Sumario
Fundamentan las posiciones de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados:
Joaquín Humberto Vela González
Saúl Alfonso Escobar Toledo
José de Jesús Preciado Bermejo
Francisco Suárez y Dávila
Hace uso de la palabra el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Jaime Serra Puche, para referirse a los criterios planteados.
Expresa sus dudas el diputado José Narro Céspedes.
Responde el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Hace uso de su derecho a réplica, el diputado José Narro Céspedes.
Responde el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Expresa sus dudas la diputadaIfigenia Martha Martínez Hernández.
Responde el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Expresa sus dudas el diputado César Antonio Chávez Castillo.
Responde el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Expresa sus dudas el diputado David Vargas Santos.
Responde el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Hace uso de su derecho a réplica, el diputado David Vargas Santos.
Responde el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Expresa sus dudas el diputado Alfonso Reyes Medrano.
Responde el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Hace uso de su derecho a réplica, el diputado Alfonso Reyes Medrano.
Expresa sus dudas el diputado Filemón Ramírez Pérez.
Responde el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Hace uso de la palabra el diputado Manuel Marcué y Pardiñas.
Se concede el uso de la palabra a los diputados:
Luis Sánchez Aguilar
Joaquín Humberto Vela González
Raúl Alejandro Livas Vera
Víctor Cruz Ramírez
Antonio Sánchez Gochicoa
Hace un resumen de sus intervenciones el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Jaime Serra Puche.
Agradecimiento de la Presidenta, diputadaConsuelo Botello Treviño.
De la próxima sesión.
Presidencia de la diputada
Consuelo Botello Treviño
ASISTENCIA
La Presidenta: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario Efrén Nicolás Leyva Acevedo: Se va a proceder a pasar lista de asistencia.
Hay una asistencia de 382 diputados, por lo tanto hay quorum, señora Presidenta.
DEBATE La Presidenta (a las 11.15 horas): Se abre la sesión. Se ruega a los diputados ocupar sus asientos y a la Secretaría proceda con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Martina Montenegro Espinoza: Se va a dar lectura al orden del día. «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año.— LVI Legislatura.
Orden del día 14 de diciembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comparecencia del doctor Jaime Serra Puche, Secretario de Hacienda y Crédito Público.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Ezequiel Flores Rodríguez: «Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día trece de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado José Ramírez Gamero En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con siete minutos del martes trece de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de trescientos cincuenta y ocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da lectura a sendas comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche e Hidalgo, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Un oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Garrido Luca, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Rumania en Guadalajara, Jalisco. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En atención a que el dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles, quien a nombre de la comisión fundamenta el dictamen.
A discusión en lo general y en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados: René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; José Luis Torres Ortega, del Partido Acción Nacional, en contra; Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y, para rectificar hechos, los diputados René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática y Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal que resulta aprobatoria por doscientos cincuenta y siete votos. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Para hacer un pronunciamiento a nombre de la Comisión de Ecología, se concede el uso de la palabra al diputado Oscar Cantón Zetina, del Partido Revolucionario Institucional y, para fundamentar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, a los diputados Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo; María Leticia Calzada Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, Jorge Humberto Gómez García, del Partido Acción Nacional y José Carmen Soto Correa, del Partido Revolucionario Institucional.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Jesús Arceo Castro, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace una proposición respecto de los Ferrocarriles Nacionales de México, que se turna a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y a la del Distrito Federal.
Pasa a la tribuna el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, quien denuncia lo que calificó investigaciones "confidenciales" por parte de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Luis Garfias Magaña, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace comentarios respecto al Ejército mexicano y acepta una interpelación del diputado Sandoval Ramírez.
Para rectificar hechos, hacen uso de la palabra las diputadas Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, del Partido de la Revolución Democrática y Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del mismo partido.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, quien comenta los acuerdos a que llegaron los participantes de la Reunión Cumbre Hemisférica celebrada en Miami, Florida, Estados Unidos de América.
También se concede el uso de la palabra a los diputados Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Alejandro Rojas Díaz-Durán, del Partido Revolucionario Institucional y Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Comentan el proceso electoral en el Estado de San Luis Potosí, los diputados José Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional y Fructuoso López Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional.
Hace uso de la palabra el diputado Rafael Jacobo García, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia lo que calificó de atropellos judiciales en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
El Presidente turna la denuncia presentada por el diputado Martínez Della Rocca, a la Comisión de Justicia.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con veinticinco minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
La Presidenta: En cumplimiento de la disposición constitucional, se encuenta en el salón de recepción de esta Cámara de Diputados, el doctor Jaime Serra Puche, Secretario de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a lo establecido por los grupos parlamentarios. Se designa en comisión para introducirlo a este recinto a los siguientes diputados: Francisco Suárez Dávila, Antonio Sánchez Gochicoa, Mónica Leñero
Alvarez, Jorge Padilla Olvera, David Vargas Santos, Raúl Alejandro Olivas Vera, Serafín Nuñez Ramos, Marcos Cruz Martínez y César Antonio Chávez Castillo.
Se les suplica cumplan con su cometido. (La comisión cumple con su cometido) De conformidad con los artículos 93 y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el doctor Jaime Serra Puche, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para ampliar la información contenida en la exposición de motivos de las iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1995.
De acuerdo con el procedimiento para el desahogo de esta comparecencia, harán uso de la palabra para fijar posiciones, los siguientes diputados: por el Partido del Trabajo, Joaquín Vela González; por el Partido de la Revolución Democrática, Saúl Alfonso Escobar Toledo; por el Partido Acción Nacional, José de Jesús Preciado Bermejo y por el Partido Revolucionario Institucional, Francisco Suárez y Dávila, los cuales contarán con 20 minutos cada uno para fijar posiciones. En consecuencia, se concede la palabra al diputado Joaquín Vela González, por 20 minutos.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Gracias, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados; señor Secretario de Hacienda y Crédito Público: La Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y diversas disposiciones fiscales enviadas por el Ejecutivo, se ubican en una línea de continuidad de la estrategia económica que se siguió durante el sexenio pasado, en un momento en que dicha estrategia ha quedado prácticamente agotada y está requiriendo cambios sustanciales.
La ausencia de una propuesta reintegradora en las iniciativas, hace que el Ejecutivo incurra en contradicciones y desaciertos que impiden darle certidumbre a los objetivos de promover un crecimiento económico, acorde a las necesidades de la población y al mismo tiempo, corregir las iniquidades en la distribución de las cargas fiscales, sin que disminuya el ingreso tributario.
En los criterios generales de política económica se promete alcanzar un crecimiento del 4% anual, conjuntados una serie de elementos cuya validez es muy discutible. Se le da una gran importancia a la recuperación económica internacional, pero debemos recordar que la de Estados Unidos, que es la que más favorece directamente a México, está en marcha desde 1992, lo cual no impidió la aparición de una fuerte recesión que se tradujo en un decrecimiento de la economía mexicana en el año de 1993.
El auge de las exportaciones, en el cual se cifra gran parte del dinamismo de nuestra economía, tampoco pudo evitar la reciente recesión y no sirvió para subsanar la fractura interna del aparato productivo, que ha escindido a las grandes empresas de las pequeñas.
Los criterios de política económica también subestiman la posibilidad de que la recuperación interna eleve aún más la demanda de importaciones y de crédito externo privado y al mismo tiempo, disminuya el vigor de las exportaciones, lo cual en conjunto crearía una situación cuyo manejo no está previsto en las propuestas que estamos discutiendo.
En cuanto a la exposición de políticas específicas, existen serias omisiones e insuficiencias entre las cuales están las siguientes: en primer término, no se dice nada sobre la situación del campo, ni se acepta la gravedad de los problemas que lo agobian, en particular el sobreendeudamiento que paraliza a los productores medios. Tampoco se ofrecen soluciones específicas para dar respuesta a problemas tan serios como el de la cartera vencida y otros más que todos conocemos.
En segundo lugar, tampoco se asumen los problemas del empleo y del salario, por ejemplo; se argumenta que el salario real se elevó en la industria manufacturera en 1994, sin preocuparse en distinguir entre tipos de trabajadores, funcionarios, empleados u obreros; mucho menos se hace, y por supuesto no se acepta, el deterioro acumulado del salario de 1982 a la fecha, ni se señala una política para su recuperación en el mediano plazo.
Que el salario no se ha recuperado desde en tonces, lo demuestra el hecho de que la masa del producto que corresponde a los salarios es de 27% actualmente, cuando en 1982 era del 35%.
Del mismo modo, al tratar la cuestión del empleo, se habla de lo que podríamos llamar empleo genérico, a partir de las cotizaciones al Seguro Social, sin señalar que el empleo industrial decreció y por lo mismo no se reconoce explícitamente que el sexenio se inaugura en medio de crecientes problemas de desempleo.
En tercer lugar, la propuesta de mejorar el salario para 1994 es simbólica y también poco clara, específicamente porque no precisa la instrumentación del bono de productividad y no se eliminan los topes administrativos al elevamiento de los salarios contractuales, topes que constituyen un impedimento a la aplicación efectiva del salario participativo.
En los criterios de política económica sólo se esbozan cambios de cierta significación en la política de crédito, al plantear un aumento del apoyo a la pequeña y mediana empresa y a las actividades exportadoras, pero ello implica recurrir a un mayor endeudamiento externo, que tiene consecuencias, que discutiremos más adelante.
Se da por hecho que la apertura financiera dará lugar a una reducción de las tasas activas de interés en el corto plazo, siendo más bien que los intermediarios financieros foráneos procurarán aprovechar en lo inmediato la situación de alta rentabilidad para afirmar sus bases de operación.
Creemos que la persistencia de elevadas tasas de interés activas tiene una implicación bastante clara y grave inclusive, sobre las posibilidades de un crecimiento económico que arrastre a la pequeña y mediana empresa.
En cuanto a las iniciativas de la Ley de Ingresos, observamos una grave limitación, porque los ingresos presupuestarios reales que se espera recibir en 1995, están por debajo de los que se lograron en 1992. Ese estancamiento de los ingresos presupuestarios es tanto más desconcertante, pues se prevé para un año con un crecimiento estimado relativamente alto; es sumamente preocupante, porque nuestro país requiere una inversión sustancial de recursos, una parte de los cuales tendrá que provenir ne cesariamente de las arcas del sector público.
El estancamiento de los ingresos no es el resultado de factores coyunturales que se presentan año a año, sino de las graves distorsiones que caracterizan la actual estructura tributaria. La más grave de estas distorsiones deriva de la limitada contribución relativa que hacen las empresas, específicamente las grandes empresas, o más exactamente, los consorcios, por concepto de impuesto sobre la renta.
En 1980, las empresas aportaban por este concepto el equivalente al 2.7% del PIB, en tanto que en 1993, el último año del que disponemos datos, contribuía solamente con el 2.5%. Esta limitada aportación empresarial determina que el ingreso fiscal total en nuestro país no rebasa el 14% del PIB, situándonos por debajo de los países de la OCDE, como Grecia y Portugal y obviamente muy por debajo de la media de los países de esta organización, que se acercan al 40% del PIB.
Aun con lo preocupante que es el estancamiento del ingreso programable y el porcentaje relativamente bajo del ingreso fiscal, en un año que se espera un fuerte crecimiento económico más, lo son las repercusiones que la limitada aportación de las grandes empresas han provocado a otros sectores sociales.
Para compensar la limitada contribución que los consorcios hacen al fisco, éste ha aumentado la carga sobre las personas físicas, específicamente sobre sectores que reciben ingresos catalogados como productos del trabajo. Estos grupos están aportando actualmente el 30% del monto global del impuesto sobre la renta.
Si hacemos un cálculo a groso modo, resulta que unos 22 millones de asalariados están pagando en conjunto poco más de 21 mil millones de nuevos pesos, pero, desafortunadamente sigue siendo una distribución muy desigual.
Si tenemos presente los niveles de exención actuales y que el 60% de los asalariados recibe entre uno y dos salarios mínimos, resulta que entre seis y ocho millones de trabajadores pagan la mayor parte de esos 22 mil millones de nuevos pesos, en tanto que el resto del impuesto sobre la renta, unos 52 mil millones, lo pagan
los empresarios en calidad de personas físicas o morales.
Los trabajadores que reciben más de dos salarios mínimos enfrentan una situación muy desfavorable, porque a incrementos relativamente moderados de sus ingresos, escalan rápidamente los escaños de la tabla hasta llegar a la tasa máxima de impuesto sobre la renta, o sea el 35%.
Además de eso, todas las categorías de ingreso por productos del trabajo son acumulables y a los ingresos extraordinarios, digamos las horas extras, se les aplica la tasa máxima.
Existe por lo tanto un grave problema de iniquidad, que se ve remarcado por el hecho de que los dividendos quedaron exentos de impuesto sobre la renta a las personas físicas.
Estas serias limitaciones de la estructura tributaria, al subsistir en la actual iniciativa de ley, han creado un círculo vicioso que desfavorece los objetivos de crecimiento que resultan necesarios para elevar el nivel de vida de la población, además de que se discrimina en contra del trabajador calificado y de los que realizan trabajo intelectual.
Por otra parte, se mantiene un impuesto redundante sobre el activo de las empresas, que si bien estaba justificado a fines de los ochenta cuando el 70% de las empresas no declaraba ingresos gravables, hoy en día es residual, ya que apenas rebasa el 5% del impuesto total que pagan las empresas.
La distorsionada estructura tributaria y falta de flexibilidad para que los ingresos se eleven conforme aumenta el ritmo de actividad económico, impiden que el Poder Ejecutivo pueda proponer un verdadero programa de incentivos fiscales en favor de la pequeña empresa, que compense el sacrificio de los ingresos tributarios inmediatos con un aumento de la producción y el empleo de este tipo de empresas.
Para eliminar las distorsiones contra los asalariados de ingresos medios o incluso medios colindando con bajos para eliminar el impuesto al activo y crear un verdadero programa de incentivos fiscales a las pequeñas empresas, se requiere introducir un nuevo impuesto a las ganancias de capital que refleje la situación que vive el país.
La situación del país se caracteriza por un extraordinario incremento de la rentabilidad de los agentes productivos que operan integradamente en las actividades productivas y financieras.
Este enorme incremento de rentabilidad ha dado lugar a que estos consorcios o grupos financieros, efectúen tales repartos de dividendos y aprecien el valor de las acciones que sus socios se convierten en...
La Presidenta: Permítame un momento, señor legislador. Pedimos a los diputados orden en la sala para que escuchen a quien está usando la palabra, sobre todo, porque es muy importante que el doctor Jaime Serra Puche, escuche lo que se está exponiendo por cada uno de los oradores.
La diputada María Elena Alvarez Bernal (desde su curul): Señora Presidenta, una moción...
La Presidenta: Le pido a la diputada, que esperemos nada más que termine su intervención el diputado y entonces hace la moción, para no interrumpirlo más. Continúe, señor diputado.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: ...la situación del país se caracteriza por un extraordinario incremento de la rentabilidad de los agentes productivos que operan integradamente en las actividades productiva y financiera.
Este enorme incremento de rentabilidad ha dado lugar a que estos consorcios o grupos financieros efectúen repartos de dividendos y aprecien el valor de sus acciones, que sus socios se conviertan en millonarios y archimillonarios en plazos tan cortos de tiempo que constituyen un motivo de sorpresa para el resto de los países del mundo.
El día de ayer, en la conversación que sostuvo el grupo parlamentario del Partido del Trabajo
con el Secretario de Hacienda, se consideró esta situación, sin embargo, creemos que se desestima la posibilidad de introducir un nuevo impuesto a las operaciones especulativas en la bolsa de valores, argumentando básicamente que las ganancias bursátiles eran puramente diferenciales; es decir, lo que gana un agente constituye la pérdida del otro. No podemos aceptar este argumento, porque la bolsa ha experimentado un incremento extraordinario de su nivel de capitalización de manera impresionante, sobre todo entre 1985 y 1992.
Es más, todas las expectativas de un mercado emergente se cifran en la creación y desarrollo de nuevas áreas de rentabilidad que es lo que trae a tropel a los inversionistas extranjeros.
La creación de un nuevo impuesto, tal y como lo proponemos, no apunta a desalentar las inversiones en la bolsa, no pretendemos que esta actividad disminuya los ingresos de capital al país, sino a proceder, como ya lo han hecho otros países recientemente como Israel o Brasil, para que la hacienda pública reciba la parte que legítimamente le corresponde de esta nueva riqueza que se está creando y circulando y para que se redistribuya en beneficio de todos los mexicanos.
En lo que respecta a la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación, encontramos situaciones que no nos dejan del todo satisfechos.
Se nos presenta una propuesta en el cual el gasto programable registrará un incremento real del 1.5% por situarse a un nivel de alrededor del 25% del PIB. El incremento, pero básicamente la posibilidad de sostener el nivel relativo que ha alcanzado el gasto programable, depende de la reducción del gasto no programable, o sea, el servicio de la deuda, que se abatirá supuestamente en un 7.7%.
En esta reducción del gasto programable destaca el abatimiento proyectado por el pago de intereses en un 11.5%. Tenemos dudas de que existan condiciones para que el equilibrio sobre el cual descanse el nivel del gasto programable se cumpla.
Estas dudas derivan de un análisis de la situación en la cual se encuentra la economía del país como también de los diversos factores de orden internacional, tienen tal importancia estos factores que la Secretaría de Hacienda debió haber evaluado con mayor profundidad, la posibilidad real de que el sector público pueda continuar liberando discursos por medio del mismo expediente que le permitió en años pasados ampliar tan significativamente la capacidad de gasto.
Si la previsión sobre la cual depende la propuesta del gasto programable no se cumpliera, los dos rubros más importantes que lo componen, o sea, el incremento del gasto social al 55.2%, el PIB y el aumento del 11% de la inversión pública en infraestructura, se verían comprometidos creándose prejuicios prácticamente para todos los sectores productivos del país.
Los factores por los cuales ponemos en duda la viabilidad de la propuesta de Ley de Egresos, serían los siguientes: en primer término, el Presupuesto de Ingresos de 1995, incluye un endeudamiento público superior al crecimiento proyectado del PIB, que se suma al aumento aún mayor de la deuda pública externa que tuvo lugar en 1994.
En segundo término, es razonable esperar, de acuerdo a la gran mayoría de observadores, que las tasas internacionales de interés sigan aumentando significativamente. Por ejemplo, el Departamento de Estudios Económicos de Banamex estima que la tasa sobre fondos federales en Estados Unidos podría llegar en promedio para 1995 al 6% en un escenario optimista y a un 7% en un escenario pesimista.
En tercer término, no parece posible ni conveniente, volver a recurrir a una fuerte revaluación del peso frente al dólar, del tipo que tuvo lugar entre 1989 y 1993, ello, tanto por las condiciones políticas que plantea el agravamiento del conflicto de Chiapas como por la necesidad de no deteriorar la competitividad de los productos nacionales en el mercado internacional.
En cuarto término, tampoco existe la posibilidad de volver a recurrir, como se hizo en 1991 y 1992 a grandes reducciones de la deuda interna, usando los ingresos extraordinarios que se obtuvieron con la privatización de muchas empresas paraestatales.
Por las cuatro razones que se mencionan, la apuesta a la reducción del servicio de la deuda pública, parece justificar si únicamente se
reducen las tasas internas de interés. No descartamos totalmente esta posibilidad, si continúa abatiéndose la inflación y no se agrava la situación política.
Pero para que la reducción de las tasas domésticas compense la de los otros factores, deberá de ser de una magnitud muy grande, cosa que no nos parece muy probable.
De ahí que pensemos que los impuestos sobre los cuales se pretende sostener el gasto programable para 1995, debe calificarse como temerario.
No podemos concluir nuestra evaluación de estas iniciativas de ley, sin referirnos al problema del excesivo centralismo que sigue agobiando la vida institucional del país en general y el sistema fiscal en particular.
Las iniciativas que estamos discutiendo sólo proponen cambios insignificantes que no logran ni siquiera dar comienzo a una modesta corrección de este grave desequilibrio.
No negamos que por medio de los ramos 23 y 26 se propone un nuevo aumento a las partidas que se canalizan a las entidades federativas y que se contempla un porcentaje obligatorio para ser destinados a los municipios y estados. Estas disposiciones son claramente insuficientes, porque el problema no radica en aumentar discrecionalmente la derrama que efectuó el Gobierno central a las entidades federativas, sino en la casi nula autonomía fiscal con que cuentan los municipios, que debería ser la base de la vida regional de nuestro país.
Actualmente los municipios están profundamente agobiados por el paternalismo que ejerce sobre ellos no sólo el Gobierno Federal, sino los estatales, debido a que su derecho en el cobro de impuestos y con ello la posibilidad de disfrutar de autonomía fiscal, es muy desfavorable para los ayuntamientos.
Para la gran mayoría de estos, la principal fuente de recursos es el cobro del impuesto predial y las infracciones de tránsito, lo cual es absolutamente insuficiente para desarrollar decorosamente sus actividades.
Ante tal situación de indefensión, los municipios viven en una situación perene de mendicidad que obliga a sus autoridades a deambular por los pasillos de la Secretaría de Hacienda Federal.
El centralismo y la anulación de la vida municipal, son problemas que no pueden resolverse de la noche a la mañana, pero creemos que en el momento actual no se puede eludir un comienzo de respuesta que debe efectuarse con los instrumentos apropiados y no heredando los viejos procedimientos paternalistas que se han practicado ya hasta el cansancio.
En síntesis, por lo tanto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que no puede si no discutir estos elementos para poder incidir en la elaboración de una política económica que tienda a atacar muchos de los problemas que nos parecen fundamentales y que son elementos sustanciales para poder generar una política económica en favor de todos los mexicanos.
Es importante para nosotros que podamos discutir y tener un debate abierto con el Secretario de Hacienda, acerca de cuáles serían en lo fundamental las posibilidades reales de poder establecer en México un conjunto de medidas que efectivamente tiendan a beneficiar la actividad productiva y tiendan a generar mejores condiciones de vida para el conjunto de los mexicanos. Muchos de estos elementos, como los que hemos señalado y queremos reiterar, son elementos que nos van a permitir modificar aunque sea en mínima parte, pero iniciar una dinámica de crecimiento económico que cada vez tienda a hacer este desarrollo económico que queremos para México que sea con mayor justicia y con mayor dignidad para todos los mexicanos. Muchas gracias.
La diputada María Elena Alvarez Bernal (desde su curul): Señora Presidenta.
La Presidenta: Dígame, señora diputada.
La diputada María Elena Alvarez Bernal (desde su curul):
Señora Presidenta; con todo respeto quisiera pedir que el señor Secretario de Hacienda ocupe, de acuerdo con el artículo 197 del Reglamento Interior del Congreso, una de las curules al frente, alrededor de la tribuna, porque sabemos que su corazón se inclina a estar con sus compañeros de la fracción priísta, pero para cumplir el Reglamento, queremos verlo en el lugar que el Reglamento señala a los secretarios de Estado.
La Presidenta: Señora diputada: Hubo un arreglo entre los grupos parlamentarios, a través de sus coordinadores. Sin embargo, tomando en cuenta su moción, yo pregunto al doctor secretario Jaime Serra Puche, que si es tan amable de venir a ocupar una de las curules de la espera, en tanto que lo llamamos a tribuna y se quedará por aquí en esta Secretaría para contestar a las preguntas.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público: ¡Con mucho gusto! La Presidenta: Gracias. Suplico a la comisión le acompañe.
Suplico a los señores diputados tomen asiento y guarden el orden para escuchar al orador que viene por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo. Tiene 20 minutos para fijar la posición de su partido.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, compañera Presidenta: Señor secretario de Hacienda, doctor Jaime Serra Puche; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores: Los proyectos que se han hecho llegar a esta soberanía por parte del Ejecutivo Federal, la Ley de Ingresos, la llamada Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos, son lamentablemente la continuación de un esquema de política transexenal que arrancó en 1982. ¡Es más de lo mismo! Decimos, lamentablemente, porque estas políticas han demostrado sobradamente su ineficiencia para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, para alentar la fortaleza económica de México y para apuntalar la posición de nuestro país en los mercados mundiales.
Ha sido, para caracterizarlo con precisión, una política de modernización improductiva. En lugar de apoyar, en lugar de aportar mayor prosperidad a la nación, se han ahondado los niveles de miseria para la mayoría de los mexicanos. En lugar de mejorar nuestras relaciones con el mundo, nos hemos colocado en una posición más vulnerable. En lugar de crear más empresas eficientes y más puestos de trabajo, se han destruido las fuerzas productivas de México.
En estos 12 años se ha insistido en aplicar políticas equivocadas, que marginaron y excluyeron de la modernidad a la inmensa mayoría de los mexicanos. Los autores y ejecutores de estas políticas se equivocaron de país o pensaron que a nuestra patria le sobraban más de 40 millones de habitantes y decidieron gobernar para beneficio sólo de unos cuantos.
El Partido de la Revolución Democrática no sólo ha criticado estas políticas, también ha hecho propuestas alternativas; tenemos un proyecto diferente, muy diferente. Permítaseme, sin embargo, decir que para que este debate no se distorsione ni se rebaje: ¡que no se vale confundir nuestras propuestas! Nosotros proponemos una economía más grande, no un Estado obeso.
Proponemos una relación más equilibrada de nuestra economía con el exterior, no una economía cerrada que por lo demás es inviable.
Proponemos una economía moderna no una vuelta al pasado, pero ello no puede descalificar nuestras críticas a la situación actual. ¡Hemos dicho que estamos peor que antes, no que entonces vivíamos bien! Nuestra propuesta alternativa, para decirlo brevemente, ya que lo que estamos discutiendo son los proyectos de ley del Ejecutivo y no los
nuestros, consiste en crecer más aprisa, con una mejor distribución del ingreso. Alentando al mercado y al ahorro internos, impulsando políticas selectivas de aliento para los distintos sectores productivos y para la pequeña y mediana empresas. Corrigiendo desequilibrios entre la ciudad y el campo y entre las distintas regiones del país para aprovechar plenamente, en forma productiva, nuestros recursos físicos y humanos.
Todo ello se puede lograr en un marco de estabilidad financiera y monetaria y en un entorno mundial cada vez más interdependiente.
A pesar de que nuestros proyectos son muy distintos, estamos obligados no sólo a confrontarlos, sino también a buscar acercamientos, a hacer propuestas, sugerencias y, ¿por qué no?, a llegar a acuerdos.
El diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo y entre la oposición y el Gobierno, es algo que hemos exigido desde hace años. Pero en el sexenio pasado su conducta la resumieron así: "Ni los veo, ni los escucho".
En esta ocasión yo quisiera recordar también que para que el diálogo sea fructífero, el licenciado Zedillo dijo, en una reunión que tuvimos allá afuera que: "todos tenemos que ceder un poco".
En el pasado reciente, cuando se han discutido en la Cámara de Diputados los proyectos de ingresos y egresos del Gobierno, no se ha cedido nada o casi nada. Los proyectos que han venido del Ejecutivo han resultado intocables.
Ahora lo invitamos, doctor Serra, a que públicamente nos comprometamos a ceder todos y a que discutamos y aprobemos libremente un Proyecto de Ley de Ingresos y de Presupuesto distinto al que usted nos presenta, a que con las razones del debate unamos ideas y lo cambiemos. ¡Algo de razón debemos tener cada uno de los que estamos aquí representados! Para abonar el terreno a este debate constructivo que puede llegar, partiendo de proyectos distintos, a converger en propuestas comunes, queremos expresarle algunas dudas u objeciones sobre los proyectos presentados.
Empezaré por enumerar las que nos sugirieron en torno a la coherencia entre las metas e instrumentos planteados en los documentos.
Los objetivos son: reducir la inflación al 4% y crecer también al 4%. Estos objetivos, sin embargo se pretenden hacer compatibles con otras estimaciones en materia de crecimiento de la demanda total, consumo, inversión, comercio exterior, etcétera.
El armado de este esquema de crecimiento con baja inflación, sin embargo, nos parece basada en supuestos irreales. Tomemos, por ejemplo, el crecimiento de las importaciones. En un contexto de economía abierta y de tipo de cambio semifijo y sobrevaluado, es difícil esperar una desaceleración de las importaciones, que según el proyecto pasarían del 13.2% estimado en 1994, a un 6.7% para 1995, con una tasa de crecimiento más alta del producto para este año.
El cálculo que se nos presenta en esta ocasión no tiene que ver con las tendencias históricas que se han presentado desde 1989, ya que en este lapso a cada punto porcentual del crecimiento del producto, las importaciones aumentaron 4.2% unidades porcentuales. En estas condiciones, si el PIB creciera 4% nosotros calculamos que las importaciones crecerían 16%, es decir, más de lo doble proyectado.
Si efectivamente las importaciones crecieran más rápido de lo que se afirma en el proyecto, ello provocaría un déficit mayor en la balanza comercial y en la cuenta corriente y presionaría fuertemente al tipo de cambio.
La devaluación podría ser un instrumento proteccionista, pero en esas condiciones la meta del 4% de inflación sería inalcanzable. Dicho de otro modo, si el crecimiento planeado de las importaciones se sostiene para evitar la de valuación y mantener el crecimiento de los precios en 4%, el crecimiento del producto no podría ser sino mucho menor por abajo del crecimiento de la población, quizá alrededor del 1.5 ó 2%.
Incongruencias similares encontramos entre la relación, entre el consumo y el crecimiento del producto y entre la inversión calculada y el crecimiento del PIB. Nuestra apreciación es que mientras se siga sosteniendo esta política comercial y monetaria, las metas señaladas de 4% para el crecimiento del producto y de los precios, no son realistas.
De la misma manera, hemos encontrado que en 1994, el déficit en cuenta corriente ya no
puede ser cubierto con el superávit en la cuenta de capitales, lo que obligó a sacrificar, de manera muy importante, las reservas monetarias, ello además echó por tierra la tesis oficial de que la entrada de capitales asegura a priori el financiamiento de la cuenta corriente.
Lo grave es que financiar el déficit prioritariamente con ahorro externo, a través de bonos gubernamentales, presiona constantemente al alza a la tasa de interés y limita el crecimiento del producto y el consumo internos.
En este mismo sentido, el documento de criterios generales presenta un panorama optimista de la economía internacional, pero a la vez contradictorio, pues señala la tendencia a la alza en las tasas de interés en Estados Unidos. Si se confirma esta tendencia, la de la alza de las tasas de interés en Estados Unidos, se presionaría a la tasa interna, en nuestra tasa de interés, se encarecería la deuda externa, pública y privada y provocaría en Estados Unidos una contracción económica que afectaría negativamente nuestras exportaciones. Todo ello, sin duda, tendría un impacto significativo sobre el conjunto de la economía. Nada de ello, sin embargo, está previsto en los documentos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que se nos acaban de entregar.
Los documentos que nos ocupan tienen, por otro lado, una serie de propuestas con las que no coincidimos. En primer lugar, observamos que no se dan pasos firmes, como se anunció por el Presidente, el 1o. de diciembre, hacia un mayor federalismo fiscal. El mismo Ernesto Zedillo, cuando era candidato, firmó los 20 compromisos por la democracia, que entre otras cosas contemplan esta demanda. Se nos ha dicho que ello se ha dejado para un futuro indeterminado. Nosotros pensamos que existen ya las condiciones para iniciar gradualmente esta descentralización.
Por otro lado, se ha propuesto también la creación de un Consejo Asesor Fiscal, que estudiará para 1995 las adecuaciones al régimen tributario que contribuyan a su equidad, competitividad, sencillez y seguridad jurídica del contribuyente.
Nuestra propuesta, contenida en el programa del partido desde 1989 propone una Convención Nacional Fiscal, hace cerca de 50 años tuvo lugar la última convención de este tipo cuyos objetivos de equilibrio impositivo y suficiencia presupuestal de las entidades fueron abandonados y que hoy urge restaurar como una refundación del pacto federal. Los fines de ambas propuestas, la del Ejecutivo y la nuestra pueden ser similares pero nos parece que la convención tenía resultados más efectivos por tratarse de una instancia más representativa, sus acuerdos también tendrían más fuerza.
Por nuestra parte seguimos insistiendo en hacer valer el artículo 26 constitucional, hoy casi olvidado por los funcionarios del Gobierno hasta en su terminología. Seguiremos luchando por un sistema de planeación democrática en el que participen y decidan realmente los distintos niveles de Gobierno y el Poder Legislativo.
Pasemos a otro tema de gran importancia, el del empleo. Nos parece muy desafortunado que los documentos entregados carezcan de una política definida en esta materia, la promesa de crear un millón de empleos anuales es inalcanzable en las actuales circunstancias con un crecimiento de 4% del producto. Lo más grave es que tal parece que el Gobierno ha renunciado a hacer esfuerzos por resolver este problema toral de México, fundamental para mantener la paz social.
Recordemos que el crecimiento de la demanda llega alrededor de 1.1 millones de empleos anuales, se nos ha dicho que para 1995 se esperan crear de 700 a 800 mil empleos, cifra exageradamente optimista si consideramos que en 1994, con 3% de crecimiento del producto se crearon cuando mucho 300 mil empleos; de cualquier manera las necesidades son mucho mayores pero el esfuerzo y la responsabilidad gubernamental no parece estar a la altura de estos planteamientos.
En materia de salarios se proponen créditos fiscales que beneficiarían a los trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos con el fin de aumentar hasta 3% su ingreso. Discrepamos de esta medida, que algo puede tener de positiva, por varias razones; en primer lugar, nos parece más indicado exentar de impuestos a los trabajadores que reciben hasta cuatro salarios mínimos. El crédito fiscal representa una carga para los contribuyentes. En cuanto al rango que proponemos, éste se deriva de la grave pérdida del poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores desde hace 16 años.
En segundo lugar, discrepamos porque el cumplimiento de la propuesta del Ejecutivo es excesivamente compleja para que sea cumplida adecuadamente por la mayoría de las empresas y los trabajadores saldrán perdiendo.
Por otro lado, la política salarial sigue basada en las negociaciones de los pactos, los cuales fijan los aumentos de salarios sobre la inflación esperada para el año siguiente, predicción que nunca se cumple desde luego nunca en beneficio de los trabajadores. Los apoyos a las empresas que contienen los documentos que estamos debatiendo son mínimos, aunque pueden ir en un sentido correcto; sin embargo, el régimen fiscal sigue siendo inútilmente complejo y mantiene en lo fundamental un carácter regresivo, lo que afecta sin duda la marcha de las empresas medianas y pequeñas y alienta la distribución desigual del ingreso.
En materia de impuesto sobre la renta para personas físicas, encontramos sorpresivamente una desgravación que beneficia principalmente a los estratos de altos ingresos, no hay ninguna modificación en cambio para los intermedios; de esta manera la ley no se orienta hacia una mejor distribución del ingreso.
En materia de gasto, nuestra principal objeción es que como dijimos al principio, el esfuerzo no es tan grande como lo ameritan las necesidades del país. El gasto programable respecto al producto se mantiene en una proporción casi igual a la de los últimos nueve años y menor incluso, a la que se registró en 1985. Nosotros sostenemos que es posible y necesario ampliar los recursos destinados al gasto, sin poner en peligro la estabilidad financiera y económica.
Reconocemos que el Gobierno haya decidido aumentar el gasto de inversión del sector público en más del 11%, aunque se trata también de un esfuerzo modesto, tomando en cuenta que la inversión pública descendió casi en 50% en términos reales, entre 1980 y 1993. Consideramos que hay un reconocimiento implícito de nuestros argumentos presentados en años pasados que se tachaban desdeñosamente como un regreso al populismo; puede ser una rectificación parcial de la política económica de años pasados.
En materia de gasto, una de las partidas más importantes en el presupuesto es la del ramo 26, Solidaridad y Desarrollo Regional, cuyas actividades a lo largo de los próximos seis años, asegura el Gobierno, irán descentralizándose gradualmente hacia los municipios; sin embargo y mientras eso suceda, en la presentación de la información contenida en el documento correspondiente, continúan ausentes las metas sustantivas y la especificación de los recursos con que contará cada programa.
En el caso del Pronasol, el manejo discrecional de los recursos por parte del Ejecutivo nos preocupa también cómo se entiende esa descentralización, pues hasta ahora, con excepción de los fondos municipales, los programas se manejan sin consulta con los ayuntamientos y con alto grado de rigidez administrativa. Ambas cosas, la discrecionalidad del Ejecutivo y la falta de participación de las autoridades locales en la toma de decisiones para la asignación y evaluación de los programas, han permitido un manejo clientelar y electorero de estos fondos.
En el renglón de desarrollo rural, se han programado recursos por 17 mil 500 millones de nuevos pesos, lo que significa un incremento real de más del 5%. Este esfuerzo es considerablemente modesto y a todas luces insuficiente, ya que entre 1982 y 1989, el descenso fue prácticamente constante, alcanzando más del 60%. Así, para retomar los niveles de gasto que se registraron en 1981, punto máximo en los últimos 15 años, se requeriría para 1995 un aumento del 7.4% respecto del año anterior, muchísimo mayor del propuesto. Así de grave ha sido el abandono a nuestra agricultura.
El ramo 23 se hizo de tan mala fama que ya hasta cambió de nombre, ahora se titula Provisiones Salariales y Económicas. Aunque esta partida disminuyó en términos reales, lo cual es saludable, persisten muchos aspectos oscuros. Hay cuatro programas en este ramo, cuya existencia es difícil de explicar; éstos son: desarrollo regional, justicia y seguridad nacional, modernización administrativa e infraestructura.
En total, suman 4 mil 506 miles de millones de nuevos pesos, un presupuesto muy considerable, pues está por arriba del asignado a la flamante Secretaría del Medio Ambiente o la del Desarrollo Social y casi es el doble al asignado a la Secretaría de Energía.
Hace ya varios años que hemos insistido en que no estamos de acuerdo que a ese ramo se
asignen programas, que deberían tener subprogramas, proyectos y metas explícitas. Todo ello refuerza la discrecionalidad del Ejecutivo sobre el presupuesto, su centralismo y además su dificultad para evaluar resultados. ¿Para qué, nos preguntamos tanto secreto si no hay nada que ocultar? Señor Secretario, compañeros diputados: un ilustre liberal del siglo pasado, Ignacio Manuel Altamirano, escribió alguna vez: la votación del presupuesto es el más grande atributo que la soberanía del pueblo puede delegar a sus representantes. Ninguno otro es superior a esto, sin Hacienda no hay Gobierno, sin impuestos no hay Hacienda; sin ley no hay obligación de pagar impuestos. Así es que sin Ley de Presupuestos, no hay organización posible de una nación.
Eso fue lo que dijo. Organizar la nación, este es el tamaño de nuestra responsabilidad, de nuestro reto. La discusión que hoy realizamos puede ayudar a construir un México más digno para todos o propiciar su ruina.
El PRD se ha comprometido responsablemente con el cambio para que en la paz transitemos a la democracia y a una nueva etapa de justicia social. Este compromiso es indeclinable, no ahorraremos ningún esfuerzo en este sentido; para ello, dialogaremos con quien sea necesario las veces que sea necesario, pero para ello también seguiremos luchando sin concesiones por construir una patria próspera para todos los mexicanos. Muchas gracias.
La Presidenta: Gracias, diputado; tiene la palabra el diputado José de Jesús Preciado Bermejo, para fijar posición, por 20 minutos.
El diputado José de Jesús Preciado Bermejo:
Gracias, señora Presidenta; señor secretario de Hacienda, doctor Jaime Serra Puche; compañeras y compañeros diputados: Mil novecientos noventa y cinco, inicio de un nuevo gobierno, con la aplicación de una Ley de Ingresos y en el que muchos mexicanos buscarán de nuevo fincar una esperanza, anhelando un nuevo comienzo.
Mil novecientos noventa y cuatro, inicio de este nuevo Gobierno, en el que el régimen y el sistema empezarán un nuevo juego; este juego no debe de ser a costa de los ciudadanos.
Desde 1929, la economía nacional ha sido instrumentada con bases meramente de dominio político. Los hombres del partido que hoy se enorgullecen de las privatizaciones realizadas, ayer hacían lo mismo con las estatizaciones, sí, ayer estos mismos hombres eran fervientes defensores del nacionalismo revolucionario; hoy, éstos, los que postulan un modelo liberal y abierto al comercio internacional. La única lógica que une estas disímbolas tendencias, es una: mantener en el poder al grupo que lo ha detentado durante más de seis décadas y sus frutos, que hasta hoy han sido amargos para la mayoría de los mexicanos, son: pobreza, ignorancia, insalubridad, destrucción del medio ambiente; sí, después de 65 años de manipulación política de la economía nacional, existe un rezago gravísimo en algunos pilares sobre los que debe de sustentarse el desarrollo económico.
El Gobierno ha seguido una política en materia de desarrollo económico que no asume un proceso fundamentalmente humano, ya que el problema no reside en algunas técnicas utilizadas, sino es el tipo de opciones que privilegian los pesos y centavos por encima de las personas humanas, angustiando a las empresas y repercutiendo en la familia mexicana.
Hoy, de nueva cuenta se han tomado medidas en aspectos macroeconómicos sin fortalecer el microeconómico, lo que ayer sólo provocó el mejoramiento de unos cuantos y no el de la mayoría. Es verdad que la gran empresa está bien, pero la micro, pequeña y mediana, han sucumbido o encaran hoy ya el riesgo de un cierre permanente. Empresas que por años han sido el soporte y en gran medida, el fundamento de muchos mexicanos, hoy se ven aplastadas por estas medidas que a nivel macroeconómico ha venido retomando el Gobierno.
La baja en ventas, provocada por la recesión económica, se ha agravado con la política que aplica la banca privatizada, en otorgamientos de créditos caros y requisitos complicados de cumplir, con riesgo del solicitante. Consecuencia de esto, la enorme cartera vencida que hoy existe.
El sacrificio ha sido desigual, ya que hemos heredado un Gobierno que procreó 24 supermillonarios y una sociedad con más de 40 millones de mexicanos pobres; sí, ese Gobierno pone gran énfasis en el éxito de haber logrado un superávit fiscal, sin embargo, éste mismo no reconoce que tal superávit lo alcanzó gracias al sacrificio de trabajadores, agricultores, ganaderos, pescadores, profesionistas, así como de pequeños y medianos empresarios.
Padecemos, y por lo visto seguiremos padeciendo, una tiranía fiscal, agobiando a los contribuyentes con pesadas cargas fiscales, con leyes que son complejas. La pobreza en México de más de 40 millones de mexicanos, es el resultado de una larga situación estructural de injusticia, en la que podríamos destacar la excesiva manipulación política de la economía, el sesgo en la política de desarrollo urbano y la concentración social y regional del ingreso.
La política económica del Gobierno, ha generado una mayor marginación e iniquidad social. Los mecanismos de redistribución del ingreso han sido en buena medida diseñados con propósitos de clientelismo electoral, provocando así un acceso desigual a los mismos; políticas que han sido populistas y de manera tendenciosa, se han utilizado para la compra de votos en núcleos de población políticamente inestables y desprotegidos, pasándose por alto el objetivo de liberar a los pobres de la miseria y ni siquiera el de reducir estructuralmente dichos niveles sociales de vida, atajando las principales necesidades de los mexicanos, como lo son: nutrición, salud, vivienda, educación, que se proveen de manera parcial, por lo que sus efectos finales sobre la sociedad serán mínimos o nulos.
Por ello es importante que se incrementen las participaciones a las entidades federativas. El perfeccionamiento del sistema de coordinación fiscal debe de promover, como corresponde, a un auténtico fedelarismo, el fortalecimiento de las haciendas públicas, estatales y municipales, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que ello signifique el deterioro o desequilibrio de las finanzas de la Federación.
Frente a esta aspiración nadie ignora que sigue siendo una realidad inobjetable de nuestra vida pública nacional, la excesiva concentración de facultades y de recursos económicos a favor del orden federal, lo que ha representado la principal causa del atraso y desequilibrio en el desarrollo regional.
En la actualidad, además del mencionado estancamiento en los ingresos estatales y municipales, provenientes de la participación de impuestos federales, la política de coordinación fiscal y la mecánica establecida por la ley para la distribución de los recursos, manifiestan la influencia de variables que obran en detrimento de estados y municipios; esto es, en perjuicio, de los principios políticos de un auténtico federalismo, presentando el actual sistema los siguientes defectos: Es un instrumento ineficaz y desequilibrador del desarrollo regional, ya que en el ámbito federal se han presentado finanzas superavitarias, mientras las haciendas locales tienen crónicos y crecientes déficits.
Se han mantenido los mismos niveles en términos relativos, es decir, en franco estancamiento y delimitado desarrollo. En forma unilateral el Gobierno central ha impuesto y modificado prácticamente a su antojo el monto de las participaciones y la forma de distribución de las mismas, por lo tanto Acción Nacional no puede ser fundamento de un proyecto que lucha contra la miseria y el bienestar de las familias, con una distribución neopopulista de los bienes, que incapacita al necesitado para asumir su propio destino y ser parte activa del desarrollo y una política de inspiración neoliberal que centra sus esfuerzos en la acumulación de la riqueza y aplaza, siempre para mañana, la distribución de la misma.
Ante las perspectivas favorables que en su documento, presentado ante este honorable Congreso de la Unión, maneja el Ejecutivo, Acción Nacional manifiesta en relación a la política tributaria, que el Ejecutivo Federal, en su propuesta de miscelanea fiscal para el ejercicio de 1995, no plantea de manera objetiva y específica cómo se efectuará el logro del bienestar de las familias, Esto, claro, no deja de ser una meta utópica, cuando el contenido de la iniciativa toma los mismos elementos del pasado sexenio. Es esta propuesta, en contenido, más de lo mismo, por razones siguientes: la carga fiscal a personas físicas y morales es sumamente pesada, no obstante que las autoridades sostienen que nuestros gravámenes son competitivos a nivel internacional.
El sistema tributario mexicano padece de cambios continuos y excesivos. Las reglas del juego varían continuamente. Las leyes y reglamentos son tan ambiguos y complejos que sólo quienes cuentan con los mejores asesores contables, lo que excluye a la micro, pequeña y mediana empresa, no corren el riesgo de faltar a la ley a pesar de pagar sus impuestos, dadas las diversas interpretaciones que se dan a ciertos preceptos.
Por ende, es grande el costo en tiempo y dinero de la contabilidad y la declaración fiscal.
El terrorismo y la persecución fiscal aplicado por las autoridades, producen incertidumbre en el contribuyente e inhiben la confianza que desea generar y que se requiere para invertir.
A pesar del cambio del Ejecutivo Federal y del titular de la Secretaría de Hacienda, la política fiscal propuesta es una copia fiel del sexenio salinista. Hace falta, señor Secretario, más que un continuismo, una verdadera política fiscal creativa, que se caracterice por su permanencia, simplicidad, precisión, legitimidad, equidad, transparencia, eficacia al estímulo de competitividad e inversión, creando y fomentando el desarrollo económico de nuestro país en dos vertientes, como son: Los incentivos fiscales, no sólo a la instalación de empresas de nueva creación, sino también a la instalada, como usted bien conoció desde el escritorio que manejó en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Por otro lado, queremos recordarle que el sistema crediticio mexicano ha limitado el fomento, crecimiento y desarrollo de la productividad de la sociedad mexicana.
Señor Secretario, el Presidente de la República, manifestó que el crecimiento sostenido exige un entorno de estabilidad económica y financiera, que garantice certidumbre y confianza para ahorrar, planear, invertir y trabajar productivamente. Exige reglas claras y trato justo para todos.
Trato justo que significa para el señor Presidente un sistema tributario sencillo, transparente y equitativo, así como la capacidad de defensa de posibles abusos de la autoridad. Trato justo le significan condiciones de reciprocidad y apoyo para la competencia en el exterior y también alicientes para adoptar y crear acciones que fortalezcan la productividad y el desarrollo sustentado.
Trato justo significa impulsar los polos de desarrollo, procurando condiciones de producción y apoyos similares a los de nuestros competidores.
Señor Secretario de Hacienda, el Ejecutivo de la nación se ha comprometido a partir del 1o. de diciembre del año en curso, a apoyar al productor agrícola, al trabajador, al empresario y al comerciante, respaldando como nunca antes a la pequeña y mediana empresa, porque son la fuente más importante de empleo, dando un nuevo impulso al campo, fortaleciendo la inversión, aumentando la productividad; aplicando una política económica orientada al bienestar familiar, comprometida con las personas, manteniendo finanzas pública responsables que consoliden una economía que propone el Ejecutivo de la nación, una estructura jurídica fiscal actual que no se encamina hacia una política que realmente promueva el desarrollo económico.
El fomento y el desarrollo no puede sustentarse si no existe una disminución de la carga fiscal en mayor grado hacia la micro, pequeña y me diana empresas. Esto se puede lograr de dos formas: la primera, bajando las tasas impositivas y, la segunda, ampliando las reducciones para disminuir considerablemente la base gravable.
Es de vital importancia reducir la carga en nóminas por conceptos de cuotas patronales al IMSS, SAR, Infonavit e impuestos locales sobre este renglón.
La promoción mediante el Banco de México, a través de su gobernador, de la reducción de las tasas de interés, de préstamos para aplicarlos a proyectos industriales, se necesita apoyar bajo un programa especial a la micro, pequeña y mediana empresas a través de Nafinsa.
En la realidad, vemos que las reformas no son sustanciales y que muchas de ellas únicamente son modificaciones a una sola palabra, como es el caso del Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 2o., 3o., 12, 20, 22, 29-A y 32.
No podemos de ninguna manera proponer cambios a la legislación que beneficie a muy
pocas empresas, como es el caso a la modificación que se propone al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.
¿Señor Secretario, cuántas empresas en 1994 se fusionaron o se escindieron? No tratemos de nueva cuenta de privilegiar tan sólo a un grupo promoviendo el oligopolio.
El amplio rango de mínimos y máximos que se proponen en el capítulo de multas del Código Fiscal de la Federación, da lugar en principio a un pago arbitrario por este concepto, sin definirse con claridad los criterios de discrecionalidad para calificar una multa como leve o grave. Cuestión que, observamos, de ninguna manera fomenta el desarrollo económico empresarial, ya que hay muchos que infortunadamente son sujetos a sanciones por meros errores involuntarios o bien por las presiones económicas que provocan una situación por la falta de liquidez en las mismas.
El paquete de reforma fiscal que ha enviado el Ejecutivo, no es congruente con los criterios generales de la política económica para 1995, sobre todo cuanto señala que se espera una inflación anualizada del 4%, pero el contenido de las reformas fiscales de ninguna manera es congruente. Por ejemplo, se insiste en el 2% de recargos mensuales y, para recargos moratorios, del 3% mensual en el primero equivale a seis veces la inflación esperada; y en el segundo, a nueve veces dicha inflación.
Además, no se modifican las leyes fiscales en el tratamiento inflacionario para el cálculo de las obligaciones de la empresa, ya que se continúa aplicando como factor de actualización el índice nacional de precios al consumidor, emitido por el Banco de México.
No podemos aceptar una política fiscal que es incongruente en sus propios documentos, los cuales presenta el Ejecutivo al Poder Legislativo y que son incongruentes entre la política económica que se dice y la que se hace a cargo del aparato productivo del país.
Puesto que Acción Nacional cree en la capacidad productiva y señala que el país necesita empresas y unidades de producción eficaces, modernas y socialmente responsables, manifiesta que se necesita voluntad política para realizar los cambios necesarios que garanticen el desarrollo sostenido de la economía nacional.
Por ello proponemos: incrementar sustancialmente las participaciones a estados y municipios en la recaudación tributaria federal, no sólo para compensar el sacrificio en su potestad tributaria que se les exigió al adherirse al sistema de coordinación, sino para promover la necesaria y desde luego efectiva descentralización que reclama nuestra vida pública, en consonancia con el principio federalista entendido en su verdadera acepción y no como un mero pronunciamiento retórico.
Contribuir a garantizar una asignación de recursos justa y equitativa a los estados de menor desarrollo.
Asignar estímulos a los estados que incrementen la recaudación participable federal en su respectivo territorio.
Considerar en su justa proporción para la asignación de participaciones del nivel de actividad económica de las entidades federativas. Esto es, la contribución de cada Estado a la recaudación total federal.
Asimismo Acción Nacional, consciente de la urgente necesidad de contribuir a cambiar la actual crisis por la que pasan la mayor parte de personas físicas y morales de nuestro país, considera oportuno que se apruebe la abrogación al 2% de los activos, acto de relevancia política en el cual la Cámara de Diputados será congruente con el principio de la división de poderes.
Es tradición, que las iniciativas en materia tributaria presentadas por el Ejecutivo, se dictaminen y aprueben tal como se presentan, y las de la oposición jamás sean aceptadas ni en puntos, ni en comas.
Consideramos la urgente simplificación de la cartera fiscal, que es necesario hacerla ante la apertura económica y la necesidad de fomentar la inversión, para la generación de empleos que demandan los mexicanos.
Hacemos notar, que el sentido de nuestra propuesta, va también en la línea de los 20 compromisos por la democracia, que durante la pasada campaña electoral, suscribieron la mayoría de los candidatos presidenciables, entre ellos, el hoy Presidente de la República.
La Presidenta: Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Suárez y Dávila, para fijar posiciones.
El diputado Francisco Suárez y Dávila:
Con su venia, señora Presidenta; señores diputados; señor secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche: El día 9 de diciembre, el Ejecutivo dio cabal cumplimiento al mandato constitucional de enviar la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuestos de Egresos a esta Cámara de Diputados.
Mucho reconocemos, señor Secretario, el especial esfuerzo que se hizo para proporcionarnos estos proyectos legislativos con antelación a la fecha límite del día 15, lo cual nos ha permitido analizar con mayor tiempo los documentos y cumplir mejor con nuestras responsabilidades.
Su comparecencia ante esta soberanía para dar cuenta de dichas iniciativas reviste especial trascendencia. Como legisladores tenemos la oportunidad de profundizar en el análisis del programa económico del primer año de la nueva administración del presidente Zedillo, con la señal de cambio y esperanza que conlleva. Lo discutiremos, así lo esperamos, dentro de un nuevo espíritu de debate respetuoso y diálogo constructivo con nuestros compañeros de otras fracciones.
Procederemos a un análisis razonado de las iniciativas. El primer aspecto de este análisis se refiere a los objetivos que persiguen las leyes. Apoyamos especialmente la revitalizadora prioridad que se le asigna a retomar la senda del crecimiento económico a niveles del 45% por arriba del promedio del sexenio anterior.
El país reclama crecer. Ello se hará preservando la estabilidad de precios, medio y no fin de política. Ambos factores, crecimiento y estabilidad, son instrumentos para el fin verdadero y último de la estrategia económica, empleo permanente y salario remunerador para así cumplir con el compromiso de propiciar el bienestar de las familias.
Los proyectos de ley son la expresión de la política de finanzas públicas. El Presupuesto de Egresos es una de las más claras expresiones de cómo el gobernante interpreta y encauza las necesidades de la sociedad y cómo les da expresión a un programa de Gobierno; los impuestos son la base financiera de cualquier programa y una de las tareas esenciales de la representación popular; no hay imposición sin representación.
El poder soberano de establecer impuestos está en el origen mismo del surgimiento del Poder Legislativo y de la democracia. En términos tradicionales, las leyes fiscales cumplen su cometido y así debemos evaluarlas si son justas, porque paga más quien más tiene, ciertas, porque dan seguridad jurídica y no están sujetas a frecuentes cambios; simples, porque las puede entender el ciudadano y la modernidad requiere que sean eficientes, ya que en un mundo cada vez más interdependientes, deben ser competitivas y deben alentar el crecimiento.
Nos parece que el aspecto más trascendente de esta iniciativa es que tiene un marcado sentido de fomento y de aliento, palabras mágicas a veces relegadas; no contiene malas noticias, es decir, aumento de impuestos y contiene soluciones precisas ante quejas muy concretas expresadas por la ciudadanía en los recientes procesos electorales.
En efecto, se ha configurado una batería de estímulos para alentar el crecimiento y la modernización de nuestra planta productiva, estímulos a la pequeña y mediana industrias, al equipamiento incluyendo el de carácter anticontaminante, al desarrollo tecnológico y a la capacitación de los trabajadores. Se establecen así algunos de los trazos de una política industrial moderna, que permita a nuestras empresas competir, relocalizarse, reconvertirse y a nuestros trabajadores, reentrenarse.
Por ello creo respetuosamente que dos de los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, no interpretaron bien todos los textos, para argumentar más de lo mismo, quizá se quedaron en la introducción. En los textos de las iniciativas hay coincidencias con lo que ellos mismos proponen como objetivos, pero corrigiendo algunos de los errores del pasado. Por ejemplo, la utopía de crecer de prisa, que
no es lo mismo que crecer permanentemente o quien dijo que el equilibrio fiscal perjudica cuando está claro que por beneficio que tiene sobre la inflación o el incremento de gasto, es todo lo contrario.
Quiero destacar por su importancia, el nuevo estímulo para que en la empresa pueda constituirse un fondo para la capacitación de los trabajadores, que es deducible hasta un 0.5% de los ingresos del contribuyente.
También vale la pena destacar la disminución del impuesto sobre activos al 1.8% que debe verse como un impuesto necesario por el alto porcentaje de empresas que evadían el impuesto sobre la renta, pero que es acreditable contra el mismo y por eso ha disminuido sensiblemente.
Se corrigen aquellos aspectos que pueden tener un efecto negativo en el flujo de las empresas y se da un plazo de gracia por cuatro años a las nuevas empresas y también a las nuevas inversiones.
En materia de equidad, el aspecto más importante, es la bonificación fiscal que se da a los trabajadores hasta con ingresos por dos salarios mínimos, lo cual es equivalente a un incremento de ingreso real del 3%. Se recogen diversas medidas de simplificación; así, el esquema de pagos trimestrales que se hace extensivo a todas las empresas medianas y pequeñas.
Se proponen diversas medidas para dar seguridad jurídica al contribuyente, por ejemplo, se establece un límite de nueve meses para concluir las visitas fiscales que afectan a las pequeñas y medianas empresas, se refuerzan medidas para mejorar el control. En síntesis, nos parece que las reformas a las leyes fiscales nos permiten contribuir para estimular el crecimiento, avanzar en la justicia, en la seguridad y en la simplificación. Ciertamente queda todavía mucho por realizar en todos estos campos, pero se construye en la dirección correcta.
Procederemos a hacer el análisis razonado de la política de gasto. El Presupuesto de Egresos tiene las siguientes características básicas: Contiene un importante aumento del gasto social, 10% en términos reales y más de las tres cuartas partes de los recursos adicionales.
Representa más de la mitad del gasto programable, sustituyendo el papel que antes tenía la deuda. Contiene una clara prioridad a la inversión pública para alentar, a la vez, a la privada.
Ello se puede realizar sin aumentar prácticamente el gasto neto total y preservando un equilibrio presupuestal, por los cambios de estructura que se han venido realizando en el gasto a través de una drástica reducción del servicio de la deuda total.
El presupuesto es expresión de una nueva concepción de la política social. Adopta medidas concretas para dar una lucha frontal contra la pobreza extrema de millones de mexicanos en el campo, en las zonas urbanas marginadas, en las comunidades indígenas, para dotarlos de servicios básicos de salud, educación, vivienda e incorporarlos al proceso de desarrollo.
Otro pilar de la estrategia, es un programa de educación de gran alcance, en extensión y calidad, que es uno de los programas que más crecen en el presupuesto.
El gasto laboral se incrementa sensiblemente para adoptar un programa sin precedente de becas a los trabajadores.
La reforma a los programas de salud y seguridad social deberá ser una de las políticas más importantes en esta nueva etapa de la vida de la nación, contiene el objetivo de alcanzar a más de 10 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud.
El reto de dar a los jóvenes trabajo, se suma en la necesidad de atender a una población creciente de jubilados. Además de esta redefinición de la política social, no menos claro es que el país requiere de una política de inversión pública que aliente el crecimiento.
El abandono y rezago de nuestra infraestructura atenta contra la competitividad de nuestra economía. Por ello, también merece nuestro más decidido apoyo que la inversión pública aumente, como lo hace, en 11%. Esta se canalizará de manera prioritaria a la infraestructura, al sector de energéticos, donde la inversión de Pemex tiene un importante crecimiento. Al mismo tiempo es importante el nuevo fondo de inversión en infraestructura que alentará la
inversión privada, a través de coinversiones y garantías, lo cual multiplica el efecto de los recursos.
El gasto público por supuesto atiende las nuevas reformas en materia de procuración e impartición de justicia.
Rechazamos, por tanto, propuestas que caen en la fácil tentación de eliminar impuestos, que al reducir ingresos atentan contra el gasto social y tampoco tiene cabida el incremento de gasto, que sin esfuerzo correspondiente de ingreso afecta la estabilidad.
Se debe tener cuidado con afectar este fino engranaje que tejen nuestras dos leyes interrelacionadas del gasto y el ingreso.
La autorización que se nos somete para contratar deuda externa hasta por 5 mil millones de dólares, entendemos, que en su mayor parte para contratar financiamiento para la banca de desarrollo. Así Bancomext y Nafinsa podrán apoyar a la pequeña y mediana industrias y a las exportaciones para el desarrollo industrial. Banobras será un motor importante de inversiones e infraestructura e impulsor del federalismo. Este endeudamiento es plenamente compatible con el equilibrio fiscal.
La deuda total neta del sector público sólo asciende al 22% del PIB, similar a 1993 y una de las más reducidas entre los países avanzados.
Por todo lo anterior, la fracción priísta manifiesta su firme y razonado apoyo a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos que se nos presenta. ¡Apoyo en lo general que será objeto de propuestas y enmiendas en lo particular! Voy ahora a referirme a un aspecto al que le asignamos la mayor prioridad. Los diputados del Revolucionario Institucional creemos que ha llegado el momento de avanzar en forma decidida en un federalismo actuante, de gran alcance y profundidad. ¡Esa es sin duda una de las promesas incumplidas de la Revolución mexicana! Por ello fue un reclamo de campaña de quienes nos apoyaron y un compromiso de candidatos. ¡Desde luego fue una bandera que enarboló nuestro candidato presidencial! El tema de la coordinación fiscal es complejo y es controvertido. Respetamos la propuesta de otro partido, pero no se trata simplemente de dar más participaciones o de realizar cambios simples y cuestionados en la fórmula. Se requiere ampliar el concepto mismo, se requiere hablar no sólo de un federalismo fiscal o de coordinación fiscal, se requiere hablar de un federalismo o coordinación hacendaria integral, corresponsable.
Como dijo el presidente Zedillo, se requieren transferir recursos, sí, pero también descentralizar gastos y, sobre todo, redistribuir responsabilidades, ello implica descentralizar funciones, no burocratismo y competencia, desterrar prácticas paternalistas, fortalecer la capacidad administrativa de estados y municipios, definir nuevas fuentes racionales de imposición propias, alcanzar fórmulas de distribución de recursos que sean ponderadas y justas. Se requiere que no por beneficiar al municipio se deje al Gobierno estatal en la indefinición. Se requiere por ello un auténtico equilibrio entre Gobierno Federal, estados y municipios.
Haremos primero una reflexión. El presupuesto contiene ya un claro avance en el sentido de una política federalista: 45 mil millones de participaciones que aumentan 4% en términos reales no estancadas, como se dice; un gasto educativo que ejercerán los estados por casi 30 mil millones de pesos; la mitad del gasto de solidaridad o 5 mil millones se ejercerán directamente por los municipios, a través del fondo correspondiente. Esto representa más del 40% de los ingresos participables actuales.
A partir de esta base, la fracción priísta formula la siguiente propuesta de coordinación hacendaria, no simplemente fiscal.
Uno. Solicita a la Tesorería de la Federación, una recalendarización de los anticipos de participaciones, para apoyar la liquidez de las entidades federativas y reducir su carga financiera, que representa recursos efectivos.
Solicita a la Federación la revisión a fondo de los porcentajes de aportación de los gobiernos locales en los programas de solidaridad, para facilitar la calendarización y yo diría, la liberación de mayores recursos federales y aquí hay una cuantía importante de fondos.
Plantear a la Federación la simplificación de la normatividad de los programas de solidaridad, para precisamente agilizar los desembolsos.
Subrayar la obligación establecida en el artículo 17 de la iniciativa de Ley de Ingresos y en el 18 del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos, en el sentido de que los organismos paraestatales paguen cabal y puntualmente sus contribuciones locales, que también implican una cuantía muy importante de recursos.
Se propone un aumento adicional de 3% al impuesto de tenencia vehicular, que es 100% participable.
Se recomienda a la Federación, el desarrollo de un programa de capacitación de funcionarios públicos locales, a través de Banobras, con el fin de mejorar y profesionalizar la administración de los recursos en los municipios.
Solicitar a la Federación la revisión de los criterios de asignación de los programas de solidaridad, a fin de que éstos cumplan su propósito fundamental de combatir la pobreza extrema.
Y recomendar a la Federación, que a la brevedad se conforme el consejo asesor fiscal propuesto por el Secretario, el cual deberá instalar un grupo especial para revisar el sistema de coordinación fiscal, con la participación de los funcionarios fiscales de los estados.
Asimismo, proponemos que las comisiones de Hacienda y Programación y Presupuesto en esta cámara, creen una subcomisión cada una que avance en el examen de estos temas, formulen las propuestas adecuadas y puedan citar a los miembros del consejo asesor fiscal para su opinión.
Invitamos a otros partidos a construir y trabajar sobre esta propuesta integral. Señor Secretario, les solicitamos sus respuestas y apoyo en los temas aquí planteados.
Vale la pena subrayar que la base de la cual partimos alcanza ya un 22.7% de los ingresos participables. Este monto de hecho se aumenta en forma apreciable con las propuestas formuladas. Sin embargo, la propuesta priísta es la semilla de una concepción integral a desarrollar a través del tiempo, que no actúa simplistamente sólo sobre el porcentaje de las participaciones, sino que propone que es necesario actuar sobre fuentes de ingresos permanentes, liberando recursos atados, simplificando y adecuando normas y fortaleciendo la capacidad administrativa de estados y municipios, que permitan descentralizar eficazmente nuestras funciones. Esta es la propuesta.
Compañeros legisladores, señor Secretario: Estamos recibiendo del Poder Ejecutivo iniciativas de ley que apuntan a un cambio de política, un cambio con responsabilidad, capacidad del Estado mexicano para construir sobre los avances logrados para que en cada punto de inflexión de nuestra historia podamos orientar nuestros esfuerzos hacia nuevos retos. La política económica se está reencontrando finalmente con la estrategia de desarrollo de largo plazo, con finanzas públicas, sanas y la estabilidad a punto de alcanzarse sin lo cual esto no era posible, se retoman ahora los aspectos básicos de la producción y el desarrollo, la inversión pública, el aliento a la inversión privada, una política industrial moderna de fomento que con instrumentos fiscales y financieros apoya la modernización de la planta productiva; una nueva política social que ataque a la pobreza extrema y se sustenta de manera importante en educación para corregir en forma duradera la distribución del ingreso a través de la productividad y el empleo bien remunerado.
Se retoma el triángulo sin el cual no se puede avanzar, política económica que aporta crecimiento y estabilidad, política social que aporta lucha permanente contra la desigualdad, democracia moderna que define una nueva relación entre el gobernante y el legislador y de éstos con la sociedad. Es un programa económico que se superpone a una economía que ya da, afortunadamente, señales de fortaleza y que permite que se pueda extender a sectores, regiones y empresas que no se habían beneficiado todavía de esta dinámica. El sector privado tendrá una especial responsabilidad que cumplir puesto que cuenta con todos los alicientes. Ojalá que la cordura impere ante las amenazas de conflicto que se ciernen sobre el país, que la paz se consolide para que los nubarrones políticos no frenen esos buenos augurios y los esfuerzos que están realizando en todos los campos todos los mexicanos.
Con todo, falta mucho por hacer, no hay lugar para complacencias y todavía tenemos mucho esfuerzo que realizar para simplificar leyes tributarias, hacerlas más justas, invertir todavía más en infraestructura, generar más ahorro interno, fortalecer nuestro federalismo incipiente; mucho se avanzó en el poco tiempo que el Ejecutivo y el Legislativo hemos tenido para
abocarnos a esta nueva agenda y es solamente un primer paso y de hecho una transición.
A nuestro juicio, el programa económico del presidente Zedillo, ilícito en este proyecto de leyes, nos permite cumplir con nuestra función de representantes del pueblo. El campesino, el obrero, el pequeño y mediano empresarios, reciben mecanismos de aliento, se cumple el fin superior de la nación a la que nos debemos, que es consolidar una economía fuerte y de ahí un país más soberano y más justo.
Pasamos así de la plataforma triunfante de campaña a un programa realista de Gobierno y a una acción legislativa, congruente y razonada. Esta es la tarea de los diputados priístas que compartimos con todo el Congreso, con trabajo, con ideas y con orgullo y por la dignidad de este Poder Legislativo que cumpliremos cabalmente con esta función que el nuevo tiempo de México nos reclama y nos demanda. Muchas gracias.
La Presidenta: Muchas gracias, diputado.
Se encuentra, en el salón de sesiones una comisión especial del Senado de la República integrada por los senadores: Carlos Salas Gutiérrez, del PRI; Cristóbal Arias Solís, del PRD; Melchor de los Santos Ordóñez, del PRI; Arturo Nava, del PAN y Hugo Andrés Araujo, del PRI, designados para atender la comparecencia del doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público.
Los saludamos y les damos la bienvenida a nuestro recinto. Gracias.
Esta Presidencia concede la palabra al doctor Jaime Serra Puche, para referirse en una sola intervención a los puntos de vista y opiniones de los diputados de los cuatro grupos parlamentarios.
Esta Presidencia informa al señor Secretario, que dispone de un tiempo máximo de 30 minutos para referirse a los planteamientos de los diputados de los cuatro grupos parlamentarios y se le suplica pase a la tribuna.
Tiene la palabra el doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores diputados; señoras y señores senadores; señoras y señores: Quiero empezar por decir el gusto que tengo de poder utilizar unos minutos para hacer referencia a las intervenciones que he escuchado de cada una de las fracciones parlamentarias en torno a la propuesta de política económica del presidente Zedillo, pero antes quiero públicamente agradecer a cada una de las fracciones parlamentarias, la disposición al diálogo que han mostrado en los últimos días, en donde hemos tenido oportunidad de reunirnos para empezar a discutir el fondo y la sustancia de estas iniciativas que ha presentado el Presidente Zedillo.
Quisiera en estos 30 minutos que se me asignan, dividir mi presentación en tres partes. La primera, que hará referencia a la tesis fundamental, a la racionalidad económica del programa que presentamos y que por naturaleza de la disquisición que haré, hace referencia a los conceptos de carácter general que cada una de las fracciones parlamentarias presentó en su intervención original.
La segunda, también por haber estado presente en todas y cada una de las presentaciones, quisiera referirme al tema de coordinación fiscal y en tercer lugar, con su venia, quisiera hacer referencia a las observaciones puntuales que hicieron cada uno de los participantes que me precedieron en el uso de la palabra.
Empiezo por tanto con la descripción de lo que es la tesis, la racionalidad económica del programa que ha presentado para su consideración el presidente Zedillo.
Distingo en la presentación de todas las fracciones parlamentarias, el mismo propósito. El propósito y objetivo que todos compartimos, es hacer de México un país más próspero, atender sus problemas de pobreza y distribución del ingreso, que son problemas graves y encontrar así un crecimiento justo y equitativo que permita una distribución del ingreso y un bienestar de las familias mayor.
En donde naturalmente tenemos diferencias las distintas fracciones parlamentarias y así lo distingo en sus presentaciones, es en la forma de cómo llegar a ese objetivo.
Yo quisiera explicar la racionalidad económica del programa que hemos presentado, describiendo exactamente la forma y la secuencia lógica de cómo vemos ese esquema. El propósito fundamental es, como ya lo ha explicado el presidente Zedillo, el elevar el bienestar de la familia mexicana, el lograr un mayor desarrollo económico y por ende encontrar nuevas posibilidades de desarrollo para las familias mexicanas, particularmente para las que menos tienen.
Nuestra perspectiva es que la única manera duradera de obtener ese propósito es mediante la generación de empleos permanentes y aquí quisiera utilizar aunque fuese un minuto, explicar lo que quiero decir por empleos permanentes.
Es indispensable que la recuperación de crecimiento de la economía mexicana, sea capaz de generar empleos que sean duraderos en el tiempo, no que la economía entre como nos ocurrió en el pasado, a altas tasas después sobrevengan crisis por inflación o desequilibrios fiscales o financieros que echen a perder la generación de empleos que hubo en el pasado y estemos en un proceso de fluctuación en donde la generación de empleos tiene altibajos que acaban deteriorando la distribución del ingreso y generando condiciones aún peores de pobreza.
Lo que nosotros estamos planteando en este programa económico, es que haya una creación, una generación de empleos permanentes a lo largo del tiempo y que no estén sometidos a fluctuaciones por crisis financieras o por crisis fiscales de déficit fiscal.
Ahora bien, para que la economía sea capaz de generar esos empleos permanentes, es indispensable que la economía pueda crecer con estabilidad, por eso la premisa que guía a todas y cada una de las iniciativas que hemos enviado a esta honorable soberanía, es justamente el crecimiento con estabilidad. ¿Por qué? Porque ello llevará a una generación de empleos permanentes y por ende estaremos en la capacidad de atender los problemas de distribución del ingreso y pobreza que enfrenta nuestra nación.
Condición necesaria, y quiero suponer que todas las fracciones parlamentarias acordamos en esto, porque así lo he detectado de conversaciones recientes para el crecimiento con estabilidad, es que las finanzas públicas estén en equilibrio, es que el Gobierno no gaste más de lo que ingresa, es que el Gobierno no inyecte liquidez a través de déficits crecientes que alteren los niveles de precios y lleven a la economía a inflaciones crecientes que atenten contra la estabilidad misma del crecimiento, atenten contra la generación de empleos y por ende, a través de estos déficits, se atente de hecho contra el objetivo fundamental de la política económica que es atender los problemas de pobreza y distribución del ingreso del país.
Por ello la propuesta que nosotros hacemos de ingresos y de egresos en la iniciativa de ley y en el decreto de presupuesto de egresos, es una de equilibrio fiscal, en donde el gasto programable total equivale a los ingresos programados por la Federación, en donde el gasto total de la economía, que representa el 24.9% del PIB del país, equivalga a los ingresos totales previstos por el Gobierno Federal, que también equivalen en las propuestas que les hemos entregado, al 24.9% del PlB; es decir, son propuestas que les presentan a ustedes un proyecto de finanzas públicas equilibradas, ¿con qué propósito?, con el propósito fundamental de que mantengamos el crecimiento con estabilidad, reitero, para la generación de empleos permanentes que nos servirá a contribuir al propósito que todos compartimos.
Ahora bien, este presupuesto equilibrado que presentamos, tiene características importantes, porque así como cumplimos con el muy estricto ejercicio de mantener los ingresos igual a los gastos, también encontramos espacios, tanto del lado de ingresos como por el lado de egresos, para contribuir con los instrumentos fiscales y los instrumentos de gasto, a la atención de la pobreza y a la distribución del ingreso.
Y si ustedes me lo permiten, haré una descripción muy breve de esos espacios que se han abierto en cada uno de los rubros, tanto de ingresos como de gastos, al interior de un presupuesto equilibrado.
Por el lado de ingresos, presentamos una propuesta de una medida distributiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque presentamos la propuesta de una bonificación fiscal que, para perceptores de ingresos hasta de dos salarios mínimos, puede significar un aumento en sus ingresos disponibles de hasta el 3%, que habría que añadir a las revisiones contractuales o incluso del salario mínimo previstas para el año y a los pagos que en la fórmula salarial están contemplados con motivo de la productividad.
Este 3% de bonificación fiscal redistribuye el ingreso porque utiliza ingresos fiscales que se recaudan en el programa completo, dirigidos específicamente a aquellos que perciben hasta dos salarios mínimos en sus ingresos totales.
De igual manera, se plantean importantes estímulos a la pequeña y mediana empresa en el impuesto sobre la renta; particularmente se permite la deducibilidad de inversiones en tecnología, en investigación y desarrollo y en adecuación ecológica de las pequeñas y medianas empresas que tienen ingresos hasta por 4 millones de pesos nuevos y menos de 170 empleados es decir, una empresa pequeña o mediana. Se le permite a este tipo de empresas deducir sus inversiones en ecología, sus inversiones en nuevas maquinarias y tecnología, así como sus inversiones en investigación y modernización de sus plantas productivas.
De igual manera para este tipo de empresas, el esquema de deducción inmediata del valor presente de la depreciación total que hacen las empresas, para estas empresas se permite, a pesar de que estén instaladas en las zonas metropolitanas de la ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, que como ustedes saben, en la versión previa de la Ley de Ingresos no se permitía esa deducción. Bueno, para las pequeñas y medianas ahora proponemos que se permita esa deducción y de igual manera se permite por primera vez en los esquemas de impuesto sobre la renta de la empresa en México, dedicar un nuevo fondo para deducir gastos en capacitación de la mano de obra y se permite un fondo que puede representar hasta el .5% de los ingresos brutos de la empresa para que ésta pueda dedicar, con deducibilidad plena a la capacitación de sus trabajadores, es decir al interior del impuesto sobre la renta también se contemplan medidas que favorecen a la pequeña y mediana empresa y por ende distributivas al interior de la recaudación de impuesto sobre la renta de las empresas.
Pero por el lado de los egresos, también en el muy complicado ejercicio del equilibrio fiscal se abren espacios importantes para atender dos rubros fundamentales que son congruentes con las expectativas de crecimiento y de atención a los problemas de pobreza. El primero es que más del 55% del gasto programable total del Gobierno se dedicará al gasto social y creo que ésta es una cifra que vale la pena destacar y tal vez la mejor manera de destacarla y percibirla en su dimensión completa, señoras y señores diputados, es comparar con la asignación de recursos típicamente en nuestros egresos hace seis o siete años en este país.
Del total del gasto que teníamos asignado en el país hace seis o siete años, por cada peso que se gastaba en gasto social, se dedicaban tres pesos al servicio de la deuda, del gasto total gubernamental y, hoy, en la propuesta que les hacemos de egresos, por cada peso que se gasta en el servicio de la deuda se gastan cinco pesos en el gasto social; es decir, se ha más que invertido plenamente la relación de pago de la deuda, del total del gasto asignado con respecto a la asignación de recursos para el gasto social, se ha abierto un espacio muy importante en el gasto social, que tiene un crecimiento, como ya se decía, de más del 10% en términos reales y que reitero, significa más del 55% del gasto total propuesto para la consideración de esta honorable soberanía.
Adicionalmente a esta asignación de recursos a favor del gasto social, justamente para atender el propósito del bienestar, se propone un crecimiento importante en el gasto de inversión, que ya algunas de las fracciones parlamentarias indicaban y lo señalaban como un movimiento en la dirección correcta y se propone a través de dos instrumentos fundamentales: el primero, a través de un crecimiento de más del 10% de la inversión del sector público y, el segundo, a través de la creación de un fondo para la inversión en infraestructura, que servirá o para garantizar inversiones en infraestructura o bien para coinvertir con inversionistas no públicos en la infraestructura nacional, para evitar cuellos de botella en los crecimientos previstos para este año y los que vienen en nuestra economía.
Este esquema que he descrito de manera muy somera, se prevé que nos lleve a un
crecimiento del producto interno bruto del 4% y que esté acompañado por una estabilidad de precios, puesto que proyectamos una inflación del 4% para 1995; es decir, estamos planteando el propósito fundamental de la política económica de presentar ante esta soberanía un presupuesto y una Ley de Ingresos que llevan a un equilibrio en las finanzas públicas, pero abren los suficientes, espacios para inducir el crecimiento económico y para atender problemas de pobreza y bienestar a través de un gasto social creciente, y creemos que esta estrategia es la correcta para generar los empleos permanentes que necesita el país, justamente para llegar a que ese propósito que todos compartimos, que es el de aumentar el bienestar de las familias y el de llegar a una economía con una mejor distribución del ingreso y sin tantos problemas de pobreza como las que hoy padecemos en nuestra nación.
Esa es la lógica de la propuesta que estamos presentando; esa es la lógica del programa económico del presidente Zedillo, que desde el viernes pasado pusimos a su consideración y que hoy estoy aquí para platicar y discutir con ustedes.
Paso ahora, si ustedes me lo permiten, al segundo tema que me he propuesto para estos 30 minutos, que es el de la descentralización de los recursos, que es el de la coordinación fiscal, o como muy atinadamente desde mi punto de vista, el diputado Suárez Dávila ha dicho, el de la descentralización hacendaria, no solamente fiscal.
En efecto, el interés y el propósito del presidente Zedillo es que haya una creciente descentralización de recursos a los estados y a los municipios del país y es que junto con esta mayor descentralización también tengamos la capacidad de descentralizar facultades y para ello no sería correcto simplemente pensar en una fórmula que modifique el monto de ingresos participable únicamente, porque lo que haría sería acentuar los problemas que esa fórmula hoy tiene, sino que tenemos que pensar en un es quema que sea mucho más integral y comprensivo para atender ese reclamo, que me parece que es un reclamo absolutamente legítimo, justo, por parte de las entidades federativas del país.
Para ello ya hoy en la propuesta que estamos haciendo, encontramos los siguientes elementos a favor de esa descentralización. En primer lugar, hay un crecimiento en términos reales, cercano al 3% de las participaciones para los estados de la Federación, a través del sistema de coordinación fiscal.
En segundo lugar, a través de los egresos y del presupuesto que les hemos presentado para su consideración, hay una descentralización muy importante en los gastos, particularmente en dos ramos: en primer lugar, el ramo 25, el ramo de Educación, que se descentraliza plenamente y que tiene montos muy importantes, como ustedes lo detectarán en el análisis del presupuesto, que se llevará plena y totalmente, es decir, el 100% a los estados.
Y en el caso del capítulo, o del ramo 26, que son los gastos de solidaridad, hay un cambio notable a favor de la descentralización. Mientras que en el pasado eran cuatro fondos los que administraban directamente los municipios, ahora en la propuesta que hacemos los fondos de solidaridad que administrarán los municipios llegarán a ser 14, de cuatro a 14. Mientras que en el pasado, del total de los gastos del ramo 26, los municipios manejaban y administraban directamente 28%, con esta propuesta manejarán 50% de ese total.
O sea, hay un gran esfuerzo de descentralización del gasto directamente hacia los municipios, que sin duda alguna es un paso importante en este esfuerzo de descentralización hacendaria hacia los estados y entidades federativas de nuestro país.
Y en tercer lugar, estamos haciendo una propuesta que ojalá sea aceptable por todos ustedes, que es formar el Consejo Asesor Fiscal, que tendrá como propósito reunir a grupos de expertos en esta materia, con representación estatal y de las entidades federativas del país, con el propósito de estudiar fundamentalmente el tema de coordinación fiscal, o por qué no llamarlo de una vez el tema de descentralización hacendaria, y que puedan, como Consejo Asesor Fiscal, presentar información permanente en tantas veces como la Cámara de Diputados lo quiera, como la Cámara de Senadores lo quiera, para presentar en audiencias, las propuestas, ideas y reflexiones que ese Consejo Asesor Fiscal esté presentando como recomendación al Ejecutivo Federal.
Estas tres medidas que hemos propuesto creemos que son medidas importantes en la
dirección de una mayor descentralización de los gastos y que nos permiten plantearnos de fondo una reforma de descentralización hacendaria que requerirá de escuchar y recoger las opiniones de las distintas entidades federativas en nuestro país.
He escuchado con mucha atención las propuestas puntuales que ha hecho el diputado Suárez Dávila en torno a lo que podrían ser medidas adicionales de descentralización de los recursos. Algunas de ellas serán facultad de las propias comisiones de Hacienda y de Presupuesto para en sus dictámenes incorporarlas.
Pero quiero decirles que aquellas que son facultad del Ejecutivo Federal, que me permitiré leer de las notas que tomé, podrán ustedes encontrar la mejor de las actitudes por nuestra parte.
En primer lugar, la recalendarización por parte de la tesorería sí, haremos un ejercicio de recalendarización si esto significa mayores recursos para los estados.
Como ustedes saben, hay rezagos importantes en los pagos de la Tesorería a las entidades federativas y creo que podemos hacer un esfuerzo de recalendarización para que mejore la liquidez de los presupuestos de los distintos estados.
Segundo, solicitar a la Federación la revisión de los porcentajes de lo que se llama "el par y paso" o de las contrapartidas que tienen que poner los municipios y los estados por cada peso gastado en el ramo 26 por parte de la Federación.
Creo que sí hay flexibilidad y creo que eso será una medida importante para abatir el endeudamiento en que algunos municipios y algunos estados de la Federación han tenido que incurrir para llevar adelante esos programas.
Yo me comprometo a, en conversaciones con el Secretario de Desarrollo Social, buscar un esquema de flexibilización de esas contrapartes de gastos por parte de los municipios y los estados, con objeto de buscar una mayor flexibilidad en la asignación de recursos por parte de los estados.
También me comprometo a proponer a la Sedesol, un esquema de simplificación en la normatividad para la asignación de estos recursos del 26.
Sin duda alguna, hemos propuesto en las iniciativas que les hemos presentado, tanto en el artículo 17 de la Ley de Ingresos como en el 18 del Presupuesto de Egresos, la obligación de las empresas paraestatales mexicanas de pagar los impuestos locales. Les puedo asegurar que la Secretaría de Hacienda hará una vigilancia muy cercana, de escrutinio cercano y de seguimiento cercano y permanente a lo largo del ejercicio fiscal, para que esas obligaciones, que son fundamentalmente nómina y predial, estas instituciones las paguen cabalmente a los estados y eso les permita aumentar los ingresos a los estados de la federación.
Una idea muy interesante que se ha venido platicando en los últimos días, es a través del Banobras a hacer un programa de capacitación de funcionarios públicos, administradores municipales, administradores de ciudades, para que la asignación de recursos sea aún más eficiente.
Yo me comprometo ante esta cámara, que Banobras pronto presentará un programa que se los presentaremos a ustedes en sus respectivas comisiones, para que conozcan lo que sería un programa de capacitación de funcionarios públicos en los distintos estados, que ayuden a este esquema de descentralización y los prepare en términos de capital humano frente a las descentralizaciones futuras que seguramente durante el año de 1995 habrán de ocurrir.
Y finalmente la conformación del Consejo Asesor Fiscal que ya he dicho que tendrá como programa prioritario, además de un ejercicio en materia de simplificación fiscal que ha sido un tema recurrente en sus presentaciones y recurrente entre los contribuyentes, que tenga como propósito fundamental el de atender el tema de la coordinación fiscal o, para llamarlo de otra manera, el tema de la descentralización hacendaria.
En los siete minutos que me restan quisiera hacer breve relación a los temas específicos que presentaron las distintas fracciones.
Empezaré por los temas presentados por el diputado Vela, del Partido del Trabajo.
Empieza por decir que en esta política lo único que existe es un continuismo, una continuidad, que coincide con otras fracciones parlamentarias.
Yo quiero decirles que lo que se presenta en este programa económico es una nueva etapa de la economía mexicana, una etapa que sí construye sobre la estabilidad que se alcanzó en los últimos años y a partir de esa estabilidad de precios se propone crecimientos económicos con esquemas redistributivos que no se observaron en el pasado, porque hoy sí tenemos las condiciones para llevar adelante este tipo de programa económico que les estamos proponiendo.
Se habla de temas en donde se omite el campo, y yo quiero decir que si se lee con cuidado la propuesta a la Ley de Ingresos y la miscelánea, así como los recursos que se asignan a través de los capítulos de egresos, se podrán detectar dos cosas fundamentales: en la parte de ingresos un tratamiento fiscal, favorable al campo, al sector primario, que consiste en que el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre los activos en actividades primarias, tiene una tasa nada más de la mitad de la que tiene el sistema regular y, por otro lado, se permiten deducciones de hasta 20 salarios mínimos, siegas a ejidatarios o a perceptores de ingresos en el sector primario, así como hasta de 200 salarios mínimos en empresas de hasta 10 socios en sector primario.
Así que hay un tratamiento favorable del sector primario desde el lado fiscal en la propuesta que estamos haciendo.
Pero también en el lado de los egresos se está proponiendo una afinación de recursos en desarrollo rural, que tiene un crecimiento, como ya se mencionó por una de las fracciones, de casi 6% en términos reales, pero que parte de un crecimiento muy importante que tuvo el año pasado con motivo de la introducción del Procampo, que se inició un crecimiento en la asignación de los recursos al desarrollo rural muy importante.
Sobre esa base nueva de crecimiento importante el año pasado, traemos este año un crecimiento adicional, pero además hay gastos del capítulo XXVI que por su naturaleza, en la parte de solidaridad, tienen una incidencia importante en el campo mexicano y en el ámbito rural mexicano.
Se dice que hay omisión también en materia del tema de empleo. La propuesta que nosotros estamos haciendo de crecimiento, y aquí seguramente retomaré también algunas de las observaciones que nos hiciera el diputado Es cobar en materia de empleo por parte de la fracción perredista, es la siguiente: De acuerdo con la relación histórica que existe entre el crecimiento del producto interno bruto y la generación de empleos, el cálculo que hacemos del 4% de crecimiento para el año entrante, es de crear alrededor de 800 mil empleos.
Ahora bien, y aquí me detendré si acaso un minuto, pero creo que es muy importante que todos compartamos este fenómeno que está ocurriendo en el país: el cambio estructural que ha experimentado nuestra economía, nos asegura que la ventaja comparativa que nosotros tendremos en el gran mercado de América del Norte, será en aquellos sectores que utilizan intensivamente la mano de obra.
Así que uno debiera esperar, por las ventajas que nos ofrece el TLC para ingresar al mercado americano y canadiense y, por otro lado, por hecho de que tenemos ventajas comparativas, no nada más de penetrar en esos mercados, sino ventaja comparativa con respecto a otras economías del mundo, que utilizan intensivamente la mano de obra para penetrar al mercado americano, esas dos ventajas, la que tenemos en el tiempo y la comparativa con otros países, deben permitir prever un aumento, un crecimiento de los sectores que utilizan la mano de obra de manera intensiva, mayor al crecimiento promedio de la economía.
Así que la relación histórica que se utiliza de crecimiento al producto interno bruto con la generación de empleo, no es necesariamente la correcta, seguramente será superior y por ello hay la expectativa de que con esta nueva relación entre PIB y generación de empleos, debida a este cambio estructural se puedan crear empleos adicionales por encima de los 800 mil empleos anuales.
Se ha hecho referencia a los empleos generados a lo largo de 1994 y se hablaba de 300 mil; es decir, que esa cifra es nada más para el periodo enero-agosto y que fue en el último cuatrimestre cuando se observó el mayor crecimiento a la economía mexicana. Así que esa
cifra hay que complementarla en cuanto tengamos las cifras definitivas para el cálculo final de empleos generales durante 1994.
Por lo que se refiere a las observaciones del diputado Escobar, creo que a algunas he hecho referencia en el planteamiento de carácter general, pero sí, hay una que me gustaría analizar de manera conjunta. que es lo que el diputado Escobar dice que es una incoherencia en la presentación del esquema y es el que se refiere al crecimiento de las importaciones. También de manera muy rápida explicaré cuáles son los supuestos que están detrás de la propuesta que nosotros les estamos haciendo.
Si usted observa, diputado, el crecimiento de las importaciones mexicanas tiene tres componentes importantes; importaciones de bienes de consumo final, importaciones de insumos intermedios e importaciones de bienes de capital.
Las importaciones de bienes de consumo final, representan escasamente el 10% del total de las importaciones que hacemos. El fuerte de las importaciones son: importaciones intermedias o de bienes de capital y lo que hemos observado en las importaciones de bienes de capital, es que en estos últimos años han tenido un efecto multiplicador pequeño. ¿Por qué?, porque lo que han hecho muchos de estos bienes de capital que han venido al país, han sido sustituir a capital obsoleto, a venir a sustituir a maquinaria obsoleta, que durante muchos años no se actualizó o porque la economía no estaba abierta o porque no estaba creciendo lo suficiente, y por ende, no existía el incentivo de la modernización tecnológica.
Al estar trayendo mucho de este capital, de bienes de capital que no se producen en el país, se sustituyó mucho del capital existente y se ha ido bajando la edad promedio de obsolescencia del capital, de la industria que utiliza bienes de capital en el país y al sustituir el efecto multiplicador de esas importaciones no ha sido tan grande como si lo hubiera complementado, es decir, como si hubiera sumado al capital que ya existía.
En la medida en que se vaya abatiendo esta obsolescencia como ha ocurrido de manera muy acelerada en los últimos dos años, las nuevas inversiones que se hagan con importaciones de bienes de capital, complementarán a las recientes y su efecto multiplicador irá creciendo. Así que hacer un ejercicio como el que usted nos presentó de simplemente proyectar la relación de crecimiento de importaciones con crecimiento del PIB, con los años pasados, ignoraría este fenómeno que en efecto se está dando en el país y es incorporando este fenómeno que nosotros hacemos esa proyección coherente y congruente con el esquema macroeconómico de un crecimiento menor en las importaciones, a pesar de que el PIB está creciendo a tasas mayores.
Entre las propuestas que ustedes hacen, se propone que la bonificación fiscal alcance hasta los cuatro salarios mínimos. Es de recordarle que la bonificación fiscal del año pasado incorporó hasta cuatro salarios mínimos, un aumento equivalente a los ingresos disponibles de 10.8%. De ahí que sea sobre esa bonificación del año fiscal que concluirá este año, que se añadirá el 3% adicional para perceptores de hasta de dos salarios mínimos. Así que el esquema de bonificación fiscal que ustedes aprobaron el año pasado, continuará beneficiando a los perceptores de hasta cuatro salarios mínimos, pero ahora para los de hasta dos salarios mínimos, es decir, para los de ingresos más bajos al interior de ese universo beneficiado, significará un aumento adicional del 3%.
Simplemente señalarle que 5.5 millones de trabajadores se benefician con esta medida.
Está usted de acuerdo en que las propuestas de deducción para las empresas pequeñas y medianas van en el sentido correcto; el espacio que hemos encontrado en el presupuesto equilibrado que les presentamos, es hasta donde pueden llegar sin afectar los equilibrios de las finanzas públicas.
Paso rápidamente a los planteamientos del diputado Preciado, del PAN, quien hizo referencia al tema de coordinación fiscal sobre el cual he hecho comentarios y he hecho algunos comentarios, unas propuestas que se sugieren como propuestas que resolverían algunas aparentes contradicciones que nuestra propuesta tiene. Pero yo sí quisiera señalar que también detecto algunas contradicciones de mi parte, en la propuesta que he escuchado por parte del diputado Preciado. Por un lugar, se dice que el sistema de distribución de participaciones que hoy tiene México, es ineficaz e inequitativo; pero por el otro lado se pide que se le den más
participaciones a los estados. Eso sería equivalente a profundizar en lo que ustedes y, puede ser que consideran un sistema ineficaz e inequitativo. De ahí que la solución no sea necesariamente un simple aumento del aumento de participaciones, sino un replanteamiento de la asignación de los recursos en su totalidad, como se ha planteado, que tendremos que discutir, desde nuestro punto de vista, en las próximas semanas y meses.
Se propone la abrogación del impuesto sobre el activo, cuando se reconoce que en efecto tuvo un efecto de control sobre el pago de impuestos sobre todo para las empresas grandes que declaraban en altos porcentajes en ceros. La existencia del impuesto sobre el activo, a pesar de que en su rubro hay una recaudación muy pequeña, no es por su propósito recaudatorio, sino por la sinergia que tiene con el impuesto sobre la renta de las empresas para evitar que vuelvan a las prácticas de declaración en cero, a través de los llamados precios de transferencia.
Y hay algunos otros planteamientos en materia fiscal, que seguramente tendremos oportunidad en las próximas intervenciones de afinar y de seguir platicando.
Finalmente, quisiera hacer referencia a la intervención del diputado Suárez y Dávila, en estos minutos, de los que ya me pasé, muy brevemente decir que coincido plenamente con su apreciación de que en efecto este paquete estimula el crecimiento y tiene contemplados recursos para la distribución del ingreso, tanto por el lado de las pequeñas y medianas empresas, como los perceptores de pequeños ingresos en el lado fiscal, como la asignación de recursos crecientes en el lado del gasto, para el gasto social. Muchas gracias.
ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
La Presidenta: Solicito a usted, señor Secretario, tenga a bien tomar el lugar aquí en la Secretaría, para el desahogo de las preguntas y respuestas.
Antes de mencionar a quienes van a participar en la primera ronda, me voy a permitir especificar la mecánica que seguiremos en esto, para evitar cualquier confusión.
De los oradores inscritos, uno por el Partido del Trabajo, uno por el Partido Acción Nacional, dos por el PRD y dos por el Partido Revolucionario Institucional, quiero decir lo siguiente: El diputado que tome uso de la palabra en primera instancia, puede utilizar hasta siete minutos para su cuestionamiento y en el caso del Partido del Trabajo y del Partido Acción Nacional, el mismo diputado, si quiere, puede tener, después de la respuesta del señor Secretario, una réplica hasta por cinco minutos.
En el caso del Partido de la Revolución Democrática, uno de los diputados hará el primer planteamiento y el segundo que está aquí mencionado y que en su momento leeré, hará la réplica hasta por cinco minutos. Igualmente con el Partido Revolucionario Institucional.
El señor Secretario tendrá 10 minutos para contestar a la primera pregunta y hasta cinco minutos para contestar a la réplica.
El turno de oradores va a ser el siguiente: Primero, el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; después la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado César Antonio Chávez Castillo; por el Partido Acción Nacional el diputado David Vargas Santos y por el Partido Revolucionario Institucional, Alfonso Reyes Medrano y Filemón Ramírez Pérez. Tiene el uso de la palabra el diputado José Narro Céspedes.
El diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso, señora Presidenta; Secretario; compañeras y compañeros de esta legislatura: El Partido del Trabajo desea hacer algunas consideraciones y cuestionamientos que nos preocupan en relación a diversos aspectos que nos parecen esenciales en la comparecencia del señor Secretario de Hacienda.
Los criterios de política económica, la Ley de Ingresos y la política de gasto constituyen en sí una entidad única que debe analizarse de manera integral. Sin embargo, para sistematizar nuestra postura es conveniente tratarla separadamente.
La política económica que pretende llevarse a cabo el próximo año resulta muy similar a la aplicada en los años anteriores. Las modificaciones que presenta son poco significativas y sus metas se remiten al logro de un crecimiento económico calculado en un 4%. Mantener las mismas condiciones del sector externo, mejorar la diferencia entre el gasto programable y el no programable, disminuir el servicio de la deuda pública y un mayor endeudamiento público externo.
En relación a los instrumentos que se utilizarán para la consecución de los objetivos, tienen la característica de ser poco preciso y en algunos casos contradictorios claramente.
En relación al salario, el tratamiento es extremadamente formal y reiterativo de las políticas aplicadas en el sexenio anterior. Aparece el lesivo tope salarial. Nos parece inaceptable que se mantenga esa política combinada con los créditos fiscales sólo para quienes perciben hasta dos salarios mínimos, es decir, como máximo se otorgará un apoyo de 27 pesos mensuales, que es prácticamente inservible; la cifra por sí sola lo dice todo. Además, ahora se agrega la vinculación de las remuneraciones con la evolución de la productividad, sin que para este último aspecto se especifique la forma concreta en que se va a proceder.
En relación a la política de crédito, observamos que ésta conlleva un alto grado de ambigüedad, se mantiene el principio de apertura y participación de la banca internacional como fórmula para regular el mercado financiero, pero no se hace nada en relación al diferencial entre tasas pasivas y activas.
Tampoco se dice nada sobre la cartera vencida; esto, por mencionar dos problemas que han lesionado de manera muy grave a la sociedad mexicana y la han agraviado.
Insistimos que encontramos una omisión grave al no proponer una alternativa real para solucionar el problema del campo y, sobre todo, de los campesinos, el cual merece atención prioritaria en este espacio legislativo. Lo hemos planteado como una cuestión urgente, insoslayable, la necesidad de diseñar un plan de emergencia nacional. El problema de Chiapas y el problema de Chihuahua, de la sierra tarahumara, son dos ejemplos significativos de la situación que prevalece en la mayor parte del campo mexicano.
La política de ingresos se mantiene sobre las mismas bases que dieron lugar al cambio estructural. La iniquidad prevalece sobre los elementos de justicia y los elementos de recaudación equitativos para el conjunto de los actores de la economía mexicana.
Sobre el modelo del pasado sexenio se matizan algunos aspectos, pero en el fondo se incide sobre la misma propuesta del cambio estructural y de la política de ingresos. En la parte relativa al impuesto sobre la renta, se sigue manteniendo en condiciones de privilegio a las grandes empresas, a los tenedores de valores bursátiles y, en general, a los sectores que concentran el ingreso en México. Un ejemplo de esto, lo constituye la desgravación de la enajenación de acciones, de tal suerte que este concepto deja de ser ingreso fiscal y por tanto no causa impuestos.
El incremento de los recursos públicos se sigue dando sobre la implementación de la base fiscal de un sector específico de la población y un control estricto de los causantes. Es necesario que en este punto nos pongamos al nivel de los países de la OCDE, con grado de desarrollo similar al nuestro.
El impuesto al activo debe desaparecer por dos razones fundamentales. La primera, que es la más importante, es de que su sustento técnico, legal es muy endeble y cuestionable. La segunda, es que como mecanismo de recaudación fiscal su peso específico recaudatorio ha venido desfavoreciéndose. El costo político de sostener un impuesto inquisitorial es muy alto si se le compara con los magnos ingresos que se generan.
La política de gasto presenta discrecionalidad. Se pretende apoyar con un monto importante el gasto social, ampliar las erogaciones del gasto programable y mejorar sustancialmente los apoyos a la inversión física. Sobre estas tres cuestiones queremos plantear las siguientes interrogantes: Nos parecen poco significativos los avances que se dan en materia de manejo del gasto social por parte de los que reciben su beneficio directo. Creemos que es indispensable tener una mayor autonomía en el manejo de estos recursos y una mayor claridad y transparencia; normar el uso de estos recursos.
En realidad este aspecto lleva a una cuestión más trascendental, que es la relativa a la reconsideración del pacto federal en término de ingresos y gasto, y la distribución que se debe dar al respecto entre las entidades federativas, el gasto programable es expresión de los objetivos que se propone cumplir el Gobierno Federal; sin embargo, dentro de su estructura siguen manteniendo el ramo 23, que en nuestra opinión su naturaleza sigue siendo ambigua en tanto no se precise de manera puntual su carácter; además, sigue manteniendo en su interior el concepto 8100 correspondiente a las partidas secretas en un México cada vez más plural y abierto donde se requiere transparencia plena del gasto de los recursos y no mantener partidas secretas en donde la sociedad y el pueblo de México no tengan claridad puntual sobre el uso de la totalidad de los recursos públicos. La Ley del Gasto no refleja autocríticamente la participación privada en el ramo de Educación Física.
Vamos a plantear las siguientes consideraciones: los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalan la obligación del Estado de asumir la rectoría en las cuestiones nacionales y establecer los mecanismos de planeación democrática para que todos los sectores de la población intervengan en este proceso.
En los documentos presentados por usted a esta soberanía no apreciamos esta consulta democrática, por tanto, nos gustaría conocer su punto de vista al respecto, ni vemos tampoco que se salvaguarden los principios rectores de la economía que se señalan que debe tener bases de equidad y de justicia, que guarden y que preserven la soberanía nacional.
La situación de México demanda una reforma fiscal y económica de fondo, que permita recuperar los niveles de ingresos y bienestar para el conjunto de la población. En su propuesta no observamos que este planteamiento esté presente. ¿Estaría usted dispuesto a considerar, junto con la fracción mayoritaria de este congreso, esta legislatura, estos elementos para elaborar una nueva propuesta? Estas son nuestras preguntas, señor Presidente. Muchas gracias.
La Presidenta: Tiene el uso de la palabra, señor Secretario.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señora Presidenta: Haré referencia muy explícita a cada uno de los temas que tocó el diputado Narro.
En primer lugar, ya hice referencia a lo que yo creo que representa este programa económico con respecto a los programas del pasado en el sentido de que este programa económico representa una nueva etapa, una etapa de crecimiento que sí construya a partir de la base que se creó en el pasado a través de la consolidación de la estabilidad de volver al equilibrio de finanzas públicas y de disminuir de manera muy notable la carga de la deuda externa con porcentaje del producto interno bruto.
Hay comentarios sobre el asunto salarial que me gustaría aclarar. La política salarial implícita en este programa, es uno de absoluta libertad de las negociaciones de los salarios contractuales al interior de cada centro de trabajo o de cada sector productivo de acuerdo a sus circunstancias jurídicas y tiene como lineamientos generales utilizar las referencias de inflación que se presentan en las proyecciones que les presentamos a ustedes y en segundo lugar, el de determinar los aumentos de productividad que en cada centro de trabajo se dan para que eso se contemple en aumento salarial correspondiente y, en el caso específico de la Ley de Ingresos, se propone además de esos dos elementos, un crédito fiscal que se calcula que para los perceptores de hasta dos salarios mínimos puede representar un aumento del 3%.
Por lo que se refiere a política de crédito, el diputado Narro hace referencia al problema del diferencial entre las tasas de interés pasiva e interés activa y creo que es una buena observación.
La propuesta que nosotros estamos haciendo, es acentuar, es decir, llevar adelante la apertura del sector financiero, ésa será la mejor manera y más permanente para reducir esos márgenes de intermediación, porque a mayor competencia tendrán que ofrecer mayores servicios y mejores, y eso significa menores márgenes de intermediación y por ende, un esquema de reducción de la diferencia entre la activa y la pasiva.
Por lo que se refiere a la cartera vencida, conozco el tema, he tenido oportunidad de platicar con diputados de todas las fracciones que están representadas en esta cámara y hemos llegado a la propuesta de formar un grupo de trabajo a partir del mes de enero, para ver estructuralmente esa problemática, sin prejuzgar sobre ningún tipo de solución aún.
Ya hice referencia a lo que yo creo que son los elementos fundamentales de esta propuesta que les presentamos en materia de desarrollo rural o del campo, que tiene que ver, por un lado, con el hecho de que se asignan recursos para los siguientes pasos del Procampo que, como ustedes saben, se va sustituyendo el valor de los precios de garantía con un apoyo directo. Eso desde nuestro punto de vista, se ha discutido mucho, pero quiero reiterarlo, significa mejoras en materia de eficiencia y en materia distributiva. ¿Por qué en materia de eficiencia? Porque las distorsiones que los precios de garantía introducían en el campo llevaban una asignación de recursos en el campo no del todo racional, a llevar a plantar maíz en donde no hay tierra con vocación para el maíz sólo porque había un rendimiento implícito alto, por una distorsión del precio de garantía muy alto y por otro lado afectar a aquellos que son productores deficitarios o apenas alcanzan a producir lo que consumen, que a través del precio de garantía enfrentaban precios rurales medios muy altos, porque el precio de garantía los había subido.
Al ir cambiando el esquema de precios de garantía por uno de apoyos directos, vamos eliminando las disposiciones de precios relativos en el campo y también apoyando a aquellos que nuestro cálculo es que son hasta 2 millones de campesinos que no se verán beneficiados con un esquema de precios de garantía y que sí se verán beneficiados con un esquema de apoyos directos. Esto esta contemplando un crecimiento en los recursos para el Procampo justamente con ese propósito.
De igual manera, ya lo explicaba hace un momento, en la parte de ingresos se plantean tratamientos benéficos para el sector primario a través de disminuciones de hasta el 50% en las tasas impositivas de renta y de activos hasta como deducibilidades ciegas en esa actividad, que pueden ser por individuo hasta de 20 salarios mínimos y por empresa con hasta 10 individuos, hasta de 200 salarios mínimos como lo expliqué.
Se dice que hay iniquidad en el impuesto sobre la renta y coincide el diputado Narro con el diputado Vela y le pido disculpe, diputado Vela, que no pude hacer referencia a esa parte de su pregunta, porque se me agotó el tiempo, pero sí quisiera hacer una reflexión respecto a la carga implícita al interior del impuesto sobre la renta.
El impuesto sobre la renta está compuesto por el impuesto sobre la renta para las empresas y el impuesto sobre la renta para personas físicas. No haríamos un análisis correcto si simplemente dijéramos para la renta, el impuesto sobre la renta a las empresas sólo recauda la mitad, que es la realidad, y el impuesto sobre la renta a personas físicas la otra mitad.
Lo que ocurre es que en el universo de personas físicas hay un porcentaje muy elevado de personas físicas con actividades empresariales, profesionales, que caen en esa categoría, pero que en realidad están derivando ingresos no de sueldos y salarios. Si hacemos esa distinción y esa desgregación necesaria para estudiar correctamente la diferencia o la equidad del impuesto sobre la renta, nos encontraremos con que dos terceras partes del impuesto sobre la renta es pagado por empresas o por personas físicas con actividades empresariales, mientras que una tercera parte solamente, del total, es pagado por personas físicas con salarios, sueldos y salarios.
También se hace una referencia que el diputado Vela hizo, ahí también reitero mi disculpa por no haberme referido en ella en mi intervención previa, que tiene qué ver con la posibilidad de gravar ganancias en bolsa. Creo que éste ha sido un tema muy discutido y aquí el dilema fundamental para la autoridad fiscal, es el siguiente y lo quiero compartir con ustedes con absoluta franqueza.
El principio de equidad en la política tributaria y fiscal, exigiera que si fuésemos a gravar ganancias en las actividades de valores, también tendríamos que permitir la acumulación o la deducibilidad de las pérdidas y el efecto recaudatorio total seguramente será neutro y dependiendo de los ciclos de los mercados, podría ser hasta negativo.
Así que un impuesto de esa naturaleza no necesariamente trae consigo un aumento recaudatorio, como lo propone el diputado Narro.
Por lo que se refiere al impuesto sobre el activo, ya aquí hay una referencia a la presentación del diputado de la fracción panista, en el sentido de que al impuesto sobre el activo no sólo estamos presentando una flexibilización para que no afecte los flujos de caja de las empresas, permitiendo la deducibilidad frente a pagos de impuestos pagados en pasado, porque si generaron utilidad en el pasado, es decir, si una empresa hoy no genera utilidad suficiente para acreditar su pago en el impuesto sobre el activo, con la propuesta que les estamos presentando a ustedes se le permitirá deducir con respecto a las utilidades que tuvo hasta hace tres años, los últimos tres años.
Y por otra parte, para nuevas inversiones, ya sea de nuevas empresas o de nuevos activos, se está dando un periodo de gracia de hasta cuatro años.
Con estas dos medidas que estamos proponiendo a su consideración, estamos evitando el impacto sobre flujo de caja de las empresas, pero por otro lado sigue presente un impuesto de control importante que tiene sinergia con la recaudación de impuesto sobre la renta de las empresas y que evita que muchas empresas como lo hacían en el pasado antes de que este impuesto existiera, declararan de manera creciente en ceros a través de esquemas de precios de transferencia en donde ubicaban un domicilio fiscal en algún paraíso fiscal fuera del país, le vendían barato o le compraban caro y su utilidad efectivamente generada en el país se trasladaba a ese paraíso fiscal y eso atentaba contra la recaudación del impuesto sobre la renta de las empresas y el propósito del impacto, del impuesto sobre el activo, es justamente abatir, terminar con ese tipo de actividad y tiene un efecto de sinergia muy importante sobre la recaudación en general del impuesto sobre la renta de las empresas.
Quiero decirle con toda honestidad, diputado Narro, que hay un planteamiento contradictorio en sus propuestas tributarias: por un lado dice usted que es inequitativo el esquema del impuesto sobre la renta porque no grava mucho a las empresas grandes, cosa con la que no estoy de acuerdo; pero por el otro lado dice usted que eliminemos el impuesto sobre el activo. Si fuéramos a eliminar el Impuesto sobre el activo y utilizáramos los argumentos históricos de lo que le ocurrió a la recaudación fiscal en el país, se nos caería la recaudación de las grandes empresas, porque volverían a este esquema de precio de transferencia y por ende tendría un abatimiento esa recaudación y ahí sí tendríamos un problema de iniquidad en la distribución de la carga del impuesto sobre la renta a las empresas.
Paso ahora a los comentarios, rápidamente, de gasto.
Entiendo y así lo he leído, que el dictamen que ustedes hicieron de Cuenta Pública solamente hace una semanas, de Cuenta Pública para 1993, hay una clara recomendación al Ejecutivo para que el ramo 23 disminuya de manera sistemática. Quiero decirles que en la propuesta que estamos haciendo, el ramo 23, que existe en todos los presupuestos y que responde a la necesidad de una práctica presupuestal de guardar recursos contingentes frente a eventos que inevitablemente todos los países en todo el mundo pueden enfrentar, se está reduciendo en esta propuesta que hacemos en 31% en términos reales, es una reducción muy importante. En 1993 fue de casi 30 mil millones de pesos nuevos, ahora estamos presentando a su consideración solamente 15 mil, que con respecto a lo que se aprobó por ustedes para 1994, significa, reitero, una disminución del 31% y, al interior de ese ramo, 10 mil millones de nuevos pesos están contemplados para el programa salarial.
Así que lo que queda de usos contingentes es nada más 5 mil millones de nuevos pesos, que se reduce de manera muy sintomática con respecto al pasado y, lo reitero, en términos de práctica presupuestal, en todos los presupuestos de naciones siempre existe este tipo de ramo, porque se requiere tener recursos potenciales para contingencias, en el caso de que éstos sean necesarios.
La Presidenta: Se terminó su tiempo, señor Secretario; si quiere redondear su respuesta.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público: Con mucho gusto y una disculpa: Finalmente se dice que no está clara la presentación sobre cómo se va a invitar a los sectores
privados a promover y a invertir en infraestructura básica y quisiera explicar, con su venia, señora Presidenta, literalmente unos segundos, que para eso se propone la formación del fondo para el fomento a la inversión e infraestructura, que será alimentado con recursos restantes del fondo de contingencia y con privatizaciones que haga el sector público futuras y esos recursos se utilizarán para prestar garantías a aquellos inversionistas que quieran invertir en proyectos de largo plazo, que los de infraestructura por naturaleza son, o bien para inversiones temporales que el sector público haga junto a esos inversionistas en infraestructura básica del país. Es una regla muy clara y la habremos de aplicar en caso de que ustedes autoricen este presupuesto que hemos presentado para su consideración. Muchas gracias.
La Presidenta: El diputado Narro, quiere hacer uso a su derecho a réplica.
El diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso, señora Presidenta: En términos salariales que fue el primer punto que tocó, señor Secretario, el problema es el deterioro acumulado; por lo tanto, calcular el incremento salarial con base en la inflación actual o esperada, sigue conservando el deterioro acumulado. Eso es lo que precisamente planteamos nosotros que hay que combatir y se ve claramente cuando hacemos la comparación entre los salarios reales de 1981 y los de este año.
Sobre el impuesto sobre la renta, usted señala que el 30% del impuesto sobre la renta proviene del asalariado, fundamentalmente; esto nos dice que 22 millones de mexicanos asalariados, ese 75% de los asalariados, recibe el 30% de la masa salarial, que es una proporción totalmente injusta, o sea, 22 millones de asalariados sólo reciben el 30% de la masa salarial sobre el impuesto sobre la renta que usted nos planteó.
Por eso pensamos nosotros que debe haber una profunda reforma fiscal que permita cambiar esta situación.
Sobre la situación del campo que usted planteaba, nosotros pensamos que el Procampo es fundamentalmente un subsidio al consumo, que no significa una alternativa real de reconversión productiva para los campesinos, una alternativa de producción con bienestar para los campesinos, por eso planteamos que es totalmente insuficiente. Si el incremento que se da para el campo es insignificante y fundamentalmente el monto fundamental es lo del Procampo, realmente no significa una alternativa seria de reconversión productiva con bienestar, para incorporar a los cerca de 17 millones de mexicanos que viven en el campo, que no tienen una alternativa real en el actual modelo de desarrollo económico que ustedes han implementado, por eso planteamos nosotros que qué es lo que se pretende seguir, si seguir desalentando la producción con políticas como las del Procampo, que no impulsan la productividad, que no impulsan la reconversión productiva y que están generando que la mayoría de los campesinos subsistan en la miseria y busquen la emigración como alternativa.
Parece que los sucesos de Chiapas y de Chihuahua, que son dos señalamientos, pasan totalmente inadvertidos para esta propuesta que se está haciendo de ingresos y de egresos.
Pensamos también en la cuestión del crédito que usted comentó. No nada más es el problema de los altos costos de lo pasivo a lo activo; también está el problema que tenemos, sobre todo en los mecanismos de ahorro popular, como las cajas de ahorro, en donde la Secretaría de Hacienda, al estar tan alejada de la población y de la sensibilidad social, no guarda mecanismos de control que vigilen y protejan de alguna forma al pequeño ahorrador, que a partir de las cajas de ahorro, que a partir de alternativas de ahorro y de financiamiento más cercanos a su quehacer cotidiano, actualmente se encuentran en quiebra, como son las uniones de crédito, como son las cajas de ahorro y no hay ninguna alternativa, ninguna propuesta seria que se vea por parte de la Secretaría y en estas propuestas que están planteando.
Pensamos también que en el marco de la propuesta de descentralización, no se observa tampoco que hay una estrategia para descentralizar, no se muestra que hay voluntad para descentralizar, no nada más los recursos, sino las funciones.
Nosotros pensamos y lo comentábamos con unos compañeros, que estamos como cuando dicen de las comunidades indígenas: no les damos tierra porque no son capaces; no les damos a los municipios los recursos porque no son capaces los municipios; es el mismo discurso desde hace 15 años, no darle los recursos a los municipios, porque no hay capacidad de los municipios ni son capaces los estados.
Entonces, se sigue centralizando y se sigue manteniendo un aparato centralista, obsoleto, que oprime a la mayoría de la población mexicana. Nosotros pensamos que se deben tomar medidas aceleradas, claras y transparentes.
Sobre el ramo 23 nosotros pensamos que es positivo que aquí haya la reducción, pero no se plantea, ni se contestó nuestro planteamiento, es fundamental que planteemos que debe haber transparencia y claridad plena sobre el uso de los recursos del ramo 23, que no debe haber secritud, que no debe haber ninguna partida secreta que el pueblo de México no tenga el derecho de conocerla plenamente, porque son recursos del pueblo mexicano. Entonces pensamos que se debe separar de ese ramo 23, cada uno de los conceptos clara y precisamente, para que haya claridad en el uso de esos recursos.
Y en el caso de la bolsa, que también usted señaló, es cierto que debe de haber deducibilidad de las pérdidas, usted lo plantea, pero habría que considerar que el dinero que está en la bolsa es el que más ha ganado. No como dentro del marco fiscal no perderíamos como parte de la nación, se ha ganado cerca de 10 veces; la gente, los grandes recursos que están en la bolsa, son los que más han ganado, son los que más se han enriquecido.
El dinero que está en el campo especulativo, que está en la banca y que está en la bolsa, es el que más ha ganado en estos últimos años. Nosotros pensamos que debe de gravarse también ese recurso y ese capital, sobre todo para que haya un mecanismo claro de redistribución de la riqueza.
La Presidenta: Se le terminó su tiempo, diputado.
El diputado José Narro Céspedes: Si me permite concluir, señora Presidenta.
Entonces nosotros pensamos que en el marco y hay ejemplos claros en donde se ha gravado el capital especulativo y el capital que está en la bolsa y el capital que está en el marco de las finanzas mexicanas. Es lo que nosotros queremos someter, señor Secretario. Muchas gracias.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señora Presidenta; muchas gracias, diputado Narro: Hago referencia rápidamente. El esquema salarial no sólo responde a la inflación esperada, sino que responde a inflación esperada más productividad y en el caso de hasta dos salarios mínimos, a una bonificación fiscal de hasta 3% de aumento, así que hay una recuperación potencial importante.
Por lo que se refiere a la carga del impuesto sobre la renta, la explicación que yo daba es que hay que estudiar con cuidado cuál es su distribución entre empresas y personas físicas y que sería un error pensar que porque bajo el título de personas físicas existe prácticamente la mitad de la recaudación, todo eso es de personas que perciben salarios y sueldos, que una gran parte de personas físicas reciben ingresos que le son gravados por actividades empresariales, o porque son profesionales independientes que pagan su impuesto bajo ese rubro.
Se dice que no hay medidas aquí para el campo y ya lo hemos escuchado varias veces. Me gustaría reiterar nuevamente. Tenemos diferencias obviamente en cuál es el propósito del Procampo. Yo reitero, nosotros creemos que es un programa para aumentar la eficiencia, corrigiendo distorsiones de precios y por otro lado, para aumentar la equidad en la asignación de los recursos en el campo, porque le llegan hoy esos recursos a través del apoyo directo a aquellos que, a través del precio de garantía, no lo recibían.
Pero sí quisiera hacer aquí un recuento muy rápido de los recursos asignados, en esta propuesta de presupuesto que les presentamos,
al desarrollo rural. Por el lado del Procampo se propone gastar 12.6 mil millones de pesos nuevos. En el lado del Procede, para llegar a la meta de en el año 2000 haber regularizado plenamente propiedad, se proponen más de 1 mil millones de nuevos pesos. En la Comisión Nacional del Agua se proponen 3 mil 400 millones de nuevos pesos y en el caso de FIRA, están contemplados como apoyos fiscales a la actividad de FIRA, igualmente para apoyos fiscales al Banrural, mil 800 millones de nuevos pesos, así que hay una asignación importante de recursos para el campo y para el desarrollo rural.
En efecto, omití el comentario que usted hizo sobre Chiapas y Chihuahua y le pido disculpe, pero le quiero dar alguna información de lo que ha sido asignación de recursos de inversión pública federal en el Estado de Chiapas, entre 1993 y 1995.
La inversión del Gobierno en Chiapas en esos dos años, con la propuesta que estamos presentándoles a ustedes, habrá sido de un crecimiento en términos reales, de 110.7%. En inversión en agricultura y recursos hidráulicos, en comunicaciones y transportes, en comercio y abasto, en salud, en desarrollo urbano, en el sector energético, en el educativo, en pesa y en turismo y esto acompañando de un aumento en solidaridad para ese mismo periodo, de acuerdo con el presupuesto que les hemos presentado a su consideración, de 70.6%.
Y por lo que se refiere específicamente al problema tarahumara en Chihuahua, ha habido, como ustedes lo saben, una asignación de recursos muy importante en los últimos meses, de parte de los gastos sociales y parte del ramo 23, justamente para atender una contingencia que se presentó al país por una sequía muy seria en aquella región del norte de nuestra patria.
Por lo que se refiere a descentralización, estamos haciendo propuestas que descentralizan el gasto, sobre todo el ramo 26, que significa, reitero, que del total de los gastos de solidaridad, se irá más del 50% directamente a los municipios. Antes se les iba el 28%. Esto sin duda alguna significa un esfuerzo muy importante en la dirección de descentralización creciente.
Y por otro lado, estamos manifestando absoluta disposición tanto para incorporar medidas y actuar como Ejecutivo en las propuestas de detalle que hemos escuchado por parte del diputado Suárez Dávila, durante 1995, como para abrir un diálogo al principio de 1995, sobre una verdadera, profunda reforma en la parte de descentralización hacendaria, que reitero, no se puede quedar en un simple aumento de los fondos distribuibles a través de las participaciones, sino que se tiene que convertir en un esquema de redefinición de recursos junto con redefinición de facultades y eso por definición, señoras y señores diputados, requiere de un esfuerzo muy importante, entre otros, de coordinación, de plática, de consulta con todos ustedes y con los distintos gobiernos de la República, a efecto de asegurarnos que la nueva propuesta que hagamos, de aquella que acordemos entre todos, sea durable, sea justa y sirva para llevar adelante una efectiva descentralización de la actividad económica en el país.
Y termino, señora Presidenta, simplemente haciendo una nueva referencia al ramo 23, en donde, no es que en el ramo 23 se esconda nada, no hay secreto alguno, es simplemente tener recursos contingentes frente a contingencias potenciales que puedan ocurrir a lo largo del año, eso es todo y, respondiendo a la recomendación que se nos hizo en su dictamen de Cuenta Pública reciente sobre el ejercicio de 1993, hemos presentado a esta soberanía una disminución de más del 30%, para ser exacto, del 31% en ese ramo en términos reales, del cual 10 mil millones de los 15 mil se dedican, o están planteados para el programa salarial.
Así que estamos hablando simplemente de 5 mil millones de nuevos pesos, que es una cantidad importante, para hacerle frente a contingencias que pudieran surgir a lo largo del año, sin alterar el equilibrio, porque esas contingencias ya están planteadas en la suma y resta de los gastos e ingresos de la Federación. Muchas gracias.
La Presidenta: Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández, por siete minutos, por favor.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Gracias, señora Presidenta; señor Secretario de Hacienda; compañeras y compañeros:
Yo voy a aprovechar este breve tiempo para hacer algunos comentarios sobre la racionalidad económica de los documentos que nos han presentado para plantear una sola demanda y una sola pregunta, que haré al final de mi exposición.
Yo quisiera que el señor Secretario de Hacienda y sus colaboradores que están aquí presentes, entendieran y comprendieran que hay una enorme satisfacción dentro, no sólo de las fuerzas productivas del país, sino también en la población que nos ha llevado a criticar y a muchos a rechazar el esquema neoliberal que constituyó una respuesta antihistórica, antidemocrática y antipopular al problema financiero de la deuda externa que estalló en 1982.
Esta respuesta la extendieron la crisis, que era una crisis de financiamiento externa, la extendieron a toda la economía, la extendieron al sector social y al sector también de la ética y la moralidad.
Por lo tanto, en esta etapa, lo he dicho ya, hay soluciones consensadas, consensadas en el mundo académico y científico con los investigadores que han estudiado estos problemas en forma independiente, con las fuerzas productivas que participan en estas actividades que han estado lastimados y restringidas por la política de ajuste restrictiva y recesiva y después por la política de apertura que ha significado pérdida del mercado interno para nuestra industria y en cambio un gran beneficio para nuestro principal proveedor Estados Unidos, por el tremendo déficit comercial y el déficit factorial, son dos déficit, no uno solo, que gravitan sobre nuestra balanza de pagos en cuenta corriente.
Me referiré a los puntos específicos. De desarrollo rural integral ya hay un consenso. Los objetivos que a nuestro modo de ver debe tener la política agroindustrial, son: suficiencia alimentaria no autarquía. México no es Sinaloa, México es un territorio muy grande. Tener en cuenta toda la productividad potencial del territorio y la productividad potencial de los hombres que trabajan en el campo que, de acuerdo con las estadísticas y encuestas disponibles, no son 6 millones que nos daba la estadística oficial, ahora hay una nueva estadística oficial que nos da 8 millones de gente en el campo. No se han podido salir de ahí y no estamos contando los que van a regresar de Estados Unidos.
Entonces, es suficiencia alimentaria, desarrollo agroindustrial, y además también la producción de exportables, que creo que este sector debe de tener una balanza comercial favorable, porque podemos exportar, pero después o al mismo tiempo en paralelo que estamos satisfaciendo el mercado interno.
Otro sector en donde hay consenso es el de energéticos. Se quiere una política de desarrollo integral de la industria energética, que vaya no nada más a la explotación y a sacar el petróleo de los pozos, que por cierto Pemex, a un precio mucho menor, sigue y sigue sacando más de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Queremos industrializar este recurso en el que sí tenemos ventaja comparativa, integrando la industria hasta su propia transportación, y no estar exiliando la flota petrolera para transportar nuestro propio petróleo y dejar las utilidades a otras industrias.
Y aquí viene la demanda: ¿podría usted, señor Secretario, darnos un informe de cuánta es la carga fiscal sobre Pemex y sobre el petróleo? Según los datos, es de 7% del producto interno bruto sobre la actividad petrolera. ¿Y cómo se compara esto con la carga fiscal sobre Telmex? ¿Cuál es el impuesto personal que paga el señor Slim y si tiene gravadas las ganancias de capital que hizo con motivo de la privatización de Teléfonos de México? Hay una urgencia en estos documentos del tema de política industrial, hay un clamor entre nuestros industriales, entre la industria manufacturera, de que se diseñe una política industrial y por favor no nos contesten, con que es política industrial, ya no política industrial, porque eso es lo que ya nos han contestado.
Aquí tengo yo cifras en donde el empleo ha disminuido en todas, prácticamente todas las ramas de la industria manufacturera, con excepción de industria automotriz y de otras industrias, éste es un periodo de 10 años, mientras que la productividad manufacturera ha aumentado tremendamente.
Entonces, nosotros tenemos datos que la productividad manufacturera de México es superior a la de Estados Unidos y, sin embargo, el nivel de sueldos y salarios es muy inferior al de Estados Unidos.
Ayer nos daba usted el dato de 11% de productividad en la industria manufacturera. No
coincide, se me hace exagerado, con los datos que nosotros tenemos, nosotros tenemos un aumento del 6% para toda la industria manufacturera.
De todas maneras no hay justificación posible, que no habiendo dinero en la productividad, sino al contrario aumentando, se haya mantenido la política de contención de los salarios reales.
Es que se emplean los salarios en el análisis como factores de costo eso es lo que nos hace ser competitivos eso es lo que nos da ventaja y eso es lo que, según usted dijo, señor Secretario, el día de ayer, vamos a ser los principales exportadores de confecciones y productos textiles.
Pero curiosamente ayer salió en el periódico la crisis por la cual está pasando la industria del vestido. Entonces las cosas no checan.
Por eso es por lo que nosotros quisiéramos que en esta comisión de enlace y en este consejo asesor fiscal, hubiera y tuviéramos la oportunidad de que se nos escuchara. Pero no nada más que se nos escuche y que ustedes no muevan un ápice del terreno que están pisando, sino que se nos escuche con ganas de atender nuestras demandas.
Porque son demandas de la población de carne y hueso, no son elucubraciones del libro de texto.
La otra sección, es la que se refiere al equilibrio global de la economía, mucho se presume del equilibrio de las finanzas públicas, pero no se ve que este equilibrio de las finanzas públicas se consiguió con una tasa de crecimiento mínima en los dos sexenios del proyecto neoliberal, muy inferior a la que tenían los modelos desarrollistas.
La Presidenta: Terminó su tiempo, diputada.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández: Ya voy acabar, señora Presidenta.
Con una inversión suficiente, con un ahorro desplomado, porque el ahorro no depende nada más de la tasa de interés, sino también del nivel de ingresos, como usted lo sabe, con importaciones que aumentan más que las exportaciones. Por eso decimos si el equilibrio fiscal ha sido a costa del desequilibrio del resto de la economía y esa responsabilidad de la política económica vea por el equilibrio global de la economía. Muchas gracias.
La Presidenta: Tiene la palabra, señor Secretario.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señora Presidenta.
Diputada Martínez: quisiera hacer referencia a lo que yo creo que son los seis puntos fundamentales de su presentación.
En primer lugar, dice usted que la política económica de corrección de desequilibrios que llevamos adelante en los últimos años y que el país ha llevado adelante con el esfuerzo de todos, es antihistórica. Yo con todo respeto he de decirle que los desequilibrios en los que incurrimos y en las decisiones que se tomaron de política económica en los setenta, es donde hubo un fenómeno de ir en contra de las tendencias históricas y de las tendencias mundiales, porque justamente por la influencia de la escuela de pensamiento económico con la que usted se identifica más, maestra, en 1970 se decidió aumentar la protección en México, aumentar la protección de la economía y eso nos llevó a ineficiencias muy notables en la economía que dieron como lugar un déficit creciente, que dieron como lugar un endeudamiento creciente y unas presiones inflacionarias que a usted le consta que se empezaron a generar entonces.
De ahí que mi percepción y mi lectura del análisis económico mexicano y de la historia económica mexicana, me lleve a concluir que el haber corregido desequilibrios que este país tenía, muy profundos, era lo correcto, lo correcto históricamente hablando. Simplemente el país no podía continuar incurriendo en el deficit de esa naturaleza, porque alguien los tenía que
pagar y entonces, si el Gobierno seguía gastando por encima de lo que ingresaba y el Gobierno seguía protegiendo por encima de lo que exigía la competencia de la economía, quien acababa pagando todo eso era el consumidor, es decir, todos los mexicanos y ahí lo que ocurrió, maestra y usted lo sabe, es que se empezaron a generar efectos de esas políticas de entonces, que hasta hoy todavía estamos viendo parte de sus problemas en términos distributivos, crecimiento, ineficiencias, cuellos de botella, etcétera. Así que mi lectura sería que si nosotros hubiéramos seguido con esa política, permitiendo altos déficits, permitiendo déficit fiscal importante, permitiendo un endeudamiento creciente, permitiendo inflaciones crecientes, la descomposición económica por la que hubiera atravesado el país hubiera sido mayor y las consecuencias de haber continuado con esas políticas, hubieran sido francamente desastrosas para nuestra economía.
Ya lo hemos platicado, maestra, usted y yo y estoy seguro que tendremos oportunidad de seguirlo platicando en este espíritu de diálogo que se ha iniciado, que ojalá continúe.
Pero yo he insistido muchas veces que cuando un país por simple contabilidad atrae recursos del exterior, por definición ese país tiene que tener un déficit en cuenta corriente, ésa es una verdad contable, aquí y en cualquier otra parte del mundo.
Lo que hemos hecho en el pasado, es que han venido recursos del exterior y ha habido transferencias del exterior hacia México y eso naturalmente tiene que tener su contraparte en la contabilidad de la balanza en cuenta corriente del país, en déficit en cuenta corriente. Es por simple contabilidad, es una verdad contable.
Entonces, lo que parece contradictorio, es proponer que aumentemos el ahorro nacional y atraigamos más ahorro externo y eliminemos el déficit en cuenta corriente. Peso que aumentemos de ahorro externo atrayéndolo al país, en transferencias del resto del mundo hacia nosotros, tiene que reflejarse con las circunstancias dadas, en un aumento del déficit en cuenta corriente.
Yo coincido con usted en que lo que se necesita en el campo, maestra, no es autarquía. No sé si acabo de entender el término "suficiencia".
Si suficiencia es producir todos y cada uno de los productos que tenemos que consumir, no coincidiría con su política. Si suficiencia es tener los recursos necesarios para generar y tener en el país los alimentos que el país requiere, coincido plenamente y hay un gran paso en esa dirección con el Procampo, porque reitero, el Procampo aumenta la eficiencia en el campo, genera más recursos a través de los apoyos directos y permite que las decisiones de asignación de recursos en la producción agrícola se dediquen, fundamentalmente, a aquellos sectores en donde tenemos una ventaja comparativa y no obliguemos artificialmente, a través de distorsiones en precios, a producir productos en los que a lo mejor no somos competitivos.
Por lo que se refiere a la política energética, quisiera hacerle varios comentarios de la propuesta que estamos haciendo, algunos de ellos ya se los pude hacer ayer, maestra, pero quisiera reiterar algunos de ellos.
Se está proponiendo un crecimiento, en términos reales, de la inversión de Pemex en 16.2% distribuido de la siguiente manera: En exploración y producción 19.2% de crecimiento en la inversión y en refinación 20.6% de crecimiento, en términos reales de la inversión. O sea que este esquema que usted propone de industrialización y de refinar los productos de crudo hacia adelante en la cadena, está contemplado un crecimiento importante de la inversión en el presupuesto que estamos proponiendo para su consideración.
De igual manera en el sector eléctrico se contempla un aumento del 8.2%, en términos reales para todo el sector eléctrico en su conjunto, pero en la inversión en subestaciones y transmisión, que es en donde usted sabe tenemos ineficiencias serias, se está proponiendo un aumento del 46.9%, en términos reales.
Así que en el presupuesto que les estamos presentando sí existe un espacio importante de inversión para ese sector.
Sobre la carga fiscal. La carga fiscal, el objetivo fiscal que tenemos para 1995 con respecto a Pemex, es recaudar el 60.8% de los ingresos brutos antes del IVA de Pemex. A Telmex se le
grava con el régimen general de impuesto sobre la renta, que como usted sabe es una tasa impositiva del 34% y además existe una obligación adicional, que es el impuesto por la prestación del servicio telefónico, que tiene una tasa del 29%, una tasa impositiva del 29%.
Por lo que se refiere al gravamen sobre todas las personas físicas de México, bueno, como usted sabe, se gravan sus ingresos por actividades empresariales o por ingresos personales, como lo he descrito en la discusión de la distribución de la carga fiscal en el impuesto sobre la renta y tienen una tasa de hasta el 35%, como usted conoce.
Sobre política industrial, rápidamente, maestra, quisiera hacer algunos comentarios.
Cuando la economía estaba muy protegida y existían estímulos fiscales dirigidos con discrecionalidad, que por cierto ha sido un tema del que hemos hablado mucho aquí, se asignaban recursos fiscales del país a sectores productivos que no necesariamente eran los que más lo necesitaban. Si usted hace un análisis de correlación entre aquellos sectores que recibieron apoyos vía Ceprofis, por ejemplo, que usted recordará, usted va a encontrar que no necesariamente eso generó un crecimiento o una modernización mayor, sino que si usted analiza los estudios e indicadores de modernización tecnológica en esos sectores, paradójicamente son los sectores con un rezago tecnológico mayor; justamente, porque recibieron un estímulo y no tenían el estímulo de la competencia, que es el que obliga a la modernización.
Había una discrecionalidad en la asignación de los recursos, de una política industrial proteccionista como la de los setenta, que afectó la distribución del ingreso. Porque las empresas en un ambiente de protección, como el que se vivía entonces, tendrían a operar con bajos volúmenes de protección y altos márgenes de ganancia.
Y en un mundo de apertura y competencia como el que estamos experimentando en nuestro país, las empresas operan con bajos márgenes de ganancia y mayores volúmenes de producción y eso tiene un impacto redistributivo importante, maestra, que creo que hay que tomar en cuenta en el estudio de lo que es una nueva política industrial mexicana.
Por lo que se refiere a la cifra de productividad en la industria manufacturera, es 11%; pero es la productividad de todo el sector y se debe o a productividad de mano de obra o a productividad del capital. Por eso la cifra le puede parecer grande, pero se refiere a los factores de la producción, a la productividad completa del sector. Sin distinguir entre qué parte se debe a productividad de mano de obra o a productividad del capital.
La fórmula salarial a que he hecho referencia, sí contempla que el salario crezca con los aumentos de productividad. Justamente por eso se plantean tres componentes en el mínimo y dos componentes en los contractuales. Me referiré a los contractuales.
En los contractuales se contempla un ajuste en función de las variables de inflación, pero también un ajuste negociado a nivel de cada centro de trabajo entre sindicato y empresa, con toda la libertad que requiere de esa negociación, en función de la productividad que se le puede asignar a la mano de obra y, por ende, sí está aliado el crecimiento en los salarios reales con el aumento en la productividad en la industria específica.
Finalmente maestra, absoluta disposición para escuchar y dialogar con ganas, como usted dice, en el consejo asesor fiscal. Yo espero que las reuniones que hemos tenido en los últimos días, así como mi presencia aquí y mi absoluta disposición a seguir platicando tanto de mi persona como de mis colaboradores en los próximos días, para ver toda la información que ustedes requieran en su análisis para emitir su voto en torno a estos proyectos que ha presentado el Ejecutivo, sea la mejor muestra de la disposición que el presidente Zedillo ya ha mostrado, de diálogo y que nosotros habremos de continuar en los próximos días, semanas y meses.
Finalmente maestra, yo sí quiero diferir con usted al final, de que el equilibrio fiscal es una premisa clave del crecimiento de este país. No podemos implementar políticas que nos lleven a desequilibrios fiscales, porque no sería responsable. Este país tiene que crecer de manera sostenida y para ello, con crecimiento estable, se requiere de finanzas públicas equilibradas. Muchas gracias.
La Presidenta: Gracias, señor Secretario.
La diputado Ifigenia Martha Martínez Hernández (desde su curul): Señor Secretario, ¿me permite una pregunta? La Presidenta: Hay derecho de réplica maestra, de parte del diputado César Antonio Chávez Castillo. Tiene la palabra.
El diputado César Antonio Chávez Castillo:
Con su venia, señora Presidenta: Señor Secretario de Hacienda: de un diagnóstico objetivo de la economía nacional que reconozca sus problemas cruciales con sus causas y evolución en los últimos años, se podría derivar, lógicamente, un proyecto valioso de desarrollo sostenido, estable y equitativo. De un diagnóstico equivocado lo más seguro es que se derive el fracaso económico. Eso ocurrió en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y podría repetirse en el actual sexenio; en ambos se parte del mismo diagnóstico falso.
En el Plan Nacional de Desarrollo, Carlos Salinas de Gortari lo expresó en los siguientes términos, cito: "los avances realizados por el país durante los últimos años en la corrección de agudos desequilibrios estructurales que le afectaban, constituye un valioso punto de apoyo para la superación de los problemas y son la base para la construcción de un futuro promisorio". Este futuro promisorio estamos viviéndolo, señor Secretario, el fracaso del Plan Nacional de Desarrollo, evidente en el incumplimiento de sus principales metas de producción, empleo y equidad social.
Hoy, recién terminado el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se puede afirmar lo mismo que al final del sexenio de Miguel de la Madrid. Los obstáculos estructurales al desarrollo continúan ahí, ahora más grandes que antes. La crisis agrícola se ha acentuado, lo mismo que la desarticulación industrial. Evidente en el enorme crecimiento del déficit comercial y factorial, el rezago y la dependencia tecnológica, junto con una cada vez más enfermiza dependencia financiera del exterior y una mayor concentración del ingreso, son rasgos dominantes de nuestra estructura económica y constituyen obstáculos al desarrollo, mayores que hace seis años.
Señor Secretario, en lugar de reconocer estos hechos, el Gobierno del doctor Zedillo parte de un diagnóstico exactamente igual al que hizo hace seis años Carlos Salinas de Gortari y parecidas promesas. Se repite el mismo error, si éste no se corrige, lo más seguro es que nos conduzca al país mismo, pero ahora ahondando el fracaso cada vez mayor y más profundo.
Para el cumplimiento de la meta de crecimiento al 4% del producto interno bruto, que en 1995 se expone un panorama optimista de la economía internacional, pero a la vez contradictoria, se habla de una recuperación desigual del crecimiento de los principales centros de la economía mundial. Cito: "mientras que Estados Unidos presenta una situación favorable con crecimiento y baja inflación, en Europa la recuperación apenas comienza. En Japón se espera que el inicio de la reactivación tenga lugar a fines de este año". Resulta que la recuperación más fuerte sería la de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pero a la vez el que más problemas presenta para el futuro inmediato. En el mismo documento señala la tendencia a la alza de las tasas de interés que podrían continuar en 1995. Vuelvo a citar: "política contraccionista adoptada por el sistema de reserva federal de los Estados Unidos, en previsión de presiones inflacionarias".
Al respecto, planteo las siguientes interrogantes: ¿Qué efecto tendrá la política contraaccionista del sistema de la reserva federal sobre el nivel de actividad de Estados Unidos y cómo impactará tal situación a la economía mexicana? En el documento del Ejecutivo, se señala que debido a la reducción de la relación deuda pública externa, producto interno bruto, ahora es menor el impacto de una alza en las tasas de interés sobre las finanzas públicas, lo cual es cierto, pero en los últimos años lo que ha crecido en forma connotada es la deuda externa del sector privado. Por lo tanto, a través de la actividad económica del sector privado, un alza
en las tasas de interés internacionales tendría un impacto significativo sobre el conjunto de la economía.
¿Cual es la previsión que usted tiene a este respecto?.
Señor Secretario, ha sido usted muy enfático en señalar el hecho de que el Ejecutivo está proponiendo un presupuesto para el año fiscal de 1995, equilibrado con los ingresos totales del sector público presupuestal. Por esta razón, me ha llamado poderosamente la atención el hecho de un presupuesto equilibrado que solicite un endeudamiento neto por 5 millones de dólares. Al respecto quisiera solicitar algunas aclaraciones, 5 mil millones de dólares, perdón.
En primer lugar, ¿por qué necesita un endeudamiento neto en un presupuesto equilibrado?, En segundo lugar, comentarle respecto a ¿para qué esta nueva deuda?. ustedes suponen en los criterios generales de política económica para 1995 y los otros documentos, que parte de este nuevo endeudamiento será destinado a financiar obras de sentido social.
Señor Secretario, podríamos citar la lectura del artículo 74...
La Presidenta: Señor diputado, se terminó su tiempo. Redondee su pregunta.
El diputado César Antonio Chávez Castillo: Concluyo haciendo alguna pregunta. También solicitaré nos explique la razón por la cual los documentos del presupuesto de egresos no contienen información sobre amortizaciones de deuda pública para el año de 1995 en el ramo 24 de deuda pública. También le quiero solicitar que nos amplíe la información sobre el saldo actual de la deuda externa pública, el saldo que tendrá esta deuda al término de 1995 y el saldo actual de la deuda externa privada. Muchas gracias.
La Presidenta: Señor Secretario, tiene usted la palabra.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, Presidenta: Hago referencia a los temas a los que usted ha hecho referencia, diputado, en esta segunda réplica, con lo cual nada más cuento con cinco minutos para dar cuenta.
Yo coincido que el diagnóstico correcto es fundamental, sería muy difícil aceptar que el diagnóstico que estamos haciendo en esta ocasión es igual que los diagnósticos que se hicieron para elaborar programas económicos hace seis años, estamos diagnosticando, que ya hemos alcanzado la actividad de precios, hace seis años llevábamos una inflación de 170%, estamos diagnosticando, partiendo de una economía que está creciendo, cuando hace seis años traíamos una economía en recesión. Estamos haciendo un diagnóstico en función de la carga de la deuda externa que tenía una carga de hasta seis y siete puntos del producto interno bruto; hoy en día tiene una carga de menos de dos puntos porcentuales del producto interno bruto.
Entonces es un diagnóstico muy distinto, porque la realidad económica es muy distinta una de la otra; nosotros, a partir del supuesto y el análisis de la estabilidad alcanzada, de la recuperación del crecimiento económico sobre todo en los últimos dos trimestres del año, ya conocemos cifras del tercer trimestre y los indicadores avanzados del cuarto trimestre son bastante buenos; sobre todo el mes de septiembre, vimos una actividad industrial creciendo al 6.9%. Estamos partiendo de supuestos de que la estabilidad se consolida si logramos mantener el equilibrio en las finanzas públicas, como se lo estamos proponiendo a ustedes y, por otro lado, la recuperación económica empieza a iniciarse y por ello creemos que es realista pensar en un crecimiento del 4% del producto interno bruto.
Sobre lo que se refiere a posible contradicción entre lo que es la actividad económica esperada en los Estados Unidos, principal socio comercial nuestro y las elevaciones en tasas de interés por parte de la reserva federal americana, no hay contradicción alguna; lo que está ocurriendo es que la reserva federal americana
está introduciendo políticas en efecto restrictivas, para evitar tasas de crecimiento que ellos creen que sobrecalentarían la economía y llevarían a un proceso inflacionario que les afectaría, pero nuestra percepción de la circunstancia económica en Estados Unidos es que, a pesar de esta política restrictiva, habrá una tasa de crecimiento que están en la vecindad de tres y pico por ciento del producto interno bruto de los americanos; a pesar de las políticas de la reserva federal en sus tasas de interés, lo están haciendo para no pasarse de ese tipo de tasas de crecimiento y por ende no introducir lo que ellos llaman sobrecalentamiento de la economía o posibles procesos inflacionarios.
Ya sobre las preguntas concretas, las tasas de interés en los Estados Unidos, tiene usted razón, en términos reales, están alcanzando niveles récord y eso inevitablemente tiene una carga sobre la fijación de nuestras propias tasas de interés o como usted bien lo dice, sobre el endeudamiento externo que en nuestro caso no afecta demasiado en las cuentas públicas generales, como usted está de acuerdo, pero que en el sector externo que ha ido contratando deuda en el exterior les podría afectar.
Lo que ocurre es que hay muchos créditos que se han establecido tanto en nuestra deuda pública como en la privada, durante el proceso de reestructuración con tasas fijas en ciertos porcentajes y montos de la deuda total, que son inermes frente a posibles aumentos de corto plazo de las tasas de interés.
Lo que nosotros vemos como el escenario, es que a pesar de que las tasas de interés en términos reales suban en los Estados Unidos, las tasas de interés en términos reales en México tenderán a disminuir por tres razones fundamentales. La primera, porque habrá una mayor competencia en el sector financiero que abatirá el margen entre pasiva y activa; la segunda, porque en la medida en que se vayan quedando atrás incertidumbres políticas que este año vivimos de manera muy intensa, los mercados irán generando expectativas que permitan tasas de interés más bajas.
Y la tercera y posiblemente la más importante de ellas, es porque si vemos la posibilidad de utilizar recursos importantes en la petición de endeudamiento externo que estamos haciendo con ustedes y hasta un máximo de 5 mil millones de dólares, para la intermediación financiera del sector público con el propósito de afinar esos recursos a través de la banca de desarrollo de México y ahí paso a la segunda pregunta que usted hacía.
En efecto, tenemos un presupuesto equilibrado, pero a las actividades del sector público, hay que añadirle las actividades de intermediación financiera; es decir, lo que utiliza de recursos la banca de desarrollo que es banca del Gobierno, con la banca privada y se financia con ese mac, se financia con muchos recursos, pero la petición que estamos haciendo de máximo de endeudamiento externo es justamente para traer recursos para esa banca, que tendrá una composición de tasas de interés en las combinaciones de recursos nacionales con recursos del exterior, que llevarán a tasas de interés más bajas para las actividades de Nafinsa, fundamentalmente pequeña y mediana empresa; para las actividades del Bancomext, fundamentalmente promoción de exportaciones; para las de Banobras, fundamentalmente para reafinación de recursos a los estados y para las del Banrural, fundamentalmente para actividad agropecuaria, de la que hemos hablado ya a lo largo de esta comparecencia.
Ya ayer sacábamos el tema con ustedes, en la reunión, sobre las amortizaciones de la deuda bruta y lo que decíamos es que por un lado su monto no es significativo y por el otro que no aparecen en la contabilidad total, porque además de que tienen un monto muy pequeño en términos de las cuentas agregadas, es una práctica desde hace unos años, desde que se ajustó la carga de la deuda externa, no introducirlo en las cuentas públicas, tal y como se lo explicábamos el día de ayer.
Por lo que se refiere...
La Presidenta: Se terminó su tiempo, señor Secretario.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público: Estoy por terminar, con una cifra más. Con su permiso.
La deuda externa total, pública y privada, se prevé que para finales de 1994 estaría en 130
mil millones de dólares y tiene una distribución de la siguiente manera; estoy hablando de cifras de 1994, diputado porque son las que tenemos una estimación del cierre.
La pública significaría... del total de la pública tendríamos 24% de la Banca de Desarrollo, 7.1 o, de la actividad pública directa. Esto quiere decir que de los 5 mil millones de dólares de endeudamiento neto, neto externo máximo que estamos pidiendo autorización a esta soberanía, en total, prácticamente en total se asignaría a la banca de desarrollo para las actividades que me he permitido describir. Con eso concluyo la respuesta. Gracias.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul): Una pregunta, señor Secretario, porque aquí nadie...
La Presidenta: Sigue:.tiene el uso de la palabra el diputado David Vargas Santos, del Partido Acción Nacional. Ya tuvieron ustedes su derecho de réplica, señor diputado.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul): Cómo vamos a... se trata de una pregunta sobre el impuesto de las universidades...
La Presidenta: Les suplico orden y respeto en la sala; si no hay respeto para esta Presidencia, les pido respeto para esta sala...
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul): No estamos faltando al respeto, únicamente que tenemos derecho a hacer las preguntas que consideramos necesarias para...
La Presidenta: No podemos cambiar el procedimiento, diputado, porque se vendría abajo esta comparecencia...
Necesitamos seguir la mecánica ya establecida, diputado, entonces no podemos aceptar eso.
El diputado David Vargas Santos, tiene el uso de la palabra, por siete minutos.
Le suplico al diputado guardar el orden. Es un arreglo entre los grupos parlamentarios, no es un problema mío, es un acuerdo, diputado.
El diputado David Vargas Santos: El tiempo, por favor.
La Presidenta: Por favor, corrijan el tiempo del diputado David Vargas. El diputado David Vargas tiene la palabra.
Le pido respeto al diputado para esta comparecencia, si no lo tiene para la Presidencia, por favor. Empiece, diputado Vargas, por favor.
El diputado David Vargas Santos:
Señora Presidenta; señor Secretario; compañeras y compañeros legisladores: Desde 1939 el Partido Acción Nacional, ha sostenido que el Estado tiene autoridad, pero no propiedad de la economía; que la iniciativa de los particulares es la más viva fuente de mejoramiento social y motor insustituible del crecimiento, que la competencia es condición necesaria para un adecuado sistema de producción de bienes y servicios, pero insuficiente para lograr una justa distribución del ingreso y que por tanto, las desigualdades sociales deben ser reducidas y mitigadas por la acción rectificadora del Estado.
Mucho y de muy diversas maneras fuimos injuriados y calumniados por sostener abiertamente estos valores...
La Presidenta: Perdóneme, señor orador. Pido a los señores diputados guarden el orden para que siga
procediendo esta comparecencia, por favor. Gracias.Continúe, diputado, gracias.
El diputado David Vargas Santos: El tiempo le ha dado la razón a Acción Nacional. Lo que sólo este partido sostuvo en lo económico, hoy otros desde el Gobierno y fuera del Gobierno, tratan de enarbolarlo como bandera política.
Los cambios estructurales que han tenido trascendencia en el país en materia de finanzas públicas equilibradas, fomento a la inversión, reducción del aparato del Estado, campo y otras, se dieron gracias a propuestas que en su tiempo únicamente sostuvo Acción Nacional y mucho de lo que falta por hacer, está precisamente en el derrotero que este partido ha trazado.
La economía que se ha instrumentado en los últimos seis años, ha hecho un país de cifras globales, de políticas de escritorio lejanas a la realidad. La dignidad humana ha sido subordinada y sometida a la tecnocracia; la deshumanización de la vida económica hace ver a algunos tecnócratas de Yale o Harvard un milagro económico mexicano, lleno de mitos geniales, que sólo existe en su imaginación, mientras el hombre de la calle, el que hace de este México una realidad cotidiana, se debate entre el hambre y la desesperanza.
Para el Partido Acción Nacional, el gran reto económico es promover el desarrollo integral del país a través de una economía humana y moderna, que implica el desarrollo de sus regiones y por consiguiente el mejoramiento del nivel de vida de toda la población, con especial énfasis en la incorporación a una vida digna y suficiente de más de 40 millones de mexicanos pobres, fruto de políticas económicas erráticas, centralistas y corruptas.
Es imprescindible revertir las tendencias de concentración económica, educativa, cultural y política y cambiar las situaciones negativas de hacinamiento poblacional en unos cuantos puntos del mapa de la República.
Para avanzar en la modernización del ejercicio de la autoridad y del federalismo, requerimos el respeto a los estados y municipios, el cual se finca en el logro de una Federación de regiones prósperas y no en la unión de miserias que es hoy.
Federalismo para muchos quiere decir sólo descentralización en su sentido más restringido, de transferencia de responsabilidades del centro a las localidades. Sin embargo, también quiere decir democracia, en la medida en que favorece que participen en las decisiones aquellos a quienes más les afectan.
El Ejecutivo, a lo largo de su campaña tomó compromisos e hizo discursos sobre el federalismo; sin embargo, el proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos no aportan mucho al respecto. Las actuales relaciones hacendarias entre la Federación, los estados y los municipios, distan mucho de representar un sólido esquema de federalismo fiscal. La fuerte dependencia que los gobiernos estatales y municipales tienen de las participaciones federales para financiar su gasto y el centralismo, tanto en la recaudación, en la administración y la decisión de fuentes de ingresos como en la asignación del gasto, es una muestra de ello.
Debemos promover la descentralización política, administrativa y económica, centrada entre otras cosas en lo siguiente: a las entidades federativas y a los municipios se les deben respetar todas sus facultades constitucionales, incluyendo aquellas que arbitrariamente ejerce el Ejecutivo Federal; los programas públicos que disponen de cuantiosos recursos para la realización de obras, que constitucionalmente competen a los estados y municipios, como son los relativos a servicios urbanos, deben estar bajo la jurisdicción de éstos.
Debe destinarse una proporción cada vez mayor de recursos presupuestales al rubro de las participaciones de estados y municipios. Los últimos tres años éstas no rebasan el 3.3% del PIB. Por cierto, en el documento de criterios generales se observa una caída de las participaciones para 1995, al establecerse que éstas representarán el 3.2% del PIB.
Estas participaciones representan escasamente el 12% del presupuesto federal. Al respecto, el Partido Acción Nacional, ha presentado ya una iniciativa de ley cuyos transitorios establecen aumentar las participaciones en un primer año a 25%, señalándose ahí que hay que trabajar en una política integral, pero en un inicio
de mayores recursos de emergencia para los estados y municipios.
Existe un consenso respecto de la necesidad de aumentar dichas participaciones.
La descentralización educativa implicó un aumento considerable en el gasto estatal, sin un balance en la parte de los ingresos.
Cálculos del Indetec señalan la necesidad de incrementar los recursos de las participaciones en un monto equivalente al 4% de la recaudación federal participable, para equilibrar el mayor gasto educativo estatal.
Asimismo, debe otorgárseles a los estados y municipios presencia y representatividad en la toma de decisiones, sobre la distribución y asignación de los recursos económicos. Durante décadas los gobiernos priístas han considerado a los ciudadanos y a los causantes, como una fuente inagotable de recursos para subsanar sus errores económicos; ha establecido impuestos de primer mundo para un país con ingresos de tercer mundo. El fisco está plenamente identificado como un enemigo para la población. Esta actitud persecutoria en la recaudación debe terminar.
Estas son algunas de las preocupaciones más importantes del grupo parlamentario de Acción Nacional. Quisiéramos conocer sus comentarios al respecto, señor Secretario.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señora Presidenta; diputado Vargas: Hago referencia directamente al tema del federalismo, dejo a un lado algunos de los juicios que usted emitió, con los que no estoy naturalmente de acuerdo, en torno a los funcionarios que participan en el diseño de la política económica. No entro a esa discusión, entro directamente a la de la sustancia que usted presentó.
Dice usted que no hay propuestas ni en la Ley de Ingresos, ni en el Presupuesto de Egresos, que vayan en la dirección de una descentralización efectiva de recursos hacia los estados y a mí sí me gustaría en ese sentido hacer varias observaciones, a pesar de ser reiterativo, con el riesgo de ser reiterativo.
Lo primero es que una vez que usted suma tanto los ingresos participables que tienen un crecimiento de 3.8% en términos reales con respecto al año pasado, como los gastos del ramo 25 y ramo 26 que se asignan directamente a los estados y de manera creciente a los municipios, una vez que usted hace esa suma, lo que se va de los ingresos participables totales a los estados, no es el veintitantos por ciento que define la fórmula, porque si se suman ingresos y egresos, de ese 22.7% que define la fórmula, pasamos al 40% de los ingresos participables, vía la asignación del ramo 26 y del ramo 25, correspondientes a solidaridad y educación, respectivamente. Así que hay un esfuerzo muy importante de reasignación de recursos a los estados.
Por otra parte, he manifestado la mejor disposición del Ejecutivo, para dos cosas fundamentales. La primera, para recoger un listado de propuestas concretas que se hicieron en esta tribuna, para aumentar incluso, más los presupuestos, ya sea a través de recalendarizaciones; ya sea a través de flexibilidad en los conocidos Paripasu, o contrapartes de los gastos en el capítulo de solidaridad, tanto para municipios, como para estados; ya sea a través de la normatividad, hacerla más simplificada para que los estados puedan gastar con más eficacia; ya sea a través de la obligación y del seguimiento de las autoridades hacendarias, para que las empresas paraestatales federales hagan sus pagos locales en tiempo y en forma, sobre todo en la parte de nóminas y de predial y todas estas medidas significan aumentos adicionales en los ingresos y los recursos que irán directamente a los estados y a los municipios del país.
Así que esa absoluta disposición que nosotros tenemos para, en los próximos días, discutir con ustedes ese tema, me parece que es una muestra clara de la intención del presidente Zedillo de iniciar desde hoy ese proceso de descentralización.
Ahora bien, con toda seriedad, hacer un cambio fundamental en el esquema de participaciones y en la descentralización hacendaria, requiere de un proceso de consulta y de un proceso de análisis y lo que estamos proponiendo
es que al interior del consejo asesor fiscal se tome como tema prioritario, número uno, el tema de coordinación fiscal y hagamos de manera conjunta esa consulta, ese análisis, y propuestas que tengan una sustancia fundamental.
Y reitero, no nos podemos quedar en la fórmula de asignarle más recursos a las participaciones, porque nosotros mismos hemos detectado en esta discusión, en este debate de hoy, que hay inconformidad con ese sistema de participaciones. Entonces, si los recursos que tenemos en el Capítulo XXVI, porque supongo que la propuesta del PAN es tal que conserve el presupuesto de equilibrios, si transfiriéramos recursos de algún capítulo, por ejemplo, el ramo 26, a participaciones, lo que haríamos es que estaríamos cambiando la forma de distribución de esos recursos y les puedo asegurar que, dado el esquema y la fórmula de participaciones en la coordinación fiscal, los más afectados con una medida de esa naturaleza serían los estados de menor desarrollo relativo, porque es a través del Capítulo XXVI donde hay en términos relativos una mayor asignación de recursos hacia esos estados. Si ésos los metemos a la fórmula de participaciones en la que hemos detectado una inconformidad de todos ustedes, de los gobernadores, de los tesoreros, de los estados, simplemente estaríamos acentuando el problema que tenemos.
Entonces, lo que estamos proponiendo es una serie de medidas de descentralización adicional de recursos, una disposición plena a entrar a un diálogo y a un proceso de consulta inmediato, después de que ustedes aprueben el presupuesto y la Ley de Ingresos, digamos, a partir del 2 de enero del año entrante, para contemplar un esquema integral, que no nada más redistribuye ingresos, sino que también signifique redistribuir egresos y aquí quiero reiterar responsabilidades y eso naturalmente requiere de tiempo, diputado Vargas.
Un comentario final a una frase, que con todo respeto, creo que no tiene un sustento analítico, es decir, que tenemos impuestos del primer mundo e ingresos del tercer mundo.
Usted sabe y muy distinguidos fiscalistas de su fracción parlamentaria saben, que la gran cantidad de nuestros impuestos son porcentuales y que por ende reconocen los niveles de ingresos. Muchas gracias.
La Presidenta: Se acoge a su derecho a réplica, el diputado Vargas. Tiene cinco minutos.
El diputado David Vargas Santos:
Seré breve en algunos comentarios adicionales. Lo que cuestionamos en Acción Nacional, en este sentido, no es tanto que hubiera o no mayores recursos en los estados, sino el centralismo que se sigue manejando en ellos. Este es un punto importante. Es evidente que hay algunos recursos mayores a estados, pero también es evidente que es insuficiente y por otro lado, que sigue existiendo el centralismo del cual, insistimos, debe romperse.
Coincidimos en que se requiere tiempo para revisar la Ley de Coordinación Fiscal. En el proyecto de iniciativa que presentamos a todos ustedes, se presenta esta situación. Sin embargo, dada la urgente necesidad que tienen de recursos los estados y municipios, fue cuando propusimos transitorios y en ese sentido, aumentar las participaciones en una primera instancia al 25% y revisar la fórmula adicionalmente.
Esta relación de 80-20, que manejamos en México resulta totalmente absurda e incompatible con casos en otras partes del mundo.
La dependencia que existe en México respecto a los estados y municipios en relación a las participaciones federativas como parte de sus ingresos, es enorme y se refleja con países latinoamericanos que tienen una tradición centralista.
Insisto, es necesario fortalecer el federalismo mexicano, claro, cuestionando primero este 80-20, ése es un punto central; segundo, renovar la fuerte dependencia que los gobiernos estatales y municipales tienen de las participaciones federales para financiar su gasto. Prueba de ello ya señalé que algunos países latinoamericanos, con tendencia centralista, con tradición centralista, son los que manejan estos esquemas; los países con estructuras federalistas tienen un porcentaje muy diferente.
Esto que señalo en este momento, no lo estoy inventando yo. Por cierto, quiero reconocer
públicamente este libro que se llama Retos y Propuestas. Federalismo Fiscal, de la Fundación del Cambio Siglo XXI, publicado en este año. Dicho libro y por eso lo reconozco públicamente, recoge una buena parte de los planteamientos del Gobierno de Baja California, señora diputada, que manejamos nosotros durante alrededor de año y medio discutiendo con la secretaría el que se otorgaran mayores participaciones, el que se revisara la Ley de Coordinación Fiscal.
Qué bueno, qué bueno, señores priístas, que este libro se haya editado; ojalá lo entregaran a todos ustedes, a todos nosotros y ojalá ustedes lo leyeran. Muchas gracias.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su permiso, señora Presidenta: Nuevamente, simplemente para hacer referencia muy rápidamente, seguramente no agotaré los cinco minutos asignados. Creo que hay un argumento de parte del diputado Vargas, que ignora las propuestas que estamos haciendo para 1995, lo digo con toda sinceridad. El 80-20 y las cifras históricas que se están manejando en este debate, no corresponden a la propuesta que estamos haciendo de una mayor asignación de recursos a través del gasto en el presupuesto que estamos presentando a su consideración.
Específicamente quisiera, en el ramo 26, hacerles ver que de lo que se va directamente a los municipios, en donde todos sabemos que hay una mayor presencia y pluralidad de partidos políticos en sus gobiernos a nivel municipal, en 1994 se asignaron, en el presupuesto que está por terminar, 2 mil 593 millones de nuevos pesos. Estamos ahora, en este proyecto de presupuesto que les hemos presentado a su consideración, proponiendo que esa misma partida, directamente asignada a municipios, pase a 5 mil 331 millones de nuevos pesos, de 2 mil 593 a 5 mil 331.
Esto significa, en número redondos, que lo que se va a los estados del capítulo completo, del ramo 26 completo, a los municipios, que era de 28% el año pasado, ahora con esta propuesta que estamos haciendo, suba al 50%. Es francamente una descentralización muy importante de recursos directamente a nivel de Gobierno municipal.
Lo que nos parece que requiere de más tiempo, es ver cómo se va a redefinir la fórmula de distribución fiscal y de gasto y responsabilidades administrativas una vez que concluyamos este debate al interior del consejo asesor fiscal, en contacto permanente con esta cámara.
Y lo que estamos proponiendo es, demos estos pasos, a los cuales hay que sumarle los pasos del ramo 25, que en su totalidad para gastos de educación se van a los estados y a los cuales habrá que sumarle también el propio crecimiento que traen las participaciones para los estados y a lo cual habrá que sumar la serie de medidas que ya no voy a repetir para el año de 1995.
Y eso significará que más del 40%, no es 22.7% que hoy tenemos, sino más del 40% del Fondo de Ingresos Participables Totales, se estará yendo directamente a las entidades federativas y de manera predominante directamente a los municipios de los distintos estados que componen nuestra República.
Ese es lo que yo creo que es una propuesta sensata que nosotros hacemos, manifestando y reiterando nuestra mejor disposición, para iniciar un proceso de consulta que nos lleve a una decisión, que en mucho de las líneas del documento que el diputado Vargas mostró, que recoge muchos de los temas de campaña del presidente Zedillo en esta materia de federalismo fiscal, seguramente quedarán incorporados, porque reflejan mucho la inquietud que sobre este tema hemos detectado en todos y cada una de las entidades federativas del país. Gracias.
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Alfonso Reyes Medrano.
El diputado Alfonso Reyes Medrano:
Con su permiso, señor Presidente; señor Secretario: Dice el dicho que los últimos serán los primeros y ahora nosotros, los últimos, parece ser que
ya han tratado toda nuestra temática, sin embargo, señor Secretario, yo tengo algunos puntos, algunas inquietudes del sector de los trabajadores que plantearle y algunas precisiones sobre todo lo que se ha dicho aquí.
Estamos ciertos y seguros, señor Secretario, de que la política económica planteada en los Criterios Generales de Política Económica, es muy diferente. Es muy diferente a la ya planteada en sexenios anteriores, porque son circunstancias diferentes y en consecuencia diagnósticos diferentes, como usted lo mencionó.
Sabemos que el equilibrio presupuestal es necesario justamente para preservar lo que tanto nos ha costado, sobre todo a los trabajadores, mantener una estabilidad de precios. Sabemos que en ello contribuirá fundamentalmente la banca central, ya descentralizada, ya fuera del Gobierno y en donde no recibirán ninguna presión para emisiones extraordinarias del circulante.
Sabemos también, señor Secretario, como usted lo plantea, en los criterios generales que se propone un crecimiento de 4% en la economía del país, también es diferente a lo que hemos venido experimentando en los años anteriores, sobre todo en sexenios anteriores.
Sin embargo, a usted no le quedó ninguna duda a ello, porque nos hemos referido en lo particular y en nuestras propias reuniones, que los trabajadores han sufrido, sin embargo, los trabajadores del país han soportado los efectos de este proceso estabilizador de la economía de México con salarios reales, deprimidos y desempleo que se refugia en el desempleo.
También sabemos, señor Secretario, que los criterios generales proponen tres objetivos fundamentales y por ello, es que nos satisface precisamente la óptica actual, tanto de diagnóstico como de política propuesta.
Consolidar la estabilidad de precios mediante la reducción de la inflación para el año de 1995 a un 4%. Iniciar una etapa mayor de crecimiento con una tasa de un aumento a la actividad económica, también del 4%, pero fundamentalmente avanzar, en un aumento permanente y continuo a partir de 1995 en el ingreso real de los trabajadores y en el bienestar de la familia mexicana.
Señor Secretario: a nosotros nos inquieta preguntarle, fundamentalmente, ¿cómo se logrará un incremento en el empleo de nuestro país?, en la forma más breve y más concisa que usted nos lo pudiera decir, aun cuando ya se ha referido a ello en varias circunstancias y preguntas que le han hecho y, ¿cómo se elevará su poder de compra de los trabajadores mexicanos, además de la participación fiscal propuesta? Señor Secretario: aquí se han hecho varios cuestionamientos. Uno sobre el tope salarial que me inquieta mucho. Ya me he referido a él en esta tribuna con anterioridad, sin embargo, quiero ratificarlo en la actualidad. Los topes salariales se murieron, se murieron precisamente por la lucha empecinada de los trabajadores y la asequibilidad del Gobierno y de los demás sectores de la economía. Ya se ha dicho aquí cómo es la fórmula para la fijación de salarios mínimos. En primer término, evidentemente reclamamos nosotros en la última negociación del pacto, una reposición de la inflación esperada.
En segundo lugar, nosotros reclamamos efectivamente el incremento del producto interno nacional y su productividad, resultante en la economía general del país. Adicionalmente, el Gobierno y la política económica fiscal le adjudica, como ya se ha mencionado aquí, en muchas veces, en muchas ocasiones, que se calculará en un coeficiente de 3% en que se incrementarán los recursos fiscales, que éstos los pagará el empresario y serán deducibles en cualquiera de los impuestos que paguen los empresarios.
Un segundo cuestionamiento que se ha hecho aquí, es a lo que me referí al principio, es de que partimos con similar diagnóstico y, en consecuencia, con política económica equivocada.
Señor Secretario: yo siento que ningún economista que se precie de serlo, entenderá que el diagnóstico es absolutamente diferente al de hace seis años, como usted lo mencionó, pero es muchísimo más diferente, sobre todo, la situación económica en que se encontraba México hace 12 años, en 1982. La petición de los trabajadores en forma reiterada y enérgica fue el pedido de una estabilización de la economía y matar la inflación, porque es el impuesto más injusto y más egoísta que reciben los trabajadores, pues nunca los salarios podrán alcanzar
a los precios en un proceso inflacionario ni aquí ni en ningún otro país donde se han dado.
Quiero referirme, señor Secretario, a algunas particularidades. Quiero ratificar con usted que nosotros no solamente estamos de acuerdo, sino que fuimos uno de los más importantes impulsores del impuesto al activo. Cuando en 1985 nosotros trabajábamos haciendo la evaluación de la economía del país y de las empresas en la Comisión Nacional de Participación de Utilidades, encontramos en muestreos importantes que realizamos, solamente de cifras, nunca de empresas, que más del 80% de las mismas evadían al fisco y, en consecuencia, a su asociado en la participación de las utilidades, como son los trabajadores de México. A las autoridades de entonces les reclamamos tal hecho y se propusieron realizar un plan precisamente para detener esta evasión fiscal por parte de los empresarios y que perjudicaba y sigue perjudicando gravemente a los trabajadores de México.
En efecto, señor Secretario, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es una institución que se ha deteriorado, incluida en la Constitución de 1917, reglamentada en 1962, en la actualidad, es una institución que debemos fortalecer, a como dé lugar, en este próximo sexenio y quisiera que usted incluyera también dentro de la política económica para ello.
Son muchos los factores que representan y en consecuencia, yo le preguntaría a usted: ¿cómo afectarán los deducibles a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas?, deducibles que ahora se proponen y otros que ya existen...
La Presidenta: Se ha terminado su tiempo, señor diputado.
El diputado Alfonso Reyes Medrano: Solamente le haré dos preguntas más.
Quiero que me precise usted, aunque ya lo ha hecho en forma muy destacada aquí cómo es que el crédito del 3% a los trabajadores, ¿por qué es adicional? Segundo, ¿cómo beneficiará a los salarios o al ingreso real de los propios trabajadores?, y Tercero, creemos, señor Secretario, con sinceridad, que no queremos que el Estado asuma las responsabilidades que los empresarios tienen en materia salarial. Por sus respuestas, muchas gracias.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Muchas gracias, diputado Reyes Medrano.
Paso directamente a los temas centrales; primero, empleo. Ya he dicho yo la cifra que estamos proyectando que está asociada con el crecimiento del producto interno bruto que hemos planteado como proyección para este programa económico y que es, como lo decía yo, frente a un crecimiento del producto interno bruto del 4%, la expectativa es que utilizando la relación y aquí seré reiterativo, pero creo que vale la pena hacer un esfuerzo por entender este tema adicional, es que utilizando la relación histórica que hay entre el crecimiento del producto interno bruto y la generación de empleos, nuestro cálculo es que el 4% del crecimiento del producto interno bruto en 1995, generaría alrededor de 800 mil empleos.
Pero, reitero, en la medida en que la asignación de recursos se vaya a través del ajuste estructural que está yendo la economía, inclinando hacia los sectores que utilizan más intensamente la mano de obra, uno debiera suponer que esos sectores, como puede ser el de prendas de vestir, como pueden ser otros sectores productivos que utilizan mucha mano de obra, crezcan más rápidamente que el promedio nacional y en la medida en que así sea, la generación de empleos por punto porcentual de crecimiento del producto interno bruto será mayor que lo que nos dice la relación histórica. Así que podemos, realistamente, pensar que la generación de empleos estará por encima de esa cifra, de acuerdo con la proyección del 4% del crecimiento del producto interno bruto.
Por lo que se refiere a la recuperación salarial, ya he explicado que en la fórmula salarial hay un esquema en el que se hacen pagos que se determinan libremente en la negociación entre empresarios y trabajadores al interior de cada
centro de trabajo en función de la productividad, ya hemos observado una recuperación gradual y moderada de esos salarios contractuales, justamente por la fórmula de pago en función de la productividad y en la medida en que la productividad siga creciendo y lo hará con la perspectiva que tenemos del crecimiento del 4% del producto interno bruto, habrá obviamente espacio para revisar nuevamente esos salarios, esas percepciones salariales en función de los aumentos de productividad en cada centro de trabajo.
A eso hay que añadirle la bonificación fiscal de la que hemos hablado y ¿qué quiero decir por complementaria? Bueno, en la Ley de Ingresos que se presentó y que ustedes aprobaron en 1994 y que terminará de operar este año, hay una bonificación fiscal para perceptores hasta de cuatro salarios mínimos, equivalente en promedio de un aumento en ingreso disponible para esos perceptores de ingresos hasta de cuatro salarios mínimos, de 10.8%. Ese esquema de bonificación permanece en la propuesta de Ley de Ingresos que les estamos presentando a ustedes y encima de ella, hay una bonificación adicional, una propuesta de bonificación adicional de 3% para perceptores de ingresos hasta de dos salarios mínimos. En ese sentido, para perceptores de hasta dos salarios mínimos, la bonificación total que plantea la Ley de Ingresos que sometemos a su consideración, llega prácticamente a 14% de aumento en ingreso disponible.
Algo que creo que es particularmente importante en términos de perspectivas, de percepciones reales de los trabajadores, es el esfuerzo que se presenta en este presupuesto y en esta Ley de Ingresos que ponemos a su consideración, para alentar la capacitación de mano de obra. Por el lado de los ingresos, como ya lo he explicado, se abre por primera vez en la historia moderna del sistema fiscal mexicano, un fondo de deducibilidad equivalente hasta .5% de los ingresos brutos de la empresa para deducir sus gastos en capacitación; es decir, se da un incentivo a las empresas pequeña y mediana del país, para que capaciten a sus trabajadores y en esa medida, permitan que sus percepciones en términos reales sean mayores.
Pero también, por el lado de egresos, como ustedes lo podrán ver en el análisis detallado del presupuesto de egresos, estamos proponiendo, a través del Programa Probecac, es decir, de becas de capacitación para los trabajadores, como del Programa Cimo, que es calidad integral y modernización de las empresas, que es también un esquema de becas, los recursos necesarios para capacitar a 500 mil trabajadores durante 1995.
Así que tanto el incentivo fiscal que damos de la deducibilidad del Fondo de Capacitación de Ingresos Brutos, como los gastos que se están dedicando a capacitación por el lado de egresos, tanto en el esquema de becas, como en el Programa de Cimo, deben significar en el futuro, ingresos mayores para los trabajadores mexicanos.
Finalmente, la pregunta del impuesto sobre el activo y de los deducibles. Las deducciones que estamos presentando y proponiendo a su consideración en materia del impuesto sobre el activo, no deben afectar a la participación de los trabajadores en las utilidades, diputado. La razón es la siguiente: La medida fundamental es que, por un lado, se permite un periodo de gracia de cuatro años, lo que seguramente alentará inversiones adicionales y por ende, empleo adicional.
En segundo lugar, se está proponiendo una disminución de 2% a 1.8% en la tasa del activo, que no creemos que afecte la base gravable sobre la cual se distribuyen las utilidades a los trabajadores.
Y en tercer lugar, se está permitiendo que una empresa que hoy tenga que pagar su impuesto sobre el activo y no pueda deducirlo con respecto a su pago del impuesto sobre la renta en este mismo periodo, lo pudiera hacer con respecto a las utilidades que generó en los últimos tres años, sobre las cuales ya se repartieron las utilidades.
Esto quiere decir, que ninguna de estas tres medidas afectaría la base gravable sobre la cual se repartirían las utilidades para los trabajadores.
Y por lo que se refiere a las deducibilidades que hemos propuesto para la pequeña y mediana empresas en materia de inversión en equipo anticontaminante, en tecnología o en investigación y desarrollo o modernización tecnológica, tampoco creemos que tenga un efecto importante sobre el nivel de utilidad de las empresas
y por ende, sobre la distribución de las utilidades a los trabajadores. Porque los cálculos que hemos hecho en el ejercicio previo a la propuesta que les hemos presentado, indican que el efecto de estímulo de inversión y por ende, de generación de empleo, domina sobre el efecto de posible disminución de utilidad gravable y por ende, participable por los trabajadores.
Así que no hubiéramos de esperar que se afecte de manera negativa en ninguna de estas propuestas la base sobre la cual se distribuirán las utilidades para los trabajadores. Gracias.
La Presidenta: Tiene derecho a réplica, el diputado Filemón Ramírez o el propio diputado Reyes Medrano.
Tiene derecho a réplica, por cinco minutos, el diputado Reyes Medrano.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez (desde su curul): Doctor, ¿me permite una pregunta?
El diputado Alfonso Reyes Medrano:
Compañero, el derecho a réplica es mío en este momento, yo le suplico a usted nos respete, como nosotros los respetamos a ustedes y mire, vamos a tener mucho tiempo para platicar con el doctor Serra, posteriormente en las comisiones...
La Presidenta: No debe de haber diálogo, diputado Reyes Medrano. Usted tiene el uso de la palabra para su réplica, por cinco minutos.
El diputado Alfonso Reyes Medrano: Con todo respeto, señora Presidenta.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez (desde sus curul): Señora Presidenta, ¿me puede leer la parte del Reglamento que prohiba que pueda hacer una pregunta? La Presidenta: No.
El diputado Alfonso Reyes Medrano: Muy agradecido, señor Secretario por sus respuestas...
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez (desde su curul): Señor Secretario: ¿Le puedo hacer una pregunta? La Presidenta: Diputado Quintero, yo le había ya dado la palabra al diputado Reyes Medrano, porque era su turno de réplica y el 104, dice que no se puede interrumpir al orador que está en uso de la palabra. Cuando termine, con todo gusto diputado.
El diputado Alfonso Reyes Medrano: Señor Secretario de Hacienda, muchas gracias por sus respuestas, me ayudan al entendimiento de esta problemática que estamos enfrentando, nueva problemática económica que ahora enfrentamos en el país y parece que en beneficio de la población y de los trabajadores de México.
Sin embargo, señor, yo quisiera...
El diputado Antonio Sánchez Gochicoa (desde su curul): ¡Moción de orden! Hay un error, señora Presidenta. Se había anotado el diputado Filemón Ramírez, diputado de Veracruz.
La Presidenta: Exactamente. Yo le estaba dando la palabra para réplica al diputado Filemón Ramírez y,
entonces cuando se vino el diputado Reyes Medrano, yo supuse que era un acuerdo entre ellos.
¿No es así, diputado? El diputado Alfonso Reyes Medrano: No, señora Presidenta. Discúlpeme usted.
La Presidenta: Porque si no es así, diputado Reyes Medrano, perdóneme, pero en la lista previa para la réplica de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, le toca al diputado Filemón Ramírez Pérez.
El diputado Alfonso Reyes Medrano: Muchas gracias de todos modos, señora Presidenta y perdone la confusión.
La Presidenta: No hay cuidado.
Tiene la palabra, el diputado Filemón Ramírez Pérez.
El diputado Filemón Ramírez Pérez:
(Inicia su intervención hablando en lengua totonaca.) "QUI MATZANKEININILLA WISCH LANGA-PUSIHEO CATLEN HUAC WISCHIN KMIMA JUHU PUCHIHAIN KMIMA KALICHIHUINAN KINATAKAMANAN PORQUE AQUIT INDIGENA Y PASCHAWA SNUN." "Con mis disculpas, señora Presidenta; señor Secretario. Buenas Tardes a todos. Vengo aquí ante esta tribuna, vengo en representación de mis hermanos indígenas y me siento orgulloso de serlo." Señor Secretario; compañeras y compañeros diputados: La razón de esta introducción obedece a que soy diputado por el IV distrito de Papantla, Veracruz, de la zona totonaca. Como tal, represento no solamente a los campesinos de mi tierra, sino sobre todo, a los indígenas, porque de los 10 municipios que integra mi distrito, nueve de ellos están conformados por comunidades indígenas totonacas. Soy también una voz de los indígenas y campesinos de México.
A lo largo de los años, muchos de nuestros hermanos se han integrado a las posibilidades de educación y desarrollo del país; algunos de ellos participamos en esta Cámara de Diputados. Sin embargo, la inmensa mayoría vive en el atraso y la ignorancia. No hay duda, señor Secretario, todos los mexicanos tenemos una deuda social con los indígenas de nuestra patria.
Acabamos de escuchar los apoyos a los obreros y clases medias en materia de estímulos y desgravaciones fiscales, las aplaudimos y nos sumamos a ellas. Pero las más pobres de los pobres, para los marginados de México es imposible pensar en este tipo de esquemas. Trabajamos la tierra, vivimos los más con la esperanza de la lluvia, padecemos rezagos ancestrales, señor Secretario.
Por tanto, los beneficios de la política económica que busca el bienestar de las familias de México, que aquí se ha planteado, nos deben llegar por el lado del gasto público. Es a través del gasto como los compromisos adquiridos por el presidente Zedillo, se pueden y deben materializar en hechos concretos.
El gasto público es el complejo proceso de desarrollo que enfrenta nuestro país y es, sin duda, el elemento distributivo por excelencia y como sabemos, los indígenas de la patria nos ubicamos en el nivel más bajo de distribución del ingreso. En la medida que el gasto público se oriente de manera adecuada, en la medida que el gasto denote el desarrollo de sectores y regiones, en la medida que el contenido social y por qué no decirlo, asistencial del gasto llegue a quienes más lo necesitan, en esa medida cumple el Ejecutivo con lo que propone y el Legislativo con lo que analiza, modifica y, en su caso, aprueba.
En este contexto, hemos recibido con optimismo la propuesta de que el gasto en desarrollo social sea el 55% total del gasto programable
y dentro de éste, se le dé prioridad a la educación, salud y solidaridad.
Por ende, me permito proponer a usted, señor Secretario, muy atentamente, que en el consejo asesor fiscal participen las áreas de egresos responsables de los ramos 25 y 26 y de esa manera se lograría un adecuado equilibrio de los impactos que se tienen en las finanzas estatales, de decisiones fiscales tomadas por la Federación y que en ocasiones carecen de contrapartidas estatales. También nos parece alentador el crecimiento en el gasto en desarrollo rural; sin embargo, surgen cuestiones que es preciso plantear y que serían de la mayor utilidad de esta soberanía para normar su criterio y allegarse de mayor información. ¿Cómo se van a beneficiar a los niños indígenas de la política educativa del presente Gobierno? Queda claro el impulso a la participación en los sectores urbanos. Nos gustaría conocer los programas para alentar la capacitación de los indígenas a fin de integrarlos a los sectores modernos de la economía. ¿Qué beneficios va a traer el Programa Social de Abastos a los indígenas? El reclamo es que se amplíe su penetración en estos sectores de la población.
En cuanto al paquete básico de salud y canasta alimentaria. ¿Cómo cuánto y en qué tiempo llegarán a nuestros indígenas? ¿Cuáles son los apoyos propuestos para el desarrollo de la mujer indígena? Existen tres programas fundamentales para impulsar el desarrollo rural en general de la población campesina: Procampo, Procede y solidaridad. ¿Podía comentar cómo impactará cada uno de ellos en el bienestar de las familias indígenas? Señor Secretario, señora Presidenta, para concluir, los indígenas de Papantla en la visita que hiciera en campaña el presidente Zedillo, le ofrecimos nuestra confianza, (en lengua totonaca: MIN CHIC LAPAT, traducción: nuestra casa), como lo hicimos todos los campesinos indígenas de México diciéndole en nuestra lengua: Minciclapa, ésta es tu casa. Se la ofrecimos con la esperanza de ser incorporados al desarrollo del país, se la ofrecimos, porque los indígenas estamos dispuestos a trabajar para salir adelante. Del Gobierno queremos apoyo y compromiso, de la sociedad solidaridad y respeto a nuestra identidad, se lo ofrecimos, porque somos hombres y mujeres que nos gusta trabajar en el campo y nos gusta también,porque contamos con la esperanza de que México saldrá adelante. Muchas gracias.
La Presidenta: Tiene usted la palabra, señor Secretario.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su permiso, señora Presidenta: Voy a tratar de referirme específicamente a los últimos puntos de la pregunta del diputado Filemón Ramírez sobre la afinación del gasto social para las comunidades indígenas. Quisiera antes sí, reiterar que en efecto como él señala, hay un crecimiento muy importante del gasto social que representará más del 55% del gasto programable en total y que me parece que esta propuesta de que la gente encargada en el sector público de la afinación del ramo 25 y 26, es decir, del gasto, participen en el consejo asesor fiscal es una muy buena propuesta, porque yo coincido con la idea de que lo que tenemos que plantearnos es la descentralización hacendaria y no nada más, reitero, platicar sobre el tema de coordinación fiscal, así que será incorporada esa propuesta.
Por lo que se refiere al gasto dentro de solidaridad y de gasto social en general, dedicado a las comunidades indígenas, me permito hacer las siguientes observaciones. A través del programa PARE, programas para Abatir el Rezago Educativo, se piensa asignar a la educación indígena un presupuesto que significa un aumento de 56% en términos reales con respecto a 1994, creo que es una muy buena noticia y que lo que significa es que habrá recursos crecientes para ese propósito. Entre ellos destacan los siguientes puntos: Habrá 3.1 millones de paquetes de material didáctico para preescolar y primaria en zonas rurales, se distribuirán 290 mil libros para Escuela de Educación Indígena y el acervo bibliográfico de 12 mil 300 bibliotecas, 2 mil 300 maestros serán preparados para dar educación en distintas lenguas indígenas a lo largo del año, 2 mil 300 maestros y, se proporcionará educación preescolar y primaria, a 980 mil niños indígenas, así está contemplado en el presupuesto de los ramos 25 y 26.
De igual manera, se plantea proporcionar 2 millones de desayunos escolares, que son 450 mil más que en 1994. Por lo que se refiere al programa de abasto que me preguntó usted, diputado Ramírez, quiero decirle que existe todo el propósito del sistema Conasupo, de la red de localización de tiendas de Liconsa hacia áreas donde, o bien hay precios elevados, o bien hay ausencia de comer y se calcula que para 1995 con Diconsa y los programas de Liconsa y de Abasto Social, programa de Tortilla Liconsa y Diconsa, se podrá beneficiar alrededor de 30 millones de habitantes.
Igualmente, existe el paquete básico de salud y canasta alimentaria. El programa Insolidaridad que va a subir en 1.2 millones de derechohabientes, o se le llama también "solidario-habientes" y significa 11% más en términos físicos que en 1994.
El 70% de la atención en materia de paquete básico de salud, se concentra en Chiapas, Chihuaha, Michoacán, Oaxaca, Puebla y su Estado, en Veracruz, así que creo que es también una medida importante que por cierto nos debe llevar a la reflexión de la decisión de asignar recursos de los capítulos de gasto a través de la fórmula de distribuciones puesto que no permitiría este tipo de metas y crecimientos para los estados más necesitados, como usted bien lo mencionó, diputado Ramírez.
Por lo que se refiere al programa de apoyo a los servicios de salud, se calcula que tenemos un presupuesto de 174 millones de nuevos pesos que es un aumento de 36% en términos reales con respecto al año que concluye, y se calcula que podremos proveer a través del sistema DIF, de 1.4 millones de despensas alimentarias a familias de escasos recursos, principalmente en comunidades indígenas, lo que significa un aumento de 17% más que en este año que concluye.
Esto es, junto con algunas medidas adicionales de programa de desarrollo de la mujer indígena y otros programas para comunidades indígenas que están planteados en el ramo 26, esto es lo que nosotros pensamos que del capítulo... de los ramos 26 y del 25 se podrán asignar a las comunidades indígenas mexicanas. Es muestra clarísima de que el crecimiento en el gasto social que estamos proponiendo al interior de finanzas públicas equilibradas para que éste represente más del 55% del gasto programable, tiene una distribución que atiende los problemas de distribución del ingreso y de pobreza de nuestra nación. Muchas gracias.
La Presidenta: Señor Secretario, sírvase ocupar el lugar que le ha designado la Secretaría, porque vamos a continuar. Muchas gracias.
Diputado Quintero, no hay ningún artículo en el Reglamento que me impida darle a usted la palabra, solamente que esta comparecencia se está realizando bajo unas reglas establecidas en una concertación entre los distintos grupos parlamentarios, uno de los cuales es al que usted pertenece y de acuerdo con eso, yo no lo puedo romper, no estoy autorizada por los coordinadores de las distintas fracciones, a romper ese esquema. Por favor, hable usted con su coordinación y quizá, eso podrá cambiarse. Muchas gracias.
Tiene la última ronda de oradores que van a establecer...
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul): Permítame hacer una sugerencia, señora Presidenta... Por favor...
La Presidenta: Permítame usted a mí, diputado Marcué, continuar con esta comparecencia.
Se han inscrito para participar en esta última ronda de oradores, los siguientes señores diputados: Luis Sánchez Aguilar, Joaquín Vela González, Raúl Alejandro Livas Vera, Víctor Cruz Ramírez y Antonio Sánchez Gochicoa.
Tiene el uso de la palabra, el diputado Luis Sánchez Aguilar. ...tiene usted la palabra, diputado Sánchez Aguilar. Cinco minutos. Cada uno de estos oradores van a usar la palabra por cinco minutos.
Diputado, tenga la bondad de tomar asiento y contribuir con su comportamiento a que esta comparecencia se siga desarrollando en
orden. Diputado Sánchez Aguilar, tiene usted la palabra. Gracias, diputado Marcué..., diputado Marcué, no tiene usted el uso de la palabra, perdóneme... como usted quiera, diputado. Moción de orden, por favor.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde la tribuna pero sin micrófono): Un minuto nada más.
La Presidenta: Tiene la palabra, el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome (desde su curul): Moción de orden, diputada.
La Presidenta: A ver, quién está pidiendo la moción de orden.
El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome (desde su curul): El diputado Pérez Jácome, señora Presidenta.
La Presidenta: Por favor.
El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome (desde su curul): En efecto, cualquier diputado puede hacer uso de la palabra y como tal, la Presidencia esta en condiciones de acceder a ese deseo, pero estamos en un trámite excepcional, concertado por todos los partidos, con orden y con sistema. Esperemos, yo suplicaría al señor diputado Marcué, que se agote, que culmine esta comparecencia bajo las normas que se han, por todos los partidos concertado y ante el pleno de la cámara, ante nosotros, con mucho gusto escucharemos al señor diputado Marcué.
Muchas gracias, Presidenta.
La Presidenta: El diputado Luis Sánchez Aguilar, pierde un minuto de su tiempo que le concede al diputado Marcué, es un arreglo entre ellos.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Sí, señor, entre él y yo, cómo no. Por favor, el sonido aquí.
Señores diputados, con respeto a este recinto al que yo estoy peleando que se le dé el nivel que ha perdido durante muchos años, yo pido que no se elimine a un diputado de cualquier partido que sea, hacerle una pregunta al señor Secretario de Hacienda, porque a qué venimos, a oir a cuatro o cinco que cada bancada los señala y hay compañeros inteligentes que quieren hacer preguntas, ¿cómo es posible que no lo permitan?, ¿cómo es posible que no le permitan al compañero de la bancada equis o zeta, una pregunta o 10 preguntas?, ¿cómo es posible eso?, señores diputados. ¿Qué venimos aquí a ganar, como he dicho otras veces, los 18 millones de pesos sin trabajar y sin que se conozca el pensamiento de todos los diputados?
CONCLUSIONES
La Presidenta: Se le agotó el tiempo, diputado. Cuatro minutos, diputado Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar: Señora Presidenta, compañeros diputados, señor Secretario...
La Presidenta: Por favor, señores diputados, tomen asiento. Empiece diputado, por favor.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
En opinión de la fracción Social-Demócrata, no se advierte ningún avance en este proyecto de presupuesto, ni en la materia de justicia fiscal,
dado que la política tributaria sigue siendo regresiva, ni de aliento a la empresa por cuanto a las tasas de interés son muy elevadas; tampoco se vislumbra independencia por cuanto la política de endeudamiento continúa; no se advierten planes de contingencia ante las muy elevadas posibilidades de incumplimiento de las metas.
Contra lo que dice el diputado Suárez Dávila, al sostener que nos encontramos ante un programa realista de Gobierno, sostenemos que aquí lo único real, es la imaginación hacendaria que cabalga sobre la fantasía gubernamental. Fundamentaremos: Primero, evasión fiscal bursátil. Nos preguntamos señor Secretario ¿por qué tanta dureza para cobrar impuestos a los pobres y dejar exentos a los ricos? ¿Por qué permite usted una evasión sexenal de los especuladores bursátiles que al día de hoy, en los últimos seis años, dejaron de pagar 35 mil millones de dólares?, anualizada esta cantidad sería de 10 mil millones de dólares. Si computamos el impuesto sobre la renta en 20 mil millones de dólares y el IVA en 10 mil, el simple hecho de cobrarle a los rentistas nos podría permitir cancelar todo el IVA y desgravar a la clase trabajadora en un 50%.
No se explica cómo la banca extranjera, como persona moral, sólo paga el 10% ó 15% y está exenta del IVA. Tampoco cómo en el Tratado de Libre Comercio, promovido y propalado por usted, los ejecutivos americanos pagan menos impuestos en México que los mismos mexicanos con igual nivel salarial.
Respecto de la deuda exterior, sostenemos que tampoco hay un plan de contingencia ante la alta probabilidad de no conseguir los 30 mil millones de dólares que se programan. Respecto de la balanza comercial, sostenemos que para el año de 1995 ésta ascendería en cuanto a déficit a 40 mil millones de dólares y tampoco advertimos ningún planteamiento contingente.
En cuanto a las tasas de interés, advertimos que no obstante, los ofrecimientos en contrario, ésta sigue siendo muy elevada. Los banqueros cobran por servicios cantidades exhorbitantes. Se reconoce que la mora implique un mayor costo bancario, pero otra cosa es robar. Pongamos este ejemplo: en Estados Unidos, país al que el señor Serra nos quiere igualar, se cobran cinco dólares por cheque devuelto, aquí se cobran 80 dólares.
La Presidenta: Ha terminado su tiempo. Haga usted su planteamiento por favor.
El diputado Luis Sánchez Aguilar: El banquero Roberto Hernández argumentó que la banca tenía que cobrar los servicios para poder bajar las tasas activas. ¿qué pasó? Los diferenciales son más altos que nunca.
Sostenemos, finalmente, que haber privatizado la banca es uno de los elementos que obstaculizan el objetivo para alcanzar el 4% de crecimiento económico y la tasa inflacionaria del 4%. Cremos, como diría Bertolt Brecht, en su obra la Opera de los Tres Centavos, al poner en los labios de un delincuente que va a la cárcel la siguiente frase: "yo afirmo que es más delito fundar un banco que robarlo". Muchas gracias.
La Presidenta: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Joaquín Vela González, por cinco minutos.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Muchas gracias, señora Presidenta; señor Secretario de Hacienda; compañeras y compañeros diputados: Nosotros creemos que el centro de la discusión que ahora hemos estado dando a lo largo de estas horas, tiene un sentido importante. Efectivamente no desconocemos que México se encuentra inserto en una economía mundial en la que cada vez más se están formando bloques económicos y que México no puede estar al margen de eso.
Requerimos efectivamente tener una industria competitiva, pero cuáles son los mecanismos a través de los cuales nosotros vamos a lograr efectivamente tener una industria competitiva.
Nos parece que la modernización que México requiere, o la reestructuración, como nosotros
le denominamos, es una reestructuración que tiene que darse a través de que efectivamente los efectos de esa modernización tengan resultados positivos para los mexicanos, para todos los mexicanos. El resultado objetivo, ahora, haciendo un recuento para que no se nos diga que estamos inventando datos, son reales, con cifras oficiales. Nosotros sabemos que anualmente un millón de jóvenes llegan a la edad productiva, ahorita, en esta evaluación que se nos está señalando, se dice que se van a crear 800 mil empleos. Bueno, seguimos teniendo un déficit ahí, en el caso de que cumpliéramos la meta.
En el caso concreto del sexenio de Salinas de Gortari y eso objetivamente así sucedió, de un total de entre 6 y 7 millones de empleos que debiéramos haber creado, solamente se crearon 1 millón 600, entonces tenemos un déficit enorme en la economía.
Es justo que en este esquema, por el tipo de política económica que se ha venido aplicando, haya algunos sectores que se han beneficiado, y se han beneficiado grandemente. Cuando empezaba el sexenio solamente teníamos un supermillonario, ahora tenemos 24. Este es un llamado de atención inmediato para que nosotros revisemos nuestra estructura fiscal. ¿Cómo vamos a hacer una modernización justa?, necesitamos actuar sobre las políticas fiscal y también, tenemos que actuar sobre la política de gasto.
¿Cómo vamos a hacer este procedimiento? Fundamentalmente lo tenemos que hacer a través de que efectivamente en nuestra estructura fiscal podamos ir haciendo más justa y más equitativa la carga de los impuestos. Resulta que tenemos un tope de 35%, entonces, lo mismo una empresa de cierto nivel, mediana, paga el 35%, que una gran empresa, eso ha permitido que efectivamente se amasen fortunas impresionantes y ahora el resultado objetivo y el balance que podemos tener, que tenemos después de seis años de una aplicación de este tipo, es que tenemos una enorme masa de pobres desempleados que no han tenido, que su país no les ha dado la oportunidad de tener ingreso real a una actividad remunerativa digna y tenemos un reducido número de grandes empresarios enriquecidos con el trabajo que es producto de los trabajadores mexicanos y que ha redituado en que ese reducido número de mexicanos acumulen riquezas impresionantes.
Entonces, es necesario actuar, es necesario que efectivamente en este primer año de presentación de política fiscal, tratemos de hacer lo más justo las cargas fiscales. No podemos de ninguna manera estar sosteniendo esta práctica. Aquí el que más gana tiene que pagar más impuestos, esto es una ley que tiene que ser aplicada justamente. Yo no sé por qué hay tanta resistencia a que se graven los ingresos y las ganancias exorbitantes que se tiene en la bolsa de valores.
Resulta que nosotros si intentamos hacer efectivamente una política de fomento productivo, que además las actividades productivas son las que están creando, o las que deberían crear empleos estables y permanentes, como señala el Secretario, entonces, tenemos que hacer una gravación y un castigo a todos aquellos que dediquen su dinero a especular y darle algún tipo de fomento importante a las actividades productivas, que son las que verdaderamente están generando empleo.
En conclusión. Nosotros pensamos que tiene que hacerse una revisión a fondo de la carga fiscal, para poder hacer efectivamente más justos. No es posible, con los datos que daba nuestro compañero diputado José Narro, que si ahora con dos salarios mínimos van a estar exentos de pago de impuestos, del total que tenemos, nos quedaría que 8 millones de los asalariados tendrían que estar pagando 22 mil millones de pesos, según el presupuesto que se nos presenta, es decir, ahí hay una iniquidad enorme.
Tampoco pensamos que pueda ser conveniente que haya esa resistencia al gravamen de las ganancias bursátiles.
Finalmente, queremos hacer una propuesta: que en ese consejo asesor fiscal, no solamente sea un organismo de ornato, que adorne ahí, digamos, parte de la formulación de la política fiscal; que efectivamente si se intenta hacer las cosas en serio, en ese consejo asesor fiscal participen legisladores como están propuestos, participen las cámaras empresariales, pero que también participen representantes de las organizaciones sociales y ciudadanas, que son las que más permanentemente se han estado quejando de las actividades de la Secretaría de Hacienda.
Esta es una propuesta que hacemos para que efectivamente estos sectores, que no son
considerados tradicionalmente en el país, concluyo, puedan ser consideradas en la incorporación a este consejo asesor fiscal. Gracias.
La Presidenta: Tiene la palabra el diputado Raúl Alejandro Livas Vera, por cinco 74nutos.
El diputado Raúl Alejandro Livas Vera:
Con su venia, señora Presidenta; señor Secretario: Me había propuesto, compañeros diputados, hacer una evaluación en el mejor de los escenarios de esta comparecencia por lo que respecta a nuestra posición.
Y sí, efectivamente, puedo decir "qué bueno que el señor Secretario ha prestado atención y ha dado una muestra positiva y respuesta a las demandas de los señores diputados", pero, por desgracia, esto ha sido nada más con los diputados del PRI.
No quiero decir que los compañeros del PRI son simples patiños y que ya venía arreglada una relación de preguntas y respuestas. Jamás me atrevería a decirlo. Pero ésa es la imagen que se está proyectando y eso es lo que provoca la reacción de muchos compañeros, porque parece ser que no se atiende con la misma atención a los diferentes diputados. Todos los de la oposición recibieron, los del PRI, los del PAN y los del PT los del PAN, los del PT y los del PRD, igual respuesta: "no se puede", "ya está explicado", "no entienden" y como ya sabemos, el que no entiende, pues simplemente no entiende.
Y aquí lo que se ha puesto en claro es que el que manda, manda y si se equivoca vuelve a mandar y entonces, lo que estamos viendo es un planteamiento con un diagnóstico que efectivamente no es el mismo, han cambiado los tiempos, pero el estilo sigue siendo el mismo.
En materia salarial, se ha señalado aquí, por ejemplo y, eso fue lo que se estuvo repartiendo hace un momento, un documento en donde en el pasado se turnó a la Comisión de Programación y Presupuesto y al mismo tiempo a la Comisión de Educación, un problema planteado por los profesores universitarios.
Y se repartió también aquí fotocopia de un cheque, de un cheque de un compañero que es doctorado completo, éste sí reconocido, no como el doctor Alzati, que ahora le dicen "Bajati", pero gana mucho más que lo que gana este pobre doctor, profesor universitario.
Ese tipo de inquietudes y una política salarial que efectivamente contempla diferentes aspectos, uno de ellos el de la productividad y otro el de la inflación esperada. Pero la inflación esperada nunca ha sido igual a la realizada, al menos en los últimos 12 años y que ha traído como consecuencia que este error en la planeación lo han pagado los asalariados, no lo han pagado los que han diseñado la política. Si así fuera, hubieran tenido más cuidado y hubieran hecho una recomposición al final.
El otro componente, el de la productividad, nosotros sabemos que efectivamente la productividad ha aumentado, pero ha aumentado en mayor proporción que la compensación y la parte proporcional que de apenas tres años para acá se ha tomado en cuenta.
Este incremento en la compensación por la productividad, a duras penas podría compensar la diferencia que hay entre la inflación esperada y la realizada y esto quiere decir, que la recuperación de los salarios va a llevar muchísimos años y yo dudo mucho que el pueblo de México esté dispuesto a aceptar aguantar hasta el año 2000 mil para poder recuperar parte de su trabajo, parte de lo que le corresponde justamente como retribución a su trabajo y muchísimo menos a este ritmo, como lo hemos visto, la distribución funcional del ingreso sigue siendo de las más bajas que ha tenido este país.
La distribución funcional del ingreso se encuentra 30 años atrás y con el ritmo que llevamos para llegar a la tasa más alta de distribución del ingreso que fue en 1977, tendrían que pasar al ritmo que vamos ahorita, más de 200 años. Haber si los trabajadores aguantan ese lapso para poder ver los frutos del desarrollo.
No hemos visto tampoco en el planteamiento una política de redistribución del ingreso. Se ha señalado hasta la saciedad que no se puede. No se pueden gravar las ganancias de capital, no se puede actuar seriamente en una política que busque realmente la equidad de los mexicanos y ésa es una responsabilidad nuestra.
Yo creo que nosotros debemos de hacer una toma de conciencia de este tipo de situaciones. Creemos que nuestra función debe de ir más allá y que como señaló el Secretario, si está dispuesto a atender posibilidades de modificación, estas posibilidades de modificación sean resultado de los planteamientos hechos, no nada más por los diputados del PRI, sino también por el resto de la oposición.
Técnicamente no podemos ahorita responder, no porque no podamos, podemos hacerlo perfectamente bien, pero requerimos más tiempo, y lo podemos hacer. Estamos en la mejor disposición de explicarles a todos los funcionarios de Hacienda o a cualquier otro compañero diputado del PRI, que podemos manejar perfectamente cualquier variable económica o cualquier modelo que quiera manejar. No estamos incapacitados.
Nuestros planteamientos tienen un origen más político por una sola razón, porque las voces de los marginados no llegan fácilmente a esta tribuna y ése es el único llamado que estamos haciendo y aprovechamos este momento para hacerlo público y demandar un compromiso completo.
No es posible que se diga que no se puede modificar, por ejemplo, la Ley de...
La Presidenta: Su tiempo se está terminando diputado.
El diputado Raúl Alejandro Livas Vera: Termino y se pide que en unos días sí se revise el cambio del papel de un poder, como el Poder Judicial, que tiene una mayor trascendencia y que modifica el pacto federal. Muchas gracias.
La Presidenta: Tiene la palabra el diputado Víctor Cruz Ramírez.
El diputado Víctor Cruz Ramírez:
Señora Presidenta; señor secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche; señoras y señores diputados; pueblo de México: De acuerdo al compromiso del presidente Zedillo, en donde presenta 10 puntos sobre el crecimiento económico, se acompañan ciertos compromisos para una reforma fiscal de fondo, que dé mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, limite actos de prepotencia y evite abusos de autoridades.
Sin embargo, no vemos incluidos en el proyecto de reformas fiscales los siguientes aspectos: un sistema tributario competitivo a nivel internacional, simplificación del cálculo de retención de impuestos a trabajadores, régimen fiscal sencillo y accesible a la mayoría de los contribuyentes, menores impuestos para los trabajadores de ingresos bajos y medios, ya que es insuficiente el proyecto de reformas, mayores recursos a estados y municipios.
Cabe señalar que las propuestas presentadas en el documento, tendrían vigencia inmediata a partir del 1o. de enero de 1995. En este marco de referencia vemos poco ambicioso el proyecto de reformas fiscales que beneficien a corto plazo al pueblo de México, por las siguientes consideraciones: En el artículo 6o. de la Ley de Ingresos de la Federación se cambia el procedimiento para determinar recargos sustituyendo el costo porcentual promedio por la tasa de interés interbancaria que pública el Banco de México, sin embargo, no se observa un beneficio sustancial ninguno aquí, ya que el contribuyente que opte por pagos en parcialidades lo hace, porque no tiene con qué pagar y porque los bancos no lo financian. Si el objetivo es disminuir la tasa de interés y la inflación, también debe disminuir la tasa de recargos que por ley son una indemnización con la cual se reparan daños y perjuicios al fisco federal, por falta de pago oportuno en las contribuciones.
Los daños y perjuicios serán mayores en una economía con inflación y menores en una economía sin inflación y precisamente por esa relación directa, los recargos necesariamente deben de estar en proporción a la inflación que se estima del 4% para 1995. Desconocerlo, constituye grave injusticia y perjuicio al contribuyente que legalmente se le obliga a reparar daños y perjuicios superiores a los causados.
Si todas las empresas tienen el mismo plazo para presentar su declaración tres o cuatro meses después de su ejercicio fiscal,
consideramos que es excesivo que en nueve meses no se logre realizar la visita a una empresa, ya que es más fácil revisar qué hacer. Es inadmisible que además se propongan dos prórrogas discrecionales para hacer un total de 27 meses y revisar y concluir con la visita domiciliaria, cuando el particular sólo tuvo tres o cuatro meses para presentar su declaración.
Respecto de las multas fiscales, cuyos rangos van de uno a 40 veces el valor de la infracción, consideramos que es excesiva la discrecionalidad, se comprueba la falta de claridad para calificar la infracción si es grave o leve, por ejemplo, esto equivale a castigar un delito penal con prisión de tres días a 50 años, por decir un caso.
En impuesto sobre la renta, tratándose de investigación y desarrollo de tecnología, el artículo 27 de la Ley del impuesto sobre la renta permite deducir el 1% de los ingresos totales de los contribuyentes, las aportaciones que efectúen las empresas a un fondo para que estos recursos se destinen a estas actividades; sin embargo, no representa beneficio real para las empreas con recursos limitados. Las que sufridamente pueden cubrir las contribuciones fiscales normales y mucho menos representa un estímulo como lo acordó el Pacto para el Bienestar y Crecimiento Económico.
Es necesario homologar, además, nuestro sistema tributario mexicano al de los otros países, buscando ante todo una simplificación integral que incluya la eliminación de los efectos inflacionarios, los cuales complican la determinación de las bases fiscales ya que nuestra economía no es altamente inflacionaria y, en consecuencia, dichos efectos salen sobrando.
Tratándose de las facultades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en algunos casos, se incrementan los porcentajes para estimar las utilidades en los casos, donde los actos de fiscalización y según la exposición de motivos, señala que el objetivo es modificarla, de tal forma que se ubiquen en un nivel acorde con los más...
La Presidenta: Se ha terminado su tiempo, diputado, por favor redondee su planteamiento.
El diputado Víctor Cruz Ramírez: Termino, señora Presidenta. Sin embargo, es conveniente hacer modificaciones a la baja, ya que actualmente los dichos márgenes de utilidad son inferiores que en ejercicios anteriores.
Por éstas y algunas consideraciones; aquí se ha comentado que son representatividades de indígenas, que son representatividades del pueblo, recordemos que somos representantes de la nación, enteramente y por estas consideraciones reiteramos en Acción Nacional que las reformas fiscales para 1995 son insuficientes y no ofrecen mayores beneficios a los diversos sectores de la población de México. Muchas gracias.
La Presidenta: Tiene la palabra el diputado Antonio Sánchez Gochicoa.
El diputado Antonio Sánchez Gochicoa:
Con su venia, señora Presidenta; honorable Asamblea; señor Secretario: Para el Partido Revolucionario Institucional, el fin último de la política económica es y seguirá siendo, el bienestar social.
Consideramos que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1995, que el Ejecutivo Federal ha sometido a la aprobación de esta cámara, es un documento viable y consistente, no es voluntarista; consolida la estabilidad y configura un escenario de mayor certidumbre macroeconómica, elementos indispensables para que el crecimiento económico sea permanente y por tanto, se traduzca en bienestar social.
¿Qué reconoce la fracción priísta en este presupuesto? 1. El mantenimiento de la estabilidad y de la disciplina fiscal que permite continuar por la senda del crecimiento sostenido y al hacer viable la meta inflacionaria evita el deterioro en la distribución del ingreso.
2. El énfasis que le imprime al gasto social, que no es meramente asistencial, sino que tiene una orientación redistributiva y estratégica para atender a los sectores más desprotegidos,
contribuyendo a mejorar su bienestar de manera permanente, en particular, a través del mayor gasto en educación y capacitación.
3. El hecho de que el gasto de inversión por primera vez crece por encima del ritmo observado por el gasto corriente y que además subraya el gasto en infraestructura e insumos estratégicos para estimular la inversión de los particulares.
4. El que se reduzca de manera significativa el gasto contingente al ubicarse en menos del 2% del gasto programable. Este ha sido un reclamo de los representantes populares del país que la presente legislatura incluyó en el decreto de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública de 1993.
Reconocemos que la estabilidad macroeconómica es indispensable para un crecimiento sostenido, sabemos que no hay fenómeno más nocivo en términos de distribución del ingreso, que la inflación. Por ello, saludamos la voluntad del Gobierno de luchar contra este fenómeno antisocial; saludamos que el crecimiento sostenido sea el objetivo y la creación de empleos permanentes el resultado; saludamos la coordinación hacendaria y el consejo asesor.
No obstante, todavía falta. Se debe avanzar más en el otorgamiento de facilidades fiscales, simplificando y disminuyendo la carga, que es necesario continuar aumentando el gasto de inversión y mejorar la dirección del gasto corriente.
Es imperativa la descentralización de mayores recursos a estados y municipios y entre otras cosas, se requiere de presupuestos multianuales para asegurar la consecución de proyectos estratégicos.
En todo esto se impone el trabajo conjunto del Ejecutivo y el Legislativo.
Señor Secretario; señoras y señores diputados: para la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el verdadero desarrollo se funda en la justicia, la equidad y la permanencia de la política social, lo que manda es la fuerza de los argumentos, la orientación de las políticas, y sobre todo, la voluntad nacional de crecer sobre bases sanas.
En las circunstancias por las que atraviesa nuestra sociedad plural, lo que debe privar es el fortalecimiento de las acciones del Estado para el combate a la pobreza extrema, para el desarrollo de la infraestructura y para mejorar los servicios públicos.
El paradigma que los mexicanos nos hemos impuesto en materia de gasto público, va en el sentido de que los recursos que la sociedad genera con enorme sacrificio, deben también ejercerse con enorme responsabilidad. El paradigma ya no es si se debe gastar más o gastar menos, se debe gastar mejor y sobre este punto, señor Secretario, estaremos muy pendientes los diputados de la LVI Legislatura. Muchas gracias.
La Presidenta: Señor Secretario, ¿desea usted hacer uso de la palabra? El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público: Sí.
La Presidenta: Se le concede la palabra.
El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Muchas gracias, señora Presidenta: Dividiré mi presentación en esta parte, en dos partes, si usted me lo autoriza. La primera será en referencia a algunos de los temas concretos que hicieron cada uno de los representantes de las fracciones y después una reflexión final sobre un tema al cual, se hizo referencia en prácticamente todas las intervenciones.
El diputado Vela, del Partido del Trabajo, hablaba sobre la necesidad de hacer un sistema tributario más competitivo, pero también al mismo tiempo hablaba sobre la necesidad de aumentar las tasas impositivas en la parte de empresas.
Como ustedes saben, en los últimos años se hizo en el país una reforma que significó una
disminución sustancial de las tasas impositivas, justamente porque era indispensable para alentar la competitividad de nuestras empresas y poder de nuestra capacidad de exportación, frente a los impuestos en otras partes del mundo y a eso responde el hecho de que hoy tengamos en impuesto sobre la renta de las empresas una sola tasa impositiva, como ocurre prácticamente en todos los países con los que comerciamos, que tiene un valor máximo del 34% y que es competitivo frente al exterior.
Sería contradictoria la propuesta de aumentar la competitividad del sistema fiscal con una corrección al alza en esas tasas impositivas.
Por otro lado, coincidíamos plenamente en la necesidad de generar empleos. Esa es la tesis fundamental del programa económico que hemos presentado y para ello, nosotros estamos proponiendo una estrategia económica de crecimiento estable y permanente que tenga la capacidad de generar esos empleos permanentes y no de manera cíclica y los cálculos que nosotros hemos hecho, y tal vez aquí sea reiterativo, utilizando las relaciones históricas entre el PIB y el crecimiento del empleo, nos llevan a esta estimación de alrededor de 800 mil empleos, que reitero es una estimación mínima porque ha habido un cambio estructural muy importante, en el cual podemos prever, ya con información de 1994, que los sectores que utilicen intensivamente la mano de obra crecerán más que el promedio nacional y por ende la capacidad de generación de empleo responderá a múltiplos mayores que los que se planteaban históricamente.
Por lo que se refiere a la parte de progresividad de impuesto sobre las personas físicas, creo que es importante señalar al diputado Vela, que en esa tarifa de impuestos sí existe progresividad, es decir, que la tasa impositiva sube conforme va subiendo el nivel de ingresos y en particular a los perceptores de menores ingresos, no sólo no existe carga fiscal, sino que existe un esquema de bonificación fiscal al que hemos hecho referencia tanto del año que está terminando como en la propuesta que estamos haciendo para 1995, en donde los perceptores de hasta dos salarios mínimos y varios que llegan hasta casi cuatro salarios mínimos, lejos de pagar, recibirán una bonificación fiscal y eso ha corregido el esquema de progresividad de la tarifa de impuestos sobre las personas físicas.
Ya comenté que nuestra disposición al interior del consejo asesor fiscal es el de estar en pleno contacto, permanente, con los legisladores interesados en los temas con los que el consejo asesor fiscal tendrá que lidiar que son fundamentalmente, como lo he propuesto con prioridad, pero lo tendrá que decir en su programa el propio consejo asesor fiscal, el de la coordinación fiscal para llamarlo de otra manera, la descentralización hacendaria y el de la simplificación fiscal.
Diputado Livas, del PRD, yo quisiera primero hacer una reflexión de carácter general y después hacer referencia a un par de comentarios.
En primer lugar, creo que hemos iniciado un diálogo muy positivo con el que yo estoy absolutamente dispuesto a continuar. En la reunión que tuvimos ayer, le asigné igual de tiempo a todas las fracciones, porque creo sinceramente que este diálogo será muy positivo y podremos atender los unos de los otros. Estoy en la mejor disposición a continuarlo y lo quiero ofrecer públicamente.
Por lo que se refiere a mis respuestas, diputado Livas, yo defiendo mis puntos de vista y si tengo diferencias en las interpretaciones que se han hecho sobre el programa económico, tengo la libertad de defender mis puntos de vista y de presentar mis argumentos tal y como yo tengo la capacidad de armarlos y estoy dispuesto a seguir haciendo en un absoluto y abierto diálogo con ustedes.
Sobre el tema específico que usted tocó, en referencia a la sustancia de lo que nos ha reunido hoy para debatir y reunirnos, quisiera hacer una reflexión sobre el tema de la recuperación salarial.
Las afirmaciones que hacemos en criterios de política económica y las que he hecho aquí, no son por ningún motivo afirmaciones en el siguiente sentido. Nosotros no estamos diciendo que los niveles salariales son los deseables para la economía, lo que estamos diciendo es que se abren perspectivas de recuperación salarial.
Entre enero y septiembre de 1994, en manufacturas, tal y como lo dice la introducción de criterios de política económica, se observó una recuperación de 4.2% en los salarios contractuales en la industria manufacturera, entre
enero y septiembre de 1994 contra enero y septiembre de 1993. Este es un indicio yo creo que muy positivo. No quiero decir, ni el argumento ha sido que esto significa que ha alcanzado los niveles deseables. Obviamente los salarios reales requieren una recuperación, pero tiene que ser una recuperación sostenida y todos sabemos y usted lo sabe por ser un distinguido economista, que tienen que ir en función de los aumentos en productividad, de otra manera no son sostenibles, porque la evolución de los precios con ciertos rezagos, podrían minar el propio poder adquisitivo de los salarios reales.
Así que las proyecciones que estamos haciendo son en función del crecimiento del producto interno bruto y del consecuente crecimiento en la productividad, así como de lo que hemos observado a lo largo de 1994 de recuperación de productividad y de recuperación moderada y gradual, reitero, de los salarios reales en la industria manufacturera a la que he hecho referencia y a la que se hace referencia en el documento de criterios generales de política económica.
Paso ahora hacer referencia a los comentarios del diputado Cruz, del PAN. Hace usted alguna referencia al tema de seguridad jurídica en el ámbito fiscal, sobre el cual me gustaría destacar algunas medidas, diputado Cruz, que están en la propuesta que hemos hecho.
En primer lugar, el asunto del ajuste de la tasa de recargos desde el 1o. de enero. Como usted sabe se hacía posterior y había un lapso de tiempo en donde no lo ajustábamos y entonces, en épocas donde la inflación va bajando, los recargos se quedaban para cierto periodo del año nuevo fiscal y se tenía que pagar recargos antiguos, digamos, del año pasado. Aquí lo que estamos haciendo es desde el 1o. de enero, para ajustar inmediatamente con la proyección inflacionaria para el año respectivo; ahí hay una ganancia importante de seguridad y absolutamente legítima y merecida por parte de los contribuyentes.
En segundo lugar, lo de las visitas de auditoría. Se pone un máximo de nueve meses renovable, pero solamente a ser autorizado por autoridades centrales y creo que esto es un punto importante diputado, porque tenemos que dejar abierta la posibilidad de que si una auditoría está estudiando un caso de fraude por evasión fiscal, los auditores puedan continuar. Entonces, simplemente no por una renovación automática, ni mucho menos, sino simplemente para dejar abierta la posibilidad de que la autoridad fiscal tenga la capacidad de seguir una investigación o una auditoría fiscal, si es que los elementos e indicios que ha detectado en los primeros nueve meses indican que pueda haber algún esquema de fraude fiscal y nosotros tenemos la obligación de continuar con ella. Pero no es una renovación automática y sí significa para pequeñas y medianas empresas un beneficio importante, porque usted sabe que la duración promedio de auditorías sin este límite, era entre 18, 24 y 26 meses y aquí le estamos poniendo un límite de nueve meses de duración, reitero, con esa posible extensión, de acuerdo con autoridades centrales.
El esquema de acotar máximos y mínimos es menos discrecional que el de tener el cálculo en función de los ingresos que hoy tenían los funcionarios. Puede ser que el tramo a usted le preocupe, pero lo importante es que tendrá que motivar y justificar la Secretaría de Hacienda en qué parte de ese tramo de las multas se tiene que ubicar; tendría que haber una motivación, una justificación una vez que se asigne. Es muy distinto al sistema que existía o que existe hasta hoy, que significa que el funcionario fiscal puede fijar una cuota, una multa en función de los ingresos de la empresa y ahí sí hay un grado de discrecionalidad mayor.
Hay varios criterios del impuesto sobre el valor agregado que pasan a ley, que usted recordará se publicaban regularmente en la forma de decretos y ahora pasan a la ley y ustedes lo analizarán y eso otorga seguridad, sobre todo en la actividad joyera y en la del oro.
Y otra muy importante, es la que le permite a los contribuyentes presentar esquemas de devolución en IVA, que estaban sujetos a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad, tal y como ustedes lo verán en la miscelánea que les hemos presentado.
También sobre simplificación. Parto de la premisa de que tenemos que avanzar en simplificación y por eso el Gobierno del presidente Zedillo está proponiendo que uno de los temas centrales del consejo asesor fiscal sea la simplificación, pero sí hay medidas de simplificación; en primer lugar, para pequeñas y medianas empresas pasamos de 12 pagos al año a cuatro pagos al año. Creo que ésta es una
medida muy importante, si hace usted las cuentas completas en la definición de pequeña y mediana empresas, prácticamente la totalidad de las pequeñas y medianas empresas mexicanas pasarán con motivo de esta propuesta que le estamos poniendo a su consideración, de hacer 12 pagos anuales a hacer cuatro pagos anuales, en vez de hacerlos mensuales hacerlos trimestrales.
Se permite un pago en parcialidad en donde se disminuyen los tiempos y se utiliza el mecanismo al que usted hizo referencia de utilizar la tasa interbancaria. ¿Por qué? Porque refleja más las tasas de mercado, pero en efecto se hace una corrección, en efecto diputado Cruz, porque el fisco no debe ser una instancia de crédito para el contribuyente, el fisco no debe ni puede incorporar ese tipo de actividad, entonces, por eso la tasa de recargos que tiene que cobrar el fisco tiene que ser mayor que la del mercado, porque si no la actividad natural del contribuyente sería buscar en el fisco una instancia crediticia que atentaría contra las propias finanzas públicas y por ende contra el propósito de tener finanzas públicas equilibradas que son las que hemos hablado.
Y después hay algunas medidas que tienen que ver con la actualización de las tarifas de personas físicas, así como se hacía antes cuatro veces al año, ahora será dos veces al año y había que conservar comprobantes de cheques que ya no se tendrán que conservar y hemos simplificado una serie de medidas que usted podrá detectar en el análisis detallado de la miscelánea.
Finalmente no coincido con usted y se lo digo respetuosamente diputado Cruz, con el hecho de que las vías de deducibilidad a la pequeña y mediana empresas no son importantes, las quiero repetir solamente para darnos una idea de la dimensión; en primer lugar, se les permitirá hacer la deducibilidad completa planteada en ley en las áreas urbanas del D.F. o a la FAR en Monterrey. En segundo lugar, se permitirá deducibilidad para inversiones en tecnologia, en investigación y desarrollo y en capacitación que permitirán que esos gastos que se dediquen a ese tipo de actividades que son absolutamente esenciales para la modernización de esas empresas sean deducibles en montos crecientes con respecto a lo que existe en la ley el día de hoy. Nosotros creemos que sí son relevantes.
Finalmente, quisiera decir que coincido, como es natural, con el diputado Sánchez Gochicoa, en su concepción del programa económico, al igual que hay coincidencia entre las distintas fracciones que ustedes han presentado aquí. Pero quisiera hacer una reflexión final, si ustedes me lo autorizan, con su venia, señora Presidenta, me llevará un par de minutos, que es la reflexión sobre el tema de la distribución del ingreso.
Y quisiera insistir sobre la tesis fundamental de la política económica del presidente Zedillo en este frente. Obviamente todos coincidimos en que en México tenemos que mejorar la justicia, no hay la menor duda, todos coincidimos en ello.
La política económica del presidente Zedillo parte de dos pilares fundamentales, que tienen la siguiente racionalidad. Uno, del pilar y de la premisa que sostiene que inflaciones elevadas afectan más a los agentes económicos de ingresos bajos y, dos, que una protección excesiva como la que vivió la economía redistribuye el ingreso a favor del capital en contra de la mano de obra.
Y quisiera sustentar estas dos premisas, cuando hay inflaciones elevadas, los perceptores de ingresos fijos, es decir, los asalariados son los que más sufren, porque es muy común que cuando tenemos inflaciones altas y ya lo vivimos en México, los valores de las propiedades, los intereses de la renta y las rentas que reciben aquellos que tienen ingresos altos, solamente se actualizan permanentemente con respecto a la inflación, sino que se adelantan a la inflación, mientras que el ajuste de los salarios siempre tienen rezagos e inevitablemente siempre que entramos en periodos ya de inflación, observamos una descomposición en la distribución del ingreso a favor de los de ingresos más altos contra los que tienen ingresos más bajos, porque la inflación redistribuye y concentra el ingreso, reitero, a favor de los ingresos más altos.
Entonces una de las premisas fundamentales del programa económico que presentamos a su consideración, la de consolidar la estabilidad, porque firmemente creemos que en la medida en que seamos capaces de mantener la estabilidad con un manejo prudente de las finanzas públicas pero habiendo espacio a los gastos sociales y a la inversión, estamos
haciendo la mayor contribución posible desde el punto de vista del manejo de estas variables a una mejor distribución del ingreso.
Y el segundo pilar, es que como ya lo decía en alguna referencia a la pregunta de la maestra Ifigenia Martínez, cuando la economía estaba altamente protegida, las empresas mexicanas tendían a operar para atender nichos de mercado que les estaban garantizados, porque estaban altamente protegidos y eso les permitía operar con altas tasas de ganancias y usualmente con bajos volúmenes de producción y esto significaba una distribución entre el capital y la mano de obra que era inevitablemente concentrador.
En el proceso de apertura y competencia creciente en el mercado, lo que está ocurriendo es que estas empresas se están transformando de pasar de ese mundo a un mundo en donde tiene que competir más y eso inevitablemente encoge su margen de ganancia y les obliga a través de servir el mercado nacional y de utilizar las oportunidades de exportación que se abren con las negociaciones de los tratados de Libre Comercio a ampliar su volumen de producción y en esa medida se da, aunque gradual, yo lo sé es un fenómeno gradual, una redistribución a favor de la mano de obra y no del capital.
Entonces, por eso el programa económico que estamos presentando sí contempla el tema de la distribución del ingreso de manera seria, procurando un programa que a través de finanzas públicas, estables consoliden la estabilidad y permita una mejor distribución del ingreso a nivel familiar y a través de la competencia creciente en el mercado interno y externo, permita una redistribución del ingreso a favor de la mano de obra.
Yo creo sinceramente que es un tema que está bien planteado en las propuestas que les hemos hecho y sobre el cual estamos en la mejor disposición para dialogar en detalle con todas y cada una de las fracciones que están representadas en esta Cámara de Diputados.
Señora Presidenta, yo simplemente quisiera agradecer los tiempos que me han dado; pedir una disculpa de antemano si en alguna de mis ocasiones me pasé del tiempo asignado, pero reiterar la absoluta disposición, tanto del presidente Zedillo, como de un servidor, a un diálogo permanente con todas las fracciones parlamentarias de esta cámara. Muchas gracias.
Agradecimiento de la Presidenta, diputada Consuelo Botello Treviño.
Señor secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Jaime Serra Puche.
Por mi conducto, los diputados que integramos la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, agradecemos profundamente su comparecencia ante esta soberanía.
Es importante enfatizar que los nuevos tiempos exigen eso que aquí se ha dado hoy, el diálogo abierto, franco, frontal, entre las diversas instancias del poder para tratar de aclarar dudas, sentar posiciones, no con afán protagónico, considero yo, sino con el más alto objetivo de buscar el entendimiento en asuntos cruciales para la buena marcha de la nación.
Los conceptos aquí vertidos y la actitud manifestada por el Secretario, no me cabe duda que pretenden ayudar a elaborar un mejor dictamen a las comisiones encargadas de hacerlo y servirán de marco adecuado para ampliar la reflexión y permitir que esta soberanía, en su momento, emita su voto razonado cuando haya de tomarse la decisión en asuntos tan importantes para el pueblo entero de México.
Ruego a la comisión designada, que acompañe al Secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando él quiera retirarse. Muchas gracias.
Se ruega a los diputados, permanecer en el recinto a fin de continuar y agotar los asuntos en cartera.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Tito Rubín Cruz:
De la próxima sesión.
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Primer Año. LVI Legislatura.
Orden del día 16 de diciembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Morelos.
Minuta Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Cañedo y de la Bárcena, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de España.
Dictamen de primera lectura De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Garrido Luca, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en Guadalajara, Jalisco.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta (a las 16.17 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar, el próximo viernes 16 de diciembre, a las 10.00 horas.
NOTAS: Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición: Banamex Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Bancomext Banco Mexicano de Comercio Exterior Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banrural Banco Nacional de Crédito Rural Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal CIME Calidad Integral y Modernización de las Empresas Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares D.F.
Distrito Federal Diconsa Distribuidora Conasupo, Sociedad Anónima DIF Desarrollo Integral de la Familia FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social Indetec (Sin aclaración) Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores IVA Impuesto al valor agregado Liconsa Leche Industrializada Conasupo, Sociedad Anónima Nafinsa Nacional Financiera, Sociedad Anónima OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico PAN Partido Acción Nacional PARE Programa para Abatir el Rezago Educativo Paripasu (Sin aclaración) Pemex Petróleos Mexicanos PIB Producto interno bruto PRD Partido de la Revolución Democrática PRI Partido Revolucionario Institucional Probecac Programa de Becas de Capacitación para los Trabajadores Procampo Programa de Apoyos Directos al Producto Procede Programa de Certificación de Derechos Ejidales Pronasol Programa Nacional de Solidaridad SAR Sistema de Ahorro para el Retiro Sedesol Secretaría de Desarrollo Social Telmex Teléfonos de México Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--Oficial Mayor, Artemio Meixueiro Sigüenza.--Director General de Crónica Parlamentaria, Héctor de Antuñano y Lora.--Director del Diario de los Debates, Norberto Reyes Ayala.--Directora de Registro Parlamentario, María de los Angeles Durán de Neumann.--Subdirectora de Informática, Luz María Pineda Ramírez.--Subdirector de Archivo Contemporáneo, Sergio Becerril Herrera.--Subdirectora de Investigaciones Históricas, Araceli De Haro Centeno.--Subdirectora Administrativa, Silvia Zárate Maldonado.--Subdirector de Archivos, José Joaquín Salvador Zamora y Ortiz.--Jefe del Departamento de Apoyo Editorial, Oscar Orozco López.--Impreso en los Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Director General, Antonio Rodríguez Zarco.--Oficinas de la Dirección del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Palacio Legislativo: Avenida Congreso de la Unión s/n, Edificio G, 2o. piso C.P. 15969, Teléfono: 628-13-00 exts.: 1367 4223 4221.--Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.