SUMARIO
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
EI diputado Marco Antonio Michel Díaz, da lectura a una comunicacion de ese cuerpo técnico, en relación con el nombramiento del auditor externo del Banco de México.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, presenta iniciativa de reformas a ese ordenamiento. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Eduardo Arias Aparicio, presenta iniciativa de reformas a ese ordenamiento. Se turna las comisiones Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
La Asamblea dispensa la primera lectura al dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Carta Magna, en relación con el Poder Judicial de la Federación.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Jorge Cañedo y de la Bárcena, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere esa nación. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Garrido Luca, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de esa nación en Guadalajara, Jalisco.
Se aprueban ambos dictámenes y se turnan al Poder Ejecutivo federal, para los efectos constitucionales.
Debaten sobre los problemas de la capital del país, sus autoridades y sus relaciones con la comisión legislativa correspondiente, los diputados:
Patricia Garduño Morales
Florentino Castro López
María del Carmen Segura Rangel, para rectificar hechos.
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, para rectificar hechos.
René Arce Islas
Denuncian y expresan sus opiniones respecto a los accidentes en la construcción de la presa Luis Donaldo Colosio Murrieta, los diputados:
Zenen Xochihua Valdez. Se turna su denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Pablo Moreno Cota, para rectificar hechos.
Lauro Norzagaray Norzagaray, para rectificar hechos.
La diputadaMara Nadiezhda Robles Villaseñor, propone su creación a nombre de diputados de todos los grupos parlamentarios.
Expresan sus opiniones los diputados:
Oscar González Yáñez
Mara Nadiezhda Robles Villaseñor
Cristian Castaño Contreras
Francisco Javier Guízar Macías
Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas, para rectificar hechos.
Se refiere y hace proposiciones respecto a la necesaria en caso de sismo, el diputado Gerardo Gabriel Nava Bolaños. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Para rectificar hechos, el diputado Jesús Carlos Hernández Martínez.
Debaten sobre la reforma electoral en esa entidad, los diputados:
Javier Ortega Espinoza
Gustavo Salinas Iñiguez
Javier Ortega Espinoza, para rectificar hechos.
Pedro Guadalupe López y Macías, para rectificar hechos.
Debaten los diputados:
Saúl Alfonso Escobar Toledo.
Luis Sánchez Aguilar para rectificar hechos.
Francisco Suárez y Dávila
Luis Sánchez Aguilar, para contestar alusiones personales.
Joegr Andrés Ocejo Moreno
Para rectificar hechos o contestar alusiones personajes hacen uso de la palabra los diputados:
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Gustavo Gabriel Llamas Monjardín
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Gustavo Gabriel Llamas Monjardín
Luis Sánchez Aguilar
Alejandro Villaseñor Tatay
Francisco Suárez y Dávila
Joaquín Humberto Vela González, en su turno.
Juan Antonio García Villa
Raúl Alejandro Livas Vera
María del Rosario Elena Guerra Díaz
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Salvador Beltrán del Río Madrid
La diputadaMaría Rosa Márquez Cabrera hace la presente denuncia en relación de las costureras de ese Estado. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la de Gestoría y Quejas.
Debaten sobre los problemas que aquejan a esa entidad, los diputados:
María del Rosario Ybarra de la Garza
Lázaro Hernández Váquez
J. Jesús Ortega Martínez
Alí Cancino Herrera
Hildiberto Ochoa Samayoa
Lorenzo Duarte y Zapata
Luis Andrés Esteva Melchor
Cruz Pérez Cuéllar
Tito Rubín Cruz
Rafael Jacobo García, para rectificar hechos
Manuel Marcué y Pardiñas, para rectificar hechos.
Ricardo Francisco García Cervantes, quien a nombre de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, propone la creación de una comisión especial transitoria de diálogo y conciliación.
Se considera de urgente y obvia resolución.
Hace uso de la palabra el diputado Joaquín Humberto vela González.
Se aprueba y se turna al Senado de la República.
Para rectificar hechos el diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls
Informa sobre un ayuno del grupo parlamentario delPartido de la Revolución Democrática, el diputado Martín Gerardo Longoria Hernández.
Partido de la Revolución DemocráticaDe la próxima sesión.
Presidencia de la diputada
Consuelo Botello Treviño
ASISTENCIA
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La secretaria Ana Lilia Cepeda de León:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia.Hay una asistencia de 377 diputados, por lo tanto, hay quorum.
La Presidenta (a las 12.46 horas):
Se abre la sesión. Proceda la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Ana Lilia Cepeda de León:
Se va a dar lectura al orden del día. «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
20 de diciembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Morelos.
Iniciativas de diputados
De reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De reformas a la Ley de Planeación, a cargo del diputado Eduardo Arias Aparicio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictamen de primera lectura
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Cañedo y de la Bárcena, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de España.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano José Antonio Garrido Luca, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en Guadalajara, Jalisco.
Intervención de la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre problemas en el Distrito Federal.
Comentarios de la diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la juventud.
Pronunciamiento sobre la Presa de Huites, a cargo del diputado Zenen Xochihua Valdez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Intervención del diputado Gerardo Gabriel Nava Bolaños, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre protección y vialidad.
Comentarios sobre la reforma electoral en el Estado de Zacatecas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Ezequiel Flores Rodríguez:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior. «Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado José Ramírez Gamero
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con seis minutos del día diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de trescientos ochenta y dos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, desde su curul, el diputado Juan Antonio García Villa, solicita que se vuelva a leer y posteriormente que se invierta el orden de discusión de los dictámenes correspondientes a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cinco y del proyecto de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.
El Presidente hace explicaciones basadas en los ordenamientos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y posteriormente, para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, también en dos ocasiones.
El Presidente hace nuevas consideraciones reglamentarias y sostiene el orden del día leído por la Secretaría.
Se da cuenta con el acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
La Presidencia designa sendas comisiones para asistir a los actos cívicos conmemorativos del centésimo septuagésimo nono aniversario luctuoso del Siervo de la Nación, generalísimo José María Morelos y Pavón a los que invitan el Departamento del Distrito Federal y el Gobierno del Estado de México.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cinco, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional, quien propone una moción suspensiva.
En contra de la propuesta, pasa a la tribuna el diputado Roberto Rafael Campa Cifrián, del Partido Revolucionario Institucional.
Ante la insistente solicitud de la palabra para rectificar hechos, el Presidente pide a la Secretaría que dé lectura al artículo ciento diez del Reglamento e inmediatamente después, en votación económica se desecha la moción.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Francisco Suárez y Dávila, del Partido Revolucionario Institucional y para presentar el voto particular en contra el diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática.
A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados:Luis Sánchez Aguilar, motu proprio; Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo, en contra; Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional, en contra y Víctor Manuel Silva Tejeda, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y autoriza a que la votación en lo general y en lo particular se realice en un solo acto al término del debate.
Para expresar sus opiniones respecto a diversos artículos reservados, se concede el uso de la palabra a los diputados:Jorge Humberto Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional; Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional, por la comisión dictaminadora; Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; Claudio Manuel Coello Herrera, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional y Oscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional, por la comisión.
A las quince horas con cinco minutos, el Presidente declara un
RECESO
A las dieciséis horas con veinticinco minutos, se reanuda la sesión y el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados:Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, quien fundamenta el voto de su grupo parlamentario; Alfonso Molina Ruibal, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Jorge Adolfo Cejudo Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer precisiones.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo particular y la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y seis votos.Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la comisión fundamenta el dictamen.
A solicitud de la diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz, la Secretaría da lectura a un acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal.
Pasa a la tribuna, el diputado Víctor Cruz Ramírez, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
Con las observaciones del diputado Cruz Ramírez, la Asamblea, en votación económica, aprueba el acuerdo.
A discusión en lo general, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, del mismo partido y Mónica Gabriela Leñero Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional, quienes fundamentan el voto de sus respectivos grupos parlamentarios.
La Asamblea aprueba que se resuelva la votación y para la discusión en lo particular, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados:Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Luis Manuel Jiménez Lemus, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Salvador Mikel Rivera, del Partido Revolucionario Institucional; Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, del Partido de la Revolución Democrática; Alfonso Reyes Medrano, del Partido Revolucionario Institucional; Dionisio Eduardo Pérez Jácome, del mismo partido; Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática; Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Núñez Hurtado, del Partido de la Revolución Democrática; Daniel Covarrubias Ramos, del Partido Revolucionario Institucional y María de la Luz Lima Malvido, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace una propuesta que se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Participación Ciudadana.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y dos votos.Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintiún horas con nueve minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, martes veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro a las once horas con treinta minutos.» Está a discusión el acta...
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie (desde su curul):
¡Pido la palabra!
La Presidenta:
¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie (desde su curul):
Es con relación al acta.
La Presidenta:
Tiene usted la palabra, diputado.Que le pasen un micrófono o venga aquí a la tribuna.
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie (desde su curul):
Nada más para sugerir que en el acta se debe de mencionar cuantos votos en contra tuvieron ambos dictámenes.Porque nada más se mencionan los aprobatorios y no aparece ningún voto en contra.
La Presidenta:
Se consignará en el acta el número de votos en contra.
El secretario Ezequiel Flores Rodríguez:
En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señora Presidenta.
ESTADO DE MORELOS
La secretaria Martina Montenegro Espinoza:
Se va a dar lectura a una comunicación.
«Escudo del Estado.- Poder Legislativo.- Honorable XLVI Legislatura.
Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del honorable Congreso del Estado de Morelos, tenemos el honor de informar a usted(es) que en sesión de esta fecha, el honorable Congreso del Estado eligió a los diputados Francisco Rafael Sánchez Vargas y Pedro Delgado Salgado, quienes fungirán como presidente y vicepresidente de la mesa directiva.Respectivamente, durante el mes de diciembre de 1994.
Reiteramos a usted(es) la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo.No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, diciembre 5 de 1994.- Los secretarios de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Morelos, diputados Teresa de Jesús Ortiz Martínez y Andrés Medina López.»
De enterado.
CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Michel, para leer una comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Diputado Michel, tiene usted el uso de la palabra.
El diputado Marco Antonio Michel Díaz:
Con su permiso, señora Presidenta:
"A la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, fue turnado para su estudio y resolución el oficio 101-2393 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 18 de noviembre de 1994, mediante el cual se solicita de esta comisión, la aprobación del nombramiento del auditor externo del Banco de México.
Esta comisión, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Banco de México, se abocó al estudio de dicho asunto a lo largo de varias reuniones con los funcionarios correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y los representantes de la propia firma que había sido recomendada por la Secretaría de Hacienda, recomendación que surgió de una terna presentada por el colegio de contadores públicos para este efecto.
Después de haber discutido con estos funcionarios y con los representantes de la propia empresa, se llegaron a los siguientes puntos de acuerdo, en la sesión celebrada esta mañana por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda
ACUERDOPrimero. Se aprueba la designación de la firma de Contadores Públicos Ruiz Urquiza y Compañía, S.C., como auditor externo del Banco de México.
Segundo. En los términos de la fracción XI del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, hágase del conocimiento del pleno de la Cámara de Diputados, el contenido del presente acuerdo."
Está firmada el día 20 de diciembre de 1994, por los miembros de la Comisión de Vigilancia, que aprobaron unánimemente estos puntos de acuerdo.
Está a su consideración y conocimiento.
La Presidenta:
De enterado.
Se le dará el trámite correspondiente.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:
Muchas gracias, señora Presidenta:
«Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Los suscritos, diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con base a lo establecido por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a su consideración de esta honorable representación, la presente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA CREAR EL "REGISTRO PUBLICO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS"ANTECEDENTES1.Atendiendo a la iniciativa presentada por el entonces presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, en fecha 30 de diciembre de 1982, los integrantes de la Cámara de Diputados de la LII Legislatura, aprobaron el dictamen de la Comisión de Justicia de la propia cámara, relativo al estudio de la minuta con proyecto de decreto que remitió la honorable Cámara de Senadores y con el cual se acordó la entrada en vigor de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación del día siguiente.
2.Dicha ley ha sufrido reformas publicadas el 11 de enero de 1991 y el 21 de julio de 1992, hasta llegar a su contenido actual.
3.Dicho ordenamiento legal en su Título Cuarto contiene un capítulo único denominado Registro Patrimonial de los Servidores Públicos, en el que, en 12 artículos se establece la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial a diversos funcionarios públicos, así como la existencia de un registro de las mismas en la Secretaría competente del ramo, los plazos para presentación, el contenido de las mismas y las sanciones correspondientes por su omisión.
MOTIVACIONES1.El estado de derecho, reclama de los servidores públicos una responsabilidad real y exigible, sin impunidad de ninguna especie y con sanciones requeridas y cuando el afectado es bloqueado en su demanda contra el incumplimiento del servidor público.La transparencia que en el ejercicio del servicio público se tenga ante la ciudadanía, ayudará sustancialmente al cumplimiento de esa responsabilidad.
2.Si bien es cierto, la actual legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos ya contempla un registro de la situación patrimonial de los mismos, éste se da en forma secreta, privando a los ciudadanos al conocimiento del contenido del mismo.
3.Siendo de interés general el desempeño de quienes desarrollan una función de servicio público, no encontramos razón para que el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos, que actualmente lleva la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, no tenga el carácter de público; esto es, que la ciudadanía pueda tener acceso al contenido de los archivos del registro.
4.La apertura democrática que México quiere vivir, obliga a que quienes representamos los intereses de la ciudadanía, demos a ésta toda posibilidad de revisión y supervisión de nuestro actuar como funcionarios públicos y es ahí en la acumulación de las riquezas, en donde se puede palpar fielmente el desempeño honesto y leal de los funcionarios.
5.Seguir manteniendo oculto a los ciudadanos la realidad económica de los funcionarios, quienes perciben un salario o prestación económica proveniente del pago de los impuestos, es seguir de espaldas a los mismos, propiciando desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos a usted la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOSArtículo primero. Se modifica el nombre del capítulo único del Título Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
TITULO CUARTOCAPITULO UNICORegistro público patrimonial de los servidores públicos Artículo segundo.Se reforma el artículo 1o.fracción VI de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 1o.............................................
I a V.............................................................
VI.El registro público patrimonial de los servidores públicos.
Artículo tercero. Se adiciona con un párrafo al artículo 79 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 79.La Secretaría............................
El registro a que se refiere el párrafo anterior tendrá carácter de público.
Las atribuciones que .............................................
Para los efectos del .............................................
TRANSITORIOSArtículo único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos" Atentamente.
México, Distrito Federal, a 14 de diciembre de 1994.- Diputados:Javier Gutiérrez Vidal, Gonzalo Alarcón Bárcena, Régulo Pastor Fernández, Eugenio Ortiz Walls, Fernando Pérez Noriega, Patricia Garduño Morales, Rafael Núñez P., María Elena Alvarez Bernal, Miguel Acosta Ruelas, Alfonso Martínez Guerra, José de Jesús Preciado Bermejo, Luz de Jesús Salazar Pérez, Andrés Galván Rivas, Arnulfo Cueva Aguirre, María Remedios Olivera O., Salvador Becerra Rodríguez, Rodrigo Robledo Silva, Jorge Antonio Catalán Sosa, Juan Antonio García Villa, Cecilia Romero Castillo, Ricardo García Cervantes, Agustín Torres Delgado, Cristian Castaño Contreras, Pedro Flores Olvera, Humberto Andrade Quezada, J. Pedro Sánchez A., Luis Ruan Ruis, David Vargas Santos y Antonio Thomsen.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DE PLANEACION
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Arias Aparicio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley de Planeación.
El diputado Eduardo Arias Aparicio:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
«Los que suscriben, diputados a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de reformas a los artículos 5o., 21, 29 y 31 de la Ley de Planeación, para que el Congreso de la Unión, sea el responsable de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.
EXPOSICION DE MOTIVOS1.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 26 que:"habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal".
2.En el artículo 21 de la Ley de Planeación se establece:"el Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.
El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática".
En el artículo 27 de la Ley de Planeación se indica que:
Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes.Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anual que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable".
En el artículo 40 de la Ley de Planeación se establece que:
"Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; los programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la Administración Pública Federal realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad y la aplicación de los instrumentos de política económica y social, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los programas a que se refiere esta ley."
Por lo indicado en el punto anterior se ve claramente la importancia que para el país representa el Plan Nacional de Desarrollo y desafortunada e ilógicamente el Poder Legislativo tiene una participación menos que simbólica en la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ya que la Ley de Planeación indica lo siguiente:
" Artículo 5o.El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión.En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formularé, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan."
En el artículo 20 al hablar de los foros de consulta popular que se convocarán para que participen los diversos grupos sociales, se indica:"Asimismo participarán en los mismos foros los diputados y senadores al Congreso de la Unión".
La ley faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática; los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo y además en el artículo 29 se le da al Ejecutivo la atribución de aprobar el plan.De aquí resulta que ya no es el Estado el que organiza un sistema de planeación democrática, sino que es el Ejecutivo Federal, ya que a él se le conceden todas las facultades.
3.Al Poder legislativo se le enviaron en días pasados los proyectos de ley de ingresos y de presupuestos de la Federación que deben estar en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo como ya vimos en el punto primero de esta exposición de motivos.
Además periódicamente estaremos recibiendo en esta cámara iniciativas del Ejecutivo, en las cuales como argumento indiscutible se dirá:"está en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo".
En los sexenios anteriores, esta cámara no ha tenido ninguna participación, hace seis años, en mayo 31 de 1989, el Ejecutivo Federal dio a conocer el plan y siete meses después la Cámara de Diputados le dedicó dos horas en la última sesión del periodo para dar una opinión sobre el PND.
4.Es necesario que los diputados asumamos el papel que nos corresponde en este proceso de planeación, sobre el que ha de normar su actividad el Gobierno durante seis años.Nuestra actual participación es marginal, autolimitada y absolutamente intrascendente, por lo que toca al proceso de la conducción económica y social de México.
Necesitamos, como ya lo hemos dicho, levantar el prestigio del Poder Legislativo, funcionando como representantes de la nación.
Las modificaciones que aquí proponemos van encaminadas a que el Poder Legislativo desempeñe un papel definitivo y trascendente en el proceso de planeación:como nos corresponde por ser representantes del pueblo de México.
Si no lo hacemos así, otra vez se exhibirá el carácter marginal de esta cámara, urgida de actuar sin subordinación al Poder Ejecutivo.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETOUnico. Se reforman los artículos 5o., 21, 29 y 31 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:
" Artículo 5o.El Presidente de la República remitirá el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión, para su examen y aprobación.En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en los diversos supuestos previstos por esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución del plan.
Artículo 21.El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de siete meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República.
Artículo 29.El plan deberá ser sometido por la Secretaría de Hacienda, a la consideración del Presidente de la República, para que posteriormente se envíe al Congreso de la Unión, para su aprobación.
Artículo 31.El plan y los programas sectoriales serán revisados con la periodicidad que determinen las disposiciones reglamentarias.Los resultados de las revisiones y, en su caso, las adecuaciones correspondientes al plan, previa su aprobación por parte del Congreso de la Unión, así como en su caso las adecuaciones a los programas, se publicarán igualmente en el Diario Oficial de la Federación."
TRANSITORIOEl presente decreto, entrará en vigor al día siguiente después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados:Eduardo Arias Aparicio, Manuel Beristain Gómez, Juan Antonio García Villa, Jorge H.Padilla Olvera, Marcos Efrén Parra Gómez, Luis Alberto Rico Samaniego, Kurt A Thomsen D'Abbadie y David Vargas Santos.»
La Presidenta:
Se recibe y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, señores diputados, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo ya entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Gonzalo Alarcón Bárcena:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.... Se dispensa la lectura al dictamen. «Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Honorable Asamblea:a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto, que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el 17 de diciembre de este año, por el que se adicionan tres párrafos al artículo 21; se reforma la fracción V del artículo 55; se restablece la fracción XXIII del artículo 73; se reforman las fracciones II y VIII del artículo 76; se reforman las fracciones II y V del artículo 79; se reforman las fracciones II, IX, XVI y XVIII del artículo 89; se reforman los párrafos primero, segundo, quinto, sexto, octavo, noveno y se adiciona un décimo, del artículo 94; se reforman las fracciones II, III y V, se adiciona una VI y un último párrafo del artículo 95; se reforma el artículo 96; se reforma el artículo 97; se reforma el artículo 98; se reforma el artículo 99; se reforma el artículo 100; se reforma el artículo 101; se reforman los párrafos primero y tercero y se adiciona un último, del artículo 102 apartado A; se reforman las fracciones II y III del artículo 103; se reforma la fracción IV del artículo 104; se reforma el artículo 105; se reforma el artículo 106; se reforman las fracciones V último párrafo, VIII párrafo primero y penúltimo, XI, XII párrafos primero y segundo; XIII párrafo primero y XVI, del artículo 107; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111; se reforman la fracción III, párrafo tercero y se deroga el párrafo quinto, hecho lo cual se recorre la numeración del artículo 116; se reforma la fracción VII del artículo 122 y se reforma la fracción XII, párrafo segundo del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas comisiones, de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de los integrantes de esta honorable Cámara, este dictamen, de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada por la honorable Cámara de Senadores, el día 6 de diciembre de 1994, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno, de la iniciativa de decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo 21; se restablece la fracción XXIII del artículo 73; se reforma la fracción II y se deroga la V del artículo 79; se reforman las fracciones II, III, XVI y XVIII del artículo 89; se reforman los párrafos primero, segundo, quinto, sexto, octavo y noveno del artículo 94; se reforman las fracciones II, III, V, se adiciona una VI y un último párrafo del artículo 95; se reforma el artículo 96; se reforman los párrafos primero, segundo, quinto, sexto, séptimo y onceavo y se deroga el párrafo III, hecho lo cual se recorre la numeración, del artículo 97; se reforma el artículo 98; se reforma el artículo 99; se reforma el artículo 100;se reforma el artículo 101; se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 102 apartado A; se reforman las fracciones II y III del artículo 103; se reforma la fracción IV del artículo 104; se reforma el artículo 105; se reforma el artículo 106; se reforman las fracciones VIII párrafo primero; XI, XII párrafos primero y segundo; XIII párrafo primero y XVI del artículo 107; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111, se reforma la fracción III, párrafo tercero y se deroga el párrafo quinto, hecho lo cual se recorre la numeración del artículo 116; se reforma la fracción VII del artículo 122 y se reforma la fracción XII, párrafo segundo del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Ejecutivo Federal, con el propósito de fortalecer la Constitución y la normatividad como sustento básico para una convivencia segura, ordenada y tranquila, a partir del fortalecimiento del Poder Judicial y modificaciones a la organización interna, al funcionamiento y a las competencias de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.
2. Las comisiones ordinarias del Senado de la República, Cámara de Origen para el conocimiento de la iniciativa de que se trata, de Justicia, Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera sección, en base a lo dispuesto en el artículo 90 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, invitaron a una reunión de conferencia a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Cámara de Diputados, misma que tuvo lugar en las instalaciones de la colegisladora, el día 9 de diciembre del año en curso.
3. En dicha reunión celebrada, diputados integrantes de las comisiones ordinarias competentes de esta Cámara de Diputados ampliaron su información sobre contenidos y alcances de las reformas propuestas y analizaron e intercambiaron opiniones y posturas con los señores senadores sobre la totalidad de los artículos constitucionales a que se refiere la iniciativa presidencial y de algunos otros que, como el 55 y el 76 relativos a los requisitos para ser diputado federal y facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, respectivamente, se estimaba que guardaban vinculación con los contenidos particulares de las reformas planteadas por el Ejecutivo Federal.
Asimismo, la amplia y extensa reunión de conferencias y la receptividad que en ella dieron cuenta los señores senadores presentes, permitió que los propios diputados presentaran importantes propuestas sobre modificaciones que a su juicio debían realizarse a varias de las reformas originalmente contempladas en la iniciativa presidencial.
4. Por otra parte y como trabajos propiamente internos, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de este año, acordó por unanimidad convocar a un foro sobre reformas al Poder Judicial de la Federación, a efecto de escuchar opiniones y recibir aportaciones respecto a la iniciativa del Ejecutivo Federal.
5. Con fecha 16 de diciembre del presente año, se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados, el foro de consulta a que hace referencia el punto anterior en el que participan destacados juristas y académicos, varios de ellos representantes de instituciones de educación superior, barras y colegios de abogados, los cuales en su gran mayoría coincidieron con la necesidad de la reforma constitucional.
La realización del foro, no sólo permitió dar continuidad al que sobre el mismo tema convocó la Comisión de Justicia del Senado de la República, celebrado en la ciudad de Durango el pasado 14 de diciembre de este año, sin que estrictamente en lo que hace a los trabajos previos de la Cámara de Diputados, por conducto de sus Comisión de Justicia, constituyó un importante espacio para que los legisladores federales recibieran también información, opiniones y propuestas de los destacados juristas que con su experiencia profesional, académica o de investigación jurídica, proporcionaron elementos de valoración a los señores diputados.
6. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, recibió también consideraciones y propuestas formuladas por litigantes, juristas, academias, universidades, instituciones diversas de educación superior y en general personas interesadas en los temas que se contienen en la iniciativa del Ejecutivo Federal y que responden al interés nacional que los mismos han suscitado en el país, dadas las transformaciones profundas que en los ámbitos de la procuración y la administración de justicia conllevan su debate y aprobación.
7. El día 18 de diciembre de este año, los secretarios de la Cámara de Diputados dieron cuenta al pleno de la recepción de la minuta proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indicados en el proemio de este dictamen. El Presidente de la mesa directiva acordó el turno respectivo a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para su estudio y dictamen.
8. En la misma fecha de 18 de diciembre de este año, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con base en los artículos 45 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una propuesta para que las comisiones competentes soliciten a la Asamblea la suspensión del dictamen respectivo, en tanto se realizan foros y consultas públicas; propuestas que desde luego habrán de seguir el trámite a que se refieren los artículos en que se fundamentó.
9. Las comisiones unidas que dictaminan se reunieron en sesión conjunta el día de ayer 19 de diciembre, para acordar mecánica de trabajo y presentación del proyecto de dictamen. Los miembros de ambas comisiones, tuvieron una nueva sesión el día de hoy 20 de diciembre, en donde se discutió el presente dictamen y los documentos fundamentales del proceso legislativo, consistente en la iniciativa del Ejecutivo Federal, el dictamen de las comisiones unidas del Senado, de Justicia, Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera Sección, versión estenográfica de la sesión de la colegisladora del día 17 de diciembre de 1994 y la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los variados elementos contemplados en los antecedentes referidos.
10. De acuerdo con los antecedentes indicados, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con las atribuciones antes señaladas, presentan el dictamen bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
La revisión de la historia de nuestro país nos muestra que el ánimo de perfeccionamiento de las instituciones nacionales ha sido una constante en la tradición jurídica nacional, en que ha estado presente siempre el interés por la justicia, en la doble visión que de ella se tiene en nuestra nación, esto es por un lado, la justicia como un derecho inherente a la calidad de ser y por otro el perfeccionamiento de la organización del Estado en su administración e impartición.
El tema de la justicia no podría entenderse aislado en ningún orden nacional y menos aún en el que se enmarca nuestro país. En efecto, se encaminan a un mismo vértice por lo menos tres conceptos fundamentales: la propia justicia, la libertad y la seguridad, que precisan para su objetivación de una armonía y equilibrio precisos, a los que responde la noción de la separación de poderes que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la cotidiana convivencia con los tres valores fundamentales antes mencionados, es innegable que sobrevienen desviaciones que llegan a limitar e incluso impedir su goce y ejercicio, ocasionando cuestionamientos sobre la funcionalidad institucional, en su conformación más que en su existencia y fines.
El proyecto de reformas constitucionales que se dictamina centra sus planteamientos en tres ámbitos articulados: la coordinación que en materia de seguridad pública se propone a partir de bases precisas que dicte el Congreso de la Unión, con el objetivo de establecer un sistema nacional bajo la disposición fundamental de constituir la seguridad pública, una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que la Constitución señala; la reorganización del Poder Judicial de la Federación y las nuevas reglas de régimen jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propuesto órgano del consejo de la judicatura federal sobre integración y funciones, así como las bases constitucionales de ambos para sus relaciones con tribunales de circuito y juzgados de distrito y, finalmente, modificaciones sustanciales en lo que hace al Procurador General de la República y a la viabilidad de impugnación de resoluciones del Ministerio Público respecto al no ejercicio y desistimiento de la acción penal.
El perfeccionamiento de las instituciones jurídicas y de las respectivas estructuras del Estado, formalmente, depende en principio de la acción sustantiva del ejercicio de la función legislativa, que en la especie se hace como poder revisor conforme al procedimiento constitucional que en este caso fue iniciado en la Cámara de Senadores, la que estableció un mecanismo de trabajo que permitió recoger opiniones y puntos de vista de diputados federales, así como de juristas destacados, que modificaron en numerosos y variados aspectos la iniciativa del Ejecutivo Federal, coadyuvando al enriquecimiento de su contenido.
I. Contenido de la iniciativa del Ejecutivo Federal y del dictamen de las comisiones competentes de la honorable colegisladora.
1. Procurador General de la República y no ejercicio o desistimiento de la acción penal.
La impunidad es el incentivo y el estímulo más eficaz para la comisión del delito. Para evitar el incremento en el índice delictivo, hoy la sociedad mexicana toda, reclama que el representante social de buena fe, cumpla íntegramente con sus funciones, fundamentalmente, en la pronta integración de la averiguación previa, con respeto a las garantías individuales y sustentada en las diligencias legalmente necesarias para comprobar los elementos del tipo y la probable responsabilidad. Concluida esta etapa de la indagatoria, el agente del Ministerio Público en la inmediatez, deberá ejercitar la acción penal.
La iniciativa del Presidente de la República, contiene reformas jurídicas de la mayor importancia para garantizar que todo querellante o denunciante cuente por disposición constitucional con un instrumento jurídico que le permita impugnar los acuerdos de esa autoridad, cuando considere que el no ejercicio de la acción o el desistimiento le causan agravio.
La iniciativa prevé que las resoluciones del Ministerio Público Federal sobre el no ejercicio de la acción penal podrían ser impugnadas, según lo determinara la ley. Se respondía así, a un cuestionamiento general que si bien reconocía que el denunciante, querellante u ofendido podían ocurrir al Procurador General de la República cuando en vista de la averiguación previa, el agente del Ministerio Público facultado para hacerlo, determinara que no era de ejercitarse la acción penal por el hecho que se hubiesen denunciado como delitos o por los que se hubiese presentado querella, a efecto de que fuera el procurador quien en términos del artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, decidiera en definitiva si debía o no ejercitarse la acción penal, no procediendo recurso alguno contra su resolución, no dejaba de considerar ese cuestionamiento que la naturaleza y alcances mismos de la materia penal hacía conveniente y justo que existiera un derecho de impugnación ante autoridad distinta para dar las garantías formales y sustantivas de imparcialidad.
Las comisiones que dictaminan no sólo observan que las comisiones de la colegisladora, en su dictamen, comparten la propuesta del Ejecutivo Federal, sino que amplían el objeto de impugnación para hacer susceptible de ella también a las resoluciones del Ministerio Público sobre desistimiento de la acción penal.
Asimismo, como habrá de verse en el capítulo de este dictamen referido a las modificaciones que el pleno del Senado de la República hizo al dictamen y proyecto de decreto relativo, formulado por sus comisiones competentes, se atendió otro punto que estaba presente en la discusión y que en lo particular se expresó en el foro de consulta celebrado en esta Cámara de Diputados el 16 de diciembre de este año, en cuanto a dejar claro en el texto constitucional que el medio de impugnación será jurisdiccional.
Estiman estas comisiones unidas que la medida propuesta logrará la paulatina confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia, al saber que su indagatoria no será archivada o enviada a reserva por un simple acuerdo unilateral de autoridad, como ocurre hasta ahora; la víctima del delito o los ofendidos y los interesados de conformidad con los términos que establezca la ley, podrán impugnar los acuerdos del Ministerio Público en lo referente al no ejercicio de la acción o al desistimiento.
El régimen constitucional que prevé y regula al Procurador General de la República, es otro de los puntos sustantivos y trascendentes que aborda la iniciativa del presidente Ernesto Zedillo.
No escapa a la consideración de estas comisiones que en los debates históricos y en las posiciones doctrinales sobre derecho constitucional, han sido recurrentes tres aspectos relativos a este servidor público que por disposición de la ley suprema preside el Ministerio Público Federal.
Un primer aspecto lo ha constituido el sistema de nombramiento que en el texto original de la constitución de 1917 y sin variación, ha contemplado en el artículo 89, fracción II, la facultad del Ejecutivo Federal para nombrar y remover libremente al procurador general.
La iniciativa presidencial da un paso significativo al prever que dicha designación siga siendo atribución del titular del Poder Ejecutivo, pero sujeta a la ratificación del Senado de la República y con ello la reforma constitucional deja a la decisión definitiva de esa cámara, o en su caso de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el nombramiento sometido a su consideración.
Las comisiones unidas de esta Cámara de Diputados comparten esta innovación que ha merecido la aprobación de la colegisladora, que para nosotros viene a representar no sólo el que la ratificación signifique decisión y en su caso, respaldo de un órgano plural con el prestigio del Senado de la República, sino también un punto de vinculación entre la representación paritaria de los estados de la Unión en el propio órgano y un servidor público que por mandato mismo de la ley fundamental preside la institución del Ministerio Público e interviene en todos los negocios en que la Federación fuese parte.
Coincidimos con la colegisladora en utilizar la hasta ahora derogada fracción IX del artículo 89 constitucional, para prever en una fracción exclusiva y no en la III de dicho precepto como la iniciativa disponía, esta importante facultad que de ser sólo del Ejecutivo Federal pasa a ser compartida y en decisión última del Senado.
Por congruencia legislativa, estamos de acuerdo en incorporar las disposiciones relativas a las fracciones II y V de los artículos 76 y 79 de la Constitución respectivamente, que no se contienen en la iniciativa presidencial.
El segundo aspecto relevante en relación al procurador, ha sido la discusión sobre la calidad que hasta ahora detenta de ser el consejero jurídico del Gobierno, según disposición del último párrafo del artículo 102 de la Constitución.
Este punto que no venía incluido en la iniciativa del Ejecutivo, es abordado por la colegisladora, reformulando el párrafo correspondiente; es así que se suprime para el Procurador General de la República la calidad de consejero jurídico del Gobierno, a efecto de que las funciones que éste desempeñe sean las inherentes a su calidad de representante social que el mismo texto constitucional le atribuye y que coinciden con los fines de la institución del Ministerio Público; asimismo, como se verá en el apartado relativo a las modificaciones aprobadas por el pleno de la colegisladora, se previene que la función de consejero del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que determine la ley.
El tercer aspecto, se aborda por el Senado de la República incorporando en el segundo párrafo del artículo 93, la posibilidad de que cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión pueda citar al Procurador General de la República para que informe cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivas actividades, haciéndose énfasis en la reserva a la que está obligado a guardar en el ejercicio de su cargo, respecto de los asuntos que por su naturaleza así lo demanden. Al respecto, es necesario mencionar que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados, en sesión del día 12 de diciembre de 1994 votó a favor un dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo de que se trata, en los términos que se contienen en el proyecto que ahora se dictamina.
2. Seguridad Pública.
El combate a la delincuencia y la preservación del estado de derecho, requieren de una coordinación que debe entenderse como una función del Estado mexicano en su integridad. Estas comisiones unidas coinciden con la cámara de origen en este punto fundamental.
Con pleno respeto a la autonomía y a las funciones que el artículo 115 constitucional otorga a los municipios en materia de seguridad pública, las reformas al artículo 21 en estudio, buscan la necesaria colaboración entre las instituciones policiales, con el propósito fundamental de obtener mayor certidumbre jurídica en todos los habitantes de la República mexicana. La idea general y nacional de la seguridad pública, se sustenta en el establecimiento de medidas tendientes a eficientar la prevención del delito, al necesario intercambio de experiencias y datos que coadyuven a la detención de delincuentes organizados que actúan en perjuicio de la sociedad, en diferentes entidades federativas e igualmente a un mejor control de los elementos policiacos.
Para contar con policías profesionales que den respuesta a las demandas de la sociedad y cumplan con la legalidad, honradez y eficiencia requeridos por la norma constitucional propuesta, es menester preparar y capacitar debidamente a los elementos encargados de la seguridad pública, para que puedan iniciar con dignidad y limpieza la carrera policial; a cambio deberán recibir un salario digno y el reconocimiento de la sociedad.
Consecuente con estos propósitos, la iniciativa contempla la adición al artículo 73 en su fracción XXIII para que el Congreso de la Unión tenga las facultades para expedir las leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal.
En efecto, en forma innovadora se contempla en la iniciativa del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el señalamiento de que la seguridad pública está a cargo del Estado y con la obligación de la Federación, Distrito Federal, estados y municipios, para coordinarse. Estas comisiones unidas observan el atingente replanteamiento de que fue objeto por parte de la colegisladora a partir de las consideraciones de la necesaria participación del Poder Legislativo en el diseño de un sistema nacional de seguridad pública, que sustentado en políticas y acciones públicas homogéneas y en principios de actuación que se insertan en la Constitución, de legalidad, honradez, eficiencia y profesionalismo, permitan responder a una demanda urgente y nacional de los mexicanos que exigen, sobre todo, protección auténtica y oportuna, de su integridad física y familiar así como de su patrimonio.
El replanteamiento formulado a la iniciativa presidencial y su vinculación con el texto propuesto para la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución, también modificado por el Senado, implica que los tres niveles de Gobierno, con respeto irrestricto a las competencias de nuestro sistema federal, actúen cada uno dentro de su ámbito, coordinados para el establecimiento de un efectivo sistema nacional en la materia, a partir no sólo de la ley general que expida el legislador ordinario, sino de la reformulación que compartimos con el Senado de la República respecto a la disposición expresa de que la seguridad pública es función a cargo de la Federación, Distrito Federal, estados y municipios.
Las comisiones que dictaminan comparten el interés que se expresa y deduce del dictamen de las comisiones competentes de la colegisladora, para que constitucionalmente se señale con claridad que la meta de seguridad pública, al ser una de las finalidades del Estado nacional, es también objetivo de las partes que la conforman: Federación, estados, municipios y Distrito Federal, partes que enmarcadas en un Estado Federal, habrán de representar cada una en el ámbito de su competencia, toda la fuerza del Estado mexicano, articulando las potencialidades de los niveles de Gobierno, para que con un esfuerzo conjunto se haga frente a la delincuencia.
3. Poder Judicial de la Federación y Función Judicial Local.
Coinciden las comisiones que dictaminan en que en la reforma propuesta en la iniciativa del Ejecutivo Federal, relativa al Poder Judicial de la Federación y en especial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, radica la importancia central de la misma y que reviste aspectos diversos encaminados todos ellos a consolidarla como un tribunal constitucional. Es así que se perfilan tres propósitos en el texto propuesto: la modificación de su actual conformación y del mecanismo de nombramiento, la ampliación de sus facultades y la eliminación de la carga administrativa de trabajo de la suprema Corte de Justicia, que pasan fundamentalmente a un nuevo órgano denominado Consejo de la Judicatura Federal, aspectos múltiples que se abordan junto con disposiciones de las funciones locales judiciales y laborales en los artículos 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123.
La reducción del número de ministros, que se aborda en el artículo 94, además de corresponder al texto original de la Constitución de 1917, busca hacer de la Suprema Corte un órgano deliberativo más ágil al mismo tiempo que se refuerza la autoridad y responsabilidad de sus miembros.
Se establece en el texto del mismo artículo 94, para los ministros, una duración de 15 años en el encargo, preservándose la figura de la inamovilidad, al conservarse el texto relativo a su remoción en los términos del Título Cuarto de la Constitución Federal y con ello se estima acertada la decisión de la colegisladora, que va ligada al aumento de facultades de la Suprema Corte en cuanto hace al control de la constitucionalidad y a los efectos generales que podrán tener sus resoluciones en los términos de las fracciones I y II del artículo 105 que se propone.
El Senado, al igual que estas comisiones unidas, coincide con la iniciativa en sustraer de las facultades de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la de conocer los nombramientos, licencias y renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se contiene en la fracción XVIII del artículo 89 y del mismo modo en el artículo 99.
El sistema para el nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se propone en el artículo 96, contiene variaciones importantes respecto del texto constitucional vigente; a saber, establece la mayoría calificada de votación para la aprobación y el plazo para acordarla, asimismo introduce la modalidad de la comparecencia de los propuestos, con el fin de que el Senado pueda allegarse de mayores elementos de juicio para emitir su determinación, que permitirá decidir sobre los más aptos. Si bien el nombramiento de los ministros es facultad constitucional del Ejecutivo Federal, no pueden soslayarse dos elementos esenciales: el primero, que en sí se contiene en la iniciativa y en donde el presidente Zedillo plantea que exista mayoría calificada y previa comparecencia ante el Senado y un segundo elemento que el pleno de éste consideró modificar con respecto al dictamen de sus comisiones y que recoge atinadamente otro de los puntos de propuestas, opiniones y deliberaciones, que se han dado sobre el tema de los nombramientos presidenciales de ministros de la Suprema Corte: el sometimiento de temas para cubrir cada vacante con lo cual las comisiones que dictaminan están plenamente de acuerdo y que viene a significar que si ya el Senado tenía la decisión de aprobar o no un nombramiento, las modificaciones planteadas permitirán que, con la previa comparecencia, objetivamente se decida sobre la persona más apta para tan elevado cargo.
Se destacan dos normas encaminadas a preservar por un lado la autonomía de la Suprema Corte de Justicia y por otro la igualdad procesal de las partes; así, se tiene que en el artículo 95 se establece el impedimento para ser nombrados como ministros quienes hayan ocupado la titularidad de secretarías o departamentos administrativos del Ejecutivo Federal, de la Procuraduría General de la República, de la gubernatura de algún Estado, o quien se haya desempeñado como jefe del Distrito Federal, senador o diputado federal, durante el año previo al día del nombramiento.
Por otra parte se establece en el artículo 101, que quien se haya desempeñado como ministro, magistrado de circuito, juez de distrito o consejero de la judicatura, no podrá actuar como patrono, abogado o representante en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial Federal, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, a fin de impedir toda ventaja en los litigios del orden federal que daría el conocimiento profundo de estructuras y normas que en el ejercicio de encargo se adquiere necesariamente. Congruentemente el Senado consideró indispensable la modificación de la fracción V del artículo 55, para establecer el mismo periodo de dos años para quienes hayan sido ministros puedan ser diputados federales o senadores, esto último en virtud de la conexidad de este precepto con el contenido en el artículo 58 constitucional.
En lo que toca a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se expresa en el artículo 103, la posibilidad de que los tribunales de la Federación conozcan también de controversias generadas por leyes o actos de autoridades federales que restrinjan la esfera de competencia del Distrito Federal o por leyes o actos del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, cuestión importante en virtud de que estas comisiones unidas consideran que ello deriva de las facultades legislativas que tiene la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y que podrían en un momento dado encuadrar en la última hipótesis de dicho artículo.
Parte fundamental de esta reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, está constituida por las modificaciones y adiciones al artículo 105, en el que dentro de un primer apartado se abran las posibilidades para que la Suprema Corte de Justicia conozca de controversias constitucionales, especificando los supuestos que pueden generarse entre los diferentes entes de poder público constituidos; así, la suprema corte como órgano de control constitucional, conocerá no sólo de conflictos generados por leyes o actos, sino también de cualquier disposición general, como lo serían los reglamentos; los que se den entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, entre aquel y cualquiera de las cámaras o en su caso la Comisión Permanente, estados y municipios y entre órganos de Gobierno del Distrito Federal; con el fin de distinguir en sus efectos, se dispone que cuando se trate de disposiciones generales tales efectos serán también generales y en los demás casos solamente será respecto de las partes en la controversia planteada.
En cuanto a las controversias constitucionales y las resoluciones de carácter general de su eventual inconstitucionalidad, el Senado estimó oportuno reducir a ocho el número de votos que requerirá como mayoría calificada la resolución de la Suprema Corte de Justicia, en lugar de los nueve que se contemplaban en la iniciativa, reducción que estas comisiones unidas consideran adecuada.
En este mismo dispositivo, se introduce una figura novedosa en nuestro sistema jurídico: la acción de inconstitucionalidad, como una garantía de la supremacía constitucional, que procede respecto de contradicciones entre una norma de carácter general y la Constitución Federal, acción que podrá ejercitarse dentro de los 30 días siguientes a su publicación por el equivalente al 33% de los miembros de los órganos colegiados facultados para el ejercicio de la función legislativa en los ámbitos federal, estatal y del Distrito Federal y para la Cámara de Senadores respecto de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Destaca el otorgamiento de esa facultad al procurador para ejercitarla en contra de normas generales en los ámbitos mencionados e incluso en contra de tratados internacionales.
En la iniciativa se proponía el 45%, que el Senado de la República estimó necesario reducir a fin de hacer más viable su ejercicio. Dichas resoluciones con efectos generales serán retroactivas sólo en materia penal y para que tengan dichos efectos se aplicaría el mismo número de votos necesarios, con lo que estas comisiones unidas concuerdan.
Finalmente en el mismo artículo se ubica en la competencia de la Suprema Corte de Justicia, la facultad de conocer, de oficio o a petición fundada del Procurador General de la República o del correspondiente tribunal unitario de circuito, de los recursos de apelación en contra de las sentencias dictadas por los jueces de distrito en los asuntos en que la Federación sea parte y que por su interés o trascendencia así lo ameriten.
En el artículo 107 se incorpora a los tribunales unitarios de circuito a la estructura de amparo, la colegisladora afirma que esa actuación se entenderá limitada a los supuestos en que otro tribunal de su especie sea la autoridad responsable en amparo indirecto; en que se reclamen interlocutorias o actos dentro del procedimiento de alguna alzada.
En cuanto al cumplimiento de las resoluciones de amparo, el Senado asume la propuesta del Ejecutivo Federal, en el sentido de regular el cumplimiento sustituto, estableciendo el régimen para los casos de incumplimiento o repetición del acto reclamado, facultando a la Suprema Corte de Justicia, para determinar dicho cumplimiento sustituto, condicionándose a que la ejecución de la resolución en sus términos, afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso, lo cual puede ser solicitado también por el mismo quejoso, constituyéndose así en un sistema más práctico y funcional para la ejecución de sentencias, criterio con el que coinciden las comisiones unidas de esta Cámara de Diputados que dictaminan.
En el texto que se comenta, destaca la figura del Consejo de la Judicatura Federal que al estar subordinado a la suprema Corte no entraña un control paralelo y cuya creación responde al propósito de preservar para la Corte el ejercicio de la función jurisdiccional que esencialmente le corresponde, encargándose así al consejo funciones de administración, vigilancia y disciplina, características que claramente se contienen en el artículo 100 de la minuta con proyecto de decreto que se dictamina. Igualmente, en el artículo 97 se sientan las bases para la creación formal de la carrera judicial, ya que al depender los nombramientos de un órgano colegiado, las decisiones al respecto deberán considerar los factores que den certeza sobre la capacidad y la actuación profesionales, así como la vocación y los valores personales.
Resulta congruente que al responsabilizar al consejo de la selección, capacitación y promoción de los miembros de la judicatura federal, también se le asigne la función de conocer y resolver los conflictos laborales entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, como se hace en la fracción XII del apartado B, del artículo 123 de la minuta con proyecto de decreto que se dictamina.
Dadas las funciones del Consejo de la Judicatura Federal, se modifican las normas contenidas en el Título Cuarto de la Constitución Federal, a efecto de sujetar a sus miembros al régimen y procedimiento de responsabilidades en él contenido.
En cuanto al régimen de la función judicial en los estados de la Federación, en el artículo 116 se suprime el párrafo cuarto de la fracción III y con ello la disposición sobre la designación de jueces de primera instancia a cargo de los tribunales superiores de los estados, quedando a la autonomía estatal la determinación de los procedimientos tendientes a mejorar la administración de justicia en su ámbito. Se considera adecuado establecer en este precepto, la remisión al artículo 95 por lo que hace a los requisitos de los magistrados de los poderes judiciales locales.
En lo relativo al Distrito Federal, se modifica el artículo 122 para incorporar el Consejo de Judicatura en el ejercicio de la función judicial en el Distrito Federal, que en una forma semejante al de naturaleza federal tendrá el carácter de órgano responsable de la administración, vigilancia y disciplina e intervendrá en la designación de magistrados, estando a su cargo la designación y adscripción de los jueces de primera instancia, aplicándose el régimen de impedimentos en el ejercicio de la profesión al concluir el cargo, al ámbito local del Distrito Federal.
El nuevo régimen que implica la reforma constitucional propuesta requiere de una regulación transitoria que siente las bases para su viabilidad inmediata en varios de los preceptos que conforman la reforma sin detrimento del ejercicio de las funciones que deben ser ejercidas; así, en el segundo transitorio, el Senado puntualiza uno de los propósitos de la iniciativa, que radica en la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que al mismo tiempo que se establece la conclusión de la función de los actuales ministros, también se desprende que alguno de ellos pueda ser nombrado conforme al sistema propuesto, en cuyo caso no podrá seguir gozando de la pensión que en el mismo dispositivo se prevé.
A efecto de que el Senado cuente con posibilidades más amplias de decisión, es que se dispone en el tercer transitorio, que para la nominación y aprobación de los primeros ministros conforme al sistema propuesto, el Presidente de la República propondrá a la Cámara de Senadores a dieciocho personas, de entre las que se aprobarán el nombramiento de 11.
La composición que se propone para la Suprema Corte de Justicia de la Nación propende a consolidar su autonomía, por lo que la duración en el cargo de los primeros nombramientos conforme al procedimiento contenido en los artículos transitorios de la iniciativa, tendrá duración diversa, a efecto de que paulatinamente el ejercicio de la función no coincida con los periodos, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, en que se produzca el nombramiento y ratificación. El Senado estimó oportuno introducir una modificación a los tiempos previstos en la iniciativa, de suerte que el primer año para la conclusión del cargo de dos ministros sea el año 2003 y al igual que como se planteó en la iniciativa el periodo de conclusión será por periodos de tres años, asimismo varía el sistema de determinación respecto de los periodos de conclusión de cada ministro, que en la iniciativa se atribuía al Presidente de la República y la colegisladora reserva para la Cámara de Senadores.
Se estimó también adecuado que al haberse aprobado por lo menos siete ministros, se realice una sesión de apertura y de instalación de la Suprema Corte de Justicia, en la que sea designado el Presidente de la misma.
El Senado determinó la inclusión de los requisitos para ser consejero de la Judicatura Federal al texto sustantivo de la Constitución Federal y además invertir el orden de duración de los primeros designados que contiene la iniciativa, de suerte que el periodo mayor corresponderá a los consejeros del Poder Judicial Federal.
La colegisladora acertadamente introduce una variación al texto del quinto transitorio contenido en la iniciativa, tendiente a la continuidad de la función jurisdiccional que a la Suprema Corte de Justicia le corresponden constitucionalmente, además de las de índole administrativo del Poder Judicial de la Federación, encargado de dichas tareas a la última comisión de gobierno y administración de la propia Suprema Corte, que en los términos de la fracción XI del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, está compuesta por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y por dos ministros designados por el pleno, y a la que corresponderá convocar a la sesión solemne de apertura e instalación.
En el sexto transitorio se invierte el orden de duración en el cargo de Consejero de la Judicatura del Distrito Federal contenido en la iniciativa, de suerte que se privilegia a aquellos que ejercen la función judicial en el Distrito Federal.
Las reformas constitucionales que se plantean respecto del artículo 105 entrarán en vigor en la misma fecha en que entre en vigencia la ley reglamentaria, según se dispone en el séptimo transitorio.
II. Modificaciones introducidas por el pleno de la Cámara de Senadores
En la deliberación que se realizó en el pleno de la Cámara de Senadores con motivo del dictamen con proyecto de decreto formulado por las comisiones unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera sección, sobre la iniciativa del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia y seguridad pública, se plantearon y aprobaron modificaciones diversas a su contenido.
1. Al párrafo cuarto del artículo 21, para expresar que las impugnaciones sobre el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la misma, serán tramitadas por la vía jurisdiccional.
2. A la fracción V del artículo 95, para establecer como requisito para ser nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia, el de haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación.
3. En relación al sistema de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aprobó una modificación sustancial respecto del que se contenía en la iniciativa, de manera que si bien se coincide en el porcentaje de la votación de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes y en la comparecencia como acto previo a la designación, ahora se atribuye la facultad de designación al propio Senado, quedando para el Presidente de la República, la facultad de proponer una terna. Igualmente se establece la posibilidad de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, en cuyo caso se someterá a su conocimiento una nueva y de ser rechazada esta última, el cargo de ministro será ocupado por el integrante de la terna referida que haya sido determinado por el Presidente de la República, de suerte que se termina con los nombramientos provisionales que el texto vigente establece.
Esta modificación al contenido del artículo 96 entrañó la de la fracción VII del artículo 76 y de la fracción XVIII del artículo 89, que se refieren respectivamente a las facultades de la Cámara de Senadores y del Presidente de la República, respectivamente, en el procedimiento de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4. Respecto del primer párrafo del artículo 97, que establece la posibilidad de que al ser ratificados o promovidos a cargos superiores los magistrados de circuito y los jueces de distrito sólo podrán ser privados de sus puestos conforme al Título Cuarto de la Constitución Federal, se aprobó eliminar esta última remisión para referirla a los casos y procedimientos que establezca la ley, disposición que se vincula en la nueva redacción del artículo cuarto transitorio primer párrafo, que determina que la ley que reglamenta la selección, ingreso, promoción o remoción de los miembros del Poder Judicial Federal, distinguirá los casos y procedimientos que deban resolverse conforme a las fracciones I, II y III del artículo 109 de la Constitución.
En el mismo artículo se modifica el párrafo quinto, a fin de que el presidente de la Suprema Corte que sea electo por su pleno, pueda durar cuatro años en dicha función y no tres como se propone en la iniciativa.
5. El artículo 100 es modificado en su primer y penúltimo párrafos y se adiciona un tercer párrafo, referidos todos ellos a reglas sobre la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, estableciéndose que será el pleno del consejo de la judicatura federal quien resolverá sobre los mismos, así como excepcionando dichas resoluciones de la definitividad e inatacabilidad que se establece para las decisiones del consejo, previéndose que en los casos mencionados podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, exclusivamente para verificar que se hayan apegado a las reglas de la Ley Orgánica respectiva.
6. En virtud de que con las reformas aprobadas, el Procurador General de la República dejará de ser el consejero jurídico del gobierno, el pleno de la Cámara de Senadores consideró necesario preservar esa función, aprobando en consecuencia, en el último párrafo al artículo 102, apartado A, que aquella estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que establezca la ley.
7. En el primer párrafo de la fracción III del artículo 105, relativo a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de los recursos de apelación contra sentencias de jueces de distrito en los procesos en que la Federación sea parte, se estiman de mayor claridad los conceptos interés y trascendencia para determinar esa participación del máximo tribunal de la nación en lugar del señalamiento que contemplaba tanto la iniciativa presidencial como el dictamen de las comisiones del Senado relativo a las características especiales. En el mismo sentido se modifican, el último párrafo de la fracción V del artículo 107, relativo al conocimiento de amparos directos por la Suprema Corte de Justicia, así como el penúltimo párrafo de la fracción VIII del mismo artículo, relativo al conocimiento por la corte de amparos en revisión.
8. En cuanto a la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el pleno del Senado modificó el párrafo sexto y adicionó un párrafo séptimo al artículo 122, para darle al pleno del consejo de la Judicatura del Distrito Federal, la facultad de resolver sobre los temas mencionados.
9. Se introduce una disposición transitoria que precisa la modificación del artículo 97 acordada por el pleno del Senado, consistente en especificar los temas que deberá contener la ley que regule la selección, ingreso, promoción o remoción de los miembros del Poder Judicial Federal y que se refieren a la imposición de sanciones administrativas o mediante juicio político o bien a los procedimientos en caso de la Comisión de Delitos.
III. Propuesta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
1. De acuerdo con lo señalado en el punto ocho del capítulo de antecedentes de este dictamen, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó el 18 de diciembre de este año, una propuesta para:
a) Programar el proceso legislativo de la minuta con proyecto de decreto en materia judicial enviada por el Senado para un momento posterior al periodo de sesiones en curso, y
b) Exhortar a las comisiones competentes para que soliciten al pleno de esta cámara, la suspensión del dictamen respectivo, en tanto se realizan foros y consultas públicas sobre la materia que recojan el sentir del poder involucrado, de los especialistas y centros universitarios, así como de la sociedad mexicana en su conjunto.
2. Toda vez que la propuesta fue turnada por la directiva del pleno a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y en base a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas comisiones estiman que no procede satisfacer la propuesta de que se trata ya que, por una parte ha quedado extensamente explicitado en el capítulo de antecedentes de este dictamen, que los temas de la reforma planteada han sido objeto de constantes consultas, opiniones y aportaciones que recurrentemente se han dado en debates constitucionales y legales, en formulaciones de partidos políticos y en mesas y foros de análisis académico, de docencia e investigación, así como en los recientes foros organizados por el Senado de la República y por la Cámara de Diputados también ya referidos y en los trabajos de conferencia celebrados entre las comisiones de ambas cámaras, el 9 de diciembre, que permitieron que la cámara de origen incorporara importantes y variadas propuestas de los diputados federales asistentes.
Por lo anterior, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Cámara de Diputados, se pronuncian por el apoyo íntegro sobre el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Cámara de Senadores, el día 18 de diciembre.
Por las consideraciones antes señaladas, las comisiones unidas que suscriben, se permiten someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se adicionan tres párrafos al artículo 21; se reforma la fracción V del artículo 55; se restablece la fracción XXIII del artículo 73; se reforman las fracciones II y VIII del artículo 76; se reforman las fracciones II y V del artículo 79; se reforman las fracciones II, IX, XVI y XVIII del artículo 89; se reforman los párrafos primero, segundo, quinto, sexto, octavo, noveno y se adiciona un décimo, del artículo 94; se reforman las fracciones II, III y V, se adiciona una VI y un último párrafo, del artículo 95; se reforma el artículo 96; se reforma el artículo 97; se reforma el artículo 98; se reforma el artículo 99; se reforma el artículo 100; se reforma el artículo 101; se reforman los párrafos primero y tercero y se adiciona un último, del artículo 102 apartado A; se reforman las fracciones II y III del artículo 103; se reforma la fracción IV del artículo 104; se reforma el artículo 105; se reforma el artículo 106; se reforman las fracciones V, último párrafo, VIII párrafos primero y penúltimo, XI, XII párrafos primero y segundo, XIII párrafo primero y XVI, del artículo 107; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111; se reforma la fracción III, párrafo tercero y se deroga el párrafo quinto, hecho lo cual se recorre la numeración del artículo 116; se reforma la fracción VII del artículo 122 y se reforma la fracción XII, párrafo segundo del apartado B del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 21.............................................
Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.
Artículo 55............................................
I a IV...........................................................
V. No ser secretario o subsecretario de Estado, ni ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección, en el caso de los primeros y dos años, en el caso de los ministros;
.................................................................
VI y VII.........................................................
Artículo 73............................................
I a XXII.........................................................
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal;
XXIV a XXX........................................................
Artículo 76.............................................
I.................................................................
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del procurador general de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga;
III a VII.........................................................
VIII. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario;
IX y X............................................................
Artículo 79.............................................
I.................................................................
II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República,
III y IV..........................................................
V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del procurador general de la República, que le someta el titular del Ejecutivo Federal;
VI a IX...........................................................
Artículo 89.............................................
I.................................................................
II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;
III a VIII........................................................
IX. Designar, con ratificación del Senado, al procurador general de la República;
X a XV............................................................
XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente;
XVII..............................................................
XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado;
XIX y XX..........................................................
Artículo 93.............................................
Cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
.................................................................
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales colegiados y unitarios de circuito, en juzgados de distrito y en un consejo de la judicatura federal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros y funcionará en pleno o en salas.
..................................................................
El consejo de la judicatura federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia, estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas, de los asuntos que competa conocer a la propia corte y remitir a los tribunales colegiados de circuito, aquellos asuntos en los que hubiera establecido jurisprudencia, para la mayor prontitud de su despacho.
..................................................................
La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la judicatura federal, no podrá ser disminuida durante su encargo.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 15 años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.
Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.
Artículo 95.............................................
I.................................................................
II. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación;
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
IV................................................................
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación y
VI. No haber sido secretario de Estado, jefe de departamento administrativo, procurador general de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.
Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Artículo 96. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
Artículo 97. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados y adscritos por el consejo de la judicatura federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al consejo de la judicatura federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.
La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes.
La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.
Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.
Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, en la siguiente forma:
El presidente: "¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?".
El ministro: "Sí, protesto".
El presidente: "Si no lo hiciereis así, la nación os lo demande".
Los magistrados de circuito y los jueces de distrito protestarán ante el consejo de la judicatura federal o ante la autoridad que determine la ley.
Artículo 98. Cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el Presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución.
Si faltare un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del artículo 96 de esta Constitución.
Artículo 99. Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.
Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente de la República con la aprobación del Senado. Se exceptúan los casos de los párrafos decimosexto y decimonoveno del artículo 41 de esta Constitución, en los que se estará a lo dispuesto en dichos párrafos. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.
Artículo 100. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del consejo de la judicatura federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.
El consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del consejo; un magistrado de los tribunales colegiados del circuito, un magistrado de los tribunales unitarios de circuito y un juez de distrito, quienes serán electos mediante insaculación; dos consejeros designados por el Senado y uno por el Presidente de la República. Los tres últimos, deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución.
El consejo funcionará en pleno o en comisiones. El pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.
Salvo el presidente del consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.
Los consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
El consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca le ley.
Las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.
La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación. Con ambos se integrará el presupuesto del Poder Judicial de la Federación que será remitido por el presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su presidente.
Artículo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los respectivos secretarios, así como los consejeros de la judicatura federal, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.
Las personas que hayan ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado de circuito, juez de distrito o consejero de la judicatura federal no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.
Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta Constitución.
Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia.
La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean.
Artículo 102............................................
A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un procurador general de la República, designado por el titular del Ejecutivo Federal, con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.
..................................................................
El procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.
..................................................................
El procurador general de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.
La función del consejero jurídico del gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.
B.................................................................
Artículo 103............................................
I.................................................................
II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal y III. Por leyes o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
Artículo 104............................................
I a III...........................................................
IV. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
V y VI............................................................
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;
b) La Federación y un municipio;
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las cámaras de éste o, en su caso, la comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;
d) Un Estado y otro;
e) Un Estado y el Distrito Federal;
f) El Distrito Federal y un municipio;
g) Dos municipios de diversos estados;
h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales y
k) Dos órganos de Gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los estados, o en los casos a que se refieren los incisos c, h y k anteriores y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efecto únicamente respecto de las partes en la controversia.
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, con excepción de las que se refieran a la materia electoral.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
a) El equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;
b) El equivalente al 33% de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.
c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;
d) El equivalente al 33% de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano y
e) El equivalente al 33% de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.
III. De oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal unitario de circuito o del procurado general de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.
Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los del Distrito Federal.
Artículo 107............................................
I a IV............................................................
V.................................................................
a) a d)...........................................................
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo meriten.
VI y VII..........................................................
VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
a)................................................................
b)................................................................
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
..................................................................
IX y X............................................................
XI. la suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los tribunales colegiados de circuito y la propia autoridad responsable decidirá al respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los juzgados de distrito o los tribunales unitarios de circuito;
XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción Vll Si el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;
XIII. Cuando los tribunales colegiados de circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el pleno o la sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
XIV y XV..........................................................
XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al juez de distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados.
Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecta gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Igualmente, el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permita.
La inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada, en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, producirá su caducidad en los términos de la ley reglamentaria.
XVII y XVIII......................................................
Artículo 108............................................
Los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejeros de las judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
..................................................................
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la judicatura federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano u órganos de gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el procurador general de justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la judicatura del Distrito Federal, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
..................................................................
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de las Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la judicatura federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurado general de Justicia del Distrito Federal, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
..................................................................
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
..................................................................
Artículo 116............................................
I y II............................................................
III...............................................................
Los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente procurador de justicia o diputado local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación.
..................................................................
Se deroga.
IV a VI...........................................................
Artículo 122............................................
I a VI............................................................
VII. La función judicial se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia, el cual se integrará por el número de magistrados que señale la ley orgánica correspondiente, así como por los jueces de primera instancia y demás órganos que la propia ley señale. Para ser magistrado se deberán reunir los requisitos que establecen las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de jefe del Distrito Federal, secretario general, procurador general de justicia, o representante de la Asamblea del Distrito Federal, durante el año previo al día de la designación.
..................................................................
La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales, estarán a cargo del consejo de la judicatura del Distrito Federal, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan el estatuto de gobierno y las leyes respectivas.
El consejo intervendrá en la designación de los magistrados y designará a los jueces de primera instancia y a los que con otra denominación se creen en el Distrito Federal, en los términos que las disposiciones prevean en materia de carrera judicial.
El consejo de la judicatura del Distrito Federal, se integrará por siete miembros, de los cuales, uno será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del consejo; un magistrado, en juez de primera instancia, un juez de paz, electos mediante insaculación; dos consejeros designados por la Asamblea de Representantes y uno por el jefe del Distrito Federal. Los tres últimos deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los consejeros deberán reunir los requisitos que para ser magistrado establece la ley.
El consejo funcionará en pleno o en comisiones. El pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.
Los consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.
Los consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en términos del Título Cuarto de esta Constitución.
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
El consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.
A los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia y a los consejeros de la judicatura del Distrito Federal, les serán aplicables los impedimentos y las sanciones previstos en el artículo 101 de esta Constitución. Para estos efectos, los impedimentos para actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso estarán referidos a los órganos judiciales del Distrito Federal y los de ocupar cargos, a los señalados en el primer párrafo de esta fracción.
El pleno y las salas del Tribunal Superior, así como los jueces de primera instancia y demás órganos judiciales que con cualquier otra denominación se creen, nombrarán y removerán a sus funcionarios y empleados conforme a lo que establezca le ley en materia de carrera judicial.
El consejo de la judicatura del Distrito Federal elaborará el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales y los remitirá para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos;
VIII y IX.........................................................
Artículo 123...........................................
A.................................................................
B.................................................................
I a XI............................................................
XII...............................................................
Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el consejo de la judicatura federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última
XIII a XIV........................................................
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos octavo y noveno siguientes.
Segundo. Los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluirán sus funciones a la entrada en vigor del presente decreto. Recibirán una pensión igual a la que para casos de retiro forzoso prevé el "Decreto que establece las causas de retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
A los ministros citados en el párrafo anterior, no les serán aplicables los impedimentos a que se refieren el último párrafo del artículo 94 y el tercer párrafo del artículo 101, reformados por virtud del presente decreto.
De regresar al ejercicio de sus funciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 96 reformado por virtud del presente decreto, se suspenderá el derecho concedido en el primer párrafo de este artículo, durante el tiempo en que continúen en funciones.
Tercero. Para la nominación y aprobación de los primeros ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las reformas previstas en el presente decreto, el titular del Ejecutivo Federal propondrá ante la Cámara de Senadores, a 18 personas, de entre las cuales dicha cámara aprobará, en su caso, los nombramientos de 11 ministros, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
Cuarto. Para los efectos del primer párrafo del artículo 97 de este decreto de reformas, la ley que reglamente la selección, ingreso, promoción o remoción de los miembros del Poder Judicial Federal, distinguirá los casos y procedimientos que deban resolverse conforme a las fracciones I, II y III del artículo 109 de la Constitución.
La Cámara de Senadores, previa comparecencia de las personas propuestas, emitirá su resolución dentro del improrrogable plazo de 30 días naturales.
El periodo de los ministros, vencerá el último día de noviembre del año 2003, del 2006, del 2009 y del 2012, para cada dos de ellos y el último día de noviembre del año 2015, para los tres restantes. Al aprobar los nombramientos, el Senado deberá señalar cuál de los periodos corresponderá a cada ministro.
Una vez aprobado el nombramiento de, por lo menos, siete ministros, se realizará una sesión de apertura e instalación, en la cual se designará al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quinto. Los magistrados de circuito y el juez de distrito electos la primera vez para integrar el consejo de la judicatura federal, serán consejeros por un periodo que vencerá el último día de noviembre del año 2001. El periodo de uno de los consejeros designados por el Senado y el designado por el Ejecutivo, vencerá el último día de noviembre de 1999 y el correspondiente al consejero restante, el último día de noviembre del año 1997. El Senado y el Ejecutivo Federal deberán designar a sus representantes dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto e indicarán cuál de los periodos corresponde a cada consejero.
El consejo quedará instalado una vez designados cinco de sus miembros, siempre y cuando uno de ellos sea su presidente.
Sexto. En tanto quedan instalados la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el consejo de la judicatura federal, en términos de los transitorios tercero y quinto anteriores, la última Comisión de Gobierno y Administración de la propia corte, ejercerá las funciones de ésta y atenderá los asuntos administrativos del Poder Judicial de la Federación. En esa virtud, lo señalado en el artículo segundo transitorio será aplicable, en su caso, a los miembros de la citada comisión, una vez que haya quedado formalmente instalada la Suprema Corte de Justicia, en términos de lo dispuesto en el presente decreto.
Corresponde a la propia comisión convocar a la sesión solemne de apertura e instalación a que se refiere el artículo tercero transitorio, así como tomar las medidas necesarias para que la primera insaculación de los magistrados de circuito y del juez de distrito que serán consejeros, se haga en los días inmediatos siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
La comisión dejará de funcionar una vez que haya dado cuenta de los asuntos atendidos conforme a los párrafos anteriores, a la Suprema Corte o al consejo de la judicatura federal, según corresponda, cuando estos últimos se encuentren instalados.
Séptimo. El magistrado, el juez de primera instancia y el juez de paz electos la primera vez para integrar el consejo de la judicatura del Distrito Federal, serán consejeros por un periodo que vencerá el último día de noviembre del año 2001. El periodo de uno de los consejeros designados por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y el designado por el jefe del Departamento del Distrito Federal vencerá el último día de noviembtre de 1999 y el correspondiente al consejero restante, el último día de noviembre de 1997. La Asamblea y el jefe del Departamento deberán designar a sus representantes dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto e indicarán cuál de los periodos corresponde a cada consejero.
El consejo quedará instalado una vez designados cinco de sus miembros.
El pleno del Tribunal Superior de Justicia continuará a cargo de los asuntos administrativos, hasta en tanto quede constituido el consejo. Asimismo, tomará las medidas necesarias para que la elección del magistrado y del juez de primera instancia que serán consejeros, se haga en los días inmediatos siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Octavo. Las reformas al artículo 105, entrarán en vigor en la misma fecha en que entre en vigor la ley reglamentaria correspondiente.
Noveno. Los procesos a que aluden los artículos que se reforman, iniciados con anterioridad continuarán tramitándose conforme a las disposiciones vigentes al entrar en vigor el presente decreto.
Las reformas a la fracción XVI del artículo 107, entrarán en vigor en la misma fecha en que entren en vigor las reformas a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.
Décimo. Los conflictos de carácter laboral entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, iniciados con anterioridad, continuarán tramitándose conforme a las disposiciones vigentes, al entrar en vigor el presente decreto, ante el consejo de la judicatura federal o la Suprema Corte de Justicia, según corresponda, una vez integrados conforme a los artículos tercero y quinto transitorios anteriores.
Decimoprimero. En tanto se expidan las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos generales a que se refieren los preceptos constitucionales que se reforman por el presente decreto, seguirán aplicándose los vigentes al entrar en vigor las reformas, en lo que no se opongan a éstas.
Decimosegundo. Los derechos laborales de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, serán respetados íntegramente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de diciembre de 1994.- Por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, diputados: Dionisio E. Pérez Jácome, Fernando Pérez Noriega, Fructuoso López Cárdenas, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Guillermo Zúñiga Martínez, José de Jesús Zambrano Grijalva, en contra Leonel Godoy Rangel, Carmen Segura Rangel, José E. Escobedo Miramontes, Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José M. González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez, Ramiro Javier Calvillo Ramos, Juan Manuel Cruz Acevedo, Mario de la Torre Hernández, Eustasquio de León Contreras, Claudia Esqueda Llanes, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Ezequiel Flores Rodríguez, Patricia Garduño Morales, Manlio Fabio Gómez Uranga, Alejandro González Alcocer, María de la Luz Lima Malvido, José Francisco Lozada Chávez, Humberto Meza Galván, Marcelino Miranda Añorve, Guadalupe Morales Ledesma, Francisco Peralta Burelo, Yrene Ramos Dávila, Ramón Sosamontes Herreramoro y Alejandro Zapata Perogordo.»
Es de primera lectura.
La Presidenta:
Muchas gracias. Tenemos dictámenes a discusión.
REINO DE ESPAÑA
El secretario Pablo Moreno Cota:
Dictámenes a discusión.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Cañedo y de la Bárcena, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de España.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Cañedo y de la Bárcena, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de España.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 19 de diciembre de 1994.- Diputados: Dionisio Eduardo Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y José de Jesús Zambrano Grijalva secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicacio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE RUMANIA
El secretario Pablo Moreno Cota:
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 8 de diciembre del año en curso, la Cámara de Senadores, remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano José Antonio Garrido Luca, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará al Gobierno de la República de Rumania, serán de carácter estrictamente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Garrido Luca, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de diciembre de 1994.- Diputados: Dionisio Eduardo Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y José de Jesús Zambrano Grijalva secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicacio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez amero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y el anteriormente reservado.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señora Presidenta, se emitieron 405 votos en pro y ninguno en contra.
La Presidenta:
Aprobados los proyectos de decreto por 405 votos.
El secretario Pablo Moreno Cota:
Pasan al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.
La Presidenta: Suplico a los diputados tengan la bondad de tomar sus curules, porque vamos a continuar con el orden del día.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del PAN.
La diputada Patricia Garduño Morales:
Muchas gracias, señora Presidenta; diputadas y diputados:
En la sesión del pasado 9 de diciembre, se dio lectura a un pronunciamiento firmado por 29 de los 30 integrantes de la Comisión del Distrito Federal. El diputado que no firmó después se solidarizó con nosotros, no firmó por no estar presente en la sesión, pero podríamos decir que fue un pronunciamiento firmado unánimemente por los miembros de la Comisión del Distrito Federal.
Este pronunciamiento fue parte de un acuerdo plural tomado en la primera reunión de la Comisión del Distrito Federal y se refiere a puntos que nosotros consideramos de la mayor importancia. Primero: Una reforma política definitiva y compromiso de promover los mecanismos legislativos para posibilitarla, diálogo con el regente, fue el segundo punto a efecto de canalizar adecuadamente las demandas ciudadanas y contribuir en la solución de su problemática.
El tercero, fue asumir con responsabilidad la condición de Congreso local para el Distrito Federal, esto por supuesto, en unión con el Senado hasta en tanto se dote a la Asamblea de Representantes de facultades legislativas.
Estos puntos a nosotros los diputados y diputadas del PAN nos parecieron y nos parecen de la mayor importancia y sobre todo, empezar a ponerlos en práctica. Los problemas que afronta la capital deben resolverse con el consenso de todos. Hemos señalado que hay facultades importantes que conserva el Congreso de la Unión en materia del Distrito Federal, por exclusión de las que expresamente se le otorgan a la Asamblea de Representantes y que son las relativas a la expropiación, a la deuda pública, a la adquisición y obras públicas, a la seguridad pública y en general en ejercicio de la función legislativa en cualquier materia, salvo aquellas expresamente otorgadas a la Asamblea de Representantes.
Por lo que hace a las diputadas y diputados del PAN, queremos señalar enfáticamente, que no permitiremos que la Comisión del Distrito Federal, se convierta en simple tramitadora de asuntos, sino que queremos que ésta sea impulsora de proyectos, de propuestas, de iniciativas que mejoren y democraticen la vida de la ciudad.
Por la forma en la que inició sus trabajos la comisión, tenemos esperanza de que se pudiera impulsar a través de esta, reuniones de trabajo con el regente, que en el pronunciamiento precisamente se señala en el punto dos, con el objeto de hacer una agenda de trabajo que abarcara aquellos puntos que más preocupan a los capitalinos. Sin embargo, la respuesta del regente ha sido la indiferencia, el menosprecio, mal empezamos en este trabajo con el enviado por el Ejecutivo Federal, para administrar el Distrito Federal. Esta actitud corresponde probablemente a su desconocimiento de la problemática y a una subestimación de los conflictos de la capital y que pueden entenderse, mas no justificarse por su estancia como turista, que no vecino ni residente, porque es del conocimiento público que ha hecho su carrera política y profesional en el Estado de México, el regente Espinosa Villarreal.
Por otro lado, es inaceptable que en su administración se subordine lo político a lo económico. Enrique Krause en alguna ocasión señaló al referirse al manejo que se pretende dar al país predominantemente económico, el que cada vez que se ha querido avanzar en el proceso económico dejando atrás o posponiendo lo político, ha venido el progreso político a tocarle la puerta de modo violento y en este caso ha destruido la obra o el edificio del progreso económico. Hay graves problemas en la ciudad que necesitan el trabajo y la atención de todos. Quiero hacer referencia especialmente a la inseguridad creciente y al aumento en los índices delictivos y a la deficiente respuesta del jefe de la policía y recordar que precisamente esta cámara tiene facultades para legislar sobre esta materia, y frente a la inseguridad, la respuesta del Gobierno de la ciudad ha sido poco atinada y ése es uno de los temas, que nosotros como comisión necesitamos abordar en una reunión con el regente y en vista de que no hemos tenido respuesta, éste como otros temas, ha quedado sin ser abordado.
Nosotros en Acción Nacional hemos insistido en la necesidad de contar con un Gobierno propio y plenamente autónomo para el Distrito Federal a través del establecimiento del estado 32, pero mientras esto no se ve, queremos cumplir plenamente con nuestras facultades en esta cámara. Nosotros en esta ocasión no pedimos una respuesta del regente, exigimos hoy una respuesta del regente. Muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra, sobre el mismo tema, el diputado Florentino Castro.
El diputado Florentino Castro López:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:
En la primera sesión de la Comisión del Distrito Federal, se habló de los temas que señaló la diputada que me antecedió en la palabra, firmamos un documento todos los diputados y se hablaron de otras cosas más que me parecen importantes para la ciudad de México.
Los diputados dijimos ahí que queríamos, desde aquí, mantener una respetuosa relación con la Asamblea de Representantes; ayudar a que ésta aborde con el mayor éxito las nuevas facultades que entre todos, entre todos los partidos y la legislatura anterior, le dio a esta Asamblea de Representantes.
Que defenderíamos, que haríamos ejercicio de las facultades, que como Congreso tenemos en la ciudad de México y que aprovecharíamos la espléndida oportunidad de que la carga de trabajo legislativo sea compartido con la Asamblea para que el Congreso, en los temas de la ciudad, fuera escenario político para que diputados, autoridades, los capitalinos en general pudiéramos abordar los grandes temas de la ciudad, que en ese momento estaban dados de acuerdo con la expresión de los diputados en materia de la reforma política, en materia de la descentralización del Gobierno de la ciudad y en materia de abordar los problemas de la ciudad con un enfoque metropolitano.
Estos fueron los grandes temas que los diputados abordamos en esa reunión, son los grandes temas que los diputados priístas queremos seguir abordando.
En materia de reforma política, pensamos que hubo un gran esfuerzo, tanto de los partidos como de sus órganos de representación popular, como de la propia sociedad para iniciar en la ciudad una reforma política de la cual estamos viendo los primero resultados y que sin duda, consolidar a la Asamblea de Representantes, será o es uno de sus principales éxitos.
En materia de descentralización, los diputados priístas pensamos que debe hacerse un gran esfuerzo, sobre todo, en materias vitales para la ciudad como el uso del suelo, los servicios básicos, la seguridad pública y muchos temas, tenemos como diputados la obligación de cuando los abordemos, los comentemos con los diputados locales del Estado de México, porque el enfoque metropolitano de los problemas de la ciudad, es un tema que no podemos dejar de lado.
Me parece que lo dicho por la diputada que me antecedió, hay una gran coincidencia sobre lo que pasó, pasó eso y más. Las desatenciones del regente de la ciudad se las supone la diputada, no tenemos constancia de que el regente haya sido desatento con nosotros y nos encontraremos formalmente con él seguramente en una oportunidad. Si el regente ha sido desatento con los diputados panistas, que actúen los diputados panistas frente al regente como corresponde, pero no sentimos que haya habido ninguna desatención por parte del regente de la ciudad con esta Cámara de Diputados.
Los priístas hemos tenido discrepancias públicas de algunas decisiones tomadas por el regente se las hemos manifestado y nos ha atendido de manera oportuna.
Me parece pues que debemos mantener este ejercicio que saludaba la diputada, que se dio en la primera reunión, para que podamos avanzar en los grandes temas de la ciudad, con un gran respeto por la Asamblea de Representantes, con una gran defensa de lo que son nuestras facultades, con una independiente opinión frente a la propia autoridad y creo que también debemos hacer un gran esfuerzo por avanzar seguramente en el tema más complicado, que es la visión metropolitana de muchos de los problemas de la ciudad.
Los priístas estamos listos para mantener ese mismo espíritu en la comisión, pero no empecemos a ver visiones y no empecemos a echar a perder un trabajo que es eminentemente político, porque suponemos, sin tener constancia, que el regente de la ciudad ha sido desatento con nosotros. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada María del Carmen Segura Rangel, por cinco minutos.
La diputada María del Carmen Segura Rangel:
Señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Con actitudes como las del diputado que me antecedió en el uso de esta tribuna, no vamos a avanzar en mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal. Vemos que son los primeros que vienen aquí con la camiseta de autoridad a defenderla. No es posible que venga aquí a decir, que la diputada Patricia Garduño esté viendo fantasías, como lo señaló o lo sugirió.
El regente claro que ha sido desatento con esta cámara. El caso de la Asamblea de Representantes, que es un órgano al que efectivamente todos queremos darle su lugar, todos queremos que tenga la relevancia y que algún día adquiera el rango de Congreso local, eso no lo quieren los priístas, lo vemos en la reforma política para el Distrito Federal, que fueron los primeros que se opusieron a que adquiriera facultades legislativas plenas y ahora viene aquí este diputado a señalar que todos queremos que cumpla cabalmente con su función. Efectivamente, eso lo queremos todos, pero también debemos entender que nos quedamos a medio camino y que debemos pugnar porque esa Asamblea de Representantes adquiera facultades legislativas plenas.
Yo a los hechos me remito y estoy segura de que los primeros que se van a oponer a que efectivamente sigamos avanzando en este tema, son los diputados del Partido Revolucionario Institucional.
A la Asamblea de Representantes el gerente, como yo se los dije aquí en alguna ocasión, porque no regente, es una persona que además de tener una visión netamente empresarial tiene muy poca sensibilidad política. Encontramos que a la Asamblea de Representantes, cuando se firmó un punto de acuerdo, a las 48 horas, la Asamblea ya lo tenía ahí en comparecencia. Han tenido tres entrevistas formales en el pleno de ese órgano representativo con el gerente de la ciudad.
Sí, entonces aquí la diputada Patricia Garduño, creo que fue muy diplomática en el momento en que señaló exclusivamente la parte que le corresponde al gerente. También hay que señalar aquí y censurar acremente, la posición del Presidente de la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara. ¿Por qué? Porque él debió de inmediato, en cuanto emitimos ese pronunciamiento, debió haberse dirigido a esta persona para quedar en un día y hora determinados para que se reuniera con nosotros.
El otro punto, los compañeros del Partido de la Revolución Democrática presentaron aquí una solicitud de comparecencia para el Secretario de Protección y Vialidad. Quiero ver a qué hora o cuándo nos va a convocar para acordar ese punto. Si efectivamente estamos preocupados por la inseguridad que se vive en la ciudad, si verdaderamente estamos intranquilos porque existe una delincuencia peligrosa, organizada, que está penetrando en sectores en donde antes podíamos considerar eran tranquilos, como centros comerciales, como universidades, ¿por qué todavía es hora de que no nos han convocado en la Comisión del Distrito Federal para acordar esa comparecencia?
En la Asamblea de Representantes, mañana van a tener la presencia de este secretario y hace algunos días ya tuvieron la del procurador. Nosotros tenemos la facultad de legislar en materia de seguridad pública. Aquí yo he escuchado a los compañeros de todos los partidos señalar que es un tema prioritario. ¿En dónde están los compañeros para asumir plenamente su responsabilidad? Muchas gracias.
La Presidenta: Gracias, diputada.
Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Lerdo de Tejada, por cinco minutos.
El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:
Con su permiso, señora Presidenta y para que podamos avanzar con los asuntos en cartera, simplemente un comentario alrededor de las expresiones que se han dado en esta tribuna.
Quien gobierna la ciudad de México, sus cerca de 47 mil manzanas, sus casi 2 mil asociaciones de residentes entre colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales y sus 16 delegaciones, según lo establece la ley orgánica, es el jefe del Departamento del Distrito Federal. Si hay alguna confusión en terminología, valdría la pena revisar la ley, para no confundirnos ni confundir a la opinión pública con términos que sin lugar a dudas van de lo irónico a lo soez.
Yo quisiera simplemente hacer un comentario muy concreto: quienes tuvimos la oportunidad de ser candidatos a un cargo de elección popular en la capital de la República y obtuvimos la mayoría de los votos, estamos ciertamente muy preocupados y ocupados de que los problemas y los reclamos de una sociedad, como lo decíamos ayer, cada día más informada, crítica, demandante y contestaria vaya encontrando respuestas.
Sin lugar a dudas la seguridad pública, el empleo, la vivienda, el uso de suelo, tantos y tantos problemas que refleja una ciudad como la nuestra, deben de ir encontrando con la aportación de todos, soluciones.
Vale la pena aquí recordar que los acuerdos tomados al interior de la Comisión del Distrito Federal se trasmiten al jefe del Departamento del Distrito Federal para provocar una reunión posterior, reunión que habrá de celebrarse y que quienes no formamos parte de la Comisión del Distrito Federal, pero somos diputados del Distrito Federal, nos gustaría mucho que también nos invitaran, para poder compartir con el jefe del departamento los puntos de vista que nuestros representados, a través del voto popular, nos han exigido y nos siguen exigiendo.
Yo quisiera, si ustedes así lo autorizan, que pudiéramos continuar en este diálogo, que sigamos consolidando estos puentes de charla y de consenso, para poder seguir avanzando más, y mientras, algunas decisiones de la ciudad están tomando cuerpo. En estos momentos vamos acortando la distancia en un diálogo más estrecho y permanente con el titular del gobierno de la ciudad, que no me cabe la menor duda, estará dispuesto a ello, pese a las decisiones que se tomen.
Yo quisiera simplemente cerrar, como diputado federal del Distrito Federal, que esa comunicación permanente con las autoridades del Departamento del Distrito Federal debe darse no en una reunión, sino de manera constante a través de los tres años que permanezcamos en esta legislatura, con un absoluto respeto a las facultades conferidas para la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y para las que aún conservamos como diputados federales. Muchas gracias.
La Presidenta:
Sobre el mismo tema, el diputado René Arce.
El diputado René Arce Islas:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Los diputados del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, vimos con una gran satisfacción el que algunos compañeros diputados del PRI en la Comisión del Distrito Federal hayan planteado conjuntamente con nosotros la necesidad de hacer público en el seno de esta Cámara, un pronunciamiento acerca de la necesidad de profundizar la reforma política para el Distrito Federal.
En esos días el Presidente de la República, en una reunión que tuvo con los asambleístas, a pregunta de algunos de ellos, dijo que estaba dispuesto a analizar el asunto de la reforma política para el Distrito Federal.
Se ha hablado, aquí en esta tribuna también, por el jefe del Poder Ejecutivo, de hacer una reforma política definitiva. Nosotros creemos que están llegando los tiempos ya en esta cámara en que empecemos a transformar en hechos las palabras. Empiezan a oírse voces que plantean que solamente ha sido un pronunciamiento tendiente a tratar de calmar los ánimos en la nación, para lograr la consolidación de un equipo en el poder y que tan pronto como se consolide este equipo se olvidarán las palabras y se seguirá en un criterio autoritario del ejercicio del poder.
Y aquellos que de buena fe hemos creído en que efectivamente existen las condiciones para un cambio político, nos preocupa mucho que esta opinión empiece a crecer acerca de que sólo son dichos y de que no habrá hechos.
Y en el Distrito Federal nos preocupa también que se empiecen a dar hechos que van en sentido contrario a la posibilidad de avanzar en una reforma política.
Nos preocuparía mucho que algunos compañeros que han sido considerados en esta cámara como gente progresista y que han hecho planteamientos de diálogo y de avances, solamente hayan utilizado esos conceptos para resolver problemas de carácter interno, que tenían que ver necesariamente con nombramiento al interior de su partido, con nombramientos a las delegaciones políticas y que solamente se hayan hecho recursos de presión utilizando la palabra, el diálogo, reformas y avances. Sería muy grave. Como también sería muy grave que a nivel nacional estas palabras hayan sido utilizadas para generar ambientes propicios para consolidar grupos de gobierno.
Si esto fuera así, compañeras y compañeros, este Congreso no está a la altura de las expectativas; o lo peor que nos podría pasar es que efectivamente en el Ejecutivo, si hubiera voluntad de cambios y fuera este Congreso el que no estuviera a la altura de lo que en el Ejecutivo se plantea, como lo de ir a una reforma política a fondo.
Hasta ahora solamente se han planteado intenciones y puntos de vista y por eso es que quienes estamos en el Distrito Federal viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, nos empieza a preocupar por qué la capital de la República, todos sabemos la importancia política que tiene, los actores que en ella se desenvuelven y sabemos que lo que pudiera suceder en esta capital va a influir mucho en lo que pueda suceder en el resto del país.
Por eso es, compañeras y compañeros, que la compañera del Partido Acción Nacional viene aquí a plantear el asunto de que el jefe del departamento no ha llamado a una reunión con los diputados, de que se estén dando ya una serie de acciones en el Distrito Federal que no han sido tratadas con los diputados, a pesar de que éstos han tomado la iniciativa al respecto, nos puede indicar que no hay intenciones reales de profundizar la reforma política en el Distrito Federal.
Para nosotros no es de ninguna manera un indicio de pluralidad el hecho de que se haya planteado la posibilidad de que algunos miembros de los partidos de oposición se incorporen al gobierno del Distrito Federal. Para nosotros lo importante es discutir a fondo el asunto de la democracia en el Distrito Federal y la democracia para nosotros, compañeras y compañeros, es revisar esa absurda prohibición que nos hace a los ciudadanos del Distrito Federal ciudadanos sin derechos plenos, mientras que por otro lado, ustedes lo escucharon aquí cuando vimos lo de la cuenta, se nos aumentan los impuestos y sin embargo no se nos aumentan nuestros derechos que la Constitución otorga.
Entonces es preocupante, porque hoy lo que sucede en el Distrito Federal empieza a convertirse en un problema ya de características nacionales ante los eventos que estamos viviendo y que la Cámara de Diputados no está tomando el papel que le corresponde.
Esta Cámara de Diputados va atrás de los acontecimientos, ¿y qué, tendremos que esperar aquí a que el Ejecutivo envíe un proyecto de reforma política para el Distrito Federal? ¿No seremos capaces los diputados ya de empezar a discutir la reforma política en el Distrito Federal, así como las diferentes reformas que se han planteado como la reforma profunda al estado?
Yo invitaría, compañeras y compañeros, a que analicemos esto. A que no estemos atrás de los acontecimientos y que hagamos de esta Cámara, una Cámara con derechos plenos, legisladores plenos y no tan sólo seguidores de lo que en otras esferas se decide.
Por eso, yo les pediría a mis compañeros del Distrito Federal, a los compañeros del PRI, que ojalá en breve citen a la comisión para empezar la reforma política del Distrito Federal, independientemente de que el señor jefe del Departamento los quiera recibir o no. El en ese momento tendrá que acusar las responsabilidades que tiene de no estar a la altura de los tiempos. Muchas gracias.
ESTADO DE SINALOA
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Zenen Xochihua Valdez, del Partido Acción Nacional, para otro tema.
El diputado Zenen Xochihua Valdez:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros:
Amigos todos, tengo el honor de hacer uso de la voz en esta tribuna nacional para hacer una enérgica denuncia sobre la negligencia e irresponsabilidad de funcionarios del consorcio de la construcción de la presa Huites en el municipio de Choix, Sinaloa, hoy presa Luis Donaldo Colosio.
Los motivos de la denuncia son varios, por lo que me permito citar únicamente los de mayor importancia, como son: debido a que han sucedido varios derrumbes en esta obra, hicimos un recorrido algunos regidores del Partido Acción Nacional, del municipio de Ahome, del Fuerte y de Choix y el diputado federal suplente Meza Tondo y un servidor, durante el cual fuimos informados por los obreros que los accidentes que en su construcción se han presentado son algo normal para quienes laboran en ella.
Sin embargo, las muertes constantes de trabajadores no se dan a conocer a la opinión pública, los obreros se quejan de las deficientes normas de seguridad laboral, esto no trasciende para no crear un clima de pánico en los trabajadores.
En el mes de julio llovió mucho, sin embargo, se continuaron los trabajos en el túnel que terminó por derrumbarse, enterrando en vida a toda la cuadrilla que laboraba en él y de eso nada se supo, dicen los obreros. Tampoco se dice nada de las muertes constantes que de una en una ya suman una infinidad.
Compañeros, en el mes de agosto se presentó un derrumbe en la caverna de acceso a la sala de máquinas a consecuencia del cual hubo varios heridos de consideración y muerte. En otro derrumbe se dañó un trailer, resultando lesionados de consideración varios obreros y un muerto.
Un ingeniero que por temor a perder su trabajo no dio su nombre, nos relató que en tan sólo cuatro meses ha sabido que por lo menos 30 personas han muerto en accidentes.
Esto nos fue confirmado por el secretario general del sindicato de obreros, señor Salvador Lagunes, aunque éste reconoce nada más 24 muertos.
En el último accidente, que fue el 9 de noviembre del presente año como a las 8. 30 horas de la mañana, quienes laboraban cerca del arco de toma, escucharon un crujir de acero y madera para dar paso a gritos desgarradores de sus compañeros. Algunos morían apresados por el concreto y otros conservaban la vida, pero con lesiones múltiples. Es más, coinciden los obreros que estuvieron presentes que entre los escombros retirados con pesadas máquinas, en góndolas iban más cadáveres destrozados, nada más que esto no lo podían afirmar porque fueron retirados del lugar por el cuerpo de seguridad.
Los muertos y heridos en este trágico accidente fueron Rosario Fierro Villalobos, del municipio de Choix; Ariosto Lano Guillén, Santos Celín Gómez, Rodrigo Estrada Flores y Luis Albero Varela Guzmán, todos ellos de Villa Alcalá de Chiapas y, los lesionados fueron: Octavio Robles, Pérez, Javier Navarro Navarro, Jorge Alberto Sandoval, Uriel Pacheco Castro, Severiano Robles Pérez, José Antonio Penago Flores, Miguel Angel Pérez Gómez e Ignacio Martínez Peñal. Todos con lesiones de consideración, desprendimiento de retinas, con golpes internos y otros.
Compañeras y compañeros diputados: es necesario asentar que hoy en Huites se contemplan varias zonas de alto riesgo donde el peligro de sufrir un accidente fatal se eleva a grados superlativos por estar laborando a más de 100 metros de altura en laderas de roca maciza o bien en la construcción de malla de varilla corrugada, en la colocación de losas de concreto donde la única esperanza de no caer y morir se aferra a los reflejos del trabajador, porque no existen medidas preventivas. Los tradicionales amarres a la cintura que les evitaría caer en caso de un derrumbe, resbalón y deslave, no existen, pues ellos sólo usan cables de mecates sin más sostén que sus propias manos, pues no existen medidas de seguridad adecuadas, ni seguro de vida.
Estos son -muestra a los señores diputados los periódicos en los que aparecen fotografías que sustentan su dicho-, los compañeros obreros que vienen de Chiapas y de Oaxaca a trabajar en esta obra del Gobierno Federal. Tenemos fotografías donde estuvimos en los lugares del deceso -muestra, asimismo, dichas fotografías-.
Después de este último accidente, el Procurador de Justicia en Sinaloa, licenciado Roberto Pérez Jacobo, nombró un Fiscal Especial, al licenciado Joel Ernesto López Corona, quien levantó la investigación número 201-94 de noviembre 9 de 1994, y se ha encargado de practicar las periciales del accidente.
A un mes 10 días de registrado el multicitado accidente en la construcción de la Presa Huites, hoy "Luis Donaldo Colosio", las autoridades responsables de la investigación no tienen ningún avance preciso que permita definir las causas que provocaron el percance, para actuar en consecuencia en contra de los responsables e inclusive el subprocurador regional de justicia en la zona norte, licenciado Luis Alberto Yauz Rojo, afirmó desconocer la situación de las pesquisas emprendidas por la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa. Sin embargo, todo este misterio alrededor de la investigación hace prever que se busca proteger a los funcionarios del consorcio constructor de la obra hidráulica, por lo que es necesario se haga una investigación a fondo por la Comisión de Asuntos Hidráulicos de esta cámara, para saber la verdad de tantos accidentes que han causado muchos muertos y establecer responsabilidades del consorcio que está construyendo la presa.
Igualmente pido que a la Comisión del Agua, encargadas de supervisar la portentosa obra hidráulica, da la impresión de estarse guiando más por criterios políticos que técnicos, con la prisa que han tenido en que se ejecute en tiempo récord el proyecto Huites.
Poco ha importado la calidad de la obra y menos aún los niveles de seguridad de los trabajadores que han resultado fatídicos. Por tal motivo debe exigir esta cámara que los 3,500 obreros que actualmente laboran en esta obra, gocen de toda seguridad y tengan el beneficio de seguro de vida y el Seguro Social cumpla con los servicios elementales, ya que hay denuncias sobre el pésimo servicio que presta a los derechohabientes.
Quiero agregar un punto sobre los desplazados de Huites, que son más de 400 familias que habitaban en los alrededores en 34 poblados y rancherías. El consorcio, en coordinación con la CNA, propuso como oferta comprarles la tierra a los campesinos temporaleros; la hectárea de terreno entre 1,500 y 3,500 nuevos pesos, dependiendo de la calidad de la tierra. Después de haber sido dueños de cerros y de montañas, no les basta vivir en un solar de 13 por 33 metros, donde fueron hubicados en Choix, en una ciudad que no será capaz de ofrecerles empleo alguno, porque Choix, pese a ser considerado ciudad, sigue siendo un pueblo netamente rural, en donde la mayoría de sus pobladores, antes de Huites, sembraban las tierras en las zonas alteñas, sembrando cacahuate, ajonjolí y linaza; criando ganado, gallinas y marranos y con frecuencia emigraban hacia los campos agrícolas.
El problema, compañeros, es real. Todos los días crece la violencia como bola de nieve; la única alternativa para hacer frente a la inconformidad social entre los cientos de campesinos sin tierra, es que se les ofrezca nuevas tierras dónde sembrar y abrirles fuentes de trabajo.
Por todo lo antes expuesto, pido, señora Presidenta, que sea turnado este asunto a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para su inmediata atención y con fundamento en el artículo 60 del Reglamento interior del Congreso, para que se sigan las investigaciones necesarias y se cree la responsabilidad del consorcio que está construyendo esta obra, igualmente a la Comisión Nacional del Agua.
Salón de sesiones, a 19 de diciembre de 1994. Por el Partido Acción Nacional, diputado Zenen Xochihua. Muchas gracias.
La Presidenta:
Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para que le dé el trámite que corresponde.
Tiene la palabra el diputado Moreno Cota.
El diputado Pablo Moreno Cota:
Señora Presidenta y señores diputados:
Yo quisiera precisar, en relación con este hecho que denuncia el diputado de Acción Nacional, el diputado Zenen Xochihua, que en relación con este asunto quisiera se me permitiera en primer lugar hablar sobre los antecedentes, independiente e indiscutiblemente de reconocer que se dio este accidente en esta obra magna, como él la reconoce, que es la presa de Huites.
En primer término el proyecto Huites comprende la construcción pues de una presa de almacenamiento de capacidad de 4,568 millones de metros cúbicos, una central hidroeléctrica cuya capacidad instalada de 400 megawatts y la infraestructura para el riego de 70,000 hectáreas, la mitad de ellas en el Estado de Sinaloa y el resto en Sonora.
Es una obra que se concibe como reguladora de los ríos, del Fuerte, con la finalidad también, además de resolver problemas de irrigación de la hidroeléctrica, también de control de avenidas.
En agosto de 1962 se inició la obra, junto con la infraestructura de apoyo, como es el acondicionamiento de viviendas para obreros etcétera. Los trabajos de la presa se iniciaron con el canal de desvío y la obtención de agregados. Antes de la finalización del año iniciaron las excavaciones en el vertedor. Para el 6 de marzo del 1993 el río del Fuerte fue desviado, iniciándose inmediatamente la excavación del recinto, donde se aloja la cortina.
Para realizar los trabajos se contrataron pues trabajadores del Estado de Sinaloa, como de otras regiones del país, entre ellos del sureste de México.
Al hablar de esto, del antecedente, es precisamente para ratificar que es una gran obra, que es una magna obra que se ha estado realizando en los términos de tiempo en que fue concebida. De ninguna manera con la intención de precipitar y concluirla en ningún tiempo récord; simple y sencillamente de acuerdo con el calendario como se concibió y como se programó; compromiso en el que la empresa constructora estaba cubriendo.
En relación con los hechos, yo quisiera expresar que anteriormente nosotros hemos venido denunciando este problema ante las instancias judiciales y ante las instancias institucionales correspondientes, como es la Comisión Nacional del Agua, como es la Secretaría de Agricultura.
El 9 de noviembre, se dio ese lamentable accidente, que yo creo que todos lamentamos y denunciamos y pedimos que se aclarara, entre las instancias. Por instrucciones del gobernador del Estado, del señor Renato Vega, el propio Procurador personalmente con los agentes del ministerio público del Fuerte y de Choix, se trasladaron hacia el lugar de los hechos con la finalidad de conocer y también de abrir el expediente de la investigación. A estas fechas tenemos un avance del 80% o del 90% de las investigaciones y que está por concluir la averiguación.
Ciertamente se designó a un fiscal especial, que es el que está llevando las cosas hasta el momento.
Personalmente yo podría expresarle que también estuvimos en el lugar de los hechos, platicamos con los trabajadores, platicamos con los dirigentes de los trabajadores y también denunciamos, como dijimos en su momento, que se clarificaran y se apresuraran en esta situación.
Razón por la cual abordamos la tribuna para pedir también que esta investigación se turne a la Comisión de Asuntos Hidráulicos, pero también nos sumamos para que la Procuraduría General de Justicia del Estado tenga a la brevedad el dictamen de la averiguación y se proceda contra quien resulte responsable.
Aclarando también que fue por la magnitud de la obra y por los descuidos que usted aquí denuncia, que pudieran haberse presentado y que nuestra postura es que se den mayores medidas de seguridad y mejores condiciones a los trabajadores.
Esta es, en términos generales, la información que nosotros tenemos y que aquí en esta tribuna, compañeras, compañeros diputados, queremos reafirmar en relación con este lamentable hecho.
La Presidenta:
Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Lauro Norzagaray Norzagaray, para rectificar hechos, por cinco minutos, sobre este mismo tema.
El diputado Lauro Norzagaray Norzagaray:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de esta tribuna para referirme a la denuncia que acaba de formular mi compañero diputado que me precedió, Zenen Xochihua Valdez.
Utilizando las mismas palabras de los campesinos y agricultores de los estados de Sonora y Sinaloa, cuando se referían a la obra hidráulica Proyecto Presa de Huites, hoy Luis Donaldo Colosio, enclavada en terreno del municipio de Choix, Estado de Sinaloa; decían que la realización de esa obra era un sueño guajiro. Le llamaban así porque fue utilizada como promesa de campaña de los candidatos priístas, tanto de los gobiernos de los estados de Sonora como de Sinaloa, al igual que todos los candidatos priístas a la presidencia de la República, ya que tuvieron que pasar varios sexenios para que ese sueño se hiciera realidad.
Hace tres años que se inició formalmente la obra. El entonces Presidente de la República hizo una visita al Estado de Sinaloa y dijo: "yo no pongo la primera piedra, yo voy a poner la última". Tal vez queriendo cumplir con su promesa, viendo que el tiempo se le terminaba aceleraron los trabajos, aunque el compañero diputado Pablo Moreno, se justifica que no fue por acelerar los trabajos y se olvidaron de las medidas de seguridad indispensables para los trabajadores.
En dicha obra han perdido la vida varios trabajadores, en su mayoría provenientes del Estado de Chiapas, ciudadanos que huyendo del conflicto armado de ese Estado han ido buscando el sustento de ellos y de su familia y han encontrado la muerte.
Si bien como se ha dicho, la obra se inició hace tres años formalmente, estaba proyectada desde la década de los sesenta y desde entonces políticos de todos los niveles ofrecieron su cooperación, acumulando "primeras piedras" para iniciar la construcción. Lo que nunca se dijo fue si esas primeras piedras, inclusive la última, servirían para las tumbas de los mexicanos muertos a que se refiere mi compañero, el diputado Zenen Xochihua Valdez.
Por lo dicho, apoyo la denuncia y la proposición formulada por el citado legislador y solicito se anexe a la citada denuncia la argumentación contenida en el presente escrito. Muchas gracias.
La Presidenta:
Así se hará diputado. Deje, por favor, el escrito en la Secretaría.
COMISION DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra, para otro asunto, la diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:
Señoras diputadas y señores diputados:
Voy a dar lectura a un punto de acuerdo de las fracciones parlamentarias que conforman esta soberanía.
"Con fundamento en los artículos 42 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diputados federales proponemos a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el siguiente:
Acuerdo parlamentario...
La Presidenta:
Un segundo, diputada; señores diputados, les suplico bajen el volumen si tienen que cambiar alguna palabra y tomen sus lugares para oír lo que nos va a decir la diputada Mara Robles.
La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:
PUNTO DE ACUERDOPrimero. Se acuerda crear una comisión ordinaria de dictamen legislativo, denominada asuntos de la juventud, integrada por representantes de todos los partidos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 47 de la Ley Orgánica del Congreso General, que además de atender las cuestiones de su denominación, tendrá las siguientes atribuciones:
1. Impulsar y realizar los estudios y audiencias públicas que versen sobre las condiciones de vida de la población mexicana en edad juvenil.
2. Preparar o, en su caso, dictaminar los proyectos de ley o decreto para propiciar el pleno ejercicio de los derechos de la población mexicana en edad juvenil, así como la observancia del impacto de estas medidas.
Segundo. Se encomienda a dicha comisión el cumplimiento del siguiente programa de trabajo.
1. Celebración, de ser posible, en coordinación con el Ejecutivo y el mayor número de organizaciones no gubernamentales, de una consulta nacional entre la juventud mexicana, sus organizaciones y las dependencias gubernamentales y no gubernamentales que atienden diversas esferas de la problemática juvenil. Dicha consulta deberá ser plural, pública y abierta.
2. Elaboración de un diagnóstico general de la situación legislativa de los jóvenes mexicanos en materia de empleo, educación, salud, justicia, deporte, turismo, expresiones culturales, participación política etcétera, que parta de los trabajos presentados en la consulta nacional.
3. Elaborar propuestas de modificaciones en materia legislativa para resolver la problemática juvenil.
Tercero. Se exhorta a dicha comisión para que desempeñe sus funciones de acuerdo con los principios de trabajo plural colegiado.
Cuarto. Se acuerda dotar a dicha comisión de los elementos materiales, humanos y técnicos que precise para el cumplimiento de sus atribuciones y encomiendas en coordinación con las comisiones relacionadas con el tema.
Palacio Legislativo. Este punto de acuerdo lo firman las cuatro fracciones parlamentarias que conforman esta legislatura. Muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, Mara.
Para este mismo tema y para dar su posición, el diputado Oscar González, del Partido del Trabajo, por cinco minutos.
El diputado Oscar González Yáñez:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados:
La creación de una comisión de la juventud ha sido un anhelo y un reto de muchas generaciones, probablemente a muchos compañeros ahora diputados, en su época más joven por no decir que no lo sean ahora, tuvieron oportunidad y el anhelo de crear una comisión legislativa que pudiera atender los asuntos de la juventud. Hoy, gracias a una nueva cultura política en muchos compañeros jóvenes de las diferentes fracciones parlamentarias que hay en este Congreso y de algunos jóvenes que no están representados a través de sus partidos en estas instancias, se crea un punto de acuerdo que da un espacio importante a la atención de los problemas de la juventud.
Esta nueva cultura política que ahora está en las diferentes fracciones de nuestros partidos aquí, es una muestra de lo que se puede hacer cuando la razón se impone sobre cualquier diferencia política, cuando la razón está por encima de los intereses de los propios individuos y que realmente asumen su tarea de ser legisladores y atender realmente los problemas de la juventud de nuestro país. Ese es el matiz que le dio nacimiento a esta comisión de la juventud y desde esta tribuna les doy un reconocimiento a mis compañeros de las demás fracciones representadas aquí, a los que son diputados, a los que no son diputados, pero que también quisieran pasar a esta tribuna a decir con anhelo que pudimos lograr, también a ellos su reconocimiento.
La creación de la comisión de la juventud es una necesidad inminente de nuestra sociedad, más del 50% de nuestra población son jóvenes, hay una necesidad inminente de que esta juventud sea atendida, si es que queremos realmente un México que pueda tener una esperanza mejor.
No queremos jóvenes que estén marginados, no queremos jóvenes que no tengan oportunidad de nada en nuestra sociedad, sino por lo contrario, queremos jóvenes con aptitudes plenas, que se puedan desarrollar plenamente en nuestra sociedad. por eso la creación de esta comisión de la juventud.
Esta LVI Legislatura que ha peleado en todo su momento por dignidad, hoy es una prueba de ello, la dignidad, compañeros diputados, se gana no teniendo un espíritu protagónico ni buscando subir a tribuna a cada momento; la dignidad de un Congreso se gana atendiendo realmente los problemas de la, sociedad y atendiendo realmente los problemas de la sociedad que nos trajo aquí y esta LVI Legislatura hizo posible que se atendiera un problema tan añejo.
Esta LVI Legislatura, en la opinión del Partido del Trabajo, con lo que respecta a este punto, ha hecho lo necesario; por lo que toca a los jóvenes que no están representados en este Congreso y que tampoco me siento portador de su palabra, pero sí un agradecimiento a todas esas fracciones por haber logrado que realmente sean atendidos sus problemas; que esta comisión nazca con esa buena voluntad o la que nosotros llamamos una nueva cultura política.
Cuatro partidos políticos se pudieron poner de acuerdo para sacar un problema común, ojalá y eso fuera posible en otras instancias, desgraciadamente esta cultura no la tienen y por eso digo que habemos compañeros aquí que sí tenemos una nueva cultura para bien de nuestro país y para bien de nuestro pueblo que nos trajo aquí. Gracias, compañeros.
La Presidenta:
Muy bien. Para el mismo tema y en apoyo, la diputada Mara Robles, para la posición de su grupo parlamentario.
La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:
Señoras diputadas; señores diputados:
Bueno, una vez leído el punto de acuerdo, yo quisiera decir lo que para el Partido de la Revolución Democrática debiera ser la sustancia y el contenido de esta comisión, cuáles son las razones que nos llevaron a este punto de acuerdo y cuáles son las tareas con las que nos vamos a comprometer.
En primer lugar, debemos decir que los jóvenes en este país somos casi 24 millones de mexicano y que, sin embargo, pese a que la condición biológica ha existido siempre, el fenómeno de reconocer a los jóvenes como un ente sociológico es relativamente nuevo y esto nos ha llevado a que durante la juventud se piense que la única manera de obtener la felicidad es a través del consumo.
Y nosotros creemos que por el contrario, los menores de 25 no solamente somos hijos de una crisis, somos hijos también del subdesarrollo y la pobreza; en el desempleo, fundamentalmente los jóvenes somos los que pagamos las peores consecuencias al existir un tráfico de influencias o una competencia desleal con los adultos que so pretexto de tener mayor experiencia, los jóvenes son desdeñados o ni siquiera se cumplen sus condiciones mínimas laborales.
No solamente somos los más desempleados, también los jóvenes somos los que más sufrimos los costos de la inseguridad que vive nuestro país. Los tutelares y las cárceles para menores, generalmente están llenas de jóvenes que intentaron en un clima de libertad ejercer inclusive sus derechos recreativos.
En la educación quiero pedir que esta comisión se convierta en una aliada de primer nivel, de quienes estamos pensando en volver a pasar a esta tribuna de la nación al artículo 3o., pero no para cercenarlo como ya se ha hecho, sino por el contrario, para rescatarlo, para fortalecerlo y para que para los jóvenes efectivamente la educación sea la posibilidad de elevar nuestro nivel cultural, de ser profesionistas y mejores ciudadanos.
Quiero decir que también impulsaremos que los jóvenes dejemos de estar vetados, para poder tener una vivienda. Actualmente, las leyes inquilinarias prohiben prácticamente el derecho a la soltería o el derecho a ser menor de edad. Nosotros vamos a pugnar porque aquellos que le renten vivienda a los jóvenes tengan incentivos fiscales.
Nosotros queremos que en el caso de la salud todos nosotros tengamos derecho a tener una salud integral. Actualmente, sólo los estudiantes que son una capa visible de la población, tienen derecho al Seguro Social, pero la mayoría de los jóvenes que son invisibles, no tienen derecho a ninguna seguridad social y particularmente nosotros haremos llamados a su conciencia, para pedirles que todos aquellos que tienen hijos y que seguramente están pensando en que quieren verlos crecer, no los vean morir de amor. Nosotros impulsaremos una campaña sin prejuicios, a nivel nacional, para que los jóvenes no mueran de SIDA.
Y quiero decir que finalmente todas estas demandas, todos nuestros problemas para que podamos efectivamente ser el futuro de la nación, sólo pueden conquistarse si lo hacemos en un clima de libertad y de respeto.
Pronto van a ver cómo una comisión integrada por jóvenes, rinde cuentas de su trabajo, se abre a la sociedad y le rinde cuentas también a esta soberanía y, para que no sean solamente buenos deseos, sino planes concretos, todos nosotros vamos a presentar proyectos para llevar a cabo estas iniciativas.
Quiero terminar pidiéndoles que ojalá no solamente contemos con su firma, sino con el apoyo decidido de todas las diputadas y diputados, para que esta comisión signifique un paso para resarcir la grave deuda que México tiene para con nosotros los jóvenes.
Quiero decirles que nosotros no queremos el futuro, queremos un presente digno ya y para eso estamos trabajando. Muchas gracias.
La Presidenta:
Por el Partido Acción Nacional, el diputado Cristian Castaño Contreras, por cinco minutos.
El diputado Cristian Castaño Contreras:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados:
En 1939, un hombre con un grupo de jóvenes, formalizó la construcción de una instancia política distinta a la oficial, que se presentaba en México.
La juventud en Acción Nacional, ha sido no sólo tema de debate y de discurso, ha sido realidad presente que se ha construido en su organización, en su diligencia y en sus propuestas.
Es por eso que hoy nos sumamos al acuerdo parlamentario que crea la Comisión de Asuntos Juveniles En Esta Cámara de Diputados.
Hoy volteamos los ojos al joven obrero, al joven campesino, al joven estudiante, al indígena, a aquel que menos tiene, a aquel que requiere vertientes distintas de desarrollo, de proyección, de una vida digna. Hoy volteamos los ojos a la esperanza presente.
Habrá que decir que la juventud no es botín político de nadie y por ello, todos los mexicanos y en esta representación, nos hemos sumado a esa nueva generación, a esa generación que siempre se dice en la retórica oficialista en las campañas, que será el futuro de México. Hoy la juventud, no es el futuro, es el presente.
Y volteamos los ojos a esas necesidades básicas de salud física, siempre respetando la dignidad del ser humano, de oportunidades de educación, de trabajo, de salud mental y de proyección espiritual.
Hoy sabemos que ha sido un joven el que segara la vida de Luis Donaldo Colosio; hoy también sabemos que fue un joven el que segara la vida de José Francisco Ruiz Massieu. Esto nos mueve a la reflexión, nos mueve al detenimiento para fijarnos en los que habrán de ser los mexicanos que dirijan este país en los próximos años.
Estamos en contra de una lucha generacional, porque no obstante que luchamos, sí, por la nueva generación de mexicanos, es una generación que no confronta, que suma, es una generación que busca los frutos no para un pequeño grupo de mexicanos, que debe de buscar el bienestar de la mayoría.
Estamos totalmente convencidos que con la creación de esta nueva comisión deberemos de fomentar los valores, esos valores universales que son la garantía para la permanencia de una civilización y de una sociedad ordenada, justa y pacífica, ante todo en la familia, como núcleo básico de la sociedad; tendremos puestos nuestros ojos, para que la juventud sea un ordenamiento de desarrollo, de proyección y de frutos para esta instancia.
Hoy recordamos el lema que nos ha movido a signar este punto de acuerdo parlamentario; llamamos a la juventud a dar a la patria esperanza presente y es una juventud que toma esta bandera, porque la juventud al decidir dar establece su generosidad, sus ansias por dar a los demás, en un idealismo y una rebeldía que se presenta siempre constante, permanente en la juventud; a la patria, porque la patria es nuestra tierra, es nuestro suelo, es nuestra gente; esperanza, porque el llamado de la juventud significa en sí misma esperanza, esperanza para este México de hoy y presente, porque el momento ha llegado para hoy y no para mañana. Muchas gracias.
La Presidenta:
Por el Partido Revolucionario Institucional, el joven diputado Javier Guízar.
El diputado Francisco Javier Guízar Macías:
Con su venia, señora Presidenta; amigos legisladores:
El día de hoy se inicia la cristalización en los hechos de un acuerdo histórico, firmado por dirigentes nacionales juveniles de los partidos políticos en México. El día de hoy vemos con satisfacción el anhelo de muchos jóvenes que nos antecedieron por llegar a concluir este histórico acuerdo.
La juventud priísta siempre ha pugnado porque al interior de este Congreso existiese una comisión de esta naturaleza, una comisión que atendiese los temas de juventud, que profesionalizara la legislación juvenil en México. Esta lucha histórica de generaciones de jóvenes priístas, que nos han antecedido, se ha sumado al esfuerzo de las hoy actuales generaciones juveniles de los partidos políticos, que internamente también han presentado su lucha para que el día de hoy lleguemos a este punto de acuerdo.
Nuestros diputados jóvenes priístas en el interior del país han presentado ya estas iniciativas en los estados de Sinaloa, de México y el Distrito Federal, donde estas comisiones de juventud, algunas de asuntos juveniles, otras de deporte y juventud, pero que todas ellas han profesionalizado la legislación estatal juvenil. Hoy tenemos la oportunidad todos nosotros, de sacar adelante un acuerdo importante en beneficio de los jóvenes de México.
Esta comisión, como dije hace un momento, tendrá la finalidad de profesionalizar la legislación juvenil, que recoja, amigos, la verdadera problemática que vive el joven mexicano en materia de salud, de empleo, de vivienda, de educación, de muchos problemas que a veces no los tomamos en cuenta.
Reconocemos el esfuerzo de las dirigencias nacionales de los partidos políticos que nos han estado apoyando para sacar adelante nuestro compromiso como dirigentes nacionales juveniles partidistas. Quiero en este momento agradecerle al dirigente nacional del Partido Acción Nacional, al dirigente nacional también del PRD, al consejo de los compañeros del PT y a nuestro dirigente nacional también del Partido Revolucionario Institucional.
Sin embargo, hay otros dirigentes juveniles de partidos políticos que no están aquí presentes. Este diálogo lo iniciamos los nueve dirigentes nacionales de los partidos políticos que contendieron en la pasada elección, sin embargo, al finalizar los compromisos y acuerdos quedamos única y exclusivamente los cuatro partidos aquí representados. Era nuestro compromiso sacarlo adelante, por ello, nuestro reconocimiento al esfuerzo también de estos dirigentes nacionales juveniles de los partidos que no están aquí representados: al dirigente nacional de los jóvenes del PPS, del PDM, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del Partido Verde Ecologista.
Hoy hemos escuchado un punto de acuerdo que ha sido histórico, como histórico fue el punto de acuerdo de las cuatro organizaciones juveniles que firmamos esto hace aproximadamente dos meses.
Quiero invitarlos a todos ustedes para que nos sumemos al compromiso que han adquirido los coordinadores de las fracciones parlamentarias representadas aquí en la cámara. Este compromiso tendrá que asumir una responsabilidad, la responsabilidad de sacar adelante la legislación que necesitan los jóvenes de México.
Por México, amigos, por los jóvenes, por el presente y por el futuro de nuestra patria, los exhortamos a que nos apoyen. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para darle su trámite adecuado, turnamos este punto de acuerdo a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que ahí se constituya dicha comisión.
El diputado Manuel Marcué y Pardiña (desde su curul):
Voy a hablar sobre el tema.
La Presidenta: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel Marcué, para rectificar hechos.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Señores diputados, pido a todas las fracciones me hagan el favor de poner atención.
Cuando se habla aquí de la juventud tengo que recordar a muchos personajes de la historia de este país. En las épocas recientes, cuando yo era casi un niño, y esto hace cerca de 65 años, oía hablar de un hombre que se hizo popular por muchos motivos: José Vasconcelos. Le llamaron el maestro de la juventud.
También oí hablar, en tiempos más recientes, de un gran mexicano: Manuel Gómez Morín, oí hablar de don Damián Cosío Villegas; oí hablar, conviví a ayudar a formar instituciones que fueron posibles al empeño de gente como Vicente Lombardo Toledano, oía hablar a viejos que en el Partido Comunista aconsejaban a la juventud.
Supe de lo que Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Narciso Bassols, hicieron por este país orientando a la juventud. Estaban rodeados de jóvenes que seguramente le daban frescura a su pensamiento y los impulsaban a luchar.
Hay que recordar las instituciones formadas por esos hombres que orientaban a los jóvenes, Banco de México.
No se puede olvidar a Manuel Gómez Morín; no se puede olvidar a Narciso Bassols; no se puede olvidar a muchos, a muchos mexicanos que ayudaron a formar a las juventudes que venían de la revolución.
Señores, me da alegría en el corazón saber que los jóvenes están decididos a actuar; me daría más alegría si los jóvenes nos desplazaran a todos los viejos para hacer un México mejor en todas las formas y en todos los caminos de México. Eso es lo que yo le deseo a la juventud, que nos desplacen a los viejos de las curules que ocupamos y vengan a tomar el estandarte en beneficio de este país. Gracias.
PROTECCION CIVIL
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Gerardo Gabriel Nava Bolaños, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Gerardo Gabriel Nava Bolaños:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
La República Mexicana se encuentra ubicada en una zona de gran sismicidad. Estudios realizados por la sismología moderna indica que la franja de sismicidad más importante se encuentra en la periferia del Océano Pacífico, que abarca La Patagonia y Chile, en América del Sur, Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá, en el norte, asimismo se extiende más allá de Alaska, a través de las Islas Aleutianas, pasa por la península Kamchatka, Japón, Filipinas y Nueva Zelanda.
Esta zona sísmica caracterizada además por actividad volcánica intensa es conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, o simplemente Cinturón Circunpacífico.
Sismos de grandes magnitudes han padecido Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal, fundamentalmente, aunque también han ocurrido similares sismos en el centro y sur de Veracruz y Puebla, norte y centro de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, así como la península de Baja California, en otros estados como Sinaloa, Zacatecas, Durango y Sonora, la sismicidad es escasa, aunque en la última entidad un sismo de gran magnitud ocurrió a fines del siglo pasado.
La dolorosa experiencias que vivimos los mexicanos provocada por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, evidenció la falta de preparación en métodos y capacitación para hacer frente a este tipo de contingencias, además, hizo sentir la necesidad, tanto a las autoridades como a los gobernados, de organizarnos perfectamente.
Por otra parte, se creó la Comisión Nacional de Reconstrucción para atender los desastres y con tal antecedente se fundó el Sistema Nacional de Protección Civil, con la finalidad primordial de concientizar a la población en métodos preventivos que se asimilen paulatinamente. Todo lo anterior a través de una labor institucional del Gobierno Federal en coordinación con los niveles estatales y municipales, así como una unión con la sociedad civil para difundir y cultivar técnicas de autoprotección en caso de emergencia.
Si bien se reconoce que en materia de protección civil algunas entidades federativas ya cuentan con el marco legal, además de que en el aspecto técnico se han dado unos pasos como es el establecimiento de la Red de Observación Sísmica y en el Distrito Federal el Sistema de Alerta Sísmica.
También debemos de reconocer que a más de nueve años de ocurrida la gran tragedia telúrica, aún no estamos preparados para hacerle frente a otra de igual o de mayor magnitud, más aún, no hemos tomado conciencia ni por tanto interés de la necesidad de estar preparados para hacer frente a uno de los mayores riesgos a que estamos expuestos. Por ser de los fenómenos telúricos muy destructivos, un sismo no puede evitarse, pero es posible preverlo a fin de que sea menos difícil hacerle frente y menos angustiante la situación en caso de desastre.
No es la intención de caer en el amarillismo, sino dejar claro en esta tribuna sobre la necesidad de impulsar acciones tendientes a conformar una cultura de protección civil que merece el tratamiento de urgente, si analizamos la frecuencia y magnitud de los sismos ocurridos en este Distrito Federal durante las últimas semanas.
Un ejemplo cercano de que no estamos preparados, nos demuestra el hecho de que en la Cámara de Diputados, tanto los diputados como el personal de apoyo y los trabajadores, no han recibido capacitación, no estamos informados de las áreas de mayor riesgo y de mejor seguridad. No conocemos un plan de evacuación ni sabemos cómo desalojar las oficinas, el recinto, en caso necesario, como tampoco hemos practicado simulacros, a pesar de que el Reglamento de Protección Civil obliga a ello cuando menos tres veces al año.
Por lo anterior, los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 42, último párrafo y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable pleno, el siguiente
PUNTO DE ACUERDOPrimero. Que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se dirija al Secretario de Gobernación para que gire instrucciones al director general de Protección Civil, a fin de que nos organice pláticas y simulacros entre los diputados y el personal de apoyo de esta cámara en materia de sismos y desastres.
Segundo. Que la Cámara de Diputados en coordinación con la Secretaría de Gobernación, promuevan amplias campañas de concientización y capacidad para la población en general.
Tercero. Que Oficialía Mayor integre una unidad interna de protección civil.
Atentamente.
Diputado Gerardo Nava.
Se anexa relación de diputados de la fracción del grupo parlamentario de Acción Nacional. Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta:
Se recibe y se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Sigue en el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Jesús Carlos Hernández Martínez.
El diputado Jesús Carlos Hernández Martínez:
Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Ante el imperativo de proteger las vidas humanas y patrimonio de los integrantes de esta Cámara de Diputados contra los desastres de origen natural o humano, se hace necesario, quiero hacer hincapié en la constitución de una unidad de protección civil interna, que articule acciones tendientes a promover la seguridad dentro de las instalaciones, frente a los riesgos que pongan en peligro nuestra integridad.
La importancia de nuestras tareas nos exige estar siempre alerta ante la eventualidad de una catástrofe, saber qué hacer y cómo actuar ante la inminente amenaza de un fenómeno natural o de una acción de sabotaje.
En este tenor, esta unidad que proponemos, responde al propósito de poder contar con un organismo operativo que sea el directamente responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, como elaborar e implantar y coordinar un programa interno, que difunda los riesgos a los que estamos expuestos, clasifique y registre los recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone, que establezca y mantenga un sistema de información y comunicación, que realice campañas de difusión interna a fin de coadyuvar a la creación de una cultura de protección civil del personal que labora y de los propios diputados de esta Cámara.
Que fomente la participación de todos en acciones y simulacros. Establezca normas de seguridad y señalización.
De esta manera la salvaguarda de la integración física tanto de los diputados como del personal, las instalaciones y los bienes estarán mayormente garantizadas. Estaremos en condiciones de tener una oportuna organización, una clara identificación de los fenómenos destructivos a los que estamos expuestos y una eficiente articulación con los departamentos existentes dentro de esta cámara como son la Dirección de Resguardo y Seguridad, Servicios Generales, entre otros. Además, que replantee programas y objetivos vinculados al Sistema Nacional de Protección Civil, no duplicar acciones y eficientar las funciones.
De una respuesta pronta y organizada pueden depender muchas vidas. Compañeros diputados: las catástrofes no nos avisan. Estemos alertas. Muchas gracias.
ESTADO DE ZACATECAS
La Presidenta:
Tiene la palabra, para hablar de otro asunto, el diputado Javier Ortega Espinoza, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Javier Ortega Espinoza:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Abordo esta tribuna para exponer ante ustedes y ante toda la nación un asunto que me parece de suma trascendencia. En el Estado de Zacatecas estamos tratando en estos momentos de lograr una reforma político-electoral auténtica, de fondo, que dé tranquilidad, certidumbre y equidad a los zacatecanos en los procesos electorales.
Esta reforma es urgente por varios motivos. Primero, porque la Ley Electoral Estatal vigente es obsoleta, antidemocrática, injusta y profundamente atrasada con repecto al contexto nacional. Segundo, porque es imprescindible forjar el nuevo marco jurídico que evite el resurgimiento de posibles conflictos electorales graves como ya sucedió en 1992, cuando en varios municipios hubo grandes movilizaciones sociales, manifestaciones de protesta, tomas y bloqueos de alcaldías, e incluso actos de violencia física que por lo menos en un municipio ocasionaron muertes.
Dicha reforma exige necesariamente cambios y adecuaciones no sólo a la ley electoral vigente, sino también a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica Municipal.
El 11 de noviembre del año en curso, la Comisión Electoral del Estado, seguramente por indicaciones del Titular del Ejecutivo, lanzó la convocatoria para la realización de foros de consulta pública sobre la materia. Nuestro Partido Acción Nacional exigió, desde un principio, garantías plenas de sinceridad y auténtica voluntad política de reforma real para poder participar con su aportación. Se exigió y se exige concertación seria y diálogo político verdadero entre las fuerzas políticas y el mismo Gobierno del Estado.
Como muestra de seriedad y responsabilidad política de nuestro partido, se logró un consenso fundamental con el PRD para presentar una propuesta de reforma conjunta que se resume en 11 puntos fundamentales.
Dejando de lado las diferencias ideológicas y de prácticas políticas, para lograr un objetivo común, superior, como es la democracia, finalmente se adhirió también a esta propuesta, el Partido del Trabajo.
Con esta propuesta de avanzada, se participó en dichos foros de consulta pública y se exhorta al partido dominante y al Gobierno del Estado, a dialogar en serio y lograr un consenso que satisfaga a todas las partes en aras de una buena ley electoral.
Es necesario precisar que el Partido Revolucionario Institucional nunca participó en los foros como organismo político en sí, aunque participaron priístas a título individual.
Aunque ha habido algunas pláticas con la dirigencia estatal del PRI y representantes del gobierno estatal, tenemos fundadas sospechas de que nos estamos enfrentando ante una situación de simulación, desde los mismos foros de consulta pública y que no exista verdadera voluntad política para lograr una auténtica reforma político-electoral o incluso más allá y esto sería lo peor, que estén instrumentando tácticas dilatorias para que no haya ninguna reforma y enfrentar el proceso electoral que debe iniciar a principios del año próximo, con la misma ley obsoleta y profundamente antidemocrática e injusta.
No pretendo exponer aquí los contenidos de nuestra propuesta conjunta para esta reforma, pero sí quiero señalar algunos puntos muy importantes.
Estamos exigiendo una verdadera representatividad, tanto en el Poder Legislativo como en los ayuntamientos. Aquí expondré algún ejemplo: Los municipios están constituidos automáticamente por puros regidores del PRI y en muchos casos con uno solo de oposición, habiendo obtenido resultados electorales muy parejos en algunas ocasiones. Esto es profundamente injusto y antidemocrático.
Exigimos también la integración de órganos electorales imparciales e independientes del Gobierno del Estado, conformados por consejeros ciudadanos independientes y representantes de los partidos políticos a partes iguales para garantizar procesos electorales regidos por los principios de certeza, imparcialidad, autonomía, objetividad y legalidad.
También se contempla la terminación de la autocalificación en el colegio electoral y en los cabildos. Es urgente la inclusión de un capítulo de delitos electorales en el Código Penal del Estado, así como las reformas a la normatividad interna del Poder Legislativo y las demás que el proceso demande.
No es posible que en el Código Penal de Zacatecas no estén tipificados los delitos electorales y esto ocasiona la impunidad para los que cometen múltiples delitos electorales.
Es urgente la inclusión de un capítulo de delitos electorales en el Código Penal; exigimos la creación del tribunal estatal electoral como instancia jurisdiccional de pleno derecho, que se constituya la fiscalía especial para delitos electorales en el Estado, auditoría al padrón electoral, condiciones equitativas de financiamiento y acceso a medios de comunicación y muchos asuntos importantes más que son condiciones indispensables para construir la democracia en el Estado de Zacatecas.
¿Qué condiciones debe tener el diálogo para que en realidad dé frutos? ¡Resultados positivos!
1o. Como condición indispensable debe haber buena fe o sinceridad en todas y cada una de las partes que se sienten a dialogar. No se vale que alguna de las partes asuma el diálogo o la concertación con un plan premeditado y alevoso de engañar y traicionar al otro, usando maquiavelismos de simulaciones y mentiras.
2o. El diálogo político debe ser transparente, de cara a la sociedad, plural y democrático.
3o. El diálogo exige tolerancia, respeto y civilidad recíprocas. El diálogo debe convertir en iguales a los desiguales. Con el diálogo de buena fe, sereno y civilizado lograremos juntos objetivos comunes y fines superiores, como la paz que tanto urge en México, la democracia, la justicia y muchas otras cosas más en todos nuestros estados y en toda nuestra patria.
Privilegiemos el diálogo, desterremos la confrontación. Pero, entiéndase bien señores diputados, ¡pri-vi-le-gie-mos!, no ¡pri-icé-mos!
Los mexicanos hemos padecido una cultura de antidemocracia, simulación, fraude, corrupción, derroche y culto a la personalidad. Existe una gran crisis de credibilidad en el Gobierno que afecta a todos los mexicanos. Por lo tanto debe haber necesariamente coherencia y congruencia entre el decir y el hacer, en el discurso y en los hechos. ¡Desterremos ya las actitudes farisaicas en el quehacer político nacional!
Un obstáculo férreo que ha impedido la democracia, es la simbiosis o binomio PRI-Gobierno, como quieran llamarle. Ha sido un clamor general de la oposición y voces independientes en México que termine ya de una vez por todas esta fusión y confusión que existe entre el Gobierno y el Partido Revolucionario Institucional.
Esta relación de privilegio PRI-Gobierno, ha sido por siempre ilegal, inmoral y profundamente injusta, ya que ha generado un monopolio del poder por este partido y ha impedido que nuestro país arribe a la democracia plena, que garantice la alternancia en el poder y por ende el progreso social, económico y político de nuestra patria.
Mientras exista esta relación de un partido dominante, por ser indebidamente privilegiado por el Gobierno, no podremos lograr un verdadero sistema de partidos políticos, donde haya una competencia real en los procesos electorales con los principios rectores de certeza, legalidad, parcialidad y equidad.
Hoy se vislumbran grandes cambios en el ámbito político nacional y por lo pronto, en el discurso hay algunos indicios de voluntad política de este Gobierno. Tenemos presentes las palabras del presidente Zedillo. En el diálogo que esta Cámara de Diputados sostuvo con él dijo, más o menos:
"Hagamos una reforma política definitiva. No esperemos hasta en 1997, empecemos ya."
Así dijo el señor Presidente. ¡Le tomamos la palabra al señor Presidente! Señores, empecemos ya. En Zacatecas tiene la palabra el Gobierno del Estado.
Acción Nacional, el PRD y el PT han presentado una propuesta conjunta, que de ser tomada en cuenta habrá de contribuir para dotar a los zacatecanos de una buena ley que rija el proceso electoral, ya muy próximo para renovar el Congreso local y los 56 ayuntamientos.
Ya no queremos conflictos poselectorales ni en Zacatecas, ni en ninguna otra parte de nuestra patria. En esta tribuna mucho se ha dicho sobre los problemas electorales en Chiapas, Veracruz y Tabasco. ¡Miles y millones de palabras se han pronunciado aquí, por carecer de una buena ley, pero sobre todo por falta de voluntad de cumplirla! Pero, señores diputados, la ley por sí sola y esto quiero dejarlo muy claro, la ley por sí sola, así sea la más perfecta del mundo, no basta. Es necesaria voluntad plena de todos: ciudadanos, partidos y gobernantes, para cumplirla a cabalidad. Para esto se requiere un cambio profundo de actitudes, desterrar vicios e inercias, sobre todo del partido que detenta el poder en nuestra patria.
En suma, señores, requerimos de una nueva y superior cultura política, como un joven por aquí lo mencionó, una nueva cultura política.
Le tomamos la palabra al señor gobernador de Zacatecas, licenciado Arturo Romo Gutiérrez, quien ha expresado en múltiples ocasiones esta bella frase. Pero, señor gobernador: usted que tiene poder empiece ya a traducirla en hechos, no queremos que este proceso de reforma político-electoral sea una simulación más, por el bien de Zacatecas y de México.
Señores diputados: el gran mal de México, su verdadera raíz, en serio se los digo, es de naturaleza moral. Vivimos en una profunda descomposición y corrupción moral y ética. Hagamos pues una profunda renovación moral como base de todo.
Compañeros diputados: dolorosas y amargas experiencias pasadas nos han enseñado que cuando la ley cierra una puerta para evitar fraudes o injusticias de toda índole, las mentes maquiavélicas siempre encuentran la posibilidad de abrir una o dos ventanas de tamaño suficiente para dar cupo al hombre más mezquino, mapachesco y gordo posible.
¡Feliz Navidad!, señoras y señores diputados. Gracias.
La Presidenta:
Para hablar sobre este tema, el diputado Gustavo Salinas, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Gustavo Salinas Iñiguez:
Con su permiso, señora Presidenta:
Hemos escuchado con atención al compañero diputado de Acción Nacional, Javier Ortega. Lo hemos hecho al igual que a todos los oradores que hacen uso de esta tribuna. Sin embargo, considero que ésta ha sido una intervención desafortunada, pues ciertamente se está adelantando a los hechos, está presuponiendo lo que pudiera ser la Ley Electoral en Zacatecas.
Quiero decirle al diputado Javier Ortega, que es sino hasta ahora en que tengo la oportunidad de conocerlo, no obstante que él fue candidato a diputado por el III distrito en Zacatecas, nunca lo vi haciendo campaña, nunca se esmeró por ir a las comunidades a pulsar las inquietudes y las necesidades de nuestro pueblo y viene aquí a hablarnos de lo que pudiera ser la Ley Electoral de Zacatecas.
Y quiero decirle que en términos generales estaríamos de acuerdo en lo que él ha dicho. Preferimos una ley, ciertamente, que traiga certidumbre a Zacatecas, que traiga certidumbre a los procesos electorales, que aleje igualmente los conflictos poselectorales, queremos eso también; queremos una ley que sea justa y también una ley que también incorpore los delitos electorales que ya en el Código Penal Federal están establecidos.
Tenga usted la plena seguridad, diputado Ortega, de que la legislación que habrá de surgir como resultado de un profundo proceso de consulta popular que se está llevando a cabo en Zacatecas, recogerá éstas y más inquietudes de la sociedad zacatecana.
Nosotros, como legisladores federales, no podemos estar al margen de esta nueva legislación habremos de participar en la medida de nuestras posibilidades con objeto de incorporar todo aquello que consideremos que sea útil para que surja una ley electoral a la altura de las expectativas de la sociedad zacatecana.
Es importante que la Asamblea sepa que en Zacatecas se está llevando a cabo una profunda reforma electoral; para ello se ha realizado una consulta popular en donde todos los partidos políticos registrados han participado y cabe hacer mención que el PAN no acreditó comisionados para la realización de esta consulta popular, la hizo, participó a través de las intervenciones de los diputados o de los representantes del PRD y del Partido del Trabajo.
Pero como tal, como partido político no lo hizo en Zacatecas, yo convoco de manera muy respetuosa a los compañeros de Acción Nacional, para que en una actitud positiva, para que en una actitud participativa, intervengan en este proceso de consulta para que de esa manera exista toda una corriente de opinión de todas las diferentes corrientes políticas de Zacatecas y para que de esa manera en la nueva legislación electoral que habrá de regirnos para las elecciones de 1995, queden plasmadas las inquietudes y las buenas intenciones de Acción Nacional. Es cuanto, compañeros.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, el diputado Javier Ortega, por cinco minutos.
El diputado Javier Ortega Espinoza:
Gracias, señora Presidenta:
Seré muy breve. Efectivamente no tenemos el gusto de habernos saludado al licenciado exsenador Gustavo Salinas Iñiguez, me da gusto conocerlo, diputado.
Con respeto me voy a dirigir a ustedes, sólo solicité la palabra para aclarar un solo punto de su intervención. Con todo respeto, señor diputado, le diré que no le acepto que yo nunca hice campaña, no se lo acepto señor, porque está alejado de la verdad. Mi primera comunidad rural que visité, a ver si usted la conoce, se llama Pueblo Viejo, que es un ranchito de Juchipila, me gustaría saber si lo conoce y ha ido a ese rancho, fue la primera que yo fui.
Señor diputado, con todo respeto le diré que nuestras campañas las hacemos nosotros como obreros, pegando hules, entregando volantes, subiéndonos en escaleras a pegar propaganda y con unos vehículos destartalados, si es que tenemos; ustedes tienen todo en charola de plata, señor licenciado, con autobuses del gobierno del Estado, eso sí lo vi yo, con gran comitiva, así es que con todo respeto señor, yo soy de una comunidad rural y recorrí intensamente muchas comunidades rurales y los 18 municipios que integran el III distrito electoral.
Muchas gracias, disculpe la molestia; en lo demás, estamos de acuerdo, yo hablo de un diálogo que sea de buena fe, sincero, que se traduzca en hechos y si estaría usted de acuerdo vamos terminando la simbiosis del PRI-Gobierno, o me gustaría que me dijeran si la hay o no la hay. Gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, el diputado Pedro Guadalupe López.
El diputado Pedro Guadalupe López y Macías:
Compañeros legisladores:
En Zacatecas, estamos empeñados en que cualquier reforma que se haga a la ley sea como respuesta a las legítimas demandas de la mayoría, de la mayoría de los ciudadanos; por lo tanto, en el caso de la reforma electoral se ha tenido especial cuidado en realizar una amplia consulta para recoger las opiniones que al respecto tengan quienes se interesen en darlas.
Por lo cual se convocó a todos aquellos que quisieron participar en los foros que se realizaron. Esta etapa ha concluido. Hoy, se están concentrando los resultados y mañana serán entregados al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a la opinión pública y a los partidos políticos. Será entonces cuando habrá la posibilidad de que con elementos fundados, proporcionados por la ciudadanía a través de esta consulta, se elabore la iniciativa de ley correspondiente, la cual demandamos que sea en el sentido de hacer más transparentes, democráticos y creíbles todos los procesos electorales que se desarrollen.
Porque a nosotros, más que a nadie, nos interesa que en Zacatecas quien gane en una competencia política, limpia y equitativa, sea reconocido por la ley y por el pueblo y quien pierda, reconozca con honorabilidad su derrota, porque lo que nunca buscaremos para nuestro Estado es la confrontación poselectoral que sólo enseña la inmadurez de quien no sabe ganar con limpieza y de quien no sabe perder con honestidad, o la ambición de quien antepone sus intereses particulares a los intereses superiores del pueblo.
Por eso se están dando los pasos para conseguir una reforma electoral consensada con el pueblo y producto del análisis y la reflexión y es aquí donde no podemos entender la actitud de crítica y descalificación a priori de un proceso que es para bien de los zacatecanos y menos aún cuando en sesión realizada el 5 de noviembre de este año, por la Comisión Estatal Electoral, por unanimidad se aprobó la realización de los foros de consulta.
Asimismo, en los acuerdos de ocho reuniones que realizó la comisión, los acuerdos tomados fueron por unanimidad o por consenso y la única discrepancia fue en el sentido de si la comisión electoral era para preparar las elecciones que habrán de realizarse en 1995, a lo que se les aclaró que esta comisión era solamente para hacer la consulta.
Por lo que no podemos estar de acuerdo en un asunto que se está tratando por los zacatecanos y no ha rebasado su capacidad de concertación, en nuestra entidad, venga a ser planteado a la legislatura federal por parte de quien con afanes protagónicos quiere justificar su presencia en esta legislatura.
Yo les pido a quienes han venido a traer acá el asunto, que primero lo discutamos allá, que agotemos nuestras instancias de Zacatecas y luego vengamos aquí si no podemos ponernos de acuerdo.
Señora Presidenta, los documentos que dan fe del proceso de consulta y que avalan el procedimiento incluyente, plural y democrático que hemos seguido para conseguir la opinión de los zacatecanos y con base en ella elaborar la nueva ley de la legislación electoral, están aquí para su consideración y se los dejo al secretario. Gracias.
La Presidenta:
Se reciben. Tiene el uso de la palabra el diputado José Narro Céspedes... ¿No está el diputado Narro?
BANDA DE FLOTACION DEL PESO MEXICANO
La Presidenta:
Para otro tema, para otro asunto en esta asamblea, tiene la palabra el diputado Saúl Alfonso Escobar, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, compañera Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:
El objeto de mi presencia en esta tribuna es la preocupación de algunos legisladores por la devaluación de aproximadamente de 15% anunciada hoy por el Secretario de Hacienda, el doctor Serra y anunciada también por los firmantes del pacto en la madrugada de este día, a una hora que sería difícil entender el porqué de una reunión como ésta.
Esta devaluación, porque así la llama ya la prensa nacional y extranjera, aunque en términos técnicos se usen otras palabras, es un hecho que debe ser materia de preocupación, consideramos nosotros, de esta Cámara de Diputados. Es un asunto de importancia económica que no queremos magnificar, que no queremos exagerar, pero que nos parece que debe ser discutido el día de hoy, por sus posibles repercusiones en materia económica y política para este país.
El día de ayer cuando discutíamos la ley de ingresos, habíamos afirmado que y cito: un cambio drástico en los mercados internacionales de capitales o algún evento interno podrían llevar a una caída de la inversión extranjera, a elevar dramáticamente la tasa de interés doméstica o ambas cosas a la vez. Ello, decíamos, afectaría la estabilidad del peso mexicano, la tasa de crecimiento del producto y el nivel de inflación planteados para 1995.
En la comparecencia del doctor Serra, hicimos planteamientos muy parecidos y hemos reiterado que el problema de fondo que hoy se está viendo con toda claridad, es la dependencia del ahorro externo. Según nuestra información, alrededor de 70 mil millones de nuevos pesos es la magnitud de la deuda pública interna o en cartera, en manos de extranjeros, principalmente de peso-bonos, sin contar con la inversión extranjera que se realiza directamente en bolsa.
Esta dependencia del ahorro externo provoca, a nuestro modo de ver, que cualquier evento político y económico, mueva nerviosamente los mercados y provoque hechos como el que estamos comentando.
Sin embargo, el Secretario de Hacienda, el doctor Serra, no contestó a nuestros planteamientos o simplemente los desdeñó. Sin embargo y curiosamente, casi poco tiempo después de salir de esta tribuna, en una declaración al Wall Street Journal, que fue publicada por un periódico mexicano, dio unas declaraciones y una visión muy diferente del país de la que dio en esta tribuna. El señor secretario afirmó en esta entrevista que, reconoció en una entrevista, dice la publicación, que lograr la meta oficial de crecimiento del 4% el año próximo, exigirá caminar por la cuerda floja y dice: el problema es el peso. Serra Puche dijo que es probable que a corto plazo las tasas de interés suban, para atraer la inversión extranjera y proteger el peso, devaluado a niveles récord contra el dólar y que casi toca el fondo de la banda oficial de negociación que el Gobierno garantiza a los inversores.
El secretario reconoció que el aumento de las tasas de interés podría frenar el crecimiento y perjudicar a los exportadores.
Estas declaraciones por cierto, hechas como dije pocos días después de que compareció o quizá unas horas después de que compareció a esta tribuna, no ayudaron mucho a calmar la situación de los mercados internacionales, de alguna manera fue el anuncio de que se preparaba una devaluación y los acontecimientos de Chiapas precipitaron la medida, pero queremos recalcarlo, porque el mismo Secretario de Hacienda lo manifiesta así en la entrevista con el Wall Street Journal que simplemente se trató de un acontecimiento que ya venía dándose y que los acontecimientos de Chiapas simplemente ayudaron a precipitar. No fue Chiapas, sino fue una situación previa que en realidad forzó a esta devaluación.
Y nosotros preguntamos ¿a quién le dice la verdad el secretario Serra, a los miembros de esta Cámara, al Wall Street Journal o a los integrantes del pacto por los cuales finalmente se tomó la medida devaluatoria?
Es cierto que hoy volvió a subir la bolsa; de acuerdo a la información de la 1.00 de la tarde había subido un buen porcentaje, pero no alcanzaba todavía los promedios de hace unos días, del 14 ó 15 de diciembre, la bolsa sigue deprimida, el problema sigue planteado.
Queremos entonces recoger la opinión de esta Cámara de Diputados, para en su momento proponer un acuerdo que podría surgir de todas las fracciones, que constara de los siguientes puntos:
Primero, proponer una nueva comparecencia del secretario Serra; segundo, exigir al Gobierno de la República que ante este posible agravamiento de la situación o ante los hechos hoy anunciados, se proteja en primer lugar la economía popular por posibles efectos inflacionarios y tercero, insistir en que el pacto no debe substituir a la Cámara de Diputados y que por lo tanto el pacto no debiera tomar por lo menos sin consulta con este Poder Legislativo, una serie de medidas que hoy han sido anunciada, y podríamos también pensar en la necesidad de que a las reuniones del pacto asistiera de manera permanente una representación del Poder Legislativo.
Queremos preguntarle al secretario Serra sobre esos hechos que anuncia a la prensa extranjera y que hoy anuncia en la firma del pacto, sobre la magnitud de las presiones a los mercados cambiarios. Se habla de que 4 mil millones de dólares salieron en la última semana y tan sólo el día de ayer 1 mil millones de dólares; queremos que él nos responda si esto es verdad; queremos preguntarle sobre el impacto que estos hechos pudieran tener sobre la deuda externa pública y privada, sobre todo la privada, que hoy es de una magnitud bastante considerable; queremos preguntarle sobre el nivel de las reservas al día de hoy, no al día del lo. de noviembre; queremos preguntarle sobre las medidas que se pueden tomar y que el Legislativo puede ayudar a tomar para evitar precisamente que estos problemas financieros y monetarios de México frenen el crecimiento del producto interno bruto o alienten la inflación y las tasas de interés.
A estas alturas, cuando hemos aprobado la Ley de Ingresos y estamos a punto de debatir y en su caso aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, nos preguntamos otra vez si estas metas anunciadas de 4% de inflación y 4% de crecimiento del producto, no fueron un cuento de hadas que se nos vino a plantear a esta tribuna; si realmente se va a sostener esa meta, si realmente hay condiciones para manejar la economía y no tengamos que venir dentro de muy poco tiempo, quizá el año entrante, a recibir explicaciones de por qué no se cumplió una cosa o la otra, de por qué el Gobierno decidió frenar el crecimiento para mantener niveles adecuados de inflación o al revés, no haber cumplido con la meta de inflación aunque haya crecido el producto.
Nosotros queremos que esta soberanía debata sobre hechos, sobre realidades, sobre perspectivas ciertas y no sobre posibles datos o propuestas muy imaginativas, pero que no se ajustan a la realidad.
No queremos, decíamos al principio, exagerar las cosas, no queremos magnificar acontecimientos, pero sí queremos cumplir con nuestro papel, con nuestra responsabilidad. Ocultar las cosas no sirve para nada, confundirlas tampoco, decir con otro nombre a las cosas que realmente suceden tampoco ayuda; lo importante es prevenir y yo quisiera por lo tanto, que esta Cámara de Diputados trasmitiera un mensaje de calma, de serenidad, a la nación, señalándole que esta legislatura está tomando medidas, junto con el Poder Ejecutivo, para prevenir que una situación como ésta se traduzca en una mayor inflación, o que impacte en la economía popular, o que descontrole los mercados cambiarios y por lo tanto lleve a situaciones económicas que nadie quiere.
Como dije, llamo a esta legislatura a tomar su papel, a prevenir junto con el Poder Ejecutivo posibles impactos negativos, a tranquilizar a la nación y a señalar que estamos cumpliendo con nuestro papel y que le exigimos al Ejecutivo que rinda cuentas, que aclare la situación, para que juntos podamos conducir adecuadamente las cosas.
Esta es nuestra preocupación y a esto llamamos a esta legislatura. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, el diputado Sánchez Aguilar tiene cinco minutos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El 30 de agosto de 1976 el señor Ramón Beteta, miembro de conocida familia de devaluadores del peso mexicano, sobrino del otro, de la época de Miguel Alemán, se apareció ante la televisión en cadena nacional, se inauguraban por medios electrónicos los mensajes del Ejecutivo, para anunciar mediante un eufemismo la devaluación echeverrista del peso y el señor Mario Ramón Beteta, acobardado, con la voz quebrada, no pudo terminar su discurso ante el debacle que le garantizaba, ya no un sitio en el nuevo Gobierno de José López Portillo, sino uno alejado del gabinete y tuvo que cederle la palabra al subsecretario, quien con engolada voz, tratando de esconder la gravedad de los hechos, habló de la flotación como un elemento que iba a permitir enfrentar las presiones. Evitará presiones, dijo el señor Miguel de la Madrid, entonces subsecretario y dijo también que permitiría tranquilizar los mercados.
Estos mismos términos han sido hoy empleados por el señor Jaime Serra Puche, para tratar de encubrir infructuosamente la nueva devaluación del peso mexicano y nos dice Serra que no se modifica el tipo de cambio peso-dólar, nos cree retrasados mentales a los mexicanos, cuando el dólar ayer se vendía a 3 mil 500 en Ciudad Juárez y hoy amaneció a 4 mil 200.
Tenemos ahí una tasa devaluatoria cercana al 20% y nos quieren decir que no pasa nada con el nuevo eufemismo del "deslizamiento" que es un hundimiento, porque aquí no se desliza nada hacia arriba, fatalmente hacia abajo, de 40 a 53 centavos. Cualquier niño de primaria sabe que ahí hay una diferencia de 13 centavos de viejos pesos, equivalente exactamente a un 32.5% de incremento de la noche a la mañana en la mencionada banda de fluctuación.
Y dice Serra que todo esto se debe al malvado comandante Marcos, porque no se ha dejado embaucar con ofertas perniciosas del encargado del Ejecutivo, el señor Zedillo, que lo invita a participar en una comisión.
Ya sabemos desde la época de don Porfirio Díaz que cuando un Presidente de México no quiere resolver un problema, crea una comisión con 20 subcomisiones.
Entonces, con esta parafernalia se quiere disfrazar acusando indebidamente a Marcos del fracaso de la política monetarista que llevan a cabo las autoridades hacendarias.
Nuevamente fracasa la manipulación monetaria como instrumento para mantener la estabilidad del peso. Hoy se anuncia que sube la bolsa, sí, pero poquito, no lo suficiente y sólo gracias a que el nuevo director de la misma, expresidente de la ICA, el señor Gilberto Borja, se tiró literalmente a matar comprando valores para subir artificiosamente el índice de la misma.
Compañeras y compañeros diputados: nosotros consideramos que hoy por hoy lo único razonable es desde luego llamar a cuentas, de nueva cuenta, a ver si ahora sí cumple, como dice el compañero Escobar, al señor Serra, que venga a esta Cámara a explicar el desastre financiero en que nos ha metido, y segundo, el momento de proponer a esta soberanía la emisión de un decreto de control cambiario.
Es proposición.... termino, señora Presidenta, de esta fracción socialdemócrata, que debemos promover la instauración de un control cambiario draconiano, hoy cuando quedan algunos dólares en caja, mañana será demasiado tarde.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Suárez Dávila, para el mismo tema.
El diputado Francisco Suárez y Dávila:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras diputadas y diputados:
Quiero comenzar con las palabras con las que terminó el diputado Saúl Escobar: "Nosotros nos sumamos a la necesidad de hacer un llamado a la cordura, a la sensatez, al análisis razonado y que podamos contribuir a orientar a la opinión pública; el país lo reclama. La esencia de la democracia bien entendida es justamente la obligación de los partidos de contribuir al interés nacional cuando el interés nacional así lo reclama. No sembrar la zozobra ni mucho menos los vientos de violencia".
Igualmente, no se trata aquí de hacer ejercicios académicos o de análisis económico y mucho menos poder decir "yo le atiné a cálculos a expensas del país".
El problema no es ciertamente la dependencia del ahorro externo; ya quedó claro que somos uno de los países que tenemos el menor nivel de endeudamiento externo. El problema no es la dependencia del ahorro del exterior; la economía iba bien.
Hay que dejar muy claro que la responsabilidad que ha afectado al tipo de cambio son factores esencialmente de carácter político, es fundamentalmente lo que está sucediendo en Chiapas, eso es lo que está afectando la confianza del país; hay que restablecerla, porque si no se restablece todos perderemos.
La política cambiaria que se está siguiendo por otra parte, no es un dogma, no es rígida. En un mundo moderno, en una economía global, depende justamente de fenómenos de mercado que realmente lo que representan son las percepciones de muchos actores, especuladores, también inversionistas, también ahorradores.
Este mercado es a veces racional, a veces irracional, a veces transitorio, a veces permanente. La política económica debe defender al país a través de una política que sea, en la parte que a ella le corresponda, siendo congruente, a través efectivamente de finanzas públicas sanas y una política monetaria prudente.
Es también defenderla a través de tasas de interés, es también defenderla a través de reservas internacionales, es también defenderla a través del desliz, así fue a lo largo de 1993 y 1994.
Justamente la banda que ahora se amplía sirvió para castigar especuladores, la banda permite que el tipo de cambio suba pero también baje. Así en 1994, según los distintos fenómenos políticos y de confianza que afectaron, el tipo de cambio estuvo a veces a 3.10, subió a 3.35, bajó a 3.31, subió a 3.40, subió a 3.48. Ese es el objetivo de ajustar la banda.
Factores políticos por todos conocidos afectan el clima de confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Los internacionales van a donde hay climas de tranquilidad. Cuando esos factores hacen que el país pierda reservas internacionales y no hay duda que el país perdió reservas internacionales, entonces es cuando se tiene que actuar rápidamente, con flexibilidad y decisión.
Frente a esos movimientos se adoptaron las medidas que era necesario adoptar y, en este caso se amplió la banda de flotación. ¿Qué quiere decir para que todos entendamos de que estamos hablando? Ayer el tope de la banda fue de 3.46, obviamente saben el tope de la banda, lo que se decidió fue que de ese tope de 3.46 se subiera el tope a 4 pesos, que es el tope de la banda, esos 53 centavos, 4 pesos sobre 3.46, es lo que implica un 15% de incremento en la banda dentro del cual el tipo de cambio se va a mover. De hecho la banda de 3 pesos hasta 4 pesos.
En el curso del día de hoy el tipo de cambio estuvo a veces a 3.90, a 388, a 396 y a 3.90, eso no quiere decir que haya casas de cambio en la frontera, especuladores o abusadores que sigan otro tipo de cambio. El tipo de cambio cerró, tasa de cambio 3.99.
El comportamiento de la banda será fluctuante, ¿dónde quedará finalmente? Dependerá de factores que, como lo vimos en este año, variarán por días, horas o semanas.
Desde luego que no hay lugar para cambiar la Ley de Ingresos que ayer aprobamos y la miscelánea. La Ley de Ingresos establece aprobar una serie de leyes y una serie de previsiones de ingresos que van con esas leyes.
De hecho, en la medida que hubiese una depreciación del tipo de cambio de cualquier orden que finalmente se materializa, ciertamente hay que aceptar que aquí hay una serie de factores positivos que van en línea de las preocupaciones que aquí se han expresado. En la medida que se dé una depreciación, que se está dando dentro de la banda, aumentarán las exportaciones, disminuirán las importaciones, aumentará el turismo, aumentan los ingresos de Pemex que se cotizan en dólares; hay también, por eso se estableció y qué bueno que se mantiene, flexibilidad dentro del ramo 23 para poder justamente hacer frente a contingencias como la que estamos ahora viendo y de manera muy importante, esto debe permitir que las tasas de interés tiendan a bajar en la medida que todos trabajemos en un clima de confianza. Tipo de cambio alto, permite bajar en tasas de interés.
Finalmente, hay que aceptar y subrayar lo que se dijo en el pacto. Subrayo las partes más importantes. Las partes firmantes ratifican su entero y firme compromiso de cumplir cabalmente todas las demás estipulaciones del pacto suscrito el 24 de noviembre de 1994.
Todo lo anterior permitirá cumplir con las metas del Programa Económico para 1995, en particular las de estabilidad de precios. La economía popular se defiende, no con demagogia; la economía se defiende cumpliendo y siguiendo una política económica congruente y que vaya en línea con lo que aquí se ha estado aprobando: finanzas públicas sanas y una política económica prudente.
Desde luego, cada quien su función, como Congreso no podemos sustituir al pacto, nuestra función es legislar; la función de hacer la política económica corresponde a las autoridades del Ejecutivo y es el pacto donde están representados obreros, campesinos, empresarios y autoridades que les corresponde opinar sobre la política económica del Gobierno Federal; el legislador, legisla, no determina política económica.
Por último, hay que subrayar que las autoridades actuaron oportunamente, con flexibilidad que se requiere y en el momento que las circunstancias así lo requiriesen. No se puede devaluar o depreciar o aumentar las bandas con anticipación. Lo que es importante es actuar con la unidad, con la prudencia y con respeto a los intereses superiores del país y la lucha por la paz.
No quiero hacer referencia a Sánchez Aguilar, simplemente diría que "a oídos sordos, palabras huecas" y que en todo caso también le recomiendo que lea el ABC de economía que establece el diputado Livas, le serviría mucho leer los principios básicos de la economía que no acaba desafortunadamente de entender y, que también le revise un poquito a sus textos de historia. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales, el diputado Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Ayer dijimos que el señor Antonio Ortiz Mena, era el "papá de los pollitos". Me antecedió en el uso de la palabra uno de ellos, uno de sus alumnos, quizá no el más aventajado, porque viene aquí a repetir la antigua alquimia, la obsoleta tesis de que con cada devaluación, compañeros mexicanos, nos va ir muy bien. Cada vez que depreciamos la moneda, vamos a exportar más y vamos a importar menos.
Yo quisiera que viniese aquí otra vez el señor Suárez y Dávila a explicarnos cómo es posible que nuestras importaciones están desbocadas a un grado tal de que su Gobierno, el Gobierno en el que él participó con Miguel de la Madrid, como subsecretario de Hacienda y luego por cierto como director del Banco Obrero, en donde él fue denunciado por sus propios trabajadores como director de una banca ineficiente, perdedora, con altos costos de usura y de agio, lo que ayer denunciamos y que nos venga con toda desfachatez a decir aquí que debemos aceptar históricamente devaluación tras devaluación, porque así vamos a acabar con el déficit de la balanza comercial.
Debo recordarle al diputado Suárez y Dávila, que el Gobierno en el que participó con el señor Salinas de Gortari, el peso se depreció en un 48%; debo también recordarle que ninguna de las devaluaciones, ni la de Echeverría, de 1976 ni en las devaluaciones recurrentes de López Portillo ni en las de Miguel de la Madrid, en donde en un solo sexenio ese hombre hizo algo milagroso, porque nunca nadie devaluó tanto en tan poco tiempo: 9 mil por ciento de 1982 a 1988 y en ninguna de esas ocasiones, series históricas, se pudo resolver el problema de la dependencia de México vis a vis del exterior, deuda externa, deterioro permanente de la balanza comercial y sumisión a los intereses extranjeros.
Yo no tengo por qué leer ningún nuevo manual de economía; yo me atengo a los fracasos ya probados de la política económica de la cual el señor Francisco Suárez y Dávila ha sido cómplice y hoy responsable. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jorge Ocejo Moreno, para el mismo tema.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Yo estoy también de acuerdo con el llamado a la cordura y a la sensatez. Pero esto no quita que tengamos que hacer algunos análisis al respecto de las medidas que se han tomado el día de ayer. Tenemos qué ver por qué suceden todas estas cosas.
Yo creo que siempre hemos sostenido que a un problema político corresponde una solución de carácter político; a un problema económico, fundamentalmente le corresponde una solución de carácter económico.
Haber desvirtuado estos postulados, nos han conducido a no resolver atinadamente los problemas del país, o bien, a tomar ciertas decisiones que desgraciadamente nos han llevado a conductas erróneas y a graves daños.
Ayer estuvimos discutiendo aquí, prácticamente, la política económica del Gobierno. Yo les pregunto: ¿Por qué no hemos tenido información suficiente y oportuna como para amanecernos hoy con la noticia de los cambios en la política monetaria, es decir, del deslizamiento del peso? ¿Quién fija la política monetaria? Pregunto yo a ustedes y si como marca la ley, el Banco de México, es el Banco de México a través de la llamada Comisión de Cambio, según el artículo 21 de dicha ley, me hago otra pregunta: ¿Por qué entonces se decidió ayer la política cambiaria en otra instancia como es la del pacto, de donde escuchamos proceden los planteamientos que se nos han dicho esta mañana? Yo creo que a cada instancia su responsabilidad y no sé por qué tenemos que saber de la instancia del pacto y yo fui de los protagonistas y los participantes también en esa instancia del pacto, pero le tenemos que dar a cada lugar su dimensión y su responsabilidad.
Y vuelvo a repetir: ¿Por qué no fuimos informados cuando estuvimos discutiendo aquí la Ley de Ingresos, es decir, la política económica asunto de trascendental importancia para el país? Decir que la decisión que se ha tomado ayer es por asuntos de un solo día, de lo que pasó un solo día, son producto de la política económica que se ha estado llevando a cabo en el país, no simplemente de que: algo pasó ayer. Yo creo que estas cosas tienen que resolverse de otra manera.
Las cifras nacionales de la balanza de en cuenta corriente, la volatilidad de la inversión extranjera en instrumentos de corto plazo y de carácter especulativo. Señores, el 43% de los Cetes se encuentran en manos de extranjeros, es decir, instrumentos de corto plazo que aparecen "disfrazados" de deuda interna, pero que prácticamente son deuda externa.
Entonces, todas esas cosas, la balanza en cuenta corriente, estas inversiones que son volátiles y de instrumentos de corto plazo y de carácter especulativo, ya marcaban desde hace mucho tiempo que había que hacer correcciones en la política cambiaria.
¡No era una novedad ni pasó ayer ni todas las cosas sucedieron ayer para que nos amaneciéramos como amanecimos! ¡Ya se marcaba una necesidad que no se quiso reconocer en su momento!
¿Por qué no hacer las cosas a tiempo? ¿Por qué querer disfrazar el día de hoy con un asunto político, como es el asunto desgraciadamente de Chiapas, algo que corresponde netamente a la política económica? ¿O quieren prepararse con una medida económica para resolver un asunto netamente político? ¿Otra vez a confundir los términos y las soluciones y las propuestas?
¿Por qué no hablar oportunamente con la verdad? ¿Será también porque habiendo sido este un año electoral se buscó no hacer cambios en la política económica para poder conservar ciertas posiciones de privilegio a través de las elecciones?
Y como siempre: ¿el pueblo de México, qué? ¿Qué pasa con el pueblo de México?
Esto nos viene a demostrar únicamente el fracaso de la política económica llevada a cabo en los últimos años, que no ha podido resolver con tino los problemas nacionales y nos tiene en una situación de grave crisis económica.
Por eso ayer, cuando discutíamos con mucho interés la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, buscando darle otro camino que propicie mayor bienestar para los ciudadanos y para las empresas contribuyentes, estábamos muy interesados. Todos traíamos propuestas. Hubo aquí propuestas y razones muy importantes de los diversos partidos, no el mayoritario, porque sólo vinieron a darle la venia a lo que había mandado el Ejecutivo, sobre asuntos importantes que cambiar y sin embargo, nos encontramos que el grupo mayoritario nos quiso aquí demostrar hasta lo indemostrable: que la lógica era al revés de como nos la planteábamos el resto de los que estábamos aquí presentes para discutir primero la miscelánea y después la Ley de Ingresos. Hasta eso nos vinieron a decir aquí
Entonces, nos preguntamos, señores diputados: ¿en el futuro quiénes serán los responsables de una nueva política económica equivocada? ¡Recuerden bien quiénes han aprobado por mayoría, el día de ayer, buena parte de esta política económica que nos va a regir durante este año!
Ojalá y se vayan tomando en nuestro país las medidas que se requieren, escuchando a la mayoría del pueblo de México y no sólo atendiendo a los lineamientos y planteamientos del Ejecutivo, sin tomar en cuenta razones tan contundentes como las planteadas aquí, por diversos partidos de la oposición.
Y volveremos a repetir, señores y aquí termino mi exposición: ¡no se vale querer justificar errores de la política económica, disfrazándolos y escudándose con los problemas políticos de Chiapas! Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Rodríguez y Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señora Presidenta; señoras diputadas; señores diputados:
En primer lugar, una corrección de inmediato a una afirmación ligera del señor diputado Ocejo. Nadie dijo nunca que la medida o las medidas tomadas anoche, fueron medidas tomadas abruptamente, ni fueron cosa de un día, fueron tomadas en su oportunidad, lo cual es distinto. Hace cuatro días, quizá no hubieran sido esas las medidas, hace seis meses tampoco. Ha aceptado en cierta forma el señor diputado Ocejo, que él, como otros compañeros diputados también y otras personas ajenas al Congreso, tuvieron una intervención importante en los pactos, pactos que, como se dijo muy bien por el diputado Suárez y Dávila, son hechos por los sectores económicos, es decir, por todas aquellas fuerzas, no les llamaré vidas para no emplear una expresión tradicional antigua ya, pero sí por quienes intervienen: trabajadores, agricultores, empresarios, Gobierno también, en fin, por quienes manejan estos problemas y deciden la política económica.
Realmente nuestra decisión o nuestra intervención como Congreso está limitada a los preceptos constitucionales que nos dan tales y cuales facultades. De modo que también es curioso que ahora, a estas alturas del debate y diría yo, del tiempo, el señor diputado viene a decir que todo esto es resultado de una mala política económica.
También critica lo que o no sabe o tiene falta de comunicación con su mismo partido o su fracción, que en la Comisión de Hacienda, a la que él no pertenece, no se hizo ninguna venia a las iniciativas del Ejecutivo, sino que se examinaron, se discutieron, se cambiaron en mucho o se cambiaron en parte y oímos y se oyó a todos los partidos. Realmente decir en este momento que se hizo una venia, en los dos casos, sin mayor estudio, pues es realmente afirmar algo que no tiene nombre.
Por otra parte, también afirmaciones como la de que los Tesobonos son deuda externa, es una afirmación especiosa y yo diría falsa. Son deuda interna, deuda interna que como toda ella es de carácter revolvente, que se va manejando según preferencia de público; a veces pide Tesobonos, a veces pide Cetes, a veces pide otros bonders u otros tipos de valores. En esto no hay una influencia digamos, de que el Banco de México o Nacional Financiera o Hacienda o la autoridad que ustedes quieran, sea la que diga qué compre el público. Todos estos bonos, estos valores se tratan, se manejan en subastas públicas y lo pide el público, no lo pide ni lo ordena ninguna autoridad financiera e insisto, es deuda interna no deuda externa.
Decir que estos acontecimientos de Chiapas, que expresamente se reconocen en la decisión de anoche, no tuvieron influencia, pues es también negar la luz del día. La política económica, la estabilidad cambiaria venía sin ningún sobresalto, sin ningún pico, a partir de la firma del TLC. Viene la infortunada, siempre llorada, siempre recordada muerte de nuestro querido amigo Colosio e inmediatamente se empieza a ver una inestabilidad, pues, porque por un lado el sobresalto de tipo político y, por otro lado, el abuso de perversos especuladores que aprovechan estas situaciones para llevar agua a su molino.
Lo de Chiapas es importante, la flotación, como ha explicado tan precisamente don Francisco Suárez, es un acto o es una decisión preventiva, tomada a tiempo para evitar males que pueden ser mayores, que esperamos que no lo sean, porque flotación y techo no es que eso se de irreductiblemente, se dará según las situaciones económicas.
Vale la pena recordar, aunque son elementales estos datos, que hay cuatro régimenes de tipos de cambio; que hay el fijo, que ya no se usa en ninguna parte y cuando se usa tiene grandes peligros; el flotante natural, que se deja a las fuerzas totales de mercado; la flotación manejada y lo que siento que para nosotros ha sido muy útil, el deslizamiento controlado. Ese deslizamiento controlado permite al inversor saber qué tiene por delante, cómo hacer sus cálculos, qué va a hacer; eso es lo que se ha hecho, en este caso se ha ampliado esa banda y creo que con muy buenos resultados.
No se ha devaluado nada, no se han aquí tampoco pregonizado ningunos beneficios de una devaluación, devaluación inexistente, sino que es una creación de la base que siempre ha dado mayor flexibilidad, para que se pueda nivelar la oferta y la demanda que el público pide de divisas, sin intervención del Banco Central.
La Presidenta:
Se terminó su tiempo diputado.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Pues les agradezco que se hayan aburrido con esas pequeñas expresiones, se terminó el tiempo. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, el diputado Joaquín Vela, del Partido del Trabajo.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín (desde su curul):
Pido la palabra para rectificar hechos, señora Presidenta.
La Presidenta:
Me permite un momentito diputado y perdone la falta de respeto, pero no quiero saltar a alguien que pide para rectificar hechos.
Por cinco minutos, diputado Llamas, tiene la palabra.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:
Gracias, señora Presidenta:
Gracias, señor Vela, yo sé que usted es bastante razonable y conoce los conceptos de la verdad.
Dice el diputado y maestro Rodríguez que no se podía hacer una devaluación gradual, nada más que la devaluación gradual ya la estábamos haciendo, quiero recordarle. Quiero comentarle que evidentemente los que conforman ese pacto: el Gobierno Federal, las autoridades hacendarias y el Banco de México, habían definido conveniente devaluar en cuatro centavos viejos, a lo que son de los cuatro milésimos actuales. Sin embargo, no quisieron seguir devaluando por perder el poder político, porque si aumentaban ese gradualismo, el gradualismo con el que han perdido el poder, seguiría acelerando y realmente de los que se consideran de mayoría priísta en este momento, una mitad está ya aquí cuando mucho, porque están devaluados, aunque la moneda no se devalúe.
La confianza no la perdieron el día de hoy, la confianza la perdieron desde antes, se tuvieron que esperar después de las elecciones para tomar esta decisión, esperan y confabulan un sistema chiapaneco con el cual están lucrando para poder ajustar sus medidas políticas, para poder ajustar sus medidas económicas, eso es doloroso y es triste. Evidentemente es una devaluación real, hoy los tipos de cambio están a cuatro por uno, ayer estaban a 3.547 un 15% de devaluación, un 15% de empobrecimiento y se aprovecharon de esto un día después de que se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación, un día después de la Miscelánea Fiscal, esto es actuar con arrebato y como siempre, siguen actuando con el madruguete. Hablan de especuladores, pero los principales especuladores son los gobernantes y quiero decirle con todo respeto, diputado Rodríguez, que los Tesobonos llámelos internos o llámelos externos, pero ¿qué no sabe que se cotizan en dólares? ¿Qué no ha visto los programas de televisión en los anuncios en donde dicen que los van a pagar con billete verde? Señores, no queramos engañar con la experiencia lo que a la luz de la vida se ve, se ve realmente que es un engaño lo que han hecho al pobre pueblo de México y se han devaluado con esta devaluación de la moneda, porque si no les creíamos ahora les creemos menos. No inventen sistemas de flotación ni sistemas cambiarios, lo que está pasando es que este Gobierno ya no puede más y como devaluaron la moneda se devaluaron ustedes.
Señores, ¡están corrompidos hasta la conciencia!
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales, diputado Sánchez. después va usted, El diputado Rodríguez y Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; señores diputados:
Como aquí empezó la idea del señor diputado Suárez y Dávila, yo quisiera volver a decir que, pues si es la expresión del gran tribuno español Cánovas del Castillo, que los discursos o las exposiciones en tribuna en las cámaras son sagradas, es la expresión que él usa en algún discurso.
No se pueden aquí ni decir mentiras, ni afirmar que alguien dijo lo que no dijo. Yo nunca expuse lo que el señor diputado Llamas ha dicho en cuanto a las devaluaciones; en cuanto a los Tesobonos, sostengo aquí y en cualquier terreno, que son deuda interna, que se pagan en pesos; esos pesos están indexados, empleando esta horrorosa expresión, al tipo de cambio... No señor, estoy para hechos y estoy muy poco tiempo... entonces,... entonces se pagan en pesos indexados al tipo de cambio y el que recibe el pago de ellos lo recibe en pesos.
Si ese señor cambia esos pesos a bonos, hay libre cambio, no aquel de control cambiario que se decía por aquí, por alguien implantado, se puede cambiar por pesos, pero esos se compran, se pagan en pesos. Gracias.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales, pase diputado Llamas.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:
Gracias, señora Presidenta; señores diputados:
Nada más una pequeña aclaración. Creo que por eso no nos entendemos en materia económica. Si no conocen que los Tesobonos se pagan en dólares, no podemos seguir platicando de este tema.
Con todo respeto, diputado Rodríguez, yo le pediría, por favor, que viera cuáles son los últimos cambios que hizo el Gobierno Federal para promover la inversión extranjera en México: que los Tesobonos se cotizan en dólares y los Tesobonos se cotizan en dólares.
Tristemente sus aplaudidores le van a dar la razón, la razón a la mentira, la razón a la mentira a la que le han dado apoyo a todas sus iniciativas en materia económica. México no espera decisiones de este tipo. México quiere hablar con la verdad.
Señoras y señores, la devaluación, devalúa al Gobierno.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Sánchez Aguilar, por cinco minutos, para rectificar hechos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Yo lamento que en la bancada priísta, a la par de hombres muy lúcidos haya quienes padezcan ya esquizofrenia política, como el señor diputado Rodríguez y Rodríguez, no sé si es la edad, pero él ha venido aquí, a decir, cita textual, "que aquí no ha pasado nada..."
La Presidenta:
Un momentito señor diputado, perdóneme. Señores diputados, así no nos podemos entender. Silencio por favor.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
El orador soy yo, respeto al orador. Ha dicho que la devaluación es inexistente, cita textual que está ya en el Diario de los Debates y ha dicho en pocas palabras que aquí no ha pasado nada. Entonces, yo no me explico por qué a esta misma hora en Los Pinos, el encargado del Ejecutivo está declarando sobre la crisis, tampoco entiendo por qué el señor Serra hoy en la mañana, en la madrugada, en un albazo financiero nos receta un cambio total a las cuestiones financieras del país, disfrazadas insisto, del eufemismo, de una, dirían los italianos, piccola fluctuacione, pequeña fluctuación en el tiempo de cambio.
Y si no emplean italiano es por falta de luces, pero pues ya ni engañar más con ese idioma. Que venga a decir pues aquí el señor Rodríguez y Rodríguez que no pasa nada, insisto, es ofensivo, porque entonces, por qué se ha detenido la marcha normal de la agenda de la Cámara de Diputados, para hablar de estas cuestiones, cuando toda la prensa nacional hoy a ocho columnas, toda la prensa vespertina habla de este asunto.
Cómo que no pasa nada, señor diputado Rodríguez y Rodríguez, si ayer nuestros compatriotas que tienen que vivir de la transacción fronteriza y compraban dólares "baratos", hoy los tienen que comprar más caro.
Lo que se ha hecho aquí y no nos extraña, es una defensa a ultranza del esquema monetarista y desde luego tampoco nos debe extrañar, porque el señor Rodríguez y Rodríguez, experto en el manejo en el lenguaje tecnoburocrático, nos quiere también engañar diciendo que esta cuestión de los Cetes es cuestión aborigen.
Se ha dicho aquí cómo se cotizan los Cetes, pero no me voy a meter a fondo a esa discusión, le voy a recordar al diputado Rodríguez y Rodríguez que la mayoría de esos valores están en manos extranjeras, en Wall Street. Por tanto, diputado Rodríguez y Rodríguez, en términos castizos ésa es una deuda con extranjeros, extranjeros güeros, ojo azul, cara pálida, que hablan inglés; un día le van a venir a cobrar a usted y a sus jefes el pago de esos instrumentos y van a exigirlo en inglés y con intereses.
Para no pelearnos de si es deuda interna o deuda externa, negociemos: es deuda con extranjeros que viven fuera del territorio mexicano. Para la lógica de cualquier ama de casa, sin que esto signifique algo peyorativo, esto equivale a una deuda con el más allá.
¿Por qué actúa así el diputado Rodríguez y Rodríguez?, porque si bien aquí dijimos que el señor Suárez Dávila es uno de los pollitos y el señor Ortiz Mena el papá de los pollitos, resulta que el señor Rodríguez y Rodríguez es hermano del papá de los pollitos. El fue subsecretario de Hacienda con el señor Ortiz Mena, en el Gobierno siniestro del señor Gustavo Díaz Ordaz y fue cesado cuando viene el nuevo régimen, en agosto de 1969. A partir de ahí acompañó al señor Ortiz Mena al BID, y por tanto, se siente obligado a defender, como barón monetarista, dentro de esa corte de nobles que defienden a capa y espada el statu quo, desarrollo estabilizador se le llamó y que niega el cambio estructural.
Por negar el cambio estructural hoy México está en llamas, desde las montañas del sureste mexicano. Gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Alejandro Villaseñor.
El diputado Alejandro Villaseñor Tatay:
Con su permiso, señora Presidenta; señores diputados:
Antes de iniciar mi intervención, quisiera hacer dos acotaciones a unas dudas que han surgido un poco atrás.
Hemos solicitado una nota técnica al Banco de México, en la cual se dice a la cita: "la emisión de Tesobonos, título del Gobierno denominado en dólares".
La segunda nota es porque se había hablado aquí que se incrementó el tope de la banda de flotación y que esto podía ser revolvente y que podía disminuir la fluctuación. Yo quisiera irme también a la historia: en esta gráfica se muestra la banda de flotación, el tope y no hay una desviación de más de una décima de peso desde 1991 a la fecha, por lo cual, señores diputados, de continuar la tendencia así, como dicen los economistas, no creo que de cuatro pesos nos baje a 3.9 en el próximo año.
Como ya es tradición en nuestro país y se acentúa por estas fechas decembrinas y más cuando es principio de sexenio, hoy nos encontramos en la mañana, sin habernos persignado aún, lo que en esta ocasión le han llamado los técnicos una amplitud de tope de la banda de flotación; 53 centavos más de ayer a ahora. Yo creo que les pasó a muchos de los que están aquí como me pasó a mí ayer, espero que haya sido así, que fuimos a comprar dólares y si ahora tenemos un poco más.
Aquí hay esto: las leyes económicas, señores, no perdonan conductas erradas y así lo confirman las autoridades en turno al instrumentar esta nueva devaluación, porque es una devaluación en términos reales y es la segunda del año.
Alguien no ha aprendido todavía, ellos, los responsables, las autoridades en turno en lo económico y la sociedad en lo político. La leyes, pues, económicas, han sido variadas siempre de la misma manera. Se repitió hasta el cansancio por los sectores, por los analistas, por los partidos y no se ocupaba de tener muchas luces en esto, que la apertura económica se hacía demasiado rápido, que ello respondía a una igualdad con nuestros competidores que no existía y que no existe.
Se demandó ayuda para las empresas, una desregulación efectiva en materia fiscal, en seguridad social, pero también, se señaló que esta apertura que ahora viene a causar esto fue selectiva; pocos sectores se desbloquearon de la manera que lo hicieron, teléfonos o algunas otras empresas.
A lo largo del año y también son datos del Banco de México, perdimos nuestras reservas, bastante, yo les diría la mitad, no quisiera ser dogmático, pero ahora, la clase política aquí representada nos dice: señores, esto es una medida dolorosa. Sí, nada más que el que la sufre y el que la paga somos el pueblo de México.
Sin habernos pues aclarado todo esto, yo sí quisiera decirles tres datos: la deuda tanto externa, pública o privada, con estas cotizaciones, al día de hoy se ha visto incrementada sustancialmente; los planes y presupuestos que se aprobaron recientemente, se verán también afectados sustancialmente. Es pues, que para terminar yo quisiera que no nos fueran a responder, señores diputados, que el peso no se ha devaluado, que sólo se modificó su banda de flotación, que México no se acaba, que es muy grande y que es mucho México. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, el diputado Francisco Suárez Dávila.
El diputado Francisco Suárez y Dávila:
Con su venia, señora Presidenta:
Qué lástima que tengamos que recibir expresiones tan pedestres como insultantes, ataques personales a una persona tan respetable como el maestro Rodríguez y Rodríguez, especialmente proviniendo de quienes nos recetaron el manual de Carreño, porque tocábamos con los cubiertos los vasos; es más importante respetar a las personas.
El segundo comentario es: yo creo que los diputados de Acción Nacional que me precedieron en el uso de la palabra no leyeron el texto de cómo se definen los Tesobonos en forma completa. Precisamente porque son buenos abogados no entendieron los aspectos económicos.
Lo que significa Tesobono, es que uno llega con sus pesitos, compra un Tesobono. Efectivamente el Tesobono se denomina en dólares y es el equivalente de lo que dijo el maestro Rodríguez y Rodríguez, la palabra que están indizados en dólares, así es, pero una vez que están denominados en dólares e indizados, en su fecha de vencimiento y esto es lo que define que son títulos de deuda pública, se pagan en pesitos, se pagan en pesos y porque se paga en pesos son deuda pública interna; si se pagaran en dólares entonces serían deuda pública externa. Es el último paso de la cadena que no se acaba de entender cabalmente por Acción Nacional.
Se pagan en pesos, entonces, una vez que se pagan en pesos, lo que dice la ley es que el Sistema Financiero Mexicano está abierto para comprar esos pesitos y cambiarlos a dólares si el que compró los títulos así lo quiere.
Eso es lo que significa el Tesobono y fue la última parte que no quedó. Precisamente una de las razones para haber efectuado estos movimientos es justamente para que recibamos dólares, como estamos empezando a recibir y para que los mexicanos tengan la opción, si así lo quieren, de cambiar sus pesos por dólares. Entonces, quiero nada más ratificar que se incrementa ese punto.
Finalmente, no les gusta la política económica a los compañeros de Acción Nacional, no les gusta la política económica, ¿pero cuál es su política económica? Su política económica a los eventos que estamos presenciando es la política económica de la faz humana. Con faz humana no se resuelven estos problemas.
Y segundo lugar, ¿cuál es el segundo elemento que hemos escuchado aparte de la política de faz humana?, una política de coordinación fiscal. Para ellos, la política de coordinación fiscal es una política de parches, pero sobre todo es una política de parches en que se está cuidando principalmente el apoyo a gobernadores que no han podido manejar sus finanzas y que requieren apoyos adicionales. Basta.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín (desde su curul):
Quisiera hacer una interpelación al orador.
La Presidenta: El diputado Suárez está dispuesto a recibir la interpelación.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín (desde su curul):
Nada más espero, con todo respeto, que el diputado Suárez y Dávila se ponga en posición para que me pueda contestar. Señoras y señores, nada más por sentido de lógica, de aritmética y de matemáticas, si tengo un Tesobono que se cotiza en dólares, dándome el Gobierno la posibilidad de retirarlo en dólares, si se devalúa el peso mexicano el Gobierno me tiene que entregar dólares, señor, "pesitos", como usted lo dice, porque ustedes los hicieron "pesitos", pero si yo tengo un Tesobono a 3.56 y se devalúa el peso mexicano, para su mejor conocimiento, señor Suárez y Dávila, el Gobierno mexicano no me entrega 3.56, me entrega una cotización en dólares, que hoy vale 4.00 "pesitos", 4.00 "pesitos" que ustedes hicieron.
Muchas gracias señor, y si no, póngase a investigar la fuente, por favor.
El diputado Francisco Suárez y Dávila:
Diputado Llamas, respondiendo a su interpelación. No acaba todavía usted de entender, usted mismo lo dijo, se denominan en dólares, se indiza en dólares, pero una vez que está denominada en dólares, esos dólares, esa denominación en dólares se convierte a pesos que es lo que usted recibe, por eso son títulos de deuda pública y ustedes a veces tienen su lógica muy particular. Le voy a decir cuál es la razón: la razón de la cual es un título de deuda pública que se paga en pesos y no dólares es muy sencilla. A lo mejor a usted le gustaría que fuera la reserva federal quien los pagara, pero los paga el Banco de México y el Banco de México solamente tiene pesos para pagar su deuda, entonces paga sus pesos en deuda el Banco de México y si hay dólares se pueden cambiar en dólares.
Repito, entienda usted, denominado en dólares, no quiere decir que se pague a su vencimiento en dólares; se paga en pesos y porque se paga en pesos, que es lo que tiene el Banco de México, es lo que significa que es deuda pública. Así es.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Vela, en su turno.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Sobre este punto efectivamente se pagan en pesos y no afecta las reservas del Banco de México, si eso es lo que quería decir el diputado Suárez y Dávila.
Tenemos aquí un listado enorme, tenemos un cálculo de inflación para 1995 del 4%, tenemos un crecimiento previsto del PIB del 4%, y hoy en la mañana el dólar nos amanece en cuatro. Lástima que esta política cuatrera no va a poder realizarse, porque existe un cambio que nos interesa señalar de manera clara y específica, que va a ser resultado precisamente de los cambios que hoy se están planteando a partir de la modificación y de la devaluación que sí se está presentando, porque sí es una devaluación.
¿Cuál es el problema de fondo? No nos vayamos con las apariencias del fenómeno.
En realidad el problema del rezago en el tipo de cambio es un problema que no es de ayer ni de antier, es un problema que tiene cuando menos dos años, en donde se ha quedado permanentemente rezagado el tipo de cambio y eso ha traído como consecuencia, señores, un incremento permanente en el saldo negativo de la balanza comercial.
Los dos últimos años, los déficit en nuestra balanza comercial rebasaron los 20 mil millones de dólares, situación que planteaba necesariamente un rezago en el tipo de cambio.
Entonces la medida que ahora se hace de manera abrupta, que va a causar efectos, es una medida que debería y que incluso los partidos de oposición desde hace mucho tiempo habíamos exigido que se hiciera. Es decir, no podía separarse tanto y generar y poner al país en una situación en la que necesariamente nosotros estábamos dando entrada a un número de importaciones demasiado grandes. Cuando esto sucedía traía efectos negativos a la industria nacional, la industria nacional restaba competitividad al tener un tipo de cambio rezagado.
Entonces cuando esto sucede y cuando tenemos un saldo en la balanza comercial exageradamente alto, efectivamente todo mundo señala: ...qué vamos a hacer con la balanza comercial, señores, con un efecto tan alto, con un déficit tan alto que trae como consecuencia que muchas de las fuentes de empleo en nuestro país se estén cerrando, ¿por qué? Porque muchos de nuestros productos no tienen condiciones de competencia, no tienen condiciones de competitividad". Sólo aquellos sectores muy concentrados logran efectivamente entrar al circuito financiero y al circuito comercial internacional y logran entrar y poder tener ganancias importantes.
Entonces no hay problema que sea resultado de ayer. Nosotros en la reunión que tuvimos en días previos a la comparecencia del Secretario de Hacienda, le señalamos que éste era uno de los problemas, tenemos un saldo muy fuerte, muy negativo, en la balanza comercial. Decían que no había ningún problema, porque al final de cuentas el saldo en la balanza comercial ellos lo saldaban con el saldo favorable en la balanza de capitales.
Esto sin embargo se convertía en un problema muy grave, porque en realidad a partir de la apertura comercial, nuestro país se vio invadido y fuertemente invadido, de gran cantidad de mercancías y mercaderías extranjeras, que venían a saturar nuestro mercado interno.
Entonces fundamentalmente el problema de fondo es que esta medida debiera haber sido tomada con anterioridad. ¿Cuál es el efecto el que ahora se haga y que se haga a esta magnitud?
Efectivamente, como dice el diputado Rodríguez y Rodríguez, él dice que no es una devaluación, ¿entonces cómo lo podemos llamar? De un día a otro hay un corrimiento de 53 centavos, es evidente que esto aquí y en China se llama devaluación.
Tenemos efectivamente un problema, sin embargo, para poder ahora nosotros que enfrentar desde esta cámara, para poder cumplir todo el diagnóstico que se nos presentó para la ley de ingresos y para el presupuesto de egresos. Porque ahí se decía claramente que se tenían previstas todas las medidas para que la inflación se mantuviera en un 4%, y se hablaba de un crecimiento del PIB del 4%.
Señores, esto no se va a poder cumplir por lo siguiente. A partir de la apertura comercial en nuestro país, se vio cada vez más involucrado por una parte importada sustancial que requiere nuestro país para poder echar a funcionar su planta industrial, tiene un importante monto de producto importado.
Si ahora con esta devaluación evidentemente esta presión puesta en lo interno, nos va a presionar los precios a la alza, todo este contenido importado que utiliza nuestra planta industrial, eleva necesariamente nuestra estructura de precios; es decir, no vamos a cumplir porque este deslizamiento nos va a plantear necesariamente, que todos los cálculos que se tenían para el año de 1995 no puedan ser cumplidos, vamos a tener un nivel de inflación más alta, y a tener un nivel de inflación más alta nos cambia el conjunto de cuentas que se presentaba en el diagnóstico de la política económica que se tenía prevista para el año de 1995.
Esto es importante, porque el próximo jueves vamos a tener que discutir el presupuesto de egresos y los cálculos que ahí se presenten, simplemente no son los que tenían previstos.
¿En qué sube? Básicamente...
La Presidenta:
Ruego a los diputados establecer el orden en la sala porque hay un orador que quiere hacerse oír, naturalmente.
Por favor. Gracias. Continúe, diputado.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Básicamente no vamos a poder cumplir así como nos lo aseguró aquí Serra Puche, de que ibamos a tener una inflación de 4%. Señores, evidentemente ahora con la devaluación esta tasa no va a poder ser cumplida y por lo tanto hay que hacer un cálculo a fondo del conjunto de cuentas que se les está presentando dentro del presupuesto de egresos.
Pero además simplemente pongo un elemento. El servicio de la deuda, señores, con esto se nos convierte en un volumen mayor en pesos que tenemos que pagar y remitir al exterior y por lo tanto, las cuentas también ya no nos dan. ¿Qué es lo que puede pasar?
Como el contenido de lo importado es muy importante, esto para que la planta industrial pueda seguir funcionando al mismo ritmo va a requerir cada vez más un incremento de esos productos que al comprarlos en el exterior y al introducirlos al país va a tener este efecto negativo.
Por lo tanto, efectivamente y lástima para los señores que formulaban la política económica de los "cuatros", estos "cuatros" no van a poder funcionar. Va a funcionar solamente el "cuatro" de tipo de cambio, vamos a tener que dar cuatro pesos por cada dólar, pero no vamos a alcanzar, se nos va a hacer totalmente inalcanzable la tasa de inflación del 4% y seguramente en términos del crecimiento económico no vamos a alcanzar el anhelado 4% y lo que sí va a pasar es que la vida a los mexicanos se nos va hacer de "cuadritos", es decir, no van a funcionar los cuatros, pero sí vamos a tener "vida de cuadritos" los mexicanos el próximo año, porque todos estos elementos obviamente se ven violentados por esta medida de corte económico.
Finalmente, yo les quiero señalar que no tiene nada que ver Marcos ni la guerra en Chiapas, efectivamente; ésta es una medida que debería de haberse tomado desde hace mucho tiempo y que al no ser tomada, trae como consecuencia, que de hecho, exista un rezago y la medida tenga que tomarse necesariamente, pero con consecuencias negativas, efectivamente para la población.
Ahora lo que tenemos que cuidar es que este incremento de los precios que seguramente se va a dar, no afecte las condiciones de vida ya tan deterioradas de la población mexicana. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Juan Antonio García Villa.
El diputado Juan Antonio García Villa:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Es verdaderamente lamentable la dirección que le imprimió al debate sobre este tema no sólo de interés, sino trascendente para la vida económica del país, el diputado Suárez y Dávila. Nosotros reafirmamos que en efecto, somos partidarios de una economía que tome en cuenta al hombre, no somos partidarios de una economía que tenga como principio fundamental al hombre económico, sino al hombre con otra dimensión, con otras necesidades que van más allá de las leyes simplemente económicas, que de manera mecánica tengan vigencia sobre la realidad económica.
Tan estamos dispuestos a controvertir estas tesis, no de política económica, sino de filosofía económica, que nuestro candidato a la Presidencia de la República, que no es economista, se quedó en espera de un contendiente para discutir sobre este tema.
Pero, además, señores diputados, en nada ayuda al tono del debate, que debe mantenerse dentro de los parámetros que exige lo delicado de la situación del país, que se venga a descalificar una posición seria de los diputados de Acción Nacional en torno a uno de los temas que son para nosotros centrales en la política económica del país: el de dar vigencia a un auténtico federalismo.
Nosotros lo señalamos en la iniciativa que presentamos el día 29 de noviembre, pugnamos por lo pronto y ahí está el texto para que se pueda consultar por quien lo deseé, por mejorar de momento las participaciones a reserva, desde luego, de emprender y si es posible todos juntos mejor, un estudio a fondo e integral del federalismo fiscal en sus dos vertientes de ingreso y de gasto público, porque hay que reconocer también que en materia de gasto público, no hay principios de política de gasto por parte del Gobierno Federal.
Y decir que los tres gobernadores de Acción Nacional son pésimos gobernantes, porque tienen problemas y luego extienden la mano para que les ofrezcan o para solicitar más recursos, es francamente, señores diputados, por decir lo menos, una afirmación irresponsable. Simplemente, porque de acuerdo a cifras del INDETEC, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las haciendas estatales, un órgano previsto por la Ley de Coordinación Fiscal, cuando menos 26 entidades federativas del país tienen problemas severos de finanzas públicas y ahí la distinción sale sobrando; son del PAN y del PRI, porque el problema no está francamente en los gobernantes, sino en el esquema injusto de reparto de las contribuciones que los mexicanos aportamos para dar cumplimiento a nuestra obligación constitucional de financiar el gasto público.
Y finalmente, señores diputados, unas cuantas palabras en torno a este tema de la denominación o no en dólares de los Tesobonos.
Yo quisiera recordar, porque además seguramente el señor Suárez y Dávila mucho tiene que decirnos, si traemos a cuento algo similar a esto, cuando para disminuir la deuda pública externa se acudió a los famosos Swaps y bajo el supuesto de que como se iba a pagar con un premio la deuda a cargo de México, si se pagaba aquí con descuento en pesos y puesto que el Banco de México sólo tiene pesos, algunos genios de las finanzas creyeron que de esta manera podríamos, con pesos, pagar la deuda externa. Pero tuvieron que bajar la ventanilla cuando se dieron cuenta de que pagar en pesos deuda externa, tiene también efectos perjudiciales y la mejor demostración de ello está que en 1987, cuando se tuvo que bajar la ventanilla de los Swaps, la inflación se disparó a más del 160%.
La Presidenta:
Terminó su tiempo, diputado.
El diputado Juan Antonio García Villa:
La cosa es sencilla, son valores denominados en pesos, el Banco de México tiene pesos, pero no los tiene en cantidades infinitas. Cualquier exceso en esta materia, tiene sus consecuencias en lo que ustedes mismos han denominado el peor impuesto, que es el de la inflación. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Raúl Livas Vera.
El diputado Raúl Alejandro Livas Vera:
Con su venia, señora Presidenta; compañeros diputados:
Se ha hecho en esta tribuna un llamado a la sensatez para que de aquí se pueda generar una línea de tranquilidad en el pueblo de México y, veo con tristeza que no la podemos mantener aquí; somos una especie de "farol de la calle".
Quiero llamarles la atención a todos, porque el problema que estamos discutiendo es muy serio. Nos hemos desviado del tema y no se ha puesto atención a algo que afecta a todos los mexicanos, por más que se diga que no pasa nada. Como bien dijera no voy a hacer una cita a un filósofo extranjero, sino a un filósofo mexicano Mario Moreno "Cantinflas", que decía: "Aquí no pasa nada, hasta que pasa".
Y así es como estamos trabajando. Estamos tratando de ocultar una inmensa gravedad de un hecho que no ha sido atendido debidamente y que en su oportunidad fue señalado por prácticamente todas las fracciones de la oposición, una vez más.
En su oportunidad señalamos que era conveniente y sano para la economía modificar la tasa de depreciación monetaria, de cuatro milésimas por lo menos, a ocho milésimas. Esto tuvo consenso prácticamente en todos los sectores económicos del país y el Gobierno dijo: "¡No!" y dijo "no" fundamentalmente por razones políticas, aunque técnicamente se respaldó de mil maneras.
Una y la más socorrida, fue que si bien era cierto que los índices de precios entre México y su principal socio comercial, como los Estados Unidos mostraban una gama muy amplia, equivalente prácticamente al 30%, los bienes exportables e importables no lo habían hecho de esa manera y por lo tanto el peso estaba más sólido que nunca.
La realidad, una vez más, ha mostrado que la oposición tenía razón. ¿Pero de qué sirve tener razón si se aduce que la mayoría es la que se impone y la mayoría siempre tiene la razón? ¡Pero hay que ver de qué mayoría estamos hablando!
¿Por qué? Porque es la mayoría que está nada más en esta cámara como en su momento también otra mayoría fue la que voto por la crucifixión de Jesucristo, y me van a decir que también tenía razón: ¡Porque era como ésta, de la misma calaña!
Yo quiero que quede muy claro, que aquí tenemos que hacer las cosas serias, tenemos que prestar la debida atención a todos los hechos que hemos señalado. Nosotros vemos que se nos dice que no tenemos facultades para poder determinar la política económica. Porque la constitución y su reglamento no lo señala. Porque es en los pactos donde se determinan y se identifican a las fuerzas económicas.
Nada más falso. De acuerdo con nuestra Constitución aquí es donde se encuentra representada la soberanía popular y se señala perfectamente en el artículo 40 de la Constitución, que la soberanía radica esencial y originalmente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del mismo.
Así, pues, quiero hacer una referencia también al artículo 73, fracción XXIX, en donde se señala en la ley de planeación, que es facultad precisamente de este Congreso determinar la forma en la que se debe llevar a cabo la planeación económica.
En la ley reglamentaria también, desatendiendo la representatividad de esta cámara, se señala única y exclusivamente que revisaremos los planes elaborados por el Ejecutivo.
Este es el momento de reflexión para modificar y solicitar la modificación, como ya lo hicimos en el pasado, de este reglamento. Este reglamento para que efectivamente se faculte a esta soberanía, no nada más a revisar y ver, sino a tomar decisión en este asunto.
Dentro de dos días vamos a revisar el presupuesto y se nos ha dicho también, "que no pasa nada". Sin embargo, cálculos preliminares que tendremos que hacer, con la seriedad que el caso amerita, señalan que por lo menos tendremos que hacer una corrección de 3 mil millones de pesos.
¡Entonces, sí pasa; pero no se quiere ver qué pasa!
También queremos señalar que en el caso de la balanza comercial se ha señalado que todo va a mejorar; si así hubiese sido se hubiese planteado una devaluación mayor desde endenantes o ya bien hubiéramos modificado el deslizamiento. Si esto es bueno entonces, hagámoslo más grande, para que nos vaya mejor, y más seguido, por supuesto.
Entonces, yo creo que tenemos que ser cuidadosos y serios. Por favor, yo creo que no hay, por otro lado, esto que se llama un estilo particular de manejo del tipo de cambio con un deslizamiento controlado. Obviamente esto no está nada controlado y lo único que sucede es que no tenemos ni una paridad fija, porque se considera que está fuera de modo y compromete seriamente a las reservas del Banco de México y no tenemos tampoco una paridad de mercado donde el tipo de cambio se determina libremente, no, tenemos un especie de híbrido gaseoso, algo que no es ni chicha ni limonada, tenemos una devaluación programada, pero que por lo mismo no puede estar sujeta a control, porque no está ni en el mercado ni está fijo; este deslizamiento programado ha probado una vez más que si no se analizan con seriedad los movimientos que se dan libremente, porque ésos si son libres en las mercancías y que afectan el déficit de la balanza comercial, nosotros vamos a tener que seguir recibiendo malas sorpresas, como esta.
En cuanto a la indicación, quiero señalar que es indispensable pensar en una indicación de los salarios. Efectivamente, teóricamente no deberían de afectarse más que el contenido importado en un encarecimiento del 15%, pero también teóricamente pueden suceder muchas cosas y la verdad es que la forma en la que reacciona el mercado no necesariamente responde a lo que en teoría debería de suceder, sino la forma en que la gente lo percibe y la experiencia de nuestro pueblo es que cada vez que se da una devaluación de este tipo, todos los precios de los bienes se incrementan; indebidamente se dirá, efectivamente, pero así sucede.
Y los errores, una vez más, de la política económica, únicamente los paga el pueblo, no los paga quien comete los errores, no los paga quien comete el error de fijar los salarios en función de una inflación esperada que nunca se da y que gracias a eso se han deteriorado significativamente los salarios y que este hecho también va a deteriorar los salarios y por lo mismo tenemos que pensar que el acuerdo que se tomó el día de hoy de fijar un incremento salarial del 4% y con los pilones que llega supuestamente a un 10%, queda definitivamente anulado con esta sola decisión que se tomó en la madrugada.
Cuando se ha señalado que esto obedece a una consideración de política anterior, pero que fue el último momento, que fue la guerra de Chiapas, yo creo que no hay nada más falso. Vuelvo a repetir, que toda la oposición o repito de nuevo, toda la oposición había señalado en su momento que era indispensable dar una señal al mercado de que había conciencia de este problema y esa señal, sin señalar el problema y el trauma económico que nos está generando esta medida tomada de la forma en la que se tomó, hubiera sido haber modificado el ritmo de deslizamiento. Pero no se tomó y no se escuchó y no se escuchó a los que han hecho estudios sobre la economía mexicana, no nada más la oposición, no nada más despachos de economistas nacionales, sino también extranjeros.
Voy a referirme de nuevo a la agencia Warton, que desde hace más de un año está señalando que era indispensable realizar esta medida que hoy se toma abruptamente y que yo creo que por razones de tipo político fundamentalmente, no se tomó en su momento.
Hay que recordar, por otro lado, que la experiencia del año pasado, por no haberse tomado una medida de esta naturaleza, le costó al país más de 7 mil millones de dólares que se perdieron de la reserva y que con la especulación que se empezaba a dar, el Banco de México definitivamente tuvo temor de perder lo poco que le quedaba y que de todos modos van a seguir disminuyendo y vamos a tener que realizar ajustes en su momento para poder cumplir con los criterios de política económica que definitivamente tienen que ser modificados. Así pues, yo creo que es necesario que esta soberanía tome nota, que el día de pasado mañana consideremos el impacto que tiene esta medida en la formulación del presupuesto, que se recurra a modificar la reglamentación del artículo 73 para poder influir en forma definitiva en la formulación del plan de desarrollo que se va a presentar a esta soberanía en el próximo mes de marzo, porque es nuestra responsabilidad.
No se trata de establecer un simple pleito y ver quién habla más bonito, no se trata de ganar sobre la base de votos comprometidos al interior de esta soberanía, yo sí hago un llamado a los compañeros del PRI, a los economistas serios que yo sé que existen por allá y que pueden razonar y que pueden pensar y tendrán que estar de acuerdo conmigo y darme la razón y que en ese sentido nos pongamos seriamente a trabajar para realizar las modificaciones que el pueblo demanda y que es la razón última de nuestra existencia.
Eso para mí es mucho más importante y creo que desde aquí podemos modificar la conducta que ha sido una conducta que nos ha identificado con un grupo de gente que no sabe tomar decisiones y que traiciona a la voluntad popular. Creo yo que ha llegado, si efectivamente el presidente Zedillo ha dicho que son nuevos tiempos y nosotros hemos señalado que son únicamente los hechos los que podemos entender, porque de palabras estamos cansados, ha llegado el momento de con los hechos ratificar esa voluntad y no hacerlo nada más porque se estipula que hay una gente que tiene la razón, que está por encima y fuera de este recinto y manda línea. Por favor, lo digo en la forma más seria, cumplamos con nuestro objetivo y con nuestra misión, razonemos y actuemos en consecuencia y que los hechos confirmen lo que se ha pregonado tanto con palabras. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Rosario Guerra, para rectificar hechos.
La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz:
Honorable Asamblea, señora Presidenta:
Creo que la discusión que hoy hemos mantenido aquí en torno al tema económico, es muy clara, es innegable que hay un desliz en el tipo de cambio ya que eso obviamente tiene repercusión en la vida económica y en el desarrollo de las finanzas públicas, desde luego y de la economía en general de nuestro país. Es un hecho que nos preocupa a todos, es un hecho innegable, no es que estemos tratando de ocultar los problemas internos que estamos enfrentando y que hoy más que nunca requieren de la unidad de todos los mexicanos de buena fe para llevar adelante una nueva etapa de desarrollo en nuestro México.
No es cierto que no pase nada, en México están pasando muchas y muy serias cosas que nos abren la puerta a nuevas expectativas de desarrollo y a nuevas posibilidades de crear sobre nuevas bases, nuevos pactos en términos del quehacer político y de sus prácticas y en términos del quehacer económico y de la estabilidad que requerimos para enfrentar el grave peligro que ha sido la inflación y que obviamente castiga a los de ingresos fijos, más que a las personas físicas que tienen ingresos variables.
Obviamente tenemos una gran responsabilidad con el país como Poder Legislativo, pues al legislar en materia de ingresos y egresos federales tenemos que asumir decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana de nuestra República, de cada uno de sus sectores, de cada una de sus regiones. Creo que los sucesos en una de estas regiones que ha precipitado el problema del desliz cambiario como una medida concertada en el seno del pacto, demuestra que hay madurez y capacidad de respuesta para enfrentar problemas de emergencia que se venían vislumbrando y hoy se están concretando frente a la especulación, frente a quienes van a apostar contra México.
Hoy tenemos que mantener la serenidad y fundamentalmente tenemos claro que la banda de deslizamiento estará en el tope hacia arriba o hacia abajo, dependiendo como lo señalara alguien que me antecedió en la palabra, de sus hechos y los hechos serán si logramos la paz y la concordia entre los mexicanos con alternativas viables y dignas para todos sus grupos o si fracasamos en este intento con los costos que obviamente tendrá en el país.
En este sentido, creo y soy una profunda convencida, de que en torno al tema del federalismo tenemos mucho todavía por ahondar. En efecto, la pluralidad que ahora caracteriza a los gobiernos de las entidades federativas nos abre la posibilidad también de retomar nuevas ideas, nuevas propuestas y nuevas apuestas para encontrar mejores finanzas públicas.
Yo coincido que no puede haber finanzas públicas federales sanas si tenemos problemas de finanzas estatales y municipales que no son ni siquiera suficientes para cubrir los aspectos de gastos necesarios para la buena marcha de cualquier comunidad.
En este sentido planteamos ayer un punto de acuerdo con todos los partidos que están representados en esta soberanía, para darnos un tiempo de plazo para resultados concretos, con una visión integral del ingreso del gasto de cada región, porque ver exclusivamente el aspecto de coordinación fiscal desde el punto de vista de los impuestos o de lo recaudado, no necesariamente incidirá en que logremos sanear finanzas en algunas entidades o municipios que tienen problemas crónicos derivados de problemas estructurales de gasto.
Por esta razón nosotros estamos hoy por este combate a la inflación, por evitar mayores repercusiones que las que ya estamos viviendo hoy en este país. Amamos nuestra patria, la queremos grande para nuestros hijos, no queremos heredar ni un conflicto fratricida, ni queremos tampoco un México que se niegue a las oportunidades de salir adelante.
En este entendido, hay una gran corresponsabilidad en las medidas que debemos tomar aquí y creo debemos también reconocer que hay una gran seriedad del Ejecutivo Federal que comparte esta preocupación y que las medidas económicas derivadas del pacto apuntan en esta dirección para dar tranquilidad y certidumbre dentro de momentos en los que obviamente están por definirse muchos sucesos. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Saúl Escobar Toledo y después del diputado Salvador Beltrán del Río.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, compañera Presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Efectivamente yo hice un llamado a la reflexión y a la cordura y desgraciadamente ese llamado no fue correspondido. Esperamos que ahora las palabras de la diputada que me antecedió en la palabra, nos permitan encontrar el camino para una reflexión más madura.
Lo que nosotros propusimos fueron tres cosas, no una discusión técnica sobre los Tesobonos, no una discusión técnica sobre la paridad del peso en relación a los bonos gubernamentales; lo que nosotros propusimos no fue un debate académico, lo que nosotros propusimos para serenar el ánimo de la nación, fue tomar nuestro papel que nos corresponde para prevenir hechos lamentables.
Y un hecho lamentable que nosotros vemos venir si no actuamos, es lastimar la economía popular y yo pregunto, compañeros legisladores, ¿qué vamos a hacer para impedirlo?, ¿qué vamos a hacer para que la devaluación no afecte a las clases populares?, simplemente, de acuerdo a las palabras de la diputada Guerra, ¿tener buena fe?, yo creo que hay que hacer algo más que tener buena fe y hay que actuar.
Y por eso, precisamente por eso, nosotros hemos propuesto que haya un llamado de esta soberanía al Gobierno Federal, para que tome medidas concretas que impidan que la devaluación tenga efectos sobre los productos de la canasta básica que consume la población mexicana y que en este sentido tenemos que actuar y no dejar que el Gobierno se deje llevar por la inercia, por el "no pasa nada", por el que todo va a estar bajo control y tome medidas para proteger la economía popular.
¿Cuáles son esas medidas? Nosotros tenemos propuestas y en su caso y en su momento, con las autoridades correspondientes, podemos proponerlas, pero lo que no podemos hacer es dejar hacer, dejar pasar y que los lastimados, los perjudicados, sean la mayoría de los mexicanos.
La segunda propuesta: que comparezca el doctor Serra, que platiquemos de nuevo con él por dos cosas, para discutir estas propuestas e impedir que se lastime a la economía popular y además para no aprobar mañana o pasado mañana, una ficción de presupuesto que no corresponda con los hechos y pasarnos una discusión que no tenga nada qué ver con la realidad que se va a vivir el próximo año.
Señores, no queremos que la cámara discuta ilusiones, discuta buenas intenciones, sino que la cámara discuta proyectos viables y reales. Necesitamos llegar a la discusión sobre el presupuesto con una visión objetiva de las cosas y no simplemente a discutir lo que puede ser pero no tiene sustento en la realidad.
Y la tercera cuestión: de acuerdo a lo que marca la Constitución en el artículo 73, a que ya hizo referencia el diputado Olivas, no permitamos que el pacto tome decisiones sin por lo menos consultar con el Poder Legislativo; no dejemos que el pacto tome decisiones que lastiman y afectan a los mexicanos, sin por lo menos nosotros estar enterados de esas discusiones y sin manejar la información que ellos manejan.
El pacto desde nuestro punto de vista es anticonstitucional, pero no entremos a esa discusión ahora, entremos a la discusión que requiere la urgencia del momento. Vayamos entonces y propongamos que el Poder Legislativo también tenga una representación en ese pacto, para que así en esta cámara sigamos la información, sigamos los hechos, sigamos la evaluación que el mismo Secretario está proponiendo para mantener el control sobre la economía.
Creo que eso sería respetar la Constitución, creo que eso sería estar a la altura de la urgencia del momento.
Esas son pues las tres propuestas que hacemos. Nosotros pedimos a los compañeros del PAN, a los compañeros del PT, a los compañeros también del PRI, que frente a estas propuestas hagan propuestas también en correspondencia, que nos respondan, que nos contesten si están de acuerdo, insisto, para prevenir y no seguir lamentando cosas que suceden en lo oscurito, en la madrugada y que ciertamente no son recomendables para el país. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Salvador Beltrán del Río, para rectificar hechos.
El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
No sé en qué país o a qué país o a qué política económica se refería el licenciado Suárez y Dávila hace unos momentos aquí. Hace unos días aquí en este recinto parlamentario, en su discurso de toma de posesión, el presidente Zedillo señalaba que el crecimiento sostenido exige un entorno de estabilidad económica y financiera que garantice certidumbre y confianza para ahorrar, planear, invertir y trabajar productivamente. Exige reglas claras y trato justo para todos.
Luego, en sus criterios generales de política económica, se insistió en la certeza de la conducción de la política económica. De hecho, en respuesta a pregunta expresa de un servidor, en reunión con el actual Secretario de Hacienda y en torno a las dudas que surgieron sobre la política cambiaria, señalaba que no habría de tocarse, que era prioritario para el actual Gobierno mantener la certeza y la seguridad en la política cambiaria y como lo dijo ahorita hace unos momentos también un diputado, en respuesta un albazo en la madrugada del día de hoy.
Por otra parte, diputado Suárez y Dávila, no hemos venido ni aquí, ni en el trabajo de comisiones y lo reto a que diga lo contrario aquí en tribuna, no hemos venido a defender ni a los tres estados panistas; ni a los más de 120 municipios de Acción Nacional; hemos venido a defender a 31 estados y más de 2 mil 400 municipios que existen en el país; hemos venido a defender una deuda de las entidades federativas que en el último año y medio aumentó de 11 mil millones de nuevos pesos a 18 mil millones de nuevos pesos; hemos venido a defender a un Estado como el de Chiapas, que en año y medio incrementó su deuda en 300%; a Oaxaca, que en año y medio incrementó su deuda en 600%; a Querétaro, que en año y medio incrementó su deuda en 300%.
Venimos a defender un Estado no panista, en donde ayer estuvo el Presidente hablando de un federalismo que todavía no entendemos y que suma una deuda de 3 mil millones de nuevos pesos.
No sé, insisto, ojalá me pudiera dar respuesta a esta pregunta. Gracias.
RECESO
La Presidenta (a las 17.48 horas.):
Atendiendo a una petición formulada por los señores coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, declaro un receso en las labores de este día, por una hora.
(Receso)
(A las 19.12 horas):
Señores diputados, se reanuda la sesión. Tengan a bien tomar sus lugares.
ESTADO DE PUEBLA
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Rosa Márquez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una denuncia.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Aquí hace unos momentos se ha hablado de cuestiones muy importantes, muy interesantes. Se ha abierto un debate académico en donde se ha hablado del deslizamiento programado, de fluctuaciones, de apertura económica, de modificación de la banda de fluctuaciones, pero yo vengo aquí con una denuncia de simples mortales, de compañeras trabajadoras que están muy preocupadas porque les paguen en dólares, les paguen en dólares, les paguen en pesos, en pesitos, o en pesotes, pero que les paguen.
Vengo aquí a hacer una denuncia de un problema que tiene ya más de dos años, de un gran número de compañeras trabajadoras costureras, que independientemente de las fluctuaciones de la bolsa, lo que no ven es que el trabajo, en algunos casos de más de 15 años, de 20 años, les haya podido dar una retribución en sus bolsas y en ese sentido quiero plantear esta denuncia.
Desde el 25 de agosto de 1992, sin motivo justificado fueron despedidas 52 trabajadoras de la empresa Camisetas de Puebla, S.A. de C.V., con domicilio en Refugio Rodríguez 227, en la ciudad de Puebla. Se demandó la reinstalación en los mismos términos y condiciones con que las trabajadoras se venían desempeñando hasta la fecha en que fueron despedidas, así como el pago de salarios vencidos contados a partir de la misma fecha, hasta aquélla en que se dicte la resolución respectiva.
Dicha demanda quedó radicada ante la junta especial número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en el Estado de Puebla, bajo el expediente 517/92. Seguidos los trámites legales, el 23 de septiembre de ese mismo año la junta laboral señaló fecha y hora para la reinstalación de cada una de las trabajadoras despedidas, sin embargo, no pudo materializarse tal resolución en virtud de que el trabajo no se ofrecía en los términos y condiciones que había expresado la parte demandada.
Además, el inmueble se encontraba en pésimas condiciones de higiene y seguridad y las máquinas en las que laboraban las trabajadoras, habían cambiado de lugar.
El 28 de junio de 1993, la autoridad laboral dictó laudo favorable a las trabajadoras, condenando a reinstalar a las actoras y a pagarles los salarios vencidos generados. Sin embargo, la empresa se negó a cumplir los resolutivos y se dio por terminada la relación laboral. En consecuencia le condenó a pagar 20 días de salario a cada una de las trabajadoras despedidas, acto seguido, se procedió a embargar bienes de la empresa demandada, a efecto de garantizar el pago por el incumplimiento de las prestaciones que en su oportunidad le fueron reclamadas.
Después de tres intentos de hacer cumplir la resolución, fue materialmente imposible que el interventor nombrado por las actoras tomara posesión del cargo conferido. Primero se negó el acceso a las instalaciones de la empresa y posteriormente, cuando por disposición de la autoridad laboral acudió la fuerza pública local, de nueva cuenta se impidió la entrada, pero esta vez por gente armada de la propia empresa; por ello, con el fin de evitar un enfrentamiento que pudiera ocasionar la pérdida de vidas humanas, las trabajadoras decidieron retirarse del lugar sin poder ejecutar la multicitada resolución.
Finalmente, el 16 de noviembre del año en curso, con el auxilio de la fuerza pública, se trabó embargo en bienes propiedad de la empresa demandada por la cantidad de 1 millón 185 mil 486 nuevos pesos.
Ante la imposibilidad de cobrar a la empresa cada una de las prestaciones a que fue condenada a pagar y dado los múltiples recursos que ha promovido ante la autoridad laboral, a efecto de evadir su responsabilidad, queremos hacer del conocimiento público la exigencia de que se cumpla con la resolución de la autoridad y se indemnice por los daños y perjuicios causados a las 52 trabajadores; que se cumpla con la resolución de la autoridad y se indemnice por los daños y perjuicios causados en este sentido.
Asimismo, queremos exigir a las autoridades que cumplan con su deber y por fin, después de más de dos años de haber sido despedidas, obliguen a la empresa a resarcirles los daños ocasionados.
Ante tal situación y con las facultades que nos otorga el Poder Legislativo, hacemos nuestra petición, nuestras las peticiones señaladas y exigimos una pronta solución, para lo cual proponemos a esta plenaria un punto de acuerdo para que este asunto se turne a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Información, Gestoría y Quejas de esta Cámara de Diputados, solicitando que estas comisiones realicen los trámites necesarios para encontrar una solución conforme a derecho.
Firman los diputados: Raúl Armando Quintero Martínez, del PRD; el del Partido del Trabajo; Joaquín Vela González, María Claudia Esqueda, del PRI; la compañera por Puebla, Lucero Saldaña Pérez, del PRI; la compañera por Puebla también, Marina Casco Blanco, del PRI y su servidora, María Rosa Márquez, del PRD.
La Presidenta:
Recibo y túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Gestoría y Quejas.
ESTADO DE CHIAPAS
La Presidenta:
Sigue el turno a la diputada Rosario Ybarra, para hablar de otro asunto. Tiene la palabra, diputada Ybarra.
Diputada, pida por favor a sus compañeros que guarden sus expresiones.
Señora diputada, por favor... compañeros que traen la manta, son recibidos en este recinto, pero por favor guarden silencio y esperen la palabra de su compañera la diputada Rosario Ybarra.
La diputada María del Rosario Ybarra de la Garza:
Gracias, compañera; quiero explicar a esta legislatura que hablo a nombre de la Convención Nacional Democrática, me he declarado en muchas ocasiones diputada convencionista, como lo han hecho muchos de los compañeros aquí presentes.
Por ahí se ha dicho que nada es inútil con tal de evitar la guerra, por lo tanto pienso que esta legislatura tiene la obligación de saber escuchar la voz de los indígenas chiapanecos. Esta voz nos dice que no es posible seguir en la simulación, nos exigen hechos, no palabras. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional...
La Presidenta:
Señores diputados, tengan la bondad de guardar el orden que merece este recinto legislativo. Diputada Ybarra, estoy pidiendo a los señores diputados se sienten y guarden el orden, pero también pido a sus compañeros que si no guardan el orden, tendrán que abandonar el recinto y no quiero llegar a ese extremo.
La diputada María del Rosario Ybarra de la Garza:
Silencio. Repito y hago eco de la voz de la señora Presidenta de este recinto. Silencio, compañeros, por favor. Seamos prudentes, a ver si cabe la prudencia en los demás.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sido claro para establecer una tregua que necesita cuando menos resolver satisfactoriamente los problemas de los pueblos de Veracruz, Tabasco y Chiapas.
La Presidenta:
Por favor, diputada, un segundo diputada. Diputada que está en aquellas curules, si usted quiere usar la palabra para hechos, me la pide después, pero por favor no grite. Los compañeros que están abajo, por favor no griten o los desalojaré.
La diputada María del Rosario Ybarra de la Garza:
No hablen. En Chiapas es imprescindible acabar con la imposición que significa el gobierno de Robledo Rincón. Esta legislatura debe de manifestarse por respetar la soberanía del pueblo chiapaneco, que en apego al artículo 39 ha elegido como gobernador a Amado Avendaño.
Si esta legislatura tiene una real intención que favorezca una tregua en el conflicto del sureste mexicano, tendrá que pronunciarse por reconocer la única instancia que cuenta con el aval de la sociedad civil mexicana: la Comisión Nacional de Intermediación, la Conai, encabezada dignamente por el obispo Samuel Ruiz.
No haría falta, señores diputados, ser poseedor de una brillante inteligencia, para entender que la nación no puede menospreciar la autoridad moral de ese ser humano, al que los indios llaman Tautic, por algo será, compañeros, le dicen Tautic Samuel.
La Convención Nacional Democrática, asume las condiciones planteadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para lograr una tregua estable que dé paso al reinicio del diálogo y la negociación para construir una paz con justicia y dignidad.
La Convención Nacional Democrática hace suyas estas demandas y se compromete con el llamado de los hermanos zapatistas para llevarlas a todos los rincones de la patria, para despertar conciencias y mover voluntad. Es por eso que estamos aquí para expresar un sentimiento que palpita en la mayoría del pueblo mexicano y quiero decirles que me duele, compañeras y compañeros diputados, que este Congreso no representa sus anhelos de cambio, sus esperanzas de democracia, porque lo ha visto desde hace mucho tiempo como la parte secundona del contubernio maligno con el partido de Estado.
Compañeros, es una realidad. Escuchen, dignifiquen este recinto, compañeros diputados de todos los partidos, es por su bien. La patria los llama, los indígenas los observan, el pueblo mexicano los está viendo. No vendan la dignidad. No sean sumisos. No sean rastreros al Poder Ejecutivo que denigra esta patria mexicana.
Es la hora de las definiciones, compañeros diputados. O se está de lado de la política belicista de los salinas y de los zedillos o se está del lado del grito: ¡basta! de los indígenas, de los pobres, de los oprimidos, de los lanzados de las fábricas, de los desempleados, de los descalzos, de los muertos de hambre. Ustedes dicen; ustedes tienen la palabra, señores diputados.
No voy a entrar en diálogo, solamente quiero decirle a la persona que habla cada rato de la máscara, que si Marcos y todos los demás no trajeran máscaras, sus esposas, sus hermanas, sus madres y sus hijos estarían desaparecidos o serían víctimas de la tortura que este Gobierno se empeña en mantener vigente.
El tautic Samuel está en huelga de hambre. Ofelia Medina está en huelga de hambre y muchísimos mexicanos cuyos nombres no se conocen están en huelga de hambre por la paz.
Nosotras y nosotros, muchísimos mexicanos hemos estado en huelga de hambre en muchas ocasiones y hemos escuchado palabras negativas de parte del Gobierno, desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y ahora vamos a ver qué responde Zedillo a estas ansias de paz y de libertad de todos los mexicanos que han asumido el ayuno como último recurso para construir y para conseguir la paz.
Aquí se está aprobando o se ha aprobado ya desde los recovecos de las negociaciones, el presupuesto, el incremento al presupuesto de la defensa; ¿la defensa de qué?, de los gritos de la miseria, de los gritos del hambre. ¿Para qué quiere el Ejército, la Armada el incremento de su presupuesto?, para llevar metralletas a las azoteas del palacio municipal de San Cristóbal, para llenar las calles y las plazas de armas mortíferas contra el pueblo pobre, para eso quieren ese presupuesto.
Compañeros diputados: Repito, recobren su dignidad. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Lázaro Hernández Vázquez, por el Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Lázaro Hernández Vázquez:
(Comienza hablando en dialecto tzeltzal)
Cópoj Lázaro Hernández Vázquez diputado yu un noveno distrito ja representante yu un campesino indígena.
Cópoj tas cuenta te wo cólil yu un te slumal ja chiapaneco talem ta ocosingo cópoj ta tribuna legislativa tascuenta te vayal te wo cólil yu un ta slumal Margaritas, Altamirano soc te Ocosingo jo un lumal cópojom ta scuentaic te mava ya canti te guerra te vin yan cátic ja te xchajpanel te wo cólila yix junjavil te jach te guerra y max lamas tascá yu un tebayel te ma pajaluc cotantic jayuun ya cal liil ta cámara yu un spicil diputado etic acá qúich vactic tamuc, te jo otic campesino otic ma cantic te jo otic yi pal cutsimbel va actic porque jootic ayotic tasleel tescolele te joetactic ja yu un ya caluevactic acá c'uxutay batic ta jpisiltic cámbetic te gobeierno te acá yich chajpanel te wocolil ay ta mumaltic janax te bin la cal ta batsil c'op.
Compañeras y compañeros diputados: Mi nombre es Lázaro Hernández Vázquez y soy representante popular por el IX distrito del Estado de Chiapas. A ésté pertenecen los municipios en donde se ubica el conflicto armado que vivimos desde las primeras horas del presente año y hago uso de esta tribuna para expresar el sentimiento y la voz de mis hermanos indígenas que no se levantaron en armas, pero que también han sido víctimas de un sistema político, social e injusto y que hoy también somos víctimas de la intolerancia, la injusticia y la opresión de los que se levantaron en armas.
Somos nosotros, los que vivimos en la zona de conflicto, quienes más estamos sufriendo esta guerra; las viudas y los huérfanos están con nosotros. La falta de alimentos y medicinas y otras mercancías de primera necesidad, la estamos sufriendo nosotros; la pérdida de libertad para transportar nuestro producto...
La pérdida de nuestra cosecha de café que este año se precipitó, la pérdida de nuestra parcela, de nuestra casa y nuestros animales, de más de 25 mil desplazados que se encuentran albergados en Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano, Chiapas.
Y por si esto fuera poco, todos vivimos la angustia de un futuro incierto y la amenaza, siempre presente, de la guerra, cuyas principales víctimas seguiremos siendo nosotros.
Por eso hoy hago uso de esta tribuna para expresar lo que sienten y quieren mis hermanos, por lo cual propongo que esta honorable Cámara de Diputados, a través de la comisión, intervenga con los siguientes objetivos:
1. Impulsar y promover la solución política del conflicto, que de inmediato se reiniciaran las negociaciones ante la comisión y el EZLN.
2. Que en las negociaciones se considere de manera prioritaria el retorno a sus poblados de los 25 mil desplazados, con el pleno respeto a sus derechos agrarios y a sus libertades individuales.
3. En que en las negociaciones también se considere de manera prioritaria la libertad de tránsito en las comunidades de la zona de conflicto.
4. Que en tanto se dan las negociaciones se atiendan de manera urgente las necesidades de albergue, alimentación, servicio de salud, educación para los desplazados y así también el abasto y los servicios médicos para las comunidades en la zona de conflicto.
Queremos aclarar ante la opinión pública, que la información vertida en los diferentes medios a partir de ayer y la impresa en los periódicos el día de hoy, es en estos momentos totalmente fuera de la realidad. Ayer en diferentes municipios del Estado y durante algunas horas, pequeños grupos armados interrumpieron el libre tránsito de los ciudadanos en carreteras que conducen a municipios de la zona de Los Altos. Teniendo una ocupación momentánea de un solo municipio, que fue Simojovel.
Lamentablemente la información, con el propósito de alertar, se dio a todo el mundo como un hecho consumado el de la toma de 38 municipios. Sin embargo a pocas horas de esto y ante un reducido número de participantes, dicha situación fue levantada de manera voluntaria, persistiendo el problema en la zona definida como de conflicto.
Es lamentable que la información se haya difundido con el interés de distorsionar a la opinión pública y magnificar los hechos como medida de presión a una negociación que siempre ha estado en la voluntad de todos.
Compañeras y compañeros diputados: esta es la voz y la demanda de los compañeros campesinos indígenas, que no nos levantamos en armas, pero que por años hemos sostenido una lucha pacífica, democrática; por la tierra, por la vida digna.
¡No renunciaremos ni a una ni a otra! ¡Seguiremos luchando por un futuro de libertad y dignidad para nuestro pueblo, con nuestros mismos métodos pacíficos y democráticos, porque estamos convencidos de que el único producto de la guerra será la muerte y la pobreza para el pueblo!
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado J. Jesús Ortega Martínez:
Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Quisiera comenzar esta intervención haciendo un reconocimiento a la compañera Rosario Ybarra de la Garza, porque entre muchas otras cosas la diputada simboliza una lucha intensa, dura, difícil, por la vigencia de los derechos humanos y de los derechos constitucionales en nuestro país y la compañera Rosario Ybarra de la Garza ha jugado un papel fundamental y creo que lo seguirá jugando en este Congreso.
Quiero sin embargo, compañeras y compañeros, precisar la opinión sobre este asunto tan complicado, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por eso es que me permití solicitar el uso de la palabra.
La situación en esa entidad, lo saben todos ustedes, se ha complicado, al grado tal de que, ojalá no suceda, pero en cualquier momento podrían generalizarse las hostilidades; desplazamiento de tropas de ambos lados, agudización de conflictos y esto ha generado una situación de inestabilidad política y de inestabilidad social, que puede agravarse a tal grado de que otra vez tengamos en ese Estado del sureste mexicano una guerra.
Por eso, el PRD y su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, nunca, ahora tampoco, podrían negarse a participar en cualquier esfuerzo que contribuyera a restablecer la tranquilidad y a restablecer la paz. Los primeros que pondríamos nuestro grano de arena, nuestra participación en cualquiera de estos esfuerzos, les reitero, seríamos los diputados del PRD.
El Presidente de la República hizo una propuesta, dice él, para contribuir a la paz en el Estado de Chiapas y propone una comisión que contribuyera a esfuerzos de mediación. Lo discutimos en sesión pasada y nosotros insistimos, junto con otras bancadas, que esta comisión tendría sentido, primero, si fuese una comisión del Congreso, representativa del Congreso, no de los partidos políticos y constituida por legisladores, no, una comisión del Congreso de la Unión, para que tuviera en tan nobles propósitos autoridad y plenas facultades.
Y en segundo lugar, dijimos, que esta comisión debería de tener el aval de las partes en conflicto y el Presidente de la República señaló dos partes en conflicto: una, el Gobierno Federal; la otra, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Ustedes han visto las noticias el día de hoy y ayer y hemos observado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no acepta la mediación de la comisión que propuso inicialmente el encargado del Ejecutivo Federal y propone que la Conai sea parte, sea la comisión fundamental de mediación en el conflicto chiapaneco.
Como nosotros habíamos establecido que para que una comisión mediadora tuviera éxito y tuviera resultados debería de ser aceptada por las partes, ahora no solamente nosotros, creo que todo el Congreso y particularmente el Presidente de la República tenemos que dar una respuesta a esta situación.
¿Cuál es la respuesta que nosotros proponemos para que tengan éxito nuestros esfuerzos de procurar la paz en ese Estado de la República? En primer lugar que todos ustedes acepten que la comisión propuesta por el doctor Zedillo sea modificada en algunas partes. En primer lugar que aceptemos que sea una Comisión del Congreso de la Unión y por lo tanto debe haber un acuerdo de las cámaras o del Congreso reunido dándole autoridad y facultades y poderes plenos a esta comisión del Congreso y esto, insisto, debería ser un acuerdo de esta Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
En segundo lugar, a diferencia de lo que propuso el doctor Zedillo, que esta comisión, de ser aceptada por el Congreso, no tuviera ninguna intención y actuara en consecuencia de desplazar a otras instancias de mediación que ya han venido funcionando además con éxito en el conflicto bélico en Chiapas. A ninguna que no tuviéramos la pretensión de asumir nosotros solos de aceptarse nuestra propuesta, el papel protagónico en la mediación, sino que respetáramos otras instancias y reconociéramos el valor que han tenido éstas para acercar a las partes a una paz definitiva.
En el caso concreto de los legisladores del PRD no permitiremos, no aceptaremos que se desplace a cualquier instancia mediadora que ya ha venido funcionando y particularmente no permitiremos y no aceptaremos que se desplace en su actitud pacificadora y mediadora, a la Conai en donde está encabezándola el señor obispo Samuel Ruiz.
Nosotros seguramente podemos contribuir y deberemos contribuir a la paz de Chiapas, pero también debemos de entender que habrá otras instancias, particularmente la Conai que van a jugar un papel relevante y fundamental en esta tarea pacificadora. Yo creo además, que nuestra comisión y peso dependería de las facultades y de los alcances que le diéramos, esta comisión podría ser muy útil para traducir los acuerdos de las mesas de negociación que se establezcan en Chiapas, sobre todo para atender los grandes rezagos sociales y las grandes deficiencias políticas que nuestra comisión pudiera servir para traer propuestas legislativas a este Congreso, para remediar de raíz los males que le dieron origen al conflicto bélico en esa entidad de nuestro país. Tendríamos muchas funciones de tal manera que no tengamos la intención compañeros de pretender arrogarnos nosotros la única responsabilidad de la paz, de buscar la paz en Chiapas.
Nosotros aceptaremos, como ya lo hemos dicho y nombraremos nuestros representantes en esa comisión del Congreso de la Unión, particularmente si ustedes y se los pido con todo comedimento y además se los solicito en función de que contribuyamos a la paz en esa entidad, que aceptaran estas modestas sugerencias que nosotros hacemos, porque creo que en verdad contribuirán a lograr la paz en Chiapas.
Queremos contribuir a la distensión y por cierto creo que no ayuda, sería la última parte de mi intervención, no ayuda a expresiones del Ejecutivo Federal que dio el día de hoy frente al conflicto en esa entidad. El Ejecutivo Federal y creo mi obligación, es decirlo, le dio instrucciones al Procurador General de la República para que hiciera averiguaciones y desarrollara investigaciones en esa entidad de la República para aplicar sanciones penales a aquellos ciudadanos que a juicio de la Procuraduría se hacen merecedores apenas por supuestamente haber violado la ley.
Eso compañeras y compañeros, subrayo, subrayo, no seamos tan irresponsables aplaudiendo esto, puede complicar enormemente la situación en el Estado de Chiapas.
Yo le pediría al Presidente de la República, desde esta tribuna de representación popular, que contribuyera a distender el conflicto chiapaneco y distenderlo no como si fuera el conflicto de Chiapas un mero problema penal; es un grave problema político y social que no se soluciona apresando y deteniendo a unos compañeros, se soluciona con propuestas reales y verdaderas, que ataquen de fondo las causas que la originaron; es decir, con respuestas efectivas como las que nosotros en verdad, de manera muy leal y honesta, ponemos a su consideración. Gracias por su atención.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alí Cancino.
El diputado Alí Cancino Herrera:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a este foro de la República, a hacer dos aclaraciones. En primer lugar, que mi Estado es libre y soberano y por lo tanto, los diputados chiapanecos, en su absoluta mayoría no aceptamos que las elecciones en nuestra entidad se juzguen acá. En segundo lugar, que el Congreso del Estado ya calificó las elecciones para la gubernatura del Estado y acordó, por unanimidad, que el voto mayoritario de los chiapanecos, favoreció a Eduardo Robledo Rincón.
¿Por qué votaron todos? Oíganme bien, todos los diputados a favor del dictamen. Al decir todos quiero decir que se incluye al diputado del PRD.
En Chiapas, que quede bien claro, las elecciones ya fueron calificadas por los organismos competentes, la soberanía de mi entidad federativa está en la legislatura del Estado y ésta ya dio su opinión, la dio además por unanimidad y al decir esta palabra estoy dejando muy claro que el dictamen fue favorable a Eduardo Robledo Rincón.
Compañeros, en relación a los hechos que se están sucediendo en Chiapas, yo quisiera puntualizar algunas cosas, para que tengamos una mejor información sobre lo que ocurre en el Estado de Chiapas.
Hace un rato comentábamos en una conferencia de prensa y les digo sin el ánimo de minimizar el problema, pero tampoco se puede magnificar cuando se habla de los municipios ya tomados por el EZLN.
El municipio de Ocosingo, compañeros, tiene aproximadamente 520 comunidades de las cuales únicamente 100 participan en el conflicto; en el municipio de Las Margaritas hay 380 comunidades, de las cuales únicamente aproximadamente 100 participan en el conflicto; en el municipio de La Trinitaria únicamente un ejido, el ejido Amparo Agua Tinta, que tiene la desgracia de estar enclavado en la selva y los tienen prácticamente en calidad de rehenes y el municipio de La Independencia, también únicamente con un ejido, el ejido Río Blanco.
Entonces, pues no se puede decir que tengan en posesión una gran parte de la entidad federativa.
Compañeros, no es posible magnificar a Marcos y no es posible por la simple y sencilla razón que no podemos magnificar a una gente que enfrenta a campesinos contra campesinos, que no le importa la vida de los demás, porque en lo personal yo creo que ni toda la tierra del mundo vale lo que vale una vida, una vida no la podemos comprar ni con todo el oro del mundo, pero a Marcos parece no importarle y le vale pues estar enfrentando a los campesinos contra los campesinos.
Qué ha hecho Marcos. Ha generado miseria, ha generado analfabetismo, óigase bien, tenemos 30 mil desplazados en la zona de Comitán y Margaritas, que están viviendo en condiciones deplorables, gracias a la guerra de don Marcos.
Tenemos a 30 mil alumnos que no pueden recibir clases, porque don Marcos no deja entrar a los maestros y tenemos aproximadamente a 70 mil habitantes que habitan la zona del conflicto, que no reciben ningún servicio, porque a don Marcos tampoco se le da la gana. Eso es lo que nos ha dado el tal Marcos.
Compañeros, hago todas estas reflexiones para que nos demos una idea clara de qué es lo que está sucediendo.
Qué otra cosa pasa y la actitud de Marcos es muy sospechosa. En la selva lacandona, según estudios del investigador Leopoldo Borraz, de la Universidad Autónoma de Chiapas, dice don Leopoldo, que el petróleo de la selva es equivalente al petróleo que hay en Kuwait. ¿No será éste realmente el objetivo de Marcos y querer segregar a nuestro Estado y crear otra República como ya lo han manifestado en algunas otras ocasiones?
Compañeros, yo invito pues, como lo decía la vez pasada a que es hoy o nunca cuando vamos a sumar nuestra voluntad y nuestro mejor esfuerzo. Es hoy cuando vamos a demostrar que realmente queremos a México, que realmente queremos vivir en paz. Nuevamente los exhorto a que pongamos nuestra mayor voluntad, nuestra mayor civilidad política y nuestro mejor esfuerzo por el bien de todos los mexicanos y en particular por el bien de Chiapas.
Estoy de acuerdo en que se forme la comisión y estoy de acuerdo en que participen todos los que hayan de participar con tal de lograr una paz digna y duradera en nuestro Estado. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, ha pedido la palabra el diputado Hildiberto Ochoa.
El diputado Hildiberto Ochoa Samayoa:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna, uno y no quiero hacer ningún cuestionamiento, pero sí que se analice antes de aplaudir. Hay los términos de unanimidad en cuanto a los votos y también lo absoluto, pero eso compañeros es sólo cuestión de semántica y no voy a dar ninguna de las conceptualizaciones de cada una de ellas.
Compañeros, yo en mi corta carrera política, en el deseo de contribuir con mi país, con mi Estado, mi municipio y mi región, me he caracterizado por ser una persona que no me gusta el enfrentamiento ni verbal y mucho menos físico.
Compañeros, yo he tenido la concepción o ésa era la idea que yo traía a este Congreso, de que nacíamos producto de las candidaturas de partidos políticos y que efectivamente si estamos en ellos, es porque hay convergencias en cuanto a nuestras ideas. Compañeros y con esto les quiero decir de que tenía la idea de que aquí íbamos a venir a actuar de manera un poco independiente, con independencia mental, que independientemente que seamos de un mismo partido, podemos tener diferencias.
A como se presenta este Congreso, lo que observo es que por grupos definidos es como se llevan a cabo las votaciones y los aplausos, aun aquellos que de alguna forma sus intervenciones son para acelerar todavía más la guerra en este caso de Chiapas.
Con eso compañeros, yo solamente los quiero llamar a la reflexión de que veamos al Estado de Chiapas y nos olvidemos de nuestros partidos, nos olvidemos en el caso de los compañeros del PRI, que siento que hay gente muy valerosa y que estoy seguro que si las votaciones se llevaran a cabo de manera secreta, habría diferencia entre ustedes, porque solamente ahí es como podrían emitir un voto a conciencia y no un voto ya por consigna.
Compañeros, también quiero hacerles saber de que, por ejemplo, la región de la cual yo vengo, que es el V distrito con cabecera en Tapachula y con cierta influencia en toda la costa del Estado de Chiapas, compañeros ahí hay un punto que de alguna forma contribuye a que se acelere la guerra, a que participe también el Soconusco, aún cuando en la prensa se diga de que allá estamos en paz.
Compañeros, hay personas aquí que vienen precisamente de Huixtla, del Distrito de Huixtla, el VII y el VIII de Tonalá, compañeros ahí hay una carretera en la cual ya se tienen construidas las casetas en las cuales se presume que vamos a tener que pagar una cuota para poder transitar, contraviniendo con lo que dice la ley.
¿Qué pasa compañeros?, se concesionó la carretera, pero también se dio la que ya teníamos de hace mucho tiempo y con ello se nos está privando a la región de poder transitar libremente en las carreteras que fueron construidas con recursos de la nación, los federales. Con eso compañeros, no es que quiera salir del tema, solamente es algo que contribuye y que nos ha unificado a la gran mayoría de la costa para hacerle frente al Gobierno Federal y estatal, y este momento, cuando el Gobierno ha pensado la situación con su oficio, considero compañeros y me preocupa que vaya a haber algún manifiesto de nuestra gente de la costa, por eso les pido de que actuemos con independencia mental, que veamos el caso de Chiapas, como el caso de hermanos que necesitamos allá vivir en paz, pero también con dignidad. Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Lorenzo Duarte, por cinco minutos.
El diputado Lorenzo Duarte y Zapata:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
El motivo de mi intervención es hacer a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional un llamado a la cordura y a la madurez de criterio que debe de privar en estos momentos por el bien de nuestro país.
Cuando ocurren en Chiapas hechos no bien precisados, cuando los diversos actores son confusos en sus declaraciones y en sus acciones, cuando los imponderables están a la orden del día y en fin, cuando la perspectiva de la solución pacífica parece más alejada que en el pasado, es precisamente cuando tenemos que hacer acopio de nuestra mejor voluntad y de nuestra más amplia prudencia.
El grupo parlamentario de Acción Nacional, fiel a sus orígenes humanistas y a su trayectoria, congruente con sus principios de doctrina y con su vocación por la paz y el entendimiento entre los hombres, hace un exhorto al Gobierno, a los partidos políticos de México y a todos los numerosos protagonistas del problema de Chiapas, que lacera las entrañas de nuestra nación, a ser particularmente cautos en sus declaraciones y juiciosos en sus pronunciamientos y acciones, con el fin de contribuir a la causa de la paz.
En momentos como estos, la ponderación, aunada a la buena voluntad, deben prevalecer sobre la precipitación o sobre el exabrupto, por tanto nos reservamos por ahora nuestra opinión definitiva hasta contar con elementos de juicio veraces y fehacientes, pero ratifico la disposición sin límite de nuestro grupo, y repito, disposición sin límite de nuestro grupo, a contribuir a la solución del problema en la forma que los tiempos indiquen y señalen. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Luis Andrés Esteva.
El diputado Luis Andrés Esteva Melchor:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
En todos los foros de la patria estamos escuchando desde hace ya varios meses pronunciamientos por la paz, en todas las instancias de este país hemos escuchado con insistencia cómo las voces se pronuncian, porque la paz llegue a nuestro país y a ese Estado de la República que ha venido sufriendo esta incertidumbre.
Esta tribuna, la más alta de la República, también ha sido escenario de estos pronunciamientos insistentes por la paz. Hemos estado escuchándolos con frecuencia y aquí en este sitio hemos tenido que sostener los diversos grupos parlamentarios nuestra posición en pro de la paz.
La coincidencia en estas expresiones, compañeros diputados, se explica porque el caso de Chiapas nos ha movido a todos a la reflexión, porque ha mostrado que el atraso, la marginación extrema, la discriminación contra los indígenas, la manipulación política y la injusticia que ha vivido esa zona del conflicto y muchas otras zonas de nuestro país, configuran una violencia estructural que no puede olvidarse y que desde luego genera desesperación y que algunos han optado por los caminos de la violencia.
Para Acción Nacional, ésta no es la vía para la solución de los problemas.
Durante 55 años, hemos asumido conscientemente todos los riesgos de la lucha pacífica frente al poder público y estamos plenamente convencidos de que es por la vía de la política, de la paz, del diálogo y del compromiso públicamente asumido, como puede cambiar este país.
Hemos rechazado en consecuencia la violencia como instrumento de lucha política.
El curso que han tomado los acontecimientos de la zona en conflicto, nos preocupa profundamente porque las informaciones que consignan los medios y aun las que en esta tribuna se vierten, resultan con mucha frecuencia diversas y hasta contradictorias y de un mismo hecho las versiones son distintas.
¿Y qué no decir de las opiniones vertidas por quienes en múltiples foros y escenarios del país comentan en uno y en otro sentido, interesada o desinteresadamente, lo que consideran su contribución a la solución del conflicto?
Por este motivo, señores diputados, el grupo parlamentario de Acción Nacional reitera que dadas las circunstancias actuales, la mejor contribución a la paz que podemos aportar la constituye nuestro llamado a la cordura, a la prudencia, a la reflexión serena. Si realmente queremos la paz, actuemos en consecuencia.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Cruz Pérez Cuéllar.
El diputado Cruz Pérez Cuéllar:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Simplemente vengo aquí a ratificar la posición de los dos compañeros de Acción Nacional que me antecedieron en el uso de la palabra. La posición de Acción Nacional de rechazar la violencia, que deja siempre cicatrices bien marcadas, vidas perdidas, economías destrozadas y, sobre todo, un duro residuo en el que a veces se piensa en rencor y de la siempre, siempre la tentación de revancha.
Simplemente quiero añadir, desde esta tribuna, una reflexión a los principales actores de este conflicto y a la nación entera, en favor de la juventud y de la niñez mexicana, que somos la mayoría de los mexicanos en este país. Que se encuentran en la etapa vital de madurez y de formación intelectual y moral y que además de enfrentar la falta de cauces a sus inquietudes, de oportunidades para el desarrollo, tengan que enfrentar y resignarse a vivir en la violencia.
Creo que es mejor comprometernos a lograr juntos, involucrar a los jóvenes en la labor cívica y política en favor de la democracia, de la justicia y de su fruto, que es la paz.
Este es el llamado que quiere hacer Acción Nacional y ojalá que sea tomado en cuenta por todos los actores políticos, porque como dijera un prominente panista: "nosotros somos los cimientos, los muros y las columnas que sostienen la patria. Somos la patria misma y el día en que por una inhibición criminal, por espíritu de incurable poltronería burguesa, por egoísmo, por lo que se quiera, retiremos la espalda a la tarea dura pero gloriosa de sostener el techo sagrado, el edificio todo se vendrá abajo, aplastará a nuestros hijos y nos aplastará a nosotros mismos".
Ojalá que este llamado sea escuchado por el bien de la juventud, de la niñez mexicana, por el bien de todos nosotros, de todos los mexicanos. Muchas gracias.
La Presidenta:
Pidió la palabra, para rectificar hechos, el diputado Tito Rubín. Tiene la palabra por cinco minutos.
El diputado Tito Rubín Cruz:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna con una bandera blanca para que reine entre nosotros la concordia y la paz. Que se refleje en este Congreso, que se refleje la civilidad política, para que aquí se inicie el gran camino a restablecer la paz.
Queremos decir a todos los actores de este gran conflicto en Chiapas, queremos decirle al pueblo de México y a todos los diputados de las diferentes corrientes que convergemos en esta cámara, que los diputados de Chiapas, por la paz, pedimos que se integre la comisión de Congreso, para que venga la paz a la gran familia chiapaneca, que en estos momentos sufre la angustia, el temor y el miedo de que la guerra renazca.
Por eso, vengo a esta tribuna a solidarizarme con los esfuerzos de paz del Presidente de todos los mexicanos: Ernesto Zedillo Ponce de León, que ha tomado como premisa fundamental la paz y la unidad de todos los mexicanos. A eso venimos, a decirle a todas las fuerzas políticas que convergemos en este Congreso, que en términos del artículo 46 de la Ley Orgánica se cree la comisión que tenga capacidad de traer a las cámaras recomendaciones y sugerencias de acción y decisión, en uso de su capacidad, de iniciativa y proponer instituciones jurídicas que nos conduzcan, que nos lleven al camino de la gran reconciliación de todos los chiapanecos. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Rafael Jacobo García, por cinco minutos para hechos.
El diputado Rafael Jacobo García:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados; compañeros todos:
Vengo a esta tribuna para opinar y dar mis puntos de vista en relación al problema de Chiapas. Vengo a hacerlo porque independientemente de no ser chiapaneco, de ser de otro Estado de la República, siento el problema como lo sentimos todos los mexicanos y, además, porque conozco el problema de Chiapas. Tengo 18 años participando en las luchas sociales, económicas y políticas también del Estado de Chiapas. He participado en luchas de cientos de pueblos de Chiapas, en favor de sus intereses, fundamentalmente de los campesinos y de los indígenas.
En 1983, encabecé la primera marcha más larga de la historia de México y la más larga y la primera que se ha dado en este país. Antes no se había dado otra marcha más larga, como la que se dio del 15 de septiembre al 17 de octubre de aquel año. Creo que abrimos el camino para que se entendieran los problemas de los chiapanecos, del abandono en que se encontraban, de las formas de cómo vivían y de cómo eran tratados. Por eso conozco su situación y saludo a todos los compañeros y saludo también a los compañeros del PRI que se preocupan por esta situación. Pero pienso que tenemos que hacerlo con mucho interés, con mucha honestidad, con un gran sentido de responsabilidad, porque el problema de Chiapas es el problema de México.
Por eso pienso que tenemos que poner todos un gran esfuerzo, para que toda esta preocupación que hemos manifestado aquí, realmente tratemos con ello de que la comisión que se ha propuesto se constituya. Nuestro coordinador ya ha explicado cómo podemos participar nosotros. Estamos de acuerdo en esta lucha y creo que hemos hecho los máximos esfuerzos y estamos en la mejor disposición de seguir, de continuar en este proceso de discusión, de debate, de propuestas y de participación para que la paz se dé realmente en aquel Estado.
Creo que nadie estamos porque se siga viviendo en condiciones de miseria, de atraso, de ignorancia y menos de represión. Por eso creo que el llamado que se ha hecho al señor Presidente de la República es para que no vaya a ordenar, es más, para que se desista de cualquier orden que haya, para que se empiece a investigar a los campesinos. Eso sería lo que traería, más violencia, más rebeldía y eso no es posible, compañeros. Creo que todos conocemos cómo viven los campesinos indígenas de Chiapas, como viven los campesinos indígenas de otros estados de nuestra República. Y el papel nuestro como legisladores, es luchar en este momento por la paz y luchar mañana porque también estos compañeros nuestros, hermanos nuestros, mexicanos como nosotros, también vivan una vida decorosa, como es la que aspiramos todos a vivir. Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Manuel Marcué y Pardiñas, por cinco minutos.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Perdón, señores. ¡Chiapas me conmociona hasta llorar porque los hombres también lloran! Y me conmociona más cuando mi compañera era nacida en un pueblo de Chiapas y me acompañó 54 años; por eso he cambiado mi origen: de Tepito, aquel viejo Tepito de hace 79 años, por el de Chiapas.
Señores: yo no vengo con la bandera blanca con la que vienen los señores del PRI, ni con la que pueda venir cualquier miembro de cualquier bancada. Yo vengo con la bandera roja y los invito a que en lugar de que haya paz en sus conciencias, haya decisión de pelear, no de paz, pero pelear por la paz en México, porque recuerdo al poeta que le dijo a Echeverría hace casi 30 años, al contestarle su último informe; agarró el informe que le habían dado para que lo leyera, lo botó y le dijo:
"Señor Presidente: también Chiapas es México." Y al hacerlo hizo grave situación del Estado de Chiapas, de los municipios de Chiapas, de los indígenas de Chiapas, señores. Y no quiero yo, porque seria durísimo para los gobiernos de la República, decir lo que hicieron con Chiapas desde 1821, en el mes de septiembre, que por voto directo se unieron a México con el deseo de que le ayudaran a acabar con la miseria, la pobreza, la enfermedad y el alcoholismo que entonces existía en esa parte de nuestro territorio, a quien amo profundamente!
Señores: ¡Yo le digo desde aquí al señor Presidente de la República, yo le pido con respeto que forme un equipo de consejeros que le ayuden a pensar políticamente, que le ayuden a pensar positivamente! ¡Cómo es posible que el Presidente pida a este Congreso que se formen comisiones, a un Congreso, a unos diputados que por accidentes políticos, que muchos de ustedes conocen, no tienen ninguna autoridad, porque no siempre han defendido los problemas vitales del pueblo de México! ¡Me abstengo esta vez de "tocar" a los señores del PRI, porque a mí también me da vergüenza, sufro por lo que por mucho tiempo hicieron los gobiernos del PRI en relación al sur y a los pueblos pobres de nuestra patria!
La Presidenta:
Terminó su tiempo, diputado; por favor termine. Tiene un minuto para concluir.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Yo le suplico me deje hablar un ratito.
Señores: cuando digo que le pidan al Presidente que integre un buen equipo político, se los digo por lo siguiente:
¡No es posible que el Presidente declare que quiere la paz y lo repita una y otra vez y le ordene al Ejército Nacional que no haga uso de las metralletas, de las bombas y de los aviones y sí le ordene al Procurador de la República que lleve a todas las policías de México! ¡inclusive, estoy seguro de ello, aparte del Ejército, disfrazados de civiles para investigar a los que luchan por su bienestar, a los que luchan decididos a morirse! ¡Porque es preferible morir de una vez, que morir lentamente! ¡En Chiapas hay pobreza, hay enfermedad, no hay escuelas, no hay caminos, señores..!
La Presidenta:
Terminó su tiempo, diputado.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
¡No voy a respetar el tiempo! ¡Permítame!
¡Yo le pido al Presidente de la República que forme ese equipo, porque si no, le va a pasar lo que le pasó al presidente Salinas! Esto que estamos viviendo, señores, es consecuencia de aquello...
Si me siguen pidiendo "tiempo" los del PRI, no me voy de esta tribuna y voy a hablar de ustedes.
¡El PRD, la bancada del PRD esta tarde ha reconocido a la Conai como representante de Marcos! ¡Debemos trabajar, señores, todos; no en paz, sino en guerra, pero en guerra positiva!
La Presidenta:
Tiene la palabra, el diputado Ricardo García Cervantes.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna a leer un punto de acuerdo con una gran esperanza. Este punto de acuerdo significa apenas un principio, pero que con toda seguridad merece un muy buen término.
« ACUERDO PARLAMENTARIOLa Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, pone a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos.
PUNTO DE ACUERDOSe conforma, con fundamento en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una Comisión de Diálogo y Conciliación, con carácter especial y transitorio, que tendrá por objeto allegarse información y actuar como amigable componedor en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto del Estado de Chiapas.
Esta comisión se integrará por un miembro de cada grupo parlamentario, con su respectivo suplente, de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión.
Córrase traslado del punto de acuerdo a la Cámara de Senadores, a efecto de que conozca y resuelva sobre el mismo.
Aprobado que sea el punto por ambas cámaras, los grupos parlamentarios designarán a sus respectivos integrantes de la comisión especial.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de diciembre de 1994. Por el Partido Acción Nacional, su servidor, Ricardo García Cervantes; por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega; por el Partido Revolucionario Institucional, Humberto Roque Villanueva y por el Partido del Trabajo, Joaquín Vela González .»
Está en la Secretaría el punto de acuerdo.
La Presidenta:
El diputado Ricardo García Cervantes, acaba de plantear ante esta Asamblea una propuesta en términos del artículo 59.
Suplico a la Secretaria dé lectura al artículo 59 y después a la propuesta, para someterla al trámite que marca el 59.
La secretaria Martina Montenegro Espinoza:
Con mucho gusto, señora Presidenta.
" Artículo 59. En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura."
Es todo, señora Presidenta.
La Presidenta:
Pido al señor secretario que le dé lectura a la propuesta y ponga a votación de los diputados si lo consideran de urgente y obvia resolución.
El secretario Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
"Se conforma, con fundamento en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una Comisión de Diálogo y Conciliación, con carácter especial y transitorio, que tendrá por objeto allegarse información y actuar como amigable componedor en la búsqueda de una solución pacífica en el conflicto del Estado de Chiapas.
Esta comisión se integrará por un miembro de cada grupo parlamentario con su respectivo suplente de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión. Córrase traslado del presente punto de acuerdo a la Cámara de Senadores, a efecto de que conozca y resuelva sobre el mismo.
Aprobado que sea el punto por ambas cámaras, los grupos parlamentarios designarán a sus respectivos integrantes de la comisión especial."
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a tomar votación económica para ver si es de urgente y obvia resolución.
El secretario Pablo Moreno Cota:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se considera de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo presentado por el diputado Ricardo García Cervantes.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse expresarlo... Aprobado, señora Presidenta
La Presidenta:
Se ha aprobado que es de urgente y obvia resolución. Si alguien quiere discutir o apoyar este punto de acuerdo. El diputado Eugenio Ortiz Walls, bueno, ¿me permite un momento diputado?, es que ya le había dado turno antes que a usted, para lo mismo, al diputado Joaquín Vela y en seguida a usted.
El diputado Joaquín Humberto Vela González
Compañeros, yo creo que esto puede ser un buen inicio de que quedemos nosotros aquí en la Cámara de Diputados de que efectivamente estamos todos en la convicción de que podemos encontrar una salida de paz para Chiapas. Creo que el encono con el que se presentaron algunas de las intervenciones anteriores, puede y debe ser erradicado de esta Cámara de Diputados y creo y saludo el acuerdo porque efectivamente nos permite empezar a construir una salida al conflicto de Chiapas.
En el Partido del Trabajo estamos convencidos de que tenemos que hacer todos los esfuerzos, la constitución de esta comisión debe ser el inicio de que efectivamente podamos todos con un voto de unanimidad, como el que acabamos de lograr, para poder efectivamente encontrar los espacios para darle una salida al conflicto. Por ello, nosotros que somos parte de la firma del documento, queremos manifestar que todos los diputados que acabamos de votar, debemos de dotar de esa autoridad moral a esta comisión para que conjuntamente, de manera corresponsable y con las diversas instancias que puedan darle salida al conflicto, pueda lograrlo y efectivamente demos inicio a una paz duradera en el Estado de Chiapas, que observe no solamente el problema de la paz política, sino que atienda a las causas estructurales que generaron el conflicto. Muchas gracias.
La Presidenta:
¿Nadie está en contra? Entonces sometemos a votación este punto de acuerdo. Pido a la Secretaría proceda a hacer la votación.
El secretario Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señora Presidenta.
La Presidenta:
Lo turnaremos a la Cámara de Senadores, para que siga el trámite que ha pedido el diputado García Cervantes en el punto de acuerdo.
El diputado Ortiz Walls, tiene la palabra para rectificar hechos.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:
Con el permiso de la diputada Presidenta; diputadas; diputados....
La Presidenta:
Un segundo, diputado. Por favor diputados, les pido que tomen sus lugares para oír al diputado Ortiz Walls. Continúe por favor, diputado.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:
Muchas gracias, señora Presidenta.
Hace un momento escuché a una mujer extraordinaria, a una mujer mexicana que es el ejemplo de la mujer mexicana de regia convicción y de pelea permanente, Rosario Ybarra.
Y yo sé de su dolor, yo sé del dolor que representa porque es el dolor que nuestras madres y nuestras esposas, que nuestras abuelas quizá sintieron alguna vez en este país que es el nuestro. Pero también quiero recordarle a doña Rosario, con el respeto de siempre, que estos diputados de todos los partidos que estamos aquí reunidos, no necesitamos recobrar nuestra dignidad, puesto que nunca la hemos perdido.
Y no traigo bandera blanca, diputado del PRI, ni bandera roja, mi querido diputado Marcué y Pardiñas. Mi bandera preside este recinto y es la bandera de ustedes y la única bandera mía, ¡la bandera de México!
Y se recordó aquí también a Jaime Sabines, ese poeta que es testimonio y voz de la adolorida Chiapas de ayer, de hoy y espero que no de mañana, de Chiapas hermana de mi tierra oriunda que es Oaxaca, quizá con los mismos problemas y las mismas carencias y los mismos dolores, pero esa voz de Sabines en esta difícil coyuntura que enfrenta nuestro país, hace que broten otras voces, urge la existencia de un auténtico diálogo entre mexicanos, de un auténtico diálogo entre hermanos.
Que hay diferencias, por eso estamos aquí, para dirimir las diferencias, pero para superarlas por México y en bien de México.
El punto de acuerdo por el que se propone la integración de una comisión especial del Congreso, es parte de un proceso extraordinario que está viviendo México en estos momentos, en que independientemente de las diferencias ideológicas, los mexicanos hemos puesto a tiempo nuestro reloj y por lo tanto, tenemos que cumplir nuestros compromisos aquí y ahora.
Yo recibo realmente esto con beneplácito. Los que no tenemos la juventud de muchos de ustedes, pero que no perdemos tampoco la vertical y seguimos queriendo a México tan entrañablemente como todos, pensamos que es el momento para que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno sea la paz. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Martín Longoria.
El diputado Martín Gerardo Longoria Hernández:
Compañeras diputadas; compañeros diputados:
Podemos leer de distinta manera la realidad de nuestro país y en esta soberanía lógicamente llegamos a distintas conclusiones, pero el día de hoy, esta noche, con la presencia de ciudadanos, no sólo de nosotros, los responsables de la representación de la soberanía, con la participación de cada uno de quienes nos han antecedido en el uso de la palabra, ha quedado evidente el reconocimiento de que en esta semana la sociedad entera está con zozobra, observando como cada vez es más cercana la amenaza de la reanudación de hostilidades en Chiapas y probablemente en otros estados del país.
Pero es necesario, como se ha hecho hoy después de este acuerdo, que se den pasos más allá de los temores, es necesario que junto a los temores se hagan esfuerzos de todos y cada uno de los protagonistas sociales, políticos y militares de nuestra patria, para que surjan certezas en el camino de la paz.
Hoy hemos tomado un acuerdo, un acuerdo que está sujeto a la voluntad política del Ejecutivo, al esfuerzo que haga la comisión y a la respuesta que tengan distintos sectores y protagonistas de nuestro país.
El PRD ha aceptado participar en esta comisión, fundamentalmente porque el perfil de dicha comisión ha cambiado, porque en un acto de soberanía, el Congreso ha asumido la necesidad de ser parte de los esfuerzos por la paz, pero no la única parte y en esa comisión, la fracción del PRD seguirá manteniendo la necesidad de que se reconozca a la intermediación real, la intermediación verdadera que viene jugando la Comisión Nacional de Intermediación de don Samuel Ruiz y que seguramente podrá jugar en el futuro, demandando la atención de cada uno de nosotros, la respuesta serena, sincera.
En pleno uso de nuestras facultades y de nuestros derechos, y con objeto de testimoniar nuestro compromiso con la demanda nacional de paz, con justicia y con democracia, con el objetivo de solidarizarnos con distintos grupos de la Iglesia y de la sociedad civil, que han iniciado un ayuno demandando condiciones para un diálogo verdadero, con el fin de convocar a toda la sociedad para que la causa de la paz construida a partir de actos de democracia y de justicia sea asumida por todos, un grupo de legisladores hemos decidido iniciar el día de mañana a las 11.00 de la mañana, un ayuno de 24 horas, en el cual participan el compañero diputado Jesús Ortega, el compañero Saúl Escobar, Armando Quintero, Rosario Robles, Leticia Burgos, Carlos Navarrete, Edgar Sánchez, Carlota Botey, María Rosa Márquez, Francisco Patiño, Rafael Jacobo, Mara Robles, Graciela Rojas, Jesús Zambrano, Víctor Quintana, Juan Guerra, Guillermo González Guardado, Rosa María Cabrera, Adriana Luna Parra, Marcos Rascón, Cuauhtémoc Sandoval, Tonatiuh Mercado, Graco Ramírez y el que está usando la palabra.
Los llamamos a todos ustedes a su comprensión. No se trata de hacer actos que no tengan sentido. Les pedimos su comprensión, compañeros diputados de las distintas fracciones. A quien comparta nuestra actitud y nuestras palabras, lo invitamos con fraternidad. Que nadie se quede sin hacer algo por la paz. Muchas gracias.
La Presidenta:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Gonzalo Alarcón Bárcena:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
21 de diciembre de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995.
Dictamen a discusión
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y los demás asuntos con los la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta (a las 20.57 horas):
Se clausura la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 21 de diciembre a las 10.30 horas.