SUMARIO
De conformidad con la fracción IV, párrafo segundo del artículo 74 y del segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace uso de la palabra el doctor Jaime Serra Puche, quien da cuenta con los criterios de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Egresos de la Federación, correspondientes a 1995.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que envía iniciativa de reformas y adiciones a dicho ordenamiento. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa de reformas y adiciones a dicho ordenamiento. Se turna a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social.
Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto relativo a su revisión. Se dispensa la lectura. Es de primera lectura.
Hace uso de la palabra el diputado Oscar Levín Coppel, quien presenta un pronunciamiento firmado por 29 de los 30 miembros de dicha comisión, apuntando las bases de su programa de trabajo.
Fundamentan las posiciones de sus grupos parlamentarios, los diputados:
María del Carmen Segura Rangel
Graciela Rojas Cruz
Joaquín Humberto Vela González
José Rafael Castelazo y de los Angeles
El diputado Guillermo Alberto Luján Peña, denuncia hechos políticos en esa entidad.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales hacen uso de la palabra los diputados:
Oscar Villalobos Chávez
Cruz Pérez Cuéllar
Héctor González Reyes
Salvador Beltrán del Río Madrid
Mario de la Torre Hernández
Manuel de Jesús Espino Barrientos
Oscar Villalobos Chávez
Manuel Marcué y Pardiñas
Juan Antonio García Villa
Sergio Vázquez Olivas
Juan Antonio García Villa
Oscar Villalobos Chávez
Manuel de Jesús Espino Barrientos
Lorenzo Miguel Lucero Palma
Cruz Pérez Cuéllar
De la próxima sesión.
Presidencia de la diputada
Carlota Guadalupe Vargas Garza
ASISTENCIA
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario Tito Rubín Cruz:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia.
La secretaria Martina Montenegro Espinoza:
Señora Presidenta, hay una asistencia de 367 diputados, por lo tanto, hay quorum.
La Presidenta (a las 11.16 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Martina Montenegro Espinoza:
Vamos a proceder a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— LVI Legislatura.
Orden del día
9 de diciembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Presentación de iniciativas del Ejecutivo.
Por el doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público.
Criterios Generales de Política Económica para 1995.
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995.
Informe de Aranceles.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995.
Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales. (Miscelánea.)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con el que se remite la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Seguro Social.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto, relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1993.
Pronunciamiento suscrito por diputados integrantes de diferentes grupos parlamentarios de la LVI Legislatura.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La secretaria Nohelia Linares González:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con quince minutos, del día ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de trescientos cuarenta y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que comunica la designación del auditor externo del Banco de México. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Se da cuenta con una comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con el que se nombra a la representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ante la Comisión de Control de la Contaminación Ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Se aprueba.
La misma Secretaría da lectura a un punto de acuerdo respecto de las carteras vencidas de los productores del campo, mismo que en votación económica se aprueba.
Para rectificar hechos al respecto, se concede el uso de la palabra a los diputados: Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; Eric Eber Villanueva Mukul, del mismo partido, en dos ocasiones; Desiderio Camacho Garibo, del mismo partido; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Gabino Fernández Serna, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Humberto Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional; Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Rafael Jacobo García, del Partido de la Revolución Democrática; Salvador Becerra Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Jorge Adolfo Cejudo Díaz, del Partido Revolucionario Institucional; Augusto César Leal Angulo, del Partido Acción Nacional y Jorge Abel López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del decimosexto aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Higuera Osuna, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de abrogación de la Ley del Impuesto al Activo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se da primera lectura a ocho dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con sendos proyectos de decreto, que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Luis Carlos Ruano Angulo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala;
Enrique Olivares Santana, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Estado Vaticano;
Edgar Armando Acata Paniagua, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América;
Francisco Javier López y Barredo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Japón;
Miguel Ángel Cáceres Calvillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Reino de Bélgica;
Juan Manuel Romero Rangel, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México y María de la Luz Torres González, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México e
Ivonne Guadalupe Munguía Ballinas y Carlos Parra Patiño, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Son de primera lectura.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, quien impugna la participación en el debate del diputado Antonio Sánchez Gochicoa, presidente de la comisión dictaminadora.
Expresan sus opiniones sobre este tema, los diputados Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y contestar a una interpelación del diputado Campa Cifrián.
También se concede el uso de la palabra a la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone una moción suspensiva y el diputado Ramiro Javier Calvillo Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la moción.
Desde su curul solicita el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Leonel Godoy Rangel y también desde su curul, el diputado Humberto Roque Villanueva solicita que se siga el procedimiento conforme al artículo ciento diez del Reglamento para al Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaría da lectura a dicho ordenamiento y recoge la votación económica que desecha la moción suspensiva.
Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Mariano del Río Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, quien, a nombre de la comisión, fundamenta el dictamen.
Pasa a la tribuna el diputado Raúl Alejandro Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta voto particular de su instituto político, en contra.
Abierto el debate, se concede el uso de la palabra a los diputados: Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo, en contra; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Jorge Humberto Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional, en contra; Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y desde su curul, el diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, solicita que se verifique el quorum.
A solicitud del orador, la Secretaría da lectura al artículo ciento cuatro del Reglamento y continúan debatiendo los diputados: José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, en contra: Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional, quien propone que se modifique el artículo sexto del decreto a discusión.
Presidencia del diputado José Ramírez Gamero
Continúan debatiendo los diputados Roberto Rafael Campa Cifrián, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo, en contra; Luis Alberto Rico y Samaniego, del Partido Acción Nacional, en contra; Alfonso Molina Ruibal, del Partido Revolucionario Institucional, en pro;
Presidencia del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
Raúl Alejandro Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Marcos Efrén Parra Gómez, del Partido Acción Nacional, en contra; Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Cristian Castaño Contreras, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y en votación económica desecha la proposición del artículo sexto, hecha por el Partido Acción Nacional y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos cuarenta y nueve votos. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Para referirse a la situación política en el Estado de Chiapas, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; Gabriel Aguilar Ortega, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, para rectificar hechos y en el mismo sentido, los diputados: Tito Rubín Cruz, del Partido Revolucionario Institucional; María del Rosario Robles Berlanga, del Partido de la Revolución Democrática y Froylán Velázquez Hernández, del mismo partido.
Continúa el debate y hacen uso de la palabra los diputados: Fernando Garzacabello García, del Partido Acción Nacional; Abel Trejo González, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del Partido de la Revolución Democrática; Graco Ramírez Garrido Abreu, del mismo partido; Florencio Martín Hernández Balderas, del Partido Acción Nacional; Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, a quien la Asamblea, le autoriza que use más de los cinco minutos reglamentarios para rectificar hechos; René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y proponer un punto de acuerdo respecto a la Comisión de Seguimiento de los Asuntos del Estado de Chiapas; Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del punto de acuerdo y Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del Partido Acción Nacional.
Desde su curul, el diputado García Cervantes solicita que se vote el punto de acuerdo y la Asamblea, en votación económica lo aprueba.
Pasa a la tribuna el diputado Crisoforo Lauro Salido Almada, quien hace una proposición respecto a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que se turna a la comisión correspondiente.
Para referirse a la reunión entre el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León y los miembros de la Quincuagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hacen uso de la palabra los diputados: Francisco Antonio Tenorio Adame, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional; Píndaro Urióstegui Miranda, del Partido Revolucionario Institucional; Ramón Cárdenas Gudiño, del Partido Acción Nacional y Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
Expresa su opinión respecto de la Reunión Cumbre Hemisférica, el diputado Alfonso Martínez Guerra, del Partido Acción Nacional.
Hace comentarios sobre la prisión de un militar mexicano y lo que calificó de apoyo económico del Gobierno de los Estados Unidos de América, hace uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
Para rectificar hechos, la diputada Ana Lilia Cepeda de León, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintidós horas con cuarenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, viernes nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
La Presidenta:
De conformidad con la fracción IV, párrafo segundo de los artículos 74 y 93 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asiste el doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público, para entregar las iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1995.
En virtud de que se encuentra en el salón de recepción de esta Cámara de Diputados, el ciudadano secretario doctor Jaime Serra Puche, se designa en comisión para recibirlo e introducirlo a este recinto, a los siguientes diputados: Francisco Suárez y Dávila, Juan Antonio García Villa, Joaquín Humberto Vela González, Raúl Alejandro Livas Vera, Antonio Sánchez Gochicoa, María del Carmen Segura Rangel, Serafín Núñez y María Leticia Calzada Gómez.
Se les ruega a los señores diputados cumplan con su cometido.
(La comisión designada cumple su cometido.)
Tiene la palabra el doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público. Se le ruega pasar a esta tribuna.
El doctor Jaime Serra Puche:
Señora Presidenta de la LVI Legislatura; diputados; señoras y señores:
En cumplimiento de lo ordenado por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta representación nacional para exponer el contenido y alcances de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, así como el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el mismo ejercicio fiscal, que el Ejecutivo Federal presenta a la consideración de esta soberanía.
La Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos exponen en detalle la forma en que el Gobierno Federal ha programado los ingresos de 1995 y la forma en que ejercerá el gasto público durante el próximo año. Para apoyar los análisis anteriores también se presenta el documento que contiene los Criterios Generales de Política Económica para 1995.
Estos documentos incluyen un análisis del comportamiento de la economía mexicana en 1994, formulan consideraciones sobre las tendencias de la economía internacional y fijan los objetivos de instrumento de la política económica de México para 1995. Así, esta Cámara podrá examinar y, en su caso, aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos.
Por mi parte, en la fecha en que se me indique, estaré a disposición de esta Cámara para brindar informaciones adicionales o explicaciones detalladas conforme ustedes lo requieran.
Con su venia, señora Presidenta, permítaseme ahora exponer brevemente las líneas generales de estos documentos.
Empiezo por el comportamiento de la economía mexicana en 1994. Con base en la información disponible, se estima que la economía en su conjunto habrá crecido al concluir el presente año a una tasa del 3.1%, tasa superior a la del aumento de la población.
Sin embargo, no fue un año fácil. Por un lado, los trágicos acontecimientos que se sucedieron a lo largo de 1994, causaron incertidumbre y, por el otro, la inestabilidad de los mercados financieros internacionales propiciaron un repunte de las tasas de interés y un aumento de la paridad cambiaría dentro de su banda.
A pesar de estos dos factores adversos, la actividad económica se fortaleció y el proceso inflacionario mantuvo su tendencia descendente. Se estima que el año concluirá con una inflación del 6.9%, que es el nivel más bajo de los últimos 22 años. La estabilidad de precios estuvo acompañada de los índices de abasto más altos que se han registrado en la economía mexicana.
La reducción de la inflación y el continuo crecimiento de la productividad como resultado de los avances del cambio estructural han permitido un aumento gradual y moderado de las percepciones reales de los trabajadores. Con base en la información disponible para el periodo enero-septiembre de 1994, las remuneraciones reales medias del personal ocupado en la industria manufacturera aumentaron 4.2% en relación con el mismo lapso del año anterior.
En materia de empleo, la recuperación económica ha tenido un impacto favorable, si bien, como es natural en la fase expansiva del ciclo económico, el impacto se observa con algún rezago. Aún así, el número de trabajadores cotizantes permanentes al IMSS aumentó de 8 mil 510 personas en diciembre de 1993, a 8 mil 20 en agosto de 1994, que es la última cifra disponible oficial.
Las finanzas públicas han evolucionado conforme al programa original y se estima que al término del año se registre un equilibrio en el balance económico, este resultado es fundamental para mantener la tendencia descendente de la relación de la deuda pública con respecto al producto interno bruto. Así, se anticipa que la deuda pública neta consolidada con el Banco de México, alcance un monto como proporción del PIB del 22%.
En relación con el sector externo, destaca el crecimiento de las exportaciones, en los primeros nueve meses del año, las exportaciones no petroleras registraron un incremento del 20.5% en términos anuales, esta cifra es superior a la de la tasa de crecimiento de las exportaciones que para el mismo periodo fue de 19.9%.
Las exportaciones de bienes manufacturados alcanzaron un crecimiento anual excluyendo las ventas al exterior de la maquila, de 23.1% con respecto al mismo lapso del año anterior. A lo largo del primer año de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se observa un comportamiento muy favorable de las exportaciones hacia los Estados Unidos, ya que éstas han mantenido tasas de crecimiento de más del doble de las registradas por las exportaciones del resto del mundo a dicho mercado. Gracias a las perspectivas favorables de la economía, el país ha traído montos importantes de ahorro externo durante los últimos años, lo cual se ha reflejado en saldos superavitarios de la cuenta de capitales. Este considerable ingreso de capitales explica que la cuenta corriente registre un saldo deficitario que en 1994 se estima alcance cerca del 7.6% del producto interno bruto. De este monto, 4.7 puntos porcentuales corresponden a la balanza comercial.
La entrada de capitales es el factor fundamental que determina la evolución de la cuenta corriente en los últimos años; destaca especialmente el comportamiento de la inversión extranjera, que durante los primeros 10 meses de 1994 ascendió a 10 mil 142 millones de dólares, sin incluir los flujos de capital que participan en el mercado de dinero de México. La inversión extranjera acumulada superó en octubre de 1994 la meta prevista para el periodo 1989-1994 en 116%. En suma, la cuenta de capitales tuvo un superávit de 14 mil 313.6 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 1994.
La consolidación de la economía mexicana en 1994, será reforzada en 1995 por las positivas perspectivas de la recuperación de nuestros principales socios comerciales. En Estados Unidos, se presenta una situación favorable de crecimiento con inflación; en Europa, ha comenzado un periodo de recuperación después de la desaceleración que tuvo lugar entre 1991 y 1993. En Japón, se espera que la recuperación económica tenga lugar a finales de este año; es decir ya y el próximo inicio del siguiente.
Con base en el diagnóstico de la economía mexicana en 1994 y de las favorables perspectivas internacionales para 1995, se fijaron los objetivos de la política económica de México para el próximo año, así como los instrumentos para alcanzar dichos objetivos.
Paso ahora, con su venia, a describir los objetivos de la política económica para 1995.
A fin de ofrecer a las familias mexicanas mayores niveles de bienestar, la política económica del presidente Zedillo para 1995, se ha propuesto los siguientes tres objetivos:
1o. Consolidar la estabilidad para situar la inflación en 1995, en 4%. Este objetivo tendrá como base un presupuesto equilibrado, no habrá déficit en las finanzas públicas, con objeto de evitar presiones inflacionarias. Quiero reiterarlo, habrá una estricta disciplina en el ejercicio del gasto público y en el cobro y pago de los impuestos federales.
2o. Iniciar una etapa de mayor crecimiento, con una taza de aumento de la actividad económica de 4%, en 1995, que se refleje en una mayor generación de empleos. El firme compromiso asumido por el gobierno del presidente Zedillo con la estabilidad de precios, creará estímulos adicionales a las nuevas inversiones, en especial a las que requieren de grandes plazos de maduración. Además, el gasto en la inversión crecerá a una tasa mayor a la del gasto corriente; con ello se busca aumentar la inversión global en proyecto de infraestructura básica indispensables para elevar la competitividad del aparato productivo nacional, que también será un estímulo para las nuevas inversiones.
Así, será posible crecer el próximo año a una tasa del 4% que prácticamente más que duplica el crecimiento anual de nuestra población.
3o. Alcanzar un aumento permanente y contínuo a partir de 1995 en el ingreso real de los trabajadores y en el bienestar de las familias mexicanas en un marco de estabilidad con crecimiento, será posible alcanzar este objetivo fundamental que proporciona sentido y orientación a la política económica.
Por una parte, la estabilidad permitirá la recuperación de la capacidad adquisitiva de aquellos que perciben ingresos fijos. Las altas tasas de inflación, como lo sabemos y lo vivimos en el pasado, afectan a la mayoría de la población cuyos salarios quedan rezagados frente al incremento de los precios.
Por otra parte, el crecimiento con estabilidad atrae nuevas inversiones que aparejan la creación de un mayor número de empleos. Además, la apertura comercial ha exigido mayores niveles de competitividad que han favorecido que muchos de los nuevos empleos, sean más productivos y por ende mejor remunerados.
El acceso a empleos permanentes, productivos y bien remunerados, constituye la base sólida, la más sólida para erradicar la pobreza extrema, elevar el bienestar de las familias y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, como lo señala expresamente el documento de criterios que hemos entregado, es indispensable atender las necesidades más urgentes de la población, de ahí que el gasto social en el proyecto de presupuesto que les hemos enviado, presente un incremento sustancial; éste se ejercerá para hacerlo más eficaz, en forma cada vez más descentralizada.
El gasto social, constituye el rubro de mayor importancia del proyecto de presupuesto de gasto que el presidente Zedillo somete a su consideración.
Paso a describir también brevemente, los instrumentos de política económica; empiezo con política tributaria: La propuesta incluida en la iniciativa de Ley de Ingresos ha sido diseñada para otorgar un crédito fiscal a los contribuyentes de menores ingresos, promover la inversión, en especial la de la pequeña y mediana empresa, otorgar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y avanzar en la simplificación fiscal.
Las principales acciones estratégicas son entre otras, las siguientes:
1. Se otorgará un crédito fiscal para los trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos, con el fin de incrementar hasta en un 3% su ingreso disponible.
2. Se reducirá en 10% la tasa del impuesto al activo y se otorgará un plazo de gracia de cuatro años para las nuevas inversiones, así como la reducción de ese gravamen cuando las empresas registren pérdidas en el año fiscal correspondiente, en función del impuesto sobre la renta pagado en los últimos tres años; es decir, se le autorizará a las empresas que deduzcan del pago del impuesto sobre la renta el día de hoy, lo que pagaron en el pasado si hoy no tienen la utilidad suficiente para pagarlo.
3. Se ampliará la tasa de depreciación de los activos intangibles, de 10% a 15%, con el fin de promover la modernización tecnológica. Además, se ampliará en 50% la deducción permitida por aportaciones a fondos destinados a la investigación y desarrollo de tecnología que, como sabemos, es cada vez más importante en el desarrollo tecnológico de las empresas y toma mayor relevancia en un mundo global de competencia abierta.
4. Por vez primera, y me parece que debo reiterar que es por vez primera, se permitirá deducir hasta en un 0.5% de los ingresos totales, para destinarse a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, o sea que habrá un estímulo para que las empresas dediquen recursos específicos a la capacitación de sus trabajadores.
5. Se ampliará de 50% a 75% la tasa de deducción de las inversiones, en equipo destinado a controlar y a combatir la contaminación ambiental.
6. Se ampliará a 25% la tasa de deducción para equipo central y periférico de cómputo, que también representa un incentivo importante para la modernización tecnológica de las empresas.
7. Se han añadido medidas en beneficio exclusivo de las pequeñas y medianas empresas, cuyos ingresos no excedan de 4 millones de nuevos pesos, el valor de sus activos no rebase 7.9 millones de nuevos pesos y el número de trabajadores no sea superior a 170. Las principales medidas son las siguientes:
Se permitirá la deducción inmediata de las nuevas inversiones que dichas empresas lleven a cabo en las tres grandes zonas conurbadas del país: la zona del Distrito Federal, la zona metropolitana, Guadalajara y Monterrey, que hasta hoy no se les permitía a las empresas instaladas y operando en esas zonas, hacer estas deducciones; de ahora en adelante sí se les permitirá, en caso de que ustedes aprueben esta iniciativa de ley.
Se ampliará el límite actual para realizar pagos provisionales trimestrales, de 2.4 millones de nuevos pesos a 4 millones de nuevos pesos de ingresos anuales; es decir, aquellas empresas que tengan ingresos anuales de hasta 4 millones de nuevos pesos, ya en vez de hacer un pago mensual harán un pago trimestral; es decir, en vez de hacer 12 pagos al año, harán solamente cuatro pagos al año y esto simplifica mucho la actividad de la pequeña y mediana empresa. Esto, claro está, significa prácticamente que todas las empresas pequeñas y medianas del país ya pasarán a hacer pagos trimestrales es decir, cuatro pagos al año y no 12 pagos; es decir, un pago por mes. Una simplificación muy importante para la pequeña y mediana empresa mexicana.
Para otorgar mayor seguridad a este tipo de empresas, se propone el establecimiento de un plazo máximo de nueve meses para dar por concluida una visita a su domicilio fiscal. Usualmente las auditorías fiscales llevan más tiempo e interrumpen la actividad en la pequeña y mediana empresa por su tamaño relativo. Aquí se le pone un límite al número de meses que puede durar una auditoría fiscal en este tipo de empresas.
8. Con el fin de dar seguridad jurídica al contribuyente, se establecerán límites mínimos y máximos en las multas que hoy fija la autoridad en función de los ingresos de los contribuyentes; es decir, estará acotada claramente la determinación de multas y no sujeta a la discrecionalidad de una autoridad fiscal, que lo calcula en función de los ingresos del contribuyente; se acotarán en su mínimo y en su máximo las multas, ofreciendo así seguridad fiscal a los contribuyentes.
9. La iniciativa incluye diversas medidas de simplificación fiscal para todo tipo de contribuyentes, en el pago y documentación de sus operaciones, que seguramente ustedes tendrán oportunidad de revisar al leer con detalle la propuesta de ley de ingresos que presentamos y
10. Especial importancia reviste la propuesta de crear un consejo asesor fiscal integrado por expertos de los sectores obrero, campesino, empresarial y académico, así como por profesionistas prestigiados en la materia. Además, se invitaría a este consejo asesor fiscal a los gobiernos de los estados a participar en sus tareas; igualmente podrán participar los especialistas en la materia que así lo deseen, que pertenezcan a los otros poderes de la Federación, interesados en el tema fiscal.
El consejo estudiará a lo largo del próximo año el régimen tributario, a partir del principio rector de finanzas públicas equilibradas; es decir, el principio recto de este consejo será que las medidas que tome y proponga se lleven a cabo sin afectar el equilibrio en las finanzas públicas, que como lo hemos explicado, es condición necesaria para un crecimiento estable, que es aquel que nos permitirá generar empleos permanentes en los años por venir.
Paso ahora a presentar los temas ligados con el gasto público.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone elevar el gasto social, incrementar el gasto de inversión en infraestructura básica y ejercer el gasto corriente con mayor eficiencia, entre otros propósitos.
A continuación menciono las principales acciones estratégicas en materia de gasto público:
Primera. Se fortalecerán los programas de desarrollo social para elevar el nivel del bienestar de las familias mexicanas; se canalizarán recursos a estos programas para invertir con particular atención en educación, capacitación y servicios de salud. Ello contribuirá a aumentar la productividad de los trabajadores, elevar sus ingresos y acceder a mejores condiciones de bienestar.
Para el logro de estos objetivos, en 1995 el gasto en desarrollo social se incrementará en 10.9% en términos reales, con relación al año anterior. El rubro que recibirá mayores recursos es el de educación: 24.3% del gasto programable sectorial y un crecimiento de 13.5% en términos reales, con respecto a 1994.
Segunda. El gasto público se orientará primordialmente a combatir las condiciones de pobreza extrema en las áreas urbanas y rurales que presentan mayores niveles de marginación, con especial énfasis en las comunidades indígenas.
El Programa Nacional de Solidaridad, se descentralizará gradualmente para asignar sus recursos de manera más eficaz y promover el desarrollo regional. Los recursos destinados a este programa aumentarán 7.5% en términos reales con respecto a 1994.
Tercera. Se apoyará la inversión en infraestructura básica, destinando recursos por un monto superior del 18.1% en términos reales, a los asignados en 1994. Cabe señalar que con la creación propuesta del Fondo para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Física, se estimulará la inversión privada en este tipo de proyectos. A través de este fondo, el Gobierno participará en el capital de riesgo en forma temporal y minoritaria y cuando así se requiera ofrecerá garantías a los proyectos de inversión. Se estima que con el uso de estos mecanismos, la inversión total pública y privada en infraestructura, crezca en 1995 a una tasa de 25% en términos reales, que significa una tasa de aumento muy importante, que contribuirá a que en la etapa de crecimiento no surjan cuellos de botella que puedan generar costos adicionales al proceso de desarrollo del país.
Cuarta. La estrategia de desarrollo rural se orientará a elevar la producción y la productividad en el sector agropecuario. El incremento en volumen, en valor agregado y en calidad de producción agropecuaria, es condición esencial para el progreso del campo. Las acciones que se proponen concurren para reestablecer la rentabilidad del trabajo en el campo y elevar los ingresos de los productores y trabajadores del sector rural, mediante incrementos en la productividad y mejoras en las condiciones de trabajo.
Los egresos en este sector se incrementarán a un ritmo anual de 5.1% en términos reales, o sea que habrá un aumento de más del 5% en el gasto dedicado al desarrollo rural, con respecto al año pasado, que ya incorporaba los recursos destinados de manera muy importante a los programas de apoyo directo al campo.
Quinta. Cada programa y cada proyecto que se emprenda deberá contener una adecuada evaluación de su impacto ambiental y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de contaminación.
Se tomarán acciones que generen una nueva cultura ambiental que se traduzca en la vinculación del desarrollo con el cuidado del medio ambiente.
Los recursos destinados para atender la inversión en diversas área relacionadas con la ecología, el desarrollo urbano y el agua potable, crecerán en 7.9% en términos reales, con respecto al año pasado.
Sexta. La sociedad demanda un sistema de procuración de justicia moderno, eficiente, confiable y equitativo, que permita a la sociedad desarrollar sus actividades en un ambiente de certidumbre y de seguridad.
El titular del Ejecutivo Federal, ha envidiado al constituyente permanente la iniciativa de ley correspondiente. En consecuencia, y siendo éste un programa prioritario, se incluyen en el decreto de presupuesto de la Federación las previsiones correspondientes para financiar este programa.
Séptima. Con objeto de alcanzar mayor eficiencia en el ejercicio de las funciones y del gasto público, el Ejecutivo está proponiendo una reorganización administrativa mediante reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El proyecto de presupuesto es congruente con dicha propuesta y, de este modo, se busca una asignación más racional de las funciones que ejercen las dependencias federales.
La reorganización administrativa no implica en forma alguna erogaciones adicionales, ni creación de nuevas dependencias o instituciones. Es tan sólo una mejor reasignación de los recursos actuales, que se llevará a cabo con pleno respeto a los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.
Estas siete acciones, se traducirán en un gasto social que alcanzará un monto equivalente al 10.8% del producto interno bruto y representará el 55.2% del gasto programable sectorial.
Es decir, del gasto total que el sector público ejercerá en 1995, más del 55% se dedicará a gasto social.
El nivel previsto del gasto neto devengado total para 1995 aumentará, en términos reales, en 1.9%, con respecto al ejercicio de 1994.
Como ustedes podrán apreciar, señoras y señores diputados, no se trata de un aumento muy grande. El gran esfuerzo de este proyecto de egresos es uno de reasignación, en el que a pesar de que el total crece simplemente 1.9%, hay crecimiento muy notable tanto en el gasto social como en el gasto de inversión, tanto para atender los problemas de pobreza y distribución del ingreso de la nación, como para inducir un crecimiento mayor que genere, en un marco de estabilidad, más y más empleos.
Este monto del gasto neto devengado incluye el gasto programable, las participaciones a entidades federativas que crecen alrededor de 3% en términos reales y el pago de intereses sobre la deuda pública del Gobierno Federal y entidades paraestatales.
Como proporción del producto interno bruto, el gasto neto total será equivalente a 25.6%.
Paso ahora, con su venia, a presentar la deuda externa. El Ejecutivo Federal, solicita a esta soberanía su autorización para ejercer un endeudamiento externo neto máximo del equivalente, en moneda nacional, a 5 mil millones de dólares durante 1995.
Los créditos que se contraten se canalizarán, a través de la banca de desarrollo y en forma prioritaria, a los programas de bienestar social, a las pequeñas y medianas empresas y a la promoción de nuestras exportaciones dentro de las actividades de Bancomext.
Además, se continuará diversificando las fuentes de financiamiento externo, a fin de obtener mejores condiciones en plazos de amortización y en tasas de interés implícitas en esos créditos.
El sector financiero. La política cambiaría mantendrá la banda de flotación establecida, que otorga a las autoridades financieras un margen de maniobra para enfrentar problemas transitorios y que a su vez es totalmente compatible con la meta de inflación establecida para 1995.
En lo que se refiere a los intermediarios financieros y con el fin de promover el ahorro e impulsar el financiamiento competitivo para las empresas y los consumidores, se propiciará una mayor competencia.
El próximo año iniciarán operaciones nuevos intermediarios, tanto nacionales como extranjeros. Además se continuará con la desregulación en esta materia, fortaleciéndose a la vez las medidas prudenciales a fin de brindar mayor seguridad a los ahorradores mexicanos.
Sector externo. Las exportaciones, especialmente las de las manufacturas, continuarán creciendo a tasas altas como resultado de la mayor competitividad nacional y de las favorables perspectivas internacionales, que ya también de manera muy breve me he permitido describir. Gracias a ello, el sector externo proporcionará un impulso adicional al crecimiento económico y, por ende, a la creación de empleos productivos y mejor remunerados.
Las importaciones, a su vez, continuarán reflejando el proceso de modernización de la industria nacional. El fuerte de las importaciones que hoy en día hace la nación, más del 85%, es en bienes de capital y bienes intermedios, demandados por el proceso de modernización de nuestra industria.
Se estima que el déficit de la balanza comercial para 1995, equivalga al 4.6% del producto interno bruto. Este porcentaje es similar al registrado en 1994.
Además, se perfeccionará la política arancelaria a fin de garantizar congruencia a lo largo de las cadenas productivas y se aplicará con toda efectividad el sistema de defensa contra prácticas desleales de comercio, conocido como el antidumping, es decir, evitar competencia desleal de los productos que provienen del exterior.
Las perspectivas favorables de la economía mexicana para 1995, continuarán atrayendo inversión extranjera, tanto directa como de cartera. De esta manera se registrará un superávit en la cuenta de capital en 1995, que será la contraparte de un saldo deficitario en la cuenta corriente.
Promoción de la competitividad. Alcanzar mayores niveles de competitividad es requisito indispensable en una economía abierta. La adecuación del marco jurídico que rige la actividad económica, constituye un elemento clave para incrementar la competitividad. De ahí que el esfuerzo de desregulación se extenderá a todos los sectores de la economía y, en el marco de la estructura federal, se invitará a los gobiernos estatales y municipales a sumarse a esta tarea de importancia nacional. Esta labor pondrá especial énfasis en las regulaciones que afectan a las pequeñas y medianas empresas.
Señoras y señores diputados; señoras y señores: elevar el bienestar de las familias es compromiso firme y decidido del presidente Zedillo, desde el primer día de su mandato y este compromiso orientará la acción de su Gobierno.
Con el fin de cumplir cabalmente con este compromiso, es necesario que el país crezca con estabilidad. Ello equivale a promover nuevas inversiones, a fomentar la innovación tecnológica y la capacitación, a incrementar la competitividad general del aparato productivo y aumentar nuestras exportaciones a los nuevos y amplios mercados a los que México tiene acceso. Así, estaremos en posibilidades de aumentar los empleos en el número requerido por el crecimiento de nuestra población. Además, la elevación de los niveles de competitividad, implicará que los nuevos empleos sean más productivos y por consiguiente estén mejor remunerados.
El crecimiento permanente y sólido requiere de estabilidad económica. Con altas tasas de inflación, lo hemos experimentado, se desvía la inversión productiva hacia la especulativa; además, la inflación elevada tiende a concentrar el ingreso y a erosionar el consenso y la solidaridad social.
Elemento fundamental en la consecución de la estabilidad, es la existencia de finanzas públicas sanas. La experiencia histórica en México y en otros países ha demostrado que con déficit fiscales, ni el crecimiento es duradero, ni el bienestar es perdurable. De ahí que la búsqueda del equilibrio fiscal constituye una exigencia ineludible, por una parte, de la estabilidad y el crecimiento y, por la otra, del propio aumento de bienestar.
El proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1995, que el titular del Poder Ejecutivo somete a su estudio y consideración, responde tanto a estas exigencias de crecimiento económico duradero, como a su compromiso indeclinable de elevar el nivel de bienestar de las familias mexicanas.
El cumplimiento de estas exigencias y compromisos, permitirá hacer de México un país en pleno desarrollo económico y sobre todo, un país más justo, que garantice a todas las familias educación, salud, vivienda y empleo. Muchas gracias.
La Presidenta:
Se suplica a la comisión designada acompañe al doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando desee retirarse.
Se ruega a los diputados permanecer en el salón a fin de continuar y agotar los asuntos en cartera.
Se va a proceder a turnar a comisión las iniciativas presentadas.
Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
INFORME DE ARANCELES
La Presidenta:
«Escudo Nacional.—- Estados Unidos Mexicanos.—- Secretaría de Gobernación.—- Dirección General de Gobierno.
Dirección de coordinación política con los poderes de la Unión.
Secretarios de la Cámara de Diputados.—- del Honorable Congreso de la Unión.—- Presentes.
En base a lo que determina la fracción I, del artículo 27 de la Ley Orgánica de la administración pública federal, me permito someter a su consideración, examen y, en su caso, aprobación del siguiente: informe de aranceles.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reeleción.
México, D.F; 9 de diciembre de 1994.—- El director general de Gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
«Escudo Nacional.—- Estados Unidos Mexicanos.—- Presidencia de la República.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—- Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Comercio Exterior, el Ejecutivo Federal a mi cargo somete a la aprobación de ese honorable Congreso de la Unión, el uso que durante el presente año fiscal ha hecho de sus facultades en materia arancelaria.
En congruencia con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y del Programa Nacional de Modernización Industrial y de Comercio Exterior 1990-1994, las modificaciones arancelarias realizadas han tenido como objetivo fundamental coadyuvar al desarrollo industrial equilibrado y dar mayor transparencia a las operaciones del comercio exterior, a través de la racionalización de la protección arancelaria y no arancelaria.
Las modificaciones a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación en 1994, se desglosan de la siguiente manera: 347 reducciones de arancel, 41 modificaciones de texto, y creación de 59 fracciones. En la tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportación no hubo modificaciones.
Los indicadores arancelarios no tuvieron variación respecto a 1993. La media arancelaria aritmética en la Tarifa del impuesto general de importación, la media arancelaria fue en 1993 de 13.01% y en 1994 de 12.6% la dispersión arancelaria en 1993 fue de 4.66% y en 1994 de 5.4%, el arancel promedio ponderado (por valor de importación) en 1993 fue de 12.1% en 1993 y en 1994 de 11.0% y la dispersión arancelaria ponderada en 1993 fue de 3.17% en 1993 y de 7.2% en 1994.
Las modificaciones específicas efectuadas en la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación se detallan a continuación:
I. Mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de agosto, 23 de agosto y 29 de noviembre, se crearon 59 fracciones arancelarias referentes al sector químico, al sector de bienes de capital, al sector siderúrgico y sector de la curtiduría, sector agrícola y sector calzado. Asimismo, como apoyo a los programas de competitividad de los sectores de bienes de capital, siderúrgico, eléctrico, electrónico, calzado, chicles y dulces y farmacéutico, se eliminó el arancel a 347 fracciones arancelarias. Además, con el fin de precisar con más claridad la clasificación arancelaria de productos referentes al sector calzado y al sector de juguetes que tienen fines educativos, se modificó el texto de 41 fracciones arancelarias.
II. A fin de actualizar el esquema de protección arancelaria otorgado a los productores nacionales de azúcar, vigente desde el 31 de enero de 1991, durante 1994 se publicaron 11 decretos, por lo que se establecieron los aranceles para ocho fracciones arancelarias que clasifican la importación del azúcar, de conformidad con las fluctuaciones en los precios internacionales de este producto.
Retiro a ustedes secretarios las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D.F., a 9 de diciembre de 1994.-- El Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
La secretaria Ana Lilia Cepeda de León:
«Escudo Nacional.—- Estados Unidos Mexicanos.—- Presidencia de la República.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—- Presentes.
Por el digno conducto de ustedes, el Ejecutivo Federal a mi cargo, somete a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la administración pública federal.
Esta iniciativa propone adecuar la configuración administrativa de las dependencias del Ejecutivo Federal, para que su estructura y acción cotidiana respondan mejor a la nueva realidad que vive el país y a las aspiraciones y demandas colectivas más apremiantes. Producto de un diagnóstico sobre las principales exigencias de la población, la presente iniciativa comprende una propuesta realista, orientada hacia la conformación de un Gobierno más eficiente, más promotor del desarrollo y, sobre todo, más justo y más comprometido.
Las tareas de Gobierno se llevan a cabo a través de la administración pública federal en la prestación de servicios públicos, en la ejecución de programas y proyectos federales, en la promoción de la actividad productiva de los particulares y en la coordinación con estados y municipios. En consecuencia, esta iniciativa tiene por objeto contribuir a la construcción de un Gobierno que actúe con la oportunidad y eficiencia requeridas.
En la consecución de este objetivo, la administración pública federal debe conducirse bajo esquemas de organización que tiendan a ordenar y agrupar funciones de una misma materia. Así, será más eficaz en el cumplimiento de sus metas, pues evitará duplicaciones que diluyen responsabilidades y tienden a paralizar la actividad pública.
Esta iniciativa se basa en nuestra organización federal y en el imperativo de desarrollo municipal, propiciando la descentralización y desconcentración de programas y proyectos del Gobierno, así como de la aplicación de los recursos correspondientes hacia los estados y municipios.
La estructura de la administración pública debe distinguir con precisión, las funciones que competen al Estado en su carácter de autoridad reguladora, respecto de las que le corresponden como promotor del desarrollo y como propietario de medios de producción, a fin de fomentar adecuadamente el desarrollo de nuestra economía y evitar posibles conflictos de interés.
De aprobarse la presente iniciativa, se sentarán las bases para que el Estado disponga de mejores instrumentos en el combate a la pobreza extrema; en el cabal aprovechamiento de sus recursos humanos y patrimoniales; en el fomento de las condiciones que incrementa la generación de energía, en todas sus formas; en la promoción del desarrollo rural integral y en el empleo adecuado de nuestros recursos naturales y el desarrollo económico sustentable, sin menoscabo la conservación del medio ambiente.
Desarrollo Social La atención de los grupos marginados es una de las más altas prioridades del Gobierno en todos sus niveles. Un mandato constitucional y un compromiso ético es superar la pobreza y avanzar en el propósito de que toda la población tenga acceso a los satisfactores básicos de nutrición, salud, educación y vivienda. No podemos aspirar a un pleno desarrollo como nación mientras persistan diferencias sociales tan señaladas como las que sufrimos. Por ello, esta iniciativa tiene como objeto fundamental enfrentar este importante reto a través del fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social.
Las condiciones de vida de los pueblos indígenas constituyen una de las más agudas manifestaciones de la pobreza en nuestro país. Gran parte de la población indígena vive en localidades que carecen de los servicios básicos de salud, educación y asistencia social. La atención del Gobierno Federal a los justos reclamos de las comunidades indígenas, es tarea de conciencia y compromiso inquebrantable.
Por ello es que la presente iniciativa contempla, que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus acciones en favor de estos grupos. Se trata de que la integración de las comunidades indígenas a los beneficios del avance económico y social del país, se haga siempre con plena conciencia de sus carencias y con profundo respeto de su identidad. De esta manera, se seguirá avanzando en la protección, promoción y desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social de las comunidades. Con ello y, en su oportunidad, con la correspondiente ley reglamentaria, se alcanzarán los objetivos de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional.
Con el propósito de hacer más eficaces las funciones para luchar contra la pobreza, la Secretaría de Desarrollo Social absorbería, también, las atribuciones que actualmente corresponden a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial relativas a la industrialización de leche para ser distribuida a familias de escasos recursos, a la comercialización de bienes de consumo popular y al programa de subsidio a la tortilla.
Los esfuerzos conjuntos del Gobierno Federal y las comunidades serán más efectivos si sé logran orientar con mayor precisión, las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social hacia el combate contra la pobreza y la miseria, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Para esto es menester la descentralización de acciones hacia las comunidades y municipios, asignándoles recursos, atribuciones y una mayor participación en la toma de decisiones.
La Secretaría de Desarrollo Social, por tanto, debe ser; la dependencia que coordine estos esfuerzos y que establezca los cauces adecuados para su colaboración con las entidades federativas y los gobiernos municipales, con el fin de asegurar la congruencia y complementación de recursos y acciones entre federación, estados y municipios.
Con ello, las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social permitirán el ejercicio de acciones más efectivas y un uso más eficiente de los recursos en el combate contra la pobreza en el campo y en la atención de los grupos indígenas; en la promoción del desarrollo urbano y en el fomento y promoción de la vivienda.
Contraloría y modernización administrativa Con objeto de contar con una Secretaría de Estado que se encargue de modernizar y controlar las funciones administrativas básicas, se propone que la Secretaría de la Contraloría General de la Federación pase a ser la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa. Esta dependencia se responsabilizaría de diseñar los lineamientos en materia administrativa, bajo un criterio unificado y de continua modernización, que permitan mejorar los servicios y la atención a la ciudadanía.
Esta propuesta obedece a que las funciones normativas y de control de los recursos humanos y materiales de la administración pública federal, se encuentran dispersas en diversas esferas del Gobierno, ya que, no obstante, los avances logrados, se requiere que la administración pública cumpla de mejor manera con el combate a la corrupción, a partir de acciones preventivas. Adicionalmente, es necesario reforzar la coordinación del Ejecutivo Federal con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, para un mejor control del manejo de los recursos públicos respecto del cumplimiento de las metas planteadas.
Para lo anterior, la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa tendría, básicamente, las siguientes atribuciones: en primer término, la modernización administrativa constante de la estructura organizacional de las dependencias y entidades públicas; la promoción de acciones de descentralización, desconcentración y simplificación administrativa y la normatividad para el manejo ordenado y transparente de los recursos financieros y de los bienes muebles e inmuebles federales. En segundo termino, la coordinación de los sistemas de control y de vigilancia que permitan adoptar medidas para prevenir la corrupción y detectar los casos que ameriten la imposición de sanciones, ya sea del orden administrativo o penal; así como para ejecutar los programas de Gobierno con disciplina, austeridad y racionalidad y, tercero, la evaluación de la gestión pública, a fin de que las dependencias y entidades de la administración pública federal cumplan con las metas y objetivos que les corresponden y apliquen eficientemente el gasto público.
Para estos efectos, de merecer la aprobación de ese honorable Congreso de la Unión, la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa absorbería las atribuciones que en materia inmobiliaria corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social, así como las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de normatividad de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública. La Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa participaría así mismo, en la definición y modernización de las estructuras organizacionales de las dependencias y entidades paraestatales, y en el desarrollo de los recursos humanos de la administración pública federal.
En suma, con la nueva Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa, se modernizaría la administración pública, simplificando procedimientos, haciendo transparentes las acciones, adecuando estructuras y primordialmente, fortaleciendo el federalismo mediante propuestas concretas de descentralización y desconcentración administrativa hacia los estados y los municipios, transfiriendo recursos y propiciando una mayor participación de sus gobiernos y sus comunidades en las decisiones que les afectan.
Energía
El papel que desempeña el Estado en materia energética conforme a los artículos 25 y 28 de nuestra Carta Fundamental, debe redefinirse de acuerdo con la modernización de este sector en el contexto mundial y con las crecientes necesidades del país en cuanto al suministro de energía y al aprovechamiento racional de los recursos. Para ello, se requiere delimitar con precisión el papel del Estado en su doble carácter de propietario de medios de producción y de autoridad reguladora.
La estructura y el desempeño del sector energético mexicano han dejado de guardar correspondencia con la estructura y las funciones de la actual Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. La modernización requerida hace necesario modificar tanto esa estructura como los procesos de regulación sectorial.
Deben crearse marcos e instituciones regulatorios más eficientes y, a la vez, adecuarse la conformación y las funciones de los órganos de gobierno de las empresas con que el Estado mantiene presencia en el sector. Para ello se propone la creación de una Secretaría de Energía con plenas atribuciones en la planeación estratégica del sector; con funciones reguladoras que permitan establecer e instrumentar una agenda del cambio en la política y en el desarrollo energéticos y, con autoridad y capacidad ejecutiva para hacer más eficientes y competitivas las entidades públicas dedicadas a este ramo de la producción.
La Secretaría de Energía permitirá mejorar el desempeño de los organismos públicos del sector. En virtud de la estrecha vinculación de sus funciones y objetivos, la coordinación entre ellos requiere una autoridad con liderazgo en su dirección y con líneas definidas de acción. Se trata de que estas entidades alcancen niveles competitivos en cuanto a calidad, oportunidad y precio, de los bienes y servicios que producen y, además, que mantengan condiciones adecuadas de seguridad en el trabajo y en su operación para garantizar la seguridad de la población.
Otro aspecto de la reorganización del sector energético consiste en la necesidad de generar un mayor ahorro de energía y fomentar la existencia de fuentes alternas de generación no convencionales. Con objeto de que el suministro de energía eléctrica llegue a más familias y coadyuve al crecimiento económico, se fomentará una mayor participación por parte de la iniciativa privada, en los términos de ley.
A fin de agrupar acciones respecto de un mismo sector, se propone con esta iniciativa que la materia minera pase a formar parte de una nueva dependencia del Ejecutivo encargada de administrar y fomentar el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales de la nación.
Ante los resultados de la desincorporación de entidades llevada a cabo en los últimos años, la industria paraestatal se ha reducido en forma importante, lo que permite que la coordinación de las empresas que aún permanecen en la administración pública federal, se realice a través de las dependencias del ramo correspondiente, según el servicio a que estén destinadas.
La modernización del sector energético es indispensable. El éxito del proceso de transformación supone la adopción de un nuevo modelo que permita conciliar las relaciones entre el Estado, como autoridad y promotora del desarrollo y las entidades que son propiedad del mismo Estado y que interactúan en esta área estratégica para el país.
Medio ambiente, recursos naturales y pesca
La presente iniciativa propone la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, como dependencia encargada de coordinar la administración y fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales y la protección al medio ambiente para un desarrollo sustentable.
Entre las principales razones de esta propuesta, se encuentra la situación ambiental actual: el deterioro natural está afectando las condiciones productivas y la calidad de vida de la población, lo que pone en riesgo a las generaciones futuras de mexicanos; los procesos de erosión y deforestación, la contaminación atmosférica y del agua, el daño a la biodiversidad y la acumulación de residuos y materiales peligrosos, entre otros problemas, nos obligan a fortalecer la política de prevención y control del deterioro ambiental.
Las exigencias sociales en favor de mejores condiciones ambientales han rebasado las acciones de política ecológica. Se requiere de mecanismos preventivos más eficaces para lograr que los procesos productivos y de consumo, sean más adecuados en cuanto al uso de recursos naturales, renovables y no renovables y a la generación de emisiones y descargas. Es necesario también considerar a la política ambiental como una oportunidad para el mejoramiento de nuestras potencialidades, y para el aprovechamiento de nuestra riqueza natural. Ello demanda la realización de nuevas inversiones y esfuerzos que propicien la restauración del patrimonio natural de la nación.
Al ignorar los costos que representa el deterioro del medio ambiente, se sobrestimaron los beneficios del crecimiento económico. La conciencia social acerca de los efectos nocivos de la explotación irracional de los recursos naturales ha ido permeando cada vez más en la población. Toda política de desarrollo debe considerar al medio ambiente como un activo productivo escaso, con frecuencia no renovable, que da sustento y hace viable la existencia humana.
Así, debemos contar con mejores indicadores para el conocimiento de nuestros ecosistemas y el impacto ambiental proveniente de la actividad productiva; apoyar la investigación y el conocimiento científico para la conservación de la diversidad de especies y ecosistemas; fortalecer los contenidos ecológicos en los planes de estudio a todos niveles; dotar al país de una infraestructura de protección al ambiente a un costo social mínimo y diseñar incentivos económicos, positivos o negativos, para estimular el interés por cumplir con las metas de política ambiental.
De igual modo, la regulación en materia ambiental debe ser más clara; la estrategia de financiamiento de los programas ambientales deben comprender mecanismos complementarios a los ya existentes; toda política sectorial debe incluir consideraciones de tipo ambiental en sus procesos; la política ambiental debe contener elementos que la articulen a una estrategia integral de combate a la pobreza; una mayor participación ciudadana y acciones para evitar la degradación del ambiente.
Con el propósito de alcanzar estos objetivos y de que nuestra política ambiental sea cada vez más participativa, más eficiente y más justa, se propone que sea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la dependencia que coordine los esfuerzos de Gobierno y sociedad en la consecución de un desarrollo sustentable en el largo plazo.
En este contexto, la reforma administrativa plantea; promover el debido aprovechamiento de la flora y la fauna acuáticas, al vincular su explotación productiva con las políticas ambientales. Ello hará posible la utilización de los recursos pesqueros de conformidad con las exigencias de un desarrollo sustentable y con la preservación del ambiente.
Con la transformación de la Secretaría de Pesca en la nueva Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el Estado contará con mayores instrumentos para la ejecución de tareas relacionadas con la producción y promoción pesquera, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, se promoverá en mayor medida la formación y organización de sociedades cooperativas, así como de sociedades, asociaciones y uniones de pescadores.
Una parte fundamental de la propuesta contenida en esta iniciativa se relaciona con el aprovechamiento del agua; con la necesidad de actualización constante de su marco jurídico y con la urgencia de fomentar la participación de la iniciativa privada para expandir, rehabilitar y operar la infraestructura hidráulica, que permita suministrar agua y sanear los afluentes industriales y domésticos.
No obstante, los avances alcanzados por la Comisión Nacional del Agua, la atención sobre la administración y el aprovechamiento del vital líquido, en todas sus formas, debe fortalecerse mediante una planeación nacional. Así también, es preciso establecer la normatividad adecuada para la ejecución de proyectos de uso y control del agua, el diseño y construcción de proyectos complejos; las acciones pendientes a prevenir desastres y, en general, el reforzamiento de políticas y operación del agua, con base en un esquema integral de aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales.
Igualmente importante es el cuidado de los bosques, la fauna y la flora silvestres. Hasta ahora, estas áreas han sido coordinadas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y por la Secretaría de Desarrollo Social. Dado que son parte de los recursos del país, su regulación, administración y aprovechamiento en un esquema de desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente, deben corresponder a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
Como se mencionó anteriormente, la presente iniciativa prevé que la regulación en materia minera pase a formar parte de esta nueva Secretaría. Esta propuesta obedece a que la minería es una actividad relativa al aprovechamiento de uno de nuestros recursos naturales no renovables. Su explotación y el fomento de la inversión nacional e internacional en el desarrollo de esta actividad, habrán de ser una importante función de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
En este orden de ideas, la iniciativa tiene por objeto la promoción de un cuidado riguroso del medio ambiente a través de políticas que vinculen el desarrollo económico con el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales y la prevención de la contaminación en todas sus manifestaciones. Con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se propone conducir una estrategia ambiental eficiente, participativa y con una perspectiva productiva.
Desarrollo Rural
En la pasada administración se impulsaron profundas reformas en el campo mexicano; ahora la tarea consiste en que sus efectos se reflejen día con día en un mayor bienestar de los hombres y las mujeres del sector rural. Para lograr este objetivo se requiere una decidida transformación institucional de las instancias que conducen dicho sector.
El desarrollo rural, implica elevar la producción y la productividad en el campo. El incremento en volumen, en valor agregado y en calidad de la producción agropecuaria, es condición esencial para el progreso del agro, pero no basta para brindar ocupación e ingresos suficientes a la población del medio rural. En el campo tienen que prosperar también otras actividades en las áreas de servicio y de transformación. El nuevo enfoque productivo no debe restringirse a las actividades primarias; sino que debe comprender toda la diversidad y las oportunidades que corresponden a la capacidad plena de sus productores, para así alcanzar un mayor bienestar de las familias en el campo.
Es por ello, que la presente iniciativa propone, que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos pase a ser la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. La reforma propuesta, implica cambiar el énfasis en la relación del Gobierno con los productores del campo para dar paso a una decidida acción de fomento productivo. Se hace necesaria una política de apoyo, que permita producir mejor; aprovechar nuestras ventajas comparativas; integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía y colaborar con las organizaciones de los productores para que desarrollen proyectos.
En este contexto, que busca promover un desarrollo rural integral, se propone, asimismo, que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), sea sectorizada bajo la coordinación de la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
El reto para los próximos años, es llevar a cabo una profunda transformación productiva en el medio rural que concrete las ventajas que ofrecen el nuevo marco jurídico, los esquemas de apoyo y el comercio exterior. Con esta transformación, habrá una mayor infraestructura, la producción y comercialización estarán mejor organizadas; se impulsarán programas de investigación y capacitación, así como esquemas de crédito y capitalización suficientes y oportunos.
La nueva conformación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, permitirá que los programas generales no sean concebidos y ejecutados desde las oficinas centrales de una dependencia de Gobierno, sino que se lleven a cabo, directamente, en cada una de las regiones del país.
Por último, esta iniciativa propone ajustes menores a las atribuciones e diversas dependencias del Ejecutivo Federal, a fin de dar congruencia al esquema fundamental que la propia iniciativa plantea, y con objeto de dar mayor precisión y claridad a sus contenidos.
La presente iniciativa constituye una propuesta para que la administración pública federal sea más eficaz en la atención de los problemas de la población. Su modernización permitiría que las atribuciones y prerrogativas sustantivas del Estado se lleven a cabo en forma más eficiente y expedita.
Mediante una adecuada organización de la administración pública, el Gobierno de la República se acercaría más a la población que sirve, pues el contacto con las personas es un requisito indispensable para la comunicación entre pueblo y Gobierno. Hacer una política participativa, donde todas las voces sean escuchadas y tengan un lugar para ser consideradas, es parte del principio fundamental de las garantías ciudadanas. Una conducción democrática implica que la toma de decisiones y las acciones del Gobierno se hagan con plena identificación de los problemas, con la participación de las comunidades en la atención de esos problemas y mediante una nueva cultura de servicio público.
Con esta misma fecha, presento a esa Cámara de Diputados la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, el cual, por razones de congruencia, prevé la estructura de la administración pública federal propuesta en la presente iniciativa. Ello no prejuzga sobre la aprobación de la misma, y por lo tanto, de aprobarse la presente iniciativa, corresponderá que esa soberanía efectúe los ajustes respectivos al mencionado proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación derivados de los ajustes que, en su caso, se realicen a la Ley Orgánica de la administración pública federal.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, secretarios, la presente iniciativa de
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
Artículo único. Se reforman los artículos 26; 31, fracciones XXI, XXII y XXIV; 32 fracciones I, III, IV, VIII, X y XIV a XVII; 32 bis; 33; 34 fracciones lX, XIV y XV; 35; 38 fracciones XXI y XXV; se adiciona el artículo 37 y se derogan las fracciones XXV a XXXIII del artículo 32, las fracciones XXII a XXXVIII del artículo 35 y el artículo 43 de la Ley Orgánica de la administración pública federal, para quedar como sigue:
" Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:
Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de la Defensa Nacional.
Secretaría de Marina.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría de Desarrollo Social.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
Secretaría de Energía.
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa.
Secretaría de Educación Pública.
Secretaría de Salud.
Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Secretaría de la Reforma Agraria.
Secretaría de Turismo.
Departamento del Distrito Federal.
Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a XX.........................................;
XXI. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y desincorporación de activos, servicios y ejecución de obras públicas de la administración pública federal;
XXII. Establecer normas y lineamientos en materia de administración de personal;
XXIII.............................................;
XXIV. Ejercer el control presupuestal de los servicios personales, así como, con la participación que corresponde a la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa, dictaminar las modificaciones a las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y,
XXV................................................;
Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social y para el combate a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;
II.................................................;
III. Coordinarse con las distintas unidades administrativas de la administración pública federal que incidan en el combate a la pobreza, en las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control;
IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal y los gobiernos estatales; así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
V a VII.............................................;
VIII. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos populares en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;
IX.......................................................;
X. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y regular, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;
XI a XIII.................................................;
XIV. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes, de los gobiernos estatales y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;
XV. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano y el bienestar social, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;
XVI. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y
XVII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 32-bis. A la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;
II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano, desarrollo de la actividad minera y pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;
III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que corresponda a la Federación, con excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos;
IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales y en materia minera y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;
V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora, fauna y pesca y demás materias, competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;
VI. Proponer al Ejecutivo Federal, el establecimiento de áreas naturales protegidas y promover para su administración y vigilancia, la participación de autoridades federales o locales y de universidades, centros de investigación y particulares;
VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en personas físicas o morales;
VIII. Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las formadas directamente por las aguas del mar;
IX. Intervenir en foros internacionales respecto de las materias, competencia de la Secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales en tales materias;
X. Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales y con la participación de los particulares;
XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental, de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica;
XII. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del transporte;
XIII. Fomentar y realizar programas de reforestación y restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales y estatales;
XIV. Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal y los inventarios de recursos naturales y de población animal, con la cooperación de las autoridades estatales y municipales, las instituciones de investigación y educación superior y las dependencias y entidades que correspondan;
XV. Desarrollar y promover metodologías y procedimientos de valuación económica del capital natural y de los bienes y servicios ambientales que éste presta, y cooperar con dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad ambiental y económica;
XVI. Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección de la capa de ozono;
XVII. Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente;
XVIII. Fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el catastro minero;
XIX. Realizar el censo de predios forestales y silvopastoriles y de sus productos; levantar, organizar y manejar la cartografía y estadística forestal, así como llevar el registro y cuidar la conservación de los árboles históricos y notables del país;
XX. Resolver sobre el establecimiento y levantamiento de vedas forestales, de caza y pesca, de conformidad con la legislación aplicable y establecer el calendario cinegético y el de aves canoras y de ornato;
XXI. Imponer las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables, sobre la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o destinadas al extranjero y promover ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el establecimiento de medidas de regulación o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera para su conservación o aprovechamiento;
XXII. Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional y participar en los convenios internacionales sobre la materia;
XXIII. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación;
XXIV. Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos;
XXV. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;
XXVI. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de pequeña irrigación, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con las autoridades estatales y municipales o de particulares;
XXVII. Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial;
XXVIII. Manejar el sistema hidrológico del Valle de México;
XXIX. Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones;
XXX. Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios, en los términos que lo determinen las leyes;
XXXI. Otorgar las asignaciones y concesiones correspondientes para la dotación de agua para las poblaciones, en coordinación con las autoridades competentes;
XXXII. Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de tratados internacionales;
XXXIII. Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industrias; fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales; así como programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas;
XXXIV. Regular la explotación pesquera y promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de sus productos en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;
XXXV. Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiera el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;
XXXVI. Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como fomentar las artes de pesca;
XXXVII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente;
XXXVIII. Realizar directamente y autorizar, en su caso, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas;
XXXIX. Apoyar técnicamente a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en materia de exportaciones e importaciones de especies de la flora y la fauna silvestre;
XL. Promover la creación de zonas portuarias pesqueras, así como su conservación y mantenimiento.
XLI. Promover, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima, a la industria nacional;
XLII. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, pesquera, minera, para la explotación de la flora y fauna silvestre y sobre playas, zona federal marítimoterrestre y terrenos ganados al mar;
XLIII. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente y
XLIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 33. A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Conducir la política energética del país;
II. Ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos; energía nuclear; así como respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público;
III. Conducir la actividad de las entidades paraestatales cuyo objeto esté relacionado con la explotación de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica y nuclear;
IV. Participar en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a ésta la celebración de convenios y tratados internacionales en tales materias;
V. Promover la participación de los particulares, en los términos de las disposiciones aplicables, en la generación y aprovechamiento de energía;
VI. Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal;
VII. Otorgar concesiones, autorizaciones y permisos en materia energética, conforme a las disposiciones aplicables;
VIII. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre ahorro de energía, estructuras, costos, proyectos, mercados, precios y tarifas, activos, procedimientos, reglas, normas y demás aspectos relacionados con el sector energético y proponer, en su caso, las acciones conducentes;
IX. Expedir normas y criterios sobre producción, comercialización, compraventa, condiciones de calidad, suministro de energía y demás aspectos que promuevan la modernización, eficiencia y desarrollo del sector;
X. Expedir normas y criterios en materia de seguridad nuclear y salvaguardas, incluyendo lo relativo al uso, producción, explotación, aprovechamiento, transportación, enajenación, importación y exportación de materiales radiactivos, así como controlar y vigilar su debido cumplimiento;
XI. Llevar el catastro petrolero y
XII. Los demás que le encomienden expresamente las leyes y reelamentos.
Artículo 34. A la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a VIII.....................................
IX. Participar con las secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;
X a XIII......................................
XIV. Regular y vigilar, de conformidad con las disposiciones aplicables, la prestación del servicio registral mercantil a nivel federal, así como promover y apoyar el adecuado funcionamiento de los registros públicos locales;
XV. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
XVI a XXVII.....................................
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes;
II. Promover el empleo en el medio rural, así como acciones y programas que fomenten la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;
III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural;
IV. Fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal, así como atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad;
V. Procesar y difundir la información estadística y geográfica referente a la oferta y la demanda de productos relacionados con actividades del sector rural;
VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las actividades de los centros de educación agrícola superior y media y establecer y dirigir escuelas de agricultura, ganadería, apicultura, avicultura y silvicultura, en los lugares que proceda;
VII. Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros;
VIII. Formular, dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales;
IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento lndustrial;
X. Promover la integración de asociaciones rurales;
XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de inversión en el sector rural;
XII. Participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes;
XIII. Fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares del sector rural, con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades;
XIV. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo rural de las diversas regiones del país;
XV. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior agropecuarios;
XVI. Organizar y mantener al corriente los estudios económicos sobre la vida rural, con objeto de establecer los medios y procedimientos para mejorarla;
XVII. Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas y pecuarios, así como de otras actividades que se desarrollen principalmente en el medio rural;
XVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción rural, así como evaluar sus resultados;
XIX. Programar y proponer, con la participación que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la construcción de pequeñas obras de irrigación y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que compete realizar al Gobierno Federal por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, los municipios o los particulares;
XX. Participar, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en la promoción de plantaciones forestales, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o de particulares y
XXI. Los demás que expresamente le atribuyen las leyes y reglamentos.
Artículo 37. A la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental. Inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos;
II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la administración pública federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo;
III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública federal;
IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;
V. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores;
VI. Organizar y coordinar la modernización integral de la administración pública federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la administración pública federal;
VII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, con objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;
VIII. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la administración pública federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública federal;
IX. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
X. Designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;
XI. Proponer la designación de comisarios en los órganos de vigilancia de las entidades de la administración pública paraestatal;
XII. Opinar previamente sobre el nombramiento y, en su caso, solicitar la remoción de los titulares de las áreas de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Tanto en este caso, como en los de las dos fracciones anteriores, las personas propuestas o designadas deberán reunir los requisitos que establezca la Secretaría;
XIII. Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;
XIV. Informar periódicamente al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de aquellas que hayan sido objeto de fiscalización e informar a las autoridades competentes, si así fuere requerida, del resultado de tales intervenciones y, en su caso, dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas;
XV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos de la administración pública federal, y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables;
XVI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública federal, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;
XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;
XVIII. Autorizar, previamente a su expedición, los dictámenes que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de modificaciones a las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como registrar dichas estructuras para efectos de desarrollo y modernización de los recursos humanos;
XIX. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la administración pública federal;
XX. Conducir la política inmobiliaria de la administración pública federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo-terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales;
XXI. Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación, a fin de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos. Para tal efecto, la Secretaría podrá coordinarse con estados y municipios, o bien con los particulares y con otros países:
XXII. Administrar los inmuebles de propiedad federal, cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad;
XXIII. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la administración pública federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; así como expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios y para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes que realice la propia Secretaría, o bien, terceros debidamente autorizados para ello;
XXIV. Administrar los terrenos baldíos, nacionales y demasías;
XXV. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente y
XXVI. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a XX...........................................
XXI. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia;
XXII a XXIV.......................................
XXV. Formular normas y programas y ejecutar acciones para promover la educación física, el deporte para todos, el deporte estudiantil y el deporte selectivo; promover y en su caso, organizar la formación y capacitación de instructores, entrenadores, profesores y licenciados en especialidades de cultura física y deporte; fomentar los estudios de posgrado y la investigación de las ciencias del deporte así como la creación de esquemas de financiamiento al deporte con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la administración pública federal;
XXVI a XXX..........................................
Artículo 43. Se deroga.
TRANSITORIO
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Tercero. El Ejecutivo Federal deberá expedir las adecuaciones a los reglamentos interiores correspondientes a las secretarías comprendidas en el presente decreto.
En tanto no se expidan los reglamentos interiores arriba mencionados, las secretarías deberán funcionar con base en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la administración pública federal, mediante el acuerdo de adscripción que sea emitido por el titular correspondiente.
Cuarto. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas de las dependencias cuyas funciones se transfieren, por virtud de este decreto, a otras secretarías de estado, pasarán a formar parte de éstas, a fin de apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden.
Quinto. Los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.
Sexto. Las referencias que se hagan en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este decreto, se entenderán hechas a las dependencias que, respectivamente, absorben tales funciones.
Reitero a ustedes, secretarios, las seguridades de mi alta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a los 9 días del mes de diciembre de 1994.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El secretario Ezequiel Flores Rodríguez:
«Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—- Presentes.
En diversas ocasiones, a lo largo de más de 50 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha adaptado su estructura y operación a las circunstancias que prevalecen en su entorno. El México de hoy exige que las adecuaciones se realicen con oportunidad y con mayor profundidad para que garanticen la permanencia, viabilidad y crecimiento de esta gran institución.
En el año de 1993, se aprobaron diversas reformas a la Ley del Seguro Social, las cuales incidieron, particularmente, en los aspectos financieros del Instituto Mexicano del Seguro Social; las reformas que el día de hoy se someten a consideración del Congreso de la Unión, impactarían directamente en la organización y estructuras de dicho instituto, buscando una simplificación administrativa que redunde en un más oportuno y eficaz otorgamiento de los beneficios de la seguridad social.
El diagnóstico realizado al sistema de gestión del instituto permite advertir problemas propios de su crecimiento que hacen necesaria la instrumentación de un programa de reorganización administrativa.
Esta reorganización del Instituto Mexicano del Seguro Social partiría de la identificación de sus actividades básicas en dos grandes vertientes: por un lado, las responsabilidades de índole normativa, tales como la planeación integral, así como la coordinación y el control de sus diversas unidades y, por el otro, las actividades de carácter operativo, señaladamente, la prestación de los servicios médicos y el otorgamiento de los beneficios económicos y sociales. La iniciativa que me permito someter a esa honorable Asamblea propone fortalecer las primeras y desconcentrar las segundas, mediante un proceso gradual y ordenado.
El esquema de reorganización propuesto permitiría a las autoridades centrales del instituto concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en la planeación institucional, la detección de rezagos y una más oportuna supervisión de los servicios del propio instituto en todo el territorio nacional.
Asimismo, se busca que los problemas cotidianos vinculados directamente con la operación de los servicios médicos y demás prestaciones que otorga el instituto, encuentren pronta solución en el lugar mismo en que dichos problemas se generan, actuando con oportunidad, con eficacia y evitando trámites excesivos.
Este esfuerzo implica un cambio en los distintos niveles de autoridad institucional, para lo cual se requiere un marco jurídico moderno y flexible que permita al Instituto Mexicano del Seguro Social realizar adecuaciones tanto en la estructura de sus oficinas centrales como en el sistema delegacional.
En este orden de ideas la iniciativa propone mantener en el nivel central la conducción general de la institución, la cual comprende, entre otras facultades, el establecimiento de las políticas generales, de los programas y metas institucionales, de los parámetros de asignación de recursos, así como la definición de las condiciones básicas de aseguramiento.
En correspondencia con lo anterior, se fortalecería la capacidad de decisión en los niveles operativos, delegando en las unidades de atención, la autoridad y recursos necesarios, pero también ubicando en ellas la responsabilidad correspondiente.
Con objeto de redimensionar las responsabilidades de gestión y de supervisión, la iniciativa propone que el ámbito territorial institucional quede dividido en direcciones regionales con sus respectivos consejos consultivos regionales, como instancia máxima para la solución de cualquier problema que se presente en la operación de los servicios.
Las unidades operativas, por lo tanto, tendrán sobre ellas únicamente dos niveles de autoridad, las delegaciones y las direcciones regionales con sus respectivos consejos consultivos, lo que acercará el apoyo necesario para la solución de sus problemas cotidianos. Si bien la responsabilidad normativa permanece en el nivel central, las regiones tendrán la atribución de adecuar esa normatividad a sus condiciones específicas justificando con resultados las determinaciones que tomen. Las regiones se crean en apoyo a la estructura actual que por niveles de atención tienen los servicios médicos del Instituto, así como en función de la población derechohabiente.
En los servicios de salud se ocupan casi dos terceras partes del personal y de los recursos institucionales; por esta razón, se propone a esa Cámara de Diputados que todas las responsabilidades sustantivas y de apoyo se ordenen con base en un mismo esquema regional que dé a cada región la mayor autosuficiencia y autonomía de gestión.
Las sedes de las regiones estarán ubicadas en las delegaciones en donde actualmente se encuentran los centros médicos del IMSS. Las delegaciones que correspondan al ámbito de cada región, reportarán al director regional y apoyarán la operación delegacional hacia el logro de las metas regionales.
Los delegados y consejeros integrantes de los consejos consultivos delegacionales que conformen la región respectiva, se reunirán periódicamente a efecto de integrar el Consejo Consultivo Regional, que, entre otras, tendrá las facultades de resolver sobre las operaciones del Instituto que no requieran acuerdo expreso del consejo técnico, conceder, rechazar y modificar prestaciones económicas diferidas, autorizar la celebración de convenios relativos al pago de cuotas, conceder el disfrute de prestaciones médicas y económicas previstas en la ley en casos excepcionales, o bien, por justicia o equidad, opinar en todo aquello que el director regional o cualesquiera de los órganos del instituto en ese nivel sometan a su consideración.
La dirección regional perfeccionará el funcionamiento del sistema en los tres niveles de atención a la salud y será responsable del buen funcionamiento de todos los servicios institucionales en la región, así como de alcanzar los resultados señalados por la dirección general. Tendrá autoridad lineal sobre las delegaciones de su ámbito de influencia y reportará al director general.
La transición hacia mejores niveles de eficacia, productividad y calidad deben darse sin poner en riesgo los principios fundamentales que rigen la seguridad social en nuestro país. El objetivo final de la presente iniciativa es modernizar y eficientar la protección y el bienestar social del trabajador y su familia, en el ámbito nacional.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción I, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes, secretarios, la siguiente iniciativa de:
DECRETO
Artículo único. Se reforman los artículos 253, en sus fracciones Vlll y XIV y 258A, y se adicionan los artículos 253, con una fracción III-bis, 257-bis, 258-bis, 258-ter, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
" Artículo 253........................................
I a III................................................;
III-bis. Decidir sobre la creación de direcciones regionales, su circunscripción territorial y la desconcentración gradual de responsabilidades y atribuciones a las mismas, en los términos de esta ley;
IV a VII...............................................;
VIII. Nombrar y remover al secretario general, a los directores, directores regionales, coordinadores generales y coordinadores, así como a los delegados, en los términos de la fracción Vll del artículo 257, de esta ley;
IX a XIII..............................................;
XIV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los directores regionales, aquellos asuntos competencia de los consejos consultivos regionales, que por su importancia, trascendencia o características especiales así lo ameriten y,
XV. Las demás que señalen esta ley y sus reglamentos."
" Artículo 257-bis. Los consejos consultivos regionales tendrán las atribuciones siguientes:
I. Resolver sobre las operaciones del instituto en la región respectiva que excedan las facultades de los consejos consultivos delegacionales;
II. Conceder, rechazar y modificar prestaciones económicas diferidas, en los términos de esta ley;
III. Autorizar la celebración de convenios relativos al pago de cuotas;
IV. Conceder a derechohabientes del régimen, en casos excepcionales y previo el estudio socioeconómico respectivo, el disfrute de prestaciones médicas y económicas previstas por esta ley, cuando no esté plenamente cumplido algún requisito legal y el otorgamiento del beneficio sea evidentemente justo o equitativo;
V. Opinar en todo aquello en que el director regional o cuales quiera de los órganos del instituto en este nivel sometan a su consideración, y
VI. Las demás que señalen esta ley, sus reglamentos, el consejo técnico y la dirección general."
" Artículo 258-bis. Son atribuciones de los directores regionales en su ámbito de circunscripción territorial las siguientes:
I. Presidir y convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, del consejo consultivo regional;
II. Autorizar las actas de las sesiones celebradas por el consejo consultivo regional y vetar los acuerdos de éste cuando no observen lo dispuesto por la Ley del Seguro Social, sus reglamentos y demás disposiciones legales, o no se ajusten a los criterios del consejo técnico o a las políticas institucionales, en cuyo caso la resolución definitiva será dictada por el propio consejo técnico;
III. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por el consejo técnico, la dirección general y los consejos consultivos regionales y,
IV. Las demás que le señalen esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales."
" Artículo 258-ter. Los consejos consultivos regionales se integrarán en la forma que determine el consejo técnico, debiendo estar representadas en los mismos todas las delegaciones que correspondan a la región e invariablemente deberán mantener la proporcionalidad entre las representaciones de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Dichos consejos sesionarán bimestralmente en forma ordinaria y en forma extraordinaria en cualquier tiempo, cuando así se requiera."
" Artículo 258-A. Los consejos consultivos delegacionales estarán integrados por el delegado que fungirá como presidente del mismo; un representante del gobierno de la entidad federativa sede de la delegación; dos del sector obrero y dos del sector patronal, con sus respectivos suplentes. En el caso de las delegaciones del Distrito Federal la representación del gobierno se integrará con el titular de la delegación respectiva. El consejo técnico podrá ampliar la representación de los sectores cuando lo considere conveniente.
Los integrantes del consejo consultivo delegacional representativos de los sectores, permanecerán en su cargo seis años. Las organizaciones que los hubiesen designado, tendrán derecho a removerlos libremente."
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las modificaciones a las estructuras del Instituto Mexicano del Seguro Social que por virtud del presente decreto llegaran a realizarse, se harán de conformidad con los montos autorizados a dicho instituto, en el correspondiente presupuesto de egresos de la Federación.
Tercero. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.
Reitero a ustedes, secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 9 de diciembre de 1994.— El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
Trámite: Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1993
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 1993.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría, consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Honorable Asamblea: en cumplimiento del mandato constitucional y legales aplicables, la Comisión del Distrito Federal ha revisado la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio de 1993.
Para el efecto se acudió al informe previo formulado por la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de esta cámara, responsable de la verificación de la gestión financiera del Departamento del Distrito Federal, así como a las diversas leyes, reglamentos y demás normas jurídicas que rigen el marco del ejercicio presupuestal y la aplicación de los recursos en los programas autorizados.
Igualmente, se tomó en consideración el informe anual remitido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto de los informes trimestrales de avance y actividades del Departamento del Distrito Federal para el periodo analizado.
Es conveniente señalar, que en la revisión de referencia, participó un grupo de trabajo pluripartidista conformado por 14 diputados. Como resultado se obtuvo el dictamen correspondiente, el cual se somete a la consideración de este pleno, para su discusión y aprobación en su caso.
A. Observancia del marco legal
Para llevar a cabo los trabajos de verificación relacionados con los actos y contratos efectuados por el Departamento del Distrito Federal, con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1993 y cerciorarse de que se ajustaron al marco normativo aplicable, se tomaron en cuenta los siguientes ordenamientos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal;
Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal;
Decreto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1993;
Ley Orgánica de la administración pública federal;
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento;
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento;
Ley de Obras Públicas y su Reglamento;
Ley General de Bienes Nacionales;
Ley de Planeación;
Ley General de Deuda Pública;
Normas y Procedimientos Generales para la Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles de las Dependencias de la administración pública federal.
Acuerdo por el que se establecen las bases y lineamientos conforme a los cuales las dependencias y entidades de la administración pública federal formularán y presentarán sus programas anuales de requerimientos inmobiliarios, así como los relativos a obras en inmuebles destinados o utilizados para oficinas públicas.
De la revisión de la actuación desarrollada en 1993 por el DDF, y las entidades agrupadas en su sector, respecto del cumplimiento de los mencionados ordenamientos y sobre la base del trabajo realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, esta comisión considera que el Departamento del Distrito Federal y las entidades que coordina, se ajustaron en lo general de manera razonable al marco legal que rige el ejercicio de sus atribuciones.
En lo concerniente al decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 1993, se puede apreciar que existieron ciertas deficiencias de comunicación entre el DDF, y las entidades que coordina, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que en algunos casos no existió uniformidad y congruencia en la información proporcionada, lo cual si bien es cierto, es una deficiencia de forma que no altera el resultado del ejercicio que se revisó.
Por lo referente a la Ley Orgánica de la administración pública federal, es de señalarse la falta de actualización y publicación en el Diario Oficial de la Federación del Manual General de Organización del Departamento del Distrito Federal, aun cuando existe publicado el Manual de Organización Institucional de dicha dependencia en el Diario Oficial de la Federación del 26 de marzo de 1986.
Tocante a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, se observaron omisiones específicas que es conveniente subsanar para ejercicios futuros. Destaca lo relativo a algunas deficiencias en la formalización de contratos dentro del plazo establecido en el artículo 40 de dicho ordenamiento, por parte de una entidad, misma que informó que no lo hizo por la complejidad de sus adquisiciones y por las características especiales de la mayor parte de las refacciones y materiales que requiere.
En lo relativo a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, se observó que no todos los órganos de Gobierno de las entidades aprobaron bases, normas y políticas en materia de disposiciones de activos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, enajenación de inmuebles y cancelación de adeudos, por lo que es recomendable que las autoridades responsables realicen una revisión en cada una de estas entidades.
Por lo que se refiere a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públicos, algunas entidades no aportaron los datos referentes a su reporte sobre el monto y características de su deuda flotante o pasivo circulante asimismo, los catálogos de cuentas de dos entidades, cuya autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentra pendiente.
Por lo que hace a la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, se detectaron incumplimientos en cuanto a la obligación de comunicar a la Secretaría de Desarrollo Social los datos de localización y construcción de las obras; una entidad no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación de las obras públicas que realizó y contrató y existieron omisiones y deficiencias en la información que el Departamento del Distrito Federal y sus entidades debieron remitir a esas dependencias globalizadoras.
En cuanto a las normas y procedimientos generales para la Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles de las Dependencias de la administración pública federal, existió incumplimiento del Departamento del Distrito Federal en lo que respecta a la obligación de llevar el registro de partes reaprovechables.
Respecto de la Ley General de Bienes Muebles Nacionales, se observó que el Departamento del Distrito Federal no cumple con la obligación de presentar a la Secretaría de Desarrollo Social su programa anual calendarizado de necesidades inmobiliarias.
Por lo que corresponde al acuerdo por el que se establecen las bases y lineamientos conforme a los cuales las dependencias y entidades de la administración pública federal formulan y presentan sus programas anuales de requerimientos inmobiliarios, así como los relativos a obras en inmuebles destinados o utilizados para oficinas públicas, se detectó que las entidades coordinadas por el Departamento del Distrito Federal, no presentan a la Secretaría de Desarrollo Social su programa anual de requerimientos inmobiliarios, además de que el programa del Departamento del Distrito Federal, no fue autorizado en 1993.
B. De la observancia de los principios básicos de contabilidad gubernamental
El sector central cuenta con un sistema de contabilidad denominado "Sistema Integral de Contabilidad" en cumplimiento a lo que establece el artículo 39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. En lo referente al sector paraestatal, cada entidad del Departamento del Distrito Federal, desarrolla su propio sistema contable autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los sistemas contables del sector central y paraestatal, se rigen por los principios básicos de contabilidad gubernamental y supletoriamente y sólo en los casos de entidades, se aplican los principios establecidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Se comprobó que el sistema integral de contabilidad empleado por el Departamento del Distrito Federal para el registro de sus operaciones, se apegó a los principios básicos de contabilidad gubernamental y a las disposiciones emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Esta conclusión emana de las respuestas recibidas a cuestionamientos enviados por la Contaduría Mayor de Hacienda y conforme a los resultados de las auditorías practicadas con anterioridad.
Asimismo, la Contaduría Mayor de Hacienda, con fundamento en el artículo 13 de su Ley Orgánica, expresa algunas recomendaciones a las políticas contables del Departamento del Distrito Federal que, aunque no implican situaciones u omisiones importantes, es conveniente atender en beneficio de la información financiera.
C. De los resultados financiero-presupuestarios del D.D.F.
De la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1993, se concluye que esta dependencia cumplió con los objetivos y metas contenidos en el Presupuesto de Egresos autorizados por la Cámara de Diputados, así como con los ingresos establecidos en la respectiva ley aprobada por el Congreso de la Unión.
La política de ingresos y egresos instrumentada permitió obtener un déficit financiero menor al aprobado por la Cámara de Diputados, ya que los ingresos ordinarios crecieron en mayor proporción que lo autorizado. Los ingresos ordinarios del sector DDF, superaron la meta de recaudación fiscal establecida en la Ley de Ingresos, entre otros factores, por la ampliación de la base de contribuyentes, la actualización de los padrones, una mayor presencia de fiscalización respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, así como al buen comportamiento que mostraron los productos y aprovechamientos, sumándose un crecimiento significativo del impuesto federal sobre tenencia y el efecto de una mayor recaudación federal participable.
En lo concerniente al gasto neto del sector DDF, pese a que superó la previsión realizada en el Presupuesto de Egresos (7.0%), es de destacarse que el excedente fue financiado con los mayores ingresos destinados a cubrir erogaciones correspondientes a los programas prioritarios, con lo cual se dio cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1993.
Lo anterior permitió canalizar mayores recursos a la satisfacción de las demandas ciudadanas por servicios e infraestructura básica, tales como: vivienda, agua potable, transporte, salud y educación.
Por otro lado, es destacable que el DDF, apoyara a diversos grupos de demandantes de vivienda a través de diversas acciones llevadas a cabo por el Fividesu, con lo cual se logró que personas de escasos recursos accedieron a la adquisición de una vivienda a plazos con amortizaciones y tasas de interés adecuadas a su especial situación.
En materia de servicios de agua potable, se continúo con la ampliación de redes primaria y secundaria y se proporcionó el mantenimiento necesario a la infraestructura de la ciudad, poniendo especial atención en aquellas zonas que padecen por la escasez de este líquido.
En lo referente a servicios de salud, se cubrió la demanda de atención médica hospitalaria a la población que no tiene acceso a los servicios médicos establecidos para derechohabientes.
Para atender estos requerimientos, se fortaleció la infraestructura médica hospitalaria y se reforzaron los programas preventivos, dando prioridad a los dirigidos a la prevención y control del cólera y del SIDA. En la semana nacional de vacunación, se intensificaron acciones que permitieron completar los esquemas de vacunación a la población infantil del Distrito Federal.
La infraestructura educativa tuvo especial atención. A solicitud de la Secretaría de Educación Pública, se amplió la disponibilidad de espacios educativos en los niveles de educación básica, con el fin de atender el creciente número de personas que año con año solicitan su inclusión en el sistema educativo.
Es de destacarse que la población del Distrito Federal y la zona conurbada se vio beneficiada de manera muy importante con la construcción de la línea 8 del Metro, lo cual permitió además descongestionar algunas líneas de transporte.
Justicia y seguridad pública, han sido programas que se han apoyado en forma determinante. De esta manera, se canalizaron recursos para mejorar y ampliar el equipamiento de los cuerpos de seguridad, así como para continuar con los cursos de especialización y capacitación en esas materias.
En la preservación del equilibrio ecológico, continuaron las acciones para prevenir la contaminación del aire mediante la aplicación del programa de verificación vehicular y el control de las emisiones contaminantes generadas por fuentes fijas. Para reducir la contaminación del agua y suelo, se continuó con la construcción de rellenos sanitarios y de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Por otro lado, en lo que se refiere a deuda pública, se ejercieron, por concepto de servicio de la misma, 162 mil 903 nuevos pesos, 64% de los 253 mil 574 programados; de los que correspondieron 85 mil 243 a intereses y comisiones y 77 mil 660 al pago de ADEFAS. Las variaciones se registraron en el renglón de intereses, debido a la disminución en las tasas y a que no se recibió la totalidad de financiamiento que se tenía programado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo de Cooperación Económica a Ultramar de Japón (OEFC) por los desfasamientos presentados en las licitaciones de las obras relativas a los proyectos de reforestación en la Sierra de Santa Catarina, Guadalupe y Valle de México. Del total de servicios de la deuda, correspondieron 162 mil 458 nuevos pesos al nivel central y 456 mil de nuevos pesos al sector paraestatal.
Al finalizar el ejercicio de 1993, el saldo de la deuda ascendió a 960 mil 571 nuevos pesos: 551,363 miles de nuevos pesos del sector central 57% y 409 mil 208 del sector paraestatal 43%. Los recursos se destinaron a la adquisición de insumos y equipos para la construcción de la línea 8 del Metro y de equipos para el funcionamiento de la línea "A" del Metro Férreo; a la ejecución de proyectos de Conservación Ecológica en el Area Metropolitana de la ciudad de México y de Reforestación y compra de equipo de verificación y monitoreo atmosférico, entre otros. Esta comisión pudo percatarse que el endeudamiento neto del ejercicio fue menor al autorizado por el Congreso de la Unión.
D. De los subsidios y transferencias
De acuerdo con la estrategia adoptada por el Gobierno Federal y el DDF para 1993, los subsidios y aportaciones se destinaron preferentemente a la prestación de los servicios indispensables que demanda la población de bajos ingresos.
Las transferencias del sector DDF ascendieron a 2 mil 415.3 millones de nuevos pesos, de los cuales el 93.1% fueron aportaciones y el 6.9% subsidios y apoyos del Gobierno Federal. Del total, de aportaciones del DDF, el sector paraestatal absorbió el 82.4% y el sector central el 17.6% restante.
En el sector paraestatal los recursos se destinaron fundamentalmente a los servicios de transporte (92.9%) y programas de vivienda (6.5%), con lo que se cubrieron liquidaciones e incrementos salariales del personal de Ruta-100; pagos de anticipos por la adquisición de trenes y gastos adicionales en los conceptos de servicios personales, materiales y suministros para el Metro; incrementos de sueldos y prestaciones del Servicio de Transportes Eléctricos; así como la construcción de viviendas y la sustitución de campamentos en vía pública o en instalaciones dedicadas a equipamiento urbano.
Las transferencias del sector central se destinaron principalmente a la Asamblea de Representantes, los consejos consultivos, de la Crónica y del Centro Histórico de la ciudad de México y a los programas de Becas de Capacitación para Desempleados y de Mejoramiento del Comercio Popular. Los apoyos fiscales del Gobierno Federal se destinaron en esencia a la ejecución de acciones del Programa Nacional de Solidaridad.
E. De los estados financieros del sector DDF
La situación financiera del sector paraestatal del DDF, integrado por 11 entidades controladas presupuestalmente, fue revisada y dictaminada en todos los casos por auditores externos contratados por la Secogef.
Se determinó que en nueve entidades, los auditores externos expresaron que su situación financiera se apegó a los principios de contabilidad gubernamental y a las normas de información financiera, expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría General de la Contraloría General de la Federación.
En las entidades Ruta-100 e IDA los auditores externos expresaron incumplimiento en los principios de contabilidad gubernamental y limitaciones a los procesos de auditoría, por lo que la Contaduría Mayor de Hacienda, dentro de su plan de trabajo de auditorías, de la Cuenta Pública 1993 se ha reservado la facultad de ampliar los procedimientos necesarios.
F. El desempeño programático-presupuestal
El gasto ejercido en el DDF, se orientó a ampliar la infraestructura del transporte urbano; a impulsar aquellas acciones que contribuyeran a combatir las principales fuentes de contaminación ambiental y a elevar la capacidad de autofinanciamiento y gestión de los organismos y entidades coordinados, mediante el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y un mayor uso de los recursos propios.
En relación con los principales resultados programáticos obtenidos por el DDF, en 1993, destaca lo siguiente: La transportación de pasajeros se cumplió parcialmente, porque la demanda del servicio del Metro se desvió a otros medios de transporte y las unidades de Ruta-100 son obsoletas en su mayoría.
La meta de construcción de la línea 8 del Metro, se superó al intensificarse los trabajos.
La construcción del Anillo Periférico-Arco Norte tuvo un avance menor por los problemas derivados de la afectación de predios.
La meta de construcción de las redes primarias y secundarias para drenaje se rebasó, en tanto que la construcción del drenaje profundo, colector semiprofundo Canal Nacional Canal de Chalco y otras obras del Acueducto Perimetral, se cumplieron parcialmente.
En el ámbito de justicia y seguridad pública, los resultados superaron lo programado, aunque todavía existe un gran déficit en la materia.
En materia de bienestar social, también se superaron varias metas y otras se atendieron parcialmente, como la edificación de vivienda por problemas de regularización de la tenencia de la tierra y dado que algunos grupos no estuvieron en posibilidad de recabar la documentación correspondiente a los predios destinados a vivienda.
A continuación y para una mejor comprensión de lo anteriormente señalado, se hace un análisis más detallado por ámbitos de acción.
Ambito de transporte
Para ofrecer un servicio con amplia cobertura y capacidad, mediante la expansión, modernización y conservación de la infraestructura del transporte coordinado por el Departamento del Distrito Federal, se erogaron 3 mil 975.1 millones de nuevos pesos a través de la ejecución de tres programas, cifra 8.7% superior al monto originalmente asignado, que representó el 25.8% del total de gasto programable del sector DDF.
Los programas prioritarios, el "Transporte Colectivo Metro y Tren Ligero" y FQ "Servicio de Transporte Urbano e Interurbano" absorbieron el 97.3% del presupuesto ejercido en este ámbito y el 2.7% restante se destinó al programa 3K "Regulación y Organización de las Comunicaciones y los Transportes".
Dentro del programa de expansión, se dio continuidad a la construcción de la Línea 8 del Metro-Garibaldi: Constitución de 1917, lo cual presenta un avance de 17.3 kilómetros respecto a la longitud total prevista de 20 kilómetros, al construirse en este periodo 8.1 kilómetros. Esta línea cuenta con 19 estaciones y transporta poco más de 700 mil usuarios diariamente.
En materia de modernización el Sistema de Transporte Colectivo firmó un contrato para rehabilitación de 234 carros del metro, realizándose además pagos parciales para la adquisición de otros 135.
Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 y el Servicio de Transporte Eléctricos llevaron a cabo la rehabilitación de 111 autobuses y partes automotrices, 85 trolebuses y nueve interruptores en subestaciones. A su vez, los tres organismos de transporte realizaron labores de conservación y mantenimiento al parque vehicular e infraestructura en general.
En conjunto, a través de estos medios de transporte, se movilizaron a 2 mil 472.6 millones de personas, que representaron en promedio diario a casi 7.0 millones de pasajeros.
Ambito de infraestructura urbana
En el desarrollo de los siete programas que integran este ámbito, el DDF, erogó 2 mil 742.3 millones de nuevos pesos, 17.8% del gasto programable y 9.7% más que el presupuesto originalmente autorizado. A los programas prioritarios EC "Construcción y Adecuación para Agua Potable" y ED "Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras" correspondió el 34.1% del gato total del ámbito.
En materia de urbanización destacan la construcción del Eje Vial 5 Sur tramo Oriente; la del paso vehicular deprimido Periférico Poniente-Av. Toluca; los puentes vehiculares División del Norte-Calzada de Tlalpan y Circuito Interior Miramontes; así como el distribuidor vehicular Periférico-Las Palmas y 8.5 kilómetros del Anillo Periférico-Arco Norte.
Respecto a los trabajos de conservación de la infraestructura urbana, se dio conservación y mantenimiento a 2'550,767 metros cuadrados de la carpeta asfáltica de las vialidades; se instalaron 14 mil 474 luminarias en diversas colonias, se rehabilitaron 58 mil 232 piezas en vías rápidas y principales y se transformaron 277 luminarias de mercurio a vapor de sodio.
Para ampliar la cobertura y mantener en operación el sistema de drenaje, se avanzó en la construcción del drenaje profundo, mediante la excavación de 3.0 kilómetros y el revestimiento de 1.4 kilómetros; en la del semiprofundo, Canal Nacional-Canal de Chalco, se excavaron 701 metros y se revistieron 1 mil 067 metros. Asimismo, se amplió la red primaria de drenaje en 38.8 kilómetros y la secundaria en 106.8 kilómetros; se terminó la planta de bombeo de aguas negras "Miramontes II" y se avanzó en otras seis; se concluyeron tres plantas de tratamiento de aguas residuales y se amplió en 25.2 kilómetros, la red de distribución de aguas tratadas.
Para el mantenimiento de las instalaciones del sistema de drenaje, se efectuó el desazolve y limpieza de 2 mil 046 kilómetros de la red y se extrajeron 978,841 metros cúbicos de dezolve de presas, cauces, canales e interceptores. Por su parte, las delegaciones del Distrito Federal proporcionaron mantenimiento preventivo y correctivo a 5 mil 783.4 kilómetros de la red secundaria de drenaje.
En cuanto a las acciones para ampliar y mantener el sistema de agua potable, se construyeron 20.4 kilómetros de la red primaria y 49.0 kilómetros de la red secundaria. También se continuó con las obras del Acueducto Perimetral donde se excavaron 1.1 kilómetros y revistieron 3.3 kilómetros. Paralelamente se concluyeron dos plantas potabilizadoras y nueve tanques de almacenamiento.
Ambito de bienestar social
Para ejecutar los 13 programas de este ámbito, el DDF, gastó 2 mil 443.5 millones de nuevos pesos lo que representó el 15.8% de su gasto programable y superó en 3.5% el presupuesto original. El 36.6% del presupuesto ejercido, se destinó a los cinco programas prioritarios y el 63.4% a los otros ocho.
En materia de salud, mediante la infraestructura de los servicios médicos del DDF, se proporcionaron 548 mil 274 consultas de medicina general, 752 mil 440 de medicina especializada, 101 mil 770 servicios de hospitalización y se aplicaron 471 mil 905 dosis de vacunas, principalmente en beneficio de la población de escasos recursos que no es derechoabiente de instituciones de seguridad social. Para ampliar la cobertura de la atención médica, se avanzó en la construcción de los hospitales Materno Infantil de Tláhuac, Materno Infantil de Cuajimalpa y Central de Urgencias y se continúo la remodelación de cuatro más (Hospital General Dr. Gregorio Salas, Hospital General La Villa, Hospital Materno Infantil Inguarán y Hospital Dr. Rubén Leñero).
Para avanzar en la solución de los problemas de vivienda, se concluyeron 5 mil 740 viviendas, 152 pies de casa y se apoyaron las acciones de autoconstrucción con la venta de materiales para la construcción a precios inferiores a los del mercado, en los parques de materiales administrados por el Fividesu.
En materia de infraestructura educativa, se construyeron 866 espacios educativos, se reforzaron las estructuras de 95 escuelas y se efectuaron acciones de conservación y mantenimiento en 1 mil 758 planteles de educación básica.
También se captaron 419.4 millones de metros cúbicos de agua en bloque, se repartieron 3.2 millones de metros cúbicos con carros tanque y se instalaron 67 mil 350 muebles sanitarios de bajo consumo.
Ambito de justicia y seguridad pública
Las acciones realizadas en materia de justicia y seguridad pública se llevaron a cabo en tres programas, en los que se ejercieron 2 mil 578 millones 988.6 miles de nuevos pesos, cifra que representó el 16.6% del gasto total programable y 22% más de lo erogado en 1992. Los programas prioritarios CK "Promoción de la Justicia" y CO "Seguridad Pública" erogaron el 98.6% del gasto destinado al ámbito.
Los objetivos de estos programas se orientaron fundamentalmente a elevar los niveles de seguridad en la ciudad, a fin de proteger la integridad física y patrimonial de los habitantes, preservar las garantías individuales y los derechos humanos y proporcionar una adecuada procuración e impartición de justicia.
Durante 1993, se expidió la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y se elaboró el Programa de Seguridad Pública 19931994, a efecto de profesionalizar los cuerpos de seguridad pública, fomentar la participación ciudadana en la prevención de los delitos y ampliar los niveles de seguridad jurídica de la población.
Con objeto de reducir el índice delictivo, la Secretaría General de Protección y Vialidad y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, llevaron a cabo dispositivos de seguridad en las estaciones del metro y ferroviarias, aeropuerto, Central de Abasto, terminales de autobuses foráneos y en centros escolares. Además, la SGPyV inició una nueva subdivisión de los sectores operativos ubicados en las delegaciones: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztapalapa, Tlalpan, Alvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.
Por otra parte, se estableció el Sistema de Registro de Servicios Policiales, con el propósito de contar con un archivo personal de los integrantes de las diversas corporaciones. Asimismo, se prosiguió con el proceso de reestructuración y modernización de la Procuraduría General de Justicia del D.F.
En este contexto, la Secretaría General de Protección y Vialidad realizó 5.9 millones de servicios permanentes y especiales de protección y vialidad, atendió 9.4 millones de llamadas de auxilio, efectuó 6 mil 590 acciones de supervisión y evaluación de los dispositivos y tácticas de seguridad y ejecutó 870 mil 715 campañas de protección y vialidad. Con estas actividades se contribuyó a la obligación de mantener el orden público y proteger el patrimonio e integridad física de los ciudadanos.
Por su parte, la Policía Bancaria e Industrial del D.F. y la policía auxiliar, realizaron 47 mil 397 y 13 mil 916 servicios de vigilancia especial a empresas y particulares, respectivamente.
En materia de procuración e impartición de justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó y cumplimentó 9 mil 430 proveídos; resolvió 490 recursos de revisión, celebró 1 mil 927 audiencias; dictó; 1 mil 796 sentencias y procuró 527 sentencias favorables a los particulares. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia tramitó y resolvió 205 mil 554 asuntos en primera instancia del orden penal, civil, arrendamiento inmobiliario, familiar, concursal y de inmatriculación judicial, realizando 257 mil 502 notificaciones y ejecuciones dictadas por los jueces de las materias civil, arrendamiento inmobiliario, concursal, familiar y de inmatriculación judicial, y emitiendo 17 mil 493 dictámenes de carácter médico legal y forense.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia inició 168 mil 990 averiguaciones previas derivadas de ilícitos; ejecutó 152 mil 540 diligencias policiales y practicó 142 mil 586 peritales técnico-científicos de hechos delictivos. También, proporcionó atención a cuatro centros de terapia para apoyar a víctimas por violencia sexual y mejoró la operación de las agencias especializadas de esta índole.
A fin de vigilar la aplicación de la legislación laboral, la Dirección General de Trabajo y Previsión Social proporcionó asesoría jurídica a 26 mil 98 trabajadores en conflictos laborales y se conciliaron 3 mil 50 conflictos obrero-patronales. Por conducto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se tramitaron y resolvieron 3 mil 825 emplazamientos a huelga.
Ambito ecológico
Para prevenir y controlar la degradación del medio ambiente en la zona, el DDF emprendió un conjunto de acciones en el marco del Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica en la Zona Metropolitana de la ciudad de México, al cual se le ha dado seguimiento y continuidad.
En este ámbito, el DDF ejerció 1 mil 272.5 millones de nuevos pesos en cuatro programas lo que representó el 8.3% de su gasto programable total y fue 12.7% menor que el presupuestado. En los tres programas prioritarios (3Z Regulación y Preservación Ecológica, FA Producción Primaria y 5M Infraestructura Ecológica) se erogó el 98.7% de los recursos destinados al ámbito.
Dentro de lo realizado, destacan los programas de Verificación Vehicular y "Hoy no Circula" que contribuyen a disminuir la contaminación del aire provocada por fuentes móviles. Por medio de 2 mil 26 inspecciones se vigiló que en los establecimientos industriales y mercantiles se observara el cumplimiento de la normatividad vigente.
Para evitar la contaminación de los mantos acuíferos, se operó permanentemente la infraestructura hidráulica de captación, conducción y desalojo de aguas residuales; a la vez que parte de su volumen fue reutilizado por medio de procesos de tratamiento. A través de los servicios públicos de limpieza, fueron recolectados y confinados en sitios de disposición final 5 millones 108 mil 332 toneladas de basura y 122 mil 469 m3 de desechos sólidos. Para ampliar la infraestructura se concluyó la construcción de una planta separadora de desechos sólidos y se continúa con la construcción de la tercera y cuarta del relleno sanitario Bordo Poniente.
Como respuesta de largo plazo al problema del deterioro ambiental, en acciones conjuntas de forestación y reforestación la Cocoder, las delegaciones del D.F., instancias del Gobierno del Estado de México y brigadas del ejército nacional, se plantaron 7 millones 10 mil 39 árboles y 2 millones 13 mil 721 plantas de ornato.
La meta de recolección de basura por contenedores se cumplió parcialmente, debido a programas de reciclamiento en algunos hospitales y clínicas, y en la construcción de rellenos sanitarios se obtuvo un resultado inferior al programado por problemas en la adquisición de un predio en Ixtapaluca.
Ambito de abasto y comercialización
El Departamento del Distrito Federal ejerció 199.4 millones de nuevos pesos a través de los cuatro programas que conforman este ámbito: 6M Almacenamiento, 3L Fomento y Regulación del Comercio Interior y Exterior, 5A Construcción de Establecimientos de Acopio y Comercialización y FG Producción de Papel, Impresos y Publicaciones. El presupuesto ejercido representó el 1.3% del gasto programable total del sector y fue 8.0% mayor que el presupuesto original.
En este ámbito, se realizó la modernización de 199 tianguis y mercados sobre ruedas y la modernización operativa y comercial de 112 mercados públicos; se efectuaron trabajos de conservación y mantenimiento en 248 de estos mercados; se concertaron 15 convenios con delegaciones y organizaciones gremiales y 292 jornadas de abaratamiento de productos de la canasta básica en los tianguis. Asimismo, se continuó con el Programa Inmediato de Mejoramiento del Comercio Popular mediante el cual se reubicó de manera definitiva a 6 mil 953 comerciantes ambulantes del centro histórico de la ciudad de México en 24 plazas comerciales. En cuanto al programa DDF-Conasupo, se construyeron nueve lecherías y se dio mantenimiento a otros nueve de estos establecimientos.
Para los organismos del transporte público que coordina el DDF, se imprimieron 1 mil 290.8 millones de boletos de viaje unitario y temporal.
Ambito administrativo
A través de ocho programas que integran este ámbito, el DDF erogó 2 mil 202.0 millones de nuevos pesos, excluyendo el pago de la deuda, monto que representó el 14.3% del gasto programable total del sector, y superó en 19.4% el presupuesto original autorizado. Este ámbito no comprende programas prioritarios.
Mediante estos programas se realizaron 83 acciones de simplificación administrativa y se llevó a cabo la reestructuración orgánica de varias entidades del DDF; se actualizó el catálogo institucional de puestos y los tabuladores del personal que labora en las 11 entidades paraestatales; se actualizó el padrón único de contribuyentes de la propiedad raíz a fin de ampliar la base tributaria, se efectuaron inspecciones y auditorías para combatir la evasión fiscal, y se vigiló especialmente la ejecución de los programas prioritarios y de aquellas obras que más contribuyeron al bienestar de la población.
También se otorgaron 146 mil 285 préstamos a corto plazo, 429 de mediano plazo y 963 créditos hipotecarios; 2 mil 828 becas a prestadores de servicio social y 155 cursos en la Academia de Policía.
No obstante lo anteriormente señalado, es conveniente señalar de manera expresa, algunas deficiencias encontradas en el transcurso del examen de la Cuenta Pública.
Se detectaron algunas insuficiencias en la información relativa a las explicaciones de las variaciones entre metas y gasto.
No se cuantifican algunas metas y tampoco se desagregan los recursos asociados con otras y a juicio de la Contaduría Mayor de Hacienda no se incluyen las explicaciones al respecto.
En la evaluación de los resultados de los programas ED Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras, El Transporte Colectivo, Metro y Tren Ligero y 32 Regulación y Preservación Ecológica algunas metas importantes no fueron cuantificadas y en otras, los recursos presupuestales aplicados para su ejecución, carecen igualmente de la desagregación necesaria para su análisis.
El cumplimiento de algunas metas se expresa en términos generales y en otros casos las variaciones carecen de explicación, lo mismo que algunas de las causas de las variaciones registradas en el ejercicio de los recursos presupuestados para la consecución de cada una de las metas. Tampoco se indican las causas por las cuales se incorporaron proyectos y/o metas no considerados en la programación original.
El ejercicio del gasto da cuenta de la altísima centralización de recursos en el Departamento del Distrito Federal, lo cual explica que las delegaciones políticas carezcan de los mismos para atender adecuadamente a la población.
Recomendaciones
Primera. Para evitar precipitaciones en la revisión de la Cuenta Pública de 1994, última para la que está facultada esta legislatura, se acordó con las autoridades del DDF, iniciar la revisión correspondiente al ejercicio de los tres primeros trimestres de 1994, el próximo enero. A partir de febrero de 1995, continuar con la tarea de revisión del último trimestre de 1994 y así, estar en condiciones de dictaminar contando con más tiempo y recursos favoreciendo la precisión en tan delicado asunto.
Segunda. Es necesario contar, por parte de esta legislatura, con un programa de seguimiento de las recomendaciones. De otra suerte, se carece de la certeza sobre su puntual observancia.
Tercera. Resulta conveniente que de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Departamento del Distrito Federal incluya en su cuenta pública un apartado que contenga información de las causas que provocaron las modificaciones en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, aprobado por la Cámara de Diputados por unidad administrativa, a fin de estar en condiciones de identificar plenamente las acciones y las obras realizadas en el ejercicio.
Cuarta. Es necesario que el Departamento del Distrito Federal concilie la información de su Cuenta Pública con la de la Hacienda Pública Federal en lo que respecta a los subsidios otorgados por el Gobierno Federal.
Quinta. Los órganos de Gobierno de las entidades controladas presupuestalmente por el DDF, Ruta-100 e Industrial de Abastos, deberán instruir a los responsables de dichas entidades, para que intensifiquen las acciones operativas y contables necesarias para: establecer un mejor control interno de los ingresos directos, mejorar los sistemas contables de inventarios y eficientar el registro de inmuebles y su valuación.
Sexta. Presentar en la Cuenta Pública del DDF la cuantificación de las metas programáticas y la desagregación de los recursos presupuestales asociados a ellas, las explicaciones precisas y suficientes sobre las variaciones registradas en el cumplimiento de las metas y en el ejercicio de los recursos empleados en la ejecución de los programas y los comentarios sobre la incorporación de proyectos y/o metas omitidos en el presupuesto aprobado originalmente.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo décimo transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así como la denominación del Título Quinto, se adiciona una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993; 42, 43, fracción III, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 15, 19, y 20 de la Ley Orgánica de la Contaduría de Hacienda y demás aplicables y,
CONSIDERANDO
Que el Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó en tiempo y forma a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Vigilancia la cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 1993, para su revisión;
Que la documentación presentada por el Ejecutivo Federal fue turnada a la Comisión del Distrito Federal a efecto de verificar el cumplimiento de objetivos y conocer el resultado a la gestión financiera y presupuestal del Departamento del Distrito Federal en el ejercicio de 1993;
Que el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda a que se refiere el artículo 3o. fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la propia contaduría, correspondiente a la Cuenta Pública de 1993, fue recibido en tiempo y forma por la Comisión de Vigilancia de esta cámara y turnado a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y análisis;
Que del análisis del informe previo presentado por la Contaduría Mayor de Hacienda, de la revisión de la Cuenta Pública y del informe presentado por la Asamblea de Representantes del DDF, se determinaron algunas deficiencias por parte del Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas, es necesario corregir. Por lo tanto, es necesario adoptar las recomendaciones correspondientes sometidas por esta comisión ante la honorable Asamblea.
Por lo antes expuesto, se somete a la aprobación de este pleno el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo 1o. Haber revisado la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal conociendo los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1993. Se valoró la observancia de los criterios señalados en el presupuesto y se evaluó el grado de cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas.
Artículo 2o. En acatamiento a lo establecido en el artículo 3o., fracción II, inciso a), de su ley orgánica, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá ejercer las funciones de contraloría y practicar auditorías al Departamento del Distrito Federal, destacando las irregularidades derivadas del incumplimiento de la normatividad aplicable a los actos y contratos celebrados por ese departamento administrativo y entidades coordinadas, promoviendo, en su caso, ante las autoridades competentes, el lineamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales, conforme a derecho e informando acerca de las acciones promovidas a esta Cámara de Diputados por conducto de su Comisión de Vigilancia.
Artículo 3o. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para los efectos legales procedentes, instruyéndola para que, dentro del término de ley, rinda el informe de resultados correspondientes por conducto de la Comisión de Vigilancia.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, D. F., a 9 de diciembre de 1994.— Por la Comisión del Distrito Federal: por el PRI, diputados: Oscar G. Levín Coppel, Adolfo Flores Rodríguez, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Jaime Mariano del Río Navarro, Víctor Manuel Alvarez Trasviña, José R. Castelazo y de los Angeles, Ofelia Casillas Ontiveros, Florentino Castro López, Eduardo Escobedo Miramontes, Ana María Licona Spínola, José Noé Moreno Carbajal, Carlos Reta Martínez, Alejandro Rojas Díaz Durán, Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, José Sánchez Suárez, Luis Alberto Contreras Salazar, Francisco Maldonado Ruiz e Ignacio Contreras Flores; por el PAN: diputados, Patricia Garduño Morales, María Elena Alvarez Bernal, José Luis Torres Ortega, Carmen Segura Rangel, Ramón Miguel Hernández Labastida, Javier Viniega Z. y Manuel Arciniega Portillo; por el PRD: diputados, Graciela Rojas Cruz, René Arce Islas, Marco Antonio Rascón Pérez y Ramón Sosamontes Herreramoro; por el PT el diputado Oscar González Yáñez.»
Es de primera lectura.
La Presidenta:
Tiene la palabra el señor diputado Oscar Levín Coppel, para presentar un pronunciamiento.
El diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez (desde su curul):
Moción, señora Presidenta. Aún no creo que proceda que se tome la votación en este momento puesto que ninguno de los diputados tenemos el proyecto de dictamen del Distrito Federal.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):
Tiene razón el diputado del PAN, que planteó que no se nos ha repartido el proyecto de dictamen del D.F., lo que se está repartiendo es el dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; entonces, lo que procede es que nos repartan primero, el documento en cuestión.
COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Oscar Levín Coppel.
El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:
El documento que voy a leer ahora forma parte de un acuerdo plural firmado por 29 de los 30 miembros de la Comisión del Distrito Federal.
"A los habitantes de la ciudad de México: sustentados en el nuevo espíritu de diálogo nacional y con la firme intención de lograr un acuerdo político que contribuya a fijar reglas claras de convivencia democrática en nuestra gran ciudad, los diputados de los cuatro partidos que conforman la Comisión del Distrito Federal en la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, manifiestan:
1. La necesidad de continuar avanzando en la democratización nacional y en particular en la del Distrito Federal, a través del impulso a una nueva y definitiva reforma política; por tanto, los diputados asumimos el compromiso de promover los mecanismos legislativos para posibilitarla.
2. Promoveremos mecanismos y acciones que contribuyan a racionalizar la estructura administrativa y los procesos de gestión y solución de demandas en esta gran ciudad.
3. Asumiremos, en el ámbito de nuestra competencia, el compromiso de buscar los mecanismos para una mejor coordinación en la región centro del país, con el fin de que en las soluciones metropolitanas de aquellos problemas que afectan a la zona se involucren las entidades ubicadas geográfica, política, económica y socialmente en el desarrollo de sus habitantes.
4. Mantendremos relación permanente con las autoridades de la administración pública del Distrito Federal, ejerciendo plenamente la facultad conferida en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 de la Ley Orgánica del Congreso.
Por tanto, invitamos a dialogar al jefe del Departamento del Distrito Federal, a efecto de canalizar adecuadamente las demandas ciudadanas y contribuir en la solución de su problemática.
5. Manifestamos nuestra disposición de colaborar con pleno respeto a las facultades y competencias de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y con el Senado de la República, a efecto de trabajar coordinadamente en tanto se dota a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de facultades legislativas plenas.
Palacio Legislativo, diciembre 9 de 1994." Muchas gracias.
La Presidenta:
Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Carmen Segura Rangel, para establecer posición, del Partido Acción Nacional.
La diputada María del Carmen Segura Rangel:
Señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Es positivo para el ejercicio de las funciones, como diputados, el compromiso que asumimos en este pronunciamiento, ya que hoy día observamos la política de una manera diferente, haciendo necesario un cambio de conductas en quienes nos dedicamos al quehacer político.
Mucho se habla en esta tribuna de pluralismo; pero ello implica que las diversas fuerzas con diferentes posiciones ideológicas hagamos un esfuerzo por equilibrar la diversidad a través del ejercicio honesto en el que sin claudicar podamos avanzar en compromisos y acciones coincidentes.
Este pronunciamiento contiene una posición sobre la necesidad de avanzar en la democratización del Distrito Federal. Una posición también acerca de la actitud de los integrantes de la Comisión del Distrito Federal en esta cámara, ante los problemas de la ciudad, la forma en que deben de ser abordados ante la autoridad y la coordinación en un marco de absoluto respeto con órganos de representación popular que tienen competencia en el Distrito Federal, como es el caso de la Asamblea de Representantes y de la Cámara de Senadores, así como con la autoridad que tiene a su cargo la administración pública del Distrito Federal y la de la zona conurbada.
No tendría realmente ningún sentido emitir un pronunciamiento en el que no se abordaran aspectos fundamentales. Precisamente porque aborda aspectos de fondo, es que lo firmamos todos los integrantes del Partido Acción Nacional en la correspondiente comisión.
Del documento destacan dos puntos relevantes que a mi juicio merecen comentarios. El primero contiene una definición acerca de la necesidad de avanzar en la reforma política del Distrito Federal, seguida del compromiso de promover los mecanismos legislativos para impulsarla. Esto equivale a mostrar disposición y apertura para diseñar de manera conjunta el contenido de una reforma trascendente que permita que los capitalinos dejemos de ser ciudadanos de segunda, como se nos ha tratado hasta ahora y elijamos de manera directa nuestras autoridades.
La firma del documento por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, también, a mi juicio, es altamente significativo, porque constituye el reconocimiento que hasta antes de este pronunciamiento no se había hecho, de la necesidad de avanzar hacia una reforma política plena.
Hacemos votos porque en el momento de dar contenido al marco legislativo que la posibilite, exista esa misma disposición.
El otro punto que destaca, de este pronunciamiento, es el compromiso conjunto de asumir en todo momento la representación que tenemos como parte integrante del congreso local para el Distrito Federal, al mismo tiempo que buscaremos que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se convierta en un día cercano, en congreso local.
Como todos los presentes sabemos, la Asamblea de Representantes tiene facultades legislativas expresas y limitadas, de conformidad con la reforma política que en el presente año se elaboró.
Funciona el principio del pacto federal a manera inversa del resto de las entidades federativas en este ámbito; es decir, que aquellas facultades legislativas que no están expresamente conferidas por la Constitución a la Asamblea de Representantes, se entienden reservadas al Congreso Federal, el que continúa siendo Congreso local para el Distrito Federal.
Este compromiso enmarcado en el punto número cinco, implica dos cuestiones. Por una parte, que debemos poner todos aquellos mecanismos legislativos que sean necesarios para que la Asamblea de Representantes sea un auténtico congreso local y de esa manera seamos equiparados al resto de las entidades federativas, que tienen su propio y exclusivo órgano legislativo local.
Por otra parte, también implica que cada uno de los aquí presentes ejerzamos con responsabilidad nuestra función como representantes de ese congreso local.
Recordemos que cada uno de los aquí presentes, de los 500 diputados más los senadores, somos ese congreso local para el Distrito Federal.
Entonces en esta cámara debemos ocupar mayores espacios para tratar la problemática de esta gran ciudad, por dos cuestiones fundamentales a mi juicio:
Muchos problemas de otras entidades repercuten y se ven reflejados en el Distrito Federal. Sabemos por ejemplo que todo el caos que se provoca en materia de vialidad y una serie de intereses en conflicto por las manifestaciones, son en gran parte consecuencia de una causa que se produce en el resto de las entidades federativas y es que las autoridades locales no resuelven los problemas en su correspondiente localidad.
Si alguno de ustedes no sabe la estadística, el 74% de las manifestaciones son de grupos que vienen del interior de la República. Esto nos da una idea de que en la medida en que cada uno asumamos nuestra responsabilidad en este carácter doble: por una parte como representantes federales y por otra como representantes de un congreso local para el Distrito Federal, estaremos en posibilidad de resolver de manera adecuada ambas problemáticas.
También, a mi juicio es importante que dediquemos más tiempo a la revisión de los problemas del Distrito Federal, precisamente por razones obvias de que somos parte de ese congreso local y tenemos que asumir plenamente esa responsabilidad.
Por ello es un reto para cada uno de los integrantes de la Comisión del Distrito Federal el convencer al resto de nuestros compañeros para que se involucren en esa problemática. Exhorto a cada uno de los presentes a cumplir nuestra función.
Ojalá que el próximo pronunciamiento que aquí se presente no sea firmado por 29 legisladores, como lo señaló el diputado Levín, sino que sea firmado por los 500 diputados que formamos parte del congreso local del Distrito Federal y que ojalá y la invitación, a la que se refirió también el diputado Levín, para la próxima semana acudirá ante la Comisión del Distrito Federal el gerente, porque no pudiéramos decir que es un regente, es un gerente porque tiene una visión empresarial de los problemas y de la calidad de los habitantes de esta ciudad, esperamos que no nada más los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, sino todos estemos interesados en cuestionarlo y en saber cuál es su visión y su forma de resolver los problemas de la ciudad. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta:
Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Graciela Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, para establecer su posición.
La diputada Graciela Rojas Cruz:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputadas y diputados:
Los diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal, hemos alcanzado un punto de consenso acerca de la democratización de la ciudad de México, que ojalá siente precedentes para el trabajo futuro de la misma comisión.
Este pronunciamiento fija las bases de una reforma política que queremos definitiva, para que quienes aquí vivimos recuperemos nuestros derechos políticos plenos y tengamos una participación activa en todo los órdenes de la vida política de la ciudad.
El Congreso de la Unión tiene una deuda pendiente con los ciudadanos del Distrito Federal, porque la reforma política que nos ofreció la LV Legislatura, no cubre ni por mucho las expectativas que nos habíamos formado al respecto. Pero además, no resuelve ninguno de los problemas fundamentales que una reforma integral debe plantearse. En primer lugar, el de devolver a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos políticos; este asunto todavía está pendiente. Yo espero que en el curso de nuestra gestión podamos llegar a acuerdos basados en este pronunciamiento, para que la reforma del Distrito Federal sea completa, definitiva y que satisfaga a todos y, sobre todo, a los ciudadanos.
En opinión del grupo parlamentario del PRD, una reforma tal no puede limitarse sólo al aspecto electoral, porque como todos sabemos, la democracia es algo más que elecciones. La democracia que queremos para el Distrito Federal tiene que ver con la planeación y desarrollo urbano, con la planeación financiera, con la procuración y administración de justicia y, sobre todo, con la participación de los ciudadanos en el control y fiscalización de los actos de Gobierno.
Así entonces, una auténtica reforma política del Distrito Federal, requiere de la constitución de órganos locales de gobierno, con plenas facultades para regir la vida política, económica y social de nuestra ciudad, mismos que sólo pueden constituirse como resultado de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas electorales.
El pronunciamiento de la Comisión del Distrito Federal establece nuestro compromiso de encontrar los mecanismos legislativos necesarios, para promover esa reforma a lo largo de nuestra gestión en esta legislatura. Pero hay una prioridad que no resiste más tardanza. El estatuto de Gobierno del Distrito Federal debe ser reformado en su artículo 6o., capítulos I y II, relativos a la elección de los consejos de ciudadanos y a las atribuciones y facultades de que están investidos.
Creo que si la intención de esta legislatura es promover y propiciar una nueva y definitiva reforma política, tendrá que asumir la necesidad de que los consejos ciudadanos que se eligirán a mediados del año entrante, se integren en condiciones de lograr una genuina representatividad de las diversas expresiones políticas e ideológicas existentes en la ciudad de México.
La forma que establece el Estatuto de Gobierno para la integración de estos consejos no sólo limita, sino impide virtualmente que la representación sea completa, pues deja abierta exclusivamente la vía de mayoría relativa.
El pronunciamiento que hemos hecho público que leyó el compañero Levín Coppel, quedaría incompleto si no promovemos la reforma al estatuto de Gobierno para abrir la vía de representación proporcional para integrar los consejos de ciudadanos y quedaría igualmente limitado si no se amplían las facultades y atribuciones de los consejos, reducidos ahora sólo a aprobar, supervisar y evaluar los programas operativos anuales delegacionales; es decir, entre las funciones de los consejos no está la de ser copartícipes en la elaboración de esos programas, aun más; ni siquiera tienen facultad para sancionarlos. Si esta situación prevalece y se prolonga, los consejos de ciudadanos están condenados a convertirse en un elefante blanco, como lo ha sido el consejo consultivo de la ciudad de México, sólo que sería más caro para la ciudad.
Por ello y para ser consecuentes con las cláusulas del pronunciamiento que firmamos, propongo que en cumplimiento de la atribución constitucional que tenemos en esta Cámara de Diputados, de legislar en materia del D.F., promovamos desde la Comisión del D.F., una reforma inmediata del estatuto de Gobierno para buscar tres propósitos principales y serían: abrir la vía de la representación proporcional para integrar los consejos de ciudadanos; ampliar las facultades de los consejos ciudadanos y que la elección de los mismos se organice, desarrolle y califique por órganos electorales autónomos y considero también que deberíamos de reflexionar y procesar en la Comisión del D.F., el que podamos abrir la vía para que la sociedad, las organizaciones sociales, organismos y ciudadanos que no pertenecen a partido político ninguno registrado o no registrado, puedan acceder a los consejos ciudadanos delegacionales por la vía de ciudadanos independientes. Creo que debemos reflexionarlo, creo que nuestra ciudad, hemos visto los partidos, no está toda la gente en él; las expresiones políticas, ideológicas y sociales que tenemos son muchas, esta ciudad nos ha dado una muestra de que hay una sociedad civil, exigente, crítica y que es necesario abrir un cauce para que ella también participe en elecciones y tenga derecho a tener representantes populares. Gracias por haberme escuchado.
La Presidenta:
De la manera más atenta, esta Presidencia suplica a quienes ocupan el pasillo central, despejarlo y, a los señores diputados, ocupar sus lugares, a fin de que escuchemos con atención a los oradores en esta tribuna.
Para establecer la posición del Partido del Trabajo, ha solicitado el uso de la palabra, el diputado Joaquín Vela.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Nuestro partido está en principio de acuerdo con este documento, porque consideramos que es un buen inicio para atacar un problema de fondo que tenemos en el Distrito Federal y que dentro de nuestra plataforma hemos reivindicado permanentemente y es la necesidad objetiva de que exista el Distrito Federal con todos los derechos como cualquier Estado.
Efectivamente, no podemos ser... no pueden ser los habitantes del Distrito Federal, habitantes que tengan un nivel cualitativamente diferente; por ello este documento que se presenta por el diputado Levín Coppel, efectivamente consideramos que es un buen inicio, pero tenemos que llegar al punto final; tenemos que llegar efectivamente a que se tengan los mismos derechos... que tengan los mismos derechos los habitantes del Distrito Federal, que los demás habitantes del país tienen.
Por ello, estamos de acuerdo en que en los consejos efectivamente exista la proporcionalidad por una razón elemental. En las votaciones últimas del 21 de agosto de 1994, de ninguna manera el PRI alcanza el 50% de la votación y sin embargo en los cargos de decisión, dentro del propio Departamento del Distrito Federal y ahora en estos consejos, intentan por una vía indirecta, asumirse una representatividad que no tienen; por eso nuestra idea fundamental es que es urgente efectivamente que exista la proporcionalidad directa para que sea un mecanismo que efectivamente nos proporcione una representatividad real a cada una de las fuerzas, la que tienen, para que pueda, por esta vía, existir efectivamente, que podamos decir efectivamente, que existe un esquema democrático dentro del Distrito Federal.
Entonces, estamos de acuerdo en este documento, como punto de partida; estamos de acuerdo en que la Comisión del Distrito Federal avance, pero la idea fundamental de nuestro partido es que todo esto tiene que tener una conclusión y es la conclusión de que se constituya el estado 32 como única vía, para darle solución a muchos de los problemas que tenemos y que efectivamente nos conduzcan a poder plantear en términos de igualdad una condición semejante para toda la República, que avance en un proceso profundo de democratización no solamente en el Distrito Federal, sino en el conjunto del país. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para establecer la postura del Partido Revolucionario Institucional, ha solicitado la palabra el diputado José Castelazo. Tiene la palabra, señor diputado.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Siguiendo con la iniciativa que tuvo mi partido en el seno de la Comisión del Distrito Federal y habiendo arribado al documento dirigido a los habitantes de la ciudad de México, me parece que vale la pena precisar que nos comprometimos, los cuatro grupos parlamentarios, a profundizar la reforma política.
Esto es importante señalarlo, porque es preciso conciliar, en el caso de nuestra entidad, la representación política con el hecho de ser sede de los poderes y capital de la República, con el hecho de estar ubicados en el centro de la República y ser eje de una gran zona metropolitana.
También acordamos trabajar coordinadamente, respetando las facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y del Senado, en tanto no se logre alguna reforma que, en su caso, le daría facultades legislativas plenas a la Asamblea.
Estamos también de acuerdo en invitar a un diálogo al jefe del Departamento del Distrito Federal, para justamente cambiar impresiones respecto de una serie de problemas que a todos nosotros nos preocupan, por ejemplo, la visión metropolitana en el Gobierno de la ciudad de México; por ejemplo, el hecho de salvaguardar la gobernabilidad en esta gran ciudad, conciliada con la funcionalidad en toda la zona; por ejemplo, el transporte público, el cuidado del medio ambiente, los problemas relacionados con el agua, la utilización y la reutilización de la misma; con los problemas de la economía informal o del comercio ambulante; es decir, con una serie de dificultades que están presentes en la vida cotidiana en la zona metropolitana de la ciudad y en la ciudad de México en sí misma.
Esto hay que conciliarlo con la capacidad económica que pueda tener la ciudad, no solamente problemas financieros derivados del presupuesto de ingresos y egresos, sino problemas de desarrollo económico, con la participación de muchas fuerzas sociales y también conciliarlo con la capacidad administrativa que pueda tener el gobierno de la ciudad, para responder a las gestiones, demandas y necesidades de la población.
La gobernabilidad, la funcionalidad, la capacidad económica y administrativa, se tiene también que conciliar con la participación social, una participación sistemática, una participación democrática, una participación ordenada, no una participación anárquica y descontrolada.
En esto estamos de acuerdo. Mi partido considera y precisa que es necesario profundizar la reforma política, porque la recién aprobada por la LV Legislatura, apenas comienza. Necesitamos ver su funcionamiento, necesitamos evaluarlo, necesitamos tiempo para reflexionar y para ver dónde van las cosas y hacia dónde nos dirigimos juntos.
La reforma política recién aprobada por la LV Legislatura, pudo resolver varias cosas; junto con los partidos de oposición, logró una serie de avances; una serie de facultades legislativas que pertenecían a esta cámara ahora están en la Asamblea de Representantes.
Logró la elección indirecta del regente en 1997; logró la ratificación de los delegados por parte de la Asamblea; logró una serie de acciones respecto de la procuración de justicia y la seguridad pública. Es todo un paquete de reformas y no solamente se refiere a la reforma política en sí, sino que hay cuestiones económicas y administrativas que se subsumen en la reforma recientemente aprobada.
De manera que en este ánimo de diálogo que hemos establecido en la Comisión del Distrito Federal y en la Cámara de Diputados, diálogo que se vio coronado el martes pasado con la comida a la que asistió, a invitación de esta cámara, a iniciativa del PRD, el Presidente de la República, creo que debemos seguir en este ánimo y en este clima. Por tal razón, me parece que precisar los términos del acuerdo que firmamos, fue útil para nuestro partido y continuemos en este clima de civilidad, para tener un diálogo con el jefe del Departamento del Distrito Federal que enriquezca nuestras diversas posiciones, pero sobre todo que se traduzca en un bienestar para los habitantes de la ciudad y de la zona. Muchas gracias.
ESTADO DE CHIHUAHUA
La Presidenta:
Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Guillermo Luján Peña, para tratar un asunto sobre Chihuahua.
El diputado Guillermo Alberto Luján Peña:
Gracias señora Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Mientras en esta semana hemos escuchado del mismo Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, el llamado al diálogo y de algunos compañeros del Partido Revolucionario Institucional en que han estado insistiendo en que debe de elevarse el diálogo nacional y que debe de haber una comunicación con todos los partidos políticos y con todas las fuerzas políticas del país, sin embargo, mientras esto sucedía en esta Ciudad de México, el día de ayer un numeroso contingente de militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por el licenciado Miguel Etzel Maldonado, secretario general del Comité Directivo Estatal en el Estado de Chihuahua, así como por el señor Pedro Domínguez Alarcón, presidente del comité municipal en la ciudad de Chihuahua, perpetraron, en contra de la soberanía del Congreso del Estado y de sus integrantes, una brutal agresión, dentro de una estrategia de múltiples provocaciones que iniciaron con gritos e insultos de los asistentes al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta el secuestro de varios diputados, todo esto encaminado a violentar el ánimo de la sesión del Congreso que había iniciado a las 11.00 horas de la mañana.
Debido a lo anterior, el presidente del Congreso del Estado, en uso de las facultades que la ley le confiere y velando en todo momento por mantener el orden y proteger la integridad física de los diputados, tuvo que suspender la sesión a los 35 minutos de iniciada.
La estrategia violenta del PRI para este día en el Congreso del Estado ya estaba preparada. Durante días anteriores grupos de priístas del comité municipal en Chihuahua, estuvieron invitando en las colonias, en camionetas de sonido y repartiendo volantes en donde se decía: Vamos a demostrarle a los diputados panistas que los priístas podemos llegar a todo si nos cambian los distritos electorales.
¿Qué quieren decir los priístas con llegar a todo? ¿Se estarán refiriendo acaso a que pueden llegar a los extremos que hemos visto en este año a nivel nacional?
Por la mañana de ayer jueves 8 de diciembre, y frente al Palacio de Gobierno, las mismas personas estuvieron repartiendo volantes, ahora ya sin el logo del PRI, pero reproduciendo los mismos argumentos en materia electoral y concretamente en materia de una nueva demarcación de distritos electorales.
Minutos antes de iniciar la sesión, cerca de 200 personas irrumpieron en el recinto legislativo, empezaron a lanzar gritos e insultos en contra de los diputados de Acción Nacional, frente a lo cual ninguno de los dirigentes ni diputados del grupo parlamentario del PRI hicieron para detener la ofensiva. No obstante, el licenciado Miguel Etzel Maldonado, como el dirigente Pedro Domínguez, habían expresado al propio presidente del congreso que garantizaban el orden y la civilidad de su contingente.
Por el contrario, tanto el diputado Manuel Chávez Rodríguez, como el licenciado Etzel Maldonado, motivaron a que creciera este desorden. Pese a las reiteradas invitaciones del presidente del congreso a que se guardara el orden y se respetara el recinto legislativo, el contingente priísta continuó con su estrategia de provocación.
No obstante esto, se inició la sesión y el primer secretario pasó lista de asistencia. Después de leída el acta anterior, los diputados del PRI se inscribieron para hacer impugnaciones a ésta sobre declaraciones que nunca habían sido expresadas por el presidente del congreso y lo que buscaban evidentemente era entrar en un debate y en una confrontación verbal, animados por las porras priístas.
Ante esta agresiva intención de los del PRI, el presidente del congreso en el Estado de Chihuahua decidió suspender la sesión. Al retirarse los diputados del PAN del recinto parlamentario, fueron hostilmente tratados por los militantes priístas, quienes cerraron las puertas y al tratar de salir por la puerta central del salón de sesiones fueron agredidos físicamente el diputado Juan Saldaña Rodríguez y el diputado Adalberto Valderrama Fernández, así como secuestrados por unos momentos, los diputados Leandro Luján Peña, Pedro César Acosta Palomino y Javier Corral Jurado.
Tenemos en poder del Comité Directivo Estatal de Chihuahua, el video completo donde se puede observar todos estos hechos.
Lo anteriormente descrito lo pueden comprobar también en los medios de difusión del Estado de Chihuahua, del día de hoy, a contrapelo de la conducta que a nivel nacional ha expresado el PRI en compromisos formales, para elevar los procesos electorales a niveles racionales de civilidad, atendiendo a exigencias democráticas de diverso contenido y alcance, en Chihuahua el PRI pretende seguir un camino de regreso. Se opone a la ciudadanización de los organismos electorales, se opone a la redistritación electoral que asegure un universo equitativo con base a la población, se oponen a que el Poder Judicial tenga intervención en la calificación de los procesos; se oponen a que haya topes de gastos en las campañas políticas y a otros avances que en la reforma electoral y que antes se opusieron en la reforma constitucional.
Esta situación es preocupante en grado extremo. Se trata de saber hasta dónde la conducta del PRI va a seguir obstaculizando en Chihuahua el avance democrático de una comunidad madura, reflexiva y civilizada, que merece como respuesta, la visión de una vida democrática y no el retroceso a la barbarie.
Hacemos un llamado a todos los partidos, organizaciones e instituciones, con vocación y congruencia democrática, para que reprueben estos hechos y salgan en defensa de una reforma política electoral que signifique el avance real de nuestra convivencia y en ella del uso y respeto de nuestras libertades.
Porque en Chihuahua el pasado ya se ha ido, y los chihuahuenses no queremos que regrese. Muchas gracias.
El diputado Oscar Villalobos Chávez (desde su curul):
Señora Presidenta, pido la palabra para rectificar hechos.
La Presidenta: Tiene cinco minutos, para rectificar hechos, el diputado Villalobos.
El diputado Oscar Villalobos Chávez:
Con su permiso, señora Presidenta; con el permiso de mis compañeros diputados:
La relación de hechos que acabamos de escuchar por quien me antecedió en el uso de la palabra, debo de mencionarlo, me parece imprecisa en algunos aspectos, en otros, francamente exagerada y también preocupante, preocupaciones que seguramente habrán de ser mutuas en algunos aspectos y nada compartidas en otros.
Yo quiero ratificar la posición de mi partido, la que hemos mantenido en los hechos de manera permanente y me refiero en forma particular al Estado de Chihuahua.
Rechazamos la violencia como medio de desarrollo de las actividades políticas. Esta es la permanente posición de mi partido, el Revolucionario Institucional.
Llegar a todos, seguramente implica la decisión firme de transitar en Chihuahua por el camino de la democracia.
Lamento que esta expresión pueda ser tergiversada y hacer sobre la misma hipótesis politiqueras, perdón por el calificativo, pero creo que justamente lo merece, como las que se hicieron desde esta tribuna al respecto.
No sobredimensionemos los hechos acontecidos en Chihuahua el día de ayer. Efectivamente, hubo una reacción, enérgica, fuerte, por parte del priísmo chihuahuense, ante una actitud incongruente que observamos, a nuestro criterio, en el manejo político del Partido Acción Nacional, en el Estado de Chihuahua.
Rechazamos categóricamente el que se hable en esta tribuna de secuestros, es un término jurídico. Efectivamente, un grupo de priístas acudió al Congreso, molestos, sí, con justificada razón, a reclamar al Congreso el no ser atendidos con motivo de la reforma electoral en Chihuahua.
No sobredimensionemos los sucesos, porque tendríamos en su caso que recordar muchos de los acontecidos en Chihuahua que merecerían calificativos, no de esa naturaleza, seguramente mucho más graves y quiero recordar las actitudes, los hechos acontecidos en Chihuahua a lo largo de seis años, los recientes, previos al inicio del actual Gobierno del Estado.
Se habla aquí de que hubo gritos en el congreso y a esos gritos se les sobredimensiona, pretendiendo confundir esa situación con la falta de disposición al diálogo, evidentemente son dos cosas diferentes.
Sin embargo, ratificamos nuestro deseo del diálogo en Chihuahua, pero no un diálogo de sordos. Rechazamos y denunciamos desde esta tribuna, los chihuahuenses, "el diálogo" al que estamos siendo convocados en Chihuahua, un diálogo en el que quizá escuche pero poco se nos atienda. Un diálogo y una concertación política a la que se nos convoca de manera formal, en la que se nos exige como actitud, el aceptar los condicionamientos y las posiciones del Partido Acción Nacional, y en la que se nos exige so pena de ser llamados retrógradas o de ser acusados de lo que aquí se nos acusa hace un momento en esta tribuna, por no aceptar las condiciones que de manera absolutamente unilateral y ventajista en una reforma electoral está planteando Acción Nacional.
Reitero, tendremos muchas coincidencias, pero en lo que no es necesario un abierto diálogo y una disposición para la negociación política, para el entendimiento, para poder tener desde ahorita, con un nuevo estatuto electoral, las condiciones para un proceso democrático, abierto, justo en 1995.
Queremos apertura, si, como la que nosotros hemos venido mencionando y hemos venido actuando a nivel nacional y como lo hemos hecho en Chihuahua. Queremos apertura, la apertura implique, que por ejemplo en el Congreso local se abra la Comisión de Vigilancia a la participación de los miembros de los partidos de oposición, mientras aquí la Comisión de Vigilancia, de manera muy respetable, la preside un miembro de su partido, allá en Chihuahua no se ha permitido, ya no digo dirigir, sino ni siquiera participar a ni un sólo miembro de la oposición.
Esa es la cerrazón a la que me refiero. Esa es la actitud que queremos reclamar de ustedes y les pedimos algo muy sencillo, les pedimos congruencia con los que aquí vienen, proponen y reclamamos lo mismo. Reclamamos exactamente lo mismo, seamos congruentes unos y otros, de nuestra parte hay disposición.
Tenemos dos años y medio de Gobierno del Estado en manos de un gobernante emanado de su partido y creo que como partido hemos sido serios y consecuentes. No hemos hecho los desmanes que ustedes hicieron en el periodo anterior, de bloquear el ejercicio del gobierno de manera diaria. Hemos sido maduros políticamente, serenos y eso lo juzgó el pueblo de Chihuahua en la reciente elección. A ese juicio, ustedes y nosotros, habremos de atenernos. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Cruz Pérez Cuéllar.
El diputado Cruz Pérez Cuéllar:
Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Yo comparto con el diputado Villalobos, que es preocupante lo que sucedió ayer en Chihuahua y veo en la posición del PRI algo que ya se ha estado manifestando en esta tribuna, que de los dichos a los hechos hay una gran diferencia.
Viene a decir aquí que ratifica su posición de diálogo, que a nivel nacional se manifiesta, cuando en Chihuahua se han cerrado al diálogo. Viene a condenar la violencia cuando entran compañeros de su partido al Congreso de Chihuahua, legítimamente electo, con mayoría del Partido Acción Nacional, a interrumpir y a impedir que se lleve a cabo la sesión para el análisis de la reforma electoral.
Vienen a hablar aquí de la dignificación del Poder Legislativo y agreden e insultan a miembros de ese poder en Chihuahua. Vienen a hablar aquí de que no se ha escuchado, cuando en Chihuahua se acaba de aprobar una reforma constitucional en la que se convocó a 14 foros de consulta, audiencias públicas y especializadas, mesas de discusión; en total, más de 100 eventos de consulta a la ciudadanía y a los partidos políticos para que expresaran sus puntos de vista, que sanea el sistema electoral y que implementa nuevas formas de participación democrática, que son de avanzada en el país y que no existen ni siquiera en la Constitución Federal, como el plebiscito, el referendum, la iniciativa popular y la afirmativa ficta y se oponen a una Ley Electoral que termina con las condiciones inequitativas que en la ley tienen de ventaja para su partido.
Dice que los priístas fueron a exigir al Congreso que se les escuchara, yo diría, que más bien deberían de exigirle a sus representantes que debatan, que hablen en la tribuna o en las comisiones del Congreso del Estado de Chihuahua, a lo que se han negado, tanto en el proceso de reforma constitucional como en el proceso de aprobación a la Ley Electoral; una ley que termina, como lo decía, con las condiciones injustas que favorecen al Partido Revolucionario Institucional.
Acción Nacional, ratifica que la violencia no nos intimida, ni detendrá el proceso de reforma electoral en Chihuahua; por el contrario, ratificamos que nuestro camino es el correcto y demuestra que el PRI no sabe ser oposición y lo demuestra y lo resume magistralmente el jefe nacional de Acción Nacional en un artículo editorial cuando dice: "en el fondo, son excluyentes como los belicistas, antipolíticos como cualquier nostálgico de cualquier totalitarismo, y antidemocráticos, porque decidieron por sí y ante sí que encarnaban a la patria, a la nación, a la sociedad, a la revolución, al Gobierno y al Estado. En Chihuahua, ya no representan al Gobierno ni al Estado, por eso no saben ser oposición". Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Héctor González Reyes.
El diputado Héctor González Reyes:
Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
En Juárez y en Chihuahua, hemos sido respetuosos de la vida nacional. En Chihuahua le hemos demostrado a la sociedad civil, al pueblo de Chihuahua, que somos y seguimos siendo por nuestra conducta, hoy por hoy la primera fuerza política, el PRI, en nuestro Estado.
En dos años de Gobierno de extracción panista, los priístas hemos adoptado actitudes de civilidad, hemos buscado el diálogo y hemos buscando coincidencias para fortalecer la vida democrática de nuestra entidad. Como fracción parlamentaria priísta, inclusive hemos dialogado con el Ejecutivo recomendando que haya apertura para hacer escuchada la voz del priísmo. Sin embargo, han sido oídos sordos; hemos recibido por informaciones periodísticas, que todas las sugerencias que nuestro partido formula, no se escuchan, sin embargo hemos visto criterios muy cerrados en la legislatura local. Por eso demandamos como priístas, que cuando se nos convoque al "diálogo" no venga etiquetado; que el diálogo sea supeditado a la razón.
Por eso utilizamos esta tribuna, para exigir que en Chihuahua haya congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. No queremos vivir la experiencia amarga de algunos municipios como Guanajuato, cuando ahí la oposición burló los principios democráticos que en el discurso practica.
Amigos diputados: los chihuahuenses nos negamos a la violencia; los chihuahuenses pedimos congruencia entre lo que se dice y lo que se hace; los chihuahuenses priístas demandamos que al interior del Congreso del Estado se escuche la razón, se escuchen los planteamientos y se resuelva en favor de la democracia. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Salvador Beltrán del Río.
El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Contrasta lo manifestado tanto por el diputado Villalobos y el diputado González Mocken, hace unos momentos; lo que también hace unos minutos nos habían manifestado en diálogo aquí en los pasillos, que no sabían qué había ocurrido en Chihuahua, salvo por las notas periodísticas y resulta que ahorita sube el diputado Villalobos y dice que estamos exagerando los hechos, cuando por otro lado decía que los desconocía.
Por otro lado, señala el diputado González Mocken que ellos han estado dispuestos al diálogo en Chihuahua. De julio a diciembre del año pasado, se realizó en el Estado de Chihuahua la consulta pública más amplia que jamás se haya llevado a cabo en todo el país, ni siquiera en este Congreso y en la cual en ninguna de las audiencias, de los foros, de las mesas de discusiones participaron representantes del PRI.
Ante los bochornosos hechos de provocación y violencia suscitados el día de ayer en el recinto parlamentario del honorable Congreso del Estado de Chihuahua y en los que se insultó y agredió a diputados panistas por parte de militantes y dirigentes encabezados por el Secretario general de ese partido en el Estado de Chihuahua, Acción Nacional y su grupo parlamentario aquí representado expresa pública y enérgicamente su condena y protesta contra esta manifestación de barbarie política que hace descender el nivel del debate parlamentario, enrarece la convivencia social de los chihuahuenses y trastoca el estado de derecho, hoy por hoy aspiración fundamental de la sociedad mexicana.
La actitud del PRI chihuahuense nos es altamente preocupante, porque demuestra hasta qué punto ese partido político está dispuesto a llegar para detener y obstaculizar la reforma político electoral que se está desarrollando en ese Estado, la cual generará una serie de condiciones de equidad, de respeto a la pluralidad para la competencia política plena, democratizando los órganos y los procesos electorales.
Preocupa y lastima que un partido político que a nivel nacional es víctima de la violencia política y criminal contra sus propios hombres, quiera reproducir en el contexto local chihuahuense su estrategia violenta para seguir conservando viejos privilegios y manteniendo el control de las instituciones públicas en Chihuahua, por medio de concesiones legales injustas.
La reflexión y la pregunta es necesaria: ¿ante qué PRI estamos en Chihuahua?
¡No creo, definitivamente no lo creo, que estemos ante el PRI que describe el presidente Ernesto Zedillo y al que se refirió hace unos días en este mismo recinto!
Durante un año y cuatro meses, mediante una actitud de provocar vacío abandonando sus responsabilidades legislativas, el PRI en Chihuahua, desdeñó la consulta pública y el procedimiento de reforma constitucional, que sienta las bases del nuevo modelo electoral.
¡Nunca expresaron durante este proceso ningún punto de vista sobre la reforma legislativa, sino que una vez aprobada siguieron una descalificación total y buscaron de la justicia federal un amparo a todas luces improcedente!
Ahora, de ese silencio sepulcral que el PRI mantuvo, pasa al criterio, a los insultos y a la agresión física; tratando de intimidar a nuestro grupo parlamentario en el Congreso chihuahuense.
Lo que más sorprende de esta actitud, es que se da precisamente cuando aún están abiertos los caminos de la discusión y de la revisión de la reforma electoral en las comisiones legislativas, a las que está asistiendo el propio PRI.
Por ello, nos causa pena que distinguidos dirigentes de ese partido, en una acción paralela de agresión pretendan cambiar los criterios de la reforma constitucional, sustituyendo la palabra por el grito y lanzando convertido en insulto el argumento que no quisieron o no pudieron...
La Presidenta:
Tiene usted un minuto, señor diputado.
El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid:
Gracias, o no pudieron expresar en las consultas y discusiones de la reforma constitucional.
Acción Nacional, ratifica hoy y ante estos hechos, su voluntad de continuar en la lucha democrática de México, haciendo avanzar mediante la ley y a través de sus actos de Gobierno nuevas y mejores instituciones electorales, rechazamos la provocación y la violencia y expresamos que tales hechos no nos intimidan ni detendrán el procedimiento de reforma electoral en Chihuahua, por el contrario, ratificamos nuestra convicción en que el camino seguido es el correcto.
En general a todos los hombres y mujeres de los distintos grupos parlamentarios que busquen que las transformaciones de México se realicen en un ambiente de respeto, de confraternidad y de paz, los llamamos a defender y a consolidar nuestros avances democráticos. Muchas gracias.
El diputado Mario de la Torre Hernández (desde su curul):
¡Para hechos!
La Presidenta:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Mario de la Torre.
El diputado Mario de la Torre Hernández:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Por fortuna estamos en una zona de libertad total, donde todos nos podemos expresar y hoy hemos escuchado una queja de aquellos propugnadores del cambio, de aquellos argumentadores eternos de sus propias razones y hoy se quejan de violencia y yo quisiera decirles que de esas intervenciones, lo primero que hay que excluir o no esperar es la verdad.
Busquemos la verdad, pero la verdad de todos, no la verdad de unos cuantos. ¡Cómo es posible que hablen de violencia y se quejen de violencia los que hace apenas unos meses clausuraron y cerraron una escuela superior de agricultura y golpearon y balacearon a estudiantes! ¡Cómo es posible que hablen de violencia los que a un diputado perredista del Congreso local, por el delito de no estar de acuerdo con sus peticiones, la policía judicial lo golpeó y lo detuvo! ¡Cómo es posible que se hable y que se quejen de la violencia los que hace apenas un tiempo bloquearon carreteras, bloquearon puentes internacionales y convocaron al enfrentamiento total!
Yo digo que la violencia, aparte de física, puede ser también la violencia legislativa y la violencia verbal. ¿Por qué? Porque en el Congreso del Estado de Chihuahua, las comisiones importantes de vigilancia no permiten el acceso a los diputados de otros partidos que no sean del PAN. ¿Por qué? Porque las consultas famosas que hicieron no fueron más que celeridades, aprovechamiento de los tiempos, la velocidad por la velocidad y a nadie escucharon, porque fue un monólogo de sordos.
La violencia verbal que hoy nos acusa no es más que eso, dilapidar con injurias y con mentiras, dilapidar la sobriedad republicana de este recinto. Yo sí creo que hay cosas más importantes que escuchar las quejas infantiles de una expresión ciudadana.
Chihuahua está en crísis. La sierra tarahumara pide ayuda. Se le han concedido y las despensas y los bienes que han llegado al Gobierno del Estado no han sido entregadas todavía.
Chihuahua está seca, tiene sequía y no hemos escuchado aquí propuestas concretas a este respecto. ¡Yo creo que los contribuyentes de Chihuahua tienen vergüenza de ver como se desperdician sus impuestos, los que pagan nuestros salarios, los que están viendo como nos perdemos en querellas de niños!
Ellos, los que hoy se quejan, sufren un problema y los entendemos: no saben gobernar y porque no saben gobernar se escudan en las quejas de sus debilidades.
Ignoran que porque no tienen proyecto no entienden su propio manifiesto.
¡Allá en Chihuahua el pueblo, a pesar de su gobierno, avanza y construye!
De todos modos, a mis compañeros panistas con los que hace poco tuvimos una reunión, con el encargado del Ejecutivo Estatal, los llamo otra vez a que dialoguemos, a que en la concordia platiquemos, a que busquemos las causas comunes de Chihuahua que hoy son tan emergentes y tan grandes. Los llamo a que caminemos juntos, diversos en el pensamiento pero unidos por Chihuahua. Gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Manuel Espino Barrientos. Cinco minutos, señor diputado.
El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos:
Señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Qué lamentable resulta percibir, presenciar, constatar la verborrea y la ignorancia de unos compañeros del PRI, que ante la ignorancia de lo que realmente está sucediendo en Chihuahua, vienen a esta tribuna a faltarle al respeto precisamente al pueblo de Chihuahua.
El diputado Oscar Villalobos califica de imprecisa, de exagerada y de preocupante la relatoría de hechos que ha hecho un compañero de Acción Nacional, como si fueran los diputados de Acción Nacional los que hubieran inventado lo que ayer mismo en la ciudad de Chihuahua presenciaron los ciudadanos de nuestra capital. El compañero Villalobos afirma que durante dos años han ratificado y mantenido una postura en contra de la violencia como partido; sin embargo, desconoce quizá el señor Villalobos que en Chihuahua los últimos acontecimientos importantes en la vida política del Estado han sido caracterizados por la participación de miembros de su partido.
Nada menos que en la última campaña electoral el compañero Héctor González Mocken, quien también vino a defender la postura de no violencia en su partido, vino a decir que se rechace en su institución política la postura violenta de Acción Nacional, pero olvida que en la campaña en la que él participó, estuvo preso un compañero, al menos de su partido, por violentar las elecciones y algunos de ellos fueron denunciados porque destrozaron materialmente las oficinas de Averiguación Previa del Gobierno del Estado, ése es el concepto de la no violencia.
Ahora me explico por qué no gobierna este país un hombre de apellido Colosio y ahora me explico por qué no está aquí con ustedes un hombre de apellido Ruiz Massieu, porque el concepto que tienen de la no violencia nos hace pensar que el secuestro es un término equivocado para lo que ocurrió ayer en el Estado de Chihuahua. Compañero Villalobos, le cambio la palabra secuestro que a lo mejor no la puede cruzar con este acontecimiento, se la cambio por la de vandalismo típico de su partido.
Hemos sido maduros políticamente, dice el diputado Oscar Villalobos; si a madurez política se le puede llamar el hecho de que los diputados de su partido en la ciudad de Chihuahua se ha negado al debate en el pleno del Congreso, quizá tenga razón, se les ha invitado y no lo puede negar, aquí en la ciudad de Chihuahua, con sus dirigentes nacionales, con los dirigentes nacionales de Acción Nacional, a algunos diputados representantes de tres grupos parlamentarios del Estado de Chihuahua, acompañados por algunos miembros distinguidos de los tres partidos. Aquí en la ciudad de México sostuve un diálogo para esta reforma electoral a la que ahora están tratando de obstaculizar, ése es un diálogo iniciado por Acción Nacional, no pueden negar que no lo ha existido; sin embargo, también el compañero Mario de la Torre, de quien quiero lamentar que haya venido a esta tribuna, a la máxima tribuna política de México, a contar mentiras; desconoce el señor Mario de la Torre lo que ocurrió en la escuela de agricultura "Hermanos Escobar" y desconoce las causas por las que fue a cerrar esta escuela, es una escuela que tradicionalmente servía al PRI para violentar todos los procesos electorales, no solamente jurídicamente, sino también físicamente.
Queremos ratificarles, compañeros diputados del Revolucionario Institucional, con todo respeto, un nuevo llamado al diálogo; aquí han dicho que comprenden la necesidad y el deber del diálogo, pero cuando se ha comprendido un deber, compañeros, no se responde diciendo lo haré mañana o cuando bien me convenga; hay que actuar inmediatamente. Ojalá que esto que en las palabras han venido a manifestar a esta tribuna lo sepan glosar con los hechos en su postura política allá en el Estado de Chihuahua. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para responder alusiones personales, el diputado Oscar Villalobos y después el diputado Marcué y Pardiñas.
El diputado Oscar Villalobos Chávez:
Con su permiso, señora Presidenta; con el permiso de los compañeros.
Quiero agradecer a título personal primero, pero públicamente ante ustedes, al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, por la magnífica atención que puso a mis palabras y por la forma en que las dimensionó dándome respuesta una por una de sus aseveraciones a su juicio, al mío no habiendo contestado ni uno solo de los reclamos que desde esta tribuna mis compañeros y un servidor le hemos hecho como demanda pública y como denuncia, al Partido Acción Nacional.
Qué lástima que en esta tribuna no hayamos escuchado las razones más allá de la especulación política que escuchamos, las razones de por qué los partidos de oposición en el Congreso local, ante la cerrazón del Congreso local, no pueden participar en comisiones como las que aquí mencionamos.
Lástima que no hayamos escuchado como respuesta a nuestros comentarios y a nuestra denuncia, cuestiones sustantivas para la vida pública y política de los chihuahuenses. Yo respeto la opinión personal que el señor diputado pueda tener o las inferencias que él haga a título personal, sobre el porqué o no de nuestras actitudes y posiciones, pero hubiera preferido mejor un razonamiento que de cara a la nación se demuestre si hay o no congruencia en su actuación en el ejercicio de gobierno en Chihuahua, con lo que reclaman a nivel nacional.
Eso hubiera sido seguramente más útil para Chihuahua, más respetuoso inclusive de este recinto.
Sobre la Ley Electoral, se han dicho muchas imprecisiones seguramente; como constancia, están ahí las discusiones en todo caso, sostenidas en el Congreso del Estado de Chihuahua, para ahí sí, ver la posición real de nuestro partido. Se nos acusó aquí de repetir cosas adjudicándoselas, que supuestamente ustedes no han dicho; yo les pregunto qué es lo que están haciendo ustedes cuando de manera tan simplista pretendiere adjudicarnos una posición respecto de la reforma electoral como la que aquí escuchamos.
No, no hemos tenido en Chihuahua los priístas, en ningún momento, un silencio sepulcral. Hemos estado denunciándole al pueblo de Chihuahua, hasta donde nuestros medios nos lo han permitido, todas y cada una de las tropelías del gobierno en funciones, a diario. Si no participamos en la reforma a la Constitución, fue porque pedíamos congruencia, porque no estábamos de acuerdo con la forma, por eso no quisimos que ustedes, manipuladoramente, nos quisieran meter al fondo, sin que previamente hubiera un acuerdo, un consenso en las formas mínimas, porque no se escuchó a los ayuntamientos para poder modificar la Constitución; porque efectivamente tenían sí, la facultad legal de modificar integralmente la Constitución de Chihuahua con simple mayoría.
Qué diferente hubiera sido haber recibido de su parte, una posición de apertura política, ya no digo para atender, si en ese momento por lo menos para escuchar a los chihuahuenses y estábamos hablando no de las reformas o adiciones a uno o a dos artículos; estamos hablando de la reforma integral, como ustedes la calificaron, a la Constitución de Chihuahua, una reforma hecha de espaldas al pueblo de Chihuahua. Por eso el PRI no participó, por esa razón, porque no íbamos con nuestra participación, a convalidar una tropelía de tal tamaño, ésa es la actitud digna con la que los chihuahuenses priístas hemos actuado y hemos dado nuestras razones, en declaraciones de prensa, en el propio Congreso por supuesto, y en declaraciones de prensa y en volantes y en escritos y en inserciones y lo hemos hecho y hemos tenido que recurrir a hacerlo de esta manera, porque desgraciadamente ante las instancias de gobierno y ante el propio Congreso, lo único que vemos es prepotencia, es mayoriteo, es esa actitud que aquí escuchamos a diario, de pretender saber todo y de ser dueños invariablemente de la verdad...
La Presidenta:
Se ha terminado su tiempo, diputado Villalobos.
El diputado Oscar Villalobos Chávez:
Gracias, señora Presidenta, voy a concluir.
Le recuerdo nada más las expresiones de quien dirige el Congreso y la fracción panista en Chihuahua. El dice que ejercen su voto mayoritario porque es lo natural a un partido político en esa condición y con eso, se olvida o justifica cualquiera de las risas que a ustedes les acabamos de escuchar. Gracias, compañeros.
La Presidenta:
Tiene la palabra el señor diputado Manuel Marcué y Pardiñas.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Yo les pido a los señores que gritaron que le ordenen a los fotógrafos que me saquen una buena fotografía.
Señores, yo venía a hacer una recomendación a los señores de Acción Nacional, pero ahora sucede que voy a hacer esa recomendación a todos los de Acción Nacional aquí presentes y a los de Chihuahua, pero antes voy a decir unas palabras que no pensaba decirlas pero ésta es oportunidad.
Señor del PRI y señores del PRI: por desgracia, para ustedes no tienen ninguna autoridad, de ningún tipo, para venir aquí a hablar de que se cumpla la Constitución y voy a ser respetuoso, no la tiene ningún priísta que viva sobre la superficie de este país y lo digo con respecto para los altos jefes de la República.
Lo de Chiapas me está lacerando. Se nos contestó, y lo digo con respeto para mi amigo Zedillo, que lo de Chiapas no se tiene derecho a decir que ahí se aplicó la Constitución. No pueden ustedes hablar así porque cada minuto, cada segundo, la están violando, señores. Eso no se puede hacer.
Señores y lo digo a todas las bancadas, a mis amigos del PRI, porque ahí hay amigos míos y hay mexicanos que tienen dignidad, pocos, pero los hay, particularmente entre los jóvenes, lo digo por todas las bancadas, tenemos un gran problema. ¿Qué es lo que sucede en Chiapas? Hay que tener presente en Chiapas cómo han vivido por 300 ó 400 años los indígenas de esos pueblos y no vengo a hablar de memoria, por razones familiares he recorrido municipio por municipio durante 50 años.
Cada año he ido tres o cuatro veces a visitar a la familia de mi esposa y mi mujer y yo nos ocupamos de recorrer municipio por municipio para conocer las carencias de esos indígenas que tienen a veces medio metro o un metro de estatura por el hambre, la miseria y la desnutrición. Así es, señores, que no me vengan los señores del PRI a hablar de que los de Acción Nacional o los de mi bancada o el PT o cualquier mexicano, viola la Constitución. Eso no es tener vergüenza, señores.
El tema: con todo respeto yo le pido a los señores de Acción Nacional que están presentes aquí y los que están presentes en Chihuahua, y particularmente a su gobernador, que una escuela de agricultura con tanta tradición, que fue fundada mucho antes de la revolución, no se cierra por razones políticas; se transforma, se transforma, se ordena y se le da camino.
Yo les pido a los señores del PAN y al señor gobernador, les pido como mexicano que esa escuela que tiene historia la vuelvan a establecer y la ayuden.
La Presidenta:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Juan Antonio García Villa, por cinco minutos.
El diputado Juan Antonio García Villa:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
El diputado Villalobos vino a señalar aquí que los diputados de Acción Nacional no daban la cara y no ofrecen respuestas a los planteamientos que él hizo. Hay constancia en numerosos periódicos, en versiones de todo tipo, que los legisladores locales de Chihuahua hicieron el vacío al proceso de reforma integral a la Constitución de ese Estado, pero debemos reconocer que algunos chihuahuenses del PRI, públicamente externaron, y están por ahí las notas periodísticas que lo atestiguan, que esta reforma integral a la Constitución del Estado fue de gran aliento.
Reiteradas invitaciones, repetidas exhortaciones a dialogar, todas fueron sistemáticamente rechazadas. Nadie puede venir aquí a decir lo contrario y luego invocar como bandera el diálogo y la negociación política.
Pero no solamente eso; puedo decir que dos días antes del 28 de septiembre, fecha que sin duda todos ustedes recuerdan, un priísta distinguido manifestó cuando conoció el alcance de las reformas propuestas a la Constitución de Chihuahua, que él verdaderamente lamentaba no haber tenido conocimiento más próximo, más directo, más inmediato, más cercano, del contenido de estas reformas, para haber propiciado la participación de los dirigentes y diputados de su partido en el Estado de Chihuahua. Ese dirigente del PRI no estuvo en condiciones de hacer esa promoción entonces, y menos lo está ahora, porque hoy ha fallecido por una bala asesina.
También un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Mariano Azuela Huitrón, de manera espontánea envió el pasado 20 de noviembre una comunicación dirigida al Congreso del Estado de Chihuahua, en los siguientes términos:
"Me es muy grato expresarles mi sincero reconocimiento por las modificaciones a 138 artículos de la Constitución Política local, de lo que me acabo de enterar por una publicación periodística en la que se incluyen las características fundamentales que se introdujeron. Considero dice el ministro de la Corte, que se trata de una reforma histórica en favor de los grandes valores que reconoce la Constitución Federal. Deseo sinceramente que su ejemplo sea seguido por los congresos de los demás estados de la República y por el Constituyente Permanente, respecto de la propia Constitución Federal, ello representaría una contribución eficaz al desarrollo democrático, al respeto de la división de poderes y a la vigencia del estado de derecho."
Los priístas chihuahuenses no quisieron participar en la discusión, según nos ha dado a entender aquí el diputado Villalobos, porque querían de entrada que primero se modificara el precepto que los propios diputados del PRI y el constituyente permanente introdujeron previamente, sin duda bajo el supuesto de que los del PRI en la siguiente elección no alcanzarían mayoría calificada en el seno del congreso, pero sí mayoría absoluta, y el efecto de bumerang fue que la mayoría absoluta, fue del PAN, no del PRI y que el PAN pudo llevar a cabo esta reforma integral que un respetado y respetable ministro de la Corte ha calificado de histórica y que quiere, que aspira a que las líneas de estas mismas reformas se incorporen incluso a la propia Constitución Federal.
La Presidenta:
Señor diputado, se ha terminado su tiempo.
El diputado Juan Antonio García Villa:
Concluyo en un minuto, señora Presidenta, porque creo haberme sentido aludido cuando aquí el señor diputado Villalobos, dice que la oposición preside la Comisión de Vigilancia y que en el Estado de Chihuahua ni un solo miembro de su partido forma parte de ella.
Es cierto, pero debo también reconocer, el señor diputado Villalobos que aplaude, espero que también aplauda cuando diga lo siguiente: que en el Congreso del Estado de Chihuahua, cuando los del PRI tenían mayoría jamás aceptaron a un solo miembro de la oposición, pero además son tiempos distintos, hay que recordar que en el primero y en el segundo año de esa legislatura con mayoría del PRI, básicamente se iba a revisar ayuntamientos y al Ejecutivo estatal del Partido Revolucionario Institucional.
Y segundo, debe reconocer, si es que no lo conoce el señor diputado Villalobos, que en el proyecto de Ley Orgánica ya está previsto por propia ley que la oposición debe, necesariamente, formar parte de la Comisión de Vigilancia. Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Sergio Vázquez.
El diputado Sergio Vázquez Olivas:
Señora Presidenta; diputados a este congreso:
Quiero decirles a los diputados del PAN que si no han entendido la política, si no han sabido gobernar el Estado, ¿cómo están aquí pidiendo puros diputados plurinominales? ¿Dónde nos exigen, si el pueblo los rechazó el 21 de agosto?
Sentimos que el diputado García Villa hace alusión que el diputado Villalobos le mencionó que mentía y que ellos no dan la cara. En ningún momento lo mencionó el diputado Villalobos.
Yo creo que el diputado García Villa, con mucho respeto, como profesionista le reconocemos, pero él no ha consultado, nunca ustedes consultaron para las modificaciones que tenían que hacerle a la Ley Orgánica del Estado de Chihuahua.
Señores diputados: el proyecto y las reformas a los 138 artículos se puede decir que son de García Villa.
Yo quiero aquí manifestar que tanto los municipios que han sido gobernados por Acción Nacional, como tanto el gobierno del Estado y la pobreza que viven los compañeros tarahumaras, es por culpa de su gobernador, que no ha sabido gobernar.
Yo quiero decirles a los panista que no han sabido gobernar; que les quitaron las oficinas; que les quitaron los...
La Presidenta:
Orden, señores diputados.
El diputado Sergio Vázquez Olivas:
Que les quitaron los subsidios a los tarahumaras; que ustedes no han sabido hacer política ni servicio social.
Señores...
La Presidenta:
Orden, señores diputados.
El diputado Sergio Vázquez Olivas:
Señores, hablan de avance democrático, pero no han aprendido a ser democráticos. Sí, compañero, yo creo que tú estás por eso.
Queremos también decirles a ustedes, compañeros, que ahora sí hablan de dignidad, que sí hablan de respeto, cuando bloqueaban ustedes los puentes internacionales, cuando bloqueaban las carreteras. ¡Eso sí era para ustedes una legalidad! Les pregunto a los señores diputados, ¿qué ha pasado con ustedes? Yo creo que debemos de analizar el Estado de Chihuahua y debemos de centrarnos y no permitir ese tipo de situaciones para que no vayamos a la violencia.
Nosotros como priístas reconocemos y queremos una paz social en todo México. Muchas gracias.
El diputado Juan Antonio García Villa (desde su curul):
Ciudadana Presidenta, pido la palabra para alusiones personales.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado García Villa.
El diputado Juan Antonio García Villa:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Es lamentable que el debate adquiera esta tonalidad. Yo creo que a los argumentos y a las razones que aquí se esgrimen, no es posible sinceramente responder con la descalificación de un gobernador del Estado, simplemente porque en ese Estado y en la tarahumara hay problemas que pueden atribuirse a la naturaleza, señores diputados.
Pero simplemente en defensa, que no la necesita, el gobernador Francisco Barrio Terrazas, porque el apoyo popular que siempre ha tenido y que lo despojaron de la gobernatura en 1986, como quedó demostrado, no sólo a los ojos del pueblo de México, sino fuera del país, en un ejemplo vergonzoso de fraude electoral de escándalo, cuando con todas las razones se justificó el fraude patriótico.
Lo único que podemos decir, quienes conocemos a Francisco Barrio, es que apoyamos su trayectoria, apoyamos su política... Estoy en el tema, señor diputado, usted está fuera de tono, de tema y de tiempo.
Yo simplemente para concluir quisiera que el señor diputado nos dijera si Francisco Barrio Terrazas es mal gobernante, cómo sería Fernando Baeza, de quien el actual presidente del comité directivo estatal ha dicho que no mete las manos al fuego por él.
Nosotros sí estamos, señores diputados, en condiciones de defender que, insisto, no necesita defensa Francisco Barrio, de meter las manos al fuego por él.
Si el señor senador, a quien reiteradamente por cierto, Artemio Iglesias, se le invitó al diálogo y lo rechazó, porque quería que primero se reformara el artículo lo que les permitiría a ellos oponerse a la reforma integral, histórica, de la Constitución del Estado de Chihuahua, apoyamos al gobernador no de la manera obsequiosa, como suelen ser estos apoyos entre la clase política priísta, sino simplemente porque se trata de un hombre de bien, que ha encabezado a su pueblo y que a pesar de todo tipo de obstrucciones ha hecho el bien de Chihuahua. Gracias.
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra, para contestar alusiones personales, al diputado Oscar Villalobos.
El diputado Oscar Villalobos Chávez:
Con su permiso señora Presidenta. Con el permiso de mis compañeros:
Seguramente la defensa que le hemos escuchado al diputado García Villa del manejo "político" que le dieron a la reforma de la Constitución de Chihuahua, obedece esa defensa a que sea cierto lo que todos los chihuahuenses han escuchado por allá, que el proyecto de reforma lo hizo él desde acá, desde el centro y que los diputados de Chihuahua, miembros de Acción Nacional, sólo tomaron este proyecto que les llegó de acá. Seguramente pudimos haber coincidido en mucho, si el proyecto hubiera sido hecho por chihuahuenses, eso se rumorea por allá. Lo que yo hoy aquí escucho, me da una idea de que mucho tendrá de cierto.
No venimos a hacer descalificaciones aquí personales del señor gobernador de Chihuahua, venimos sí a criticar y a reclamar su pésimo ejercicio de gobierno. Venimos desde esta tribuna a decirle al señor gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio y me dirijo con mucha energía, pero también con respeto, al señor gobernador y le reclamó el porqué Chihuahua se ha endeudado de la manera tal en estos dos años.
Que nos dé la información a los chihuahuenses para no en todo caso tener que criticarlo, porque no solamente se ejerce el gobierno de esta manera tan irresponsable, sino que además no se da la cara al pueblo de Chihuahua. Así sucedió por ejemplo con la nómina confidencial de la que no quiso informarnos a los chihuahuenses y, díganme si es criticable o no de nuestra parte la actitud de un gobernador que cuando se tocan temas como ésos, profiere a la opinión pública que informará al pueblo de Chihuahua cuando "le pegue la gana". Si eso, señores de Acción Nacional, es gobernar correctamente a los chihuahuenses, difícilmente estaríamos teniendo esta discusión.
Respetamos la persona del señor gobernador, no coincidimos en lo más mínimo con el muy irrespetuoso, de su parte, ejercicio de gobierno para con los chihuahuenses.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Manuel Espino Barrientos, por cinco minutos.
El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Los diputados de Acción Nacional presentes en este recinto, abordamos la tribuna para hacer del conocimiento de esta Cámara de Diputados, a través de ella, de la opinión pública nacional, lo que consideramos que fue una franca posición vandálica por parte de algunos militantes del Revolucionario Institucional, en el pleno del Congreso del Estado de Chihuahua. Ese es el tema, no es otro el tema.
Sin embargo... efectivamente, compañera, todo tiene sus cauces, y en esta tribuna hay que volver a decir que por segunda ocasión un diputado del PRI el día de hoy sube para contar una mentira que me parece muy lamentable. La pobreza de los tarahumaras, dijo el diputado Sergio Vázquez Olivas, es culpa del Gobierno del Estado que encabeza Francisco Javier Barrio Terrazas. Se le olvida al señor Vázquez Olivas que el Gobierno del Estado que encabeza Francisco Barrio tiene dos años al frente del destino del Estado y que la principal crisis sufrida por los tarahumaras es una crisis acumulativa en el sexenio del licenciado Fernando Baeza Meléndez que fue el gobernador anterior allá en nuestro Estado.
Se le acusa de un pésimo ejercicio de Gobierno, así se expresó el diputado Oscar Villalobos. Quiero decirles que los tarahumaras, al igual que los lacandones en Chiapas, por años han estado exigiendo que se les haga justicia, que se les escuche, que se les vea, que se les atienda y fue Francisco Barrio Terrazas, quien con su gestión logró convencer al entonces Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari que la situación caótica que vivía el Estado de Chihuahua, particularmente en la sierra tarahumara, merecía ser decretada como zona de desastre nacional.
Las personas se está muriendo y ha sido el Gobierno de Francisco Barrio el único que ha gestionado el apoyo federal para esta zona. El diputado Villalobos, debe de recordar las palabras que él mismo dijo a Francisco Barrio, cuando Francisco Barrio insistió en un desayuno con los legisladores federales del Estado de Chihuahua, dijo el gobernador: "el problema no se circunscribe, señor diputado, a la sierra tarahumara". Porque él estaba pidiendo un apoyo especial para su ciudad, Delicias, Chihuahua. ¿Por qué ahí no se acordó de los tarahumaras?
Ojalá el diputado Villalobos, ojalá los diputados del Partido Revolucionario Institucional de nuestro Estado, en esta tribuna, vengan a defender la postura de un federalismo fiscal que realmente fortalezca a los ayuntamientos, particularmente a los ayuntamientos de su Estado.
No queremos que Chiapas se traslade a Chihuahua; no queremos que la selva lacandona llegue a la sierra tarahumara. Señores; nuevamente un exhorto: los invitamos a abandonar esa actitud que aquí vino a poner de manifiesto el diputado Sergio Vázquez Olivas y que nos pone en riesgo de retroceder en Chihuahua a esa vieja actitud ciega, sorda, ovejuna, que por años les caracterizó allá en nuestro Estado.
Los invitamos también a abandonar esa visión copérnica de la política que les permite pensar que solamente alrededor de sus conceptos debe circular la verdad. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Lucero Palma.
El diputado Lorenzo Miguel Lucero Palma:
Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Es verdaderamente inconcebible que a los representantes del pueblo nos quieran convencer con un argumento como el que acaba de manejar mi antecesor en esta tribuna: "el señor Barrio convenció al entonces Presidente de la República, que había que ayudar a Chihuahua". El señor Presidente no sabía que existía Chihuahua, ni sabía que existían los tarahumaras.
Yo quiero recordarle a los señores diputados de Acción Nacional, no a los que no conocen Chihuahua, no a los que vienen aquí a decir "raramuris" en lugar de "rarámuris".
Quiero recordarles a los señores que el gran porcentaje de obra pública que en Chihuahua se ha realizado durante la gestión del señor Barrio, reconocida por él y por sus funcionarios, ha sido a través de los programas de ayuda federal. La obra que ha hecho Barrio en Chihuahua, se ha escudado siempre con la ayuda de programas como el Pronasol, como el Procampo y como ayudas que ha venido a pedir a México para salvar la situación que él ha sido incapaz de resolver.
Pero también es importante señalar, ahorita que hablaba de que no pasáramos o que no convirtiéramos los problemas de otros estados, que los fuéramos a transferir al nuestro, ¿qué está pasando? Yo quisiera aprovechar para denunciar algo que está pasando muy grave en el Gobierno de Barrio, en Ciudad Juárez. Aquí mismo nos hemos quejado de la iniciativa 187 del gobernador de California, Wilson; quiero decirles que la administración de Barrio apoya a un Wilson mexicano, que es el señor Francisco Villarreal, alcalde de Ciudad Juárez, que está devolviendo a los connacionales con dinero del erario municipal, tiene a su policía, a pesar de que tenemos el índice delictivo más alto de México, tiene a su policía regresando a todos los connacionales que sean sospechosos en las centrales de autobuses y en el ferrocarril, regresándolos a su lugar de origen; para eso se utiliza la policía de Barrio, en Ciudad Juárez.
Queremos recordarles también a los señores de Acción Nacional, particularmente a los que nos acusaron de prácticas ilegales. El señor Barrio siempre ha estado apoyando, con recursos del gobierno, a los candidatos de Acción Nacional y a las acciones de Acción Nacional, en Juárez.
Y tenemos pruebas de ello. ¡Por supuesto que tenemos pruebas!
La Presidenta:
Orden, por favor, señores diputados.
El diputado Lorenzo Miguel Lucero Palma:
¡Claro que lo vamos a hacer! ¡Se las vamos a presentar! ¡Por supuesto que las vamos a presentar!...
...De tal manera que no nos vengan a convencer aquí de que el problema es de otro ámbito. ¡El señor Barrio ha ayudado a Chihuahua y ha puesto programas específicos, fundamentalmente con ayuda del Gobierno Federal! ¡Qué inocente decir que convenció a don Carlos Salinas de Gortari de que fuera a Chihuahua a ayudar! ¡Qué bueno es para convencer gente!
Sin embargo, también debemos recordar que la ayuda que el Presidente anterior dio a Barrio, ha sido histórica y ha sido sin precedentes.
Y un último dato: ¿si le preocupaban tanto los tarahumaras, ¿por qué pidió o por qué no dedicó el dinero que vino a pedirle a Carlos Salinas de Gortari una cantidad considerable para hacer un parque, la escuela que cerró: la Escuela Superior de Agricultura? ¡Por qué no se lo mandó a los tarahumaras, en lugar de tratar de hacer un parque ahí y favorecer intereses de iniciativa privada encabezada por su hermano! ¡Se los dejo a su conciencia, señores!
La Presidenta:
Tiene la palabra, el diputado Cruz Pérez Cuéllar, para rectificar hechos, cinco minutos diputado.
El diputado Cruz Pérez Cuéllar:
Quiero decirle al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que no solamente Carlos Salinas de Gortari no sabía que existía Chihuahua o no veía a Chihuahua o no escuchaba a Chihuahua. ¡El sistema político mexicano que durante más de 60 años gobernó Chihuahua, no vio ni escuchó las carencias y las necesidades de los tarahumaras en Chihuahua!
Han venido aquí los compañeros del PRI a pedir propuestas y las tenemos. Les proponemos que, de manera conjunta, pidamos que se declare zona de desastre la sierra tarahumara, por el problema de la sequía en Chihuahua. ¡Algo que se negó el anterior Presidente de la República a decretar!
Les queremos proponer que, juntos, revisemos la iniciativa que hoy el Secretario de Hacienda trajo aquí, a este Congreso, para ver si garantiza, verdaderamente, el nuevo federalismo fiscal; ¡del que Zedillo ha estado hablando durante su campaña y durante sus discursos! Les proponemos que de manera conjunta le pidamos al Gobierno Federal, recursos extraordinarios por el problema migratorio que vivimos en Chihuahua.
Les pedimos también o les proponemos que juntos pidamos una nueva reforma social, para que el programa nacional de solidaridad no se siga utilizando de manera inequitativa, con la falta de respeto a la dignidad de la persona humana, viéndola solamente como gente que puede votar por el PRI.
Han estado aquí haciendo referencia a la pobreza en chihuahua y por eso es esta propuesta. Vamos a revisar juntos cómo viene el gasto social que hoy también se propuso.
Pero quizá no acepten las propuestas ¡Quizá no las acepten porque durante más de 60 años han gobernado de manera autoritaria! ¡Por que como dijera don Manuel Gómez Morín, fundador de Acción Nacional, "se han aprovechado del dolor de México. A la miseria económica le han unido la presión política. Por eso siguen en el poder, a pesar de que en México hay 40 millones de pobres"! Muchas gracias.
La Presidenta:
Continúe la Secretaría
ORDEN DEL DIA
El secretario Pablo Moreno Cota:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.—LVI Legislatura.
Orden del día
13 de diciembre de 1994.
Lectura del acta, de la sesión anterior
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche e Hidalgo.
Minuta
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Garrido Luca, para desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Rumania en Guadalajara, Jalisco.
Dictamen a discusión
De la comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto, relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1993.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta(a las 14.30 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 13 de diciembre, a las 10.00 horas.