SESION DE CONGRESO GENERAL
TRANSMISION DE PODERES
SUMARIO
Se concede el uso la palabra a los legisladores:
Marcos Carlos Cruz Martínez
Héctor Sánchez López
Enrique Gabriel Jiménez Remus
María del Rosario Elena Guerra Díaz
Honores protocolarios al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.
Del Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Honores de ordenanza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Presidencia de la diputada
Carlota Guadalupe Vargas Garza
ASISTENCIA
La Presidenta:
Se ruega a los secretarios de las cámaras de Diputados y de Senadores procedan a pasar lista de asistencia.
El secretario diputado Tito Rubín Cruz: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los diputados.
El secretario senador Mario Vargas Aguiar:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los senadores.
El secretario diputado Gonzalo Alarcón Bárcena:
Señora Presidenta; hay una asistencia de 483 diputados y 121 senadores.
Hay quorum de Congreso General.
La Presidenta (a las 9.05 horas):
Se abre la sesión de Congreso General.
ORDEN DEL DIA
El secretario diputado Gonzalo Alarcón Bárcena:
Se va a proceder a dar lectura al orden del día.
Sesión de Congreso General «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.LVI Legislatura.
Orden del día
1o. de diciembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior de Congreso General.
Intervención de un representante de cada grupo parlamentario que integran la LVI Legislatura.
Toma de protesta al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Sesión de Cámara de Diputados, al término de la sesión de Congreso General.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La secretaria diputada Martina Montenegro Espinoza:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior de Congreso General.
«Acta de la sesión de Congreso General, celebrada el día primero de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente a la apertura del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las nueve horas con veinte minutos del día primero de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de cuatrocientos noventa diputados y ciento veinticinco senadores, el Presidente declara abierta la sesión.
Puestos todos de pie, el Presidente declara:
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, abre hoy, primero de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura."
El mismo Presidente solicita a los legisladores que fueron designados en las comisiones de cortesía, que procedan en su oportunidad a cumplir con el cometido que les fue asignado por sus respectivas cámaras y la Secretaría, da lectura a las relaciones correspondientes.
Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura al artículo octavo de la Ley para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es tados Unidos Mexicanos e inmediatamente, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Antonio Lozano Gracia, del Partido Acción Nacional y José Natividad González Parás, del Partido Revolucionario Institucional, quienes cumplen con el mandamiento del mismo artículo octavo del Reglamento, en lo que a los oradores se refiere.
A las diez horas con treinta y dos minutos se declara un
RECESO
En espera del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.
A las diez horas con cincuenta y siete minutos, se reanuda la sesión y puestos todos de pie, se rinden los honores de ordenanza al Presidente de la República a quien el Presidente del Congreso le concede el uso de la palabra para que presente ante la nación el Vl Informe de su gestión administrativa, mismo al que el Presidente del Congreso contesta en los términos constitucionales.
Nuevamente puestos todos de pie, se rinden los honores de ordenanza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien sale del salón de sesiones acompañado de la comisión designada.
Agotados los asuntos de la sesión de Congreso General, el Presidente levanta la sesión a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cita, para sesión de Cámara de Diputados el próximo día tres de noviembre a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora diputada Presidenta.
OPINIONES PARTIDISTAS
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la intervención de un representante de cada grupo parlamentario que integra la LVI Legislatura y que oportunamente fueron inscritos.
Harán uso de la palabra los siguientes legisladores:
Diputado Marcos Cruz Martínez, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Senador Héctor Sánchez López, por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Senador Gabriel Jiménez Remus, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Diputada Rosario Guerra Díaz, por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Marcos Cruz Martínez.
Esta Presidencia, ruega a los presentes tomen su lugar y escuchen respetuosamente a los oradores.
También les ruego de manera muy atenta a quienes están ocupando el pasillo central, procedan de inmediato a ocupar sus lugares.
Adelante, señor diputado.
El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez:
Señora Presidenta; honorable Congreso de la Unión:
Hoy nuestro país tendrá un nuevo jefe del Poder Ejecutivo; a diferencia de otros cambios de Gobierno, éste se efectúa en el contexto de una crisis política sin precedentes en la historia moderna del país.
El deterioro de las instituciones políticas nacionales está lejos de ser un recurso propagandístico de quienes militamos en la oposición. Este año hemos visto emerger como hechos destacados: la guerra indígena y campesina en Chiapas, el asesinato de dos destacados miembros del partido oficial, el secuestro de varios empresarios y denuncias sobre relaciones entre los cárteles de la droga y funcionarios públicos.
Hace apenas un mes, en este país, se vio cómo indígenas tarahumaras mueren de hambre. ¿Qué tan moderno es un país donde casi la mitad de su población vive en condiciones de pobreza, donde casi la décima parte de su población se ha visto obligada a emigrar a los Estados Unidos?
En México, siguen muriendo cada año cerca de 183 mil infantes menores de cinco años y cerca de 40% de nuestros niños están desnutridos. ¿O acaso debemos de juzgar nuestra caída a la modernidad a partir de los famosos 24 multimillonarios? ¿De qué sirve haber controlado la inflación y el déficit de la cuenta pública, si la población se empobrece cada vez más?
Y qué decir de nuestro sistema de procuración de justicia. México se ha convertido en un país donde la impunidad ha sentado sus reales. Tres hechos han confluido para sumir la vida política de la nación en el deterioro en que se encuentra: la práctica del presidencialismo autoritario, la caducidad del régimen de partido de Gobierno y una modernización vertical y excluyente.
El sistema político actual se ha convertido en una camisa de fuerza para la nación. La falta de un poder electoral autónomo hace prácticamente imposible la competencia política en condiciones de equidad y frena el surgimiento de un auténtico régimen de partidos. El país está muy lejos de expresarse, en su mayoría, a través del PRI.
La administración que sale pretendió modernizar el país a golpes de mercado y con mayoriteo en las cámaras. Esta modernización fue impulsada al margen de la generación de consensos y sin que fuera acompañada por políticas compensatorias. En los hechos transformó la Constitución de la República sin convocar a una nueva constituyente. Detrás de estas modificaciones se encuentra un hecho que no puede ser ocultado. Se alteró el viejo pacto social sin que se establecieran nuevos compromisos.
Sin embargo, paralelamente a la crisis y a la descomposición política, han emergido fuerzas renovadoras, que son el embrión del cambio posible y necesario. Los medios masivos de comunicación responsables, la red de organizaciones no gubernamentales, los nuevos movimientos sociales, los partidos políticos de oposición y las personalidades críticas dentro del partido oficial, se abren paso día a día. Ellos son la expresión de una sociedad moderna y madura que no está dispuesta a seguir siendo tratada como clientela del poder.
El Presidente entrante enfrenta así grandes problemas. Hereda cuando menos tres grandes déficit: el democrático, el social y el de la administración y procuración de justicia. Por si fuera poco, también tiene que enfrentar el recrudecimiento, la xenofobia y el racismo en nuestro vecino del norte.
En lo inmediato y más allá de las grandes de finiciones sobre la política nacional, debe enfrentar también la solución de tan grandes conflictos: la pacificación con dignidad en Chiapas, la solución a los conflictos poselectorales y el esclarecimiento de los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu.
México se encuentra ante una encrucijada histórica, la de optar por una continuidad que ahonde la brecha que separa a los mexicanos, generaliza la violencia y amenaza los logros alcanzados en el terreno económico o, por el contrario, la de cambiar para unir a la nación, garantizar la paz y replantear nuevas bases para la modernización de la economía nacional y las instituciones del país en un sentido popular.
El doctor Zedillo, tiene la responsabilidad de optar por uno o por otro camino: atender sus compromisos de campaña y llamados a la paz, la justicia y el acuerdo nacional, o plegarse a la red de intereses creados.
Los tiempos exigen construir un nuevo pacto social en el que participen todos los sectores de la sociedad. La gravedad de la crisis por la que atraviesa nuestra nación así lo amerita. Se requiere un nuevo pacto social sobre la base de acuerdos políticos. El diálogo entre las fuerzas políticas debe ser su principal instrumento.
Los tiempos señalan que para realizar este nuevo pacto social, se requiere desmontar las viejas formas de dominación y formular un pacto que permita el libre ejercicio de la democracia como objetivo y método para lograr la estabilidad y superación de la sociedad.
Reitero, el Partido del Trabajo, considera como necesidad fundamental para lograr consensos, la realización de un gran diálogo nacional sobre las siguientes bases: Primero. El diálogo debe ser amplio, respetuoso y representativo.
Segundo. El diálogo debe ser sin exclusiones, en él podrán participar el conjunto de las fuerzas políticas y sociales del país.
En este sentido, el diálogo debe de ser la instancia donde se expresen todas las voces, todas las corrientes que deseen contribuir en la solución de los problemas nacionales.
Tercero. La agenda del diálogo tendrá que incluir los temas económicos, sociales y políticos más urgentes, así como los problemas de fondo que enfrenta y enfrentará la nación.
Para el Partido del Trabajo, la reforma democrática que emane del diálogo nacional habrá de concretarse en: la vigencia real y el ejercicio pleno de la división de poderes; la instauración de un nuevo pacto entre la Federación, estados y municipios; la reforma y saneamiento del sistema de justicia y sus cuerpos policiacos; la democratización plena del sistema electoral; un cambio de fondo en la política económica en un sentido popular y el establecimiento inmediato de un plan de emergencia para resolver la crisis del campo.
Mexicanos, nuestro país se encuentra en estado de alerta. Nuestra nación se encuentra en crisis; como toda crisis, ésta expresa la lucha entre lo nuevo y lo viejo; apoyar lo nuevo representa la oportunidad de crear un país a la altura de los retos del nuevo milenio.
Democracia real, reforma social, reforma del sistema de justicia, son exigencias populares que deben de ser atendidas urgentemente. El ámbito para consensar estas reformas y el nuevo pacto que de ellas habrá de emanar es esta soberanía.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, el senador Héctor Sánchez López.
El senador Héctor Sánchez López:
Con su venia, señora Presidenta; honorable Congreso de la Unión; invitados nacionales e internacionales; señoras y señores:
Durante estos años, el Partido de la Revolución Democrática, ha estado reiterando la necesidad de abrir a la discusión de toda la sociedad mexicana, los grandes problemas nacionales, frente a un régimen esencialmente autoritario.
Hoy, termina un sexenio que compite con algunas de las páginas más negras de nuestro país. Carlos Salinas de Gortari deja tras de sí 296 muertes del perredismo, decenas de periodistas victimados, un país al borde de la guerra civil y una pobreza generalizada, 24 familias multimillonarias y las reformas a la Constitución General de la República más antipopulares de la historia reciente de nuestro país.
Frente a la retórica oficial y el triunfalismo rampante, miseria, violencia, corrupción y régimen de partido, continúan siendo los lastres evidentes que pesan sobre el conjunto de la sociedad mexicana y que le impiden avanzar.
Desde siempre, nuestra concepción de diálogo ha sido fundamentada en el principio democrático de incluir el conjunto de las fuerzas sociales, políticas y culturales del país, en el esfuerzo por elaborar y participar en las soluciones a los grandes retos que enfrenta México en este fin de milenio.
En consecuencia, no somos partidarios de que el debate de la nación sea reducido a un pequeño grupo de notables que se dicen poseedores de la verdad y del saber. Justamente consideramos que ésta ha sido la política seguida por Carlos Salinas de Gortari, quien obsesionado en excluir, segregar y marginar a las grandes mayorías nacionales de las decisiones importantes en el rumbo de la nación, provocó la gran polarización social que todos conocemos, los graves enfrentamientos políticos padecidos durante su régimen, todo lo cual colocó al país al borde de la ingobernabilidad y la violencia generalizada.
La pretensión de Salinas de Gortari de marginar al Partido de la Revolución Democrática de la vida pública ha fracasado, finalmente el régimen ha tenido que reconocer que sin la participación del Partido de la Revolución Democrática y de las fuerzas que durante años han estado empeñadas en democratizar la vida política del país, no es posible una transición pacífica a la democracia.
Por ello, el PRD, ante las nuevas perspectivas marcadas por el inicio de un nuevo gobierno que asume la administración del Estado en medio de una de las más profundas crisis políticas que ha sufrido el país, reitera su vocación de formar parte de los esfuerzos más auténticos para construir un México democrático y soberano, capaz de reencontrar su propia identidad en la búsqueda de una nueva forma de gobierno, que nos permita a los mexicanos equilibrar la productividad, el desarrollo, con el bienestar de las mayorías.
Es el momento en el que las fuerzas interesadas en lograr un tránsito hacia la democracia, establezcan los compromisos que, de cara a la ciudadanía, permitan restaurar la validez de las instituciones republicanas. La nación demanda una reforma política definitiva. Sin una profunda y consensada reforma del Estado, el país habrá de enfrentar, en los próximos meses, un derrotero de violencia y confrontación política de impredecibles dimensiones.
No queremos reformas como las que llevó a cabo el régimen de Salinas, que sólo maquillaron las prácticas del autoritarismo; nos proponemos trabajar por una reforma del Estado que modifique radicalmente la relación entre el Estado y la sociedad.
Partimos del principio de que el régimen presidencialista y el presidencialismo mismo, deben de ser modificados en su raíz. Ellos son una de las principales causas de la crisis política por la que atraviesa el país.
Es preciso no sólo reducir, sino erradicar la omnipotencia presidencial. El Presidente, el Poder Ejecutivo, debe ser uno más de los poderes de la Unión y no el poder que domine y subyugue, legal o extralegalmente, a todos los demás poderes.
Sin una reforma electoral igualmente profunda, no puede haber una reforma del Estado que sea a la vez integral y completa. El PRI debe perder su carácter de partido del Estado y transformarse en un partido competitivo que luche en igualdad de condiciones con los otros.
Ernesto Zedillo, hay que reiterarlo, llega a la Presidencia de la República como resultado de la acción sistemática y arrolladora de un sistema de partido de Estado. El PRD expresa su repudio a las prácticas fraudulentas, viciadas y corruptas que permearon la elección del 21 de agosto. Estos vergonzosos acontecimientos que han impactado negativamente a millones de ciudadanos y que han restado consenso y legitimidad a las instituciones del Estado mismo, no deben repetirse jamás. Para ello hay que ciudadanizar todos los órganos electorales, hay que proveerlos de su necesaria autonomía.
Los apoyos que la sociedad otorga a los partidos a través del Gobierno, no deben estar en función a la cercanía con el Estado o con los funcionarios en turno. Los hechos hablarán más que las palabras.
El 8 de diciembre México tiene una cita en Chiapas. El régimen pretende imponer un gobernante producto de un proceso electoral fraudulento, violando flagrantemente los derechos cívicos y constitucionales de la ciudadanía chiapaneca.
No puede ser ignorada la rebelión armada indígena y campesina que conmovió al mundo entero por la justeza de sus reclamos ancestrales, por la claridad meridiana de sus reivindicaciones, por la sensibilidad mostrada ante la acción decidida de la sociedad civil en favor de la paz.
Tiene que entenderse que imponer a Robledo significa la guerra. Demandamos la inmediata instalación de una mesa de negociación para Chiapas, que involucre a todos los sectores y a las fuerzas políticas y sociales involucradas en el conflicto, para lograr un gobierno de transición y el establecimiento de una paz digna y definitiva.
De la misma manera Carlos Salinas de Gortari, siguiendo su política autoritaria, implementó en los estados de Veracruz y Tabasco fraudes electorales, violentando la voluntad popular, motivo por el cual el día de hoy miles de ciudadanos veracruzanos y tabasqueños se encuentren manifestando su inconformidad por las calles de la ciudad de México.
Tabasco tiene que ser, no el último fraude electoral del partido del Estado, sino el laboratorio para el establecimiento definitivo de la democracia en México. Demandamos la anulación de las elecciones y la realización de un nuevo proceso sobre bases de equidad y transparencia.
Singularmente importante por su contenido histórico y por el dramatismo de su condición con temporánea, lo constituye la realidad de los pueblos indios. No es posible aislar en lo regional y comunal, lo que a fuerza de una política de racismo, segregación social y explotación económica, se ha constituido en una afrenta y en un reto nacional.
La demanda de autonomía de los pueblos indios, no es de ninguna manera una propuesta separatista, como lo pretendió el régimen salinista. Por el contrario, significa una posibilidad real de unidad nacional, con base en el reconocimiento de derecho a la libre determinación de esos pueblos y a la capacidad de los indígenas para gobernar y decidir su propio futuro.
Los pueblos indios del país, representados en la rebelión zapatista, no requieren de una política de solidarismo social ni de soluciones administrativas que inventen nuevas instituciones indigenistas, ajenas a la voluntad y a la participación de los propios indios; por el contrario, la situación actual exige que los indios tomen su destino en sus propias manos, sin intermediarismos o paternalismos.
En Chiapas, como en Tabasco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y en otros estados, se viven realidad de marginación y pobreza indescriptible.
Cuando el salinismo anunciaba el 1o. de noviembre las bondades supuestas del llamado liberalismo social, en la Sierra Tarahumara morían decenas de niños por desnutrición, o por enfermedades perfectamente curables.
Hay otros caminos. No es posible que haya una nación unida y justa, ni mucho menos moderna, si la mayoría de los mexicanos siguen viviendo en la pobreza o en el límite vital de la indigencia.
Frente a ello, hubiera sido indispensable caminar por rumbos distintos a los que se exploraron, con inversiones dirigidas a la creación de empleos y a la recomposición de nuestras economías regionales, bajo un principio de integralidad, en el que el Estado no abandone sus responsabilidades fundamentales.
Hoy lo volvemos a decir, el simple juego de la oferta y la demanda no resuelve los grandes retos del desarrollo. No se trata de regresar a un esquema proteccionista y tutelar del Estado que a la postre resulte económica, social y políticamente negativo. Se trata simplemente de asumir la responsabilidad rea de un crecimiento justo, equilibrado y sostenido.
Hay que crear un nuevo marco constitucional en el país, reformar el artículo 27 constitucional para eliminar algunas aberraciones de la última contrarreforma salinista, pues no es posible que se hable de modernidad cuando, por ejemplo, unas cuantas personas y sociedades mercantiles pueden llegar a poseer ilimitadas extensiones ganaderas, agrícolas o de bosques.
En el conflicto de Chiapas, se muestra en sus límites esta aparente paradoja entre lo que es un modelo formalmente modernizador, pero en el fondo atrasado y retrógrado, en la perspectiva social y del desarrollo.
El gobierno de Salinas y sus instituciones bailaron al son del grupo de los ganaderos y de los caciques regionales, siendo que se trata de un estamento depredador en lo económico y gangsteril en lo político. Pero hay que reformar el artículo 27 también y sobre todo para dar curso y fortaleza al sector social, para establecer las bases de recomposición social, económica y política de ejidos y comunidades, para delinear formas de reordenamiento territorial que por medios democráticos eliminen las aberraciones de la simulación y de la producción extensiva, tanto como las del minifundismo y de las vías de la explotación depredadora y aniquilante de nuestros suelos, bosques, selvas y ríos.
El saldo de la política neoliberal es negativo para millones de mexicanos que hoy viven en las filas del desempleo, la marginación y el abandono social. Las acciones en la lucha contra la iniquidad social, de un gobierno efectivamente democrático deberán asumir el problema de la pobreza no como un acto de filantropía destinado en realidad a la compra de votos en favor de un partido oficial, sino como una responsabilidad irrenunciable del Estado.
Los grandes conflictos electorales que hoy observamos en Chiapas, Veracruz y Tabasco y que hemos padecido los mexicanos a lo largo de los últimos años, no son más que la expresión de un sistema que requiere profundas transformaciones.
Durante 1994, el país vivió acontecimientos que parecían haberse quedado en la memoria de los momentos más trágicos de la historia contemporánea.
Súbitamente, los conflictos en el interior del Partido Revolucionario Institucional, nos remitieron a las épocas en las que imperaba la política de la conspiración homicida. El curso de las investigaciones del asesinato de Ruiz Massieu ha llevado hasta el involucramiento de altas personalidades de la dirigencia nacional del partido oficial y de personalidades del gabinete saliente y entrante.
Es imperioso el regreso a la institucionalidad y al estado de derecho; del esclarecimiento y castigo de los responsables de los asesinatos de centenares de militantes del PRD, así como de los crímenes de Estado perpetrados contra Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, dependen no sólo la credibilidad del Poder Judicial, sino del conjunto de la endeble institucionalidad que sostiene al Estado.
Con profunda preocupación observamos que una de las primeras decisiones de Ernesto Zedillo, ha sido el nombramiento de un gabinete en el que resalta por lo sombrío de su pasado y de su presunta complicidad en los hechos relacionados con el asesinato del que fuera Secretario General del PRI.
¿Cómo es posible que Ignacio Pichardo Pagaza haya salido designado como Secretario de Estado, si sobre él pende una averiguación previa y una acusación grave que no han sido esclarecidos ante la nación? Este nombramiento, así como el continuismo salinista, que se expresa en los nombramiento de otros encargados de despacho, ponen en duda la voluntad política del presidente entrante en cuanto a cambios fundamentales que respondan a las necesidades de democratizar al país y de promover a personas honestas en los cargos de dirección gubernamental.
Queremos dejar claro que hemos iniciado el diálogo con Ernesto Zedillo, como un gesto de voluntad política del Partido de la Revolución Democrática, para avanzar hacia la necesaria transformación democrática de México, sin hipotecar, bajo ninguna circunstancia, nuestra indeclinable decisión de luchar y lograr la transición a la democracia.
Por ello, en el marco de una protesta generalizada en contra del fraude electoral del 21 de agosto y en Veracruz y Tabasco recientemente, en el Monumento a la Revolución de esta ciudad, en estos momentos se congregan miles de ciudadanos que, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, exigen el respeto a la voluntad popular.
El PRD, no renunciará a su política de conquistar en la calle, en la plaza y con la movilización ciudadana lo que el PRI y las élites neoliberales expropiaron a la sociedad ilegalmente.
No es un partido político el que demanda cambios profundos en la vida social, económica y política del país, es un clamor social que se extiende hoy desde los pueblos más apartados de Chiapas y que tiene firmes raíces en las áreas urbanas; es el reto de los tiempos y sin duda condición de paz y de gobernabilidad. El reto es por México. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, el senador Enrique Gabriel Jiménez Remus.
El senador Enrique Gabriel Jiménez Remus:
Señora Presidenta del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; señoras y señores diputados; señoras y señores senadores:
A nombre de sendos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión de mi Partido Acción Nacional, acudo a esta cita puntual, a vísperas de la protesta constitucional del presidente electo.
Magnífica oportunidad para todos nosotros, miembros del Poder Legislativo, para, en breves minutos y en síntesis diría yo apretada, poder meditar algunos temas, quizá los principales, que ocuparán las primeras acciones del próximo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Permítase pues entonces y en representación de los legisladores del Partido Acción Nacional, presente a su consideración estas reflexiones a las que me he referido.
Hoy rinde protesta el Presidente de la República ante un Poder Legislativo tradicionalmente subordinado al Poder Ejecutivo, que no ha funcionado como su contrapeso, que ha permitido que el poder se ejerza en forma autoritaria y que ha renunciado, digámoslo de una vez por todas, a su facultad legislativa, permitiendo también que sea el Ejecutivo, el que predomine en la creación de la ley. De esto tiene conciencia plena, no lo dudo, el Ejecutivo, el propio Legislativo y todo el pueblo de México.
No obstante esto, esta situación tan precaria del Poder Legislativo y sólo porque lo marca la Constitución, el presidente electo viene a rendir protesta, pero queremos que este acto, repito, no se convierta como siempre, tradicionalmente, en un acto protocolario, sino que sea también el medio para que los miembros del Congreso digamos al próximo presidente de todos los mexicanos, que el desmesurado poder que acumula, le permite mantenerse como una institución a la que la sociedad no tiene medios de pedirle cuentas.
Que la presidencia de la República, prácticamente hasta ahora, ha sido una institución que no responde a nadie. Queremos que en este sexenio que se inicia, se transforme la institución presidencial, porque así lo exige el tránsito de la democracia y el estado de derecho.
El presidente electo llega con la urgencia vital de la nación mexicana, de lograr el establecimiento de un auténtico estado de derecho. Si entiende su misión y cumple su deber, no le cabrá duda al pueblo de México que vigorizará, orientará y dirigirá rectamente al país para la consecución de sus fines. Pero desde ahora tendremos que decírselo, anticipadamente, al acto de protesta formal.
Que si por el contrario deserta de su misión, obtendrá como respuesta una sociedad oprimida, empobrecida, espiritual y económicamente deshecha.
El Presidente de la República, a partir del siguiente instante de rendir protesta constitucional, llega a un país lamentablemente caracterizado por la corrupción y la simulación de legalidad. Donde el estado de derecho, a todos nos consta, también lamentablemente se ha roto.
En efecto, el Poder Judicial de la Federación, que es su garante, no es el tercer poder que describe la Constitución, es un poder que ante la reforma del Estado, la urgente reforma del Estado como tema central y esfuerzo inevitable, muestra una tenaz resistencia a asumir cualquier transformación que no sea su mera tecnificación.
El Ejecutivo se enfrenta y se enfrentará, a un deterioro paulatino, salitroso, de lo que constituye la base de la función del Poder Judicial, que es, señoras y señores legisladores, su autoridad moral.
También debe el próximo Presidente de la República, aceptar la exigencia del país para limitar sus facultades y favorecer la creación de las condiciones jurídico-políticas, para eliminar los poderes metaconstitucionales de que ahora está investida la institución de la presidencia de la República.
Ello implica, por citar tan sólo un ejemplo, sectorizar la partida que bajo el rubro de "gasto no sectorizables", le da enormes recursos a la presidencia de la República, que distribuye marginal, discrecionalmente y sin control alguno, en detrimento del justo ingreso al que tienen derecho las entidades de la federación; manifestación, si se quiere, incipiente, secundaria, pero que deja claro que es una violación a un régimen constitucional y precisamente al federalismo actual.
Llega el presidente electo y próximo Presidente Constitucional a gobernar al país con un campo, digámoslo también claro, empobrecido, a pesar de las reformas constitucional y legal que no han sido suficientes para superar la choza miserable del campesino, ni para lograr la independencia económica y espiritual de los campesinos mexicanos, quienes siguen siendo acreedores de los gobiernos que se han sucedido en los últimos 70 años.
El Presidente llega también ante una demanda sentida, quizá dramática ya en este momento, de una democracia en las organizaciones sindicales, que sigue siendo requerimiento real de los trabajadores mexicanos; el poder adquisitivo de los obreros, es un clamor nacional. El trabajador mexicano, a 75 años de la Revolución, todavía no percibe la remuneración que lo libere, como tampoco recibe la suficiencia y el bienestar que le permita esperar, sin angustia, el día en que la vejez o el accidente le impidan seguir laborando en la fábrica, en el taller o en el campo.
En el Gobierno que termina se lograron las primeras reformas al artículo 3o. constitucional y todo México y Acción Nacional, el primero, lo reconoce. Pero el Presidente Constitucional de México, a punto de rendir su protesta, tiene que aceptar que todavía son insuficientes para lograr el respeto al derecho preferente que tenemos los padres de familia para determinar el tipo de educación que debe darse a nuestros hijos.
Mantendremos en esta legislatura, señoras y señores legisladores, la postura contenida en iniciativas que en materia educativa han dejado plasmada los legisladores de Acción Nacional que nos han precedido en este trabajo legislativo.
Esperamos que el gobierno que hoy inicia, dé respuesta a la exigencia de los estados que integran la federación, para una mayor participación en el ingreso federal; la autonomía de los estados y de los municipios contenida en la ley fundamental, será un formalismo estéril en la medida en que sea sólo el Gobierno Federal el que tenga acceso a los recursos provenientes del trabajo de los mexicanos, quedando los estados y los municipios subordinados a los apoyos que discrecional y graciosamente les dé el Gobierno Federal.
Las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, deben ser vistas, y desde aquí lo pedimos y lo exigiremos, como una auténtica y urgente exigencia nacional, ya inaplazable.
Le insistimos nuevamente al próximo Presidente de la República, que la justicia debe ser impartida por quienes con conducta irreprochable, conocimiento del derecho, a través de una carrera judicial intachable, cumplan sus funciones con honestidad, eficiencia y libertad.
Participaremos con el nuevo gobierno en la reforma estructural y conceptual a la procuración y a la administración de la justicia federal.
Nunca como en los últimos meses, han quedado de manifiesto las carencias que en el ámbito de la justicia padece el pueblo de México. Seguiremos transitando con responsabilidad, asumiendo los costos políticos por el bien de México, en la reforma electoral, para que la pluralidad de partidos políticos responda a una representación auténtica, sin apoyos ilegítimos del Estado mexicano.
Que se necesita reforzar su vida política para que mediante el voto respetado, a través de un sistema electoral objetivo, deje de estar en manos del partido oficial, contrario a la Constitución, por su esencia y por su conducta y que mientras sea oficial o vinculado al Estado o al Gobierno, constituye la negación a la democracia. Esto lo debe entender y aceptar el próximo Presidente Constitucional de México, para cerrar en definitiva, expediente electoral que también ha servido para erosionar la convivencia de los mexicanos; que el expediente electoral sea de los primeros actos de este Poder Legislativo, contando con el apoyo y la simpatía y por el bien de México, del próximo Presidente de la República.
La violencia no es la solución para los problemas de México. Chiapas es preocupación nacional. Esperamos la respuesta del gobierno con criterios de razón, de justicia y de respeto a los derechos humanos. Quienes como mediadores dedican su esfuerzo con este propósito, deben ser apoyados por el gobierno, los partidos políticos y la sociedad.
El interés nacional exige una solución política en el conflicto poselectoral de Chiapas, que agrava el clima de violencia que ya impera en la entidad. Con la medida del cese al fuego, no puede el Gobierno de la República seguir difiriendo la solución al conflicto. Es por ello urgente que el presidente electo y próximo Presidente Constitucional, hoy mismo, ante los mexicanos, defina y anuncie su deseo por el bien de México, de terminar a la brevedad posible esta pena nacional que acongoja a todos los mexicanos.
Gravísimo problema es el de la pobreza. Las condiciones de pobreza en nuestro país han venido creciendo y convirtiéndose en un drama que se agrava por los grandes desequilibrios en el desarrollo regional. El Presidente deberá dar prioridad a los programas de inversión social, destinados a romper la transmisión generacional de la pobreza, programas que deben desvincularse de los partidos políticos, que deben incorporar al mayor número posible de participantes no gubernamentales y debe tomar la decisión, debe tomar la decisión el próximo Presidente de la República, aun a riesgo de que su partido pierda el control, de desmantelar toda la estructura burocrática anticonstitucional y centralizada que hay en todos los programas sociales del Gobierno Federal.
Es pues, en estos rubros tan sencillos y apretadamente expuestos, donde el pueblo de México le exige al próximo Presidente de la República, la inaplazable urgencia de la realización de estos retos. Para afrontarlos, si se decide a hacerlo el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, próximo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, estoy seguro y creo interpretar el sentir de la mayoría del pueblo de México, en serio, que contará con el apoyo de todos los mexicanos.
Y en este punto y para terminar, amigos legisladores, Acción Nacional, por mi conducto, define el trabajo legislativo del Poder Legislativo en este primer periodo de sesiones ordinarias y la conducta inalterable de nuestra permanencia en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, de aceptar el reto de la transformación urgente de las estructuras injustas de este México nuestro que con responsabilidad y a pesar de voces interesadas que pretendan tachar nuestro trabajo legislativo y político, decididamente queremos ser un partido responsable, serio, abierto, que sin vergüenza alguna, en ocasiones podremos coincidir con iniciativas del Ejecutivo y de otros partidos políticos. Es urgente, pues, que nuestro trabajo legislativo trascienda la esfera tan sólo de un partido político, para contribuir, todos, en una relación encarnada de partido político en las responsabilidades de la República, amigos, por el bien de México. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, la diputada Rosario Guerra Díaz.
La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz:
Honorable Congreso de la Unión:
Hora de balance en nuestra tradición republicana, el cambio del titular del Poder Ejecutivo marca momentos de reflexión, pero sobre todo, de compromisos en lo que falta por hacer.
Hoy se inicia el gobierno democrático, legítimo y legal de Ernesto Zedillo Ponce de León, con discusión plural y cívica que expresa tanto la convergencia y el acuerdo de las fuerzas políticas como sus diferencias.
Se están creando las condiciones del diálogo nacional para encontrar las vías de consenso que resuelvan los grandes problemas nacionales. El diálogo será la afirmación de la eficacia del pluralismo y del reconocimiento de la ley.
México ha cambiado sin perder identidad. Lo alcanzado es fruto de un liderazgo que impulsó el rumbo de una sociedad dinámica y crítica, con profundas raíces históricas. Una economía estable, menos vulnerable en su relación con el exterior; pero sobre todo, más sólida por sus resultados permanentes, se abre paso para atender con mayor énfasis el bienestar social y familiar.
En una sociedad de contrastes, romper inercias y círculos viciosos que perpetúan la miseria, es reto que debemos compartir. Lograr el bienestar de las familias es incidir en la redistribución del ingreso, es procurar que la economía siga creciendo y que los empleos sean productivos y bien remunerados.
Con esta plataforma concurrimos a la elección más vigilada, más competida y de la más alta participación en la historia contemporánea de México.
La afluencia ciudadana a las urnas en forma masiva con un 77% de votación, tras una reforma electoral que buscó la equidad en la competencia e imparcialidad en la calificación de los resultados, compromete a todos los partidos. Millones de mexicanos demostraron con hechos su confianza en las instituciones y en el voto, como único medio válido para dirimir diferencias y cerrar el paso a la violencia o a la descomposición social.
Vamos a entrar de lleno a una etapa para atender lo que no se resolvió. Vamos todos a emprender un cambio, un rumbo y certidumbre; lo estamos construyendo con un mayor entendimiento entre las fuerzas políticas. El reto es profundizar el cambio, acelerar todas las reformas que garanticen la paz y la estabilidad de la nación.
Por eso, el Partido Revolucionario Institucional reitera su compromiso de avanzar en la legalidad. La tolerancia y la civilidad son plenamente compatibles con el pluralismo y con la defensa de las distintas posiciones políticas. Son, en rigor, condición para el diálogo y para el acuerdo.
Nosotros, como partido y como ciudadanos, rechazamos la violencia, la exclusión, cualquier forma de intolerancia y la descalificación sistemática como formas de hacer política. Afirmamos que el derecho es el recurso eficaz para el avance democrático y en este marco los ciudadanos ejercieron su derecho otorgando su voto por la paz. El veredicto de ellos es el que hoy acatamos en esta sesión solemne del Congreso de la Unión, con la transmisión del Poder Ejecutivo.
La confianza depositada en las urnas nos obliga y compromete a reformas de fondo, no coyunturales, en las que el diálogo franco y abierto no debe confundirse con la claudicación. Vamos a desterrar radicalismos y a vencer la teoría de las conspiraciones.
Unidos en un marco de respeto a las diferencias, hemos abierto nuevos caminos por recorrer. Proponemos continuar con el fortalecimiento de órganos electorales, autónomos e imparciales, que sean más confiables y destierren a los agoreros de la violencia. Queremos competencia electoral con equidad y transparencia, tanto en las fuentes de financiamiento como en el acceso a los medios de comunicación y respeto absoluto a los resultados electorales.
Nuestro partido conforma una corriente histórica capaz de emprender una de las transformaciones sociales más significativas del fin de siglo. Hoy asume con responsabilidad su propia transformación, para que se materialicen prácticas políticas indispensables para la paz y la soberanía nacional.
En su relación con el Gobierno, mi partido habrá de mantener apego a la plataforma electoral con la que obtuvo el respaldo mayoritario, pero marcará una sana y necesaria distancia en la que retome su autonomía.
Mi partido reitera su compromiso con el fortalecimiento de la República. En la práctica republicana la autoridad se ejerce escrupulosamente apegada al derecho. Nuestro compromiso es con el federalismo vivo y actuante, porque el respeto a la voluntad de las comunidades y de los municipios es detonador decisivo del ejercicio democrático; esto es, avanzar en la democracia.
Reiteramos también nuestro compromiso con la justicia social y el combate eficaz a la pobreza. En el bienestar de la familia cuenta mucho una política social de mayores oportunidades de acceso a la educación y a la salud.
El PRI reitera su compromiso en la generación de empleos y el bienestar sustentado en el trabajo productivo. Ese es compromiso nuestro, de Ernesto Zedillo, pero involucra un gran esfuerzo y movilización social que concrete el gasto público en acciones que detonen potenciales humanos.
Es momento de velar por el interés nacional y mi partido asume el compromiso para una efectiva vigilancia del cumplimento de las metas y los programas que ofrecimos al pueblo de México. No aceptamos demoras, omisiones o ineficiencias.
Sentar bases perdurables del bienestar social ha requerido de una reforma macroeconómica, sí, pero también de una reforma social que pasa por una reforma del estado; no se agota en ella, implica aspectos de seguridad y de justicia.
Estamos empeñados en acabar con la impunidad que a todos lesiona, que a todos ofende y que más padecen los sectores sociales menos favorecidos. Proponemos un frente amplio para realizar las transformaciones que deberán traducirse en una revisión y depuración integral del sistema judicial, de procuración de justicia y de seguridad pública, reforma que garantice la observancia de la ley y que destierre de una vez por todas en todos los ámbitos de la vida nacional, la casuística, la discrecionalidad o la impunidad, leyes claras que se puedan cumplir y que castiguen a los delincuentes para garantizar a todos una convivencia armónica y el adecuado resguardo del patrimonio familiar que con tanto trabajo hemos construido.
Seguridad y justicia son retos para la amplia participación política y ciudadana. El crimen organizado que se funda en actividades perversas, como el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas, los delitos de cuello blanco, el abuso del poder o el lavado de dinero, que corrompen la estructura gubernamental, social y familiar, debe enfrentarse con estrategias acordes a su dimensión y operación a escala mundial; proponemos reforzar su combate con la cooperación en ámbitos multinacionales y con pleno respeto a la soberanía de los estados.
La única paz duradera, habrá de fincarse en las transformaciones de fondo. El bienestar familiar debe alcanzar a las zonas indígenas, cuyos pueblos han resistido a través de los siglos, las peores agresiones que propicia la miseria extrema. Hoy queremos una política indigenista sin paternalismos que recupere y revalore raíces y tradiciones para fortalecer la unidad nacional sobre bases firmes, de confluencia de lo que es distinto.
Hoy, ante la comunidad internacional que se solidariza con México en esta nueva etapa de su historia, queremos reiterar nuestro compromiso invariable con la soberanía nacional y con los principios de nuestra política exterior. Concebimos a la política exterior como instrumento del bienestar nacional, combatiremos toda expresión de xenofobia que viole derechos humanos de los migrantes y que pretenda negar las más elementales normas de convivencia en un mundo cada vez más interdependiente.
En un entorno conflictuado por racismos y regionalismos desintegradores, México habrá de mantener una política exterior activa de diversificación, que coadyuve a la paz.
Somos un país de pertenencias múltiples, participamos en los más diversos foros internacionales de los cinco continentes; hemos sido promotores del comercio internacional y su expansión como forma de cooperación y convivencia.
Ante el cambio del Poder Ejecutivo, reiteramos nuestra vocación democrática que debe, necesariamente, plasmarse en una auténtica división de poderes. Fortalecer al Poder Legislativo, es tarea de todos los partidos políticos. Estamos trabajando en crear espacios de confluencia para la pluralidad y la paz, éste es el foro natural de expresión popular y lo habremos de mantener y fortalecer.
Aquí, mucho nos complace que el nombramiento de Procurador General de la República, recaiga en nuestro compañero diputado federal Fernando Antonio Lozano Gracia, coordinador de la fracción panista de esta LVI Legislatura. Es tiempo de nuevas prácticas políticas, que se traduzcan en una premisa simple, que sean las propias comunidades las que forjen día a día sus decisiones, que se les aliente y se les apoye para construir una nación más fuerte.
Los mexicanos de hoy, al igual que los de ayer, vamos a rediseñar juntos las formas para hacer perdurable la paz, la justicia y las libertades. Por encima de cualquier interés está el supremo interés de México, no convirtamos nuestros avances en retrocesos, impulsemos con Ernesto Zedillo una nueva etapa de pluralidad y de consenso social. Muchas gracias.
COMISIONES PROTOCOLARIAS
La Presidenta:
Sírvase la Secretaría dar lectura a la lista de los diputados y senadores que integran las comisiones protocolarias designadas para esta ocasión.
El secretario diputado Gonzalo Alarcón Bárcena:
Para acompañar al licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de su residencia al Palacio Legislativo, los siguientes legisladores: diputados Carlos Humberto Aceves del Olmo, Fernando González Achem, Jaime Mariano del Río Navarro, Ofelia Casillas Ontiveros, Alfonso Garzón Santibáñes, Ramón Miguel Hernández Labastida, José Enrique Patiño Terán, José Narro Céspedes. Senadores: Fernando Solana Morales, Germán Sierra Sánchez, Luz Lajous Vargas y Luis H. Alvarez Alvarez.
Para recibir en el pórtico del Palacio Legislativo al licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y acompañarlo a la tribuna del recinto y viceversa, a los siguientes legisladores: diputados Jesús Salvador Hernández Vélez, Javier Pineda Cerino, Salvador Mikel Rivera, Armando Octavio Ballinas Mayes, Miguel Alberto Segura Dorantes, María Teresa Gómez Mont y Urueta, César Humberto González Magallón. Senadores: Carlos Jiménez Macías, Melchor de los Santos Ordóñez, Sami David David y Luis González Pintor.
Para acompañar del Palacio Legislativo, a su residencia al licenciado Carlos Salinas de Gortari, a los siguientes legisladores: diputados Roberto Campa Cifrián, Claudia Esqueda Llanes, José Castelazo, Sebastián Lerdo de Tejada, Rafael Ayala López, José Gerardo de los Cobos Silva, Alberto Anaya Gutiérrez. Senadores: Hugo Andrés Araujo de la Torre, Alberto Santos de Hoyos, Guadalupe Gómez Maganda y Benito Rosell Isaac.
Para acompañar al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente electo de México, de su residencia al Palacio Legislativo, a los siguientes legisladores: Juan José Osorio Palacios, José Natividad González Paras, José Ramírez Gamero, Hiram Escudero Alvarez, David Vargas Santos, Alberto Anaya Gutiérrez. Senadores: María de los Angeles Moreno, José Murat, María Elena Chapa Hernández, Carlos Sales Gutiérrez, Juan de Dios Castro Lozano y Heberto Castillo.
Para recibir a las puertas del Palacio Legislativo al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente electo de México, y acompañarlo a la tribuna del recinto, a los siguientes legisladores: diputados Mario Enrique Vázquez Hernández, María Virginia Betanzos Moreno, Francisco Domínguez García, Héctor Humberto López Barraza, Sara Esther Muza Simón, Jesús Sánchez Ochoa, Marcos Carlos Cruz Martínez. Senadores: Miguel Alemán Velasco, Gustavo Carbajal Moreno, Juan Millán Lizárraga, Eloy Cantú Segovia, Pablo Salazar Mendiguchía, Natividad Jiménez Moreno, Cristóbal Arias Solís y Carlos Romero Dechamps.
Para acompañar del Palacio Legislativo al Palacio Nacional al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los siguientes legisladores: Humberto Roque Villanueva, Patricia Garduño Morales, Joaquín Humberto Vela González, Fructuoso López Cárdenas, Héctor Hugo Olivares Ventura. Senadores: Fernando Ortiz Arana, Gabriel Jiménez Remus y Héctor Sánchez López.
Están leídas las comisiones, señora Presidenta.
RECESO
La Presidenta (a las 10.23 horas):
Se declara un receso en espera de los señores Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari y presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León.Se ruega a los presentes permanezcan en sus respectivos lugares.
Receso
ACTO DE TRANSMISION DE PODERES
La Presidenta (a las 10.50 horas):
Se reanuda la sesión.
(Se rinden los honores de ordenanza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.)
De conformidad con el decreto de la honorable Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de noviembre de 1994, y en los términos establecidos por el artículo 87 de la Constitución General de la República, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, va a prestar la protesta como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Se suplica a los diputados, senadores y demás asistentes, se sirvan poner de pie.
PROTESTA CONSTITUCIONAL
El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León:
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
MENSAJE PRESIDENCIAL
La Presidenta:
Tiene la palabra el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
Honorable Congreso de la Unión, mexicanos:
Asumo la Presidencia de la República para servir con todas mis fuerzas al pueblo de México. Ejerceré las facultades que dispone la Constitución con rectitud, de cara a la nación y atento a la crítica ciudadana. Así me lo ordena mi conciencia, así lo reclama el alto ejemplo de quienes forjaron nuestra patria, así lo exige el México de nuestros días.
Sucedo en esta investidura a un Presidente que gobernó con visión, que con inteligencia y patriotismo concibió grandes transformaciones y supo llevarlas a cabo con determinación. Le expreso mi respeto y mi reconocimiento.
Estoy seguro de que Carlos Salinas de Gortari tendrá siempre la gratitud y el aprecio del pueblo de México.
Con honda, con irremediable tristeza evoco al amigo, al compañero, al líder, a Luis Donaldo Colosio. Sabré honrar su ejemplo de amor y de servicio a México.
Como jefe de Estado, mi primera responsabilidad será velar por la soberanía nacional. Asumo y ejerceré con honor el comando supremo de las Fuerzas Armadas, que continuarán sirviendo a México con patriotismo, lealtad y eficacia.
México es una nación respetada en el mundo. Así lo atestigua la honrosa presencia de mandatarios y representantes de pueblos con quienes nos unen lazos entrañables. A todos ellos nuestra gratitud y nuestra amistad.
La autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados y la equidad en los intercambios entre los países son principios que han orientado nuestra política exterior y nos dan autoridad moral en el mundo. Mantendré la aplicación de estos principios para preservar la soberanía nacional y promover los intereses legítimos de México en el mundo. Lo haré practicando un nacionalismo activo y abierto, respetuoso de todas las naciones.
Defenderé muy especialmente, con legalidad y firmeza, la dignidad y los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras.
Estamos conscientes de que la mejor defensa consiste en procurar aquí, en nuestro suelo, condiciones dignas de vida y oportunidades de empleo y superación. A ello consagraré mi esfuerzo.
Los mexicanos queremos construir un país mejor para nuestros hijos. Esa tarea exige el reconocimiento de lo que hemos conseguido. Exige también que sepamos ver las injusticias que padecemos, las carencias que sufrimos y la magnitud de los problemas a que nos enfrentamos.
Sociedad y Gobierno haremos frente a esas injusticias, a esas carencias, a esos problemas. Tengo plena confianza en que unidos podremos superarlos.
Hoy, como siempre, si México está unido, saldrá adelante. Nos alienta el ejemplo de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. A partir de la profunda transformación social que significó la Revolución de 1910, cada generación ha contribuido a mejorar a México.
En los pasados 75 años, para muchísimos mexicanos ha mejorado la educación, la salud, el empleo, las comunicaciones y los servicios, aun cuando la población se multiplicó de 14 a 90 millones.
Ciertamente México ha prosperado. Nuestros padres y nuestros abuelos realizaron grandes logros, pero no son suficientes, no podemos estar satisfechos. Muchos millones de mexicanos carecen de lo indispensable, muchos han quedado al margen de los avances, muchos viven una pobreza que indigna a la nación, por eso, nuestra generación debe hacer más, debe trabajar más, debe esforzarse más.
Porque México somos todos, convoco hoy a todos y a cada uno de los mexicanos a una nueva etapa de esfuerzo. El desafío es grande, reclama el trabajo de todos y el éxito será también de todos.
Nuestro reto más importante, es lograr condiciones dignas en la vida de cada familia mexicana. El progreso económico sólo tiene sentido si llega al hogar de cada mexicano.
El propósito de la política económica debe ser el bienestar creciente de cada persona y de su familia. Ese bienestar se funda en un empleo digno, estable, bien remunerado.
México necesita muchos más de esos empleos y nuestro compromiso es crearlos. Para crear esos empleos la economía debe crecer de manera sostenida, a un ritmo mucho mayor que la población. Para que los empleos estén cada vez mejor remunerados se requiere el aumento sostenido de la productividad.
Hoy ante nosotros se presenta una oportunidad sin precedente para conseguir el crecimiento económico que demanda la población.
Además del mercado interno en expansión, contamos ahora con enormes mercados a los que tenemos acceso gracias a las negociaciones comerciales celebradas con otros países.
Los mexicanos sabremos aprovechar los acuerdos establecidos para que contribuyan a generar los empleos que necesitamos y elevar así el bienestar.
Una condición para estimular el crecimiento económico, es que cada año dispongamos de inversión suficiente para obras de infraestructura.
Construiremos y modernizaremos las carreteras y los puertos, las telecomunicaciones y las obras en el campo y la ciudad que requiere el desarrollo de México.
Seguiremos combatiendo la inflación para lograr un crecimiento económico sostenido en provecho de todos.
Queremos que crezcan los empleos y los salarios reales, no los precios. La estabilidad de precios es esencial para multiplicar los empleos permanentes y bien remunerados.
No destruiremos la estabilidad que con tanto sacrificio del pueblo se ha logrado. Por eso mantendremos una estricta disciplina en las finanzas públicas.
El crecimiento sostenido exige un entorno de estabilidad económica y financiera que garantice certidumbre y confianza para ahorrar, planear, invertir y trabajar productivamente. Exige reglas claras y trato justo para todos.
Trato justo significa seguridad jurídica en las relaciones contractuales, que defienda los derechos de los trabajadores y estimule la eficiencia de las empresas; trato justo significa combatir prácticas monopólicas, abusos y privilegios; significa regulación precisa y sencilla que evite la corrupción y fomente la actividad económica; trato justo significa un sistema tributario sencillo, transparente y equitativo, así como la capacidad de defensa ante posibles abusos de la autoridad; trato justo significa condiciones de reciprocidad y apoyo para la competencia en el exterior y también alicientes para adoptar y crear nuevas tecnologías que fortalezcan la productividad; trato justo significa impulsar el campo mexicano, procurando condiciones de producción y apoyo, similares a las de nuestros competidores; trato justo significa ampliar oportunidades a través de una mejor capacitación para el trabajo.
Mi Gobierno apoyará al productor agrícola y al trabajador, al empresario y al comerciante.
Respaldaremos, como nunca antes, a las pequeñas y medianas empresas, porque son la fuente más importante de empleos.
Daremos un nuevo impulso al campo, fortaleciendo la inversión, aumentando la productividad y alentando la organización de los productores.
Aplicaremos una política económica, orientada al bienestar familiar, comprometida con las personas y respetuosa del medio ambiente. Tendremos una economía más vigorosa, más equitativa y más atenta a conservar los equilibrios ecológicos.
A lo largo de nuestra historia la educación ha sido el medio más importante de superación individual y de justicia social. Por décadas, el esfuerzo constante de maestros, padres de familia y autoridades, hizo que la educación llegara a muchos. Es tiempo de que llegue a todos.
Es tiempo de que avancemos decisivamente en su calidad, por eso, la educación será una prioridad indiscutible en mi Gobierno.
Emprenderemos una cruzada nacional para que los mexicanos reciban una educación de calidad, inspirada en el artículo 3o. constitucional y orientada hacia la libertad y la justicia, hacia el trabajo y el bienestar.
Mi Gobierno encabezará un esfuerzo excepcional, para hacer efectivo el mandato constitucional que hace obligatorias, la primaria y la secundaria.
Realizaremos un esfuerzo excepcional para reducir sustancialmente el analfabetismo y aumentar la educación entre la población adulta.
Daremos gran atención a los demás niveles educativos, a la capacitación para el trabajo, la educación tecnológica, la educación superior y la investigación científica y humanística. La educación será un medio seguro para superar la pobreza.
Como Presidente de la República, mi mayor deber, mi más firme compromiso, es la lucha contra la pobreza en que viven millones de mexicanos. La pobreza es el lastre más doloroso de nuestra historia y nos enfrenta cada día a lo mucho que falta por hacer. Por eso, nuestro mayor compromiso debe ser con los que menos tienen.
Ahora que podemos construir un México más próspero, debemos y podemos hacerlo también, un México más justo.
A pesar de los esfuerzos, la pobreza persiste en todo el territorio nacional y se agudiza en regiones y grupos que encaran grandes barreras para superarla.
A lo largo de años, el campo mexicano ha resentido severas crisis. En las colonias populares existen grandes carencias y desempleos. Las comunidades indígenas padecen graves privaciones, injusticias y falta de oportunidades, que hacen de la pobreza historia y destino. Eso es inaceptable.
Tenemos un deber histórico, un mandato popular y un compromiso ético para combatir la pobreza. Contra la pobreza nos uniremos todos, el Gobierno, la sociedad, las comunidades afectadas, pues derrotarla beneficiará a todo México.
La combatiremos trabajando con los sectores más necesitados, para mejorar las condiciones de nutrición, salud, vivienda y demás servicios esenciales.
Combatiremos la pobreza impulsando la educación y la capacitación para el trabajo, sobre todo en aquellos estados y regiones con fuertes rezagos.
Combatiremos la pobreza haciendo accesible la justicia a la población que más la necesita, es decir, a los grupos de indígenas y a los mexicanos que sufren las más graves carencias.
Romperemos el círculo vicioso de enfermedad, ignorancia, desempleo y pobreza en que están atrapados muchos millones de mexicanos.
México debe ser, México necesita ser una nación unida. Nuestra unión es la medida de nuestra fuerza. Para fortalecer nuestra unión sabremos reinvindicar la justicia y la paz. Para afianzar la justicia y la paz sabremos atender, en sus raíces, las causas de la violencia y la desesperación.
Durante este año, el ánimo de todos los mexicanos se ha visto ensombrecido por los acontecimientos en Chiapas, por la violencia y más todavía por las condiciones de profunda injusticia, por las condiciones de miseria y de abandono que abonaron esa violencia. Estoy convencido de que es posible lograr en Chiapas una nueva negociación que nos lleve a una paz justa, digna y definitiva.
No habrá violencia por parte del Gobierno y confío en que tampoco la habrá de quienes se han inconformado.
El Ejército mexicano mantendrá unilateralmente el cese al fuego. Buscaremos por todos los medios llegar a un arreglo fincado en la concordia, la democracia y las oportunidades de desarrollo con equidad. Queremos una patria en paz, una nación de equidad, un México de justicia para todos.
El progreso y la paz social sólo son perdurables en un estado de derecho, donde el ejercicio de las garantías propias esté acompañado del respeto a los derechos de los demás. La ley obliga a todos por igual, nadie puede estar por encima de la ley. Cada violación de la ley lastima los principios fundamentales de nuestra convivencia, lesiona nuestro respeto como pueblo civilizado y es un triste ejemplo para nuestros hijos.
En los últimos años, sobre todo en los últimos meses, hemos vivido un creciente clima de zozobra e inseguridad. Hemos sufrido grandes crímenes públicos que no han sido del todo esclarecidos. Hemos padecido violencia cotidiana y un deficiente, muy deficiente desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia.
Indigna saber que las mujeres sufren agresiones en la vía pública, que los niños y los adolescentes son víctimas de abusos a las afueras de sus escuelas, que el trabajador pierde su salario en hurtos callejeros y el pequeño empresario pierde la nómina en robos violentos. Indigna conocer casos de impunidad que son resultado del abuso de autoridad, la venalidad y la corrupción. Son intolerables los asaltos a los hogares y a los centros de reunión, el homicidio de hombres y mujeres que defienden su patrimonio, los secuestros que han proliferado en todo el país.
Nuestra indignación es mucho mayor cuando los actos ilícitos son cometidos por quien debería vigilar el cumplimiento de la ley. Es intolerable la impunidad del narcotráfico; el narcotráfico es la mayor amenaza a la seguridad nacional, el más grave riesgo para la salud social y la más cruenta fuente de violencia.
Hoy más que nunca, México debe ser un país de leyes. Ese es el clamor de todos en todas partes y esa tarea va a demandar esfuerzo, disciplina, firmeza y perseverancia. Las soluciones, lo sabemos, tomarán tiempo; por eso debemos empezar a trabajar en ellas ahora mismo.
Es esencial que la Constitución y el orden legal derivado de ella, tengan plena observancia. Es preciso que las autoridades actúen con apego a las normas, que los derechos sean reconocidos y las discrepancias resueltas conforme la ley.
Todo el esfuerzo de varias generaciones, toda la tarea de la nuestra, todo el horizonte de nuestros hijos, puede perderse si no logramos consolidarnos como un país de leyes.
No podemos fincar nuestras expectativas en la certidumbre de la ley y vivir en la incertidumbre de su cumplimiento. Los mexicanos necesitamos, queremos y demandamos un sistema de justicia eficaz... Queremos que la ley sea la norma real de la convivencia. Para hacer frente a la extendida criminalidad, la frecuente violación a las garantías individuales, a los derechos humanos y la grave inseguridad pública, emprenderemos una honda y genuina reforma a las instituciones encargadas de la procuración de justicia. Es en ellas donde la incompetencia, la corrupción y la ruptura institucional son más frecuentes y de mayor daño para la seguridad de las personas.
Los brutales asesinatos de figuras destacadas de la vida pública del país, han lastimado hondamente a la ciudadanía, han sembrado inquietud y duda sobre algunas instituciones y debemos admitirlo, han dividido a los mexicanos. Hasta ahora las investigaciones no han satisfecho plenamente a la sociedad. Los mexicanos queremos estar seguros de que conocemos toda la verdad. De inmediato daré instrucciones al Procurador General de la República, para que intensifique con todo rigor, las investigaciones e informe a la opinión pública de cada avance hasta su conclusión. Que quede claro ¡no descansaremos hasta que se haya hecho justicia!
Afortunadamente en la cúspide del sistema de justicia, contamos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sabido ganarse a pulso, el respeto de la sociedad mexicana, por su desempeño ético y profesional. En los últimos años se ha vigorizado su carácter de órgano responsable de velar por la constitucionalidad de los actos de la autoridad pública. Hoy debemos fortalecer ese carácter.
Un Poder Judicial con una renovada fortaleza, se consolidará como factor de equilibrio democrático entre los poderes de la Unión y permeará con los más altos valores de la tradición jurídica mexicana a todo el sistema de justicia.
A la brevedad someteré a la consideración de esta soberanía una iniciativa de reforma constitucional que, de ser aprobada, será el primer paso para una profunda transformación de nuestro sistema de justicia.
Con todo respeto invito al honorable Congreso de la Unión a examinar y, en su caso, a enriquecer esta iniciativa, para lograr un Poder Judicial más independiente, más fuerte y más capaz de cumplir con sus responsabilidades.
Estoy decidido a encabezar la construcción de un estado de derecho, como lo merecen los mexicanos y lo haré presidiendo un gobierno de leyes, en el marco de una democracia fortalecida que renueve la vida de la República, asegure la participación, aliente el respeto y reconozca la pluralidad.
Los mexicanos queremos una vida democrática a la altura de nuestra historia, a la altura de nuestra diversidad. Sin embargo, debemos reconocer que los avances democráticos son aún insuficientes.
Ha llegado el momento de sumar nuestras voluntades, sin sacrificar nuestras diferencias. Ha llegado el momento de unirnos en la construcción de una nueva democracia que comprenda una mejor relación entre los ciudadanos y el Gobierno, entre los estados y la Federación. Un nuevo código ético entre los contendientes políticos y una reforma electoral definitiva.
Ha llegado el momento en que la democracia abarque todos los ámbitos de la convivencia social. Ratifico mi respetuosa convocatoria a todos los partidos, a todas las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas para participar con espíritu franco y resuelto en la democratización integral de nuestra vida, de nuestra nación.
Con hechos, construiremos un régimen presidencial mejor equilibrado por los otros poderes del Estado. Estaré en diálogo permanente con todas las fuerzas políticas y sujeto, siempre, al escrutinio de la libre crítica ciudadana.
Ha llegado la hora de liquidar el centralismo y coadyuvar al despliegue de la fuerza de las regiones, que dan identidad, energía y pluralidad a México.
Porque así lo demandan los mexicanos, avanzaremos a un nuevo federalismo; donde los estados y los municipios sean más fuertes; donde las decisiones se den siempre con el concurso y en beneficio de las comunidades.
Ha llegado la hora de un nuevo federalismo, en que los gobiernos locales cuenten con los recursos y el poder de decisión para servir mejor al ciudadano.
La premisa de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, es el estricto respeto a su autonomía. La composición plural del Congreso de la Unión representa un factor fundamental para su independencia política.
Me propongo trabajar, respetuosa y concertadamente, con el Congreso. Por eso apoyaré, entre otras medidas, que la Cámara de Diputados fiscalice mejor como gasta el Gobierno el dinero del pueblo y se cerciore que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad, honestidad y eficiencia.
En gran medida, el avance de la democracia depende de la fortaleza de nuestro sistema de partidos, depende de la capacidad que tengamos todos para privilegiar el consenso sobre las diferencias, la cuestión de propósitos sobre las discrepancias, la unidad sobre el enfrentamiento.
Como Presidente de la República procuraré, con todos los partidos por igual, un trato fundado en el diálogo, el respeto y la verdad.
Esa será la norma en mi relación con sus diligencias y con sus representantes populares.
Cumpliré estrictamente con la ley, gobernando para todos, sin distinción ni favoritismos de ninguna especie. Repito, enfáticamente que como Presidente de la República no intervendré, bajo ninguna forma, en los procesos ni en las decisiones que corresponden únicamente al partido que pertenezco.
México exige una reforma que sustentada en el más amplio consenso político, erradique las sospechas, recriminaciones y suspicacias que empañan los procesos electorales.
Todas las fuerzas políticas, todas las diligencias partidistas, todas las organizaciones sociales, pueden y deben contribuir a que dejemos atrás, para siempre, las dudas y las controversias sobre la legalidad electoral. Para llevar a cabo esa reforma definitiva, todos debemos estar dispuestos a tratar todos los temas, incluyendo desde luego el financiamiento a los partidos, los topes a los gastos de campaña, el acceso a medios de comunicación, la autonomía, la plena autonomía de los órganos electorales.
La democracia electoral debe dejar de ser preocupación central del debate político y causa de encono y división. Debemos resolver, conforme a las prácticas más avanzadas del mundo, cada uno de los temas que todavía sea motivo de insatisfacción democrática.
Si bien esa reforma electoral habrá de aplicarse por primera vez en las elecciones federales de 1997, debemos esforzarnos para llevarla a cabo tan pronto como lo permitan los consensos necesarios. Nuestro propósito común debe ser que las elecciones de 1997 sean indiscutibles y que todos quedemos satisfechos de su realización, indistintamente de sus resultados.
Sabré asumir mi responsabilidad en la construcción de un sistema electoral más equitativo y estoy seguro que todos los partidos políticos sabrán asumir que la competencia democrática es el elemento decisivo para representar a la ciudadanía.
México quiere un Gobierno que aliente la democracia, responda a las demandas de un cambio inspirado en la justicia, la libertad y la paz, un cambio hacia el bienestar, un cambio con espacios y oportunidades para todos, un cambio orientado por el consenso y regido por la democracia. México quiere un Gobierno para el cambio con estabilidad; ése es el Gobierno que a partir de hoy sabré presidir.
Honorable Congreso de la Unión: convoco hoy a todos los mexicanos para que nos unamos en el propósito de cumplir cada quien con su parte, para que nadie vea en otro mexicano a un enemigo, para que nadie anteponga el interés personal al interés de la nación. Sumemos siempre el trabajo de cada quien, la determinación de cada uno y las aspiraciones de todos.
Avancemos con la fuerza de nuestra unidad. En lugar de dudas sembremos confianza, en lugar de vacilaciones compartamos una esperanza cierta, en lugar de insidias cultivemos la verdad, en lugar de discordias compartamos la comunión de propósitos. Por sobre todas las cosas, acrecentemos nuestra fe en nuestro trabajo, nuestra profunda fe en México.
Sabré cumplir con el mandato que el pueblo de México me ha otorgado, ganaré su confianza día a día, sabré cumplir cada uno de los compromisos que he contraído con los mexicanos a lo largo y a lo ancho del país.
México no quiere un Gobierno distanciado de la sociedad, por eso presidiré un Gobierno que será de todos, sin prejuicios ni privilegios, un Gobierno que informará a la ciudadanía periódicamente y con la verdad, sobre cada punto de importancia para el bienestar de las familias y el interés de la nación.
Llego a la Presidencia de la República sin más compromisos que servir al pueblo. He invitado a colaborar en mi Gobierno, a mujeres y hombres capaces, decentes, dispuestos a trabajar incansablemente por México. Todos y cada uno de ellos tiene mi confianza y sé que cumplirán con sus responsabilidades.
A todos los secretarios de despacho, a todos quienes participen en mi Gobierno, les reitero, que su deber es trabajar con honestidad e intensamente con toda su capacidad, dando cuenta exacta de sus actos a la ciudadanía y a los representantes populares.
Han sido llamados para servir, para acatar la voluntad y el interés general, no para el lucimiento ni la promoción personal. El Gobierno no es lugar para amasar riqueza, quien aspire a eso deberá hacerlo fuera de mi Gobierno y con apego a la ley.
Sabré gobernar sirviendo y exigiré a mis colaboradores que se consagren a servir. A todos quienes sirvan en mi Gobierno, les recuerdo hoy las palabras del presidente Juárez: "Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala."
Asumo hoy la Presidencia de la República, para representar con orgullo a México, para trabajar con entusiasmo por México, para servir con dedicación a todos los mexicanos. Hay ante nosotros una gran tarea que exige la voluntad de todos los mexicanos, hay ante nosotros un amplio camino de trabajo y de esperanza, un elevado proyecto de país, un propósito firme de que el bienestar de México, sea el bienestar de todos los mexicanos, de que el progreso de México, sea el progreso de todos los mexicanos, de que la grandeza de México, sea la grandeza de todos los mexicanos.
En este momento histórico, que nadie rehuya su responsabilidad; que nadie escatime su esfuerzo; que nadie ceda a la tentación de dejar caer los brazos. Ese México próspero y justo en que soñamos, está a nuestro alcance.
Que se diga de nosotros que nos atrevimos a soñar muy alto y supimos convertir ese sueño en realidad.
Esa es nuestra oportunidad, ésa es nuestra obligación y ésa será nuestra recompensa. Que cada quien ponga su parte, con limpieza y con valor. Me comprometo a poner lo que a mí me corresponde.
Trabajaré con ánimo inquebrantable y convicción nacionalista; trabajaré con esfuerzo multiplicado por el de todos los mexicanos; trabajaré, como todos los mexicanos, con honradez, con esperanza y con pasión; trabajaré por ese México que nos legaron nuestros padres, por ese México que hoy suman nuestras voluntades, por ese México que debemos a nuestros hijos. ¡Que viva México!
(Se rinden los honores de ordenanza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.)
La Presidenta:
Ruego a las comisiones designadas para acompañar al ciudadano presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, y al ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, cumplan su cometido.
CLAUSURA
La Presidenta (a las 11.50 horas):
Se levanta la sesión de Congreso General y se ruega a los diputados permanezcan en sus lugares para iniciar la sesión de Cámara de Diputados.