SUMARIO
Comunicación del Congreso estatal, con el que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Jorge Cañedo y de la Bárcena, pueda aceptar y usar la condecoración que le concede el Gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, relativo a la convocatoria a elecciones extraordinarias de diputados federales, por el principio de mayoría relativa en el IV distrito electoral federal de ese Estado. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, relativo a la convocatoria a elecciones extraordinarias de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el XXII distrito electoral federal de ese Estado. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de dicho ordenamiento. Se retira a fin de recabar las firmas faltantes.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de dicho ordenamiento. Se retira a fin de recabar las firmas faltantes.
Hacen uso de la palabra los diputados:
Gustavo Gabriel Llamas Monjardín
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos ordenamientos. Se retira a fin de recabar las firmas faltantes.
Dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona dicho ordenamiento. Se dispensa la segunda lectura.
Fundamenta el dictamen el diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo.
Expresan sus opiniones los diputados:
Amado Jesús Cruz Malpica, para fundamentar el voto de su grupo parlamentario.
Manuel Baeza González, en pro.
Marco Antonio Michel Díaz, en pro.
Everardo Martínez Sánchez, para fundamentar el voto de su grupo parlamentario.
Alejandro Iván Audry Sánchez, a nombre de las comisiones.
Raúl Armando Quintero Martínez, para fundamentar el voto de su grupo parlamentario.
Florentino Castro López. para rectificar hechos.
Suficientemente discutido en lo general, se reserva, con autorización de la Asamblea, para su votación nominal en un solo acto.
Hace uso de la palabra el diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, quien propone modificaciones a los artículos 253, fracción XIV; 257-bis fracciones II y Vl y 258-bis, fracción II.
Se aprueba; se desechan las proposiciones y se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de ley que reforma, adiciona y deroga diversos ordenamientos.
Se dispensa la primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de ese ordenamiento. Se dispensa la primera lectura.
Hace uso de la palabra el diputado Víctor Cruz Ramírez, para rectificar hechos.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga, diversos artículos de dicho ordenamiento. Se dispensa la primera lectura.
Debaten sobre la situación política poselectoral, los diputados:
Octavio Romero Oropeza
José de la Cruz Martínez López
José de Jesús Zambrano Grijalva
José de la Cruz Martínez López, para rectificar hechos.
Leonel Godoy Rangel, para rectificar hechos.
Francisco Peralta Burelo
Raúl Armando Quintero Martínez
La comenta en relación con la industria turística, el diputado César Raúl Ojeda Zubieta.
Expresan sus opiniones respecto al nombramiento del subprocurador especial para la investigación de los atentados criminales en contra de los ciudadanos Luis Donaldo Colosio Murrieta, José Francisco Ruiz Massieu y del cardenal Posadas Ocampo. Ios diputados:
Ramón Sosamontes Herreramoro
Fernando Pérez Noriega, para rectificar hechos.
Leticia Burgos Ochoa
Ricardo Francisco García Cervantes, para rectificar hechos.
El diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, solicita que se exhorte a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que dictamine sobre la iniciativa de reformas a dicho ordenamiento.
El Presidente hace la excitativa correspondiente.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario Tito Rubín Cruz:
Se va a proceder a pasar lista de Asistencia.
Hay una asistencia de 394 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
El Presidente:(a las 11.20 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Gonzalo Alarcón Bárcena:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año.— LVI Legislatura.
Orden del día
17 de diciembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Cañedo y de la Bárcena, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de España.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto relativo a la convocatoria de elecciones extraordinarias de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el IV distrito electoral del Estado de Puebla.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, relativo a la convocatoria de elecciones extraordinarias de diputados federales, por el principio de mayoría relativa en el XXII distrito electoral federal del Estado de Veracruz.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De la comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1995.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones fiscales (Miscelánea.)
Dictamen a discusión
De las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Seguro Social.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Francisco Antonio Tenorio Adame
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con siete minutos del viernes dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de trescientos setenta y siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y después al acta de la sesión anterior, que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Una comunicación del Congreso del Estado de Morelos, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Se da cuenta con una minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Jorge Cañedo de la Bárcena, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de España.Se turna ala Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Secretaría da lectura a un punto de acuerdo de la Cámara de Senadores, en el que se propone someter a la consideración de la Cámara de Diputados, la celebración de un convenio de colaboración administrativa para que la Contaduría Mayor de Hacienda funja como órgano para ejercerlas atribuciones aque se refiere el artículo setenta y nueve de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tanto por lo que toca a los senadores de la República, como a quienes están adscritos a esa cámara. En votación económica sea prueban los puntos del acuerdo. Comuníquese.
En virtud de que el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Seguro Social, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Garrido Luca, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en Guadalajara, Jalisco. Es de primera lectura.
Se someten a discusión ocho dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con sendos proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Luis Carlos Ruano Angulo pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala;
Enrique Olivares Santana pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Estado Vaticano;
Edgar Armando Acata Paniagua pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América;
Francisco Javier López y Barredo pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Japón;
Miguel Angel Cáceres Calvillo pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Reino de Bélgica;
Janett Carol Fuentes Montero, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México;
Juan Manuel Romero Rangel y María de la Luz Torres González, puedan prestar sus servicios en las embajadas Británica y de los Estados Unidos de América en México, respectivamente;
Ivonne Guadalupe Munguía Ballinas y Juan Carlos Parra Patiño, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
No habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y nueve votos.
Se turnan al Senado de la República y al Poder Ejecutivo Federal, según su naturaleza, para los efectos constitucionales.
Hace uso de la palabra la diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta, del Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo para la creación de una comisión especial que se encargue de elaborar Iniciativa de Ley General de Medios de Comunicación, firmada por representantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Para rectificar hechos respecto de este mismo tema, se concede el uso de la palabra a los diputados: Adolfo Aguilar Zinser y Ramón Sosa montes Herreramoro, ambos del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Edgard Sánchez Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia lo que calificó como secuestro y desaparición del ciudadano José Ramón García Gómez, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, hace seis años. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Para rectificar hechos, pasan a la tribuna los diputados: María del Rosario Ybarra de la Garza, del Partido de la Revolución Democrática y Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Augusto Gómez Villa nueva, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura al informe de la Comisión Especial de Seguimiento de los Asuntos del Estado de Chiapas.
Para expresar sus opiniones y rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados: Marta Alvarado Castañón, César Antonio Chávez Castillo y María del Rosario Ybarra de la Garza, del Partido de la Revolución Democrática y Marcos Cruz Martínez, del Partido del Trabajo.
Durante el debate y desde su curul, la diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, expresa su criterio sobre la constitucionalidad del Gobernador del Estado de Chiapas.
Hace consideraciones respecto de la propuesta presidencial para crear una comisión mediadora entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el diputado: José de Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática y, para rectificar hechos, los diputados: Cristian Castaño Contreras, del Partido Acción Nacional; Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta a una interpelación del diputado Guerra Ochoa; María del Rosario Ybarra de la Garza y Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática; Agustín Torres Delgado, del Partido Acción Nacional; Adolfo Aguilar Zinser, del Partido de la Revolución Democrática; Alí Cancino Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a la propusta presidencial; José Alberto Castañeda Pérez, del Partido Acción Nacional, en su turno; María del Rosario Robles Berlanga, del Partido de la Revolución Democrática; Tito Rubín Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, en su turno; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución democrática, en su turno; Manuel Marcué y Pardiñas, del mismo partido; Marco Antonio Michel Díaz, del Partido Revolucionario Institucional e Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, en su turno, quien hace una proposición que se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas concincuenta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, sábado diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada. Señor Presidente.
ESTADO DE JALISCO
La secretaria Martina Montenegro Espinoza:
«Escudo Nacional.—Gobierno de Jalisco.—Poder Legislativo.—Secretaría del Congreso.
Secretarios de la Cámara de Diputados.—México, D.F.
Para los efectos del artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a usted(es) que en sesión de fecha 29 de noviembre del presente año, se realizó la elección de presidente y vicepresidente para el mes de diciembre del segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura de Jalisco.
Diputados Francisco Javier González García, presidente y Arturo Uribe Avín, vicepresidente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 29 de noviembre de 1994.—Diputados secretarios Francisco Javier Gómez Díaz y Gregorio Arrieta López.»
De enterado.
REINO DE ESPAÑA
La secretaria Martina Montenegro Espinoza:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Cañedo y de la Bárcena, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de España.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III de la partado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Cañedo y de la Bárcena, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de España.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 16 de diciembre de 1994.- Diputados Dionisio Eduardo Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
ESTADO DE PUEBLA
La secretaria Nohelia Linares González:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue turnada para sus efectos constitucionales, la resolución de la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, que declara nulas las elecciones de diputado federal correspondientes al IV distrito electoral federal del Estado de Puebla, con cabecera en Atlixco.
Esta comisión, con fundamento en el artículo 77, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio del presente dictamen bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
El 19 de octubre de 1994, y con fundamento en el artículo 310 párrafo segundo, inciso b, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, notificó a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, la resolución por la que se declara la nulidad de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, celebrada el 21 de agosto de 1994, en el IV distrito electoral federal del Estado de Puebla.
Al efecto, en esa misma fecha, la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral resolvió:
"Primero. Se desecha el recurso de reconsideración número SI-REC138/94, hecho valer por el Partido Revolucionario Institucional."
"Segundo. Queda firme la resolución dictada por la sala central del Tribunal Federal Electoral, con sede en la ciudad de México, Distrito Federal, 5 de octubre de 1994, en el expediente número SC-I-RIN-199/94, formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del cómputo distrital y de la declaración de validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa y en consecuencia, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida por el consejo distrital del IV distrito electoral federal en el Estado de Puebla, cuyos puntos resolutivos han quedado transcritos en el resultado segundo de esta ejecutoria."
El resultado segundo a que hace referencia la resolución en cita, establece:
"Segundo. Conoció del recurso la sala central de este tribunal con sede en la ciudad de México, la que resolvió con fecha 5 de octubre de 1994, en los siguientes términos:
Primero. Es fundado el recurso de inconformidad interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en los términos de los considerandos octavo, noveno, decimocuarto, decimosexto, decimoséptimo y vigésimo de este fallo.
Segundo. Se declara la nulidad de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, celebrada el día 21 de agosto de 1994 en el IV distrito electoral federal del Estado de Puebla y en consecuencia, se revoca la declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría expedida por el consejo distrital, por las razones expuestas en los considerandos vigésimo y vigesimoprimero de esta resolución."
Por lo anterior, esta comisión se permite proponer al honorable pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el IV distrito electoral federal del Estado de Puebla.
Artículo 1o. Se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales propietario y suplente a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, en el IV distrito electoral federal uninominal del Estado de Puebla, con cabecera en Atlixco.
Artículo 2o. Los candidatos a diputados propietarios y suplentes deberán reunir los requisitos de elegibilidad establecidos por el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 7o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 3o. Las elecciones extraordinarias se celebrarán el domingo 30 de abril de 1995, en los términos de lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y conforme a las disposiciones de la presente convocatoria.
Artículo 4o. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 20 y 21 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ajustará los plazos establecidos por la ley para las diferentes etapas del proceso electoral, tomando en cuenta la fecha fijada en este decreto para la verificación de la elección extraordinaria.
El propio consejo general ordenará oportunamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los acuerdos que adopte conforme a lo dispuesto en el código de la materia.
Artículo 5o. Los diputados que resulten electos rendirán la protesta de ley ante la Cámara de Diputados en el año de 1995, dentro del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Artículo 6o. El periodo de ejercicio constitucional de los diputados que resulten electos en los comicios extraordinarios concluirá el 31 de agosto de 1997.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, Distrito Federal, a 12 de diciembre de 1994.—
Por la comisión, diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo de J. Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Ignacio González Rebolledo, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Eugenio Ortiz Walls, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda, y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
ESTADO DE VERACRUZ
La secretaria Ana Lilia Cepeda de León:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada, para sus efectos constitucionales, la resolución de la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, que declara nulas las elecciones de diputado federal correspondientes al XXII distrito electoral federal del Estado de Veracruz, con cabecera en San Andrés Tuxtla.
Esta comisión, con fundamento en el artículo 77, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se avocó al estudio del presente dictamen, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
El 19 de octubre de 1994 y con fundamento en el artículo 310 párrafo segundo, inciso b, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral notificó a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, la resolución por la que se declara la nulidad de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, celebrada el 21 de agosto de 1994, en el XXII distrito electoral federal del Estado de Veracruz.
Al efecto, en esa misma fecha, la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral resolvió:
" Unico. Se confirma la resolución de 30 de septiembre de 1994 dictada por la sala regional de este tribunal con sede en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, en el expediente del recurso de inconformidad número SX-III-RIN-264/94, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, cuyos puntos resolutivos han quedado transcritos en el resultando segundo de esta ejecutoria."
El resultando segundo a que hace referencia la resolución en cita, establece:
" Segundo. Conoció del recurso la sala regional de este tribunal con sede en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, la que resolvió el 30 de septiembre del año en curso, en los siguientes términos:
Primero. Es fundado el recurso de inconformidad interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, del XXII distrito electoral del Estado de Veracruz, con cabecera en San Andrés Tuxtla, en los términos expuestos en los considerandos séptimo, octavo y noveno de la presente resolución.
Segundo. Se declara la nulidad de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el XXII distrito electoral federal del Estado de Veracruz, al haberse decretado la nulidad de la votación en las casillas números 0339-B, 0342-B, 0346-B, 0344-B, 0352-B, 0353-B, 0355-B, 0362-B, 2221-B, 2221-C, 2222-B, 2223-B, 2224-C, 2226-B, 2226-B, 2227-B, 2227-C, 2228-B, 2230-B, 2231-B, 2233-B, 2233-C, 2234-B, 2234-C, 2235-B, 2236-B, 3321-B, 3322-C, 3323-B, 3323-C, 3324-C, 3329-B, 3330-B, 3330-C, 3336-B, 3339-B, 3341-B, 3342-B, 3343-B, 3344-C, 3345-C, 3348-B, 3348-C, 3349-C, 3352-B, 3353-B, 3365-B, 3367-B, 3370-B, 3373-B, 3378-B, 3383-B, 3389-B, 3390-B, 3392-B, 3402-B, 3403-B, 3403-C, 3404-B, 3447-B, 3450-B, 3451-B, 3460-B, 3467-B, 3470-B, 3470-C, 3471-B, 3472-B, 3782-B, 3788-B, 3789-B, 3790-B, 3792-B, 3793-B, 3797-B, 3986-B, 3989-B, 3993-B y 3994-B, correspondientes al XXII distrito electoral del Estado de Veracruz, las que en total suman 80 casillas, en términos de los considerandos séptimo y octavo de esta resolución.
Tercero. En consecuencia, se revoca la constancia de mayoría y validez otorgada por el Presidente del consejo distrital del XXII distrito electoral federal del Estado de Veracruz, en favor de la fórmula de candidatos del Partido Revolucionario Institucional integrada por los ciudadanos Gastón Rodríguez Fariña, como propietario y Aurora Calderón Marcial, como suplente."
Por lo anterior, esta comisión se permite proponer al honorable pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción IV, del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el XXII distrito electoral federal del Estado de Veracruz.
Artículo 1o. Se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales propietario y suplente a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, en el XXII distrito electoral federal uninominal del Estado de Veracruz, con cabecera en San Andrés Tuxtla.
Artículo 2o. Los candidatos a diputados propietarios y suplentes deberán reunir los requisitos de elegibilidad establecidos por el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 7o. del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 3o. Las elecciones extraordinarias se celebrarán, el domingo 30 de abril de 1995, en los términos de lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y conforme a las disposiciones de la presente convocatoria.
Artículo 4o. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 20 y 21 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ajustará los plazos establecidos por la ley para las diferentes etapas del proceso electoral, tomando en cuenta la fecha fijada en este decreto para la verificación de la elección extraordinaria.
El propio consejo general ordenará oportunamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los acuerdos que adopte conforme a lo dispuesto en el código de la materia.
Artículo 5o. Los diputados que resulten electos rendirán la protesta de ley ante la Cámara de Diputados en el año de 1995, dentro del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Artículo 6o. El periodo de ejercicio constitucional de los diputados que resulten electos en los comicios extraordinarios, concluirá el 31 de agosto de 1997.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, Distrito Federal, a 12 de diciembre de 1994.— Por la comisión, diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo de J. Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios, Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Ignacio González Rebolledo, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Eugenio Ortiz Walls, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En atención a que este dictamen a sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la secretaría, consulte a la Asamblea si se le dispensa la luctura al dictamen.
El secretario Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Por instrucciones de la Presidencia...
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte (desde su curul):
Vamos adelantando mejor, sino vamos a una lectura que va a ser muy larga y tediosa. Podemos obviar dicha lectura, nada más pedimos por favor que esté repartido el dictamen.
El Presidente:
Consulte la Secretaría, si es de tomarse en cuenta la propuesta que hace el diputado, si se dispensa la lectura de este dictamen con la condición de que se distribuya más adelante.
El secretario Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los señores diputados, si con la condicionante de repartirse en un momento este dictamen, se dispensa la lectura.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde su curul):
No se pidió dispensar la lectura del dictamen si todavía no se reparte. Que primero se reparta y después se pregunte si se dispensa la lectura.
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1995
El Presidente:
Perfecto, en lo que se distribuye el dictamen en cuestión, el siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1995.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría, consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Ana Lilia Cepeda de León:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín (desde su curul):
Moción de orden, señor Presidente. El dictamen que se considera dictamen, no está firmado, por tal motivo no puede pasarse ni a lectura, ni a disculpar la misma, tiene que estar firmado por los miembros de la comisión. Por tal motivo, sugeriría que se pasase a otro punto del orden del día.
El Presidente:
Señor diputado, las firmas obran en el expediente original. Le van a dar lectura de los diputados que lo han firmado.
La secretaria Ana Lilia Cepeda de León:
"Dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1995. Firman los diputados: Francisco Suárez y Dávila, Mónica Leñero Alvarez, Gabino Fernández Serna, Alfonso Reyes Medrano, Dulce María Sauri Riancho, Roberto Rafael Campa Cifrián, Antonio Sánchez Gochicoa, Alfonso Molina Ruibal, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Guillermo Levín Coppel, Dionisio Pérez Jácome, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Jorge Kondo Lopez, Víctor Manuel Silva Tejeda, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Daniel Covarrubias Ramos, Luis Manuel Jiménez Lemus, Salvador Mikel Rivera, son diputados del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín (desde su curul):
Señor Presidente: una moción.
El Presidente:
Adelante, señor diputado.
diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:
Gracias, señor Presidente; señores legisladores:
En algunas ocasiones depositamos la confianza en el tiempo, depositamos la confianza en las personas porque creemos que es la única forma de llegar a concluir todas y cada una de las transacciones y de las operaciones de nuestra vida.
Hace unos momentos, no hace 10 minutos, terminamos una reunión de la Comisión de Hacienda. Se nos presentó, efectivamente, un dictamen, nunca se nos solicitó la firma del mismo. No creo estar retrasado mental, no creo estar sordo, no creo estar mintiendo.
Le pregunto a los señores del Partido del Trabajo, le pregunto a los señores del Partido de la Revolución Democrática, le pregunto a los otros miembros de Acción Nacional, si se nos solicitó en algún momento que firmásemos dicho dictamen.
Señores: considero pertinente, considero por respeto a esta Asamblea que dicho dictamen no sea leído, que no se apruebe la dispensa de lectura y que se le solicite a la Presidencia de dicha comisión que la convoque a la brevedad para solicitar la firma y, en su caso, se explique el por qué no se firma.
Señores: estamos en la mejor disposición de colaborar, pero no queremos madruguete. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, se le concede la palabra al diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Creo que en esto hay una pequeña confusión del señor diputado Llamas, en realidad nos reunimos hace sí, 15 minutos o media hora para el efecto de conversar los últimos detalles sobre este dictamen y solicitar la firma de los que estuvimos ahí. Probablemente hubo alguna confusión en la expresión del Presidente, pero creo que eso se puede subsanar de inmediato, ya que parece que hay un acuerdo en que no se lean estos dictámenes, pues, porque son dictámenes largos. Pero lo examinamos con muchas horas de discusión, el señor diputado Llamas, intervino con mucha experiencia y muchos conocimientos.
De modo que yo creo que se puede subsanar si ése es el deseo, nos volvemos a reunir en este momento.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Saúl Escobar Toledo.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Yo quiero también recoger la preocupación del diputado del PAN, en el sentido de que nos importa, nos interesa que se cumplan las formas; el requisito tiene que ser cumplido. Yo creo que sí tiene que pasársenos a firma a todos los miembros de la comisión.
Queremos suponer que hay un problema de tiempos ahí que no se ajustaron bien, que no hay mala fe; pero por respeto a este recinto parlamentario y de las labores del pleno, sí consideramos indispensable que antes de su dispensa o no, se pase a firma a los miembros de la comisión, para que no haya ningún mal entendido y podamos trabajar como lo hemos hecho, con respeto a todos y en orden y con apego al Reglamento y a la ley de este Congreso. Gracias.
El Presidente:
Si estuviera de acuerdo esta Asamblea, solicitaríamos al Presidente de la Comisión de Hacienda, pasara a firma el dictamen en cuestión y posteriormente darle el trámite correspondiente.
Solicito a la Secretaría, pregunte si están de acuerdo en darle este trámite.
El secretario Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados si están de acuerdo que, en tanto se reuna la Comisión de Hacienda, se pase al siguiente punto.
Los que estén por la afirmatiiva, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
LEY QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones Fiscales.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría, consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín (desde su curul):
Señor Presidente: ¡tampoco se ha pasado a firma!
El Presidente:
En atención a que este dictamen tampoco ha sido firmado, se procederá a dar el mismo trámite que al dictamen anterior. En cuanto esté firmado, se presentará a esta Asamblea para su consideración.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Seguro Social.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría, consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Gonzalo Alarcón Bárcena:
Por instrucción de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Secretarios de la Cámara de Diputados.—Presentes.
De conformidad con los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de esta LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, tiene a bien presentar a esta Asamblea, el presente dictamen sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
CONSIDERACIONESA las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, les fue turnada para su estudio, dictamen y aprobación, en su caso, la iniciativa para modificar y adicionar diversos artículos de la Ley del Seguro Social tendientes a realizar adecuaciones oportunas y profundas que garanticen la permanencia, viabilidad y crecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social; efectuar un cambio en su organización y estructura, buscando la simplificación administrativa que redunde en un oportuno y eficaz otorgamiento de los beneficios de la seguridad social; la reorganización administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social partiendo de dos vertientes derivadas de las actividades básicas del instituto.
La iniciativa a dictamen propone modificaciones a la Ley del Seguro Social, cuyo propósito es fortalecer las responsabilidades de carácter normativo y desconcentrar las de carácter operativo.
Para una institución de servicio como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, las modificaciones que se proponen responden a la necesidad de que su mecanismo de operación sea lo más ágil posible, procurando eliminar las barreras de trámite burocrático que en ocasiones hacen difícil o lento acceder al derecho de atención; el crecimiento propio de la institución hace necesario que se adopten las mejores medidas para conseguir por la vía de la simplificación administrativa un servicio más eficiente y eficaz.
En la actualidad, bajo una dirección general centralizada, un buen número de decisiones tiene que llegar hasta el nivel central para tomarse y luego regresar a su sitio de origen, lo que puede ocasionalmente restar oportunidad a los trámites a realizar.
Con base en ello, la iniciativa turnada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, propone la regionalización de las zonas de influencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, desconcentrando atribuciones del consejo técnico y del director general, a los consejos consultivos regionales y al director regional, estructuras administrativas y puestos que se propone crear en las modificaciones a la Ley del Seguro Social que contiene dicha iniciativa.
La exposición de motivos de la iniciativa deja claro que las funciones normativas, sobre todo la planeación, la coordinación y la supervisión, quedan bajo la conducción central del instituto a través de los órganos superiores del mismo, como son la asamblea general, el consejo técnico, la comisión de vigilancia y la dirección general, especificados en el artículo 246 de la Ley del Seguro Social y que serán únicamente las actividades de carácter operativo las que se desconcentren, para que a la vez que se refuerza la atención de dichos órganos en esas importantes funciones, se dé atención por las direcciones regionales a la problemática de operación en el sitio en que se presente.
La regionalización propuesta responde, en función de la operación de los servicios principalmente médicos, a los mismos criterios que dieron lugar a la distribución en la República de los centros médicos, los que acercaron a las diferentes regiones del país los servicios de la más alta especialización en el área médica, evitando de este modo la necesidad que antes había de concentrarse en el Distrito Federal para recibirla. Al proponer la iniciativa que la sede de las direcciones regionales se ubique en las delegaciones en donde actualmente se encuentran los centros médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se facilitaría la resolución de la problemática de operación en una forma importante.
Para este propósito, la iniciativa en concreto propone adicionar una fracción III-bis al artículo 253 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, para otorgar al consejo técnico la atribución de "decidir sobre la creación de direcciones regionales, su circunscripción territorial y la desconcentración gradual de responsabilidades y atribuciones a las mismas en los términos de esta ley".
La fracción III vigente del señalado artículo 253 establece como atribuciones del consejo técnico "establecer y suprimir delegaciones, subdelegaciones y oficinas para cobros del instituto, señalando su circunscripción territorial", por lo que la comisión consideró más adecuado reformar esta fracción III para agregar en ellas a las "direcciones regionales", que adicionar una fracción III-bis, toda vez que las direcciones regionales, en la reforma y con las funciones que les asignan en la iniciativa, serán una estructura administrativa que se agregue a las delegaciones, subdelegaciones y oficinas para cobros que ya existen y, en consecuencia acordó proponer a esta soberanía se reforme dicha fracción III para quedar como sigue:
Artículo 253, fracción III. "Establecer y suprimir direcciones regionales, delegaciones, subdelegaciones y oficinas para cobros del instituto, señalando su circunscripción territorial".
Como consecuencia de esta modificación que las comisiones unidas someten a la consideración del pleno de la cámara, el texto del artículo único del proyecto de decreto debe modificarse para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforman los artículos 253, en sus fracciones III, VIII y XIV y 258-a y se adicionan los artículos 257-bis, 258-bis y 258-ter, de la Ley del Seguro Social.
Por lo que hace a la fracción VIII del mismo artículo 253, la iniciativa adecúa la denominación de las dependencias de la dirección general, en función de sus actividades, de acuerdo a la desconcentración que se propone, cambiando la de subdirectores y jefes de servicio por la de directores y coordinadores.
Las propuestas de adición a los artículos 257-bis, 258-bis, y 258-ter, establecen claramente cuales son las atribuciones que se desconcentran del consejo técnico y del director general y se le otorgan a los consejos regionales y a los directores regionales, precisamente con el ánimo de acercar los niveles de decisión a los sitios donde surja la problemática de la operación de los servicios institucionales, así como la forma de integrar los consejos regionales, en la que se conserva el espíritu de la representación tripartita en la misma proporcionalidad que se tiene en el consejo técnico del IMSS.
Respecto a la fracción I del artículo 258-bis propuesto, las comisiones consideraron prudente, siguiendo el orden de actividades, invertir las que en el mismo se proponen, para que en lugar de decir "presidir y convocar" diga "convocar y presidir", acordando proponer quede como sigue: artículo 258-bis, fracción I. "Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo consultivo regional."
Por lo que hace a la propuesta de reforma al artículo 258-a, ésta sólo obedece a la adecuación de la denominación actual de las delegaciones del Distrito Federal, que antes incluían en su jurisdicción a poblaciones del Estado de México y se les llamaba delegaciones del Valle de México; a la fecha sólo incluyen geográficamente al Distrito Federal, como se propone en la reforma mencionada.
Las comisiones unidas que suscriben el dictamen realizaron conferencias con senadores representantes de las comisiones de Trabajo y de Seguridad Social del Senado de la República y reuniones de trabajo con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las que se analizaron los alcances de la iniciativa y la importancia que la misma tiene dentro de los programas de desconcentración de la vida nacional y de simplificación administrativa, en las que se expresaron opiniones coincidentes sobre la necesidad de que se efectúe esta re forma administrativa que sin duda repercutirá favorablemente en la presentación de los servicios que el IMSS otorga por ley a sus derechohabientes, así como opiniones en relación a continuar en la búsqueda de mecanismos que permitan otorgar sus servicios con mayor oportunidad y mayor eficacia, lo que podrá ser plasmado en futuras iniciativas de reformas a la ley.
Por lo anterior, por su apreciable conducto sometemos a la consideración del pleno de la cámara, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETOArtículo único. Se reforman los artículos 253, en sus fracciones III, VIII y XIV y 258-a y se adicionan los artículos 257-bis, 258-bis y 258-ter, de la Ley del Seguro social, para quedar como sigue:
Artículo 253............................................
I a II.................................................................
III. Establecer y suprimir direcciones regionales, delegaconales, subdelegaconales y oficinas para cobro del instituto, señalando su circuncripción territorial;
IV a VII...............................................................
VIII. Nombrar y remover al secretario general, a los directores, directores regionales, coordinadores generales y coordinadores, así como a los delegados, en los términos de la fracción VII del artículo 257 de esta ley.
IX a XIII...............................................................
XIV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los directores regionales, aquellos asuntos competencia de los consejos consultivos regionales, que por su importancia, trascendencia o características especiales así lo ameriten y
XV. Las demás que señalen esta ley y sus reglamentos.
Artículo 257-bis. Los consejos consultivos regionales tendrán las atribuciones siguientes:
I. Resolver sobre las operaciones del instituto en la región respectiva que excedan las facultades de los consejos consultivos delegacionales;
II. Conceder, rechazar y modificar prestaciones económicas diferidas, en los términos de esta ley;
III. Autorizar la celebración de convenios relativos al pago de cuotas;
IV. Conceder a derechohabientes del régimen, en casos excepcionales y previo el estudio socioeconómico respectivo, el disfrute de prestaciones médicas y económicas previstas por esta ley, cuando no esté plenamente cumplido algún requisito legal y el otorgamiento del beneficio sea evidentemente justo o equitativo;
V. Opinar en todo aquello en que el director, regional o cualesquiera de los órganos del Instituto en este nivel, sometan a su consideración y
VI. Las demás que señalen esta ley, sus reglamentos, el consejo técnico y la dirección general.
Artículo 258-bis. Son atribuciones de los directores regionales en su ámbito de circunscripción territorial las siguientes:
I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias, del consejo consultivo regional;
II. Autorizar las actas de las sesiones celebradas por el consejo consultivo regional y vetar los acuerdos de éste cuando no observen lo dispuesto por la Ley del Seguro Social, sus reglamentos y demás disposiciones legales, o no se ajusten a los criterios del honorable consejo técnico o a las políticas institucionales, en cuyo caso la resolución definitiva será dictada por el propio honorable consejo técnico:
III. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por el honorable consejo técnico, la dirección general y los consejos consultivos regionales, y
IV. Las demás que le señalen esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales.
Artículo 258-ter. Los consejos consultivos regionales se integrarán en la forma que determine el consejo técnico, debiendo estar representados en los mismo todas las delegaciones que correspondan a la región e invariablemente deberán mantener la proporcionalidad entre las representaciones de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno. Dichos consejos sesionarán bimestralmente en forma ordinaria y en forma extraordinaria en cualquier tiempo, cuando así se requiera.
Artículo 258-A. Los consejos consultivos delegacionales estarán integrados por el delegado, que fungirá como presidente del mismo; un representante del gobierno de la entidad federativa sede de la delegación; dos del sector obrero y dos del sector patronal, con sus respectivos suplentes. En el caso de las delegaciones del Distrito Federal la representación del Gobierno integrará con el titular de la delegación respectiva. El consejo técnico podrá ampliar la representación de los sectores cuando lo considere conveniente.
Los integrantes del consejo consultivo delegacional representativos de los sectores, permanecerán en su cargo seis años. Las organizaciones que los hubiesen designado, tendrán derecho a removerlos libremente.
TRANSITORIOSPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las modificaciones a las estructuras del Instituto Mexicano del Seguro Social, que por virtud del presente decreto llegaran a realizarse, se harán de conformidad con los montos autorizados a dicho instituto, en el correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la observancia del presente decreto.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 15 de diciembre de 1994.— Comisión de Seguridad Social: diputados Alejandro Iván Audry Sánchez, presidente; Jorge Urdapilleta Núñez, Armando Gamboa Enríquez, Amado Jesús Cruz Malpica y Manuel Pérez Bonilla, secretarios; José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Liberato Montenegro Villa, Leonel Domínguez Rivero, José Luis Martínez Alvarez, Marco Antonio Michel Díaz, Sabino González Alba, Aurelio Salinas Ortiz, Raúl Ramírez Chávez, Néstor Molina Martínez, Fidencio Romero Tobón, Jesús Manuel Meléndez Franco, Julio Felipe García Castañeda, Ignacio Castillo Flores, Miguel Humberto Manzo Godínez, Manuel Baeza González, Luis Ruan Ruis, María Remedios Olivera Orozco, José Enrique Patiño Terán, Víctor Cruz Ramírez, Juan Manuel Pérez Corona, Lorenzo Duarte y Zapata, Everardo Martínez Sánchez, María Rosa Márquez Cabrera, Hildiberto Ochoa Samayoa y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
Comisión de Trabajo y Previsión Social: diputados José Ramírez Gamero, presidente; José Gerardo de los Cobos Silva, Javier Pineda y Serino, Raúl Armando Quintero Martínez, Julio Felipe García Castañeda y Marcos Carlos Cruz Martínez, secretarios; Jesús Rafael Ruvalcaba León, Manuel Enrique Russek Valles, Carlos Humberto Aceves del Olmo, María Claudia Esqueda Yañez, Armando Gamboa Enríquez, Francisco Martínez Rivera, Martín Aureliano Montaño Arteaga, Anselmo Alvarado García, María Elena Yrizar Arias, Juan Leyva Mendívil, Servando Andrés Díaz Suárez, Enrique Ramos Rodríguez, Carlos Pérez Rico, Miguel Humberto Manzo Godínez, José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Consuelo Botello Treviño, Alicia Céspedes Arcos, Alejandro González Alcocer, Jorge Urdapilleta Núñez, José Pedro Sánchez Ascencio, Gerardo Macario Rodríguez Rivera, Hildiberto Ochoa Samayoa, Amado Jesús Cruz Malpica y René Arce Islas.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
El diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
El Instituto Mexicano del Seguro Social, desde su fundación, ha venido cubriendo una necesidad que para el sector obrero y en general para los distintos sectores que hacen uso de su servicio, es y será de vital importancia.
La gran lucha que las organizaciones sindicales dieron en los años cuarenta para lograr la conformación de un instituto que sirviera en la medicina social a los trabajadores y a sus familias, se ha venido materializando en etapas posteriores en un organismo que si bien adolece de muchas fallas, no se puede soslayar que en el momento presente aglutina a más de 10 millones de afiliados y da servicio a 40 millones de derechohabientes.
Es por eso que hablar del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos merece respeto, pero también nos obliga a ser críticos constantes en su entorno.
Quienes nos dedicamos a la actividad sindical, sabemos bien que una de las quejas que con mayor incidencia recibimos de nuestros compañeros, son las deficiencias en los servicios que reciben del instituto. Sin embargo, sería muy simplista juzgar solamente por los errores y no tomar en cuenta los aciertos, pues estamos convencidos de que como está sucediendo en los ámbitos políticos, económicos y sociales en la República, las cosas también están cambiando en el Seguro Social y deberán manifestarse vientos nuevos que traigan como consecuencia, una mayor calidad, un trato más humano, una mayor racionalidad en la aplicación y ejecución de los presupuestos, una descentralización administrativa acorde con las necesidades de nuestro país, que seguramente ayudará a que funcionen mejor las cosas.
El Ejecutivo envió a este honorable Congreso, un proyecto de modificaciones a la Ley del IMSS que afecta de manera directa las fracciones III, VIII y XIV del artículo 253, el artículo 258-a y como lo explica el proyecto de dictamen presentado a esta soberanía, se adiciona a los artículos 257-bis, 258-bis, 258-ter, de la Ley del Seguro Social.
Los más remotos antecedentes que encontramos en nuestra historia reciente, relacionadas con la idea de dar un servicio de medicina social, se encuentran en la Ley del Trabajo del Estado de Yucatán, en su artículo 135, que cita:
"El gobierno fomentará una asociación mutualista en la cual se asegurarán los obreros contra los riesgos de vejez y muerte". Termina la cita.
El artículo 123 de la Constitución, en su versión original, se refería a un seguro potestativo que a la letra decía:
"Se consideran de utilidad social el establecimiento de Cajas de Seguro de Invalidez, de Vida, de Cesación Involuntaria, de Trabajo de Accidentes y de otros, con fines análogos, por lo cual tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole para infundir e inculcar la previsión social."
El precepto constitucional, no obstante su timidez, promovió la aspiración hacia una Ley del Seguro Social y ha de agregarse el mismo fenómeno que se desarrolló en Europa y los Estados Unidos, a saber: el aumento de las industrias y el creciente número de trabajadores.
El 6 de septiembre de 1929 se promulgó una reforma a la citada fracción XXIX del artículo 123 y desde entonces pudo el Seguro Social crearse con carácter obligatorio. El presidente Lázaro Cárdenas, con gran visión, envió a la Cámara de Diputados el 27 de diciembre de 1938, un proyecto de Ley de Seguros Sociales que cubría los riesgos de enfermedades y accidentes de trabajo y por último, durante la presidencia del general Manuel Avila Camacho, se promulgó y se publicó, el 15 de enero de 1943, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del Seguro Social.
Y el 14 de mayo del mismo año, se publicó su reglamento en lo referente a la inscripción de patrones y trabajadores, el funcionamiento de la dirección general del instituto y la formación del consejo técnico.
Los datos históricos que aquí menciono, nos demuestran que desde los años veinte lo que podríamos llamar el primer Seguro Social, ha venido evolucionando de manera permanente; buscando en sus cambios obtener una mayor eficiencia en la prestación de los servicios.
Por si esto fuera poco, es del conocimiento de todos que a pesar del gigantismo en el que ha caído por razones obvias el instituto, en lo fundamental sigue siendo soporte vital para los afiliados y derecho-habientes, aunque siendo reiterativos insistimos en continuar buscando la consecución de una calidad total en sus servicios.
La propuesta de dictamen que las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, sus argumentos, son el resultado de las distintas pláticas que tuvimos con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, a nivel subdirectores y que nos llevaron a concluir en los siguientes argumentos:
Aunado a las cifras que mencioné con antelación, el IMSS atiende en la actualidad a más de 11 millones, mediante el Programa IMSS-Solidaridad.
Diariamente asisten a las unidades del instituto más de 700 mil personas. Hay que considerar lo que en servicios médicos y abastecimiento esto significa.
Es necesaria una administración moderna que fortalezca a nivel central las funciones de planeación y control y acercar la operación a los usuarios.
El sistema administrativo presenta problemas de gestión que serán resueltos de manera significativa con la descentralización del Instituto Mexicano del Seguro Social. La meta de la descentralización gira en torno a la necesidad de orientar y fortalecer todos los servicios que proporciona el IMSS a la población usuaria.
El proyecto de iniciativa que se presenta para la descentralización, responde no sólo a criterios de organización administrativa, sino que se ha basado en criterios médicos, buscando así proporcionar una mejor atención médica.
La regionalización no se inventa, sino que se fortalece, ya que es práctica continua del instituto, como lo vemos históricamente. Además se responde a la necesidad de encontrar puntos de equilibrio y una mejor distribución para la utilización y asignación de los recursos con que cuenta el instituto en cada región y para cada nivel, en función a la población atendida y a los servicios prestados.
Al reforzar la estructura regional se permitirá la descentralización de funciones que actualmente realiza el nivel central, de manera poco eficiente y a un alto costo. Además, se permitirá con ello garantizar la autonomía regional, al destinar tanto recursos como facultades a estas entidades, fortaleciendo el federalismo, que es una de las demandas planteadas por la mayoría de las fuerzas políticas y sociales en la actualidad.
Parte integral del proceso de modernización y descentralización, será el mejor aprovechamiento de la tecnología moderna en materia de comunicaciones y sistemas con que contará el instituto. Obedeciendo a las demandas de los asegurados y patrones en favor de una mayor eficiencia, en el instituto esta iniciativa permitirá, además, redimensionar la organización y las funciones del personal administrativo que eviten la duplicidad de funciones.
La iniciativa tiene presente el crear las bases para la capacitación y superación profesional del personal institucional, evitando así la frustración del personal que actualmente se detecta en ciertas áreas. La descentralización elimina la segmentación de procesos e indefinición de responsabilidades, al ser determinadas de manera específica las funciones que le corresponden, tanto al nivel central como al regional en el IMSS.
Como antecedente reciente, en 1993 fueron aprobadas en esta cámara diversas reformas a la Ley del IMSS, que incidían particularmente en aspectos financieros, con la finalidad de lograr el fortalecimiento del instituto como organismo fiscal autónomo y precisar conceptos jurídicos incluidos en la propia ley, para evitar interpretaciones equívocas.
En el actual proyecto de reforma que el Ejecutivo envía a consideración de esta soberanía, se plantea en principio, como lo explica el dictamen, un proyecto de simplificación administrativa, buscando con esto lo que estamos seguros redundará en un más oportuno y eficaz otorgamiento de los beneficios de la seguridad social.
Con esta propuesta se pretende fortalecer, la capacidad de decisión de los niveles operativos, delegando a las unidades de atención, la autoridad y recursos necesarios, pero también ubicando en ellas la responsabilidad correspondiente. Desde este punto de vista, la iniciativa propone que el ámbito territorial institucional quede dividido en direcciones regionales, con sus respectivos consejos consultivos, quedando este último órgano como la instancia máxima para la solución de problemas que se presenten en la operación.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera permanente ha venido adaptando su estructura y operación a las circunstancias que prevalecen en su entorno. Las circunstancias actuales exigen que los cambios y adecuaciones se realicen con mayor dinamismo y profundidad, para que se garantice la permanencia y crecimiento institucional.
La transición hacia mejores niveles de eficacia, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios institucionales, debe efectuarse de una manera gradual y ordenada, sin poner en riesgo los principios fundamentales que rigen la seguridad social en nuestro país. El objetivo final del programa de reorganización administrativa del IMSS, será siempre la protección y el bienestar social del trabajador y su familia en todo el ámbito nacional.
La mayoría de los diputados integrantes de las comisiones en reunión mixta, nos pronunciamos a favor del dictamen presentado a esta soberanía, por considerar que es de suma importancia fijar nuevos sistemas administrativos que redunden en simplificación, mayor productividad y menos burocracia y hacemos una exhortación a todas las señoras y señores diputados de las distintas fracciones que conforman esta cámara, para que se manifiesten en pro del dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general, el proyecto de decreto.
Esta Presidencia informa que han solicitado el uso de la palabra, los siguientes diputados: Amado Cruz Malpica, Manuel Baeza González y Marco Antonio Michel Díaz.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Amado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El Instituto Mexicano del Seguro Social, es un pilar del sistema de seguridad social de nuestro país. Como lo define su propia ley, el Seguro Social, es el instrumento básico de la seguridad social establecido como servicio público de carácter nacional.
Así, la seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, en especial, la ley otorga un conjunto de beneficios que protegen al trabajador de las contingencias en el desempeño laboral, como son los riesgos de trabajo, los accidentes profesionales y contempla seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.
Es precisamente el artículo 123 constitucional, en su fracción XXIX, da origen a esta trascendental normatividad reglamentaria al considerar de utilidad pública la Ley del Seguro Social.
De los conceptos anteriores, se desprende que la organización y administración eficaces y transparentes del seguro social, son una alta responsabilidad frente a sus beneficiarios. Ambos renglones se ven modificados en el proyecto sujeto a discusión.
Podría pensarse que el contenido de la iniciativa amerita un trámite formal para su aprobación; sin embargo, un análisis más detenido de la reforma, obliga a contextualizarla, pues sólo así podrá entenderse con nitidez nuestra postura. La subsistencia del IMSS no ha sido fácil, creció y se fortaleció durante las primeras décadas de vida, al mismo tiempo que crecía la masa de trabajadores asalariados amparado en una política estatal que favoreció el desarrollo de instituciones públicas de seguridad social. El resultado fue inocultable; en 1960, según lo reportan las cifras oficiales, el IMSS atendía a una población cercana a 3.5 millones de derechohabientes; para 1980 esa población había crecido hasta alcanzar la cifra de un poco más de 24 millones de mexicanos.
Con la política de ajuste estructural y austeridad presupuestaria impuesta en el renglón social durante la década de los ochenta, el sector salud, sufrió un fuerte castigo al contraerse su participación en el producto interno bruto. Así, de representar el 2.4% como proporción del PIB, en 1980, el gasto en salud cayó al 2.7% en 1987 causando un daño difícilmente recuperable en los servicios prestados por las instituciones que integran al sector, fenómeno al que el IMSS no escapó. Baste recordar que el gasto per capita en el periodo señalado, cayó en un 44%, el número de unidades médicas por cada 100 mil habitantes se redujo en un 18% y el número de camas bajó en un 25%; no obstante, la demanda siguió creciendo y con menores recursos financieros el instituto continuó ofreciendo sus servicios a la población cuyo número aumentó entre 1980 y 1990 en 14.5 millones de derechohabientes.
Aunado a lo anterior, se produjo la reducción del ingreso de los asegurados, provocada por la contención salarial de la década pasada; el salario, como se sabe, es la base para el cálculo de las cuotas y aportaciones que son el soporte fundamental del equilibrio financiero de la institución. En estas condiciones, al desfinanciamiento y al deterioro del servicio, se agregó la caída del salario de médicos, enfermeras y técnicos y manuales del IMSS, lo que configuró un cuadro sumamente adverso al instituto. Se generaron condiciones propicias para montar una campaña de desprestigios contra, acusándolo de ineficiente, costoso, improductivo y de proporcionar servicio de mala calidad.
Lo sucedido dio pauta, para que desde el Gobierno, se formulara la necesidad de modernizar con una óptica neoliberal al IMSS y a otras instituciones de seguridad social.
De esa forma, la seguridad social de carácter público y por supuesto el IMSS, han sido objeto de cambios importantes en los últimos años.
El centro de las reformas aprobadas en la pasada legislatura, fue dar participación a entidades bancarias y financieras privadas en el manejo de fondo de pensiones.
Con el Sistema de Ahorro para el Retiro, se atenta contra el modelo de seguridad social mexicano inspirado en los principios de solidaridad y justicia social para permitir que la iniciativa privada acceda a los aspectos claves como lo son, el fondo de pensiones.
Desde 1992, el PRD ha venido sosteniendo que el doble aseguramiento existente, público y privado, a raíz de la inclusión del SAR en la ley, puede abrir la ley y la puerta para la privatización de otros renglones del seguro social, como hace tiempo lo ha solicitado el sector empresarial.
Hace poco, la prensa consignó las declaraciones de Antonio Sánchez Díaz de Rivera, presidente de la Coparmex, en el sentido de eficientar el sistema de seguridad social en México, pues dijo, su costo es muy alto para las empresas. Por otro lado, la estrategia de modernización del IMSS difundida en 1991, contenía ya elementos privatizantes como la subrogación de servicios, concesiones y privatización, tema que apareció en la revisión contractual efectuada entre el IMSS y su sindicato en 1993.
En referencia al proyecto de decreto que hoy someten a consideración de esta Cámara de Diputados, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley del Seguro Social, el grupo parlamentario del PRD, desea razonar su voto haciendo las siguientes declaraciones:
Primero. Como lo sostuvimos en su momento, la desconcentración del instituto es plausible y deseable, sobre todo si se atiende a requerimientos del usuario en el sentido de facilitar, el acceso a servicios y prestaciones y racionalizar la operatividad de los mismos, así como las reclamaciones correspondientes.
Segundo. Si bien, la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal a esta Cámara de Diputados parece dar salida a esta preocupación, en el articulado de la misma se desvanece.
La desconcentración que se propone es parcial, carácter que no se deriva exclusivamente de su gradualidad, sino de su propio alcance. No se lleva a fondo, a nivel delegacional y sí en cambio se crea una instancia intermedia entre el consejo técnico y las delegaciones, esto es, las direcciones regionales.
Nueva inquietud el hecho de que para poner en marcha la desconcentración, no se haya propuesto utilizar la estructura de las 36 delegaciones actualmente existentes y se haya optado por las 10 regiones en funcionamiento, creadas a partir de la organización de los servicios de salud de alta especialización, cuyo origen obedece a criterios de demanda y no a necesidades regionales, geográficas, económicas y socioculturales.
Podemos citar otros ejemplos igualmente importantes e ilustrativos de lo limitado de la reforma. El manejo presupuestal y el rubro de compra y adquisiciones, aún quedarían, de aprobarse la iniciativa de decreto, en manos de autoridades centrales y por si fuera poco también seguirá manejándose centralmente un asunto crucial para el buen funcionamiento del IMSS: el abasto de medicamentos.
Tercero. Los criterios para regionalizar al IMSS son, a nuestro juicio, inconsistentes con el propósito que persigue la iniciativa. Responder a la necesidad de que su mecanismo de operación sea lo más ágil posible, eliminando barreras de trámite burocrático que hacen difícil o lento acceder, al derecho a la atención y conseguir, por la vía de simplificación administrativa, un servicio más eficiente y eficaz.
Más aún, a pregunta expresa de nuestros legisladores en comisiones, nunca se explicó con claridad las regiones que se tiene proyectado crear a futuro, ni el número de ellas.
Cuarto. A consecuencia de los dos puntos anteriores, de no resolverse las preocupaciones ahí vertidas, se corre el riesgo de favorecer el surgimiento de una nueva burocracia, fortalecer a la que ya existe y debilitar aún más los recursos de inconformidad al establecer controles intermedios.
De acuerdo a nuestros propios cálculos, sólo con la puesta en marcha de 10 direcciones regionales, se ocuparán 200 trabajadores de confianza que incrementarán el porcentaje, ya de por sí rebasado, que estipula el contrato colectivo de trabajo para ese personal y se abultará la nómina con sus honorarios, considerablemente más altos que los de los empleados de base.
Para el Partido de la Revolución Democrática, una verdadera desconcentración debe realizarse en el marco de un ejercicio democrático, en donde el usuario tenga la oportunidad de valuar la operación del IMSS, lo que implica dar vida a organismos de gestión, con participación efectiva de trabajadores y usuarios, además de reconceptualizar los derechos de estos últimos.
Para el grupo parlamentario del PRD, una auténtica desconcentración del IMSS y de otras instituciones del sector salud, no puede más que ubicarse en un proceso de transformación y fortalecimiento de nuestro sistema de seguridad social.
Urge avanzar en la conformación del sistema integral de salud, con cobertura y acceso universales, cuyo principio fundamental sea el cuiado de la salud como derecho de la población y obligación solidaria del Estado.
Para que las instituciones de seguridad social eleven la calidad de los servicios que prestan, se requiere financiarlas mediante un incremento real y acelerado del gasto público en salud, con el propósito de llegar, cuando menos, a los niveles que recomiendan para estas instituciones, las organizaciones internacionales; mejorar la situación de su personal médico e innovar formas de gestión que posibiliten la participación activa del usuario rural y urbano, en la vigilancia del cumplimiento de sus fines y sus metas.
Debe quedar claro que las instituciones de seguridad social, tan caras para el movimiento obrero mexicano, no están destinadas al lucro, ni su sostenimiento debe ser evaluado como un gasto improductivo; muy al contrario, éstas son factor determinante para elevar la calidad de vida del trabajador e incrementar los índices de productividad de la mano de obra.
En resumen, la desconcentración propuesta en el dictamen, es insuficiente y no llega en forma sustantiva hasta los derechohabientes; tampoco propicia un manejo presupuestal a nivel de los estados y mantiene el riesgo de crear nuevos cuellos de botella en la atención de los problemas.
Ante su virtual aprobación, reiteramos nuestro deseo de velar que con ella no se vean afectados los derechos laborales de los trabajadores y la integridad de su sindicato.
La desconcentración democrática, aún está pendiente. En ello habremos de empeñarnos el grupo parlamentario del PRD.
Esperamos en lo futuro encontrar mayor receptibilidad y sensibilidad política suficiente, para emprender la tarea de consolidar al sistema público de seguridad social, con la participación de la sociedad y de todos los sectores involucrados.
En virtud de lo anterior y por las razones ya expuestas, en esta votación, el grupo parlamentario del PRD, optará por el voto de abstención. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, el diputado Manuel Baeza González.
El diputado Manuel Baeza González:
Con su venia, señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:
Yo quiero referirme única y exclusivamente al tema de la discusión de este momento, que es la modificación de la Ley del Seguro Social hacia una desconcertación del mismo para traer una mayor efectividad.
Estamos conscientes de que el seguro social como institución, deja aún mucho que desear, que los servicios que prestan pueden, definitivamente ser mejorados y optimizados para beneficio de todos los mexicanos, pero eso sería motivo de una modificación ulterior, tendiente a optimizar recursos humanos y recursos económicos.
La postura de Acción Nacional, respecto a la propuesta que se hace en este momento es positiva, es afirmativa.
"El seguro debe de ser establecido como una institución social, no como una oficina más de la burocracia, como una empresa libre de toda posible contaminación, tanto del medio político como del medio personal". Este párrafo está tomado del folleto número tres, publicado por el Partido Acción Nacional en 1939, el mismo año de la fundación de nuestro partido y tres años antes de la publicación de la primera ley del Seguro Social.
Es palpable muestra del interés que Acción Nacional ha tenido desde su inicio, buscando mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano, manifestando siempre ante la opinión pública, el significado y valor de los programas para la solución de los problemas sociales contemporáneos, explicando al Seguro Social como un sistema nacional y técnico de protección eficaz del trabajador contra riesgos individuales y sociales.
Afirmaba Acción Nacional, que pugnaría por hacer que el seguro social fuera establecido en México como institución nacional para el bien de todos los mexicanos, capaz de guardar con celo cuidadosísimo los recursos que se le confiarían como parte esencial del patrimonio de los mexicanos y por eso, garantía del sustento, la salud y la seguridad de los derechohabientes, precisamente en los momentos más difíciles de su vida, en la maternidad, en la enfermedad, en la invalidez, en la senectud o cuando la muerte les impidiera seguir siendo el sostén de quienes de ellos dependan.
En un documento titulado programa mínimo, que en realidad fue la primera plataforma política, publicado en 1940, el partido urgía al Estado a crear y tutelar el funcionamiento de instituciones autónomas de seguridad social, que garantizaran una oportunidad constante de trabajo útil y que asegurasen a quienes tuvieran mermada su capacidad de trabajo, con los recursos necesarios para vivir decorosamente y no ver ni dejar en el desamparo a los suyos.
Don Manuel Gómez Morín, ilustre fundador de Acción Nacional, en 1960 apuntaba: "un sistema de seguridad social, está reclamando la universalidad de la afiliación y de la cooperación directa, proporcionar a los propios medios hasta donde lleguen las exigencias y posibilidades técnicas. Es universalidad, de paso, acrecentaría las necesidades de la descentralización, de la desburocratización, de la urbanización de él, de todos los miembros de la comunidad; acrecentaría también la conciencia de solidaridad y el sentido comunitario e intensamente personal de nuestra vida".
Nada se opone a que el seguro necesariamente centralizado en sus aspectos técnico y de vigilancia, sea administrado descentralizádamente en cajas locales o regionales, con el interés y la responsabilidad de los más directamente afectados por su funcionamiento.
Ello reduciría sensiblemente los costos de gestión, y humanizaría y mejoraría la administración de los beneficios. Daría al seguro y esto es quizá, lo más importante, el bien incomparable de hacer que sus beneficiados y cotizantes, los directamente interesados y cada comunidad local o regional y la comunidad entera de la nación, en cada momento, adviertan que el Seguro Social no es una institución remota ni lejana, sino una parte sustancial del patrimonio y de la vida comunes y que su funcionamiento, su eficacia y el logro de sus propósitos reposan sobre el esfuerzo, a veces el sacrificio y siempre la vigilancia y la solidaridad de todos.
Esta ha sido la tesis de Acción Nacional, a lo largo de su existencia, tesis sustentada por él mismo, que aparece dentro de las propuestas que ha hecho el partido en todas sus plataformas y que ha sido manejada en todas sus campañas políticas federales.
Es por eso que vemos con buenos ojos, la iniciativa enviada a esta cámara por el titular del Ejecutivo Federal, para reformar y adicionar la Ley del Seguro Social.
Creemos que el cambio propuesto es positivo al tratar de agilizar los mecanismos de operación, eliminando barreras burocráticas que dificulten, el que se otorgue un servicio más eficiente y satisfactorio.
La regionalización de las zonas de influencia logrará una mayor desconcentración de atribuciones en favor de los consejos consultivos regionales y de sus respectivos directores, facilitando la resolución de la problemática de operación.
Yo quiero hacer una recomendación. Considero que es necesario definir el perfil mínimo que deben de llenar las personas que serán designadas para ocupar, tanto los puestos de directores regionales, como los puestos de delegados, para evitar el que se den casos de que personas ajenas al área de la administración de recursos médicos, o de la medicina administrativa. Se dan casos, por citar uno, de un Estado de la República, en el que el delegado era un arquitecto, persona totalmente ajena a la salud y a la medicina.
Y aún en el caso de los que son médicos, además de tener estudios administrativos complementarios, deberían de demostrar su capacidad y su competencia.
Estos cargos tan importantes deberían ser otorgados por oposición y no basados en favoritismos, en compadrazgos, en amiguismos o en militancia en un partido político. Muchas gracias, señores.
El Presidente:
Se le concede el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Michel Díaz.
El diputado Marco Antonio Michel Díaz:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En primer lugar, quisiera acreditar el ambiente cordial de trabajo en que las comisiones unidas de Trabajo y Seguridad Social llevamos a cabo los trabajos para la elaboración del dictamen en cuestión.
Quisiera solamente hacer algunas precisiones a los planteamientos que hace una de las partes, una de las fracciones parlamentarias en donde fundamenta su abstención a este dictamen.
Fundamentalmente, me refiero al argumento aquí señalado en el sentido de que esta iniciativa solamente está proponiendo la creación de una instancia intermedia entre el consejo técnico y las delegaciones ya constituidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Para precisar que esta instancia intermedia justamente se fundamenta en la consolidación de las regiones que ya tiene establecidas el Instituto Mexicano del Seguro Social para prestar sus servicios, a través de los centros médicos regionales, incluso, quisiera señalar las ciudades donde están estos centros médicos regionales, para que se dé cabal cuenta de la ubicación sugerida por los funcionarios del Seguro Social en las reuniones de la comisión, son: Guadalajara, Monterrey, Ciudad Obregón, León, Mérida, Veracruz, Puebla y Saltillo, más los dos centros médicos regionales de la ciudad de México.
Esto da idea del camino del programa de desconcentración y de regionalización que se propone en la iniciativa, de tal manera que queda muy claro cuál es el rumbo que tiene esta regionalización. No se trata de consolidar más burocracias, sino justamente de consolidar un modelo de seguridad social que ha probado su eficacia en México, a través del funcionamiento de estas regiones alrededor de su tercer nivel de atención, que son los centros médicos regionales del instituto.
Hecha esta precisión y aclarado que el proceso de desconcentración que está propuesto en la iniciativa abarca todas las actividades operativas del Instituto Mexicano del Seguro Social, incluyendo el abasto de medicamentos, como aquí se señalaba también como una de las dudas del programa de desconcentración, quisiera decir que esta comisión, estas dos comisiones unidas para la elaboración del dictamen, como aquí fue señalado, expresamos nuestra aprobación, la mayoría de sus integrantes, porque efectivamente hay cuatro razones fundamentales de esta iniciativa, que son las siguientes:
Primero. Efectivamente, la iniciativa pretende fortalecer la voluntad de descentralización del IMSS, al adecuar la normatividad a cada una de las regiones que están previstas en el programa de desconcentración, y al desconcentrar todas las actividades operativas del instituto.
Segundo. Al ratificar el carácter tripartito del IMSS, puesto que en la figura de consejos consultivos regionales que ahí se crean por esta iniciativa, reproduce el esquema de representación obrero, empresarial y gubernamental, que tiene el instituto ahora a nivel regional.
Tercero. Porque esta iniciativa de ninguna manera atenta contra los derechos legítimos de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y por último, porque esta iniciativa, a diferencia de algún comentario también que se ha hecho, mantiene y ratifica que se hará dentro de los términos de disciplina presupuestal que aprobará este Congreso de la Unión en su Presupuesto de Egresos, de tal manera que las modificaciones administrativas entren dentro de lo que acuerde este congreso, en cuanto al Presupuesto de Egresos del Seguro Social para el año de 1995.
Por todo ello, y reconociendo como dije en un principio, el trabajo sistemático, oportuno y serio que se realizó en el seno de esta comisión, quisiera invitar a los integrantes de esta Cámara de Diputados, a que aprobemos esta iniciativa. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general...
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):
Nosotros propusimos una lista de oradores, los diputados Everardo Martínez y Armando Quintero. No sé qué pasa.
El Presidente:
Perdón, señores diputados. Nos proporcionaron una lista de oradores por cada uno de los partidos, hablaron en su momento el diputado Amado Cruz Malpica, los diputados Manuel Baeza González y Marco Antonio Michel Díaz.
Adelante, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Everardo Martínez.
El diputado Everardo Martínez Sánchez:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Quise hacer uso de la palabra porque aun estando de acuerdo con muchos de los planteamientos de los oradores que me antecedieron en esta tribuna, mantengo algunas dudas que no se han contemplado. Hay coincidencia en lo general de la necesidad de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se lleve a cabo una reestructuración en su organización, todo mundo estamos en eso de acuerdo, pero no entendemos por qué se manda una iniciativa de ley tan corta, tan limitada, que no va en sus propósitos a atender, a beneficiar a la gran mayoría de derechohabientes del instituto. Por eso, mantenemos nuestras dudas, por eso no entendemos cabalmente sus propósitos.
La iniciativa y el dictamen que está a discusión contempla la creación de una estructura intermedia que desde nuestro punto de vista es una estructura que va a venir a burocratizar más la prestación de los servicios. Por eso, queremos hacer, con todos ustedes, algunas reflexiones para que llegado el momento, de hacer una verdadera reforma de organización y de reestructuración, las tomemos en cuenta.
Esta iniciativa y este dictamen no contemplan cabalmente que el aparato administrativo que actualmente tiene el instituto es un aparato burocrático que rebasa su personal de confianza en mucho, lo que está contemplado en la normatividad de la ley y del contrato colectivo de los trabajadores. El contrato colectivo estipula un máximo de 10% de trabajadores de confianza y actualmente está alrededor del 20%, es el doble, y este 20% absorbe más del 50% de la nómina del instituto.
El proyecto de dictamen no contempla ningún beneficio para el grueso de la población derechohabiente que es el 90% y está orientado exclusivamente, en teoría, a proporcionar mejor servicio a un escaso 3%, que va orientado exclusivamente a la atención del tercer nivel. Por eso, para nosotros la duda es razonable y la seguimos manteniendo.
No contempla cabalmente tampoco que se vaya a solucionar el problema de fondo del abasto de medicamentos en las unidades operativas, ni la prestación de servicios y prestaciones económicas a los derechohabientes. Como también ya se dijo, no especifica las atribuciones y no limita las atribuciones del consejo técnico, donde deja la posibilidad abierta de que 12 personas, 12 integrantes exclusivamente del consejo técnico, decidan la suerte de 40 millones de derechohabientes.
Insistimos en que la iniciativa no especificaba claramente la regionalización, queda abierta la atribución para que el consejo técnico cree las regiones que juzgue convenientes. Por eso, consideramos que una instancia más intermedia en lugar de agilizar pudiera ser que fuera a obstaculizar y a dificultar la solicitud de los servicios y de las prestaciones de los demandantes.
Nosotros decimos que si realmente se quiere una reorganización y una reestructuración, hay elementos bastantes para que se lleve a cabo. Yo creo que es necesario y voy a dejar en esta honorable Cámara la duda y la propuesta de que cuando se aborde de fondo una reforma integral, hay que proponer que en el Seguro Social se acabe con las nóminas secretas; hay que proponer que se modifique el régimen de pensiones vitalicias que se otorga a todos los funcionarios del IMSS, que son una carga económica muy grande y que redunda finalmente en la disminución de la calidad de los servicios a los derechohabientes.
Por estas reflexiones me voy a permitir dar lectura a un pequeño documento que se preparó para tal fin. Dice así:
"Se presentó para su discusión la Iniciativa de Reformas a la Ley del Seguro Social, para su reorganización administrativa, que consiste en la formación de direcciones regionales con sus respectivos consejos consultivos regionales.
Estas nuevas instancias se definirán con base en la regionalización existente, creada a partir de la organización de los servicios de salud de alta especialidad (tercer nivel).
La iniciativa se propone fortalecer las responsabilidades de índole normativo, como la planeación integral, así como la coordinación y el control de sus diversas unidades y desconcentrar las actividades de carácter operativo, prestación de servicios médicos y otorgamiento de beneficios económicos y sociales.
Consideramos que la descentralización y transparencia en la administración del IMSS como un reclamo de la sociedad, los legisladores lo debemos atender a partir de racionalizar las estructuras administrativas actuales, reduciendo el centralismo en la toma de decisiones y que se traduzca en un menor gasto administrativo, particularmente en la disminución del personal de confianza.
Es plausible que se intente reducir estructuras y pasos administrativos y trasladar al ámbito territorial y unidades operativas, las facultades de decisión y autonomía financiera. Sin embargo, contrariamente a los propósitos de la iniciativa de avanzar en la simplificación administrativa, el análisis de la iniciativa apunta a un crecimiento de la estructura administrativa al formarse diez direcciones regionales y sus respectivos consejos, frenando el traslado de decisiones y autonomía financiera a las delegaciones estatales ya constituidas y sus respectivas unidades operativas, agregándose un nivel intermedio de decisión por encima de las unidades operativas. De esta manera se amplían las instancias de gestión y resolución de conflictos, pasando de la prestación de servicios de la unidad operativa, a la delegación estatal, dirección regional y nivel central.
La consecuencia de estos cambios significa que los trabajadores y los patrones, para la celebración de convenios o el disfrute de prestaciones médicas y económicas tendrán que recorrer de la unidad operativa a la delegación estatal y de la dirección regional al nivel central, ampliando el viacrucis en tiempos y distancias para la solución y disfrute de los beneficios del IMSS.
Llama la atención que la iniciativa de reforma a los artículos 253, 257, 258, de la Ley del IMSS duplican sus funciones. Los criterios de regionalización resultan incoherentes para la organización de los servicios y resolución de controversias, debido a que más del 90% de los procesos de atención, se dan a nivel estatal y sólo el 3% de los servicios se organizan con la regionalización propuesta, que tiene como punto de referencia los centros médicos regionales.
La iniciativa desconcentra sólo parte de la gestión administrativa que concentra el consejo técnico a nivel central y conservando para éste las decisiones de control financiero, de abasto y de operaciones del instituto, que representan los principales obstáculos para que en las unidades operativas y en cada Estado resuelvan más eficaz y oportunamente el otorgamiento de los servicios médicos y prestaciones económicas. De tal manera que se desconcentra trámite y se mantiene el centralismo en la toma de decisiones y en el manejo financiero.
Una deficiencia en la representación de la reforma es la carencia de un diagnóstico que explique la falta de resolución de problemas al nivel de las delegaciones estatales, así como la ausencia de una consulta con los usuarios de los servicios y los trabajadores del Instituto.
Queda la interrogante de si las direcciones regionales tendrán capacidad y facultades para mejorar los servicios, cuando a nivel delegacional no se han superado, así como que este proceso de descentralización sea un primer paso en el camino largamente anunciado de la privatización; sólo que ahora sobre la base de dirigir los esfuerzos privatizadores a la atención médica especializada del tercer nivel.
El tamaño del nuevo aparato administrativo que requerirán 10 regionales, sus costos, así como las implicaciones para el personal administrativo de base, no se explicitan.
En conclusión, la reforma retarda un proceso de descentralización real, crea un nuevo aparato burocrático y elevará las dificultades e instancias que los asegurados tienen que recorrer para obtener el disfrute de servicios y prestaciones, contrariamente a lo que se presenta en la exposición de motivos.
Por tal motivo, la fracción del Partido de la Revolución Democrática considera que es importante recuperar las propuestas de descentralización dirigidas a conceder una mayor capacidad de decisión y autonomía a nivel de las delegaciones estatales y unidades operativas, transparentando el manejo financiero y administrativo del instituto, reduciendo el personal de confianza y garantizando los derechos de los trabajadores del IMSS; una descentralización democrática que permita la participación de los usuarios y de los trabajadores del IMSS en la reorganización de los servicios de la seguridad social". Muchas gracias.
El Presidente:
Se le concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Audry Sánchez, por las comisiones.
El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
Quisiera puntualizar algunos aspectos que han tocado diputados que me han precedido en esta tribuna.
Como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, sindicalizado, soy uno de los más interesados en que no hubiera ninguna implicación laboral para los trabajadores del instituto. Una desconcentración más marcada, posiblemente sí traería problemas.
Estoy de acuerdo con algunos de los puntos, con muchos. ¿Que existe un gran número de trabajadores de confianza? Sí. ¿Que exceden el 10%? Sí y que no deben exceder ese 10%. Pero esta desconcentración, esta simplificación administrativa, disminuirá trabajadores de confianza del centro. Desaparecerán algunas subdelegaciones. Existe una subdirección de delegaciones, ésta desaparece.
En cuanto a que se pueda crear un aparato burocrático intermedio, no estamos de acuerdo. los consejos consultivos regionales se integrarán por los consejos consultivos delegacionales. Actualmente, en cada Estado de la República, existe un consejo consultivo estatal delegacional integrado por seis personas: dos representantes de los trabajadores; dos representantes de los empresarios; dos representantes del Gobierno, uno es el titular de la delegación y otro es nombrado por el gobierno del Estado.
Pues bien, esas seis personas se unirán con las de los estados aledaños para formar el consejo consultivo regional, quedando en la misma proporción el mismo número de representantes de empresarios, de trabajadores y del Gobierno. No se aumenta el número de personas. Claro que aumenta en cuanto a que habrá un director regional.
No solamente se tiene como objetivo el 3% del tercer nivel médico, no, se atenderá a los tres niveles. El mismo criterio que se usó para construir los grandes centros médicos en el país, se está usando para esta regionalización. Se formarán cabeceras regionales; es decir, por eso está en grandes ciudades y en centros muy importantes.
Sí, existe un consejo técnico, consejo técnico nacional, integrado por 12 personas; estas 12 personas representan a los tres sectores: al sector obrero, al sector empresario y al sector gubernamental. Encima de ese consejo está la asamblea, formada por 30 personas: 10 representantes de los empresarios, 10 representantes de los trabajadores y 10 representantes del Gobierno.
Ya se señalaron las regiones, ya se mencionó aquí el lugar. Pensamos que sí se reduce el centralismo y se reduce el personal de confianza en el centro.
Esto es todo. Yo pienso que se debe aprobar esta iniciativa. Gracias.
El Presidente:
Se le concede el uso de la palabra al diputado Armando Quintero.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La bancada perredista ha analizado detenidamente la propuesta que se nos ha presentado. Es innegable, y lo reconocemos de entrada, que cualquier proceso de descentralización o de desconcentración que se dé en los diversos ámbitos de la vida económica, social y política del país, transfiriendo con ello responsabilidades, decisiones, recursos, a los estados de la República, en sí mismos son hechos positivos.
Sin embargo, analizando esta propuesta particular y concreta, nosotros hemos encontrado, en efecto, algunas limitantes que consideramos no debieran existir en esta reforma. La ubicamos, por tanto, como una reforma que teniendo un inicio de propuesta positivo, es limitada y es restringida.
En la medida en que no se desconcentran los recursos económicos, manteniéndolos de manera centralizada, da la impresión de no querer dar el paso fundamental. No habrá una desconcentración y una descentralización verdadera, si no se le transfieren los recursos económicos a las instancias regionales que se está planteando. No va a haber un proceso de agilización de entrega de distribución de medicamentos a las regiones o a los estados, si éstos no cuentan con los recursos para la adquisición, compra y distribución de los medicamentos.
Por ello, nosotros pensamos que no hay razón verdaderamente explicable, racional, que haga que se mantengan centralizados los recursos económicos, a menos de que esta descentralización esté parcialmente presentada como nosotros la percibimos.
Nosotros ubicamos que la descentralización ha sido una demanda que tiene sus orígenes en los objetivos del movimiento de los electricistas, en los años sesenta, preocupación e iniciativa fundamentada en la necesidad de descentralizar las formas y contenidos de la organización y sus distintas dimensiones.
Esta demanda se concretó como eje articulador de las políticas del Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado; el perfil que se construyó en el contexto de la descentralización de la vida nacional se manifestó durante este sexenio en términos político-ideológicos, en un proceso tendiente a rescatar una de las decisiones fundamentales del Constituyente de Querétaro: el federalismo, el federalismo que se ha visto siempre como un arreglo de competencias que apoya el desarrollo democrático, porque evita la excesiva concentración del poder en una esfera gubernamental y porque busca una distribución simétrica y equilibrada de las potestades públicas entre la órbita nacional y los estados.
En este contexto, la descentralización en sentido estricto, consiste en la transferencia a la administración pública local, de facultades y con ella de programas y recursos que son ejercidos bajo la tutela de órganos que las traspasa. El órgano que recibe las facultades: Estado y municipio, posee su propia personalidad y patrimonio, así como autonomía política y no se halla bajo el control jerárquico transmisor.
Esta es la visión que tenemos los diputados perredistas y como no la vemos reflejada en la propuesta que hoy se pretende aprobar, llamamos a la reflexión para que haya un voto razonado que apunte a una descentralización verdadera, que la garantía de que los usuarios derechohabientes, en primer lugar y en segundo lugar, de los trabajadores del propio IMSS, vean descentralizadas y vean garantizadas la eficiencia y la prontitud en una institución que merece una gran atención por parte de esta Cámara de Diputados.
Por otro lado, nosotros creemos que en la medida en que no se den pasos tendientes a ir al fondo de la descentralización, el fondo de la descentralización se encuentra no en una instancia intermedia regional, sino directamente en el aprovechamiento de estructuras estatales que ya existen, que ya están ahí en cada uno de los estados, que no requieren de mandos intermedios, que no requieren ya de la creación de más personal de confianza, que no requieren ya de más instancias de calificación, sino que de manera inmediata están ya vinculadas, están ya identificadas, están ya compenetradas del conjunto de los problemas de los derechohabientes y de los trabajadores en cada Estado de la República.
Una descentralización integral, eficiente, verdadera, sería en este sentido. No vemos por qué, en la Secretaría de Educación Pública, se pudieron dar estos pasos y ahora en el Seguro Social no se dan esos mismos pasos, dando pauta a que personas interesadas con una posición reaccionaria, que vean en la seguridad social un gasto improductivo, que vean en la seguridad social un gasto oneroso, que pretexta la ineficiencia, que perjudica a los derechohabientes como un paso que fundamenta la necesidad de la privatización, los legisladores no la tomemos en cuenta para desecharla, garantizando la seguridad social como una conquista histórica que los trabajadores y la sociedad mexicana no pueden dejar que se diluya o se pierda, porque ha sido una de las grandes conquistas de la Revolución mexicana.
No estamos de acuerdo en dar paso a las voces interesadas de la Coparmex o de los grandes empresarios que quieren, con el pretexto de la ineficiencia, de los gastos onerosos, de la multiplicidad de funciones y de instancias que lesionan en último momento a los derechohabientes que se quejan a veces y con razón, hay que decirlo, de que no encuentran atención médica, pronta y eficiente, de los trabajadores que no encuentran rápidamente respuesta a sus demandas de prestaciones económicas, o de los jubilados que se quejan con justa razón de lo bajo de los salarios; mientras que al mismo tiempo se mantiene una cuestión aberrante,como ya señaló mi compañero de bancada, el pago vitalicio a funcionarios del seguro social. Debo decir que eso existía en la universidad antes y que en el rectorado del doctor Carpizo, fue rectificado ese pago vitalicio a los funcionarios, porque no corresponde, porque agrede la moralidad y la intencionalidad de que hay salarios bajos para los trabajadores y hay un deterioro en las prestaciones y hay funcionarios que ya no funcionan en el instituto y que siguen cobrando salarios significativamente altos.
Estos son hechos que nosotros queremos, los compañeros diputados de la bancada del PRD, llamar la atención de todos ustedes para que se pondere de una manera responsable y seria lo que en nuestra opinión debe ser un proceso de descentralización a fondo, que busque ir a los estados; que busque la eficiencia hacia los derechohabientes; que garantice la integridad del sindicato del seguro social; que garantice las prestaciones de los trabajadores del Seguro Social; que no incremente la burocracia del personal de confianza y, sobre todo, que garantice una descentralización democrática y eficiente.
Estas son las razones que nosotros planteamos y son los considerandos por los cuales nuestra bancada en esta ocasión, de mantenerse inalterada la propuesta, habrá de votar de manera... con un voto de abstención. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Florentino Castro.
El diputado Florentino Castro López:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
En el seno de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, muy pronto pudimos, todas las fracciones, advertir la necesidad de defender a la seguridad social mexicana y al Seguro Social en particular, como una de las grandes conquistas de los mexicanos. En esto, todos coincidimos pronto y también advertimos que una institución del tamaño del Seguro Social, cualquier esfuerzo que hagamos para acercar las decisiones, los servicios, a sus derechohabientes, era una decisión en el sentido correcto.
El seguro social, es de las instituciones que más ha abordado el tema de la desconcentración de sus funciones. La creación de una red de delegaciones en los estados y en algunos estados hasta dos delegaciones por las características geográficas de los mismos, la creación de subdelegaciones y aun de oficinas administrativas, en pequeñas comunidades, habla de una institución que ha hecho esfuerzo en esta materia.
Los sismos de 1985, permitieron iniciar un proceso de desconcentración de una materia que era casi exclusiva de la ciudad de México: la medicina de alto nivel, la medicina de tercer nivel.
Sólo una desgracia y un temblor del tamaño del 1985, fue capaz de que de esta capital de la medicina, que era el Centro Médico Nacional, pudiéramos los mexicanos descentralizar este tema, que era casi exclusivo de los capitalinos y nos dimos a la tarea de la creación de 10 centros médicos regionales, que significaron, no sólo acercar los servicios de tercer nivel, sino lo más importante, crear en la provincia mecanismos de formación de especialistas.
La ciudad de México, era el único lugar donde se formaban los especialistas del Seguro Social. Guadalajara había hecho algunos intentos, Monterrey había hecho otros; sin embargo, la creación de los 10 centros médicos regionales, le da al país la posibilidad de desconcentrar decisiones y servicios, pero sobre todo, de inundar, con la formación de especialidades, de médicos a la provincia, que costaba trabajo llevarlos después de que se graduaban en la ciudad de México.
La propuesta que hoy discutimos es un paso más en este proceso del Seguro Social. La creación de las 10 direcciones regionales, permite y debe permitir, compañero diputado, por supuesto, que decisiones como las de abasto, que decisiones como las de obras y mantenimiento, estén cerca de las farmacias, de los almacenes, de los hospitales.
Así pues, que a nombre de los diputados priístas, yo les pediría que pudiéramos votar este nuevo intento de acercar, con la creación de estas 10 direcciones regionales, al Seguro Social, seguros que en este tema hay unanimidad entre todos los diputados...
El Presidente:
Señor diputado, se le agotó su tiempo, por favor.
El diputado Florentino Castro López:
Permítame, deje decirle la unanimidad nada más Hay una unanimidad entre todos los diputados mexicanos, que hay que defender a la seguridad social y al órgano que la representa en el país, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría, a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario Gonzalo Alarcón Bárcena:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Se reserva para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al término de la discusión en lo particular.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión, en lo particular, los siguientes artículos: 253 fracción XIV, 257-bis fracciones II y VI y artículo 258-bis fracción II.
El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida (desde su curul):
Señor Presidente, moción de orden. De acuerdo con el 117, se tiene que votar en primer lugar en lo general.
El Presidente:
Ya se votó, señor diputado.
El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida (desde su curul):
No, se votó si estaba suficientemente discutido.
El Presidente:
Solicito a la Secretaría, ponga a consideración si se reserva en lo general y en lo particular para votación nominal en un solo acto, al término de su discusión en lo particular.
El secretario Pablo Moreno Cota:
En votación económica, se consulta a la Asamblea si se reserva la votación para un solo acto en lo general y en lo particular.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se reserva, señor Presidente.
El Presidente:
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Sánchez Ochoa.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:
Señor Presidente, quiero solicitar su autorización para abarcar en conjunto los artículos que he reservado.
El Presidente:
Adelante, señor diputado.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Mi intervención es a título personal. Los compañeros de mi partido ya expresaron a través de la opinión del diputado Manuel Baeza González, la tesis que sobre este asunto la fracción parlamentaria de la que formo, parte, ha sostenido aquí en este pleno.
Sin embargo, en ocasiones y por el mismo proceso o conjunto de procedimientos como llevamos a cabo los análisis de las distintas iniciativas de ley, algunos diputados nos vemos en la necesidad de expresar una opinión que consideramos fundada. Tal vez no sea la verdad, pero si en conciencia estamos convencidos de ello y somos diputados, no tenemos otro camino que expresarla a riesgo de equivocarnos, pero con el afán de participar nuestras reflexiones ante ustedes.
Según los autores del dictamen, la iniciativa de modificación y adición de algunos artículos de la Ley del Seguro Social, de aprobarse, constituirá una adecuación de la institución a las exigencias del servicio oportuno y eficaz que debe prestar a los mexicanos. Sin embargo, al leer el texto del articulado en su redacción definitiva, yo tengo dudas fundadas sobre el logro del objetivo pretendido y en el procedimiento sólo me queda el venir a plantearlas aquí, en el pleno.
Señoras y señores diputados, quiero ser escuchado, porque al hablar ante ustedes lo hago con el afán de servir y desempeñar responsablemente mi función legislativa y como solo y aislado sería inhábil, vengo a compartir mis inquietudes y dudas con ustedes, representantes de la nación.
Así, como algunos de ustedes han expresado sus convicciones ante todos nosotros y yo he cuidado de escucharlos y analizar sus razonamientos antes de emitir mi voto, así ahora quiero, con sencillez y tal vez no mucha humildad, señoras y señores diputados, exponer mis reflexiones y estoy seguro que la sabiduría y poder de muchos de ustedes no será óbice para aceptar, escuchar mis sencillas consideraciones y atender mis argumentaciones y cuando a las mismas les haga falta el esplendor de la juridicidad, otórguensela ustedes, señores diputados, que yo no pretendo otra cosa que contribuir con mi esfuerzo al trabajo de la Cámara de Diputados.
Quienes vivimos en las ciudades, poblaciones y rancherías alejadas y lejanas de la capital, estamos íntimamente convencidos de la necesidad acuciante de finiquitar el centralismo político, económico y cultural que padecemos y no puede ser de otra manera, puesto que nuestra experiencia nos enseña que el centralismo es causa de los más profundos de nuestros graves problemas. Por eso, cuando en el dictamen se afirma que la regionalización de las administraciones del Seguro Social es para descentralizar las decisiones operativas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el afán de mejorar y ofrecer con mayor oportunidad y más eficiencia los servicios que presta, no podemos menos que pensar en un voto de aprobación; pero al leer detenidamente el texto descubro que el espíritu centralista se niega a morir.
Pareciera que a los mexicanos nos es connatural la actitud de subordinación y yo creo que podemos abrir cauces más amplios y seguros al servicio oportuno, eficaz y justo del Seguro Social, si somos capaces de crear estructuras organizativas inspiradas en el deseo auténtico de servir bien a los derechohabientes.
Una de las expresiones persistentes del autoritarismo y el centralismo en México es la discrecionalidad otorgada por ministerio de ley muchas veces, a las autoridades centrales y, esa discrecionalidad vuelve a aparecer en el texto de la fracción XIV del artículo 253 que la iniciativa pretende modificar.
En efecto, dicho texto otorga al consejo técnico la atribución para intervenir de oficio, conociendo y resolviendo asuntos competencia de los consejos consultivos regionales y yo me pregunto, ¿entonces en qué quedamos?, ¿o descentralizamos o no descentralizamos?, ¿o se les da competencia real y efectiva?, ¿o sólo cuando el consejo técnico central lo considere conveniente podrán decidir lo que en derecho les compete?
La intervención de oficio es por su misma naturaleza obligatoria para los organismos inferiores y si por ministerio de ley conferimos a dichos consejos técnicos derechos para intervenir cuando por sus funciones lo consideren conveniente, de hecho estamos insertando en la existencia misma de los consejos consultivos regionales, que supuestamente descentralizan la inseguridad y la desconfianza y estos vicios del espíritu humano y de las instituciones los incapacitan para servir con oportunidad, eficacia y firmeza. Pero la duda es más fuerte aún si leemos detenida y cuidadosamente el texto aducido y tratamos de comprender las limitaciones que el redactor originario impuso al texto, cuando en la oración relativa afirma que por su importancia, trascendencia o características especiales, así lo ameriten.
Quiere decir, a contrario sensu, que los consejos consultivos regionales sólo resolverán asuntos sin importancia, sin trascendencia y con características generales. Entonces, ¿en dónde radica el cambio hacia la descentralización? Crear organismos así, cuyas decisiones pueden ser invalidadas de oficio, ¿qué sentido tiene? ¿O acaso esta reforma sólo pretende aumentar, como ya lo han cuestionado algunos de nuestros compañeros, los puestos a disposición de quienes cada sexenio esperan su oportunidad? Y la oportunidad de quienes con nuestras cuotas y nuestro trabajo hemos hecho posible la existencia del Seguro Social y la seguiremos haciendo, ¿hasta cuándo llegará?
Señoras y señores, autores del dictamen: estoy convencido, así en singular, que este texto contradice los importantes objetivos explícitos en la iniciativa y que ustedes reconocen como válidos y que los mexicanos dolientes exigimos desde hace mucho tiempo.
Por lo antes dicho, propongo sea modificado el aludido texto para quedar como sigue:
Artículo 253, fracción XIV: "Conocer y resolver, a petición de los directores regionales, aquellos asuntos competencia de los consejos consultivos regionales que le sean sometidos a su consideración".
Inicio mi segunda intervención. Saben los constitucionalistas, juristas y estudiosos del derecho aquí presentes, que vivimos en un régimen jurídico-político de facultades expresas. En él, quienes ejercemos el servicio de la autoridad, sólo podemos actuar de conformidad con lo mandado en la ley.
Nuestros derechos derivan de nuestro deber de servir a la comunidad y nuestros actos de autoridad no pueden estar por encima de la ley, pero ésta, además de inspirarse en la justicia, ha de ser clara, precisa y limitante del ámbito de acción y decisión de quien ejerce las funciones de poder administrativo o político en cualquiera de los niveles o de Gobierno o de servicio del Estado mexicano.
Por ello, las atribuciones propias de los órganos competentes de las instituciones deben ser enumeradas y definidas en las normas jurídicas.
Dejar espacio a la discrecionalidad es restarlo a la libertad responsable de los ciudadanos y equivale a abrir espacios a la arbitrariedad bajo el cobijo de una desnaturalización de la norma jurídica.
En esta iniciativa parece que su autor quiere transformar la ley de expresión de derecho en fuente del mismo.
La ley sólo es la formulación actual y adecuada del derecho y por lo mismo, tiene que ser expresión de justicia, una expresión que entraña en su interpretación y aplicación el valor de la seguridad jurídica, de la certeza jurídica.
En efecto, durante siglos, los pueblos de Europa buscaron afanosamente transitar del derecho consuetudinario al derecho escrito para darse asimismo justicia cierta y segura.
A mi manera de ver, al otorgar al Consejo Técnico del Seguro Social capacidad legal para dar atribuciones a los consejos consultivos regionales, equivale a dotar al mismo de amplísimas atribuciones que por sí mismas caerían en el campo de la discrecionalidad y por lo mismo, de la arbitrariedad, pues sucederá entonces que lo que unos integrantes del consejo técnico pongan, otros integrantes lo podrán quitar, convirtiendo así el campo de la normatividad en amplio campo de experimentación y búsqueda de derechos y deberes, atentando así contra la legítima exigencia de seguridad jurídica por parte de los ciudadanos mexicanos.
La formulación precisa de la norma jurídica no se riñe con su justa adecuación en el tiempo y en el espacio. La vigencia del estado de derecho, es vigencia efectiva de un orden constitucional, con leyes estables e iguales para todos. El dar capacidad al consejo técnico y peor aún, al director general para conceder atribuciones a los consejos consultivos regionales, equivale, a mi humilde manera de ver, a generar inestabilidad legal y jurídica en el ámbito de la seguridad social, lo que por sí mismo es una verdadera contradicción.
Un acto legislativo así contribuirá a deformar aún más la conciencia de quienes en México consideran la ley como algo relativo y sujeto a vaivenes y cambios, según soplen los vientos. Con atribuciones así no avanzamos hacia la elevación del derecho como condición fundamental de la prestación de los servicios de seguridad social en nuestra convivencia.
Teniendo en cuenta lo antes dicho, propongo que la redacción del artículo 257-bis en su fracción VI quede como sigue:
Artículo 257-bis. "Los Consejos, etcétera. fracción VI, Los demás que señalen esta ley y su reglamento".
Hay también en el artículo 257-bis fracción II, a mí, manera de ver, la necesidad de rehacer la redacción para darle mayor claridad en la fracción II; la claridad de la ley es fundamental para su interpretación y su aplicación. Yo propongo la siguiente redacción, por ese motivo nada más, porque considero que clarificaría el texto:
Artículo 257-bis, fracción II. "Conceder, modificar o realizar en los términos de ley las prestaciones económicas diferidas".
Quiero finalmente, señoras y señores diputados, expresar unas breves reflexiones sobre el artículo 258-bis fracción II: se le concede en este texto el poder de veto al director regional en el ámbito de su circunscripción territorial.
Pero los supuestos en que se basa ese poder de veto, a mi manera de ver también, son demasiado amplios. Prácticamente considero yo que si se aplica el texto tal y como está aquí, así esa supuesta mínima descentralización que se daría con la creación de los consejos consultivos regionales, cuya integración propiciaría precisamente el recoger más amplia, más profundamente las inquietudes de los derechohabientes de la región o de la zona en donde existan ellos, se haría nugatoria por la manera como se le conceden atribuciones a los directores regionales de vetar las decisiones del consejo consultivo regional.
En efecto, la ley dice que podrán vetar los acuerdos de ese consejo consultivo si no se observa lo dispuesto por la ley. Evidentemente es correcto, no faltaba más, que si no han cumplido con la ley, todavía pudiesen operar. También se dice que puede vetar cuando no cumplen, no respetan sus reglamentos; evidentemente también está bien, pero cuando amplían la capacidad de vetar y la someten a que los consejos consultivos, si no se ajustan a los criterios del honorable consejo técnico o a las políticas institucionales, aparece con todo el vigor y con toda la claridad el espíritu centralista. Tienen miedo de dar un pequeño paso en la descentralización, tienen miedo que los consejos consultivos regionales vayan a tomar decisiones que rompan con la férrea disciplina del centralismo que tanto ha impedido un auténtico desarrollo al Seguro Social y entonces, ponen una serie de candados, ponen una serie de limitaciones que prácticamente hacen inútil o hacen irreal esa supuesta descentralización.
Porque los consejos consultivos tienen que someterse a los criterios del consejo técnico y a las políticas institucionales. Por lo tanto, la creatividad, la responsabilidad, el conocimiento de la región, el saber de las necesidades que haya, no tiene ningún sentido. Yo creo, pues, que esta ley aparentemente descentraliza, pero pone tantos candados, que en realidad lo que va a hacer es únicamente burocratizar.
Con todo respeto, propongo esas modificaciones a la comisión. Sé, por lo que me han anunciado anteriormente, que las van a rechazar. Yo he cumplido con mi deber, como lo seguiré cumpliendo, a pesar de lo que sea. Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia, considera que no hay reservación de artículos, sino una propuesta que en lo personal ha hecho el diputado José de Jesús Sánchez Ochoa y no habiéndose registrado oradores en pro o en contra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del decreto que reforma la Ley del IMSS y, en lo que a la propuesta se refiere, se le dará el trámite que señala el reglamento.
El secretario Gonzalo Alarcón Bárcena:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. (Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 380 votos en pro y nueve en contra.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a poner a consideración de la Asamblea, la propuesta presentada por el diputado Sánchez Ochoa.
La secretaria Nohelia Linares González:
Artículo 253, fracción XIV: "Conocer y resolver a petición de los directores regionales aquellos asuntos, competencia de los consejos consultivos regionales que le sean sometidos a su consideración".
Artículo 257-bis, fracción II: "Conceder, modificar o rechazar en los términos de ley, las prestaciones económicas diferidas".
Artículo 257-bis, fracción VI: "Los demas que señale esta ley y su Reglamento".
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Seguro Social.
El secretario Pablo Moreno Cota:
Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.
LEY QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES (II)
El Presidente:
La Secretaría informa que el dictamen relativo al proyecto de Ley que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones Fiscales (miscelanea), se encuentra debidamente firmado.
En atención a que dicho dictamen ha sido impreso y se esta distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría, consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El diputado Efrén Nicolas Leyva Acevedo: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
*********************Es de primera lectura.
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1995 (II)
El Presidente:
La Secretaría informa a esta Presidencia, que el dictamen relativo al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1995, se encuentra debidamente firmado.
En consecuencia y en atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Ana Lilia Cepeda de León: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El diputado Víctor Cruz Ramírez (desde su curul): Señor Presidente, para una aclaración.
El Presidente: Ya se votó. A ver, tiene la palabra, señor diputado.
El diputado Víctor Cruz Ramírez:
Gracias, señor Presidente; señores secretarios; pleno de la cámara:
A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, quiero nada más informarles que ya a los miembros diputados de la Comisión de Hacienda nos fue entregado el dictamen que se está comentando, para firma. Muchas gracias.
La secretaria Ana Lilia Cepeda de León:
Se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
*********************Es de primera lectura.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL (II)
El Presidente:
La Secretaría informa a esta Presidencia, que el dictamen de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la administración pública federal se encuentra debidamente firmado.
En consecuencia y en atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la administración pública federal expedida por el honorable Congreso de la Unión el 22 de diciembre de 1976 y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre del mismo año.
En ejercicio de la facultad establecida en la fracción primera del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, somete la iniciativa en cuestión a la consideración del honorable Congreso de la Unión.
Esta Comisión con fundamento en los artículos 48 y 56 de la ley Orgánica; 55, 56, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la presente bajo las siguientes:
CONSIDERACIONESLa Ley Orgánica referida, deriva de las normas contenidas en los artículos 90 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; uno que organiza la función pública y el otro que señala principios de eficiencia, eficacia y honradez en el manejo de los recursos económicos de que disponga la administración pública federal.
En consecuencia, procede revisar la iniciativa referida y en tal virtud, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a la consideración del pleno, el dictamen sobre el contenido y alcances de la misma con el fin de aprobar, en su caso, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la administración pública federal que entró en vigor, el 1o. de enero de 1977 y que para el caso que nos ocupa, se refiere a sus artículos 1o., 4o., 26, 27, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 37, 38 y 43.
Una vez establecida la constitucionalidad de la iniciativa referida, puesto que cumple en tiempo y forma con los requisitos establecidos en nuestra Carta Magna, procedemos al análisis correspondiente.
De principio, esta comisión decidió precisar el ámbito de acción al cual remite la Ley Orgánica de la administración pública federal y ha encontrado en el segundo párrafo del artículo 1o., que la Procuraduría General de la República está incluida como parte de los órganos administrativos, cuando la Constitución Política ubica específicamente su actuación en el artículo 102 y se rige por su propia Ley Orgánica. Consiguientemente, se propone a este pleno la supresión del nombre de la Procuraduría General de la República del texto del párrafo mencionado, así como la derogación del artículo 4o. de la citada ley.
Ahora bien, la reforma administrativa planteada en la iniciativa presidencial, pretende establecer, en primer lugar, un conjunto de acciones que configuren una política pública actualizada. Se sustenta en la posibilidad de promover una gestión participativa con los diversos sectores sociales; es decir, modifica el concepto de otorgarle al Gobierno la responsabilidad única de la gestión, para abrirlo a la sociedad en un sentido de corresponsabilidad mediante una participación comprometida.
Es preciso señalar que esta reforma administrativa se enmarca en el contexto de transición económica, política y social, por el que atraviesa la nación mexicana y en el mismo debe entenderse su carácter dinámico.
Con respecto al desarrollo económico y social, la exposición de motivos de la reforma reconoce el avance en varios rubros que han fincado el desarrollo, pero advierte sobre su iniquidad desde el punto de vista social y sobre su desigualdad desde la óptica regional. Por tales motivos, se trata de dotar orgánicamente al Gobierno a objeto de resolver las graves contradicciones derivadas de un vertiginoso incremento de la población, frente a un más lento crecimiento económico.
En este contexto, es deseable y factible plantearse objetivos netamente administrativos de carácter público, tendientes a corregir desviaciones y errores estructurales en el aparato gubernamental, orientados a aumentar la eficacia, eficiencia y congruencia en la función pública.
Son varios los planteamientos desprendidos del análisis de la iniciativa y vale la pena distinguirlos.
Las modificaciones planteadas se fundamentan en un principio organizacional básico, consistente en agrupar funciones de carácter y naturaleza similar o conexa, bajo un solo mando.
Plantea como objetivo la desconcentración y descentralización de operaciones y funciones, buscando asociar la administración federal a la responsabilidad de estados y municipios y la de la comunidad organizada.
Un propósito explícito de la reforma, consiste en promover el desarrollo social corrigiendo lo antifuncional que obstaculiza el logro de tal fin. Por ello, define concretamente la política de combate a la pobreza y miseria y la atención específica de comunidades indígenas, esto, es, focaliza una política propositiva para conducir un cambio deseado y fundamentalmente cualitativo: equilibrar el desarrollo integral del país.
Sustenta el fomento a la economía en la política de creación de empleos, enfatizando su acción en el desarrollo rural.
Por otro lado, postula la necesidad de dar atención prioritaria al problema de los energéticos como recursos no renovables, pivote del desarrollo y generadores de riqueza. Al medio ambiente, lo identifica como recurso escaso, para cuidarlo con esmero y vincularlo: por una vertiente, a los programas de desarrollo económico y por la otra a una convivencia social sana. De ahí fundamenta la necesidad de agrupar bajo un solo mando la política ambiental, la de los recursos naturales y la concerniente a pesca.
En suma, cambia el concepto de gestión pública unilateral por uno de gestión pública participativa entre varios ámbitos de Gobierno y en distintas regiones.
Es una reforma cimentada en la modernización, conceptuándola como un proceso permanente de cambio y no como un fin en sí mismo. El bienestar social se asume a manera de meta integral; aspira a detener tendencias negativas en el desequilibrado desarrollo del país y revertirlas; primero, para romper círculos viciosos de pobreza, miseria y subordinación y segundo, para favorecer un proceso sustentado en una mayor participación de todos los ámbitos de Gobierno y de la sociedad en su conjunto.
Persigue coordinar el esfuerzo nacional, mediante los instrumentos de la administración pública federal, promoviendo la organización social y política que debe aportar plenamente su participación integral para fortalecer las metas fundamentales de la nación.
En este orden de ideas, resulta importante señalar que el propósito no es crear nuevas estructuras orgánicas sino, a partir de la estructura actual y en lo posible, atender la nueva realidad social con el mismo personal, presupuesto y recursos materiales.
Actualmente integran la administración pública federal, 17 secretarías de despacho y un departamento administrativo, la reforma no modifica tal situación; plantea la conveniencia de traslados funcionales, transferencias presupuestales y movimientos de recursos humanos y materiales, dentro del propio sistema: Concretamente, afecta a nueve secretarías de despacho.
En primer lugar, permanece en la ley la Secretaría de Desarrollo Social, con ese nombre pero con atribuciones más apropiadas a sus objetivos, las cuales se aclaran en su contenido. Por lo tanto, la reforma a esta Secretaría se orienta a conferirle básicamente las siguientes atribuciones:
1. Combatir la pobreza y la miseria.
2. Atender grupos marginados en zonas urbanas, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales respectivos.
3. Atender grupos marginados en zonas rurales, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural.
4. Definir y aplicar una política de desarrollo integral para las comunidades indígenas, con la participación que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
5. Coordinar una política de desconcentración de la administración pública federal, para apoyar el desarrollo regional.
6. Coordinar una política de descentralización de acciones, funciones y actividades del Gobierno Federal hacia los estados y municipios, para fortalecer el desarrollo local.
7. Definir y aplicar una política de desarrollo urbano a nivel nacional.
8. Definir y aplicar una política de vivienda acorde con las necesidades del bienestar social.
En este contexto, la articulación de las atribuciones de esta Secretaría, proviene de la ya existente Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en razón del abasto y comercialización de leche y tortilla subsidiados y de bienes de consumo popular. En esta dependencia se reubicará sectorialmente la Corett, para apoyar la política de desarrollo urbano y naturalmente, se le definen nuevas atribuciones, planteando la coordinación necesaria con otras dependencias en lo relativo a sus funciones.
Cabe destacar el hecho de que esta comisión recogió la propuesta de algunos de sus miembros, en el sentido de incorporar al texto de la ley, en las fracciones III y IV del artículo 32, la coordinación con los gobiernos municipales, además de los estatales.
Por lo tocante a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se amplía su rango de actuación, adicionando a la tarea de controlar los hechos administrativos, la atribución de promover una gestión eficaz, eficiente y congruente, conforme a la realidad socioeconómica y política de la nación.
Lo anterior implica asumir facultades más precisas con el fin de desregular los trámites ante el poder público y contribuir a una más fluida convivencia económica y social; capacitar y preparar cuadros idóneos para la realización de sus funciones y conducir procesos de desconcentración y descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal hacia los estados y municipios, favoreciendo el federalismo.
Esta nueva Secretaría recibe, en gran medida, la responsabilidad de apoyar el desarrollo de personal al servicio de la Administración Pública Federal.
Cabe mencionar en este momento, que la iniciativa plantea la reforma al artículo 26 de la ley, con el propósito de modificar la nomenclatura de cuatro dependencias: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que bajo esta denominación pretende encauzar una acción integral en estas materias; Secretaría de Energía, para acotar esta sola materia dentro de una responsabilidad primordial y unitaria; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con el fin de atender el fomento en el campo y Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa, para ubicar en ella los propósitos de cambio netamente administrativo.
Sin embargo, esta comisión decidió simplificar la nomenclatura aludida sin perjuicio de sostener en su mayor parte las atribuciones propuestas. Así, se propone al pleno que acepte las siguientes denominaciones: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (aunque permanezca como parte de sus atribuciones la política pesquera) y Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (con el fin de precisar como su tarea básica el mejoramiento permanente y constante de la función pública).
Debido a lo anterior, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo que ocupa nuestra atención, se estructura con las atribuciones provenientes de la actual Secretaría de la Contraloría General de la Federación, algunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras de la Secretaría de Desarrollo Social. En suma, le corresponderá:
1. Realizar las funciones de control del ejercicio del gasto, con el propósito de prever su manejo escrupuloso de acuerdo con el marco legal y los criterios de contabilidad gubernamental y conforme a los principios de eficiencia, eficacia y honradez, establecidos en el artículo 134 constitucional y cuya inobservancia genera responsabilidades y sanciones por lo dispuesto en el Título Cuarto de la propia Constitución General de la República.
2. Prevenir actos y conductas desviados de los objetivos de servicio público.
3. Definir y aplicar una política de simplificación administrativa en las estructuras y procedimientos de la administración pública federal.
4. Promover una política de desconcentración y descentralización de funciones y facultades de las dependencias y entidades de la administración pública federal, hacia los estados y municipios, en coordinación con los órganos administrativos involucrados.
5. Establecer una política de desarrollo de personal al servicio de la administración pública federal, incidiendo particularmente en la capacitación y formación de recursos humanos.
6. Asumir la política y la administración relativas a los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Federal.
A propuesta de miembros de esta comisión, se decidió eliminar de las atribuciones de esta Secretaría, la contenida en la fracción XXIV del artículo 37 de la ley, relativa a la administración de los terrenos baldíos, nacionales y demasías, por estar ya comprendida para la Secretaría de la Reforma Agraria, en el texto de la propia ley.
En resumen, esta Secretaría se constituye en promotora del desarrollo administrativo público.
En función de la modificación a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se agregan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tres atribuciones en el artículo 31: la que se refiere a la opinión, previa a su expedición, sobre los proyectos de normas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y desincorporación de activos, servicios y ejecución de obras públicas de la administración pública federal y la de establecer normas y lineamientos en materia de administración de personal y finalmente, la de ejercer el control presupuestal de los servicios personales, dictaminando las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal, precisando esta comisión, que como en el caso anterior, la atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se corresponsabilice con la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Del análisis de la nueva Secretaría de Energía, destaca la concepción de una dimensión normativa y reguladora, manteniendo el liderazgo del Estado, en la producción, distribución, comercialización y consumo de energía, hidrocarburos y minerales radiactivos. Estará abocada específicamente a:
1. Lograr la coordinación en la producción, distribución, comercialización y consumo de energía.
2. Promover nuevas fuentes de energía y fomentar el ahorro de la misma.
3. Promover la inversión privada para desarrollar fuentes alternas y aprovechar las existentes, sin menoscabo de lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Regular las acciones energéticas mediante una política racional, que enfatice la protección del medio ambiente.
5. Promover la investigación sistemática, utilizando la experiencia y desarrollos realizados por los institutos especializados del sector.
6. Mejorar el desempeño de los organismos públicos del sector.
El énfasis que debe darse a la protección del medio ambiente, motivó que esta comisión haya decidido agregar el concepto de protección al medio ambiente en las fracciones III y V propuestas en el artículo 33.
La Secretaría de Energía conserva así parte de las atribuciones de la actual Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, sólo que con una mejor definición de los objetivos que se persiguen en la materia. En consecuencia, el bloque de facultades concernientes a la regulación y explotación minera, así como a su fomento, pasa a ser parte de las atribuciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
La nueva dependencia llamada Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se constituye con facultades provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social; de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; de la Secretaría de Pesca y con la adición de nuevas atribuciones.
La creación de esta Secretaría reconoce la inminente necesidad de atender nuestro deteriorado medio ambiente, trátese, en un sentido amplio, de subsuelo, suelo, aire o agua. Resulta clara la intención de ubicar bajo un solo mando, actividades tan relacionadas como la preservación y el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y la pesca.
Enfoca su acción a la participación social y a la necesidad de establecer una política ambiental integrada e integral, como la base de un desarrollo sustentable, reconociendo que toda actividad social e individual afecta directa o indirectamente al medio ambiente; por ello, la regulación tiende a conciliar las demandas de la protección ecológica, con la flexibilidad exigida por el desarrollo económico y la convivencia comunitaria.
Esta Secretaría está prevista para regular un ecosistema a largo plazo, por eso le compete, definir y aplicar las políticas referentes a:
1. La protección ambiental a nivel nacional, con la correspondiente participación de los estados y municipios y la sociedad organizada.
2. El cuidado, explotación y aprovechamiento hidráulicos, en estrecha coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
3. El cuidado y explotación de bosques, en estrecha coordinación, también con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
4. La protección de áreas naturales, fauna y flora silvestre, con la participación de los estados y municipios y de la sociedad organizada.
5. La actividad pesquera, en estrecha coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
En la dependencia que nos ocupa, se reubicará sectorialmente la Comisión Nacional del Agua, la cual conservará sus estructuras y programas con el propósito de que continúe manejándose este recurso por medio de una política unitaria, tal y como lo establece el artículo tercero transitorio propuesto por esta comisión.
La reforma administrativa se articula, asimismo, con la creación de la nueva Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a fin de establecer un instrumento administrativo que concrete los objetivos establecidos en el artículo 27 constitucional.
Esta dependencia privilegia la acción de fomento a la agricultura y ganadería y de énfasis a la capacitación para la producción y la productividad, brindando el marco de referencia para la organización productiva.
Su estructura orgánica asume atribuciones actuales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Asimismo, se le incorporan nuevas tareas, por lo que en su conjunto tendrá la responsabilidad de:
1. Definir, aplicar y evaluar la política de desarrollo rural.
2. Promover la inversión pública, social y privada en el campo, con el propósito de aumentar la producción, desarrollar la productividad y promover el empleo.
3. Fomentar programas de organización, capacitación y especialización de los productores rurales que promuevan mayor rentabilidad y desarrollen la competitividad interna y externa.
4. Estimular investigaciones agrícolas y pecuarias que tiendan a elevar la producción y la productividad en el campo.
5. Apoyar la producción agrícola y ganadera.
6. Promover la industrialización de los productos agrícolas y pecuarios y su distribución, comercialización y consumo.
7. Brindar asesoría técnica y financiera para desarrollar proyectos productivos.
8. Promover la producción artesanal, su industrialización, distribución, comercialización y consumo.
Esta nueva Secretaría habrá de coordinarse estrechamente con la de Desarrollo Social y la del Medio Ambiente y Recursos Naturales, procurándose expresamente su participación en lo relativo a los recursos hidráulicos y la conservación de bosques.
En esta Secretaría se reubicará el sistema Conasupo, a excepción de Liconsa, Diconsa y el programa del subsidio a la tortilla, que pasan a formar parte del Sector de la Secretaría de Desarrollo Social, como mencionó con anterioridad.
Igualmente, bajo la coordinación de esta nueva dependencia quedará el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad.
A la Secretaría de Educación Pública, se incorporan dos atribuciones; una referida a la administración del patrimonio inmobiliario cultural que correspondía a la Secretaría de Desarrollo Social y otra relativa al manejo integral de la política del deporte.
Por lo que se refiere a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, además de recibir, por decisión de esta comisión, las facultades de explotación y fomento minero, se precisan tres de sus atribuciones: una para procurar la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; otra para perfeccionar la materia de registros mercantiles a nivel federal y la última para fomentar el pequeño comercio rural y urbano.
Por su parte, esta comisión, decidió adicionar tres atribuciones a la Secretaría de Gobernación; dos que sustentan su autoridad en las materias de protección civil y protección ciudadana, que ha venido coordinando desde hace varios años con fundamento en las leyes secundarias y en su propio Reglamento Interior y una que se refiere a desarrollar una política de apoyo específico a la mujer.
Como se puede apreciar, las modificaciones propuestas por el Ejecutivo proveen, por un lado, un mejor orden administrativo y por el otro, se orientan a fomentar la economía a nivel global, conciliando el crecimiento con un desarrollo sustentable y un bienestar social integral. En última instancia y por tratarse de un dinámico instrumento, las modificaciones, adiciones y derogaciones del articulado de la Ley Orgánica de la administración pública federal, promueven un positivo cambio permanente en el aparato administrativo público y en la realización de sus funciones.
Por lo expuesto, esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, una vez que ha analizado la iniciativa de modificaciones a la Ley Orgánica de la administración pública federal sometida a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERALArtículo único. Se reforman los artículos 1o., segundo párrafo; 26; 31 fracciones XXI, XXII y XXIV; 32 fracciones I, III, IV, VIII, X, XIV a XVIII; 32-bis; 33; 34 fracciones IX, XIV, XV y XXVII; 35; 38 fracciones XXI y XXV; se recorren en su orden las actuales fracciones XXVII a XXXII del artículo 27 para ser XXIX a XXXIV, y se adicionan las fracciones XXVII, XXVIII y XXVIII-bis al propio artículo 27; las fracciones XXVII a XXX al artículo 34 y un artículo 37 y se derogan, el artículo cuarto y las fracciones XVIII a XXXIII, del artículo 32; las fracciones XXII a XXXVIII del artículo 35, y el artículo 43 de la Ley Orgánica de la administración pública federal, para quedar como sigue:
" Artículo 1o..............................................................
La Presidencia de la República, las secretarías de Estado y los departamentos administrativos, integran la Administración Pública Centralizada.
......................................................................
Artículo 4o. Se deroga.
Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:
Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de la Defensa Nacional.
Secretaría de Marina.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría de Desarrollo Social.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Secretaría de Energía.
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Secretaría de Educación Pública.
Secretaría de Salud.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Secretaría de la Reforma Agraria.
Secretaría de Turismo.
Departamento del Distrito Federal.
Artículo 27........................................................
I a XXVI.....................................................
XVII. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, con los gobiernos municipales y con las dependencias y entidades de la administración pública federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo;
XXVIII. Conducir y poner en ejecución las políticas y programas del Gobierno Federal en materia de protección ciudadana y coordinar, en términos de la ley respectiva, el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal que corresponden en esta materia, en relación con los estados, el Distrito Federal y los municipios;
XXVIII-bis. Formular, normar y conducir las políticas de apoyo a la participación de la mujer en los diversos ámbitos del desarrollo, así como propiciar la coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos;
XXIX a XXXIV........................................................
Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a XX..............................................................
XXI. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y desincorporación de activos, servicios y ejecución de obras públicas de la administración pública federal;
XXII. Establecer normas y lineamientos en materia presupuestal referidos a la administración de personal;
XXIII.................................................................
XXIV. Ejercer el control presupuestal de los servicios personales así como, en forma conjunta con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, aprobar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus modificaciones;
XXV...................................................................
Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;
II....................................................................
III. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control;
IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal y los gobiernos estatales y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
V a VII................................................................
VIII. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;
IX......................................................................
X. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;
XI a XIII...............................................................
XIV. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes, de los gobiernos estatales y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;
XV. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano y el bienestar social, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;
XVI. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales;
XVII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 32-bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;
II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y desarrollo de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;
III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales radioactivos;
IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flota y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;
V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre y pesca, y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;
VI. Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales protegidas y promover para su administración y vigilancia, la participación de autoridades federales o locales y de universidades, centros de investigación y particulares;
VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas y supervisar las labores y conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos locales o en personas físicas o morales;
VIII. Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;
IX. Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales en tales materias;
X. Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales y con la participación de los particulares;
XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica;
XII. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del transporte;
XIII. Fomentar y realizar programas de reforestación y restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
XIV. Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelo y de cuerpos de agua de jurisdicción federal y los inventarios de recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades estatales y municipales, las instituciones de investigación y educación superior y las dependencias y entidades que correspondan;
XV. Desarrollar y promover metodologías y procedimientos de valuación económica del capital natural y de los bienes y servicios ambientales que éste presta y cooperar con dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad ambiental y económica;
XVI. Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección de la capa de ozono;
XVII. Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente;
XVIII. Realizar el censo de predios forestales y silvopastoriles y de sus productos; levantar, organizar y manejar la cartografía y estadística forestal, así como llevar el registro y cuidar la conservación de los árboles históricos y notables del país;
XIX. Proponer y, en su caso, resolver sobre el establecimiento y levantamiento de vedas forestales, de caza y pesca, de conformidad con la legislación aplicable, y establecer el calendario cinegético y el de aves canoras y de ornato;
XX. Imponer las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables, sobre la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o destinadas al extranjero y promover ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el establecimiento de medidas de regulación o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera para su conservación o aprovechamiento;
XXI. Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, y participar en los convenios internacionales sobre la materia;
XXII. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación;
XXIII. Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, conforme a la ley de la materia;
XXIV. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;
XXV. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de pequeña irrigación, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con las autoridades estatales y municipales o de particulares;
XXVI. Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial;
XXVII. Manejar el sistema hidrológico del Valle de México;
XXVIII. Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones;
XXIX. Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios, en los términos que lo determinen las leyes, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
XXX. Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de tratados internacionales;
XXXI. Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industria; fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales; así como programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal;
XXXII. Regular mediante normas oficiales mexicanas, la explotación pesquera y promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de sus productos en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;
XXXIII. Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiera el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;
XXXIV. Regular mediante normas oficiales mexicanas la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca;
XXXV. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente;
XXXVI. Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuática, con la participación, en su caso, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
XXXVII. Promover la creación de zonas portuarias pesqueras, así como su conservación y mantenimiento;
XXXVIII. Promover, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional;
XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, pesquera, explotación de la flora y fauna silvestre y sobre playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar;
XL. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente, y
XLI. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 33. A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Conducir la política energética del país;
II. Ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos; energía nuclear; así como respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público;
III. Conducir la actividad de las entidades paraestatales cuyo objeto esté relacionado con la explotación y transformación de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica y nuclear, con apego a la legislación en materia ecológica;
IV. Participar en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a ésta la celebración de convenios y tratados internacionales en tales materias;
V. Promover la participación de los particulares, en los términos de las disposiciones aplicables, en la generación y aprovechamiento de energía, con apego a la legislación en materia ecológica;
VI. Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal;
VII. Otorgar concesiones, autorizaciones y permisos en materia energética, conforme a las disposiciones aplicables;
VIII. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre ahorro de energía, estructuras, costos, proyectos, mercados, precios y tarifas, activos, procedimientos, reglas, normas y demás aspectos relacionados con el sector energético y proponer, en su caso, las acciones conducentes;
IX. Expedir normas oficiales mexicanas sobre producción, comercialización, compra-venta, condiciones de calidad, suministro de energía y demás aspectos que promuevan la modernización, eficiencia y desarrollo del sector, así como controlar y vigilar su debido cumplimiento;
X. Expedir normas oficiales mexicanas en materia de seguridad nuclear y salvaguardas, incluyendo lo relativo al uso, producción, explotación, aprovechamiento, transportación, enajenación, importación y exportación de materiales radiactivos, así como controlar y vigilar su debido cumplimiento;
XI. Llevar el catastro petrolero, y
XII. Los demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 34. A la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a VIII.................................................................
IX. Participar con las secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;
X a XIII..............................................................
XIV. Regular y vigilar, de conformidad con las disposiciones aplicables, la prestación del servicio registral mercantil a nivel federal, así como promover y apoyar el adecuado funcionamiento de los registros públicos locales;
XV. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
XVI a XXVI.............................................................
XXVII. Formular y conducir la política nacional en materia minera;
XXVIII. Fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el catastro minero, y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las formadas directamente por las aguas del mar;
XXIX. Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y asignaciones en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente, y
XXX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes;
II. Promover el empleo en el medio rural. Establecer acciones y programas que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;
III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;
IV. Fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal, así como atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad;
V. Procesar y difundir la información estadística y geográfica referente a la oferta y la demanda de productos relacionados con actividades del sector rural;
VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las actividades de los centros de educación agrícola superior y media y establecer y dirigir escuelas técnicas de agricultura, ganadería, apicultura, avicultura y silvicultura, en los lugares que proceda;
VII. Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros, vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan;
VIII. Formular, dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales;
IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
X. Promover la integración de asociaciones rurales;
XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de inversión en el sector rural;
XII. Participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes;
XIII. Fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares del sector rural, con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades;
XIV. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo rural de las diversas regiones del país;
XV. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior agropecuarios;
XVI. Organizar y mantener al corriente los estudios económicos sobre la vida rural, con objeto de establecer los medios y procedimientos para mejorarla;
XVII. Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas y pecuarios, así como de otras actividades que se desarrollen principalmente en el medio rural;
XVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción rural, así como evaluar sus resultados;
XIX. Programar y proponer, con la participación que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la construcción de pequeñas obras de irrigación y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que compete realizar al Gobierno Federal por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, los municipios o los particulares;
XX. Participar, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la promoción de plantaciones forestales, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o de particulares, y
XXI. Los demás que expresamente le atribuyen las leyes y reglamentos.
Artículo 37. A la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental. Inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos;
II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la administración pública federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo;
III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública federal;
IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;
V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores;
VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la administración pública federal;
VII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;
VIII. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la administración pública federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública federal;
IX. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
X. Designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;
XI. Designar, para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública federal centralizada y comisarios en los órganos de Gobierno o vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal;
XII. Opinar previamente sobre el nombramiento y en su caso, solicitar la remoción de los titulares de las áreas de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Tanto en este caso, como en los de las dos fracciones anteriores, las personas propuestas o designadas deberán reunir los requisitos que establezca la Secretaría;
XIII. Colaborar con la Contaduría Mayor de Hacienda para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;
XIV. Informar periódicamente al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de aquellas que hayan sido objeto de fiscalización, e informar a las autoridades competentes, cuando proceda del resultado de tales intervenciones y, en su caso, dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas;
XV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos de la administración pública federal, y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables;
XVI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública federal, salvo los caso en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;
XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;
XVIII. Autorizar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus modificaciones, así como registrar dichas estructuras para efectos de desarrollo y modernización de los recursos humanos;
XIX. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la Administración Pública Federal;
XX. Conducir la política inmobiliaria de la administración pública federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo-terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales;
XXI. Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación, a fin de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos. Para tal efecto, la Secretaría podrá coordinarse con estados y municipios, o bien con los particulares y con otros países;
XXII. Administrar los inmuebles de propiedad federal, cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad;
XXIII. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la administración pública federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; así como expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios y para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes que realice la propia Secretaría, o bien, terceros debidamente autorizados para ello;
XXIV. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente, y
XXV. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a XX....................................................................
XXI. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia;
XXII a XXIV..............................................................
XXV. Formular normas y programas y ejecutar acciones para promover la educación física, el deporte para todos, el deporte estudiantil y el deporte selectivo; promover y en su caso, organizar la formación y capacitación de instructores, entrenadores, profesores y licenciados en especialidades de cultura física y deporte; fomentar los estudios de posgrado y la investigación de las ciencias del deporte; así como la creación de esquemas de financiamiento al deporte con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la administración pública federal;
XXVI a XXXI.........................................................
Artículo 43. Se deroga.
TRANSITORIOSPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Tercero. En tanto se concluye la transferencia dispuesta en las leyes respectivas de los sistemas de riego a sus usuarios, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, será la responsable de mantener la operación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios y la participación y apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en los términos de sus facultades.
Cuarto. El Ejecutivo Federal deberá expedir las adecuaciones a los reglamentos interiores correspondientes a las secretarías comprendidas en el presente decreto.
En tanto no se expidan los reglamentos interiores arriba mencionados, las secretarías deberán funcionar con base en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la administración pública federal, mediante el acuerdo de adscripción que sea emitido por el titular correspondiente.
Quinto. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas de las dependencias cuyas funciones se transfieren, por virtud de este decreto, a otras secretarías de Estado, pasarán a formar parte de éstas, a fin de apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden.
Sexto. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley. Séptimo. Las referencias hechas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este decreto, se entenderán hechas a las dependencias que, respectivamente, absorben tales funciones.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 17 de diciembre de 1994.— Diputado Dionisio E. Pérez Jácome, presidente; diputados Fructuoso López Cárdenas, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Jesús Ortega Martínez, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
ESTADO DE TABASCO
El Presidente:
Para hacer uso de la palabra sobre la situación política en el Estado de Tabasco, tiene la palabra el diputado Octavio Romero.
El diputado Octavio Romero Oropeza:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputadas y diputados:
Tabasco vive hoy la crisis económica y política más profunda de las últimas décadas. Inmerso desde hace ya varios años en la primera, producto ésta de la inmensa corrupción de los gobiernos padecidos y agravada por las políticas neoliberales impuestas por el Gobierno desde hace varios años, Tabasco comenzó a despertar.
Poco a poco, año tras año, los tabasqueños hemos venido tomando conciencia y hemos construido los cimientos de la democracia. Pero tal parece que los deseos del pueblo nada tienen qué ver con los deseos del Gobierno. ¡Qué terrible divorcio existe entre éstos! ¡Qué diferencia tan grande de intereses!
¡Qué fácil resulta concluir que en Tabasco, como en todo el país, pueblo y Gobierno no tienen nada en común!
Ha sido 1994 un año de vergüenza política, un año de imposiciones al pueblo, un año que marca la entrada del sistema político mexicano en su recta final, que tiene por destino el profundo abismo de la ingobernabilidad y de la ilegalidad.
Los tabasqueños hemos ejercido por dos veces en este año nuestro derecho al voto; la primera, llevando una gran esperanza de cambio y la segunda, llevando la plena certeza del que se sabe mayoría, del que se sabe en la razón. En ambas ocasiones hemos sido burlados, hemos sido engañados; en ambas ocasiones no se respetaron nuestros derechos.
El grupo minoritario altamente delictivo, profundamente inmoral, escandalosamente cínico, conformado por el trío: PRI-Gobierno-autoridades electorales, se encargó en ambos casos de negarle al pueblo el anhelado cambio democrático. Es por eso que hoy, cuando cerrados ya todos los caminos que la ley conforma para llegar a ninguna parte, cuando fueron agotadas las instancias, todos los razonamientos, todas las pruebas, decidimos movilizarnos pacíficamente.
¿Qué le queda a un pueblo cuando ha demostrado su razón y ésta nunca es aceptada? ¿Cuál debiera ser la actitud de un pueblo al que le dicen que su voluntad está por encima de todo y de todos y al final el final resulta un cruel final de cuento de hadas? Varias han sido las respuestas a estas preguntas. Las ha habido desde las desesperadas, las impotentes, que apelan al uso de las armas, hasta las civilizadas, las dialoguistas, las comprensivas; ninguna de ellas.
El movimiento democrático en Tabasco ha tenido durante seis años una conducción honesta, política, con mayúsculas, responsable y con visión. En Tabasco no ha habido muertos, en Tabasco no había habido violencia. No será el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco el que desate los demonios, pero tampoco hemos de ser quienes transemos con la voluntad del pueblo. No es que queramos el todo o el nada por tozudez, por capricho o por intransigencia, queremos simplemente el respeto a la soberanía del pueblo. Por eso, decidimos tomar el legítimo camino de la resistencia civil, pacífica, por eso hemos decidido manifestarnos pacíficamente, pero con energía y decisión, porque estamos resueltos a hacer valer nuestros derechos.
Como dijo el que lo dijo: que quede claro, en Tabasco no aceptaremos un Gobierno impuesto, un Gobierno resultado del enésimo fraude electoral del partido del Gobierno. Que quede claro, no vamos a caer en la trampa del diálogo de sordos y de la discusión bizantina. Creemos sí en el diálogo, porque lo sabemos herramienta fundamental del oficio político, pero el diálogo se da cuando hay voluntad política en ambas partes, cuando se reconocen y se respetan, cuando no simulan, cuando no fingen, cuando lo hacen honestamente y de cara al pueblo. Así entonces, que quede claro, no es la concertación, no es la prebenda, no es el hueso el que buscamos, es simple, sencilla y llanamente la legalidad.
El diálogo en ese sentido lo estamos esperando. Qué fácil resulta decirlo, pero que difícil le resulta entenderlo a quien no tiene principios.
Pero vamos a los hechos, compañeros. Les decía que nos movilizamos pacíficamente en Tabasco, que el pueblo bloqueó el acceso a las instalaciones petroleras, el acceso a las instalaciones de esa paraestatal que ha causado un grave daño ecológico social y moral a nuestro pueblo, se decidió que fuera así, porque Pemex representa los intereses del Gobierno Federal, se decidió así, porque el Gobierno Estatal actuó en todo momento a favor del candidato oficial, porque el gobernador interino, Manuel Gurría Ordóñez actuó en todo momento como delegado del PRI, porque en Tabasco se ha roto por completo el estado de derecho, por eso nuestra protesta se enderezó hacia el Gobierno Federal.
Se bloquearon los accesos a las instalaciones de Pemex en territorio tabasqueño, por tabasquenos que hacen uso de sus derechos ciudadanos. Se bloquearon esos accesos y estamos siendo reprimidos de la manera más brutal, de la manera más inhumana, nuestros compañeros fueron detenidos, golpeados e incomunicados, sus derechos humanos fueron violados, golpearon por igual a menores de edad, ancianos, y mujeres; no obstante, que nadie opuso resistencia fueron salvajemente agredidos por la Policía Judicial Federal, la Federal de Caminos, la Judicial del Estado y por un cuerpo antimotines de la Policía Estatal y por si fuera poco, mandaron traer un grupo altamente especializado que aquí solicitamos se investigue, porque tenemos información en el sentido que están compuestos por el tristemente célebre grupo de los zorros de la policía de esta capital.
Además, el Ministerio Público Federal, les tomó la declaración sin darles, como marca la ley, la opción de escoger un abogado o una persona de su confianza que los acompañara en ese momento; a la dirigencia del PRD en Tabasco le fue negada toda información y acceso a los detenidos que estuvieron incomunicados por muchas horas.
Asimismo quiero desmentir en esta tribuna que nuestros compañeros estuvieran armados y que hayan obligado a los trabajadores de Pemex a parar las máquinas so pretexto de causar graves daños a la economía y a la industria petrolera. Quienes manejan esa información, lo hacen sólo para justificar la represión que se ha desatado en nuestra contra, por eso yo me pregunto y les pregunto compañeros, ¿éste es el primer mundo que nos ha ofrecido el Gobierno? ¿Este es el país que está reformando sus instituciones de procuración y administración de justicia? ¿Esta es la nueva forma de hacer política que nos ofrece el doctor Ernesto Zedillo?
Al margen de las respuestas los tabasqueños seguiremos ahí con nuestra resistencia civil, seguiremos peleando por nuestros derechos, por ello seguiremos exigiendo que Roberto Madrazo Pintado no tome posesión como gobernador, el día 1o. de enero; seguiremos exigiendo que se nombre un gobernador interino, que convoque nuevas elecciones en un plazo razonable y que éstas se realicen bajo nuevas normas democráticas. Esa es nuestra demanda y no espanta a los tabasqueños que los sigan reprimiendo y metiendo a la cárcel, si meten a uno, otro ocupará su lugar en la resistencia civil pacífica, ésa es la decisión de los tabasqueños dignos y demócratas. A ver quién se cansa primero, si el Gobierno de encarcelar al pueblo o el pueblo de manifestarse. Quiero insistir en que Tabasco despertó, Tabasco exige respeto y exige justicia, cualquier negociación en la que no están presentes, estos elementos, no tendrá para nosotros validez ninguna. Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al diputado José de la Cruz Martínez López.
El diputado José de la Cruz Martínez López:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Yo quiero decirle a mi paisano diputado que hizo uso de la palabra, que en Tabasco, hay libertad de manifestaciones, pero también quiero señalarle que Tabasco no puede vivir en un estado de anarquía.
Yo coincido que a quien viola la ley habrá que castigarlo. No estoy de acuerdo en que haya atropellos y violación a los derechos humanos, de eso tenemos que dejar constancia y nuestros dignos adversarios políticos, que no enemigos, han propuesto públicamente desde el 15 de noviembre otorgarle a Tabasco el honroso título de "laboratorio de la democracia en el país", además de algunas propuestas de convocar a nuevas elecciones y de exigir que Roberto Madrazo, no tome posesión como gobernador, cuando fue el pueblo mayoritario quien con su voto tomó la decisión.
Por ello, a cambio de pagar... Por ello, a cambio de pagar un alto precio que vulnere la voluntad ciudadana de anular los comicios tabasqueños, no estamos de acuerdo y rechazamos esa presea que nos están ofreciendo. Manifestamos nuestro desacuerdo con tal pretensión, pues históricamente, desde 1934 Tabasco, señores, fue reconocido como laboratorio de la Revolución mexicana, por el entonces candidato del Partido Nacional Revolucionario a la Presidencia de la República, el señor general Lázaro Cárdenas del Río.
Y este reconocimiento señores, obedeció al trabajo del pueblo tabasqueño, a la mentalidad revolucionaria que el Gobierno en esa época encabezaba Tomás Garrido Canabal, que en su tiempo y circunstancias y a partir de la organización social, buscó el bienestar del pueblo dando impulso a la educación a través de la escuela racionalista; estimulando la agricultura y la ganadería; combatiendo el fanatismo, el alcoholismo y otorgando el voto a la mujer antes que tuviese reconocimiento nacional. Fueron entre otras, las acciones del Gobierno observadas por quien más tarde se convertiría en un ilustre mexicano para honra de la nación y de quien orgullosamente el pueblo de Tabasco recibiría tal reconocimiento.
Así lo narra el señor Carlos Martínez Azat, llamado "Alfonso Caparroso", en sus obras que sobre el garridismo han escrito.
Desde el día 15 de noviembre, hemos estado escuchando en este recinto, a veces la estridencia del grito, el insulto, en ocasiones la expresión mesurada de quienes hemos vertido nuestra opinión en torno al proceso electoral de Tabasco.
Pero en medio de tantas opiniones encontradas, del ejercicio dialéctico, no se ha extraído conclusión alguna que nos permita responder al reclamo de nuestro pueblo: profundizar en el proceso democrático.
Sólo sostengo que se ha pretendido manchar, con calificativos, una contienda electoral realizada con la participación de diferentes actores políticos de la entidad y cubrir, con la mano de la ilegitimidad, a un Gobierno que surgió de la voluntad ciudadana de los tabasqueños, manifestada en las urnas, el 20 de noviembre.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde su curul):
Señor Presidente, ¿quiere preguntar al orador si me permite una interpelación?
El Presidente:
Señor diputado, si le permite una interpelación.
El diputado José de la Cruz Martínez López:
Estoy haciendo uso de mi tiempo, por favor.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde su curul):
Por eso mismo le pregunto.
El diputado José de la Cruz Martínez López:
No, señor.
Entre impugnadores y defensores hemos soslayado la existencia, óiganlo bien, señores, de un marco legal en donde deben dirimirse y sancionarse las violaciones a las normas establecidas que rigen la contienda y a la que debemos atenernos. El voto, señores, también es ley, el voto es mandato y a ello habremos de acatarnos.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Señor Presidente, una moción de procedimiento, le quiero hacer con todo respeto.
El Presidente:
Señor, no aceptó la interpelación el diputado, de acuerdo al 104 no se le puede interrumpir su intervención.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
La moción, señor Presidente, consiste en que cualquier diputado puede solicitarle a usted que le solicite al orador si le da el uso de hacerle una pregunta.
El Presidente:
Se la solicité con toda oportunidad, señor diputado.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Señor Presidente, él fue el que contestó y no usted, a usted le correspondía realizar el procedimiento que el Reglamento establece, señor Presidente, ésa es la moción que le hago con todo respeto.
El Presidente:
Continúe, señor orador.
El diputado José de la Cruz Martínez López:
Por ello, porque el voto también es ley y es mandato y al cual tenemos que acatarnos, el triunfo del candidato de mi partido es legítimo, y Roberto Madrazo Pintado, gobernará a Tabasco a partir del 1o. de enero, por voluntad del pueblo.
Pero al final de cuentas, señoras y señores diputados, infiero que consenso y disenso, son elementos que deben imprimir dinamicidad al proceso democrático para avanzar, pero que también permiten ubicarnos en la dimensión horizontal de la práctica política y en eso sí estamos de acuerdo.
Señoras y señores diputados: en Tabasco hubo un legítimo triunfo electoral.
Yo creo que después de la práctica habrá que contrastar la teoría y mejorar las leyes que hoy tenemos, porque tenemos que entender y así lo sentimos nosotros, que al final de cuentas, tanto las leyes como la democracia, la construyen los hombres y es por voluntad del pueblo que tenemos esa ventaja de mejorarlas, pero no a condición de anular el voto. Miremos hacia adelante y hoy que el señor Presidente de la República, que el 21 de agosto triunfó en Tabasco, ha ofrecido a los mexicanos concretar una reforma profunda que deje a un lado las dudas y controversias sobre la legalidad electoral, los priístas tabasqueños le tomamos la palabra y desde aquí convocamos a nuestros adversarios a que se sumen a esa gran cruzada nacional.
Es inconcebible que tantos y tan variados talentos que existen en la oposición y que mucho pueden aportar por el bien de México, se pierdan en la confrontación y en la actitud contestataria. Es cierto, señores, coincidimos con ustedes los luchadores sociales, los dirigentes, deben ser intransigentes en sus demandas, pero siempre que la razón y el derecho los asista, sin claudicar en sus ideales.
Yo no concibo un partido político estático, lo concibo dinámico, actuante, movilizado, pero el bloqueo de pozos petroleros y carreteras en nada señores, en nada contribuyen al fortalecimiento de la democracia y sí interfieren en el desarrollo y el progreso de Tabasco. El pueblo tabasqueño no es merecedor de tal afrenta.
Concuerdo en que la violencia no es un método apropiado para dirimir diferencias sociales y políticas. El PRI, rechaza las acciones que lesionen los derechos y la libertad de los ciudadanos. No obstante, el retiro de personas en instalaciones de Pemex, de los municipios de Xentle y Comalcalco, deben movernos a la reflexión, porque el ejercicio de las libertades ciudadanas debe ser responsable y no atentar o poner en riesgo la vida de nadie, ni el desarrollo, que son fundamentales para el sostenimiento de la sociedad.
Oponerse a las actividades que realiza Pemex, que los tabasqueños con él tenemos necesidad de construir nuevas relaciones por el daño que nos ha causado, perjudica la economía, tensa las relaciones sociales y mengua las posibilidades de entendimiento político. En duda, dada su potencia de tensión, los bloqueos oscurecen la oportunidad de conciliación poselectoral.
La toma de instalaciones petroleras, como instrumento de presión, cuando el proceso comicial del 20 de noviembre ya ha sido calificado y dictaminado en sus regularidades, que fueron las más, e irregularidades que fueron mucho menos, preocupa más, porque es una expresión de desacato a las normas de una actitud inadecuada, de subestimación de la política, como acto de concertación y superación, desavenencias y de una intransigencia incompatible con la tranquilidad de la sociedad en general. Por eso, dentro de ese marco, es un signo de aliento, aunque débil de nuestros opositores, que antier exhortó a su militancia a optar por no poner violencia cuando las autoridades intervengan para salvaguardar la seguridad de instalaciones y la vida de obreros petroleros.
Nadie desea actos de tensión y provocación. Convoco por ello a todas las fuerzas sociales y políticas de Tabasco, en especial a nuestros dignos adversarios como son nuestros compañeros del PRD, a que depongamos actitudes contrarias a la civilidad y la tolerancia democrática.
Cada partido ha obtenido ya el fruto legítimo y legal de sus esfuerzos de campaña y de sus compromisos sociales. Acatemos el veredicto ciudadano y alejémonos de acciones que enfrenten a los tabasqueños. Las diferencias y afanes políticos, no justifican a nadie, a ningún ciudadano abusar de las libertades que el estado de derecho nos concede, sino por el contrario, ejercerlas en la búsqueda de la armonía de todos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra, el diputado Jesús Zambrano.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra tuvo temor a salirse del sketch que traía, o que le armaron, como bién tuvieron temor en su momento, cuando lo propusimos, a cotejar las actas de escrutinio y cómputo de las casillas y de los comités distritales.
Aquí dijo el diputado que me antecedió, que a quien viola la ley habrá que castigarlo, lo dijo con énfasis. Justamente esto es lo que nosotros, el PRD, en Tabasco y a nivel nacional, está demandando para que podamos caminar hacia la restauración del estado de derecho que se ha roto en el Estado de Tabasco, justamente por quienes están obligados a preservarlo.
Desgraciadamente Tabasco no fue ahora el laboratorio de la democracia. Tabasco constituyó en este proceso electoral, cuyas secuelas aún estamos padeciendo, un eslabón más de la ya larga cadena de acciones fraudulentas en el terreno electoral por parte de las autoridades oficiales, gubernamentales y electorales.
Miren ustedes, sólo algunas perlas del comportamiento del Tribunal Estatal Electoral, que cubrió por necesidad la etapa jurisdiccional de la elección, para que no nos vengan a dar lecciones aquí sobre respeto a la legalidad y para que entonces, se asuma la responsabilidad acerca de lo que significa las resistencias de un pueblo y su lucha por avanzar hacia la restauración del estado de derecho.
Voy a mencionar sólo tres elementos específicos de lo que constituyó como regla general el comportamiento del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tabasco. En el expediente 41/94 del recurso de inconformidad contra la elección de regidores del municipio de Balancán, fue recibido este expediente por el tribunal, el 1o. de diciembre, remitido por el consejo estatal electoral, siendo que en la resolución que se comenta, se menciona que el informe circunstanciado, rendido por el consejo municipal electoral es de fecha 2 de diciembre.
Entre el día dos y el seis de este mes se realizó la sustanciación del expediente. El mismo 6 de diciembre lo turnó para proyecto de resolución al magistrado correspondiente y el mismo 6 de diciembre, es el día en que el pleno del tribunal dicta la resolución del caso y ese mismo día se publica en lista de acuerdo en los estrados del tribunal.
Es decir, la sustanciación, proyecto de resolución, resolución en pleno y publicación en lista de acuerdo se realizan en un solo día, el 6 de diciembre. Muy buena muestra de este respeto y acato a nuestras normas legales.
El segundo aspecto, referido al caso del municipio de Nacajuca. En este municipio, compañeras y compañeros, el PRD ganó oficialmente la elección de regidores, pero en dos casillas, la 986-b y 981-b, para las elecciones de gobernador y diputados se alteró el resultado de la votación por error o dolo, situación que a simple vista se pudo demostrar, ya que la votación válida fue superior en más de 100, respecto al máximo de 700 electores y fue porque hicieron una suma indebida.
A pesar de que se ofrecieron las copias y originales de las actas de escrutinio y cómputo de dichas casillas, así como el acta circunstanciada del cómputo distrital. Lo que resultó, es que el tribunal que debía examinar con responsabilidad las pruebas que estábamos aportando, declaró nuestro recursos improcedentes y así nos arrebataron un diputado de mayoría y la mayoría de los votos por esa sola decisión del tribunal para gobernador en este distrito y municipio.
Pero todavía más y, por último, para demostrar la irresponsabilidad y la complicidad con la que se manejó el Tribunal Estatal Electoral, teniendo seguramente como base los dictados del poder, como dijo acá un diputado hace rato que votó las reformas a la Ley del Seguro Social, del poder que le da el gobernador, pero también la negligencia con la que se metieron los magistrados del Tribunal Electoral a revisar los recursos que interpusimos en tiempo y forma. Lo vamos a ver en uno de sus resolutivos, que se refiere al IX, dice, "emitida por IX consejo distrital electoral, con sede en el municipio de Jalapa, Tabasco", que fue el resolutivo que nosotros impugnamos y luego el tribunal resuelve, respondiéndole al representante legal de nuestro partido, que expresando los agravios que estima, le causan al partido que representan los resultados consignados en el acta de cómputo del IX consejo distrital electoral, con sede en el municipio de Jalapa, Tabasco, agregando al mismo, las pruebas pertinentes consistentes en documentales que se valorarán en la parte considerativa de esta resolución y se le turna al licenciado Carlos Vicente Andrade Castillo, como magistrado integrante del Tribunal Estatal Electoral.
Pues bien, resulta que a la hora en que se resuelve este recurso, se dice que en consecuencia se confirma la resolución tildada de nulidad y datada el día 23 de noviembre del presente año y emitida por el V distrito electoral con sede en el municipio de Comalcalco, Tabasco. Es decir, se le presenta un recurso, el mismo tribunal lo admite, del municipio de Jalapa y nos resuelve declarando la nulidad respecto de este recurso que le presentamos, referido al V consejo distrital con sede en el municipio de Comalcalco, Tabasco.
Esta es, señoras y señores diputados, la responsabilidad y el apego a la legalidad con la que se manejó el Tribunal Estatal Electoral. Es la exigencia de la restitución de nuestros triunfos y del estado de derecho de manera especial, es lo que lleva a un pueblo a manifestarse en los términos en los que lo está haciendo en el momento actual y nada nos va a arredrar.
Por eso, con esto concluyo, nosotros concordamos plenamente y sólo con esto que dijo el diputado que me antecedió, que al que viola la ley hay que castigarlo. Por eso, entre otras cosas, exigimos que se aplique la ley y se castigue también por esta irresponsabilidad, complicidad y violación flagrante del derecho que hicieron todos y cada uno de los magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tabasco. Muchas gracias.
El diputado José de la Cruz Martínez López (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado José de la Cruz Martínez.
El diputado José de la Cruz Martínez López:
Compañeras y compañeros diputados:
Yo quiero decirle muy respetuosamente al diputado que me antecedió, que no fue por temor a no atender su interpelación, yo ejercí un derecho que me concede la norma de esta Asamblea y nunca ha habido temor a cotejar las actas, siempre se los hemos dicho, lo que nosotros pedíamos es que se hiciera dentro del marco legal que para esto se creó. Eso es lo que siempre pedimos.
Sin embargo... no señor, permítame que yo ejerza mi derecho. Sin embargo...
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el señor diputado; señor orador, ¿acepta la interpelación de los diputados?
El diputado José de la Cruz Martínez López:
No la acepto. No la acepto. Nosotros queremos decirles que hay 1 mil 746 actas de casilla signadas por los representantes de los partidos políticos, inclusive el PRD. A petición del PRD, se han abierto los paquetes electorales en donde se han hecho señalamientos y yo le diría al compañero diputado que me antecedió, que tal es el caso del municipio del centro, donde se instalaron 456 casillas y se abrieron 450 paquetes.
Los recursos de protesta presentados por el PRD ante las juntas distritales, municipales, son sólo desacuerdos, señores, en función de la suma aritmética de escrutinio, cuya corrección es procedente durante el proceso de cómputo y bueno, se ha hablado públicamente a través de la prensa de cientos de impugnaciones, pueden presentar hasta mil, pero resultan improcedentes. Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al diputado Leonel Godoy, para rectificar hechos.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El asunto de Tabasco nos debe de mover a todos a la reflexión, porque efectivamente estamos entrando a una pendiente que no sabemos hasta dónde vaya a llegar. Efectivamente éste es un diálogo de sordos, Ernesto Zedillo habló de reforzar el estado de derecho, el PRD desde sus inicios, desde sus primeras movilizaciones como frente democrático nacional y como corriente democrática, ha exigido el estado de derecho que rija plenamente en este país. Yo les pregunto a ustedes, señores diputados, si no conviene que analicemos y reflexionemos profundamente en el problema del estado de derecho en Tabasco, porque si encontramos la clave, resolvemos y sabemos en dónde se dan estas violaciones al estado de derecho, podremos entonces sí hacer propuestas de solución; de otra manera, no va a haber solución en Tabasco y vamos a tener otro Estado muy cercano al de Chiapas en problemas que pueden poner en grave peligro la paz social en el sureste.
Dice el compañero priísta, que el estado de derecho se respetó en Tabasco. Yo creo y se los digo con todo respeto, que si ustedes analizan las resoluciones del tribunal estatal electoral de Tabasco, se encontrarán, no con estas perlas que nada más acaba de mencionar el diputado Jesús Zambrano, sino con una violación flagrante al procedimiento electoral que establece el Código Estatal Electoral de Tabasco.
No es posible que reclamemos y exijamos que se cumpla la ley, sólo en lo que nos beneficia y a eso debemos de atenernos ambas partes en Tabasco. Pero también se requiere un sentido de autocrítica no nada más de la problemática política de Tabasco, sino del terrible problema que acrecentó estas violaciones flagrantes a la ley en Tabasco, un tribunal estatal electoral conformado por personas que no estuvieron dispuestas a entrarle al estudio de a de veras y que para eso les pagaban y desecharon de plano, por improcedente, recursos que debieron haber examinado. No se trata nada más de que en un recurso de inconformidad presentado, que era de Huamanguillo, entre en el cuerpo del estudio del distrito de Comalcalco. No es eso nada más lo burdo del asunto, sino el fondo de un desprecio absoluto a buscar soluciones legales al problema político-electoral de Tabasco.
Ahí es donde nosotros tenemos que hacernos cargo de ello, reflexionar y proponer soluciones. ¿Qué pasó con las dos actas que menciona el compañero Zambrano, de Nacajuca?
Ganamos la elección municipal, ganamos la elección de gobernador y por 30 supuestos votos perdimos la de diputado. En esas dos casillas, el PRI se subió en las dos, en una con 600 y en otra con 400, más de 1 mil votos de diferencia.
El fondo ahí, porque era fácil de detectar, que era un error de cómputo y, por lo tanto, estábamos en un supuesto claro de nulidad de la elección en esas casillas y se hubiera revertido la elección y tendríamos un diputado de mayoría, que por cierto lo hubieran recuperado por la vía plurinominal.
Por eso insisto, el problema en Tabasco es un problema que está en este momento dilucidándose en el aspecto jurídico pero que tiene un fondo político. Lo que sucedió con esas dos casillas, es lo que sucedió finalmente en todo el Estado. Había que buscar una gran diferencia de votos entre el candidato a gobernador del PRD y el candidato a gobernador del PRI para evitar la ya anunciada protesta poselectoral. Mientras más votos de diferencia habría, dijeron, más estaría finalmente frustrada la decisión de protestar.
Voy a concluir. Insisto, había casos que si se hubiera actuado conforme a la ley, en estricto apego al procedimiento electoral que señala el código de Tabasco, quizá tendríamos otra situación; pero hubo ese desprecio a la ley y en respuesta hay una protesta que raya en los límites del derecho, pero que el pueblo tabasqueño, cuando menos el que votó por el PRD, no le dejan otro camino.
Yo los invito a que busquemos solución al problema de Tabasco; ahí está planteándose una mesa de negociación. Vayamos a ella, confrontemos las pruebas, confrontemos las actas y encontremos una solución a Tabasco. Eso es lo que debemos de pugnar en esta Cámara de Diputados en relación a un problema que puede estallarnos en las manos; ya de por sí en una situación grave del sureste mexicano. A eso es a lo que los invito, compañeros, a que reflexionemos sobre lo que ocurrió en relación a la actuación de un tribunal estatal electoral que no actuó conforme a derecho. Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Francisco Peralta.
El diputado Francisco Peralta Burelo:
Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Mi propósito es leer un breve texto que escribí, algunas reflexiones sobre lo que ocurre en Tabasco en la actual coyuntura.
No quiero dejar, sin embargo, de darle una breve respuesta a los diputados Romero Oropeza, Zambrano y Godoy, en tanto que si bien ellos están preocupados por la problemática que afronta Tabasco en estos momentos, más preocupados estamos los tabasqueños que venimos sintiendo en carne propia desde hace ya varios meses o varios años, una problemática que de alguna manera se ha cifrado en un poco el manejo de la cresta de la ola en donde con esa problemática social que tenemos actualmente en la entidad, se ha sacado provecho político, social de ella. Lo lamento, porque Tabasco está en circunstancias que afectan fundamentalmente a los tabasqueños, que preocupan fundamentalmente a los tabasqueños y que sentimos profundamente los tabasqueños.
Tabasco vive, desde hace algunos días y posiblemente por otros más, los efectos colaterales que la nueva dinámica política ha impuesto a los eventos comiciales competidos.
La entidad fue escenario, primero de una larga precampaña electoral, luego del intenso proselitismo desplegado por dos candidatos gubernamentales y posteriormente, cerrando el círculo, de un enconado litigio ante jueces electorales y de un conflicto pacífico, si es válida la conjugación gramatical, ventilado ante instancias políticas nacionales.
Y México vive ahora, vista la cuestión desde otro plano de observación, en Tabasco o desde Tabasco, los efectos secuenciales de un proceso electoral que se desarrolló al margen de los viejos equilibrios o desequilibrios de las elecciones nacionales en donde la falta de competencia real entre partidos y candidatos estableció a la acción ciudadana inercias difíciles de salvar.
Tabasco es el caso ilustrativo hoy; hace poco lo fueron San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán. Ante la excepción a la regla de las elecciones estatales, estuvo y específicamente para gobernador, en Chihuahua, Nayarit, Yucatán y San Luis Potosí. San Luis Potosí, Nayarit y Yucatán, plantearon sí, elecciones inusualmente competidas en épocas del monopartidismo virtual, pero no pudieron, por la vigencia de aquellas reglas políticas tradicionales, explotar en conflictos poselectorales, difíciles para el poder central.
Prácticamente, pese al peso de las personalidades de los candidatos opositores, más que de los partidos que los amparaban, las elecciones equilibradas siempre estuvieron bajo control.
La experiencia de la segunda versión electoral de San Luis Potosí y la de Michoacán y Guanajuato fue diferente a aquélla por, desde luego, las diversas condiciones históricas en que se produjeron los hechos y por la estrategia política que se empleó para enfrentarlas.
La actual de México en Tabasco, como la que está planteada en un escenario inédito, ésta en Chiapas, seguramente se escenifica en un contexto de características particulares. Los efectos colaterales de los hechos de Nayarit, San Luis Potosí y Yucatán están registrados históricamente y son bastante conocidos. Se ajustaron, con sus ligeros matices, al esquema tradicional del poder federal.
Las secuelas de las elecciones gubernamentales de San Luis Potosí, Guanajuato y Yucatán fueron atípicas, histórica y políticamente, todas incluyeron si no la anulación de comicios, sí el virtual desconocimiento de éstos y la sustitución impropia de los gobernadores emanados de la voluntad popular, por otros designados aparentemente por los congresos locales de cada una de esas entidades, aunque éstos actuaren bajo la influencia de órganos centrales.
La elección de esa experiencia es conocida nacionalmente. San Luis Potosí vivió un sexenio íntegro sin gobernador por elección. Guanajuato ajusta tres años de ser gobernado por una persona no escogida por el pueblo y Michoacán lleva dos años sin ejecutivo titular y sin que se advierta aún la pronta regularización de su vida democrática.
Las elecciones competidas derivaron en conflictos poselectorales. Ellos en negociaciones políticas copulares, éstas a su vez en interinatos. Finalmente eso produjo una reacción de censura nacional en contra de las mal llamadas "concertacesiones", verdaderos atentados a la voluntad popular y lamentable signo de negación del voto ciudadano y de la democracia dentro de los estados.
El recuento de hechos y su ponderación, intentados sucintamente, constituyen más que un repaso de acontecimientos, importantes razones para la reflexión política y la contextualización en sus circunstancias de la situación tabasqueña, con sus situaciones viables y sus expectativas.
En las calles de Tabasco, extratribunales, se ha instalado la polémica y el conflicto pacífico alentado y protagonizado unilateralmente por el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, quien no acepta los resultados e impugna la calidad y normalidad del proceso desarrollado, en el que no logró obtener la mayoría requerida para ganar la gubernatura estatal.
El ex candidato del PRD a la gubernatura tabasqueña no acepta el dictamen de los órganos electorales y decide acogerse a instancias políticas no jurídicas, extraestatales.
Organiza una marcha a la ciudad de México. Arriba a esta urbe. Proclama su petición de anulación de las elecciones, en las que no obtuvo el triunfo y demanda el desconocimiento de la victoria de su opositor, el priísta Roberto Madrazo Pintado, para cuyo efecto reclama nuevos comicios y la implantación de un interinato.
Y lo hace, por razón de que atribuye irregularidades, vicios, deficiencias y otras especies a las elecciones en las que él participó y en las que, desde luego, no podría imponer su sometimiento por el solo hecho de que al intervenir aceptó las reglas y condiciones de competencia, pues no podría negársele el derecho de impugnación que las leyes le confieren a condición, claro, de que se sujete a sus prescripciones.
El resultado electoral puede modificarse solamente con razones legales y por autoridades electorales establecidas, según un principio general del estado de derecho. Esa es la única instancia válida y a la que debe someterse inexcusablemente quien pretenda plantear un litigio comicial.
La única anulación válida es ésta; la políticamente pretendida no sólo rompería con el estado de derecho nacional, sino que lesionaría la estructura democrática de los mexicanos.
La solución jurídica es sana, en cuanto habrá de implicar una previa y forzosa revisión de la calidad del procedimiento electoral; la política, en tanto que pondera otros elementos a intereses y atiende razones prácticas y coyunturales, no sólo no beneficia, sino que perjudica a la vida democrática.
No podrán negarse fallas en un procedimiento electoral mexicano, así sea federal, estatal o municipal. Las elecciones nacionales no se realizan todavía por excelencia y esto por muchas razones históricas, la principal, que no se ha desarrollado una cultura electoral en el país que produzca un comportamiento ciudadano al 100% perfecto.
Todas nuestras elecciones adolecen de fallas y deficiencias, ésa es nuestra cultura, cultura que, por supuesto, intentamos sustituir con el inconveniente de que ello no se ha dado cabalmente, por una enorme variedad de factores históricos. Esa es nuestra realidad. Al mexicano y al tabasqueño, particularizando, le hace falta, aunque la está desarrollando en el cotidiano ejercicio democrático, una sólida y certera cultura electoral, por ello incurre en fallas y deficiencias al votar y al ejercer su derecho de elegir, pese a que posee ya una legislación avanzada, pero difícil de cumplir por causalista y porque requiere de una rigurosa capacitación para poder ser aplicada por los funcionarios y representantes de casilla y ya no se diga por el pueblo, aún avezándose en esos menesteres.
Con esa cultura electoral es difícil ahora, hoy mismo, celebrar elecciones perfectas, excelentes pues. Los mexicanos hacemos nuestras elecciones lo mejor que podemos, pero no óptimamente. Si se demandaran elecciones excelentes para reconocer la validez, cuando los resultados sean adversos siempre se estaría planteando su anulación, aunque no se tengan razones inmejorables para ello y se estaría construyendo un peligroso círculo vicioso de elecciones-nulidad-nulidad-elecciones. Seguramente se harían elecciones, se anularían con criterio político, se designarían gobernadores interinos y se diferiría la nueva elección; eso no es ninguna solución atingente.
La crítica y la movilización de conciencias y no el desconocimiento con criterio político de elecciones, son el mejor estímulo para que el proceso electoral mexicano evolucione y se perfeccione.
La anulación política de elecciones no sustenta avances democráticos sino retrocesos, no alienta sino desmotiva al ciudadano y pone en entredicho la majestad del ejercicio democrático. Las presiones públicas, las protestas callejeras, los plantones, las movilizaciones, las declaraciones de prensa, son recursos que funcionan bien en situaciones atípicas, pero que no resuelven conforme a derecho los litigios planteados. Ahí está ahora la encrucijada electoral de México: optar por la solución jurídica o preferir la solución política en la reciente elección de Tabasco; ceder la gubernatura o algunas presidencias municipales y diputaciones locales o no hacerlo.
Los tabasqueños y también los mexicanos, tenemos sobradas razones para la reflexión y estaremos pendientes de la evolución y solución de sus elecciones impugnadas por la oposición partidista y más interesadamente por la perredista y validadas ya por las instancias electorales del Estado y por la voluntad de la mayoría de ciudadanos que ejercieron puntualmente su derecho al sufragio.
Es evidente que las elecciones y menos sus resultados, no fueron del agrado de López Obrador, ello no obstante no tiene por qué ser determinante en la suerte del evento ciudadano. El, aun haya obtenido la segunda más alta votación en estos comicios, no está en aptitud de convertirse en su validante o invalidante. El ex candidato perredista no está investido de una voluntad superior a la de la mayoría estatal y es inobjetable que ningún derecho de gran árbitro le asiste.
Los mexicanos nada ganamos con descalificar nuestros procesos electorales y con exigir la anulación de elecciones por método, menos todavía si los inconformes habilitan a instancias inidóneas en desdoro del federalismo nacional, si perdemos la confianza social en ésta y se da pie para que se desestime el desaliento democrático. Los tabasqueños hemos decidido, con nuestro voto, quiénes serán nuestros gobernantes, ahora sólo demandamos respeto a la expresión ciudadana emitida, nuestras elecciones son válidas, las valida el propio pueblo de Tabasco y a la ley y no a presiones políticas nos atenemos los tabasqueños, los tabasqueños demandamos respeto a nuestra voluntad popular y mayoritaria, expresada el pasado 20 de noviembre, creemos desde luego en la vigencia del estado de derecho y en la legitimidad democrática, en el valor del voto y en su utilidad política.
El antepasado viernes el licenciado López Obrador, asumiendo una actitud que nos llenó de sorpresa y de temores, en su ya característico tono de vehemencia hizo público desde el micrófono del más escuchado y popular programa radiofónico de Tabasco, que si no eran atendidos por las autoridades nacionales en sus demandas de anulación de las elecciones gubernamentales, se movilizarían para impedir que nadie entre al congreso local o al palacio de Gobierno.
Desde luego que reprobamos y condenamos estas actitudes del líder natural del perredismo tabasqueño, así como en otras ocasiones en justicia hemos reconocido sus aciertos. López Obrador no puede erigirse en el gran juez de Tabasco, no puede invalidar así porque sí la voluntad de las mayorías; sus opiniones, sus puntos de vista, sus decisiones, no pueden imponerse sobre los demás, a menos que se le reconozca a él el derecho a la antidemocracia de ejercicios que ha reprobado siempre en sus discursos políticos.
Concluyo y muchas gracias por su atención. Desde esta tribuna exhorto a mis paisanos y al propio ex candidato del PRD a la gubernatura y a sus seguidores, a actuar con madurez, con prudencia, con ecuanimidad, con espíritu democrático, a no apartarse de la legalidad, de la civilidad, a no violentar las instituciones republicanas; los convoco al ejercicio democrático, pacífico, tranquilo, patriótico, responsable, los conmino a pensar sólo en Tabasco y a actuar sólo para bien de los tabasqueños. Tabasco no merece el encono ni el conflicto. Muchas gracias.
El Presidente:
Se le concede la palabra al diputado Armando Quintero, para rectificar hechos y por cinco minutos.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Debo decirle al señor diputado que me antecedió en la palabra, que el PRD en efecto no quiere y no ha querido concertacesiones, y estamos ciertos que las concertacesiones lesionaron la vida jurídica y política de la nación; por ello, nuestro partido absolutamente que no las comparte, las cuestionó y las cuestiona ahora mismo.
Pero el PRD tampoco ve como opción la situación actual que se pretende legitimar en el Estado de Tabasco a partir de un monumental fraude electoral. No hay, compañeros diputados, compañeras diputadas, no hay condiciones en Tabasco para que se imponga a un gobernador que en efecto todos sabemos no obtuvo la votación mayoritaria. El señor Madrazo no va a tener condiciones para acceder al Palacio de Gobierno del Estado, de Tabasco porque la mayoría del pueblo tabasqueño habrá de movilizarse para hacer valer el respeto al voto de la mayoría que se orientó en favor del compañero Andrés Manuel López Obrador.
Compañera Secretaria...
El Presidente: Orden, orden por favor señores diputados.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Señor Presidente, le pido que le sugiera a la compañera secretaria que no me esté aquí susurrando nada.
El Presidente:
Orden por favor, señores diputados, para que el compañero continúe haciendo uso de la palabra.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Compañeras y compañeros:
El doctor Zedillo ha estado insistiendo en que es necesario buscar un gran diálogo nacional para encontrar soluciones a problemas nacionales y estatales. El PRD, por mandato de su Consejo Nacional, ha orientado en el sentido de tratar de construir un ambiente de diálogo para tratar justamente los grandes problemas nacionales y estatales que aquejan al país.
Tabasco es uno de ellos, no será posible, compañeras y compañeros, que se mantenga a 66 perredistas encarcelados ahora mismo en Tabasco, desde el pasado día 14 de noviembre, mientras que a nivel nacional el presidente y el secretario de Gobernación ofrecen condiciones para diálogo.
El PRD ha dicho que sí al diálogo, sin ingenuidad, sin otorgar cheques en blanco. Queremos diálogo para encontrar solución a diversos problemas nacionales, entre ellos al de la reforma definitiva que reconoció el doctor Zedillo era necesario para México. ¿Cómo vamos a querer nosotros que haya más compañeros y que para hacer valer el voto tengan que luchar, tengan que tratar de impedir que funcionen normalmente los pozos petroleros? Cómo no vamos a ser nosotros, los perredistas, que tenemos 300 muertos, que son una herida grave en nuestros corazones y en nuestra mente, los que querríamos elecciones pacíficas y tranquilas como las que se viven en Estados Unidos, en Suiza,...
El Presidente:
Orden, orden por favor, señores diputados.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
¿Cómo no vamos a querer nosotros, elecciones donde se conozca de manera inmediata y natural quién gano y quién perdió?
¿Por qué habló el doctor Zedillo de una reforma definitiva? Porque en el fondo de manera implícita reconocía que no hay condiciones electorales hoy en México libres y equitativas que garanticen resultados confiables. Por eso reconoció que había que ir a la reforma electoral definitiva.
Nosotros, compañeras y compañeros, queremos demandar desde esta tribuna, se libere de manera inmediata, se libere de manera incondicional a nuestros compañeros perredistas; queremos que haya muestras y hechos concretos que ayuden a construir un ambiente que haga posible acuerdos en todos los terrenos; queremos...
El Presidente:
Tiene un minuto, señor diputado.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Queremos, compañeras y compañeros, que no haya más expresiones irracionales, conductas irracionales que vociferan cada vez que venimos a plantear cuestiones importantes y que cada vez que venimos a hacer propuestas para construir un ambiente de distensión, sean los gritos irresponsables los que creen el ambiente que después vienen a tratar de revertir en contra de la oposición.
Si hay violencia, si hay inestabilidad en Tabasco, será única y exclusivamente...
El Presidente:
Ha transcurrido su tiempo, señor diputado.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Será única y exclusivamente responsabilidad del gobierno y del PRI de Tabasco.
LEY DE CAMARAS DE COMERCIO
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre la actual ley de cámaras, se le concede el uso de la palabra al diputado César Raúl Ojeda.
El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:
Con su permiso, compañero Presidente.
Vengo a esta tribuna a tratar un asunto que pudiera en este momento a muchos de ustedes parecerle no trascendente, sobre todo cuando hemos abordado otros que evidentemente han demandado nuestra atención e inquieta a muchos de nosotros, pero me parece que tiene uno que actuar en función de la responsabilidad que se le ha conferido y por supuesto también en función de la representatividad que en distintos gremios quienes participamos en la función legislativa, de ninguna manera podemos soslayar.
Y mucho se ha discutido en nuestro país en lo referente a la ley de cámaras y pareciera el punto medular de esta inquietud lo relativo a la obligatoriedad o no de pertenecer a las mismas. Desafortunadamente, o tal vez como velado propósito, se soslaya lo que para muchos empresarios es lo toral: representatividad.
El sector privado, más exacto, algunas cúpulas del sector privado, son proclives, y esto es algo muy sano, a cuestionar las decisiones del sector público. En muchas ocasiones, sus críticas han logrado modificar o al menos matizar decisiones que de otra manera no hubieran variado.
Este principio de libertad y crítica que todos aplaudimos tiene, desafortunadamente, sólo validez hacia afuera y causa verdadera conmoción cuando se pretende ejercerla hacia adentro. Hay honrosas excepciones y yo aquí me permitiría citar alguno: Antonio Sánchez Díaz de Rivera, de la Coparmex, como organismo, por decir uno sólo.
A muchos de nosotros que provenimos de organizaciones empresariales y que presidimos en alguna ocasión gremios de esta naturaleza, nos resultaba incomprensible entonces, más ahora, que mientras el país se encuentra inmerso en un proceso de profundas reformas y en donde hemos desmitificado prácticamente todos los paraísos terrenales que subsistían, prevalezcan todavía puntos muertos o zonas prohibidas, en donde el análisis y la reforma son impensables, actos sacrílegos.
Quien suponga que en los organismos del sector privado no existen quienes alientan la transformación y el cambio profundo, a tiempo con los cambios que en todos los demás ámbitos realizamos, pretende ignorar que los aires de modernización los respiramos todos.
El sector turístico es un fiel exponente de lo que aquí señalo. La actividad turística nacional, como sus organizaciones, es relativamente nueva en el panorama nacional y esto, no obstante, su crecimiento y su aportación, violenta por decirlo de alguna manera, al desarrollo nacional, ha servido como pretexto, precisamente su juventud, para impedir su consolidación, en un rubro en donde debió haber sido reconocido antes que en ningún otro; se ha postergado una y otra vez el propósito legítimo de los prestadores de servicios turísticos, de consolidar su presencia y su representatividad empresarial y a no continuar, como hasta ahora, siendo apéndices de otras organizaciones, respetables, sí, pero que poco o nada tienen que ver con los empresarios de este sector.
No hay hasta hoy una respuesta suficiente para entender, por ejemplo, por qué no se le ha reconocido al sector hotelero el deseo mayoritario, una y otra vez demostrado a petición expresa de las autoridades competentes, de constituirse en cámara hotelera, si cumple con lo dispuesto por la ley de cámaras, todavía en vigor, si se cuenta con los documentos de consulta relativos a su legitimidad y viabilidad, como se demuestra en documentos de las áreas jurídicas de la Secretaría de Comercio, de Gobernación y de Turismo, en donde con claridad se dice que no existe ningún impedimento ni trámite por cubrir que impida su reconocimiento.
Hemos dicho una y otra vez, que la representación del sector debe venir acompañada de acciones que demuestren, si se puede, que no es un propósito de sobrerrepresentatividad lo que mueve a los que dicen representarnos y que sus salidas a cuadro en eventos oficiales o de lucimiento, vengan acompañados de respaldos concretos a la actividad, que cuando hagamos una promoción, por ejemplo, que es común en el ámbito turístico, aporten los que dicen representarnos la parte proporcional a este esfuerzo, que es de todos reconocido, que genera muchos y sentidos gastos.
Yo creo que en ese sentido estaríamos todos de acuerdo en aceptar una representatividad.
El sector comercio asume por ley nuestra representatividad y en los hechos poco han aportado para nuestros propósitos. Hay además, sin dudarlo, una ley de cámaras ambigua y anquilosada, que no responde a la realidad ni ubica en su lugar a los nuevos actores económicos; es verdaderamente lamentable que tengamos una cámara que data de 1941, donde la propia actividad económica no había mostrado el surgimiento del sector turístico y que no obstante, las constantes demandas de los prestadores de servicios, no hayamos podido siquiera mover las conciencias de quienes tienen la responsabilidad para modificarla y lograr las adecuaciones que la nueva realidad económica demanda.
¿Cómo entender que a estas alturas no exista un órgano encuadrado legalmente que represente a los prestadores de servicios? Es tan ambigua la ley, que por ejemplo, el sector turístico está indistintamente, según la visión de las autoridades o tal vez la percepción de quienes en su momento decidieron incorporarse, que no se prevé que se pertenezca a la confederación de cámaras industriales o a la confederación de cámaras de Comercio. Tenemos por ejemplo, actividades del sector turísticos en Concamin y tenemos actividades del sector turístico en Concanaco, cuando lo justo es que se nos permita una verdadera integración, como aquí ya por cierto hemos presentado ante el Congreso de la Unión, en la legislatura pasada, en donde a las comisiones unidas de Turismo, Patrimonio y Fomento Industrial y Comercio, se le presentó un acuerdo de integración en el sector que desafortunadamente no se le dio ninguna respuesta.
¿Cómo asimilar que agentes de viajes, hoteleros, inversionistas en las empresas turísticas, restauranteros, transportistas turísticos, aerotransporte, además de arrendadores de automóviles, tiempos compartidos, etcétera, existan pero no estén reconocidas legalmente como organización autónoma? Hemos tenido que, en base a una voluntad mayoritaria, reagruparnos en el Consejo Nacional Empresarial Turístico, un organismo voluntario y a partir de éste incorporado todas las asociaciones de prestadores de servicios y cámaras inclusive, diseñar estrategias que puedan en un momento dado responder a las verdaderas inquietudes del sector.
Esto evidentemente es un consejo que no ha sido reconocido formalmente, porque no tiene la característica jurídica del mismo, pero a partir del consejo surgió la inquietud que presentamos en su oportunidad a la LV Legislatura.
Hace algún tiempo, iniciamos una lucha, entre otros Augusto Bojorges, Agustín Irudita, Gastón Azcárraga Tamayo, Julio Verdegué Aznar, Joe MacArthy, Juan Antonio Dorado, Alfredo Tinajero, Víctor Cachúa y muchos más, en el sentido de alcanzar el modelo de organización que respondiera a las exigencias de nuestras actividades y entre otras gestiones presentamos a esta honorable representación, a las comisiones unidas de Comercio, Patrimonio y Fomento Industrial y de Turismo, un acuerdo de integración de nuestro sector que planteó como propósito fundamental, la modificación a la ley de cámaras, porque no preveía ésta la organización, ni lo concebía siquiera, del sector turístico.
No obstante, el consenso que entre los diputados de entonces alcanzó, una densa nube, una lluvia de temores y de presiones impidió su estudio y revisión. Supe en aquél entonces de las preocupaciones y de las exigencias del sector popular privado, en el sentido de respetar la autonomía de sus organizaciones. Supe también en carne propia el desacuerdo y la sorpresa de la mayoría de los gestores ante la nula atención de parte de las comisiones correspondientes.
Hoy, técnicamente lo entiendo, es facultad sólo del Ejecutivo o de los miembros del Congreso presentar iniciativas de ley, pero hemos perdido un tiempo precioso y ante los ojos de muchos dejamos las cosas como están, que desde luego no están bien.
Quise hacer este comentario porque está en la mente y en los medios de comunicación de nuestras preferencias este asunto. También lo hice como preámbulo a una próxima iniciativa de reformas a la ley de cámaras, que presentaremos a esta honorable Asamblea y que aspira a que se reconozca el legítimo derecho que le asiste a los prestadores de servicios turísticos de tener una auténtica representatividad. Muchas gracias por su atención.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Ramón Sosamontes, en relación con la fiscalía especial, para los casos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
El día de ayer el procurador General de la República, licenciado Antonio Lozano Gracia, informó a la opinión pública de la designación del licenciado Pablo Chapa Bezanilla, como subprocurador especial para investigar los casos de Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu y que según dijo en el comunicado que leyó, tal designación contaba con la aceptación de las familias Colosio y Ruiz Massieu.
Para nosotros, fue decepcionante el que se haya nombrado a Pablo Chapa Bezanilla, exfuncionario del ex procurador tan recordado por nosotros, Humberto Benítez Treviño, tanto en la Procuraduría del Distrito Federal como en la General de la República.
Nosotros debemos decir que tuvimos consenso y fue consenso entre la opinión pública, el nombramiento de Antonio Lozano, como procurador General de la República y lo mantenemos, pero creemos que esta designación daña a la oposición, puesto que no produce consensos ni credibilidades en torno a las investigaciones de estos tres asesinatos.
No pensamos que alguien como este licenciado Chapa Bezanilla, pueda garantizar la credibilidad y la investigación real para saber la verdad que tanto exigimos acerca de los tres asesinatos. No son asuntos, como lo hemos dicho aquí muchos oradores, el propio Presidente de la República, el ex presidente, los partidos políticos, no son crímenes que simplemente se vayan a llevar a la estadística general y listo, sino tienen que ver con la crisis política de nuestro país y por eso es importante saber qué sucedió, quiénes son los actores intelectuales de esos tres asesinatos, porque tiene que ver con la estabilidad de México, tiene que ver también, en otra medida, con la credibilidad de la procuración de justicia.
Estos tres asesinatos no pueden ser llevados a un mismo fiscal, es lamentable que sea así, porque poco a poco se va a ir llevando quizá esto a esto que yo decía de la estadística y al final quede en uno más de los crímenes sin solucionar, pensando que el olvido, aquel que se refería Mario Ruiz Massieu en su renuncia, tuviera éxito y por lo tanto, la impunidad siguiera reinando en nuestro país y el grupo político que organizaron y planearon estos asesinatos quede impune y actuando libremente.
Quizá, el nombrar a un solo fiscal para que se haga cargo de tan importantes investigaciones, quizá es que se piense que ya se tiene detectado al autor intelectual y es uno sólo y que tiene la misma fuente los tres asesinatos y que por lo tanto hay que juntar las investigaciones. Es posible, y si es así, podría entonces aceptarse el que un solo fiscal se haga cargo de eso.
Si es así, la Cámara de Diputados debe de tener la certeza de que habrá una acción positiva en esas investigaciones.
Por eso recuerdo el compromiso de Antonio Lozano, en la reunión con la comisión plural de seguimiento en el caso de la investigación del asesinato de Luis Donaldo, en el cual se quedó claro que nos reuniríamos cuantas veces fuera necesario, a petición de una u otra parte y que esto ayudaría mucho para que hubiera esa credibilidad que se necesita en la investigación.
Y a ese acuerdo y a ese consenso que llegamos a esa reunión acudimos, para que tengamos una reunión pronto con él y ver cuáles fueron los motivos jurídico-políticos, digamos, para que se hayan juntado los tres casos en uno solo.
Esto no solamente es el asunto, también nos preocupa otro. Por qué entregarle a alguien que forma parte de la estructura, esta estructura que podíamos decir que fue conformada en una especie de telaraña, de complicidades en el sistema de procuración de justicia y que es alguien que ha participado de esta telaraña misma.
Como bien recordábamos el día de ayer algunos que fuimos asambleistas en la primera del Distrito Federal, que este personaje fue tachado, cuestionado desde la tribuna de la Asamblea, porque le gustaba inventar delincuentes, y se le comprobó en una ocasión cuando fue delegado de la Miguel Hidalgo, como para aprehender a alguien que no tenía justificación legal, pues simplemente lo detuvieron afuera de las instalaciones de la delegación y se le fabricó el delito de portación de arma prohibida.
Fue aceptado en la misma Asamblea, en la primera y está ahí en los diarios de los debates, y está el cuestionamiento y la exigencia de su renuncia, porque era una práctica común de Pablo Chapa Bezanilla, inventar.
Nos preocupa mucho, porque no son tres casos cualquiera. Se va a proceder a inventar desde esa telaraña de complicidad que hay en una estructura tan podrida como es la Procuraduría General de la República, una institución que se deshace, que no tiene ninguna credibilidad, una institución a la cual hay que salvar y por eso pensamos y hubo consenso, en que Antonio Lozano podría iniciar esa labor con ayuda obviamente de la opinión pública del Poder Legislativo y de los partidos políticos y de todos los que queramos una procuración de justicia real.
Entregar las investigaciones a este encadenamiento de complicidades para que se vayan perdiendo las investigaciones, para que los archivos entregados tan celosamente en los tres casos, por lo menos en dos con notarios públicos presentes, hoja por hoja, se vayan quedando en el olvido y se vayan quizá dejando a un lado y poniendo en su lugar esas invenciones de las cuales Chapa sabe muy bien, desde que trabajó en la Procuraduría del Distrito Federal.
Se va ir metiendo más incertidumbre en las tres investigaciones, cuando desde el mismo grupo de la policía judicial, no especial, sino ésa que queremos cambiar, sino ésa que queremos exterminar, porque lo que simplemente hace es lacrar y reprimir a la población y violar los derechos de la población en México.
Nosotros no tenemos confianza en la designación, en la persona de Pablo Chapa Bezanilla, no la tenemos, porque hemos padecido directamente los tratos de este señor en contra de la población, tratos ilegales y violatorios. ¿Qué va a suceder entonces con los tres casos?
Como decía al principio, ¿serán uno más de la estadística, ésa que les gusta de repente repetir? ¿Se irá por ahí para que otra vez la impunidad sea la que quede y el tiempo actúe a favor de los asesinos? Queremos saber bien las razones de por qué está Pablo Chapa ahí. ¿Presiones de otro lado? Si es así sería muy negativo y ojalá no fuera. ¿Hay alguna argumentación de otro tipo que satisfaga a las exigencias que tenemos nosotros como diputados federales? Queremos escucharlas.
En un principio pensábamos que había que hablar con Pablo Chapa Bezanilla, pero la verdad sería perder el tiempo, porque no tenemos confianza en él, porque lo conocemos.
Por ello, la petición nuestra, sin llegar a un punto de acuerdo, porque ya hay un consenso de relación entre la Cámara de Diputados y el procurador general, que le pedimos que haya esta reunión y que pronto se busque, ya sea la comisión plural de seguimiento del asesinato de Luis Donaldo o del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, o de manera conjunta, pero que se haga de inmediato.
Yo creo que todos los que han estado pendientes de la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio estarán preocupados por eso, y que no tendrán consenso por más que Juan Velázquez haya estado presente en el anuncio de esta designación y que la familia de Ruiz Massieu también tendrá dudas, muy serias, porque conocen, conocen, la actuación de Pablo Chapa, en la PGR.
Y en el caso de Juan Jesús Posadas Ocampo, seguramente la Iglesia tendrá mucho que decir y qué cuestionar y qué dudar, porque también saben muy bien quien es este fiscal, este subprocurador especial.
Pablo Chapa cumplía funciones directas con Humberto Benítez Treviño, ¿seguirá cumpliéndolas para tapar las responsabilidades que se le imputaron y, según esto, existe incluso una averiguación en contra de él? ¿Servirá para seguir tapando y para seguir llevando al olvido el caso del asesinato de Francisco Ruiz Massieu? Nos duele la designación de Pablo Chapa de que es simplemente para que el tiempo actúe a favor de los asesinos intelectuales.
Reiteramos que sólo con la voluntad política, dicha aquí, dicha ahí en el vestíbulo, en la reunión que tuvimos con el presidente Zedillo, ¿con esa voluntad se puede solucionar las investigaciones y llevarlas adelante hasta sus últimas consecuencias?
Esta voluntad política la queremos ver expresada en pasos concretos. Queremos verlo, porque simplemente lo dicho y no llegado a la práctica, no satisface a nadie. No queremos ser en esta legislatura actores pasivos y ser integrantes de comisiones, las cuales simplemente se tomen la foto de vez en cuando con el fiscal o con el procurador, si no queremos ser miembros activos en esas comisiones. Podemos ser ni más ni menos que el elemento que dé credibilidad y certeza a las investigaciones de los tres casos, porque estamos conscientes que lo importante es que salga la verdad, que se sepa la verdad en los tres casos, principalmente de estos asesinatos.
Nosotros queremos que se vaya al fondo y no queremos simplemente estar al alba, sino ser actuantes y tener que hacerlo, porque tenemos que decirle a la población que como Poder Legislativo podemos garantizar que haya justicia y justicia ya y no tanto en los cambios que vengan y a futuro, sino ahora.
Podríamos decir si con esta designación queden los demonios actuando con tanta impunidad. Ojalá no sea así y por eso acudimos...
¡Qué lamentable que sea la oposición quien exija la verdad en los casos de los asesinatos de dos priístas tan destacados! ¡Lamentable!, y el tema, dicen; bueno, si el tema no es éste, ¡qué vergüenza! Pero, bueno, así es la cultura política impuesta a algunos.
Simplemente pues, compañeras y compañeros, perdón por hablar de exigencias y de buscar la verdad desde esta cámara, pero hay que hacerlo. Pedimos una reunión e insisto, con el Procurador General de la República e insisto a partir de los acuerdos que tuvimos en la comisión, en las comisiones, para actuar de buena fe y de manera conjunta. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, se le concede el uso de la palabra, al compañero diputado Fernando Pérez Noriega.
El diputado Fernando Pérez Noriega:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de esta tribuna no para defender al Procurador General de la República, vengo a manifestar, a nombre del Partido Acción Nacional, que nuestro partido, al igual que todos los aquí representados, al igual que todo el pueblo de México, tiene interés en que se continué con las investigaciones y el total esclarecimiento de los tres asesinatos tanto del caso Posadas, el caso Colosio y el caso Ruiz Massieu.
En Acción Nacional coincidimos con lo que dijo el diputado que nos antecedió, en el sentido de que es necesario escuchar al señor Procurador General de la República. Para eso, presentamos nosotros una iniciativa de reformas al artículo 93 constitucional para que casos como éstos, que despiertan el interés de los legisladores, tengan un fundamento jurídico para poder invitar al Procurador General de la República a comentar con nosotros el por qué y el cómo de estas investigaciones.
Entonces, compañeras y compañeros diputados, vamos a agilizar el trámite de esa solicitud, de esa iniciativa de reforma al artículo 93, para que cuando una vez esté aprobado, podamos entonces, si el caso amerita, solicitar la comparecencia del Procurador General de la República y platicar con nosotros.
Desde luego, creemos que todos estos asuntos deben llegarse al fondo, deben de esclarecerse y el Partido Acción Nacional está interesado, al igual que todos ustedes, de que lleguemos al fondo del asunto. Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, se le concede la palabra a la diputada Leticia Burgos Ochoa.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:
Estuvimos ayer, invitados por el Procurador General de la República, a través del diputado Netzahualcóyotl de la Vega, presidente de la comisión especial de seguimiento de la investigación sobre el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, de esta Cámara de Diputados, a la presentación del nombramiento del subprocurador para las investigaciones correspondientes.
Hemos expresado que el procurador General de la República, licenciado Antonio Lozano Gracia, legislador con licencia de esta legislatura, del Partido Acción Nacional, indicaba la posibilidad de retomar los avances de las investigaciones de los casos que se refieren y que en particular sobre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, permitiría profundizar hasta llegar al fondo y abordar todas las hipótesis y líneas de investigación, cerrarle el paso a la impunidad y que, en apego a derecho, se profundizara hasta llegar a descubrir y castigar, tanto a los autores intelectuales, encubridores, como al autor material del asesinato político del licenciado José Francisco Ruiz Massieu.
También recordamos que en este recinto y en la opinión pública, el Partido Acción Nacional, ha pedido el brindar respaldo a los trabajos de investigación que llevara a cabo el subprocurador, licenciado Mario Ruiz Massieu, e inclusive continuara con las investigaciones.
Sin embargo, con el nombramiento que ayer le diera al licenciado Pablo Chapa Bezanilla, subprocurador especial para tal efecto, nos saltan varias dudas. El licenciado Pablo Chapa Bezanilla, ha sido parte del equipo en varios puestos de la administración pública, del ex procurador General de la República, Humberto Benítez Treviño acusado directamente por encubrimiento por el ex subprocurador Mario Ruiz Massieu.
Con este tipo de nombramientos lanzamos las siguientes interrogantes:
¿Cuáles serán los compromisos que el procurador Lozano Gracia, ha contraído con el señor Zedillo Ponce de León, respecto a estos casos que han venido a convulsionar a la República y han trascendido a nivel mundial? ¿Será que realmente no se quiere llegar al fondo de la verdad de tan lamentables hechos?
Por todo lo anterior, impugnamos dicho nombramiento y de conformidad con los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, 444 del Código Federal de Procedimientos Penales y 82 de la fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Pablo Chapa Bezanilla debe excusarse, por tener un interés político personal en el asunto.
Por lo anterior solicitamos, que de acuerdo a lo establecido, el actual procurador General de la República; Antonio Lozano Gracia explique el proceso por el cual se designó al licenciado Chapa Bezanilla, ¿quiénes integraron la propuesta del procurador para dicho cargo, si es que la hubo? y, ¿qué criterios se aplicaron para designar al licenciado Chapa Bezanilla?
Asimismo, exigimos el nombramiento de un fiscal especial con un confiable perfil de imparcialidad, de alta honorabilidad y objetividad, que la opinión pública nacional reclama con alta credibilidad.
El Partido de la Revolución Democrática, demanda un fiscal especial capaz de investigar los vericuetos del poder político y económico, para encontrar la autoría intelectual de estos arteros asesinatos. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, se le concede el uso de la palabra diputado Ricardo García Cervantes.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Toda vez que se ha citado una expresión de Acción Nacional, hago uso de esta tribuna para hacer, de manera clara y definitiva, la expresión de Acción Nacional en relación a su exigencia de que se esclarezcan y no queden sin castigo los crímenes a que se ha referido la compañera diputada que me antecedió en el uso de la palabra.
La exigencia de Acción Nacional es: que se esclarezcan y se castiguen los crímenes del licenciado Ruiz Massieu, de Luis Donaldo Colosio y del cardenal Posadas.
Si se cita una expresión de Acción Nacional, es ésa: ¡La exigencia de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación y castigo de estos crímenes! Gracias.
LEY SOBRE EL USO DEL ESCUDO, LA BANDERA E HIMNO NACIONALES
El Presidente:
Para presentar una excitativa, se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Rojo Gutiérrez.
El diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez:
Gracias, señor Presidente:
Presidente de la mesa directiva de la Cámara de diputados:
"En sesión número 9, del día 22 de noviembre del presente año, por mi conducto un grupo de diputados de Acción Nacional presentamos iniciativa de ley para reformar y adicionar la Ley sobre el Uso del Escudo, la Bandera y el Himno nacionales. Habiendo turnado dicha iniciativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El día de hoy estamos celebrando nuestra sesión de la Cámara de Diputados, número 21, sin que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales haya presentado su dictamen con relación a esta iniciativa, incumpliendo el artículo 87 del Reglamento interno, por lo que solicito, muy respetuosamente, se haga una excitativa a dicha comisión a fin de que rinda de inmediato el dictamen correspondiente.
Considero que es necesario que tengamos el dictamen a la mayor brevedad, puesto que en la iniciativa se señalan cambios en el calendario en el cual nuestro lábaro patrio debe ser izado a toda asta y como el 15 de marzo será cuando tengamos el inicio del segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, si no se dictamina esta iniciativa definitivamente no se podrá izar nuestro lábaro patrio en esa fecha.
Es por esas razones, señor Presidente, que ruego a usted haga la excitativa correspondiente". Gracias.
El Presidente:
Recibo y esta Presidencia exhorta a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, cumpla de inmediato con su cometido.
ORDEN DEL DIA
El secretario Gonzalo Alarcón Bárcena:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año.— LVI Legislatura.
Orden del día
18 de diciembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, relativo a la convocatoria de elecciones extraordinarias de diputados federales, por el principio de mayoría relativa en el IV distrito electoral federal del Estado de Puebla.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, relativo a la convocatoria de elecciones extraordinarias de diputados federales, por el principio de mayoría relativa en el XXII distrito electoral federal del Estado de Veracruz.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 16.17 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar, mañana, domingo 18 de diciembre a las 10.00 horas.