SUMARIO
Solicitud del diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, para separarse de su cargo. Se aprueba.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Cruz Román Fernández, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita eI permiso constitucional necesario para que el ciudadano Felipe Raúl Valdés y Aguilar, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el ciudadano Juiio Bonifaz Rodríguez, ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de ese país en Méxlco Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constituciornales de la Cámara de Diputados y a la de Senadores, para su conocimiento.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto, con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luciano Eduardo Joublanc Montaño, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de esa República. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto, con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ezequiel Padilla Couttolenc, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese Reino. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio, presenta iniciativa de reformas a dicho ordenamiento. Se turna a la Comisión de Justicia.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de dichos ordenamientos. Es de primera lectura, con dispensa de segunda.
La diputada Mónica Gabriela Leñero Alvarez, fundamenta el dictamen a nombre de la comisión.
A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados:
Luis Sánchez Aguilar, en contra.
Para expresar sus opiniones en pro:
Joaquín Humberto Vela González
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rafael Ayala López
José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza
Oscar Guillermo Levín Coppel
Taide Aburto Torres, para rectificar hechos.
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Alfonso Molina Ruibal
José de Jesús Preciado Bermejo
Dulce María Sauri Riancho
Suficientemente discutido. Aprobado. Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Punto de acuerdo, firmado por los grupos parlamentarios de la LVI Legislatura, a fin de que la Comision de Hacienda y Crédito Público, estudie propuestas.
Fundamentan su postura, los diputados:
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Gustavo Gabriel Llamas Monjardín
Alfonso Reyes Medrano
Joaquín Humberto Vela González
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Javier Villanueva Guerrero, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Corrales Dórame, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el perrniso constítucional necesario para que la ciudadana Marcela Téllez Recinas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de esa República en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Pauline Joan Nielsen Jaubert, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese Reino en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Esperanza Gómez Salas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Es de primera lectura.
Denuncia hechos en contra del ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.
Efrén Nicolás Leyva Acevedo, propone punto de acuerdo. Aprobado.
Para referirse al desfile conmemorativo de esa fecha, hace uso de la palabra el diputado Raúl Armando Quintero Martínez.
El diputado Alejandro Moreno Berry, se refiere a las elecciones en el municipio de Cabo Corrientes, de esa entidad. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Denuncia hechos ocurridos con diversos presos, el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Da lectura a recorte periodístico el diputado Manuel Marcué y Pardiñas.
Respecto al amparo interpuesto en relación a dicho precepto, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Eduardo Arias Aparicio, solicita que se excite a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Publica, para que se dictamine iniciativa respecto a dicho ordenamiento. El Presidente hace la excitativa.
Presenta punto de acuerdo el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Para referirse a la reforma constitucional en materia electoral de ese estado, hacen uso de la palabra los diputados:
Alejandro Higuera Osuna
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Verificación de quorum.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados:
Rafael Núñez Pellegrín
Jorge Abel López Sánchez
Alejandro Higuera Osuna
Jesús Ramón Rojo Gutiérrez
José Carmen Soto Correa
Gonzalo Alarcón Bárcena
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado
Froylán Velázquez Hernández
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia.
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
Señor Presidente, hay una asistencia de 329 diputados; por lo tanto hay quorum.
El Presidente (a las 11:49 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.
28 de marzo de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de diputados.
Comunicación del Congreso del Estado de Campeche.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Carlos Cruz Román Fernández, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el Gobierno de los Estados Uni dos de América.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Felipe Raúl Valdés y Aguilar, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia. Por el que se comunica que el ciudadano Julio Bonifaz Rodríguez, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Proyecto de decreto que concede permiso al embajador Luciano Eduardo Joublanc Montaño, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República de Hungría, en grado de Media Cruz con Estrella, que le confiere el Gobierno de Hungría.
Proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Ezequiel Padilla Couttolenc, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que establece las obligaciones que podrán denominarse unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Especial de la Junta Interamericana de Defensa, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Javier Villanueva Guerrero, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Corrales Dórame, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Marcela Téllez Recinas, para prestar servicios como secretaria administrativa, en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Pauline Joan Nielsen Jaubert, para prestar servicios como asesora comercial, en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Esperanza Gómez Salas, para prestar servicios como auxiliar contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Denuncia en contra del ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón, del Estado de Guerrero, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Armando Gamboa Enríquez:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia de la diputada
María del Carmen Segura Rangel
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta minutos del jueves veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de doscientos setenta y siete diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que con los comentarios de diversos diputados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, se aprueba en votación económica.
La Presidenta informa que a las puertas del salón se encuentra una comisión de la Primera Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y designa una comisión que la introduzca. Acto seguido, se concede el uso de la palabra al representante Francisco José Paoli Bolio, quien informa de actividades propias de su legislatura y la Presidenta agradece la presencia de la comisión.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Jalisco y Tamaulipas, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Se da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, al que se adjunta una iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que establece las obligaciones denominadas unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Miguel Bautista López, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta sendas iniciativas con proyectos de decreto que reforman, adicionan y derogan, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona el artículo séptimo y un artículo ochenta bis, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el siguiente tenor:
Comunicando que la ciudadana Wanda Sigrid Arzt Colunga, dejó de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Tres oficios de la misma secretaría, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América;
Javier Villanueva Guerrero y Francisco Corrales Dórame, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel de la Madrid Hurtado, pueda actuar como miembro del Consejo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional, patrocinado por el gobierno canadiense.
La Asamblea dispensa todos los trámites y se concede el uso de la palabra a los diputados Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Jesús Rodríguez y Rodríguez en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y se aprueba por doscientos once votos contra ciento treinta y nueve. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Tres minutas de la colegisladora, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Marcela Téllez Recinas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República de Sudáfrica en México;
Pauline Joan Nielsen Jaubert, pueda prestar sus servicios en la Embajada del Reino de Dinamarca en México y
Esperanza Gómez Salas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para referirse al quincuagésimo séptimo aniversario de la expropiación petrolera y a la vida del general Lázaro Cárdenas del Río, se concede el uso de la palabra a los diputados: Manuel Marcué y Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática; Agustín Martínez Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional; César Humberto González Magallón, del Partido del Trabajo; José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional; Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y en el mismo sentido, los diputados: Rafael Jacobo García, del Partido de la Revolución Democrática y Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional.
Para presentar el informe de la comisión de seguimiento del crimen cometido en contra del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, hace uso de la palabra el diputado Alfonso Molina Ruibal, del Partido Revolucionario Institucional. Se guarda un minuto de silencio.
Presidencia del diputado
Saúl González Herrera
Expresan sus ideas sobre el mismo tema, los diputados: Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo; José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; María del Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional; Daniel Ernesto Trélles Iruretagoyena, del Partido Revolucionario Institucional y, para rectificar hechos, el diputado Luis Sánchez Aguilar, motu proprio.
La Secretaría da lectura a un punto de acuerdo firmado por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, sobre el mismo asunto. Cúmplase el acuerdo.
Se concede el uso de la palabra a la diputada. Martina Montenegro Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa de reformas a la ley que establece las reducciones impositivas acordadas en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Presidencia de la diputada
María del Carmen Segura Rangel
Solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo sobre desplazados en relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Para referirse a la obra del presidente Benito Juárez García, pasa a la tribuna el diputado Fortino Figueroa Montes, del Partido Revolucionario Institucional.
Para comentar las propuestas respecto a diversas declaraciones de diputados en relación con sus dietas, hacen uso de la palabra los legisladores: Graciela Rojas Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Jaime del Río Navarro, del Partido Revolucionario Institucional; Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del mismo partido; Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Hernández Labastida, del Partido Acción Nacional y Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo que se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Por instrucciones de la Presidencia se da lectura a un documento de la organización autodenominada Alianza Cívica. De enterado.
Agotados los asuntos del orden del día, la Secretaría da lectura al de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente:
Dígame, señor diputado.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):
Nada más es una cosa rápida acerca del acta: al final se dice que se leyó un documento de Alianza Cívica; que se mencione que es un documento relativo a un plebiscito que realizó esta organización en nuestro país el 21 de marzo. Muchas gracias.
El Presidente:
Se toma nota para aclaración, señor diputado.
El secretario Régulo Pastor Fernández Rivera:
La Secretaría toma nota, señor Presidente.
LICENCIA DE DIPUTADO
El secretario Régulo Pastor Fernández Rivera:
Se dará lectura a una solicitud.
«Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Por medio del presente, pido a usted turne al pleno de la Cámara de Diputados esta solicitud de licencia en mi cargo de diputado federal, del 1o. de abril al 3 de julio de 1995, en virtud de que he sido nominado por el Partido del Trabajo, para contender como candidato a presidente municipal en las elecciones del Estado de Durango.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
México, D.F., a 23 de marzo de 1995.- diputado Carlos Marcos Cruz Martínez.»
El Presidente:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El secretario Régulo Pastor Fernández Rivera:
Está a discusión el siguiente punto de acuerdo: único. Se concede licencia al diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la II circunscripción plurinominal, del 1o. de abril al 3 de julio de 1995.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
ESTADO DE CAMPECHE
El secretario Abel Eloy Velasco Velasco:
Se va a dar lectura a una comunicación.
«Escudo del Estado.- Poder Legislativo.- Campeche.- LV Legislatura.
Diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes la apertura y clausura del segundo periodo extraordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional; así como la elección de la mesa directiva, quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente, diputado Manuel Vera Castillo; vicepresidente, diputada Elena de la Luz Alvarado Castañeda; secretarios: diputados Alvaro Arceo Piña y José Domingo Uc Chí.
Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, 10 de marzo de 1995.- Diputados: Alvaro Arceo Piña, y José domingo Uc Chí, secretarios.»
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Gerardo Macario Rodríguez Rivera:
Se va a dar lectura a un oficio.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 16 del actual, manifestando lo siguiente:
"El teniente coronel de infantería DEM Carlos Cruz Román Fernández, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigido al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 23 de marzo de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA DE COLOMBIA
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
Se dará lectura a un oficio.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 16 del presente:
"El ciudadano Felipe Raúl Váldes y Aguilar, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37, de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento y curriculum vitae."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 23 de marzo de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 16 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Me permito hacer de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para informar que cancela su solicitud de permiso para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar la carta del interesado."
Julio Bonifaz Rodríguez, operador de computadoras, Embajada de los Estados Unidos de América, en la ciudad de México.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 23 de marzo de 1995.- El director general de Gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
REPUBLICA DE HUNGRIA
El secretario Régulo Pastor Fernández Rivera:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano embajador Luciano Eduardo Joublanc Montaño, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República de Hungría, en grado de Media Cruz con Estrella, que le confiere el Gobierno de Hungría.
Reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración. México, D.F., a 23 de marzo de 1995.- Secretarios senadores Jesús Orozco Alfaro y José Ramón Medina Padilla.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Luciano Eduardo Joublanc Montaño, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito de la República de Hungría, en grado de Media Cruz con Estrella, que le confiere el Gobierno de Hungría.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 23 de marzo de 1995.- Senadores, Juan de Dios Castro Lozano, presidente; Jesús Orozco Alfaro y José Ramón Medina Padilla, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 23 de marzo de 1995.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REINO DE LOS PAISES BAJOS
El secretario Armando Gamboa Enríquez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano embajador Ezequiel Padilla Couttolenc, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.
Reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración. México, D.F., a 23 de marzo de 1995.- Senadores secretarios, Jesús Orozco Alfaro y José Ramón Median Padilla.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Ezequiel Padilla Couttolenc, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México D.F., a 23 de marzo de 1995.- Senadores, Juan de Dios Castro Lozano, presidente; Jesús Orozco Alfaro y José Ramón Medina Padilla, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 23 de marzo de 1995.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
Para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Notariado, se concede el uso de la palabra al señor diputado licenciado Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio:
«Señor Presidente de la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos, diputados federales, en ejercicio del derecho que nos concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a presentar a la consideración de esa honorable Asamblea, la presente iniciativa de reformas al artículo 13, fracción I de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, fundándonos para ello en la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Primero. El artículo 13, fracción I, de la Ley del Notariado para el Distrito Federal establece:
"Para obtener la patente de aspirante al notariado, el interesado deberá satisfacer los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, tener 25 años cumplidos y no más de 60 y tener buena conducta";
Segundo.La disposición anterior contiene un mínimo y un máximo de edad para aspirar al ejercicio del notariado y que son: el de 25 años como mínimo y el de 60 años como máximo.
Tercero. Consideramos que si bien es justificable el mínimo de 25 años de edad para aspirar al notariado; sin embargo el límite o máximo de 60 años que contempla la fracción del precepto a que esta iniciativa se refiere, es injusta y por tanto indebida.
En efecto: sin que sea preciso desarrollar un estudio doctrinal de la institución del notariado, ya que por sí sola la exigencia que contempla la fracción de que se trata revela lo injusto e indebido de la misma en lo que al máximo de edad la propia norma contiene; sin embargo es pertinente una breve referencia a la función que desempeña en la sociedad el notario público desde que en 1395, el rey don Juan I de España calificó la función notarial como "el arte más noble e insigne de cuantos en el mundo se ejercen, como útil en sumo grado y necesario al estado del hombre".
El notario es, por definición, un funcionario de características especiales y con un sello distintivo que tiene a su cargo el desempeño de una misión importante lo que lo lleva a reunir en su calidad de fedatario la triple calidad de profesionista, funcionario y persona humana.
Como profesionista, el notario ya no es sólo un ome sabidore de escreui, ni un simple redactor de actas. La ley pone en sus manos la formulación del derecho convencional. La redacción de los contratos en los que interviene, entraña la creación de normas individualizadas que nacen de la disposición general relativa a las personas, a la familia o a la propiedad. Es pues, el profesional que da forma y encauza las nuevas orientaciones del derecho. Por ello, el notario debe ser no sólo un abogado, sino también un especialista en la ciencia jurídica. El notario se enfrenta diariamente con problemas que envuelven el derecho internacional, el constitucional, civil, mercantil, fiscal etcétera; y es muy distinto en ocasiones el punto de vista que adopta un notario del que adopta un simple abogado. El notario pues, como profesionista, necesita tener una preparación científica indispensable para el cumplimiento de su función y conocimientos adecuados.
Como funcionario debe tener presente ante todo, que es el depositario de la fe pública, siendo ésta la cualidad existencial del notario que constituye el vehículo para la presunción legal de veracidad que la ley concede al desempeño de las funciones del notario. Debe por tanto tener plena conciencia de la responsabilidad que su uso trae como consecuencia, puesto que el notario ejerce sus facultades de fedatario por delegación que le hace el Estado, debiendo ser el primero en ajustarse a los caminos señalados por la ley en todos los actos y contratos en que intervenga, sin olvidar nunca que su función es salvaguarda de la ley y a ella encomienda su seguridad la sociedad.
Y como persona humana es necesario que recuerde que para que los hombres acepten como verdad la afirmación de este tipo de testigo tan especial que resulta el notario, es necesario que éste infunda confianza; es decir, de conducta honesta y veraz en sus afirmaciones para que de ellas se desprenda la legalidad, conveniencia y moralidad del negocio encomendado.
Bastarían las anteriores consideraciones para llegar a la conclusión de que para aspirar al notariado es indebido un límite máximo de edad, puesto que resulta obvio que la experiencia que con el paso de los años adquiere el profesionista del derecho, tal límite no debería de existir y con ello concluir la presente exposición de motivos.
Sin embargo, para ilustración de esa honorable Asamblea es conveniente reproducir los párrafos principales del mensaje que el pontífice Pío XII dirigió en 1958 a los notarios del mundo entero con motivo del V Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en Roma y en el que el gran estadista, filósofo y jurista que fue su santidad Pío XII, cuyo mensaje, fueron sus últimas palabras, ya que falleció poco después y en cuyos párrafos el pontífice dijo:
"Los notarios deben tener una competencia técnica reconocida y una integridad moral e indiscutible. Estas cualidades deberá poseerlas el notario, sobre todo en el momento en que se constituye en el intermediario oficial entre el particular que recurre a sus servicios y el orden jurídico del que es intérprete. Sería inexacto concebir la función notarial como una simple tarea de redacción de documentos que presentan bajo una forma auténtica la expresión de las declaraciones de los interesados..."
Cuarto. Independientemente de lo expuesto en la consideración anterior creemos que el límite máximo de 60 años para aspirar a ser notario, es también indebido habida cuenta de que, en virtud de la Reforma Judicial por la cual se modificaron diversos preceptos constitucionales a iniciativa del Ejecutivo Federal, y entre otros se modificó la fracción II del artículo 95 constitucional, suprimiéndose el tope o límite de 65 años para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta que por analogía de razón, al considerar, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo federales indebido un máximo de edad para el desempeño de la más alta función jurisdiccional, es obvio que la misma razón debe prevalecer en tratándose de la función notarial, la que, de suyo, no sólo permite, sino hasta exige que quienes se dediquen al ejercicio del notariado tengan entre otras cualidades la de la experiencia que da la edad, resultando por ello, procedente suprimir el límite de edad de 60 años previsto por la fracción I del artículo 13 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, por la cual debe reformarse dicho precepto para que quede como sigue:
Para obtener la patente de aspirante al notariado, el interesado deberá satisfacer los siguientes requisitos:
I. "Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, tener 25 años cumplidos y tener buena conducta".
Sala de sesiones del honorable Congreso de la Unión a 20 de marzo de 1995.- Rúbricas.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
UNIDADES DE INVERSION, REFORMA Y ADICION AL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El secretario Abel Eloy Velasco Velasco:
«Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: con fundamento en los artículos 71 fracción I y 72 inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal sometió al honorable Congreso de la Unión una iniciativa de decreto que establece las obligaciones que podrán denominarse unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Turnada para su estudio a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ésta, con base a lo dispuesto en los artículos 43, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento Interior para el propio Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, realizó reuniones de trabajo con objeto de conocer ampliamente su contenido, contando con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria. Después de realizar una reunión de conferencia con la Comisión de Hacienda del Senado de la República, presenta a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
DICTAMEN
El Programa para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, considera una serie de acciones, que en forma integral están adoptándose para superar la crisis económica actual.
Algunas de estas acciones reconocen la necesidad de elevar el ahorro nacional y de reducir las tasas de interés que se han elevado en forma considerable con el proceso inflacionario y que están gravitando sensiblemente en la operación de las empresas, en especial, las pequeñas y medianas y en las condiciones de crédito a los particulares.
Es dentro de esta estrategia que el Ejecutivo Federal está proponiendo la creación de una unidad de cuenta, denominada unidad de inversión, que contribuya a neutralizar el impacto de la inflación en las operaciones financieras o comerciales.
La característica principal de las unidades de inversión, es que se trata de una unidad de cuenta cuyo valor es constante. Al establecerse, su valor inicial sería de un nuevo peso y se iría ajustando conforme a la evolución del indice nacional de precios al consumidor. La iniciativa precisa que las obligaciones denominadas en unidades de inversión se considerarán de monto determinado.
El valor de las Udis sería calculado por el Banco de México y dado a conocer para cada día a través de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y conforme al procedimiento establecido por el Banco Central. El propósito es el de abrir la posibilidad de que puedan comprometerse obligaciones de pago en Unidades de Inversión, que serían liberadas, al hacerse exigibles, entregando su equivalente en moneda nacional.
La iniciativa presenta también reformas y adiciones a los textos del Código Fiscal de la Federación y del impuesto sobre la renta, para definir el tratamiento fiscal a que se sujetarán los intereses que se deriven de las operaciones que se denominen en unidades de inversión. Si bien, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece actualmente que los rendimientos de cualquier clase, incluidos aquellos que se den por ajustes referidos a la inflación, son intereses acumulables o deducibles para efectos del pago del impuesto, es pertinente dejar claramente establecido en la legislación fiscal, en qué casos se considerará interés los ajustes que se hagan al principal por el hecho de que las operaciones estén denominas en unidades de inversión.
También es conveniente hacer neutral el esquema fiscal en relación con las operaciones denominadas en moneda nacional. Ello permitirá cumplir con el propósito de crear el marco adecuado para que se recurra a esta nueva unidad de cuenta.
CONSIDERACIONES
Primera. La inestabilidad económica por la que estamos atravesando y algunas de las medidas que se están adoptando para superarla, han traído consigo un importante repunte de la inflación, que dentro de la propia estrategia de reajuste económico, se considera que será temporal.
Segunda. Uno de los principales problemas que se deriva de situaciones de elevada inflación, es la incertidumbre que se genera respecto a los rendimientos de las inversiones financieras. Para contrarrestar esta incertidumbre, el comportamiento de las tasas de interés tiene que ser de tal manera que compense el valor de la pérdida de los activos monetarios que la inflación trae consigo y que genere también un rendimiento adicional; es decir, que se produzcan rendimientos reales positivos.
Tercera. Para responder al problema del distinto comportamiento de las tasas nominales y las tasas reales, la iniciativa que se dictamina permitirá que mediante la utilización de las unidades de inversión, que ofrecen intereses a tasas reales, se ofrezca un seguro de riesgo para los ahorradores dándole certidumbre a los rendimientos de sus inversiones.
Cuarta. Por tratarse de un mecanismo que pretende proteger el valor de las obligaciones a plazo que se afectan por la inflación, no se podrían denominar en unidades de inversión los cheques, que son instrumentos de pago y no de crédito.
Quinta. Esta dictaminadora considera que la propuesta recogida en esta iniciativa implica importantes ventajas al disponer de una unidad de cuenta que contribuye a neutralizar el impacto de la inflación como base de cálculo para el cumplimiento de las obligaciones.
Sexta. Desde el punto de vista de los inversionistas, les asegura la obtención de tasas de intereses reales, con lo que protegen sus patrimonios, eliminando las incertidumbres de lo que deberían de obtener en términos nominales para que sus rendimientos fueran positivos. Este elemento atenúa la presión de pagar una prima adicional para cubrir este riesgo.
Séptima. Para los acreditados, se derivan dos ventajas importantes:
i) Por una parte, podría disminuir el costo del interés al tenerse que pagar un rendimiento menor a los ahorradores por haberse eliminado la incertidumbre en el cálculo de su rendimiento, y
ii) Se elimina el pago anticipado de los créditos, que deriva del cumplimiento de las obligaciones en términos nominales cuando hay una alta inflación.
Octava. Aun cuando nada impide que en el cumplimiento de las obligaciones se utilicen referencias a índices, la autorización legal para establecer unidades de inversión y la adecuación del marco normativo para que se aprovechen en instrumentos de crédito, favorecerán en forma importante su uso generalizado. La iniciativa señala al respecto que la Ley Monetaria establece la disposición de que las obligaciones de pago de sumas en moneda nacional deban denominarse en pesos. Por eso se hace necesario este decreto.
Novena. La utilización de las unidades de inversión permitiría que las empresas y fundamentalmente las pequeñas y medianas, puedan aliviar su carga financiera liberándolas, en consecuencia, de recursos que podrán destinar a la inversión productiva. De la misma forma se advierte su utilidad en el caso del sector agropecuario y en el de la vivienda, entre otros sectores prioritarios.
Décima. Esta dictaminadora reconoce también que al mejorarse la capacidad de pago de los acreditados por disponer de un más adecuado perfil de endeudamiento, se fortalece la situación de las instituciones financieras, permitiendo que reduzcan su margen de intermediación, lo que deberá disminuir el costo de los servicios a sus usuarios.
Decimoprimera. En atención a que el uso de las unidades de inversión deriva del convencimiento de las partes respecto a sus bondades en las operaciones mercantiles y a que las instituciones de crédito requieren tener captación en Udis para poder otorgar créditos en esta unidad de cuenta, la utilización de este mecanismo es de carácter voluntario.
Decimosegunda. No obstante lo anterior, esta dictaminadora considera de la mayor importancia que a la brevedad posible, incluso a través de programas específicos, se impulse su aprovechamiento, para facilitar reestructuras de la pequeña y mediana empresa; para cumplir compromisos derivados de créditos destinados a la adquisición de vivienda, así como los del sector agropecuario. Este mecanismo pudiera ser de utilidad para resolver la problemática financiera de algunas instituciones de vivienda de interés social, incluyendo Fovissste.
Decimotercera. Asimismo, esta dictaminadora recomienda que a la brevedad posible se pueda aprovechar este mecanismo para que los estados y municipios puedan reestructurar sus créditos con la banca comercial.
Decimocuarta. El Código Fiscal de la Federación, contiene lineamientos precisos para la expedición de los índices de precios; éstos fueron introducidos con el propósito de dar certeza a los contribuyentes en la aplicación de este factor para fines fiscales. Dado el carácter de las variaciones de valor de las unidades de inversión, que deberá hacerse conforme a las variaciones del índice nacional de precios al consumidor, se precisa que los cálculos deberán ajustarse al procedimiento contenido en el artículo 20-bis del citado Código Fiscal, a lo cual esta soberanía estará atenta.
Decimoquinta. En el Código Fiscal de la Federación se introduce un artículo 16-B, para precisar que se considera interés el ajuste que se hace a través de las unidades de inversión a los créditos, deudas, operaciones, así como los pagos que se hagan en contratos de arrendamiento financiero.
Decimosexta. Las reformas del artículo 5o. del decreto que se hacen al impuesto sobre la renta, tienden a dar seguridad en el tratamiento fiscal de los créditos, deudas u operaciones que se denominen en unidades de inversión.
Así, en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, se precisa que en los pagos de intereses que se efectúen por cierto tipo de contribuyentes a personas físicas, se establezca una retención definitiva sobre el rendimiento real, sin considerar el ajuste del principal por haberse denominado en unidades de inversión.
En este sentido, las modificaciones a los artículos 16-B del Código Fiscal de la Federación y 7-A, 125, 134-A y 154 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, precisan el trato de intereses al ajuste que se haga a créditos, deudas, u operaciones o el importe de los pagos en el arrendamiento financiero que se denominen en unidades de inversión y en el artículo 134-A, se precisa la obligación de efectuar pagos provisionales a los que perciban intereses, estableciendo su mecánica de pago.
Sin embargo, como resultado de los trabajos de la comisión, proponemos a esta soberanía que se modifique la propuesta del Ejecutivo, para que las personas que perciban ingresos esporádicos puedan optar por hacer sus pagos provisionales con la aplicación de una tasa de 35% sobre los intereses y la ganancia cambiaria, en vez de la tarifa del artículo 80, lo que se precisa en el texto del artículo 134-A que se adiciona. En el mismo sentido de simplificación y precisión, se sugiere modificar el actual artículo 135 para precisar el monto y la fecha del pago provisional para los ingresos esporádicos distintos a los que se indican en el artículo 134. Por ello, se sugiere modificar los párrafos primero, segundo y tercero del citado artículo 135. Asimismo, esta comisión considera pertinente mejorar la redacción del artículo 154, para reformar el párrafo tercero actual, en vez de introducir uno nuevo y mover los párrafos actuales, para no alterar la interpretación del artículo 154.
Pero como también es conveniente dar un tratamiento adecuado en términos del equilibrio que guarda la Ley del Impuesto Sobre la Renta, respecto al componente inflacionario de las operaciones objeto de este impuesto y para simplificar el trato a las operaciones que se expresen en unidades de inversión, para que el pago del impuesto que resulte de su manejo se haga con base en los intereses reales, la comisión dictaminadora considera necesario modificar en ese sentido todos los artículos de la iniciativa en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y además reformar los artículos 12 y 111 en sus antepenúltimos párrafos y el artículo 134 último párrafo de la fracción I.
En relación a las citadas modificaciones, esta dictaminadora considera necesario dar facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que mediante reglas de carácter general, pueda establecer disposiciones que regulen la aplicación por parte de los contribuyentes de estas operaciones. Por todo lo anterior, se propone a esta honorable Asamblea que los textos de los citados artículos queden como sigue:
" Artículo 7-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, se considerará el ajuste como parte del interés devengado.
Tratándose de créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero que se encuentren denominados en unidades de inversión, no se considerará interés el ajuste que se realice al principal por el hecho de estar denominados en las citadas unidades y no se les calculará el componente inflacionario previsto en esta ley, siempre que se cumpla con las condiciones que, en su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general.
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Artículo 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los ingresos nominales a que se refiere este artículo, serán los ingresos acumulables, excepto la ganancia inflacionaria y considerando los ingresos por intereses y la ganancia cambiaria, sin restarles el componente inflacionario. Tratándose de créditos u operaciones denominados en unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales, para efectos de este artículo, los intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los créditos u operaciones denominados en dichas unidades.
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Artículo 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables, excepto la ganancia inflacionaria y considerando los ingresos por intereses y la ganancia cambiaria, sin restarles el componente inflacionario. Tratándose de créditos u operaciones denominados en unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales, para efectos de este artículo, los intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal, por estar los créditos u operaciones denominados en dichas unidades.
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" Artículo 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se dará el tratamiento que este capítulo establece para los intereses, a la ganancia cambiaria que resulte por la fluctuación de moneda extranjera, incluyendo la correspondiente al principal, en el ejercicio en que se pague, tratándose de operaciones efectuadas en moneda extranjera, pagaderas en moneda nacional, que en los términos de este artículo originen el pago de intereses.
Cuando los créditos, deudas u operaciones se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquiera otra forma, dicho ajuste se considerará como parte del interés para los efectos de este artículo. Tratándose de créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en unidades de inversión, no se considerará interés, para efectos de este capítulo, el ajuste que se realice al principal por el hecho de estar denominados en las citadas unidades, siempre que se cumpla con las condiciones que, en su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general.
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Artículo 126. Quienes paguen los ingresos señalados en el artículo anterior están obligados a retener el impuesto conforme a lo siguiente:
I. A la tasa del 20% sobre los 10 primeros puntos porcentuales de los intereses pagados. Se libera de la obligación de retener a que se refiere esta fracción a quienes hagan el pago de intereses señalados en la fracción III del artículo 125 de esta ley.
Tratándose de los títulos de crédito a que se refiere el artículo 125, fracción III de esta ley, que se enajenen con intervención de casas de bolsa, el impuesto se retendrá por dichas casas de bolsa y será del 20% sobre los primeros 10 puntos porcentuales.
II. A la tasa del 15% sobre los intereses que se paguen, cuando los créditos, deudas u operaciones de los cuales deriven estén denominados en unidades de inversión. Se libera de la obligación de retener a que se refiere esta fracción a quienes hagan el pago de intereses señalados en la fracción III del artículo 125 de esta ley.
Tratándose de los títulos de crédito a que se refiere el artículo 125, fracción III de esta ley, denominados en unidades de inversión que se enajenen con intervención de casas de bolsa, el impuesto se retendrá por dichas casas de bolsa y será del 15% sobre los intereses que se paguen.
Las retenciones que se hagan en los términos de este artículo, serán sobre el total de los intereses a que se refieren sus fracciones, sin deducción alguna y tendrán el carácter de pago definitivo.
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" Artículo 134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El monto de los intereses y la ganancia cambiaria acumulables que se perciban en los términos de este capítulo, se podrá determinar de conformidad con lo previsto en el artículo 7o.-B de esta ley y no será deducible la pérdida inflacionaria que, en su caso, se obtenga. Tratándose de créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en unidades de inversión no será acumulable, para efectos de este capítulo, el ajuste que se realice al principal por el hecho de estar denominados en las citadas unidades, siempre que se cumpla con las condiciones que, en su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 134-A. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el artículo 134 de esta ley, en forma periódica o esporádica, efectuarán pagos provisionales a cuenta del impuesto anual aplicando la tarifa del artículo 80 de esta ley, a los ingresos obtenidos en el mes, sin deducción alguna.
Cuando se trate de créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en unidades de inversión, o cuando los contribuyentes opten por determinar los intereses y la ganancia cambiaria acumulables que se perciban en los términos de este capítulo, de conformidad con lo previsto en el artículo 7o.-B de esta ley, cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el que resulte de aplicar la tarifa del referido artículo 80, a los intereses y la ganancia cambiaria acumulables obtenidos en el mes, ya sea que el ingreso se haya percibido en forma periódica o esporádica o, podrán optar por cubrir como pago provisional el 35% sobre los intereses y la ganancia cambiaria acumulables, siempre que el ingreso se perciba en forma esporádica.
En el supuesto de que los ingresos a que se refiere este artículo los obtengan los contribuyentes en forma periódica, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. Cuando los ingresos a que se refiere este artículo los obtenga el contribuyente en forma esporádica, el pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las citadas oficinas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.
Cuando los ingresos a que se refiere este artículo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales a que se refieren los títulos II, II-A y III de esta ley, dichas personas deberán retener como pago provisional el 20% sobre el monto de los mismos sin deducción alguna. Cuando se trate de créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en unidades de inversión, o cuando las personas que obtengan los intereses y la ganancia cambiaria previstos en el artículo 134 de esta ley les comuniquen a las personas que les efectúen el pago de los mismos que optan por acumularlos de conformidad con lo previsto en el artículo 7o.-B de esta ley, la retención se efectuará aplicando el 35% sobre el monto de los intereses y la ganancia cambiaria acumulables que se perciban en los términos de este capítulo.
Las personas que hagan la retención en los términos de este párrafo deberán proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención. Dichas retenciones deberá enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 80 de la propia ley.
Contra los pagos provisionales que los contribuyentes determinen conforme a lo dispuesto por este artículo, podrán acreditarse las cantidades retenidas en los términos del párrafo anterior.
Artículo 135. Los contribuyentes que obtengan en forma esporádica ingresos de los señalados en este capitulo, salvo aquéllos a que se refiere el artículo 134 de esta ley, cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el 20% del ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.
Los contribuyentes que obtengan periódicamente ingresos de los señalados en este capítulo, salvo aquéllos a que se refiere el artículo 134 de esta ley, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa del artículo 80 de esta ley a los ingresos obtenidos en el mes, sin deducción alguna; contra dicho pago podrán acreditarse las cantidades retenidas en los términos del siguiente párrafo.
Cuando los ingresos a que se refiere este capítulo, salvo aquéllos a que se refiere el artículo 134 de esta ley, se obtengan por pagos que efectúen las personas morales a que se refieren los títulos II, II-A y III de esta ley, dichas personas deberán retener como pago provisional el 20% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 80 de la propia ley.
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Artículo 154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para los efectos de este artículo se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, los rendimientos de créditos de cualquier clase, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en los beneficios; los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones incluyendo primas y premios asimilados a los rendimientos de tales valores, así como descuentos por la colocación de títulos valor, bonos u obligaciones; las comisiones o pagos que se efectúen con motivo de apertura o garantía de créditos; los pagos que se realicen a un tercero con motivo de la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase. Asimismo, se considerarán intereses la prima o ganancia que se derive de enajenaciones a futuro de monedas extranjeras, salvo que estén vinculadas con la exportación o importación de bienes tangibles, distintos de moneda extranjera, así como la ganancia que derive de la enajenación de los documentos señalados en la fracción III del artículo 125 de esta ley.
También se consideran intereses, los ajustes que se realicen mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive los ajustes que se realicen al principal por el hecho de que los créditos u operaciones estén denominados en unidades de inversión.
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I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
RECOMENDACIONES
Esta dictaminadora considera que este mecanismo representa una unidad de cuenta que coadyuva a proteger a ahorradores y deudores de los efectos de la inflación, pero tiene implicaciones más relevantes: significa el compromiso de fondos públicos para un monto importante de reestructuraciones de créditos bancarios y el necesario esfuerzo corresponsable que debe hacer la banca en apoyo a sus deudores.
Supone un importante esfuerzo para hacer frente a la emergencia económica. Las empresas reciben un apoyo para administrar sus flujos. La equidad requiere hacer el mejor esfuerzo para proteger el empleo y el poder de compra de los trabajadores. Dentro de la revisión que se haga del sistema impositivo, se cuidará que puedan alcanzarse fórmulas lo más equitativas posible en la carga tributaria de grupos de trabajadores y clases medias. Así, con la recuperación económica todos podrían obtener mayor provecho de estos instrumentos.
A la luz del anterior comentario, esta dictaminadora formula las siguientes recomendaciones:
Primera. Por la importancia que puede tener la operación de las unidades de inversión, esta comisión recomienda que se destine el mayor monto de recursos que sea posible para atender en forma prioritaria a la pequeña y mediana empresa, a la vivienda y al sector agropecuario. Asimismo, se recomienda que puedan establecerse mecanismos análogos que puedan ser instrumentados por la banca de desarrollo para los deudores de bajos ingresos que no sean atendidos por la banca comercial.
Segunda. La instrumentación del programa del Gobierno Federal para dar el impulso inicial a las operaciones en Udis, implica la emisión de bonos cupón cero por parte del propio Gobierno Federal por montos importantes y plazos largos por lo que, tratándose de operaciones de deuda pública, esta soberanía deberá ser informada en su momento, para verificar el estricto cumplimiento de la legislación aplicable.
Tercera. Se considera de la mayor importancia establecer un programa específico de apoyo para resolver los problemas de endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales y de sus instituciones de servicio público.
Cuarta. En atención a que en el arranque de la aplicación de las unidades de inversión se destinarán a estos programas un monto considerable de recursos del Gobierno Federal y del Banco de México, incluso superiores a la cartera vencida de la banca comercial y de que estos programas buscan fundamentalmente apoyar a la planta productiva del país, se considera que se deben establecer márgenes razonables de intermediación para aplicarlas en la reestructuración de los adeudos de nuevos pesos a unidades de inversión.
Dado el uso de estos recursos públicos, se recomienda que las autoridades establezcan una adecuada normatividad para proteger los intereses de los usuarios del crédito y el cumplimiento de las prioridades establecidas dentro de un marco de corresponsabilidad de la banca.
Quinta. Se recomienda al Ejecutivo Federal, que en forma sistemática informe a esta soberanía sobre el diseño del programa, la normatividad establecida en el uso de los fondos públicos, los montos y características del crédito público otorgado y, en general, sobre los avances en la instrumentación de estos programas. El Congreso de la Unión, hará evaluaciones periódicas para conocer su evolución y asegurarse que se están alcanzando los objetivos para los cuales se ha establecido dicho programa.
Por todo lo anterior, esta comisión dictaminadora somete a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo primero. Las obligaciones de pago de sumas en moneda nacional convenidas en las operaciones financieras que celebren los correspondientes intermediarios, las contenidas en títulos de crédito, salvo en cheques y, en general, las pactadas en contratos mercantiles o en otros actos de comercio, podrán denominarse en una unidad de cuenta, llamada unidad de inversión, cuyo valor en pesos para cada día publicará periódicamente el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.
Las obligaciones denominadas en unidades de inversión se considerarán de monto determinado.
Artículo segundo. Las obligaciones denominadas en unidades de inversión se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación, expresado en las citadas unidades de inversión, por el valor de dicha unidad correspondiente al día en que se efectúe el pago.
Artículo tercero. Las variaciones del valor de la unidad de inversión deberán corresponder a las del Indice Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad con el procedimiento que el Banco de México determine y publique en el Diario Oficial de la Federación.
El Banco de México calculará el valor de las unidades de inversión de acuerdo con el citado procedimiento. Dicho procedimiento deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 20-bis del Código Fiscal de la Federación. Artículo cuarto. Se adiciona el artículo 16-B al Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
" Artículo 16-B. Se considera como parte del interés, el ajuste que a través de la denominación en unidades de inversión, mediante la aplicación de índices o factores, o de cualquier otra forma, se haga de los créditos, deudas, operaciones, así como del importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero."
Artículo quinto. Se reforman los artículos 7o.-A, cuarto párrafo; 12, antepenúltimo párrafo; 111, antepenúltimo párrafo; 125, segundo párrafo; 126, primero y segundo párrafos; 134, en el último párrafo de su fracción I; 135, primero, segundo y tercer párrafos; 154 tercer párrafo se adicionan los artículos 125, con un penúltimo párrafo; 126, con las fracciones I y ll posteriores al primer párrafo; 134-A, de y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
" Artículo 7o.-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, se consideran el ajuste como parte del interés devengado. Tratándose de créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero que se encuentren denominados en unidades de inversión, no se considerará interés, el ajuste que se realice al principal por el hecho de estar denominados en las citadas unidades y no se les calculará el componente inflacionario previsto en esta ley, siempre que se cumplan con las condiciones que, en su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables, excepto la ganancia inflacionaria y considerando los ingresos por intereses y la ganancia cambiaria. sin restarles el componente inflacionario. Tratándose de créditos u operaciones denominados en unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales, para efectos de este artículo, los intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los créditos u operaciones denominados en dichas unidades.
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Artículo 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables, excepto la ganancia inflacionaria y considerando los ingresos por intereses y la ganancia cambiaria, sin restarles el componente inflacionario. Tratándose de créditos u operaciones denominados en unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales, para efectos de este artículo, los intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los créditos u operaciones denominados en dichas unidades.
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Artículo 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se dará el tratamiento que este capítulo establece para los intereses, a la ganancia cambiaria que resulte por la fluctuación de moneda extranjera, incluyendo la correspondiente al principal, en el ejercicio en que se pague, tratándose de operaciones efectuadas en moneda extranjera pagaderas en moneda nacional, que en los términos de este artículo originen el pago de intereses.
Cuando los créditos, deudas u operaciones se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquiera otra forma, dicho ajuste se considerará como parte del interés para los efectos de este artículo. Tratándose de créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en unidades de inversión, no se considerará interés, para efectos de este capítulo, el ajuste que se realice al principal, por el hecho de estar denominados en las citadas unidades, siempre que se cumplan con las condiciones que, en su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
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Artículo 126. Quienes paguen los ingresos señalados en el artículo anterior están obligados a retener el impuesto conforme a lo siguiente:
I. A la tasa del 20% sobre los 10 primeros puntos porcentuales de los intereses pagados. Se libera de la obligación de retener a que se refiere esta fracción a quienes hagan el pago de intereses señalados en la fracción III del artículo 125 de esta ley.
Tratándose de los títulos de crédito a que se refiere el artículo 125, fracción III de esta ley, que se enajenen con intervención de casas de bolsa, el impuesto se retendrá por dichas casas de bolsa y será del 20% sobre los primeros 10 puntos porcentuales.
II. A la tasa del 15% sobre los intereses que se paguen, cuando los créditos, deudas u operaciones de los cuales deriven estén denominados en unidades de inversión. Se libera de la obligación de retener a que se refiere esta fracción a quienes hagan el pago de intereses señalados en la fracción III del artículo 125 de esta ley.
Tratándose de los títulos de crédito a que se refiere el artículo 125, fracción III de esta ley, denominados en unidades de inversión que se enajenen con intervención de casas de bolsa, el impuesto se retendrá por dichas casas de bolsa y será del 15% sobre los intereses que se paguen.
Las retenciones que se hagan en los términos de este artículo serán sobre el total de los intereses a que se refieren sus fracciones, sin deducción alguna y tendrán el carácter de pago definitivo.
Artículo 134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El monto de los intereses y la ganancia cambiaria acumulables que se perciban en los términos de este capítulo se podrá determinar de conformidad con lo previsto en el artículo 7o.-B de esta ley y no será deducible la pérdida inflacionaria que, en su caso, se obtenga. Tratándose de créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en unidades de inversión no será acumulable, para efectos de este capítulo, el ajuste que se realice al principal por el hecho de estar denominados en las citadas unidades, siempre que se cumplan con las condiciones que, en su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 134.-A. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el artículo 134 de esta ley, en forma periódica o esporádica, efectuarán pagos provisionales a cuenta del impuesto anual aplicando la tarifa del artículo 80 de esta ley, a los ingresos obtenidos en el mes, sin deducción alguna.
Cuando se trate de créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en unidades de inversión, o cuando los contribuyentes opten por determinar los intereses y la ganancia cambiaria acumulables que se perciban en los términos de este capítulo, de conformidad con lo previsto en el artículo 7o.-B de esta ley, cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el que resulte de aplicar la tarifa del referido artículo 80, a los intereses y la ganancia cambiaria acumulables obtenidos en el mes, ya sea que el ingreso se haya percibido en forma periódica o esporádica o, podrán optar por cubrir como pago provisional el 35% sobre los intereses y la ganancia cambiaria acumulables, siempre que el ingreso se perciba en forma esporádica.
En el supuesto de que los ingresos a que se refiere este artículo los obtengan los contribuyentes en forma periódica, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, cuando los ingresos a que se refiere este artículo los obtenga el contribuyente en forma esporádica, el pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las citadas oficinas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.
Cuando los ingresos a que se refiere este artículo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales a que se refieren los títulos II, II-A y III de esta ley, dichas personas deberán retener como pago provisional el 20% sobre el monto de los mismos sin deducción alguna. Cuando se trate de créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en unidades de inversión, o cuando las personas que obtengan los intereses y la ganancia cambiaria previstos en el artículo 134 de esta ley les comuniquen a las personas que les efectúen el pago de los mismos que optan por acumularlos de conformidad con lo previsto en el artículo 7o.-B de esta ley, la retención se efectuará aplicando el 35% sobre el monto de los intereses y la ganancia cambiaria acumulables que se perciban en los términos de este capítulo. Las personas que hagan la retención en los términos de este párrafo deberán proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención. Dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 80 de la propia ley.
Contra los pagos provisionales que los contribuyentes determinen conforme a lo dispuesto por este artículo, podrán acreditarse las cantidades retenidas en los términos del párrafo anterior.
Artículo 135. Los contribuyentes que obtengan en forma esporádica ingresos de los señalados en este capítulo, salvo aquéllos a que se refiere el artículo 134 de esta ley, cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el 20% del ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.
Los contribuyentes que obtengan periódicamente ingresos de los señalados en este capítulo, salvo aquéllos a que se refiere el artículo 134 de esta ley, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa del artículo 80 de esta ley a los ingresos obtenidos en el mes, sin deducción alguna, contra dicho pago podrán acreditarse las cantidades retenidas en los términos del siguiente párrafo.
Cuando los ingresos a que se refiere este capítulo, salvo aquéllos a que se refiere el artículo 134 de esta ley, se obtengan por pagos que efectúen las personas morales a que se refieren los títulos II, II-A y III de esta ley, dichas personas deberán retener como pago provisional el 20% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención, dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 80 de la propia ley.
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Artículo 154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para los efectos de este artículo se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, los rendimientos de créditos de cualquier clase, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en los beneficios; los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones incluyendo primas y premios asimilados a los rendimientos de tales valores, así como descuentos por la colocación de títulos valor, bonos u obligaciones; las comisiones o pagos que se efectúen con motivo de apertura o garantía de créditos; los pagos que se realicen a un tercero con motivo de la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase.
Asimismo, se considerarán intereses la prima o ganancia que se derive de enajenaciones a futuro de monedas extranjeras, salvo que estén vinculadas con la exportación o importación de bienes tangibles, distintos de moneda extranjera, así como la ganancia que derive de la enajenación de los documentos señalados en la fracción III del artículo 125 de esta ley. También se consideran intereses, los ajustes que se realicen mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive los ajustes que se realicen al principal, por el hecho de que los créditos u operaciones estén denominados en unidades de inversión.
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I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A las obligaciones contraídas conforme a las normas previstas en el artículo primero del presente decreto no les son aplicables las disposiciones que se opongan a dichas normas.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, D.F. a 28 de marzo de 1995.- Diputados Francisco Suárez y Dávila, presidente; secretarios: Jorge Padilla Olvera, Mónica Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano y Saúl Escobar Toledo; Manuel Beristáin Gómez, Tonatiuh Bravo Padilla, Roberto R. Campa Cifrián, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Daniel Covarrubias Ramos, Víctor Cruz Ramírez, Gabino Fernández Serna, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Alejandro Higuera Osuna, Manuel Jiménez Lemus, Jorge Kondo López, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Levín Coppel, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Salvador Mikel Rivera, Alfonso Molina Ruibal, Dionisio Pérez Jácome, J. de Jesús Preciado Bermejo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Antonio Sánchez Gochicoa, Dulce María Sauri Riancho, Víctor M. Silva Tejeda, David Vargas Santos y Joaquín Vela González.»
Es de primera lectura.
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y a votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, se dispensa la segunda lectura.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Mónica Leñero Alvarez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Mónica Gabriela Leñero Alvarez:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Vengo a sustentar el dictamen de la Comisión de Hacienda en esta iniciativa de decreto que establece la creación de las unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Esta comisión dictaminadora realizó diversas reuniones de trabajo, contando con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Bancaria, a fin de clarificar su interpretación y analizar sus alcances.
Los miembros de la comisión discutieron las propuestas y recomendaciones de los diferentes partidos políticos incorporando algunas de ellas al presente dictamen. Es necesario mencionar también el trabajo conjunto realizado con senadores integrantes de la Comisión de Hacienda.
El Gobierno de la República, con el propósito de solventar la crisis económica actual, implementó el Programa para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica. En este programa se enfatiza la necesidad de incrementar el ahorro nacional y reducir las tasas de interés propiciadas por un proceso inflacionario que impacta notablemente en la operación de las empresas fundamentalmente pequeñas y medianas, así como en las condiciones de crédito a los particulares. Es por ello, que en la iniciativa de decreto del Ejecutivo Federal se está proponiendo la creación de una unidad de cuenta denominada unidad de inversión, que coadyuve a neutralizar el impacto de la inflación.
Las unidades de inversión, Udis, son unidades de cuenta cuyo valor es constante. Su valor inicial sería de un nuevo peso y se ajustaría conforme al índice nacional de precios al consumidor. El Banco de México, por su parte, establecería el valor de las Udis para cada día y lo daría a conocer a través del Diario Oficial de la Federación.
Las obligaciones de pago de las Udis sería en su equivalente en moneda nacional. Para definir el tratamiento fiscal a que se sujetarán los intereses derivados de las operaciones que se denominan en unidades de inversión, la iniciativa incluye reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación y al impuesto sobre la renta.
Si bien, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece actualmente que los rendimientos de cualquier clase, incluidos aquellos que se den por ajustes referidos a la inflación, son intereses acumulables o deducibles para efectos del pago del impuesto, es pertinente dejar claramente establecido en la legislación fiscal en qué casos se considerará interés los ajustes que se hagan al principal, por el hecho de que las operaciones estén denominadas en unidades de inversión.
En cuanto al esquema fiscal, es conveniente hacerlo neutral en relación con las operaciones denominadas en moneda nacional, lo que permitirá cumplir con el propósito de crear el marco adecuado para hacer viable el uso de esta nueva unidad de cuenta.
CONSIDERACIONES
Primera. La inestabilidad económica ha traído consigo un repunte de la inflación que se considera dentro de la estrategia de reajuste económico que será de carácter temporal. Así se piensa en esta estrategia.
Segunda. La elevada inflación genera incertidumbre respecto de los rendimientos de las inversiones financieras. Es por ello, que las tasas de interés tienen que compensar el valor de la pérdida de los activos monetarios causados por la inflación y producir un rendimiento adicional que les dé certidumbre; es decir, al producir rendimientos reales positivos.
Tercera. La iniciativa permitirá que mediante la utilización de unidades de inversión que ofrecen intereses a tasas reales, se ofrezca un seguro de riesgo para los ahorradores, propiciando incertidumbre a los rendimientos de sus inversiones.
Cuarta. Este mecanismo no se aplicará en los cheques, ya que son instrumentos de pago y no de crédito.
Quinta. La ventaja importante de disponer de una unidad de cuenta es que contribuye a neutralizar la inflación como base de cálculo en el cumplimiento de las obligaciones.
Sexta. Las Udis les asegura a los inversionistas proteger su patrimonio al obtener tasas de interés real, lo cual elimina la incertidumbre sobre sus rendimientos, lo que permite atenuar la presión del pago de una prima adicional para cubrir este riesgo.
Séptima. Los deudores por su parte tienen dos ventajas: al pagar un rendimiento menor a los ahorradores, por eliminar la incertidumbre en el cálculo de su rendimiento, disminuye el costo del interés que cubren y por otro lado se elimina el pago anticipado de los créditos resultado del cumplimiento de sus obligaciones, en el contexto de una alta inflación.
Octava. La iniciativa señala al respecto que la Ley Monetaria ofrece la disposición de que las obligaciones de pago de sumas en moneda deban denominarse en pesos, por eso se hace necesario este decreto.
Novena. Las unidades de inversión permitirán a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, aliviar su carga financiera liberando recursos que podrán destinar a la inversión productiva.
Décima. Al mejorarse la capacidad de pago de los acreditados, al reestructurar su endeudamiento, favorece la situación de los intermediarios financieros, permitiendo con ello que reduzcan su margen de intermediación, lo que deberá incidir en la disminución del costo de los servicios a los usuarios.
Decimoprimera. La utilización de este mecanismo es de carácter voluntario, ya que se basa en el convencimiento de las partes respecto de sus bondades en las operaciones mercantiles y que las instituciones de crédito necesitan captación en Udis para el otorgamiento de créditos en dicha unidad de cuenta.
Decimosegunda. Esta dictaminadora considera que deben impulsarse programas específicos para facilitar las reestructuraciones de crédito de la pequeña y mediana empresa, cumplir compromisos para la adquisición de vivienda y créditos al sector agropecuario, incluso podría ser una alternativa para enfrentar problemas para la adquisición de vivienda de interés social.
Decimotercera. Se considera que este mecanismo debe aprovecharse para reestructurar los créditos de los estados y municipios con la banca comercial.
Decimocuarta. Dado que las unidades de inversión estarán indizadas respecto a la inflación, la que a su vez estará determinada en función de las variaciones del Indice Nacional de Precios al Consumidor, esta soberanía estará atenta a que sus cálculos se ajusten al procedimiento establecido en el Código Fiscal.
Decimoquinta. Se introduce el artículo 16-B en el Código Fiscal de la Federación, para precisar el ajuste de las unidades de inversión a los créditos, deudas y operaciones, así como pagos en materia de contratos de arrendamiento financiero.
Decimosexta. Las reformas al artículo 5o. del decreto que se hacen al impuesto sobre la renta tienden a dar seguridad en el tratamiento fiscal a los créditos, deudas u operaciones que se denominen en unidades de inversión.
Por lo anterior se precisa una retención definitiva sobre el rendimiento real en el pago de personas físicas.
Se modifican los artículos 16-B del Código Fiscal de la Federación y el 7o.-A, 125 y 154 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que precisan el trato de intereses al ajuste a créditos, deudas u operaciones, o el importe de pagos en el arrendamiento financiero que se denomine en Udis, y al artículo 134-A que precisa la obligación de efectuar pagos provisionales a los que perciban intereses.
Como resultado de los trabajos de esta comisión, proponemos a esta soberanía que se modifique la propuesta del Ejecutivo para que las personas que reciban ingresos periódicos o esporádicos, puedan optar por hacer sus pagos provisionales con la aplicación de una tasa de 35% sobre los intereses y la ganancia cambiaria, en vez de la tarifa del artículo 80, por la que se modifica el artículo 134-"A" y 135.
Es también conveniente dar un tratamiento adecuado en términos de equilibrio que guarda la Ley del Impuesto Sobre la Renta, respecto al componente inflacionario de las operaciones objeto de este impuesto y para simplificar el trato de las operaciones que se expresen en unidades de inversión para que el pago del impuesto que resulte de su manejo se haga con base en los intereses reales.
La comisión dictaminadora considera necesario modificar en este sentido todos los artículos de la iniciativa en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y además reformar los artículos 12 y 111 y el artículo 134.
En relación a las citadas modificaciones, esta dictaminadora considera necesario dar facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que mediante reglas de carácter general pueda establecer disposiciones que regulen la aplicación por parte de los contribuyentes de estas operaciones.
Esta dictaminadora considera necesario formular las siguientes recomendaciones:
Considera que las Udis, además de coadyuvar a proteger a ahorradores y acreedores de los efectos de la inflación, tiene otras implicaciones relevantes. Compromete fondos públicos por un monto importante para reestructurar créditos bancarios, por lo que la banca debe ser corresponsable y apoyar a sus deudores para hacer frente a la emergencia económica.
Por su parte, las empresas recibirán un importante apoyo para efectuar sus pagos, por lo que se requiere de un mayor esfuerzo para proteger el empleo y el poder de compra de sus trabajadores.
En la revisión del sistema impositivo, se propiciará alcanzar fórmulas equitativas en la carga tributaria para las clases trabajadoras y medias. De ahí que se precisan las recomendaciones en la siguiente forma:
Primera. Debido a la importancia de este instrumento, esta comisión recomienda que se destine un mayor monto de recursos posible para atender prioritariamente a la pequeña y a la mediana empresa, a la vivienda y al sector agropecuario.
Del mismo modo, se recomienda la utilización de este instrumento por la banca de desarrollo para atender deudores de bajos ingresos que queden fuera del esquema de la banca comercial.
Segunda. Esta soberanía deberá vigilar estrictamente el cumplimiento de la legislación aplicable, ya que en la instrumentación inicial de las Udis se emitirán bonos cupón cero por parte del Gobierno Federal por montos importantes y plazos largos que pudieran incidir en la deuda pública.
Para este fin, el Gobierno emitirá bonos que colocará entre los bancos para financiar a los fideicomisos denominados en Udis, cuyas características serán: plazo de cinco a 12 años; correspondiendo al mismo plazo de fideicomiso que financian; tasa referida a Cetes a 28 días con interés capitalizable; los bonos no podrán enajenarse o ser objeto de reporte.
Tercera. Es de la mayor importancia establecer un programa específico de apoyo para resolver problemas de endeudamiento de los gobiernos municipales y estatales y de sus instituciones de servicio público.
Esto ha sido una petición reiterada de las diversas fracciones políticas.
Cuarta. Debido a la utilización de los montos de recursos del Gobierno Federal y del Banco de México, incluso superiores a la cartera vencida de la banca comercial y de que estos programas tienen como objetivo apoyar la planta productiva del país, se deberán establecer tasas razonables de intermediación para aplicarlas en la reestructuración de los adeudos de nuevos pesos a Udis.
Asimismo, se recomienda que las autoridades establezcan la normatividad necesaria para proteger los intereses de los usuarios del crédito y el cumplimiento de las prioridades establecidas en forma corresponsable con la banca. Esta fue una propuesta reiterada.
Quinta. Se recomienda al Ejecutivo Federal, que informe sistemáticamente a esta soberanía sobre el programa y la normatividad establecida en el uso de los fondos públicos, los montos y características del crédito otorgado y en general sobre los avances en la instrumentación de los mismos.
Con este propósito el Congreso de la Unión evaluará periódicamente este programa, para vigilar que se cumpla con los objetivos planteados.
En consecuencia, señoras y señores diputados, esta comisión dictaminadora somete a la consideración de esta honorable Asamblea, este proyecto de dictamen y solicita su voto aprobatorio. Muchas gracias.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes oradores: para hablar en contra, el diputado Luis Sánchez Aguilar. Para hablar en pro, el señor diputado Joaquín Vela, del PT.
Están inscritos también los diputados: Tonatiuh Bravo Padilla, del PRD; Rafael Ayala López, del PAN; Oscar Levín Coppel, del PRI; Saúl Escobar Toledo, del PRD; Alfonso Molina Ruibal, del PRI; Raúl Livas Vera, del PRD; Jesús Preciado, del PAN; Dulce María Sauri Riancho, del PRI.
El Presidente:
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El programa denominado unidades de inversión es a la economía nacional, lo que el plan de rescate mexicano de Bill Clinton es a las finanzas internacionales.
Se trata de planes mistificadores que en aras de un aparente rescate de la economía popular, lo que realmente pretenden es salvaguardar los intereses de las oligarquías financieras.
En efecto, en el plano internacional, el plan de rescate norteamericano instrumentado por el señor Robert Rubin, secretario del tesoro del gobierno norteamericano, tiene como finalidad prioritaria, salvaguardar los intereses de los inversionistas de Wall Street que invirtieron fundamentalmente en Tesobonos. Para ellos se hizo una conversión de una deuda que debió saldarse en pesos por una nueva obligación para ser saldada en dólares americanos.
Ese plan también pretende preservar la liquidez del sistema bancario norteamericano y la presencia en los mercados de las grandes corredurías bursátiles de los Estados Unidos. No se contempló en el programa de Robert Rubin, de manera prioritaria, la necesidad que tiene la planta productiva mexicana ni el interés de los inversionistas nacionales, aquellos ingenuos que confiaron en su gobierno, que confiaron en su economía y que fueron dejados al garete.
De igual forma, el programa que hoy se envuelve en un aparente destino favorable a la economía nacional, tiene también como finalidad rescatar, no en primera instancia la economía popular, sino en este orden: primero a los bancos, segundo, a los banqueros, tercero a los gobiernos estatales quebrados, en su inmensa mayoría en manos del partido oficial; y, por último, si algunas migajas quedan, ayudar a la planta productiva. Y como un subproducto del programa Udis, a los microempresarios. A los tarjetahabientes, nada.
Estamos, pues, frente a un esquema que debe ser rechazado. El Programa Udis pretendería hacer creer que el régimen ha adoptado finalmente la vía de la protección de los intereses populares. Desde luego, no es así. Se busca la protección de los intereses de la oligarquía financiera, de esa que ha quebrado a la Banca Unión, a la Banca Cremi, al Grupo Havre, al Grupo Banpaís. Porque para ellos se ha diseñado fundamentalmente este programa de rescate bancario, no de rescate de la economía del pueblo.
Se mantiene así, el principio general del programa Clinton-Rubin: una política de corte genocida, desde el punto de vista del empleo; una política regresiva, en materia fiscal, que privilegia la tributación indirecta, como aquí se ha visto, al aumentar el IVA, nominal en un 50% y real en un 125% al consumidor, puesto que la inflación mínima previsible será del 50% este año, y porque a los trabajadores no les estamos reponiendo su poder adquisitivo. Para ellos no habrá un impuesto, un incremento por mejor decir, al salario, del 50%.
Y estamos frente a la misma política contraccionista en materia de consumo que afecta a la planta productiva. Como se mantiene el mismo entorno, estamos ante un elemento más de un programa recesivo que debe ser rechazado puesto que pretender apoyarlo y llevarlo adelante afectaría al pueblo, si esta cámara indebidamente lo aprobase.
El programa Udis tiene, finalmente, una connotación grave puesto que su falla fundamental desde el punto de vista operacional es que no asigna recursos financieros frescos. Se trata de movimientos contables.
El primer objetivo es salvar de la quiebra a la banca mexicana. Hemos dicho que se trata también de salvar a los banqueros especuladores de la economía "casino" y a aquellos banqueros que a través de los créditos relacionados, los autopréstamos (casos Havre y Cabal Peniche), con los cuales compraron sin dinero y sin recursos propios al Gobierno Federal, las empresas del sector paraestatal. Es a esos grupos a los que hoy el Gobierno pretende premiar en primera instancia.
En segunda instancia, seguramente se comprenderá que se está tratando de salvar en lo personal a los propietarios de esa banca quebrada que han violado todas las reglas de la legislación en la materia. Y también se pretende en un esfuerzo que no debe correr a cargo del pueblo, rescatar a aquellos gobiernos de las entidades federativas que llevaron en sus finanzas públicas a un deterioro de la hacienda.
No se advierte la intención en el programa que comentamos, de un interés real por proteger a los tarjetahabientes, a los, no diríamos clientes, sino las víctimas del sistema bancario, que se ha ensañado con tasas criminales en contra de los consumidores. Para ellos, toca hacer cola en espera de otra propuesta del sector hacendario que rescate sus mermadas finanzas.
Sostenemos, desde el punto de vista de la fracción Social Demócrata, que este programa debe ser rechazado, para adoptarse en un verdadero plan nacional de desarrollo un esquema de rescate real de la economía popular y un plan de desarrollo que sea producto de la discusión de esta honorable Asamblea; no una falsificación como la que se pretende con la publicación el día de ayer, de un acuerdo unilateral del Ejecutivo, para la integración de un grupo que se haría cargo de la planeación del desarrollo.
Esa es una perversión del espíritu constitucional en los artículos 25 y 26, que le asigna al Estado la responsabilidad de la planeación y le asigna también al propio Estado la responsabilidad en la conducción.
Perversamente en la práctica y en virtud de una ley de planeación anticonstitucional, se le ha otorgado al Poder Ejecutivo la facultad conductora de la planeación del desarrollo y se ha despojado a esta cámara, de su facultad originaria para definir los objetivos de la nación y aprobar o rechazar el plan de desarrollo. El acuerdo de marras no tiene desperdicio; dice a la letra que ese grupo del Ejecutivo en su momento presentará al Presidente de la República para su aprobación, el plan de desarrollo.
Con todo y la investidura nos preguntamos: ¿quién es él para asumir y arrogarse tal facultad?, cuando en la Constitución, repito los artículos 25 y 26, ésas son facultades del Estado no del Gobierno y no de una rama del Gobierno el Ejecutivo. Esta otra rama que es la legislativa, es la que debería recuperar y asumir su función originaria.
Ese plan de desarrollo debería instrumentar de manera fundamental un programa de reforma fiscal integral que grave más a los productos del capital que siguen hoy exentos, que grave la especulación bursátil; que grave la especulación cambiaria, porque aquí hay que preguntarse ¿quién sacó los 30 mil millones de dólares a precio de N$3.50? ¿y quiénes son esos sacadólares que hoy hacen pingues negocios vendiéndolos a 7.00 nuevos pesos?
Y habría que preguntarle al Secretario de Hacienda ¿por qué no impone un gravamen del 50%, del 40%, del 60% a esa utilidad que se deriva de la vil especulación y que no tiene tras de sí el trabajo de esos capitalistas?
Fueron vivos que se aprovecharon de la información privilegiada, que de manera irresponsable se les dio en Los Pinos, un domingo por la noche.
Esos señores deben tributar y deberían tributar los ricos que obtienen ganancias anuales, ingresos anuales de más de 200 mil dólares; y debería gravarse la riqueza acumulada de los mil millonarios en dólares, los que poseen más de 100 millones de dólares, para presentar un verdadero plan de rescate, no un plan ilusorio, un plan que desvía la atención, como el que se pretende hoy iniciar con las unidades de inversión.
Para la fracción Social Demócrata, todo esquema de rescate a la economía popular, debe pasar precisamente por la desgravación a los sectores populares, debe pasar por un programa agresivo de creación de empleos, debe pasar por un programa que restituya el poder adquisitivo del salario y no por esta vía contraccionista que decapita el poder de compra para satisfacer las imposiciones del Fondo Monetario Internacional.
Y se requiere de un gobierno que proponga por la vía democrática, un sistema de planeación igualmente democrático, no un sistema económico que paso a paso favorece al capital y desprotege a los sectores populares. Que en cada iniciativa atiende primero los intereses de la especulación y de los ricos y no de las clases laborantes.
Y un programa a fin de cuentas, que proteja de ese flagelo de la inflación que no es del 50% para las mayorías, para las mayorías; que ni siquiera tienen el patrimonio elemental que es un empleo con ingreso cero, cualquier tasa inflacionaria se eleva al infinito. Cuestión de matemáticas. Y para ésos, nosotros pedimos un plan democrático, nacional de desarrollo, que sea planteado y sometido a la consideración de esta honorable Asamblea y un programa nacional de desarrollo que contemple prioritariamente un programa de reforma fiscal integral y un programa de creación masiva de empleos, no con Udis ilusorias, sino con acciones concretas que capitalicen al agro mexicano y den oportunidad de empleo al 70% de la población económicamente activa que hoy por hoy padece desempleo abierto, desempleo disfrazado o subempleo. Es hacia ahí donde deben dirigirse las intenciones de un verdadero cuerpo legislativo con intención democrática, patriótica y popular. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Joaquín Vela, del Partido del Trabajo, para hablar en pro.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Muchas gracias, señor Presidente:
Efectivamente la crisis económica que se abate sobre nuestro país es una crisis que tiene raíces profundas y que debe tener soluciones de mayor alcance. Sin embargo, no por ello debemos dejar de reconocer que alguna medida que coadyuve en tal sentido debe tener nuestro apoyo.
El Partido del Trabajo, considera que es positiva la iniciativa para crear las unidades de inversión, ya que puede dar paso a una reestructuración global de la cartera de riesgo de la banca comercial, en beneficio tanto de las empresas con pasivos bancarios vencidos como de los propios bancos. Sin embargo dicha iniciativa, en nuestra opinión, presenta una serie de limitaciones que derivan, primero, de la forma en cómo está concebida dicha iniciativa; y segundo, del modo como se propone instrumentarla.
Consideramos no obstante que esas limitaciones son superables si se hace un esfuerzo por replantear el problema y su solución. La iniciativa y su proyecto de dictamen demuestra que el Ejecutivo, aún no se propone ofrecer soluciones integrales a los problemas financieros que aquejan a nuestra economía.
La presente iniciativa ataca una parcela del problema y no está integrada con otros instrumentos que ya han sido ofrecidos o están en proceso de creación.
En concreto, nosotros pensamos que no tiene el decreto como tal y el dictamen, mayores problemas en incorporar las figuras de las Udis a nuestra estructura legal. Es un problema que tiene, desde nuestro punto de vista, que tener una visión favorable en positivo.
El problema realmente se encuentra en la base de su reglamentación; problema que por lo demás no corresponde a esta soberanía entrar a la discusión, porque son medidas administrativas que corresponden como tales a instancias de carácter administrativo.
Sin embargo, por las características y la importancia política que tiene una iniciativa de este tipo, hemos exigido en toda las reuniones de la Comisión de Hacienda, la necesidad de que esa reglamentación que el Banco Central y la Secretaría de Hacienda de tales reglamentaciones, necesariamente pueda ser sometida a la consideración de esta soberanía.
Ahí, efectivamente, en la forma de instrumentación es donde se han centrado principalmente todas las dudas y las observaciones que los diputados hemos hecho a la iniciativa como tal.
Por lo tanto, resulta de importancia central para la discusión política que las reglamentaciones puedan tener una opinión calificada de los diputados, porque no es correcto que se someta solamente la creación de las figuras de las Udis como elemento central a este Congreso y no su forma de instrumentación.
Compartimos muchas de las críticas que se hacen a las Udis, porque pensamos que pueden ser eventualmente distorsionadas muchas de sus características a la hora de su funcionamiento.
El Partido del Trabajo considera que para superar la actual crisis financiera protegiendo al ahorro y creando las condiciones para fortalecerlo, implica ofrecer soluciones integrales. A nuestro juicio, ello implica complementar las propuestas a partir de las siguientes consideraciones:
1o. La aplicación de las Udis a un programa de reestructuración de créditos, al reducir el margen de riesgo, conlleva a su vez una reducción del monto de las reservas que la banca comercial está obligada a efectuar.
La propuesta de dictamen reconoce que tal reducción de reservas debería traducirse en una disminución del margen financiero que imponen estas instituciones, pero no establece ningún mecanismo explícito para garantizar esta reducción.
Dadas las ausencias de esta normatividad, el Partido del Trabajo propone que se defina un coeficiente de reducción del margen de intermediación bancario, en proporción a la reducción de las reservas preventivas.
2o. Otra de las fallas específicas de la propuesta se encuentran en los criterios de selección de las empresas que se integrarán al Programa de Reestructuración de Créditos. La banca goza de las prerrogativas de decidir a su arbitrio cuáles serán las empresas beneficiadas, lo cual deja abierta la puerta a la aplicación de criterios no exclusivamente comerciales.
En las actuales condiciones es perfectamente posible que se constituya una lista negra de los deudores que han mostrado mayor combatividad en la movilización contra las prácticas bancarias prevalecientes. Por este motivo proponemos que se modifiquen los criterios de selección de las empresas viables integrando una comisión mixta de selección que opere con procedimientos totalmente transparentes.
Proponemos que se incluyan nuevos instrumentos en el sentido que hemos indicado para complementar la actual propuesta y pueda funcionar de manera efectiva para superar los actuales problemas de cartera vencida.
Existen, desde este punto de vista, dos elementos encontrados que necesitamos de manera precisa definir; la Secretaría de Hacienda y el Banco de México nos argumentan que el riesgo en la reestructuración de los créditos recae en la banca comercial; sin embargo, el verdadero soporte del crédito es el bono que va a emitir el Gobierno Federal. Los bancos pueden eventualmente tener problemas y muchas de las empresas que reestructuren créditos pueden terminar de no pagarlos, en una primera instancia efectivamente son los bancos comerciales los que van a asumir el riesgo, pero globalmente es la emisión de los recursos públicos que le están dando soporte a esta reestructuración, los que van a tener el elemento definitivo, son los que van a soportar este crédito.
Por ello, no pueden ser solamente bajo criterios de los bancos privados comerciales los que hagan la selección de todas aquellas empresas que van a ser sujetas de reestructuración de sus adeudos. Es totalmente previsible que efectivamente estos bancos privilegien a sus socios, a sus parientes de acuerdo a sus criterios de intereses creados, las que entren a esta reestructuración en un primer término y que dejen a todo el sector de la pequeña y mediana industrias, que verdaderamente son los que requieren el financiamiento para poder continuar en su proceso de reproducción, queden fuera.
Este es otro elemento. Consideramos también en el Partido del Trabajo que existen algunos riesgos que debemos desde ahora señalar; por ejemplo, el Gobierno va a emitir el Bono de Cupón Cero, ése va a ser el soporte, éste se va a regir, se nos ha informado, a una tasa de 82% actualmente, porque es la tasa de los Cetes a 28 días, esa tasa tiene una lógica, va a tener un crecimiento y un movimiento determinados, esos recursos a su vez van a ser entregados a los bancos comerciales para que hagan la reestructuración, nada más que el costo que va a ser cobrado a los bancos comerciales va a ser Udis o decir inflación +4, obviamente aquí el problema es de cómo lograr el equilibrio entre el movimiento que van a tener las tasas de los Cetes a 28 días en relación al movimiento que va a tener la inflación o más el 4% que se va a agregar.
La posibilidad de que este equilibrio no se logre plantea también la posibilidad teórica de que eventualmente se puedan tener ganancias o eventualmente se puedan tener pérdidas. En el caso de que hubiera pérdidas, obviamente serían recursos fiscales los que tendrían que soportar esas pérdidas que tuvieron en el manejo de este elemento.
En segundo lugar, es importante señalar que hay un presupuesto básico en las Udis, actualmente la inflación se está disparando. El costo más importante del crédito se está posponiendo para dentro de cinco o seis años, depende de los esquemas que se estén señalando.
Si la extraeconomía no logra abatir la inflación, vamos a tener dentro de cinco o seis años, problemas reales, problemas verdaderos. Entonces hay un supuesto de que este mecanismo puede funcionar sobre la base de que efectivamente haya una tendencia a la baja del crecimiento de los precios. Si este supuesto no se da, vamos dentro de algunos años a tener problemas tal vez mayores, este problema va a ser totalmente potenciado y las dificultades en este caso estaremos asumiendo que solamente las estamos posponiendo.
En tercer lugar, existe la preocupación, es real, y en el caso de los UFS, en Chile, el riesgo del crédito lo asumió el Gobierno. En el caso concreto de México, se dice que en primera instancia el riesgo del crédito lo asumen los bancos comerciales y por ello entonces, hay que dejarles un margen de ganancia.
Aquí verdaderamente este mecanismo nos señala que a los bancos si bien también como hemos señalado beneficia a todos aquellos productores que pueden tener problemas con su cartera vencida, también los bancos son beneficiarios en buena medida, pero éstos son doblemente beneficiarios, porque aparte de que se les está dando un salvamento a toda su cartera vencida, también por hacer esa operación, le vamos a pagar un margen de intermedición financiera.
Es decir, efectivamente las pequeñas y medianas empresas tienen una ganancia; el sector financiero tiene doble ganancia. Aparte de que les salva del importante volumen de su cartera vencida, también les estamos dando a ganar por realizar esas operaciones; es decir, ahí evidentemente hay una doble ganancia.
4o. Hay un problema que no ha sido suficientemente aclarado y hemos estado presentes en todas las reuniones de la Comisión de Hacienda. El volumen total con el que el programa se echa a andar son 76 mil millones de nuevos pesos; la información que se nos da es que la cartera vencida en las fechas recientes, es cerca de 60 mil millones de nuevos pesos; es decir, el programa supera con mucho la totalidad de los créditos vencidos a la fecha; obviamente reconocemos que hay un sector importante que aún no tiene cartera vencida, pero estaría por someterse a ella; es decir estarían a punto de caer en cartera vencida.
Sin embargo, hay sectores que no van a entrar en este paquete. Podemos mencionar, por ejemplo a los que los bancos tienen considerados como clientes "D" o como clientes "F"; es decir los que no van a poder pagar, los que ya están cobrados. Esto más o menos es un porcentaje de 2.5, es decir se traduce un 10% de cartera vencida, en 2.5 no va a restructurar su cartera entonces, ya se redujo aquí este punto 5.
Pero además si consideramos que entre los tarjetahabientes no entran en este programa, si consideramos que los créditos hipotecarios tampoco entran en este programa; si consideramos que las deudas en dólares tampoco entran en este programa ni las deudas de los estados y municipios no están incluidos tampoco, entonces realmente se nos presenta el problema de una proporción enorme. En realidad los 76 mil pudieran cubrir con creces el monto de la cartera vencida.
No hay más que dos explicaciones a este problema. O realmente los funcionarios del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda son previsores y están considerando que un alto porcentaje está por acercarse al nivel de cartera vencida o nos están mintiendo cuando nos señalan que solamente es el 10% de la cartera vencida, porque realmente el tamaño del papel del paquete es desproporcionado con la cantidad de sectores que van a ser incluidos.
Adicionalmente quiero hacer una reflexión que es desde nuestro punto de vista, muy importante. Todos los deudores que tienen problema, digamos, en el sector agropecuario que tienen ya financiamiento del FIRA, no van a entrar; del sector industrial que tienen financiamientos de Nafinsa, tampoco van a entrar y algunos sectores exportadores que tienen financiamientos de Bancomex tampoco entran. Esto realmente digamos, a estos sectores que son los directamente productivos no van a ser beneficiarios de este programa, entonces serían solamente para aquellos que no alcanzaron a entrar en este esquema y obviamente los que también fueron beneficiarios en los programas anteriores de CIRECA I y CIRECA II.
Entonces, realmente eso reduciría la potencialidad de los que sí verdaderamente pudieran ser beneficiarios del programa. Realmente aquí hay: o son previsores o realmente nos están mintiendo sobre el volumen real de cartera vencida que existe.
Finalmente quiero mencionar la necesidad que hemos reiteradamente planteado en esta tribuna de que nos estamos enfrentando generalmente a problemas y a hechos consumados.
Señores, en el Partido del Trabajo estamos profundamente convencidos de que el sector financiero de México ha sido parte sustancial de la crisis en la que estamos. Necesitamos establecer un nivel de regulación mayor. Estamos permanentemente en esa discusión, oportunidades pasan y continúan y no hay una voluntad real de establecer mecanismos de regulación que verdaderamente le den soluciones a los problemas económicos de México.
Señores, de continuar en esta línea, vamos a seguir diciendo reiteradamente: aquí en este país los únicos que ganan son los financieros. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Tonatiuh Bravo, para hablar en pro.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados de esta LVI Legislatura:
Me ha correspondido hablar en torno de la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, acerca de la iniciativa del Ejecutivo y el dictamen correspondiente de la Comisión de Hacienda, que establece las obligaciones denominadas unidades de inversión (Udis).
La creación de las unidades de inversión como unidades de cuenta en las obligaciones que se deriven de las operaciones que celebren intermediarios financieros y en general en las transacciones comerciales, representan un instrumento de política económica que, como cualquier otro instrumento, tiene ventajas y desventajas.
El análisis de la propuesta debe verse, sin embargo, fundamentalmente a la luz del conjunto de la política económica; es decir, en relación con las disposiciones y estrategias que se han puesto en marcha a raíz de la devaluación del peso mexicano. Estudiar de manera aislada este instrumento, no nos permitiría una valoración adecuada.
De acuerdo a lo anterior, queremos hacer las siguientes consideraciones:
Señor Presidente, respetuosamente ruego se solicite a la Asamblea el orden debido, para continuar con mi intervención.
El Presidente:
Se ruega nuevamente a los señores diputados guardar el orden correspondiente, ubicarse en los lugares que se hayan elegido en este recinto y a los señores de la prensa nos hagan favor de desalojar un poco el pasillo central, si son tan amables.
Prosiga, señor.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Gracias, señor Presidente.
1o. Las Udis buscan atender un conjunto de problemas: la enorme incertidumbre existente por la inestabilidad económica, particularmente el tipo de cambio y la tasa de inflación; la acumulación a un nivel crítico; es decir, más del 10% de carteras vencidas y el deterioro del valor real de las inversiones y préstamos a cargo de los intermediarios financieros para el efecto inflacionario.
Frente a estos problemas, el proyecto de creación de las Udis favorece principalmente a los bancos y a los ahorradores, ya que permitiría a los primeros contar con una cantidad elevada de recursos de origen público, para hacer frente a la crisis económica; a los segundos, porque les garantizaría una tasa real fija de interés por encima de la inflación. En cambio a los deudores les representaría un alivio pasajero insuficiente; son los peor librados en esta operación de rescate financiero.
En efecto, respecto a las carteras vencidas, un problema y una limitación seria de este proyecto reside en que los bancos se reservan el derecho de decidir quién vive o muere, pues son ellos los que escogerán a las empresas y a las inversiones viables.
Por otro lado, sí bien permiten una reestructuración de la deuda de aquéllos que los bancos consideran empresas viables, éstas tendrán un alivio que puede ser pasajero y reducirse a los primeros tres o cuatro años, si el entorno macroeconómico sigue estando marcado como ahora por el estancamiento y la inflación. Aún más, en caso de que esta situación persistiera o se agravara, el problema haría explosión de manera más grave, todavía mayor que en el momento actual.
Finalmente en lo que respecta a este punto y dado el carácter voluntario y la condición de que los bancos deben tener una balanza equilibrada entre las Udis, activos y pasivos, si no retorna la confianza en la economía mexicana en su conjunto, el programa puede resultar en una medida de alcance sumamente limitado.
2o. El sistema de las Udis que estamos discutiendo no ofrece las mismas ventajas para todos los deudores; ofrece condiciones marcadamente desfavorables para los trabajadores de ingresos fijos; es decir, los asalariados que sean deudores del sistema bancario, por ejemplo, de créditos hipotecarios.
Esto es así, porque al indexarse los intereses y el capital de los adeudos se generará una inercia inflacionaria en toda la economía. En este fenómeno si lo único que no se pone al parejo de los aumentos de los precios, es precisamente el salario, resulta claro que habrá una pérdida neta de los trabajadores de ingreso fijos bajo este sistema.
Aún más, de prevalecer una disparidad tan grande entre la inflación y el aumento nominal de los salarios, como sucede actualmente, el alivio temporal nunca existirá y por lo contrario, significará una carga mayor que repercutirá aún más en la pérdida del salario real.
En otras palabras, este sistema tal y como está pasando para las empresas, es contraproducente para su aplicación en el caso de los trabajadores de ingresos fijos, ello, de continuar la política salarial vigente desde hace dos décadas.
Aquí queremos anotar que lo congruente, lo verdaderamente congruente, sería indizar al índice inflacionario no sólo las inversiones, sino también los salarios. Si los salarios se pagaran con el sistema de Udis, no perderían obviamente de manera tan fácil su valor real.
3o. El programa representa, como señalamos, un importante apoyo con fondos públicos al sistema bancario. El caso es más claro aún si consideramos que además de los 94 mil millones de nuevos pesos considerados en la fase de arranque, el Gobierno tiene pensado un apoyo para las deudas en moneda extranjera de la banca comercial, apoyo que contrató el gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por entre 3 y 5 mil millones de dólares.
Hay pues, una considerable cantidad de recursos para los bancos, como no los hay en forma directa para el apoyo de los productores o los asalariados.
No cabe duda que los banqueros son los verdaderos hijos predilectos del régimen. Se privilegia un sector de la economía que, por cierto, no ha mostrado ni responsabilidad ni eficiencia, ni merecimientos, como señalábamos en enero del presente año, en ocasión del voto de nuestro grupo parlamentario en contra de la reforma a las leyes bancarias, una mayor concentración oligopólica y ausencia de compromiso social y productivo.
Nosotros nos preguntamos: ¿quién nos garantiza que ahora la banca responderá a este programa poniendo su mejor esfuerzo para bajar los índices de intermediación, para no elevar indebidamente las tasas activas, para no desviar recursos destinados a las Udis, a la especulación y en fin, para no destinar los recursos en Udis para sus socios, amigos o favoritos sin importar su viabilidad real? Por ello, es fundamental determinar criterios adecuados para que la banca comercial cumpla cabalmente con los objetivos definidos en la creación de las unidades de inversión
4o. La implantación de las Udis provocará, como ya señalamos, una importante inercia inflacionaria en el conjunto de la economía que hará más difíciles los esfuerzos para regresar a niveles más bajos de crecimiento los precios. Puede incluso fomentar, dentro del Gobierno, la idea falsa de que hay que alargar y hacer más fuertes las políticas de represión de la demanda en lugar de fomentar la producción y aumentar la oferta para controlar la inflación.
Este es justamente uno de los saldos de la experiencia chilena, ahora tan invocada por haber calcado el sistema de Udis, allá llamadas Unidades de Fomento, dificulta y alarga el abatimiento de la inflación. Consideración número cinco.
Pero nuestro último señalamiento es en realidad el principal. La creación de las Udis no da una señal clara de una política económica que aspire a ver más allá de un plan de choque intensivo y de efectos bárbaros sobre la planta productiva, el empleo y los niveles de vida de la población.
Recientemente el presidente de la República, el doctor Zedillo, comentaba ante un grupo de inversionistas extranjeros que la economía mexicana daba ya signos vitales, porque estaba en franca recesión y ya había un gran número de desempleados. Obviamente no lo expresó así, aunque el Presidente se refería en primer lugar a los saldos en la balanza comercial y de la cuenta corriente, el fondo es el mismo. Una economía tiene signos vitales en los niveles de desarrollo, crecimiento, igualdad y equidad, consecuentemente una política económica destinada a superar la crisis no puede reducirse a comprimir la demanda.
La creación de las Udis y otras medidas tomadas recientemente aún no son un plan económico anticrisis que vaya más allá de un plan de choque, son medidas aisladas, limitadas, con efectos poco claros. Podrían ser parte de un plan más general, pero no lo son todavía.
A manera de ejemplo, es como si un enfermo de cáncer que aún está a tiempo de curarse se quiebra una pierna. Obviamente es necesario que a ese enfermo se le dé atención para que sane de esa pierna, pero además de ello deberá extirpársele el cáncer que padece para poder efectivamente salvarle la vida. Nosotros consideramos que en este caso las medidas que hoy se están proponiendo en el dictamen, y denominadas Udis, atienden al enfermo en lo que se refiere a la pierna quebrada, pero no en lo que se refiere a extirparle el cáncer que tiene dentro de sí.
Si la política económica del Gobierno se reduce, como hasta ahora, a propuestas que, como hemos dicho, benefician principalmente a banqueros y a ahorradores, y sigue insistiendo en medidas como el aumento del IVA; es decir, si sigue guiándose por el criterio de que lo prioritario es atacar la crisis financiera y no atender el aparato productivo, el sistema de Udis no sólo no ayudará lo suficiente, sino puede convertirse en una medida que agravará en pocos años los problemas de solvencia que vive la economía mexicana. Es preciso pues, tomar otras medidas.
Hoy reiteramos algunas propuestas hechas con anterioridad.
Debemos de reconocer que estas preocupaciones y propuestas, expresadas por nosotros en las diferentes reuniones de la Comisión de Hacienda, y que aquí han sido leídas en el dictamen, se han presentado por parte de la comisión de alguna manera.
1o. Se requiere, como se señala en el documento, establecer mecanismos análogos que puedan ser instrumentados por la banca de desarrollo para los deudores de bajos ingresos que no sean atendidos por la banca comercial.
En enero de 1995, desde esta misma tribuna, propusimos la creación de un fondo nacional para proteger la planta productiva y el empleo, financiado con recursos fondeados por deuda interna del gobierno y administrados por la banca de desarrollo.
Con este programa se podrían otorgar recursos frescos con tasas preferenciales para las empresas y para reestructurar carteras vencidas que incluyan quitas de capital o condonación de intereses moratorios. Esto es lo que propusimos ahora recientemente en enero.
Hoy, esta propuesta sigue siendo vigente, porque habrá carteras que no serán reestructuradas mediante Udis, sea porque los bancos no acepten o porque los deudores no quieran.
Es necesario, pues, un mecanismo alternativo que pueda contar con una cantidad similar de recursos a los que ahora se destinan para salvar a la banca.
2o. En cuanto a los trabajadores de ingresos fijos y su desventaja frente a la indexacción general que promoverán las Udis, se requiere cambiar de política salarial para también cambiar la política fiscal.
El dictamen señala efectivamente la necesidad de revisar el sistema impositivo para alcanzar fórmulas lo más equitativas posibles en la carga tributaria de grupos, trabajadores y clases medias.
Por nuestra parte, reafirmamos nuestra propuesta, entregada a esta soberanía, de desgravar hasta cuatro salarios mínimos del pago del impuesto sobre la renta.
Si no se cambia la política salarial y fiscal hacia los trabajadores de ingresos fijos, las Udis serán una soga más al cuello.
3o. El problema de los deudores requiere de otras medidas que tiendan a solucionar los problemas reales.
Se requiere un programa y un mecanismo específico para tarjetahabientes. En éste y en otros casos se debe de impedir la capitalización de intereses.
Es necesario igualmente, como se ha hecho en otros momentos, recomendar a la banca comercial que suspenda acciones procesales contra los deudores, justamente para encontrar un mejor ambiente para reestructurar carteras.
4o. Finalmente, el dictamen señala que el Congreso hará evaluaciones periódicas para conocer la evolución de programas y asegurarse que se están alcanzando los objetivos establecidos.
Nuestro grupo parlamentario, considera que la implementación de las Udis debe tener una vida limitada y breve si no funciona correctamente. Si éste es el caso, propondremos a esta soberanía una revisión completa del sistema. Las Udis, no necesariamente llegaron para quedarse.
Con fundamento en los señalamientos anteriores puntualizados, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha decidido votar en favor del dictamen, señalando claramente que este voto no constituye un aval a la política económica actual y reiterando nuestra convicción y demanda de cambios profundos en el modelo económico.
Nuestra posición es: el programa de creación de las Udis es aceptable pero insuficiente y su viabilidad está condicionada a la implantación de cambios sustanciales en el contexto de la política económica. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Rafael Ayala, del Partido Acción Nacional.
El diputado Rafael Ayala López:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Los efectos de diferentes modelos económicos adoptados por los últimos cuatro sexenios, han impactado a todos los sectores de la población y en especial, seguimos insistiendo, al que menos tiene.
Hoy esta soberanía inicia la discusión del dictamen, que como consecuencia de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, relativa a la creación de un instrumento financiero llamado unidad de inversión, que servirá para reestructurar la cartera vencida que tiene la industria con la banca de primer piso.
Según datos del Banco de México, la cartera total aproximada es de 600 mil millones de nuevos pesos y el 10%, es decir, 60 mil millones de nuevos pesos, corresponden a cartera vencida, transformada ya en angustiosa y apremiante situación para deudores y acreedores.
Sabemos perfectamente bien que lo que ha fallado es el modelo económico impuesto desde el sexenio anterior y que el débil soporte de nuestra economía nos llevó a una devaluación monetaria sin precedentes; y sumado a esto, con el fin de liberar la paridad cambiaria, se han elevado enormemente las tasas de interés bancarias, trayendo como efecto inmediato la agudización negativa en la capacidad financiera de la industria, convirtiéndose en un grave problema de liquidez para cumplir compromisos con el sistema bancario mexicano, ya que el costo del servicio de su deuda, aumentó en forma directamente proporcional a las nuevas tasas de interés, mismas que son fijadas con base en la tasa libre de Cetes emitidos por el Banco de México.
Dentro de este marco económico y con un programa altamente recesivo, con características únicamente recaudatorias, la industria en general se vé en serios riesgos de desaparecer, en especial la pequeña y mediana empresa.
El Ejecutivo Federal, presionado por esta situación, crea un instrumento llamado unidad de inversión, para reestructurar especialmente la cartera vencida. Este instrumento financiero puede ser utilizado por un lado, para fomentar el ahorro indizado al crecimiento que vaya teniendo diariamente el índice de precios al consumidor, más una tasa que incentive el ahorro interno. Y por otro, también para reestructurar pasivos y restar presión a corto plazo a los deudores, ya que al estar indizado permitirá que las primeras amortizaciones sean menores y con esto se fortalezca la liquidez de las empresas que tomen esta opción.
En principio, el programa original será apoyado con los siguientes fondos: 65 mil millones de nuevos pesos a través de la emisión de bonos cupón cero, estableciendo un fideicomiso para reestructuración de carteras. El fondo será denominado en Udis, 11 mil millones de nuevos pesos serán aportados por la banca privada de sus propias reservas y 18 mil millones de nuevos pesos que representa la deuda actual que tiene la banca privada con el Banco de México la cual será cambiada su denominación de nuevos pesos a Udis.
El total de estos fondos suman la cantidad de 94 mil millones de nuevos pesos. Es importante señalar que a pesar que en el cuerpo del dictamen se inserta una recomendación a la banca comercial, para establecer márgenes razonables de intermediación para reestructurar la cartera vencida y que además por el uso de recursos públicos, se recomienda a las autoridades establecer una adecuada normatividad para proteger los intereses de los usuarios del crédito.
El grupo parlamentario de Acción Nacional, hace una propuesta para adicionar un párrafo a la cuarta recomendación del dictamen, en el siguiente sentido:
"Que para los recursos provenientes del Gobierno Federal, que en su monto suman 83 mil millones de nuevos pesos, se recomienda la fijación de una tasa de intermediación que cubra solamente el costo administrativo que representa a la banca comercial el manejo de estos fondos para reestructurar la cartera vencida y de esta forma, cumplir cabalmente con el objetivo que persigue esta medida en una situación emergente del aparato productivo."
La idea fundamental, es evitar márgenes de especulación ajustándose estrictamente a los costos operativos pues se trata de recursos públicos. Hasta aquí la propuesta.
Queremos subrayar que esta medida es mero paliativo de carácter coyuntural a la crisis económica, ya que únicamente resuelve de manera parcial el problema de liquidez y costo financiero de algunas empresas; sin embargo, consideramos necesario que el Ejecutivo Federal dé una respuesta inmediata a renglones tan importantes que presionan otros sectores de la sociedad, como son:
Implementar un programa de rescate en la reestructuración de créditos hipotecarios. En el mismo sentido, establecer un fondo especial para la deuda externa en dólares que tiene el sector privado y pueda reactivarse en un marco más amplio la economía nacional.
Un renglón muy especial que hemos insistido urge resolver, es el relativo a la deuda pública que tienen los estados y municipios del país y que al cierre de 1994 ubica en verdadera crisis de endeudamiento a los estados de Sonora, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, por mencionar algunos de ellos.
La deuda total al cierre del año pasado de los estados rebasa los 20 mil millones de nuevos pesos y esto, sin considerar la deuda de los municipios, tanto la banca comercial como a la banca pública. Mucho se ha dicho de la intención de avanzar hacia un verdadero federalismo fiscal, pero sólo ha quedado en buenas intenciones del Ejecutivo, hasta hoy. Tema que por cierto se ha convertido ya en un auténtico clamor nacional.
Hemos sostenido y hoy lo ratificamos, que el desarrollo integral del país sólo es posible con una descentralización de recursos más justa y más equitativa y como consecuencia, se hace más exigible instrumentar un programa emergente que resuelva a los estados y municipios su crisis financiera por la deuda y el costo del servicio de la misma.
El decreto establece modificaciones y adiciones a diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La participación del Partido Acción Nacional en el análisis de la iniciativa del Ejecutivo fue desarrollada de una manera activa, propositiva, responsable y constructiva.
Propusimos cambios sustanciales que hoy permiten presentar ante esta soberanía una iniciativa de ley diferente; diferente pero acorde a las necesidades reales de nuestro entorno económico.
Propusimos cambios que facilitan la mecánica de aplicación fiscal de las unidades de inversión. Hemos pensado en los futuros usuarios de dichos instrumentos y por eso creemos que su aplicación debe ser sencilla y muy práctica.
Hoy, este dictamen contiene procedimientos fiscales más sencillos de comprender y de aplicar, ya que por la propia naturaleza de las unidades de inversión, no es necesaria la determinación de los complicados y confusos componentes inflacionarios.
Cuando se invierten unidades de inversión el interés real es acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Y cuando las deudas o cuentas por pagar se denominan en unidades de inversión, el monto deducible es el interés real.
Las modificaciones propuestas al artículo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, otorgan un beneficio particular a los inversionistas que son personas físicas, a través de una tasa de impuestos del 15% sobre el interés real que es definitivo y cuyos ingresos no son acumulables a los demás. Esto, cuando en el pasado esta tasa impositiva se situaba en el 20% sobre los 10 primeros puntos porcentuales.
Hoy, los pequeños y medianos inversionistas a través de las unidades de inversión podrán recibir mayores intereses por sus ahorros pagando menos impuestos. Anteriormente en términos nominales un pequeño inversionista recibía 10% de intereses y pagaba 20%, de impuestos; hoy, a través del mecanismo de las unidades de inversión puede recibir 50% de intereses y pagar sólo el 1.5% de impuestos.
Esta, señoras y señores diputados, es una propuesta con sentido humano del Partido Acción Nacional, misma que fue aceptada en el dictamen de la comisión. Adicionalmente aquellas personas físicas que reciban intereses en forma esporádica y que correspondan a cuentas por cobrar en unidades de inversión, únicamente pagarán el 35% del interés real o aplicarán al interés real recibido, la tabla del artículo 80.
Estas adecuaciones fiscales permiten facilitar y promover el uso de unidades de inversión.
Consideramos que ésta es una oportunidad para abatir los intereses especulativos de quienes prestan dinero y es una alternativa para garantizar un mayor ingreso para esos pequeños ahorradores que han sido afectados con el pago de tasas mínimas de interés.
Seguimos afirmando que los programas diseñados para activar la economía que presenta a esta soberanía el Ejecutivo Federal, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, requieren de un trabajo más fino políticamente, de tal suerte que antes del diseño y de la iniciativa que corresponda, se consense con las fuerzas políticas que integramos esta cámara, ya que asumimos que aun cuando pueda haber diversas ópticas y puntos de vista, todos estamos interesados en coadyuvar a que la economía nacional se restablezca y alcance un punto de equilibrio razonable en un plazo igualmente razonable.
Para terminar, insistimos en que la materia económica está indisolublemente ligada a la materia política. Si aceleramos la discusión de los temas de la reforma política que para nosotros tiene una connotación de dos ejes fundamentales: municipio libre y auténtico federalismo fiscal entre otros, estamos ciertos que la voluntad política de un verdadero cambio estructural está avanzando, de otra manera seguiremos empantanados en otorgar al cuerpo social enfermo, sólo aspirinas, cuando requiere de trasplantes y cirugía mayor.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, emitirá su voto a favor del dictamen, sin dejar de insistir que esto es solamente una medida paliativa y que falta establecer de inmediato otras que apoyen el salario e incentiven fiscalmente a la planta productiva.
El Ejecutivo Federal demuestre con hechos el ajuste del gasto; que se establezcan medidas inmediatas hacia el cambio. Todas éstas las hemos anticipado en un programa alterno propuesto desde el mes de febrero de este año y que estamos abiertos a discutirlo y a enriquecerlo en bien de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Mauro González Luna, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:
Señor Presidente; diputadas y diputados:
El propósito de esta intervención no es empañar la intención positiva y benéfica, aunque de naturaleza paliativa, del contenido de este decreto que se pretende aprobar. Sin embargo es un deber indeclinable el señalar algunos aspectos de técnica jurídica y legislativa que ameritan ser tomados en cuenta en esta deliberación.
Quisiera apelar a su paciencia, porque considero que este naufragio que vive México, requiere de que se le vuelva a dar seriedad al derecho. Por ello procederé a esgrimir los siguientes argumentos con el propósito de dejar constancia de que el método, de que el instrumento jurídico que se utilizó para lograr las metas de este decreto, no han sido los ortodoxos. Y para ello recurro, en primer lugar, al artículo 7o. de la Ley Monetaria, que establece lo siguiente: "las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana, se denominarán invariablemente en pesos y en su caso, sus fracciones".
El artículo 7o., insisto, establece en forma clarísima que las obligaciones deben invariablemente denominarse en pesos.
Por su parte, el artículo 9o. de la Ley Monetaria establece que las prevenciones del artículo 7o. señalado, no son renunciables y toda estipulación en contrario será nula. Es decir, el artículo 9o. con toda claridad establece la sanción que se impone a cualquier violación a lo prescrito por el artículo 7o. de la Ley Monetaria.
¿Y cuál es esa violación? Que se denominen obligaciones pactadas en moneda nacional en otra unidad de medida de cuenta que no sea el peso.
Al artículo primero, por otra parte, de la iniciativa de decreto que establece las obligaciones que podrán ser denominadas en unidades de inversión, así como su artículo segundo transitorio, tendrían como efecto y esto es muy importante, tendrían como efecto el modificar y derogar parcialmente el contenido de los artículos 7o. y 9o. de la Ley Monetaria.
Y ¿cuál es el efecto? El efecto sería la violación flagrante al artículo 72 constitucional en su inciso "f", que establece que para, entre otras cosas, para reformar una ley, se tiene que seguir el procedimiento ordinario para su promulgación. De ahí que lo conveniente sería lo ortodoxo, lo aconsejable por la lógica y por la razón, una reforma a los señalados artículos de la Ley Monetaria.
Desde el punto de vista jurídico y legislativo es necesario que se tome en cuenta esta propuesta para no seguir soslayando una exigencia que es clamor generalizado en el pueblo de México: ¡el respeto irrestricto a la norma!
Sin embargo, hay un principio general de derecho que permite atenuar la rigidez de la técnica jurídica y este principio es la equidad. Y si consideramos que en este momento amargo de la historia de México el contenido de esta iniciativa de decreto sirve para atenuar, para paliar, para menguar la tormenta en la que estamos, no sería lícito oponernos. Sin embargo, quisiera recordar una idea aparentemente paradójica expresada por aquel enorme filósofo de la Grecia antigua, Aristóteles, que en su Ética Nicomaquea destaca que el dinero, que la moneda, no es algo que existe por naturaleza, sino que es fruto, sino que es producto de la convención humana.
Y por ello, en nosotros está el alterarla y el hacerla útil. Pero eso no significa que sigamos ese hábito, ese hechizo de lo habitual, consistente en siempre encontrar paliativos a los grandes problemas nacionales.
Tengo la convicción y con esto termino y ya lo había expresado con brillo inusitado un político jalisciense de verdadera oposición, ¡que las patrias se salvan, como se salvan los hombres!
¡Y las patrias no se pueden salvar recurriendo cotidianamente, insisto, al hechizo de lo habitual, a los paliativos, a los remiendos! ¡Las patrias se salvan yendo al fondo de los problemas, yendo a las causas que le dan origen, subordinando el episodio y la anécdota al destino!
¡Queremos un Gobierno que quiera más a México que a sus intereses particulares! Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Oscar Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Tal vez uno de los aspectos más importantes de la acción legislativa en estos momentos, radica en la comprensión de que el proceso social generador de la acción económica requiere soportes de todo tipo que le permitan mantener una condición de certidumbre, de razonabilidad, hacia el futuro. La realidad de crisis económica que se ha resentido en los últimos meses, parte de la condición de un México cambiante, en el que los procesos tradicionales carecen de capacidad para abrir las puertas al nuevo mecanismo de integración de las naciones.
No basta enfrentar los problemas con buena voluntad y conocimientos, de lo que en el pasado pudo ser considerado como suficiente para resolver el llamado problema económico; cada nación ha vivido un cambio en el que además de los conocimientos y la buena voluntad, ha utilizado la sensibilidad para reconocer que las actitudes timoratas retardan los procesos y pueden lastimar permanentemente el desarrollo.
Nunca como hasta ahora México ha vivido una polarización en torno a las decisiones políticas que deban orientar al proceso económico; la tentación de dar marcha atrás o de acogerse a las modas es enorme, ambas hacen difíciles las acciones de gobierno, porque en ambas se muestran deseos de que lo que se haga sea lo más conveniente para nuestro país. En condiciones de emergencia como las que ahora estamos viviendo, no cabe la marcha atrás ni la decisión unilateral de aferrarse a procesos que de suyo lastiman; compararnos con naciones de desarrollo relativo mayor que el nuestro tratando de alcanzar los mismos parámetros de ellas, obliga a una condición de igualar lo diferente y de sacrificar sobre todo el desarrollo equitativo, por el simple sueño del crecimiento económico.
Entender que la vinculación con las mismas naciones es la oportunidad de allegarnos tecnologías y mejores condiciones laborales, políticas y de procesos productivos, es una obligación para seguir la necesaria integración de México a la aldea global, al concierto de las naciones. Ahora enfrentamos una crisis en donde la posibilidad de alcanzar niveles insospechados de desempleo por la caída de la producción industrial, requiere de una estrategia que ponga piso a la crisis y evite el colapso, que prevenga que nuestro PIB, el producto interno bruto, no se desplome alcanzando una contracción que pudiera llegar a niveles de 25% y 30%. El desempleo cierto sube tasas del 20% o 25% y el enorme número de mexicanos en condiciones de desprotección y desempleo pudiera llegar a cinco millones de habitantes en la población económicamente activa.
Por eso se tienen que tomar medidas, se han tomado medidas que le pongan piso a la crisis y que pongan el costo de la crisis en una caída de dos o tres puntos del producto y sobre todo en un desempleo que no llegue a más de un millón de desempleos abiertos durante este año. Esta es una manera de ver la situación en una defensa a la producción de nuevos empleos. Las razones de esta posibilidad se explican a la luz de realidades que ahora presentan condiciones diferentes a las de hace tan sólo unos meses.
Como resultado de la apertura en México, mantenemos una condición de vinculación externa en la que poco más del 18% al 20% del PIB depende del comercio exterior. Esta realidad en la actualidad presenta una contracción debido principalmente a la dificultad que tenemos para ocurrir al ahorro externo, indispensable como fuente importante del fortalecimiento de nuestro proceso de capitalización y como alternativa para allegarnos satisfactores de buena calidad y a precios adecuados.
La necesaria obtención de recursos externos también requiere de estrategias en las que el aliciente fundamental se cifre en la estabilidad de los procesos que les atraiga; la existencia de una demanda interna fuerte que mantenga la posibilidad de obtener una legítima remuneración por su empleo, que multiplique al empleo y regrese la equidad.
Restablecer los flujos de capitales del exterior, es una equidad de la que no podemos prescindir mientras no tengamos estructurada una capacidad interna de ahorro suficiente para apoyar el proyecto nacional que hoy nos ocupa.
La nueva condición financiera nacional, obedece en buena parte, a la necesidad de contener los procesos inflacionarios que resultarían de un desmedido crecimiento de circulante monetario si en vez de utilizar la corrección dineroproducción, empleáramos exclusivamente el dinero.
El ajuste de la crisis ha creado una distorsión entre las expectativas del pasado demandante de fuertes flujos de recursos y la creciente dificultad de acceder al ahorro externo como fuente de ellos. Esto ha permitido la existencia de un fenómeno en donde éste se define por la demanda, por los compradores y en el que los precios del dinero han colocado a los acreditados frente a la eventualidad y, esto es muy importante, de la insolvencia y a los intermediarios frente a la dificultad de seguir cumpliendo con su ficción, fracturando el sistema de pago nacional y el sistema de ahorros de toda la nación y de los mexicanos.
Nada tan alejado de la estrategia del presidente Zedillo, un hombre que ha entendido la fina división entre la presencia de un Gobierno autoritario y uno con autoridad, entre un Gobierno que tenga que acudir al uso de la fuerza y uno que sea fuerte por los caminos empleados y las decisiones asumidas.
La necesidad de atender las distorsiones mencionadas al inicio de esta intervención, se presenta en un proyecto de Gobierno en el que las condiciones económicas se entienden dentro del marco de alianzas con toda la sociedad, posibilidad acentuada por la presencia misma de la crisis.
Lo complejo del panorama presentado y la dolorosa realidad de los varios méxicos que hoy enfrentamos, en los que muchas veces parece que nos encontramos; hacen indispensables la búsqueda de soluciones que aprovechen logros, respeten posiciones y atiendan al interior, lo que puede lograrse con un Gobierno atento a la justicia, con autoridad pero alejado del empleo de la fuerza, un Gobierno con capacidad de establecer alianzas, de tener organización y apertura política para restañar heridas no sólo de la sociedad en su conjunto, sino al interior de su propio partido, el PRI, un Gobierno promotor de una estrategia que garantice la necesaria correlación entre el Congreso y la sociedad, para mantener vigiladas y con vigilancia a las tecnocracias, que ofrezca seguridad en todos los hogares, un Gobierno con mayor capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad, sólo así se puede contar con un proyecto nacional que nos permita salir adelante.
Por eso, los diputados del PRI saludamos a la invitación del presidente Zedillo a discutir con la sociedad el nuevo proyecto de desarrollo que queremos.
La única alternativa existente es la que impide llegar a las condiciones de desajuste, resultado de las opciones del cierre del paternalismo y mantenimiento de la ficción económica. Esta alternativa que, repito, pone piso a la crisis y a las difíciles condiciones por las que hoy atravesamos, intentará no poner los huevos en la misma canasta, que aproveche los logros alcanzados, que promueva el desarrollo, orientándose a las condiciones importantes del mismo como son salarios y empleo para todos los mexicanos, dignidad garantizada de maestros y médicos, que fortalezca las acciones de salud y educación, que defienda la economía popular, que dignifique la vivienda, los servicios urbanos e imparta justicia haciendo respetar la ley.
Es el momento hoy de atender a las instituciones productivas que han resultado dañadas, orientando las soluciones a los usuarios del servicio y no a quienes tienen la obligación de prestarlo; en una palabra, se trata de volver a colocar a la pirámide en su posición natural, ya que el equilibrio centrado en el vértice no solamente es difícil ya, sino imposible y ahora resultaría hasta irresponsable.
Un proceso consistente con la sociedad como el que plantea el presidente Zedillo, mantiene pivotes importantes en la condición de apertura y privatización, orientando mucho más a las empresas que a los empresarios; fortalece otras cosas importantes que ya existían, a través de un planteamiento muy importante, que es el gradualismo fiscal y financiero, en donde los procesos de globalización dejen de hacerse en condiciones de corto plazo y desvinculadas de la posibilidad de ahorro doméstico; favorece la existencia de programas que consideren al capital externo como permanente, buscando que su entrada sea de acuerdo a la necesidad que obliga a su demanda y no trayendo 3 mil millones de dólares mensuales para suplir un déficit, un desequilibrio en las cuentas comerciales del país.
Crea nuevos equilibrios esta política, al estructurar una estrategia de gasto público equilibrado, promotor de excedentes, que no son otra cosa que la orientación compartida del proceso nacional de formación de ahorro.
De aquí que ahora estudiamos la propuesta de las unidades de inversión, sometida a este Congreso de la Unión, a esta Cámara de Diputados, como un elemento adicional del proyecto nacional con que se hace frente no sólo a la emergencia en la que nos encontramos, sino al futuro de todos los mexicanos.
Al colocar la intermediación financiera en un programa de reestructuración del sistema nacional de pagos, estableciendo una unidad de cuenta denominada Udis, el gobierno del presidente Zedillo busca como propósito fundamental que la intermediación financiera se vincule con la realidad económica, asimilando los diversos méxicos en uno solo, fortaleciendo también la posibilidad de promover el ahorro de los mexicanos.
El ahorro se entenderá de manera diferente. Con las Udis, el beneficiario es el ahorrador que mantiene una condición dinámica, en la que siempre se estará por encima de los movimientos inflacionarios y no como hasta ahora, reestructurando de manera diferida los intereses devengados, ya que se busca principalmente en esta política que estaba, el beneficio de los intermediarios y no de las empresas productivas.
Aquí hay un ejemplo que todos podemos entender con facilidad: si la tasa de inflación se anualizara en tasa de interés compuesto, tendríamos una inflación proyectada, si las cosas no se llevaran bien, estaríamos hablando de una inflación de 101, contra una tasa de Cetes de 82, donde cualquier mexicano que invierte en Cetes, ahora está perdiendo 19 puntos. Este mecanismo evita precisamente esto, dándole un premio a la permanencia del ahorro.
Con las Udis, quienes hagan uso del servicio del crédito, además de conocer de antemano las condiciones de sus pagos reales, tanto de capital como de intereses, dejarán de estar al arbitrio de los mismos intermediarios, que hasta ahora eligen para sus cálculos, graciosamente, no sólo la tasa de interés más alta de las que ellos mismos definen, sino las condiciones de sobrepago de acuerdo a la eficiencia administrativa de las propias instituciones bancarias.
El apoyo a la nueva unidad de inversión incorporada a la economía popular, atiende a las variaciones diarias del pago y del ingreso financiero, ofreciendo un servicio y no un yugo como en la actualidad padece el pueblo de México.
Si las nuevas condiciones de la intermediación dejan de ser satisfactorias para los beneficiarios de la propiedad de la banca, es el momento que definan su postura, pues la banca es una actividad orientada al menudeo y al servicio, no a la especulación y a los beneficios unilaterales; el banquero debe ser un empresario con la camiseta del desarrollo.
Orientarse a otros intereses diferentes es motivo de poner en duda su capacidad empresarial y la legitimidad de sus metas, pues existen otros caminos que permiten utilidades legítimas de corto plazo, muchas de las cuales parecen no ser conocidas por los intermediarios, quienes requieren para funcionar de informaciones exclusivas y a veces hasta de patentes de corzo.
Voy a terminar ya. La aceptación de las Udis debe llevar una recomendación expresa: la de tener vigencia hasta el momento en que las variables de la economía obedezcan al interés nacional. Cuando la inflación que momentáneamente padecemos, ceda como resultado de la racionalidad del gasto, del fortalecimiento de los ingresos, por la existencia de empleos suficientes y de la capacidad operativa de las empresas mexicanas, la banca, para ser eficiente y salir adelante con la unidad de inversión, deberá eliminar las onerosas operaciones y los flujos a los que se ha acostumbrado de unos años a la fecha, siempre en perjuicio de la sociedad mexicana. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente:
Ha pedido el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Taide Aburto Torres y hasta por cinco minutos.
El diputado Taide Aburto Torres:
Con su permiso, señor Presidente:
Ante las altas tasas de interés que prevalecerán en 1995, la falta de rentabilidad de los productos agropecuarios, en especial los granos, el incremento de los precios de los productos se verán anulados por el mayor aumento en los costos de los insumos y por el costo financiero.
La reducción presupuestal de la banca de desarrollo, el incremento de la cartera vencida y la inhibición de los socios de las unidades de crédito para obtener mayores créditos por las tasas de interés, hacen inviable económica y financieramente la operación de las uniones de crédito campesinas durante 1995, que tendrán pérdidas crecientes a lo largo de todo el año.
Es necesario establecer un programa de emergencia gubernamental, en respaldo a la operación de estas uniones de crédito, porque de lo contrario cerrarán o entrarán en quiebra.
Dicho programa deberá contener, entre otras medidas, demandar al Estado mexicano el establecimiento de un programa nacional de respaldo a las uniones de crédito campesinas, a través de la conformación de un conjunto de programas de apoyo específicos por cada institución oficial que tenga que ver con las uniones de crédito campesinas de acuerdo a su área de competencia.
Debe haber un descuento directo de las unidades de crédito con todos los bancos de desarrollo y fondos de fomento, en especial con FIRA, ya que la banca comercial en lo general no quiere colocar créditos al campo mexicano. Debe de contarse con puntos de intermediación adicionales a las unidades de crédito por la gestión de créditos de poco monto y simplificar la normatividad excesiva que les impone la banca de desarrollo.
Se deben establecer tasas de interés blandas para el financiamiento de las actividades agropecuarias y estabilidad de las mismas, sacar al campo mexicano del esquema financiero especulativo.
Debe haber una tregua financiera al sector agropecuario nacional y cancelación de los intereses moratorios generados a partir de la entrada a la crisis económica actual.
Debe haber un establecimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria, de un programa preventivo y no sólo correctivo de sanciones e infracciones.
Se requiere una tregua a las unidades de crédito que tengan problemas de irregularidades y multas con la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fomentando su análisis casuístico para encontrar soluciones realistas.
Debe de haber financiamiento de los proyectos productivos agropecuarios a través de mezcla de recursos de fondos de inversión pública, o fondos de recuperación con tasa 0%, con financiamientos bancarios que permitan elevar la rentabilidad financiera de los mismos y disminuir el agobio y la carga financiera a los sujetos de crédito.
Se requiere que las diferentes fuentes de fondeo establezcan la etiquetación de recursos y definición de techos financieros a las unidades de crédito campesinas, para tener certidumbre en la elaboración de sus programas de crédito anual.
Todo lo anterior debe ser elaborado e instrumentado en un marco de concertación Estadouniones de crédito campesinas.
Recuperar la autosuficiencia alimentaria constituye la prioridad fundamental en una estrategia nacionalista y popular.
El ejido, la comunidad y las diversas formas asociativas, tales como las uniones de ejidos, las asociaciones rurales de interés colectivo y las uniones de crédito deben ser apoyadas en forma decidida.
Revisar con estricto apego las disposiciones constitucionales con la concurrencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Federal, los tratados comerciales internacionales ratificados por nuestro país a fin de renegociar aquellas disposiciones que resulten contrarias al interés nacional, buscando siempre preservar la autodeterminación política y económica de México. Este es un camino que tenemos que emprender con urgencia, y yo desde esta tribuna exhorto a todas las fuerzas políticas a impulsar este esfuerzo en bien del campo mexicano.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Saúl Escobar, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, señor Presidente. Vengo a esta tribuna a insistir en los fundamentos de nuestro voto razonado en torno a este proyecto.
Dos son los problemas fundamentales que nos preocupan en torno a la iniciativa que se está discutiendo.
La primera tiene que ver con la magnitud que vive el país actualmente, que se refiere a una práctica de insolvencia de muchos sectores de la economía mexicana.
El problema de las carteras vencidas no es un problema pasajero, no es un problema del momento, no es un problema coyuntural. En realidad el problema de las carteras vencidas empezó a hacer explosión desde 1992 y ahora con la devaluación desde luego ha tenido un impacto todavía mayor.
¿Y por qué -debemos preguntarnos- empieza la crisis de la deuda interna mexicana en 1992? Y debemos respondernos que el objetivo y el problema fundamental de la política económica, que vivió en el sexenio pasado, de cuidar más las variables inflacionarias y descuidar la política productiva, fue la causa fundamental de la explosión de las carteras vencidas; es decir, lo que hoy vivimos es una herencia de una política económica profundamente equivocada que se vivió durante el sexenio pasado.
Elevadas tasas de interés y una política recesiva, una política que no alentó la producción y que hizo que el país viviera bajas tasas de crecimiento, están en el fondo de la crisis de las carteras vencidas.
Ahí está el caso, por ejemplo, del sector primario que reúne la quinta parte de la cartera vencida hasta el último informe que teníamos de 1994, muchas características ya se han venido a tocar en esta tribuna.
¿Y cuál fue la respuesta del Gobierno? La respuesta del Gobierno fue, por un lado, los famosos sirecas, pero por el otro, una cosa que llamaron el crédito a la palabra, que en realidad era una dádiva que no lograba cubrir ni siquiera el 75% de los costos de producción; es decir, la respuesta del régimen fue en realidad una respuesta demagógica frente a un problema tan serio como la crisis del agro mexicano, del campo mexicano, que vivía en práctica insolvencia por una política económica que lo llevó a la ruina.
El mismo sector industrial también vivió, en los últimos años ha vivido una grave situación de quiebras, de inestabilidad, de insolvencia.
Las empresas que cerraron durante el sexenio pasado se cuenta por decenas de miles, y debe decirse, por ejemplo, que este sector industrial representaba la cuarta parte de las carteras vencidas; es decir, casi el 25% del total.
¿Y qué políticas se implementaron? Por ejemplo, el proyecto que se anunció con bombo y platillo por el entonces presidente Salinas, en julio del año pasado, del famoso bono cupón cero, que fue completamente inadecuado para el problema que se estaba enfrentando; no surtió efecto en ningún caso o prácticamente en ningún caso estas medidas de alivio a la cartera vencida de la industria, como fue el bono cupón cero.
En el sector comercio también se vive una situación similar, con el agravante de que en este caso el rubro de cartera vencida es también muy importante.
En realidad en el sector servicio se está el monto más importante de la cartera vencida del sistema bancario mexicano y particularmente tenemos el caso de los microbuses, donde por lo menos 100 mil poseedores de microbuses tienen una cartera vencida de 900 millones de nuevos pesos.
Ahí está también el caso de los tarjetahabientes, del cual se puede efectivamente suponer que no son una prioridad nacional, pero que si nosotros tomamos en cuenta la trayectoria de este problema, veremos que en muchos casos las tarjetas de crédito sirvieron para completar o compensar el decremento salarial y muchas veces sirvieron como completo precisamente para completar la canasta, digamos de consumo normal de algunos sectores de las clases medias.
Los créditos al consumo crecieron de 716 millones de nuevos pesos en 1988 a 7 mil 248 millones de nuevos pesos en septiembre de 1994. Este crecimiento exponencial no fue producto fundamentalmente de una política o de un afán suntuarios de los consumidores, fue producto de una caída de los ingresos de los consumidores, que tuvieron que completar este ingreso con el crédito al consumo, principalmente a través de las tarjetas de crédito.
Entonces, el problema de los tarjetahabientes no es un problema menor, es un problema de amplios sectores de la población que están resintiendo ahora más que nunca el problema del alza de las tasas de interés y, sin embargo en los diversos programas que nos ha entregado el Gobierno, no hay nada para los tarjetahabientes, no hay ninguna solución, es más ni siquiera una esperanza de solución para este grupo de la población que hoy vive un problema realmente dramático.
En los créditos a la vivienda también encontramos graves problemas de cartera vencida. Todo esto ha llevado a que, como se ha dicho, por lo menos el 10% de la cartera total de los bancos se encuentra en cartera vencida, y hoy está la propuesta de las Udis.
Nosotros decimos: adelante con las Udis, vamos a ver. Pero también decimos: no es la primera vez, compañeros diputados, que se nos viene con un programa de alivio a la cartera vencida, que al final no tiene resultados positivos y que al final no viene a resolver el problema de fondo y que en todo caso representa un alivio temporal, pero que no representa una política integral para enfrentar el problema de la insolvencia del sector productivo mexicano. Este es el problema.
Nosotros decimos: adelante con las Udis. Pero reclamamos que no hay una política en serio integral que aborde el problema a fondo, deja a sectores completamente fuera de este programa, como los tarjeta habientes y además con montos que todavía no sabemos si van a ser suficientes para abordar y resolver este problema.
¿Qué se necesita? Se necesita que además del problema de las Udis haya un fondo nacional para la protección al empleo y a la planta productiva, que fue una demanda que ya planteamos con anterioridad. Se necesita que este fondo sea también con recursos públicos que puedan obtenerse de la deuda interna, como está sucediendo con el proyecto de las Udis. Dinero si se busca y maneras de financiar los programas como éste los hay, es cosa de ponerle voluntad política.
Necesitamos que se cree un fondo para todos aquellos que se quedarían fuera de las Udis y que podrían entrar a un programa de refinanciamiento, como éste que estamos planteando a cargo de la banca de desarrollo.
Un fondo destinado fundamentalmente a proteger el empleo, pero también a financiar con recursos frescos a muchos deudores que hoy lo exigen. Un fondo con tasas preferenciales, muy por debajo de las que están en el mercado, un fondo que podría incluir quitas de capital, con donación de intereses moratorios y un fondo que finalmente representara un verdadero alivio para muchos deudores.
Esta es la propuesta que estamos haciendo y que hasta estos momentos no ha tenido una respuesta, sino muy parcial.
Ahí está efectivamente el anuncio que se hizo el fin de semana de la tasa Nafin, que representa un avance en torno a tratar de bajar las tasas de interés con programas del sector público, pero necesitamos, más que esto. Para este programa, por ejemplo, de la tasa Nafin se ha anunciado que se destinarán 10 mil millones de nuevos pesos, 10 mil millones de nuevos pesos, que si se comparan con los más de 100 mil millones para el programa de Udis se ve que es un programa menor, casi marginal dentro del total de programas que está impulsando el Gobierno. Necesitamos un programa de la magnitud, de la importancia del programa de Udis que hoy estamos comentando, para que realmente los deudores y la planta productiva reciban un impulso fuerte y decidido de la banca de desarrollo y del Gobierno para reestructurar sus carteras y echar a andar muchos proyectos de desarrollo que hoy están parados por la falta de recursos frescos.
Entonces, el problema de las Udis es un programa finalmente aislado que no forma parte de un programa integral que nosotros estamos reclamando a través del fondo que hemos delineado y que anunciamos aquí desde enero del año pasado.
El otro nivel de cuestionamiento al programa que estamos comentando se refiere a que la economía va a entrar a un proceso de indexación general; a partir de la indexación que se incluyen los Udis de los capitales, de los intereses, de los adeudos, la economía va a entrar en un proceso general de indexación. Todo, menos lo salarios; los salarios van a quedar rezagados como lo han estado durante los últimos 20 años.
Necesitamos entonces una nueva política salarial. Si no definimos una nueva política salarial, el problema de los asalariados, el problema de los trabajadores de ingresos fijos quedará también maltrecho y no encontrará una solución. Y en el caso de muchos trabajadores que deben un crédito hipotecario con la banca comercial, las Udis no sólo no son una solución, sino puede ser el "jalón de la soga" para que queden definitivamente ahorcados.
Entrar a un programa de Udis, si uno tiene ingresos fijos, puede ser un suicidio económico y esto debe verse con cuidado para aquellos planes de reestructuración de créditos hipotecarios que se van a reestructurar a Udis. Necesitamos pensar en una forma distinta el programa de Udis para créditos hipotecarios si efectivamente las condiciones salariales van a permanecer tan rezagadas como están, donde por ejemplo para este año tenemos un aumento en la inflación de quizá 60%, 50% siendo optimistas y un alza en los salarios de 15% o de 18%, si se incluyen algunos créditos fiscales que ahí se aprobaron.
Entonces necesitamos, o cambiar la política salarial y además de cambiar la política salarial ver con cuidado el diseño de los planes de financiamiento para los créditos hipotecarios, porque si no, estos refinanciamientos vía Udis van a ser no sólo un gran fracaso, sino de un gran costo para los trabajadores.
Necesitamos también, compañeros diputados, reconocer que la banca ha jugado un papel muy lamentable, yo diría que exige mucho cuidado y mucha vigilancia del Gobierno Federal. Ya cuando discutíamos las leyes bancarias, nosotros decíamos que la banca no ha jugado un papel solidario y no ha jugado tampoco un papel eficiente dentro del sistema económico mexicano. Necesitamos una banca más vigilada, pero también necesitamos una banca que ponga más de su parte en el esfuerzo nacional y que realmente eleve los niveles de su productividad.
La privatización de la banca desde el punto de vista de los objetivos económicos ha sido un fracaso y eso no quiere decir volver a la estatización; significa reconocer que no se ha cumplido con el papel que se asignó cuando se decidió vender la banca; significa reconocer que la banca ahora que se le está abriendo un financiamiento tan importante, tiene que poner mucho de su parte para que realmente esto funcione; significa reconocer que la banca tiene que hacerse corresponsable del esfuerzo que con fondos públicos se está haciendo por todos los mexicanos; porque a final de cuentas todos los mexicanos de alguna manera estamos poniendo algo en este programa de las Udis.
Significa entonces no sólo como dije, una vigilancia mayor del Gobierno, sino repensar las leyes bancarias para ver qué podemos cambiar y darle mayor eficiencia a este sector.
La única opción que se ha buscado en este momento es abrir la banca a la inversión extranjera; abrir la banca a los intermediarios financieros que vienen del exterior. Pero nosotros decimos: esto no basta; porque con esta lógica entonces la mejor salida será vender el sistema de pagos mexicano al extranjero y esto no puede ser.
Necesitamos efectivamente hacer competitiva la banca, abriéndola a la competencia extranjera, pero no sólo eso, sino también repensar muchas leyes bancarias, muchas medidas bancarias, muchas medidas y reglamentos que se aplican al sector bancario para forzarla, hacerla más eficiente, entre ellos está mayor democratización del capital, entre otras cosas esa mayor descentralización de la banca a sectores y a ciudades que no sean México, Monterrey, Guadalajara y otras medidas que también comentamos cuando discutimos las leyes bancarias en diciembre.
Compañeros diputados, estamos entonces en una situación en la que las medidas que hoy comentamos, tienen todavía mucho camino por andar y muchas incertidumbres y dudas abiertas. Pero la principal, lo reiteramos, es si no hay un cambio de política económica, estas medidas serán un gran fracaso. Una nueva política económica es indispensable para un nuevo renacimiento de la planta productiva y del empleo. Con puras medidas de choque que se preocupan más por contener la demanda y que se preocupan más por ver si ha caído el déficit comercial y si estamos ya parejos en la cuenta corriente, no vamos a avanzar.
Romper con el continuismo de la política económica, salirnos de los planes de choque y enfrentar una verdadera política de fomento al empleo y a la producción, hará quizá que medidas como las que estamos comentando tengan éxito; si no, estamos simplemente alargando la muerte de muchas empresas y estamos simplemente colaborando con que la crisis financiera se prolongue y con ella la crisis del conjunto del aparato económico mexicano.
Estas son, pues, nuestras reflexiones, esperamos que haya nuevas medidas y en este sentido el Partido de la Revolución Democrática seguirá abierto a discutir y a lograr los consensos que sean necesarios, pero también a señalar las críticas y las fallas de la política económica hoy vigente. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfonso Molina, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alfonso Molina Ruibal:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La verdad es que en el debate que este día estamos sosteniendo, en el que las diferentes fracciones parlamentarias hemos expresado las coincidencias y desde luego las divergencias con motivo de la autorización para que se creen las llamadas Udis, queda pendiente y esto solamente el transcurso del tiempo nos lo dirá, el impacto real y económico de estas medidas y tal como se recomienda también, el mecanismo de implementación de las mismas.
Se han abordado muchos aspectos sobre los que no quisiera yo reflexionar mayormente, porque se ha hecho a profundidad en la tribuna. Sin embargo hay un tema que se refleja y que está contenido en el dictamen a nivel de recomendación, en el que en las discusiones en el seno de la Comisión de Hacienda, hemos encontrado coincidencias de fondo y se refiere a algo que alguno de los compañeros aquí ya señaló, que es la precaria situación financiera de estados y municipios en el país.
No es el momento, no pretendo hacerlo, de hablar sobre la urgente necesidad de revisar el actual sistema de participaciones y de coordinación fiscal. Este esquema ya agotó su existencia y a lo largo y a lo ancho del país, en entidades federativas, en municipios, en estudiosos de la materia, existe una corriente pujante, poderosa, nueva, creativa, que ya no tendrá marcha atrás. Es más, las fracciones parlamentarias habíamos decidido en el mes de diciembre, que para este periodo ordinario, tendríamos al respecto, algunas propuestas.
La emergencia económica, la compleja realidad por la que atraviesa el país, el intenso trabajo legislativo que hemos tenido, nos han obligado a posponer lo importante por lo urgente. Sin embargo, la creación de las Udis, como elemento novedoso en el sistema financiero mexicano, nos obliga a replantear el tema de la insolvencia práctica de muchos estados y municipios.
Sin volver, desde luego, al debate de hace algunos días, es indudable que las medidas económicas adoptadas, dolorosas, es cierto, tendrán como resultado concreto que las participaciones a los estados y a los municipios, habrán de aumentar en una cifra que se calcula en 9 mil millones de pesos. Y esto no tiene signo ideológico ni filiación partidista, son cifras, son recursos reales que vendrán a paliar algo de la difícil situación económica de los estados.
Sin embargo, la propia inflación, el aumento de los precios de los servicios y muy particularmente las altas, las impagables tasas de interés, están haciendo de hecho, nugatorio el aumento en participaciones.
Los medios de comunicación con mayor o menor certidumbre y en algunos casos sin lugar a dudas, hasta con tintes políticos partidistas, están dando cuenta del endeudamiento de entidades federativas. No distinguen, por cierto, entre el endeudamiento directo de estados, de municipios, de organismos relacionados con la actividad pública y la deuda contingente.
En otro tiempo, en otro foro, me gustaría profundizar sobre estas cifras, analizar sobre todo la causa del endeudamiento. Pero no me resisto, desde luego, a señalar que uno de los aspectos fundamentales es el inequitativo reparto de recursos entre Federación y estados. Este debate tendrá, en su momento lo haremos y estoy cierto que tendremos profundas coincidencias.
Deseo enfatizar que con motivo de la creación de las Udis, es una oportunidad adecuada que creo que no podemos soslayar, para evitar este virtual estado de insolvencia de algunos estados y municipios. Así lo analizamos en el seno de la Comisión de Hacienda y por eso existe esta recomendación precisa de parte de los partidos que participamos ahí, de que se establezca un mecanismo especial para afrontar este problema.
Se trata, en efecto, de un programa específico, así como debe hacerse con la vivienda, con el campo y con las empresas que tienen endeudamientos en monedas extranjeras, temas de los cuales, por cierto, ya se profundizó. Y aprovecho únicamente para apoyar, ya que hablamos de estados y regiones, para apoyar lo que el compañero diputado Aburto señaló, en cuanto a la necesidad de que los productores agropecuarios tengan una clara definición de cómo va a funcionar el nuevo esquema de Udis para el campo mexicano.
La experiencia de los Sirecas de la reestructuración de carteras vencidas el año pasado, a través del programa llamado Sireca, fue una experiencia que resulto fructífera y que en términos generales resolvió la mayor parte del problema del endeudamiento de ese momento en el campo. Pero se requiere adaptar el programa, se requiere ver cómo va a funcionar, así como aquí se señaló.
Volviendo al tema original, y ante la enorme expectativa que ha levantado el programa de apoyo a la planta productiva y por otro lado a la escasez de recursos que es indudable que son los 70 y tantos mil millones de pesos, lo que se trata en este caso es evitar que gobernadores y presidentes municipales, tengan que estar compitiendo, hacer "cola", diríamos, frente a la banca comercial.
La negociación con la banca, es cierto, debe hacerse caso por caso. Pero tomando en cuenta de que se trata de entidades públicas; por ello la tasa de interés, el margen de intermediación y los plazos no pueden ser los mismos.
Las empresas privadas pueden quebrar y existe el riesgo. Los estados, las entidades federativas, los municipios, no. Pueden tener problemas temporales de liquidez, como es el caso, pero la banca comercial tiene siempre la garantía de las participaciones federales registradas adecuadamente en la propia Secretaría de Hacienda.
Y hablo de la banca comercial, porque ésta es la realidad. En años recientes el llamado banco del federalismo: Banobras, ustedes lo saben, se enfrentó a la absurda e insólita circunstancia de que cargaba tasas de interés y costos de operación por encima de la banca comercial.
Se trata, como se acaba de decir aquí, de una banca comercial solidaria, a la que se le está apoyando con estas medidas del propio Gobierno Federal, pero no como propósito en sí, sino para que auténticamente ayude en esta etapa de emergencia económica del país.
Compañeras y compañeros: éstos son algunos comentarios, algunas sugerencias que a grandes trazos he querido hacer a nombre de mi partido, sobre un tema que en particular interesa a todos.
Será responsabilidad de esta legislatura estar vigilante de que la recomendación que contiene el dictamen se cumpla adecuadamente y entre ellas destaco, como aquí se ha hecho, lo relativo al margen de intermediación de la banca privada, no sólo para las entidades federativas y municipios, sino para todos los usuarios.
Y destacaría, como palabra final, la coincidencia plena con algunos compañeros diputados que me antecedieron, de que el nuevo federalismo hacendario es un anhelo nacional y es un reclamo impostergable.
La creación de las Udis aliviará temporalmente el problema de entidades y municipios, pero la solución de fondo está en la nueva relación entre estados, municipios y Federación, en la distribución de responsabilidades y de recursos acordes a la nueva realidad del país que enfrentamos.
Estoy seguro, así lo espero, que esta legislatura, en este tema, como en otros, estará a la altura de su histórica responsabilidad. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jesús Preciado, del Partido Acción Nacional.
El diputado José de Jesús Preciado Bermejo:
Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:
Históricamente Acción Nacional ha pugnado por un economía humana que esté al servicio del hombre y no al servicio de la economía. Hoy lo ratificamos ante este pleno: Acción Nacional ha rechazado invariablemente la política económica del Gobierno tanto en su modelo como en sus programas, programas emergentes, que ya éstos han generado una crisis recurente que ha afectado al pueblo de México, inhiben la posibilidad de un desarrollo humano y justo, acelerado y que por el contrario ha provocado un gran costo social. Hoy existe solamente una realidad, querámosla o no, el ingreso personal de la inmensa mayoría de los mexicanos es muy bajo.
El desempleo abunda en forma creciente; la carestía nos castiga y sigue sin control; la micro, pequeña y mediana empresa está en quiebra o está ésta a punto de cerrar. Tenemos una mayor carga tributaria, tasas de interés altísimas, un gasto público sin ajustarse y todo esto derivado de una política errática y aún indefinida. Acción Nacional ha señalado en forma permanente los errores y los excesos oficiales que hoy nos tienen sumergidos en esta crisis, pero también hemos propuesto alternativas de acuerdo a nuestras tesis y plataformas políticas en múltiples iniciativas, de las que hemos dejado constancia en el debate legislativo.
La situación que hoy se pretende corregir por parte del Gobierno, se generó a partir de un proyecto económico equivocado, que más que fomentar una economía sana, floreciente y generadora de desarrollo, ha ocasionado una economía lesiva que ha puesto en grave crisis a la planta productiva nacional. Hoy, está en peligro de quiebra y de una quiebra masiva toda esta planta.
El costo de la crisis ya no puede ser trasladado a la sociedad como hasta hoy, debe corresponder al Gobierno absorber la mayor parte de ella, 1995 ha sido en este momento muy difícil, sin embargo el PAN siempre estará en favor de México y pugnará por un modelo económico al servicio del hombre. Si dentro de esta estrategia propuesta por el Ejecutivo Federal se pretende superar la crisis económica actual, es necesario también el ahorro nacional y reducir las tasas de interés que hoy en día se encuentran entre el 100% y el 120%, con el proceso inflacionario actual que afecta directamente en el costo financiero de las empresas, en especial en la micro, pequeña y mediana.
Asimismo las condiciones crediticias de particulares que adquirieron algún bien inmueble y que aun a los usuarios de tarjeta de crédito afecta. Es urgente establecer un programa para rescatar a todos aquellos que hoy tienen un problema hipotecario, especialmente orientado a la vivienda de interés social.
En esta época de crisis, en donde es difícil predecir con certeza el comportamiento de las variables económicas, las Udis se convierten en un paliativo para hacer frente a la inestabilidad de las tasas activas y pasivas de la banca comercial. Al ser evidente que la utilización de las Udis presentan ventajas para los ahorradores, al considerarse que el capital de las inversiones en este esquema mantendrán su valor real, además de una tasa de interés como premio a su esfuerzo de ahorro, los usuarios del crédito por su parte pagarían una tasa de interés menor por el riesgo de la incertidumbre inflacionaria, evitando la amortización acelerada de los créditos y cumplir con ello con las obligaciones financieras anticipadas y esto permitirá que parte de estos recursos se destinen a operar la planta productiva.
Las Udis traerán certidumbre a los ahorradores y deudores y a corto plazo esto permitirá rescatar parte de la planta productiva o cuando menos será un paliativo que evitará que el desempleo aumente. Esta es una preocupación especialmente valorada por el grupo parlamentario de Acción Nacional; estamos conscientes de que esta medida no es la salvación, pero sí es un salvavidas que rescatará a la micro, pequeña y mediana industria, la cual se encuentra hoy en día en un estado agonizante.
Es fundamental que las autoridades establezcan una adecuada normatividad para proteger los intereses de los usuarios de crédito para evitar la especulación de la banca comercial. Insistimos sobre todo en esta primera etapa que el Ejecutivo Federal apoya al programa de las Udis con recursos públicos por la cantidad de 83 mil millones de nuevos pesos, que supera a los 60 mil millones de cartera vencida que tiene la banca comercial y que se obligue a la banca a establecer margenes razonables de intermediación para reestructurar los adeudos de nuevos pesos a unidades de inversión.
En el seno de la propia Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía, indicamos que era necesario insertar en el cuerpo de la iniciativa, un parámetro referente a tasas de intermediación y evitar que se deje a la discrecionalidad de los banqueros, ya que se corre el riesgo de que este instrumento de las Udis se convierta en favor del interés de los bancos y no en favor de la pequeña y mediana empresas.
Demandamos asimismo, la urgente aplicación de un instrumento similar para aliviar la agobiante deuda pública de los estados y municipios del país, por ello el grupo parlamentario de Acción Nacional, considera a las Udis, una medida emergente en la coyuntura económica actual de nuestro país y esto inclina nuestro voto a favor del dictamen, pero esto no quiere decir que estemos de acuerdo en el programa económico impuesto por el Ejecutivo Federal y el grupo mayoritario de esta cámara, que confía más en el regreso de los capitales extranjeros que en el esfuerzo productivo de los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:>
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de la sesión, esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar la presente sesión hasta cumplir con el orden del día.
Tiene la palabra la diputada Dulce María Sauri.
La diputada Dulce María Sauri Riancho:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Hoy analizamos el dictamen relativo al proyecto de decreto que establece las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El Partido Revolucionario Institucional, considera que la creación de esta unidad de cuenta ya conocida por sus siglas: Udis, unidad de inversión, vendrá a coadyuvar en la superación de la emergencia económica que estamos viviendo.
Fundamentaré a continuación esta aseveración exponiendo las razones y argumentos que mi partido contempla para solicitar a ustedes, compañeros diputados, su voto a favor.
Hemos hablado del incremento de rito inflacionario en los últimos meses, detonado a raíz de la devaluación de la moneda, el incremento de los precios y el alto de las tasas de interés ha vuelto a irrumpir en el escenario económico del país con su conocida secuela de incertidumbre ante el comportamiento errático, algunas veces irracional, de los mercados.
El acuerdo para superar la emergencia económica y el programa para reforzarlo, han propuesto un conjunto de medidas que permitan salir lo más pronto posible de esta situación de inestabilidad. Es en este contexto donde se ubica la propuesta de la creación de las unidades de inversión, Udis.
Como su nombre lo indica, las Udis pretenden reforzar la inversión, defendiéndola de los estragos inflacionarios y de los altos intereses que los acompañan.
Los bajos niveles de ahorro han caracterizado a la economía mexicana en los últimos años. Sin pretender introducirme al análisis de las causas, diré que el ahorro público, excepto en los años de superávit y el ahorro privado, se vieron reducidos a su mínima expresión. Hubo de ser el ahorro proveniente del exterior que adoptó las formas de inversión directa o de portafolios o a corto plazo, el que suplió a esta ineficiencia, con los resultados que ahora estamos viviendo.
Pueblo que no ahorra, no puede crecer sobre bases sanas, es lo que nos ha enseñado la experiencia reciente, pero cómo ahorrar cuando la inflación erosiona el valor del dinero y que aún con aparentes altas tasas de interés, al final del periodo no podemos comprar lo mismo que hubiésemos podido adquirir si no hubiéramos decidido ahorrar.
Si la economía necesita del ahorro de la sociedad y ésta no puede o se resiste a hacerlo por la incertidumbre de conservar el valor de su dinero, se requiere entonces de un instrumento y un mecanismo que proteja el ahorro de la inflación, que garantice la conservación del valor real del dinero, eso es lo que se proponen las Udis.
Por el lado de los usuarios del crédito, las altas tasas de interés de las últimas semanas, han colocado a miles de empresas en situación de insolvencia. Muchos de los créditos fueron contratados a tasas que tienen referente a los Cetes, cuya tasa se ha incrementado más de cinco veces, o la tasa interbancaria promedio, que ha crecido aún más.
Así, se han visto empresas y empresarios obligados a hacer pagos muy por encima de su capacidad, e incluso a realizar una amortización acelerada. Unos ya han caído en cartera vencida; otros, si no hay una solución, pronto lo harán.
Este problema afecta por igual a las empresas eficientes y obviamente a las ineficientes, a las de alta tecnología y a las de uso intensivo de mano de obra, a las de la industria de la transformación y a las agropecuarias; es decir, estamos ante una situación generalizada de dificultades serias para las empresas, que puede conducir a su paralización y a la consiguiente pérdida de empleos para muchos miles de mexicanos. Esto es lo que se proponen las Udis amortiguar.
La situación de las empresas y la insuficiencia del ahorro, colocan en una situación comprometida al sistema bancario en su conjunto. Para captar recursos suficientes, requieren ofrecer altas tasas de interés y a la vez, las empresas no pueden contratar créditos ni pagar los intereses, por las altas tasas que los bancos cobran. Así, crece la cartera vencida, los bancos tienen que aumentar sus reservas para enfrentarla, los ahorradores, ante la incertidumbre, aspiran a protegerse cobrando tasas de interés más y más elevadas. Así se cierra un círculo vicioso en el que queda atrapado el aparato productivo y en riesgo el empleo. Las Udis pueden ayudar a reestructurar las carteras, a dar flujo de caja a las empresas, a mejorar la cartera de los bancos y así disminuir el riesgo para empresas y bancos.
¿Pero qué son y qué no son las Udis? No son un medio de pago; es decir, no son ni billetes ni monedas, ni podremos hacer cheques en Udis. Sí son unidad de cuenta que conserva constante su valor. El primer día que entre en operación, unas Udis serán igual a un peso, luego, día con día, irá sumando a la magnitud de la inflación; en vez de que la inflación lo desvalorice, lo erosione, las Udis se conservarán. Así, podrá fomentar el ahorro, porque creará la certeza de que su valor, en los plazos a los que se contrate la inversión, no sólo se conservará, sino que generará un interés real.
El Banco de México calculará el índice de precios al consumidor, que servirá para calcular el valor de las Udis y lo publicará, todos los días, en el Diario Oficial de la Federación.
No ganan las Udis la carrera a la inflación, porque no compiten con ella. Sí ayuda a disminuirla, porque actúa como un escudo que amortigua sus efectos y apoya a las empresas en su paso por esta burbuja inflacionaria.
No es un remedio para que todas las empresas en dificultades se salven; sí es la alternativa para las empresas viables, porque son competitivas y tienen mercado y así superen la situación actual. No es el único instrumento para abordar el problema de las carteras y de los créditos; sí puede aliviar la presión de un número significativo de empresas viables pero con graves dificultades de flujo de caja. No resuelve el problema del mercado de las empresas que así lo tengan o la sustitución de la demanda de sus productos o la insuficiencia o el menor crecimiento de sus precios en relación al incremento general; sí resuelve el problema de las empresas para enfrentar la inflación general de la economía. No requerirá de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación; sí dispondrá de recursos provenientes del Gobierno Federal 76 mil millones de nuevos pesos y del Banco de México 18 mil millones, a través de un super -Cete o bono cupón cero, que corresponderá al mismo plazo de reestructuración de las carteras que realicen los bancos a través del fideicomiso que se crea para ese efecto.
No es para rescatar banqueros en apuros; sí es para salvar deudores, especialmente pequeñas y medianas empresas en el corto plazo, dándoles viabilidad para sobrevivir el largo plazo y capitaliza a las instituciones bancarias en el mediano plazo.
Las Udis no son un remedio para todos los males que aquejan a la economía mexicana, pero sí son parte de un programa integral expuesto en el programa para reforzar el acuerdo para superar la emergencia económica. Es parte de un conjunto de medidas de política económica que pretende poner las bases para superar la crisis.
La reforma legislativa propuesta en el dictamen trata las modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para definir el tratamiento fiscal de las operaciones en Udis. Derivado de su creación y de su operación, surge el Programa de Apoyo a la Planta Productiva Nacional, que descansa en la reestructuración de las carteras de las empresas hasta por un monto inicial de 94 mil millones de pesos, 76 mil del Gobierno Federal a través del súper-Cete y 18 mil del Banco de México.
Nuestro partido ha puesto interés especial en el programa. Ante los reclamos de miles de pequeños y medianos empresarios, de trabajadores que ven afectada, amenazada su fuente de empleo, de amas de casa inseguras de mantener el sustento de la familia, deja de ser un programa más si se constituye en el inicio de la recuperación, con el objeto, primero, de garantizar la sobrevivencia de las empresas y de las fuentes de trabajo que proporciona, después, de constituir un mecanismo para coadyuvar a la estabilización de la economía.
Decíamos que el programa de apoyo a la planta productiva en su primera etapa contará con recursos del Gobierno Federal y del Banco de México. A través de la Comisión Nacional Bancaria se ha venido integrando el programa con la asociación de banqueros. Se nos ha informado de las líneas generales del programa, de la distribución proporcional entre los bancos, considerando su capital y sus reservas preventivas a diciembre de 1994, sin que pase del 20% de la cartera de cada banco; que los créditos reestructurados lo sean a plazo mínimo de cinco años y máximo de 12 años, que la tasa de interés incluya un costo de intermediación que no excluya a la pequeña empresa. Todas aquéllas con créditos menores a 300 mil nuevos pesos, quedarán automáticamente incluidas y no se les podrá exigir garantías adicionales en su reestructuración.
Al menos el 50% del total a reestructurar deberá ser para empresas pequeñas y medianas. Los recursos del Gobierno Federal se utilizarán para los créditos otorgados a las empresas por la banca comercial. Asimismo el Banco de México estudia los mecanismos de apoyo a la reestructuración de los créditos de vivienda por la cantidad equivalente en una primera etapa, a los recursos aportados por esta institución, 18 mil millones de nuevos pesos.
Una vez que los bancos comerciales comiencen a captar ahorro del público en Udis, podrán acelerar su programa de reestructuración y préstamos en esta unidad de cuenta.
Es cierto, la cantidad inicial destinada al programa representa un poco más del 15% de la cartera total estimada, pero es más del 100% de la cartera vencida total. Es un primer y seguro paso, falta por abordar y resolver el problema de los créditos de la banca de desarrollo redescontados y los créditos asumidos en dólares.
Especial interés ha puesto mi partido en el grave problema de las deudas estatales y municipales. Seguiremos insistiendo en que se contemple la conversión de estos adeudos a Udis, con la finalidad de liberar de esta pesada carga a numerosos municipios y entidades federativas.
Consideramos que es un problema que no admite dilación en su solución, una eventual suspensión de pago significaría en la mayor parte de los casos de la disposición de las participaciones que lo garantizan, por lo que urgimos a las autoridades de Hacienda a presentar alternativas viables a los estados para la solución.
Como la base para el cálculo del valor de las Udis será el Indice Nacional de Precios al Consumidor y su evolución día con día, estaremos atentos a los mecanismos e instrumentos considerados para su elaboración.
Si antes el Indice Nacional de Precios al Consumidor era un indicador, ahora será un marcador de la evolución del programa de apoyo a la planta productiva.
Habremos de seguir de cerca la instrumentación del programa de reestructuración de carteras por parte de los bancos.
La propuesta de creación de las Udis es, primero para las empresas y las fuentes de empleo que representan, luego para el rescate del sistema financiero, no es para los banqueros, que no se vayan a equivocar.
Cuidaremos que las empresas que se inconformen con la calificación de su cartera por parte de los bancos encuentren instancia en la Comisión Nacional Bancaria para revisar sus casos. Seguiremos de cerca los mecanismos para incentivar las renegociaciones de las carteras por parte de los bancos y desalentar la realización de las garantías.
Estaremos pendientes de la fijación de una tasa razonable de intermediación, que no desestime la participación de las pequeñas empresas por su escaso margen, pero que no desintensive la negociación por su amplio diferencial.
Compañeros diputados, tenemos hoy la opción de votar por la creación de este instrumento de política económica llamado unidad de inversión (Udis), será un buen seguro primer paso, porque está inscrito en un programa integral. No es panacea de todos los males, ni puede realizar todos los bienes que sabemos que necesita nuestra economía, pero es muestra palpable, real, que hay alternativas y salida a la crisis, que no es una sola, sino un conjunto de medidas tomadas a tiempo, con imaginación y valentía. Otros pasos habremos de dar, una reforma fiscal profunda que privilegie el ahorro y la inversión, un federalismo ligado a la reforma del Estado, pero sobre todo mantengamos el ánimo y la esperanza de nosotros y de todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia informa a esta soberanía que han intervenido hasta este momento 12 oradores para hablar en lo general, por lo tanto concluye la lista inicial de los que estaban inscritos para este tema. Por tanto, se solicita con todo respeto a esta Secretaría consulte a la Asamblea si el dictamen está suficientemente discutido en lo general.
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Muchas gracias.
Esta Presidencia informa a esta soberanía que no hay artículos reservados para su discusión en lo particular. Por tanto, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación .)
Se emitieron 353 votos en pro y uno en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 353 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, que establece las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente:
Esta presidencia solicita con todo respeto a la Secretaría dar lectura a un punto de acuerdo recibido por ésta en estos momentos. Y se inscriben para sustentarlo los diputados: Saúl Escobar Toledo, Gabriel Llamas Monjardín y Alfonso Reyes Medrano. Proceda la Secretaría.
El secretario Gerardo Macario Rodríguez Rivera:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se propone a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que estudie y dictamine en el curso de este año, las propuestas presentadas a esta soberanía, en el sentido de revisar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de darle mayor progresividad, transparencia y equidad, en beneficio particularmente de los salarios más bajos.
Firman los diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente de la Comisión de Hacienda; Joaquín Vela González, del Partido del Trabajo; Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional; Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; José Ramírez Gamero, del Partido Revolucionario Institucional, sector obrero; Alfonso Reyes Medrano, del Partido Revolucionario Institucional, sector obrero.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Saúl Escobar Toledo.
Esta Presidencia nuevamente invita a los diputados a ocupar sus lugares en este recinto, para poder escuchar con atención los planteamientos que hará en su momento el diputado del Partido de la Revolución Democrática, el diputado del Partido Acción Nacional y el diputado del Partido Revolucionario Institucional. En su turno el diputado Saúl Escobar Toledo.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Este punto de acuerdo que hoy ha sido firmado por los cuatro partidos políticos representados en la cámara, significa a nuestro modo de ver dos aspectos centrales, que queremos recalcar y compartir con ustedes.
El primero, es el dar paso a un conjunto de iniciativas propuestas por los distintos partidos políticos, iniciativas que en muchos casos anteriores han conocido el triste destino del refrigerador parlamentario. Hoy queremos, con este punto de acuerdo, remarcar, enfatizar y hacer patente ante todos ustedes, que muchas iniciativas de la oposición, aunque no sólo de la oposición, que han sido sometidas a este pleno, hoy pueden tener un curso distinto y es el caso de las iniciativas que nos ocupan y que refieren particularmente a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Esperamos entonces que este punto de acuerdo sea el inicio de un proceso legislativo distinto en donde las propuestas de los distintos partidos políticos sean dictaminadas por las respectivas comisiones y tengan un tratamiento similar al que se le da a las iniciativas del Ejecutivo.
Hasta ahora, por ejemplo en materia económica, sólo hemos discutido las propuestas del Ejecutivo, por eso nos interesaba proponer este punto de acuerdo, discutirlo con ustedes para que este pleno y las comisiones respectivas se abran a las propuestas de los partidos políticos. Esperamos entonces, que éste sea el inicio de una práctica parlamentaria en donde las propuestas que no sean del Ejecutivo reciban un trato similar y se dictamine y se discuta en este pleno esas propuestas.
La segunda se refiere explícitamente al motivo de la iniciativa. Hay dos preocupaciones muy claras que muchos hemos compartido en esta cámara. La primera, que hay evidentemente una enorme deuda con los trabajadores de México, una deuda que se ha acumulado a lo largo de 20 años por una política salarial equivocada, por una política salarial que ha privilegiado el castigo al salario con el supuesto interés de controlar la inflación. Y digo una política equivocada porque sus resultados están a la vista, una clase trabajadora depauperada, una clase trabajadora que ha sufrido todos los costos de la crisis y prácticamente no ha tenido beneficios; una clase trabajadora que ha hecho un gran esfuerzo por aumentar la productividad, un gran esfuerzo para aumentar la riqueza del país y que; sin embargo, durante dos décadas, o casi dos décadas, si partimos del supuesto de que el castigo salarial se inició en 1978, durante casi dos décadas, ha sufrido una política salarial completamente adversa.
Esta deuda social, porque así tenemos que llamarla, una deuda con los trabajadores, esta deuda si nosotros la cuantificamos llegaríamos a cifras sorprendentes. Nosotros hemos calculado que sólo en materia de pérdida del poder adquisitivo del salario y sólo en materia de lo que el gasto social ha dejado de beneficiar a los trabajadores, podemos hacer un cálculo de más de 250 mil millones de dólares. Esta es la magnitud de la deuda con la clase trabajadora de México.
Podemos discrepar quizá en los métodos de contabilidad de esta deuda, podemos quitarle un poquito o quizá sumarle otro poco, pero la cifra que estoy dando de 250 millones de dólares puede dar una idea de todo el rezago en materia de bienestar y de poder de compra que han sufrido los trabajadores.
Entonces, la propuesta que estamos hoy comentando, el punto de acuerdo, puede ir y queremos que vaya y ése es el compromiso que queremos de los cuatro partidos, que vaya en el sentido de ir poco a poco pagando esa deuda con los trabajadores, sobre todo ahora, compañeros diputados, que como decíamos hace un momento, la inflación castiga particularmente a los trabajadores. Este año, por ejemplo, se tiene contemplado en una cifra conservadora, un aumento de los precios que quizá llegue al 60% y, sin embargo, el aumento en los salarios que se ha previsto para este año, apenas llegan también en el mejor de los casos, a un 18%, 20%. Este rezago enorme entre un aumento de los salarios de 20% y un aumento en los precios, de 60%, es lo que ha hecho en este país una clase trabajadora tan empobrecida.
En una economía azotada por la inflación, necesitamos medidas puntuales, claras, que den una muestra de que estamos caminando en un sentido contrario al de las últimas dos décadas.
Esta política se refuerza también, por lo que acabamos de aprobar; es decir, por las famosas Udis. Ya hablamos de un proceso de indexación, de inercia inflacionaria, en donde todos pueden aumentar sus precios, menos los trabajadores que ganan salarios fijos, menos los asalariados. En este contexto entonces, tenemos que hacer esfuerzos por resarcir esa pérdida, muchas políticas, muchas disposiciones pueden cambiar esta tendencia, la primera es: ¿por qué no indexamos también los salarios?, ¿por qué no también aplicamos el criterio a las deudas y a los depósitos en los bancos esta indexación también a los salarios? Esto requeriría valor político, pero también requeriría que todos hiciéramos un esfuerzo en este sentido. Esta política de indexación no necesariamente nos llevaría a una hiperinflación a una inflación desbocada y sí podría en cambio, ayudar a cambiar esta pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios. Pero mientras discutimos esto, podemos incidir directamente en el bienestar de los trabajadores a través de la política fiscal y ahí entra el segundo elemento que yo quiero resaltar en este momento.
Quizá no hay ley si el conjunto de las leyes fiscales son confusas y son poco claras, la Ley del Ingreso Sobre la Renta está en primer lugar en el grado de confusión y poca transparencia, sobre todo cuando se calculan los impuestos sobre los trabajadores.
Este es un tema que todos, yo creo, compartimos. Cuando leemos las tablas del impuesto sobre la renta, que son aplicadas a salarios, parecería muy difícil de interpretarlas y muy difícil de aplicarlas y en efecto lo son. Necesitamos entonces en primer lugar transparencia en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, transparencia, claridad y facilidad en su aplicación.
En segundo lugar, necesitamos una Ley del Impuesto Sobre la Renta más progresiva. La ley del impuesto actual, es una ley que no tiene progresividad. Nos encontramos con que los salarios más bajos requieren de un apoyo, de una desgravación y nos encontramos con que los salarios, los ingresos más altos se tasan todavía de manera muy conservadora, prácticamente una tasa igual a la de los salarios medios. Entonces la segunda cosa que necesitamos es progresividad; la primera transparencia, la segunda progresividad, y la tercera, necesitamos que en estos momentos de crisis nacional los salarios más bajos requieran de un apoyo directo.
Por eso, el Partido de la Revolución Democrática entregó a esta soberanía cuando discutíamos el problema del impuesto al valor agregado, una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en donde se aplicaba una sola tabla, lo que le daba transparencia a la ley, en donde se desgravaban hasta cuatro salarios mínimos, el equivalente a cuatro salarios mínimos, lo cual le daba un sentido a la ley de apoyo a los trabajadores de menores ingresos y en tercer lugar, esa tabla también contemplaba aumentar las cuotas a los ingresos más altos, lo cual le daba mayor progresividad.
Con este punto de acuerdo que estamos seguros compartimos con otros partidos, no sólo en la revisión de la ley, sino en sus objetivos, en los objetivos que yo estoy mencionando y en esta propuesta del Partido de la Revolución Democrática de desgravar hasta cuatro salarios mínimos y aumentar la tasa a los ingresos más altos, que estamos seguros también compartimos muchos diputados que estamos aquí, incluyendo a los diputados del sector obrero del Partido Revolucionario institucional, con esta propuesta que estamos seguros compartimos con ellos, porque ellos mismos en esta tribuna han coincidido con nosotros y con otros diputados en este sentido, estamos seguros que daremos un paso adelante en favor de los trabajadores.
Por ello nos da gusto que se abra con este punto de acuerdo la discusión, que la Comisión de Hacienda lo retome, que la Comisión de Hacienda haga un dictamen sobre ésta y otras propuestas, porque estoy seguro que avanzaremos en un sentido de apoyo a los que menos tienen, a los que menos ganan y los que más necesitan en este momento, los que más urgentemente requieren en esta situación de crisis, que el Poder Legislativo dé una muestra de independencia responsable, porque estamos seguros que no se trata de votar en contra del Ejecutivo, sino en coordinación con él, pero con una propuesta discutida en su seno, elaborada en su seno y bajo su propia iniciativa.
Por eso digo, con una iniciativa responsable y con una independencia responsable demos una muestra de que los trabajadores requieren urgentemente y se merecen y estamos seguros se beneficiarían mucho de una iniciativa como la que estamos comentando.
No es la única iniciativa, no es, pensamos nosotros, incluso la más importante, quizá haya otras de igual importancia y de igual beneficio para los trabajadores, pero estamos también convencidos de que nuestra propuesta sí iría en un sentido correcto, iría, finalmente también, dando una muestra no sólo de independencia responsable del Poder Legislativo, sino también de que la política económica seguida en los últimos años tiene que cambiar, de que merece un cambio, de que necesitamos una transformación y que esta transformación empieza con cosas como ésta; que quizá en un marco macroeconómico más general no sería tan significativa, no sería un cambio radical, lo entendemos y lo aceptamos, pero precisamente por eso poco a poco podemos ir cambiando el rumbo de la política económica en favor de los que menos tienen, de los que menos ganan.
Por eso, compañeros diputados, esperamos que este punto de acuerdo sea lo suficientemente claro, lo suficientemente contundente para que la Comisión de Hacienda nos ponga a trabajar en iniciativas que no vengan del Ejecutivo, que surjan de este Poder Legislativo, pero que desde luego, serán en beneficio de los trabajadores mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Gabriel Llamas, del Partido Acción Nacional.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Es un derecho constitucional de los legisladores presentar iniciativas, iniciativas que se han guardado en los cajones. Tenemos kilos y kilos de las mismas, como kilos de invitaciones de foros nacionales de trabajadores, de empresarios, de grupos académicos para analizar una reforma fiscal integral. ¿De qué sirve que asistamos, que sigamos recibiendo información de ellos? ¿Para que nosotros presentemos iniciativas y las guarden en el cajón?
Ojalá que el trato que se les vaya a dar a las consultas del plan nacional de desarrollo, no vaya a ser igual a lo que se está haciendo con estas iniciativas que presentamos los legisladores. Porque será muy triste para la evolución de México, para el avance económico, que dichas propuestas se guardaran en el cajón, con lo cual tenemos mucha experiencia.
Se requiere una reforma integral del esquema tributario, de otra manera no vamos a ganar confianza. Hemos estado manejando la complicación, la dificultad en la expresión y en la definición de conceptos, con el único hecho de evitar la correcta tributación de los mexicanos.
Se requiere una simplificación fiscal en los cálculos relativos a la retención de sueldos y salarios.
Evitar conceptos que son complicados en definición y en determinación como componentes inflacionarios, ganancia inflacionaria, pérdida inflacionaria, depreciación actualizada.
Requerimos una simplificación administrativa plena. Pero que sea realmente el ejercicio práctico, para que todo mundo cumpla con sus obligaciones.
Ante esto, se requiere urgentemente de una tabla única de retención de sueldos y salarios. ¡No puede ser posible que tengamos la tabla del artículo 80, la del artículo 80-A, la del artículo 80-bis, y a eso hay que restarle el 10% del acreditamiento del salario y aplicar el subsidio! ¡Y que para tal efecto, para que vean lo complicado que es y si alguno le entiende, quiere decir que uno de ustedes es milagroso, porque no lo entiende absolutamente nadie!
Para aplicar el monto del subsidio acreditable, se requiere:
"Determinar el monto contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo. Se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido en el monto que se obtenga de multiplicar dicha proporción que se determine en las personas que hagan los pagos por dichos conceptos.
La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este capítulo entre el total de las erogaciones efectuadas. Al coeficiente que se determine se multiplicará por dos y se le restará la unidad."
Esta es la forma de retener los sueldos y los salarios. ¡Yo no lo entendí! ¡Espero que ustedes lo hayan entendido!
Necesitamos congruencia en la forma de buscar retenciones a los trabajadores. Hemos escuchado un sinfín de oradores a favor de la clase trabajadora, del sector obrero, de los campesinos. Es muy bonito hablar, ¡pero qué poco hemos hecho para beneficiarlos!
¡No es posible que tengamos divorcios de esta manera, tan significativos que son, faltos de respeto!
No hay coincidencia en la forma de retención de salario para pagar las cuotas del Seguro Social. Hay divorcio entre la primera cuota y la segunda cuota del Seguro Social. Enfermedad y maternidad. invalidez, vejez, cesantía y muerte.
Hay divorcio en la tabulación y en la forma de pago del 2% del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Hay divorcio en la forma de cómputo del 5% del Infonavit.
Hay divorcio en la retención del impuesto de productos del trabajo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Hay divorcio en todas y en cada una de las contribuciones que se dan en este país.
Señores, parece que estamos acostumbrados a legislar en el parque. ¡Y qué triste que estemos haciéndolo así y ojalá y no lo estemos haciendo por ignorancia y por falta de conciencia de los más necesitados!
¡Tenemos una gran responsabilidad con México y tenemos un compromiso con estos mexicanos que votaron por nosotros y que nos apoyan!
¡Ojalá le demos de alguna manera o de otra, un trámite razonable y prudente a todas las iniciativas presentadas y esperemos que las consultas que le hagamos al pueblo de México, en verdad se discutan en esta soberanía!
Por tal motivo, tenemos que votar por este acuerdo, ¡porque el pueblo de México no puede aguantar más, nos hemos burlado mucho de él! Gracias
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfonso Reyes Medrano, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alfonso Reyes Medrano:
Con su permiso, señor Presidente:
El día de hoy, los diputados de los cuatro partidos nos reunimos, nos consultamos y acordamos un punto de acuerdo, punto de acuerdo que si bien se proyecta en el futuro, nos da margen para analizar y profundizar la problemática financiera, fiscal, sobre todo de los trabajadores. Lo fundamental que se propone en el punto de acuerdo, es pedir a la Comisión de Hacienda que desarrolle el análisis y profundice en él, en la situación fiscal de las clases bajas, de los estratos bajos de la población, fundamentalmente de los trabajadores.
Que pague el que más tiene, que se dé claridad a los impuestos que pagan los trabajadores; jamás los trabajadores sabrán lo que les quitan de impuestos porque ellos con ingresos fijos son causantes cautivos y en consecuencia es el patrón el que tiene que estudiar a profundidad, la forma de gravar a los trabajadores. Entonces, sí hay razón de ser en que en la Comisión de Hacienda estudiemos y propongamos un planteamiento o proyecto de reforma fiscal; pero no solamente de ahora, nosotros hemos luchado desde siempre.
Aquí ya se ha dicho, que desde 1978 el salario real de los trabajadores ha venido a menos en términos reales, al punto en que éste se ha reducido hasta en dos tercios de lo que valía en 1982. En consecuencia, justo es retribuir al salario y por ello en la lucha que nos empeñaron siempre, es en elevar su poder de compra por cualquier vía, pero lo más importante es por la de su salario. El fisco ha concedido en diversas ocasiones que ante la presión inflacionaria los salarios en términos nominales suben y cambian, pero en términos reales lo más probable es que queden estancados o bajen, sin embargo brincan en la escala de la tarifa del impuesto general de importación.
En consecuencia, su carga fiscal se ha incrementado en el tiempo. En diversas ocasiones hemos logrado de la Secretaría de Hacienda la reforma a la misma y en la actualidad es difícil que un trabajador acepte en ocasiones un aumento de salarios, porque brinca de escalón y en consecuencia le están gravando más de lo que le dan de aumento.
Sí hay razón en revisar la cuestión fiscal, la inflación no solamente afecta a los trabajadores en sus precios, también en sus impuestos, por ello lo estamos planteando en conjunto, profundizaremos en este análisis, trabajaremos en la forma de distribuir más equitativamente la carga fiscal, tanto de los trabajadores como de agentes económicos que tienen ingresos superiores. Trabajaremos a fondo desde luego en que en el futuro la justicia fiscal le llegue a los trabajadores.
Aquí se habló de una deuda social, yo recuerdo que hace seis u ocho años estuvimos en una reunión regional de la OIT en Guatemala y esta reunión fue exclusivamente para tratar la deuda social con los trabajadores del continente. Los acuerdos que allá se propiciaron, nosotros venimos a luchar y a tratar de implementarlos en nuestro país; en consecuencia, es lógico este punto de acuerdo y en consecuencia el PRI lo apoya por la justicia de los trabajadores. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Joaquín Vela, del Partido del Trabajo.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Efectivamente este punto de acuerdo que propusieron algunos compañeros diputados se constituye en un elemento fundamental para señalar la necesidad de que los salarios y el impuesto sobre la renta, en particular sobre los salarios, tenga una discusión seria de esta soberanía y nos permita de la manera más formal y real, poder asumir una postura de reivindicación básica.
Como todos sabemos, desde 1976 los salarios reales han entrado a un proceso creciente de deterioro, de representar el 43% del producto interno bruto, actualmente y con dificultades, representa apenas el 24%.
Ahora, en razón de las Udis, se plantea una situación: muchas de las deudas de los propios trabajadores, los que tienen... no solamente los trabajadores, sino de todos los que tienen ingreso fijo, cuando ahora que se dé la indexación de muchas de sus deudas, lo que no va a quedar indexado, pues son los salarios, en virtud de ello es necesario hacer una discusión donde se puedan recoger todas las opiniones de todos los partidos para de manera efectiva hacer algún planteamiento que no solamente tienda a dar una solución de corto plazo, sino que efectivamente tienda a contrarrestar la tendencia general de deterioro que se vive desde 1976 a la fecha.
Recientemente en el paquete que aprobamos del IVA, venía un elemento que resulta fundamental, que era el liberar de los famosos topes salariales, topes salariales que se fundan desde 1977 y que habían significado ese deterioro creciente.
Es importante que hagamos la reflexión de que ese punto que se perdió ahí por la importancia que suscitó lo del IVA, que efectivamente desde esta soberanía podamos proponer algunas políticas en concreto, una de ellas sería ésta, la desgravación de hasta cuatro salarios mínimos de todos los salarios, algunos partidos proponen eso, nosotros incluso en nuestros programa que publicamos en los diarios de circulación nacional la semana antepasada proponemos cinco, pero creemos que es importante y fundamental entrar a esta discusión para poder determinar líneas básicas para poder necesariamente encontrar la fórmula adecuada para reivindicar el elemento fundamental que es el trabajo. Muchas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (III)
El secretario Armando Gamboa Enríquez:
Se va a dar lectura a una solicitud.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Especial de la Junta Interamericana de Defensa, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Especial de la Junta Interamericana de Defensa, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de marzo de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel,* Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Víctor Samuel Palma César, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, Ricardo García Cervantes, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, José Ramírez Gamero y Oscar Villalobos Chávez.»
__________ * Artículo 84 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Primera lectura.
Se va a dar lectura a un oficio.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Javier Villanueva Guerrero, pueda prestar servicios como auxiliar administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 23 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como auxiliar administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Javier Villanueva Guerrero, para que pueda prestar servicios como auxiliar administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de marzo de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, *Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Víctor Samuel Palma César, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, Ricardo García Cervantes, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, José Ramírez Gamero y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
El secretario Régulo Pastor Fernández Rivera:
Se va a dar lectura a un oficio.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 14 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Corrales Dórame, pueda prestar servicios como supervisor de programa en el departamento de agricultura en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 23 de marzo, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como supervisor de programa en el departamento de Agricultura;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Corrales Dórame, para prestar servicios como supervisor de programa en el departamento de Agricultura en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de marzo de 1995.- Diputados Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, * Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Víctor Samuel Palma César, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, José Ramírez Gamero, Oscar Villalobos Chávez y Ricardo García Cervantes.»
Es de primera lectura.
__________ * Artículo 84 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
REPUBLICA DE SUDAFRICA
El secretario Régulo Pastor Fernández Rivera:
Se va a dar lectura a un oficio.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 22 de marzo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Marcela Téllez Recinas, para que pueda prestar servicios como secretaria administrativa, en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 23 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México, serán como secretaria administrativa.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Marcela Téllez Recinas, para prestar servicios como secretaria administrativa en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de marzo de 1995.- Diputados Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, * Saúl González Herrera, Ignacio González, Rebolledo, Franciscana, Krauss Velarde, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Víctor Samuel Palma César, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, Ricardo García, Cervantes, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, José Ramírez Gamero y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
__________ * Artículo 84 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
REINO DE DINAMARCA
El secretario Abel Eloy Velasco Velasco:
Se va a dar lectura a un oficio.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 22 de marzo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Pauline Joan Nielsen Jaubert, para que pueda prestar sus servicios como asesora comercial en la Embajada del Reino de Dinamarca en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorble Congreso de la Unión, el 23 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México, serán como asesora comercial;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Pauline Joan Nielsen Jaubert, para que pueda prestar sus servicios como asesora comercial en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de marzo de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, * Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Víctor Samuel Palma César, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, Ricardo García Cervantes, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, José Ramírez Gamero y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
__________ * Artículo 84 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (IV)
El secretario Abel Eloy Velasco Velasco:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 22 de marzo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Esperanza Gómez Salas, para que pueda prestar servicios como auxiliar contable en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la ciudad de México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 23 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la ciudad de México, serán como auxiliar contable;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Esperanza Gómez Salas, para prestar servicios como auxiliar contable en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la ciudad de México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de marzo de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, * Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Víctor Samuel Palma César, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche Bolio, José Ramírez Gamero, Oscar Villalobos Chávez y Ricardo García Cervantes»
Es de primera lectura.
__________ * Artículo 84 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una denuncia en contra del ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón, del Estado de Guerrero.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Compañeras y compañeros diputados:
El 3 de octubre de 1993 hubo elecciones municipales en el Estado de Guerrero y un año y medio después todavía tenemos consecuencias de los conflictos poselectorales que se realizaron, que se dieron en algunos importantes municipios del Estado de Guerrero.
El día 21 de marzo, en el municipio de Cutzamala de Pinzón, que se encuentra en los límites con el Estado de Michoacán y con el Estado de México, fue herido el presidente del comité ejecutivo municipal del PRD, el compañero Andrés Rosales Aguirre, le dispararon con armas, le dispararon 10 tiros y le dieron en las piernas dos de ellos. Se encuentra actualmente hospitalizado en una clínica aquí en la ciudad de México, y todo apunta, porque además ya se habían levantado actas de denuncia, de que el principal responsable es el actual alcalde Ranferi Suárez Berrum.
En este municipio de la tierra caliente de Guerrero, el 3 de octubre hubo una votación muy cerrada, pese a todas las irregularidades que hubieron, la votación oficial demostraba que sólo había 21 votos de diferencia entre la planilla ganadora y la planilla supuestamente perdedora, a pesar de que documentamos en tiempo y forma diversas irregularidades en este proceso electoral.
Después, al integrarse al ayuntamiento, nuevamente hubo más irregularidades, puesto que una planilla aparecía en el Diario Oficial del Estado de Guerrero, otra apareció en las boletas y otra tomó posesión posteriormente.
Incluso en la asignación de regidurías, se planteaba que dos correspondían al PRD, y ni siquiera se consultó al comité municipal del PRD y fueron arbitrariamente cambiados por dos personas que supuestamente pertenecían al PRD.
Esta administración de este alcalde, Ranferi Suárez, se ha caracterizado por el nepotismo, por el despilfarro, es una administración ilegal, y en distintas ocasiones se ha planteado la necesidad de darle una salida a este conflicto con el Congreso local, con el gobernador del Estado, sin embargo no ha habido todavía disponibilidad para abordar la crisis en este municipio.
La bancada de mi partido ha escuchado las demandas de nuestros diputados estatales, de nuestra dirección estatal, en el sentido de que es necesario que desaparezca este ayuntamiento y se integre un consejo municipal que consense a los distintos sectores de la población.
También estamos planteando el castigo a los responsables materiales e intelectuales del atentado a nuestro compañero Andrés Rosales Aguirre. Hemos estado discutiendo con la diputación guerrerense priísta, para encontrar una salida, y hemos redactado un punto de acuerdo que va a ser leído por el diputado Efrén Leyva.
Nuestro planteamiento es que debe canalizarse este conflicto de una manera en que no continúe la violencia en este municipio. Nosotros hemos planteado en distintas instancias y hoy lo volvemos a plantear en esta representación nacional, la necesidad de que un conjunto de conflictos que hay en el Estado de Guerrero se canalicen por la vía de la negociación y la solución política. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Leyva para rectificar hechos y por cinco minutos, si es tan amable, señor diputado.
El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La diputación priísta del Estado de Guerrero coincide en que a efecto de tener una convivencia armónica y respetuosa, debemos de vivir también mirando por todo en un marco de derecho en el que nos desarrollamos.
Las denuncias hechas por el diputado Cuauhtémoc Sandoval, han referido claramente a una serie de conflictos de carácter partidista, de carácter político. Los hechos que han venido como consecuencia de esa discordancia política en el municipio de Cutzamala de Pinzón, han sido denunciados ante la autoridad judicial competente, hay las averiguaciones previas correspondientes y se está investigando en relación a los hechos violentos que lamentamos, porque creemos que en la sociedad debe haber la convivencia, no obstante la diferencia o creencias políticas.
En ese tenor, la diputación guerrerense manifiesta su deseo de que en el marco de derecho, insisto, se lleven a cabo las averiguaciones, se vayan viendo las acciones que permitan que se diluciden estas acciones que el día de hoy se han denunciado.
Sin embargo también quiero referir que así como hay denuncias puestas en contra de algunas autoridades municipales, también existen algunas denuncias por hechos violentos y agresivos por parte de algunos dirigentes políticos del PRD.
En este disenso, la diputación guerrerense encuentra, como lo ha deseado siempre, en esta tribuna, los consensos que nos permitan llevar una vida armónica en estas confrontaciones políticas de acuerdo al marco de derecho, por lo tanto me permito proponer a nombre de los diversos diputados, tanto del Partido de la Revolución Democrática como del Partido Revolucionario Institucional, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, resuelve:
1o. Invitar al gobierno del Estado de Guerrero a atender las demandas planteadas por militantes del PRD en el municipio de Cutzamala de Pinzón y acelerar las investigaciones correspondientes.
2o. Designar una comisión coadyuvante de esta legislatura para darle seguimiento a dichas averiguaciones, integrada por los diputados federales Píndaro Urióstegui Miranda, Antelmo Alvarado García, Leticia Burgos Ochoa y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.
Firmamos el punto de acuerdo diputados guerrerenses ante este Congreso de la Unión. Muchas gracias. Dejo el punto de acuerdo a la Secretaría.
El Presidente:
Gracias, señor diputado, se recibe.
Tiene la palabra el diputado Armando Quintero Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un pronunciamiento sobre el desfile del 1o. de mayo.
La diputada Consuelo Botello Treviño (desde su curul):
Señor Presidente, ¿qué trámite se le da al punto de acuerdo presentado por el diputado Efrén Leyva y antecedido por el diputado Sandoval?
El Presidente:
Se pide a la Secretaría se remita a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para su estudio, su análisis y dictamen, si en un momento dado se requiere.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):
Como es de consenso, creo que podríamos aprobarlo en este momento.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a esta soberanía en votación económica si se aprueba este punto de acuerdo.
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo que se ha dado a conocer en la tribuna.
Los que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
1O. DE MAYO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Armando Quintero Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un pronunciamiento sobre el desfile del 1o. de mayo.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Gracias, señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros diputados:
El día de ayer conocimos la información pública en el sentido de que el desfile que realiza el movimiento sindical mexicano desde el año de 1913 a la fecha, en esta ocasión no se habría de realizar.
Esta información a los sindicalistas mexicanos democráticos nos lleva a hacer un planteamiento en esta tribuna. En primer lugar, recordar que el 1o. de mayo en el mundo y en México tiene una connotación profundamente vinculada a la lucha en contra de la explotación y en contra de la superexplotación de los trabajadores.
Es una fecha en la que se recuerda la histórica batalla de los obreros, de los mártires de Chicago, pero también es una fecha que en nuestro país se asocia con las históricas huelgas de Cananea y Río Blanco, que jugaron un papel de precursores de la Revolución mexicana en búsqueda de mejores condiciones de trabajo, de vida y de salarios de los trabajadores mexicanos.
En estos tiempos difíciles de crisis económica, en que la brutalidad del proyecto económico neoliberal que se está aplicando de manera implacable sobre las espaldas de los trabajadores mexicanos, que nos acercan peligrosa y aceleradamente a que las condiciones de trabajo y de salario sean cercanas a las que vivían los obreros en Chicago o a la de los obreros mexicanos de principios de este siglo, que dieron origen y causa a las huelgas de Cananea y Río Blanco.
El hecho de que aún en plena dictadura en nuestro país se hubiese realizado la movilización de los trabajadores de la clase obrera, nos llenan de preocupación de que ahora, justamente ahora, cuando las visiones económicas de unos niños, hoy gobernando el proyecto económico desde la Secretaría de Hacienda, con criterios implacables, en donde la economía son números y proyecciones macroeconómicas, mas no personas, mas no seres humanos, mas no trabajadores, mas no niños, mas no ancianos.
Justo cuando estos niños de Harvard aplican implacablemente su proyecto neoliberal, es cuando la clase obrera y el conjunto de los trabajadores deben de manifestarse a plenitud en el zócalo de la ciudad de México.
Por ello, nosotros queremos pronunciar desde esta tribuna e informar que sí habrá una manifestación de protesta el 1o. de mayo en el zócalo de la ciudad de México; que habrá una manifestación mas no una fiesta del 1o. de mayo, porque los trabajadores de nuestra patria no tienen motivos para festejar el 1o. de mayo, tienen motivos para protestar, para manifestar su irritación social, para manifestar su inconformidad ante el proyecto económico.
En este marco, deseo informar que el sábado pasado, apenas, en el auditorio del Sindicato de la Industria Nuclear, del SUTIN, más de 30 sindicatos acordaron realizar un movimiento de huelga nacional para el próximo 15 de mayo, en el marco de la revisión del contrato colectivo, de las prestaciones y del salario del magisterio nacional.
Más de 30 sindicatos que agrupan a miles y miles de trabajadores de diversas ramas de la educación superior, media superior y básica, de diversas industrias y servicios, hemos comprometido la fecha del 16 de mayo para estallar una huelga general en reivindicación de un aumento salarial de emergencia, en reivindicación del derecho al empleo, independientemente de las necesidades de los ajustes macroeconómicos que la política del Gobierno trata de imponer, por mantener y mejorar la seguridad social que se está deteriorando a niveles mucho muy graves, derivado de la situación económica del país y desde luego en protesta abierta en contra de la imposición del IVA.
El día 1o. de mayo habremos de estar en el zócalo de la ciudad de México todas estas organizaciones sindicales, entre las que destacan el STUNAM, en el cual milito, el SITUAM, secciones nueve, 10 y 11 del magisterio, el Sindicato del Colegio de Bachilleres, del SUTIN, de la Asamblea General de Trabajadores, del Sindicato de Euzkadi, de la Coordinadora de Jubilados del ISSSTE y más de 30 organizaciones sindicales. Pero también van a participar de la protesta y de la inconformidad, porque a ellos también les llega de manera implacable organizaciones diversas del movimiento urbano popular como la Asamblea de Barrios, la UPNC, la UPRE, la Unión Campesina, la CIOAC, la Red de Estudiantes Democráticos del CEU, El Barzón Metropolitano, la Coalición Cívica, diversas organizaciones de jóvenes y mujeres.
Deseamos decir que el 1o. de mayo para nosotros no cabe el pretexto de que no tenemos dinero para las mantas, de que no hay dinero para elaborar las pancartas de las cabezas de los destacamentos. Para nosotros el día 1o. de mayo, va a ser solamente necesaria la presencia de miles de trabajadores, de amas de casa y de las familias vinculadas a los trabajadores.
El zócalo el 1o. de mayo, va a ser el zócalo de sudor y lágrimas, va a ser el zócalo de los trabajadores. El 1o. de mayo, va a ser el zócalo el espacio donde los puños van a surcar el cielo de la indignación por parte de los trabajadores. El 1o. de mayo, el zócalo va a tener una presencia de hombres y mujeres libres que van a manifestar su inconformidad y su irritación.
No caben, compañeras y compañeros diputados de todos los partidos y en particular, no caben compañeros de la diputación obrera del PRI, pretextos para no llevar la invitación, libre y no corporativa a los trabajadores, para que nos demos cita a las 11 de la mañana en el zócalo e invitemos a que esté presente en el balcón el señor Presidente de la República, para que él y a su lado los jóvenes de Harvard, conozcan de viva voz, conozcan el rostro, conozcan el puño, conozcan el corazón, la irritación, pero también la esperanza de los trabajadores de nuestro país, de inconformidad, de protesta y de esperanza también, de que pronto haya una patria nueva, una patria distinta, una patria más justa, una patria más igualitaria, una patria más solidaria con los que menos tienen. No bastan los discursos, no basta mandar a comisiones propuestas que van a dormir el sueño de los justos.
Requerimos el compromiso del Presidente de la República y de estos niños de Harvard, de que va haber un cambio de la política económica, de que va haber un cambio de la política económica, de que va haber un cambio de gravar, de a de veras y en serio y desde ya y como compromiso la fecha del 1o. de mayo a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, a los grandes especuladores nacionales y extranjeros, que se han enriquecido a costa del sudor y lágrimas de los trabajadores mexicanos.
Deseo concluir diciendo, que el 1o. de mayo, a nadie le quepa duda, no va haber un zócalo vacío. El 1o. de mayo, sí hay quienes no quieren ponerse al frente de la representación de sus trabajadores y quieren ponerse al frente de la defensa de las políticas que golpean a los trabajadores, allá ellos y su conciencia.
Nosotros, los militantes de la bancada del PRD, quienes militamos en el sindicalismo democrático libre e independiente, las organizaciones comprometidas con el bienestar de nuestro pueblo, vamos a ir al zócalo, vamos a estar ahí con irritación, con indignación, pero también con la alegría que genera la esperanza de que vamos en el camino correcto y de que habremos de imponer una patria nueva y un país justo y solidario más temprano que tarde. Ese es el pronunciamiento que quería hacer. Muchas gracias.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Moreno Berry, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una denuncia sobre fraude en las elecciones en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.
El diputado Alejandro Moreno Berry:
Señor Presidente y compañeros diputados:
He sabido que el pasado 12 de febrero se celebraron elecciones en el Estado de Jalisco para renovar la legislatura del Estado, los ayuntamientos y el titular del Ejecutivo estatal. Nuestro partido participó presentando candidatos a los diversos puestos de elección popular. La jornada electoral, de acuerdo a los argumentos expresados por el Consejo Electoral del Estado de Jalisco fueron limpias y transparentes con incidentes menores que no implicaban causales de nulidad en ninguno de los procesos. Pero cabe destacar que desde nuestro punto de vista, en diversos municipios se realizó un fraude selectivo en beneficio de grupos políticos de la entidad, tal es el caso del municipio de Cabo Corrientes, en donde el partido político, al que pertenezco, el Partido del Trabajo y su planilla contendiente, encabezada por el doctor Ambrosio Rodríguez Rodríguez contó con la simpatía de la población enmarcada en una campaña electoral donde se realizaron concentraciones tan sólo en ese municipio, de 4 mil electores en el padrón, de más de 2 mil personas del Partido del Trabajo; todas ellas, habitantes del municipio.
Seguro del triunfo en la contienda para renovar munícipes, conscientes de que las propuestas presentadas recogían las inquietudes de la población, amén de la simpatía del candidato para con la población, nuestra campaña se centró en la lucha contra los caciques que en Jalisco han echado raíces.
En este contexto, se llevaron a cabo las elecciones en la fecha señalada, con la sorpresa de que el padrón utilizado en la población de Cabo Corrientes no correspondía al que previamente se le entregó a los partidos políticos contendientes, por lo que al cotejar ambos padrones nos encontramos que durante los últimos dos meses antes a la elección, se habían presentado tan sólo en una sección, con 700 electores, solicitudes de alta de más de 300 solicitantes. De esto se percataron los habitantes de las comunidades de Cabo Corrientes, ya que el día de la elección diversos grupos provenientes del municipio de Puerto Vallarta fueron a votar a las casillas ubicadas en las localidades de Chacala, Villa del Mar y el Tuito, pertenecientes al municipio de Cabo Corrientes.
Estos hechos se realizaron con una certificación avalada por los delegados municipales, la cual presentamos en nuestros documentos; se presentaron en la casilla 300 básica y 300 contigua, a sufragar y sin pertenecer al municipio, lo ratificaron por escrito los habitantes de las localidades.
Posteriormente ante estos hechos, se presentaron los recursos de impugnación que prevé la Ley Electoral del Estado de Jalisco, turnándose al consejo electoral para su revisión como lo previene la ley citada, presentando como pruebas fotografías, videos, la comparativa de los dos padrones que se utilizaron y testimoniales públicas y privadas, con la sorpresa de que el consejo se negó cumplir con lo ordenado en el instrumento legal, aduciendo que no tenía facultades para la revisión de los recursos presentados. Posteriormente al enviar los recursos de impugnación al Tribunal de lo Contencioso Electoral para su análisis y calificación, el presidente del consejo dolosamente omitió enviar las pruebas que se habían ofrecido para sustanciar el recurso.
Por cierto, este presidente del consejo electoral del Estado de Jalisco, acaba el día de hoy de renunciar, no sabemos si por temor a la aplicación de la ley, ya que fue denunciado penalmente por nuestro partido. Y ante esa omisión de no haber remitido las pruebas presentadas por nosotros ante el Consejo Estatal Electoral, requerimos que enviara la documentación al tribunal, omitiendo enviar el listado nominal que se utilizó durante el proceso, así como las documentales que acreditaban la personalidad de nuestro representante municipal, a pesar de que las habíamos relacionado al entregar los paquetes al tribunal.
Subsecuentemente el tribunal con argumentos infantiles e inverosímiles, declaró desiertos nuestros recursos, argumentando la falta de los documentos que previamente habíamos entregado y que obra en nuestro poder el acuse de recibo y con esta resolución dañó seriamente el proceso electoral en nuestro perjuicio. Ante ello decidimos presentar el recurso de reconsideración ante la segunda sala del tribunal y éste reconoció serias fallas en la primera resolución. Pero ratificó los resultados de la elección de munícipes de Cabo Corrientes, sin solicitar las pruebas que el consejo había dolosamente extraviado o escondido y no había entregado al tribunal.
Por nuestro lado solicitamos al Registro Federal de Electores, nos proporcionara el padrón de Cabo Corrientes y nos encontramos que se trataba de un padrón totalmente diferente. En tal virtud, se presentaron como pruebas supervenientes ante el tribunal, desechándolas este órgano por considerarlas improcedentes a pesar de que fueron entregadas en tiempo y forma y decidimos presentar un nuevo recursos en contra de la entrega de constancias de mayoría del municipio de Cabo Corrientes, aportando todas las pruebas necesarias y nuevamente nos percatamos de que el presidente no entregó las documentales exhibidas, en perjuicio de nuestro partido.
De lo anterior cabe destacar los siguientes hechos: primero, ¿Por qué se utilizaron dos padrones diferentes en la elección de Cabo Corrientes y por qué no corresponden a listas nominales con las existentes en el Registro Federal de Electores? ¿Por qué el presidente del consejo se negó a entregar las pruebas documentales que avalaban nuestros argumentos para demostrar el fraude? ¿Cuál es el papel que se utiliza en el conflicto de Cabo Corrientes por parte de quienes pretenden apoderarse de las playas de Yelapa, en concreto, la empresa SIDEC?
Finalmente queremos señalar que presentamos formal denuncia de hechos en contra de Felipe de Jesús Preciado Coronado y la Procuraduría a casi dos meses de la elección no ha radicado la averiguación, ni se ha iniciado la investigación de los hechos.
Cabe destacar que en un acto de pluralidad del gobernador actual del Estado de Jalisco, nombró como procurador a un ex consejero ciudadano ante el Consejo Electoral del Estado de Jalisco, al ciudadano Jorge López Vergara y que éste por su amistad con el hoy ex presidente del Consejo Electoral, no le ha dado seguimiento a la denuncia formulada por el Partido del Trabajo.
Quiero señalar que hay una diferencia entre los dos partidos, de 118 votos en un padrón de 4 mil. Calculamos y calculan los habitantes de Cabo Corrientes, que el fraude fue en una cantidad superior a los 300 votos.
Decidieron los habitantes de Cabo Corrientes, emprender acciones de resistencia ciudadana; han denunciado los hechos ante los medios de comunicación; han cerrado la carretera federal de Puerto Vallarta- Tomatlán, a la altura del poblado del Cuito, cabecera municipal de Cabo Corrientes. Desde el día de ayer se encuentra tomado el palacio municipal de Cabo Corrientes. No han escuchado eco de ninguna autoridad electoral. Hasta el día de ayer, al ser recibidos por el gobernador del Estado, fue hecho de su conocimiento los hechos que aquí denunciamos.
Pero lo más grave de esto es que quien encabezó las acciones de violentar la voluntad popular, fue un gangster de triste recuerdo para la Universidad de Guadalajara, Gaudencio Ramos Guesías, alias el Vallarta, alias el banderitas. Pasó 10 años en la facultad de ingeniería de la Universidad; participó en hechos violentos sumamente graves, con homicidios y heridas para estudiantes en esa época. Los antecedentes de este individuo nos hacen prever acciones de violencia que pueden desencadenar con mayor encono la división de los habitantes del municipio y ensoberbecido como está el Vallarta o el banderitas, como le quieran decir, hace unos días tomó las instalaciones del Hotel Lagunitas de la comunidad indígena de Chacala, instaladas en la Playa de Yelapa; con violencia y apoyados por la fuerza pública, donde el procurador tiene mucho que ver.
Los habitantes de Cabo Corriente, ya no hayan a quien recurrir; por mi conducto les expresan que solamente les queda el Congreso de la Unión, para hacer valer sus derechos a disfrutar con libertad de las autoridades que ellos mismos eligieron. Por lo anterior y en el mismo sentido, más bien, de la anterior denuncia que hiciera el diputado Cuauhtémoc Sandoval y que formara parte de un punto de acuerdo con la bancada priísta del Estado de Guerrero, quisiera solicitar muy atentamente a la Presidencia de esta cámara, se turne la denuncia y los documentos que la complementan, a la comisión correspondiente. Muchas gracias.
El Presidente:
Se recibe y se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
RECLUSORIO NORTE
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra, al diputado Salvador Martínez Della Rocca, para rectificar hechos.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
Con qué objeto, señor diputado.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas (desde su curul):
Para rectificar hechos.
El Presidente:
Por cinco minutos, después del diputado Salvador. Adelante diputado Martínez Della Rocca.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
Compañeros diputados:
Quiero venir a plantear ante todos ustedes un acontecimiento sumamente grave que se presentó en el Reclusorio Norte, el domingo pasado.
Traigo en mis manos los testimonios de los presos que están en el Reclusorio Norte, acusados de zapatistas o relacionados con hechos supuestamente zapatistas. Dice así: "domingo 26 de marzo de 1995, Reclusorio Varonil Norte. A las 23:00 horas llegaron los custodios a llamarnos. Que fuéramos abajo, que nos llamaban a nosotros, nos levantamos, pues ya estábamos dormidos y pasamos abajo. Ahí nos encontramos a un señor con un maletín o portafolios negro, nos leyó un escrito donde nos notificaban que íbamos a ser trasladados a Almoloya, porque el juez de Toluca se declaró competente, de lo cual nos quería convencer y firmar unos papeles en blanco diciendo que eran parte de los papeles que traía, pero que los traía aparte y que luego los uniría a los demás, a lo cual no quisimos firmar. Creemos que esto se debe a que como ya tenemos más de 50 días apandados y queremos que nos pasen a población, estamos haciendo esas peticiones y ellos nos quieren tener aquí. No sabemos por que. Entonces lo vemos como que quieren intimidarnos por estos medios".
Lo firman: Fernando Rodríguez Paredes, Gerardo López López, Gonzalo Sánchez Navarrete, Joel Martínez González, Hilario Martínez Hernández, Martín Trujillo Barajas, Ricardo Hernández López, Alvaro Castillo Granados y Luis Sánchez Navarrete.
Esto sucedió en el Reclusorio Norte, a las 23:00 horas, en el Reclusorio Varonil. En el Reclusorio Femenil, Reclusorio Norte Femenil, tengo la carta escrita por las presas, que dicen: "escribimos esta carta para contarle los intentos para asustarnos por parte de las autoridades.
Siendo aproximadamente las 00:00 horas nos despertaron las custodias, diciéndonos que íbamos a la dirección. No sabíamos para qué. Ojo: eran las 12:00 de la noche.
Un señor, que no se identificó, nos preguntó nuestros nombres y dijo: les voy a leer lo que dice el juez del Estado de México. Según él, el juez se había declarado competente, pero a la mitad de la lectura nos preguntó que si era necesario leer todo lo que decía el escrito o nada lo que había dicho el juez. A lo que contestamos: que sí queríamos que lo leyera y entonces leyó todo.
Al terminar le preguntamos ¿cuándo nos van a trasladar? Y contestó que lo ignoraba, pero que aseguraba que pronto y que nos llevarían a Almoloya de Juárez.
Después nos pidió que firmáramos unas hojas, pero no quisimos firmar.
La funcionaria de guardia del reclusorio le pidió copias para enseñar a la directora, a lo que él contestó: usted ya sabe que no le puedo dejar ninguna copia, porque usted ya está enterado de este escrito". Después de eso nos regresaron a las celdas.
Atentamente, Celia Martínez Guerrero, Patricia Jiménez Sánchez, Brenda Rodríguez Acosta, Ofelia Hernández Hernández". Dejo aquí una copia del documento, a la Presidencia.
Compañeros diputados: quisiera señalar lo siguiente con respecto a este acontecimiento y hacer algunas exigencias que nos compete a todos los diputados:
Estamos en un proceso de paz. Hemos aprobado una ley de conciliación y de diálogo para resolver el problema de Chiapas. Existen algunos intereses, parece ser bastante preocupados en afectar este proceso de disensión que conlleve al establecimiento de un diálogo para resolver el problema de Chiapas y con esto sentar las bases para resolver un conjunto de problemas que actualmente padece nuestro país y que compete a esta cámara sacar adelante, positivamente, esta problemática.
No entiendo, compañeros diputados, porque aquí presenté una Ley de Amnistía anticipada, no entiendo porque el compañero diputado Jaime Veloz, del Partido Revolucionario Institucional, pasó a apoyar a nombre de su fracción parlamentaria la ley. El compañero Elizondo, el diputado Elizondo pasó por parte del Partido Acción Nacional y un compañero del Partido del Trabajo, también pasó a apoyar este procedimiento.
¡No entiendo por qué si este procedimiento de Ley de Amnistía está en trámite, compañeros diputados, no entiendo por qué hay alguien que es capaz de ingresar al reclusorio a las 12:00 de la noche, en día domingo! ¡Que se le permite el paso y que va e intimida a los presos! ¡Y que les dice que lleva una resolución del XII distrito de Toluca, para ser trasladados a Almoloya! ¡No entiendo qué tipo de provocaciones se están montando!
¡No entiendo qué sector político está tratando de afectar o de obstaculizar los procesos que en esta Cámara de Diputados hemos estado llevando a acuerdo con el consenso de todas las fracciones parlamentarias!
¡Quisiera exigir y hacer una petición a la Comisión de Derechos Humanos de la cámara y a la Comisión de Justicia, que se investigue el nombre del individuo que por alguna razón, en día domingo se le dio permiso para que ingresara al Reclusorio Norte Varonil y al Reclusorio Norte Femenil a intimidar, a las 12:00 de la noche del día domingo, a los presos, por los cuales tenemos en trámite un proceso de Ley de Amnistía anticipada!
¡No se nos ha querido proporcionar el nombre! ¡Los que hemos estado asistiendo... El Presidente: Señor diputado...
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
Le pediría un minuto para concluir.
El Presidente:
Sí, señor.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
Los que hemos estado asistiendo al reclusorio, sabemos los trámites que se tienen que llevar a cabo, de identificación, de dejar credenciales, de que se nos marque la mano con una pintura etcétera, y a las 12:00 de la noche de un día domingo, ese domingo que acaba de pasar hubo un individuo que pudo entrar, pudo intimidar a los presos, levantaron a los presos y a las presas y les dijeron que firmaran en blanco un supuesto traslado a Almoloya. Pudo entrar y nadie nos ha querido dar el nombre del individuo.
Yo rogaría a todos ustedes, compañeros diputados, porque me llama la atención que este tipo de hechos políticos de provocación y que están tratando de obstaculizar un proceso que está siendo llevado a cabo por esta cámara, que haya una ley de amnistía anticipada para esos presos en trámite, en proceso y en el transcurso del proceso hay alguien que está intentando hacer algo que obstaculice cosas que sólo debemos discutir los diputados y llevarlos a buen final los diputados.
Yo solicitaría a las comisiones pertinentes de la cámara, que el próximo jueves, o sea que a partir de mañana para que el próximo jueves se nos informe quién fue ese individuo, quién lo mandó, por qué se le autorizó entrar, por qué se le autorizó que pidiera firmas en papeles en blanco y por qué se le autorizó que amenazara a los presos con un traslado a Almoloya. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el señor diputado Marcué y Pardiñas, por cinco minutos.
La diputada María del Rosario Robles Berlanga (desde su curul):
Como ya está usted dando trámite a la intervención del diputado Manuel Marcué, quisiera ver qué trámite se le va a dar concretamente a la solicitud que ha hecho aquí el diputado Salvador Martínez Della Rocca. Está planteando concretamente que esta instancia solicite información en relación al nombre y la persona esta que asistió al Reclusorio Norte entonces ¿cuál sería el trámite?.
El Presidente:
Sí, la Presidencia solicitaría que se pidiera por escrito, se hiciera la solicitud correspondiente para turnarla ante la comisión que así se requiera.
1O. DE MAYO (II)
El Presidente:
Sí, señor, para rectificar hechos; no sé si quede claro. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Marcué.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Quiero acogerme al 230, señor, para tener más tiempo.
El Presidente:
Primero para rectificar hechos, señor; usted solicitó su intervención para hechos. Bueno, adelante señor.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Señores, desde mi punto de vista de mexicano que conoce la historia de este país y que sabe que el 1o. de mayo en todo el mundo y desde hace cientos o decenas y decenas de años se festeja ese día, me parece a mí que la decisión tomada, y lo digo con respeto para la Confederación de Trabajadores de México, para la CTM, se me hace muy grave que haya decidido que los obreros de sus organizaciones no participen.
Para mí es sumamente grave; y tiene qué ver, con la situación que vive nuestro país; está íntimamente ligado con el diario vivir de todos los obreros y no obreros de este país.
No sé qué razones tenga la dirección de esa organización para no participar. Está ligada con la situación que vive el país. Yo voy a dar lectura a un texto que contempla la situación que vive el país y después voy a hablar brevemente sobre el 1o. de mayo.
Yo pido a los señores todos del PRI y a todos las bancadas, que respeten mi tiempo como lo he venido haciendo yo.
El candor del zedillato. "El actual régimen mexicano, tiene la ventaja sobre los que le precedieron en el poder, de ostentar cierta transparencia y candor en su pronunciamiento y propósitos; detalles más, detalles menos, anuncia sus intenciones, comenta sus tácticas y revela sus planes.
En vista de la importancia que encierra la crisis mexicana para toda América Latina y de la enorme dificultad para salir de ella, conviene examinar dichos planes para determinar sus perspectivas y grados de viabilidad, no para aceptar el proyecto ciegamente como en el pasado, ni para denunciarlo por cruel y odioso, sólo para saber si puede funcionar.
El señor presidente Ernesto Zedillo, ha hecho saber que su estrategia para sortear la persistente crisis que azota a México desde el 20 de diciembre de 1994, corre por dos caminos: en primer término, dada la obligación que ha asumido el Presidente mexicano de buscar una salida sólo dentro de la ortodoxia económica y financiera, no hay más remedio que un ajuste pavoroso hundiendo al país en una profunda recesión.
La ortodoxia es imperativa tanto para el corto como para el mediano plazo, ya que cualquier abandono o desvío futuro ante el curso económico del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, liberalización comercial, privatizaciones, desregularización, recurso al ahorro externo, espantaría a los mercados y dificultaría una salida inmediata.
A duras penas se puede hablar hoy de algunos matices en el rumbo liberal, pero de preferencia en voz baja y con discreción. El compromiso ineludible según el mandatario, de cumplir cabalmente con los pagos de la deuda de corto plazo y con la condicionalidad impuesta por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional en torno del gigantesco paquete de rescate de enero, que impide un ajuste menos recesivo y la recesión aunada al recorte del gasto...
El Presidente:
Perdón, señor diputado, su tiempo ha concluido para cinco minutos.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Me voy a apegar al 103, por favor...
El Presidente:
Inicialmente lo hizo para rectificar hechos, señor diputado.
El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:
Me voy a apegar al 103, por favor.
El compromiso ineludible, según el mandatario, de cumplir cabalmente con los pagos de la deuda de corto plazo y con la condicionalidad impuesta por Estados Unidos y el fondo monetario internacional en torno del gigantesco paquete de rescate de enero, impide un ajuste menos recesivo y la recesión aunada al recorte del gasto, al aumento de las tasas de interés y a la ausencia de una red social de protección en México, va a provocar una caída brutal del ingreso y del bienestar de decenas y decenas de millones de familias mexicanas.
En la visión del presidente Zedillo, esto es un hecho dado, hay un inamovible, inevitable, impostergable, a cambio, el actual Gobierno parece querer ofrecerle al país un camino de democracia, justicia y honestidad; es decir, todo lo que el Gobierno anterior propuso, o simplemente se negó a hacer.
En resumen, el presidente Ernesto Zedillo se propone cambiar de norte en lo político, manteniendo el rumbo económico salinista, a pesar de que el propio señor Presidente ya ha reconocido que por ese camino se llegó al despeñadero.
Reforma electoral que incluye órganos electorales independientes, elecciones y campañas libres y justas, el establecimiento de un verdadero estado de derecho que se exprese, entre otras cosas, en la identificación y captura de los responsables de los asesinatos políticos del año pasado, aunque esto incluya a los principales personajes del régimen saliente. Un alto a la corrupción de quien sea hoy y antes.
Estas, las principales ofertas que ha prometido el Gobierno del presidente Zedillo. Por ahora no las ha realizado más que muy parcialmente, pero en teoría puede hacerlo, o en todo caso puede albergar sinceramente la intención de cumplirlas. El problema no yace ahí, sino en la compatibilidad de ambos capítulos del libreto del presidente Zedillo. El peligro estriba en que todo esto desemboque en un salinismo al revés.
En efecto, la apuesta de Carlos Salinas consistió, como muchos lo apuntaron desde los inicios de su sexenio, en modificar el tradicional curso económico mexicano, para poder conservar el sistema político; transformación económica para asegurar la permanencia política. He aquí la lógica del milagro mexicano de 1988-1994, que se estrelló en el doble escollo de los caprichosos mercados internacionales, y la terca y tradicional debilidad de la economía azteca.
La consigna y la misión era conservar el poder a cualquier costo; si además ese costo empataba con las convicciones ideológicas de los artífices de la modernización mexicana, mejor.
La apuesta del presidente Zedillo parece ser exactamente la contraria: consumar todos los cambios políticos necesarios para poder preservar a toda costa el modelo económico, apertura comercial, tratado de libre comercio con Estados Unidos, sector público y famélico, gasto público reducido y financiado equilibradamente por ingresos tributarios exiguos.
En ambos casos, la rigidez política acompañada del conocimiento de Carlos Salinas y el pragmatismo político del presidente Zedillo, acompañado de un insólito dogmatismo económico, subyace la esperanza de que política y economía son dos compartimientos estancos, que una no contaminará la otra y que se pueden manipular las dos esferas separadas y consecutivamente.
Ya sabemos que la epopeya salinista terminó en la desgracia para el país y para sus protagonistas, justamente debido a la imposibilidad de mantener esa dicotomía tajante.
La política invadió el dominio reservado de la economía; las protestas cardenistas en 1991-1992, el debate del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a lo largo de 1993. Los indígenas de Chiapas y los asesinatos políticos del señor don Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu en 1994, acabaron por derrumbar el mito de la prosperidad y el éxito del éstito(sic) de Salinas de Gortari. Puede ocurrirle lo mismo al señor presidente Zedillo, sólo que al revés.
Mantener un programa graconiano, de austeridad, sin controles sindicales, con medios de comunicación cada vez más libres, con partidos políticos susceptibles de aprovechar el desgaste gubernamental; todo ello al cabo de 12 años de estancamiento económico y 65 años de autoritarismo político, se antoja difícil, y lograr que la oposición de izquierda y de derecha, política e ideológica, social e intelectual se alinee llanamente con una plataforma económica ajena e impopular, resulta por lo menos improbable.
La apertura política provoca un golpe de timón económico o desemboca en una regresión autoritaria impuesta por el descontento social, la protesta en las calles y las fuerzas centrífugas en el seno de los partidos políticos.
Si bien en la vida real las disyuntivas nunca son tan categóricas, es perfectamente posible, más aún, muy probable, que a la vuelta de algunas semanas o meses la tentativa de separar política y economía devenga una nueva crisis mexicana, una más como si no bastara la actual. Podría ocurrir en un mes de mayo efervescente, ya no en el barrio latino hace 27 años, señores diputados, sino en el zócalo de la ciudad de México.
Es tanto más factible este desenlace que al presidente Zedillo no le quedan muchos cartuchos en sus cananas. Si los mercados no se estabilizan en los próximos días y sus designios son insondables, pronto el mandatario mexicano se verá obligado a echar mano de sus últimas fichas que inevitablemente sufrirán rendimientos decrecientes.
Esas fichas incluyen la detención de Carlos Salinas o de quien fungió como su virtual primer ministro: José Córdoba, quienes serían acusados de distintas fechorías, la suspensión de pagos más o menos voluntaria de parte o de toda la deuda externa mexicana y la celebración de un nuevo acuerdo político y social en México, acompañado de un giro en la política económica y de la formación de un gabinete de guerra o Gobierno de emergencia nacional.
Cada opción debe acontecer sólo en combinación con otras. Las dos primeras alternativas son aleatorias y escapan al ámbito de lo previsible. La tercera sigue siendo viable e incluso probable, pero carece de fundamentos sin un casamiento de economía y política.
La síntesis significa utilizar la democratización real de Ernesto Zedillo, que Ernesto Zedillo presume perseguir, para imponer al modelo económico actual los ajustes y las rectificaciones que requiere y que la inmensa mayoría de los mexicanos exige. La primera tolera todas las esperanzas.
Señores, este breve panorama de la situación económica nos lleva al acuerdo que acaba de tener la CTM. ¿Cómo es posible que la CTM de, acuerdo con el Gobierno, decida que los obreros no salgan el 1o. de mayo? ¿Por qué el Gobierno y la CTM no quieren que salgan, señores?, porque saben que los obreros de la CTM y otras organizaciones van a protestar enérgicamente. ¿Qué no es mejor que el Presidente de la República como jefe del Estado aguante, sepa y sienta la protesta y el decir de los mexicanos, de los obreros que han luchado por un México mejor siempre?
¿Es posible que el señor Presidente no tenga buenos consejeros y se sirva de los que han frenado el progreso cívico de los obreros mexicanos, como es el ex secretario del trabajo, el señor Farell? ¿Cómo es posible que el señor Presidente tenga como consejeros a gente como Farell, como los policías que han perseguido a los movimientos democráticos, que los han llevado a asesinatos y persecuciones que mucho daño le han hecho a este país?
Señores, trabajemos porque los poderes sean libres, trabajemos para que el Presidente de la República tenga consejeros que profundicen en los problemas de nuestra patria y lo aconsejen bien. Lo están llevando al precipicio. La patria está sufriendo. ¿Qué va a hacer, yo pregunto a ustedes, con esta situación y con gobiernos como éste, que no se dejan aconsejar de los buenos mexicanos, que los hay en todos lados?, ¿qué va a ser de nuestros hijos y de nuestros nietos?
El Presidente:
En virtud de que esta Presidencia ha recibido por escrito la solicitud propuesta por el diputado Salvador Della Rocca, esta Presidencia solicita se turne a la Comisión de Derechos Humanos la petición hecha.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para hablar sobre el amparo, y en contra del incremento al impuesto al valor agregado.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores.
La semana anterior, por la vía de la aplanadora oficialista, esta cámara aprobó el alza del 50% al IVA. La reacción popular contra esta medida ha sido por todo el territorio muy viva. Hay irritación. Lo mismo a los señores diputados priístas en sus distritos como al titular del Ejecutivo en sus giras, se les han manifestado cientos, quizá miles de ciudadanos, expresando su inconformidad.
El día de ayer el Diario Oficial de la Federación publica la citada reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Con esta fecha, a nombre de la fracción Social Demócrata, hemos promovido juicio de amparo en contra de dicha disposición.
Las autoridades responsables son: este Congreso de la Unión, el encargado del Poder Ejecutivo Federal, los secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, y el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De este Congreso se reclama la inconstitucionalidad de la aprobación y de la expedición del decreto de reformas de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que se publican el día de ayer, concretamente el segundo párrafo del artículo 1o.
Del encargado del Ejecutivo, se reclaman por inconstitucionales la aprobación, promulgación y publicación del expresado decreto de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
De los secretarios de Gobernación y de Hacienda, se reclaman por inconstitucionales el refrendo en la aprobación, promulgación y publicación del expresado decreto.
Y del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la realización inminente de todos y cada uno de los actos y procedimientos tendientes a hacer efectivos créditos fiscales y sanciones derivadas de la aplicación de las disposiciones legales que se reclaman.
Los hechos, todos los conocemos. La recién aprobada reforma, en su segundo párrafo, corresponde a un instrumento que el Estado utiliza de manera regresiva. Se trata de una tributación indirecta, injusta, que lesiona el poder adquisitivo de las clases más desprotegidas.
Los conceptos de violación que señalamos, son los siguientes: se violan los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el 31, fracción VIII, de la propia Carta Magna; se transgreden los numerales 14 y 16 constitucionales, que preconizan el principio de legalidad, en virtud del cual los actos de autoridad deben ser conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, debiendo ser fundados y motivados.
Y es el caso que no se actúa conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución, en la parte que este dispositivo obliga a que los impuestos sean proporcionales y equitativos.
En efecto, el artículo 1o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, carece de la proporcionalidad y de la equidad exigida por el artículo 31, fracción IV constitucional, ya que el aumento en un 50% carece de toda proporcionalidad, en relación con el aumento en el nivel de ingresos de la población del país.
Por lo anterior, se invocan los artículos 10, 114, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo anterior, hemos solicitado la suspensión provisional, y en su momento la suspensión definitiva, de los actos reclamados. Y solicitamos al ciudadano juez, que pida a las autoridades responsables los informes previos y justificados que corresponden, y en su oportunidad, previos los trámites de ley, conceder el amparo y protección de la justicia federal.
Desde esta tribuna exhortamos a los ciudadanos libres del país a que se organicen a efecto de presentar masivamente amparos contra el IVA. Es ésta una forma de resistencia civil, sin armas, como no sean las de la ley; es una forma de resistir de manera pacífica, los actos indebidos de la autoridad, por cuanto carecen de los principios de legalidad, de motivación y de fundamentación.
El Gobierno de la República, en lugar de estos impuestos indirectos que lesionan la economía popular, debería orientar su acción hacia la imposición directa, que es la que reclama este país en la actual coyuntura.
Esa tributación debe inscribirse en un nuevo modelo de planeación, no en esa simulación que pomposamente llama el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, tercer Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, y que nos anuncia, por conducto del Diario Oficial, el día de ayer.
En efecto, el señor Ortiz nos dice, que por sí y ante sí, crea el grupo integrador del Plan Nacional de Desarrollo. Afirma que es indispensable la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito, imagínense ustedes, dice él, que la población exprese sus opiniones para la elaboración del plan.
Nos invita a todos los mexicanos a organizar foros específicos de consulta, para integrar el proyecto del plan de desarrollo, que habrá de someterse, no a la aprobación de esta soberanía, para el señor Ortiz esta soberanía o no existe o es incompetente o no tiene razón de existir, le reconoce sólo un papel opinador una vez que se apruebe el plan por el señor Presidente, puesto que él, según dice en este documento, habrá de aprobar el plan.
Y nos dice también que ese grupo integrador tendrá a su cargo la organización de un foro general de participación y consulta y que para el desempeño de estas labores, el señor Ortiz propone un secretario técnico que será el presidente de un instituto de estadística.
Veamos, el señor Secretario de Hacienda ya decidió despojar no sólo a esta soberanía, sino en interpretaciones marrulleras de la Ley de Planeación, inventa grupos integradores y secretarios técnicos que no tienen ningún sustento constitucional, ni apoyo siquiera legal, en una ley que desde luego consideramos anticonstitucional. A la citada Ley de Planeación, que podríamos apellidar aquí, ley Salinas de planeación, puesto que fue Carlos Salinas quien la redactó para su jefe Miguel de la Madrid, misma que promulgaron en enero de 1983. Y con esa ley el señor Salinas se hizo un día secretario de la programación y de la presupuestación.
Pues bien, nosotros quisiéramos invitar al señor Guillermo Ortiz, sería interesante que compareciera ante esta soberanía, para explicar cómo es que se desvirtúa el mandato constitucional que obliga al Estado a planear, al Estado a conducir el plan, el Estado a aprobarlo por conducto del Congreso y se le transfiere perversamente esa facultad al Ejecutivo; que ,nos explica cómo es y en base a qué se crea un grupo integrador, y por qué se le atribuye al director de un instituto de estadística la secretaría técnica, verdadero comisariato o comisaría del plan de desarrollo.
También sería de interés conocer aquí en términos y bajo los razonamientos del señor Ortiz, cómo es que aquella Secretaría de Programación y aquella labor planificadora que exaltó a dos presidentes de la República, independientemente de si fue legítimo su mandato, los señores De la Madrid y Salinas, que emergen de esa dependencia, cómo es, decimos, que se desmantela esa dependencia, se le desaparece, cómo es que se la demerita en la función y se convierte la función planificadora en la tarea de una subsecretaría hacendaria y también cómo es que después pierde rango la tarea de la planificación. Ya no es labor de una subsecretaría, sino de una simple dirección y habría que averiguar, hoy por hoy, si tiene algún rango aun menor.
Desde luego, desde aquí le decimos a don Guillermo Ortiz que ya que estamos en plan de austeridad, y él lo ha dicho, lo dijo en esta misma tribuna no hace mucho, que bien podríamos ahorrarnos los gastos de tal consulta, de tales foros, de tantos desplegados que se publican en todas las ciudades importantes del país, convocando al pueblo a elaborar ponencias, porque, señores diputados, yo creo que aquí no cabe la ingenuidad; todas esas ponencias y sesudos estudios que se le pide hoy realizar a los mexicanos acabarán, irán derechito al archivo cuadrado que es el cesto de la basura.
No los necesita para el grupo integrador del plan, por la sencilla razón lógica, compañeros, que ese plan ya existe; ese plan ya está en marcha, ese plan es el que se nos ha impuesto a los mexicanos mediante el paquete financiero de los 50 mil millones de dólares, vía línea crediticia, mediante la privatización de los ferrocarriles y de la comunicación vía satélite; ese plan en el que se nos impuso para embargar la riqueza petrolera de ésta y futuras generaciones; es el plan que atropelló nuestra soberanía y que nos impuso la pagatoria en lugar de la moratoria, lo cual sería un derecho soberano de toda nación.
Es el plan que hizo que el propio señor Ortiz elaborara el famoso acuerdo para superar la emergencia económica (PARAUSEE), que naufragó, es el mismo plan que hizo al señor Ortiz inventar un nuevo plan para reforzar lo que ya había naufragado, esto es, compañeros diputados, más naufragio y es el plan que no hace mucho obligó aquí a la mayoría oficialista a votar en favor de un impuesto regresivo y antipopular. Ese plan, señores, debo reconocer que ya existe y que ya fue aprobado por el Congreso, sólo que no por éste, asentado en San Lázaro, sino por aquél con domicilio en el Capitolio. Muchas gracias.
LEY DE PLANEACION
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eduardo Arias Aparicio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una excitativa a la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Eduardo Arias Aparicio:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día 20 de diciembre de 1994, a nombre de diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta ante el pleno de esta cámara, una iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Planeación.
Dicha iniciativa propone que sea el Congreso de la Unión el responsable de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Es el caso que una vez presentada la iniciativa, la presidenta de la cámara en ese momento, diputada Consuelo Botello Treviño, la turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen.
Desde el día 20 de diciembre de 1994 a la fecha, han transcurrido más de los cinco días que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concede de plazo a las comisiones de esta cámara, para presentar su dictamen en los negocios de su competencia.
Ha sido costumbre reiterada de esta legislatura y de otras anteriores también, el dar prioridad a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal, sobre las presentadas por las señoras y señores diputados. Prueba de ello la tenemos en la lectura que se realizó el día de hoy, del dictamen sobre la iniciativa del doctor Ernesto Zedillo, para reformar, adicionar, derogar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación. Y se le dio un trámite acelerado.
En tal caso es procedente que la Presidencia de la Cámara de Diputados, en cumplimiento con su obligación expresa en el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para que presente el dictamen correspondiente.
Así también fundamento mi solicitud en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, le pido señor Presidente, en los términos de los artículos 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Planeación, para que el Congreso General de la República, sea el que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y presentada por diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el pasado 20 de diciembre de 1994. Muchas gracias.
El Presidente:
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Programación y Cuenta Pública, para que expida el dictamen correspondiente.
DECLARACIONES PATRIMONIALES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo sobre declaración patrimonial.
El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos:
Con su permiso, señor diputado Presidente:
Me hacen la observación de que ya no hay quorum; ciertamente es penoso que haya un recinto tan vacío a estas alturas de la sesión. Sin embargo me voy a permitir dar lectura al documento que hemos preparado para todos ustedes.
Señores diputados: "por decenios los mexicanos han condicionado su confianza al Gobierno, al buen ejercicio y a la honestidad de los servidores públicos, al manejo eficiente y transparente de las haciendas del pueblo; al desempeño responsable de las tareas que la ley asigna a un funcionario del Estado o a un representante popular.
Hoy, la crisis que enfrentamos los mexicanos, es fundamentalmente de valores, de esos valores humanos en los que se finca la confianza de la sociedad entre sí y de ésta con sus gobernantes y de cuyo fortalecimiento depende en gran medida la superación de otras crisis, como la económica, que estamos padeciendo y que es consecuencia de la traición a la confianza popular depositada en manos de malos políticos que sexenio tras sexenio han amasado fortunas que no corresponden a sus percepciones salariales como funcionarios del Gobierno en ninguno de sus niveles.
Los sucesos de las últimas semanas han evidenciado crudamente el grado de corrupción a que nos referimos y la forma como ésta ha impactado en la economía nacional. Ante esta realidad, en medio de los esfuerzos que positivamente se canalizan a resolver la crisis económica de la nación, se hace urgente tomar medidas orientadas a recobrar la credibilidad hoy por hoy deteriorada que de sus servidores públicos demandan con indignación muchos mexicanos.
Así, los que suscribimos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos permitimos poner a la consideración de esta honorable representación, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En el propósito de fortalecer la confianza y credibilidad que los mexicanos reclaman a sus servidores públicos, los integrantes de la LVI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, darán a conocer públicamente su declaración patrimonial inicial que en cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos entregaron a la Contaduría Mayor de Hacienda."
Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 25 días del mes de marzo de 1995.
Respetuosamente los diputados: Ricardo García Cervantes, Cecilia Romero Castillo, Gerardo Arellano Aguilar, Javier Gutiérrez Vidal, y Manuel Espino Barrientos. Hago entrega a la Secretaría, señor Presidente, para el trámite conducente. Muchas gracias.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
ESTADO DE SINALOA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre la Reforma Constitucional en Materia Electoral del Estado de Sinaloa.
El diputado Alejandro Higuera Osuna:
Con su permiso, señor Presidente en turno; señores diputados:
A pesar de que en estos momentos la atención de todos ustedes no es ya la misma, creo que el tema que voy a tratar de darles a conocer, a pesar de que es un asunto meramente local del Estado de Sinaloa, indudablemente se involucra con el famoso Acuerdo Político Nacional que se dio hace algunas semanas y que en los estados como el mío, que es Sinaloa, que ha entrado en una dinámica de ley electoral para su revisión, no se han dado los avances o por lo menos no existe voluntad política de la autoridad estatal para poder caminar en este sendero que debe ser la democracia.
El Acuerdo Político Nacional, firmado hace un par de meses por las principales fuerzas políticas, en presencia del Presidente de la República y bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, busca a corto plazo el diálogo respetuoso para el planteamiento de propuestas encaminadas a lograr por consenso una definitiva reforma política, que lleve a transitar a nuestro país por el camino de la democracia.
Este acuerdo establece de manera adicional la búsqueda de consensos en las diferentes entidades federativas, que en el transcurso de 1995 tendrán elecciones locales.
Para ello, sus legislaturas locales revisarán el marco jurídico electoral con la aportación de todas las fuerzas políticas propias de cada Estado, bajo el principio de diálogo y respeto a todos los actores. Buscando como objetivo central una verdadera reforma política que evite antes, durante y posterior al proceso electoral, enfrentamientos políticos.
En este marco de civilidad los gobiernos estatales tienen el compromiso político con sus ciudadanos, de propiciar las condiciones electorales ideales para avanzar también en la misma línea del Acuerdo Político Nacional.
Sin embargo, este claro espíritu del Acuerdo Político, viene a convertirse en un catálogo de buenas intenciones, como las que todos los ciudadanos hacemos el año nuevo. ¡Y tal vez porque hay un nuevo sexenio que pretende, en el fondo, sólo engañar y mentir como en el pasado!
La anterior consideración es producto de la actitud asumida el 21 de marzo del presente, por el ejecutivo estatal de Sinaloa y su Congreso local, que aprobaron modificaciones constitucionales en materia electoral, sin tomar en cuenta las propuestas de Acción Nacional. ¡Que en Sinaloa Acción Nacional representa, de acuerdo a la elección local de 1992, más de 200 mil votos con el apoyo y el respaldo de los sinaloenses!
En esta actitud ciega, sorda y muda del ingeniero Renato Vega, ejecutivo estatal, además fragua, en complicidad con dos diputados del PRD, una contrarreforma electoral que no encuadra en el Acuerdo Político Nacional.
Algún diputado de Sinaloa de los aquí presentes, vendrá a esta tribuna a defender tal vez con cinismo, al gobernador sinaloense, que por cierto nació en Guanajuato y dirá que se hicieron foros estatales de consulta a lo largo y ancho del Estado, a través de una comisión plural de diputados, que recogió propuestas de la sociedad y de partidos y que la reforma aprobada es el resultado de las consultas, que por cierto fueron publicitadas por las plumas oficiales como de gran avance democrático en Sinaloa. Sólo que no dijeron que tales consultas eran escenarios previamente ensayados, con una coreografía muy común y casi con la misma música de fondo y en algunos casos con la misma comparsa.
Hubo un ejemplo en Mazatlán, donde una dama del PRI, propuso en un foro realizado que no se castigara como delito electoral acarrear electores a votar en la jornada electoral, porque ésa era una labor de gran civismo por parte de los priístas para invitar a votar a los sinaloenses.
Acción Nacional presentó, a través de la diligencia estatal y sus 13 diputados locales en el Congreso, iniciativa de reforma electoral constitucional y reforma a la Ley Electoral Estatal con las siguientes propuestas: redistritación del Estado, candidaturas a diputados uni y pluris y las relacionadas con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se deberían incluir en la Ley Estatal, como era la ciudadanización de organismos electorales, tribunal estatal autónomo, para calificar elecciones municipales y la desaparición de la autocalificación de los diputados.
Esta última propuesta, que como es de esperarse, fue aprobada, pero no arroja ningún avance a la democracia, porque todos sabemos que es tradición en este esquema presidencialista que los gobernadores siempre copian los mismos cambios a nivel federal que se dan en las leyes, para adaptarlos con sus proporciones a sus leyes estatales.
En nuestra primera propuesta exigíamos la redistritación de nuestro Estado, que a la fecha cuenta con 23 distritos electorales locales, los cuales se dividen bajo un principio territorial y no poblacional. Cabe aclarar que el Congreso local, a través de una comisión plural que dictaminó eso, fundamentó que no se podía llevar a cabo esto, porque a cada municipio de Sinaloa le asistía el derecho, cada municipio tenía el derecho a tener un distrito electoral.
Tenían un distrito por lo menos por municipio, lo cual arroja incongruencias de número de electores tan desproporcionados que citaré siete ejemplos. En el distrito XVI, de un municipio de Cozalá, con sólo 7 mil 730 electores se puede elegir un diputado; en el distrito XIX, en Mazatlán con 141 mil 761 electores también se puede votar por un diputado; una diferencia matemática de 13.33 veces. En Sinaloa hay ciudadanos que valen 18 veces más que otros, por lo que se refiere a representación popular.
Por eso y por este esquema injusto y perverso se planteó la redistritación para que se mantuvieran los 23 distritos electorales pero bajo un promedio de electores por distrito, para encontrar la verdadera representación de los sinaloenses en la cámara local. Injusto es porque hay sinaloenses sobrerrepresentados actualmente y sobrerrepresentados y es perverso porque permite al PRI, tener control de la cámara local, ya que la mayor parte de los municipios que tiene un distrito son zonas rurales de nuestro Estado.
Como segunda propuesta expuesta, se planteó un sistema para que los candidatos a diputados de mayoría fuesen a la vez candidatos plurinominales con base en una fórmula matemática, dependiendo del comportamiento electoral de cada candidato en cada distrito, esquema que ya funciona en varios estados de la República y que pretende que los cargos de elección popular los desempeñen aquellos candidatos que recibieron votación directa.
Sin embargo, a esta iniciativa no sólo no se le tomó en cuenta, sino que se aprueba una contrapropuesta de los diputados del PRI, donde se divide al Estado de Sinaloa en tres circunscripciones plurinominales, con el único y claro propósito de darle oxígeno a aquellos partidos pequeños y que puedan tener la posibilidad de contar curules, ya que es más fácil tener el 1.5 mínimo de votación en una pequeña circunscripción que en el resto del Estado.
Actualmente la ley determina, la Ley Electoral que todavía no ha sido reformada ni adicionada porque se han dado cambios en materia constitucional local, la Ley Electoral Local vigente, determina al Estado de Sinaloa en una sola circunscripción, por lo tanto con base en esta experiencia reciente en Sinaloa, no seremos ingenuos al creerle al Gobierno su interés para avanzar en mejores leyes electorales que conduzcan a la plena democracia.
Considero y es mi opinión personal, que la Secretaría de Gobernación se ha convertido ya en este sexenio en alcahuete del gobernador de Sinaloa o tal vez haya pecado de ingenua porque el mismo día que se aprobaron las reformas constitucionales se convocó a los 18 ayuntamientos el Estado, para que en sesión de cabildo aprobaran tales reformas, cuando tienen hasta 15 días para hacerlo.
Es obvio que el gobernador instrumentó la consigna que por cierto fue muy bien atendida por nuestros presidentes municipales y se dio el típico albazo, aprobándose de manera urgente y al vapor, con puntos y comas y hasta errores de ortografía, de la citada solicitud de reforma electoral.
Por eso, creo que basta ya de mentiras y burlas, basta de gobernadores, como el caso de Sinaloa, que son caciques con conductas políticas chicharroneras que en nada ayudan al entendimiento de partidos y gobierno y que sí estimulan los movimientos poselectorales de la oposición.
Cuestionamos el verdadero espíritu del Gobierno Federal de llevar a cabo una verdadera reforma política nacional, cuando por omisión o por conocimiento previo, permite que los virreyes estatales sigan actuando igual que en el pasado y gobiernen las entidades federativas de acuerdo a su estado de ánimo. Muchas gracias.
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Juan Guerra, para el mismo tema.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Muchas gracias, Presidente; compañeras y compañeros:
Bueno, evidentemente no existe en el Estado de Sinaloa ningún mínimo elemento como para que el diputado Higuera me señale de que voy a defender al gobernador; no lo existe y no sé de dónde puede querer prevenirse en su intervención con una afirmación de esa naturaleza, pero si de esto se trata, de documentar, hay que decir algunos hechos concretos.
En las elecciones pasadas en el Estado de Sinaloa, que dan pauta a que hoy gobierne Renato Vega Alvarado, yo fui candidato del PRD. Yo declaré que había habido fraude y que si se limpiara la elección, el triunfo no le correspondía a Renato y me quedé a apoyar a una candidata panista ahí en Culiacán: Mercedes Murillo Esquer, no me fui de vacaciones a Estados Unidos, como el que era candidato del PAN.
Pero además, luego nos involucraron en algunas declaraciones en contra del gobernador que yo no había hecho, que se publicaron en Proceso y que se me había mezclado, con algunas declaraciones que hizo quien fue candidato a gobernador y él las desmintió, yo no las desmentí, a pesar de que no las había hecho.
Pero además en Mazatlán, de donde es oriundo Higuera, el presidente municipal del PAN, Rice, tenía todas las pruebas, porque era tan sencillo para él, sabía las boletas que se habían distribuido en las casillas y supo el total de boletas que se recogieron, sabía Rice que se habían introducido ilegalmente en esas elecciones en Mazatlán, entre 20 mil y 40 mil boletas, y no dijo nada, se quedó callado y fue comparsa también del fraude como lo fue de las vacaciones que tomó su candidato a gobernador y senador en Estados Unidos.
Y todo porque en aquel entonces, simple y sencillamente se dijo que si se limpiaba la elección en Mazatlán, no iban a cambiar los resultados y se iban a favorecer con regidores al PRD y le importó más que no se limpiara la elección e impedir lo del PRD.
Luego yo fui presidente del partido y tampoco hay ningún hecho, al contrario, hubo un cuestionamiento constante.
Pero hay algo que el PRD nunca va a abandonar dentro de su lucha y es que nosotros queremos un órgano electoral autónomo donde no esté el Gobierno; eso para nosotros es muy importante, queremos un órgano electoral integrado por ciudadanos con candados de que el Congreso lo nombre por dos terceras partes, para que tenga que consensarse esto con otras fuerzas. Y éste fue el acento que pusimos desde que metimos la iniciativa en enero para hacer consultas, para reformas a la Constitución y a la Ley Electoral, para que en estas elecciones no nos ocurriera lo mismo de la vez pasada y no tuviera que haber gente del PAN también que sirviera de comparsa. Entonces lo que hicimos fue pelear por un órgano electoral en las consultas y en Sinaloa existe hoy un órgano electoral autónomo, no está ningún representante del Gobierno en dicho órgano, están los partidos con voz y sin voto, se van a nombrar los consejeros ciudadanos, ocho si mal no recuerdo, por dos tercios del Congreso, van a ser propuestos estos consejeros por los partidos y los organismos de la sociedad civil, y el presidente se va a nombrar de la misma forma y este órgano es el que va a nombrar al resto de los órganos a niveles municipales y distritales y es el que va a nombrar a los funcionarios.
Esto para nosotros en materia de la imparcialidad es un paso muy importante, falta también el asunto del padrón.
Pero no todos tenemos la misma prioridad, el PAN compartió todos estos consensos y no es un asunto decir demagogia, hay que tener por lo menos el valor de uno venir aquí a hablar con la verdad.
El PAN compartió estos consensos, y tiene que ser, porque un órgano electoral así es un avance.
Pero es el 8 de marzo cuando se había avanzado en esto, cuando el diputado Gabriel Palomares, en una reunión, en efecto, donde estaba Renato Vega, espetó que si no se aceptaba su propuesta de redistritación y de representación proporcional, la que ellos planteaban, ellos rechazaban todos los acuerdos. Es un problema de prioridades. Si al PAN en Sinaloa le interesan más los distritos y el asunto de la representación proporcional, le interesa más ver cuántos diputados sacan, que tener un órgano electoral imparcial, es un asunto simplemente de prioridades y no es nada nuevo.
Parte de lo que hemos criticado desde 1989, es que se sacrificó en aras de respetar ciertos triunfos del PAN, precisamente la imparcialidad plena y la completa autonomía de los órganos electorales para poder tener elecciones transparentes. Lo que nosotros queremos son elecciones donde gane quien gane, pierda quien pierda, en efecto pueda dar resultados definitivos.
Y el espíritu que se lee aquí de esa iniciativa que presentamos desde la comisión, es precisamente buscar eso. Los conflictos poselectorales se van a terminar cuando haya elecciones totalmente transparentes. No es la prioridad de Acción Nacional en Sinaloa. La prioridad de Acción Nacional, es que eso es secundario comparado con su propuesta de redistritación y de representación proporcional, o sea van más sobre el asunto ése que sobre el asunto de tener una elección imparcial. Estos son los hechos. ¿Para qué hacemos más?
Ahora, yo no sé si necesitan darnos oxígeno, porque nosotros en la elección pasada crecimos como cinco o seis veces y tan sólo en Mazatlán, que es donde más mal nos fue, tenemos alrededor del 10% y en el resto del Estado tenemos un porcentaje mayor. Lo que es más, nosotros teníamos porcentajes más bajos y nos levantamos en Sinaloa, merced a estar criticando precisamente toda esta política que alguna vez compartió el PAN y hoy a propósito de que el pueblo tiene poca memoria, se nos olvida y de estar criticando también las inconsecuencias del PAN, y el pueblo nos hizo crecer en el Estado de Sinaloa en la última elección federal, en una proporción de cinco o seis veces, así crecimos 500% ó 600%. Entonces no es un asunto de oxígeno.
Ahora, yo rechazo categóricamente que en los foros no haya participado Acción Nacional. Esto empezó desde enero y cuando rompe Acción Nacional es el 8 de marzo, por una razón: yo no descalifico, si ésa es la forma de presión, si ese es el objetivo pero ésa es la verdad, es decir, si no se acepta mi propuesta de redistritación y de representación proporcional, yo me desligo de todos los acuerdos que ya había tomado y yo estoy hablando con el acta que está firmada por todos los partidos; tengo aquí las actas de los acuerdos que se tomaron y están por supuesto las firmas de los diputados del PAN. Entonces los acuerdos se habrán tomado; simplemente no se aceptó su propuesta de redistritación y su propuesta de representación proporcional y ése es el asunto.
Ahora vamos a los hechos. También hay que explicar en qué consiste la propuesta de Acción Nacional. En Sinaloa hay un hecho histórico que me parece no es malo; no existe en todos los estados. A diferencia del Congreso Nacional, donde tenemos una representación por entidad y otra por población, en los congresos estatales eso difícilmente se puede conciliar, más cuando hay muchísimos distritos, pero en Sinaloa eso se ha conciliado desde hace mucho. Siempre ha habido al menos un representante al Congreso del Estado de cada municipio, habida cuenta de que allá es un Estado con 17, 18 municipios.
Entonces debido a eso se ha podido mantener un representante por cada municipio y el resto, esto da la base, el resto se integra con una representación mayor de algunas ciudades, me parece desproporcionada, yo eso no lo niego, sobre todo de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, a tener 23 diputados uninominales.
Entonces un criterio que se concilia es que al menos los municipios, porque ahí se puede, tendrán un diputado. No me parece que eso sea un error. Discutir, si quieren discútanlo, que lo correcto es que hayan municipios, cuando se puede, que no tengan un diputado, no me parece a mí un criterio, no me parece que vayan a decir que es antidemocrático buscar que tengan representación todos los municipios o que necesariamente tiene que ser de otra forma; podemos tener criterios diferentes. Cierto, hay municipios pequeños cuya población no tiene comparación con otros, pero el hecho de que tengan una representación, el Congreso en los municipios, no me parece de entrada cuestionable.
Y la otra idea es que al menos para conciliar y que dé el número, debe de haber un representante por cada 150 mil habitantes, entonces en las ciudades en donde son más grandes se busca esta representación en función del número, por eso en Culiacán va a haber un diputado más, de manera que de los 23 van a ser hoy 24 por los distritos, dando cuatro distritos a Culiacán y dando dos distritos a los municipios más grandes y el resto uno por municipio y 16 se integrarán por representación proporcional para dar esta mixtura que se ha mantenido en los congresos, de 60 a 40.
En efecto, nosotros votamos a favor de este órgano. Yo quisiera preguntar si Acción Nacional tuvo la oportunidad de votar por un órgano así y alguna vez lo hizo. Yo quisiera preguntar por qué esa actitud de cambiar los distritos y las circunscripciones por los órganos electorales.
Para nosotros, la verdad, y no es un asunto de defender al gobernador, es de elemental sentido político y de coherencia que ha mantenido el PRD, ahí hay un órgano electoral que va a ser nombrado por dos tercios del Congreso, de ciudadanos, con participación sólo de voz, sin ningún representante del Gobierno. Para nosotros eso es importante y lo que resta es un nuevo padrón para tener elecciones confiables. Eso en verdad nos interesa más que si ganamos, con todo que nos digan un diputado, o un diputado menos. Muchas gracias.
El Presidente:
Sí, señor diputado.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa (desde su curul):
Conforme con el artículo 106 y en uso de mi derecho, reclamo la inexistencia de quorum porque es notoria. No estamos ya ni siquiera 200 diputados, es improcedente que sigamos.
El Presidente:
Esta Presidencia observa que sí hay quorum y que procede continuar con los asuntos en cartera.
Vamos a concluir de hecho. Tenemos dos asuntos a resolver primeramente, están solicitando que se verifique el quorum, uno, nos llevaría aproximadamente cerca de una hora pasar lista nuevamente.
Hay dos asuntos nada más por concluir, yo le pediría a este honorable Congreso que permitiera desahogar, de hecho los asuntos están casi agotados, nada más quedaría la lectura al orden del día de la próxima sesión, si ustedes me lo permiten.
La diputada Consuelo Botello Treviño (desde su curul):
Si no hay quorum no puede continuarse ni siquiera con la lectura del orden del día y si acaso lo hay verifíquelo para que luego le dé la palabra a los que la están pidiendo.
El Presidente:
Nuevamente invito a esta soberanía que si procede el hecho de verificar el quorum, si ustedes están dispuestos a que esperemos la verificación del quorum, puede proceder la Secretaría.
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia, para verificación de quorum, a solicitud del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Efraín Moreno Collado (desde su curul):
Señor Presidente, moción de orden.
El Presidente:
Se está pasando lista.
El diputado Jorge Efraín Moreno Collado (desde su curul):
Precisamente es en relación con el pase de la lista. Dice un párrafo de la exposición, de la publicación de la nueva ley orgánica, en la página 18, editada por la Cámara de Diputados de la legislatura anterior, que fue la que reformó la ley. Dice así: "finalmente, es de destacarse la modificación del artículo 66, que pasa a ser artículo 58, para precisar que la comprobación del quorum es necesaria para instalar la sesión o cuando haya de efectuarse una votación y que podrá llevarse a cabo mediante el pase de lista, el previo registro de firmas o por medios electrónicos, autorizándose este último procedimiento para recoger las votaciones".
De tal manera, señor, de que en virtud de que en este momento no se está recogiendo ninguna votación, y tampoco es el momento de la instalación de la sesión, no procede verificar el quorum y puede seguir la reunión con toda legalidad. De tal manera que exijo el cumplimiento del artículo respectivo y que se suspenda el pase de la lista.
El Presidente:
Esta Presidencia se ajusta al artículo 58 y comunica a esta soberanía que la sesión continúa con los asuntos en cartera. Adelante.
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
Señor Presidente,...
El Presidente:
Permítame un segundo. Había solicitado el uso de la palabra el diputado Rafael Núñez y el diputado López Sánchez.
El diputado Rafael Núñez Pellegrín:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He venido a la tribuna para precisar algunos puntos que creo que debemos aclarar con respecto al tema que se estaba tratando hace un rato.
Quiero decirles que el asunto que estaban discutiendo y que discutieron en su momento los diputados de Acción Nacional en el Congreso local de Sinaloa, no estaba en juego el cambiar distritos por la integración de los organismos electorales, de ninguna manera, el asunto es eso y algo más.
En Acción Nacional estamos sosteniendo que en la forma en que están distribuidos los distritos en Sinaloa, no hay esa equidad que debe existir para representar los intereses de los sinaloenses en el Congreso. Hay diputados que con menos de 3 mil votos están ocupando una curul, mientras que otros la ocupan con 50 mil, 60 mil votos. Esta proporcionalidad es la que estábamos discutiendo. ¿Y cuál es lo que se alega en el fondo? De que el PAN propone quitarle diputados a los municipios.
Hay que entender que los diputados no son diputados de un municipio, son diputados que representan los intereses del Estado de Sinaloa, pero mañosamente lo han manejado para tratar de confundir, y eso debe de quedar claro, diputado Guerra. Nosotros en ningún momento hemos estado buscando ese cambio.
Queremos que haya también una representatividad proporcional en los diputados de esa vía y se les ha ocurrido establecer tres circunscripciones y que 1.5% de la votación obtenida pues, ya tiene derecho ese partido a tener un diputado en la cámara. Eso es lo que también estaban discutiendo nuestros diputados.
Por lo demás yo creo que no tiene importancia, si defendimos la elección en 1989, pues yo creo que al PRD no le debe de constar tanto, porque ni siquiera hicieron una defensa seria. A nosotros si nos consta que hicimos una defensa en todo el estado. Y nuestro candidato no se fue de vacaciones porque le haya sacado a la defensa en la elección, tan es así que mucho después, todavía, ha seguido luchando y sigue incitando los 18 municipios, no son 17, diputado Guerra, son 18 municipios.
Y en esa defensa de 1992, como le debe de constar también, porque ahí nos visitaba en algunas ocasiones, un servidor estuvo de tiempo completo. Entonces nosotros defendimos todo lo que era defendible, pero ante los hampones electorales, ante los que han amañado la aplicación de la ley, que han puesto candados por todos lados, es difícil llegar a tener una elección decente y eso lo hemos discutido aquí en esta tribuna y no es la primera vez que un servidor viene a hacer alusión a ese tipo de asuntos.
¿Por qué nosotros queremos una mejor ley electoral? Porque en el fondo sabemos que el problema de este país es político, y si en este país no se resuelve el asunto político, olvídense que va haber confianza para que vengan capitales, para que vengan inversiones extranjeras, para que pueda haber recursos y puedan bajar las tasas de interés y bajar la inflación.
Mientras no haya un gobierno decente, un gobierno honrado, un gobierno que realmente represente el interés de la sociedad, jamás vamos a poder parchar así con decretos, o jamás vamos a poder obtener beneficios que le lleguen a la sociedad, porque esta cada día indudablemente tendrá una vida más cara.
Por eso, nosotros queremos que haya autoridades, que se fajan y que entiendan que ya no pueden andar con maniobras, que en este país se tiene que establecer una ley electoral que realmente sea equitativa, que permita procesos electorales transparentes, para que no haya dudas después del proceso. Esto es lo que estamos discutiendo en Sinaloa.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado López Sánchez, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Abel López Sánchez:
Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Después de escuchar las aseveraciones del diputado Higuera, en primer lugar, deseo iniciar esta intervención diciéndoles a todos ustedes, que el gobernador Renato Vega Alvarado, no es un cacique. Es un hombre serio, trabajador, interesado en mejorar y perfeccionar los órganos electorales, que le den transparencia y confiabilidad a los procesos electorales.
El PAN en Sinaloa le apostó a la cerrazón y a la negociación política, buscando únicamente su beneficio político partidista, mas no una real y auténtica representación electoral.
Y como Alejandro Higuera se puso el huarache antes de espinarse. Ciertamente en Sinaloa se realizaron consultas y foros por más de tres meses, como aquí lo dijo acertadamente el diputado Guerra y se consultó a todos los sectores sociales, a todas las corrientes y partidos políticos para que aportaran sus ideas a la nueva reforma electoral.
Quiero decirles que el padrino político del diputado Higuera, el señor Rice, al que se refirió el diputado Guerra con toda claridad de ciertas actitudes políticas en el pasado, propuso desaparecer distritos electorales en Sinaloa, pero no buscando realmente la representación electoral, sino buscando su beneficio electoral para su partido y además propuso la reelección de presidentes municipales.
En la nueva Ley Electoral hubo cambios y reformas de fondo que garantizan un proceso electoral limpio y transparente. El diputado Higuera, ante la falta de argumentos y fundamentos serios y responsables, acude a improperios y ofensas, descalificaciones de individuos, lo cual es muy común en él. La molestia del partido "de la línea fascista", perdón, del Partido Acción Nacional, se debe a que en el Congreso no se negoció con ellos la reforma electoral, a fin de ir en busca de mayores diputados de regalía para ellos.
En Sinaloa, compañeros diputados del Partido Acción Nacional, se acabaron las "concertacesiones" y las negociaciones políticas al margen de la voluntad popular. En Mazatlán en 1989 les regalaron la presidencia municipal; en 1992, que actualmente tiene en su poder, les regalaron la presidencia de Esquinapa; Mazatlán sabe lo que es violar la voluntad popular.
El problema y enojo del panismo en Sinaloa, se debe precisamente a que no se negoció con ellos y el Partido Acción Nacional afirma que se negoció con el PRD. No me consta. Lo que sí me consta es que se consultó a la sociedad, a los sectores, a los partidos y a todas las corrientes políticas de la entidad, repito, no me constan los acuerdos con el Partido de la Revolución Democrática, pero si los hubo, bienvenidos, bienvenidos y los aplaudo; nuestra alianza política debe darse con partidos y corrientes políticas con los cuales nos identificamos ideológica e históricamente.
¡Basta de "concertacesiones" y negociaciones con el partido de la derecha! ¡Basta de negociaciones y concertacesiones con el Partido Acción Nacional, que amenaza a las fuerzas progresistas de este país! ¡Bienvenida la alianza con el Partido de la Revolución Democrática!
Y, por último, quiero decirle al diputado Higuera, que si ciertamente nuestro gobernador, por circunstancias del destino nació en Guanajuato, el gobernador de Baja California nació en San Diego, California, Estados Unidos. Y quiero decirle también al diputado Higuera, que habla mucho, se distingue por hablar siempre y hablar y hablar, es irrespetuoso y ofensivo; el diputado Higuera habla y habla por una sola razón, porque tiene boca y porque tiene lengua. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, ha pedido el uso de la palabra el diputado Alejandro Higuera Osuna.
El diputado Alejandro Higuera Osuna:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
El diputado Jorge Abel, que pertenece al partido del doctor Ernesto Zedillo viene aquí a hacer comentarios en relación a mi persona y al esquema de la ley electoral de Sinaloa y solamente le faltó dos cosas: darle el título de honoris causa al gobernador de Sinaloa y tal vez posiblemente lo vaya a beatificar en base a lo que acaba de afirmar.
Pues le tocará a usted señor diputado irrespetuoso. Y como dijo el diputado, tengo boca, y voy a seguir hablando, porque estoy en uso de mi tiempo.
El Presidente:
Una moción por favor. Por favor si es tan amable, diputado.
Debemos de cuidar de alguna manera la forma de dirigirnos a los diputados. Va para todos. Para todo este honorable Congreso. Esa moción de orden va para todos. Tenemos que cuidar el lenguaje, recuerden que estamos en la máxima tribuna de la nación.
El diputado Alejandro Higuera Osuna:
Muchas gracias.
Cuando se viene aquí a la tribuna a denunciar hechos del gobernador sinaloense y de otros gobernadores que hay en los estados, pues no les gusta a los oídos cautos escuchar palabras o hechos que muchas veces van en contra del proceso democrático de México.
Nosotros exigíamos en Sinaloa la redistritación y la exigíamos y la exigimos porque no es posible que el Congreso local se distribuya en base a un concepto territorial; no es Cámara de Senadores el Congreso local de Sinaloa; es una Cámara de Diputados donde en base a ser representantes populares tienen que tener por lo menos un universo de ciudadanos que hay que representar. Y este esquema sigue siendo perverso y es precisamente por eso que les duele; es perverso, porque cada municipio debe de tener un diputado. Y la argumentación que han dado en Sinaloa, es que la gran labor que hacen los diputados, de gestoría, pues cómo es posible que se les pueda quitar al diputado cuando son grandes gestores y benefactores de la sociedad.
Por eso es que Acción Nacional ha exigido y seguirá exigiendo indiscutiblemente que en Sinaloa se logre la redistritación, porque no es posible que haya diputados con 7 mil electores y que haya diputados que representen a 140 mil electores. Eso no se vale y no se vale porque no me imagino en un esquema al Estado de Oaxaca con más de 500 municipios, que tenga 500 diputados locales, o en su caso, aparte los plurinominales.
Por eso compañeros, por eso he venido aquí con hechos, con realidades a decirles que en Sinaloa hemos tenido un retroceso político. Y duela a quien le duela, Acción Nacional en la elección pasada que ya consiguió casi los 300 mil votos en el estado, y por eso estoy aquí y por eso me paro en esta tribuna a hablar con calidad moral y política, para decirles que nos ha apoyado el pueblo de Sinaloa, a pesar de lo que se diga y hemos logrado ya los 300 mil votos.
Quiero concluir contestando la última, un planteamiento de mi amigo el diputado Guerra, en el sentido de que nuestro candidato a gobernador en 1992, se fue de vacaciones. Creo que no conoció el hecho de salir, fue y asistió a Washington precisamente ahí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar el fraude electoral que se dio en 1992.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos primeramente, había pedido la palabra antes el diputado J. Jesús Ramón Rojo, para rectificar hechos.
El diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:
Realmente el venir aquí a la tribuna me lleva a hacer algunas aclaraciones, precisamente iniciándome con el diputado Juan Guerra, que fue el que realmente se puso el huarache antes de espinarse. Señalaba López Sánchez, que se había puesto el huarache el compañero diputado Higuera. No fue así, sino el que se lo puso fue el diputado Juan Guerra. Pero veamos lo que se está señalando en esta tribuna.
Se está señalando que las reformas constitucionales en Sinaloa son un retroceso a la vida democrática del país, porque Sinaloa forma parte de este país.
Se viene a decir aquí que el señor gobernador de Sinaloa es una persona seria, trabajadora y respetuosa de la ley. Tengo aquí en mis manos una iniciativa fechada el 10 de marzo de 1995, donde el gobernador Renato Vega Alvarado mete una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. El titular del Poder Ejecutivo en Sinaloa presentó, con fecha 10 de marzo, una iniciativa para la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, lo repito, porque además, en el considerando dice:
"Que es imprescindible en el ámbito de la división de poderes, el reconocimiento y la representación y función legislativa."
Y resulta que la Ley Orgánica del Congreso del Estado, le compete única y exclusivamente al Congreso del Estado y de ninguna manera al Titular del Poder Ejecutivo.
También dentro de los considerandos, ese señor respetuoso de la división de poderes, dice:
"Tengo a bien someter a la consideración de ese honorable cuerpo legislativo, la propuesta de reformas, derogaciones y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado."
Vean nada más en manos de quién está el poder en Sinaloa y cómo lo ejerce. Por eso la denuncia del compañero diputado Higuera y por eso también mi presencia en este momento en esta tribuna, porque los sinaloenses, los que verdaderamente queremos una reforma legal y democrática, no estamos dispuestos a tolerar este tipo de casos. Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede la palabra al diputado Soto Correa, para rectificar hechos.
El diputado José Carmen Soto Correa:
Con su permiso, señor Presidente; diputados de la República:
Pedí la palabra para hechos, para expresar, ¿por qué no decirlo?, mi enojo e indignación ¡ante la demagogia barata del diputado del Partido Acción Nacional!
Quiero, en primer lugar, pedirle disculpas, porque desde mi curul le grité "hijo de Prigione". Le pido disculpas. Y subo como hombre y también le digo como dijo de su partido: ¡lo espero tres minutos en esta tribuna para que se retracte públicamente de lo dicho acerca del doctor Zedillo.
¡El ganó las elecciones! ¡Y quiero en primer lugar decirle que en esta tribuna se han hecho mal las cuentas! En esta tribuna se ha escuchado cuando se dice mecánica y mañosamente que todos suman más que los votos obtenidos del PRI. Yo les quiero decir, no son votos mecánicos para sumar. Aquí hay cuatro partidos, con cuatro programas diferentes y la mayoría de los mexicanos optó por el Partido Revolucionario Institucional.
¡Y su propio candidato, fue uno de los primeros que reconoció a Ernesto Zedillo! ¡Que reconoció su triunfo!
¡Yo exhorto a los del PAN a que se retracten públicamente y que si no demuestren legalmente la afirmación de un compañero de ustedes!
¡El Presidente de la República, es presidente constitucional y es su presidente también!
¡Quiero también decirles que no se vale su demagogia barata, de discutir algo en el hermoso Estado de Sinaloa, donde ustedes se retiraron de la discusión! ¡Aquí el compañero diputado del PRD mostró las actas y en efecto, titubeo cuando dijo 17 ó 18 municipios! ¡Esa es pequeña cosa, lo fundamental es que mostró las actas!
Y como dijo el compañero de mi partido: ¡Señores, se acabaron las concertacesiones! ¡Señores, sus triunfos los van a tener que ganar en la plaza! ¡Pero gánenlo honestamente, no lo ganen con incongruencias!
Votamos el IVA y tenemos el valor de pararnos aquí. Yo fui uno de los que votaron y le contesto a usted que se ríe: los senadores de su partido votan a favor y ustedes en contra. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su verdadera cara? ¿Qué esconden? ¡Sean congruentes con ustedes mismos!
¡Cómo le van a explicar al pueblo! ¡De acuerdo a como venga! ¡Ah, ésa es su forma!?
Ahora ahí están las actas. ¡Que lo informen, por favor!
Quiero también decirle al compañero diputado del PAN, que cuando se refirió a mi compañero, que si le iba a dar honoris causa, que también se informe que mi compañero es un diputado de la República, no es una institución educativa que dé honoris causa.
Creo que es el momento de repensar las cosas. También desde esta tribuna aplaudo el valor de mi compañero de partido, que señala que es tiempo de repensar las alianzas, que es tiempo de repensar la reforma política. ¡Bienvenida su observación de que con las fuerzas progresistas y democráticas, con ellas caminaremos por una reforma del estado, por una democracia del país! Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Alarcón, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
El diputado Gonzalo Alarcón Bárcena:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Creemos que en este momento tenemos que levantar o poner en claro la altura de esta Cámara de Diputados, la altura de su debate.
Simplemente a nombre de Acción Nacional, en nombre del diputado Alejandro Higuera, pedimos que se retiren del las palabras que él dijo en torno al Presidente Zedillo. Pero de igual forma solicitamos que se retire lo que se dijo de nuestro ex candidato, el licenciado Diego Fernández de Cevallos, quien con un lema "Por un México sin Mentiras", nunca actuó, nunca dio un discurso con demagogia, siempre habló con la verdad, por el bien de México y por el bien de todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Diputado Carmelo, ¿está de acuerdo?
El diputado José Carmen Soto Correa (desde su curul):
Acepto que se retire del lo de demagógico a Diego Fernández de Cevallos.
El Presidente:
Acepta, tome nota la Secretaría y continúe esta Secretaría con los suntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
Señor Presidente, se informa que se han agotado los asuntos en cartera y se va a proceder a dar lectura al orden del día, de marzo 30 de 1995.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.
30 de marzo de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Guanajuato.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de permiso del teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Carlos Cruz Román Fernández, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Felipe Raúl Valdés y Aguilar, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano embajador Luciano Eduardo Joublanc Montaño, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República de Hungría, en grado de Media Cruz con Estrella, que le confiere el Gobierno de Hungría.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Ezequiel Padilla Couttolenc, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los países bajos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Especial de la Junta Interamericana de Defensa, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Javier Villanueva Guerrero, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Francisco Corrales Dórame, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Marcela Téllez Recinas, para prestar servicios como secretaria administrativa, en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Pauline Joan Nielsen Jaubert, para prestar servicios como asesora comercial, en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Esperanza Gómez Salas, para prestar servicios como auxiliar contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 20:00 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 30 de marzo, a las 10:00 horas.
| Bancomext | Banco Nacional de Comercio Exterior |
| Banobras | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos |
| Cetes | Certificados de la Tesorería de la Federación |
| CEU | Consejo Estudiantil Universitario |
| CIOAC | Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos |
| Cireca | (Sin aclaración) |
| CTM | Confederación de Trabajadores de México |
| DEM | Diplomado de Estado Mayor |
| D.F. | Distrito Federal |
| FIRA | Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura |
| Fovisste | Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| Infonavit | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| Nafinsa | Nacional Financiera, Socieciad Anónima |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PARAUSEE | Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica |
| PIB | Producto interno bruto |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| SIDEC | (Sin aclaración) |
| SITUAM | Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana |
| STUNAM | Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México |
| SUTIN | Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear |
| Tesobonos | Bonos de la Tesorería de la Federación |
| Udis | Unidades de Inversión |