfonso Garzón Santibáñez, Ramón Miguel Hemández Labastida, José Enrique Patiño Terán y José Narro Céspedes.
Para recibir en el pórtico del Palacio Legislativo, al ciudadano Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y acompañarlo a la tribuna del recinto y viceversa, a los siguientes diputados:
Jesús Salvador Hemández Vélez, Javier Pineda Serino, Salvador Mikel Rivera, Armando Octavio Ballinas Mayes, Miguel Alberto Segura Dorantes, María Teresa Gómez Mont y Urueta, César Humberto González Magallón.
Para acompañar del Palacio Legislativo a su residencia, al licenciado Carlos Salinas de Gortari, a los siguientes diputados:
Roberto Rafael Campa Cifrián, Claudia Esqueda Llanes, José Rafael Castelazo y de los Angeles, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Rafael Ayala López y Jose Gerardo de los Cobos Silva.
Para acompañar al doctor Emesto Zedillo Ponce de León, presidente electo de México, de su residencia al Palacio Legislativo, a los siguientes diputados:
Juan José Osorio Palacios, José Natividad González Paras, José Ramírez Gamero, Hiram Escudero Alvarez, David Vargas Santos y Alejandro Moreno Berry.
Para recibir a las puertas del Palacio Legislativo al ciudadano doctor Emesto Zedillo Ponce de León, presidente electo de México y acompañarlo a la tribuna del recinto, a los siguientes diputados:
Mario Enrique Vázquez Hemández, María Virginia Betanzos Moreno, Francisco Domínguez García, Héctor Humberto López Barraza, Sara Esther Muza Simón, Jesús Sánchez Ochoa, Marcos Carlos Cruz Martínez.
Para acompañar del Palacio Legislativo a Pacio Nacional al doctor Emesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los siguientes diputados:
Humberto Roque Villanueva, Patricia Garduño Morales, Joaquín Humberto Vela González, Fructuoso López Cárdenas y Héctor Hugo Olivares.
ORDEN DEL DIA
COMISION DE REGIMEN INTERNO Y CONCERTACION POLITICA (II)
El secretario Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:
«Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Para que el orden del día de la sesión del Congreso General, del 1o. de diciembre de 1994 sea elaborado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5o. y 45, fracciones l, Vl de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone el siguiente
ACUERDO
Que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política sea quien elabore el orden del día de la sesión de Congreso General, del 1o. de diciembre de 1994.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de noviembre de 1994.Diputados: Humberto Roque Villanueva, Partido Revolucionario Institucional; Femando Antonio Lozano Gracia, Partido Acción Nacional; Jesús Ortega Martínez, Partido de la Revolución Democrática y Joaquin Humberto Vela González, Partido del Trabajo.»
De enterado.
La secretaria María Claudia Esqueda Llanes:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 17.56 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la de Congreso general, que se llevará a cabo, el próximo 1o. de diciembre de 1994, a las 8.00 horas.
APENDICE
COMISIONES
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política: diputados Humberto Roque Villanueva, Juan José Osorio Palacios, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Ramírez Gamero y Rosario Guerra Díaz; Jose Luis Torres Ortega J. Jesús Ortega Martínez y Joaquín Humberto Vela González.
Gran Comisión: diputados Humberto Roque Villanueva, Juan José Osorio Palacios, José Natividad González Paras, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Ramírez Gamero, María del Rosario Elena Guerra Díaz, Sara Esther Muza Simón, Abelardo Carrillo Zavala, Guillermo Zúñiga Martínez, Socorro Ramírez Ortega, Héctor Humberto López Barraza, Leonel Efraín Cota Montaño, Gabriel Escalante Castillo, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio Castillo Flores, Walter León Montoya, Saúl González Herrera, Oscar Levín Coppel, José Rosas Aispuro Torres, José de Jesús Padilla Padilla, Píndaro Urióstegui Miranda, Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Ismael Orozco Loreto, Wilfrido Isidro Muñoz Rivera, Armando Octavio Ballinas Mayes, Juan Salgado Brito, Liberato Montenegro Villa, Dante Decanini Livas, José Antonio Hernández Fraguas, Víctor Hugo Islas Hernández, José Manuel García García, Fructuoso López Cárdenas, Heriberto Galindo Quiñónes, Alfonso Molina Ruibal, Raúl Ojeda Zubieta, Antonio Sánchez Gochicoa, Joaquín Cisneros Fernández, Tuffy Gaber Arjona, Eustasquio de León Contreras, Francisco Suárez y Dávila, Julio Felipe García Castañeda, Dionisio Pérez Jácome, Dulce María Sauri Riancho, Miguel Rodríguez Ramírez, Luis Garfias Magaña, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Jesús Esquinca Gurusquieta, Augusto Gómez Villanueva, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César y Luis Priego Ortiz.
Comisión de Agricultura: diputados Rafael Ceballos Cancino, presidente; Salvador Becerra Rodríguez, Miguel Ortiz Jongitud, Eric Eber Villanueva Mukul, Jorge Kondo López y José Narro Céspedes, secretarios; Manuel Pérez Bonilla, Alfonso Garzón Santibáñez, José Luis González Aguilera, Juan Leyva Mendívil, Germán Jiménez Gómez, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Sergio Inocencio Ramírez Vargas, Enrique Romero Montaño, Gerardo Roberto Flores González, José Santos Ramos Damián, Jesús Siller Rojas, Ezequiel Juan de Dios Espinosa Mejía, Anastacia Guadalupe Flores Valdez, Héctor Hugo Olivares Ventura, Rodimiro Amaya Téllez, Jorge Ricardo Nieto Guzmán, Max Tejeda Martínez, Fernando de Jesús Rivadeneira y Rivas, Lauro Norzagaray Norzagaray, Zenen Xochihua Valdez, Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, Víctor Manuel Quintana Silveyra, Carlota Angela Rosa Botey y Estape y Martín Equihua Equihua.
Comisión de Artesanías: diputados Sofía Valencia Abundis, presidente; María Teresa Cortez Cervantes, Virginia Hernández Hernández, Froylán Velázquez Hernández y Victoria Eugenia Méndez Márquez, secretarios; Virgilia Noguera Corona, Antelmo Alvarado García, Lázaro Hernández Vázquez, Antonio Pérez Hernández, Fernando Cruz Merino, Abel Eloy Velasco Velasco, Roberto Pedraza Martínez, Gaspar Avila Rodríguez, Jaime Rodríguez López, Baruc Efraín Alavez Mendoza, Edgar Román Benítez Gálvez, Joaquín Cisneros Fernández, Erasmo Delgado Guerra, Filemón Ramírez Pérez, Severiano Pérez Vázquez, Miguel Acosta Ruelas, José Luis Aguilar Martínez, Nohelia Linares González, Héctor Miguel Bautista López, Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, Guillermo González y Guardado y Walter Antonio León Montoya.
Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas: diputados Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presidente; Daniel Quintero Peña, Augusto César Leal Angulo, Carlos Núñez Hurtado y José Rafael Castelazo y de los Angeles, secretarios; Joaquín Rodríguez Lugo, Fernando Salgado Delgado, Mario Enrique Vázquez Hernández, María del Socorro Ramírez Ortega, Roberto Rafael Campa Cifrián, Ricardo Padilla Martín, René Juárez Cisneros, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Mario Alberto Viornery Mendoza, Rodolfo González Macías, Antonio Hernández Reyes, Wilfrido Isidro Muñoz Rivera, Juan Salgado Brito, Rolando Hernández Castillo, Francisco Javier Hernández Armenta, Carlos Mario de la Fuente Lazo, Florencio Martín Hernández Balderas, Arnulfo Cueva Aguirre, José Alberto Castañeda Pérez, José Enrique Patiño Terán, Luz de Jesús Salazar Pérez, Luis Felipe Mena Salas, Martín Gerardo Longoria Hernández, Marta Alvarado Castañón y Marcos Carlos Cruz Martínez
Comisión de Asuntos Fronterizos: diputados Oscar Villalobos Chávez, presidente; Rodrigo Robledo Silva, Marco Antonio Dávila Montesinos, Pedro René Etienne Llano, Alí Cancino Herrera y Alejando Moreno Berry, secretarios; Jaime Cleofas Martínez Veloz, Héctor Humberto López Barraza, Martina Montenegro Espinoza, Franciscana Krauss Velarde, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Héctor Armando González Mocken, Manuel Enrique Russek Valles, Sergio Vázquez Olivas, Gerardo Ordaz Moreno, Leobardo Aguirre Corral, Daniel Ernesto Trélles Iruretagoyena, Jesús Quillermo Acebo Salmán, Eliezar García Sáenz, Julio Felipe García Castañeda, Jesús Esquinca Gurusquieta, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Cruz Pérez Cuéllar, Julián García Noriega, Alejandro González Alcocer, Alfonso Martínez Guerra, Ricardo Francisco Carcía Cervantes, Víctor Manuel Quintana Silveyra, Adolfo Miguel Aguilar Zinser y Eliseo Moyao Morales.
Comisión de Asuntos Hidráulicos: diputados Blas Fortino Figueroa Montes, presidente; Apolonio Méndez Meneses, Ignacio Castillo Flores, Crisóforo Lauro Salido Aldama y José Luis González Aguilera, secretarios; María de los Angeles Marina Blanco Casco, José Luis Flores Méndez, J. Fidel Pineda Valdez, Sergio Emigdio Prieto Gamboa, Oscar Villalobos Chávez, Pascual Ramírez Córdoba, Mario Alejando Rosales Anaya, Heriberto Santana Rubio, Antonio Rivera Barrón, José Luis Leyson Castro, Juan Leyva Mendívil, Manuel Pérez Bonilla, Primo Rivera Torres, Tuffy Gaber Arjona, Augusto Gómez Villanueva, José Luis González Aguilera, Pablo Moreno Cota, Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas, Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, Florencio Martín Hernández Balderas, Jorge Hernández Domínguez, Alejandro Villaseñor Tatay, Desiderio Camacho Garibo, Rafael Jacobo García y María Leticia Calzada Gómez.
Comisión de Asuntos Indígenas: diputados Roberto Pedraza Martínez, presidente; Nohelia Linares González, Antonio Pérez Hernández, Antonio Hernández Cruz, Fernando Cruz Merino y Ezequiel Flores Rodríguez, secretarios; Virginia Hernández Hernández, Lázaro Hernández Vázquez, Blas Fortino Figueroa Montes, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, José Roberto Arreola Arreola, Aurelio Salinas Ortiz, Abel Eloy Velasco Velasco, José Carmen Soto Correa, José Santos Ramos Damián, María de los Angeles Marina Blanco Casco, Matilde del Mar Hidalgo y García Barna, Fidencio Romero Tobón, Roberto Alvarez Salgado, Erasmo Delgado Guerra, Alicia González Cerecedo, Miguel Alberto Segura Dorantes, Francisco José Limón Tapia, Javier de Jesús Gutiérrez Robles, Luis Andrés Esteva Melchor, Fernando Garzacabello García, Martín Equihua Equihua, Froylán Velázquez Hernández, Francisco Andrés Bolaños Bolaños y Baruc Efraín Alavez Mendoza.
Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados: Diputados Andrés Galván Rivas, presidente; Ana María Adelina Licona Spinola, María Rosa Márquez Cabrera, María Remedios Olvera Orozco, María de los Angeles Marina Blanco Casco, secretarios; Alejandro Iván Audry Sánchez, Virginia Hernández Hernández, Carlos Rubén Calderón y Cecilio, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, José Luis Martínez Alvarez, Héctor San Román Arreaga, Irene Maricela Cerón Nequiz, Horacio Pereznegrón Pereznegrón, Jesús Eduardo Noyola Bernal, Miguel Humberto Manzo Godínez, Dante Decanini Livas, Carlos José Verteramo Pérez, Gabriel Aguiar Ortega, Gladys Merlín Castro, Pedro Guadalupe López y Macías, Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, José Arturo Quiroz Presa, Juan Manuel Pérez Corona, Alicia Céspedes Arcos, Zenen Xochihua Valdez, Javier Ortega Espinoza, Roberto Robles Garnica y Oscar González Yáñez.
Comisión de Bosques y Selvas: diputados Jaime Rodríguez López, presidente; Salvador Othón Avila Zúñiga, José Roberto Arreola Arreola, Víctor Manuel Quintana Silveyra y Tomás Baños Baños, secretarios; Saúl González Herrera, Germán Jiménez Gómez, Lázaro Hernández Vázquez, Antonio Pérez Hernández, Sergio Emigdio Prieto Gamboa, Ismael Alfredo Hernández Deras, Fernando Cruz Merino, José Luis Mata Bracamontes, Ismael Orozco Loreto, Sergio Inocencio Ramírez Vargas, Victoria Eugenia Méndez Márquez, Edgar Román Benítez Gálvez, Roberto Alvarez Salgado, Erasmo Delgado Guerra, Pedro Rivera Pavón, Andrés Galván Rivas, Matías Salvador Fernández Gavaldón, José Luis Aguilar Martínez, Alicia Céspedes Arcos, Nohelia Linares González, Jorge Hernández Domínguez, Alfonso Martínez Guerra, Francisco Curi Pérez Fernández, Graciela Rojas Cruz y Francisco Andrés Bolaños Bolaños.
Comisión de Ciencia y Tecnología: diputados Manuel Jesús Fuentes Alcocer, presidente; Jesús Salvador Hernández Vélez, Javier González Garza, Ramón Cárdenas Gudiño y Manuel Hinojosa Juárez, secretarios; José Antonio Hernández Fraguas, Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Jaime Cleofas Martínez Veloz, Pascual Juárez Santiago, Alejandro Torres Aguilar, Olga Bernal Arenas, Lauro Rendón Castrejón, María Carmen Zavala Medel, Abel Trejo González, Pablo Pedro Aceves Hernández, Heriberto Manuel Galindo Quiñónes, Jorge Kondo López, Jorge Abel López Sánchez, José de la Cruz Martínez López, Jacinto Gómez Pasilla, Gabriel Escalante Castillo, Lorenzo Duarte y Zapata, Salvador Becerra Rodríguez, Javier de Jesús Gutiérrez Robles, Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, Manuel Arciniega Portillo, Francisco Patiño Cardona, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Eric Eber Villanueva Mukul y Serafín Núñez Ramos.
Comisión de Comercio: diputados Jorge Andrés Ocejo Moreno, presidente; Carlota Guadalupe Vargas Garza, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Audomaro Alba Padilla y Emma Muñoz Covarrubias, secretarios; Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Francisco Domínguez García, Héctor Humberto López Barraza, José Luis Fernando González Achem, Walter Antonio León Montoya, Manuel Enrique Russek Valles, José Noé Mario Moreno Carbajal, Alfredo Valdez Gaxiola, Netzahualcóyotl de la Vega García, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, José Luis Salcedo Solís, Guillermo Alejandro Gómez Vega, Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, Miguel Ortiz Jongitud, Gustavo Salinas Iñiguez, Guillermo Alberto Luján Peña, Lauro Norzagaray Norzagaray, Carlos Alfonso Nuño Luna, Salvador López Orduña, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, César Antonio Chávez Castillo, Raúl Alejandro Livas Vera y Alberto Anaya Gutiérrez.
Comisión de Comunicaciones y Transportes: diputados Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, presidente; José Alberto Castañeda Pérez, Eric Luis Rubio Barthell, Desiderio Camacho Garibo y Alfonso Molina Ruibal, secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Gabriel Escalante Castillo, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo Ordaz Moreno, Cecilio Lepe Bautista, Jaime Jesús Arceo Castro, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Roberto Modesto Flores González, Israel Reyes Ledezma Magaña, Carlota Guadalupe Vargas Garza, Ricardo Menéndez y Haces, Daniel Covarrubias Ramos, Tuffy Gaber Arjona, Miguel Rodríguez Ramírez, Apolonio Méndez Meneses, Eusebio Moreno Muñoz, Jorge Humberto Gómez García, José Jesús Durán Ruiz, Florencio Martín Hernández Balderas, José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, Carlos Navarrete Ruiz, Ramón Sosamontes Herreramoro y Alejandro Moreno Berry.
Comisión de Corrección de Estilo: diputados Ernesto de Jesús Luque Feregrino, presidente; Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, Miguel Angel García García, Gloria Sánchez Hernández y Zaida Alicia Llado Castillo, secretarios; Saúl González Herrera, Olga Bernal Arenas, Gabino Fernández Serna, Humberto Meza Galván, Mario Alberto Viornery Mendoza, María Elisa Garzón Franco, Juan Manuel Tovar Estrada, Fidel Pérez García, María Cecilia Hernández Ríos, María Lucero Saldaña Pérez, Lidia Isabel Micaela Zarrazaga Molina, Daniel Covarrubias Ramos, Genaro Alfonso del Angel Amador, Marcelo Ramírez Ramírez, Jacinto Gómez Pasilla, Víctor Samuel Palma César, Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Salvador Othón Avila Zúñiga, Francisco Antonio Tenorio Adame, Osbelia Arellano López y José de la Cruz Martínez López.
Comisión de Cultura: diputados Dulce María Sauri Riancho, presidenta; José de Jesús Sánchez Ochoa, Alejandro Rojas Díaz-Durán, Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, Liberato Montenegro Villa, secretarios; José Antonio Hernández Fraguas, Marcelo Ramírez Ramírez, Florentino Castro López, Primo Quiroz Durán, Abel Eloy Velasco Velasco, Olga Bernal Arenas, Luis Alberto Contreras Salazar, Josué Valdés Mondragón, Fidel Pérez García, Virginia Hernández Hernández, María Lucero Saldaña Pérez, Vito Lucas Gómez Hernández, Yolanda Eugenia González Hernández, José de la Cruz Martínez López, Alicia González Cerecedo, Jesús Salvador Hernández Vélez, Héctor Hugo Olivares Ventura, Irma Eugenia Cedillo y Amador, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Arnulfo Cueva Aguirre, Cristian Castaño Contreras, Giuseppe Macías Beilis, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, Osbelia Arellano López y Gloria Sánchez Hernández.
Comisión de la Defensa Nacional: diputados Luis Garfias Magaña, presidente; Manuel de Jesús Espino Barrientos, Jesús Esquinca Gurusquieta, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Miguel Rodríguez Ramírez, secretarios; Felipe Amadeo Flores Espinosa, Tito Rubín Cruz, Mario de la Torre Hernández, Héctor Armando González Mocken, Marcelino Miranda Añorve, Francisco Javier Guízar Macías, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Joaquín Rodríguez Lugo, Fernando Orihuela Carmona, Raúl Ramírez Chávez, Jorge Armando Meade Ocaranza, Antonio Medina Ojeda, Fernando Jesús Flores Gómez González, Salvador Mikel Rivera, Pedro Guadalupe López y Macías, Eusebio Moreno Muñoz, Gerardo Gabriel Nava Bolaños, Cruz Pérez Cuéllar, Sergio Teodoro Meza López, Ricardo Francisco García Cervantes, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, María del Rosario Ybarra de la Garza, Carlos Navarrete Ruiz y Carlos Servando Ponce de León Coluby.
Comisión del Deporte: diputados Francisco Javier Guízar Macías, presidente; Cristian Castaño Contreras, Fernando Salgado Delgado, Anselmo García Cruz e Ismael Alfredo Hernández Deras, secretarios; Fernando Orihuela Carmona, José Luis Fernando González Achem, Marco Antonio Dávila Montesinos, Sabino González Alba, Severiano Pérez Vázquez, Primo Quiroz Durán, Pascual Ramírez Córdova, Guillermo Héctor Alvarez Cuevas, Florencio Catalán Valdés, Jorge Cortés Vences, Raúl Lara Chanes, Israel Reyes Ledezma Magaña, Néstor Molina Martínez, Jesús Olvera Méndez, Joaquín Juárez del Angel, Eusebio Moreno Múñoz, Miguel Acosta Ruelas, Alejandro Villaseñor Tatay, Luz de Jesús Salazar Pérez, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Raúl Ríos Magaña, Pedro René Etienne Llano, Roldán Alvarez Ayala, Manuel Alberto Coronel Zenteno y Marcos Carlos Cruz Martínez.
Comisión de Derechos Humanos: diputados Oscar González Yañez, presidente; María Guadalupe Morales Ledezma, Jesús Antonio Tallabs Ortega, María del Rosario Ybarra de la Garza y Alicia González Cerecedo, secretarios; María de la Luz Lima Malvido, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, José Franciso Lozada Chávez, Francisco Peralta Burelo, Alí Cancino Herrera, Alfredo Amaya Medina, Irma Eugenia Cedillo y Amador, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, José Rosas Aispuro Torres, Severiano Pérez Vázquez, Ramiro Javier Calvillo Ramos, Agustín Martínez Maldonado, María Cristina Díaz Salazar, Antonio Medina Ojeda, Yrene Ramos Dávila, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Macario Gerardo Rodríguez Rivera, Jorge González González, José Luis Torres Ortega, Audomaro Alba Padilla, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, Antonio Francisco Tenorio Adame, Edgar Sánchez Ramírez y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
Comisión de Desarrollo Social: diputados María del Rosario Robles Berlanga, presidente; Tito Rubín Cruz, Víctor Cruz Ramírez, Jorge de Jesús Castillo Cabrera y Martín Gerardo Longoria Hernández, secretarios; Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Lorenzo Chávez Zavala, Jesús Rafael Ruvalcaba León, Fernando Cruz Merino, Víctor Samuel Palma César, Jacinto Gómez Pasillas, Jaime Cleofas Martínez Veloz, Cándido Pérez Verduzco, María del Carmen Zavala Medel, Rogelio Zamora Barradas, María Elisa Garzón Franco, Manlio Fabio Gómez Uranga, Rafael Ceballos Cancino, Carlos Mario de la Fuente Lazo, Liberato Montenegro Villa, Josué Valdés Mondragón, Gerardo Gabriel Nava Bolaños, Cruz Pérez Cuella, David Vargas Santos, Luis Andrés Esteva Melchor, Jorge Urdapilleta Núñez, Jorge Hernández Domínguez, Eric Eber Villanueva Mukul, Eliseo Moyao Morales y José Narro Céspedes.
Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios: diputados José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, presidente; Juan Salgado Brito, Manuel Beristáin Gómez, Leticia Burgos Ochoa y Lidia Isabel Micaela Zarrazaga Molina, secretarios; Javier Pineda y Serino, Saulo Rubén Jiménez Leal, Francisco Domínguez García, Sergio Vázquez Olivas, Ignacio Contreras Flores, Francisco Martínez Rivera, José Sánchez Juárez, Horacio Pereznegrón Pereznegrón, José Luis Fernando González Achem, Irene Maricela Cerón Nequiz, Juan Manuel Tovar Estrada, María Carmen Zavaleta Medel, Guillermo Alejandro Gómez Vega, Emilio Solórzano Solís, Edgar Román Benítez Gálvez, Dionisio Eduardo Pérez Jácome, Tomás Baños Baños, Jorge Ricardo Nieto Guzmán, Jesús Carlos Hernández Martínez, Jorge González González, Abel García Ramírez, José Iñiguez Cervantes, Martín Gerardo Longoria Hernández, Anselmo García Cruz y César Humberto González Magallón.
Comisión del Distrito Federal: diputados Oscar Guillermo Levín Coppel, presidente; Patricia Garduño Morales, Adolfo Ramón Flores Rodríguez, Graciela Rojas Cruz y José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, secretarios; Jaime Mariano del Río Navarro, Víctor Manuel Alvarez Trasviña, José Rafael Castelazo y de los Angeles, Ofelia Casillas Ontiveros, Florentino Castro López, Ignacio Contreras Flores, José Eduardo Escobedo Miramontes, Ana María Adelina Licona Spínola, José Noé Mario Moreno Carbajal, Carlos Alfonso Reta Martínez, Alejandro Rojas Díaz-Durán, Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, José Sánchez Juárez, Luis Alberto Contreras Salazar, Franciso Maldonado Ruiz, María Elena Alvarez Bernal, José Luis Torres Ortega, María del Carmen Segura Rangel, Miguel Ramón Hernández Labastida, Javier Viniegra Zubiria, Manuel Arciniegas Portillo, René Arce Islas, Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, Ramón Sosamontes Herreramoro y Oscar González Yáñez.
Comisión de Ecología y Medio Ambiente: diputados Oscar Cantón Zetina, presidente; Jorge Humberto Gómez García, José Carmen Soto Correa, María Leticia Calzada Gómez, Franciscana Krauss Velarde y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, secretarios; Héctor San Román Arreaga, Sara Esther Muza Simón, Manuel Jesús Pacheco Arjona, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Ana María Adelina Licona Spínola, Ricardo Padilla Martín, Alejandro Torres Aguilar, Mario Alberto Viornery Mendoza, Luis Alberto Contreras Salazar, Juan Manuel Tovar Estrada, Joaquín Cisneros Fernández, Fernando Jesús Flores Gómez González, Joaquín Juárez del Angel, Carlos Servando Ponce de León Coluby, Calixto Javier Rivera Díaz, Matías Salvador Fernández Gavaldón, Rodrigo Robledo Silva, Giuseppe Macías Beilis, Régulo Pastor Fernández Rivera, Gonzalo Alarcón Bárcena, Alfonso Martínez Guerra, J. Jesus Ortega Martínez, Arnoldo Martínez Verdugo y Saúl Alfonso Escobar Toledo.
Comisión de Educación: diputados Miguel Angel Islas Chío, presidente; Rafael Ayala López, Ramona Carbajal Cárdenas, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, José Feliciano García Peraza y Serafín Núñez Ramos, secretarios; Primo Rivera Torres, Rolando Hernández Castillo, Manuel Hinojosa Juárez, Gabriel Aguiar Ortega, Pascual Juárez Santiago, Lauro Rendón Castrejón, Josué Valdés Mondragón, Fidel Pérez García, María de los Angeles Marina Blanco Casco, Héctor González Reyes, Vito Lucas Gómez Hernández, Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, Pedro Guadalupe López y Macías, Jacinto Gómez Pasilla, Raúl Ríos Magaña, José Luis Aguilar Martínez, Julián García Noriega, Víctor Manuel Palacios Sosa, Agustín Torres Delgado, Abel García Ramírez, Jorge Enrique Dávila y Juárez, María Leticia Calzada Gómez, Gloria Sánchez Hernández y Carlos Núñez Hurtado.
Comisión de Energéticos: diputados Francisco Curi Pérez Fernández, presidente; Fernando Pacheco Martínez, Carlos Alfonso Nuño Luna, Raúl Gonzalo Castellanos Hernández y Servando Andrés Díaz Suárez, secretarios; Tito Rubín Cruz, José Noé Mario Moreno Carbajal, Gabriel Escalante Castillo, Manuel Jesús Pacheco Arjona, Sergio Vázquez Olivas, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Jesús Salvador Hernández Vélez, Jaime Jesús Arceo Castro, Jorge Cortés Vences, Pablo Pedro Aceves Hernández, Carlos Mario de la Fuente Lazo, César Raúl Ojeda Zubieta, Jesús Olvera Méndez, Jorge Wade González, Calixto Javier Rivera Díaz, Luis Priego Ortiz, Oscar Cantón Zetina, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Carlos Pérez Rico, Aurelio Marín Huazo, Luis Alberto Rico y Samaniego, Fernando Garza Martínez, Amado Jesús Cruz Malpica, Javier González Garza y Joaquín Humberto Vela González.
Comisión de Fomento Cooperativo: diputados Javier Alberto Gutiérrez Vidal, presidente; Guillermo Héctor Alvarez Cuevas, Héctor Miguel Bautista López, Jesús Carlos Hernández Martínez y Leticia Camero Gómez, secretarios; Enrique Ramos Rodríguez, Filemón Ramírez Pérez, Leonel Efraín Cota Montaño, José Sánchez Juárez, Pascual Ramírez Córdova, Aurelio Marín Huazo, Enrique Romero Montaño, Gaspar Avila Rodríguez, Leonel Domínguez Rivero, Saulo Rubén Jiménez Leal, Virgilia Noguera Corona, Jaime Rodríguez López, Raúl Ramírez Chávez, Ezequiel Juan de Dios Espinosa Mejía, Antonio Rivera Barrón, Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín, Jorge Andrés Ocejo Moreno, Jorge Enrique Dávila y Juárez, Miguel Alberto Segura Dorantes, José Francisco Limón Tapia, Miguel Acosta Ruelas, Graciela Rojas Cruz, Guillermo González y Guardado y César Humberto González Magallón.
Comisión de Fortalecimiento Municipal: Diputados Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, presidente; Agustín Torres Delgado, Gabino Fernández Serna, Octavio Romero Oropeza, y Mario de la Torre Hernández, secretarios; Guillermo Alejandro Gómez Vega, Yolanda Eugenia González Hernández, Jossaé Luis Fernando González Achem, Raúl Lara Chanes, Mario Alejandro Rosales Anaya, Baruc Efraín Alavez Mendoza, Anastacia Guadalupe Flores Valdez, José Luis Flores Méndez, Regina Reyes Retana Márquez Padilla, Gerardo Ordaz Moreno, Joaquín Rodríguez Lugo, José de la Cruz Martínez López, Agustín Martínez Maldonado, Jaime Martínez Tapia, Francisco Domínguez García, Francisco Javier Santos Covarrubias, Eusebio Moreno Muñoz, Fernando Garzacabello García, Lorenzo Duarte y Zapata, Apolonio Méndez Meneses, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Saúl Alfonso Escobar Toledo, Francisco Patiño Cardona, Hildiberto Ochoa Samayoa y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
Comisión de Ganadería: diputados César González Quiroga, presidente; Fernando Garzacabello García, Alfonso Abraham Sánchez Anaya, Taide Aburto Torres y Sergio Inocencio Ramírez Vargas, secretarios; Alfonso Garzón Santibáñes, Walter Antonio León Montoya, Sergio Emigdio Prieto Gamboa, José Luis Flores Méndez, Alfredo Amaya Medina, Pedro Rivera Pavón, José Luis Mata Bracamontes, Heriberto Santana Rubio, Tomás Baños Baños, Jesús Rafael Ruvalcaba León, Daniel Ernesto Trélles Iruretagoyena, César Raúl Ojeda Zubieta, Carlos José Verteramo Pérez, Jorge Wade González, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Gerardo Gabriel Nava Bolaños, Alfonso Martínez Guerra, Francisco José Limón Tapia, Pedro Flores Olvera, Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, José Jesús Durán Ruiz, Rafael Jacobo García, Crisóforo Lauro Salido Almada y Roldán Alvarez Ayala.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: diputados Dionisio Eduardo Pérez Jácome, presidente; Gerardo de Jesús Arellano Aguilar y Fructuoso López Cárdenas, secretarios; José de Jesús Zambrano Grijalva, Jorge Efraín Moreno Collado, Ignacio Ovalle Fernández, Franciscana Krauss Velarde, Saúl González Herrera, Oscar Villalobos Chávez, José Rafael Castelazo y de los Angeles, José Eduardo Escobedo Miramontes, Píndaro Urióstegui Miranda, Wilfrido Isidro Muñoz Rivera, Armando Octavio Ballinas Mayes, Ernesto de Jesús Luque Feregrino, Ignacio González Rebolledo, Augusto Gómez Villanueva, José Ramírez Gamero, Luis Garfias Magaña, Víctor Samuel Palma César, Gaspar Eugenio Ortiz Walls, Fernando Pérez Noriega, Francisco José Peniche y Bolio, Ricardo Francisco García Cervantes, Salvador Beltrán del Río Madrid, Juan Antonio García Villa, J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna, Leonel Godoy Rangel, Juan Nicasio Guerra Ochoa y José Narro Céspedes.
Comisión de Hacienda y Crédito Público: diputados Francisco Suárez y Dávila, presidente; Jorge Humberto Padilla Olvera, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Saúl Alfonso Escobar Toledo y Alfonso Reyes Medrano, secretarios; Gabino Fernández Serna, Dulce María Sauri Riancho, Roberto Rafael Campa Cifrián, Antonio Sánchez Gochicoa, Alfonso Molina Ruibal, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Oscar Quillermo Levín Coppel, Dionisio Eduardo Pérez Jácome, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Jorge Kondo López, Víctor Manuel Silva Tejeda, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Daniel Covarrubias Ramos, Luis Manuel Jiménez Lemus, Salvador Mikel Rivera, Manuel Beristáin Gómez, David Vargas Santos, Alejandro Higuera Osuna, José de Jesús Preciado Bermejo, Víctor Cruz Ramírez, Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ifigenia Martha Martínez Hernández, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Joaquín Humberto Vela González.
Comisión de Información, Gestoría y Quejas: diputados Ofelia Casillas Ontiveros, presidenta; Francisco Javier Santos Covarrubias, Jorge Armando Meade Ocaranza, Marta Alvarado Castañón y José Luis Salcedo Solís, secretarios; Aurelio Marín Huazo, Jesús Manuel Meléndez Franco, Alí Cancino Herrera, Adolfo Ramón Flores Rodríguez, Josefina Silvia Balleza Sánchez, Enrique Romero Montaño, Sofía Valencia Abundis, Florencio Catalán Valdés, Irene Maricela Cerón Nequiz, María Elisa Garzón Franco, Leticia Camero Gómez, Anastacia Guadalupe Flores Valdez, Jorge Wade González, Rogelio Zamora Barradas, Lidia Isabel Micaela Zarrazaga Molina, Aurelio Salinas Ortiz, Raúl Ríos Magaña, José Luis Aguilar Martínez, Luz de Jesús Salazar Pérez, Agustín Torres Delgado, Régulo Pastor Fernández Rivera, Héctor Miguel Bautista López, Manuel Alberto Coronel Zenteno y Octavio Romero Oropeza.
Comisión de Justicia: diputados Fernando Pérez Noriega, presidente; Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, Leonel Godoy Rangel, María del Carmen Segura Rangel y José Eduardo Escobedo Miramontes, secretarios; Ernesto de Jesús Luque Feregrino, Jorge Efraín Moreno Collado, María Claudia Esqueda Llanes, Manlio Fabio Gómez Uranga, María de la Luz Lima Malvido, Humberto Meza Galván, Marcelino Miranda Añorve, Ramiro Javier Calvillo Ramos, José Francisco Lozada Chávez, María Guadalupe Morales Ledesma, Juan Manuel Cruz Acevedo, Francisco Peralta Burelo, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Eustaquio de León Contreras, Yrene Ramos Dávila, Mario de la Torre Hernández, Patricia Garduño Morales, Francisco José Peniche y Bolio, Alejandro González Alcocer, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, José Alejandro Zapata Perogordo, J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ramón Sosamontes Herreramoro y Ezequiel Flores Rodríguez.
Comisión de Marina: diputados Fernando de Jesús Flores Gómez González, presidente; José Iñiguez Cervantes, Carlos Servando Ponce de León Coluby, Roldán Alvárez Ayala, Antonio Piza Soberanis, secretarios; Jesús Esquinca Gurusquieta, Cecilio Lepe Bautista, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Gabriel Aguiar Ortega, Leonel Efraín Cota Montaño, José Luis Mata Bracamontes, Agustín Martínez Maldonado, J. Fidel Pineda Valdez, Alfredo Valdez Gaxiola, Homar Zamorano Ayala, Marcelo Ramírez Ramírez, Carlos José Verteramo Pérez, Calixto Javier Rivera Díaz, Miguel Rodríguez Ramírez, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, María del Carmen Ricardez Vela, Jorge Abel López Sánchez, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Alejandro Higuera Ozuna, Jorge Antonio Catalan Sosa, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Ramón Sosamontes Herreramoro, J. Jesús Ortega Martínez y Jorge González González.
Comisión de Participación Ciudadana: Diputados María de la Luz Lima Malvido, presidente; María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Roberto Rafael Campa Cifrián, María Leticia Calzada Gómez y Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, secretarios; José Feliciano García Peraza, Jesús Eduardo Noyola Bernal, Luis Alberto Contreras Salazar, Yrene Ramos Dávila, Jorge Armando Meade Ocaranza, Sabino González Alba, Leonel Domínguez Rivero, María del Carmen Ricardez Vela, Carlos Humberto Aceves del Olmo, María Virginia Betanzos Moreno, Alicia González Cerecedo, Irma Eugenia Cedillo y Amador, Josefina Silvia Balleza Sánchez, Florentino Castro López, José Natividad González Paras, Víctor Manuel Palacios Sosa, Audomaro Alba Padilla, María del Carmen Segura Rangel, Rodrigo Robledo Silva, Claudio Manuel Coello Herrera, Salvador Othón Avila Zúñiga, Ana Lilia Cepeda de León, Rosa María Cabrera Lotfe, Arnoldo Martínez Verdugo y Marcos Carlos Cruz Martínez.
Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial: diputados José de Jesús Padilla Padilla, presidente; Fernando Garza Martínez, Alfredo Valdez Gaxiola, Carlos Navarrete Ruiz, Armando Octavio Ballinas Mayes, secretarios; Martín Aureliano Montaño Arteaga, Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, Sabino González Alba, Ismael Alfredo Hernández Deras, Fernando Pacheco Martínez, Antelmo Alvarado García, Antonio Hernández Reyes, Roberto Modesto Flores González, Ricardo Menéndez y Haces, Fidencio Romero Tabón, Ezequiel Juan de Dios Espinosa Mejía, Yolanda Eugenia González Hernández, Jesús Guillermo Acebo Salmán, Servando Andrés Díaz Suárez, Enrique Ramos Rodríguez, Jesús Carlos Hernández Martínez, Augusto César Leal Angulo, Salvador López Orduña, Humberto Andrade Quezada, Alejandro Villaseñor Tatay, Manuel Arciniega Portillo, Francisco Curi Pérez Fernández, José de Jesús Zambrano Grijalva, Carlos Seferino Torreblanca Galindo y Edgar Román Benítez Gálvez.
Comisión de Pesca: diputados Humberto Andrade Quezada, presidente; Jorge Abel López Sánchez, Manuel de Atocha Chable Gutiérrez, Rafael Núñez Pellegrín y Leonel Efraín Cota Montaño, secretarios; Heriberto Manuel Galindo Quiñónes, J. Fidel Pineda Valdez, María del Carmen Ricárdez Vela, Rodimiro Amaya Téllez, Manuel Jesús Pacheco Arjona, Cecilio Lepe Bautista, René Juárez Cisneros, José Santos Ramos Damián, Víctor Manuel Silva Tejeda, María Virginia Betanzos Moreno, Sara Esther Muza Simón, José Luis Leyson Castro, Leobardo Aguirre Corral, Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín, Anastacia Guadalupe Flores Valdez, Jesús Olvera Méndez, Abelardo Carrillo Zavala, Claudio Manuel Coello Herrera, Sergio Teodoro Meza López, Jorge Antonio Catalán Sosa, Luis Ruan Ruis, José Jesús Durán Ruiz, Desiderio Camacho Garibo, Guillermo González y Guardado y Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo.
Comisión de Población y Desarrollo: diputados Jorge Enrique Dávila y Juárez, presidente; Emilio Solórzano Solís, Edgar Sánchez Ramírez, María Elena Alvarez Bernal y Héctor San Román Arreaga, secretarios; Mario Alejandro Rosales Anaya, Fructuoso López Cárdenas, Alfredo Amaya Medina, María del Socorro Ramírez Ortega, Martina Montenegro Espinoza, Rogelio Zamora Barradas, Sofía Valencia Abundis, Gaspar Avila Rodríguez, Regina Reyes Retana Márquez, Matilde del Mar Hidalgo y García Barna, Yolanda Eugenia González Hernández, Jesús Eduardo Noyola Bernal, José Feliciano García Peraza, Eliezar García Sáenz, Genaro Alfonso del Angel Amador, Zaida Alicia Llado Castillo, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Matías Salvador Fernández Gavaldón, Arnulfo Cueva Aguirre, Víctor Manuel Palacios Sosa, Javier Alberto Gutiérrez Vidal, María del Rosario Robles Berlanga y Eliseo Moyao Morales.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: diputados Antonio Sánchez Gochicoa, presidente; Marcos Parra Gómez, Jaime Mariano del Río Navarro, Raúl Alejandro Livas Vera, José Manuel García García, Alberto Anaya Gutiérrez, secretarios; Homar Zamorano Ayala, Miguel Angel García García, Carlos Flores Vizcarra, María del Rosario Elena Guerra Díaz, Marco Antonio Michel Díaz, René Juárez Cisneros, Miguel Angel Islas Chío, Carlota Guadalupe Vargas Garza, Luis Ricardo Antonio Godina Herrera, María Cecilia Hernández Ríos, Cándido Pérez Verduzco, José Luis Leyson Castro, Filemón Ramírez Pérez, Francisco Suárez y Dávila, Dulce María Sauri Riancho, Manuel Beristáin Gómez, Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie, David Vargas Santos, Eduardo Arias Aparicio, Jorge Humberto Padilla Olvera, Luis Alberto Rico y Samaniego, Pedro René Etienne Llano, César Antonio Chávez Castillo y Saúl Alfonso Escobar Toledo.
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía: diputados Netzahualcóyotl de la Vega García, presidente; María Teresa Gómez Mont y Urueta, Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín, Ana Lilia Cepeda de León y Eliezar García Sáenz, secretarios; Carlos Alfonso Reta Martínez, Daniel Quintero Peña, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Jaime Jesús Arceo Castro, Roberto Pedraza Martínez, Ismael Orozco Loreto, Florencio Catalán Valdés, Manuel Hinojosa Juárez, Agustín Mauro Jordán Arzate, Lauro Rendón Castrejón, Abel Trejo González, Zaida Alicia Lladó Castillo, Ignacio González Rebolledo, Gladys Merlín Castro, José de Jesús Padilla Padilla, Hugo Menéses Carrasco, Cruz Pérez Cuéllar, Cristian Castaño Contreras, Rafael Ayala López, Abel García Ramírez, Gonzalo Alarcón Bárcena, Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, Francisco Antonio Tenorio Adame, Adolfo Miguel Aguilar Zinser y Oscar González Yáñez.
Comisión de Reconstrucción del Palacio Legislativo: diputados Francisco Javier Hernández Armenta, presidente; Luis Alberto Rico y Samaniego, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Desiderio Camacho Garibo y Héctor Humberto López Barraza, secretarios; Ricardo Padilla Martín, José Luis Salcedo Solís, Ricardo Menéndez y Haces, Mario Enrique Vázquez Hernández Rolando Hernández Castillo y Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas.
Comisión de Reforma Agraria: diputados Carlota Angela Rosa Botey y Estape, presidenta; Pablo Moreno Cota, Lauro Norzagaray Norzagaray, Rafael Jacobo García, Germán Jiménez Gómez y José Luis González Aguilera, secretarios; Gerardo Ordaz Moreno, Jesús Siller Rojas, Heriberto Santana Rubio, Víctor Manuel Alvarez Trasviña, José Roberto Arreola Arreola, Gerardo Roberto Flores González, María Cecilia Hernández Ríos, Miguel Ortiz Jongitud, Antonio Rivera Barrón, Jesús Rafael Ruvalcaba León, Leobardo Aguirre Corral, Leticia Camero Gómez, Roberto Alvarez Salgado, Eustaquio de León Contreras, Alfonso Garzón Santibáñes, Javier Ortega Espinoza, Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas, Julián García Noriega, Jorge González González, Zenen Xochihua Valdez, Pedro Flores Olvera, Taide Aburto Torres, Roldán Alvarez Ayala y Ezequiel Flores Rodríguez.
Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias: diputados Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; Horacio Gutiérrez Bravo y Jaime Martínez Tapia, secretarios; Manlio Fabio Gómez Uranga, Regina Reyes Retana Márquez, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Blas Fortino Figueroa Montes, Martina Montenegro Espinoza, Alfonso Reyes Medrano, Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Dante Decanini Livas, Homar Zamorano Ayala, Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, Francisco José Peniche y Bolio, José Gerardo de los Cobos Silva, Gaspar Eugenio Ortiz Walls, Ramón Miguel Hernández Labastida, Leonel Godoy Rangel y Francisco Antonio Tenorio Adame.
Comisión de Relaciones Exteriores: diputados Augusto Gómez Villanueva, presidente; Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Carlos Flores Vizcarra, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, María Claudia Esqueda Llanes y Alejandro Moreno Berry, secretarios; Luis Garfias Magaña, Alejandro Rojas Díaz-Durán, Carlos Alfonso Reta Martínez, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Lorenzo Chávez Zavala, Alejandro Torres Aguilar, Fernando Orihuela Carmona, Emilio Solórzano Solís, José Natividad González Paras, José Antonio Hernández Fraguas, José Manuel García García, Pablo Moreno Cota, Alfonso Molina Ruibal, Eustaquio de León Contreras, Ignacio Ovalle Fernández, Augusto César Leal Angulo, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Rodolfo Elizondo Torres, Luis Felipe Mena Salas, Consuelo Botello Treviño, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, Rosa María Cabrera Lotfe y Ana Lilia Cepeda de León.
Comisión de Salud: diputados Roberto Robles Garnica, presidente; José Luis Martínez Alvarez, Lorenzo Duarte y Zapata, Everardo Martínez Sánchez y Dante Decanini Livas, secretarios; Héctor San Román Arreaga, Ana María Adelina Licona Spínola, Primo Quiroz Durán, Emma Muñoz Covarrubias, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Alejandro Iván Audry Sánchez, Saulo Rubén Jiménez Leal, Virgilia Noguera Corona, Gerardo Roberto Flores González, Pablo Pedro Aceves Hernández, Héctor González Reyes, Alfonso Abraham Sánchez Anaya, Joaquín Juárez del Angel, Gladys Merlín Castro, Carlos José Verteramo Pérez, Carlos Rubén Calderón y Cecilio, Javier Ortega Espinoza, Claudio Manuel Coello Herrera, Manuel Baeza González, Jorge Antonio Catalán Sosa, Juan Manuel Pérez Corona, Javier Viniegra Zubiria, María Rosa Márquez Cabrera, Leticia Burgos Ochoa y José Narro Céspedes.
Comisión de Seguridad Social: diputados Alejandro Iván Audry Sánchez, presidente; Jorge Urdapilleta Núñez, Armando Gamboa Enríquez, Amado Jesús Cruz Malpica y Manuel Pérez Bonilla, secretarios; José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Liberato Montenegro Villa, Leonel Domínguez Rivero, José Luis Martínez Alvarez, Marco Antonio Michel Díaz, Sabino González Alba, Aurelio Salinas Ortiz, Raúl Ramírez Chávez, Néstor Molina Martínez, Fidencio Romero Tobón, Jesús Manuel Melendez Franco, Julio Felipe García Castañeda, Ignacio Castillo Flores, Miguel Humberto Manzo Godínez, Manuel Baeza González, Luis Ruán Ruis, María Remedios Olivera Orozco, José Enrique Patiño Terán, Víctor Cruz Ramírez, Juan Manuel Pérez Corona, Lorenzo Duarte y Zapata, Everardo Martínez Sánchez, María Rosa Márquez Cabrera, Hildiberto Ochoa Samayoa y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
Comisión de Trabajo y Previsión Social: diputados José Ramírez Gamero, presidente; José Gerardo de los Cobos Silva, Pineda y Serino Javier, Raúl Armando Quintero Martínez, Julio Felipe García Castañeda y Marcos Carlos Cruz Martínez, secretarios; Jesús Rafael Ruvalcaba León, Manuel Enrique Russek Valles, Carlos Humberto Aceves del Olmo, María Claudia Esqueda Llanes, Armando Gamboa Enríquez, Francisco Martínez Rivera, Martín Aureliano Montaño Arteaga, Antelmo Alvarado García, María Elena Yrizar Arias, Juan Leyva Mendivil, Servando Andrés Díaz Suárez, Enrique Ramos Rodríguez, Carlos Pérez Rico, Miguel Huberto Manzo Godínez, José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Consuelo Botello Treviño, Alicia Céspedes Arcos, Alejandro González Alcocer, Jorge Urdapilleta Núñez, José Pedro Sánchez Ascencio, Gerardo Macario Rodríguez Rivera, Hildiberto Ochoa Samayoa, Amado Jesús Cruz Malpica y René Arce Islas.
Comisión de Turismo: diputados Rodolfo Elizondo Torres, presidente; Sara Esther Muza Simón, René Arce Islas, Max Tejeda Martínez y María del Carmen Ricardez Vela, secretarios; Rodimiro Amaya Téllez, Jorge Armando Meade Ocaranza, Jaime Cleofas Martínez Veloz, Ramona Carbajal Cárdenas, Adolfo Ramón Flores Rodríguez, Jaime Martínez Tapia, Antonio Piza Soberanis, Rodolfo González Macías, Ismael Orozco Loreto, Agustín Mauro Jordán Arzate, María Lucero Saldaña Pérez, María Virginia Betanzos Moreno, Jesús Manuel Meléndez Franco, César Raúl Ojeda Zubieta, Joaquín Cisneros Fernández, Eric Luis Rubio Barthell, José Arturo Quiroz Presa, Andrés Galván Rivas, Alejandro Higuera Osuna, Javier de Jesús Gutiérrez Robles, María Teresa Cortez Cervantes, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Anselmo García Cruz, Manuel Alberto Coronel Zenteno y Serafín Núñez Ramos.
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda: diputados Juan Antonio García Villa, presidente; Marco Antonio Michel Díaz, César Antonio Chávez Castillo, Madrid Salvador Beltrán del Río y Víctor Samuel Palma César, secretarios; Marco Antonio Dávila Montesinos, Armando Octavio Ballinas Mayes, Manlio Fabio Gómez Uranga, Roberto Rafael Campa Cifrián, Jaime Mariano del Río Navarro, Alfonso Reyes Medrano, Netzahualcóyotl de la Vega García, Joaquín Rodríguez Lugo, María del Rosario Elena Guerra Díaz, Baruc Efraín Alavez Mendoza, Abel Trejo González, Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Gustavo Salinas Iñiguez, José Antonio Martínez Torres, Marcos Efrén Parra Gómez, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Rafael Núñez Pellegrín, Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, José de Jesús Preciado Bermejo, Guillermo González y Guardado, Ifigenia Martha Martínez Hernández, Raúl Alejandro Livas Vera y César Humberto González Magallón.
Comisión de Vivienda: diputados Abelardo Carrillo Zavala, presidente; Guillermo Alberto Luján Peña, José Luis Flores Méndez, Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova e Israel Reyes Ledezma Magaña, secretarios; Daniel Quintero Peña, Francisco Martínez Rivera, Florentino Castro López, Armando Gamboa Enríquez, Horacio Pereznegrón Pereznegrón, Javier Pineda y Serino, Lorenzo Chávez Zavala, Fernando Pacheco Martínez, Raúl Lara Chanes, Mario Enrique Vázquez Hernández, Antonio Medina Ojeda, Néstor Molina Martínez, Héctor González Reyes, Primo Rivera Torres, Carlos Pérez Rico, José Arturo Quiroz Presa, Apolonio Méndez Meneses, José Alberto Castañeda Pérez, María Remedios Olivera Orozco, Juan Manuel Pérez Corona, José Pedro Sánchez Ascencio, María Rosa Márquez Cabrera, Carlos Núñez Hurtado, Marta Alvarado Castañón y Joaquín Humberto Vela González.
COMITES
Comité de Administración: diputados Ignacio Ovalle Fernández, presidente; Hugo Meneses Carrasco, José Manuel García García, Guillermo González y Guardado y Salvador Mikel Rivera, secretarios; Francisco Suárez y Dávila, Antonio Sánchez Gochicoa, Guillermo Héctor Alvarez Cuevas, Luis Manuel Jiménez Lemus, Gabino Fernández Serna, Dante Decanini Livas, Jesús Siller Rojas, Salvador Mikel Rivera, Carlos Flores Vizcarra, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Jesús Salvador Hernández Vélez, Francisco Javier Hernández Armenta, Daniel Ernesto Trélles Iruretagoyena, Eric Luis Rubio Barthell, Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, Gustavo Gabriel Llamas Mojardín, Ramón Miguel Hernández Labastida, Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Patricia Garduño Morales, Rodolfo Elizondo Torres, Rosa María Cabrera Lotfe, Graciela Rojas Cruz y Joaquín Humberto Vela González.
Comité de Asuntos Editoriales: diputados Jesús Rodríguez y Rodríguez, presidente; Manuel Baeza González, Víctor Manuel Alvarez Trasviña e Irma Eugenia Cedillo y Amador, secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Miguel Angel Islas Chío, José Carmen Soto Correa, Miguel Angel García García, María Elisa Garzón Franco, Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Josefina Silvia Balleza Sánchez, Jorge Cortés Vences, Cándido Pérez Verduzco, Oscar Cantón Zetina, Manuel Enrique Russek Valles, Zaida Alicia Lladó Castillo, Oscar Guillermo Levín Coppel, Matilde del Mar Hidalgo y García Barna, Francisco Javier Guizar Macías, Antonio Hernández Reyes, Rodolfo González Macías, Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, José de Jesús Sánchez Ochoa, Manuel Marcué y Pardiñas, Arnoldo Martínez Verdugo, Gustavo Salinas Iñiguez Ezequiel Flores Rodríguez y Martha Patricia Mendoza Peña.
Comité de Bibliotecas: diputados Gaspar Eugenio Ortiz Walls, presidente; Gustavo Salinas Iñiguez, Luis Felipe Mena Salas, Regina Reyes Retana Márquez, secretarios; Gabriel Aguiar Ortega, Ofelia Casillas Ontiveros, Vito Lucas Gómez Hernández, Ramona Carbajal Cárdenas, Humberto Meza Galván, Marcelino Miranda Añorve, Raúl Lara Chanes, Aurelio Salinas Ortiz, Guillermo Alejandro Gómez Vega, César González Quiroga, María Elena Yrizar Arias, Genaro Alfonso del Angel Amador, Gladys Merlín Castro, Audomaro Alba Padilla, Régulo Pastor Fernández Rivera, Luis Andrés Esteva Melchor, Luis Ruan Ruis, Manuel Baeza González y Serafín Núñez Ramos.
Comité de Instituto de Investigaciones Legislativas: diputados Jorge Efraín Moreno Collado, presidente; Consuelo Botello Treviño,
Juan Manuel Cruz Acevedo y María Elena Yrizar Arias, secretarios; María Guadalupe Morales Ledesma, Francisco Peralta Burelo, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, José Rosas Aispuro Torres, José Francisco Lozada Chávez, Francisco Maldonado Ruiz, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Martín Aureliano Montaño Arteaga, Agustín Mauro Jordán Arzate, Píndaro Urióstegui Miranda, Josué Valdés Mondragón, María del Socorro Ramírez Ortega, José Feliciano García Peraza, Carlos Rubén Calderón y Cecilio, Juan Salgado Brito, María Teresa Gómez Mont y Urueta, José Alejandro Zapata Perogordo, José Gerardo de los Cobos Silva, Sergio Teodoro Meza López, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Gonzalo Alarcón Barcena, Francisco Antonio Tenorio Adame, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, José de Jesús Zambrano Grijalva, Alejandro Moreno Berry y María Cristina Díaz Salazar.
Comité Jurisdiccional: diputados Carlos Rubén Calderón y Cecilio, presidente; Francisco José Peniche y Bolio, Ignacio González Rebolledo y María Cristina Díaz Salazar, secretarios; Wilfrido Isidro Muñoz Rivera, Ramiro Javier Calvillo Ramos, Héctor Armando González Mocken, Fernando Salgado Delgado, Lorenzo Chávez Zavala, Roberto Modesto Flores González, Francisco Maldonado Ruiz, Juan Manuel Cruz Acevedo, José Alejandro Zapata Perogordo, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Javier de Jesús Gutiérrez Robles y José Rosas Aispuro Torres.
COMISIONES ESPECIALES
Comisión Especial del Seguimiento para los Asuntos del Estado de Chiapas: diputados Augusto Gómez Villanueva, Walter Antonio León Montoya, Antonio Pérez Hernández, Juan Salgado Brito, Abel Trejo González, José Antonio Hernández Fraguas, Fernando Salgado Delgado, Tito Rubín Cruz, Carlos Rubén Calderón y Cecilio, Rodolfo Elizondo Torres, Agustín Torres Delgado, Fernando Garzacabello García, José Luis Aguilar Martínez, Arnoldo Martínez Verdugo, César Antonio Chávez Castillo, Antonio Hernández Cruz, Marcos Carlos Cruz Martínez y José Narro Céspedes.
Comición Especial de Seguimiento de las Investigaciones en Torno al Atentado en contra del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta: diputados Alfonso Molina Ruibal, Víctor Samuel Palma César, Daniel Ernesto Trélles Iruretagoyena, María Guadalupe Morales Ledesma, Fructuoso López Cárdenas, María Elena Yrizar Arias, Juan Leyva Mendívil, Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín, Jesús Manuel Meléndez Franco, María del Carmen Segura Rangel, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, José de Jesús Zambrano Grijalva, J. Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, Ramón Sosamontes Herreramoro, Joaquín Humberto Vela González y Ezequiel Flores Rodríguez.
Comisión Especial de Seguimiento de las Investigaciones en Torno al Atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu: diputados Netzahualcóyotl de la Vega García, Jorge Efraín Moreno Collado, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Yrene Ramos Dávila, Jorge Armando Meade Ocaranza, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, René Juárez Cisneros, Rogelio Zamora Barradas, Hiram Escudero Alvarez, Sergio Teodoro Meza López, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Cruz Pérez Cuéllar, Carlos Navarrete Ruiz, Leonel Godoy Rangel, Leticia Burgos Ochoa, Serafín Núñez Ramos y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
Comisión Especial de Seguimiento en relación a la Propuesta 187: diputados Carlos Alfonso Reta Martínez, Alfonso Molina Ruibal, Héctor Humberto López Barraza, Jaime Cleofas Martínez Veloz, Jesús Guillermo Acebo Salmán, María Cristina Díaz Salazar, José Antonio Hernández Fraguas, Héctor Armando González Mocken, Martina Montenegro Espinoza, Marco Antonio Dávila Montesinos, Rodolfo Elizondo Torres, Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Max Tejeda Martínez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Adolfo Miguel Aguilar Zinser, Pedro René Etienne Llano, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, Oscar González Yáñez y Alejandro Moreno Berry.