SUMARIO
Oficio con el que se comunica la designación del auditor externo del Banco de México. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduria Mayor de Hacienda.
Comunicación que informa sobre la designación del representante de la Cámara de Diputados ante la Comisión de Control de la Contaminación Ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Se aprueba.
La Secretaría da lectura a un punto de acuerdo firmado por todos los grupos parlamentarios.
Para rectificar hechos, hacen uso de la palabra los diputados:
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Eric Eber Villanueva Mukul
Desiderio Camacho Garibo
José Narro Céspedes
Gabino Fernández Serna
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Jorge Humberto Padilla Olvera
Joaquín Humberto Vela González
Rafael Jacobo García
Salvador Becerra Rodríguez
Jorge Adolfo Cejudo Díaz
Augusto César Leal Angulo
Eric Eber Villanueva Mukul
Jorge Abel López Sánchez
Invitación al acto cívico conmemorativo del XVI aníversario luctuoso del ex presidente de la República Emilio Portes Gil. Se designa comisión.
El diputado Alejandro Higuera Osuna, presenta iniciativa de abrogación de dicho ordenamiento. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el almirante Luis Carlos Ruano Angulo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Olivares Santana, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere ese Estado. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Edgar Armando Acata Paniagua pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Javier López y Barredo, pueda aceptar y usar la condecoracion que le confiere el gobierno de esa nación Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Angel Cáceres Calvillo,pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese reino. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario, para que la ciudadana Janett Carol Fuentes Montero, pueda prestar sus servicios en esa legacion. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Manuel Romero Rangel, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México y la ciudadana María de la Luz Torres González, pueda prestar sus servicios en la embajada estadunidense en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanós Ivonne Guadalupe Munguía Ballinas y Juan Carlos Parra Patiño, puedan prestar sus servicios en la legación de ese país en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Se dispensa la segunda lectura.
El diputado Pedro Rene Etienne Llano, impugna la participación del Presidente de la Comisión.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, expresa su opinión al respecto.
Para rectificar hechos, el diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza.
Para proponer una moción suspensiva la diputadaIfigenia Martha Martínez Hernández.
En contra, el diputado Javier Ramiro Calvillo Ramos.
Se desecha la moción suspensiva.
Para fundamentar el dictamen, el diputado Jaime Mariano del Río Navarro.
Da lectura a un voto particular, el diputado Raúl Alejandro Livas Vera.
Debaten el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, los diputados:
Joaquín Humberto Vela González, en contra.
Saúl Alfonso Escobar Toledo, en contra.
Jorge Humberto Padilla OIvera, en contra.
Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, en pro.
José Narro Céspedes, en contra.
Pedro René Etienne Llano, en contra.
Manuel Beristain Gómez en contra.
Roberto Rafael Campa Cifrián, en pro.
Manuel Beristáin Gómez, para contestar alusiones personales.
Ezequiel Flores Rodríguez, en contra.
Luis Alberto Rico y Samaniego, en contra.
Alfonso Molina Ruibal, en pro.
Raúl Alejandro Livas Vera, en contra.
Marcos Efrén Parra Gómez, en contra.
Dulce María Sauri Riancho, en pro.
Cristian Castaño Contreras, para rectificar hechos.
Se aprueba la declaratoria. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Expresan sus opiniones sobre los diversos problemas políticos a que se enfrenta esa entidad, los diputados:
Marcos Carlos Cruz Martinez
Gabriel Aguiar Ortega
Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos
Tito Rubin Cruz, para rectificar hechos.
María del Rosario Robles Berlanga
Froylán Velázquez Hernández, para rectificar hechos.
Fernando Garzacabello García
Abel Trejo González, para rectificar hechos.
Mara Nadiezhda Robles Villaseñor
Graco Luis Ramirez Garrido Abreu
Florencio Martin Hernández Balderas
Augusto Gómez Villanueva
René Arce Islas, para proponer un punto de acuerdo.
Augusto Gómez Villanueva, para rectificar hechos.
Alejandro Díaz y Pérez Duarte
Se aprueba el punto de acuerdo.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada, propone designar presidenta. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Expresan sus opiniones respecto a la reunión entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León y los miembros de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los diputados:
Francisco Antonio Tenorio Adame
Jorge Andrés Ocejo Moreno
Píndaro Urióstegui Miranda
Ramón Cárdenas Gudiño
Jaime Cleofas Martínez Veloz, para rectificar hechos.
Expresa su opinión el diputado Alfonso Martínez Guerra.
Habla sobre la prisión a un militar mexicano y el supuesto apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América a diversas organizaciones mexicanas, el diputado Luis Sánchez Aguilar.
Para rectificar hechos, la diputadaAna Lilia Cepeda de León.
Para contestar alusiones personales, el diputado Luis Sánchez Aguilar.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario Tito Rubín Cruz:
Hay una asistencia de 349 diputados. Hay quorum.
El Presidente (a las 11.16 horas):
Se abre la sesión. Suplicamos a los señores diputados ocupen sus asientos y pongan atención para poder desarrollar la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Tito Rubín Cruz:
Se dará lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. LVI Legislatura.
Orden del día
8 de diciembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Por el que se comunica la designación del auditor externo del Banco de México.
Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Proposición con punto de acuerdo.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XVI aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil, ex presidente de la República, tendrá lugar el 10 de diciembre a las 10.30 horas.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al almirante Luis Carlos Ruano Angulo, secretario de Marina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Enrique Olivares Santana, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Piano, en grado de Gran Cruz de Caballero, que le confiere el Estado Vaticano.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al teniente coronel de infantería diplomado de estado mayor, Edgar Armando Acata Paniagua, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Francisco Javier López y Barredo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, Estrella de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno de Japón.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Miguel Angel Cáceres Calvillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Janett Carol Fuentes Montero, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Juan Manuel Romero Rangel, como traductor, en la Embajada Británica en México y María de la Luz Torres González, como asistente administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Ivonne Guadalupe Munguía Ballinas y Juan Carlos Parra Patiño, para prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1993.
Comentarios sobre la situación en el Estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la reunión de trabajo con el Presidente de la República, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre la Cumbre Hemisférica en Miami, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Francisco Antonio Tenorio Adame
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las diez horas con quince minutos del día seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de trescientos sesenta y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y después al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con la solicitud de licencia del diputado Ismael Orozco Loreto y la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo respectivos. Llámese al suplente.
El Presidente informa que a las puestas del salón se encuentran los ciudadanos Martha Patricia Mendoza Peña, José Luis Torres Ortega, Javier Viniegra Zubiria y Abel Octavio Salgado Peña, electos, los dos primeros en la primera circunscripción plurinominal y en el trigésimo sexto distrito del Distrito Federal y decimoprimero de Jalisco, respectivamente los dos últimos y designa una comisión que los introduzca y los acompañe en el acto de rendir su protesta de ley.
Terminado el acto protocolario, los diputados federales toman posesión de su encargo de inmediato.
Un dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres.
En virtud de que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Se concede el uso de la palabra al diputado Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional, quien recuerda al ciudadano Adolfo Christlieb Ibarrola, en el vigesimoquinto aniversario de su fallecimiento.
Para expresar su propia opinión al respecto, pasa a la tribuna el diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser, del Partido de la Revolución Democrática.
Una comunicación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, informando de sustituciones en diversas comisiones legislativas. De enterado.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar, quien motu proprio, denuncia lo que calificó de delitos en contra de diversos gobernadores y del ciudadano Salinas de Gortari y comenta la integración del gabinete presidencial.
Para comentar la reunión entre los miembros de la Quincuagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, que se llevará a cabo hoy mismo en el recinto oficial de esta cámara, se concede el uso de la palabra a los diputados: Adolfo Aguilar Zinser, del Partido de la Revolución Democrática; Rafael Ayala López, del Partido Acción Nacional; Carlos Navarrete Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y, en el mismo sentido, los diputados César Leal Angulo, de Partido Acción Nacional; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática y Armando Quintero Martínez, del mismo partido.
Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que se dé lectura a los nombres de los diputados que firmaron el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, al que se le dispensó la primera lectura en esta misma sesión.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría así lo hace.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las once horas con treinta y nueve minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
La secretaria Nohelia Linares González:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 50 de la Ley del Banco de México, solicité al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, me propusiera una terna de firmas de reconocido prestigio, a efecto de que, de entre ellas, en mi carácter de Secretario de Hacienda y Crédito Público, designe al auditor externo del Banco de México.
Tomando como base la propuesta del citado instituto, he resuelto designar como auditor externo del Banco Central, a la firma Ruiz, Urquiza y Cía., SC, en atención a las características y experiencia profesional de tal firma a la propuesta que presentó para desempeñar la función de que se trata, que fue la mejor, tanto por el monto de sus honorarios, como por los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollará los trabajos relativos.
De acuerdo al precepto legal citado, la designación del auditor externo del Banco de México requiere de la aprobación de esa Comisión de Vigilancia, por lo que respetuosamente someto a su consideración la designación de la firma Ruiz, Urquiza y Cía., SC, como auditor externo de dicho banco.
Al efecto, acompaño los documentos que contienen la propuesta presentada por la referida firma.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de noviembre de 1994. El secretario del ramo, Pedro Aspe Armella.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
COMISION DE REGIMEN INTERNO Y CONCERTACION POLITICA
La secretario Nohelia Linares González:
«Acuerdo para que el diputado Jaime Jesús Arceo Castro, como representante de la Cámara de Diputados, forme parte del "Consejo de la Comisión para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en la zona metropolitana del Valle de México".
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y para dar cumplimiento al punto tercero del acuerdo presidencial, por el que se creó la "Comisión para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en la zona metropolitana del Valle de México", publicado el 8 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación, se propone el siguiente
ACUERDO
Que el diputado Jaime Jesús Arceo Castro, sea el representante de la Cámara de Diputados, en el Consejo de la "Comisión para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental de la zona metropolitana del Valle de México".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de diciembre de 1994. Diputados Humberto Roque Villanueva presidente; Ricardo García Cervantes, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional; Jesús Ortega Martínez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; Joaquín Humberto Vela González, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo; Juan José Osorios Palacios; José Ramírez Gamero; Héctor Hugo Olivares Ventura y Rosario Guerra Díaz.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
CARTERAS VENCIDAS
La secretaria Martina Montenegro Espinoza:
«Propuesta de punto de acuerdo sobre la solicitud presentada sobre el problema de cartera vencida ante esta legislatura por diversas agrupaciones sociales.
CONSIDERANDO
1. Que el problema de la cartera vencida se ha venido agudizando en los últimos dos años y ha impactado sensiblemente a la micro, pequeña y mediana industrias, así como al sector agropecuario y a los particulares, afectando de manera importante la actividad productiva en general.
2. Que los mecanismos hasta ahora implementados han servido solamente de atenuantes del problema, pero no han representado una solución de fondo.
3. Que los propios afectados han señalado que las resoluciones judiciales para ejecutar los embargos han sido fijados en plazos perentorios que habrán de vencerse en su mayoría dentro de los próximos 90 días.
4. Que cualquier resolución debe garantizar los intereses de los ahorradores, asegurar la solidez del sistema financiero mexicano, el fomento del ahorro interno y la recapitalización de los sectores afectados.
5. Y que, en virtud de la gravedad y complejidad del problema, se requiere hoy más que nunca, la convergencia de todas las partes involucradas, instituciones financieras, autoridades, deudores, organizaciones sociales justas y equitativas, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Esta honorable LVI Legislatura exhorta a los prestadores de servicios financieros a que en un esfuerzo de solidaridad con la nación, realicen los mayores ajustes posibles, creando nuevos esquemas financieros que constituyan una solución viable y realista que permita a los deudores cumplir con sus obligaciones, recapitalizarse y mantener su actividad productiva.
Debido a que en algunos casos las condiciones crediticias no se han ajustado a las características de los proyectos y al entorno económico, se ha generado una cartera vencida, situaciones difíciles y aún quiebras para muchos productores. En consecuencia, se exhorta a los agentes financieros a asumir una actitud de razonable comprensión y sensibilidad social en las ejecuciones judiciales ordenadas y en aplicación de las tasas de interés normales y moratorias.
Para contribuir en este esfuerzo, en el seno de la Comisión de Hacienda, los diversos grupos parlamentarios representados en la Comisión de Hacienda, acuerdan constituir un grupo de trabajo pluripartidista para analizar y proponer soluciones definitivas, escuchando a la sociedad civil organizada, a las partes involucradas y a las autoridades correspondientes.
En el Palacio Legislativo, a los cinco días del mes de diciembre de 1994.
Por las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo.
En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, ponerse de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificar hechos, y por cinco minutos, sobre este tema, tiene la palabra el diputado Saúl Escobar.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Quisiera en primer lugar felicitarlos y felicitarme por este punto de acuerdo de todas las fracciones parlamentarias frente a un reclamo muy justo y frente a un problema muy severo, muy crítico, muy importante, que está pasando en el país con esto de las carteras vencidas.
Quisiéramos también reconocer aquí la anuencia y la disposición de todas las fracciones parlamentarias y en particular de los miembros de la Comisión de Hacienda y de Agricultura que estuvieron atentos, junto con todos nosotros, en la discusión, en la información de este problema.
Sin embargo, también me quisiera referir a dos hechos que son preocupantes. El día de ayer, un conjunto de compañeros de la organización llamada El Barzón, hicieron una marcha hacia este recinto legislativo para entregarnos una propuesta, una iniciativa de ley, en torno a una moratoria que ellos proponen en torno a las carteras vencidas.
Esta manifestación pacífica, legal, constitucional, fue detenida de manera arbitraria, de manera completamente inconsulta con esta Cámara de Diputados, se formó un retén de granaderos, aquí a unas cuantas cuadras, para impedirles que llegaran a este recinto parlamentario.
Yo quisiera señalar que aquí mismo, en esta misma tribuna y en ese loby que está allá afuera, hubo una comida en donde el Poder Ejecutivo señaló que este recinto parlamentario era la casa del pueblo y la casa de la democracia.
Sin embargo, al otro día, este llamado a la casa del pueblo fue completamente irrespetado por una acción que nosotros suponemos arbitraria, unilateral y en un exceso de poder por parte, suponemos, del Departamento del Distrito Federal.
Compañeros, no es posible que esta Cámara de Diputados pase sin crítica y sin reflexión sobre el hecho de que autoridades del Departamento del Distrito Federal impidan el libre acceso a esta casa del pueblo al propio pueblo, que impidan el acceso del derecho de petición y del derecho de exposición al pueblo a esta supuesta casa del pueblo y casa de la democracia.
Cuando nosotros hablamos de que había que pasar de las palabras a los hechos, exigíamos precisamente que se viera en la práctica el respeto a los derechos constitucionales y ayer el respeto al derecho de manifestación, de petición, fue violado en la supuesta casa del pueblo.
Otro hecho que nos preocupa también fue que después de que finalmente, por mediación de los diputados de esta Cámara de Diputados, se permitió finalmente que la manifestación llegara a las puertas de este recinto, estuvimos varias horas tratando de establecer contacto con la Secretaría de Hacienda, para que escuchara el punto de vista, tanto de los compañeros, como de los miembros de la Comisión de Hacienda, para explicarle cuáles eran nuestras cuestiones y que escuchara cuáles eran las posibles vías de solución.
Y queremos decir con tristeza que el Secretario de Hacienda, los subsecretarios y en general, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, nunca accedieron siquiera a contestarnos el teléfono y que cuando se pudo establecer algún contacto, nos dijeron que se canalizara el problema a la Secretaría de Gobernación, que ahí mandarían a un representante y que estarían atentos al problema. Eso, sin embargo, no sucedió, los compañeros fueron recibidos en la Secretaría de Gobernación, pero ningún funcionario de Hacienda estuvo presente en esa dependencia, y hasta la fecha no sabemos cuál es el punto de vista de la secretaría de Hacienda sobre este asunto.
Y quiero recordar también que aquí se dijo que habría un diálogo entre poderes, iguales y con respeto, que habría un diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, con respeto, con equilibrio y de igual a igual y otra vez esta disposición ayer no fue respetada. La Secretaría de Hacienda no nos escuchó al Poder Legislativo; nunca estuvo dispuesto siquiera a contestarnos el teléfono; nunca estuvo siquiera dispuesta a escuchar las razones de los compañeros de El Barzón que estaban aquí y no hubo tal diálogo entre poderes.
Es cierto, los recibió la Secretaría de Gobernación, pero no la Secretaría de Hacienda que esta directamente implicada y el acuerdo, el punto de acuerdo que acabamos de leer, llama a la Secretaría de Hacienda a responder a este llamado y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta ni ningún diálogo.
Queremos entonces manifestar nuestro descontento, nuestra franca inconformidad con estos dos hechos, la detención de la manifestación, la arbitrariedad con que se hizo y la falta de receptividad, de sensibilidad política y de disposición al diálogo de la Secretaría de Hacienda, para atender reclamos del pueblo y de estos legisladores que formamos parte de esta Cámara de Diputados.
Insistimos, hay que pasar de las palabras a los hechos y el día de ayer no fue una muestra de esta disposición. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, el diputado Eric Villanueva tiene la palabra y por cinco minutos.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor Presidente:
No quería dejar pasar esta ocasión, en la que la marcha, la manifestación y la solicitud de intervención de esta soberanía por parte de El Barzón, para hacer algunos comentarios sobre este conflicto.
El día de ayer, como dijo el diputado Escobar, las comisiones de Hacienda, Agricultura, Información, Gestoría y Quejas, atendimos a una comisión de los barzonistas. Los acompañamos y estuvimos pendientes de su interlocución con varias dependencias del Poder Ejecutivo, entre ellas, Gobernación y Agricultura. Pero como dijo también el diputado Escobar, la Secretaría de Hacienda se hizo perdediza, incluso no sólo a los barzonistas, sino a un servidor que acompañó a nombre de la Comisión de Agricultura a los señores, primero a Gobernación y luego a Agricultura, porque se nos dijo que ahí estaría el Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda. Supimos que estuvo, estuvo unos minutos y escamoteó la reunión.
Sabemos que el problema de las carteras vencidas, es un problema de grandes magnitudes, que hay que revisar con serenidad, cuidando, como lo dice el punto de acuerdo, el equilibrio en todos los sectores involucrados: la banca, los ahorradores y desde luego los afectados con la cartera vencida.
Pero no puede la Secretaría de Hacienda cerrar los ojos. No puede actuar únicamente desde la perspectiva de la banca. Tenemos que actuar con serenidad, pero tenemos que actuar también pensando en que tenemos que darle una salida integral al problema de la cartera vencida.
Hoy se sabe que son cerca de 1 millón de productores agropecuarios afectados y que ahora en el mes de diciembre este problema se va a acrecentar y se va a acentuar. Pero ya no son solamente los únicos afectados, existen pequeños y medianos empresarios industriales, pequeños, medianos y aun grandes empresarios del comercio y los servicios, existen tarjetahabientes y deudores de préstamos hipotecarios.
Ayer en la reunión con el secretario de Agricultura, se planteó una cuestión que me parece que esta soberanía tiene que tomar en cuenta, máxime que ahora en diciembre recibiremos el proyecto de presupuesto de ingresos y de egresos de la nación. El problema de las carteras vencidas es un problema de producción, no es un problema únicamente financiero.
Desde 1989, se han estado reestructurando carteras y el problema no se soluciona; por el contrario, se agudiza y deja incluso de ser un problema económico para volverse un problema social e incluso en algunas desgracias personales.
Se planteó con el secretario la necesidad de revisar el actual proyecto, ese fue el planteamiento de El Barzón, de desarrollo agrícola al país y mirarlo como un problema integral para darle una salida. Yo quisiera señalar acá que si ese problema no va acompañado de una reestructuración del problema del funcionamiento del crédito en el país, si no va acompañado de un proyecto de desarrollo integral para la agricultura, pero incluso para las otras áreas de la economía, este problema seguirá repercutiendo.
Está claro para todos, que este problema es el resultado de la política aplicada en los 12 años.
El Presidente:
Con todo respeto, diputado, un minuto para que redondee su intervención.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Termino. Nosotros hemos planteado aquí la necesidad de revisar este resultado del actual proyecto económico. No podemos cerrar los ojos. El problema de El Barzón, está junto con lo que está ocurriendo en otros estados de la República. Hay que subrayar el caso de Chiapas, creando un escenario producto de esa política agropecuaria y del proyecto neoliberal. No podemos cerrar los ojos. Esta soberanía tiene que dar una revisión a fondo del proyecto agropecuario y del proyecto económico en general. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el compañero diputado Desiderio Camacho Garibo.
El diputado Desiderio Camacho Garibo:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
De tiempo hemos sido testigos y algunos o varios de nosotros, víctimas del problema que ha representado la crisis económica por la que atraviesa nuestro país.
El día de ayer, un número importante representativo de productores agrícolas y digo importante y representativos, porque fueron alrededor de 6 mil compañeros trabajadores del campo; representativos porque nada más en el Estado de Michoacán existen 17 mil ciudadanos con cartera vencida de compañeros del campo. Estos compañeros llegaron hasta esta Cámara, para exigir solución a ese grave problema que representa la cartera vencida.
Ellos exigen cuatro años de moratoria y la integración de una comisión tripartita, donde participe el Gobierno Federal, vía la Secretaría de Hacienda, obviamente, los afectados y los usureros, que en este caso son los banqueros.
Yo creo que es muy importante que en esta Cámara de Diputados, se tomen medidas muy recias, estratégicas; que se resuelva el problema de fondo, porque no es nada más el sector del campo, no es nada más el sector productivo del campo. También somos víctimas algunos compañeros que pertenecemos al comercio, a la micro, a la mediana industria.
Creo yo que aquí debemos contemplar el problema de fondo. Si resolvemos nada más lo que corresponde al sector productivo del campo, tendremos otra manifestación en lo que corresponde a los ciudadanos que pertenecen a la micro, a la mediana y la pequeña industria.
Es muy importante establecer que los bancos deben tener conciencia social, un compromiso social con el pueblo, para que los intereses que ellos manejan los moderen, que den oportunidad al crecimiento y a la reactivación económica de las regiones correspondientes.
En 1990, aquí en esta cámara, se presentó una iniciativa de la enajenación o privatización de las empresas, argumentando que eran empresas que no daban resultado al Gobierno porque daban números rojos.
Yo quiero decirles que en el caso específico de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, el problema no era ése. El problema era la grave corrupción que existía dentro de esa empresa.
Por eso, compañeros, al meterse una iniciativa a esta cámara, debemos actuar con mucha responsabilidad; debemos quitarnos, inclusive, la camiseta de partido y ponernos la camiseta de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado José Narro.
El diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso, señor Presidente:
El Partido del Trabajo, expresa su más profunda solidaridad con los compañeros de El Barzón y reconoce que el problema de las carteras vencidas es un problema nacional del campo mexicano, pero también en las ciudades, de la pequeña, de la micro y de la mediana industria, igual del comercio.
Tenemos que ayer tuvimos presentes a los compañeros de El Barzón, con aproximadamente 6 mil miembros presentes en 24 estados del país. Tenemos un grave problema de cartera vencida con alrededor de 8 millones de cuentas en cartera vencida, de las cuales un millón son de agroproductores, 800 mil de tarjeta-habientes y el resto, es cartera vencida de la pequeña, mediana y microindustria y del pequeño y mediano comercio.
Es un problema que fundamentalmente se da en nuestro país, a partir del encarecimiento del dinero por parte de los dueños de la banca, a partir de los altos intereses, prácticamente agiotistas, de las altas ganancias que han venido obteniendo los dueños de la banca y que no están dispuestos a asumir ninguna responsabilidad ni ningún riesgo social por el manejo de estas instituciones y de esas concesiones públicas que fundamentalmente deben de estar al servicio del pueblo de México y de los 33 millones de ahorradores que hay en el país.
Nos presentamos y tenemos el problema de una Ley General de Crédito, que para estos momentos resulta obsoleta.
El problema de las carteras vencidas se ve agravado por una política económica seguida por el Gobierno Federal, que privilegia a un pequeño sector, al sector dueño del capital financiero, en detrimento del conjunto de la economía nacional.
En el campo mexicano, nos encontramos con el retiro del Gobierno Federal y con programas de apoyo a la producción, que resulta de ser subsidios fundamentalmente al consumo. Nos encontramos con que no hay una propuesta real de fomento y de apoyo productivo serio para el campo mexicano.
Ante esto y ante el problema de la quiebra, de los embargos, de las adjudicaciones por parte de la banca, de esas industrias, se requiere que el Congreso tome una medida enérgica, en protección de esas miles de fuentes de empleo que hay a lo largo de nuestro país y preservar el patrimonio de miles de familias que se encuentran al borde y a punto de ser despojadas de lo que ha sido producto de su trabajo, del de sus familias y del de sus padres.
Ante esto nosotros, como fracción parlamentaria, planteamos que es importante establecer un diálogo directo con el responsable de la política económica y llamar a comparecer al propio secretario de la Secretaría de Hacienda.
Es necesario que revisemos también la política dirigida hacia el campo mexicano y que se presente también el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para discutir y cambiar esa política, atentatoria y anticampesina, que se ha venido aplicando sobre el campo.
Es importante también que ante este grave problema nacional, que es fundamentalmente...
El Presidente:
Diputado: con todo respeto, un minuto para concluir.
El diputado José Narro Céspedes:
Que es fundamentalmente un problema de descapitalización, un problema de rentabilidad, de falta de competitividad, al encontrarnos en una economía desventajosa para miles de productores, se requiere un cambio en la política agropecuaria que beneficie a la mayoría de los mexicanos.
Esperamos que las propuestas y la iniciativa de moratoria que se presentó el día de ayer por los compañeros de El Barzón, pero que es un reclamo nacional, la iniciativa de la moratoria sea rápidamente revisada y que no vaya a dar a los archivos o a dormir "el sueño de los justos".
Convocamos en ese sentido a las comisiones responsables, tanto a la de Hacienda como a la de Gobernación y a la de Agricultura, a que den celeridad antes de que se sigan profundizando estos graves problemas que repercuten en la economía de la mayoría de los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, hará uso de la palabra el diputado Gabino Fernández Serna.
El diputado Gabino Fernández Serna:
Con su permiso, camarada Presidente; compañeros diputadas y diputados:
El problema de la cartera vencida implica ir más allá de lo que hasta ahora hemos comentado. La cartera vencida en la que los compañeros de El Barzón están sumidos, tienen nuestra solidaridad.
Es importante señalar que tenemos tres días, primero la Comisión de Hacienda, después parte de la Comisión de Agricultura, hablando con varios de los grupos que constituyen el problema de El Barzón. El compañero Ramírez Cuéllar, el compañero Ocampo y otros más hemos estado trabajando en ello y de ahí surge el punto de acuerdo que aquí fue saludado y comentado.
Pero es importante también señalar, que desde anoche la comisión constituida por El Barzón se están reuniendo en la Secretaría de Agricultura, donde el oficial mayor de Hacienda, donde el Secretario de Agricultura han estado presentes y continúan trabajando y el día de mañana estarán nuevamente trabajando en lo mismo.
Es importante también aclarar aquí que ayer la comisión de El Barzón estuvo reunida con los compañeros de Agricultura y de Hacienda, a efecto de crear las subcomisiones que tendremos que darle seguimiento en la propia Secretaría de Hacienda y de Agricultura. De ahí, pues, que es importante que aquí se conozca que tanto la Comisión de Hacienda, como la Comisión de Agricultura, le daremos seguimiento puntual a todo lo que se ha presentado y que desconocemos, porque así es compañeros, que Hacienda no esté dando respuesta a ello.
El oficial mayor de Hacienda estuvo presente anoche y seguirá trabajando en ello y de ahí las dos comisiones, de Hacienda y de Agricultura, le tendremos que dar seguimiento para que esto se cumpla, porque la solidaridad de la fracción parlamentaria del PRI es solidaria con todo lo que están planteando los compañeros de El Barzón, pero habrá que analizarse a fondo todo lo que se está ahora comentando, porque atrás de ello, como al principio señalamos, están también aproximadamente 33 millones de mexicanos ahorradores, que son los que en última instancia serían afectados. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Juan Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:
En este asunto que es del mayor interés para esta legislatura, me interesa destacar dos hechos.
El primero es acusar de que el responsable directo de la bancarrota que viven los productores en el campo, el responsable de esta situación de endeudamiento, ya impagable por los productores rurales, es precisamente el señor que ostenta hoy la titularidad de la Secretaría de Hacienda y que se niega a recibir a los productores de El Barzón.
Este problema lo plantea hoy esta organización, pero no es exclusivo de ella, lo padecen los campesinos cenesitas y los diputados que representan a este sector no me dejarán mentir y de ahí también la disposición que hubo de todos los diputados para atender esta problemática. Fue Serra Puche, el que ordenó o hizo todos los trámites para abrir unilateralmente las fronteras de este país a la libre importación de productos agrícolas sin compensar en nuestro caso los subsidios y los apoyos que mantienen otras agriculturas y que podían libremente introducir estos productos apoyados, subsidiados, a nuestro país.
A partir de ahí el productor mexicano, de esta decisión del entonces secretario de Comercio, enfrentó una situación de no poder competir con sus similares de otras latitudes, de una baja de precios ya sin subsidios y a lo único que esto podía llevar es al endeudamiento que hoy tiene el campo, a una situación donde, nos guste o no, las deudas no se van a poder pagar porque la gente no tiene los recursos simple y sencillamente para hacerlo.
El responsable de esta política que se ufanó muchas veces de su brillante inteligencia por desgraciar a los campesinos, es el señor que hoy, por cobardía, por temor, porque no asume las consecuencias de sus hechos, ¿por qué razón no da ni siquiera el derecho constitucional de audiencia a los productores?; pero qué mal se ve no sólo por negar este derecho, sino qué mal se ve porque siendo el responsable, ni siquiera le da la cara a los problemas irresponsablemente desde un escritorio generoso.
Y el otro hecho es que importante destacar puede parecer colateral pero que para esta soberanía es de la mayor importancia, es que no puede permitir esta Cámara de Diputados, ni la Presidencia de la misma, que se afecte. el derecho de audiencia concedido en la Constitución para los ciudadanos y que esta Cámara debe estar en la disposición de dar en todo momento.
El día de ayer hubo disposición de los diputados a conceder esta audiencia e incluso a sacar un punto de acuerdo, pero unilateralmente sin tomar en cuenta ya no digo a los diputados de oposición, sino ni siquiera a los del PRI, el Regente que no entiende de soberanía por lo que se ve, no entiende de muchas cosas de la política, unilateralmente detiene la manifestación de los productores.
Yo pregunto a la bancada priísta, a la bancada panista, petista y a nuestra propia bancada, si vamos a permitir que esta cámara tenga un cerco de la policía y no se permita que manifestaciones pacíficas vengan aquí a exponernos sus problemas. Si ésa va a ser la conducta, aceptar las imposiciones unilaterales de este Regente, si nosotros permitiéramos eso, nuestra dignidad estaría por abajo de un funcionario que ni siquiera fue electo, que fue impuesto en el cargo. Por eso yo llamo a la Presidencia que sea por su conducto, para que le haga el llamado al Regente y establezca claramente que no aceptamos decisiones unilaterales y que todas las marchas que vengan a esta cámara y vengan en son de paz y tranquilidad, van a ser bien recibidas y van a ser atendidas.
Propongo por lo tanto que esto se canalice a través de la Presidencia y sepa el Regente que en adelante no vamos a tolerar medidas represivas ni unilaterales, violatorias del derecho de audiencia, pero también del derecho a manifestarse que tienen los compañeros. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Muy amable, tomamos en cuenta su opinión, señor diputado. Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Jorge Padilla.
El diputado Jorge Humberto Padilla Olvera:
Miren, el problema de la cartera vencida y del grupo barzonista no es cuestión de juegos, ni siquiera para especulaciones políticas; francamente estamos jugando, señores, están ustedes jugando y me... perdónenme que me refiera a los de la Revolución Mexicana y a los de Revolución... el PRI, hombre, el que sea como se llame y los del PRD, perdónenme que me refiera, están politizando un problema, están utilizando el dolor humano, están utilizando el dolor humano para sacar banderas para su partido.
Eso no se vale, señores, esas pobre gente está perdiendo su patrimonio personal, generaciones de trabajo, no es justo que se politice de esa manera el problema de esta gente que realmente viene a presentar dentro de la ley, dentro del orden, sus problemas y el PRI les cierra la puerta en la cara, porque es un problema financiero y la Secretaría de Hacienda no se dignó ni siquiera contestar el teléfono.
¡Eso es grave, señores! Que porque tienen que mantener la calma los mercados financieros. Qué calmados pueden estar los mercados financieros, pero esta pobre gente que está a punto de perder todo su patrimonio de toda una vida de trabajo, en manos de abogados voraces y deshonestos, empleados por los banqueros no menos voraces.
Ya hay un punto de acuerdo votado por esta cámara, que va a pasar a la Comisión de Hacienda y se creará ahí una subcomisión. Yo creo que es hora de que tomemos los problemas en serio y que tratemos de resolver pero en serio, los problemas de este México doliente y dejemos de tomar posiciones aquí en la cámara.
¿Cómo es posible que el PRI trate de manipular esto dándole una plurinominal a un barzonista? ¿Ustedes creen que eso es justo? No, señor. Por favor, pongámonos a trabajar y no vengamos aquí a ondear banderas de dolor humano. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Joaquín Vela.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; señores diputados:
El problema de la cartera vencida es un problema que enfrentado así como lo estamos viendo, estamos solamente tratando de corregir un efecto de un problema que tiene sus causas en una liberalización de las tasas de interés llevada a cabo por el Gobierno de Salinas de Gortari, que ha traído como efecto básico el encarecimiento del crédito para los pequeños y medianos productores tanto agrícolas como industriales.
Efectivamente crearle una solución al problema de la cartera vencida de El Barzón y hay que darle también una solución a la cartera vencida de un importante segmento de pequeños y medianos empresarios, pero no vamos a solucionar y la Cámara de Diputados no puede estar solamente buscando soluciones a problemas que tienen su origen y que tienen su causa en otra parte; necesitamos actuar, señores diputados, sobre la necesidad de regular, de crear un mecanismo de regulación de las tasas de interés.
Es imposible, es imposible que nosotros solamente... y esto va a ser un problema constante, se va a estar presentando continuamente, que nosotros estemos de acuerdo en que estén totalmente liberalizadas las tasas de interés. Eso ha sido uno de los obstáculos fundamentales que en los tres últimos años han traído como consecuencia una concentración muy grande de los recursos en los grandes empresarios, en los pequeños grandes empresarios.
Estos grandes empresarios están vinculados a la cadena internacional de crédito, ellos no tienen problema de crédito, tienen problemas de crédito los pequeños y medianos empresarios. Entonces, esto ha generado que existan prácticas monopólicas en el sector financiero, y esas prácticas monopólicas han generado una sobreganancia a los principales dueños de los bancos, a los que fueron beneficiarios de la privatización de la banca.
Señores, los datos son evidentes, mientras que Banamex y Bancomer ocupan en términos de activos el lugar 156 y 160 en el mundo, en términos de ganancias el año pasado obtuvieron el segundo y tercer lugar; es decir, hay un trato privilegiado al sector financiero, a ese que tiene constituida una red internacional de crédito y que ha traído como consecuencia que en México las pequeñas y medianas industrias, y en este caso los pequeños productores agrícolas, se vean prácticamente en imposibilidad de poder pagar los créditos; es decir, no es solamente el problema del crédito basado en un criterio de que ahora nos esté explotando el problema de la cartera vencida. Necesitamos poner soluciones a las causas, no a los efectos que esto está señalando.
Creemos desde el Partido del Trabajo, que efectivamente hay que buscar una salida y hay que declarar la moratoria de los productores agrícolas; pero, señores diputados, actuemos sobre las causas, ésa es nuestra propuesta y necesitamos crear un marco regulatorio para las ganancias, que regule las ganancias del sector financiero nacional. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Rafael Jacobo.
El diputado Rafael Jacobo García:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Intervengo en este tema de la cartera vencida, porque siendo importante el pronunciamiento acordado entre las cuatro fracciones alrededor de este tema, siento que el problema tiene dimensiones más profundas que deberíamos de abordar en esta cámara, porque independientemente de que se trate de estar porque esta cartera vencida que afecta al sector productivo, al sector rural, y afecta ahora ya a otros sectores de nuestra población y de la sociedad, creo que ahora la situación es más compleja, y más compleja por lo que han expresado otros compañeros. Se trata de que la persona que está al frente de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Jaime Serra Puche, sabemos cuál fue el papel que jugó en el Tratado de Libre Comercio. Para muchos el Tratado de Libre Comercio es algo importante, pero este Tratado de Libre Comercio sigue o favorece exclusivamente a los que más tienen, no a los que no tenemos y menos al sector social de la producción en el campo. Este sector está siendo seriamente afectado, no de ahora; de tiempo.
Sabemos cuáles son las causas, pero esas causas, compañeros, yo creo que tenemos que resolverlas con propuestas de fondo y como diputados debemos hacer propuestas que contribuyan a que el Presidente de la República, el doctor Zedillo, si quiere realmente contribuir al desarrollo de este país, cumpliendo los acuerdos o los pronunciamientos, compromisos que hizo aquí el día que tomó posesión como Presidente de la República, y el día que vino aquí a comer con nosotros también, creo que tiene que hacer algunos cambios y uno de esos cambios debe de ser el de cambiar al Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Por otra parte quiero decir que cuando menos los miembros del Partido de la Revolución Democrática que estamos aquí en esta cámara, y con el respeto que me merecen otros diputados como el diputado Padilla Olvera, no venimos aquí a polemizar, no queremos ganar ningún otro puesto que no sea el que nos ganamos con el trabajo. Creo que tenemos interés en que se resuelva un problema y que se analice, que lo discutamos, que lo debatamos con altura, pero no debemos echarnos unos a otros.
Creo que con eso no contribuimos a que esta cámara se unifique en aquellos problemas en los que estamos de acuerdo, porque como ya dijo otro diputado, la cartera vencida afecta a todos mundo, a los compañeros del PRI, a los compañeros que están en el PAN, a los que están en el PT, a los que están en el PRD y a los que no están en ningún partido; a todos nos afecta la cartera vencida, por eso la lucha debe ser o las propuestas deben de ser porque esta cartera, independientemente de la propuesta que hay en el documento, sea eliminada. Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Salvador Becerra.
El diputado Salvador Becerra Rodríguez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El Partido Acción Nacional considera que el punto de acuerdo que se ha aprobado el día de hoy es bueno, pero insuficiente. Se considera que en este problema no únicamente están involucrados los agricultores y los bancos, sino que deben involucrarse directamente la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Agricultura, para una solución global y perdurable de este problema.
La reestructuración de las carteras, tal como está planteado actualmente, es insuficiente, porque les pospone el pago de la deuda a los agricultores, pero no les permite seguir obteniendo crédito para continuar en sus trabajos, seguir trabajando la tierra y tampoco les permite obtener ganancias suficientes para mantener a su familia y posteriormente obtener utilidades para el pago de su deuda.
También es indispensable la solidaridad de la Secretaría de Agricultura, que haya un cambio en la política agropecuaria que ha llevado a los agricultores al estado de problemas en que se encuentran.
La política agropecuaria actual no permite que los agricultores tengan ganancias en sus cultivos. Existen serios problemas, uno de ellos son los altos intereses bancarios, varias veces superiores a los que ofrece la banca en otros países para la agricultura y la ganadería.
Actualmente, y desde hace varios años, la asistencia a los agricultores ha sido prácticamente desmantelada y en gran parte a eso se debe que los agricultores utilizan técnicas rudimentarias. También la investigación agrícola, tan importante para mejorar la tecnología y mejorar la productividad, desde hace varios años ha sido prácticamente abandonada. Cada año no hay presupuesto para la investigación agrícola; se ha ido reduciendo y la investigación agrícola en la actualidad se encuentra utilizando técnicas realmente rudimentarias, que nos permiten predecir que en el futuro no contaremos con la tecnología necesaria para incrementar la productividad y que sea rentable la agricultura.
También se necesita mejorar la planeación agrícola. En muchas regiones los cultivos ya no son rentables y se les dice con mucha facilidad que cambien de cultivo, sin embargo los agricultores desconocen, no cuentan con las herramientas para saber qué cultivos son los más apropiados, qué nuevos cultivos pueden ser aprovechados en cada región.
La organización de productores de los campesinos, también es sumamente deficiente y mejorar este aspecto es absolutamente necesario para mejorar la comercialización, que puedan trabajar de tal manera que puedan obtener un mejor precio por el producto de su trabajo.
Es necesario mejorar la organización para obtener créditos en mejores condiciones. Es necesaria la organización para abaratar el costo de los insumos.
También es necesario revisar la política que se ha seguido sobre la importación de productos agropecuarios.
Como ya se mencionó, ha habido una apertura indiscriminada y veloz para la importación de productos agropecuarios y a esta importación no se le exigen las calidades que se exigen para la producción y comercialización aquí mismo a los productores de México.
Se han importado cantidades muy grandes, volúmenes muy grandes de carne, de granos, de fruto, que han tenido severos problemas para el consumo humano, y sin embargo debido a algunos intereses de algunos altos políticos, se ha permitido que esto ocurra.
Entonces, es necesario, para una solución definitiva al campo mexicano, aparte de la inmediata solución a los problemas de cartera vencida, una reestructuración de la política agropecuaria.
Por último, y quiero proponer que en la solución de las carteras vencidas, además de la intervención de la Comisión de Hacienda de esta cámara, también participe un grupo de diputados de la Comisión de Agricultura. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Jorge Cejudo.
El diputado Jorge Adolfo Cejudo Díaz:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quisiera pedirle a la Secretaría, y como una atención a los compañeros de El Barzón que se encuentran en el recinto y que llegaron tarde, leyera nuevamente el punto de acuerdo firmado por las cuatro fracciones parlamentarias.
El secretario Pablo Moreno Cota:
Propuesta de punto de acuerdo sobre la solicitud presentada sobre el problema de cartera vencida, ante esta legislatura por diversas agrupaciones sociales.
"Considerando. Primero: que el problema de la cartera vencida se ha venido agudizando en los últimos años y ha impactado senciblemente a la micro, pequeña y mediana industrias, así como al sector agropecuario y a los particulares, afectando de manera importante la actividad productiva en general.
Dos: que los mecanismos hasta ahora implementados han servido solamente de atenuates del problema, pero no han representado una solución de fondo.
Tres: que los propios afectados han señalado que las resoluciones judiciales para ejecutar los embargos han sido fijadas en plazos perentorios que habrán de vencerse en su mayoría dentro de los próximos 90 días.
Cuatro: que cualquier solución debe garantizar los intereses de los ahorradores, asegurar la solidez del sistema financiero mexicano, el fomento del ahorro interno y la recapitalización de los sectores afectados.
Quinto: y que en virtud de la gravedad y complejidad del problema, se requiere hoy más que nunca la convergencia de todas las partes involucradas: instituciones financieras, autoridades, deudores y organizaciones sociales justas y equitativas."
"Proponemos el siguiente punto de acuerdo. Esta LVI Legislatura exhorta a los prestadores de servicios financieros a que en un esfuerzo de solidaridad con la nación, realicen los mayores ajustes posibles, creando nuevos esquemas financieros que constituyan una solución viable y realista, que permita a los deudores cumplir con sus obligaciones, recapitalizarse y mantener su actitud productiva.
Debido a que en algunos casos las condiciones crediticias no se han ajustado a las características de los proyectos y al entorno económico, se ha generado una cartera vencida, situaciones difíciles y aún quiebras para muchos productores. En consecuencia, se exhorta a los agentes financieros asumir una actitud de razonable comprensión y sensibilidad social en las ejecuciones judiciales ordenadas y en la aplicación de las tasas de interés normales y moratorias.
Para contribuir en este esfuerzo, en el seno de la Comisión de Hacienda, los diversos grupos parlamentarios, representados en la Comisión de Hacienda, acuerdan constituir un grupo de trabajo pluripartidista para analizar y proponer soluciones definitivas, escuchando a la sociedad civil organizada, a las partes involucradas y a las partes correspondientes.
En el Palacio Legislativo, a los cinco días del mes de diciembre de 1994.
Por la fracción parlamentaria PRI, firma; por la fracción parlamentaria PAN, firma; por la fracción parlamentaria PRD, firma y por la fracción parlamentaria PT, firma."
El diputado Jorge Adolfo Cejudo Díaz:
Señor Presidente, quisiera que se me repusiera el tiempo.
El Presidente:
Esta bien, diputado.
El diputado Jorge Adolfo Cejudo Díaz:
Compañeros diputados:
Creo que el acuerdo entre las cuatro fracciones parlamentarias deja perfectamente claro que no tenemos la más mínima intención de venir a hacer proselitismo político a esta tribuna. Estamos plenamente conscientes de la gravedad del problema, conocemos el problema y nos solidarizamos abiertamente con los compañeros campesinos que se encuentran metidos en el vórtice de esta tempestad.
También estamos plenamente conscientes de que se ha señalado injustamente la responsabilidad de Serra Puche aquí, en virtud de que en el Tratado de Libre Comercio, precisamente las cuestiones agrícolas son las que se llevarán más tiempo para lograr la apertura en dicho tratado; en cambio, sí, se abrió inmediatamente para las herramientas, para trabajar el campo.
En el problema de la cartera vencida, estamos plenamente conscientes de que no se pueden aplicar soluciones de carácter general, porque no todos los problemas son iguales.
Sí, es verdad, que existen algunas situaciones que requieren de un trato verdaderamente urgente y en este sentido nos hemos comprometido con los compañeros El Barzón para ayudarles a tramitar, al igual que las demás fracciones parlamentarias, porque ése fue el acuerdo, a gestionar, todo lo necesario para que sean debidamente escuchados.
El lunes, a las 11 horas, habrá una reunión para definir la agenda de trabajo con el licenciado Gallar y el licenciado Zaragoza, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y estará presente también un representante de la Secretaría de Hacienda. El miércoles 6, en la Secretaría de Agricultura empiezan los trabajos con la comisión de El Barzón y estará presente por parte de la Secretaría de Hacienda, el señor Oficial Mayor, el licenciado Argüelles.
Esto quiere decir, señores, que estamos realmente ocupados, no sólo preocupados de este problema y que definitivamente tienen el apoyo de las cuatro fracciones, porque así nos comprometimos y nosotros sí sabemos cumplir en el PRI nuestros compromisos.
Definitivamente, señores de El Barzón, el apoyo está con ustedes. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado César Leal.
El diputado Agusto César Leal Angulo:
Por razones de origen soy sinaloense y por razones de representación soy veracruzano, entonces estoy plenamente autorizado a hablar de este tema, porque represento en cierta forma, probablemente a los dos estados de agricultura más avanzada de la República y los dos, me consta, ad personam, que viven una tragedia en el campo.
¿Saben ustedes que la riqueza de los Estados Unidos no proviene de la industria, el poder de los Estados Unidos viene de su agricultura, de su capacidad para producir alimentos? El poder de Francia y de Alemania proviene de su capacidad para producir alimentos. Los pueblos que han hecho historia, son los que han sido capaces de producir alimentos, no cañones. No hay drama más profundo en México que el escandaloso descuido en el que hace 70 años vive el campo mexicano.
Si ustedes se sentaron por un lado de un farmer, de un agricultor americano, cuando está platicando con un gerente bancario, que no necesariamente en los Estados Unidos es un gerente bancario y se desarrolla la siguiente conversación: ¿En qué lo puedo servir? Y el farmer le dice: quiero sembrar 100 hectáreas, 100 acres de algodón y le dice el gerente: ¿Cuánto dinero necesita? 100 mil dólares. ¿A qué plazo quiere que se lo dé, a un año, dice. ¿Qué interés quiere que le cobre? El 8% respuesta del gerente:
No va a sembrar usted 100 acres, va a sembrar usted 200. No le voy a prestar 100 mil dólares, le voy a prestar 200. No le voy a dar un año de plazo, le voy a dar 10, porque la agricultura es una actividad aleatoria en la que se tiran unos dados contra el tiempo y basta con que cuatro tiros del dado fallen para que yo lo arruine, y yo no quiero un agricultor arruinado.
Finalmente, el gerente le dice: no le voy a cobrar el ocho, le voy a cobrar el cuatro, porque el poder de los ciudadanos en este país está en que nuestros ciudadanos sepan producir una col o un rábano y no un tractor.
Conversación misma en una gerencia de un banco mexicano: el agricultor de Sinaloa o de Veracruz. Primero, con tono de prepotencia: ¿Cuánto quieres sembrar tú?, 100 hectáreas. ¿Y cuánto quieres que te preste?, 100 millones. ¿Y qué tiempo quieres que te dé para que me pagues? Un año. ¿Y qué interés quieres que te ponga? Dame el 12%. Respuesta del gerente:
No te puedo prestar para que siembres 100 hectáreas, no vas a necesitar más que de 50. Y me tienes que pagar en seis meses y me pones de garantía tu casa y el interés que te voy a cobrar es el 18% y eso porque eres amigo del gerente y de uno de los consejeros. Este es el drama.
Ustedes saben perfectamente que el tratamiento que le hemos dado al campo y estoy tan seguro que lo saben, que es probablemente el origen de que ustedes y yo estemos aquí. Que de alguna manera la sociedad mexicana, nosotros, que teníamos alguna preocupación por los grandes problemas de México.
Y de alguna manera usó todos los mecanismos sociales para ponernos aquí y hacernos más que responsables de tomar decisiones hacernos responsables de que representáramos el pensamiento de México en sus problemas más delicados y no hay problema más delicado en este país que no seamos capaces de producir una col.
Y de tal manera ha sido irresponsable el tratamiento que le hemos dado a la parte neurálgica del problema económico de México, que hace escasos seis años pusimos a Hank González de no sé qué, de Agricultura, cuando existen 70 escuelas de Agricultura en México que dan ingenieros y que no tienen trabajo y que son muy capaces y ponemos a Hank González de responsable de Agricultura. ¡Irresponsabilidad pública!
El Presidente:
Señor diputado, tiene usted un minuto para concluir.
El diputado Augusto César Leal Angulo:
La cartera vencida es un efecto más de 40 líneas que deberíamos atender más que cualquier otra línea de la economía de México. La cartera vencida es una manifestación, es una expresión y en este momento yo me uno a la queja, a la demanda de El Barzón, no porque represente a El Barzón mismo, sino porque, El Barzón es la primera llamada de un drama cuya cortina estamos levantando: la quiebra de México por la quiebra del campo. Yo me uno también a El Barzón, porque representa no un grupo agrícola mexicano ni chiquito ni grande, ni ejidatario ni empresario, representa un drama total del que en este momento yo los llamo a ustedes a que nos hagamos responsables. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Eric Eber Villanueva Mukul.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor Presidente:
Tengo que regresar a tribuna, porque los hechos no corresponden a las palabras. Los compañeros representantes de El Barzón, aquí presentes, nos dicen que la Secretaría de Hacienda se sigue haciendo perdedisa. El punto concreto que los compañeros de El Barzón quieren plantear es éste, es totalmente razonable y es totalmente comprensible que la Secretaría de Hacienda intervenga ante la Comisión Nacional Bancaria, para que queden en suspenso por unos días los embargos y los remates mientras se busca una solución de fondo al problema de la cartera vencida. Simplemente esto. Los señores de Hacienda se siguen haciendo perdedizos.
El argumento es que Hacienda es una Secretaría no politizada y, señores si hay algo profundamente político es la economía, estamos viendo los resultados de la economía. El diputado que me antecedió lo decía: la cartera vencida es un efecto, es un efecto de la apertura comercial iniciada desde 1989, de los pactos económicos, de la restricción del gasto público, de la contracción económica. Esas son las causas de la cartera vencida.
Y yo invitaría a uno de los diputados de Acción Nacional, que me antecedió a cuidar el discurso. Está profundamente politizada la economía del país, sirve a una fracción de la población y privilegia a los grandes grupos empresariales y a los grandes grupos financieros. No podemos hacer abstracción. El Partido de la Revolución Democrática no solamente se solidariza, tiene que plantear y tiene que actuar y yo convoco a todos los diputados a hacerlo.
Estoy de acuerdo que se tiene que hacer de manera racional y equitativa, entre todos los sectores involucrados; pero no podemos dejarlo simplemente en externar nuestra solidaridad. Tenemos que actuar y tenemos que actuar para adelante. Ciertamente es un drama nacional la cartera vencida, ciertamente es el primer aviso y tenemos que ir para adelante. Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Jorge Abel López.
El diputado Jorge Abel López Sánchez:
Gracias, señor Presidente:
En esta mi primera intervención como legislador en esta LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, mucho me honra el poder hacer mi primera intervención para hacer mis comentarios y vertir mi opinión personal como diputado. Soy del Partido Revolucionario Institucional y tengo mi propia opinión sobre la situación que priva en el campo.
En primer lugar quiero comentar con ustedes, compañeros diputados, que en los problemas que tiene la nación, nosotros como legisladores debemos ser más diputados de la sociedad y menos diputados de partido.
El problema de El Barzón, es un problema nacional; el problema de El Barzón, es un problema del campo mexicano; el problema de El Barzón y el problema del campo, es un problema social que compete a esta legislatura también. No es sólo un problema económico; tiene que ver con la política hacendaria y con la política de la banca y tiene que ver también con la política que se ha dirigido hacia el campo.
El problema social del campo exige y demanda la intervención y la participación de esta cámara; exige una nueva visión de la política agropecuaria en este país.
La cartera vencida que tienen los agricultores y que se manifiesta particularmente con la participación y con la organización de El Barzón, es un problema nacional que incumbe a más de 48 organizaciones sociales y de agricultores, de pequeños propietarios, de inversionistas, de comerciantes, de industrias que están sumergidas en una deuda con la banca.
Considero que la voracidad, como aquí atinadamente se dijo, de la banca es la que ha creado este problema. No podemos ni debemos negarnos a una realidad. Las amplias libertades que se le han dado y se le dieron a la banca, es lo que ha propiciado esto, las altas tasas de interés que se le permitieron a la propia banca, porque el problema existe también con industrias y comercios; existe también con créditos hipotecarios que tienen los ciudadanos mexicanos y que muchos de ellos han perdido sus casas porque no han podido pagar lo que les corresponde por la tasa de interés que aceptaron con la banca privada.
Entonces, compañeros diputados, considero que la comisión, el acuerdo a que llegaron las cuatro fracciones parlamentarias, es un buen avance. Es un buen avance para caminar en el rumbo adecuado de poder alcanzar una solución. Yo sólo exhorto y propongo a esta comisión, que no se quede en una simple exhortación a las autoridades y propietarios de la banca privada, que esta comisión tiene que ir al fondo del problema y que esta comisión tiene que participar en una solución definitiva del campo mexicano.
La descapitalización del campo, es serio; el problema del campo es serio, compañeros diputados, y lo digo con conocimiento de causa porque soy hijo de un ejidatario y también labro la tierra, y sé las consecuencias que los campesinos y los agricultores han tenido y tienen por la política actual que se dirige hacia el campo.
Entonces, mi propuesta concreta hacia la comisión ésa, que hace una exhortación muy válida hacia las autoridades de la banca privada, propongo de que no se quede en una simple exhortación; el problema tenemos que llevarlo a fondo y discutirlo. La reestructuración de la deuda por sí solo no resuelve el problema de los deudores de la banca. El problema de fondo de los agricultores y de tantos empresarios de México es grave y tiene que buscarse una solución definitiva y tiene que buscarse...
El Presidente:
Señor diputado, tiene un minuto para concluir, por favor.
El diputado Jorge Abel López Sánchez:
Gracias, señor Presidente:
Tiene que buscarse en la propia Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que hacer una revisión de la política que se ha dirigido hacia la banca y encontrar una solución, una solución al problema tan serio que no solo sufre El Barzón, sino que sufren muchas organizaciones sociales y privadas del país.
Por su atención, muchas gracias.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
Sírvase la Secretaría, continuar con los asuntos en cartera.
La secretaria Martina Montenegro Espinoza:
«Diputada Carlota Vargas Garza, Presidenta de la Cámara de Diputados. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del XVI aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil, ex Presidente de la República, que tendrá lugar ante la tumba que guarda sus restos en el Panteón Francés de la Piedad, ubicado en Avenida Cuauhtémoc 408, esquina Viaducto, delegación Cuauhtémoc, el día 10 de diciembre a las 10.30 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de la Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva dar al presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dirección de Acción Cívica, licenciado Gerardo González Camarena.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta cámara, se designa a los siguientes diputados:
Antonio Sánchez Gochicoa, Pedro Etienne Llano, Javier Viniegra Zubiria, Oscar Levín Coppel y Ezequiel Flores Rodríguez.
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas fiscales.
El diputado Alejandro Higuera Osuna:
Con su permiso, señor Presidente en turno; compañeras y compañeros diputados:
Como miembro del grupo parlamentario de Acción Nacional, y siendo congruentes con nuestra plataforma política 1994-2000 de la elección presidencial, que establecíamos el aspecto de la economía por una economía humana y moderna, hoy Acción Nacional, particularmente en el impuesto al activo, hace la siguiente propuesta:
«Iniciativa para la abrogación de la Ley del Impuesto al Activo.
Los suscritos, diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II y 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa para abrogar la Ley del Impuesto al Activo, conforme a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOSEl sentido que orienta esta iniciativa, es modernizar el Sistema Fiscal Nacional, a la luz de los principios que consagra nuestra Ley Suprema, simplificando la carga fiscal que es necesario hacerla efectiva ante la apertura económica y ante la necesidad de fomentar la inversión que traiga como consecuencia la creación de los empleos que demanda nuestra población.
No debe perderse de vista que el objetivo fundamental que motivó el establecimiento del impuesto al activo en nuestro país, fue el de remediar el escaso rendimiento que se obtenía en el impuesto sobre la renta; ya que el 70% de los causantes cerraban sus liquidaciones, sin utilidades. Principio de política financiera que el gobierno alcanzó plenamente con las múltiples reformas de control fiscal, que se introdujeron fundamentalmente en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo que permitió revertir la tendencia decreciente que mostraba la recaudación del impuesto sobre la renta.
Lo anterior fue públicamente reconocido por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien a finales del año de 1993, manifestó a los medios de comunicación que se había logrado un superavit en las finanzas públicas; contradiciéndose con ello el principio de política presupuestaria que contempla el artículo 73, fracción VII de nuestra Ley Suprema.
En efecto, el precitado superavit vino a demostrar que la política financiera o presupuestaria no cumplió con lo ordenado por el artículo 73, fracción VII, de nuestra Constitución. Lo que ha motivado a nuestro partido, a solicitar la derogación del impuesto al activo; cuya recaudación por otra parte, ha mostrado una tendencia decreciente; ya que para 1993 se estimó recaudar 4 mil 226.8 millones de nuevos pesos, disminuyendo para 1994 a 3 mil 711 millones de nuevos pesos.
Esta tendencia decreciente del impuesto al activo frente al constante incremento del impuesto sobre la renta, con motivo de las disposiciones que establecen un mejor y mayor control del contribuyente, justifican plenamente la abrogación del impuesto al activo que se propone.
El principio de política económica atinente a fomentar la inversión necesaria para la generación de los empleos de extrema urgencia en estos momentos, se vería beneficiada con la abrogación del impuesto al activo, que se encuentra vigente desde el año de 1989 y que se estableció como un gravamen complementario del impuesto sobre la renta, supuesto, que teóricamente no tenía como principio fundamental incrementar la recaudación, sino mejorarla, lo que se ha logrado plenamente, dando lugar con ello a la presente iniciativa que pretende además de lo anotado anteriormente, salvaguardar los principios de justicia tributaria que consagra el artículo 31 de nuestra Constitución Política, reconociendo la plena potestad de los estados para gravar la propiedad inmobiliaria.
En el artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución, se establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, de la Federación, de los estados y municipios en que se resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esta garantía no es respetada por la ley cuya abrogación se propone, en tanto en cuanto que grava el patrimonio o capital de las empresas deficitarias, exonerando a las que tienen rendimientos lucrativos, cuando se les permite compensar el impuesto al activo en los pagos que deben cubrir por concepto de impuesto sobre la renta, desvirtuando con ello los principios de igualdad y generalidad que consagra nuestra Constitución.
El impuesto al activo tampoco cumple con el principio de proporcionalidad, porque la concreta relación aritmética de que parte es ilusoria; ya que se pretende gravar el patrimonio en lugar de la renta, siendo este criterio erróneo, porque el impuesto al activo en realidad pesa sobre lo que se ha denominado capacidad de gasto, concepto que es enteramente subjetivo, que se parta del impuesto sobre la renta el cual se dice se encuentra vinculado. Pero para establecer un impuesto al gasto debieron excluirse las demás formas anfibológicas de contribución. En este sentido, el impuesto al activo no considera directa e indirectamente la realidad de sus erogaciones ni siquiera de sus ingresos. De tal manera, que al gravarse lisa y llanamente el activo supone prácticamente irlo amputando en forma definitiva.
La propiedad inmobiliaria se encuentra sujeta a una carga fiscal que resulta exorbitante y esto es así por cuanto que a su propietario o poseedor se le obliga a pagar un impuesto predial que se incrementa anualmente. Además, si dicha propiedad está destinada a una actividad empresarial, deberá pagarse el impuesto al activo. Esta doble tributación viola el principio de neutralidad en la competencia que deben observar los tributos; ya que la carga fiscal del inversionista será diferente en razón del lugar en el que se encuentre establecida la propiedad inmobiliaria, pues las reglas para la determinación del impuesto predial varía de Estado a Estado. Esto no viene, sino a confirmar que es necesario dejar a salvo la soberanía de los estados, reconociendo que a ellos compete la facultad exclusiva de imponer contribuciones a la propiedad inmobiliaria y esto se logra con la abrogación de la Ley del Impuesto al Activo que se propone en esta iniciativa.
Otro elemento que ha motivado a nuestro partido a solicitar la abrogación del impuesto al activo, es la distorsión que dicho gravamen ha sufrido, pues al margen de la ley, el Ejecutivo ha dictado acuerdos por los que excluye del pago de esta contribución a un número indeterminado de contribuyentes, tomando en cuenta para ello su capacidad económica y las actividades que desarrollan. En este sentido, se considera más justo el que se exima de este gravamen a todas las personas, lo que naturalmente se lograría con la abrogación de la Ley del Impuesto del Activo, al tenor de las razones que se han expuesto anteriormente.
Por lo expuesto y en uso de las facultades que nos confiere la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales del Partido Acción Nacional, nos permitimos someter a la Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE DECRETOArtículo único. Se abroga la Ley del Impuesto al Activo.
TRANSITORIOUnico. El presente decreto entrará en vigor, el día 1o. de enero de 1995.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 8 de diciembre de 1994. Rúbricas.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
REPUBLICA DE GUATEMALA
La secretaria Ana Lilia Cepeda de León:
Dictámenes de primera lectura.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado, el 24 de noviembre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores, remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano almirante Luis Carlos Ruano Angulo, secretario de Marina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
La comisión considera cumplidos lo requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano almirante Luis Carlos Ruano Angulo, secretario de Marina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 6 de diciembre de 1994. Diputado Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados Fructuoso López Cárdenas, Ricardo García Cervantes y José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; diputados Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Leonel Godoy Rangel, Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Ignacio Ovalle Fernández, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza , Juan Nicasio Guerra Ochoa, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, José Ramírez Gamero, Oscar Villalobos Chávez, Fernando Pérez Noriega y Píndaro Urióstegui Miranda.»
Es de primera lectura.
ESTADO DEL VATICANO
La secretaria Ana Lilia Cepeda de León:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Enrique Olivares Santana, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Piano, en grado de Gran Cruz de Caballero, que le confiere el Estado del Vaticano.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al Embajador Enrique Olivares Santana, para aceptar y usar la condecoración, de la Orden Piano, en grado de Gran Cruz de Caballero, que le confiere el Estado del Vaticano.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México D.F., a 6 de diciembre de 1994. Diputado Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados Fructuoso López Cárdenas, Ricardo García Cervantes y José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; diputados Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Leonel Godoy Rangel, Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Ignacio Ovalle, Fernández, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, José Ramírez Gamero, Oscar Villalobos Chávez, Fernando Pérez Noriega y Píndaro Urióstegui Miranda.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Gonzalo Alarcón Barcena:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el teniente coronel de infantería diplomado de estado mayor Edgar Armando Acata Paniagua, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al teniente coronel de infantería diplomado de estado mayor Edgar Armando Acata Paniagua, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México D.F., a 5 de diciembre de 1994. Diputado Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados Fructuoso López Cárdenas, Ricardo García Cervantes, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; diputados Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Leonel Godoy Rangel, Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Víctor Samuel Palma César, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, José Ramírez Gamero y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera Lectura.
JAPON
El secretario Gonzalo Alarcón Bárcena:
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Javier López y Barredo, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, Estrella de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno de Japón.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier López y Barredo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, Estrella de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno de Japón.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México D.F., a 5 de diciembre de 1994. Diputado Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados Fructuoso López Cárdenas, Ricardo García Cervantes, J. de Jesús Zambrano, secretarios; diputados Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Leonel Godoy Rangel, Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Víctor Samuel Palma César, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, José Ramírez Gamero y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera Lectura.
REINO DE BELGICA
El secretario Ezequiel Flores Rodríguez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Miguel Angel Cáceres Calvillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Miguel Angel Cáceres Calvillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México D.F., a 5 de diciembre de 1994. Diputado Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados Fructuoso López Cárdenas, Ricardo García Cervantes, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; diputados Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Leonel Godoy Rangel, Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Víctor Samuel Palma César, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, José Ramírez Gamero y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
El secretario Ezequiel Flores Rodríguez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 9 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Janett Carol Fuentes Montero, pueda prestar servicios como operadora de computación, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 29 de noviembre, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como operadora de computación.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Janett Carol Fuentes Montero, para prestar servicios como operadora de computación, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D. F., a 1o. de diciembre de 1994. Diputado Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados Fructuoso López Cárdenas, Ricardo García Cervantes, J. de Jesús Zambrano, secretarios; diputados Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Leonel Godoy Rangel, Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Víctor Samuel Palma César, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, José Ramírez Gamero y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (III)
La secretaria Martina Espinoza Montenegro:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 28 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso para prestar servicios a los ciudadanos Juan Manuel Romero Rangel, como traductor, en la Embajada Británica, en México y María de la Luz Torres González, como asistente administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 5 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las embajada Británica y de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Juan Manuel Romero Rangel, para prestar servicios como traductor en la Embajada Británica en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de la Luz Torres González, para prestar servicio como asistente administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México D.F., a 6 de diciembre de 1994. Diputado Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados Fructuoso López Cárdenas, Ricardo García Cervantes, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; diputados Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Leonel Godoy Rangel, Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Víctor Samuel Palma César, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, José Ramírez Gamero y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (IV)
La secretaria Martina Espinoza Montenegro:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 24 de noviembre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ivonne Guadalupe Munguía Ballinas y Juan Carlos Parra Patiño, para que puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 5 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo,
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Ivonne Guadalupe Munguía Ballinas, para que pueda prestar servicios como ayudante de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Parra Patiño, para que pueda prestar servicios como chofer, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México D.F., a 6 de diciembre de 1994. Diputado Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados Fructuoso López Cárdenas, Ricardo García Cervantes, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; diputados Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Leonel Godoy Rangel, Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Víctor Samuel Palma César, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, José Ramírez Gamero y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1993
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1993.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1993.
Honorable Asamblea: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en acatamiento de lo señalado en el artículo 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo Federal presentó, en tiempo y forma a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1993.
Dicho informe anual muestra los resultados financieros, programáticos, presupuestales y económicos de la administración pública federal, en los términos señalados por la Ley de Ingresos, el decreto del presupuesto de egresos de la Federación y la información relacionada, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación nacional, a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, recibió en el mes de junio de este año para su estudio, análisis, revisión y dictamen, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en los términos establecidos por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En el marco de sus atribuciones, la Comisión de Vigilancia turnó al órgano técnico de esta Cámara de Diputados, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1993, con el propósito de realizar una revisión ordenada y específica que permita profundizar en el conocimiento y evaluación de las características, términos y condiciones en que se desarrolló la gestión gubernamental, de acuerdo con los artículos 1o., 3o., 10, fracciones I, II, IV y XX de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
El proceso de análisis de la Cuenta Pública de 1993, se inició por la comisión dictaminadora de la LV Legislatura, que coordinó las actividades relacionadas con el estudio, discusión y evaluación de los resultados alcanzados en los sectores o ramos específicos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Colaboraron en el examen de la documentación correspondiente, las comisiones ordinarias de esta Cámara de Diputados. La participación de diputados de todas las fracciones parlamentarias que conformaron nueve grupos de trabajo, en esfuerzo plural, enriqueció el análisis del ejercicio presupuestal de la administración pública federal.
Con el propósito de ampliar la información y aclarar dudas relacionadas con la gestión financiera, el ajuste a los criterios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los principales programas, se realizaron nueve sesiones de trabajo con subsecretarios, oficiales mayores y directores generales de entidades del Gobierno Federal. En dichas reuniones, los servidores públicos dieron respuesta a los cuestionamientos de los diputados integrantes de las comisiones ordinarias. En todas estas reuniones, se contó con la participación de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta honorable Cámara de Diputados.
Con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LVI Legislatura, continuar con los trabajos de análisis y revisión de la cuenta pública.
A partir de la información y comentarios de los diputados que integran la comisión dictaminadora y con fundamento en el marco jurídico aplicable, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LVI Legislatura, con base en un documento de trabajo elaborado por el secretariado técnico de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LV Legislatura y con la participación de la contaduría mayor de esta cámara, elaboró este dictamen con el propósito de sustentar el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1993.
A continuación se presenta a su consideración dicho
DICTAMEN
I. Observancia del ordenamiento jurídico
La Contaduría Mayor de Hacienda, de conformidad con las atribuciones señaladas en el artículo 3o., fracción I, inciso a, de su Ley Orgánica, ejerció funciones de contraloría con objeto de comprobar si las dependencias y entidades del sector público efectuaron sus operaciones con apego a los ordenamientos jurídicos aplicables.
Del estudio y análisis de la documentación e información de la Cuenta Pública, se verificó que las dependencias y entidades de la administración pública federal actuaron con apego a los siguientes preceptos: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento; Ley General de Deuda Pública; Ley de Ingresos y Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, aplicables al ejercicio de 1993; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento; Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento; Ley de Planeación; Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; Ley de Obras Públicas y su Reglamento; Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley General de Bienes Nacionales; Normas y Procedimientos Generales para la Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles de las dependencias de la administración pública federal y el acuerdo por el que se establecen las bases y lineamientos conforme a los cuales las dependencias y entidades de la administración pública federal formularán y presentarán sus programas anuales de requerimientos inmobiliarios, así como los relativos a obras en inmuebles destinados o utilizados para oficinas públicas.
Del informe previo de la contaduría mayor se concluye que, en términos generales, las dependencias y entidades del Gobierno Federal ajustaron su actuación a los ordenamientos legales aplicables.
II. Cumplimiento de los principios básicos de contabilidad gubernamental
Con objeto de constatar el grado en que las dependencias y entidades del sector público se apegaron a los principios básicos de contabilidad gubernamental en el registro de las operaciones financieras y presupuestables y en la elaboración de la información financiera correspondiente a 1993, la Contaduría Mayor de Hacienda llevó a cabo una evaluación de las prácticas contables que aplicaron tanto las dependencias del sector central, como las entidades paraestatales.
Del análisis y evaluación efectuados se concluye que, en términos generales, en la formulación de la información financiera que se presenta en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se aplicaron los principios básicos de contabilidad gubernamental. Sin embargo, se detectaron algunas deficiencias de orden general, cuya corrección, con fundamento en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, contribuirá a mejorar la información que el Ejecutivo Federal presenta en Cuenta Pública. En este sentido, se observó que algunas dependencias no efectúan recuentos físicos de bienes inventariables y de artículos en almacenes y no registran los pasivos contingentes y las responsabilidades fincadas.
En otros casos, se detectaron clasificaciones inadecuadas del gasto, que no se ajustaron al clasificador por objeto del gasto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo que respecta a la información del sector paraestatal, se observó que en seis casos los auditores externos expresaron que las entidades aplicaron la Norma de Información Financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación (NIF-06-bis) y la Norma de Información Financiera sobre el reconocimiento de las obligaciones laborales de las entidades del sector paraestatal al retiro de sus trabajadores (NIF-07), salvedades que no desvirtúan su información financiera.
En términos generales, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1993, se presentó de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental y en los casos donde se detectaron deficiencias, la Contaduría Mayor de Hacienda, en cumplimiento de sus facultades, procederá a efectuar las revisiones específicas que sean necesarias.
III. Análisis de los resultados económicos
III. 1. Actividad económica
Del análisis de la información presentada por el Ejecutivo Federal que se desprende, durante 1993 los resultados de la política económica permitieron avanzar en la recuperación de la estabilidad macroeconómica; no obstante, las metas de crecimiento planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo e incluso las del documento de Criterios Generales de Política Económica, no fueron alcanzadas.
Al igual que los años anteriores, el ajuste fiscal y la concertación social desempeñaron un papel fundamental en la estabilización económica. Aunado a ello, el manejo de las políticas monetaria y cambiaria fueron determinantes en el proceso de desaceleración de la inflación, al mantener liquidez y certidumbre en las operaciones cambiarias.
La actividad económica aumentó a un ritmo muy bajo en relación al de la población, al registrar una tasa de crecimiento anual de sólo 0.4% real. Este resultado se explica principalmente por la debilidad del entorno internacional en los primeros meses del año y por la incertidumbre que precedió a la firma del Tratado de Libre Comercio.
El menor dinamismo de la economía lo explica, por el lado de la demanda agregada, el debilitamiento de la inversión y el consumo. La formación bruta de capital fijo disminuyó 1.4% real; el dinamismo de la inversión privada, que participa con 80.2% del total, resintió los efectos no sólo del retraso en la ratificación del TLC, sino también del crédito otorgado por la banca mexicana a la compra de activos públicos.
El consumo agregado aumentó 0.4% motivado por el aumento de 3.0% en el correspondiente al sector público, en tanto que el privado no creció frente al nivel de 1992, debido entre otros factores, al deterioro en los niveles de empleo y el sobreendeudamiento de empresas y personas físicas. El componente de la demanda que registró el mayor crecimiento fue el de las exportaciones, con una tasa anual de 3.5% en términos reales.
El comportamiento productivo por sector económico indica que el primario presentó un incremento anual de 1.8%, como resultado de los aumentos en la agricultura, ganadería y pesca, que contrastaron con la disminución observada en la silvicultura. El sector agrícola creció 3.1%, apoyado por las mayores cosechas de maíz, frijol, cártamo, café y naranja, entre otros. Por su parte, la actividad ganadera creció 0.8%; en tanto que la pesca lo hizo en 5.3%.
La producción industrial se contrajo 0.2%; no obstante, las ramas de electricidad, gas, agua, construcción y minería, registraron crecimientos de 3.9, 3.1 y 1.1%, respectivamente. En tanto, las manufacturas mostraron una disminución de 1.5%, comportamiento no generalizado a su interior. Así, cuatro de las nueve divisiones del sector manufacturero evolucionaron favorablemente como consecuencia del incremento de sus ventas externas, lo cual apoyó incluso el aumento de la ocupación en algunas debidas empresas. Las industrias que registraron crecimiento fueron: metálica básica; alimentos, bebidas y tabaco; productos minerales no metálicos y otras industrias manufactureras.
El sector servicios aumentó 0.9%, prevaleciendo en su composición desempeños dispares. Las ramas que mostraron crecimiento fueron: servicios financieros, seguros e inmuebles, 4.9%; transporte, almacenamiento y comunicaciones, 2.4% y, servicios comunales, sociales y personales, 1.1%. Las actividades relacionadas con el comercio, restaurantes y hoteles disminuyeron 1.2%.
Los niveles de ocupación resultaron afectados de manera adversa por la desaceleración de la actividad económica y los efectos que sobre la planta laboral han tenido algunas medidas asociadas al proceso de cambio estructural. El número de asegurados permanentes en el IMSS, registró una reducción de 0.5%, en tanto que la tasa de desempleo abierto se ubicó en un nivel promedio de 3.4%, frente a 2.8% de 1992. No obstante, algunos sectores aumentaron su planta laboral, como la industria maquiladora, cuyo personal ocupado creció a una tasa de 7.1%.
Es de resaltar que el índice nacional de precios al consumidor alcanzó su menor nivel desde 1972, registrando un crecimiento acumulado de 8.0%. Por su parte, el índice nacional de precios al productor, sin incluir el petróleo crudo de exportación, aumentó 5.9% en el mismo periodo, siendo la variación anual más baja desde que se inició su cálculo en 1980. Otro aspecto positivo es que estos resultados se acompañaron de pleno abasto de bienes de consumo generalizado, nula presencia de precios controlados y la eliminación de rezagos acumulados en los precios de algunos bienes y servicios públicos. El índice promedio de abasto de los artículos de la canasta básica fue de 98.7%, el más alto desde 1988.
III.2. Sector financiero.
En 1993, al igual que en los cuatro años anteriores, el ahorro interno continuó aumentando. Ello se ha apoyado en la transformación del sector financiero, tasas de interés flexibles a los cambios en el mercado, el saneamiento de las finanzas públicas y la mayor confianza de los inversionistas. El flujo de capital proveniente del exterior fue un complemento muy importante del ahorro interno.
El saldo del ahorro financiero registró en diciembre un incremento anual de 19.0% real, superior al 5.0% previsto en los criterios generales de política económica. Con relación al PIB este agregado se ubicó en 43.7%, frente a 37.3% de 1992. Las menores necesidades de fondos prestables por parte del sector público, apoyaron el aumento de los recursos crediticios canalizados al sector privado no bancario.
Por su parte, la evolución de las tasas de interés reflejó los menores índices inflacionarios. La tasa promedio de los Cetes a 28 días registró un rendimiento de 15.0%, que se compara con 15.7% de 1992 y con el nivel cercano a 70.0% de 1988. El costo porcentual promedio de captación en moneda nacional se ubicó en 18.6%, inferior en 0.2 puntos al observado el año anterior y en 49.0 puntos al de 1988. Asimismo, la tasa de interés interbancaria, cuyo cálculo se inició en enero de 1993, a fin de constituirse como indicador líder del costo de dinero en el mercado bancario, se redujo 8.8 puntos porcentuales entre los meses de enero y diciembre.
III.3. Sector externo
En 1993, se enfatizó la desgravación arancelaria de insumos y maquinaria; se modificaron los aranceles en sectores que se encontraban protegidos; se homologaron aranceles con los Estados Unidos de América y Canadá; se reformaron algunos mecanismos aduaneros y se avanzó en la coordinación de las políticas de comercio exterior con las de desregulación y productividad.
Cabe destacar que la modernización de la planta productiva ha requerido de un flujo creciente de capitales externos en forma de inversión directa o financiera, en complemento del ahorro interno, misma que constituye la principal causa de la presencia de un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
En el ejercicio que se analiza, los recursos disponibles para la inversión se incrementaron como resultado de la mayor entrada de capitales externos. La transferencia neta de recursos fue favorable para México por un monto equivalente a 4.2% del producto. El superávit de la cuenta de capital ascendió a 30 mil 882 millones de dólares, el cual permitió cubrir el déficit de la cuenta corriente y, además generar reservas por 6 mil 083 millones de dólares.
La diferencia entre la inversión total y el ahorro interno, que se expresa en el déficit de la cuenta corriente, ascendió a 23 mil 393 millones de dólares, monto inferior en 5.7% al observado en 1992, por la disminución en el déficit de la balanza comercial, el cual fue de 13 mil 480 millones de dólares, menor en 15.4% al registrado en 1992, debido a que el crecimiento de las exportaciones superó al de las importaciones.
Las exportaciones ascendieron a 51 mil 886 millones de dólares con un crecimiento anual de 12.3%; esta evolución se apoyó en el dinamismo de las no petroleras, mismas que crecieron a una tasa de 17.4% y representaron 85.7% del total. En contraste, las petroleras disminuyeron 10.7%, como consecuencia de la baja en el precio del petróleo, cuyo valor de 13.2 dólares por barril fue inferior al observado en 1992 y al estimado en los Criterios Generales de Política Económica. En las no petroleras destacó la evolución de los productos agropecuarios, que aumentaron 18.6% y las manufacturas con 17.7%.
Las importaciones totales sumaron 65 mil 366 millones de dólares, con un incremento anual de 5.2%, inferior al 24.3% de 1992. Las adquisiciones de bienes de capital disminuyeron 4.3%, en tanto que las de uso intermedio crecieron 8.5% y las de consumo 1.3%. Con relación a los insumos intermedios destinados al sector no maquilador su comportamiento es desigual; mientras las compras para fabricar bienes destinados al consumo interno disminuyeron 1.2%, las orientadas a la producción para la exportación aumentaron 19.1%.
III.4. Modernización económica
El esfuerzo macroeconómico realizado durante el año, continuó acompañándose de cambios institucionales. Al respecto, se continuó el proceso de desincorporación de empresas públicas no estratégicas ni prioritarias; la apertura comercial; las reformas al marco regulatorio y al sistema educativo.
Así, las entidades públicas vigentes a finales de 1993 ascendieron a 210, cifra que contrasta con las 618 que existían en 1988.
En apoyo a la apertura comercial, durante 1993 destaca la ratificación del tratado norteamericano de libre comercio con Canadá y Estados Unidos de América; la puesta en marcha de un tratado de libre comercio con Chile y la negociación de acuerdos similares con Venezuela, Colombia y los países centroamericanos; asimismo, se emitió la Ley de Comercio Exterior y la Nueva Ley de Inversión Extranjera.
En materia de desregulación económica sobresale la promulgación de la Ley Federal de Competencia Económica, a finales de 1992 y el inicio de operaciones de la comisión correspondiente. Asimismo, se expidió el Reglamento de la Nueva Ley Minera, la modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles y la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Destaca, dentro de este marco de cambios institucionales, la aprobación de un nuevo ordenamiento que le confiere autonomía al Banco de México.
Para apoyar la modernización del sistema educativo nacional, se aprobaron las reformas a los artículos 3o. y 31 de la Constitución y se promulgó la Ley General de Educación. De esta forma, se precisan las obligaciones del Estado y las atribuciones de los distintos niveles de gobierno; se establece la obligatoriedad de la instrucción secundaria y se abren espacios para la participación social, a través de los consejos escolares, municipales y estatales.
En el marco del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, durante el año continuaron los trabajos tendientes a promover la reforma microeconómica, mediante la ejecución de programas específicos de productividad.
IV. Evaluación de los resultados presupuestarios del sector público
IV.1. El resultado de las finanzas públicas
Las metas de finanzas públicas previstas en el documento de Criterios Generales de Política Económica, se cumplieron de manera satisfactoria y en algunos casos fueron superadas durante el ejercicio. Por segundo año consecutivo, el sector público obtuvo un superávit presupuestario del orden de 1.6% del PIB.
Estos resultados derivan de:
1. El favorable desempeño de la recaudación tributaria del Gobierno Federal y de los recursos generados por el sector paraestatal no petrolero. La carga impositiva se ubicó en 13.6% del producto, superior en 0.6 puntos porcentuales a la de 1992 y en 1.6 puntos respecto a la estimación original. Este comportamiento es significativo si se considera que en el año no se efectuaron modificaciones fiscales, persistieron las desgravaciones a personas físicas y empresas y se observó una menor expansión de la economía. Por su parte, el sector paraestatal no petrolero percibió ingresos equivalentes a 6.1% del PIB, que se compara con 5.9% de 1992 y 5.7% de la previsión del año.
2. Un menor gasto neto devengado, cuyo nivel respecto al PIB se ubicó en 24.9%, el más bajo de los últimos 20 años y similar al estimado. La reducción del costo financiero de la deuda y el cambio estructural del gasto continuaron siendo los elementos determinantes en la disminución del gasto neto, al tiempo que permitieron incrementar los recursos destinados a atender las necesidades básicas de la población.
IV.2. Los resultados de la política de ingresos
En 1993, la Ley de Ingresos aprobada por esta soberanía preveía un moderado nivel de ingresos ordinarios del sector público acorde con la disposición de mantener inalterable la legislación fiscal, por primera vez en 22 años, sin que ello implicara desatender las metas de finanzas, públicas. Al respecto, se propuso como meta una participación en el producto ligeramente inferior al cierre esperado para 1992 y se estimó un ligero incremento real en los ingresos tributarios y en los derivados de los organismos y empresas. En cuanto a los ingresos petroleros, el programa se formuló considerando supuestos realistas sobre el precio del petróleo, lo que afectaría los ingresos reales de Pemex.
Conviene señalar que como resultado de los cambios efectuados a la estructura orgánica de Pemex en julio de 1992, se modificó también el esquema fiscal que se venía aplicando al organismo. Para ello se estableció un periodo de transición en su régimen fiscal, mismo que consistió, por un lado, en crear una serie de gravámenes que se adaptaran a la nueva estructura orgánica de Pemex y, por otro, dar vigencia al esquema fiscal aplicado en 1992. Esta operación simultánea de los dos esquemas de tributación no derivó en una mayor carga fiscal para el organismo, ni en una disminución en la recaudación del Gobierno Federal, al radicar dicho esquema en el pago de impuestos con el régimen de transición y acreditarlos contra el monto del esquema tradicional.
Durante 1993, los ingresos ordinarios del sector público alcanzaron 299 mil 327.8 millones de nuevos pesos, cifra que representó un descenso de 9.3% real con respecto a 1992. No obstante, respecto a la estimación original fue superior en 5.3%. Con relación al tamaño de la economía se ubicó en 26.7%, inferior en 2.8 puntos porcentuales a la de un año antes y mayor en 1.3 puntos a la meta. En este resultado conviene señalar dos factores: el proceso de redimensionamiento del sector paraestatal, que ya arroja menores ingresos extraordinarios y una disminución en el precio del crudo de exportación, el cual pasó de 14.8 a 13.2 dólares por barril entre 1992 y 1993. La diferencia respecto a la meta se asoció con el crecimiento de los ingresos tributarios y los provenientes de los organismos y empresas distintos de Pemex.
Sin tomar en consideración los ingresos no recurrentes y los provenientes de la liquidación del Ficorca en 1992, el comportamiento de los recursos públicos resultó positivo. Su crecimiento anual fue de 3.3% real y superó lo esperado en 5.3%, lo que permite constatar que el programa de finanzas públicas no se ha sustentado en los ingresos que se perciben por una sola vez, sino que ha sido resultado de la reforma fiscal, del aumento en el número de contribuyentes.
Del total de los ingresos públicos, el Gobierno Federal participó con 68.0% y las entidades paraestatales de control presupuestal directo con el restante 32.0%.
Los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron 203 mil 417.2 millones de nuevos pesos, monto inferior en 13.7% real al registrado en 1992, pero superior en 7.5% al estimado en la Ley de Ingresos; resultado que se combinó con el dinamismo de los ingresos tributarios y la caída de los no tributarios.
Los ingresos tributarios generaron recursos por 152 mil 808.4 millones de nuevos pesos, cifra que representó un crecimiento anual de 5.5% real y de 13.7% en relación a su meta, lo cual es significativo si se toma en cuenta que en el año no se efectuaron modificaciones fiscales y se continuó con la desgravación a personas físicas y empresas. Por su importancia destaca el comportamiento de los impuestos sobre la renta y al activo, al valor agregado, especial sobre producción y servicios y a la importación.
Los impuestos sobre la renta y al activo ascendieron a 70 mil 890.2 millones de nuevos pesos, monto que superó en 9.0% real el nivel observado el año anterior y en 20.0% a la estimación original. Este comportamiento obedeció al aumento en el número de contribuyentes, los efectos de las medidas de fiscalización y a los cambios incorporados a la administración tributaria, así como a la consolidación de las modificaciones fiscales introducidas en 1992. El monto captado significó 6.3% del PIB, el más alto alcanzado a lo largo de su historia.
Con el impuesto al valor agregado se obtuvieron 38 mil 832.3 millones de nuevos pesos, lo que representó un incremento anual de 8.2% real y de 16.2% comparado con lo programado. Su participación en el PIB se situó en 3.5%.
El impuesto especial sobre producción y servicios sumó 19 mil 414.3 millones de nuevos pesos, lo que significó un decremento real 2.7% respecto a 1992. Este resultado se explica fundamentalmente por la evolución del precio de las gasolinas, cuyo promedio ponderado descendió 2.2% real, en tanto que los volúmenes de ventas de estos petrolíferos mantuvieron los niveles de un año antes.
El impuesto a la importación generó una recaudación de 12 mil 683.5 millones de nuevos pesos, menor en 10.3% real a lo obtenido un año antes. Lo anterior se atribuye, al menos, a dos factores: la desaceleración de la importación de mercancías y a la incorporación en 1992 de los ingresos provenientes del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera.
Los ingresos no tributarios alcanzaron 50 mil 608.8 millones de nuevos pesos, cantidad que comparada con la del año anterior disminuyó en 44.4% real y en 7.9% en relación a la estimada en la Ley de Ingresos.
Los derechos generaron 39 mil 413.3 millones de nuevos pesos, monto inferior en 7.1% real al registrado el año anterior y en 10.3% respecto al esperado; esta disminución se atribuye a una baja en los precios de exportación del petróleo crudo, petrolíferos y petroquímicos, así como a la menor plataforma de exportación.
Los aprovechamientos por su parte aportaron 10 mil 58.7 millones de nuevos pesos, 77.3% por abajo de lo captado en 1992 a precios constantes, debido a que un año antes se registraron ingresos adicionales por la venta de Telmex, bancos y la liquidación del Ficorca.
En materia de coordinación fiscal, el esquema actual considera en su fórmula de distribución de los recursos participables elementos como la población, actividad económica y los esfuerzos que en materia de impuestos locales desarrolló cada entidad.
En 1993 las entidades federativas recibieron participaciones por 36 mil 505.9 millones de nuevos pesos, con un incremento real de 4.6% y una participación en el PIB de 3.3%. Lo anterior refleja la favorable evolución de la recaudación federal participable.
Los ingresos propios de los organismos y empresas sujetos a control presupuestal directo ascendieron a 99 mil 767.8 millones de nuevos pesos, cifra superior en 1.9% real a lo obtenido en 1992 y en 1.2% a la estimación de la Ley de Ingresos; las entidades no petroleras obtuvieron ingresos por 71 mil 837.6 millones de nuevos pesos, registrando un crecimiento real de 2.8% respecto al año anterior, debido a los aumentos en los precios y tarifas públicos y a los efectos del ajuste estructural en el sector paraestatal.
Los ingresos de Pemex alcanzaron 27 mil 930.2 millones de nuevos pesos, monto que representó 28.0% del total captado por las entidades paraestatales controladas directamente y que resultó inferior en 0.5% real al del año anterior. Entre los factores que influyeron en este comportamiento destacan los menores precios de exportación de petrolíferos y la menor plataforma de exportación.
Conasupo, ISSSTE, Caminos y Puentes, ASA, CFE y Ferronales tuvieron ingresos mayores a los presupuestados. En tanto que en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, IMSS y PIPSA, se registraron montos inferiores a los originales, atribuibles a la menor demanda de energía eléctrica en la zona central del país, al aplazamiento del aumento en las primas de seguro del IMSS, el cual sólo se aplicó a los ramos de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad; así como a un menor volumen de ventas de papel diario, educación y a una reducción en la cobranza a clientes de PIPSA.
IV.3. Los resultados de la política de gasto
Durante 1993, la política de gasto público aprobada por esta Cámara de Diputados, se orientó hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Contribuir al logro de las metas de finanzas públicas;
b) Avanzar en la recomposición del gasto público, asignando prioridad al desarrollo social y a la infraestructura del país y
c) Ejercer las erogaciones públicas con selectividad, eficiencia y la más estricta disciplina presupuestal.
Es así que el monto global de las erogaciones se ajustó a la disponibilidad de recursos permanentes. Al respecto, desde el presupuesto autorizado por esta soberanía, se determinó que el nivel del gasto neto debería continuar disminuyendo como resultado del menor costo financiero de la deuda, lo que propiciaría un aumento en términos reales del gasto programable destinado a las acciones con impacto directo en el bienestar.
El gasto neto devengado del sector público presupuestario, gasto total menos amortización de la deuda, ascendió a 279 mil 943.2 millones de nuevos pesos, cantidad prácticamente igual a la registrada en 1992, en términos reales y en relación al producto interno bruto.
Comparado con el presupuesto de salida, el gasto neto fue mayor en 3.2%, lo que equivale a un gasto adicional de 8 mil 749.0 millones de nuevos pesos, recursos que permitieron cubrir gastos no previstos y dar mayor impulso a actividades y proyectos prioritarios. Dichas ampliaciones, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación, fueron autorizadas por el Ejecutivo Federal, con base en los ingresos adicionales a los proyectados en la Ley de Ingresos, obtenidos durante el ejercicio, mismos que ascendieron a 15 mil 26.7 millones de nuevos pesos. Por lo anterior, las ampliaciones autorizadas no afectaron el cumplimiento de las metas presupuestales.
La estructura del presupuesto se modificó a favor de las erogaciones programables, mismas que aumentaron su participación dentro del gasto neto en 3.9 puntos porcentuales respecto al año precedente, al concentrar 73.9% del total, lo que permitió destinar mayores recursos al gasto social y productivo. Lo anterior fue posible con los recursos liberados por la reducción del pago de intereses de la deuda, cuyo monto se redujo con relación al ejercicio anterior en 25.3% en términos reales, con lo cual su proporción respecto al PIB disminuyó en 1.1 puntos porcentuales.
El gasto programable ascendió a 206 mil 987.2 millones de nuevos pesos, monto superior en 2.3% al presupuesto original y en 5.8% en términos reales al de 1992. Con ello dicho agregado mantuvo su trayectoria creciente iniciada desde 1990. En relación al tamaño de la economía representó 18.4%, 0.9 puntos porcentuales más que en 1992.
La importancia conferida a la satisfacción de las necesidades sociales básicas se refleja en la proporción de recursos destinados al gasto social, que incluye educación, salud, desarrollo urbano, agua potable, ecología, programa social de abasto y solidaridad, sectores que absorbieron 52.7% del gasto programable sectorial, el nivel más alto desde que se tienen registros.
El gasto corriente fue de 163 mil 471.6 millones de nuevos pesos, monto similar a la estimación original y superior en 8.5% real al del año previo. La evolución de este rubro de gasto obedece al propósito expreso de asignar mayores recursos para mejorar la calidad de los servicios básicos y elevar las remuneraciones de los servidores públicos.
La inversión pública presupuestal, inversión física directa más aportaciones de capital a las entidades de control presupuestal indirecto, ascendió a 39 mil 721.0 millones de nuevos pesos, monto inferior en 1.7% real respecto a un año antes y comparado con la meta resultó mayor en 5.5%. La primera variación la explica básicamente el sector paraestatal, dados los avances del proceso de desincorporación.
Durante 1993, el gasto programable del Gobierno Federal registró un incremento anual de 13.1% real y fue menor en 0.8% a lo inicialmente programado; su magnitud respecto al PIB alcanzó 10.7%, proporción mayor en 1.2 puntos porcentuales a la de 1992 y similar a lo presupuestado.
De las 27 dependencias y ramos considerados en el presupuesto del Gobierno Federal, 23 ejercieron mayores recursos en relación a su asignación original; dichas ampliaciones presupuestales se autorizaron con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Presupuesto,Contabilidad y Gasto Público Federal, así como en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación y fueron cubiertas totalmente por previsiones consideradas inicialmente en el ramo 23: Erogaciones no Sectorizables.
Cabe señalar que la mecánica operativa histórica del ramo 23, ha consistido en la inclusión de recursos que no son asignados de origen a las dependencias ejecutoras, debido a que al momento de la presupuestación no es factible determinar con exactitud la totalidad de sus necesidades, mismas que se van conociendo en el transcurso del ejercicio, como es el caso de los incrementos salariales o bien proyectos de inversión, aprobados durante el año, para apoyar diferentes sectores y regiones.
Conforme a esta práctica presupuestal, para 1993, se previeron en este ramo 25 mil 813.5 millones de nuevos pesos, de los cuales se ejercieron en forma directa 5 mil 657.6 millones y se transfirieron 20 mil 155.9 millones de nuevos pesos a otras dependencias y entidades.
Los organismos y empresas sujetos a control presupuestal directo ejercieron un gasto programable de 102 mil 186.5 millones de nuevos pesos, nivel semejante en términos reales al del ejercicio precedente y mayor en 7.8% a la meta. El aumento respecto al presupuesto original lo explican básicamente ocho entidades, a las cuales se autorizaron ampliaciones con base en los mayores ingresos obtenidos por las mismas durante el ejercicio.
IV.4. Los resultados de la política de deuda
En la evolución del saldo de la deuda externa del sector público, obligaciones de las instituciones de fomento, Gobierno Federal y sector paraestatal de control presupuestal directo e indirecto, se conjugaron, al menos, tres factores: la cancelación de deuda por 941.2 millones de dólares, principalmente mediante las operaciones de swaps especiales y las emisiones de europapel; los menores requerimientos financieros del sector público, expresados en un endeudamiento neto equivalente a 76.1% de los 3 mil 500 millones autorizados y los efectos de la revaluación del tipo de cambio del dólar norteamericano respecto a otras monedas y de la conciliación de cifras con diferentes entidades públicas, lo que implicó incrementar el saldo en 328.7 millones de dólares.
Como resultado de lo anterior, al 31 de diciembre de 1993, el saldo de la deuda externa bruta ascendió a 78 mil 747.4 millones de dólares. En relación al tamaño de la economía, dicho monto representó 21.4%, que se compara con 46.8% de 1988. Por su parte, el saldo neto, deuda bruta menos activos financieros en el exterior, fue de 69 mil 362.1 millones de dólares.
En materia de deuda interna, en el ejercicio que se analiza se prosiguió con la disminución del saldo histórico, así como con el mejoramiento de su perfil, tanto en plazos como en tasas. Asimismo, se enfatizó el uso de los valores gubernamentales como instrumento de regulación monetaria.
De esta manera, se obtuvo una disminución del pasivo interno en valores gubernamentales por 2 mil 524.8 millones de nuevos pesos, producto del prepago de los Bondes especiales a 10 años que la banca comercial mantenía en sus inversiones obligatorias y de la importante descolocación de títulos públicos. Ello fue posible en gran medida, como resultado de la aplicación de los recursos depositados en el fondo de contingencia.
Al 31 de diciembre de 1993, el saldo neto de la deuda interna del Gobierno Federal, deuda interna bruta menos los saldos de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y el Fondo de Contingencia, se ubicó en 122 mil 445.3 millones de nuevos pesos. En relación al tamaño de la economía pasó de representar 27.0%, en 1989 a 10.9%, en 1993. Por su parte, la deuda del sector paraestatal con respecto a la misma variable se redujo de 2.4% a 0.8% en igual periodo.
Por otro lado, del análisis de la deuda del sector público presupuestario, Gobierno Federal y organismos y empresas de control presupuestal directo, se desprende que al concluir el año, su saldo ascendió a 353 mil 982.4 millones de nuevos pesos, cifra que en términos reales representó una disminución anual de 8.5%. Su participación relativa en el PIB, se redujo al pasar de 34.6% en 1992 a 31.5% en 1993. El componente externo representó 59.5% del total, cantidad que significó una disminución anual a precios constantes de 8.3%; en tanto que el interno aportó 40.5%, cifra que en términos reales registró una reducción de 8.7%.
Por tercer año consecutivo el sector público presupuestario, obtuvo un desendeudamiento neto equivalente a 0.9% del PIB, producto principalmente del ajuste en las finanzas del sector público. De dicha proporción, el componente externo da cuenta del 0.5% y el interno del restante 0.4%. A nivel institucional, el Gobierno Federal explica casi la totalidad del desendeudamiento observado.
Uno de los resultados más importantes del ajuste fiscal y la amortización anticipada de la deuda interna y externa ha sido la reducción del costo financiero. En 1993 este agregado como proporción de producto representó 3.5%, su nivel más bajo en los últimos 13 años. El Gobierno Federal pagó intereses equivalentes a 3.1% del PIB, proporción inferior en 1.0 puntos porcentual al nivel alcanzado en el ejercicio anterior. Por su parte, los organismos y empresas de control presupuestal directo registraron el restante 0.4% respecto a igual variable, nivel similar al de 1992; sin embargo en términos reales dicho monto registró un descenso de 6.1%.
IV.5. Evaluación de las políticas de ingresos, gasto y deuda
De lo anteriormente expuesto se concluye que:
1) Durante el ejercicio fiscal de 1993, el Ejecutivo Federal cumplió satisfactoriamente con las metas que en materia de finanzas públicas se establecieron en los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año.
El sector público presupuestario obtuvo un superávit equivalente a 1.6% del PIB, igual al estimado originalmente. Excluyendo los ingresos no recurrentes, dicha proporción se ubica en 1.5% superior en 0.6 puntos porcentuales a lo obtenido en 1992.
El superávit primario del sector público presupuestario, balance presupuestario menos intereses de la deuda, representó 4.7% del PIB, igual al estimado originalmente en los Criterios Generales de Política Económica e inferior en 1.2 puntos porcentuales al nivel observado en 1992, sin considerar en este último año los ingresos provenientes de la venta de Telmex y bancos. Dicho resultado fue consecuente con el menor costo del servicio de la deuda y el equilibrio de las finanzas públicas.
2) Los ingresos ordinarios del sector público presupuestario alcanzaron 26.7% del PIB, proporción mayor en 0.2 puntos porcentuales a la de un año antes y mayor en 1.2 puntos a la proyectada. La diferencia respecto a la meta fue resultado de un mayor crecimiento de los ingresos tributarios y de los generados por los organismo y empresas distintos de Pemex.
La carga impositiva se ubicó en 13.6% del PIB, superior en 0.6 puntos porcentuales a la de 1992, y en 1.6 puntos respecto a la estimación original. Lo anterior resulta significativo si se considera que en 1993 no se efectuaron modificaciones fiscales, se continuó estimulando la inversión con cargo a los ingresos públicos y persistieron las desgravaciones a personas físicas.
Los ingresos del sector paraestatal no petrolero representaron 6.1% del PIB, proporción mayor en 0.2 puntos porcentuales a la del ejercicio precedente y en 0.4 a la previsión del año. El proceso de cambio estructural del sector paraestatal y los ajustes concertados en materia de precios y tarifas, dan cuenta del comportamiento observado.
3) La evolución del gasto público fue acorde con los objetivos y lineamientos, estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1993 aprobado por la Cámara de Diputados.
El gasto neto devengado del sector público, gasto total menos amortización de la deuda, en términos del PIB representó 24.9%, el nivel más bajo de los últimos 20 años y similar al aprobado. La continua reducción del costo financiero de la deuda explica la disminución del gasto neto, al tiempo que permitió apoyar el cambio estructural del presupuesto al liberar recursos que fueron destinados a incrementar las erogaciones programables. Estas últimas aumentaron su participación en el gasto neto total de 70.0% en 1992 a 73.9% en 1993.
El gasto programable presentó un incremento anual de 5.8% real y fue mayor al presupuesto original en 2.3%, recursos que fueron financiados con los mayores ingresos presupuestales obtenidos. En relación al PIB, dicho agregado representó 18.4%, que se ubica entre los niveles más bajos de los últimos 21 años.
Sin embargo, el gasto social, incluyendo transferencias, continuó aumentando. Su participación en el total de las erogaciones programables se situó en 79.0% frente a 77.3% de 1992.
La información del gasto por sector económico indica que el de Desarrollo Social, que incluye educación, salud, desarrollo urbano, agua potable, ecología, programa social de abasto y solidaridad, absorbió el 52.7% del gasto programable sectorial, lo que representó su mejor resultado histórico.
La inversión pública presupuestaria, inversión física directa más aportaciones de capital a las entidades de control presupuestal indirecto, se redujo en 1.7% respecto al año anterior. Esta contracción se generó en el sector paraestatal como consecuencia de su redimensionamiento y la redefinición en el perfil de operación de las entidades que permanecen en el ámbito del Estado. Por su parte, la inversión del Gobierno Federal aumentó a una tasa anual de 3.8%. Sobresale la inversión realizada en el marco del Programa Nacional de Solidaridad, al presentar un crecimiento anual de 8.5% real.
4) En materia de deuda pública se cumplió con el objetivo de dar permanencia a la reducción del saldo y abatir la transferencia neta de recursos al exterior. La proporción del débito bruto en el PIB, se redujo de 34.6% a 31.5% entre 1992 y 1993; en tanto que, el saldo neto, deuda bruta menos activos financieros, se ubicó en 27.8% frente a 31.2% en 1992. El componente externo de la deuda representó 59.5% del total, correspondiendo el restante 40.5% al interno.
Como resultado del saneamiento en las finanzas públicas y la reducción del saldo histórico de la deuda interna y externa, el sector público presupuestario obtuvo por tercer año consecutivo un desendeudamiento neto, que en 1993 alcanzó 0.9% del PIB. El componente externo explica 51.1% de dicho resultado y el interno el restante 48.9%. A nivel institucional el Gobierno Federal da cuenta de 96.2% del desendeudamiento.
V. Evaluación sectorial del gasto
V.1. Sector desarrollo rural integral
La estrategia seguida para incrementar la producción y productividad agropecuaria y mejorar el nivel de bienestar de la población campesina se reforzó con la aplicación del Programa de Seis Medidas para la Reactivación Productiva, el inicio del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), la intensificación del Programa de Abatimiento del Rezago Agrario y la puesta en marcha del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).
El gasto ejercido en el sector ascendió a 10 mil 358.2 millones de nuevos pesos, cifra que en términos reales fue similar a la de 1992; no obstante, comparada con el presupuesto original fue inferior en 14.9%. El menor gasto se explica por la transferencia de recursos del ramo 23 a otras dependencias y a organismos que administrativamente no forman parte del sector, pero cuyo ámbito de acción conlleva importantes beneficios a los productores del campo, como es el caso de los apoyos otorgados a Conasupo, con los que la entidad pudo absorber las mayores cosechas de maíz y frijol, los asignados a proyectos productivos de solidaridad y los destinados a la creación de las reservas técnicas de FINA, que le permitirán con tinuar otorgando créditos preferenciales a los ingenios y productores de caña.
Por su parte, los presupuestos de las dependencias y entidades integrados en el sector fueron ampliados en la mayoría de los casos, para cubrir requerimientos no previstos originalmente, así como los incrementos salariales autorizados en el año. Sobresalen las ampliaciones autorizadas a Aserca, SRA, Banrural, Firco, Procuraduría Agraria y las destinadas a la constitución del Focir.
Los resultados observados en la realización de las metas sustantivas del sector y su impacto en la producción agropecuaria son en general satisfactorios, aun cuando en algunos casos no se alcanzaron los niveles programados originalmente.
En materia de fomento agrícola, la SARH rebasó en 4.4%, la meta correspondiente a detección de plagas y campañas fitosanitarias, derivado del mayor apoyo a las campañas prioritarias y emergentes. En tanto que la prestación de los servicios técnicos a través del Sistema Nacional de Extensionismo resultó inferior en 2.8%, debido a la reducción de áreas de temporal sembradas.
En fomento pecuario se superó en 15.8% la cobertura prevista en las acciones de sanidad animal, como resultado del apoyo otorgado por los gobiernos locales, uniones regionales ganaderas y los comités de fomento y protección pecuaria; la liberación de organismos benéficos para el combate de la abeja africana rebasó lo programado en 42.7%; en asistencia técnica se alcanzó sólo el 58.1% de la meta, debido principalmente a la intensificación del proceso de descentralización seguida de la prestación de estos servicios, función que ha sido transferida casi en su totalidad a los gobiernos locales y a las asociaciones de productores.
Respecto al fomento forestal, se superaron las metas de combate de plagas y enfermedades de los recursos silvícolas en 70.3%, la de reforestación en 165.9% y la de previsión y combate de incendios en 6.8%. En asistencia técnica se alcanzó sólo el 18.9% de lo programado como consecuencia de la cancelación del proyecto forestal Chihuahua-Durango, una vez evaluados sus efectos negativos en el medio ambiente y la correspondiente a protección y vigilancia de los bosques y selvas, se cubrió en 91.8% derivado de la sobreestimación de la meta y la falta de personal para su ejecución.
En cuanto al desarrollo de la infraestructura productiva, sólo se alcanzó 88.5% de lo programado en la incorporación de superficies de temporal a la producción agrícola, debido a la presencia de fenómenos meteorológicos en diversas regiones del país, que afectaron el desarrollo de estos trabajos.
Mediante la ejecución de los proyectos hidroagrícolas, tanto de irrigación mayor como menor, se superó en 12.1%, la meta relativa a la incorporación de áreas al riego. Las obras de rehabilitación alcanzaron a cubrir 52.4% de lo previsto, como resultado de la modificación de los programas de trabajo con la finalidad de incluir estructuras aforadoras de mayor exactitud y de fenómenos meteorológicos adversos que se presentaron en el año. Las correspondientes a conservación y mantenimiento cubrieron 94.0% de lo programado, derivado de la transferencia de algunos distritos de riego a los usuarios.
Las metas de la Secretaría de la Reforma Agraria y de los tribunales agrarios, se superaron las relacionadas con la ejecución de resoluciones presidenciales y de juicios agrarios en 578.0% y 3.8%, respectivamente, debido a que se intensificaron las acciones para abatir el rezago agrario y a que la mayoría de expedientes que envió la dependencia a los tribunales agrarios se encontraban en estado de resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 constitucional.
En términos generales, la evolución del sector agropecuario a nivel nacional fue favorable durante 1993. El PIB agrícola registró un incrementó de 3.1%, superior al promedio general de la economía. El volumen de producción de los 10 cultivos básicos disminuyó 4.7%; sin em bargo, la correspondiente a los cuatro granos básicos aumentó 6.7%, manteniéndose por tercer año consecutivo la autosuficiencia en maíz y frijol. La producción pecuaria mantuvo su trayectoria creciente al aumentar el volumen de carne por cuarto año consecutivo. En contraste, la actividad forestal continuó su tendencia negativa afectada por la mayor competencia externa y el incremento en la oferta de productos sintéticos.
V.2. Sector pesca
Durante 1993, se continuaron reforzando las funciones de coordinación, regulación, promoción y fomento a cargo de la Sepesca y sus órganos desconcentrados. En este sentido, se aplicaron diversas medidas para fortalecer los instrumentos de control y vigilancia; mejorar la administración de pesquerías; incorporar nuevas áreas a la actividad acuícola; vigorizar y diversificar los mercados interno y externo y promover la organización y capacitación de productores.
El gasto ejercido en el sector fue de 323.7 millones de nuevos pesos, cifra inferior en 11.3% real a la erogada en 1992 y prácticamente igual a la autorizada. La reducción observada respecto al año anterior obedeció a la eliminación de los subsidios a entidades en proceso de desincorporación, tales como, Ocean Garden Products Inc. y Exportadores Asociados, S.A. y a los menores apoyos requeridos por el Instituto Nacional de Pesca.
El gasto de la Sepesca representó el 97.3% del total ejercido en el sector, con un monto ligeramente inferior en términos reales al del año previo, pero superior en 33.0% respecto a su meta, debido principalmente al inicio del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Acuacultura y del Programa Nacional Intensivo de Capacitación sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar, mismos que no fueron contemplados en el proyecto inicial. De igual forma influyó la conclusión de obras dirigidas a la protección de la tortuga marina y el delfín; la realización de proyectos de pesca ribereña con recursos del Pronasol; la realización de un programa de dragado y escolleras con una visión de mediano plazo y los incrementos salariales autorizados en el año.
El análisis de resultados en las metas sustantivas del sector muestra un alcance superior a lo programado en las relativas a las actividades de promoción y fomento; en tanto que, en el desarrollo de la infraestructura principalmente acuícola, no se alcanzó la totalidad de las obras previstas.
La organización de pescadores en cooperativas, sociedades, uniones y asociaciones productivas, rebasó en 53.5% la meta, atribuible al aumento en el número de expedientes presentados para su análisis. La constitución, regularización y asesoramiento de comunidades fue superior en 106.8% a lo programado, derivado de la actualización de cuadros directivos, en la mayor parte de éstos y del mayor apoyo brindado a la integración de sociedades de solidaridad social.
El número de investigaciones dirigidas al desarrollo de las principales pesquerías en apoyo a la captura y acuacultura, superó en 40.0% lo previsto. Por su parte, las obras de conservación y mantenimiento de los centros de investigación pesquera, se realizaron conforme a lo programado.
Entre las metas que no se cumplieron conforme a lo planeado, se encuentra las de infraestructura acuícola, al construir y mantener sólo 91.7% de los centros programados. Debido a la prioridad otorgada a las obras en proceso y a que algunos proyectos no contaron oportunamente con los estudios de impacto ambiental.
La producción de semillas, poslarvas y alevines de diversas especies para la actividad acuícola alcanzó únicamente 68.4% de lo programado, lo cual obedeció principalmente al cierre de dos centros acuícolas, la falta de agua en otro de ellos y la insuficiencia de reproductores de buena calidad.
El volumen de la producción pesquera nacional disminuyó 3.7% respecto a 1992. La captura se redujo en 3.8% debido a la persistencia de fenómenos oceanográficos y climatológicos adversos, que afectaron la disponibilidad de nutrientes y la reproducción de algunas especies, particularmente la sardina y la anchoveta, las cuales contribuyen en forma significativa a la oferta total. La captura de estas dos especies ha mostrado una tendencia decreciente desde 1989, ante la imposibilidad de prever o contrarrestar los fenómenos actuales que han afectado su reproducción.
La producción acuícola disminuyó 2.6% influida por la tendencia decreciente del cultivo de ostión que ha sido afectado en los últimos años por un depredador. No obstante, la reorientación de la actividad pesquera hacia la producción de especies de mayor valor comercial hizo posible que el PIB del sector en términos reales se incrementara en 5.3%. Como resultado del menor volumen de materia prima recibida, la industrialización pesquera se redujo 2.8% en productos terminados.
La comercialización interna fue superior en 2.2% a la del año anterior como resultado de la concertación de acciones con los sectores social y privado para garantizar una oferta suficiente y que responda a las necesidades de la población.
La política de comercio exterior se orientó a la diversificación de mercados y a mejorar las condiciones de comercialización. Sobresale la participación del sector pesquero en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y las acciones desarrolladas para encontrar una solución al embargo atunero, de las cuales derivó la propuesta presentada por México en abril de 1994, estableciendo entre las siguientes condiciones: El Programa de Protección del Delfín debe ser acordado en forma multilateral y científicamente fundamentado. México no modificará la técnica basada en el lance sobre delfines, porque atentaría contra otras especies y no se considera como punto de negociación la entrada de la flota atunera estadunidense en la zona exclusiva del litoral mexicano.
La balanza comercial registró un superávit de 325.1 millones de dólares, cifra superior en 5.9% a la observada en 1992. Esto se explica por el aumento de las exportaciones a una tasa anual de 12.6%, atribuible principalmente al incremento de las ventas de camarón, atún y similares y abulón.
V.3 Sector industrial y energético
En 1993, se continuó impulsando la modernización del sector energético mediante reformas a su marco legal, organizacional, operativo y financiero y promoviendo una mayor participación de la inversión privada en su expansión. Sobresale la consolidación de la nueva estructura orgánica de Pemex y las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Los cambios efectuados no ponen en riesgo el derecho inalienable de la nación de explotar sus recursos energéticos y contribuyen a incrementar la eficiencia y competitividad productiva de la planta nacional, con especial cuidado en la protección del medio ambiente.
En cuanto al sector industrial paraestatal, se prosiguió con el proceso de desincorporación de empresas públicas, a fin de reducir la intervención directa del Estado en actividades no estratégicas ni prioritarias y concentrar sus acciones en su función reguladora y de fomento, circunscribiendo prácticamente su actuación a la rama de la minería, en donde aún participa directamente en la producción y comercialización de sal.
Los recursos ejercidos en el sector energético fueron del orden de 45 mil 631.1 millones de nuevos pesos, monto inferir en 5.9% real respecto a 1992; sin embargo, en relación al presupuesto original fue superior en 3.8%. La reducción anual obedeció principalmente a los menores gastos realizados por Petróleos Mexicanos, como resultado de la mayor eficiencia lograda en la explotación del petróleo crudo y gas natural, la aplicación de tecnologías de punta en la exploración y desarrollo de campos petroleros y la rigurosa jerarquización de los proyectos de inversión en plantas de refinación y petroquímicas. Así con menores recursos, se garantiza el abasto futuro de estos energéticos. El aumento del presupuesto respecto a la autorización original se explica básicamente por el mayor gasto de inversión en la CFE, mismo que resultó superior en 25.6% a la previsión inicial, aumento que fue cubierto con una mayor captación de ingresos de la entidad y permitió superar la meta de ampliación de la capacidad instalada.
El sector industrial paraestatal erogó recursos por 1mil 926.3 millones de nuevos pesos, monto inferior en 47.8% real al compararse con el año previo, lo cual fue resultado fundamentalmente del redimensionamiento del sector, al desincorporarse en el ejercicio Fertimex, Azúcar, S.A., Comofi y Fidazúcar. No obstante, superó su presupuesto original en 104.6%, como consecuencia de las transferencias otorgadas a FINA, para la constitución de sus reservas técnicas preventivas requeridas por la ley y al mayor gasto ejercido por la Semip. La Secretaría ejerció recursos adicionales en 109.7% respecto al monto previsto, debido al incremento en el costo de los servicios de mantenimiento de inmuebles, arrendamientos, asesorías, estudios e investigaciones, así como a las mayores erogaciones asociadas a los aumentos sa- lariales y la adquisición de mobiliario y equipo no considerado originalmente.
El análisis realizado respecto al cumplimiento de las metas sustantivas en el sector arrojó los siguientes resultados.
1) La extracción promedio de crudo ascendió a 2 673.4 miles de barriles diarios, volumen similar al del año anterior y a la meta programada. La plataforma de exportación promedió 1 337 miles de barriles diarios, volumen menor en 2.2% en relación a 1992; ello, aunado al menor precio, repercutió en una captación de divisas inferior en 13.2% con respecto al ejercicio precedente y en 7.6% en relación a lo programada.
2) La producción de petrolíferos ascendió a 1 551.4 miles de barriles diarios, superior en 1.7% a la meta original programada en 0.6% comparado con el año anterior.
3) La producción de gas promedió 3 576 millones de pies cúbicos diarios, cifra inferior en 0.8% con respecto de la meta original debido al elevado empaque en el sistema de ductos.
4) En materia de petroquímicos se obtuvieron 16 939 miles de toneladas anuales, lo que representó 93.5% de la previsión establecida.
5) En el subsector eléctrico se logró un aumento anual de 7.9% en la capacidad instalada, al adicional 2 350 mW, cifra que superó en más de tres veces la meta programada, en razón a la creciente participación de la inversión privada, a través del mecanismo de "llave en mano".
6) La generación de energía eléctrica alcanzó un total de 126 565 gWh, volumen superior al de un año antes en 4.1% y similar a la meta.
7) La instalación de líneas de transmisión y distribución cubrió una longitud de 2 099 kilómetros con lo que se alcanzó 63.2% de la meta, lo que se explica por la prioridad conferida a los proyectos de generación.
La estrategia seguida en 1993 para impulsar al desarrollo y modernización de la actividad minera, se sustentó en la consolidación del marco legal y regulatorio, así como en la actualización de los mecanismos de fomento y coordinación. Con la expedición del Reglamento de la Ley Minera, se precisaron los derechos y obligaciones de los concesionarios, se estableció un procedimiento único para el otorgamiento de concesiones y se delimitaron los ámbitos de operación de los organismos de fomento. Asimismo, se impulsó el desarrollo de la investigación aplicada, se continuaron otorgando créditos a tasas preferenciales y se fomentó la inversión privada.
La actividad minera paraestal se ha centrado en la producción, comercialización y transportación de sal, a través de las empresas: Exportadora de Sal, S.A. de C.V. y Transportadora de Sal, S.A. de C.V., la primera logró una producción anual de 5 990.9 miles de toneladas, superior en 1.6% a la del año anterior, el volumen de ventas ascendió a 5 593.8 miles de toneladas, mismas que se destinaron en su totalidad al mercado externo.
V.4 Sector comercio
El gasto ejercido en el sector ascendió a 9 mil 422.0 millones de nuevos pesos, cifra que representó un incremento anual de 34.9% en términos reales de 59.4% respecto a la asignación original, lo que se explica principalmente por las mayores erogaciones de Conasupo y Secofi.
Conasupo ejerció recursos adicionales a lo programado en 61.9%, como consecuencia del mayor volumen de maíz y frijol adquirido, derivado de cosechas muy superiores a las previstas. El gasto de la Secofi observó un incremento anual de 14.2% a precios constantes y de 74.3% en relación a su presupuesto original, como consecuencia del finiquito del contrato de arrendamiento financiero celebrado para la adquisición del nuevo inmueble de la dependencia y del equipamiento y adaptación de las oficinas; así como por los gastos derivados del contrato de arrendamiento financiero del inmueble para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. También se emplearon mayores recursos para cubrir las actividades coordinadas por la subsecretaría de negociaciones comerciales, creada en el mes de abril para sustituir a la unidad de negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
Los precios de venta de maíz de la Conasupo se ajustaron para mantener el precio de la tortilla. Los convenios celebrados con la industria molinera del trigo garantizaron a los agricultores la comercialización de sus cosechas y permitieron mantener el precio de la harina de trigo. El nuevo esquema de comercialización de la leche en polvo importada contribuyó a complementar la oferta de leche fluida. Conasupo superó considerablemente sus metas de comercialización de maíz y frijol, absorbiendo el significativo incremento registrado en las cosechas, de tal forma que se garantizó el consumo de la población y se proporcionó una remuneración justa a los productores. Las ventas de maíz y frijol realizadas por la Conasupo resultaron superiores a lo programado en 83.6% y 141.6%, respectivamente.
Boruconsa incrementó su volumen anual de acopio y almacenamiento de productos básicos en 44.2% y 32.8%, respectivamente, con lo cual rebasó las metas programadas en 63,9% y 38.0% en el mismo orden. En las metas de acopio y almacenamiento de productos agropecuarios únicamente se lograron avances de 45.4% y 26.2%, respectivamente, debido a la reducción en las cosechas de sorgo, ocasionada por la sustitución de este grano por maíz, así como por los daños ocasionados por las lluvias en las zonas temporaleras del Estado de Tamaulipas.
En materia de fomento industrial se prosiguió con la concertación de programas para estimular la eficiencia microeconómica en ramas industriales específicas, entre las que se pueden señalar: electrónica, comunicaciones, manufacturas eléctricas, química, plástico, aluminio y siderurgia. Entre otras acciones de apoyo a la micro, pequeña y mediana industrias, se promovió la organización de empresas integradoras con el fin de desarrollar unidades productivas que posibiliten la modernización de los procesos operativos.
Con la expedición de la nueva Ley de Inversión Extranjera, se flexibilizaron los mecanismos jurídicos para agilizar su autorización y se precisaron las actividades reservadas al Estado, a los mexicanos y a las sociedades de participación nacional mayoritaria, así como aquéllas en que la inversión extranjera puede participar mayoritariamente en forma automática. El flujo de capitales externos durante 1993, ascendió a 15 mil 617 millones de dólares, con lo que se acumuló un total de 41 mil 741 millones en los últimos cinco años superando ampliamente la meta sexenal. La proporción de los capitales captados a través del mercado de valores en 1993 fue de 68.6%.
Para seguir avanzando en el proceso de apertura del comercio exterior, se continuó con la eliminación de las distorsiones provenientes de las restricciones no arancelarias y se buscó una mayor uniformidad en la protección efectiva. También se continuaron operando los diferentes mecanismos de fomento a las exportaciones, entre los que se encuentran los programas Altex, Pitex, Ecex, Devolución de Impuestos, Certificados de Origen y el Programa Compex.
Entre las negociaciones comerciales llevadas a cabo con diversos países durante 1993, destaca la conclusión de las negociaciones de los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte relacionados con asuntos laborales, ambientales y salvaguardas para las importaciones, así como la aprobación del tratado por las instancias legislativas de los tres países. En las negociaciones con América latina, cabe resaltar la conclusión de las negociaciones del Grupo de los TresMéxico, Colombia y Venezuela, para el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio.
V.5 Sector turismo
En el sector turismo se avanzó en el proceso de desregulación y la redefinición de las funciones del Estado para circunscribirse básicamente a la planeación y promoción. Con la expedición de la nueva Ley Federal de Turismo, se eliminaron normas innecesarias y trámites obsoletos que restaban capacidad, competitividad y creatividad a las empresas turísticas. Asimismo, se continuó con la desincorporación de entidades no prioritarias y se intensificó la descentralización de funciones de la Sectur, a través de la celebración de Convenios de Coordinación con las 31 entidades federativas del país. Por otra parte, se reforzaron las actividades de promoción y se avanzó en las obras de los cinco centros turísticos integralmente planeados a cargo de Fonatur, mediante la urbanización de terrenos y el otorgamiento de créditos.
En el ámbito presupuestal, el sector erogó 513.8 millones de nuevos pesos, monto superior al de un año antes en 4.3% real y en 1.0% a la previsión original, debido en gran medida al mayor monto de transferencias otorgadas a Fonatur para la operación y mantenimiento de los cinco polos turísticos integralmente planeados y para la realización de obras de contigencia dirigidas a reparar los daños ocasionados por la tormenta tropical Calvin en Cancún Quintana Roo y Huatulco, Oaxaca. Dicha variación se reflejó principalmente en el gasto de capital, mismo que se incrementó 33.9% en relación al año previo y 71.2% respecto al presupuesto original.
El análisis realizado respecto al cumplimiento de las metas sustantivas en el sector, arrojó los siguientes resultados:
1) Las acciones desarrolladas en 1993 para fomentar la demanda turística en el extranjero, contribuyeron a incrementar la afluencia de viajeros del exterior en 3.1% respecto a 1992, con lo cual se alcanzó la meta programada de 6.6 millones de personas.
2) Las campañas de promoción del turismo interior permitieron alcanzar la meta relativa a la demanda hotelera estimada en 39 millones de personas, cantidad mayor en 2.1% a la del año previo. La oferta hotelera de cuartos fue de 364 mil, cifra igual a la programada y superior en 2.2% a la de 1992.
3) La balanza turística registró un superávit de 1 mil 947.4 millones de dólares, 8.9% mayor a la del año previo. Los ingresos ascendieron a 4 mil 019.3 millones de dólares y los egresos a 2 mil 071.9 millones, observando en los primeros un incremento de 3.9% y en los segundos, una disminución de 0.4% en relación a 1992. El turismo egresivo presentó un crecimiento de 2.1% a la del año anterior, al registrar un total de 4.8 millones de personas, 2.1% mayor a lo previsto.
4) La Sectur organizó 15 cursos de especialización y 18 seminarios en diversas ciudades de la República, logrando capacitar a 6 mil 116 personas, que representan el 38.1% de la meta original, debido al cambio en la estrategia del Programa de Capacitación para concentrarlo en el adiestramiento de instructores locales en lugar de empleados.
V.6 Sector comunicaciones y transportes
En 1993, el presupuesto ejercido por el sector ascendió a 11 mil 929.7 millones de nuevos pesos, cifra superior en 13.0% al autorizado originalmente, como resultado de la realización de trabajos extraordinarios de conservación y mantenimiento de la red carretera, ocasionados por las intensas lluvias; las obras de construcción de la carretera Cuacnopalan-Tehuacán-Oaxaca, proyecto no programado para este ejercicio; la ejecución de obras del Programa de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales, con recursos del Pronasol; a la adquisición del aeropuerto de Toluca al Gobierno del Estado de México, por parte de ASA; y las mayores aportaciones financieras de Capufe para la construcción de carreteras concesionadas.
En materia de infraestructura carretera se superaron las metas originales de construcción, modernización, ampliación y conservación de la red troncal básica en 2 mil 425.0, 575.0 y 2.1% respectivamente, debido a que se efectuaron diversas obras no programadas.
Las metas de reconstruir tramos federales, carreteras de cuota y puentes, quedaron por abajo de lo programado en 42.8, 11.6 y 11.1%, res- pectivamente, como consecuencia de la prioridad conferida a la nueva carretera Cuacnopalan-Tehuacán-Oaxaca y a los requerimientos adicionales para labores de con servación y mantenimiento derivados de las intensas lluvias.
Las obras de mantenimiento y conservación cubrieron los 46 mil 975 kilómetros que conforman la red federal, en los que se realizaron trabajos intensivos de conservación periódica consistentes en la construcción de carpeta asfáltica y recuperación de pavimentos. En Baja California se atendieron las emergencias que se presentaron a consecuencia de los fenómenos meteorológicos que dañaron la red carretera del Estado.
Mediante el esquema de concesiones fue posible incorporar 926 kilómetros de autopistas de cuatro o más carriles en el ejercicio, destacando las de Cuernavaca-Acapulco, Culiacán Mazatlán, Mérida-Cancún, entre otras.
En lo referente a carreteras alimentadoras y caminos rurales, la Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas logró la construcción de 278 kilómetros de carreteras alimentadoras, 13% por arriba de la meta original, resultado congruente con los mayores recursos ejercidos en estas obras. De dicha cantidad 166 kilómetros se realizaron con recursos provenientes del Pronasol. Adicionalmente y también con recursos del Pronasol, se construyeron 389 kilómetros de caminos rurales, mismos que no fueron programados originalmente.
En transporte ferroviario, por tercer año consecutivo se observó una evolución favorable en el volumen de carga transportado, al movilizar 50 377.2 miles de toneladas netas, volumen superior en 0.6% al original y en 3.4% al de 1992, resultado obtenido con dos terceras partes del personal con que se contaba en 1992.
El transporte de pasajeros resultó inferior a lo programado en 22.6%, debido a la supresión de algunas rutas innecesarias e incosteables, y a la baja disponibilidad de coches de pasajeros, atendiendo prioritariamente los servicios de mayor demanda, mismos que benefician principalmente a la población de más bajos ingresos.
En cuanto al desarrollo de la infraestructura ferroviaria, se superó en 21.0%, la meta de rehabilitación de vías con riel de recobro, al utilizar los inventarios de material existente en bodega; la aplicación de balasto resultó inferior a lo programado en 34.1%, lo cual se atribuye a que los contratistas privados no recibieron a tiempo la maquinaria de importación requerida, por problemas de los proveedores extranjeros. La conservación de locomotoras fue superior en 117.4% a lo programado debido al rezago observado en los últimos años en la atención de dicha actividad.
En el transporte marítimo, las acciones de dragado de conservación fueron similares a las programadas; en tanto que las de construcción resultaron inferiores en 60.6% a lo previsto, en razón de la reducción en el equipo de dragado, a que dio lugar su venta como parte del proceso de desincorporación. En lo que corresponde a las obras de construcción y, ampliación y modernización de puertos, las metas programadas se rebasaron en 185.7% y 37.2% respectivamente, debido a la ejecución de 26 obras no programadas en el primer caso, así como por los trabajos extraordinarios de reparación de los puertos afectados por el ciclón Calvin, en el segundo.
En el transporte aéreo se superaron en 3.7% anual los resultados en materia de movilización de pasajeros, principalmente por la desregulación tarifaria; se superó en 100.0% la meta original de modernización y ampliación de pistas y plataformas, debido a que se realizaron cinco obras adicionales de ampliación en las áreas de operación de igual número de aeropuertos y se cumplió la meta de conservación de pistas y plataformas en aeropuertos y estaciones de servicio.
En materia de comunicaciones, se superó en 110.3% la meta original de conservación de líneas físicas, por la mayor eficiencia del personal que realizó los trabajos y se cumplieron las metas consistentes en recibir y clasificar piezas postales, así como las de conservación de estaciones terrenas y del Centro de Cómputo Infonet.
Con objeto de garantizar el cumplimiento de los compromisos de ampliación y modernización del servicio telefónico, la SCT fortaleció las acciones de supervisión y vigilancia de las actividades de Telmex a través de 300 visitas de inspección a 3 mil 600 instalaciones de la zona metropolitana de la ciudad de México y con la realización de 40 reuniones de coordinación con la empresa para coadyuvar al mejoramiento del servicio.
Durante 1993, se pusieron en servicio 846 mil nuevas líneas que representan un incremento de 12.5% en relación a los 6.7 millones existentes en 1992. Dentro del programa de telefonía rural, Telmex incorporó el servicio a 2 mil 800 comunidades con más de 500 habitantes.
V. 7. Sector desarrollo social
Subsector Educación
La reorganización del sistema educativo implicó transferir a los gobiernos estatales la responsabilidad de impartir los servicios de educación básica y de formación de maestros, así como la infraestructura y los recursos humanos, materiales y financieros para su operación. Como parte de este proceso, en el Pre supuesto de Egresos de la Federación de 1993 se creó el ramo 25. Aportaciones para la educación básica en los estados, a través del cual la Federación asigna los recursos financieros necesarios a las entidades federativas para la prestación de los servicios mencionados.
Para dar cauce a la revalorización de la función magisterial, en 1993 se puso en marcha el Programa de Actualización del Maestro y se estableció la carrera magisterial, como un sistema escalafonario de promoción horizontal que permite aumentar el nivel de ingresos de acuerdo a la antigüedad laboral, el grado académico, la actualización, la preparación y el desempeño profesional. A fines de 1993 se habían incorporado a ésta, alrededor de 450 mil docentes que representan el 57.0% del universo elegible.
En 1993, se autorizó un aumento salarial generalizado a los trabajadores de la educación de 7.0% a partir de enero y de 9.0% a los docentes a partir de mayo, con lo cual entre 1989 y 1993 los salarios reales del magisterio se han incrementado en 70.0%, elevando la remuneración de la plaza más baja de 1.5% a 3.2% veces el salario mínimo en igual periodo.
El gasto ejercido por el subsector educación ascendió a 45 mil 964.0 millones de nuevos pesos, cifra superior en 3.1% a la del presupuesto original y en 16.5% real a la de 1992. La SEP, incrementó en 4.6% su gasto real respecto a 1992 y superó su presupuesto en 9.1%, lo cual se asocia básicamente a los incrementos salariales de enero y mayo, los pagos de la previsión social múltiple, despensa y el Sistema de Ahorro para el Retiro.
Los recursos destinados a las entidades coordinadas fueron superiores en 19.2% real a los del año anterior y en 2.0% a lo programado; sobresalen las transferencias adicionales asignadas a la UNAM para la ampliación de la infraestructura y equipamiento, el financiamiento de los proyectos de investigación e innovación docente, los de asesoría al sector productivo y de servicios para cubrir los incrementos salariales pactados con los organismos sindicales; al Conacyt, para ampliar su programa de becas de posgrado y fortalecer la investigación en todas las ramas y especialidades; al INAH, para ampliar las investigaciones en antropología e historia y al INEA, para otorgar mayores apoyos a los instructorescomunitarios y a los agentes operativos que proporcionan educación a los adultos en zonas urbanas y rurales marginadas.
En el nivel preescolar se amplió la oferta educativa, principalmente en zonas urbano-marginadas, rurales e indígenas de difícil acceso, que no contaban con este servicio, como resultado de la apertura de nuevas escuelas, la puesta en operación de turnos vespertinos y la expansión de otras opciones de atención. No obstante los esfuerzos por captar una matrícula mayor, existen diversas situaciones que impidieron alcanzar las metas programadas, como la inscripción de niños menores de seis años a la primaria, la carencia de terrenos regularizados en lugares donde existe demanda sin atender y la dispersión de la población objetivo, entre otras.
La matrícula en educación primaria, fue inferior en 5.0% a la meta programada, disminución que se reflejó en la modalidad de primaria indígena, en razón de la dificultad de arraigar maestros en esas localidades. Además, el proceso de reordenamiento administrativo que trajo consigo la federalización generó una mejora en los registros de la matrícula, al quedar asentadas en forma sistemática las bajas definitivas. La meta de producción y distribución de libros de texto gratuito se alcanzó en 88.1%, debido a que los originales de algunos libros no fueron entregados a tiempo a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para su reproducción. Cabe señalar que esta última cifra fue proporcionada por las autoridades de la SEP, en la quinta reunión de análisis y revisión de la Cuenta Pública de 1993 y ratificada mediante oficio 229.2.5/3471 de fecha 25 de octubre de 1994, dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos procedentes.
En educación secundaria la matrícula fue superior en 2.9% en relación al año anterior e inferior en 6.4% respecto a la meta programada, lo que se explica principalmente por una sobreestimación del índice de absorción, ya que al declararse la educación secundaria con carácter obligatorio, éste se pronosticó en un nivel de 90.0%, habiéndose alcanzado 86.0%.
En educación para adultos se alcanzó 90.1% y 95.2% de las metas programadas en las modalidades de alfabetización y primaria, respectivamente, debido a la naturaleza del servicio no escolarizado, en el que se dificulta su permanencia en razón a que los adultos atienden prioritariamente sus actividades laborales y familiares. Las relativas a educación secundaria y capacitación para el trabajo se superaron en 58.4% y 15.9%, respectivamente.
En el ámbito de la educación media superior, la matrícula resultó menor a lo programado en casi todas sus modalidades, como resultado de la aplicación de un proceso de selección más riguroso, así como de la deserción escolar, propiciada en buena medida por la incorporación de los alumnos al mercado de trabajo.
La educación superior en sus diferentes tipos de servicio registró una cobertura mayor a la de un año antes en 15.9% y rebasó las metas originales, excepto en la modalidad tecnológica. En la educación de posgrado se atendió a un total de 43 mil 807 alumnos, cifra inferior en 0.7% a la del año anterior y en 3.1% a lo pro gramado, debido a que los mecanismos de selección de alumnos que desean cursar una especialidad son cada vez más estrictos. No obstante, se llevaron a cabo acciones para elevar la calidad de este servicio, considerando factores de pertinencia social, necesidades de la planta productiva y factibilidad académica.
En lo referente a infraestructura educativa, las metas de ampliación y mejoramiento de espacios educativos se superaron en 14.9%, como resultado del reforzamiento de las acciones de construcción y mejoramiento de aulas, talleres y anexos.
Subsector Salud y Seguridad Social
Los recursos en 1993 ascendieron a 46 mil 147.0 millones de nuevos pesos, monto inferior en 2.6% respecto al presupuesto original, debido básicamente a que las previsiones consideradas inicialmente para apoyar al ISSSTE se destinaron al fortalecimiento de su reserva técnica, razón por la cual no impactaron el nivel total del gasto. En relación a 1992, el gasto ejercido fue superior en 9.1% real, lo que se explica por los incrementos en las erogaciones del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud, principalmente.
El IMSS, realizó erogaciones superiores en 10.7% real a las del año anterior y en 3.8% a la previsión original, lo cual se atribuye en gran parte al incremento salarial y al aumento del 5.0% en la cuantía mínima de las pensiones a partir de enero de 1993, así como a las adquisiciones urgentes llevadas a cabo para sustituir equipo médico obsoleto.
El ISSSTE efectuó un gasto mayor al del año previo en 8.6% real y en 5.9% comparado con el presupuesto inicial. Lo anterior fue consecuencia del aumento en los pagos de pensiones y en los costos de los servicios médicos subrogados de especialización y hospitalización, arrendamiento, telefónico y de limpieza, así como por el incremento en la cobertura de los créditos hipotecarios otorgados para la construcción y mejoramiento de la vivienda.
En la SSA, los egresos superaron en 3.3% real a los del ejercicio precedente y en 13.4% al presupuesto aprobado, debido a las ampliaciones en el capítulo de servicios personales a que dieron lugar los siguientes factores: la regularización de los incrementos salariales del año anterior; los aumentos a los investigadores, médicos residentes y al personal de la rama con riesgo infecto-contagioso; así como sus repercusiones en todos los casos en el Sistema de Ahorro para el Retiro.
Las acciones en materia de atención preventiva se desarrollaron principalmente a través de los programas de Vacunación Universal, Prevención y Control de Enfermedades InfectoContagiosas, Planificación Familiar, Salud Materno-Infantil y Control de Enfermedades Crónico-Degenerativas.
La aplicación de dosis mediante el Programa de Vacunación Universal y en la Semana Nacional de Salud, superó en 12.4% la meta programada, con lo cual la cobertura de vacunación a nivel nacional en niños de uno a cuatro años con esquema completo de los cuadros biológicos, alcanzó 91.7% del total.
El otorgamiento de consultas para el control de enfermedades transmisibles fue mayor en 11.0% a lo previsto y las correspondientes a planificación familiar se cumplieron en 100.0%; en tanto que en la detección de padecimientos crónico-degenerativos se atendió sólo a 72.0% de la población estimada, debido a deficiencias en el suministro de algunos reactivos.
Estas acciones contribuyeron a reducir las tasas de morbilidad de las enfermedades prevenibles por vacunación, así como la incidencia de las enfermedades transmisibles, con excepción del cólera y SIDA, a pesar de que se rea lizaron importantes programas para su prevención.
En los servicios de atención curativa se cumplió la meta prevista en el otorgamiento de consulta externa general y especializada. La relativa a hospitalización se superó en 2.6% como resultado de la operación de nuevas unidades médicas y la dotación de equipo médico-quirúrgico a las unidades médico-hospitalarias. La atención rehabilitatoria cumplió al 100.0% con el número de consultas previstas. Los servicios médicos de urgencia resultaron inferiores en 3.1% a lo programado, en razón a la mayor selectividad con que se prestó el servicio, canalizando a consulta externa a los pacientes que no requieren de atención emergente.
En materia de infraestructura, la SSA cumplió en 50.0% la meta modificada de construcción de unidades de primer nivel; sin embargo, suministró equipo médico a varios centros de salud ubicados en zonas marginadas, actividad que no estaba prevista en su programa de inversión original. El ISSSTE cumplió parcialmente las metas de construcción de clínicas y ampliación de unidades de medicina general, con variaciones negativas de 55.6% y 16.7%, respectivamente, debido a que no fue posible desocupar las áreas donde se efectuarían los trabajos y se incrementaron los volúmenes de obra. El IMSS, con el propósito de racionalizar el uso de la capacidad física disponible, reestructuró su programa de inversión original, por lo cual la meta consistente en construir, ampliar, remodelar, adaptar y equipar clínicas, se superó en 526.1%; el IMSS-Solidaridad cumplió la meta de acuerdo con lo programado.
En materia de prestaciones económicas, se otorgó particular relevancia a las dirigidas a los pensionados, por lo cual a partir del 1o. de enero se incrementó la cuantía mínima de las pensiones en 5.0 puntos porcentuales, para fijarla en un monto equivalente a 90.0% del salario mínimo del Distrito Federal. Por otra parte, los créditos hipotecarios concedidos por el ISSSTE, superaron en 24.3% lo registrado en 1992 y el otorgamiento de créditos personales a tasa preferencial, aumentó 15.5% en igual periodo.
Subsector Trabajo y Previsión Social
El gasto ejercido en el subsector fue de 327.7 millones de nuevos pesos, superior en 20.0% respecto al presupuesto original y en 7.4% real al registrado en 1992. Lo anterior, se explica en gran medida por los incrementos salariales y la creación de la Coordinación General de Funcionarios Conciliadores, que absorbió las funciones de las direcciones generales de Convenciones y del Cuerpo de Funcionarios Conciliadores.
Los resultados obtenidos en las metas sustantivas del subsector fueron favorables en términos generales, aun cuando existieron diversos factores que impidieron el cumplimiento de algunas metas.
En materia de impartición de justicia en las relaciones laborales, los asuntos atendidos fueron 23.6% mayores a los programados, debido a que se fortalecieron los sistemas conciliatorios. La meta de realizar visitas de inspección a empresas de jurisdicción federal en el Distrito Federal y área metropolitana se superó en 7.7%, lo que se explica por el empleo de pasantes en la realización de estas actividades. La evaluación de documentos de inspección rebasó en 30.1% a lo previsto originalmente, como resultado de mayor número de documentos enviados a la STPS para su revisión por las delegaciones foráneas.
En relación a becas de capacitación se otorgaron las 46 mil 612 becas que se programaron, mismas que beneficiaron a igual número de trabajadores desempleados. En complemento, se concertaron 1 mil 852 cursos de capacitación, con lo cual se superó en 2.9% la meta original.
La capacitación de trabajadores en instituciones y en planta fue superior en 602.7% a lo programado y con los servicios de asesoría a micro, pequeña y medianas empresas, se atendió a 211.9% más que las previstas. Así, se colocó a 304 mil 865 personas en un puesto de trabajo, lo que representó 79% de las solicitudes recibidas, ante la insuficiencia de vacantes. Sin embargo, comparado con 1992, la colocación de empleos presentó un incremento de 20.1%.
El registro de comisiones mixtas de seguridad e higiene rebasó en 7% la meta original, al conformarse 10 mil 699 nuevas agrupaciones en igual número de empresas; en tanto que en la realización de estudios para proteger el salario, la meta fue superior en 106.5%, como consecuencia de un mayor número de contratos colectivos recibidos por parte de agrupaciones sindicales.
Para reforzar el poder adquisitivo del salario, el Fonacot otorgó 444 mil 219 créditos con las tasas de interés más bajas del mercado; dicho monto fue menor en 11.2% al programado, debido a la proliferación de sistemas de crédito comercial y bancario que compiten con el Fonacot y a que no se cumplieron las expectativas de la institución en cuanto a la recuperación de cartera.
Subsector Desarrollo Urbano, Ecología y Agua Potable
El subsector dio prioridad a la planeación del desarrollo regional y urbano; la dotación de servicios básicos; el fomento y desregulación de la vivienda y a la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
El presupuesto ejercido en Desarrollo Urbano, Ecología y Agua Potable en 1993 fue de 4 mil 891.7 millones de nuevos pesos, superior en 40% al original, lo que se explica por los mayores recursos erogados por la Sedesol, así como por los otorgados a los estados y municipios para el desarrollo de sus programas de urbanización y sistemas de transporte. Estos últimos fueron cubiertos en gran parte con recursos previstos originalmente en el ramo 23 y considerados en el renglón de otros, razón por la cual dicho concepto se redujo en forma importantes.
La Sedesol, empleó recursos superiores en 70.2% a lo presupuestado, para atender la situación de emergencia que se presentó en la península de Baja California, por las inundaciones ocurridas a principio de año, que obligaron a efectuar trabajos extraordinarios de reconstrucción y rehabilitación de calles y construcción de accesos viales en colonias populares, entre otras acciones; los recursos adicionales erogados en las obras para la protección y conservación de los sitios históricos y monumentos de gran valor cultural que se ejecutaron en todo el país; los apoyos que se destinaron al Programa Invernal de Inspección y Vigilancia Ambiental en la Zona Metropolitana de la ciudad de México y los mayores gastos de operación de las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
En materia de planeación del desarrollo regional y urbano, se realizaron acciones de promoción, supervisión y asesoría a los gobiernos estatales y municipales. A través del programa de las Cien Ciudades se cumplió con la meta de actualizar técnicamente los planes de crecimiento de 92 ciudades medias.
Con las modificaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, se confirió a los tres niveles de Gobierno los instrumentos legales para orientar el desarrollo de sus programas de urbanización; se fortaleció legalmente al municipio en materia de administración, control y vigilancia del desarrollo urbano; se sanciona el establecimiento de asentamientos humanos en zonas no aptas y se incorpora la acción ciudadana en los procesos.
En materia de servicios urbanos básicos, se realizaron obras para restituir en 2.5 m3/seg. el suministro de agua potable a la zona metropolitana de la ciudad de México, e incrementarlo en 1.2 m3/seg. en Monterrey; además se terminaron los sistemas para Reynosa, Díaz Ordaz y poblaciones rurales de Tamaulipas. En Guadalajara, se terminaron la presa El Salto y las obras de reconstrucción del Sector Reforma relativas a pavimentación, alumbrado y agua potable. Con las acciones efectuadas a través del Programa Agua Limpia se incorporaron 3 mil 118 localidades rurales a las poblaciones que cuentan con equipo de cloración. Cabe señalar que en el desarrollo de estas obras, la Comisión Nacional del Agua empleó recursos inferiores en 37.7% real a los de 1992, como consecuencia de la mayor participación de los gobiernos locales, las comunidades y la inversión privada, en la ejecución de proyectos y en la operación de los sistemas de distribución de agua potable y tratamiento de aguas residuales.
En el año se puso en marcha el Programa Especial para el Fomento y Desregulación de la Vivienda, en el cual el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales y los sectores social y privado asumieron diversos compromisos en la materia. La estrategia de dicho programa se sustenta en la desregulación y la reducción de los costos indirectos; el acceso a más y mejores servicios financieros; el incremento de la oferta de suelo para uso habitacional; el mejoramiento de la producción y distribución de materiales para la construcción; la atención equilibrada de las necesidades en el medio rural y urbano; el perfeccionamiento de los esquemas de comercialización y la ampliación de la oferta de vivienda en arrendamiento.
El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, superó en 197.3% la meta de iniciar la edificación de pies de casa, como resultado de la contratación de nuevos créditos para atender una mayor demanda. En cuanto a las acciones de término de edificación de pies de casa, la meta se rebasó en 13.3%, porque las acciones de inicio se concluyeron en el mismo año.
En materia de protección ecológica y del medio ambiente se implementaron diversas medidas para actualizar la base normativa, a fin de homologarla con parámetros internacionales; se vigiló y dio seguimiento a posibles agentes con taminantes y se avanzó en la descentralización de funciones.
Al efecto, se expidieron 64 normas oficiales mexicanas, cuatro de carácter emergente; se operó el Sistema de Atención a la Denuncia Popular, que involucra la participación de diversas dependencias del Gobierno Federal y las entidades federativas y se continuó el programa de visitas a industrias con un alto potencial contaminante, efectuándose 550 clausuras parciales y 131 totales.
Como parte del proceso de descentralización de funciones, a partir de enero de 1993 la operación de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana de la ciudad de México se transfirió a la Comisión Nacional Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, dependiente del Departamento del Distrito Federal. Además, se incrementó la operación del Programa Regional de Administración de la Calidad del Aire en Zonas Críticas, dividido en seis regiones operativas y una coordinación central.
Con las tareas desempeñadas para ampliar la superficie del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, en 1993 se incorporaron 1 millón 694 mil 312 hectáreas, con lo cual se elevó en 3.9% la superficie bajo protección, en relación a la extensión del país.
VI. Los resultados del programa nacional de solidaridad
En 1993 los recursos federales ejercidos por el Programa Nacional de Solidaridad, ascendieron a 8 mil 259 millones de nuevos pesos, monto superior en 6.6% al presupuesto original. De dicha cantidad, 89.0% correspondió al ejercicio directo de los gobiernos estatales y 11.0% a otras dependencias y entidades federales. La mayor proporción de los recursos, 63.2% se destinó a obras y acciones de bienestar social; 22.9% se canalizó a la vertiente productiva del programa y el restante 13.9% se asignó a la formación de infraestructura básica de apoyo regional.
Para apoyar las acciones de solidaridad, durante el año se emprendieron los programas de Jóvenes en Solidaridad, Solidaridad Obrera y Solidaridad Forestal. Asimismo, en el ámbito del Desarrollo Regional se emprendió el programa de Cien Ciudades y los de la Chontalpa y los Ríos, en el Estado de Tabasco.
Mediante las acciones realizadas a través de la vertiente de Solidaridad para el Bienestar Social, fue posible incrementar la cobertura y calidad en la prestación de los servicios de infraestructura básicos que demandan las comunidades, dando respuesta con acciones concretas a problemas de educación, salud, electrificación, agua potable, obras de urbanización y alcantarillado, así como de regulación en la tenencia de la tierra y vivienda.
Al respecto sobresale el Programa Escuela Digna, mediante el cual se rehabilitaron 25 mil 675 planteles, de educación básica, en apoyo de casi 4 millones de educandos en todo el país; la construcción y equipamiento de 29 hospitales generales y 67 unidades médicas rurales; la introducción del servicio de energía eléctrica en 600 colonias populares y 1 mil 996 poblados rurales, así como la instalación de 3 mil 104 sistemas no convencionales para dotar de energía a pequeñas comunidades rurales apartadas.
Las acciones en materia de vivienda abarcaron 61 mil 965 obras de rehabilitación, la construcción de 19 mil 056 pies de casa y la entrega de 33 mil 609 lotes de materiales. En 20 entidades federativas se inició el Programa de Solidaridad Obrera, a través del cual se promovió la rehabilitación de 68 mil 017 viviendas en 83 municipios del país. Por otra parte, a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra se entregaron 206 mil escrituras, dando certidumbre al patrimonio de 450 mil familias.
Con objeto de enfrentar las causas de la pobreza y no sólo sus efectos, la vertiente productiva del Pronasol otorgó a través de los fondos de solidaridad apoyos a más de 893 mil campesinos que laboran una superficie aproximada de 2.2 millones de hectáreas, mismas que se caracterizan por ser de temporal, baja productividad y alto nivel de siniestralidad. Por su parte, empresas en solidaridad otorgó financiamiento a 7 mil 024 empresas, a fin de impulsar proyectos productivos de amplio impacto social. Este programa, en dos años favoreció la operación de 10 mil 667 empresas pequeñas, que han dado ocupación a 57 mil 503 campesinos, indígenas y habitantes del medio popular urbano.
Con la operación de 140 fondos regionales en 23 estados de la República, se continuó promoviendo el mejoramiento de los niveles de vida en los pueblos indígenas. De esta forma, se impulsaron 1 mil 520 proyectos productivos, se repararon 211 albergues escolares y equiparon 361 más; se efectuaron acciones de procuración de justicia, que permitieron la liberación de 1 mil 990 indígenas; se dio seguridad jurídica a 26 mil 157 personas sobre la posesión de 54 mil 934 hectáreas y se iniciaron 840 proyectos culturales en favor de diversos grupos étnicos. Desde la creación de estos fondos en 1990, se ha contribuido a elevar las condiciones de vida de más de 6.6 millones de indígenas.
Los fondos municipales de solidaridad, continuaron impulsando el mejoramiento de la capacidad financiera y de gestión de los municipios. Desde 1990 se han atendido 2 mil 265 ayuntamientos, que representan 94.7% del total del país. Con el propósito de incorporar a las comunidades más dispersas a los beneficios del desarrollo, mediante el Programa Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales se construyeron, rehabilitaron, modernizaron y conservaron 34 mil 429 kilómetros de tramos carreteros y caminos. Por otra parte, a fin de contribuir a la descentralización de las actividades económicas de las cuatro principales zonas metropolitanas del país: ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, se dio inicio al programa Cien Ciudades, el cual abarca aspectos relacionados con la dotación de servicios urbanos, vivienda, tenencia de la tierra y equilibrio ecológico.
Durante el ejercicio que se dictamina, el número de programas de desarrollo regional alcanzaron un total de 16, extendiéndose a 395 municipios de 12 entidades federativas en beneficio de más de 9 millones de habitantes. También entraron en operación el Programa Regional Los Ríos, en apoyo de varios municipios del Estado de Tabasco y el Programa de la Chontalpa que favorece a otros siete municipios de la misma entidad.
Con base en lo anterior, la comisión que suscribe, somete a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1993
CONSIDERANDO
Que en cumplimiento de lo establecido por el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal, presentó en tiempo y en forma a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1993, para su revisión.
Que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública revisó la documentación presentada para verificar el cumplimiento de objetivos y saber el resultado de la gestión financiera y presupuestal.
Que además de la comisión dictaminadora, se solicitó la participación de 23 comisiones ordinarias correspondientes a los sectores o ramos que conforman la información contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Que es necesario dar mayor profundidad y oportunidad al análisis y dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con el fin de fortalecer las funciones de fiscalización que por ley ejerce el Poder Legislativo.
Que se realizaron nueve reuniones de trabajo con servidores públicos de las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, en las que se atendieron los planteamientos y dudas de los diputados, asistiendo a estas reuniones, además, funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda, con lo que se enriqueció el contenido del informe previo que este órgano técnico realiza.
Que el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda a que se refiere el artículo 3o., fracción II, inciso a, de la Ley Orgánica de la propia contaduría, correspondiente a la Cuenta Pública de 1993, fue recibido en tiempo y forma en esta cámara y turnada a esta dictaminadora para su consideración.
Que del análisis del trabajo realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, se determinaron ciertas diferencias e incumplimientos, por parte de algunas dependencias y entidades de la administración pública federal con respecto a las cuales se hace necesario formular recomendaciones al Poder Ejecutivo, a fin de corregir y perfeccionar la gestión del sector público federal, sujeto a control presupuestal.
Que por lo expuesto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43, fracción III, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., fracción II, inciso a; 14, 15, 19 y 20 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable representación, el siguiente
DECRETO
Artículo 1o. La Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1993, fue recibida oportunamente, iniciándose el proceso de revisión por la Contaduría Mayor de Hacienda de conformidad con el artículo 74, fracción IV, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, con la finalidad de conocer los resultados de la gestión financiera de la administración pública federal, comprobar si se ajustó a los criterios señalados en los decretos del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos de la Federación y verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas contenidos en los programas.
Artículo 2o. Se analizó el cumplimiento de los objetivos y prioridades contenidos en los programas elaborados por las dependencias y entidades, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.
Artículo 3o. Se verificó la observancia por parte de las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los preceptos legales aplicables en el ejercicio presupuestal de 1993.
Artículo 4o. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de la facultad que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formula a las dependencias y entidades de la administración pública federal que no observaron en su totalidad los ordenamientos legales, en adición y complemento a las emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda y contenidas en su anexo 2 de su informe previo, las siguientes recomendaciones:
a) Actualizar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reformas que hayan sufrido sus manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público, algunos de los cuales se encuentran en vías de actualización y autorización correspondiente.
b) Aquellas dependencias y entidades que crearon plazas, conciliar la información relativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ajustarse a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
c) En materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, las dependencias y entidades que no lo han hecho, toman en cuenta las medidas necesarias para implantar sistemas y procedimientos para promover la simplificación administrativa, reducir y agilizar trámites y descentralizar funciones.
d) Que los órganos de gobierno de las entidades paraestatales que no han emitido políticas, bases y programas generales en materia de adquisiciones y obras públicas, las emitan y actualicen conforme a la Ley de Adquisición y Obras Públicas vigente.
e) Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación, la relación de entidades paraestatales del Gobierno Federal que después del redimensionamiento de la administración pública centralizada y paraestatal, continúen vigentes.
f) Que las entidades del sector público que no se hayan ajustado a los montos de sus presupuestos autorizados lo hagan; contrayendo obligaciones con cargo a presupuestos de años posteriores y remitan en tiempo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información y documentación para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
g) Que las dependencias y entidades del Gobierno Federal que han incurrido en omisiones, informen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las modificaciones de contratos de obra pública que excedan del 25% del monto, o del plazo pactado; que constaten la terminación de los trabajos en los plazos convenidos; que formulen en tiempo las actas de entrega-recepción de las obras, informando de ello a las dependencias antes mencionadas; que proporcionen a la Secretaría de Desarrollo Social los datos de localización y construcción de obras, acompañándole copia de los títulos de propiedad; que se realicen los estudios de preinversión que permitan determinar la factibilidad técnica, económica y social de sus ejecución y se pacten los contratos de intereses que se causan por pagos en exceso.
h) Que las dependencias del sector público que no remitieron a la Secretaría de Desarrollo Social su programa anual calendarizado de necesidades inmobiliarias, lo hagan por el ejercicio de 1995.
i) Que las dependencias y entidades de la administración pública federal que no cuentan con unidades específicas para la presentación de quejas y denuncias, las creen y difundan la normatividad relativa a la obligación de presentar la declaración anual de situación patrimonial a cargo de servidores públicos de mandos medios superiores y equivalentes, a fin de evitar el fincamiento de responsabilidades.
j) Que aquellas dependencias y entidades que no han emitido normas y bases para la afectación, baja y destino final de bienes muebles, las dicten e implanten el registro de partes reaprovechables.
k) Que las dependencias y entidades que no han considerado las disposiciones del Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo observen para evitar clasificaciones inadecuadas.
l) Que las entidades en las que los auditores externos formularon salvedades, adopten medidas pertinentes a fin de corregir las deficiencias que las originaron, con objeto de no desvirtuar su información financiera.
m) Que las dependencias y entidades de control presupuestal directo desarrollen sistemas para obtener información regionalizada de las finanzas públicas, con el propósito de contar con elementos que permitan analizar de manera precisa la incidencia que, en las entidades federativas, tienen el ingreso y gasto públicos.
Artículo 5o. Con el propósito de que los procesos de programación-presupuestación sean más eficientes en el cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aquellas dependencias y entidades del Gobierno Federal, que incurrieron en incumplimientos deberán:
a) Incluir explicaciones más amplias y precisas sobre las variaciones registradas en el cumplimiento de las metas y en el ejercicio de los recursos de los programas sustantivos.
b) Desagregar el presupuesto original y ejercido a nivel de meta para programas sustantivos.
c) Fortalecer los mecanismos establecidos para garantizar que los recursos, metas y unidades de medida reportados como originales en la Cuenta Pública correspondan con los contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sean acordes con lo definido en el catálogo de programas, metas e instrumentos para la programación del sector público.
d) Otorgar prioridad a las obras en proceso dentro del programa de inversiones, con el fin de garantizar los tiempos de su ejecución y evitar su reprogramación.
e) Realizar con oportunidad las gestiones que se requieran para la ejecución de la obras programadas y evitar así su cancelación.
f) Evitar cambios en las metas prioritarias en los programas de obra y en las especificaciones de los proyectos.
g) Fortalecer los sistemas de programación-presupuestación a efecto de garantizar la congruencia entre las metas programadas y los recursos asignados para su realización y de esta manera evitar variaciones excesivas en el ejercicio de los recursos respecto a lo autorizado o cumplimiento parcial de las metas originales.
h) Con el propósito de continuar avanzando con la sistematización de las tareas a cargo de las dependencias y entidades involucradas en el proceso de formulación e integración de la Cuenta Pública, se recomienda intensificar las acciones en el desarrollo de sistemas computarizados y continuar avanzando en la pre sentación de la Cuenta Pública en medios magnéticos, para facilitar su consulta, análisis y verificación, en apoyo de las tareas de fiscalización.
i) Para consolidar los logros obtenidos en la modernización de la Cuenta Pública, es conveniente continuar con la reestructuración en su presentación, para que la Contaduría Mayor de Hacienda pueda mejorar su revisión.
j) Prever que los informes anuales de Pemex contemplen la apertura derivada de su nueva estructura, con objeto de que su presentación en la Cuenta Pública de 1994, sea congruente con la mostrada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
k) Con objeto de darle mayor transparencia a la presentación del presupuesto y disminuir la discrecionalidad en el ejercicio del gasto, en lo que hace a la aplicación de recursos contingentes, se recomienda seguir avanzando en la distribución del ramo 23 en los ramos presupuestales relativos y consecuentemente en la reducción del mismo; ello con el fin de facilitar su correspondencia con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
l) Es necesario adecuar los tiempos de entrega de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, así como del informe previo y de resultados, a fin de que la Comisión Dictaminadora evalúe oportunamente el ejercicio fiscal que corresponda.
m) Que en el ámbito de su competencia, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, instruya a los órganos internos de control de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, a efecto de que éstas presenten a esa dependencia y a la Contaduría Mayor de Hacienda, información precisa y detallada correspondiente al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Poder Legislativo.
Artículo 6o. La Contaduría Mayor de Hacienda, en acatamiento a lo establecido en el artículo 3o. de su Ley Orgánica, deberá ejercer las funciones de contraloría y practicar las auditorías destacando las irregularidades por el incumplimiento de la normatividad vigente y, en su caso, promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales, que conforme a derecho procedan. De sus acciones deberá informar a esta honorable Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia.
Artículo 7o. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda, para todos los efectos a los que hubiese lugar, instruyéndola para que, dentro del término de ley, rinda el informe de resultados correspondiente por conducto de la Comisión de Vigilancia.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., 6 de diciembre de 1994.- Diputados Antonio Sánchez Gochicoa, presidente; Jaime Mariano del Río Navarro, José Manuel García García, Marcos Parra Gómez, Raúl Alejandro Livas Vera y Alberto Anaya Gutiérrez, secretarios; Eduardo Arias Aparicio, Manuel Beristáin Gómez, César Chávez Castillo, Saúl Escobar Toledo, Pedro René Etienne Llano, Carlos Flores Vizcarra, Miguel Angel García García, Luis Ricardo A. Godina Herrera, María del Rosario Guerra Díaz, María Cecilia Hernández Ríos, Miguel Angel Islas Chío, René Juárez Cisneros, José Luis Leyson Castro, Marco Antonio Michel Díaz, Jorge Padilla Olvera, Cándido Pérez Verduzco, Filemón Ramírez Pérez, Luis Rico Samaniego, Dulce María Sauri Riancho, Francisco Suárez Dávila, Kurt Thomsen D'Abbadie, Carlota Guadalupe Vargas Garza, David Vargas Santos y Homar Zamorano Ayala.»
Es de segunda lectura.
El Presidente: ¿Con qué objeto, diputado? Tiene la palabra el diputado René Etienne Llano.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Gracias, señor Presidente.
He pedido la palabra para un asunto que consideramos de previo y especial pronunciamiento antes de que se inicie el debate y la discusión de este dictamen.
Como antecedente, en la reunión anterior solicitamos a la Presidencia nos informara quiénes firmaban el dictamen de la cuenta pública, habiéndose informado el nombre de los diputados que suscriben el dictamen, incluyendo al diputado Antonio Sánchez Gochicoa.
Queremos plantear ante esta soberanía, que en las discusiones de la Comisión de Programación y Presupuesto, solicitamos que el diputado Sánchez Gochicoa, quien funge como presidente de esta comisión, atendiendo a lo dispuesto en el reglamento y a un evidente conflicto de intereses, se excusara de conocer de este asunto, toda vez que el diputado Sánchez Gochicoa durante 1993 fue parte del Ejecutivo Federal, ocupando el puesto de oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Atendiendo a lo que dispone el artículo 82, había un mecanismo legal para que al excusarse de conocer este asunto, pudiera haber sido sustituido por otro miembro de esta cámara sin que se afectara por lo tanto la relación de votos en el seno de la citada comisión; pero más aún, demás de la disposición invocada, es evidente que hay un conflicto de intereses entre su participación en 1993 como parte del Poder Ejecutivo y su participación ahora, como miembro del Poder Legislativo para revisar el ejercicio de la cuenta pública precisamente de 1993.
Compañeros, de manera muy breve señalaremos algunos de los argumentos que de acuerdo con la jerga parlamentaria se nos dio en corto.
Hubo quienes señalaron que habría razón, pero que entonces habría otros, otros diputados en este mismo caso y sería el cuento de no acabar si se iban a excusar todos los que de alguna forma fueron parte del Ejecutivo y ahora son miembros de esta cámara; incluso hubo quienes señalaron en concreto el caso del diputado Suárez Dávila.
Queremos decirles que el diputado Suárez Dávila, como director del Banco Obrero, no cae en los supuestos de un conflicto de interés, porque el Banco Obrero ni fue una institución nacionalizada y al mismo tiempo tampoco es un organismo descentralizado, pero nos parece que el argumento numérico es totalmente inaceptable, los diputados que sean, que tengan efectivamente el conflicto de interés, deben simple y llanamente excusarse de conocer de este asunto; además, insisto, hay la providencia de reglamento para que no se afecte la correlación de votos en el seno de las comisiones.
Otros compañeros plantearon que si se aceptara el criterio, sólo debería excusarse de conocer el ramo 6, el ramo relacionado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio diputado Sánchez Gochicoa afirmó que no se excusaría porque tenía la conciencia tranquila.
Queremos decir ante esta soberanía, que este argumento no deja de ser una simulación, porque como oficial mayor, es parte de un equipo, es parte y formó parte de un grupo en la Secretaría de Hacienda y ¿cómo es posible que ahora, como diputado, pueda evaluar objetivamente los efectos de la política económica en todos los ramos de la Hacienda Pública?, no sólo en el supuesto ramo donde él tuvo alguna injerencia o participación directa, como sería el caso del ramo 6.
Compañeros, este argumento de que sólo participó en el ejercicio de una parte del presupuesto, no deja de ser una simulación, porque precisamente en el equipo que maneja la Secretaría de Hacienda, está en sus manos la implementación de gran parte del instrumental que el Ejecutivo tiene para cumplir con los dictados de política económica que se plasman en los presupuestos y que debe evaluarse su reflejo precisamente en la cuenta pública.
Más aún, hubo otros argumentos del propio Sánchez Gochicoa, para plantear que nunca ha tenido un interés personal, sino que tuvo y tiene un interés institucional.
Compañeros, podríamos creerle, pero no nos pidan ni nos crean ingenuos, porque es muy fácil usar otra palabra, en lugar de interés persona hablar de interés institucional, para construir un sofisma y argumentar que por eso no es aplicable el artículo 82 o no es aplicable el principio general de derecho, de que no se puede ser juez y parte; pero aun aceptando que su interés sea institucional, ése es precisamente el problema que queremos traer ante esta soberanía, el interés institucional de Sánchez Gochicoa en 1993, entra en conflicto con su interés institucional ahora, como parte del Poder Legislativo, que debe de revisar el ejercicio del presupuesto de 1993. Ese es el fondo del problema que traemos ante esta soberanía.
En el caso que nos ocupa, la aplicación de este artículo 82, pero sobre todo, la aplicación y el respeto al principio de no ser juez y parte, tiene como propósito hacer efectiva la separación entre los poderes de la Unión.
El Poder Ejecutivo ha ejercido el presupuesto con una gran discrecionalidad, utilizando un mecanismo para darle la vuelta a las facultades exclusivas de esta Cámara de Diputados; ahora también pretenden que personas que fueron parte del Poder Ejecutivo, lleguen a la cámara y, sin rubor alguno, presidan la comisión encargada de la revisión de la Cuenta Pública.
Compañeros diputados, una de las prácticas más negativas del sistema político, es que las secretarías de Estado envían a sus allegados a la Cámara de Diputados, con la presidencia de una comisión amarrada, pero es el colmo y resulta inaceptable que vengan a ser juez y parte en la revisión de los presupuestos públicos que ejercieron y en la evaluación de las políticas que aplicaron.
El conflicto de intereses que estamos planteando, es una cuestión objetiva, no implica juicio de valor sobre el desempeño en el manejo o ejercicio del presupuesto, es simplemente el reconocimiento de un hecho objetivo, que el diputado Sánchez Gochicoa formó parte importante del Poder Ejecutivo como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, durante el año de 1993 y por lo tanto, ahora no debe ni puede ser juez para analizar, evaluar y dictaminar la cuenta pública de 1993; es decir, se trata de aplicar un principio de derecho para que el presidente de la comisión no sea juez y parte en el análisis de la Cuenta Pública.
Compañeros diputados, es hora de demostrar con hechos una nueva etapa en la relación del Legislativo con el Poder Ejecutivo; es hora de que los intereses políticos de grupo no enturbien las actividades propias de esta soberanía; es hora de actuar con decoro y rectitud política.
Por estas razones, solicitamos que Antonio Sánchez Gochicoa, presidente de la Comisión de Presupuesto y oficial mayor de la Secretaría de Hacienda en 1993, se excuse para dejar de conocer este asunto. Apelamos a las fracciones, a la mayoría de diputados que no están en esta circunstancia como empleados del Ejecutivo, para que actúen en consecuencia y podamos pasar a una discusión objetiva de la cuenta pública, sin que nadie pretenda arrogarse el derecho de ser juez y parte. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:
Empezaré también, como hizo el señor diputado Etienne, a tratar un punto de previo y especial pronunciamiento, ya que él entró por este camino, muy jurídico y muy procesal, también yo quisiera un poco, y usaré también otro término muy de los curiales, fijar la litis el debate que vamos a empezar.
Esta discusión tiene por objeto considerar el dictamen que nos somete la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Sus puntos resolutivos deben corresponder a las facultades que otorga la Constitución a esta comisión que son reglamentadas, pero sin poder salir de ellas, por la Ley Orgánica de la Contaduría de la Federación.
Temo que repetiré algunos conceptos bien conocidos por ustedes, pero vale la pena por ser la primera vez durante esta legislatura, que vamos a tratar de la Cuenta Pública, precisar qué clase de acto jurídico es el que realiza esta soberanía al dictaminarla, no a aprobarla, insistiré desde el primer momento.
Dice el artículo 74 de la Constitución, en la parte conducente, en la fracción IV, en uno de sus párrafos, que la revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieren discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
En el párrafo anterior, en la misma fracción IV, se dice que el legislativo debe revisar la cuenta pública del año anterior, Cuenta pública que no vamos a aprobar,que no vamos a ratificar; que vamos a analizar, que eso es lo que se nos dice por la Constitución: que es un acto efectivamente formal legislativo, ya que el artículo 70, como ustedes bien saben, le da el carárter de ley o decreto a cualquiera de las resoluciones emitidas por las cámaras. Sin embargo, desde un punto de vista material, y así lo ha dicho la Suprema Corte desde una ejecutoria del año de 1970, se considera que no es propiamente un acto legislativo, que se trata de un acto administrativo y político que no crea una situación general, impersonal y permanente.
No piensen ustedes que estoy haciendo estas disquisiones o estas minucias jurídicas por un prurito profesional o académico, o por deformación profesionalista, sino porque es importante conocer o saber que es lo que vamos a aprobar. Vamos a aprobar un dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; no vamos, insistiré otra vez, a aprobar la Cuenta Pública, sino solamente, lo que dice la Constitución y lo que dice la ley orgánica, a analizarla, a revisarla y de ahí hacer, si es necesario, algunas consideraciones y recomendaciones que esta cámara considere necesario.
Visto esto así y al no ser una aprobación, vamos a pensar desde luego que al estar hablando de intereses personales de un diputado que preside la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, realmente sí parece que es una exageración a todas luces. Parece que es una exageración y el artículo mismo que se invoca, el artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, es muy preciso. En él encuentro yo la clave para definitivamente rechazar la impugnación que se hizo por el señor diputado Etienne, sobre la actuación del presidente de la comisión.
No hablo de muchos argumentos a domine que hizo el diputado, que no fueron del mejor gusto, en relación con la actuación del diputado Sánchez Gochicoa. No quisiera mencionarlo porque me parece que no es ni siquiera elegante mencionar aquí nombres de los compañeros, pero en este caso, ya que tantas veces se insistió en él, y se dijo además una expresión que sí fue desagradable, de que había sido mandado a esta cámara, pues sí, fue mandado a esta cámara, pero por el V distrito de Tamaulipas, en una elección que ganó arrolladoramente. Así fue, fue mandado por la ciudadanía de su Estado, fue mandado y ganó una elección muy legítima, de modo que no fue una cosa gratuita de ningún ministro o secretario, como se ha dicho.
Vuelvo al punto concreto del artículo 82 citado. El artículo 82, y tengo que referirme a él porque es preciso en su expresión: "Cuando uno o más individuos de una comisión tuvieran interés personal en algún asunto".
Yo creo que la exégesis jurídica es buena y es útil, pero lo que no se puede es que se haga extensiva o caprichosamente y se cambie el significado natural o lógico de los conceptos o de las palabras de la ley.
¿Cuál es el interés de que habla en los conflictos o contraposición de intereses? Tanto la doctrina mexicana, como la extranjera, precisamente al hablar, como señaló el diputado, conflicto de intereses, o como se llama en el diccionario jurídico mexicano que editó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad, en una ficha del maestro, ilustre desaparecido, Jorge Barrera Graf, él habla de contraposición de intereses, pero tanto en esta doctrina como en la general en el mundo, se habla de intereses, sí, de intereses económicos, pecuniarios. Es decir, se trata de que se obtenga en la contraposición de intereses, o conflicto de intereses, un beneficio real, tangible, material.
El señor diputado presidente de la comisión, fue un funcionario muy distinguido en la administración pasada, en uno de cuyos años desempeñó un importante cargo en la Secretaría de Hacienda, pero he oído, y de veras me sorprendió y me parece que es llevar los argumentos al absurdo, que no se puede ser juez y parte porque se ha servido al Ejecutivo. Creo que ésta es una temeridad. Es una temeridad porque estoy seguro que muchos de nosotros estaríamos fuera de la posibilidad de actuar en esta cámara, de uno y de otro y de otro partido, porque se ha servido al Ejecutivo y eso es muy honroso, no tiene nada de qué ocultarse el haber servido al Poder Ejecutivo o al Judicial o como ahora lo hacemos al Legislativo.
Creo que insistir en que el señor presidente, el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, porque fue oficial mayor de una secretaría tiene intereses personales, de veras es llevar los términos a palabras o a interpretaciones que no es posible.
Si hiciéramos esto, si como dijo el mismo diputado Etienne, tendríamos que excusarnos muchos, en muchos casos.
Desde luego, pues todo aquel que hubiera servido en alguna de las dependencias del Ejecutivo, que esté en esta comisión, y yo creo que en otras muchas, pues tendría que haberse ellas.
Hay que recordar que el señor oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, tiene facultades muy precisas señaladas en el reglamento de la Secretaría, que no sé si conozca el diputado Etienne o algunos otros compañeros que lo sujetan, primero, a un secretario, después a tres subsecretarios y muy importantemente a la Contraloría Interna de la Secretaría de Hacienda y, todavía más importantemente a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
De modo que influir en el presupuesto por intereses personales, mejor dicho, ahora, la revisión y presupuesto, el señor oficial mayor entonces de la Secretaría de Hacienda, pues es un argumento de veras llevado al absurdo. Tan llevado al absurdo que pasaría primero que todo esto, volveré porque es recurrente el argumento, aunque, suponiendo sin conceder en el menor interés personal, no vamos a aprobar hoy la Cuenta Pública, la estamos analizando y revisando para llegar a conclusiones; no dicen otra cosa ni la Constitución ni el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de la Federación.
Pero además, decía yo a ustedes que esa revisión no tiene siquiera el alcance que tenían las antiguas revisiones, cuando había unos llamados certificados de finiquito, que con eso, quien había manejado fondos, quedaba liberado de toda responsabilidad, de modo que cada año se exigía y se buscaban estos certificados por muchos manejadores de fondos de toda la República. Ya no hay esto.
Si nuestro compañero, estimado y respetado compañero Sánchez Gochicoa tuviera algo que ocultar, que nada tiene y nunca lo ha tenido, en esa oficialía mayor hay cinco años todavía en que, de acuerdo con la misma Ley de la Contaduría Mayor de la Federación, podrían exigírsele responsabilidades civiles o administrativas y no se diga de las penales que tienen sus propias prescripciones.
Entonces ¿cuáles intereses personales tendría este presidente de la comisión que puedan oponerse a que nosotros ahora revisemos y analicemos un dictamen que él, con otros compañeros, presidió? No digo ni siquiera el caso posible, que ya se hubiera aceptado esta excusa, porque la conclusión sería la misma: nada pasaría ni con el dictamen ni con lo que usted y cada uno de nosotros opinemos en el dictamen en el momento de la votación si se hubiera excusado. Eso ya yo diría como argumento práctico.
Como argumento ético, no se puede pedir como si fuera una cosa vergonzante el haber servido al Ejecutivo, se pide que se excuse un diputado en ejercicio legítimo de lo que se le ha mandado por nosotros; nosotros lo hicimos presidente de la Comisión de Presupuesto.
De modo que ahora es difícil que podamos decir que parece muy extraño a estas alturas que él firme el dictamen. ¿Pues qué va a hacer esa Comisión de Presupuesto, sino ver eso? Yo diría, ya sin siquiera hablar de estas exageraciones, pues que si mañana vemos la Ley Minera, estoy seguro que en la Comisión de Minas hay diputados mineros, pues tendrían que excusarse porque lo que se diga en ella les va a parar el juicio o les va a derivar beneficio.
Los profesionistas, y muchos de aquí lo somos, el día que se vea la Ley de Profesiones también tenemos que excusarnos. El día que se vea la Ley del Trabajo, el Seguro Social, tendrán que excusarse los representantes obreros. Yo pienso que esto es llevar los argumentos a un absurdo y a una exageración, que no conducen sino a confusión.
Pero llegaré a un colmo en esta absurda interpretación, pues creo que todos vamos a excusarnos cuando veamos el presupuesto de la cámara. Porque ahí sí tenemos un interés pecuniario, nos darán unas dietas cortas, regulares o grandes, pero todos tenemos interés en ello, entonces deberíamos excusarnos. Porque ahí vamos a votar en un interés, pero éste no es contradictorio. Es que realmente ahí no hay conflicto de intereses, como no lo hay en ningún caso de los que hemos señalado.
De esta manera, por esto, señoras diputadas y señores diputados, independientemente de que tenemos que entrar ahora al examen ya de fondo o de sustancia del dictamen que presenta la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, legítimamente y éticamente presidida por el señor diputado Antonio Sánchez Gochicoa, pues desecharse es difícil, porque no es propiamente una proposición, pero no debe aceptarse esa impugnación que ha hecho el diputado Etienne. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Mauro González.
El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quisiera objetar las explicaciones dadas por el señor diputado que me antecedió en la palabra, el diputado Rodríguez. No se ha mencionado en la magistral exposición del diputado Etienne, el problema de legitimidad o ilegitimidad de los compañeros diputados, específicamente del diputado Sánchez. Nadie ha mencionado ese punto.
Y ya que se señala por el diputado Rodríguez la doctrina en materia de conflicto de intereses, me permito señalarle que también el insigne maestro José Becerra Bautista, con claridad meridiana, establece aquellas presunciones, jure et jure, de las cuales derivan impedimentos en el caso de los jueces para que excusen de la causa.
Quisiera leer este punto, porque es precisamente la parte medular de la litis y que se aplica en forma analógica al caso que estamos debatiendo. No basta que un juez sea objetivamente competente, para conocer de un negocio. No estamos desafiando la competencia profesional del diputado; insisto, es necesario que tenga absoluta independencia respecto al negocio, pues sólo siendo un tercer extraño a la controversia y a los interesados, lo que los romanos llamaban un tertium neuter, tendrá la libertad necesaria para formarse un juicio exacto e imparcial.
El fondo de la ausencia de esta imparcialidad, radica en la parcialidad, de la cual derivaría la injusticia en el juicio sereno de la comisión que tiene que dictaminar. Es muy importante también señalar que si nosotros como legisladores hemos impuesto este criterio, por ejemplo, a los jueces, no nos lo apliquemos a nosotros mismos.
Por otro lado, el maestro Becerra señala, que los impedimentos en la legislación positiva que estudiamos pueden derivar no sólo en presunciones que tienen una naturaleza de orden económico y me permito leerle la fracción IV de este tratado, que señala que por razones profesionales haber sido abogado o procurador, perito o testigo o mismo juez que haya visto la causa anteriormente...
El diputado Roberto Rafael Campa Cifrián (desde su curul):
Señor Presidente: ¿quisiera preguntarle, por favor, al orador si acepta una interperlación?
El Presidente:
Señor diputado Mauro González, ¿acepta usted una interpelación del diputado Campa Cifrián?
El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:
Indudablemente que sí.
El Presidente:
Adelante, señor diputado.
> El diputado Roberto Rafael Campa Cifrián (desde su curul):
Muchas gracias, señor Presidente:
Yo quiero solamente preguntarle al orador, en el caso que nos ocupa el señor diputado Sánchez Gochicoa, sobre qué asunto va a juzgar, porque me parece inapropiada la comparación de un artículo que se refiere a las tareas de un juez, de alguien que va a resolver, a decidir y hacer lo mismo y suponer que es aplicable esta disposición cuando se trata del presidente de una comisión que no juzga nada, por lo tanto, yo le pregunto al orador: ¿sobre qué materia va a juzgar el señor diputado Sánchez Gochicoa?
El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:
Le agradezco mucho su pregunta, porque me va a ayudar a aclararle a la mayoría de los señores diputados el punto que estoy tratando de defender.
En primer lugar, quiero recordarle al señor diputado, que hablé antes de iniciar la lectura de algunos párrafos de este texto del maestro Becerra Bautista, de un criterio válido de interpretación en el campo del derecho que es la analogía. Como usted es abogado, considero que no es necesario que explique la naturaleza de la interpretación analógica. Precisamente la Constitución, citada también por el diputado Rodríguez, me permite responder a su pregunta.
En el artículo 74, fracción IV, en una interpretación lógica, racional, integral del mismo, con toda claridad se dice que será facultad la de revisar la Cuenta Pública del año anterior y después tres párrafos ulteriores, señala que la revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda, aparecieren discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto, o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. De ahí se deriva, precisamente, que el dictamen que deberá formular esta comisión tiene que basarse en la exigencia constitucional de revisar, de evaluar y evaluar y revisar; en un sano sentido del castellano, implica emitir un juicio de valor, es decir, juzgar.
Entonces, compañero, no recurra usted a argumentos de un tecnicismo que deja en la oscuridad las interpretaciones válidas a la luz de la Constitución.
Si dictaminar sólo significa el leer con cuidado un documento, entonces las comisiones dejan de cumplir su responsabilidad como órganos de esta cámara. Es indispensable que las comisiones asuman la responsabilidad de dictaminar, es decir, de emitir un juicio, una evaluación después de un debate que se dé en el seno de esa comisión. Así contestaría yo a su pregunta y continúo con la argumentación, solicitándole al Presidente que me reste el tiempo de la intervención a la interpelación.
Otro asunto que quisiera objetar en la argumentación del diputado Rodríguez, es de que como son muchos los compañeros del PRI, que se encuentran contemplados en esta hipótesis de conflicto de intereses, que es evidente, porque no se puede, como decía, insisto, brillantemente Pedro Etienne, ser juez y parte, de que como son muchos los compañeros, entonces no es válida la argumentación del diputado Etienne.
¿Desde cuándo, compañeras y compañeros diputados, cuando un número determinante de personas violentan principios elementales del derecho exime de su cumplimiento la norma jurídica? ¿Desde cuándo este criterio puede ser el que rija este punto?
Este punto de que son muchos, me parece un recurso, el menos jurídico que hace mucho tiempo se había oído. Así es de que porque son muchos los que violan las normas de derecho fiscal, se legitima el no pagar impuestos y se consagra entonces esto como norma aplicable y reconocida. Ojalá que así fuera, porque en realidad no hay legitimidad para exigir los impuestos, pero es otra la razón para no pagarlos.
Por otro lado, quisiera terminar esta intervención, porque el tiempo se ha agotado, rememorando unas ideas esclarecedoras de un verdadero ideólogo de lo que fue la Revolución mexicana: Luis Cabrera. La propuesta que exige que se inhiba del conocimiento del análisis y del debate el diputado Sánchez, porque precisamente por un lado participó en el manejo de los presupuestos, fue un titular, fue un instrumento del Poder Ejecutivo, fue una persona que tiene un interés no sólo personal, a mayoría de razón, un interés institucional, porque formó parte de ese Poder Ejecutivo, ¿cómo es posible entonces, que esa persona a la vez, en los juicios que serenamente deben darse en la discusión de la Cuenta Pública, pueda externar una opinión imparcial? Este es el centro del debate. No es un problema de artículos técnicos del derecho, es un problema de principio general del derecho, porque la justicia es uno de los fines fundamentales del derecho y su presupuesto en este caso es la imparcialidad, y esa imparcialidad es la que queda vulnerada en el caso señalado por el diputado Etienne.
Vuelvo a la idea y con esto concreto, con esto termino, sólo diré que la medida que propone el señor diputado Etienne, tiene por objeto asegurar la independencia de este Poder Legislativo, es la aconsejable por la lógica y tiende a la mejor división de los poderes. Es, en suma, como diría Cabrera, democrática y justa y sobre todo señores, es una proposición cristiana, porque no se puede servir a dos señores: ¡al sistema, encarnado por el Ejecutivo y a la justicia, encarnada en este caso por una serena evaluación y juicio de la Cuenta Pública por los diputados! Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, la diputada Ifigenia Martínez.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Yo vengo en esta función tan importante que nos ha sido asignada, a esta representación, dentro de un nuevo espíritu y que tiene una diferente composición política a la que habían tenido anteriores legislaturas. Dentro de ese espíritu de hacer a fondo y a conciencia nuestra tarea, yo vengo a formular ante ustedes una proposición suspensiva del trámite legislativo de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública, considerando los siguientes argumentos:
1. Que esta LVI Legislatura, no ha conocido los argumentos de los funcionarios responsables que avalen la revisión de la cuenta, en virtud de que los documentos que recibió la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la anterior LV Legislatura son insuficientes y de que esta legislatura tiene una composición política diferente.
2. Que el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta legislatura, diputado Antonio Sánchez Gochicoa, desempeñó el cargo de oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¡dependencia encargada de elaborar la Cuenta Pública durante el periodo de revisión del año de 1993 y que ya ha firmado el proyecto de dictamen, circunstancia que convierte al mencionado diputado en revisor y revisado a la vez!
3. Que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública no ha votado el proyecto de dictamen que se pretende presentar a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, contraviniendo con ello la disposición expresa del artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que "las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros y que en caso de que alguno de los miembros "disienta de la resolución adoptada, expresará su parecer por escrito por conducto de su coordinador".
Además, además hay una laguna legal que quisiera señalar para su futura consideración de este honorable pleno. Mi fracción parlamentaria considera necesaria, para una mejor revisión y examen del gasto ejercido por el Ejecutivo, del ingreso recaudado por él y de la política económica derivada de ello, que en virtud de su especialización, así como de los recursos técnicos con los que cuenta, la participación en el examen de la Cuenta Pública de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en grado de conocimiento y opinión.
Señores legisladores, creo que ha llegado el tiempo de que de veras hagamos un examen a fondo de este documento que se usaba y se consideraba que pasaba a todo vapor. Ahora, afortunadamente ya hay previsiones que hacen que el documento, el análisis previo, se envíe en el mes de junio a la contaduría, pero también es cierto que este examen no fue o cuando menos no fue discutido, no fue analizado suficientemente por esta legislatura, esta LVI Legislatura, que es la que tiene la misión de examinar y analizar este importante documento.
Por las tres razones anteriormente expuestas y con fundamento en los artículos 27 de la Ley Orgánica y 21, 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente
PROPOSICION SUSPENSIVAPrimero. Se suspende la discusión del dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del ejercicio fiscal correspondiente al año de 1993.
Segundo. Se devuelve el dictamen para su discusión fundamentada y votación efectiva a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día de esta fecha. Muchas gracias.
El Presidente:
En contra de la moción presentada, se concede el uso de la palabra al diputado Javier Calvillo.
El diputado Ramiro Javier Calvillo Ramos:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 82 determina: "cuando uno o más individuos de una comisión tuvieren interés personal en algún asunto que se remita al examen de ésta, se abstendrán de votar y firmar el dictamen y lo avisarán por escrito al Presidente de la Cámara, a fin de que sean sustituidos para el solo efecto del despacho de aquel asunto".
En sustento con esta norma jurídica, es menester determinar qué es interés. Siguiendo al maestro Jorge Barrera Graf, quien señala con meridiana claridad las prohibiciones, limitaciones e incompatibilidades del interés y establece: "la posibilidad de la contraposición de intereses se da, en consecuencia, respecto a un mismo sujeto y se resuelve por la ley mediante prohibiciones que tiendan a evitar dichas contraposiciones, limitaciones del ejercicio de interés personal o de los adventicios para también evitar la posible colisión de unos con otros, en compatibilidad para el ejercicio de funciones y facultades que sean las propias y normales de la posición incompatible".
Para llegar a una conclusión verdadera, es indispensable la utilización del criterio jurídico, del razonamiento lógico, que nos conduzcan a establecer el punto medular, que no es otro que determinar la existencia o no del interés personal del señor diputado Antonio Sánchez Gochicoa.
En lo particular, el simple hecho de haber sido servidor público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no representa por sí mismo un interés personal en su actuación relacionada como diputado federal y presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, primero, porque presumir la contraposición por el simple hecho de ser servidor público, lisa y llanamente sería aceptar con toda injusticia posibles hechos tendientes a desvirtuar, ocultar, manipular, suprimir o maquillar datos de la Cuenta Pública que hoy nos ocupa, con el manifiesto interés personal de cumplir con las acciones relatadas.
Señores diputados: nadie más entusiasta en el análisis de la Cuenta Pública que el señor diputado Antonio Sánchez Gochicoa, hombre de bien y servidor público con prestigio y reconocimiento. Ante esta circunstancia no se prueba ni se comprueba su interés personal. A mayor abundamiento, el dictamen contiene metas cumplidas superadas y no alcanzadas, con razonamientos claros y precisos que no presentan con justeza la realidad de las aplicaciones presupuestarias del año de 1993.
A mayor abundamiento, es menester señalar en esta tribuna, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que nos ocupa, interés jurídico, afectación de probarse fehacientemente. En el juicio de afectación de intereses jurídicos, debe acreditarse fehacientemente y no impedirse solamente a base de presunciones, Tribunal Colegiado del Vl Circuito, que está a disposición para el que quiera analizar esta tesis de la corte.
Compañeros diputados, la muy distinguida compañera diputada Ifigenia Martínez, propone la moción suspensiva argumentando fundamentalmente que no fue suficientemente analizada la Cuenta Pública para el ejercicio de 1993. Debo recordar que la comisión anterior de la legislatura que nos precedió durante los meses de junio a octubre, analizaron profundamente y con seriedad la Cuenta Pública y que además dejaron un predictamen.
La actual legislatura, también tuvo la oportunidad con amplitud de estudiar este documento con la misma seriedad y profundidad. Se analizaron por rubros cada una de las partidas presupuestarias, fueron discutidas en el seno de la comisión.
Por todo ello, consideramos que no debe otorgarse la proposición suspensiva, en virtud de que ha sido ampliamente discutida, en virtud de que el dictamen es claro, es preciso y está sobre todo, apegado a la realidad presupuestal de ese año. Muchísimas gracias.
El Presidente:
Pido a la Secretaría, por favor, darle lectura al artículo 110 del Reglamento.
La secretaria Martina Montenegro Espinoza:
Con mucho gusto, señor Presidente.
"Artículo 110. En el caso de moción suspensiva, se leerá la proposición y sin otro requisito que oir a su autor si la quiere fundar algún impugnador, si lo hubiere, se preguntará a la cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra, pero si la resolución de la cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada." El Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se admite o se desecha la moción suspensiva.
La secretaria Martina Montenegro Espinoza:
En votación económica se pregunta si se acepta o se rechaza la moción suspensiva presentada por la diputada Ifigenia Martínez.
Los diputados que estén porque se acepte, por favor mostrarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, por favor mostrarlo... Mayoría, señor Presidente. Se desecha precisamente la moción suspensiva.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jaime del Río, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jaime Mariano del Río Navarro:
Señor Presidente, le voy a solicitar que para mi intervención disponga lo relativo en términos de tiempo, que señala el artículo 103 del Reglamento. Gracias.
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea: Con base en el artículo 108 de nuestro Reglamento, acudo a esta tribuna para exponer los fundamentos que dan sustento al dictamen referente a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio del año 1993.
El documento que hoy se somete a la consideración de esta Asamblea, fue elaborado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LVI Legislatura conforme a la fracción IV, del artículo 74 de nuestra Carta Magna, que otorga la facultad exclusiva a esta soberanía para revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
El análisis que hoy se presenta e incorpora las observaciones de las fracciones parlamentarias que fueron recogidas por la mesa directiva plural de la comisión y que están relacionadas con diferentes aspectos macroeconómicos y programáticos presupuestales.
Durante nuestros trabajos, observamos la disposición de los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, así como la de los de la Contaduría Mayor de Hacienda, para explicar las discrepancias entre el presupuesto original y el ejercido.
La base para la elaboración del dictamen, fue el documento de trabajo que presentó el secretariado técnico de la LV Legislatura y las versiones estenográficas de las reuniones que los diputados de la pasada legislatura tuvieron con los representantes del Poder Ejecutivo, las que permitieron ampliar la información y aclarar las dudas relacionadas con la gestión financiera, con el ajuste a los criterios presupuestales y con el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
En estas actividades, se contó con la participación de la Contaduría Mayor de Hacienda. Destacamos la presencia y apoyo del Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LV Legislatura, lo que permitió darle mayor continuidad y profesionalismo al trabajo técnico legislativo.
En relación al marco legal que norma los trabajos de revisión de la Cuenta Pública, es preciso señalar los siguientes:
1o. Conforman el universo jurídico bajo el cual se desarrollaron los trabajos de nuestra comisión, entre otras, las siguientes disposiciones jurídicas: artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 42, 43, 47, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 6o. de la Ley de Planeación; artículos 1o., 3o., 10 fracción IV; 11, 12, 14, 15, 19, 20, 26, 37 y 38 de la Ley Orgánica de la Con- taduría Mayor de Hacienda, en vigor.
2o. Según lo dispuesto por nuestra Carta Magna en el artículo 74, fracción IV, párrafos primero y quinto, así como por el artículo 3o.. y 20 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que la realiza por conducto de su órgano técnico: la Contaduría Mayor de Hacienda, desarrollando funciones de contraloría, bajo la supervisión de la Comisión de Vigilancia y sujeta al control y evaluación de este pleno, por conducto de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Este procedimiento se inició con la presentación de la Cuenta Pública 1993, que el Ejecutivo Federal hizo en tiempo y forma, como lo establecen las disposiciones legales vigentes.
3o. Por prescripción constitucional, la revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, para comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y si ha cumplido los objetivos de sus programas.
Esta disposición es concluyente al señalar que se determinarán las responsabilidades de acuerdo a la ley, cuando del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda, aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto, o cuando no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos.
4o. El artículo 3o. fracción II, en sus incisos a y b de la propia Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, señala la obligación de ésta de presentar a esta soberanía, por conducto de la Comisión de Vigilancia, el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública, en los 10 primeros días del mes de septiembre del año siguiente al de su recepción. Previo a ello, presentará un informe previo de los trabajos de revisión, a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, por el mismo conducto, dentro de los 10 primeros días del mes de noviembre, en que la cuenta se presenta.
En relación a esto último, es que nuestra comisión ha desarrollado sus actividades emitiendo un dictamen que evalúa el trabajo de revisión y sus resultados preliminares, que presenta la Contaduría Mayor de Hacienda.
5o. Finalmente, es conveniente aclarar que de acuerdo a los ordenamientos legales vigentes, la Cuenta Pública no es objeto de aprobación, por lo que su revisión implica sólo control y fiscalización del ejercicio presupuestal, quedando en consecuencia abierta la posibilidad de imputar las responsabilidades civiles, administrativas y penales que resulten procedentes, hasta el término establecido por las leyes correspondientes. Cito el artículo 37 y 38 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
En este contexto, observamos que la Contaduría Mayor de Hacienda fungió como contralor, con la finalidad de corroborar durante 1993, si las diversas entidades públicas realizaron sus operaciones con observancia al marco jurídico aplicable. Del examen realizado por la Contaduría Mayor al marco legal, se desprende que en términos generales, las dependencias gubernamentales se apegaron a las normas vigentes para el ejercicio fiscal 1993.
Por otra parte, la Contaduría Mayor de Hacienda efectuó una evaluación de las prácticas contables utilizadas por las dependencias públicas, tanto del sector central como las del sector paraestatal. Concluye que en términos generales se aplicaron los principios básicos de contabilidad gubernamental. Precisa también que en aquellos casos en los que se detectaron deficiencias, tales como clasificaciones inadecuadas del gasto y la omisión del registro de pasivos contingentes, la Contaduría Mayor de Hacienda procederá en consecuencia.
Dentro del marco jurídico a que se ha hecho referencia, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública valoró el examen de los aspectos financieros, programáticos y presupuestales de la administración pública durante el año de 1993.
Respecto de las acciones desarrolladas por la comisión, se destaca lo siguiente: como se describe en el dictamen, la recepción de la Cuenta Pública para 1993 se efectuó en el mes de junio, durante la vigencia de la LV Legislatura, misma que entregó a las diversas fracciones parlamentarias de esta soberanía. Adicionalmente se distribuyó la parte relativa a las comisiones de esta cámara, con interés en diferentes ramos presupuestales, de cuyo ejercicio se informa en la Cuenta Pública. En todos los casos se solicitaron los comentarios y las observaciones pertinentes.
Entre los meses de septiembre y octubre se llevaron a cabo nueve reuniones de trabajo con servidores públicos del Ejecutivo Federal, para profundizar en el análisis de la Cuenta Pública. Los temas tratados en estas reuniones fueron: energéticos e industria paraestatal, finanzas públicas, gasto, ingreso y deuda pública, comunicaciones, transportes y turismo, comercio, abasto y fomento industrial, educación, salud, trabajo y seguridad social, desarrollo rural y pesca, evaluación de la gestión pública y por último desarrollo urbano, ecología y solidaridad.
En el transcurso de las reuniones de trabajo, se invitó a participar en las mismas a diversas comisiones, a las que se les enviaron los análisis correspondientes. Lo anterior con el fin de que dichas comisiones, al igual que todos los diputados integrantes de la de programación, contaran con información de primera mano respecto de los ramos presupuestales de cuyo ejercicio se informa en la Cuenta Pública.
En todas las reuniones de trabajo se contó con la presencia de los subsecretarios y del oficial mayor correspondiente, así como de los directores generales y funcionarios de los principales organismos y empresas públicas sujetas a control presupuestal. Lo anterior permitió una interlocución válida con las siguientes entidades públicas: 13 secretarías de Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional Indigenista, entre otros.
En número, estas reuniones significaron aproximadamente 200 intervenciones de los diputados, con una duración promedio de más de cuatro horas efectivas en cada una de las reuniones, durante las cuales se cumplió con el propósito de ampliar la información, aclarar dudas y responder a cuestionamientos.
En el mes de noviembre próximo pasado, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública recibió, a través de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el informe previo sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1993.
Por su parte, la comisión dictaminadora realizó la entrega del informe previo a las diversas fracciones parlamentarias en esta cámara. De igual manera, se solicitaron los comentarios pertinentes a dicho informe, con el propósito de considerarlos en la elaboración del anteproyecto de dictamen de la Cuenta Pública.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto por nuestra Constitución Política y la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, se presentó a la consideración de esta cámara el informe previo en los términos y plazos establecidos. El contenido de este informe comprendía los resultados de mayor relevancia y los acontecimientos trascendentes sobre la gestión pública.
Al respecto es importante señalar que la Contaduría Mayor de Hacienda, ha introducido cambios significativos en los informes y al mismo tiempo ha plasmado un mayor rigor técnico en las tareas de evaluación y análisis. Se pretende proporcionar elementos de juicio suficientes a los diputados federales, para la realización de su labor legislativa.
Compañeras y compañeros diputados. De acuerdo al documento de criterios generales de política económica para 1993, se fijaron los siguientes objetivos:
1. Reducir significativamente la inflación hasta niveles de un solo dígito, alrededor del 7%.
2. Promover el empleo y lograr por quinto año consecutivo un crecimiento del producto, por encima del aumento de la población. Fue una meta de alrededor del 3%.
3. Ahondar las reformas estructurales con el fin de promover mayor eficiencia y productividad, con énfasis en los actores que a nivel microeconómico permitan elevar la competitividad de las empresas.
Este objetivo cobra particular relevancia a partir del reconocimiento de la mayor estabilidad del contexto macroeconómico y ante la necesidad de enfrentar exitosamente el reto de la apertura.
4. Promover el desarrollo social, mediante el apoyo a los sectores más desprotegidos, a través de acciones directas por parte del sector público y asimismo, propiciar, mediante políticas de empleo, su incorporación al sistema productivo.
Para ello, ubicar el gasto en desarrollo social por encima del 50% del gasto programable sectorial, para permitir atenuar los efectos que se puedan derivar de la actual etapa de modernización y reordenamiento del aparato productivo.
Con respecto a estos objetivos, se desprende que los resultados de política económica durante 1993, permitieron avanzar en cuanto a la estabilidad macroeconómica se refiere; sin embargo, la meta creció muy por debajo del crecimiento de la población. Esto se explica fundamentalmente por el debilitamiento en la inversión y el consumo y en lo particular por la falta de dinamismo de la inversión privada que, entre otras cosas, sufrió los efectos del retraso en la firma del TLC.
Las consecuencias de esta desaceleración económica repercutieron de manera adversa en los niveles de ocupación, registrándose de esta manera un aumento del 0.6 puntos porcentuales en la tasa de desemplo abierto que se situó en un promedio del 4.4 %.
Por otro lado, también se debe señalar que el indice nacional de precios al consumidor alcanzó el menor monto desde 1972, registrándose así un crecimiento acumulado del 8%.
Por su parte, el indice nacional de precios al productor, sin incluir el petróleo crudo de exportación, aumentó tan sólo en un 5.9% en el mismo periodo, siendo esta variación anual la más baja desde 1980.
Otro aspecto positivo en el año de 1993, lo fue el pleno abasto de bienes de consumo generalizado.
En cuanto al sector financiero, en diciembre de 1993 el ahorro financiero arrojó un saldo de 19%, superior al previsto en los criterios generales de política económica.
Respecto al sector externo, destaca el superávit en la cuenta de capital que ascendió a 30 mil 882 millones de dólares, que permitió cubrir el déficit de cuenta corriente y generar reservas por 6 mil 083 millones de dólares.
En términos generales, las metas de finanzas públicas previstas en el documento de Criterios Generales de Política Económica, se cumplieron de manera satisfactoria. También se cumplió con la meta de tener un superávit presupuestario de 1.6 % del PIB.
Estos resultados en las finanzas públicas obedecen, por un lado, al aumento en la recaudación tributaria del Gobierno Federal y a los recursos generados por el sector paraestatal no petrolero y, por el otro, a un menor gasto neto cuyo nivel respecto al PIB se ubicó en el 24.9%, el más bajo en los últimos 20 años y muy similar a lo estimado.
En esta disminución del gasto neto, la baja en el costo financiero de la deuda y el cambio estructural del gasto, resultaron elementos determinantes.
Este saneamiento de las finanzas pública permitió avanzar en la recomposición del gasto público al asegurar mayores recursos al desarrollo social, así su participación en el gasto programable total se situó en 79% frente al 77.3% de 1992.
Este gasto, que incluye educación, salud, desarrollo urbano, agua potable, ecología, programa social de abasto y salubridad, absorbió el 52.7% del gasto programable sectorial, lo cual representa el más alto nivel histórico.
En términos comparativos, al presupuesto autorizado por esta soberanía, el gasto neto del sector público fue mayor en un 3.2%, lo que equivale a un gasto adicional de 8 mil 749.0 millones de nuevos pesos, que permitieron cubrir gastos no previstos.
Estas aplicaciones hechas con fundamento en lo estipulado en el artículo 14 del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación, fueron autorizados por el Ejecutivo Federal con base en los ingresos superiores que se obtuvieron, mismos que ascendieron a 15 mil 26.7 millones de nuevos pesos.
El gasto programable ascendió a 206 mil 987.2 millones de nuevos pesos, monto superior en 2.3% real al presupuesto original y en 5.8% al de 1992.
El gasto corriente fue de 163 mil 471.6 millones de nuevos pesos, monto similar a la estimación original y superior en 8.5% real al año previo.
El gasto en inversión pública presupuestal ascendió a 39 mil 721.0 millones de nuevos pesos, monto inferior en 1.7% real respecto del año anterior, como consecuencia del proceso de desincorporación del sector paraestatal.
En cuanto al ejercicio del gasto que realizaron las 27 dependencias y ramos considerados en el presupuesto del Gobierno Federal, 23 de éstas ejercieron montos presupuestales superiores a su asignación original, siendo ampliaciones que fueron autorizadas con fundamento en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos incrementos fueron cubiertos en su totalidad con los recursos asignados al ramo 23 denominado "Erogaciones no Sectorizables".
Conviene aquí hacer una revisión crítica del ramo 23, ya que este rubro de gasto ha consistido en la inclusión de recursos, que no son asignados de origen a las dependencias ejecutorias, debido a que en el momento de la presupuestación, se contemplan elementos que están sujetos a los cambios que sufre cualquier economía, tales como incrementos salariales y diversas contingencias naturales.
Conforme a esta práctica presupuestal se previeron en este ramo 25 mil 813.5 millones de nuevos pesos, de los cuales sólo se ejercieron en forma directa 5 mil 657.6 millones; el resto fue transferido a otras dependencias y entidades.
En esta situación existe consenso en la comisión entre todas las fracciones parlamentarias, en el sentido de que el ramo 23 se reduzca sustancialmente y se ajuste expresamente a aquellas necesidades, que no son factibles de cuantificar con exactitud al elaborar el presupuesto.
En el dictamen que hoy discutimos en esta cámara, destacan las recomendaciones referentes al estricto apego al marco legal así como al cumplimiento de los principios fundamentales de la contabilidad gubernamental. Hay también plena conciencia de que los trabajos de análisis, revisión y dictamen de la Cuenta Pública se han desarrollado con un ánimo constructivo.
Coincidimos con la idea de que los tiempos y procedimientos para desarrollar escrupulosamente estos trabajos, deberán ser reconsiderados por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como por la de Vigilancia, para someter los cambios necesarios a esta soberanía.
El debate que en breve iniciaremos estará orientado sin duda a exigir que el ejercicio de programación y presupuestación, sea más eficaz y transparente, tomando en cuenta mejores elementos de control y fiscalización.
En otro orden de ideas y como resultado de la revisión contable y jurídica efectuada por la Contaduría Mayor de Hacienda, es importante destacar que el dictamen que sometemos a su consideración, sirve de marco al proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio de 1993.
En él se hacen las recomendaciones que esta dictaminadora considera pertinente dirigir a las dependencias y entidades del Ejecutivo, que no se observaron en su totalidad en cuanto a los ordenamientos legales.
Recomendaciones que, además, son adicionales a las que la propia contaduría hace en su informe previo. De la misma manera, se hacen recomendaciones a ciertas dependencias para que los procesos de programación y presupuestación sean más eficientes en el cumplimiento de los objetivos y metas aprobadas, tal como se precisa en el artículo 5o. del proyecto de decreto que sometemos a esta soberanía; entre éstas, destacan las siguientes que surgieron del consenso plural entre la comisión:
1o. Exigir una mayor transparencia en la presentación del presupuesto y que se disminuya la discrecionalidad en el ejercicio del gasto, tratándose de recursos contingentes contenidos en el ramo 23, distribuyéndose entre los ramos específicos, facilitando su correspondencia con las cuentas de la Hacienda Pública Federal que se revisan.
2o. Siendo una preocupación constante el que contemos con mayor tiempo para el cumplimiento de nuestras tareas de revisión, se recomienda la adecuación de los tiempos de entrega de la Cuenta de la Hacienda Pública, del informe previo y de los resultados de la revisión.
3o. Destaca la recomendación para que la Contraloría General de la Federación, instruya a los órganos internos de control de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, para que rindan información precisa y detallada respecto del seguimiento de las recomendaciones del Poder Legislativo y
4o. Se insta a la Contaduría Mayor de Hacienda, para que continúe en el cumplimiento de sus funciones de contraloría y practique las auditorías necesarias promoviendo, en su caso, el fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales, ante las autoridades competentes e informe a esta soberanía sobre los resultados de su gestión.
Compañeras y compañeros diputados: con fundamento en lo antes expuesto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública,. por mi conducto, ha presentado a la consideración de esta soberanía el dictamen que contiene el proyecto de decreto de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1993, en favor del cual solicito su voto razonado. Muchas gracias.
El Presidente:
Ha solicitado hacer uso de la palabra, el diputado Raúl Livas Vera, para presentar su voto particular.
El diputado Raúl Alejandro Livas Vera:
Con su venia, señor Presidente:
El Partido de la Revolución Democrática, sostiene que la práctica y el marco general en los cuales se ha venido revisando la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, presentan elementos de insatisfacción de tal importancia que prácticamente han convertido al que debería ser un ejercicio de democracia republicana y expresión de la división de los poderes de la Unión, en sólo un intrascendente ritual anual destinado a convalidar el manejo fiscal del Poder Ejecutivo y no a revisarlo como ordena la Constitución.
La revisión de la Hacienda Pública Federal de 1993, realizada por las Legislaturas LV y LVI, no han sido la excepción en este sentido, a no ser porque en el seno de las nuevas mesas directivas y como se acaba de señalar hace un momento, se han dado muestras de que podría haber en el futuro próximo una mayor receptividad de las preocupaciones y propuestas de los distintos grupos parlamentarios en la perspectiva de convertir el actual ritual, en la verdadera práctica de la revisión que ordena la Constitución.
Serán los hechos futuros, los que establezcan si estas muestras de mayor receptibilidad se traducen o no en hechos relevantes para mejorar sustancialmente la calidad de la revisión de la Cuenta Pública.
La revisión de la cuenta correspondiente al año fiscal de 1993, por lo pronto, ha adolecido de los viejos problemas e insuficiencias. Estos problemas están determinados por la combinación de elementos de diversa naturaleza, entre los cuales destacan:
Primero. Un marco normativo anticuado y deficiente que no está acorde ni con las necesidades políticas y técnicas, ni con las correspondientes posibilidades de una fiscalización eficaz, plural, moderna, expedita y transparente de la Cuenta Pública.
Segundo. La práctica de la subordinación de los diputados del partido de estado a los planteamientos del Poder Ejecutivo, que ha evitado hasta ahora que la cámara o su órgano técnico profundicen en su primordial tarea fiscalizadora.
Tercero. La insuficiente atención de la Comisión de Vigilancia y de la plenaria de la Cámara de Diputados, a la calidad, eficiencia y productividad de los trabajos del órgano técnico, que es la Contaduría Mayor de Hacienda.
Cuarto. Lo anterior ha derivado, entre otras cosas, en la poca seriedad que con apoyo a algunas dependencias del Ejecutivo, han atendido a su obligación de informar con precisión a la Cámara de Diputados y a la Contaduría Mayor de Hacienda, sobre el ejercicio fiscal y el presupuestal.
En lo que se refiere a la pobreza del marco normativo para la revisión de la Cuenta Pública, baste con recordar, para ejemplificar, los problemas de falta de oportunidad y premura que imponen.
Respecto a la falta de oportunidad, la propia Constitución establece que la Cuenta Pública sea entregada por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, seis meses después de culminado el ejercicio presupuestal. Desde ese momento la Contaduría Mayor de Hacienda dispone de un plazo de cinco meses más para presentar su informe previo a la Cámara de Diputados, la cual conoce de la opinión consolidada de su órgano técnico cuando está ya concluyendo el proceso de revisión de cuenta, entre otras inconveniencias de este inadecuado calendario. Ocurre que la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal anterior, se viene terminando cuando prácticamente está también concluyendo el ejercicio fiscal del año siguiente al que se revisa empalmándose además con la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del segundo ciclo fiscal siguiente al que se revisa, como lo veremos, ya que mañana recibiremos aquí la propuesta del nuevo presupuesto.
Este inadecuado esquema temporal, además de congestionar el trabajo de la Cámara de Diputados, propicia que las recomendaciones y observaciones que pudieran devenir de la revisión de la Cuenta Pública, tendientes a superar problemas, desviaciones e incluso evitar malos manejos de la Hacienda Pública, puedan tener aplicación sólo hasta dos o tres años después de concluido el ejercicio.
Esto da pie a la persistencia de ineficiencias, a una alta e indeseable discrecionalidad por parte del Ejecutivo en el uso de los recursos públicos e incluso de un ambiente propicio para la impunidad en los casos de manejos ilícitos de la Hacienda Federal.
La realidad mexicana exige hoy una fiscalización expedita y efectiva de la Hacienda Pública por parte de la Cámara de Diputados, justo cuando los medios técnicos modernos lo hacen totalmente factible.
El PRD ha presentado en las legislaturas anteriores iniciativas de reforma de las leyes para dar una mayor oportunidad a la revisión de la Cuenta Pública, acortando el plazo de su presentación a la cámara por la Secretaría de Hacienda y simultáneamente ampliar el tiempo para que esta soberanía y su órgano técnico, puedan realizar una verdadera fiscalización.
Al respecto hemos propuesto que la Cuenta Pública Federal sea entregada a la Cámara de Diputados un trimestre después de terminado el ejercicio fiscal que se examinará.
Esto es dentro de los 10 primeros días del mes de abril. También propusimos que el informe previo que realiza la Contaduría Mayor de Hacienda sea entregado a la Comisión de Vigilancia en los primeros 10 días del mes de julio y el informe de resultados sea entregado en los primeros 10 días del mes de septiembre.
Habremos de retomar y actualizar estas propuestas ante esta soberanía, con la esperanza de que en esta legislatura demos los pasos definitivos para eliminar el carácter ritual de nuestra importante responsabilidad fiscalizadora.
¡Para ilustrar la escasa atención que el Ejecutivo ha prestado a los requerimientos que la Cámara de Diputados y sus integrantes de diverso perfil político y representativo le han planteado, basta un solo ejemplo: la Comisión de Presupuesto, Programación y Cuenta Pública nos ha presentado ya un decreto aprobatorio de la Cuenta Pública Federal de 1993, sin que esta cámara cuente con la información básica necesaria referida al número de causantes que existen en el país y el monto de las contribuciones que le pagan a la Federación, desagregados estos datos por tipo de impuesto, rangos de ingreso, región y región a que pertenecen los causantes!
El grupo parlamentario del PRD ha solicitado, desde años atrás, que esta información se proporcione a esta soberanía a través de la comisión correspondiente y ha recibido en varias ocasiones, por parte de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la seguridad de que la misma le sería entregada.
Es fecha, sin embargo, en que no se ha logrado hacer realidad este objetivo. Tampoco ha contado esta soberanía con información detallada y suficiente para su análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1993, sobre en particular la desincorporación de los activos públicos realizados durante el año fiscal de referencia.
Por otro lado, las explicaciones dadas por los funcionarios de los distintos ramos del Ejecutivo en las comparecencias ante las comisiones de la cámara, con demasiada frecuencia no expresan una verdadera voluntad de aclarar los manejos, ni éstos son suficientemente explicados o justificados.
En este contexto, año con año ha sido aprobada la Cuenta Pública Federal y pretende darse por revisada hoy la correspondiente a 1993.
El dictamen que está en discusión reconoce, a propuesta nuestra, como ya se dijo, que algunas de las metas económicas aprobadas por la Cámara de Diputados para el ejercicio de 1993 no se cumplieron. En este caso el bajo crecimiento del producto interno bruto que apenas alcanzó un 0.4%, inferior tanto a la cifra original fijada en el Plan Nacional de Desarrollo como a la meta ajustada anual de entre 2.5 y 3% propuesta a esta soberanía por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el invierno de 1992.
En la medida que la cifra de crecimiento fue inferior a la tasa de aumento de la población como ya se ha señalado, durante 1993 se produjo un retroceso en el nivel del producto por habitante.
Por sus implicaciones ese hecho merece un cuidadoso análisis que discierna en qué medida la desaceleración de la economía fue resultado de situaciones externas o de la política económica aplicada.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sostiene que el impacto negativo de la política económica en esta desaceleración no está adecuadamente reflejado, ni en la Cuenta Pública ni en el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, ni tampoco en el proyecto de dictamen.
Desde el debate del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación de 1993 sostuvimos que era un error persistir en la política económica restrictiva, orientada a alcanzar un improcedente superávit y que este error multiplicaría sus efectos negativos sobre la economía, de llevarse a cabo, en el contexto de un acelerado proceso de apertura y de inciertas expectativas por la negociación del TLC.
El impacto de esta estrategia se agudizó, aún más, al registrarse un aumento en los ingresos del sector público, superior al esperado. Reduciéndose así el poder de demanda del sector privado. Para importantes sectores del sector productivo mexicano, esto ha representado pagar más impuestos para recibir menos servicios.
Una de las importantes palancas de las cuales dispone el sector público para impulsar tanto el dinamismo económico y el del empleo, lo constituye la inversión pública. Este rubro, aun cuando se sobregiró respecto al bajo nivel programado para 1993 en su ejercicio presupuestal, se redujo en un 1.7% respecto a 1992.
Los pobres resultados obtenidos en materia de crecimiento en 1993, demuestran que hemos tenido razón, al sostener que los niveles actuales de la intervención del Gobierno en la economía no son capaces de inducir a la economía mexicana a desarrollar su capacidad potencial.
El PRD se opuso en su momento al elevado monto que la mayoría priísta aprobó para el presupuesto en el ramo 23, erogaciones no sectorizables, que como ya se señaló ha sido tomado en cuenta en el proyecto de dictamen. Argumentamos entonces, que la elevada cifra no se justificaba y que en cambio otorgaba una amplia discrecionalidad en la asignación del Presupuesto de Egresos al Poder Ejecutivo y que estos inadecuados márgenes de discrecionalidad anulaban en los hechos, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lo ocurrido en el ejercicio presupuestal del año que comentamos, confirma que teníamos razón. De los 25 mil 813 millones de nuevos pesos autorizados al ramo, se nos informa que sólo se ejercieron directamente 5 mil 657; 20 mil 155 millones de pesos se transfirieron, a criterio del Ejecutivo, a otras entidades y dependencias y bien dice el dicho que: "el que parte y comparte se queda con la mejor parte". Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió la mayor parte de esos incrementos, 15.6% de las transferencias mencionadas, con lo cual la Secretaría de Hacienda pudo más que duplicar su gasto ejercido.
Al respecto, desafortunadamente ni en la Cuenta Pública, ni en el informe previo, ni en las versiones estenográficas de las comparecencias de los funcionarios que acudieron en los meses pasados a discutir con los legisladores de la LV Legislatura, encontramos una explicación, una justificación convincente de este notable desvío de recursos.
Los resultados del ejercicio presupuestal del ramo 23, erogaciones no sectorizables dejan claro que sólo un porcentaje menor de este rubro se destinó a los dos conceptos que supuestamente lo justifican: cobertura para los aumentos salariales de los trabajadores al servicio del Estado y atención a las contingencias y los gastos no previsibles que necesariamente generan.
Los recursos destinados a este ramo 23 deben y pueden reducirse de manera muy importante, dejándose sólo aquellos estrictamente justificables.
No es admisible que este ramo siga absorviendo en el futuro recursos que como en 1993 representaron el 21.35% del gasto programable aprobado por el Gobierno Federal.
La Cuenta Pública y el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, permiten confirmar que en el ramo 26, solidaridad y desarrollo regional, se ejerció una vez más, sin que se haya cumplido con el ordenamiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que en su artículo 13 ordena textualmente que el gasto público federal se basara en presupuestos que se formularan en apoyo a programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de ejecución.
Ciertamente parte de la responsabilidad de que el presupuesto del ramo 26 se haya aprobado sin cumplirse el requisito legal, es que aquellos legisladores que prefirieron alinear su punto de vista a las preferencias del Ejecutivo, antes que someterse a lo que establece la letra y el espíritu de la ley que hemos citado. El grupo parlamentario del PRD se opuso entonces a este ilegal curso que dio lugar a un manejo discriminatorio, clientelar y partidista de los recursos del Programa Nacional de Solidaridad. Estas prácticas presupuestales que son ilegales e inequitativas, deben desterrarse...
¡Me apego al 103 y tengo 15 minutos más! Se acabó.
Por otro lado, preocupa la supeditación de los criterios utilizados por la Contaduría Mayor de Hacienda, al no referir un solo comentario al hecho de que los recursos del ramo 26 no se ajustaron, ni en su aprobación ni en su ejercicio, a lo establecido por la ley que hemos citado.
A posterioridad tenemos nosotros un análisis sectorial para señalar las inconsistencias de los diferentes rubros de los gastos, sobre todo en lo que se refiere al sector de Desarrollo Rural, al sector de Solidaridad y Desarrollo Regional, al sector de Pesca, al sector de Educación, al sector de Salud y Seguridad Social, al sector de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología, al sector de Comunicaciones y Transportes, al sector Comercio y Fomento Industrial, al sector Trabajo y Previsión Social. En aras de no abusar del tiempo y consciente de que el debate va a continuar, voy a hacer entrega de este voto razonado y me voy abstener de la lectura específica de cada uno de los análisis regionales, pero en su momento, retomaremos la tribuna para hacer una crítica específica a cada uno de estos rubros de los que anteriormente he señalado en caso de ser necesario.
De cualquier manera, dejo constancia de este voto y de los análisis particulares de orden sectorial para que conste en el Diario de los Debates.* Muchas gracias.
Apendice 1, este documento se encuentra al final de la presente ediciònEl Presidente:
En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para intervenir en la discusión, los siguientes diputados: En contra, Joaquín Vela, Pedro Etienne, Jorge Padilla, José Narro, Saúl Escobar, Manuel Beristáin Gómez, Ezequiel Flores, César Chávez, Luis Rico, Serafín Núñez, Raúl Livas y Marcos Parra. En pro, Luis Antonio Godina, Roberto Campa, Alfonso Molina Ruibal y Dulce María Sauri. En consecuencia tiene la palabra el diputado Joaquín Vela, en contra.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
La discusión del dictamen de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal se constituye en una excelente oportunidad para hacer una revisión de cuál ha sido la estrategia económica que se ha puesto en práctica en nuestro país y en consecuencia también se evalúan los resultados. Evidentemente que las cuentas que ahora son objeto de dictamen, corresponden al año de 1993 y es importante considerar dicha situación.
En particular nos interesa mucho que podamos partir de los análisis objetivos para poder efectivamente llegar a una conclusión también objetiva. La LV Legislatura fue testigo cómo el secretario del ramo vino y presentó en diciembre de 1992 lo que se denomina criterios generales de política económica, la política económica sería toda la estrategia que el Gobierno iniciaría para poder efectivamente realizar de la manera más adecuada su política de ingresos y su política de egresos.
La consideración general que se hacía en ese documento de criterios generales de política económica para 1993 señalaba que dentro de la recuperación económica que se estaba suscitando en el país para 1993, se tenía calculado un crecimiento entre el 2.5 y el 3.5%; sin embargo, el resultado no fue este; de los seis años del Gobierno de Salinas de Gortari, el peor año en términos de crecimiento real de la economía fue 1993, solamente crecimos al 0.4%. Los tres primeros años del Gobierno de Salinas, la economía había crecido a un ritmo de 3.8% en promedio, el cuarto año que fue en 1992, disminuyó este mismo decrecimiento y bajamos a 2.5% y en particular, en 1993, solamente crecimos al 0.4%.
¿Qué significa esto? ¿Por qué crecimos tan poco? ¿Por qué los criterios de política económica no fueron eficientes? y ¿por qué efectivamente no nos permitió tener un crecimiento sostenido que pudiera dar como resultado que al final del año la tasa del crecimiento cuando menos superara el crecimiento de la población?
Veamos cuáles son los principales efectos. En términos de lo que sería el crecimiento real del aparato productivo, encontramos que tenemos un decrecimiento, es decir, la formación bruta de capital fijo no creció durante el año y por el contrario tuvo una tasa del 1.4% menor que la del año anterior. Este es un elemento fundamental, porque atañe directamente a la estructura industrial del país y a las características específicas que pudiera o debiera tener.
La industria, la industria en el año de 1993 no creció; tuvimos un decrecimiento: 0.2% fue el resultado. ¿Qué pasa cuando en una economía como la de México no hay crecimiento de la industria? ¿Cuáles son sectores entonces, sobre los que se está sosteniendo el crecimiento?
Fundamentalmente, si revisamos y hacemos un análisis cuidadoso vamos a encontrar que el conjunto de la industria no crece pero que uno de los sectores productivos de los que más aportan empleos, en concreto, las manufacturas, crece negativamente también, o sea decrece con el 1.5%.
¿Por qué las manufacturas no crecen? ¿Por qué? Es decir, lo estratégico nunca nos está dando resultado, hay un error ahí en el planteamiento del problema, la política económica no sirve como motor para que efectivamente pueda dinamizarse el ciclo económico y el sector productivo importante fundamental en cualquier país, el sector manufacturero, se quede atrasado.
Bueno, ¿cuándo vamos a crear empleos? Conocemos que en este país, por datos oficiales directamente del INEGI, cada año llegan a la edad productiva, es decir, se suman a la población económicamente activa, un millón de mexicanos, un millón de jóvenes que buscan encontrar un empleo digno en su país para poder desarrollar una vida normal y digna.
Si nuestra estructura económica no crece, ¿qué van a hacer, qué van a hacer esos jóvenes en términos de oportunidades reales de empleos? Si las manufacturas tienen un decrecimiento de 1.5%, ¿cuáles sectores son entonces los que estarían creando los empleos?
Revisamos, si no son actividades estrictamente productivas, pues veamos en algunas actividades no productivas, pero que generalmente son las que generan empleo: el comercio.
El comercio también decrece junto con restaurantes y hoteles en 1.2% la economía. Entonces, dónde estuvo el crecimiento, nos preguntamos. El crecimiento señores tiene un sector, fue el beneficiario de todo este año, del crecimiento económico, solamente un sector tiene una magnitud importante, es el sector financiero; el sector financiero crece 4.9%.
Quiere decir entonces, que en esa lógica la magnitud de empleos necesarios que requerimos implicaría necesariamente que fueran creados por el sector financiero pero como todos sabemos, evidentemente el sector financiero no va a crear esa cantidad de empleos y entonces, el resultado objetivo del crecimiento económico de ese año que fue muy magro, solamente no alcanza ni siquiera a crear el mínimo necesario de empleos para poder cubrir estas necesidades.
Profundicemos más. Los datos nos señalan que las manufacturas tuvieron un decrecimiento de 1.2%; es decir, el conjunto de las manufacturas, pero cuando nosotros revisamos las cuentas del sector externo, nos encontramos que hay un crecimiento de las exportaciones del sector manufacturero del 17.7%, entonces hay una contradicción enorme.
Es decir, si nuestro sector interno de manufacturas no crece pero sí crece la exportación de manufacturas, quiere decir entonces, que hay un problema ahí verdaderamente grave y el problema señores se resume en que un número muy reducido de empresas del sector manufacturero concentró en gran medida todo el volumen de exportación de manufacturas que nuestro país realizó.
Quiere decir entonces, que se está produciendo y que 1993, es la muestra más palpable, una fractura enorme en nuestra estructura productiva, donde un número muy reducido de empresas son las que exportan, son las que tienen acceso al crédito, son, en lo fundamental, las beneficiarias del modelo de política económica puesta en práctica por este Gobierno.
Haciendo unas cuentas someras veríamos entonces, si hay un crecimiento de las exportaciones manufactureras del 17.7% y estas exportaciones manufactureras fueron estrictamente concentradas en un número reducido de empresas, entonces cuál fue el crecimiento real del sector industrial y en concreto del sector manufacturero. No hubo crecimiento.
Este es el inicio prácticamente de una separación enorme entre la gran masa de pequeñas y medianas empresas, que no fueron beneficiarias de toda esta estrategia económica y que han generado una cadena enorme de quiebras y de carteras vencidas también en el sector industrial.
Es decir, si solamente se privilegió las prácticas monopólicas de determinación de tasa de interés para unos cuantos y la gran masa no tuvo acceso al crédito, evidentemente el ritmo de inversión en el sector industrial iba a caer.
Pero, ¿para qué sirvió entonces la política económica?, ¿qué nos propusimos hacer con la política económica? La intención inicialmente era crecer entre 2.5% y 3.5% y el resultado objetivo es que solamente crecimos 0.4%.
Pero revisamos las cuentas de Hacienda Pública y las cuentas son totalmente exitosas desde el punto de vista del dictamen que nos presenta ahora la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Resulta que tuvimos una economía totalmente saneada, las cuentas nos checan perfectamente y no solamente nos checan perfectamente, sino que tenemos superávit, tenemos un superávit del 1.6% respecto al PIB. Entonces, dónde está la racionalidad, tenemos una economía que prácticamente se paraliza, que tenemos tasas negativas en el sector manufactura, que tenemos una altísima concentración y donde básicamente el único sector que crece es el sector financiero, pero las cuentas que se nos presentan ahora nos señalan que no solamente se sanearon las finanzas públicas, sino que tuvimos un superávit, es decir, nos sobró dinero y ese dinero que sobró no hubo nunca la intención de canalizarlo a actividades productivas que estaban prácticamente siendo desmanteladas de subsidios, como es el caso de la agricultura, lo hemos visto el día de hoy abundantemente con los compañeros de El Barzón, que señalan su problema de carteras vencidas y en afán de buscar solamente el saneamiento de las finanzas públicas, tenemos superávit y ese dinero se deja.
¿Pero, por qué se deja, señores? Se deja, y la conclusión a la que nosotros llegamos, es que se deja básicamente para utilizarlo en 1994 en asuntos de carácter electoral, es decir, el Gobierno, perfectamente en el entendido de que en 1994 va a haber proceso electoral, ese superávit en lugar de ser canalizado a actividades productivas que estaban demandando esa cantidad de recursos, se deja para utilizarlo el año siguiente en actividades de carácter electoral.
Qué hacer con el problema de los resultados presupuestales. Como ya lo he señalado, evidentemente hacen ajustes y nos señalan no solamente que están saneadas las finanzas públicas, tenemos superávit.
Revisemos en términos de ingresos. México recién nombrado socio menor del club de los ricos de la OCDE, si revisamos la estructura de ingresos que tienen los países de menor desarrollo de la OCDE, Turquía, Grecia, tienen ellos un promedio de captación del 10% de su PIB; aquí subimos del 5.8 al 6.4%, es decir, nuestra estructura de ingresos sigue siendo totalmente insuficiente para poder tener la capacidad de incidir en el ciclo económico, de activar la actividad industrial, porque finalmente seguimos teniendo una estructura de ingresos que resulta insuficiente.
Un dato más: en el año de 1980, es decir, antes de la crisis de l982, el total de impuestos que pagaban las empresas ascendía al 2.7%; después de todas las reformas económicas que nos han permanentemente señalado los economistas oficiales, resulta que en el 1993, 14 años después, después de todas las reformas, los impuestos que pagan las empresas son apenas el 2.5%, es decir, toda esta reforma impositiva de que se ha hecho alarde, ha resultado como una reforma que no ha redituado en términos objetivos, en términos de captación, es decir del 80% tenemos el 2.7%; en el 1993 apenas captamos el 2.5%.
Ahí hay un problema real porque nos dice el Secretario de Hacienda, y aquí en el dictamen de la Cuenta Pública también se señala, que la base de contribuyentes se ha ampliado; se ha ampliado la base de contribuyentes, pero quiere decir que entonces la magnitud del efecto de los impuestos no ha sido suficiente para poder efectivamente hacer frente a las necesidades que tiene un país como México, en el nivel de desarrollo que México ha alcanzado, para poder efectivamente activar la economía.
Segundo, hay una explicación fundamental: en Israel recientemente se está pensando seriamente, también en Brasil, señores, se está pensando en gravar las ganancias bursátiles y aquí en México ése es un tema tabú. Entonces, eso implica que donde más actividad económica hubo en 1994, que fue en el sector financiero y bursátil, no pudimos nosotros incrementar captación debido a dos elementos: primero a que se desgravaron los dividendos y segundo a que prácticamente es inexistente un gravamen en el sector bursátil.
Entonces, para poder modificar esto, necesitamos hacer efectivamente una reforma impositiva, pero a fondo, que sea justa y que no grave solamente los ingresos de los sectores medios de la población; que grave fundamentalmente a las empresas que más ganan.
Aquí las empresas que más ganan, son las que menos impuestos pagan y las personas físicas o morales que aportan y que juegan su dinero a la bolsa de valores, también tienen ganancias exorbitantes en la medida en que no pagan impuestos. Este es un elemento que señalamos y que tenemos que poner en el elemento central de la discusión.
Es necesario, en término de política de ingresos, hacer una revisión a fondo de esto, que nos permita efectivamente pensar en las posibilidades de hacer.
Ahora, con respecto a los gastos, señores, efectivamente hay un dato que nos parece excesivo y es el llamado ramo 23, que tiene una connotación específica, representa el 12.4% del presupuesto programable. Esto señores, si hacemos comparaciones, es más que el total del presupuesto que se gasta en educación, es decir estos gastos no sectorizables, estas erogaciones no sectorizables que están a disposición del Presidente, para su uso discrecional, son un volumen mayor que el total del gasto de educación señalado.
Segundo, este mismo gasto de erogaciones no sectorizables, representa tres veces el gasto en bienestar social utilizado en el país. ¿Por qué?, señores, si tenemos actividades perfectamente programadas, tenemos planeado qué vamos a hacer con la economía, ¿por qué dejar? un porcentaje de gastos de esta magnitud, ahí a la libertad de la voluntad única y exclusiva del Presidente?
Por estos elementos, que traen como consecuencia que se hacen cuentas alegres en el dictamen.
El Presidente:
Señor diputado, cuenta con un minuto para concluir, por favor.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Nuestro partido considera que no existen los elementos para poder votarlo afirmativamente; es decir, vamos a votar en contra del dictamen, porque además realmente requerimos hacer dictámenes que sean más objetivos, que demuestren que efectivamente en muchos de los esfuerzos que en términos de política económica se están haciendo, tienen resultados concretos y en este caso, como ya lo he señalado, se tenía una previsión y se elaboró toda una estructura de política económica que tendía a que la economía creciera al 3.5%, crece 0.4% y eso demuestra que en particular en ese año, todas las expectativas de los mexicanos, de lograr una mejor condición de vida, quedan por los suelos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Saúl Escobar, en contra.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Muy brevemente, porque ya se ha hecho muchas veces, pero para darle un orden y un sentido a mi intervención, yo quisiera recordar lo que dice el artículo 74, fracción IV, de la Constitución, por la cual estamos normando este debate y señalarlo muy brevemente para destacar que la revisión de la Cuenta Pública tiene tres objetos centrales, tres objetivos fundamentales. El primero, conocer los resultados de la gestión financiera del Gobierno. El segundo, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas y el tercero, si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecen discrepancias, nótese bien, discrepancias, entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación de los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo a la ley.
Yo quisiera que ustedes guardaran en mente este último párrafo, porque por ahí quisiera empezar. El informe de la Cuenta Pública que nos ha presentado el Ejecutivo Federal, es un documento muy largo, es un verdadero rollo, en el que no aparece por ningún lado, ninguna explicación satisfactoria sobre las discrepancias, justamente como dice la Constitución, entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas.
Ya escuchamos aquí al diputado Vela. Ya escuchamos en nuestro voto en contra hablar de esas discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas. Tampoco hay exactitud en los gastos aprobados por esta soberanía y tampoco hay una explicación o justificación, como señala la Constitución, de estas desviaciones.
Y cuando hablo de desviaciones, de inexactitudes, de falta de coincidencia, no hablo de que haya dinero que se haya malversado, aunque eso no lo sabemos; simplemente digo que no hay coincidencia entre lo que se aprobó y lo que se gastó.
Claro, los compañeros que elaboraron el dictamen, sobre todo los compañeros del PRI, dicen que esto es legal porque está permitido que se haga. No voy a abundar aquí sobre esa legalidad, que me parece que pasa por encima de la Constitución, además de que otro compañero va a profundizar sobre el tema; lo que yo sí quiero, lo que yo sí quisiera, es que aun suponiendo esa legalidad, en este largo rollo que nos envía el Ejecutivo, hubiera por lo menos un intento de explicación, de justificación, o de argumentación de por qué no coinciden las cifras y por qué se gastó más o se gastó menos, por una razón fundamental, porque se habla en la Constitución de que en caso de que no hubiera, en caso de que fuera necesario, se fincarían responsabilidades legales y claro, puesto que según el Gobierno no hay ninguna discrepancia, no hay ninguna falta de coincidencia, no hay ninguna inexactitud, entonces no hay responsabilidades legales que fincar.
Y éste es el problema, que lo que debería hacer esta Cámara de Diputados, a través de un órgano técnico, como es la Contaduría Mayor de Hacienda y a través de la Comisión de Vigilancia y a través de la Comisión de Programación y Presupuesto, que es la que hace el dictamen, nunca hay responsabilidades legales que fincar, ni asomo de que éstas pudieran fincarse; porque no se reconoce el problema.
De esta manera el examen de la Cuenta Pública se convierte en un ejercicio casi ocioso, en una discusión casi inútil, porque la fundamental obligación de la Constitución que nos señala para haber si hay responsabilidades legales, simplemente pasa completamente desapercibida.
Pero no sólo eso, no sólo no hay ningún asomo de investigación sobre estos asuntos, sino que también hay otro problema. Por ejemplo, cuando se revisó la Cuenta Pública de 1992, hace un año, el proyecto de decreto y el dictamen de la Comisión de Programación y Presupuesto, elaboró un conjunto de recomendaciones. Decía por ejemplo el artículo 4o: "...con base en el proceso de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública de 1992 y las investigaciones efectuadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, se determinó hacer las siguientes recomendaciones..."
Y hay un montón de recomendaciones. Por ejemplo: a las dependencias y entidades de la administración pública que no observaron en su totalidad los ordenamientos legales se les recomienda: emitir sus manuales de organización general; rendir mensualmente por parte del responsable de efectuar la liquidación de una entidad a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de la Contraloría, a la coordinadora, el informe relativo al proceso; corregir las deficiencias en la operación de los sistemas de compensación; implementar mecanismos para dirigir la aplicación de recursos provenientes. Incluso se llegó, en el dictamen del año pasado, a decir que deberían llevarse a cabo 58 auditorías que se derivan de las observaciones procedentes formuladas por los diputados.
Bueno, de todas estas recomendaciones, que son muchas y de estas 58 auditorías, ¿qué fue lo que el Ejecutivo recogió? ¿Qué fue lo que hizo caso de esta soberanía? ¿Qué atención le puso a estas recomendaciones? Compañeros diputados, absolutamente ninguna. Hagan de cuenta que esta Cámara de Diputados, la LV Legislatura, no hubiera recomendado, ni hubiera ordenado, ni hubiera sugerido nada.
En este libro no se hace mención a ninguna de las recomendaciones expresadas por la Cámara de Diputados.
En este dictamen que se está discutiendo en este momento, también se van a hacer una serie de recomendaciones, también se van a decir una serie de opiniones y ¿qué va a suceder, compañeros? Va a suceder lo mismo que hace un año. Es decir, al Gobierno Federal le va a tener absolutamente sin cuidado y no va a atender ninguna de las recomendaciones de la Cámara de Diputados.
Este es el problema de fondo, que revisamos una Cuenta Pública que pudiera tener repercusiones legales, fincar responsabilidades legales, que no se hace pero se hacen recomendaciones de otro tipo y el Poder Ejecutivo simplemente lo pasa por alto.
Esta discusión, este resultado del dictamen, esta larga jornada que hoy vamos a tener, para el Poder Ejecutivo, es absolutamente gratuita, no le sirve de nada.
Este es el problema y por eso nosotros vamos a votar en contra, porque de esta discusión, porque estos señalamientos que hacemos son, para el Poder Ejecutivo, simplemente nulos.
No se trata entonces solamente de que la Comisión de Programación y Presupuesto de esta legislatura nos haya escuchado y haya incorporado algunos elementos que nosotros hemos señalado, no se trata de eso solamente. Se trata de que efectivamente este Poder Legislativo haga funcionar, haga efectiva su misión constitucional, que es revisar la Cuenta Pública y tratar de ver si hay necesidad de fincar responsabilidades legales y que también esta soberanía logre influir sobre el Poder Ejecutivo para que la Cuenta Pública que se nos entrega tenga una mayor transparencia, una mayor calidad. Pero como hemos visto esto no funciona, no sirve.
Es por eso que hemos recomendado una serie de propuestas en materia de calendario, en materia de presentación del presupuesto etcétera, que esperamos que no caigan en el vacío y que en los próximos días que vamos a discutir la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, se retomen para que el año entrante no estemos como ahora en una batalla muy útil entre nosotros por este intracambio de puntos de vista, pero muy gratuita, muy inútil desde el punto de vista del Poder Ejecutivo.
Ahora bien, paso ahora a la cuestión que señalaba en los otros incisos y que nos marca la Constitución, es decir, conocer los resultados de la gestión financiera y comprobar que se han ajustado los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
En este sentido yo quisiera referirme a un problema que a mí me parece central, que es el problema de la deuda y el financiamiento. En la página 231 de este mamotreto, dice que uno de los aspectos más exitosos de la estrategia económica seguida a lo largo de la presente administración, es la disminución de la deuda pública externa, que se planteó desde su inicio como una tarea prioritaria.
Y dice más adelante también, que las acciones emprendidas se orientaron por cuatro premisas básicas, que quedaron plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y dice que son: reducción inmediata del saldo de la deuda, disminución a largo plazo del débito externo medido en términos del producto interno bruto, abatimiento de la transferencia neta de recursos al exterior y arreglo multianual para eliminar la incertidumbre de las negociaciones recurrentes.
Esta visión exitosa, autocomplaciente, también está hasta cierto punto recogida en el dictamen, aunque debo decir que de manera más matizada.
Pero a lo que voy y lo que me preocupa es comentar con ustedes, señores diputados, que hay aquí una incongruencia y una falta de veracidad en lo que aquí se señala, porque también en este documento, en la página 236 se habla de que la estrategia que va adquirir el Gobierno Federal, en materia de deuda interna, estará basada en la colocación de valores gubernamentales como fuente principal de recursos del Gobierno Federal. Y más adelante se dice, que desde 1989, además de fortalecer la presencia de bonos de desarrollo, los Bondes, se crearon nuevos títulos, los Pesabonos y los Ajustabonos y que esto, dice más adelante también, a partir de 1991 se inició la amortización anticipada de pasivos mediante el uso de recursos provenientes de la privatización de los bancos y la desincorporación de empresas públicas depositadas en el Fondo de Contingencias y que para ampliar el mercado de compradores de papeles gubernamentales y crear alternativas a la inversión extranjera en cartera, se crearon también, o se autorizó el acceso al capital foráneo, para adquirir títulos de deuda pública, principalmente Cetes y Ajustabonos. ¿Qué hay aquí? Bueno, hay una incongruencia y hay un desmentido a lo que se afirmaba antes.
Si nosotros revisamos los datos de deuda pública, deuda externa y deuda interna, nos daremos cuenta que en efecto al 31 de diciembre de 1993, el saldo de la deuda externa bruta del sector público ascendió a 78 mil 747 millones de dólares, pero, y aquí viene el problema, nominalmente el monto de la deuda pública externa, aún sin contar los 22 mil millones de deuda pública interna en manos de acreedores extranjeros, es mayor al monto en 1989. Aquí hay un primer problema.
La deuda externa, fue mayor en el año que nos ocupa a 1989. Esto quiere decir, que a lo largo del sexenio fue aumentando la deuda pública, aunque no de un año al otro, sino en función del año de arranque, es decir, 1989.
Pero hay otro problema más serio, es en todo caso el que nos interesaría comentar aquí con ustedes. Como dice el propio documento, pero claro no lo integra la primera afirmación, hay un aumento de la deuda externa por vía de la deuda interna; es decir, de estos instrumentos de bonos gubernamentales que señalé.
Es decir, a pesar de que parecería ser un juego de palabras, en realidad la deuda interna en manos de acreedores extranjeros ha aumentado. En 1991 fue de 5 mil 466 millones de dólares, saltó a 14 mil en 1992 y saltó a 22 mil en 1993; es decir, en un solo año tuvo un aumento muy sustancial. Si nosotros juntamos esta deuda interna en manos de acreedores extranjeros con la deuda externa que normalmente se contabiliza, resulta que la deuda externa total, considerando estos dos rubros, aumentó en lugar de disminuir; es decir, llegó a más de 100 mil millones de dólares, una cantidad superior a los 90 mil millones de dólares de 1992. No hubo, pues, una reducción, sino un aumento.
Y también, si nosotros lo vemos, un aumento de más del 12% en dólares corrientes; pero también como proporción del producto interno bruto, pasó del 26.66% en 1992 al 28.51% en 1993. ¿Qué hay entonces?, hay un aumento; no es cierto, como dice el documento, que hay una disminución, ni en términos de dólares, ni en términos de porcentaje del producto interno bruto.
No voy a meterme aquí a una discusión sobre el problema de si contable o teóricamente deben juntarse estos dos rubros o no, lo que voy es al fondo del asunto, porque efectivamente la estrategia de colocación de bonos gubernamentales como fuente de recursos del Gobierno Federal y la creación en este sentido de alternativas a la inversión extranjera, ése es el problema de fondo y eso es lo que nosotros venimos a discutir aquí.
A nosotros nos parece que este mecanismo es una medida estratégica, es cierto, pero una medida estratégica equivocada y muy costosa para el país.
Equivocada y costosa por dos razones: la primera, porque precisamente para atraer la inversión extranjera a estos bonos gubernamentales como estrategia fundamental de financiamiento, se está creando una economía con altas tasas de interés que ha provocado un proceso de escaso crecimiento económico, ya se dijo aquí que en 1993 fue de 0.4%, con sesgos recesivos, que ha entrampado a la economía en una competencia por brindar tasas de interés muy por arriba de las ofrecidas en el mercado internacional, aun en perjuicio de la actividad productiva, sobre todo los sectores estratégicos de larga maduración y baja rentabilidad.
Es decir, las tasas de interés no son un accidente, no son un mal manejo de la economía simplemente por torpeza, sino son una estrategia calculada para atraer el ahorro externo...
El Presidente:
Compañero diputado; un minuto para que pueda redondear su intervención.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Compañero Presidente, yo me acogería al 103, si usted no tiene inconveniente, que el Reglamento me permite extenderme un poco en mi intervención. De todos modos no voy a utilizar los 15 minutos, no se preocupe. Pero decía yo, entonces el problema de las tasas de interés, el problema de las carteras vencidas, el problema de la ruina de los productores pequeños y medianos en la agricultura, la industria y el comercio, no es un accidente, no es un error técnico; es una política estratégica del Gobierno Federal y eso nos parece una seria equivocación.
Por otro lado, el problema del ahorro interno, el ahorro interno en este país, el ahorro propiamente interno, el ahorro de los nacionales, ha sido un ahorro que ha sido cada vez más insuficiente para lograr una dinámica autosostenida, autosustentada en materia económica. De esta manera, el ahorro externo se convierte cada vez más en un elemento fundamental para financiar la actividad económica y ahí están las cifras.
El ahorro interno ha pasado de representar el 12.8 % del producto interno bruto en 1981, al 6.5% en 1992. Una caída muy fuerte del ahorro interno que precisamente explica la recurrencia, la angustia, la urgencia del Gobierno Federal para hacerse de ahorro externo para completar las necesidades de la economía.
Y en contrapartida, como decía, el ahorro foráneo, medido por el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, representó el 51.8% del ahorro total en este año, muy superior al 31.7% de 1981.
Esta estrategia, pues, de convertir el ahorro externo en una pieza fundamental de la economía y de marginar, de acabar con el ahorro interno, como pieza de este desarrollo, es peligrosa y equivocada por varias razones:
La primera. Hay una dependencia muy fuerte del ahorro externo y una gran volatilidad; cuando este ahorro externo se dirige a una serie de instrumentos como son los que ofrece la bolsa de valores, que pueden ser muy peligrosos para la estabilidad económica. Esta volatilidad la sentimos a cada momento. Cada vez que hay un problema político nacional, esta volatilidad se hace presente y lastima profundamente el ritmo de crecimiento económico.
Hay una segunda razón también para criticar esta estrategia, que es el problema de la dolarización de la economía; dolarización que cada vez se convierte en un expediente más importante. Recordemos, por ejemplo, qué sucedió después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuando el Gobierno precisamente para cubrirse las espaldas y tratar de evitar una caída de la bolsa de valores, de una devaluación y un crac financiero y económico fuerte, empezó a ofrecer nuevos instrumentos, ahora en dólares, a los inversionistas extranjeros. Esta dolarización de la economía pervierte el ahorro interno y además hace muy frágil la economía frente a posibles devaluaciones.
Y la tercera razón es precisamente, que se trata de una política económica excluyente y empobrecedora en donde el ahorro interno, como dije, no juega un papel fundamental.
De ahí entonces, que la reducción al consumo de la población, sea para el Gobierno una cuestión que ya tiene contemplada porque, claro, si la gente no come, mucho menos va a ahorrar. Si el ahorro está constantemente cayendo, si el consumo, el ahorro está constantemente cayendo, obviamente esto va a afectar no sólo a los niveles de vida de la población, sino también va a tener un efecto económico que consiste en que este ahorro de los nacionales, este ahorro interno va a ir cediendo cada vez más terreno frente al ahorro externo.
Y sin embargo esta política no beneficia a la producción, beneficiaría quizá a unos cuantos productores, beneficiaría quizá a unos cuantos industriales, a unos cuantos comerciantes; pero el grueso de los productores, el grueso de los emprendedores mexicanos, el grueso del empresariado nacional que no sólo esos cuantos que tienen una gran cantidad de recursos en dólares, sino que tratan de financiarse, de producir, de desarrollarse con base en el ahorro interno, en el mercado interno, en su propio esfuerzo, salen completamente lastimados. Se trata con esta estrategia, en efecto, de una modernización, pero una modernización improductiva, de una modernización que a largo plazo, a mediano plazo, ni siquiera a largo, a mediano plazo es una modernización que arrasa con los mismos sujetos que deberían ser, según esto, la palanca de la producción.
Nosotros queremos aquí dejar claro nuestra inconformidad, nuestro rechazo a que se siga por esta estrategia económica; que la estrategia que nosotros proponemos va en un sentido distinto, va en el sentido de aumentar el ahorro interno y para aumentar el ahorro interno necesitamos cambiar las condiciones de producción, de consumo de la población; necesitamos obreros mejor pagados, necesitamos bajar las tasas de interés, necesitamos aumentar los niveles de ingreso de la población para que consuman, pero que también ahorren. Necesitamos redimensionar la economía y dirigirla en otro sentido para que entonces, sea una economía autosostenida, para beneficio de los consumidores y de los productores nacionales, para beneficio y engrandecimiento de los mexicanos y no para favorecer a unos cuantos y sobre todo a los capitales extranjeros.
Esta es nuestra razón, éstos son nuestros argumentos y por eso la evaluación que se hace en el dictamen, la estrategia de la que se habla en la Cuenta Pública que nos entrega el Gobierno Federal nos parece completamente equivocada. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Padilla, en contra.
El diputado Jorge Humberto Padilla Olvera:
Efectivamente, compañeros, no hay otro voto posible en este dictamen: ¡más que en contra!, porque este dictamen lo único que es, es una justificación ¡al fracaso rotundo de la política económica del régimen en 1993!
¡Es una vergüenza, es una vergüenza para nosotros diputados, es un insulto para nosotros diputados, si nos atrevemos siquiera a aprobar este dictamen!
¿Dónde está la dignidad, señores? ¡Este dictamen lo único que hace es buscar excusas, excusas del fracaso y esas excusas las busca en el lugar favorito del régimen en el Gobierno: en el extranjero!
Si ustedes leen el famoso mamotreto que mi compañero mencionó hace rato, habla, le echa la culpa a una recesión mundial. ¡Inexistente, como todos ustedes saben! ¡Claro, en el primer trimestre la economía mundial iba a la baja, pero en el año acabó arriba y México acabó más abajo!
¡La culpa no está en el extranjero, ni en la guerra en Bosnia, ni en el Golfo Pérsico; la culpa está en el torpe manejo de las variables económicas por la administración en turno en 1993, señores!
¡Eso es lo que debe decir este dictamen! ¡Ahí está la culpa! ¡Ellos son los responsables del fracaso de todas y cada una de las metas que este Congreso aprobó, cuando se aprobó el Presupuesto de 1993!
¡En ese Presupuesto se dijo, claramente, que la meta de crecimiento económica, que es vergonzosa de por sí, pero bueno los priístas la aprobaron, 2.5% y el crecimiento fue del 0.4%!
¡En dónde están, por favor, esas desviaciones analizadas! ¡Dónde están los culpables! ¡Dónde están fincadas las responsabilidades de los que causaron ese desastre, esa recesión económica!
Otra meta: la generación de empleos. Que dijeron que iban a tener. ¡Claro que no hubo! ¡Hubo una disminución del empleo en la nación! ¡Dónde está la responsabilidad! ¡Dónde están los culpables señalados en ese dictamen!
Ni siquiera la inflación presupuestada la alcanzaron, en medio de una desastrosa recesión, ¡ni siquiera la meta de la inflación alcanzaron! ¡Dijeron que la inflación sería y se aprobó el 7% y sin embargo, el resultado fue de 8%!
Yo les puedo decir en esto son ésos que manejan, torpemente, las variables económicas. ¡Y nomás les voy a mostrar tres de esas variables! ¡Ahí están las variables que, torpemente, fueron manejadas!
¡Ya basta, señores, de buscar excusas! ¡Es vergonzoso, para la dignidad de este Congreso, una excusa detrás de otra!
La primer variable es: ¡las altísimas tasas de interés! ¡Y ésas no son culpa, señores, de ningún país extraterrestre, son culpas de los responsables de la Secretaría de Hacienda! ¡Esas tasas de interés trajeron como consecuencia, primero, un enriquecimiento absurdo de la banca nacional, porque la diferencia entre tasas pasivas y activas oficiales, 26.7: las activas contra 10.7 de las pasivas, son el 150% de margen de utilidad!
¡Y son las oficiales, porque todos ustedes saben que con los fondos que tiene que tener en el banco de reciprocidad, con las comisiones de apertura, con los recargos y comisiones, las tasas realmente son muchísimo más altas!
¡El segundo efecto, es como resultado de esas tasas altísimas; viene ese subsidio del dólar y el subsidio de las trasnacionales que vienen a conquistar los mercados mexicanos, desplazando la mano de obra nacional!
Esa es la consecuencia, precisamente, de ese torpe manejo de esa variable económica.
¡Pero eso sí, el único que no sale ganando aquí es el productor mexicano, que lo ahogan precisamente esas tasas de interés y el resultado lo obtuvimos ayer! ¡Y ésa nada más es una muestra, señores, de lo que está pasando en el país!
La segunda razón de esa recesión, de ese fracaso, de ese fallo de las metas y los objetivos que no critica este dictamen, es tener ese superávit en la Cuenta Pública, ¡inmoral, señores! ¡Cómo es posible que un Gobierno tenga utilidades! El Gobierno está para satisfacer las necesidades de la población. Si para septiembre, octubre, sabían que les sobraba dinero, tenían que satisfacer las necesidades, que eran muchísimas, muchísimas necesidades del país. Es inmoral, las utilidades en el Gobierno de la nación y no solamente el manejo de esa variable económica es torpemente manejada, sino que se jactancian de haberla logrado.
Nunca he visto en el mundo como objetivo de una administración un superávit y no cualquier cosa de superávit, el 1.6% del producto interno bruto del país. ¡Señores, los estados y los municipios debatiéndose en la desesperación de no poder satisfacer las necesidades de sus pobladores que les asignó el 3.6% del producto interno bruto! ¡Ese superávit fue a costa de las entidades federativas de esta República! ¿Por qué no se los dan, ese 1.6%, y otro gallo hubiera cantado? Posiblemente estuvieran un poquito paliadas las necesidades, otra variable torpemente manejada por esa administración e ignorada totalmente en este dictamen.
¡El voto es en contra, señores! ¡No podemos tolerar que se burlen del pueblo de ese manera, ni de sus representantes ante esta cámara!
Y la tercera razón del fracaso, para terminar con las razones, hay miles, miles de razones que se las enumeró el que me precedió y otros economistas anteriormente, pero francamente éstas son tan ofensivas a la inteligencia del mexicano, que no las podemos tolerar; es la carga asfixiante de impuestos que cae sobre los mexicanos y los genios de Hacienda dirán, que las tasas son competitivas contra los socios comerciales. Yo no estoy hablando de tasas, estoy hablando de cargas, porque en las tasas no importa el porcentaje que le aplique, lo que importa es la base sobre la cual aplica ese porcentaje.
Aquí no hay progresividad en las tasas de impuestos. Desde el principio estamos pagando casi el impuesto máximo. ¿Dónde está la progresividad? Las empresas, desde un peso están pagando ya la tasa máxima de impuestos. Las bases de deducibles que se tienen, definitivamente son inexistentes en México. Las cargas fiscales están agobiando a los mexicanos.
¡Nada más esas tres muestras de variables torpemente manejadas por los genios de Hacienda, son la causa de las desviaciones de nuestros presupuestos, lineamientos y metas que se aprobaron en este Congreso!
Una burla detrás de otra, señores. ¡Mañana comparecerá ante este honorable Congreso, ante esta Cámara de Diputados, el Secretario de Hacienda, a darnos precisamente lo que se llama el paquete fiscal, el presupuesto, los criterios y la miscelánea! ¡Y se vuelven a burlar de nosotros, el pueblo de México en sus representados! ¡Tengo en mis manos, señores, la Miscelánea Fiscal, no traje todo lo demás, porque no me gusta andar cargando papeles! ¡Cómo es posible que la Miscelánea Fiscal esté en manos de columnistas de los diarios de las localidades del día de ayer, en las cúpulas de las cámaras desde hace más de una semana y los representantes del pueblo que vamos a discutirlas y a aprobarlas, no tengamos conocimiento de ella! ¡Si alguien quiere copias, aquí están; es otra muestra de en lo que nos tienen, al pueblo de México, ese torpe manejo económico qué hace de la economía! Muchas gracias, señores.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Antonio Godina, en pro.
El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En cumplimiento del mandato expreso en la fracción IV, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde a la LVI Legislatura de este cuerpo colegiado analizar y en su caso, aprobar el decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1993.
Para la fracción parlamentaria del PRI, la acción de revisar, debatir y dictaminar el contenido y alcance de la Cuenta Pública, constituye una de las acciones de control y de fiscalización más relevantes del Poder Legislativo. El pueblo de México espera mucho de esta representación nacional, por eso a nuestro juicio, el debate sereno y objetivo de la gestión gubernamental durante 1993, debe enmarcarse en el contexto de una estrategia global de desarrollo e impulsado el cambio estructural de la economía y fortaleciendo las obligaciones sociales del Estado.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se inscribe en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y es el eslabón clave para avanzar en la evaluación y seguimiento de las políticas y programas establecidos en la Ley de Planeación. A través de su análisis se identifican desviaciones que deben corregirse, pero también es un ejercicio que permite determinar si lo planeado está teniendo éxito en el paso más difícil de cualquier proceso de planeación, la ejecución.
A pesar de la situación a que nos enfrentamos para el análisis, a pesar de lo estrecho de los tiempos, la fracción parlamentaria del PRI fija su posición convencido de que en el ejercicio de 1993, se observó el marco jurídico y se cumplió en lo general con los principios de contabilidad gubernamental. Falta mucho por hacer en materia de Cuenta Pública, contar con más tiempo, sin duda es uno de los requisitos, también se precisa de un mejor seguimiento de las acciones recomendadas por esta soberanía.
La estabilidad y modernización económica han permitido abatir considerablemente la inflación, reducir la deuda externa, lograr un crecimiento sano y un balance equilibrado en las finanzas públicas creando con ello un entorno económico favorable que permita el desarrollo sostenido.
Son éstas, en definitiva, transformaciones alentadas por sociedad y Gobierno para fortalecer a México, lo importante es discernir sobre los cambios acaecidos y tener la madurez para incorporar las discrepancias y coincidencias en torno a propuestas concretas que contribuyan a servir al interés superior de la nación.
No se trata de acudir a esta alta tribuna para realizar un simple ejercicio contable sobre la acción gubernamental que se circunscriba a la inmediatez de las cifras y al logro de metas coyunturales; tampoco debe ser éste un ritual apologético que oculte las limitaciones de lo alcanzado, ni tampoco crónica de fatalismos que pretenda desconocer la dimensión de los avances. Se trata de evaluar de manera seria y responsable sobre la eficiencia del quehacer administrativo del Gobierno mexicano y del cumplimiento de sus obligaciones fundamentales ante la sociedad. Con ánimo objetivo y madurez política demos pues paso al análisis reflexivo y con perspectiva histórica de todas y cada una de estas transformaciones; en el marco de la división de poderes, la revisión del ejercicio presupuestal que en materia de ingresos y egresos se realiza cada año en esta Cámara de Diputados, deviene en una sana práctica democrática a través de la cual los representantes populares verifican la legalidad, transparencia, eficiencia y veracidad de las cuentas que el Poder Ejecutivo Federal presenta a la sociedad con el objeto de evaluar los resultados de su gestión.
Así, la tarea de fiscalización de un poder a otro, adquiere una dimensión política y un claro valor republicano; al hacer un balance de la acción programática presupuestal de la administración pública federal, esta soberanía ejerce el mandato popular para verificar primero, si los ingresos se derivan de la aplicación de las disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión; segundo, si las erogaciones públicas tienen correspondencia con los montos del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado por la Cámara de Diputados, y tercero, si los objetivos de los programas se cumplen con eficiencia, oportunidad en atención al legítimo reclamo de la ciudadanía.
Recordemos que el fin último de cualquier política económica, es lograr el bienestar creciente de cada individuo, de forma tal que éste se traduzca en mejores condiciones de vida y de oportunidades para toda su familia; en definitiva, se trata de elevar en materia de política económica, la calidad de vida de los ciudadanos.
Al analizar la Cuenta Pública del ejercicio de 1993, debemos evaluar sobre todo, la solidez y permanencia de los cambios introducidos en la gestión de la administración pública federal y en la evolución económica nacional.
Es así que la estabilidad macroeconómica alcanzada, ha permitido superar la premura en la toma de decisiones públicas, al tiempo que ha configurado un escenario de mayor certidumbre económica.
En 1993, se presentó un rico panorama de avances en importantes frentes de la economía nacional, así como debilidades y carencias en aspectos relevantes, aunque en conjunto, el país ha venido recuperando la estabilidad económica. Los avances han tenido como propósito fundamental mejorar el nivel de vida de la población y aunque las carencias siguen siendo persistentes en numerosos planos de la convivencia social, lo alcanzado refuerza la estrategia seguida en la medida que revela ser fructífera para el conjunto de la nación.
La actividad económica ofrece invariablemente resultados positivos, atemperados, con fenómenos negativos. Nuestro país no puede ser la excepción a este principio, en 1993 se lograron importantes avances en el abatimiento de la inflación y en el cambio estructural que se ha emprendido, sin embargo, también hubieron rezagos tales como una significativa desaceleración del ritmo de la actividad económica, lo cual impactó adversamente la evolución del empleo retrasándose la incorporación decorosa de numerosos mexicanos al progreso nacional.
Durante el año referido, hubieron avances importantes relativos a los incrementos de la productividad del trabajo y de sus remuneraciones medias en términos reales, una mayor profundización de la intermediación financiera y una mejoría de las cuentas externas. Asimismo, el superávit total de la balanza de pagos fue muy superior al de 1992 y estuvo acompañado de un elevado dinamismo de las exportaciones no petroleras.
Por lo que respecta al producto interno bruto, se tuvo un crecimiento del 0.4% en términos reales, cifra significativamente inferior al 2.8% observado en 1992.
Esta disminución en el dinamismo del crecimiento se explica en buena medida por el retraso en la aprobación del Tratado de Libre Comercio, lo que impactó en las expectativas asociadas a la rentabilidad esperada de la inversión.
El consumo también sufrió un impacto negativo, producto del sobre endeudamiento de una gran cantidad de empresas y personas físicas y de la aplicación de una política crediticia más cautelosa por parte de los bancos comerciales; sin embargo, en contraste con esos aspectos que poco ayudaron a la economía nacional, después de 21 años, la inflación se situó en un nivel inferior a los dos dígitos al llegar a una tasa del 8%, el logro fue resultado de la concurrencia de diversos fenómenos, tales como la perseverancia en la aplicación de una política monetaria que privilegió el control de la inflación; una estricta disciplina en el manejo de las finanzas públicas, la apertura de la economía nacional a la competencia externa y un manejo congruente de la política cambiaria y salarial con la estabilización de precios.
Asimismo, el sector externo mostró resultados satisfactorios durante 1993 al incrementarse la entrada de recursos del exterior que el país venía recibiendo desde hace algún tiempo; se mejoró el dinamismo de las exportaciones de mercancías, mientras que el ritmo de crecimiento de las importaciones en contraste, disminuyó.
Por lo que toca a las finanzas públicas, por segundo año consecutivo, el sector público no financiero obtuvo un resultado superavitario; dicho superávit, aunque menor al conseguido en 1992, permitió también realizar una importante amortización neta de deuda pública, esto último aunado al menor nivel promedio de las tasas de interés nominales internas y externas respecto de las prevalecientes de 1992, los Cetes se ubicó un 15% promedio durante el año pasado, se tradujo en una reducción del servicio de la deuda pública, liberándose esos recursos para apoyar el bienestar social.
Si bien es cierto que existió este superávit y que fue empleado para amortizar deuda, en 1994 se espera un presupuesto que cierre con déficit cero y en 1995, los diputados del Partido Revolucionario Institucional esperamos y exigimos un equilibrio con déficit cero también en las finanzas públicas.
Por el lado de los ingresos, la Cuenta Pública y su análisis contenido en el informe previo que remitió a la Contaduría Mayor de esta cámara... y aquí quisiera señalar que además de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que nos remite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también en esta misma cámara a través del órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, elabora este informe previo sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1993. Es este tomo más dos anexos muy amplios donde se explican y se detallan las variaciones presupuestales observadas, además de lo que de este tomo que nos envía la Secretaría de Hacienda, dentro del marco normativo en el que opera esta Secretaría, este mismo tomo tiene un anexo estadístico y hay a su disposición en las diferentes fracciones parlamentarias, existen diskets con información detallada, muy detallada, de todas y cada una de las dependencias y entidades del Gobierno Federal.
Por lo que toca al gasto público, cabe señalar que el gasto neto devengado ha disminuido su participación en el producto como consecuencia de un menor costo financiero de la deuda y de una estricta disciplina presupuestal. Las erogaciones programables en 1993, mostraron un incremento anual de 5.8% real. En esta parte del gasto se muestra de manera clara el objetivo de una economía sana, no se requiere aumentar inercialmente el monto del gasto, se precisa, sí, que su orientación sea la adecuada.
Gastar más, sí, pero en mejores proyectos; canalizar más recursos a los estados, regiones y municipios, pero con proyectos viables y sustentables; más gasto de inversión, sí, pero a través de una cartera de proyectos evaluados y jerarquizados y estableciendo compromisos de cambio estructural y de corresponsabilidad. Este fue el espíritu de la política de gasto público durante 1993.
Se ha privilegiado el gasto en desarrollo social...
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa (desde su curul):
Señor Presidente, de conformidad con el artículo 112 del Reglamento, le pido a usted que declare la inexistencia del quorum.
El Presidente:
Solicitamos a la Secretaría, haga el aviso pertinente para llamar a los señores diputados al salón de sesiones.
Servido, señor diputado.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa (desde su curul): No basta eso, señor Presidente.
El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:
Señor Presidente, rogaría pidiera usted a la Secretaría dé lectura al artículo 104 del Reglamento, por favor.
El Presidente:
Por favor dé lectura al artículo 104.
La secretaria Martina Montenegro Espinoza:
Con mucho gusto, señor Presidente.
" Artículo 104. Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos de que se trate de moción de orden, en el caso señalado en el artículo 105 o de alguna explicación pertinente, pero en este caso sólo será permitida la interrupción con permiso del Presidente y del orador. Quedan absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogo". Es todo, señor Presidente.
El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:
Gracias, señor Presidente:
Continúo. Se ha privilegiado el gasto, decía, en desarrollo social, que en 1993 fue el 52.7% del gasto programable, representando el 9.5% del producto nacional frente al 6.2% en 1988.
También se gastó en sectores clave para acelerar y marcar el ritmo de la modernización, tales como comunicaciones y transportes, energético, agua potable y desarrollo urbano. La Cuenta Pública detalla todas y cada una de estas erogaciones. Esta cámara aprobará las recomendaciones necesarias para verificar que el gasto se haya ejercido con estricto apego al marco legal vigente.
Quiero señalar que en el tomo de Resultados Generales de la Cuenta Pública, en las páginas 57 y 58, y en las páginas 94 y 95 del informe previo, se encuentra una explicación detallada del gasto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y este mayor gasto que se observó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obedece sobre todo a la sectorización que se hace de ese gasto en la Cuenta Pública y yo creo que todos estamos de acuerdo, estoy convencido de que todos estamos de acuerdo de la necesidad de apoyar el desarrollo rural de este país y en ese sentido también la Secretaría de Hacienda, de su ramo erogó recursos para hacerlo.
Al mismo tiempo, durante el año de 1993, se llevaron a cabo los censos, el Programa Nacional de Censos y ahí también hubo recursos importantes que se destinaron. De todos modos, señores diputados, en las páginas y en los tomos que acabo de señalar, se encuentran las explicaciones a las diferentes cifras entre el presupuesto original y el presupuesto ejercido, mismas que se han dado dentro del marco legal vigente, como se señaló aquí y como se señala también en el proyecto de dictamen que estamos discutiendo.
Por otra parte, yo quisiera señalarles que la Contaduría Mayor de Hacienda, por las instrucciones que le gira esta Cámara de Diputados, lleva a cabo un buen número de auditorías y tiene un programa muy amplio de auditorías. En el seno de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor, hemos estado revisando en los últimos días las actividades y los trabajos que se llevan a cabo en el seno de esta Contaduría Mayor; yo estoy seguro que ahí podemos encontrar de manera muy clara, el resultado de esas 58 auditorías ordenadas durante 1992. Asimismo, respondiendo a la Cuenta Pública de 1993, ya la Contaduría Mayor de Hacienda está llevando a cabo las auditorías respectivas y el informe de resultados finales que presentará la contaduría a esta soberanía en septiembre del año que entra, tendremos el reporte final para el año de 1993.
Señoras y señores diputados: los mexicanos hemos aprendido que la estabilidad es un medio para lograr un crecimiento económico sostenido en beneficio de todos. Sabemos que en un entorno de incertidumbre e inestabilidad, es imposible generar un clima de confianza que se traduzca en ahorro creciente, oportunidades de inversión, empleos permanentes y bien remunerados y mayor bienestar social.
Sabemos también que el Estado no es más ya el motor único de la economía, sino que el sector privado y social son las dos locomotoras que jalan a la economía nacional y en este sentido, en este espíritu que el mismo mercado establece para el crecimiento de la economía, no es correcto, señores diputados, no es preciso confundir un precio, como es el de las tasas de interés, que no se pueden manipular porque las fija el mercado.
Conviene reiterar que el abatimiento de la inflación, señores diputados, no es un fin en sí mismo, sino que constituye una condición indispensable, aunque no suficiente, para alcanzar otros objetivos importantes, como el crecimiento sostenido y la mejoría en el nivel de bienestar generalizado de la población.
Para el Partido Revolucionario Institucional, el saneamiento de las finanzas públicas y el contar por segundo año consecutivo con finanzas públicas sanas, son alentadores y son un claro ejemplo de que se debe seguir avanzando para abatir las desigualdades e insuficiencias que aún padecen muchos de nuestros compatriotas.
Consideramos que el esfuerzo realizado es positivo y que el disponer de márgenes presupuestales para optimizar los recursos y asignarnos de manera creciente a los programas sociales, es la mejor vía para responder a las demandas y aspiraciones de la ciudadanía.
Hoy más que nunca, nuestro compromiso es por edificar un México firme, vigoroso, más justo, libre y soberano, en donde todos los mexicanos tengan un espacio digno y puedan acceder a mejores oportunidades reales para consolidar su bienestar, el de sus familias y el de las nuevas generaciones. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Narro, en contra.
El diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Estamos analizando la Cuenta Pública de 1993, año del más bajo crecimiento en este sexenio, año en que crecimos económicamente en el 0.4%, con un crecimiento de la población del 2%, con un lamentable e incalificable superávit del 1.6% del producto interno bruto.
Esto representó en 1993 la calidad del empleo, la caída del bienestar, el estancamiento salarial para el conjunto de la población, a pesar de que había un compromiso de lograr el incremento salarial paulatino en beneficio de los asalariados, a pesar de que se pronosticaba un crecimiento económico en ese año, mucho muy superior al que en realidad se dio.
En este marco, nosotros como Partido del Trabajo, en esta revisión de la Cuenta Pública queremos plantear nuestro punto de vista sobre el ajuste fiscal que se dio.
Hay argumentos de que ha sido corregido el grave desequilibrio fiscal que nos legó el expansionismo inflacionario de los años setenta. Se nos dice que la corrección del desequilibrio fiscal fue posible gracias a tres medidas fundamentales: a la reforma del sistema tributario; al control del gasto público y al abatimiento del acervo de la deuda externa y a la reducción de los términos de su servicios.
A estas tres causas, estos tres factores se argumenta que se logró abatir y corregir el desequilibrio fiscal.
Nosotros en este punto queremos plantear los siguientes elementos. Sin embargo, una revisión de esos elementos y fundamento del saneamiento fiscal, revela diversas debilidades.
La reforma tributaria dista de haber concluido, como intentaré demostrar brevemente en mi intervención.
Siendo la reforma tributaria la base principal de cualquier ajuste fiscal, al haber quedado inconclusa los logros en materia presupuestal y administrativa corren el riesgo de revertirse.
No es mi objetivo desestimar la importancia de alguno de estos aspectos de la reforma impositiva efectuada en el sexenio pasado, ni pretendo argumentar que la sociedad mexicana en su conjunto no paga suficientes impuestos. Mi objetivo es más bien exponer el hecho de que los logros del sexenio pasado en materia impositiva se basaron en una política inequitativa que favoreció a una pequeña minoría de potentados y financistas y en cambio aumentó la carga que pesa sobre el contribuyente promedio.
La estructura impositiva actual es altamente inequitativa debido a que los dividendos, o sea, el derecho a ingresos por la propiedad de acciones, fue exenta del impuesto sobre la renta.
La bolsa de valores, donde se movilizan los más grandes montos de riqueza en nuestro país, está sometida a una débil carga tributaria, ya que no existe un impuesto a las operaciones especulativas por medio de las cuales se han amasado las más enormes fortunas en nuestro país en muy pocos años.
Es el capital financiero, bursátil y especulativo, el que más ha ganado, y en este terreno es donde se han acrecentado las más enormes fortunas, y es este sector el que prácticamente, impositivamente no paga ningún impuesto.
Ante esto y en contraste a esto, los sectores de ingresos medios y bajos, los asalariados, se enfrentan a un impuesto que rápidamente es de alta progresividad, o sea, por incrementos modestos a sus percepciones pasan a pagar la tasa tributaria máxima, además, a los ingresos adicionales, como podrían ser horas extras, son acumulables y se les carga la tasa máxima de impuestos, cosa que no sucede con los ingresos de capital.
Como consecuencia de todo lo anterior, las personas físicas son hoy en día el principal sustento del impuesto sobre la renta, ya que ellos aportan la parte mayoritaria del mismo; la proporción que pagan las empresas y dentro de ellas los llamados causantes mayores, se ha reducido en términos relativos en los últimos 14 años.
Si en 1980 las empresas pagaban el equivalente del 2.7% del producto interno bruto, en 1993 pagan el 2.5%; en cambio, las personas físicas contribuyeron en 1980 con el 2.8% del producto interno bruto y en 1993 con el 3.6% del producto interno bruto.
Hay más recaudación fiscal sobre las espaldas de los sectores de ingresos bajos y de ingresos medios.
Se protege al capital especulativo, se le apoya en el cobro de altas tasas de interés y se apoya a la gran industria, fundamentalmente y a los grandes grupos transnacionales, en detrimento de la pequeña y de la mediana economía y del trabajador asalariado.
Como consecuencia de la débil aportación que efectúan las empresas y especialmente las grandes, el ingreso tributario en nuestro país se encuentra muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, incluso de los de menor desarrollo relativo de esa agrupación en comparación a México, como son Portugal o Grecia. Para compensar esta debilidad de la política tributaria, la Secretaría de Hacienda recurre a un impuesto tan regresivo como el IVA, a las cargas sobre Pemex y al incremento del tributo sobre las personas físicas, tal como lo hemos demostrado en nuestra exposición.
Por las razones aquí expuestas, el Partido del Trabajo considera que debe de efectuarse una nueva revolución impositiva, que debemos realizar una reforma fiscal, que descanse sobre bases de equidad y de justicia, que carecen en la actualidad las leyes impositivas que tenemos en nuestro país.
Primero, los sectores que detentan la riqueza nacional, deben efectuar una mayor aportación tributaria; el que más gana y el que más tiene, más debe de aportar, por medio de un impuesto que grave las ganancias especulativas en la bolsa de valores. Del mismo modo debe incrementarse el impuesto que se aplica a la contratación de la deuda externa, ello con el doble objetivo de elevar el ingreso fiscal y moderar el ya grave endeudamiento externo privado.
Creemos que los dividendos deben tratarse como un ingreso acumulable del mismo modo que se hace con los sueldos y los salarios.
El régimen tributario que se aplica a la pequeña empresa y al sector social, debe someterse a un proceso integral de reestructuración.
Su nuevo régimen impositivo debe simplificarse y debe favorecer a la inversión y sobre todo a la inversión productiva y generadora de empleo.
Debe de favorecerse a la innovación tecnológica y a la capacitación de los trabajadores.
En la medida que las exenciones tributarias a la pequeña empresa y al sector social de la economía se vinculen al aumento de productividad y competividad, no se afectará el ingreso tributario total, ya que los montos captados aumentarán conforme aumente el nivel de actividad económica de ese sector productivo.
Por las razones aquí expuestas, el Partido del Trabajo considera que no es legítimo argumentar, que el ajuste fiscal tiene bases duraderas. Nosotros demostramos que el ajuste fiscal tiene bases fundamentalmente inequitativas e injustas y que recae fundamentalmente sobre las personas físicas y sobre el pequeño contribuyente.
Por eso solicitamos que en la argumentación de la Cuenta Pública del 1993, debe plantearse este grave problema que tenemos en nuestro país. La base principal del ingreso fiscal, pensamos, debe de seguir incrementándose, siguiendo un proceso progresivo que favorezca la distribución equitativa de la carga fiscal.
Creemos que la implementación de una nueva reforma tributaria, que subsane las anomalías que hemos señalado, no se riñe con la simplificación general de la misma y con la reducción relativa de la carga que pesa sobre los sectores de menores ingresos. Esta es la postura del Partido del Trabajo y con base en esta postura, manifestamos nuestro voto en contra de este dictamen sobre la Cuenta Pública de 1993. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Pedro Etienne Llano, en contra.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Cuando solicitamos que se excusara de conocer este asunto, el diputado Sánchez Gochicoa, dijimos que uno de los principales problemas de carácter estructural en el ejercicio del presupuesto es que el Ejecutivo actúa con una gran discrecionalidad al grado tal que llegan a darle la vuelta a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para fijar el presupuesto, ya que por la vía de las transferencias llegan a alterar de manera sustancial las partidas aprobadas en el Presupuesto de Gastos.
Por esa razón insistíamos en que el examen de este asunto, la discusión de la Cuenta Pública fuera de tal forma clara y precisa, que no se viera metida también la mano del Ejecutivo en la discusión y aprobación de la cuenta correspondiente.
La mayoría optó por mantener su criterio y la forma en que algunos diputados, incluyendo al propio Humberto Roque Villanueva, brincaron, desde su curul, ante el trámite de moción suspensiva, planteado por Ifigenia Martínez, nos ha mostrado cuál fue la razón de fondo para no aceptar que se excusara el diputado Sánchez Gochicoa; son efectivamente muchos los diputados que formando parte del Ejecutivo Federal en el año de 1993, ahora participan en la discusión de este dictamen.
Quiero precisar que en el caso nuestro, insistíamos en que se deberían de excusar los miembros de la Comisión Dictaminadora y, obviamente, el caso más significativo y señalado era el del diputado Sánchez Gochicoa. Sin embargo también participa en esta comisión en forma destacada la diputada Rosario Guerra, que en ese año de 1993 era precisamente subdirectora de finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del ISSSTE y así podríamos seguir, con la reflexión a la intervención del diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez y que nos dio luz: el problema efectivamente es la gran cantidad de diputados que siendo parte del Ejecutivo en ese año, ahora participarán en la discusión de la Cuenta Pública.
Pero, compañeros, el problema de relación entre poderes, entre el Legislativo y el Ejecutivo y, sobre todo, en materia de gasto público, sigue siendo vigente.
No podemos pensar y quisiera dar un ejemplo que comprueba nuestra afirmación: esta soberanía aprobó un presupuesto de 2 mil 579 millones de nuevos pesos para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, mediante transferencias de otras partidas, ejercieron 5 mil 759 millones de nuevos pesos; es decir, más que doblaron lo que les había autorizado la Cámara de Diputados, pues se aumentaron un 123% su presupuesto.
Yo no sé si el diputado Sánchez Gochicoa, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda en ese tiempo, pudiera explicarnos las razones por las que la Secretaría más que duplicó el presupuesto que le autorizó la Cámara de Diputados.
Y hay otros ejemplos que también son notables y dignos de señalar. En el caso de la Secretaría de Reforma Agraria, se aumenta en un 151% el presupuesto que finalmente ejercieron con respecto al que les autorizó esta Cámara de Diputados.
En el caso de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, se aprueba un presupuesto de 315 millones y otra vez mediante el mecanismo de las transferencias, de la partida 23, ejercen 639 millones de nuevos pesos. Es decir, también en forma discrecional duplican el presupuesto que inicialmente se le había aprobado a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
Lo mismo pasa con el rubro de Desarrollo Social. Se aprobaron 836 millones de nuevos pesos y finalmente mediante el mecanismo de transferencias ejercieron 1 mil 704 millones de nuevos pesos; es decir, aumentaron en más de un 103% el presupuesto aprobado por esta soberanía.
Por eso hemos señalado que estos mecanismos discrecionales en poder del Ejecutivo, son una forma de darle la vuelta a lo que está contemplado como una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, cuando se dan las diversas explicaciones para justificar esta serie de transferencias, resultan peor las explicaciones, porque en todo caso mostrarían un gobierno ineficaz y un gobierno que no tiene ni siquiera la capacidad de predecir el costo de los mismos censos nacionales que realiza el Gobierno Federal, porque curiosamente parte de la explicación que nos dan en el informe previo para justificar estas transferencias a la Secretaría de Hacienda, fueron los costos de los Censos Nacionales Económicos de Población y Vivienda.
La pregunta es obvia: ¿qué los responsables que enviaron el Presupuesto a la Cámara de Diputados en 1992 no sabrían de la realización de los Censos Nacionales Económicos? O también se pretende justificar estas transferencias hablando de transferencias de capital a la Financiera Nacional Azucarera y para cubrir algunas liquidaciones al personal del Banco Nacional de Crédito Rural.
Sin embargo no estamos hablando de transferencias de poca monta; no estamos hablando de algunas fallas de previsión que justificaran cubrir esas erogaciones adicionales. Estamos en todos estos casos hablando de transferencias realizadas por el Ejecutivo en forma discrecional, que más que duplicaron los presupuestos autorizados por esta soberanía.
Estamos hablando de un sector 23, que se ha convertido no en una caja chica, sino en un verdadero cajón que importa una quinta parte del gasto programable del Gobierno Federal y es una quinta parte sobre la que se elude la facultad exclusiva de esta cámara de fijar el presupuesto de egresos.
Por ahí se ha pretendido argumentar que estas transferencias no modifican sustancialmente el monto total. Pero ése no es el punto a discusión; el punto a discusión es que la presentación del presupuesto establece una división sectorial y además, en concordancia con lo establecido en las leyes de presupuesto y Cuenta Pública, debe presentarse en esa forma las diversas partidas que contiene el presupuesto y mediante estos subterfugios y estos mecanismos esas partidas se modifican, sustancialmente, por el Ejecutivo.
¡Ese es el punto del litigio y es la razón por la que hace un año, al discutirse los presupuestos, planteamos, desde 1992, la necesidad de que en el ramo 23 se estuvieran contenidas solamente previsiones razonables y no una quinta parte del total del presupuesto programable, que permite esta serie de transferencias y en el fondo un manejo discrecional del presupuesto!
En las mismas condiciones, en las mismas condiciones está el ramo 26, el llamado de Solidaridad y Desarrollo Regional. Nuevamente se ejerció una vez más, sin que se haya cumplido con el ordenamiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que en su artículo 13 ordena textualmente que "el gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán con el apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de ejecución".
Estamos hablando en el ramo 26 de un monto también no menor que abarca 7 mil 354 millones. Casi más del 7% del gasto total programable del Gobierno Federal.
Ya diversos partidos políticos han hecho la crítica al Programa de Solidaridad en el manejo discriminatorio, clientelar y partidista, de los recursos de este programa. Pero en el fondo este manejo discrecional se da porque también en el ramo 26 se establece una caja grande, en la que se destinan recursos sin conocer cuales son las inversiones que se van a realizar durante el año y es porque esas inversiones no están programadas conforme a las necesidades de las comunidades, sino que van surgiendo conforme a las necesidades políticas de las campañas en curso.
Esa es la razón por la que desde 1991, que se exigía ante Carlos Rojas la necesidad de que los recursos del Pronasol estuvieran asignados a programas de inversión y cumpliendo con la ley se conociera al momento de aprobarse el programa, los objetivos del programa y la unidad que lo iba a ejecutar.
Desde esa fecha se ha venido argumentando que son inversiones que no pueden prevenirse de antemano y es por eso que en este rubro también seguimos encontrando una gran discrecionalidad en el manejo del Ejecutivo.
Termino, porque me falta menos de un minuto. Hemos reconocido que la comisión dictaminadora incorpore una propuesta de consenso de todas las fracciones para eliminar la discrecionalidad en el gasto y para que el rubro 23 efectivamente no se convierta en esa caja grande que permite al Ejecutivo eludir lo que es una facultad soberana de la Cámara de Diputados.
Estamos nosotros en espera de que esta recomendación incoporada en el dictamen, sea efectivamente traducida en los hechos y que en las próximas aprobaciones de la Ley de Egresos, puedan ya aplicarse estos criterios que disminuyan la discrecionalidad.
Sin embargo, no podemos decir lo mismo con respecto al ramo 26 y ahí también se ha dejado nuevamente abierta la puerta, al no recogerse ninguna recomendación al respecto, para que las partidas de este ramo cumplan también con las previsiones de la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública.
Compañeros, cuando hemos planteado nosotros ante esta soberanía la necesidad de avanzar y mejorar en el estudio y análisis de la Cuenta Pública, es porque efectivamente pensamos que la Cámara de Diputados debe hacer valer y respetar sus facultades y que no es ningún desdoro el señalamiento de los vicios, de los errores, en los que el Ejecutivo ha ejercido el gasto público. Ya son otras las instancias para tratar también de fincar responsabilidades y combatir a fondo la corrupción. Pero en este momento lo que hemos señalado son observaciones y propuestas tendientes a mejorar el análisis que esta Cámara de Diputados tiene que hacer sobre el gasto público.
Esperamos que en las siguientes discusiones y de manera especial al discutir los proyectos de Ley de Ingresos y los nuevos presupuestos para el año de 1995, esta cámara no abdique de su responsabilidad frente a los enviados del Ejecutivo que van a copar esta sala de sesiones y pueda ahí decidirse, por los diputados y esta soberanía, las Leyes de Egresos e Ingresos de nuestro país y pueda esta soberanía avanzar en una revisión más profunda y objetiva del gasto público de la Federación, acabando con este manejo, no sólo discrecional, sino también patrimonialista, del presupuesto federal.
Muchas gracias, compañeros diputados, a pesar de los silbidos de los arrieros.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel Beristáin, en contra.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Señor Presidente; pleno de esta cámara:
En cumplimiento a la facultad que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74, fracción IV, este Poder Legislativo procede al análisis del informe previo.
También es importante señalar que nuestra Ley Orgánica, en su artículo 49 señala estas facultades para este Poder Legislativo y sobre todo, da una orden para que la Contaduría Mayor de Hacienda, al presentar ese informe previo, lo haga en el siguiente sentido.
Primero. Si la Cuenta Pública está presentada de acuerdo con los principios de contabilidad, aplicables al sector gubernamental.
Segundo. Los resultados de la gestión financiera.
Tercero. La comprobación de si las entidades se ajustaron a los criterios señalados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cuarto. El cumplimiento de objetivos y metas de los principales programas.
Cinco. El análisis de los subsidios y las transferencias.
Y, por último, el análisis de las desviaciones presupuestales.
Actuando dentro de este marco legal, hemos detectado las siguientes irregularidades: con referencia al dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1993 que presenta la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, hemos manifestado los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional, que es indispensable modificar el calendario previsto en la ley y adecuarlo para que el trabajo de la revisión del informe previo que rinde la Contaduría Mayor de Hacienda, se realice con mayor certidumbre, detenimiento, responsabilidad y objetividad y evitar con esto que a la ligera se pueda rechazar o aprobar dicho dictamen, el cual no ha sido debidamente discutido y analizado por falta de tiempo.
Hemos manifestado nuestro voto en contra en lo general, pero cabe hacer notar que estamos conscientes que hubo avances en el contenido de algunos incisos correspondientes a los artículos 4o. y 5o. del decreto; sin embargo, no se sientan las bases para determinar acciones concretas sobre la falta de cumplimiento de objetivos y prioridades en los programas elaborados por dependencias y entidades en relación precisamente al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.
Asimismo la observancia por parte de las dependencias comprendidas en el presupuesto de egresos referente a los preceptos legales aplicables al ejercicio fiscal 1993, tampoco se sientan las bases para hacerlo más objetivo.
Por ejemplo, podemos citar los siguientes casos de incumplimiento a la normatividad: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 19 demanda que las dependencias deben expedir sus manuales de organización, de procedimientos y servicios al público; la PGR manifestó haberlo elaborado, pero no lo ha publicado y acepta que está pendiente su actualización; Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 1993, en su artículo 10 señala la obligación de verificar periódicamente los resultados de la ejecución de programas y presupuestos de las entidades que coordinan y de establecer medidas para corregir las desviaciones detectadas; la PGR, Sepesca, Secofi, Comisión Federal de Electricidad, entre otras, incurrieron en desviaciones presupuestales; además, la Secretaría de Educación Pública, IMSS y Pemex, además de incurrir en desviaciones presupuestales, se desviaron de sus propios programas de objetivos.
El artículo 23 del mismo ordenamiento, obliga a las dependencias y entidades, a obtener de la Secretaría de Hacienda la autorización de los inmuebles que arriendan o adquieran; por un lado, la SEP informa que no se encontraba en este supuesto y sin embargo contradictoriamente la propia Secretaría de Hacienda pone en evidencia la falta de veracidad de información proporcionada por la SEP.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles. El artículo 13 señala la obligación de elaborar programas de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios; Lotería Nacional incumplió este precepto.
El artículo 49, obliga a las dependencias a remitir a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, información relativa a pedidos y contratos y nuevamente el IMSS y el ISSSTE incumplen dicho ordenamiento.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. En su artículo 25 señala la obligación de ajustar el gasto público al monto autorizado a su programa y partidas presupuestales y nuevamente el IMSS e ISSSTE aparecen rebasando los montos autorizados y además no proporcionaron información de acuerdo a la ley.
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Señala en su artículo 25 e impone la obligación a la Secretaría de Hacienda de comunicar a más tardar el 15 de julio de cada año, a todas las dependencias y entidades del Gobierno, las políticas y lineamientos sobre sus anteproyectos de presupuesto; sin embargo, la Secofi, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Semip, entre otras, indicaron haber recibido dichas políticas después del plazo establecido.
Ley de Obras Públicas. En el artículo 52 señala la obligación de enviar a la Sedesol todos los títulos de propiedad y localización de las obras públicas cuando se trate de bienes de dominio público de la Federación; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública y la PGR tampoco cumplieron esta disposición.
Como verán, compañeros diputados, hay entidades que repetitivamente violan este marco legal y que si no es una, es otra, en forma sistemática; aquí señalo algunas, pero son muchas las que integran la lista que violan esta normatividad.
Referente al renglón de desviaciones presupuestales, que ya compañeros diputados que han hecho uso de esta tribuna anteriormente han señalado, únicamente diré lo siguiente:
Gobernación. De su presupuesto original, lo modificó en un 85.9%, casi una cantidad igual a la inicialmente presupuestada.
Energía y Minas se fue en un 359.4 la modificación al presupuesto original, que 3.5 veces se modificó la cantidad inicial presupuestada.
Cabe aclarar que la mayor parte de modificaciones al presupuesto, sobre todo en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación Pública, fueron para apoyar sueldos, salarios y homologación de plazas. De acuerdo a la técnica presupuestal, es necesario darle flexibilidad a este documento de planeación, sobre todo para su adaptación, a factores imprevisibles que se puedan presentar durante el ejercicio del gasto públicio, pero consideramos que no debe de propiciar dicha flexibilidad, un desorden generalizado y hacer uso de los recursos contingentes del ramo 23 y que provoque una red de transferencias interpartidas presupuestales y que al final del ejercicio fiscal, el presupuesto original en nada se parezca al gasto ejercido.
Esto demuestra sólo dos cosas. Por un lado, que exista incompetencia o falta de profesionalismo de los responsables de elaborarlo en cada una de las entidades de Gobierno, o bien, por el otro, la costumbre anárquica del Ejecutivo de mover las partidas presupuestales a su antojo, sin tener mayor respeto al aprobado por este Poder Legislativo.
Por eso mismo, estamos de acuerdo en el inciso k, del artículo 5o. del decreto, que propone disminuir la discrecionalidad en el ejercicio del gasto, en la aplicación de recursos contingentes, reduciendo el ramo 23 considerablemente. Ojalá podamos cumplirlo en el presupuesto de 1995.
Objetivos y Metas de Programas no Cumplidos. En el sector desarrollo rural, el gasto ejercido ascendió a 10 mil 358 millones de nuevos pesos, que en términos reales es similar al del año anterior; sin embargo, muchas metas no se alcanzaron, además se recortó recursos que se transfirieron a entidades que no pertenecen a este sector, tales como Conasupo y Fidazúcar, en un 20.5% del total presupuestado.
Es importante señalar que este sector muestra una disminución del 4.7% en la producción de los 10 productos básicos del país.
En el programa 3-L, subprograma 01, relativo al comercio interior, abasto y protección, nos damos cuenta que el apoyo al arroz disminuyó en 13.25% y a la soya el 58%. Se argumenta que la desviación se orientó para apoyar al trigo y al maíz, que inclusive, en el texto inicial del proyecto de dictamen de esta comisión, se argumentó que éramos autosuficientes, inclusive así lo informó en su último informe Carlos Salinas.
Pero no es así, solamente en el trigo cabe esta aseveración, pero en el maíz no hemos sido autosuficientes en los últimos tres años, hemos tenido que importar en términos reales más de 300 millones de dólares.
Sector Comercio y Fomento Industrial. El subprograma Nucleoeléctrica Laguna Verde, registró un gasto mayor al presupuestado en 84.02%, debido sobre todo a la urgencia de Carlos Salinas por inaugurar dicha obra, la cual también se ha informado que está inconclusa.
Respecto a los seguimientos de las recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda que ha hecho respecto a ejercicios desde 1989 a 1992, hemos señalado algunos renglones importantes como los siguientes:
Desde 1989 existen dos recomendaciones atendidas parcialmente; de 1990 existen nueve recomendaciones que se atendieron parcialmente y dos que no se han atendido; de 1991 son seis las recomendaciones que parcialmente se ha dado respuesta y tres que no se han atendido; de 1992, de 28 recomendaciones que hizo la Contaduría Mayor de Hacienda, 12 han sido atendidas, 14 se atendieron parcialmente y dos no se han atendido. Es notorio que el contador mayor de Hacienda no ha cumplido o no ha querido cumplir con su responsabilidad encomendada, permitiendo que desde 1989 existan dependencias sin dar respuesta a sus recomendaciones, acumulando desde 1989, 29 recomendaciones parcialmente atendidas y siete totalmente haciendo caso omiso las dependencias del Gobierno Federal.
Como verán, señores diputados, no podemos continuar jugando a dar recomendaciones a las dependencias del Poder Ejecutivo y permitir que hagan caso omiso a ellas e inclusive a dar por hecho que aunque no se hayan contestado, olvidarnos de aplicar la Ley de Responsabilidades que concretamente faculta a este Poder Legislativo en su artículo 3o. fracción I.
Por esto mismo, para concluir, quiero hacer un planteamiento: los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional, hacemos la siguiente proposición por escrito, la cual dejaré a la Secretaría de esta mesa directiva; que sea modificado el artículo 6o. del decreto y agregar a su redacción actual lo que sigue; que en uso de sus facultades, la Contaduría Mayor de Hacienda proceda inmediatamente a fincar responsabilidades administrativas, civiles o penales que conforme a derecho se deriven y en forma especial a las entidades del Gobierno Federal que han dado respuesta parcial a 29 recomendaciones acumuladas desde 1989 y sobre todo a las dependencias que han hecho caso omiso a siete de dichas recomendaciones e informes. Los resultados que se deriven a esta Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia, en un término máximo de 90 días; de otra manera, señores diputados, estaremos realizando un trabajo de mera simulación. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para hablar en pro del dictamen, el compañero diputado Roberto Campa.
El diputado Roberto Rafael Campa Cifrián:
Con su permiso, señor Presidente; diputadas; diputados:
Ninguna de las cifras de los hechos que se han venido a narrar a la tribuna, absolutamente ninguno de estos datos, con los que se pretende descalificar el dictamen y en el fondo la Cuenta Pública, ninguna de las cifras que ha manejado la oposición, es producto de investigaciones profundas, de información confidencial o de cualquier otro medio de análisis. Todo, absolutamente todo salió de los documentos que nos fueron entregados, del informe previo y del dictamen de la Cuenta Pública.
Pretenden descalificar estos documentos utilizando solamente la información que está en estos mismos documentos. No hay una sola cifra o un solo hecho que se haya venido a mencionar aquí, que no forme parte de la información de los documentos que nos fueron proporcionados.
Aquí hemos escuchado, compañeras diputadas, compañeros diputados, una serie de opiniones, de posiciones, con respecto a la política económica, con respecto a la economía; ninguno para descalificar el dictamen de la Cuenta Pública.
Aquí hemos escuchado algunas acusaciones frívolas, otras razones y sinrazones, producto de la ignorancia, de lo que no se sabe en algunos casos o producto del anacronismo de lo que se sabe en otros casos. Con ese ánimo, con ese ánimo respetuoso con el que hemos escuchado los argumentos de la oposición, vengo aquí también yo a exponer razones y argumentos de manera respetuosa.
Para la economía, 1993 fue un año difícil, creció menos de medio punto en términos reales. La formación bruta de capital disminuyó en 1.4%; el consumo privado se mantuvo y el público creció 3%. El sector primario creció 1.8%, el industrial decreció 0.2% y el de servicios aumentó 0.9%. Los asegurados permanentes del Seguro Social redujeron su cantidad en 0.5%; la tasa de desempleo abierto pasó a 3.4% frente al 2.8% de 1992.
En otros rubros nos fue mejor. El índice nacional de precios al consumidor sólo creció 8%.
Por primera vez un solo digito, después de más de 20 años de inflaciones que llegaron a ser casi del 200%. La más baja desde 1972.
Se mantuvo la estabilidad financiera, la estabilidad económica y la corrección de los desequilibrios fiscales. Todo esto en un marco de abasto pleno, con ausencia de precios controlados, con un índice promedio de abasto de artículos de la canasta básica, de más del 98%. El más alto desde 1988.
¿Qué fue lo que pasó en 1993? El contexto internacional fue muy difícil, los primeros seis meses padecimos todavía las consecuencias de un proceso recesivo internacional y cuando se compuso el contexto internacional, cuando mejoraron las exportaciones en el segundo semestre, la incertidumbre por la firma del Tratado de Libre Comercio hizo que las expectativas de inversión se fueran para abajo, que la inversión, la demanda agregada y el consumo se fueran para abajo.
Pero de todo esto da cuenta precisa la Cuenta Pública y el dictamen de la misma. No oculta absolutamente nada por eso nosotros no entendemos por qué la crítica. El enunciado de lo que pasó en la economía se utiliza como argumento para descalificar la Cuenta Pública y su dictamen.
La Cuenta Pública y su dictamen plantean, aceptan, cada una de las cifras que yo he comentado y cada una de las cifras de los datos que reflejan los hechos de lo que pasó en 1993, que los compañeros de la oposición han venido aquí a discutir y argumentar. Por eso reitero, porque me parece importante, ninguna de esas cifras, ninguna está al margen de los documentos de los que estamos hoy discutiendo si se aprueban o no.
Me interesa tocar algunos de los asuntos que han venido aquí a plantear algunos de los preopinantes. Dice el PRD, por ejemplo, que ciertamente el análisis es legal, pero que de cualquier manera no están de acuerdo.
Nos regimos por un marco de leyes, pues sí, así es, nos regimos por un marco de leyes, solamente podemos hacer aquello para lo que tenemos facultades, facultades legales. No somos el congreso de Iturbide, compañeros y compañeras diputados, somos un congreso que se norma y se rige por las leyes.
El PRI no acepta de ninguna manera que se ponga en duda su absoluta decisión para fortalecer el papel de la Cámara de Diputados como garante del manejo adecuado de los recursos públicos. Conviene recordar que fue la decisión de la mayoría la que puso en manos de un miembro de un partido de oposición, la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Fue una decisión de la mayoría, por eso no aceptamos de ninguna manera que se ponga en duda nuestra firme decisión de fortalecer este papel. Fue, ha sido la voluntad política de los priístas la que tomó esta decisión.
Dice el PAN, dice algún diputado del PAN, ¿cuándo se ha visto en la historia que un Gobierno gane dinero? Un estudiante de economía de segundo semestre, sabe que la política fiscal no es un estado de cuenta; es un instrumento de política económica, que determinadas circunstancias justifican déficit presupuestales, que no es ganancia para los ciudadanos y determinadas circunstancias justifican superavit presupuestales, que depende de muchas cosas, que depende de hacia dónde se quiere llegar y que depende de muchas variables. Que depende de cuánto mide el multiplicador monetario, o las propensiones marginales, o medias al consumo; depende de la inversión, depende de muchas cosas.
Conviene que algunos de los compañeros diputados leyeran por ahí algún curso elemental de economía para no venir aquí a decir cosas que cualquier economista mediano sabe.
Los impuestos, como aquí se dijo, no son instrumentos que puedan fijarse de manera arbitraria. Ahí tenemos experiencias recientes todavía, seguramente muchos nos acordamos de lo que pasa en la economía cuando por decreto pretende fijarse de cuánto es la tasa de rendimientos. Pero sí conviene decir que en 1993, el periodo del que estamos hablando, bajaron las tasas de interés de alrededor del 50% al 16%.
Las transferencias que aquí se han vendido también a plantear. Conviene decir que las transferencias que se han comentado por el diputado Etienne, forman parte del ramo 23; que no son sacrificio a un sector para engrosar los recursos de otro. Conviene decir que el ramo 23 contiene previsiones de contingencia para ser asignada a sectores determinados, como fue el caso, por ejemplo, del sector Gobernación donde, por motivos del proceso electoral, hubo de asignar recursos provenientes del ramo 23.
Esto está en el dictamen, pero además la recomendación que hiciera en la comisión, el diputado Etienne, se tomó en cuenta y forma parte del dictamen. Por ello, la argumentación del señor diputado Etienne, sirve de mi parte para reiterar que si somos consistentes y congruentes, habrá que votar a favor de lo que dice el dictamen.
Quiero terminar diciendo que no es preciso, no es exacto, no es cierto lo que dijo el diputado Saúl Escobar; no es cierto que durante 1993, no se atendió a ninguna de las recomendaciones hechas por la Cámara de Diputados.
En 1993 se hicieron 25 recomendaciones; fueron atendidos 21; están en proceso de atención tres y corresponde a la propia Contaduría Mayor de Hacienda una. Hay un documento que seguramente muchos de ustedes tienen, que contiene el seguimiento de las recomendaciones del Poder Legislativo durante 1993, que da cuenta detallada y precisa de lo que estamos diciendo.
Compañeras y compañeros diputados: el documento relativo a la Cuenta Pública de 1993, es un documento que refleja fielmente qué fue lo que pasó en la economía en 1993. Ciertamente no todo sucedió conforme a las previsiones, y por ello el dictamen de la Cuenta Pública y la propia Cuenta Pública, dan información precisa de dónde se cumplió y dónde no se cumplió.
Por ello, los miembros que formamos parte de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, habremos de votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Manuel Beristáin.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
No cabe duda que en este inicio de esta LVI Legislatura, a corto tiempo nos damos cuenta de que muchos diputados guardan una incongruencia en los hechos y me refiero al diputado que acaba de hacer uso de la palabra.
Se acordarán ustedes que aceptamos su invitación en la glosa del informe, a invitación propia él no aceptó. Referente a los conceptos que él virtió en esta tribuna, comienza diciendo que los diputados de oposición, señalamos cifras que no son verdad y después hace aseveraciones, que únicamente venimos a decir lo que el informe previo contiene. En este sentido, señor diputado, a confesión de parte relevo de pruebas.
Menciona también que gracias al grupo mayoritario de esta legislatura, fue otorgada la presidencia de la Comisión de Vigilancia a un diputado de Acción Nacional. Quiero aclararle al diputado que es a pesar de ese grupo mayoritario y que es gracias a toda una historia de Acción Nacional, que ha pedido siempre que en manos de la oposición de primera minoría, no nada más esté la presidencia de esta Comisión de Vigilancia y lo esté también lo que hoy, por principio quiere rectificarse, la Procuraduría General, también esté en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por qué no, otras dependencias que regulen la actuación del Ejecutivo. Por eso mismo señalamos que es a pesar de este grupo mayoritario que Acción Nacional asuma la presidencia de esta Comisión de Vigilancia.
Y quiero aclarar también que no es el presidente actual de esta comisión quien emitió el informe previo. El informe previo correspondiente a la Cuenta Pública de 1993, fue el anterior comité de vigilancia, integrado y presidido por un diputado del PRI.
También señala el diputado, recomendando a los economistas de la oposición, se refieran a un libro básico de economía. Es más, yo le diría, con todo respeto al diputado, que también la economía tiene que ser coincidente con la exactitud y que un presupuesto que tiene una variación como es la Secretaría de Minas en tres punto veces cinco más, quiere decir que no hay capacidad para presupuestar y que no se necesita ser economista para presupuestar en forma objetiva y precisa. No es posible que con estos términos, realmente con una actitud de rechazo a señalamientos concretos de la oposición, venga hacer propuestas irresponsables.
Y si el señor menciona que los economistas se refieran, sobre todo los de la oposición a un libro de economía, yo le pediría que él se refiera a un libro de ética elemental, para que no halague en forma sistemática lo contenido en este informe de la Cuenta Pública.
Por eso, amigos diputados de oposición y señores diputados de la mayoría, el proceso de dignificar una legislatura normalmente le ha correspondido a la oposición. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ezequiel Flores, para hablar en contra.
El diputado Ezequiel Flores Rodríguez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como es natural el informe de la Cuenta Pública de 1993, enviado por el Poder Ejecutivo a esta soberanía para su análisis y dictamen, reserva un espacio al Pronasol. Me voy a permitir hacer un breve análisis de cuatro puntos al respecto.
1o. En el lugar correspondiente del resumen general de la Cuenta Pública 1993, el Ejecutivo Federal sostiene; textual: "a cinco años de iniciado el programa social más importante en la historia del país, los indígenas, campesinos y habitantes de las colonias populares cuentan con una plataforma sólida para enfrentar la pobreza extrema. Con el esfuerzo de todos, solidaridad tiene ya raíces propias, sus acciones han beneficiado a un mayor número de familias y localidades, dando respuesta, en los hechos, a demandas añejas de servicios básicos y apoyando los esfuerzos productivos de los grupos sociales. Gracias a ello, la nación es hoy más fuerte y el Estado más solidario".
Es una gran verdad que una nación es más fuerte en la medida en que se fortalece su tejido social, es decir, en la medida en que sus habitantes son cada vez más prósperos. Ciertamente el Pronasol resolvió parte de los problemas más angustiantes de un sector de la población más necesitada y logró detener parcialmente las tendencias más agudas del deterioro en sus condiciones de vida; sin embargo, los logros y los aspectos positivos del programa estuvieron lejos de ser la solución de fondo a la problemática de la pobreza en nuestro país.
El año de 1993, fue precisamente en que se reconoció oficialmente la existencia de más de 40 millones de pobres en México; en contraste, ya se sabía de los tristemente famosos 24 supermillonarios. ¿Cómo es posible que se diga que nuestra nación fuera a concluir 1993 más fuerte que en el pasado si había como hoy, tantos millones de mexicanos, sumidos en la pobreza?
Ciertamente, el Estado fue más solidario, se incrementaron los recursos para gasto social y ello fue, sin duda, positivo; pero no hay que olvidar que el Estado tiene el deber inexcusable de procurar el bienestar social de los ciudadanos y sus familias; en todo caso, habría que sacar una primera conclusión: el Pronasol estuvo lejos de solucionar los problemas y sentar las bases para superar la pobreza en el país. Así lo confirman el crecimiento de la indigencia y de las zonas marginales en las grandes urbes, la pobreza en el campo, el fuerte incremento de la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos y, recientemente, la dramática situación por la que atraviesa el grupo étnico rarámuri de la Tarahumara.
2o. Una de las limitaciones más importantes del programa, fue la orientación que se le dio. La Cuenta Pública de 1993 muestra que el Pronasol se implementó en tres direcciones: bienestar social, infraestructura básica de apoyo y proyectos productivos. Para el primer rubro se uso el 63.3% del gasto federal ejercido, para el segundo, el 13.9% y para el tercero, el 22.8%, o sea, que en conjunto, los rubros asistenciales representaron el 77.2% de los recursos ejercidos por el Pronasol. Los datos son elocuentes, casi las tres cuartas partes de los recursos fueron destinadas a aspectos asistenciales, cosa muy distinta de lo que es una moderna política social.
El Pronasol, se dirigió limitadamente atacar los problemas que generan la pobreza. El primero de ellos, la falta de condiciones propicias y de actividades que incidan directamente en el nivel de los ingresos familiares de los sectores más desprotegidos del país.
Consideramos que fue un error destinar sólo el 22.8% del Pronasol a proyectos productivos. Habría que redefinir la orientación y el peso específico de cada uno de los aspectos de un programa de esta naturaleza.
3o. En el documento también se dice que en 1993 se crearon 36 mil comités de solidaridad, con lo que se llegó a 150 mil. Eso denotaría una intensa labor gubernamental en la promoción del Pronasol y la supuesta aceptación de la ciudadanía para participar corresponsablemente en la solución de sus carencias fundamentales, si no fuera porque en su mayoría los llamados comités han sido en realidad entidades formales y poco eficientes.
Además, como se ha documentado, el Pronasol no logró ser el mecanismo que coadyuvara a la organización de la sociedad desde sus propias bases. Fue más el instrumento gubernamental para el manejo político del ajuste económico.
Con los comités se intentó reemplazar las vetustas estructuras corporativas de control y servil de receptáculos de la política asistencial del régimen.
Rechazamos rotundamente esa vieja práctica gubernamental del asistencialismo clientelar, porque en nada contribuye a resolver las carencias básicas de los sectores más desprotegidos y resulta éticamente perverso y económicamente infructuoso.
No obstante, debemos de recoger la experiencia del programa para avanzar en la reorganización de la sociedad, pero sobre la base de prácticas democráticas y realmente autogestivas.
4o. En el documento se señala que a través de solidaridad para el bienestar social, solidaridad para la producción y solidaridad para el desarrollo regional, se atendieron las necesidades de los sectores más empobrecidos del país, así como los aspectos básicos del desarrollo regional.
Se agrega que el gasto federal ejercido en 1993, ascendió a 8 mil 259 millones de nuevos pesos, cifra que representa un incremento anual de 7.7% a precios constantes y de 6.6% con relación al presupuesto original. De este monto, 89% correspondió al ejercicio directo de los gobiernos estatales y 11% a otras dependencias y entidades federales.
El Pronasol, habría representado el 20.8% de la inversión pública presupuestaria. Para nosotros estos datos muestran la insuficiencia de la política social en la estrategia del régimen anterior, dadas las enormes carencias de más de 40 millones de mexicanos; los recursos destinados al Pronasol, fueron a todas luces insuficientes.
Para la atención de las condiciones de pobreza existentes en 1993, los recursos destinados al programa debieron ser, cuando menos, seis veces superiores al presupuesto originalmente asignado y con ello colocarlo en el nivel mínimo de gasto social que recomiendan los organismos internacionales para combatir la pobreza.
En este contexto resulta cuestionable que el Ejecutivo Federal celebrara haber conseguido un superávit fiscal por 13 mil millones de nuevos pesos, cuando cifras conservadoras estimaban que el número de mexicanos en condiciones de pobreza extrema, era de 14 millones en 1993.
Compañeras y compañeros legisladores: ahora que analicemos el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1995, tengamos muy presente que la tesis central del equipo que condujo los destinos de la nación durante los pasados seis años, era que una vez conseguido el ajuste, el crecimiento sostenido haría llegar por sí solo sus beneficios a la mayoría de la población. Se obvió que Cuenta Pública, que crecimiento económico y abatimiento de las desigualdades no siempre ni necesariamente van de la mano, sino que para ello se requiere de una política deliberada al respecto.
Así, de acuerdo al programa de la ONU para el desarrollo, México es uno de los principales países donde el desarrollo ha sido bloqueado por la aguda concentración del ingreso. Recuérdese que en 1993, un 10 % de la población se apropió del 40% del ingreso nacional, en tanto que la mitad de la población nacional ni siquiera obtuvo el 20% del ingreso.
El programa de la ONU señala que sólo cuando se resuelva el problema de la aguda concentración del ingreso, podrá haber una relación directa entre crecimiento y desarrollo, es decir, entre crecimiento y bienestar económico y social para un número cada vez mayor de mexicanos. ¡Solo entonces, podremos aceptar la afirmación del Ejecutivo de que nuestra nación es ahora más fuerte! Así pues, desde cualquier ángulo que se le vea, aunque se lograron algunos avances, la recuperación económica no se tradujo ni en 1993, ni durante todo el sexenio en bienestar económico y social para las mayorías.
Por ello insistimos, compañeras y compañeros diputados, tenemos que modificar sustancialmente la estrategia económica en beneficio de todo el pueblo de México y no de unos cuantos.
Esta soberanía puede y debe incidir en ese sentido, no sólo por la propia dignidad del Poder Legislativo, sino ante todo, porque la dramática situación en que viven millones de mexicanos así lo demanda. ¡No se puede seguir pagando el elevado costo social que representó la estrategia económica salinista! En conclusión, por todo lo antes dicho y porque en resumidas cuentas el Pronasol no cumplió cabalmente con su cometido, el Partido del Trabajo no puede avalar la cuenta pública de 1993, presentada por el Ejecutivo Federal. Muchas gracias.
El Presidente:
En turno, para hablar en contra del dictamen, el diputado Luis Rico.
El diputado Luis Alberto Rico y Samaniego:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Sólo voy a hacer unas puntualizaciones acerca de las razones que tuvimos los diputados del Partido Acción Nacional para votar en contra del dictamen de la Cuenta Pública de 1993, dentro de la Comisión de Presupuesto, Programación y Cuenta Pública. Además de las razones vertidads por el diputado Padilla Olvera y por el diputado Beristáin, donde hacen amplia referencia de que en 1993 no se cumplieron las metas de crecimiento planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, ni el documento de criterios de política económica que muchas de las principales dependencias tampoco cumplieron con las recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda. !Razones de suyo, más que suficientes para justificar la votación en contra!
Además de éso, quiero agregar algunos razonamientos particulares.
El presidente Salinas, al inicio de su gobierno, propuso una reforma en tres vertientes, las cuales fueron planteadas como tres acuerdos: El primero, para el crecimiento; el segundo, para la justicia y, el tercero, para la democracia.
Sólo el primero puede decirse que se acercó medianamente a las metas macroeconómicas fijadas en promedio. Pero el año que nos ocupa, el crecimiento de la economía fue tremendamente inferior al programado, ya que el crecimiento del PIB, producto interno bruto, fue sólo del 0.4%.
No hablemos de la justicia, de la cual el propio presidente Zedillo dijo estar indignado, ni tampoco del aspecto democrático que hizo al nuevo Presidente, reconocer la urgencia de una reforma integral que haga creibles los procesos electorales.
La actividad económica en 1993, fue muy inferior a la prevista en el Plan Nacional de Desarrollo, que situaba el PIB en el 6% anual y que sólo llegó en realidad, como decía, al 0.4%. Incluso muy inferior a lo previsto en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 1993, que redujo la predicción de crecimiento del PIB, del 6% a sólo el 2.5%.
La Cuenta de la Hacienda Pública en 1993 nos muestra, entre otras grandes fallas ya mencionadas por los diputados de mi partido, la discrecionalidad con que el Ejecutivo dispuso ampliaciones en el gasto, tanto al Gobierno Federal como a organismos y empresas por 8 mil 749 millones de nuevos pesos, lo cual representa el 27.1% del total de participaciones federales correspondientes al fondo general, que es el mayor de todos, que se otorgan a los estados. Esto nos indica, señores diputados, que el Presidente dispuso así de una enorme suma que debió enviarse a las exhaustas arcas estatales, las cuales, vaya paradoja, se adelgazan a medida que se fortalecen las finanzas de la Federación; cosas del federalismo mexicano.
En lo que respecta a erogaciones no sectorizables, conocidas como ramo 23, en el Presupuesto de Egresos de 1993 se ejercieron 25 mil 813.5 millones de nuevos pesos, es decir, una cantidad semejante a la correspondiente al mismo fondo general de participaciones que se da a todos los estados. Esto es una caja de transferencia de recursos económicos que el Ejecutivo gasta bien o dilapida a su antojo; ahí están las partidas secretas.
Otros aspectos de la Cuenta Pública de 1993 es la cantidad ejercida por el Programa Nacional de Solidaridad, que se elevó a 8 mil 259 millones de nuevos pesos, cantidad inferior a los 8 mil 749, también millones de nuevos pesos, que el Presidente dispuso para ampliar partidas al Gobierno Federal, a organismos y empresas. Este programa que es noble en su origen e intención, en la práctica se usa muchas veces en forma clientelar por dependencias del Ejecutivo, con acentuado énfasis en épocas electorales.
Acción Nacional, sostiene que el auténtico federalismo exige que en forma inaplazable estos fondos sean transferidos directamente a los municipios; ahí están las necesidades, los presidentes municipales deben manejar las soluciones. El presidente Zedillo lo ha reconocido cuando dijo: "ha llegado la hora de liquidar el centralismo".
Para tener una idea del grado de discrecionalidad con que el Presidente maneja el presupuesto, sumemos a los 8 mil 749 millones de ampliación a partidas, los 25 mil 813.5 de las erogaciones no sectorizables, las cuales suman en total 34 mil 562.5 millones, cantidad superior a la suma de las participaciones de los estados que corresponden al Fondo General de Participaciones más el Fondo de Fomento Municipal, más el correspondiente al de Comercio Exterior, más el de Hidrocarburos que el Gobierno Federal envió a los estados, esto suma, señores, 33 mil 423 millones de nuevos pesos.
Además, en el sector financiero del dictamen sobre la Cuenta de la Hacienda Pública se establece que el ahorro financiero en 1993 fue del 43.7% del PIB mientras el presidente Salinas establecía en su informe del 1o. de noviembre pasado, que ascendía al 49%.¿Quién miente?
Un Gobierno que se diga democrático señores, sólo podrá justificar su quehacer cuando promueva, entre otras cosas, la justicia y la repartición equitativa de la riqueza y en México aumentaron vertiginosamente las fortunas faraónicas de unos cuantos, a la par que aumentaban la inseguridad, la injusticia y la pobreza de muchos mexicanos.
Esto, señores diputados, por la más elemental justicia es inaceptable. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hacer uso de la palabra en pro del dictamen, el turno es para el diputado Alfonso Molina.
El diputado Alfonso Molina Ruibal:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Antes de entrar al tema que me ocupará quisiera muy respetuosamente aclararle con toda gentileza al diputado Manuel Beristáin, quien usó de la tribuna hace unos momentos, que el informe previo no lo elabora la Comisión de Vigilancia, lo elabora la Contaduría Mayor de Hacienda, que es precisamente el órgano técnico de esta legislatura.
Ahora bien, para poder dimensionar con el menor número de imprecisiones del comportamiento de la política económica durante 1993, sería propio ir mucho más allá del señalamiento de aciertos y de desaciertos y evaluar sus resultados desde la óptica que le dio origen, esto es, la recuperación de la estabilidad económica.
En lo particular, voy a referirme a las acciones que en materia de política de ingresos se implementaron durante el año de 1993. Como esta está inmersa en la Cuenta Pública Federal, permítaseme hacer una recapitulación muy breve con la idea de ubicar la actividad recaudatoria en su justa dimensión. Sin entrar al fondo en el análisis del panorama económico que privaba al inicio de la anterior administración, situación por cierto por todos conocida, para 1993 como aquí se ha dicho, la economía del país mostraba ya otra cara, los resultados, si bien es cierto que no eran los esperados, sí reflejaba ya una recuperación más que moderada, con avances reales y tangibles, pero también afectados por la presencia de un entorno internacional disminuido, sobre todo durante los primeros nueve meses, por la incertidumbre previa a la rectificación del Tratado de Libre Comercio.
A estos factores fundamentales de la política económica, hay que agregar lo determinante que fue el manejo de las políticas cambiarias y monetarias. Su implementación y aplicación fueron puntales en el proceso de desaceleración de la inflación, se mantuvo así la liquidez y la certidumbre de las operaciones bancarias.
Durante 1993 y por cuarto año consecutivo, el ahorro interno siguió en aumento gracias a la transformación que experimentó el sector financiero y la presencia de tasas de interés flexibles a los cambios en el mercado, también a las sanas finanzas públicas y al incremento en la confianza de los inversionistas.
Por su parte, la tasa de interés interbancaria que por cierto inició su cálculo a principios de enero de 1993, bajó en ocho puntos porcentuales entre enero y diciembre.
El proceso de desincorporación de empresas públicas no estratégicas ni prioritarias siguió su marcha y con él, el de la apertura comercial, las reformas al marco regulatorio y al sistema educativo. Es en este contexto que el favorable desempeño de la recaudación tributaria del Gobierno Federal, los recursos generados por el sector paraestatal no petrolero y la disminución del gasto neto devengado, son resultados que sustentan de manera satisfactoria el cumplimiento y en algunos casos la superación de las metas que en materia de finanzas públicas se planteó el ejercicio de 1993.
Todos estos factores que acabo de mencionar y que algunos compañeros diputados han abordado aquí con profundidad, reconfirman la aprobación de una Ley de Ingresos cuyas expectativas para ese año de 1993, se ubicaron en la moderación del nivel de los ingresos ordinarios y en la no alteración, y esto es importante destacarlo, por primera vez en 22 años, de la legislación fiscal.
De hecho, el objetivo fue proponer una participación en el producto ligeramente inferior al cierre esperado para el año anterior de 1992, sólo se estimó un leve aumento real en los ingresos tributarios y en los derivados de organismos y empresas; para los ingresos petroleros se previó un programa basado en premisas que consideraban la realidad sobre el precio del petróleo, ello sin duda impactaría los ingresos reales de Pemex.
Conviene apuntar que los cambios de la estructura orgánica de Pemex de 1992, dieron como resultado la modificación del esquema fiscal que se le venía aplicando; se estableció, como ustedes lo saben, un periodo de transición a su régimen fiscal, creando impuestos acordes a su nueva estructura y se le dio vigencia al esquema fiscal aplicado en 1992, ello no derivó en una mayor carga fiscal para este organismo, como tampoco disminuyó la recaudación del Gobierno Federal.
Permítanme ahora darles algunas cifras. Respecto al año anterior de 1992, en 1993, los ingresos ordinarios mostraron un descenso de 9.3% real; sin embargo, esta cifra representó un aumento del 5.3% de acuerdo a la estimación original. En relación al tamaño de la economía, estos ingresos representaron un 26.7%, 2.8% porcentuales menor al del año anterior, pero 1.3 puntos superiores a lo programado en 1993.
Este crecimiento se debió al aumento de los ingresos tributarios y a los provenientes de otros organismos y empresas distintos de Pemex. En este resultado se reflejan el redimensionamiento del sector paraestatal con menores ingresos extraordinarios y la reducción en el precio del crudo de exportación que entre 1992 y 1993 bajó 1.6 dólares por barril.
En lo que se refiere al comportamiento de los recursos públicos, su crecimiento anual fue de 3.3% real, superando así en 5.3% lo estimado. Aquí, no se consideran los ingresos no recurrentes ni los obtenidos por la liquidación de Ficorca. Se comprueba de esta manera que el programa de finanzas públicas sustentó la mayor parte de sus ingresos en la reforma fiscal y en el aumento del número de contribuyentes; quedó para siempre atrás la percepción de recursos públicos a través de ingresos que se recaudan por una sola vez.
Es así que del total de estos ingresos, 68% fueron participación del Gobierno Federal y 32% de las entidades paraestatales de control presupuestal directo. De acuerdo a lo estimado en la Ley de Ingresos, el monto de los ingresos del Gobierno Federal superó lo esperado en 7.5%, a pesar de haber disminuido en 13.7% en relación con 1992.
Vale la pena destacar todo esto si se considera, como ya lo dije, que no hubo modificaciones fiscales durante ese año y también se estaba dando ya la desgravación a personas físicas y a las empresas en el proceso que se había determinado.
Valdría también la pena destacar el comportamiento de los impuestos sobre la renta y al activo, el valor agregado, el especial sobre producción y servicios y a la importación.
Los impuestos sobre la renta y al activo, experimentaron un aumento en el número de contribuyentes y positivos efectos a las medidas de fiscalización y a los cambios incorporados en la política tributaria. También se vieron consolidados por las modificaciones fiscales introducidas el año anterior. Todo ello permitió que para 1993, los ingresos en este rubro fueran de 70 mil 890.2 millones de nuevos pesos, monto superior en 9% real respecto al nivel del año anterior y en 20% a la meta original. Este monto significó el 6.3% del producto interno bruto, el más alto por cierto en toda su historia.
Y cabe destacar también el mecanismo que sustituyó la bonificación fiscal al salario. Este mecanismo nuevo sustituyó al descrédito fiscal que equivalía al 10% del salario mínimo de la zona geográfica correspondiente al trabajador, por una tabla expresada en montos, dependiendo del ingreso del trabajador y que decrecen conforme aumenta el ingreso.
Estos son a grandes rasgos los grandes números de la política de ingresos durante el año de 1993, vinculado, insisto, al hecho histórico de que por primera vez en 22 años no hubo ninguna modificación en la legislación fiscal.
Y permítanme ahora en relación con lo que el compañero diputado manifestó en lo referente a participaciones federales a estados y municipios, señalar que creo que es un tema que preocupa hondamente a la nación. Creo que será tarea de esta legislatura, promover el auténtico y el nuevo federalismo fiscal, pero que se entienda que esta idea del federalismo fiscal no es patrimonio exclusivo, como a veces se quiere dar a entender, del Partido Acción Nacional; es un reclamo auténtico de entidades federativas y de municipios en todo el país.
Estamos de acuerdo en transferir recursos, en transferir facultades a los municipios, pero que sea precisamente producto de la aportación de ideas, de la forma de ver las cosas de las fracciones parlamentarias que integramos a esta legislatura e insisto, creo que compartiendo experiencias y viendo coincidencias, podremos avanzar de una vez por todas en el auténtico federalismo fiscal.
Señoras y señores diputados, hoy que desde esta tribuna hemos venido a hablar de cifras, de porcentajes, de ingresos y de egresos, no debemos olvidar que más allá de la frialdad numérica, está una estrategia con profundo sentido social, que cumplió en ese año de 1993 con su objetivo de insertarnos, con personalidad propia, en el concierto internacional, junto a las naciones más desarrolladas. Finalmente todo ello se fundamentó y se dirigió al mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos. Como aquí se ha reconocido por la propia fracción priísta, hubo metas que no se alcanzaron, pero hubo aciertos que hoy permiten contar con las bases que durante los próximos años habrán de consolidarnos como una nación más justa y equilibrada.
Hay en el país, lo reconoce la fracción a la que pertenezco, una realidad de pobreza, de marginación y de injusticia. No podemos, no debemos soslayar lo que todavía falta por hacer. El combate a la pobreza en el que coincidimos en forma definitiva todas las fracciones parlamentarias aquí representadas, no tendría viabilidad real sin los instrumentos y las acciones emprendidas durante el periodo que analizamos y durante el gobierno anterior.
Desde luego, las críticas que aquí se lanzan, las imprecisiones en cifras en algunos casos, responden a enfoques divergentes y a veces a estrategias políticas claramente definidas, pero las bases que se establecieron, los avances logrados con el esfuerzo y auténticamente con el sacrificio del pueblo de México, permiten ahora a la nueva administración corregir lo necesario y plantear el nuevo rumbo.
Ciertamente el país no se construye en un año ni tampoco en un sexenio, pero por antagonismos ideológicos no se pueden desconocer logros y aciertos.
Por todo ello, pido respetuosamente la aprobación al dictamen de la Cuenta Pública. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Raúl Livas, en contra del dictamen.
El diputado Raúl Alejandro Livas Vera:
Con su venia, señor Presidente:
Quisiera hacer uso de esta tribuna para hacer un llamado muy respetuoso a los señores diputados del PRI que me antecedieron. En primer lugar, al diputado Roberto Campa para agradecerle la invitación a la oposición de que tomen algunos cursos de economía, y con todo gusto estoy dispuestos a proporcionárselos, como se los he proporcionado al Secretario de Hacienda y al presidente de la comisión.
En segundo lugar, quiero señalar que en congruencia con la atención a incluir nuestras propuestas en los incisos g, k y l, votaremos positiva, aprobatoriamente de los incisos g, k y l del artículo 5o., pero como en el resto del dictamen, y como ya señalamos no se tomó en cuenta, sino que esperamos que se tome en cuenta para el futuro, precisamente por esa consecuencia tendremos que votar en contra.
Adicionalmente quiero señalar que todos y cada uno de los datos que utilizamos, están perfectamente verificados; son datos oficiales y por lo tanto podríamos pensar que falsos, como se dice por ahí. Nosotros los damos por buenos y son estrictamente datos sacados del proyecto de dictamen de la Cuenta Pública. En un análisis más detallado de la información, podemos señalar y yo en mi anterior uso de la palabra señalé que teníamos y había entregado a esta Secretaría un análisis pormenorizado de cada uno de los sectores. No me voy a referir a todos ellos por cuestión de tiempo; voy a referirme solamente a uno, para utilizarlo como ejemplo dada su vigencia, dada su perentoriedad, en virtud del problema que hemos escuchado aquí en la mañana y nos llevó un buen lapso de tiempo de discusión.
Me refiero al gasto en el sector de desarrollo rural. En este sector, el gasto en desarrollo rural representó el 13.4% del gasto programable del sector público.
Sin embargo, en relación con este presupuesto, nosotros solicitamos se incrementara la asignación en virtud de la crisis que vive el campo. Sin embargo, no se logró nuestro objetivo, fue desechado, pero peor aún, el gasto en el sector rural no fue ejercido plenamente. El gasto del sector rural no se ejerció un 14.9% del presupuesto. Esta no utilización de un gasto disminuido en relación a lo que nosotros consideramos mínimamente aceptable para el campo, representó que para los 10 cultivos básicos hubiese, no un desabasto, pero sí una disminución en la producción, una disminución en la producción de más de 2 mil toneladas de productos básicos, que trajo, o que fue compensada con importaciones. Esto nos parece sumamente grave.
Nosotros pensamos que el superávit logrado y el no ejercicio de este presupuesto asignado a este sector, es un asunto de vital importancia, y que debemos de tomar en cuenta a la hora de dictaminar el ejercicio del gasto a nivel sectorial.
Debemos de tomar en cuenta también todas estas anomalías a la hora de ejercer nuestro derecho de formular el futuro presupuesto.
Nosotros no podemos dejar pasar el hecho de que esta soberanía es la responsable de establecer los rubros del gasto, de establecer la forma en la que se recogen los impuestos y para ello necesitamos más información.
Como miembro de la Comisión de Vigilancia tuve oportunidad de hacer una visita a la Contaduría Mayor de Hacienda. El contador mayor de Hacienda nos mostró orgullosamente su departamento de estudios económicos.
Entre el gasto que ejerce la Contaduría Mayor de Hacienda está el pago por suscripción a la "Agencia Siemens Webbs". La "Agencia Siemens Webbs" realiza una evaluación del desarrollo de la economía mexicana trimestralmente. Es más, el día de hoy dos miembros de la Contaduría Mayor de Hacienda se encuentran en la presentación de la evaluación trimestral de la economía mexicana, en el puerto de Huatulco.
Ojalá y les aproveche a los miembros de la Contaduría Mayor de Hacienda este viajecito y puedan incluir lo que allá van a discutir en su próximo dictamen.
Nos preocupa además que la Contaduría Mayor de Hacienda cuenta con un modelo macroeconómico que hace análisis de coyuntura trimestral. Además tienen un modelo macroeconómico que hace evaluaciones anuales sobre el desarrollo de la economía.
Los reportes de estos modelos no han sido objeto, ni conocimiento de la Comisión de Vigilancia. Tuvimos a bien solicitarlo y esperamos que nos sean entregados. Ojalá y no suceda como sucedió en el pasado con las falsas promesas del entonces subsecretario y ahora vicegobernador del Banco de México, Francisco Gil Díaz, que promete y no cumple.
Esperemos que en el futuro este tipo de anomalías se corrijan y que a este Congreso se le respete.
Hago un llamado a los compañeros diputados del PRI que han dado unas primeras muestras de atención al incluir las propuestas de las que me referí anteriormente y espero que también sean consecuentes y voten positivamente la inclusión de estas recomendaciones, para poder exigir su cumplimiento. De no hacerlo así, no podremos ver resultados positivos dentro de los próximos dos años a la hora de emitir el dictamen de la cuenta de 1995.
En el caso de la cuenta de 1994, obviamente y desde ahorita podemos anticipar que aun cuando sean tomadas en cuenta todas estas recomendaciones, en virtud de la forma en la que se programó, o se llevó a cabo la programación, lo más probable es que nuestra posición también sea de voto negativo.
Hacemos un llamado a todos los compañeros diputados para que tomen en cuenta precisamente estas demandas y se vea que efectivamente sabemos de economía y sabemos sumar, sabemos sacar porcentajes.
Nuestras propuestas ni están alocadas, ni están fuera de la realidad y están perfectamente bien documentadas. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Marcos Parra, en contra del dictamen.
El diputado Marcos Efrén Parra Gómez:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Por la importancia que esta discusión de la cuenta del gasto público tiene y el fundado interés que despierta en muchos mexicanos, el Partido Acción Nacional asumió con toda responsabilidad su participación en la discusión de este tema y ya hemos expuesto en esta tribuna las consideraciones y objeciones para aprobar el dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1993 y en síntesis dichas objeciones se refieren al incumplimiento en las metas trazadas en la reducción de inflación, al incumplimiento también a la meta de la creación de empleos y de crecimiento, pero en especial al superávit del 1.6% obtenido por el Gobierno Federal en dicho ejercicio.
Tampoco se logró alcanzar la meta fijada en esos mismos renglones en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio recién concluido.
Por otra parte, señalamos que prevaleció en el presupuesto del ejercicio que nos ocupa una política centralista en la distribución del ingreso a los estados y municipios, dejando a la discrecionalidad del Ejecutivo su aplicación.
Además de lo anterior, y a pesar de una reducción en relación con el presupuesto del ejercicio de 1992, el ramo 23 siguió siendo importante en su monto y es necesario, como se menciona en una de las recomendaciones del decreto que hoy se vota, su reducción sustancial.
Cabe puntualizar que la revisión de la Cuenta Pública de 1993, correspondió a la Comisión de Vigilancia y a la Contaduría Mayor de Hacienda, pero a la Comisión de Vigilancia de la LV Legislatura, por lo tanto, la comisión de la presente legislatura, la Comisión de Vigilancia, cuya presidencia está en manos del diputado Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, no tuvo ninguna participación, y esa responsabilidad les corresponderá a las cuentas públicas de los años de 1994, 1995 y 1996.
Destaca en este análisis el incumplimiento que ya se señaló de la Contaduría Mayor de Hacienda, para dar un seguimiento preciso, real y definido y completar todas y cada una de las recomendaciones de éste y decretos anteriores de cinco años. Debemos pugnar por fijar un término para que la Contaduría Mayor de Hacienda dé cumplimiento a esta función.
Lo más relevante se ha señalado por los partidos políticos en esta tribuna, muchos de ellos coinciden con las intenciones manifestadas por el titular del Ejecutivo en su toma de protesta, que a la letra cito: "Con hechos construiremos un régimen presidencial mejor equilibrado por los otros poderes del Estado". Asimismo señaló, y cito: "Porque así lo demandan los mexicanos. Avanzaremos a un nuevo federalismo, donde los estados y los municipios, sean mas fuertes. Donde las decisiones se den siempre con el concurso y en beneficio de las comunidades". Afirmó también que: "Ha llegado la hora de un nuevo federalismo, en que los gobiernos locales cuenten con los recursos y el poder de decisión, para servir mejor al ciudadano".
Por lo tanto, seguramente, y así lo esperamos, dichas intenciones deberán ser consideradas en la presentación del Presupuesto de Egresos de 1995, que el día de mañana hará el Secretario de Hacienda y Crédito Público, recomendaciones que el Partido Acción Nacional tomará muy en cuenta para la toma de decisiones futuras. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra en pro del dictamen, la diputada Dulce María Sauri.
La diputada Dulce María Sauri Riancho:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Voy a hablar en pro del dictamen formulado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, respecto a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al año de 1993.
En primer término, quisiera llamar su atención, respecto al objetivo de la revisión de la Cuenta Pública, de acuerdo a la atribución constitucional, que está contenida en el artículo 74 fracción IV párrafos cuarto y quinto del mismo de la Constitución Política General de la República.
Habremos de revisar el resultado de la gestión financiera, el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, así como analizar las discrepancias, buscar su justificación o razones, si así las hubieran y, si no existieran determinar responsabilidades conforme a la ley, por lo tanto, en sí mismo, analizando la política económica del Gobierno.
Hace algunas semanas tuvimos ocasión en relación al informe último de la administración federal, de realizar comentarios respecto a la política económica del año de 1994, así como también lo tuvieron nuestros compañeros de la LV de realizar las correspondientes observaciones a la política económica en 1993. Ahora estamos tratando de profundizar en los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Por lo tanto, aun considerando que tenemos elementos, muy pocos por cierto, de coincidencia en materia de política económica, y tenemos muchas discrepancias que aquí se han expresado en la tribuna en materia de revisión de la Cuenta Pública, especialmente en los mecanismos de ésta, así como también en las recomendaciones que de esa revisión emanen, podemos y tenemos derecho a una serie de coincidencias; a estas coincidencias apelo en relación al dictamen que la comisión ha presentado a consideración del pleno.
Ahora bien,¿cómo se realiza la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal? Tenemos dos grandes vertientes de revisión de la misma. La primera de ellas, es que cuando es turnada en el tiempo que la propia Constitución marca, es decir, antes del 10 de junio de cada año, por el Ejecutivo Federal, esta cuenta es a través de la Comisión de Vigilancia enviada a la Contaduría Mayor de Hacienda y la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, inicia una serie de reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo sobre diversos aspectos relacionados con la propia Cuenta Pública.
Así por ejemplo, en la legislatura pasada, la Comisión de Programación, realizó una serie de reuniones, nueve, donde participaron miembros de 23 comisiones para revisar los diversos aspectos y puntualizar, aclarar o cuestionar aspectos relativos a la misma, contenidos en el documento enviado a la Cámara de Diputados.
Quiero marcar, que la última de estas reuniones, fue el 20 de octubre de este año, nueve días antes de que concluyera la gestión de la LV Legislatura. Estas reuniones con participación de los diversos partidos, entonces representados en la cámara, arrojaron un importante material de trabajo para la propia Comisión de Programación, constituida en esta LVI Legislatura.
La otra vertiente, sumamente importante, es la relativa al trabajo que hace la Contaduría Mayor de Hacienda y que se plasma en el informe previo que envía a través de la Comisión de Vigilancia, al pleno de la Cámara de Diputados.
Ahora bien, este informe previo, una vez constituida la Comisión de Vigilancia, fue turnado y fue, sin lugar a dudas, un material de enorme importancia para poder alimentar la revisión de la cámara. ¿Pero qué sucede, compañeros?, de acuerdo a los tiempos que en este momento marca la Constitución y nuestra ley orgánica, el informe previo debe ser turnado antes del 10 de noviembre para conocimiento de las comisiones. Esto implica que para discutir, contando con el enorme material de la Comisión de Vigilancia que turna al pleno, requeriríamos de más tiempo del que ahora dispusimos; sin embargo, tuvimos oportunidad y ya lo observé por el lado de los compañeros de Acción Nacional, de revisar el material contenido en el informe previo.
Por cierto, en relación al punto que aquí se tocó respecto a la elección del presidente de la Comisión de Vigilancia, yo quisiera señalar que en este recinto todos y cada uno de los presidentes, de los secretarios y de los integrantes de las comisiones, incluida la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, fuimos electos por la mayoría; sin la mayoría, aquí nada procede y afuera ustedes y nosotros estamos luchando también para que sea la mayoría, sus ideas, sus convicciones, las que prevalezcan en todas y cada una de las acciones de la sociedad y del Gobierno.
Ahora bien, como resultado de esta revisión de la Cuenta Pública, se ha formulado un dictamen; este dictamen contiene 24 recomendaciones contenidas en el decreto de revisión, así como también material que servirá de orientación a la Contaduría Mayor de Hacienda para la elaboración del informe de resultados o definitivo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1993.
Quisiera asimismo realizar algunos comentarios en relación a tres puntos que a mi juicio han campeado en las diversas intervenciones del día de hoy:
La primera, es el relativo a la discrecionalidad en el manejo del presupuesto. El segundo, respecto al centralismo en su ejercicio y por último, la falta de transparencia en las transferencias que está ligado a un juicio respecto a la discrecionalidad del ejercicio de este presupuesto.
En primer término, volveré nuevamente sobre el problema del juicio discrecional del ramo 23. Aquí cabe señalar que pasa del 12.4% del gasto público del Gobierno Federal autorizado, a ser y recalco especialmente esto, el 2.7% de lo ejercido. Responde a nueve programas que muestran con mayor detalle la orientación de dichos recursos y precisamente fue en un debate de la Cuenta Pública surgido de una recomendación del pleno, que ese ramo, el ramo 23, abrió, de los tres programas con los que se presentaba la Cuenta Pública hasta 1991, nueve programas que van desde el Programa de Prestaciones Económicas y Sociales, hasta ampliaciones presupuestarias por aumentos de ingresos ordinarios.
Esto quiere decir que las transferencias que se realizan a los diversos sectores y depenencias de la administración federal y que constituyen la gran mayoría de los recursos autorizados a este ramo, en cada uno de esos sectores y dependencias están expresados en términos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Sin embargo, y en atención a la inquietud expresada por los diputados de las diversas fracciones parlamentarias, cabe recalcar que en 1994 el presupuesto actualmente en ejercicio, representa ya una disminución del monto programado de este ramo y esperemos que la propuesta de presupuesto para 1995, tenga una reducción adicional que implicará un esfuerzo mayor para poder asignar a los ramos correspondientes las propuestas de recursos presupuestales.
Compañero; no creo que pueda desaparecer el ramo 23, porque precisamente se trata de un ramo que sirve para establecer y tener previsiones presupuestales para contingencias que pueden presentarse a lo largo del año, inclusive en términos de modernización de la administración pública.
Posiblemente, próximamente vamos a recibir por parte del Ejecutivo, una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tal como sucedió en 1992 y 1993, con la creación de los tribunales agrarios, con la creación de la Procuraduría Agraria y algunas dependencias que no estaban en el momento de aprobación del presupuesto, aprobadas en la Ley Orgánica de la Administración Federal.
Y yo me pregunto si entonces, el Poder Ejecutivo, y este Legislativo, tendría que esperar hasta que hubiese un nuevo ejercicio presupuestal para poder dar recursos suficientes para realizar funciones tan importantes como la propia función electoral, la nueva credencial de elector, tal como sucedió en ejercicios anteriores.
Así, pues, veamos otro punto de uso discrecional, así se ha expresado en esta tribuna, respecto al ramo 26. Este ramo 26 conocido como Desarrollo Regional y donde están incluidos el mayor monto de recursos de Solidaridad, y aquí es muy importante también marcarlo, que el 90% casi de sus recursos, de su alrededor de 8 mil 200 millones en 1993, son transferidos a los gobiernos de los estados, son la base presupuestal a través de la cual se suscriben los convenios de desarrollo social. Cada año los gobiernos de los estados, junto con el Ejecutivo Federal, suscriben este convenio que en su expresión presupuestal contiene un anexo técnico donde a través de los diversos programas contenidos en el ramo, se asignan los techos presupuestales para el ejercicio en el Estado, de esos recursos federales, mismos que se mezclan con recursos provenientes del Estado y de los beneficiarios de los diversos programas.
Por lo tanto, creo que 1993, que insisto fue casi el 90% y un poco menos del 11% fue transferido por el ramo 23 a otros ramos para efectos del ejercicio de programas de solidaridad, es un esfuerzo muy importante en materia de descentralización de los recursos financieros.
Si bien habremos de profundizar en analizar y recomendar que este ramo lleve un porcentaje "amarrado" de recursos destinados a los municipios, de tal manera que no solamente sean los de fondos municipales los que estén incluidos dentro de la propuesta del Programa de Solidaridad ramo 26, sino que puedan adicionarse con una cantidad mayor que ya contando con ella puedan realizar sus ejercicios programáticos con toda anticipación.
Yo le pregunto también, ¿qué sucedería si este ramo 26, que tiene esta enorme flexibilidad en términos de los estados, tuviese que llegar a esta soberanía con metas, con objetivos muy definidos, más allá de los enunciados en los propios programas que componen el ramo 26?
Tendríamos por una parte la dificultad en la elaboración de una programación que conlleva fijarse en pequeñas, muy pequeñas obras, en muchas, muchas comunidades del país.
Y por otro lado, un tremendo esfuerzo por parte de nosotros para poder asimilar esa cantidad de información.
Yo quisiera también señalar que en relación a Solidaridad y al ramo 26, Solidaridad busca a través de sus programas mejorar la calidad de vida, no busca el asistencialismo; busca dar más agua potable, más energía eléctrica, más pavimentación, fondos para la producción, empresas en solidaridad.
Busca asimismo propiciar la organización y la participación social. Trata de lograr la corresponsabilidad, no la sustitución de la iniciativa social y hay, asimismo, recursos crecientes para Solidaridad, tal como se ha definido en esta tribuna. Pero no hay que dejar a un lado el enorme esfuerzo que se ha realizado para incrementar el gasto social.
En esta ocasión, en 1993, representa casi el 53% del gasto programable y este gasto también está encaminado a un mejoramiento del nivel de vida de la población, así como también ya señalaba que en relación al ramo 26 habremos de esforzarnos para que haya una proporción mayor de gasto, previamente asignado hacia los municipios.
También quisiera marcar, en relación a ustedes, algunos otros elementos de respecto a la descentralización del gasto público federal. En la participación de estados y municipios, que representa el 13.4% del gasto neto total programable, así como también el ramo 25, que es el de aportaciones para la educación básica en los estados, este ramo representa ya el 12.4% del gasto federal: 23 mil 269 millones de pesos, que son transferidos a los gobiernos de los estados para el ejercicio del gasto educativo. Es decir, ha habido un esfuerzo de descentralización del gasto público federal muy importante en los últimos años y que esta legislatura con toda seguridad habrá de redoblar, de intensificar.
En cifras globales, éste representa en la cuenta de 1993, el 37.3% del gasto federal programable.
Señor Presidente: solicito, en términos del artículo 103, prolongar mi participación.
El Presidente:
Adelante, por favor.
La diputada Dulce María Sauri Riancho:
Sobre el seguimiento de las recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, ligado con la discrecionalidad y la transparencia del ejercicio de los recursos públicos, yo llamaría a los compañeros hacer una revisión del informe ejecutivo y de los anexos uno y dos del informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Así podríamos encontrar en el anexo uno, no solamente las recomendaciones que no fueron cumplidas o parcialmente cumplidas, sino también las que sí fueron cumplidas por parte de las dependencias, así como también señalar las razones y las causas del cumplimiento parcial o del incumplimiento de las mismas. Lo podemos hallar en relación a 1992, 1991 y 1990 y abusando de su paciencia, está en la página 467 del anexo uno.
Así como también se puede revisar en el anexo dos las recomendaciones sobre el ejercicio de 1993. No está la Contaduría Mayor de Hacienda esperando a que esta soberanía emita el decreto correspondiente al dictamen de revisión de la cuenta. Ya ha iniciado una serie de tareas, tal como se puede observar en el capítulo relativo a la observancia de los preceptos jurídicos normativos en el anexo uno, al cual hizo alusión el compañero diputado de Acción Nacional. Ahí, a través de un cuestionario enviado a diversas dependencias de la administración central y paraestatal, se puede analizar con todo cuidado las respuestas que en relación al marco normativo y al cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y decretos en relación al ejercicio del gasto, dio cada uno de ellos. Así como también servirá, sin lugar a dudas, de elemento fundamental para la realización de las diversas auditorías que habrá de efectuar la Contaduría Mayor de Hacienda para elaborar el informe de resultados.
Yo quisiera concluir con tres elementos y reflexiones a considerar. En primer término, en relación al ramo 25, aportaciones para la educación básica. Yo diría que se requiere que la Contaduría Mayor de Hacienda recabe información relativa a la fiscalización por parte de los congresos de los estados, de los recursos transferidos por este ramo a las entidades federativas. Mencionaba que son para 1993, alrededor de 23 mil millones de pesos. Resulta que para esta soberanía los recursos al ser transferidos ya no son objeto de fiscalización por parte del Congreso de la Unión y de la propia Contaduría Mayor de Hacienda. Sin embargo, para los estados aparentemente siguen contemplándose como recursos federales que son fiscalizados precisamente aquí. Por lo tanto, creo que cabe que la Contaduría Mayor de Hacienda realice las consultas correspondientes para ver cuál es el seguimiento y la fiscalización de estos importantes recursos transferidos a los estados.
En relación al ramo 26, tratando de mantener ese espíritu de participación en la programación y la flexibilidad que he recalcado que es tan importante para el ejercicio de este ramo, que se incluye en la Cuenta Pública los anexos técnicos del Convenio de Desarrollo Social, que suscriben los gobiernos de los estados y el Poder Ejecutivo Federal, así como el grado de avance físico y financiero obtenido. No estamos en tierra de nadie en relación a este ramo. Hay mucha y muy valiosa información. Creo que haciendo un esfuerzo pudiésemos para 1995, en relación a la cuenta de 1994, contar con ella.
Y, por último, en relación al ramo 23, continuar con la disminución de su peso específico, que ya se inició, como aquí hemos comentado, desde 1994, en que representa el 8.8% del gasto programable frente al 12.7% de 1993.
Señores, compañeros diputados, creo que con estos elementos podemos considerar que el dictamen que se ha puesto a consideración del pleno, puede contar con su aprobación. La revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1993, gracias a la coordinación y a la previsión que ha habido por parte de esta Cámara de Diputados, ha podido ser una revisión amplia, una revisión seria, apoyada con nuestro órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda y que habrá, indudablemente a través de sus recomendaciones, en redundar en un mejor ejercicio del gasto público federal. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Cristian Castaño.
EI diputado Cristian Castaño Contreras:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
No cabe duda que la diputada Dulce María Sauri nos ha agasajado el día de hoy con una brillante exposición, y hablando de cuentas, debo decir precisamente, que el 21 de agosto fue la prueba más clara señores diputados, de que el PRI, no es mayoría en este país; hace falta solo señores diputados, que hagan cuentas de los porcentajes de los votos emitidos y más aún si tomamos en cuenta los votos libres razonados y de conciencia, nos encarnaríamos en un debate tal vez sin fin, los mexicanos están cansados de la actitud prepotente, de aquellos que se quieren nombrar mayoría que sólo son una voz, una voz cantante, pero sin fondo...
El Presidente:
Perdón diputado, solicitamos a esta Asamblea guardar el orden necesario para que el diputado pueda exponer su punto de vista.
El diputado Cristian Castano Contreras:
Flaco favor le hace la diputada Dulce María Sauri al presidente Ernesto Zedillo que ha mostrado expresiones democratizadoras con las expresiones que ha vertido la diputada en esta tribuna.
Si en los regímenes republicanos, como lo ha señalado Acción Nacional y lo ha exigido en la República mexicana, que la Comisión de Vigilancia la tenga un partido distinto al que ejerce la Presidencia de la República, es una razón de ser y decencia de la misma democracia, señores. Nueve millones de votos libres, razonados y de conciencia, amparan a Acción Nacional para ejercer las funciones que se le han conferido para esta legislatura. Ojalá que sus cuentas, señora diputada, no se parezcan a las contenidas en el ejercicio de su función como gobemadora en el Estado de Yucatán.
¿Por qué será, por qué será que una diputada, ex diputada del PRI en el Estado de Yucatán, ha declarado que ahora más que nunca la profesora Blanca Estrada Mora, ahora más que nunca se debe de hacer una auditoría al interinato?, dice una ex diputada del PRI, una mayoría se puede equivocar, y peor aún puede resultar cómplice en la administración de los recursos públicos, como es posible demostrar con el hecho de aprobar las cuentas de su Gobierno en el Estado de Yucatán, señora diputada, por parte de una mayoría afín, a pesar de las serias impugnaciones que hicieron los diputados de Acción Nacional y sendos diputados de su partido, a pesar de las solicitudes formales de auditorías por el excesivo endeudamiento que ejerció en la recta final su mandato.
El Presidente:
Esta Presidencia informa a la Asamblea que se ha agotado la lista de oradores a favor y en contra del dictamen. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Gonzalo Alarcón Barcena:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a someter a la consideración de la Asamblea las propuestas presentadas por los diputados.
El secretario Gonzalo Alarcón Barcena:
Propuesta presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional. Se modifica el artículo 60. del decreto quedando su redacción definitiva de la siguiente forma:
"Artículo 6o. La Contaduría Mayor de Hacienda, en acatamiento establecido en el artículo 3o. de su Ley Orgánica, deberá ejercer las funciones de contraloría y practicar las auditorías destacando las irregularidades por el incumplimiento de la nommatividad vigente y en uso de sus facultades. Ia Contaduría Mayor de Hacienda proceda a fincar responsabilidades administrativas, civiles o penales que conforme a derecho se deriven, en forma especial a las entidades del Gobiemo Federal, que han dado respuesta parcial a 29 recomendaciones acumuladas desde 1989 y a las dependencias que han hecho caso omiso a siete de dichas recomendaciones e informe los resultados que se deriven a esta Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, en un término máximo de 90 días."
Atentamente, miembros diputados de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LVI Legislatura diputados: Beristáin Gómez, Manuel, Parra Gómez Marcos Efrén y Thomsen D'Abbadie Kurt.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo..
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario Pablo Moreno Cota:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 249 votos en pro, 121 en contra, 11 por el artículo 5o., incisos g, k y l.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 249 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 1993.
El secretario Pablo Moreno Cota:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente: Para hacer comentarios sobre la situación en el Esado de Chiapas, tiene la palabra el diputado Marcos Cruz Martínez.
El diputado Marcos CarlosCruz Martínez:
Con su permiso, señor Presidente:
En los últimos tres días, la situación de Chiapas se ha deteriorado, hasta un punto de posible no retomo, que puede llevar directamente a la guerra.
Cuatro hechos actúan en esa dirección. El primero de ellos, es la inminencia de que la entidad cuente con dos gobernadores respaldados por dos ejércitos.
El segundo, es la declaración del Ejército Zapatista, de que considera la toma de posesión a la gubernatura de Eduardo Robledo, como una declaración de guerra que actuará en consecuencia y que está dispuesto a luchar contra el sistema político que expresa el PRI y el presidente Zedillo.
El tercer hecho es la declaración del Presidente Zedillo, de limitar su intervención a las cuestiones que competen constitucionalmente al Gobierno Federal, sin recurrir a la concertacesión en Chiapas, en momentos en que no se vislumbraba otra alternativa.
El último, finalmente, es la generalización de la confrontación y la violencia social en Chiapas, bajo la forma de guerra sucia y de ahondamiento de los enconos, a un grado cada vez más dificil de controlar.
La conclusión de estos cuatro hechos apunta directamente a la posibilidad de ruptura de toda posibilidad de acuerdo y su consecuencia necesaria: la guerra. Pero a pesar de la grave situación existen, sin embargo, algunos elementos rescatables que pueden llevar a salvar la difícil situación y encontrar una solución. Estos elementos son:
1o., la declaración del presidente Zedillo de que no va a tomar ninguna iniciativa militar y que persiste en su propósito de encontrar una solución negociada al conflicto.
2o., el compromiso celebrado entre la Secretaría de Gobernación y Amado Avendaño, de permitir que los dos actos contrarios de toma de posesión de la gubernatura, se realizaran sin recurrir a la violencia; el anuncio de Eduardo Robledo de que está dispuesto a renunciar a la gubernatura del Estado, como parte de un acuerdo más general que conduzca a la paz.
3o. La declaración del subcomandante Marcos, de que está dispuesto a dialogar con el Gobierno Federal, siempre que sea en forma pública y de cara a la nación.
La flexibilidad demostrada por la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática para buscar los consensos y compromisos que lleven a la paz y hagan avanzar la reforma democrática. Sin embargo, para que estos elementos esperanzadores puedan conducir a la posibilidad de una solución final, se requiere de un nuevo tipo de propuesta que vaya más allá de las soluciones parciales y las exigencias unilaterales.
El dilema de hoy es alcanzar la paz concertada portodos los actores o deslizarse irremediablemente hacia la guerra. Ante esta situación, el Partido del Trabajo propone la celebración de una conferencia de paz y justicia en Chiapas; repito, el Partido del Trabajo propone la celebración de una conferencia de paz y justicia en Chiapas, que cuente con la participación de representantes del Ejecutivo Federal, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del obispo Samuel Ruiz, de los partidos políticos, de las principales organizaciones sociales involucradas en el conflicto y de las principales fuerzas de la sociedad chiapaneca.
La conferencia deberá de funcionar a partir de una agenda que incluya los siguientes cuatro puntos centrales:
Primero, la constitución de un Gobierno interino de consenso para el Estado, que cuente con composición plural, de atribuciones amplias para resolver los problemas de su competencia y el ulterior llamado a elecciones democráticas.
La adopción de un plan de reforma agraria profunda, que satisfaga las principales demandas campesinas y permita la estabilidad de la producción regional.
El establecimiento de un plan de desarrollo económico y social, integral para el Estado, financiado con fondos federales.
La discusión de un régimen de autonomía para las regiones indígenas, en el marco del Estado nacional, que garantice el ejercicio democrático de sus derechos políticos y administrativos.
La conferencia debe asesorarse de los principales especialistas del país sobre los distintos temas. Sesionaría sin límite de tiempo y no levantaría sus sesiones hasta que no haya resuelto la totalidad de los puntos de la agenda.
Sabemos que la concreción de los acuerdos mismos que requiere la realización de una conferencia como la que propugnamos, no va a ser una tarea fácil. Somos conscientes que son muchas las desconfianzas y que no son menos los temores. Sabemos que las principales fuerzas involucradas no están dispuestas a hacer concesiones unilaterales ni a mostrar todas sus cartas, sin contar con garantías de que ello se traducirá en reconocimientos de las contrapartes.
Seamos claros. Robledo ya lo dijo, no va a renunciar sin lograr la paz. El PRI no va a poner gratuitamente en entredicho su alianza histórica con los terratenientes del Estado y tampoco el Ejército Zapatista va a deponer las armas, ni a aceptar siquiera esa posibilidad, sin reforma agraria o demás cambios profundos que requiere su base indígena campesina. Por eso estamos seguros que sólo la búsqueda de acuerdos básicos y globales puede conducir a compromisos aceptables para todos, que no basta con que todos cedan un poco, sino que lo hagan en el lugar y momento oportuno. Que se requiere vincular las posibles concesiones recíprocas en un único paquete de soluciones globales que lleve paz, justicia, democracia, para Chiapas y toda la nación.
Para que ello pase, debemos mirarnos en el espejo de Centroamérica, pero no en el que lo llevó a décadas de guerra y centenares de miles de muertos, sino en la búsqueda de soluciones concertadas a partir de la negociación de paquetes globales. En particular debemos inspirarnos en las enseñanzas recientes del proceso de paz de El Salvador, que puso fin a una guerra de más de 10 años.
Hagámoslo ahora, de una vez y sin pagar ese enorme precio. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para el mismo asunto, eLdiputado Gabriel Aguiar Ortega.
El diputado Gabriel AguiarOrtega:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Represento al Vll distrito federal electoral de Huixtla, Chiapas. Desde el 1o. de enero del año en curso los chiapanecos empezamos a vivir la pesadilla de un movimiento armado. que sustentó su origen en la desigualdad económica, politica y social que se vive en aquella entidad.
La pesadilla de la guerra jamás la habíamos tenido desde la época posrevolucionaria y vale decir que este movimiento nos ha llenado de incertidumbres, sobresaltos, temores, pero también de expectativas para un arreglo equitativo en virtud que se derramó la sangre de los chiapanecos pobres y marginados. Por ello, desde esta tribuna quiero subrayar que quienes dirigen el movimiento armado en Chiapas y los que llegaron posteriommente a agitar y generar violencia, no son chiapanecos y nos hemos permitido calificarlos como los que oportunamente aparecieron para promover invasiones, secuestros, asaltos, homicidios etcétera, acciones que han ocasionado que el estado de derecho se haya perdido en nuestra entidad.
La oposición en Chiapas ha tenido una actuación ambivalente, pues por un lado ha pedido y exigido la paz y por el otro también genera la violencia.
Lo anterior ha sido originado también por un ambiente de impunidad propiciado por las mismas autoridades del Estado, quienes no quisieron ejercitar la ley porque temieron echarle más leña al fuego.
El pueblo chiapaneco también dice: ya basta. Pues no es posible seguir viviendo en el mismo ambiente hostil que provoca violencia y derramándose más sangre inocente.
Con mucha paciencia hemos escuchado desde esta tribuna aseveraciones de algunos compañeros, sin negar excepciones, que hablan de Chiapas, pero no conocen el Estado, su historia o sus movimientos sociales, ni mucho menos tienen autoridad para hacer ahnmación de hechos que sólo y repetidamente han leído en la prensa, visto en la televisión o comentado con sus amigos.
Hablan del movimiento armado, del proceso electoral, con una propiedad inusual, sintiéndose dueños en extremo de algo que no vieron ni vivieron.
En Chiapas existe, sí compañero, la misma marginación, la misma pobreza que en Oaxaca, Guerrero, Michoacán u otro Estado. Desgraciadamente por las condiciones geográficas de nuestra entidad y el descuido irresponsable de las autoridades de aquel tiemo, se acunó un movimiento guerrillero que reventó este año.
Los diputados por Chiapas, postulados por el Partido Revolucionario Institucional, ganamos nuestra elección con honradez, limpieza y honorabilidad.
Si en algún lugar del país fue imposible cometer un solo acto de fraude, simulación o engaño, fue en Chiapas. Tuvimos observadores locales, estatales, nacionales e internacionales. Desgraciadamente para algunos solamente hay democracia donde ganan y donde pierden, sienten la necesidad compulsiva de arrebatar el triunfo negociando el voto que el pueblo les negó.
El clima de descalificación al proceso electoral de Chiapas, fue implementado desde antes que las elecciones se realizaran. Después de la elección se acusó que la tinta indeleble no era indeleble, que hubo agresión a sus representantes, que hubieron casillas atacadas de boletas, que votaron extranjeros etcétera.
Acuso desde aquí al cura de Villaflores, Chiapas, que el día de las elecciones pegó en la palma de la mano el escudo de un partido de la oposición, invitando a la gente para que en el nombre de Dios votara por ese partido.
Asevero desde esta tribuna que las urnas "zapato" estuvieron localizadas en los lugares del conflicto, área donde no tuvo acceso ni representación el Partido Revolucionario Institucional.
También decimos "ya basta" de que gente ajena a nuestro Estado siga empecinada en provocar caos y violencia.
No queremos guerra, pero tampoco queremos que con la sombra de ésta se pretenda robar el voto que legítimamente ganamos los diputados y el hoy gobernador de Chiapas.
Llamamos la atención nacional y mundial para señalar que lo generado en Chiapas es un acto a todas luces provocado por gente que pretende llevar hasta las últimas consecuencias su deseo de deslegitimar el voto popular, violentando los derechos constitucionles de todos los mexicanos, sin importarle que en este afán muera gente inocente.
Injusto sería soslayar que marginación, discriminación y pobreza, han sido factores decisivos para el caldo del cultivo que generó un estallido, que a gritos pide un cambio de actitudes de todos los mexicanos.
Vivir en el enfrentamiento y provocar la guerra, nada más la generan quienes no saben lo que es la guerra.
Basta una sola mirada a algunos países de América Central y América del Sur, que han vivido por más de 30 años en continua guerrilla y sus condiciones de pobreza, miseria y marginación, son ahora peores que cuando iniciaron el movimiento armado.
Hoy nos queda exigir con toda la fuerza de nuestra representación que el gobernador constitucional, Eduardo Robledo, cumpla los compromisos que en campaña hizo y pedirle a todos los chiapanecos que unamos todos nuestros mejores esfuerzos para hacer valer y multiplicar nuestras coincidencias.
En este día, compañeros, con un gabinete plural, con militantes o representantes del PAN, del PRD, del PT, del Frente Cardenista, del PD y del PRI, tomó posesión Eduardo Robledo Rincón como gobemador constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a pesar de que en el aire flota la advertencia de Marcos en el sentido de temminar con la tregua sostenida con el Gobierno Federal v el Ejército mexicano.
No podemos aceptar que la democracia y la paz sean vistas unilateralmente por el grupo armado o por cualquier otro, pues el consenso del pueblo chiapaneco se decidió en las urnas el 21 de agosto, por lo que no hay sustento jurídico en la propuesta de constituir un gobierno paralelo o de transición, pues de lo contrario estariamos arrancando con toda violencia, las páginas solemnes de nuestra Constitución mexicana.
Es pertinente destacar que a seis días de la nueva administración del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de México, ha trabajado para solucionar el conflicto, puntualizando en las siguientes acciones:
1. Solicitó a las áreas correspondientes un programa para la paz, justicia y desarrollo de Chiapas.
2. Se giraron instnucciones a la Secretaría de Gobernación, para establecer pláticas y negociaciones con los principales actores de la realidad chiapaneca.
3. Se impulsará un gran programa que modificará de fondo la entidad y que incluye cuatro reformas fundamentales: agraria, justicia, indígena y electoral, con el propósito de lograr una paz justa, digna y duradera para Chiapas.
4. Han propiciado diálogo y negociación con la oposición; los resultados están a la vista.
En primer lugar, se logró que en un clima de civilidad política tomara posesión Eduardo Robledo Rincón, con la presencia del Presidente de la República. Cabe anotar que en lugares diferentes, tomó posesión Amado Avendaño Figueroa, con la finalidad de crear un gobierno paralelo y de transición.
Lo anterior, es un aliciente para buscar y lograr la paz, para seguir generando soluciones políticas al conflicto y para propiciar una nueva etapa de desarrollo justo para Chiapas.
Quienes han optado por otras vías, seguramente habrán de considerar estos avances y sabrán que, por encima de cualquier diferencia, los chiapanecos y en general todo el pueblo mexicano, queremos la paz, la concordia y buscamos evitar los enfrentamientos, en la inteligencia de que existen los mecanismos legales y constitucionales que permitirán resolver cualquier controversia por más grande que ésta sea. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sanchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El compañero legislador del PRI que nos antecedió en el uso de la palabra, pretende tapar el sol con un dedo. De manera simplista el diputado chiapaneco, dice él, que en aquellos países de América Latina donde alguna vez hubo guerra, guerrilla o violencia, hoy son pobres, no comen, tampoco antes y no está asegurado que lo que él diga sea verdad.
Pero no puede él mediante estos sofismas pedestres ocultar que globalmente la violencia ha sido la partera de la historia y no puede tampoco ocultar que aun el papado, institución conservadora por excelencia, el summum del statu quo acepta la guerra justa.
Y parece ser que la mayor parte de los actores de la política, de la economía y de la sociedad mexicanas, han concluido que en Chiapas se agotaron, después de cinco siglos, todas las demás vías y es así que un obispo, un religioso, no obstante las intrigas de Girolamo Prigione, no ha podido ser removido por Juan Pablo ll. Esto es, aun la Iglesia Católica, Apóstolica y Romana, hoy no se ha atrevido tras un año, literalmente hablando, de guerra civil en Chiapas, a remover a su representante.
El conflicto de Chiapas amenaza con una generalización no sólo a nivel nacional, sino internacional.
Y esto no es imaginativo, compañeros del PRI, tengo aquí el periódico...
El Presidente:
Señores diputados: les pedimos guardar el respeto necesario al orador, para poder escuchar sus puntos de vista.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Compañeros priístas: el diario El Clarín de Buenos Aires del 30 de noviembre del presente año, dice en su cabeza: "Expertos argentinos asesoran a México en lucha antiguerrillera". El subtítulo dice: "La colaboración empezó luego del levantamiento zapatista de enero. Militares y policías mexicanos viajaron además a Buenos Aires para, 'infommarse de los métodos antiguerrilleros' usados durante el proceso, como se llamó a la dictadura militar que gobernó a Argentina entre 1976 y 1983. Voceros militares reconocieron hoy la posibilidad de que militares argentinos, aunque retirados y por iniciativa personal, estén asesorando a sus colegas mexicanos en lucha antiguerrillera".
El propio subcomandante Marcos ayer, le dijo a Robledo: "No humille usted a las fuerzas de seguridad, al obligarlas a aceptar injerencias extranjeras".
El señor Zedillo se ha metido, como dicen los mexicanos, "en camisa de 11 varas". Por un lado promete paz, dice que ofrece una nueva negociación y, sin embargo, por el otro, declara la guerra cuando impone al señor Robledo Rincón...
Insensible asiste a la toma de posesión del usurpador y certifica la asunción del mando.
Pero no podrá dormir tranquilo Robledo Rincón, porque también otro encargado del Ejecutivo asistió a la toma de posesión del señor Villaseñor y también a la del señor Zapata Loredo y ambos no gobernaron.
Se nos quiere engañar con el hecho de que el señor Robledo renuncie al PRI. Ya tuvimos un ejemplo con el señor Carpizo, que presumía de proflaxis. Podrá haber en este país en las altas esferas del Estado mexicano caracteres asexuados, pero no carentes de partidarismo político.
Sostenemos que en el caso de Chiapas la provocación hoy, no parte de la selva...
El Presidente:
Señor diputado Sánchez: tiene un minuto para concluir, por favor.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
La provocación proviene de Los Pinos; el provocador no se encuentra en las montañas del sureste mexicano, despacha en la residencia presidencial. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Para rectificar hechos, el diputado Tito Rubín Cruz, tiene la palabra.
El diputado Tito Rubín Cruz:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Una vez más se quedaron con la boca abierta los que apostaron a la violencia en Chiapas.
Los "chiapanecólogos", a los que los chiapanecos que vivimos en Chiapas repudiamos. Chiapas, ¡Chiapas merece respeto! ¡Chiapas exige respeto!
Tres millones 500 mil chiapanecos, piden respeto a los que quieren hacer de la violencia su arma de trabajo. Hoy los chiapanecos recibieron con beneplácito la llegada al Gobierno de Eduardo Robledo. Los chiapanecos, claro que otra gente no quisiera que llegara, pero fueron los chiapanecos 1 millón 100 mil chiapanecos que fuimos a las urnas electorales por la paz, por la tranquilidad, por la concordia y por el progreso de nuestro estado.
¡Qué fácil, qué fácil es hablar de Chiapas y de la guerra a mil 83 kilómetros; aquí en la comodidad de la ciudad! ¡Qué fácil es..!
Los chiapanecos fuimos a las urnas electorales y ganamos las elecciones y quiero decirles a mis amigos perredistas, que ahí están los resultados electorales, ahí están las actas. Actas, hechos; actas y hechos.
El Presidente:
Señores díputados: les pedimos por favor guardar orden para poder escuchar al orador.
El diputado Tito Rubín Cruz:
Quiero decirles los resultados electorales:
El PAN sacó 91 mil 512 votos; el PRD sacó 346 mil 633 votos; el PRI sacó 501 mil 611 votos.
Y ahora quiero decirles que las actas firmadas por el PRD fueron 2 mil 529 actas que dan el resultado, nada más las que firmaron el PRD; PAN, 74 mil 434 votos; PRD 310,340 votos; PRI 443 mil 235 votos.
Hoy a las 9.00 de la mañana, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se dio el cambio de poderes por cumplimiento de la ley y por mandato popular; se tenía que realizar la voluntad de más de 1 millón 100 mil chiapanecos que el 21 de agosto fueron a las urnas electorales y dijeron: "Sí a la política". Dijeron: "Sí al estado de derecho". Y sobre todo, dijeron: sí a la paz".
Hoy en la mañana Eduardo Robledo Rincón, en un acto democrático, emotivo y sustancioso, con el aval del Presidente de todos los mexicanos, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, le dio la bienvenida a la pluralidad y a la civilidad política; con respeto total a la libertad de manifestación de las otras fuerzas políticas que cohabitan en el Estado.
El Presidente:
Diputado, tiene un minuto para concluir su intervención, por favor.
El diputado Tito Rubín Cruz:
Me acojo al 103.
El Presidente:
Pidió la palabra para rectificar hechos y son cinco minutos, señor diputado.
El diputado Tito Rubín Cruz:
Le dio la bienvenida a la pluralidad, porque conformó un equipo de trabajo integrado por todas las fuerzas políticas:
Como Secretario General de Gobierno: Eraclio Zepeda, del PRD; procurador de Justicia: Jorge Enrique Hernández Aguilar, de la Sociedad Civil; Secretario de Salud: Valdemar Antonio Rojas, del PAN; Contralor: Enoch Araujo Sánchez, del PRD.
Esto nos demuestra el tránsito a fortalecer la democracia y la justicia social. Propuso un nuevo pacto social para todos los chiapanecos, para desterrar viejos agravios, la injusticia social que desnuda nuestro triste rostro.
Eso me lo dirá la Secretaría o la Presidencia.
Cuando ustedes han subido, yo siempre he respetado su actitud.
El Presidente:
Señor diputado: con todo respeto. Pidió intervención para rectificar hechos y son cinco minutos, señor diputado. Le pido que se ajuste a ello.
El diputado Tito Rubín Cruz:
Y propuso hoy en la mañana Eduardo Robledo, la concordia y la paz de los chiapanecos. Hoy Tuxtla Gutiérrez y el Estado de Chiapas recibió con tranquilidad el arribo al Gobierno de Eduardo Robledo.
¡Los chiapanecos, los que vivimos en Chiapas, los que tenemos nuestras familias en Chiapas, los que tenemos nuestro compromiso social, les decimos: bienvenida la pluralidad y bienvenida la democracia! Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra la diputada Rosario Robles.
La diputada María del Rosario Robles Berlanga:
Seguramente el diputado que me antecedió estaba preparando, entre comillas, "su brillante intervención, para hechos" desde el día de ayer y por eso no asistió a la primera reunión de la Comisión de Desarrollo Social, de que es Secretario. Hubiera sido más productivo intercambiar ahi puntos de vista, ¡seguramente lo hubiéramos convencido!
El fantasma de la guerra recorre otra vez el sureste de nuestro pais. Es por ello urgente una solución inmediata que evite el derramamiento de sangre y la confrontación otra vez entre los mexicanos.
Al Partido de la Revolución Democrática le alarma, le alarma profundamente que el Ejecutivo Federal en lugar de garantizar la paz y buscar una solución, haya tomado parte en el conflicto al asistir a la toma de posesión del candidato de su partido, Eduardo Robledo Rincón.
Ernesto Zedillo, el día de hoy nos dijo: ¡soy el Presidente del Partido Revolucionario Institucional y no de todos los mexicanos!
Quiero decirles a todos esos diputados que gritan amparados en la oscuridad y en lo gris de sus curules, ¡que es esta intolerancia la que nos está llevando a la guerra!
Les solicito que en lugar de gritar, vengan aquí a exponer sus puntos de vista. ¡Eso es lo que le corresponde a un legislador, a un representante de la nación!
¿Acaso es explicable que en ningún momento, durante los días que lleva el Gobierno de Ernesto Zedillo y ante la amenaza de una guerra, no se haya nombrado un comisionado para la paz y abierto los canales de diálogo y negociación con el Ejército Zapatista?
¿Cuánta sangre más se tiene que derramar en Chiapas para buscar una solución?
¿Acaso el Ejecutivo Federal que de eso depende la gobernabilidad del país?
¿Está dispuesto Zedillo a mancharse las manos de sangre, al igual que su antecesor?
Y le queremos decir al Ejecutivo lo que no pudimos decirle en el monólogo del martes pasado: ¡Los únicos atropellos cometidos en esa entidad son los del 21 de agosto, cuando se atropelló la voluntad popular, y porsupuesto, el cometido el día de hoy, cuando se concretó la imposición, no por mucho tiempo, por cierto, de Eduardo Robledo Rincón!
Evitar la guerra en Chiapas debiera ser la preocupación fundamental de quien se encuentra al frente del Gobierno y debe serlo de nosotros como representantes de la nación. Una paz justa y digna en esta entidad es hoy la condición para conducir a México por los caminos de la transición democrática.
Hemos llegado a la hora cero. De estallar la guerra no habrá mañana ni mucho menos posibilidades de iniciar una nueva etapa de cambios profundos en el plano político y social. Pero y, esto a pesar de las intervenciones de los compañeros del PRI, estamos profundamente convencidos de que todavía hay salidas y en gran medida estas salidas dependen de la voluntad política del Gobierno Federal.
La paz demanda acciones urgentes y, sobre todo, gestos que demuestren que efectivamente el Gobierno está empeñado en la ruta de la paz. La renuncia de Eduardo Robledo es la condición para iniciar este proceso de diálogo y negociación entre los chiapanecos, que conduzca a la solución de los grandes problemas de la entidad. Pero eso no es suficientes, se requiere la instauración de un Gobiemo de transición con composición plural y de consenso y el llamado a un Congreso Constituyente para aprobar las leyes que den solución a las demandas legítimas que han enarbolado las comunidades indígenas, y campesinas de la región, por supuesto, con mucha más dignidad que los legisladores de Chiapas que aqui han intervenido.
Desanudar hoy el conflicto poselectoral es el paso necesario para abrirle paso a la discusión y al diálogo sobre los problemas relacionados con la propiedad de la tierra, la autonomía de las comunidades indígenas, la reorganización municipal y el desanrollo social. Es necesario entonces, buscar soluciones de fondo a los grandes problemas estructurales y políticos y no pretender resolverlos como en el pasado, con dádivas o políticas asistencialistas o clientelares.
Todavía estamos a tiempo, compañeras y compañeros legisladores, de garantizarles a nuestros hijos un futuro de paz y estabilidad.
Por todas estas razones, el Partido de la Revolución Democrática demanda:
1. La renuncia de Eduardo Robledo Rincón a la gubernatura y el establecimiento de un Gobierno de transición que llame a un Congreso Constituyente.
2. El compromiso del Ejército mexicano y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de mantener el cese al fuego, para garantizar las condiciones que permitan reiniciar el diálogo y la negociación.
3. La garantía por parte del Gobierno Federal, de que concluirá la guerra sucia iniciada por terratenientes y caciques, a través de sus guardias blancas; terratenientes y caciques que por cierto están muy bien representados con Eduardo Robledo Rincón.
4. Diálogo público en el que participen las partes involucradas en el conflicto, para avanzar en la solución de los grandes problemas de la entidad, lo que implica, entre otros aspectos, el acuerdo de una reforma electoral que garantice el llamado a nuevas elecciones en condiciones de limpieza y equidad para todos los contendientes, así como la solución de fondo a la demanda de recuperación de tierras, autonomía, poder municipal y políticas efectivas de desarrollo social de las comunidades indígenas y de la entidad en general.
Compañeras y compañeros diputados: ya no hay mañana, es el momento de los hechos, ya no de las palabras; ya no es momento de parafernalia, el futuro de los mexicanos y las mexicanas se juega en las próximas horas en Chiapas, porque hoy más que nunca todo Chiapas es México. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Froylán Velázquez.
El diputado Froylán Velázquez Hernández:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A 11 meses y ocho días, una parte de los mexicanos ubicados en el Estado de Chiapas manifiestan su inconformidad por la política del sistema ante el campo, la educación, la economía, las fuentes de trabajo, los servicios, etcétera, hechos; su actitud de los compañeros mexicanos chiapanecos deja de ser contemplativa y pasiva, traduciéndose en un acto de protesta presentándose ante el Gobierno con la fuerza que da la dignidad de un pueblo que corre el riesgo de desaparecer en su lucha por la vida.
Compañeras y compañeros diputados, los acontecimientos dados durante este momento histórico de la vida política, económica y social de México, el pueblo de esta nación ha tenido la información por diferentes medios, hecho que ha dado lugar a concepciones diversas que según la ubicación del hombre en la sociedad, se atreve a darle la razón a uno o a otro; sin embargo, creo que los acontecimientos más recientes, nos permiten, a los aquí presentes diputados de esta nación, tener como un rayo de luz en la oscuridad, la precisión de darle la razón a quien en verdad la tiene, si a los olvidados, o a los que tienen los medios para alivianar la carga de problemas que por muchos años llevan los que menos tienen.
Preciso estos dos puntos, porque han sido motivo de debate desde el mismo momento en que esta LVI Legislatura se instaló y ante estas dos posiciones, unos y otros nos hemos descalificado con esto, argumentando unos a favor y otros en contra para sostener nuestras posiciones de grupo parlamentario o individuales.
El producto de todo esto ha quedado hasta hoy, sólo en buenos deseos y satisfacciones personales.
Los acontecimientos de hoy, nos dan luz para tomar decisiones con precisión como representantes de la nación mexicana y para que a partir de hoy y de ya, todos los integrantes de esta cámara presentemos ante la instancia correspondiente, una propuesta de solución al conflicto de acuerdo a los rasgos que nos presente el pueblo chiapaneco y no esperemos a tener muchos Chiapas en todo el territorio nacional porque, compañeros legisladores, desafortunadamente en todos, el mosaico de culturas de las etnias de este nuestro pueblo del territorio nacional, se vive un ambiente similar al que padecen en este momento nuestros compañeros compatriotas de Chiapas.
Urge darle una solución a este problema, independientemente de que cada uno de los compañeros diputados defienda sus colores. El pueblo de Chiapas exige una solución de esta LVI Legislatura. Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Fernando Garzacabello
El diputado Fernando Garzacabello García:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El Partido Acción Nacional participa de la preocupación nacional respecto de los acontecimientos que han ocurrido en el Estado de Chiapas en este 1994, y particularmente, sobre la situación que aún prevalece en este momento; si la paz está en riesgo, está en riesgo el país.
La situación del Estado, es efecto de acciones y omisiones de gobiernos estatales y federales, no se ha sabido o querido dar respuesta a los reclamos de justicia y de democracia sin los cuales no puede pensarse en una paz duradera. El atraso, la marginación extrema, la discriminación indígena, la manipulación política y la injusticia configuran ya de suyo, una situación de violencia estructural que ha servido de terreno propicio a la violencia eminente y al caos que prevalece en este momento en el Estado.
El Partido Acción Nacional, consciente de la enorme responsabilidad histórica que para todos los mexicanos y particularmente para esta fuerza política relevante presenta hoy en Chiapas, desea contribuir a la paz, desde la perspectiva de la búsqueda de soluciones políticas, dialogadas, pacíficas, que no vulneren el estado de derecho y por el que hemos luchado y cuya bandera se vuelve ahora un consenso nacional
El momento exige una situación responsable y coherente de todos los chiapanecos y de los mexicanos para encontrar caminos de solución a esta problemática; se requiere que se actué ahora mediante rectificaciones profundas de carácter social y político y de distribución económica.
Nosotros vemos al problema de Chiapas, de una dimensión mucho mayor que el aspecto meramente poselectoral; no verlo así, parcializar el problema reduciéndolo a uno solo de sus aspectos, debilita las posibilldades de solución. Observamos también el riesgo de partidización política del conflicto sin consecuencia del riesgo de una subordinación del interés del Estado e intereses parciales de los partidos que en este momento más intensamente sostienen de uno y de otro lado la polémica poselectoral.
El alineamiento del problema a los intereses del PRI y del PRD, ha hecho que se debilite y fracase le intermediación indispensable para lograr un diálogo verdadero y fructífero. Las instancias de intermediación mismas, desafortunadamente, no han escapado a la lógica de la parcialidad y a la unilateralidad, han tomado partido y al mismo tiempo pierden de manera preocupante su capacidad de interlocución.
En este momento se carece de vias de interlocución adecuadas que respondan a la multilateralidad de actores y aspectos del problema y a la complejidad del mismo. Para que el diálogo sea fructífero, se requiere desterrar posicionamientos maximalistas y abandonar la perspectiva de los intereses del grupo.
Chiapas está urgiendo la concreción de un gran acuerdo de paz definitivo, donde se establezcan compromisos viables y verificables de transformación profunda y sustancial de las condiciones políticas y socioeconómicas de Chiapas y se establezcan mecanismos que garanticen el cumplimiento de esos compromisos.
Chiapas reclama paz y si la paz es la tranquilidad y la convivencia en el orden, no puede prescindirse en la búsqueda de caminos de solución de la restauración de ese orden del orden jurídico.
Desde antes del conflicto y a raíz del mismo, el Estado se ha visto inmerso en una crisis de legalidad durante años. La fuente de legitimación de las decisiones públicas no ha sido la ley, sino la discrecionalidad de la autoridad e incluso su arbitrariedad.
Ante la crisis generada por el conflicto, las decisiones públicas se han transformado en una disputa de fuerzas e intereses, haciendo de Chiapas un Estado sin ley. Eso debe terminar. La solución para Chiapas debe tener viabilidad política y legal.
Un punto medular, es el de generar un marco legal y político que permita al Estado solucionar sus divergencias por la vía del debate público y del voto. El próximo año se renovarán en Chiapas el Congreso del Estado y los ayuntamientos. Ese es un horizonte a mediano plazo que no debe perderse de vista, y para ello se requiere de la vigencia plena de condiciones democráticas en el Estado; es el momento impostergable para lograr un marco político y leal que sea aceptado y obedecido por todos.
Independientemente de las personas que en concreto ejercitan el poder político en el Estado, el próximo Gobierno de Chiapas tiene que reconocerse y actuar como un verdadero Gobierno de transición, de cambio, de reforma profunda, esa reforma profunda tiene que permear el ámbito meramente electoral y tocar la estructura misma del poder político.
El principio de separación de poderes debe generarse a partir de ese momento de crisis. Es preciso que ahora que se anuncia una gran reforma al Poder Judicial a nivel Federal, se inicie también este proceso de reforma al Poder Judicial en Chiapas, fundamentalmente se trataría de crear un poder verdaderamente independiente del Ejecutivo y respetado por la sociedad.
En el ámbito de la separación de poderes, se requiere de reformas profundas, revitalización de las funciones de vigilancia del poder público, tanto en lo financiero como en materia de derechos humanos. Es importante que el Gobierno sea vigilado por los poderes y la composición de éstos debe posibilitar políticamente este equilibrio.
Una reforma profunda donde se reconociera el principio constitucional de que es el municipio la base de la estructura política del país y que debe ser dotado de recursos materiales y políticos que garanticen su suficiencia.
No puede entenderse la búsqueda de solución al problema de Chiapas, si se insiste en subordinar el interés nacional a los intereses parciales de las partes en pugna; a ellas exhortamos a construir las bases de un auténtico diálogo fructífero y desinteresado del problema meramente electoral y partidista, un diálogo que genere una solución de fondo, que restablezca la ley y que cumpla con un compromiso impostergable de justicia y democracia, un diálogo que genere acuerdos viables y verificables, que se cumplan a cabalidad por el bien de Chiapas.
No pocas veces se ha utilizado el slogan de que todo Chiapas es México. Por ello, todo México tiene que velar por la paz en Chiapas. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, y por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Abel Trejo.
El diputado Abel Trejo González:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El día de ayer nos enteramos por la prensa nacional, con un encabezado de primera plana: Fin de la tregua si sube Robledo. Asimismo se publica una carta dirigida al Presidente de la República, de la cual tomo nota y leo algunas de sus partes que dice: "... Los zapatistas no rehuiremos a nuestra responsabilidad ni escatimaremos nuestro esfuerzo, ni cederemos a la tentación de dejar caer los brazos. Seguiremos luchando con las armas en la mano en contra del sistema de partido". Continúa la carta:" ... En éste su primer discurso como gobemante, usted senaló su deseo de buscar la negociación para resolver el conflicto y nos ofrece este camino. Señor Zedillo, es mi deber decirle que no podemos creerle. Sabemos que nuestra negativa a un diálogo en las condiciones que usted nos propone hará que la alternativa de una solución militar pase a un primer plano con sus posibles decisiones". Hasta aquí termina la extensa carta firmada por el subcomandante Marcos.
¿Qué podemos inferir señores legisladores de estos cuantos párrafos? Primero, que hay una decisión inquebrantable de forzar a una solución militar, cerrando todas las puertas a una solución política; segundo, se pone una condición inaceptable de que Robledo no asuma la gubernatura del Estado, que equivale a que el Gobierno exigiera al Ejército Zapatista que entregara las armas incondicionalmente.
¿De parte de quién ha faltado voluntad política para hallar una solución pacífica al conflicto? Al estallar éste en enero de 1994, se sucedieron los hechos siguientes:
El día 5 de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión crea un grupo plural para la pronta resolución del conflicto y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se translada a San Cristóbal de las Casas, así como el Presidente de la República nombra un Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas.
El día 12 de enero, el Ejército mexicano anuncia el cese unilateral del fuego.
El día 16 de enero, el Presidente de la República da a conocer la solicitud a la Comisión Permanente para convocar a un periodo de sesiones extraordinarias, para que el Congreso conociera y resolviera sobre una iniciativa de Ley de Amnistía para quienes participaron en los hechos violentos en el Estado, la cual es aprobada en sesión extraordinaria el día 21 de enero. Otra vez, ¿de parte de quién ha faltado voluntad política para hallar una solución pacífica al conflicto?
Todavía más. El 21 de febrero se inicia el diálogo entre el comisionado, el mediador y el EZLN en la Catedral de San Cristóbal.
El 1o. de marzo se da por concluida la primera fase del diálogo, en donde se analizaron 34 demandas del EZLN, de las cuales conviene destacar, que 32 prácticamente eran aceptadas en su totalidad, como compromiso del Gobiemo Federal y que en caso de ser acordadas por el EZLN para firmar la paz, se formaría, según el punto 33, una Comisión Nacional de Paz, con justicia y dignidad, que se encargaría de vigilar el cumplimiento de los acuerdos entre el EZLN y el Gobierno Federal.
Además, para el cumplimiento de los acuerdos referentes a los proyectos de desarrollo de la región, se crearían, por acuerdo presidencial, un organismo público descentralizado y con autonomía.
Ante todo esto, el día 10 de junio anuncia el EZLN que rechaza los acuerdos de paz. ¿De parte de quién ha faltado voluntad política para hallar una solución pacífica al conflicto?
Todavía en el periódico La Jornada del día de hoy se publica, de parte del subcomandante Marcos, que la renuncia de Eduardo Robledo Rincón sería sólo una señal del Gobierno para detener la guerra, mas no el reinicio del diálogo. Para que éste pueda darse señala tres condiciones: la renuncia de Robledo, el reconocimiento de Amado Avendaño como gobernador constitucional y desactivar el clima de belicosidad.
Otra vez, ¿quién se ha mantenido carente de iniciativas y no ha mostrado voluntad real de llegar a soluciones?
Por otro lado, buscamos que haya una paz justa y con dignidad, ¿pero justa y con dignidad para quién?, ¿para una sola de las partes? ¿Se trata acaso de obligar a negociar al contrario tirado en el suelo y con el fusil en el pecho? Así se interpreta el condicionamiento de que Robledo no asuma o renuncie a la gubernatura.
No queremos para ninguna de las partes esa posición de fuerza que condicione el inicio de las negociaciones. Hoy se impone que en todo el país resuene que los mexicanos queremos vivir en la paz social. Hoy se impone que todas las voces se dirijan al subcomandante Marcos para que acepte el diálogo como única fórmula para encontrar una paz duradera. Hoy se impone que las fracciones parlamentarias que componen este honorable Congreso le soliciten a Marcos que cierre de una vez y para siempre la pesada puerta de la guerra y abra de una vez por todas la puerta del diálogo que conduce a la paz que quieren los chiapanecos y que queremos todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para abordar el mismo tema tiene la palara la compañera diputada Mara Robles.
La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:
Compañeros diputadas y diputados:
Hoy necesitamos un debate que sirva para la paz. Valientes diputados si pretendiéramos hoy que con nuestras palabras e improperios seudobelicosos mostráramos nuestros afanes desesperados. Mal haríamos.
El día de hoy ni podemos gritar, ni podemos estar felices. Al día de hoy hemos llegado con una de las más grandes incertidumbres por las que ha pasado esta nación.
Yo no lo sé de cierto, pero supongo que cuando hay guerra, ni hay debate, ni hay diálogo, ni hay Cámara de Diputados y no quiero la guerra.
Hoy hemos temido que la guerra asolara a las niñas y a los niños de Chiapas.
Hoy esa incertidumbre y ese temor se han acrecentado cuando pese a todas las exigencias, todos los llamados, todas las solicitudes, no sólo tomó posesión Robledo Rincón, que no es un capricho, sino finalmente el responsable histórico, su nombre lo es, de lo que ocurre en Chiapas, sino que Zedillo volvió a presentar propuestas generales, sin tomar, como se ha dicho aquí, ni siquiera la iniciativa de nombrar a un comisionado Para la Paz.
No es un día para arengar. ¿Por qué tendríamos que simular que aquí adentro no pasa nada? Hemos hablado, compañeros diputadas y diputados, del liderazgo del Congreso, de su autonomía, de su fuerza como representante popular de la nación y no pueden ser palabras solamente para regodearnos en ellas; debieran ser precisamente las razones que tenemos, para actuar en consecuencia, para intentar mantener la paz en nuestro país.
Si hay guerra en Chiapas, no faltará únicamente la luz, no faltará únicamente el agua; nosotros tampoco podemos respirar el mismo aire.
Si hay guerra, es porque aquí las diputadas que son madres no han pensado en sus hijos; es porque aquí algunos diputados chiapanecos están pensando en sacar a su familia en avión.
Si hay guerra, se acabaron todos los puntos de acuerdo que aquí podríamos proponer y yo creo que como legisladores no lo merecemos, y México tampoco.
Por eso es inadmisible que Augusto Gómez Villanueva, en su concepción de comisión de seguimiento, haya propuesto no ir a Chiapas, haya propuesto no entrevistarse con nadie, haya propuesto no pronunciarse por nada.
Es inadmisible que no asumamos el compromiso de coadyuvar a la paz y se equivocan si creen que es posible eludir el tamaño de esta responsabilidad, no sólo porque no lo olviden, constitucionalmente, según el artículo 73, somos nosotros quienes, podemos autorizar al Ejecutivo iniciar una guerra, y yo creo que aquí nos estamos preparando para nunca tomar esa decisión. Nosotros nunca lo haremos.
Por eso la comisión nos tiene que decir toda la verdad; la comisión tiene que ir con todos los actores, ver todos los rostros o escuchar todas las voces. Tiene que decirnos qué hacen 60 mil efectivos en Chiapas; tiene que releernos el periódico en donde Zedillo dice diálogo y en donde el subcomandante Marcos también dice que aceptan el diálogo con dignidad.
No estamos, nunca hemos estado por la violencia. Hemos estado siempre, eso sí, por una solución negociada y política. Pero los que estamos en favor de que la política sea la forma de resolver los problemas, tenemos que dar muestras de su eficacia, tenemos que dar muestras de su calidad superior para resolver las controversias.
Y aunque los miembros de la bancada perredista hemos dado con creces muestras de disposición al diálogo, aun con la diversidad de fuerzas que se expresan en nuestro partido, perdónenme, pero no estamos encontrando las respuestas que se corresponde y yo quiero escucharlas.
No hemos encontrado todavía las respuestas de ustedes que son nuestros colegas y a los que realmente no les estamos pidiendo más de lo que necesita este país y no hemos encontrado tampoco, a pesar de haberle estrechado la mano, la confianza que suponíamos para establecer el diálogo con Ernesto Zedillo, pero aún es tiempo, éste no es un ultimatum, éste es un llamado a la paz.
La confianza es la precondición para el diálogo y nosotros hemos hecho nuestras propuestas; hemos urgido a una verdadera disposición a la negociación en Chiapas, pero no se puede pedir que cedamos todos cuando quien tiene la responsabilidad principal, es decir, el Gobierno, no nombra aún una palabra que pueda ser realmente ceder. Por eso es inconcebible que sigamos así.
Por eso yo le solicito a esta plenaria que hagamos un esfuerzo extraordinario, que nos convirtamos en un Congreso en sesión permanente para la paz; que exijamos la ínstalación de un gobierno de transición y no vamos a ser nosotros los que digamos quién tiene que ser el gobernador, yo creo que eso lo tiene que decidir el pueblo chiapaneco. Creo que lo que se dijo hoy no es lo que corresponde a la realidad.
Nosotros no somos quienes vamos a decir quién gobierno, eso le corresponde al gobierno chiapaneco.
Quiero decirles que actuar con seriedad y patriotismo, debe partir de no defender lo indefendible, tiene que ser departir, de entender que nuestra responsabilidad en este momento es mayor; quiero decirles que los jóvenes queremos un presente digno ya y no pueden ofrecernos un futuro si hay guerra. Decidámoslo ya. Aportemos la posibilidad de que este Congreso sea un verdadero interlocutor de confianza para la paz.
Pidámosle nuevamente al doctor Zedillo, pidámosle nuevamente al subcomandante Marcos, pidámosle a Robledo Rincón y a Amado Avendaño, que se sienten ya a negociar la paz en este país. Ese es un problema de fondo y si alguien aquí lo pretende eludir, tiene que retirarse de esta curul ya.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Graco Ramírez.
El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:
Compañeras y compañeros diputados.
Soy parte de una generación de mexicanos...
El Presidente:
Pedimos a los señores diputados guardar el respeto necesario, para poder escuchar al orador adecuadamente.
El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:
Compañeras y compañeros, yo les pido que tengamos respeto, el tema es muy delicado y ojalá que no mañana o pasado estemos ante un escenario muy grave para el país.
Decía yo a ustedes que, entre ellos, su servidor, habemos aquí compañeros que luchamos en las calles siendo estudiantes, porque hubiera un diálogo público. En 1968 cientos de miles de jóvenes, maestros, trabajadores, marchamos por las calles de esta ciudad y en muchas partes del país, demandándole al Gobierno el diálogo público. La respuesta fue una masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y una vergüenza para todo el país el crimen ocurrido el 2 de octubre de 1968.
Y también yo, como universitario me emocioné y pude ver a mis compañeros estudiantes dialogando con las autoridades de la universidad, en un diálogo público en la facultad de Filosofía y Letras de la universidad, donde las autoridades y los dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario, incluso radiado por Radio Universidad, cubierto por la emisora universitaria, se llevó a cabo un diálogo entre autoridades y dirigentes estudiantiles.
Nosotros, el día 6 de diciembre, hace pocos días, a pesar de las manifestaciones de algunos compañeros diputados, logramos establecer el principio de un diálogo con el responsable de otro Poder el Poder Eiecutivo.
Yo fui, entre otros compañeros, un legislador que me pareció muy importante, muy significativo este diálogo, si bien, como algunas compañeras y compañeros también con razón lo califican como incompleto, como insuficiente. Pero yo fui de los que pensó y calificó, que si bien cambiaron las formas, ganamos en la lucha política como Poder Legislativo un espacio importante y el espacio que podemos reivindicar hoy nosotros es que hayamos ganado en esta batalla por la reforma del Estado, en la que debemos estar comprometidos todos nosotros, hayamos ganado la posibilidad política de elaborar aqui, los legisladores, los que deben legislar, la reforma necesaria, las leyes necesarias para esa reforma democrática en nuestro país.
Hoy en la mañana, entrando al recinto, le hice la broma a dos compañeros diputados, al diputado Osorio y al diputado Gómez Villanueva y les señalé a los compañeros diputados que los veía más jóvenes, porque a pesar de su experiencia y de su pertenencia a una generación de políticos bastante anterior para el que habla, a los compañeros diputados les dije: los veo rejuvenecidos, los veo dispuestos al reto de dejar atrás un sistema político, y empezar a constnuir un nuevo sistema político porque es urgente que lo hagamos. ¿Por qué es urgente que lo hagamos?, porque las reglas del sistema ya no dan, aunque se resistan algunos compañeros a verlo así. Ya no dan. Por eso el crimen político y por eso estamos ante un virtual estado de guerra.
Yo quiero, compañeros, que entendamos que intervenciones como la de Tito Rubín o como la del diputado Gabriel Aguilar, de Chiapas, yo respeto su emoción como chiapanecos, pero no sirven esas intervenciones, no contribuyen a defender la causa que pretenden defender, porque finalmente el estar usando este lenguaje beligerante y negar la existencia de una población chiapaneca y hablar de extranjeros o ajenos a Chiapas, casi casi como hablamos de la República de Chiapas, según el tono del diputado Aguilar Ortega, pareciera entonces que estamos negando una realidad; que Zedillo reconoció y contradijo aquí, a Carlos Salinas de Gortari, delante de Carlos Salinas de Gortari. Zedillo aquí contradijo en la toma de posesión, que la causa de la situación de Chiapas era la pobreza y la violencia era expresión y reconocimiento a esa violencia; para abrir canales en política social y rectificar también en el ámbito político, los cauces políticos para que no justifique, en ningún momento, este país a nadie el tener que levantarse en armas en demanda de comida, en demanda de tierra o en demanda de democracia.
Entonces pues, compañeros, cuando Robledo Rincón incluso reconoce que renuncia con tal de que haya una salida política en Chiapas, Robledo Rincón reconoce por lo menos que el problema de Chiapas no es un problema electoral. No vengamos aquí a hablar de cifras y de resultados electorales, compañeros, estamos ante una realidad que supera los resultados electorales, porque si no, Robledo estaría cometiendo el error total de no tener siquiera la prudencia de reconocer que con su salida se construye, con su renuncia, se construye una salida para el país, que es la paz y conservar la estabilidad en este país.
Por lo tanto, si nosotros somos un poder, no tenemos que estar pasivamente esperando que nombren un comisionado o esperando que el Ejecutivo resuelva las cosas en Chiapas y hasta que tengamos la línea podamos actuar. Creo que nosotros tenemos aquí un espacio político suficiente, hemos designado, elegido una comisión de diputados y es importante que esa comisión se ponga en actividad y por eso, nosotros, ante un posible punto de acuerdo que se estaba planteando por esta comisión, no estuvimos de acuerdo porque pensamos que es insuficiente.
La comisión debe ponerse en activo como planteó aquí la diputada Robles y la diputada Mara Robles, también, acerca Rosario Robles; las dos Robles, son muy fuertes por lo visto estas compañeras diputadas, se apellidan Robles, por lo menos, ¡hombre!, entonces yo lo planteo, compañeros, como un problema de iniciativa política de este poder. La comisión debe de irse a Chiapas, la comisión debe de hablar con todos los actores politicos; con Robledo, con Avendaño, con el obispo; con todas las fuerzas que hay allá expresándose y también con el Ejecutivo Federal y con las personalidades, entre otras, como Cuauhtémoc Cárdenas, que están ahí planteando una salida política...
Más respeto, compañeros, por favor. Tengamos que hablar con todas las fuerzas, con todas las personalidades, con todas las autoridades que contribuyen.
Miren, compañeros, hoy chiflan; si mañana en la madrugada, hoy en la madrugada o mañana estando Zedillo, el presidente Zedillo en la Reunión de Miami, nos amanecemos con un escenario como el del 1o. de enero de 1988, compañeros, los proyectos económicos para este país...
¿Cómo? de 1994, perdón, gracias; compañero diputado, por la aclaración; de 1994, nosotros estaríamos, compañeros, ante una situación de dificultad terrible; la economía se nos estaría desestabilizando, el país entraría a una profunda situación de crisis. Entonces, ¿por qué apostar a la guerra?, ¿por qué manifestación de intolerancia que significa una total irresponsabilidad? Ni queremos ver la guerra para confirmar que tenemos razón, ni queremos que haya aquí intolerancia para justificar la guerra, finalmente, compañeros.
Yo quiero por eso plantearles a ustedes que también la toma de posesión de hoy, no fue un acto, como aquí se dijo, un acto más en Chiapas. La ciudad de Tuxtla Gutiérrez esta sitiada militarmente, con policías militares que hacía muchos años que no salían, compañeros, a la calle. No policía regular del Estado de Chiapas, con policía militar, nuevamente llevando al Ejercito nacional a una situación complicada y dificil; nuevamente exponiendo a las fuerzas de seguridad nacional de este país, que es el Ejército mexicano, a que tenga que dar la cara ante la incapacidad de las fuerzas políticas para resolver los problemas en el marco político.
Tenemos que enfrentar este problema, compañeras y compañeros; tenemos que sacar un punto de acuerdo que permita que la comisión tenga todo nuestro respaldo y que se ponga en movimiento.
No esperemos a ver qué pasa en Chiapas mañana o pasado; que los diputados por lo menos tengamos claro que hicimos también un esfuerzo por la paz y lo haya hecho el Secretario de Gobernación con Avendaño y en buena hora que haya habido una actitud prudente de Avendaño y en buena hora que no haya violencia en Chiapas aún, aunque ha habido violencia y muertos todos los días, esta Cámara de Diputados tenga la capacidad de expresarse como un poder más de la federación y no sigamos aquí en una lucha de quién ganó, quién perdió, cuando con la guerra perdemos todos, compañeros, perdemos todos y pido más prudencia a la intolerancia y más responsabilidad a quien tiene la capacidad de decidir las cosas como es también el Gobiemo de este país y los diputados de este país.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Martín Hernández.
EI diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La trágica situación que actualmente se vive en Chiapas, los efectos de la misma en el presente y en el futuro de nuestro país, nos obligan a analizar y a buscar una explicación realista acerca de la naturaleza de este evento, que ha nacido a partir de las primeras horas de este año y que ha estado segando irremediablemente vidas y potencialidades humanas.
En descargo de una responsabilidad política e histórica, como legisladores tenemos que preguntarnos: ¿cómo es posible que al paso de 11 meses de surgido este conflicto y enfrente del siglo XXI no se cuente hoy en día con una voluntad política, para dar una solución justa a este problema?
No sería responsable pretender ocultar rasgos claros y resultantes de discriminación en nuestra sociedad y en especial en ese Estado. Discriminación por parte tanto del Gobierno central como de gobiernos estatales.
Hace todavía unos días, ¡en el colmo del cinismo, el ex presidente Salinas declaraba que a mediados de 1993, cuando tuvo información y conocimiento de que algo estaba sucediendo, inmediatamente mandó al entonces Secretario de Desarrollo Social a visitar el Estado y a promover obras sociales!
¡No hemos entendido todavía, ¿y cuándo podremos hacerlo?, de que no es únicamente con obras, con inversión en obra social, como habrá de lograrse la satisfacción a los reclamos!
¡No, señores, la dignidad de un pueblo, la dignidad de un ciudadano, no se compra con obras sociales; no se reconoce ni siquiera aún! ¡La dignidad de un pueblo, simplemente, se respeta!
No sería posible tampoco ignorar la presencia de cacicazgos, de terratenientes y de una conducta semifeudal, de los cuales son vivo ejemplo, aunque un ejemplo acabado, de muchos autoritarismos centralistas.
Y no nos será posible olvidar que el Estado de Chiapas se ha caracterizado por las grandes violaciones a los derechos humanos. Esto nos indigna y nos obliga a buscar soluciones, pero soluciones de fondo.
Los datos de la realidad chiapaneca son señales y características de una violencia estructural, injustificada, armada y fratricida.
El reto urgente para la sociedad y el Gobierno mexicano es la aceptación honrada de la responsabilidad, de respeto abierto a la realidad y la decisión inquebrantable de superación y corrección pacífica y constructiva de las causas graves que han originado este conflicto.
¡No podemos estar inventando ni haciendo afirmaciones flojas, sin sustentos firmes! ¡Hace un momento escuchamos a un compañero diputado del PRI hacer la afirmación de que las personas que estaban en ese conflicto no eran chiapanecos!
Y yo hago una pregunta: ¿podría decirnos los nombres de quienes están atrás de este conflicto? ¡Cómo entonces se puede afirmar que no son chiapanecos!
Por ello es el momento que nosotros digamos que es el momento de decir un sí a la conciliación y al diálogo abierto y franco para poder lograr la pacificación.
Por ello Acción Nacional, congruente con toda una historia de civilidad democrática, ratifica con todo rigor un no a la violencia. Se sostiene a favor del diálogo honesto, respetuoso y sincero en pro de la justicia y la paz.
Para ello, proponemos la pronta actuación de las autoridades para lograr un diálogo que permita continuar con las pláticas de paz, donde se agrupe a todas las partes en conflicto, sin excluir a ninguna de ellas; donde se ataque y se atienda la causa para lograr el efecto deseado, ¡que es la paz!
Hay que dejarlo claro. Acción Nacional no quiere una mentira blanca ni una mentira roja. Porque como decía León Felipe: "Mirando con pavor la cercanía de la guerra española, no se edifica una patria sobre una mentira blanca ni sobre una mentira roja. La suma de mentiras no da una verdad. Nunca la suma de mentiras ha dado una verdad, ni en la filosofía ni en la política".
Proponemos soluciones. Exhortamos al diálogo, que no es sentarse simplemente en una mesa a querer a toda costa convencer a la otra parte. No es coaccionar a través del chantaje. El diálogo significa respeto, significa disposición a la escucha, significa estar dispuesto a ceder y significa aceptar que no se tiene en una sola parte toda la verdad absoluta. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Augusto Gómez Villanueva.
El diputado Agusto Gómez Villanueva:
Señor Presidente, le rogaría a usted que pusiera a consideración de la Asamblea, que me permitiera excederme de los cinco minutos para hechos.
El Presidente:
Esta pidiendo el diputado Gómez Villanueva si la Asamblea le autoriza excedere se de los cinco minutos que tiene.
Quienes estén a favor, levanten la mano...
Quienes estén en contra, favor de manifestarlo... Adelante, señor diputado.
El diputado Augusto Gómez Villanueva:
Honorable señor Presidente:
Si pedimos el diálogo no podemos aquí, en la Cámara de Diputados, negarnos al diálogo.
Estamos en un momento en el cual tenemos que asumir una actitud serena y de reflexión. Los oradores que nos han antecedido en el uso de la palabra han planteado con sinceridad, con lealtad a sus convicciones, sus puntos de vista en torno a un problema tan complejo y delicado para el país, como representa el mantener la paz en el Estado de Chiapas.
Difícilmente superaríamos las reflexiones que han hecho los compañeros diputados chiapanecos. Reconocemos de principio su profundo conocimiento con la realidad de su Estado. Respetamos por lo tanto sus puntos de vista y sus reflexiones. Sin embargo, todos sabemos que el diputado es un representante ante la nación y el problema que hoy nos ocupa no sólo es el problema de Chiapas, es un problema que preocupa a toda la nación mexicana.
¿Por qué nos preocupa? Sólo porque se ha perdido la estabilidad política en esa entidad y la paz se ha visto amenazada. Sólo porque las vidas que se han perdido pudieron haberse evitado y los derramamientos de sangre innecesarios, lamentables y tristes por los cuales muchas familias se encuentran enlutadas en muchos hogares mexicanos y no solamente de quienes han preferido el escoger el camino de las armas, sino también de los soldados mexicanos que han acudido a ese escenario y que lamentablemente tuvieron que llegar a usar las armas.
Esta es una huella profunda y dolorosa. Profunda, porque se trata de mexicanos humildes. Dolorosa, porque se trata de indígenas de nuestro país a los cuales aún no les llegan, a pesar de muchos años de progreso y de transformación, los beneficios a los cuales tenían derecho.
En Chiapas se localiza, además de 3 millones de vidas, el petróleo de México, esto hay que reflexionarlo, los más grandes yacimientos de petróleo de nuestro país están en esa porción del territorio nacional. ¿De qué se trata? ¿De qué kuwaiticemos el país, de que balcanicemos a México? ¿De qué se trata cuando sabemos que también ahí se encuentran las reservas energéticas más importantes que contribuyen al desarrollo de la industria y de la agricultura?
No podemos desconocer los riesgos que se ciernen ante una nación como la nuestra, cuando confundamos la bandera de una legítima autonomía de los grupos étnicos en el encuentro del respeto a sus formas de Gobierno frente a otros caminos peligrosos que nos pueden conducir a la balcanización del país. México tiene experiencias dolorosas a lo largo de su historia. Se han confundido de legítimas luchas sociales, la reivindicación popular por fenómenos de segregacionismo y de autonomía que significó el desprendimiento de grandes superficies del territorio nacional.
Por ello, no es hora de intolerancia, por ello, no es hora en la que el verbalismo estridente pueda llevarnos a no reflexionar lo que está en el fondo.
Cuando el Presidente de México, aquí en la Cámara de Diputados ha hecho una reflexión ante nosotros en la cual ha señalado con toda claridad que el Gobierno de la República reconoce las causas profundas de la desigualdad social, reconoce que la injusticia social descansa a razones fundamentales de la inconformidad, reconoce también los efectos de la marginación en la falta de atención para la salud de miles y miles de chiapanecos, reconoce también los problemas de la educación y de la alfabetización para miles de hijos de indígenas y campesinos y no solamente en la sierra, sino en lo alto de la montaña chiapaneca y, claro, que todo este fenómeno puede llevarnos a la confusión, a una confusión en la cual nosotros pensemos en que como Gobierno y como instituciones encargadas de atender los problemas fundamentales de México, hayamos olvidado a esa gran población marginada de nuestro país.
Se trata del sureste de México, la frontera con Guatemala, se trata de la zona que representa para nosotros razones fundamentales de seguridad nacional, por ello nunca serán suficientes los esfuerzos que hagamos, por ello nunca serán suficientes ni las palabras, ni los hechos que conduzcan a lograr no sólo la pacificación de Chiapas, sino a reconstituir su régimen de derecho y propiciar una nueva vida dentro del orden constitucional.
Pero no pensamos de ninguna manera que efectivamente la voluntad expresada en las urnas electorales sólo conlleve el propósito de elegir a un gobierno, se trata fundamentalmente de un Gobierno que se tiene que comprometer y está comprometido para llevar a cabo la más profunda reforma económica, social y política en el Estado de Chiapas, reformas que le permitan no solamente enfrentar los viejos problemas del rezago agrario, reformas que les permitan no solamente encontrar los caminos para financiar el desarrollo, el desarrollo de la infraestructura y de la economía, sino esencialmente reformas que permitan sentar las bases, las bases que hagan posible encontrar el camino para lograr las bases de igualdad social en esa entidad federativa.
No podemos desconocer que efectivamente ahí se localizan el mayor número de núcleos indígenas, no podemos desconocer las múltiples causas que han impedido que el progreso llegue hasta ellos, razones de carácter geográfico, de carácter histórico, de carácter cultural y de carácter económico de la nación mexicana han limitado las intenciones y los propósitos de lograr un desarrollo homogéneo en todo el país.
No podemos tampoco considerar que el hecho de que en otras partes del mundo, los problemas de subdesarrollo tengan características semejantes a las de Chiapas, represente una disculpa o una exclusión para no poner en juego todos los recursos de la nación y atender el grave problema de Chiapas.
Por esa razón, compañeros diputados, quiero solamente dejar a ustedes estas reflexiones: las estridencias no nos conducen de ninguna manera a la serenidad, las adjetivaciones tampoco. He escuchado en esta tribuna voces limpias y sinceras, voces valientes de defensa a cuestiones fundamentales como la soberanía de su entidad federativa, pero todos coincidimos en una cuestión esencial, en que debemos de poner lo mejor de nuestro pensamiento y nuestra acción para poder contribuir a que la lucidez del Gobierno de la República, del gobierno del Estado y de los grupos que en este momento representan la posición beligerante encuentren el mejor camino para reconstituir el orden y el estado de derecho en Chiapas.
Esa es en esencia nuestra tarea, ésa es en esencia la tarea de nuestra comisión, no quiero de ninguna manera rehuir mi responsabilidad como coordinador de la misma, simplemente apelar a la comprensión de mis compañeros. Nuestra cámara, efectivamente, está enfrentada a un reto en la cual su crecimiento y sus obligaciones van desarrollándose de manera vertiginosa.
Exculpo y no recrimino a los diputados que no han asistido a las reuniones que los hemos invitado para examinar el tema de Chiapas. Exculpo y no recrimino a quienes considerando objetivamente que no era posible en este momento hacerle un exhorto para que se pusieran las fuerzas políticas en pugna, encontrados los caminos de conciliación, no hayan creído prudente estampar su firma. Respetamos esa posición.
Sin embargo, admito la propuesta del compañero Graco Ramírez. La comisión debe, efectivamente, a partir del día de mañana, instalarse y en forma permanente trabajar. Estamos dispuestos, desde luego, sin protagonismos, con toda la responsabilidad que caracteriza a nuestros compañeros diputados, a definir un programa en el cual el diálogo será nuestra divisa fundamental; un programa en el cual no pretendamos ni sustituir a la voluntad del pueblo de Chiapas, ni a su soberanía, ni tampoco un programa en el cual prevalezca el afán protagonista.
Pensamos que el problema de Chiapas es tan delicado y tan serio, que todos los que estamos aquí presentes, día tras día y sesión tras sesión, debemos de estar informados de lo que pasa en esa entidad federativa.
Creo simplemente que debemos hacer una reflexión, que es válida para todos los mexicanos: los hechos ocurrieron el 1o. de enero de este año, en que México ingresaba formalmente al Tratado de Libre Comercio; hoy, la amenaza de ia renovación de la guerra, se da como dijo Graco Ramírez, cuando el Presidente de la República está en la Cumbre de Miami; pensemos entonces que para mantener la voz en la que defendamos la libertad y la democracia, debemos juntos de construir desde esta Cámara de Diputados, la base para esa democracia.
Ese es el reto común y estoy seguro que saldremos adelante. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, el diputado René Arce, tiene el uso de la palabra.
El diputado René Arce Islas:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado con mucha atención las palabras del compañero Gómez Villanueva y creemos que en esas palabras que él acaba de expresar en tribuna, hay una parte muy positiva al aceptar que este Congreso le dé la importancia que se merece el problema de Chiapas.
Y fundamentalmente quienes estamos preocupados por el asunto de Chiapas, somos también aquellos que nos tocó ver a muchos de nuestros compañeros, hace algunos años, haber desconfiado de las instituciones políticas de este país y haber aceptado la única opción que consideraron como válida para lograr lo que ellos planteaban como una patria libre y justa.
Y en muchas entidades de este país, decenas y cientos de compañeros perdieron la vida y la libertad, creyendo en que era la única vía válida. Nos preocuparía y nos preocupa mucho que nuevamente el problema de Chiapas, pueda llevar el día de hoy a que cientos y por qué no decirlo, miles de jóvenes y adultos, ante su falta de confianza en las instituciones, vuelvan a creer, como aquellos jóvenes de hace muchos años, en que la única vía para cambiar y transformar este país, es nuevamente la vía de las armas.
Si esto se diera, compañeros, esta cámara terminaría por perder la muy poca credibilidad que estamos tratando de construir entre todos, a partir de este diálogo que hemos iniciado hace unos días, seríamos prácticamente rebasados por la historia y por la voluntad de esos cientos y miles de jóvenes que quizá creyendo ellos en que no hay otra vía, optaran por esa violencia. Nosotros no queremos que esa decisión se dé porque no queremos ver nuevamente a muchos amigos, familiares y compañeros muertos o privados de su libertad.
Por eso creemos que esta cámara debe tomar una decisión importante y llamamos a que todos pudiéramos suscribir la siguiente declaración:
Los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PT, representados en esta legislatura, tomando en cuenta la grave situación que se ha generado en el Estado de Chiapas y conscientes de que sólo el diálogo y la negociación política entre los actores políticos y sociales en conflicto es el camino válido para lograr la paz justa y duradera, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, presentan el siguiente
PUNTO DE ACUERDOUnico. La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados acuerda que la Comisión Especial sobre el Estado de Chiapas, creada recientemente por esta legislatura, se traslade de inmediato a ese Estado, a fin de iniciar un diálogo con todos los actores políticos y sociales que inciden en el actual conflicto, e interpongan sus buenos oficios para lograr una salida política y negociada.
Palacio Legislativo, 8 de diciembre de 1994.
Compañeros, queremos que nuestra responsabilidad histórica la vamos a votar en unos momentos. Pido a la Presidencia que por favor pueda poner a votación esta resolución. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, el diputado Augusto Gómez Villanueva.
El diputado Augusto Gómez Villanueva:
Con el permiso de la Presidencia.
Para no acudir al 58 que no hay nadie en contra, estamos de acuerdo totalmente los partidos, tanto el Revolucionario Institucional como el Partido de la Revolución Democrática, entiendo que el Partido Acción Nacional y lograré su venia al Partido del Trabajo. Gracias.
El Presidente:
A continuación tiene el uso de la palabra, el diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte:
Con su pemmiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:
Celebro mucho que el tono del debate haya cambiado como cambió. Creo que es muy importante que entendamos que el problema no es nada más de mantener la paz, sino de elevar la condición humana de nuestras conacionales, que entendamos que es respetarles su dignidad a la gente, que es hacerlos crecer, que es hacerlos mexicanos a los que han estado desposeídos.
Celebramos que haya una propuesta para que la comisión nombrada para trabajar en Chiapas, se ponga a trabajar inmediatamente en aspectos propositivos. El Partido Acción Nacional tiene especial interés en que los mexicanos desposeídos y en especial los de Chiapas, puedan salir adelante y la paz no es en sí lo que debemos de buscar; debemos buscar la justicia. Si conseguimos la justicia habrá paz.
En México, se nos olvida a veces que hay que luchar por las causas y no por los efectos y la guerra, la guerra es la ausencia de paz por la que no hay justicia en México. Entonces esta comisión, que ya está nombrada pero que no se ha puesto a trabajar por ausencias, por omisiones, debemos de impulsarla a que haga lo posible para que en México empiece a haber justicia, para que finalmente pueda haber paz.
El Partido Acción Nacional, está a favor de la propuesta y nos congratulamos de que todos los integrantes de esta legislatura nos pongamos en un tono de diálogo, de apertura, pero sobre todo de trabajo en beneficio de cada uno de los mexicanos. Gracias.
El Presidente:
Para hacer una propuesta, se le concede el uso de la palabra al diputado Crisoforo Salido.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes (desde su curul):
Solicitamos a la Presidencia con todo respeto, agotar el trámite de votación de la propuesta que ha sido aceptada por tres grupos parlamentarios, pero falta formalizar con la votación de todos los miembros de esta cámara. Solicitaría a la Presidencia sometiera de inmediato a votación la propuesta.
El Presidente:
Pido a la Secretaría, por favor someta a votación la propuesta que en su momento realizó el diputado René Arce.
El secretario Gonzalo Alarcón Bárcena:
En votación económica, se pregunta si se acepta la propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
El presidente:
Tiene la palabra el diputado Crisoforo Salido.
El diputado Crisoforo Lauro Salido Almada:
Con su venia, señor Presidente:
Por principio, en el PRD, se ha mantenido el criterio de que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea designado por esta cámara, pero mientras esto sea un hecho, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente propuesta, para que de merecer su aprobación y apoyo sea turnada como respetuosa sugerencia de esta cámara al titular del Poder Ejecutivo de la nación.
El señor presidente Ernesto Zedillo, dio el primer paso hacia la pluralidad en la composición de su gabinete,.con el nombramiento del señor licenciado Antonio Lozano Gracia, para ocupar el puesto de Procurador General de Justicia de la Nación, con lo cual no sólo reconoce la capacidad de éste, sino que de alguna manera reconoce en el Partido Acción Nacional la necesidad de incorporar a las grandes responsabilidades del Gobierno a las fuerzas políticas de la nación.
Yo con todo respeto y a título estrictamente personal, como miembro de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, me permito proponer la recomendación de una mexicana de excepción, para que en el mismo orden de ideas expresado en el nombramiento del licenciado Lozano Gracia, se considere para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la licenciada Marie Clare Acosta Urquidi, alguien por su trayectoria como luchadora en favor de los derechos humanos, por su gran calidad moral, su indiscutible preparación académica, llenaría plenamente los requisitos que la posición de ombudsman exige.
Quiero decirles a ustedes que no tengo el gusto de tratar personalmente a la licenciada Acosta Urquidi, por lo que mi propuesta no conlleva ningún interés personal, sino simplemente el de colaborar humildemente a la nueva relación que entre los partidos políticos y el Ejecutivo ha sido repetidamente enunciada por el doctor Zedillo y pensando que habría plena congruencia entre la procuración de justicia y la preservación y salvaguarda de los derechos humanos, estoy seguro que al interior del PRD, un gesto como el que aqui propongo abonaría el terreno para estimular un diálogo más intenso y productivo entre todas las fuerzas políticas nacionales.
A continuación haré una brevisima semblanza de la licenciada Marie Clare Acosta. Se graduó como socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1970, cursando un posgrado en estudios latinoamericanos y políticas de gobierno en la Universidad de Essex. De 1974 hasta la fecha, es catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1990 y hasta ahora, fundadora y presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Desde 1994 es investigadora visitante del Center for International Development and Conflict Management College Park, Universidad de Maryland, profesora visitante del West College, Massachusetts, dentro del programa de Estudios para la Paz. Miembra fundadora y secretaria actualmente de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, de la que también ha sido directora y ejecutiva de la oficina técnica. jefa del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1975 y 1976.
Durante 10 años se desempeñó en diversos cargos dentro de la sección mexicana de amnistía intemacional, de la que fue presidenta, secretaria general y coordinadora de la Campaña contra la Tortura.
Entre otras responsabilidades ha sido también investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, del Instituto Politécnico Nacional. Además, es reconocida por su trabajo periodístico y de difusión. Actualmente dirige la revista Voice of México y colabora en diferentes medios de comunicación.
Ha publicado ya tres libros y ha recibido reconocimientos como el Premio de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, y una beca de investigación de la McArthur Fundation.
En fin, sería prolijo abundar en la exposición de sus credenciales. Basta decir que su personalidad llena plenamente el perfil más exigente y su nombramiento, si llegara a darse, honraría, tanto al régimen como a la ciudadanía, a la que seguramente ella serviría con lealtad y entrega.
Pido, pues a mis compañeros diputadas y diputados, su apoyo para que, como una respetuosa sugerencia al titular del Ejecutivo, se presente la propuesta a nombre de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Pido a usted señor Presidente, si procede, se someta a votación esta propuesta, acogiéndome al artículo 58 del Reglamento. Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la secretaria para que la propuesta hecha por el diputado Crisoforo Salido, sea turnada a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados.
DIALOGO PRESIDENCIAL
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre la reunión de trabajo con el Presidente de la República, realizada en días pasados, tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:
Con su pemmiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Haré una intervención fundamentalmente sobre dos ejes de exposición. Mi preocupación sobre el tema de la soberanía, que siento afectado por la constante denominación de autonomía que me está adjudicando el Ejecutivo y la intención de alcanzar la plena facultad de recuperar las facultades legislativas de este honorable Congreso.
La reunión celebrada, el pasado martes 6 del presente en este recinto legislativo, se inscribe en el marco de una nueva y mejor relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Una de sus principales consecuencias ha sido el compromiso de reconocer a este recinto como la sede principal del debate político, de establecer el diálogo por la democracia en el espacio del debate legislativo entre las distintas corrientes del pensamiento político mexicano.
En efecto, Ernesto Zedillo, jefe del Ejecutivo, afirmó que ésta es la sede máxima, la sede principal del debate político, la casa del diálogo donde se darán los encuentros de ideas para la transformación del sistema político.
Sea entonces mi intervención en los parámetros de la mesura y observación para mejorar las posibilidades de participación de esta soberana representación de la nación en los argumentos y propuestas que se ofrecerán para abrir las avenidas del porvenir de la democracia en México.
Dos son mis preocupaciones en torno a las discrepancias presentadas en el desarrollo del ofrecimiento propositivo del doctor Zedillo.
Uno es, en cuanto a las posibilidades de que el Poder Legislativo recupere sus facultades para legislar; el otro, es referente a la declaración reiterada del doctor Zedillo de reconocer la autonomía del Poder Legislativo.
Tal y como lo expresó el lo. de diciembre en los siguientes términos: "las premisas de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, es el estricto respeto a su autonomía". Así como lo repitió el 6 de diciembre: "...la importancia de respetar la autonomía del Poder Legislativo" .
Ayer también en el Senado, se volvió a reiterar sobre el tema de la autonomia.
Mi puntual y subrayada oposición a sus declaraciones de autonomía, se basa, se diferencia y es esencialmente distinta al concepto de soberanía que representamos.
Estoy consciente que las desviaciones del manejo de la autonomía ha llevado incluso a un manejo colonial de este concepto.
Por otra parte, el Poder Legislativo no es una universidad ni tampoco es el Banco de México. Conocemos la historia y procesos del uso de la autonomía como sofisma colonial, no obstante, que el doctor Zedillo afirmó que no hay nada, ni intención que pretenda acotar o limitar las facultades del Legislativo, yo manifiesto mi preocupación en torno del manejo de ese concepto que se nos pretende adjudicar.
Si el diálogo por la democracia se ha de dar entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha de ser en favor de nuestras identidades, principios y responsabilidades, que asumimos para impulsar formas superiores de organización social.
Proponemos un Poder Legislativo de plena soberanía, dotado de suficiente capacidad, para proyectar, proponer, elaborar, aprobar leyes, en condiciones de equidad, donde se rompa el mayoriteo de la sobrerrepresentación y de formas ocultas de cláusulas de gobernabilidad, que hace que una minoria que solamente representa al 48% de la votación nacional, mantenga la mayoría en este Congreso.
Afirmamos nuestra vocación y celo por la soberanía popular. Desde las Cortes de Cádiz, que se discutió en 1812 y se aprobó en el artículo 3o. con la aportación del diputado tlaxcalteca Urella y Alcocer, en los términos de la soberanía esencial para modificarla y quedar como la soberanía radical y originaria, hay una diferenciación entre la soberanía originaria y la soberanía delegada.
El Ejecutivo es una soberanía delegada. Nosotros somos la representación de la soberanía, podemos generar formas de autonomía para empresas descentralizadas, pero nosotros en sí no admitimos ser autónomos, porque somos soberanos.
Afirmamos el principio de la soberanía, como se inscribió en la Constitución de Apatzingán en los artículos del 2o. al 5o. de dicha Constitución, así como en el acta constitucional de la nación mexicana en 1824, en el artículo 3o. expresada en términos de una soberanía radical y esencial que descansa en el pueblo. En la Constitución de 1857, en el artículo 39, tal como fue asumida en la Constitución de 1917, como esencial y originaria que descansa en el pueblo.
Ese precepto es el que defendemos y es el concepto del que se deriva nuestra identidad nacional y el principio del ejercicio pleno de autoridad y de capacidad para elaborar leyes y establecerlas en el territorio mexicano.
Sabemos que las formas de mayoriteo distorsionan la capacidad de una nueva relación en este Congreso. Es por eso que la subordinación de nuestro Congreso al presidencialismo solamente se alcanzará, en la medida que nosotros estemos en la capacidad de generar nuestras leyes.
En la administración recientemente pasada del salinismo, se aprobaron 130 leyes derivadas del Ejecutivo, en cambio la oposición solamente alcanzó a aprobar 14 leyes. En cuanto a las reformas constitucionales, se modificaron 196 artículos, esto significa una constitución y media que fue modificada durante el periodo del salinismo; en cambio, el Poder Legislativo y la oposición, en lo particular, no tienen capacidad para reformar la Constitución.
Lo anterior ha creado una paradoja de hacer más sencilla una reforma integral de la Constitución por el constituyente permanente, que efectuar una reforma de la misma naturaleza en los textos legales secundarios, como el Código de Comercio de 1889, o el Código Penal para el Distrito Federal de 1931, o la Ley de Imprenta de 1917, para citar algunos ejemplos.
Nuestra Constitución es la norma con mayor número de reformas que cualquier otra norma del sistema jurídico mexicano. Cálculos recientes han arrojado el resultado de que la reforma constitucional no tiene paralelo con ninguna otra reforma legal; de tal suerte, cualquiera que éstos sean vienen del orden de los 300 ó 500 cambios, exceden geométricamente al de las leyes más importantes. Se calcula igualmente que de las 240 leyes en vigor, 117 han sido reformadas.
El artículo constitucional más reformado ha sido el relativo a las facultades del Congreso de la Unión, es decir, el artículo 73 constitucional, lo cual no ha redundado en un mayor poder político para el Poder Legislativo, sino más bien una mayor concentración de facultades expresas para la Federación, ejercidas por el Presidente de la República; después, los artículos más reformados han sido el artículo 123 y 27 constitucionales. El número de modificaciones es de más de 30 reformas para el artículo 73, de 16 para el 123 y cuatro para el 27.
Los recientes regímenes que han modificado con más intensidad la Constitución son, el de Luis Echeverría, con 41 cambios, López Portillo, con 44, Miguel de la Madrid 52 y Carlos Salinas, 51.
Existe en consecuencia, una subcultura reformista de la Constitución por todos criticada, pero a la vez, tremendamente auspiciada. Es necesario convertir a la LVI Legislatura en la legislatura del diálogo democrático y de la recuperación de las facultades legislativas para el Congreso. Es conveniente y oportuno hacer un llamado a la conciencia cívica del doctor Zedillo para que modere o suprima la subcultura del reformismo constitucional, para que se sujete al espíritu del artículo 124 para evitar ejercer facultades no expresas en la Constitución. La facultad de iniciativa de ley establecida en el artículo 71 constitucional no es una facultad expresa para reformar la Constitución.
El titular del Poder Ejecutivo, se encuentra limitado por su juramento de respetar la Constitución. Es una contradicción atentar la transformación de la Carta Magna.
Compañeros, en la senda de una mejor relación, separación, equilibrios y contrapesos de poderes que coadyuve al desarrollo de la democracia, es altamente recomendable una nueva constitucionalidad.
La LVI Legislatura debe proporcionar medios de consulta y audiencias donde se viertan los proyectos y propuestas que la sociedad plantee para una nueva Constitución. Así, de ese modo, el presidente Zedillo cumplirá a plenitud su deber al formular y lanzar la convocatoria para un nuevo constituyente, a fin de que la próxima legislatura sea ese nuevo congreso constituyente, para avizorar un nuevo periodo de estabilidad y desarrollo de la nación. Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Jorge Ocejo Moreno.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Vengo a plantear hechos concretos, no asuntos que puedan juzgarse subjetivamente, sino hechos sucedidos, vistos y oídos por la mayoría de los presentes hoy aquí. Me referiré a la reunión que tuvimos el martes pasado con el titular del Ejecutivo, doctor Ernesto Zedillo. Cito textualmente, algunas de las expresiones del doctor Zedillo, dijo: "la democracia hoy demanda que fortalezcamos el diálogo". También dijo: "entre los poderes de la Unión debe prevalecer el diálogo franco, abierto y permanente". "Franco, abierto y permanente". Sigo citando. Dijo también: "es hora de superar viejos rituales que impedían un diálogo directo como el que hoy estamos celebrando. Es hora de alejar esas prácticas caducas y obsoletas, es hora de que el Legislativo y el Ejecutivo nos hablemos con franqueza, cada quien con su verdad, pero siempre con respeto, como ustedes lo han hecho esta tarde". Así se expresó el doctor Zedillo, y repito: "es hora de que el Legislativo y el Ejecutivo nos hablemos con franqueza, cada quien con su verdad, pero siempre con respeto" y reconoció; "como ustedes lo han hecho esta tarde."
Sin embargo, tal parece que un grupo de diputados del PRI, afortunadamente no todos, aparentan no entender lo que es el diálogo, es decir, el diálogo es la interlocución entre personas inteligentes, que pueden mediante la expresión... Señor Presidente, no puedo continuar si van a empezar...
El Presidente:
Solicitamos por favor respeto al orador, compañeros diputados.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:
Decía yo, que el diálogo precisamente iba a ser la interlocución entre personas y lo expresé claramente "inteligentes" que pueden mediante la expresión y defensa de razonamientos, dar sus puntos de vista, así como confrontarlos con otros interlocutores y buscar posibles puntos de acuerdo, o bien, lograr que sus posiciones razonadas se vayan fortaleciendo, formando opinión y logrando cada vez más amplios consensos que hagan prevalecer sus puntos de vista.
El martes pasado fueron vistas y oídas por todos, incluido el titular del Ejecutivo, las conductas intransigentes, faltas de educación, pero sobre todo de respeto, que diputados del PRI mostraron cuando estaban haciendo sus intervenciones los representantes de los demás partidos, con sus planteamientos al titular del Ejecutivo.
Yo quiero decirles, señores, que al exponer sus puntos de vista cada fuerza política puede y debe hacerlo con toda libertad, contundencia y claridad; aun cuando a algunos no les guste.
Pero afortunadamente, vuelvo a repetirlo, entre hombres inteligentes queda la posibilidad de que quien no esté conforme, con libertad aporte también sus razones y su verdad, para que sea fundamentalmente el pueblo de México el que valore los juicios emitidos y se adhiera a lo que prefiera y le convenga.
¡Pero resulta verdaderamente inadmisible, además de indignante, vergonzoso y desde luego falto de capacidad política que se quiere callar al oponente político a través de gritos, silbidos o golpeteo de las copas con las cucharas! Expresiones que la mayor parte de los hoy aquí presentes vieron y escucharon. ¡Hechos concretos!
Aun cuando algún ponente en su exposición llegara a ser muy duro y faltase a la razón, se puede hacer prevalecer ésta. ¿Cómo? A través de la participación razonada en tribuna, que haga quedar mal a quien ha hecho eso y se le desautorice, pero con razones, no a gritos.
El martes pasado la falta de respeto de algunos diputados del PRI llegó al colmo, olvidando la más elemental caballerosidad, cuando siguieron con sus gritos ante las expresiones mesuradas, consistentes y contundentes expresadas por la legisladora Elena Alvarez Bernal.
¿A dónde quieren llegar? El Ejecutivo ofrece diálogo, pero parte de los legisladores de su propio partido rompen con esa posibilidad entre sus pares: los diputados de las demás fuerzas políticas.
"Lo cortés no quita lo valiente". El propio titular del Ejecutivo, miembro del partido de tales legisladores, reconoció como cité al principio que estábamos en un diálogo que había sido abierto y respetuoso.
¿Por qué entonces gritaban, chiflaban y golpeaban sus copas, señores diputados? ¿Saben por qué? ¡Porque no tienen razones ni propuestas, solo elogios! ¡Y pesa mucho que las demás fuerzas políticas estemos planteando asuntos que el Ejecutivo mismo reconoció tienen validez y están en la agenda de la política nacional! ¡Y él sí contestó, dentro del marco de respeto a los legisladores, mostrando su apertura al diálogo!
Hace un rato pasó a la tribuna el diputado Gómez Villanueva y nos dijo que si veníamos al diálogo, aceptásemos el diálogo. ¡Ojalá, diputado y sus compañeros empiecen a entenderlo y dejen de seguir con conductas intransigentes e irrespetuosas!
Todos fuimos testigos y sería muy difícil que se pretendiera aquí justificar y encubrir tan deplorable comportamiento. La prensa nacional registra los hechos. No vengo a contarles algo que subjetivamente quisiera plantear, es objetivo; la prensa misma lo registra.
Pero quiero ir más allá, porque hoy mismo ha seguido sucediendo la misma conducta. En todas nuestras sesiones existe un compañero diputado que las preside y por lo tanto, es su obligación que se guarde el orden en las sesiones. Me pregunto: ¿Por qué tenemos, como hace un momento tuve que hacerlo yo, los diputados que pasamos a la tribuna somos interrumpidos, pedir al Presidente de la sesión que imponga el orden?
Señores, ésa es su función y si se rompe el orden, quien preside debe de intervenir y llamar al orden. Porque no es un favor gracioso el que se le está concediendo a un diputado aquí para que venga a la tribuna. ¡Es un derecho que tenemos! ¡Y como derecho que tenemos, debemos de dejar ya de hacer las cosas en esta forma: pedirle el favor al señor, que ponga el orden! ¡Eso no se vale señores!
Y no se rían, porque de cualquier manera las cosas tienen que ser así y vamos a tenerlas que llevar adelante así.
El Presidente:
Orden por favor, señores diputados.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:
Ahí los tiene, diputado Gómez Villanueva, oyendo y aceptando el diálogo.
Yo propongo, señores y por eso me he callado. ¡Porque no le tengo que pedir al señor Presidente que ponga orden! ¡El, es su responsabilidad de que en esta sala se guarde orden y respeto a todo el que viene a la tribuna!
El Presidente:
Orden por favor. Por favor solicitamos orden, señores diputados.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno: ¿Hasta dónde quieren llegar, señores diputados?, ¿hasta dónde quieren llegar?
El Presidente:
Por favor, solicitamos orden, señores diputados.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:
¿hasta dónde quieren llegar señores diputados? ¿hasta dónde quieren llegar?
Por eso desde hoy propongo a ustedes, señores diputados y honorable directiva que está presidiendo estas sesiones, se respete a los ponentes y se actúe con energía contra quienes rompan el orden. Queremos un régimen de derecho, queremos un estado de derecho. ¡Empecemos aquí, en este recinto señores!
Señores diputados del PRI, cuando tengan razones que aportar pasen a tribuna, aun cuando esas razones, para su poca fortuna, sean las que otras fuerzas políticas hemos propuesto y son reconocidas afortunadamente, no sólo por el titular del Ejecutivo, sino fundamentalmente, por la mayor parte de la sociedad, es decir, el pueblo de México, a quien realmente nos debemos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al diputado Píndaro Urióstegui.
El diputado Píndaro Urióstegui Miranda:
Señor Presidente; honorable Asamblea:
La diputación priísta desea reconocer públicamente la trascendencia del convivio y el diálogo, abierto y franco, que el pasado martes seis se llevó a cabo en este recinto congresional, entre los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Fuera de todo protocolo reglamentario, el Presidente de la República atendió la invitación que le hiciera esta honorable Cámara de Diputados, para intercambiar puntos de vista diversos sobre la problemática nacional con representantes de los cuatro grupos parlamentarios aquí representados.
Fue en buena medida la expresión del México plural de nuestros días, la superación de prácticas e intransigencias del pasado de ambas partes y la prevalencia de la razón, la reflexión y la libre expresión, como fórmula de convivencia y civilidad. El predominio de estos principios hizo posible, como lo afirmó el presidente Zedillo, que esta edificación sea la casa de la democracia y la sede máxima del debate político. Esta decisión amistosa y de respeto, nos permite advertir una nueva apertura política que enriquecerá nuestras libertades y nuestras convicciones ideológicas.
Fortalecer la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, es un compromiso que la diputación priísta contrajo con la ciudadanía durante el pasado proceso electoral. Fortalecer igualmente la democracia es un reto que sólo encontrará cabal realización en una división de poderes, que de ninguna manera será enfrentamiento, sino colaboración para el mejor cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Superar aquellas inconvenientes relaciones que señaló el Presidente, permitirá al Poder Legislativo ejercer facultades que le ha regateado la burocracia a través del tiempo y a ambos, Legislativo y Ejecutivo, reafirmar su compromiso único con su origen soberano, el pueblo, la nación mexicana.
La diputación priísta reafirma su apoyo a las instituciones de la República y a nuestro estado de derecho, no existe ni podemos aceptar otra opción que asegure la paz social, el poder presidencial no sólo debe ser legal, sino también moral y ese atributo lo da la obediencia de la ley como ofreció hacerlo el presidente Zedillo.
Necesitamos fortalecer nuestro sistema de partido para consolidar el régimen democrático, convincente y comprobable a que todos aspiramos. No se trata de que cúpulas partidistas se repartan el país como botín político, queremos una democracia popular, no de y para organizaciones políticas y eso es lo que debemos sentarnos a dialogar y encontrar las fórmulas adecuadas y justas.
El presidente Zedillo entregó a los miembros de este Congreso la responsabilidad de una nueva y definitiva reforma política, lejos de negociaciones y acuerdos oscuros y a veces inconfesables y de espaldas a los intereses populares por atender presiones partidistas. El Presidente quedó en espera de nuestras propuestas.
Una reforma electoral no puede ignorar lo hasta ahora logrado, porque es la suma de grandes esfuerzos de sociedad, partidos y estructura electoral, administrativa y jurisdiccional.
No existe democracia perfecta en el mundo, nunca ha existido, ni existirá, la democracia es y será una obra inacabada en manos del talento y la buena fe de los hombres y hoy tenemos los partidos aquí representados, la corresponsabilidad de un nuevo reto, proponer cómo perfeccionar nuestra democracia, no inventar un mito de democracia, sino proponer elementos para una democracia sin ficciones ni desviaciones, simplemente que garanticen libertades ciudadanas y respeten la voluntad popular mayoritaria expresada en votos, una democracia que destierre la cultura de la violencia y el conflicto poselectoral y se someta al culto de la verdad y la legalidad.
La diputación priísta reitera que la integridad del territorio nacional, la paz social y el orden jurídico vigente, nunca podrán estar sujetos a los intereses de grupos de presión o de abierta intransigencia armada que reclaman por la fuerza, lo que el pueblo les dejó en las urnas electorales.
Sabemos que somos un país con grandes, viejos y nuevos problemas sociales, con ancestrales carencias que han acumulado graves resentimientos sociales que nos duelen a todos los mexicanos. ¿Qué país no los tiene?, pero tampoco podemos negar los significativos avances en desarrollo y bienestar social que hemos logrado. Nos falta aún mucho por resolver, no lo negamos ni lo ocultamos, pero somos ya un país respetado y respetable en el escenario mundial, merced al esfuerzo y aún al sacrificio de todos los mexicanos.
No abramos las puertas de nuestra casa a la violencia, a la destrucción y al enfrentamiento fraticida. Hagamos del diálogo el mejor recurso de la conciliación. Chiapas es también México y México no puede darle la espalda a sus hermanos chiapanecos, como aquí se ha demostrado con anterioridad.
Que no sea la sangre, sino la razón, la inteligencia y la buena fe, los elementos que devuelvan la paz a ese girón de la patria. El Gobierno de la República ha ofrecido hoy una vez más la fórmula de la negociación para encontrar soluciones acordadas entre las partes y no impuestas unilateralmente. No podemos exigir concesiones políticas al margen de la ley, que mañana pongan en entredicho su legitimidad. Acabemos de una vez por todas con el uso y abuso de las libertades para propiciar la anarquía y el sacrificio de vidas inocentes.
Que se depongan las armas y sea el diálogo entre las partes involucradas el que regrese la convivencia pacífica a los chiapanecos. El Ejército mexicano, es un Ejército de paz y hoy por hoy, el único garante de la soberanía nacional y de las instituciones de la República.
Ahora como nunca, los priístas sentimos la fortaleza de nuestro partido, como lo sintió el doctor Zedillo en esta convivencia camaral. Su organización, su ideología, la madurez y experiencia en sus cuadros directivos y la participación de sus militantes.
Se equivocan quienes aseguran o especulan sobre una crisis interna. A lo largo de su historia, nuestro partido ha afrontado problemas mucho mayores de desprendimientos y enfrentamientos y de cada uno de ellos ha resurgido, fortalecido y más combatido.
Cada proceso electoral, es un reto para nuestro partido como lo es para cualquier otro, por eso somos los primeros en ver con respeto los espacios políticos que en la sociedad mexicana han conquistado otros partidos. El Partido Revolucionario Institucional, desea preservar y afianzar un régimen democrático.
La concertación pos electoral, demostró no ser la solución adecuada, nos engañamos pensando que asegurábamos la paz social y lo único que hacíamos era irritar la conciencia ciudadana y decepcionar la lealtad de nuestra militancia.
Porque creeemos en la democracia, los priístas estamos convencidos que la mejor forma de fortalecerla es haciendo más transparentes y limpios los procesos electorales y respetando la voluntad expresada en votos. Este es compromiso de todos los partidos políticos. Debemos prepararnos para estimular la participación ciudadana y recobrar su confianza. No pensamos que sea desacreditando los procesos electorales de antemano, como avanzaremos en la democracia.
Nuestra exhortación es de unidad nacional, así se lo hemos querido hacer sentir al Presidente de la República, es de unidad nacional, de responsabilidad partidista y de confianza ciudadana.
Este país lo están construyendo todos los partidos, con sus dirigencias, con sus militancias, sin enfrentamientos innecesarios, ni claudicaciones ideológicas, sino con la convicción de que es la hora de unir y no de dividir, de crear y no de destruir.
México es la casa común de todos los mexicanos y su guía, el presidente Zedillo. Creemos en la honestidad de su palabra y nos sumamos a sus propósitos de hacer, de forjar cotidianamente, todos, una nación cada vez más libre, más justa y más democrática. Muchas gracias.
El Presidente:
Se le concede el uso de la palabra, al diputado Ramón Cárdenas Gudiño, para el mismo tema.
El diputado Ramón Cárdenas Gudiño:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Esta noche hemos hablado de diálogo y moderación, seamos congruentes.
En el Partido Acción Nacional, pensamos que el requerimiento vital para esta Cámara, es la credibilidad y el respeto de la sociedad y de los otros poderes que constituyen el poder público; sin embargo, por lógica y congruencia elemental, los primeros que debemos respetarnos debemos ser nosotros mismos.
Reconocemos y respetamos su carácter de legisladores y representantes de los intereses nacionales desde la trinchera ideológica que cada uno libremente hemos elegido; por lo tanto, estamos inmersos en la pluralidad y por lo mismo, legal, moral y solidariamente, estamos obligados y nos debemos respeto mutuo.
Los hechos bochornosos que se dieron el martes, 6 de diciembre de 1994 durante la visita del presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, donde se faltó al respeto a los legisladores oradores en el evento, habiendo sido su intervención un acto concertado en la comisión correspondiente, lo menos que demuestra ante la opinión pública nacional e internacional, es que hay una gran inmadurez política.
Que quede claro, ninguno de los grupos parlamentarios presentes en este honorable recinto, tenemos el monopolio de la verdad, pero si como legisladores representantes de la nación, tenemos la capacidad de escuchar a cualquier ciudadano de la República, cualquiera que sea su ideología, mucho más debemos ser capaces de escuchar con respeto a nuestros colegisladores, por su carácter de tales y por ser las fibras nerviosas que hacen concurrir aquí el sentir de la nación.
La democracia no es una meta ya alcanzada, es un proceso que todos juntos estamos construyendo. Tan importante es la opinión del mayor grupo parlamentario, como la del menor y la de las demás fuerzas políticas que constituyen esta Asamblea.
Respetémonos, pues haciéndolo, además de manifestar la calidad humana de cada uno de nosotros señoras y señores legisladores, estaremos contribuyendo a poner en alto la credibilidad y honorabilidad de ésta, la más alta tribuna de la nación.
Escuchar y respetar no quiere decir cambiar de ideología, sino que significa aceptación de la pluralidad por mandato del pueblo de México. En cada momento histórico la patria exige el más grande y noble esfuerzo de sus hijos y si alguien no aporta lo mejor de sí mismo, es su responsabilidad.
Podremos no estar de acuerdo en lo que los contrincantes dicen, pero defendamos hasta el límite su derecho a decirlo. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra, al diputado Martínez Veloz.
El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Me quiero referir fundamentalmente a lo expuesto por el diputado Antonio Tenorio Adame, del PRD. Me complace encontrar en su discurso una nueva forma de acercamiento con las fuerzas políticas del país. Las considero muy importantes pues expresan la disposición del PRD, o de una parte importante del PRD para establecer un nuevo trato con los demás partidos políticos y en particular con el PRI y con el Gobierno de Ernesto Zedillo.
A mi juicio hay una propuesta de cambio en las relaciones de los partidos políticos, como condición para enfrentar eficientemente las circunstancias históricas por las que atraviesa la República. Interpreto que hay un planteamiento para sustituir la confrontación por el diálogo; hay una proposición para acreditar al Poder Legislativo como escenario propicio para encontrar puntos de convergencia por sobre el interés individual o partidario, que permitan un gran acuerdo nacional por la democracia, por la justicia y contra la pobreza.
El propio presidente Ernesto Zedillo, ha sido claro al señalar que valora y acepta ese mandato popular en su integridad y ha reafirmado su compromiso de ir adelante en los cambios políticos imprescindibles que requiere el país.
De igual modo ha refrendado repetidamente que la reforma del Estado debe comenzar por la superación de prácticas indeseables del poder, que ya resultan pesados lastres para el avance democrático de la nación. Asimismo ha reiterado que como Presidente de México, se mantendrá al margen de la vida activa de nuestro partido. Esa postura del doctor Zedillo, lejos de ser una simulación, una graciosa renuncia a una práctica del sistema político mexicano, significa una voluntad real de crear el escenario propicio para un diálogo franco y abierto que lleve la formulación de acuerdos amplios, con todas las fuerzas políticas para diseñar y aplicar una profunda reforma del Estado mexicano.
En el contexto del mandato popular mayoritario y de la voluntad de cambio que existe en nuestro partido, en lo personal valoro y recojo las expresiones, que compañeros diputados del PRD, han hecho aquí en favor de abrir un diálogo político nacional.
Ese debate franco y leal de ideas y posiciones en torno a la transformación de normas e instituciones en nuestro país, no sólo es necesaria, sino que tiene precisamente en esta cámara el contexto más propicio.
Queremos un pluralismo que implique el reconocimiento del poder público de todas las corrientes políticas de la sociedad civil, sin que estas fuerzas se transformen en enclaves del poder, pretendiendo cada una tener la exclusividad de la verdad histórica.
Sabemos por experiencia en nuestra historia que los cambios los hacen las grandes masas de trabajadores de la ciudad y del campo y nunca las élites del poder o de la sociedad.
Para lograr ese diálogo nacional es indispensable comprender que la dimensión y dirección del cambio no es patrimonio de ningún partido, como no existe un monopolio de la verdad o de las buenas ideas políticas. Tampoco tiene por qué implicar sacrificios ideológicos ni desconocimiento de diferencias legítimas entre partidos.
La conducción democrática de la presidencia de la República, del doctor Ernesto Zedillo y la composición plural de esta cámara, significan una oportunidad extraordinaria de lograr grandes avances en las reformas nacionales que requiere el país.
En las actuales condiciones, mantener un espíritu de confrontación estéril sólo satisface a radicales sin destino y significa traicionar el mandato ciudadano de un cambio institucional que permita a México concretar una posición digna en el orden político y económico mundial.
En tal virtud, considero que la transparencia de todas las acciones, acuerdos y consensos entre partidos, son hoy un requisito de credibilidad ante la ciudadanía. Que un factor limitante de muchas de las reformas anteriores, principalmente en materia de procesos electorales, ha sido su calidad de acuerdos populares entre las dirigencias de los partidos.
Que seamos nosotros, los miembros de esta LVI Legislatura, con plena legitimidad y derecho, quienes desarrollemos la parte medular de este proceso de definición de las reformas que se requieren para el avance firme hacia la democracia. Que la sociedad demanda la formulación de mecanismo para llevar a cabo una amplia y franca discusión con organizaciones sociales no partidarias, para posibilitar la expresión abierta de la ciudadanía y evitar el riesgo de decisiones verticales, autoritarias y centralistas.
El proceso de análisis y discusión de las reformas debe empezar y desarrollarse de manera libre y democrática al interior de nuestros propios partidos.
Pero no sólo la reforma política es importante. La reforma social y el fortalecimiento de la democracia en el país son procesos que deben ir articulados y desarrollados a la par.
No puede haber combate a la pobreza sin combate a la injusticia, no puede haber combate a la pobreza sin cambio político y sin arraigar la democracia en todos los niveles de la vida ciudadana.
Fue Luis Donaldo Colosio, quien desde el inicio de su campaña señaló su decisión de abordar con seriedad y voluntad política la reforma del poder, la reforma social y la reforma judicial. Esa visión fue retomada por Ernesto Zedillo, como un compromiso fundamental de su propuesta de campaña y transformada el 21 de agosto en un compromiso de obligación del Gobierno.
Los priístas estamos comprometidos con los cambios y con las reformas, es por esto que saludo y recojo las expresiones que aquí han hecho compañeros legisladores de otros partidos, en favor de un esfuerzo para desarrollar un profundo diálogo nacional.
Es el momento de marchar juntos en propósitos tan elevados como los de darle una nueva dignidad a los poderes, a las entidades federativas y a los municipios mexicanos. Es el momento de unirnos en una alianza nacional contra la pobreza, que renueve su concepción y sus instrumentos. Es el momento de renovar la justicia y las instituciones republicanas con un verdadero espíritu democrático.
Nos solidarizamos con el propósito de que ésta, la LVI Legislatura, sea la legislatura del diálogo para la reforma del Estado y establecer un nuevo pacto nacional que combata la pobreza, destierre la injusticia en todas sus formas de expresión y formule una verdadera y profunda reforma política que es lo que reclama en forma urgente nuestro país. Muchas gracias.
REUNION CUMBRE HEMISFERICA
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre la Cumbre Hemisférica en Miami, tiene la palabra el diputado Alfonso Martínez Guerra.
El diputado Alfonso Martínez Guerra:
Gracias, señor Presidente; respetables diputadas y diputados:
Mañana 9 de diciembre, el presidente Zedillo, estará en la ciudad de Miami, Florida, para participar como representante de los mexicanos, en la Cumbre Hemisférica a celebrarse del 9 al 11 de este mes.
Ese encuentro ofrecerá la oportunidad de intercambiar puntos de vista al más alto nivel con los jefes de Estado y de Gobierno del continente americano, acerca de los temas más relevantes de la realidad regional y global.
El Partido Acción Nacional, siempre ha visto con simpatía y esperanza el acercamiento de México con todas las naciones del mundo, porque de esa relación digna y respetuosa es posible esperar frutos positivos, como lo pueden ser los convenios comerciales, culturales y diplomáticos que mutuamente enriquecen la vida de los pueblos.
En pocas ocasiones, sin embargo, se han conjuntado tantos factores, tantos elementos tan interesantes como los que rodean a México durante el desarrollo de esta trascendental reunión.
Es ésta la primera intervención del presidente Zedillo en un foro internacional, al cual asiste, además a unos días solamente de iniciar su gestión. Pudiéramos decir que es ésta su primera prueba de fuego y de ahí podrá definirse su estilo de gobernar y su estilo de llevar a cabo las relaciones de México en el concierto internacional.
El pueblo de México, está a la expectativa de tantos temas fundamentales para nuestro futuro desarrollo como nación y que esperamos los aborde el presidente Zedillo con la contundencia y definición patriótica como el momento histórico que presenciamos lo requiere.
Tal es el caso de los derechos de los trabajadores migratorios que por superarse y proporcionarle a sus familias una oportunidad de desarrollo decoroso, se arriesgan en territorios extraños, peligrosos y saturados de intolerancia de todos tipos, por el simple hecho de querer entregar ellos lo más valioso que tiene el género humano, que es el trabajo honrado.
Esperamos que el Presidente de México enarbole con la fuerza y vigor necesarios la bandera de los derechos de esos trabajadores, que por la Propuesta 187 en el Estado de California, se ven amenazados por acciones oficiales que ofenden, hieren profundamente nuestros sentimientos humanistas y de mexicanidad.
Con respecto a la Cumbre de las Américas, el grupo parlamentario de Acción Nacional expresa los siguientes considerandos:
a) Considerando que las nuevas tendencias en el mundo moderno obligan a todos los gobiernos a fortalecer sus relaciones internacionales en todos los ámbitos y especialmente con los países de su región.
b) Considerando que México, sin dejar a un lado su historia, debe integrar en un solo esfuerzo sus vínculos con América latina, armonizando a la vez los efectos que inevitablemente tiene la vecindad con economías fuertes, como son las de Estados Unidos y de Canadá.
c) Considerando la importancia del proyecto continental que se discutirá en la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Miami, los días del 9 al 11 de diciembre del presente año, en el que México habrá de valorar los compromisos que se suscribirán ahí con fundamento en sus principios de política exterior y en su proyecto de nación de fin de siglo.
El grupo parlamentario de Acción Nacional, en la Cámara de Diputados manifiesta:
1. Ante la ineludible vinculación con el resto de los países hermanos de América, debemos advertir el riesgo de que la cumbre sea una edición más de proyectos con la filosofía de la doctrina Monroe, o la iniciativa de las Américas, cuyos propósitos hegemonistas no son compatibles con el mundo de hoy.
Sentimos que el gran ausente en esta Cumbre Hemisférica sea no un régimen totalitario como es el de Cuba, pero sí sentimos profundamente la ausencia de quién representa el entrañable pueblo cubano. Pero que sepa el pueblo cubano de que a pesar de que no va a estar ahí representado, está presente en el corazón de todos los países latinoamericanos y en especial de México.
Podremos no estar de acuerdo con un régimen totalitario, pero siempre estaremos con nuestros amigos cubanos, el pueblo cubano.
2. La cumbre representa una oportunidad para fortalecer la influencia del continente americano ante la cada día más consolidada unión europea y la Cuenca del Pacífico.
3. Se deberá dar una importancia primordial al tema migratorio en la agenda de la cumbre, buscando soluciones en el marco del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional.
Si los Estados Unidos buscan competir con la Comunidad Europea, deben analizar también los avances que ha realizadlo dicha región en las presiones migratorias, como es el libre flujo de los trabajadores.
4. Si bien se ha constatado en las décadas pasadas, que cerrar las fronteras de México no es el camino, debemos propugnar en la Cumbre de las Américas, por un crecimiento equitativo de los propios integrantes de la región, buscando que la integración tenga topes en la balanza comercial. No hay que olvidar que en los últimos 10 años, las exportaciones de Estados Unidos hacia Latinoamérica han aumentado desproporcionadamente.
5. México deberá hacer oir su voz, pugnando por fortalecer las instituciones y mecanismos ya existentes en el sistema interamericano, que han tenido importantes logros en materia de derechos humanos y promoción de la democracia. Pero para ello es imprescindible demostrar una auténtica, sincera, honesta voluntad política en lo interno que debe emanar del mismo presidente Zedillo y de su propio partido.
No hacerlo significa carecer de la autoridad moral para pregonar democracia en los foros internacionales, mientras que aquí en México vivimos en la simulación política. No aceptamos ser farol de la calle y oscuridad de la casa. Muchas gracias.
COMENTARIOS DIVERSOS
El Presidente:
Para hacer una serie de comentarios, se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Sólo dos cuestiones, señor Presidente; señores diputados:
La primera, el general Gallardo sigue preso por haber publicado en la revista Forum, un documento intitulado "Las necesidades de un ombudsman militar en México". No obstante, que dicho militar ya obtuvo el amparo de la justicia de la unión por los delitos de opinión, el 6 de octubre del presente año, el director de la revista, el periodista Eduardo Ibarra, ha sido citado a comparecer ante la Procuraduría General de la República, por una denuncia que le emprende el procurador de justicia militar.
Mientras, que de manera asombrosa la propia Secretaría de la Defensa desmiente públicamente la presentación de dicha demanda, en el Ministerio Público existe la documentación que sustenta la acusación.
Nosotros queremos pedirle, fraternalmente, a los compañeros generales de la Comisión de Defensa que si a bien lo tienen estudien este caso y procedan, en su momento, de considerarlo pertinente, a coadyuvar en la resolución de este asunto.
Segunda cuestión. La prensa de este lunes reporta, leo La Jornada, 5 de diciembre, "apoyó Estados Unidos a observadores con 1 millón 500 mil dólares". Hemos hablado a Washington para confirmar esta nota y en efecto ratifican que desde hace varios años el NED (National Endowment for Democracy) (Fondo Nacional para la Democracia), financia por conducto de dos institutos, de los dos partidos (Republicano y Demócrata) de aquel país a organismos mexicanos.
Y dice la nota que financia a Alianza Cívica, Sergio Aguayo; Mujeres en Lucha por la Democracia, organismo fundado por la compañera diputada Ana Lilia Cepeda; Movimiento Ciudadano para la Democracia, organismo promovido y fundado por el compañero diputado Graco Ramírez; Consejo para la Democracia, fundado por Julio Fesler.
Y agrega la nota, no el de la voz, que entre el Consejo para la Democracia; y el NED y el Instituto Nacional Demócrata, existe una intensa relación etcétera. Me quiero detener un momento en lo que significa el caso del Consejo para la Democracia y la profunda relación. El documento oficial del NED por la vía del Instituto Demócrata, dice y es muy ilustrativo, lo siguiente, les ruego tomar nota que es una traducción, pues, esperemos que sea literal, pero establece: "que el Instituto estuvo, en este ejercicio fiscal, en una excelente posición para expandir su trabajo en la antigua Unión Soviética, como un resultado de los varios años de funcionamiento de su programa local" y atención: "mucho de los líderes democráticos con los cuales habíamos trabajado, esto es el NED, con soviéticos o rusos, fueron impulsados a posiciones de poder en la República y ellos buscaron nuestro apoyo y nuestra asistencia para resolver los problemas que ellos enfrentaban".
Esto significa, que desde luego el NED, no trabaja gratis y tiene algún objetivo. La pregunta es, con relación a esos personajes, pues desde luego, ¿quién los impulsó?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué? Esto es preocupante con relación a nuestro país, porque si detrás de la aportación financiera existe un interés político, esto debería ser analizado con detenimiento.
¿Qué es el NED?, es la nueva agencia que absorbió parte de las funciones de la CIA tras el abatimiento del campo socialista y es el mismo fondo que ha subsidiado a Jorge Mass Canosa, de la Fundación Nacional Cubanoamericana para derrocar a Castro, es el mismo que patrocina a Carlos Alberto Montaner, de la Plataforma Democrática, también de Cuba, para combatir al mismo régimen; es la misma entidad que patrocinó en la pasada elección presidencial del Perú a Hernando de Soto y a Vargas Llosa, es también la misma organización que subsidió a Jorge Endara, en Panamá, para apuntalar el intervencionismo yankee en la zona del canal y antes a la contra nicaragüense para combatir al sandinismo.
Que una agencia como esta opere en México, es algo que debería alertarnos, sobre todo, porque si se denomina agencia, en sentido gramatical estricto, todos aquellos que reciben de ella fondos, son agentes y son agentes de una potencia extranjera.
Y desde luego, pensar que el subsidio es a cambio de nada, sería de un candor supremo; quizá el imperialismo norteamericano esté dispuesto a patrocinar con espíritu caritativo a alguna nación muy lejos, pero en el caso de México en su frontera sur, tendría que haber un interés como ha sido demostrado en casi 200 años de convivencia independiente. Hay razón geopolítica, hay razón estratégica, lo cual podría explicar su interés por patrocinar actividades de organizaciones que pomposamente se denominan no gubernamentales. Yo diría que podrían ser no gubernamentales con relación a Zedillo. ¡Ah!, pero no lo son con relación a Clinton. Ese fondo es oficial del gobierno americano, no es de una asociación de damas pías de la ciudad de Falfurrias, Texas.
Nos llama la atención, por ejemplo, éste es un documento oficial del Consejo para la Democracia, en donde aparecen nombres muy diversos: Marieclaire Acosta, Sergio Aguayo, Altamirano Dimas, Roger Batra, Basañez, Batiz, Calderón, Cano, Castillo, Concha, Del Villar, Estrada Zámano, Garrido, Goicochea, Pablo Gómez, González Guevara, González Torres, Krauze, Ifigenia Martínez, Arnoldo Martínez Verdugo, Muriel de la Maza, Porfirio Muñoz Ledo, Luis Santos de la Garza, Demetrio Sodi y Ricardo Valero.
Yo diría, que aquí se pueden apreciar dos bandos. La banda reaccionaria, que no vacilaría un segundo en ir otra vez a Miramar a contratar otro emperador extranjero y desde luego, el campo revolucionario, en el que hay personas muy respetables por su ideología progresista y sobre todo antiimperialista. Por tanto no afirmo, pregunto; ¿Estarán conscientes estas personas que su entidad, su organización ha estado recibiendo subsidios de una agencia del Departamento de Estado durante cinco años? ¿lo aprobaron ellos? Esta cuestión queda abierta.
Por nuestra parte lo que nosotros señalamos, es que una situación de esta envergadura, amerita atención de esta cámara, no porque algunos pudieren convertir el modus operandi, quizá en modus vivendi. ¡No!, sino porque en términos, insisto, de geopolítica, aquí podría haber una injerencia extranjera que afectase lo que dispone la fracción X del artículo 89 de la Constitución, principio rector de nuestras relaciones internacionales, la no intervención en nuestros asuntos internos.
Por tanto, esta Fracción Social Demócrata* pide respetuosamente al señor Presidente de la mesa, que se sirva turnar a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Defensa de Relaciones Exteriores, entre otras la información aquí vertida y la documentación que dejaremos a la propia mesa, para que en su momento se analice: ¿en qué grado se trata de una intervención del gobierno norteamericano en los asuntos internos de México? ¿En qué medida se afecta la seguridad nacional?, nuestra, no la de ellos, que es la doctrina de seguridad nacional que impusieron con Foster Dulles, que luego ampliaron con su peón en Brasil el Mariscal Golvery Do Couto Da Silva, maestro de Pinochet Ugarte y que les permitió establecer durante décadas el siniestro sistema de los gorilatos.
Y averiguar, finalmente, si quienes reciben esos recursos son agentes de una potencia extranjera y si lo son, si deben registrarse como tales ante la Secretaría de Gobernación, así como ante esa dependencia se registran los agentes del Vaticano en México. Muchas gracias, compañeros diputados.
*El partido al que se refiere no tiene registro naconal.El Presidente:
Tiene la palabra, la diputada Lilia Cepeda, para rectificar hechos.
La diputada Ana Lilia Cepeda de León:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo únicamente quiero dejar aquí asentado en esta sesión, que creo que las intervenciones se deben de tomar de quien provienen. No voy a contestarle a la dudosa fracción del Partido Social Demócrata.
Y creo que en esta sesión se ha hablado de diálogo, se ha hablado de hacer política de una forma distinta, de una forma clara, de una forma transparente. Se ha hablado de respeto y se ha hablado de reconocimiento muto a la existencia del otro, de como funciona y ejerce.
Quiero dejar por sentado, que efectivamente tomo esto de quien proviene y no voy a contestar nada al diputado de la fracción del Partido Social Demócrata. Gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para constestar alusiones personales.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo también le voy a contestar a la compañera Ana Lilia Cepeda, con relación a su situación:
¡Le contesto como presunta agente de la CIA, en tanto se dirima la averiguación!
¡Y no podrá decir la compañera diputada que no tiene nada qué ver con las organizaciones que reciben los subsidios, porque aquí tenemos que ella forma parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo del Movimiento Ciudadano por la Democracia, junto con el compañero Graco Ramírez, también diputado, la compañera Cepeda!
Pero no se trata de si mi fracción es mayor o menor. Con mucho orgullo, compañera Cepeda, me declaro fracción. Porque matemáticamente tan es fracción la suya con 70, como la mía de uno. ¡uno de 500 es una fracción y a mucho honor y a mucho orgullo! Gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría, por favor, con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Martina Montenegro Espinoza:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. LVI Legislatura.
Orden del día
9 de diciembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Presentación de iniciativas del Ejecutivo
Por el doctor Jaime Serra Puche, Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1995.
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1995.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto, relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1993.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 22.42 horas):
Esta Presidencia, valora en mucho la cooperación que todas las señoras diputadas y señores diputados han brindado para el desarrollo de los trabajos legislativos de este día.
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar, mañana viernes 9 de diciembre, a las 10.00 horas.
APENDICE 1
«Diputado Jesús Ortega Martínez, coordinador del grupo parlamentario del PRD.
Con fundamento en lo que establece el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta a la plenaria de la Cámara de Diputados, el siguiente
VOTO PARTICULAR EN CONTRA DEL DICTAMEN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1993
1. Importancia de la revisión de la Cuenta Pública y deficiente marco general de esta trascendente obligación durante 1993.
El Partido de la Revolución Democrática, sostiene que la práctica y el marco general con los cuales se ha venido revisando la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, presentan elementos de insatisfacción de tal importancia, que prácticamente han convertido al que debería ser un ejercicio de democracia republicana y expresión de la división de los poderes de la Unión, en solo un intrascendente ritual anual, destinado a convalidar el manejo fiscal del Poder Ejecutivo y no revisarlo como ordena la Constitución.
La revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1993, realizada por las legislaturas LV y LVI, no ha sido la excepción en este sentido, a no ser porque en el seno de las nuevas mesas directivas de la Comisión de Vigilancia y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se han dado muestras de que podría haber en el futuro próximo, una mayor receptividad a las preocupaciones y propuestas de los distintos grupos parlamentarios, en la perspectiva de convertir el actual ritual, en la verdadera práctica de fiscalización que ordena la Constitución. Serán los hechos futuros los que establezcan si estas muestras de mayor receptividad se traducen o no en hechos relevantes para mejorar sustancialmente la calidad de la revisión de la Cuenta Pública.
La revisión de la cuenta correspondiente al año fiscal de 1993, por lo pronto, ha adolecido de los viejos problemas e insuficiencias. Estos problemas están determinados por la combinación de elementos de diversa naturaleza, entre los cuales destacan:
1) Un marco normativo anticuado y deficiente, que no está acorde ni con las necesidades políticas y técnicas, ni con las correspondientes posibilidades, de una fiscalización eficaz, plural, moderna, expedita y transparente de la Cuenta Pública;
2) La práctica de la subordinación de los diputados del partido de estado a los planteamientos del Poder Ejecutivo, que ha evitado hasta ahora que la cámara, o su órgano técnico, profundicen en su primordial tarea fiscalizadora;
3) La insuficiente atención de la Comisión de Vigilancia y de la plenaria de la Cámara de Diputados, a la calidad, eficiencia y productividad de los trabajos del órgano técnico, que es la Contaduría Mayor de Hacienda;
4) Lo anterior ha derivado, entre otras cosas, en la poca seriedad con la cual algunas dependencias del Ejecutivo han atendido a su obligación de informar con precisión a la Cámara de Diputados y a la Contaduría Mayor de Hacienda, sobre el ejercicio fiscal y presupuestal.
En lo que se refiere a la pobreza del marco normativo para la revisión de la cuenta, baste con recordar, para ejemplificar, los problemas de falta de oportunidad y premura que imponen.
Respecto a la falta de oportunidad, la propia Constitución establece que la Cuenta Pública sea entregada por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, seis meses después de culminado el ejercicio presupuestal. Desde ese momento, la Contaduría Mayor de Hacienda, dispone con un plazo de cinco meses más, para presentar su informe previo a la Cámara de Diputados, la que conoce de la opinión consolidada de su órgano técnico, cuando está ya concluyendo el proceso de revisión de la cuenta. Entre otras inconveniencias de este inadecuado calendario, ocurre que la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal anterior se viene terminando cuando prácticamente está también concluyendo el ejercicio fiscal del año siguiente al que se revisa, empalmándose además con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del segundo ciclo fiscal siguiente al que se revisa.
Este inadecuado esquema temporal, además de congestionar el trabajo en la Cámara de Diputados, propicia que las recomendaciones y observaciones que pudieran devenir de la revisión de la Cuenta Pública, tendientes a superar problemas, desviaciones, e incluso evitar malos manejos de la Hacienda Pública, puedan tener aplicación, sólo hasta dos o tres años después de que han sido detectados. Esto da pie a la persistencia de ineficiencias, a una alta e indeseable discrecionalidad por parte del Ejecutivo en el uso de los recursos públicos, e incluso de un ambiente propicio para la impunidad en los casos de manejos ilícitos de la Hacienda Federal.
La realidad mexicana hoy exige una fiscalización expedita y efectiva de la Hacienda Pública por parte de la Cámara de Diputados, justo cuando los medios técnicos modernos lo hacen totalmente factible. El PRD, ha presentado en las legislaturas anteriores, iniciativas de reformas de las leyes para, dar una mayor oportunidad a la revisión de la Cuenta Pública, acortando el plazo de su presentación a la cámara por la Secretaría de Hacienda y simultáneamente ampliar el tiempo para que esta soberanía y su órgano técnico puedan realizar una verdadera fiscalización. Al respecto hemos propuesto que la Cuenta Pública Federal, sea entregada a la Cámara de Diputados un trimestre después de terminado el ejercicio fiscal que se examinará, esto es, dentro de los 10 primeros días del mes de abril. También propusimos que el informe previo que realiza la Contaduría Mayor de Hacienda sea entregado a la Comisión de Vigilancia en los primeros diez días del mes de julio y el informe de resultados sea entregado en los primeros 10 días del mes de septiembre. Habremos de retomar y actualizar estas propuestas ante esta soberanía, con la esperanza de que en esta legislatura demos los pasos definitivos para eliminar el carácter ritual de nuestra importante responsabilidad fiscalizadora.
Para ilustrar la escasa atención que el Ejecutivo ha prestado a los requerimientos que la Cámara de Diputados y sus integrantes de diverso perfil político y representativo, le han planteado, basta un solo ejemplo: la Comisión de Presupuesto, Programación y Cuenta Pública, nos ha presentado ya un decreto aprobatorio de la Cuenta Pública Federal de 1993, sin que esta cámara hubiese contado con la información básica necesaria, referida al número de causantes que existen en el país y el monto de las contribuciones que le pagan a la Federación, desagregados estos datos por tipos de impuesto, rangos, actividad económica y por región a la que pertenecen los causantes.
El grupo parlamentario del PRD, ha solicitado desde años atrás, que esta información se proporcione a esta soberanía a través de la comisión correspondiente y ha recibido en varias ocasiones, por parte de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la seguridad de que la misma le será entregada. Es fecha, sin embargo, en que no se ha logrado hacer realidad este objetivo.
Tampoco ha contado esta soberanía, con información detallada y suficiente para su análisis en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1993, sobre la desincorporación de los activos públicos, realizada durante el año fiscal de referencia.
Por otro lado, las explicaciones dadas por los funcionarios de los distintos ramos del Ejecutivo, en las comparecencias ante las comisiones de la cámara, con demasiada frecuencia no expresan, una verdadera voluntad de aclarar los manejos no suficientemente explicados o justificables.
En este contexto, año con año ha sido aprobada la Cuenta Pública Federal y pretende darse por revisada hoy la correspondiente a 1993.
2. Los efectos macroeconómicos de la política fiscal ejercida en 1993.
El dictamen que está en discusión, reconoce a propuesta nuestra, que algunas de las metas económicas aprobadas por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 1994, no se cumplieron. Es el caso del bajo crecimiento del producto interno bruto que apenas alcanzó un 0.4%, inferior, tanto a la cifra original fijada en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 (cerca del 6.0% anual), como a la meta ajustada anual del 2.5 al 3.0%, propuesta a esta soberanía, por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el invierno de 1992.
En la medida que la cifra de crecimiento fue inferior a la tasa de aumento de la población, durante 1993 se produjo un retroceso en el nivel del producto por habitante. Por sus implicaciones, este hecho merece un cuidadoso análisis que discierna en que medida la desaceleración de la economía fue resultado de situaciones externas o de la política económica aplicada.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sostiene que el impacto negativo de la política económica en esta desaceleración no está adecuadamente reflejada, ni en la Cuenta Pública, ni en el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, ni en el proyecto de dictamen.
Desde el debate del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación de 1993, sostuvimos que era un error persistir en la política económica restrictiva orientada alcanzar un improcedente superávit en las finanzas públicas y que este error multiplicaría sus efectos negativos sobre la economía, de llevarse a cabo en el contexto de un acelerado pro- ceso de apertura y de inciertas expectativas, por la negociación del TLC.
El impacto negativo de esta estrategia se agudizó aún más al registrarse un aumento de los ingresos del sector público, superior al esperado, reduciéndose así el poder de demanda del sector privado. Para importantes segmentos del sector productivo mexicano esto ha representado pagar más impuestos y recibir menos servicios.
Una de las importantes palancas de las cuales dispone el sector público para impulsar, tanto el dinamismo económico y el del empleo, lo constituye la inversión pública. Este rubro, aun cuando se sobregiró respecto al bajo nivel programado para 1993, en su ejercicio presupuestal se redujo en 1.7% real respecto a 1992.
Los pobres resultados obtenidos en materia de crecimiento en 1993, demuestran que hemos tenido razón al sostener que los niveles actuales de la intervención del Gobierno en la economía no son capaces de inducir a la economía mexicana a desarrollar su capacidad potencial.
3. Una crítica al ejercicio presupuestal del ramo 23. "Erogaciones no sectorizables " y al ramo 26 "solidaridad y desarrollo regional".
El PRD se opuso en su momento al elevado monto que la mayoría priísta aprobó para el presupuesto del ramo 23 "erogaciones no sectorizables" en 1993. Argumentamos entonces, que la elevada cifra no se justificaba y que en cambio otorgaba una amplia discrecionalidad en la asignación del Presupuesto de Egresos al Poder Ejecutivo y que estos inade- cuados márgenes de discrecionalidad anulan en los hechos, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lo ocurrido en el ejercicio presupuestal del año que comentamos confirma que teníamos la razón. De los 25 mil 813.5 millones de pesos nuevos autorizados al ramo, se nos informa que sólo se ejercieron directamente 5 mil 657.6 millones de pesos. 20 mil 155.9 millones de pesos se transfirieron, a criterios del Ejecutivo, a otras entidades y dependencias y bien dice el dicho, que el que parte y comparte se queda con la mejor parte: fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la dependencia que en mayor medida fue autobeneficiada por las transferencias ordenadas por ella misma. Por este camino se destinó el 15.6% de las transferencias mencionadas, con lo cual Hacienda duplicó más su ejercicio presupuestal respecto a los recursos que esta cámara le había autorizado. Desafortunadamente, ni la Cuenta Pública, ni en el informe previo, ni en las versiones estenográficas de las comparecencias de los funcionarios que acudieron en los meses pasados a discutir con los legisladores de la LV Legislatura, encontramos una explicación, una justificación convincente, de este notable desvío de recursos.
Los resultados del ejercicio presupuestal del ramo 23 "erogaciones no sectorizables" dejan claro que sólo un porcentaje menor de este rubro se destino a los dos conceptos que supuestamente lo justifican: cobertura para los aumentos salariales de los trabajadores al servicio del Estado y atención a las contingencias y los gastos no previsibles que necesariamente generan. Los recursos destinados a este ramo 23 deben y pueden reducirse de manera muy importante, dejándose sólo aquellos estrictamente justificables. No es admisible que este ramo siga absorbiendo en el futuro recursos que, como en 1993, representaron el 21.35% del gasto programable aprobado para el Gobierno Federal.
La Cuenta Pública y el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, permiten confirmar que el ramo 26 "solidaridad y desarrollo regional" se ejerció una vez más sin que se haya cumplido con el ordenamiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público que en su artículo 13 ordena textualmente que: "el gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán con el apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de ejecución".
Ciertamente que parte de la responsabilidad de que el presupuesto del ramo 26 se haya aprobado sin cumplirse con este requisito legal, es de aquellos legisladores que prefirieron alinear su punto de vista a las preferencias del Ejecutivo, antes que someterse a lo que establece la letra y el espíritu de la ley que hemos citado.
El grupo parlamentario del PRD se opuso entonces, a este ilegal curso que dio lugar a un manejo discriminatorio, clientelar y partidista de los recursos del Programa Nacional de Solidaridad. Estas prácticas presupuestales que son ilegales e inequitativas deben desterrarse.
Por otro lado, preocupa la supeditación de los criterios utilizados por la Contaduría Mayor de Hacienda, al no referir un solo comentario al hecho de que los recursos del ramo 26 no se ajustaron, ni en su aprobación, ni en su ejercicio, a los establecidos por la ley que hemos citado.
4. Análisis Sectorial.
Sector desarrollo rural
Las causas del desastre agrícola mexicano no se ubican en el régimen de la tenencia de la tierra, sino en el deterioro de la rentabilidad agropecuaria y en la caída de la inversión pública y en general de los programas para el fomento del agro. No obstante, la solución que el salinismo propuso a esta crisis consiste en tres líneas fundamentales (de acción y de omisión):
1. La profundización de la política que hemos referido de abandono gubernamental de toda política de fomento al desarrollo agropecuario;
2. La contrarreforma agraria contenida en el cambio del artículo 27 constitucional y
3. La liberalización comercial que se pretende consolidar y totalizar con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
Para tener una idea más clara del peso que el Gobierno ha dado al campo en los últimos años, citaremos que en 1982, el gasto en desarrollo rural representó el 13.4% del gasto programable del sector público, en 1988 sólo el 5.6%, en 1989 el 5.5% y en 1993 el 5.1%, el nivel más bajo en la historia contemporánea del país.
Con relación al presupuesto original aprobado por la Cámara de Diputados para este sector, en 1991 dejó de ejercerse el 11.8% del mismo, en 1992 tuvo un sobregiro del 0.8% y en 1993, año que nos ocupa, no se ejerció el 14.9%.
En términos reales, esta política implicó, en 1993, una tasa de crecimiento cero en el gasto programable del sector rural. Este sorprendente recorte tuvo como consecuencia, entre otras cosas, que la producción total de los 10 cultivos básicos del país decreciera 4.7%, al pasar de 28 millones 316 mil toneladas en 1992 a 26 millones 976 mil en 1993.
No obstante, tanto en el dictamen como en el informe de la Cuenta Pública, se asegura que esta reducción en el gasto fue sin demérito de la actividad agropecuaria en su conjunto y que su evolución y resultados fueron favorables y satisfactorios. El Partido de la Revolución Democrática, consciente de la grave crisis por la que atraviesa el campo y de la necesidad de incrementar la inversión en él, propuso que los recursos asignados por el Ejecutivo al sector en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, se incrementaran en 10.0%. La presión tanto del PRD como de otros partidos fue muy grande y finalmente la mayoría priísta accedió a aprobar, en el pleno de la Cámara de Diputados, un incremento del 2.3%. No obstante, como ya vimos, no se ejerció el 14.9% del presupuesto original.
Sector solidaridad y desarrollo regional
El Gobierno sostiene que la estrategia de combate a la pobreza "debe estar en consonancia con la política económica nacional, concibiendo el crecimiento económico con justicia social como el elemento clave para propiciar un aumento en el ingreso de los grupos que menos tienen". No compartimos esta concepción, porque la situación de pobreza que viven 24 millones de mexicanos y de pobreza extrema que padecen 17 millones, es producto principalmente del modelo de crecimiento y de las políticas de ajuste aplicadas desde 1982. Es necesario puntualizar, que tanto la política salarial como la antiinflacionaria son parte fundamental de este modelo y que éstas, junto con la permanencia de un inequitativo Pece y de políticas fiscales y monetarias contraccionistas, implican un crecimiento sofocado de la economía. La tasa de crecimiento buscada por el Gobierno, como es sabido, debe ser compatible con una tasa de inflación que se acerque a un dígito y, por lo tanto, es muy baja, insuficiente ante los urgentes requerimientos económicos del país (el crecimiento programado para 1993 en el Plan Nacional de Desarrollo era de 6.0%, sin embargo, sólo alcanzó una tasa del 0.4% como consecuencia de estas políticas contraccionistas). El desempleo es el más grave y directo resultado de este ritmo de crecimiento, cuando debiera ser el principio básico a combatir en cualquier programa que pretenda con seriedad acabar con la pobreza. En conclusión, programas como solidaridad no constituyen una solución real a este programa. La política económica debe ser el principal instrumento para alcanzar el objetivo de la equidad social.
Como lo hemos señalado en múltiples ocasiones, el Pronasol constituye uno de los instrumentos políticos más importantes de la pasada administración por perseguir dos objetivos bien definidos: fortalecer la figura presidencial y recorporativizar a los sectores sociales en favor del proyecto del Gobierno.
Por otro lado, los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados cada año para el ramo 26 han constituido una verdadera excepción a lo que ordena la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal vigente que en su artículo 13 ordena textualmente "el gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de ejecución. Los presupuestos se elaborarán para cada año calendario y se fundarán en costos".
La utilización de los recursos y la presentación poco diáfana de la información de este ramo en la Cuenta Pública requieren también una crítica severa.
Los recursos autorizados al ramo 26, solidaridad y desarrollo regional, por el Congreso de la Unión para 1993, ascendieron a 7 mil 747.4 millones de nuevos pesos, de los cuales se ejercieron 7 mil 354.0, por lo que hubo una reducción del 5.1%. No obstante, en la Cuenta Pública se asegura que parte importante del presupuesto autorizado a este ramo se dirigió a diversas dependencias y entidades que ejecutan proyectos concertados en el marco de solidaridad, estos recursos ascendieron a 905.0 millones de nuevos pesos, que sumados al presupuesto ejercido arrojan un total aplicado de 8 mil 259 millones de nuevos pesos.
Es injustificable la práctica repetida de "enmarcar" en el Pronasol programas que no estaban incluidos originalmente en las acciones de distintos sectores y que finalmente utilizaron sus recursos.
Sector pesca
El gasto ejercido por el sector pesca ascendió a 323.7 millones de nuevos pesos, cifra inferior en 11.3% real a las erogaciones del ejercicio precedente; comparado con la asignación anterior fue prácticamente similar. La variación anual se explica fundamentalmente por el menor monto de los apoyos fiscales asignados a las entidades coordinadas, donde destaca la eliminación de los subsidios a Ocean Garden Products, Inc. y la reducción del 51.3% real en los asignados al Instituto Nacional de la Pesca.
En 1993, el producto interno bruto del sector registró un incremento del 5.3%. Esta evolución permitió la generación de poco más de 6 mil nuevos empleos, equivalente a un crecimiento de 2.0%. Por fase de actividad 53.2% de la ocupación se dedicó a la captura, 26.5% a la acuacultura, 9.6% a la industrialización, 8.8% a la comercialización, 1.5% a la administración y 0.4% a la infraestructura.
No obstante, el volumen de la producción pesquera nacional registró una disminución anual de 3.7%. Las autoridades dan la explicación de que "a pesar de los esfuerzos realizados durante el año en la modernización del sector, la persistencia de fenómenos oceanográficos y climatológicos adversos afectaron la disponibilidad de nutrientes y la reproducción de algunas especies, en particular la sardina y la anchoveta, las cuales tradicionalmente han contribuido en forma significativa a la oferta total".
Desde nuestro punto de vista, los fenómenos climatológicos y oceanográficos juegan, por supuesto, un papel importante en la producción pesquera. Sin embargo, nada se dice de la parte, la más importante, que juega la reducción en el gasto en estos resultados.
Es de todos conocida la crisis por la que atraviesa este sector. Por ello, el Partido de la Revolución Democrática propuso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, el planteamiento del Ejecutivo de otorgar 325.80 millones de nuevos pesos a este sector se incrementara a 641.73, es decir, 97.0%, dado el abandono de que ha sido objeto esta actividad y la raquítica base de que se partía.
De esta forma, no sólo no se aceptó la propuesta del PRD, sino que se autorizó un presupuesto menor, tanto en términos reales como corrientes, al ejercido en 1992 y aún más, no se ejercieron en su totalidad estos recursos. La variación del presupuesto ejercido sobre el original efectivamente es mínima, 0.6%, pero no olvidemos que se trata de un sector en crisis, cuyas necesidades van en aumento y no en relación directa a los requerimientos decrecientes de la planta paraestatal hoy muy avanzada en el proceso de privatización.
Para documentar la crisis de la que hablamos baste citar los siguientes datos: la producción pesquera nacional decreció 3.7% al disminuir de 1 mil 246.4 miles de toneladas en 1992 a 1 mil 200.7 en 1993; la captura pasó de 1 mil 077.0 miles de toneladas en 1992 a 1 mil 035.7 miles de toneladas en 1993, lo que implicó un decremento del 3.8%; la acuacultura se redujo 2.6% en este periodo y dentro del proceso de industrialización de productos del mar la materia prima procesada sufrió un decremento del 3.8% al pasar de 584.5 mil toneladas en 1992 a 562.3 en 1993, finalmente los productos terminados disminuyeron 2.8% en este periodo.
La explicación del incremento del PlB pesquero se encuentra en la reorientación de la actividad hacia la producción de especies de alto valor comercial.
El saldo de la balanza comercial ascendió a 325.1 millones de dólares superior en 5.9% al registrado en 1992. Lo anterior se explica por el aumento de las exportaciones a una tasa anual del 12.6%, atribuible al favorable desempeño de las ventas de camarón, atún y abulón, con crecimiento de 29.9, 27.1 y 5.5%, respectivamente.
Si bien exportar constituye uno de los objetivos a seguir, con objeto de diversificar nuestra planta productiva, de obtener divisas y generar empleos; sabemos que exportar sin una planeación y sin objetivos de bienestar social bien definidos, únicamente llevará a una concentración mayor de la riqueza, del avance tecnológico y en materia de autosuficiencia alimentaria se avanzará poco.
Sector educación
El gasto ejercido por el sector educación durante 1993 fue de 45 mil 964 millones de nuevos pesos, cifra superior en 3.1% a la del presupuesto original y en 15.9% en términos reales respecto al gasto de 1992. Sin embargo, aunque se pretende modificar la tendencia de la década pasada caracterizada por la disminución del gasto real año con año, aún es insuficiente lo que se está realizando en este rubro. Respecto a la participación del sector educativo dentro del PIB en 1982, era del 3.8% y en 1993, fue del 4.1%, lo cual significa que en este aspecto apenas se están superando los niveles alcanzados a principios de la década anterior. Además, es necesario señalar que en este sentido, el país está todavía lejos de alcanzar la recomendación de la UNESCO de destinar el equivalente al 8% del producto al gasto en educación.
Con los datos anteriores queda claro que aun cuando el Gobierno Federal proclama con énfasis su interés en el bienestar social, en los hechos los niveles presupuestales asignados en este caso específico al sector educativo, todavía son bajos para elevar el nivel, la calidad y el acceso a los servicios educativos, aspectos muy deteriorados en la educación de nuestro país.
Asimismo, al revisar la Cuenta Pública Federal de 1993 nos encontramos con que aún existen enormes rezagos en materia educativa y se siguen padeciendo problemas como la disminución de la matrícula escolar; problemas en la satisfacción de la demanda educativa especialmente en los sectores de bajos recursos de la sociedad; los resultados cualitativos de la educación dejan mucho que desear; disminución en la producción de libros de texto; deterioros en los indicadores de eficiencia educativa; metas de infraestructura planeadas no alcanzadas en fuertes proporciones; bajos niveles en los programas y resultados deportivos; mínima atención a la investigación y a la tecnología y una casi nula motivación económica y social para los maestros.
Sector salud y seguridad social
Los recursos de este sector ascendieron en 1993 a 46 mil 147 millones de nuevos pesos, monto inferior en 2.6% respecto al presupuesto original y su participación dentro del PIB en 1993, fue del 4.1%, todavía lejos de acercarnos a la proporción recomendada por organismos internacionales de asignar al sector salud el 6% del producto. Si bien es cierto que una solución pronta y satisfactoria para atender las necesidades en Salubridad de las mayorías no consiste sólo en incrementar el monto de los recursos, sino también en su asignación oportuna y eficiente, es innegable que una proporción elevada de gasto en salud es requisito primordial para enfrentar la actual situación del sector.
El gasto en el sector debería tener como uno de sus objetivos primordiales, la infraestructura física como base para ampliar la cobertura de atención a la población, así como poner gran énfasis en la atención preventiva más que en la curativa y fomentar y apoyar la investigación médica.
Respecto a la infraestructura se tenía proyectado tanto en el sector salud en general, así como en institutos de atención a la salud como el IMSS y el ISSSTE construir, ampliar o remodelar clínicas, hospitales, unidades de medicina general, entre otras. Sin embargo, al revisar los resultados programáticos de estos proyectos nos encontramos con que la mayoría de estas obras fueron cumplidas y tuvieron variaciones negativas de cumplimiento y en su mayoría del 100%, es decir, que no se hizo absolutamente nada para cumplir con los programas planeados. Consideramos que es necesario cumplir con las metas proyectadas de infraestructura, no sólo por presentar resultados positivos en las cifras, sino, porque no construir estas unidades de atención, implica no atender a un gran número de mexicanos que tienen el derecho de recibir atención médica.
Asimismo, en varios de estos programas, a pesar de que no se llevaron a cabo, es decir, en la columna de metas alcanzadas de la Cuenta Pública en el ramo sectorial de salud se dice que no se lograron las metas, sin embargo en la columna de presupuesto ejercido se declaran miles de nuevos pesos gastados. Ni la Cuenta Pública, ni los funcionarios públicos nos dieron las razones de estos resultados.
Aunado a lo anterior, se observa un desorden general en el sector en cuanto a disminuciones, aumentos y traslados de recursos de unos programas a otros, lo cual resulta preocupante, pues, esto provoca distorsiones presupuestales lo que hace difícil evaluar los resultados de cada uno de los programas previstos. Asimismo, esto manifiesta deficiencias en cuanto a la planeación de programas y objetivos.
Sector desarrollo urbano, vivienda y ecología
Este sector puede ser considerado como uno de los sectores que menores asignaciones recibe dentro del presupuesto del Gobierno Federal. Así, en 1993, no sólo se le asignaron recursos reducidos e insuficientes, sino que el gasto ejercido fue inferior en 3.9% respecto al presupuesto ejercido durante 1992. Asimismo, cabe mencionar que la participación de este sector dentro del PIB es muy bajo, en 1993 representó solamente el 0.4% del PIB total, porcentaje que no ha superado de manera considerable la participación de este sector en el PIB desde hace 10 años.
Por otro lado, al revisar el ejercicio programático, es decir, lo que se logró en términos de programas, subprogramas, proyectos y metas, nos encontramos con lo que año con año se repite de manera muy especial en este sector. Se registran una cantidad impresionante de irregularidades en las metas y en los presupuestos programados. Se localizan modificaciones en las metas físicas respecto a las originalmente planeadas, lo que representa en la mayoría de los casos, variaciones negativas que van del 50 al 100%. De la misma manera, se encuentran modificaciones a las asignaciones presupuestales que en ocasiones representan elevaciones en el gasto muy fuertes respecto a los montos originales y en otros casos, en la mayoría de ellos, no se ejerce el presupuesto en proporciones que van del 52 hasta el 100%. Es decir, en la mayoría de los casos, los resultados presupuestales presentan variaciones negativas muy altas.
En general, el sector no actuó de manera eficaz a las demandas más sentidas de la población, como son: los servicios y el equipamiento urbano, la vivienda, la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura hidraúlica y la conservación del entorno natural y cuidado del equilibrio ecológico. En algunos casos, los resultados negativos se deben a que definitivamente no se cumplieron las metas y en otros a la transferencia de recursos de unos programas a otros.
Esta situación, en primer lugar, provoca una distorsión presupuestal que hace difícil evaluar los resultados de cada uno de los programas previstos y en segundo lugar, eso manifiesta serias deficiencias en cuanto a la planeación de los programas y objetivos con el fin de ejecutarse, aspectos de los cuales carece este sector, ya que año con año sucede lo mismo, no se cumplen las metas físicas y presupuestales y las variaciones negativas respecto al original son muy altas. Por ello, hacemos una llamada de atención, esperando una respuesta positiva para los siguientes ejercicios y resultados presupuestales, en los que esperamos se trabaje y se cuide la elaboración de los planes, para que se actúe de acuerdo a ellos y así se presenten mejores resultados que los obtenidos el año anterior.
Sector comunicaciones y transportes
El gasto del sector comunicaciones y transportes en 1993, ascendió a 11 mil 29.7 millones de nuevos pesos, cifra superior en 13% al autorizado originalmente y en 7.1% en términos reales respecto al gasto ejercido en 1992. La mayor parte del gasto en que se excedió el sector, fue debido al exceso de gasto en algunas metas no sustantivas de la administración central de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Consideramos que buena parte de este gasto se orientó a la modernización de infraestructura de telecomunicaciones y transportes, en beneficio de grandes empresas privadas.
Por otra parte, es importante señalar que aun cuando el gasto ejercido fue superior al originalmente autorizado, diversas metas no se lograron, tales como reconstruir tramos federales, carreteras de cuota y puentes, metas que quedaron por abajo de lo programado en 42.8%, 11.6% y 11.1% respectivamente. Esto es sólo un ejemplo de lo que sucedió en este sector durante 1993.
Sector comercio y fomento industrial
El gasto ejercido en el sector ascendió a 9 mil 422 millones de nuevos pesos, cifra que representó un incremento anual de 34.9% en términos reales y de 59.4% respecto a la asignación original, lo que se explica principalmente por las mayores erogaciones de la Conasupo y de la Secofi.
Sin embargo, se ha dado una importación indiscriminada de leche en polvo por parte de empresas privadas a bajo precio, lo que ha dado lugar a una competencia desleal contra los pequeños y medianos productores nacionales de leche bronca.
Debido a la importación de maíz muy por abajo del precio de garantía de la Conasupo, aunada a una mayor producción de maíz y a una política de precios internacionales, han tenido reprimidos el precio del maíz, por lo que no es rentable para los pequeños y medianos agricultores del país.
En general, las autoridades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial han dado todo tipo de facilidades y seguridades a los inversionistas extranjeros para atraer inversión extranjera, dejando de lado a los pequeños y medianos empresarios mexicanos.
Sector trabajo y previsión social
El gasto ejercido en el subsector fue de 327.7 millones de nuevos pesos, superior en 20% respecto al presupuesto original y en 7.4% real al registrado en 1992.
Sin embargo, a pesar de estos fuertes incrementos en el gasto de este sector, la política represiva de las autoridades laborales en 1993 fue una constante hacia la clase trabajadora del país, por lo que el cumplimiento de las metas de conflictos obrero-patronales no se alcanzaron en una proporción muy alta. De un total de 600 originalmente programadas, se alcanzaron 274, incumpliéndose las metas originales en un 46%.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.- LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- 8 de diciembre de 1994.- Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.- Rúbricas.»